Comunidad primitiva

Por comunismo primitivo, comunidad primitiva, o modo de producción primitivo, se entiende, en la teoría marxista, una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los medios de producción (la tierra y las herramientas rudimentarias) y la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica. En el comunismo primitivo, los seres humanos estaban organizados en grupos, dedicados a la caza, pesca y recolección. La actividad productiva humana se basaba en la cooperación simple. Para Marx, este tipo de asociación cooperativa era una necesidad inexorable debido al desamparo en que se encontraba el individuo aislado en la naturaleza. Como consecuencia de su modo de vida, el humano primitivo no concebía la posibilidad de la propiedad privada de la tierra y de los demás medios de producción; pero lo que sí concebía era lo que Marx describió en sus Manuscritos Económico-filosóficos de 1844 como "propiedad privada general" que en el ejemplo de la comunidad de mujeres era una especie de propiedad sexual de la comunidad hacia el cuerpo de la mujer. Con el capitalismo esta se transforma en la "propiedad privada exclusiva" que en este caso se denominó "matrimonio". Tan sólo algunos instrumentos y bienes les pertenecían en propiedad personal. En el comunismo primitivo la producción estaba directamente definida por las necesidades colectivas, y entre el acto sustancial de la creación y lo creado no había ninguna mediación social y, por tanto, ninguna ruptura epistemológica. Esta forma de vida corresponde al periodo que los prehistoriadores han denominado Paleolítico, y no fue sino con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, realizado durante el Neolítico que permitió una primera especialización y división social del trabajo, como describe el historiador Vere Gordon Childe con sus conceptos de Revolución neolítica (en la que las aldeas campesinas aún conservaban buena parte del igualitarismo social) y la posterior Revolución urbana (cuando ya aparecen claramente las clases sociales y el poder político y religioso). El desarrollo primitivo de las fuerzas productivas no creaba excedente alguno después de cubrir las necesidades más perentorias, por lo tanto, era imposible la acumulación de bienes. Como el desarrollo de las fuerzas productivas era insuficiente para que el trabajo excedentario de unas personas liberara a otras personas de la necesidad de trabajar, también era imposible la explotación.

Estado esclavista

Una vez que se estableció el modo de producción esclavista, la población se dividía en hombres libres y esclavos. Los esclavistas disfrutaban en mayor o menor grado de los derechos cívicos, patrimoniales y políticos. Los esclavos carecían de todos estos derechos. El surgimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases hizo necesaria la aparición del Estado con el desarrollo de la división social del trabajo entre las diferentes ramas de la producción: “La agricultura y oficios manuales, y entre estos últimos una multitud de subdivisiones; tales como el comercio, la navegación, etc. La población se dividía ahora según sus ocupaciones, en grupos bastante bien determinadas, cada uno de los cuales tenía una serie de nuevos intereses comunes para los que no había lugar en la gens o en la fratría y que por consiguiente, necesitaba nuevos funcionarios que velasen por ellos. Había aumentado muchísimo el número de esclavos.” (1). Los órganos del Los Los órganos del régimen gentilicio perdieron poco a poco su carácter popular, convirtiéndose en órganos de dominación sobre el pueblo, en órganos de opresión y usurpación sobre su pueblo y las tribus vecinas. De los jefes y caudillos militares de las gens y de las tribus surgen los príncipes y los reyes, cuya autoridad descansaba en otro tiempo, sobre el hecho de haber sido elegidos por la gens a las agrupaciones de estas. Ahora, el poder se empleaba para la defensa de los intereses de la minoría aristocrática, rica y poderosa; ese poder servía para mantener a raya a los miembros de su gens arruinados y para exprimir a la gran masa de esclavos. Tal era el objetivo central, de aquella nueva fuerza pública que se creaba, los tribunales y los órganos de represión.

“En ninguna parte podemos seguir mejor que en la antigua Atenas, por lo menos en la primera fase de la evolución, de qué modo se desarrolló el Estado, en parte transformando los órganos de la constitución gentil, en parte desplazándolos mediante la intrusión (introducción de nuevos órganos y, por último, reemplazándolos por auténticos organismos de administración del Estado, mientras que una fuerza pública armada al servicio de esa administración del Estado y que por consiguiente podía ser dirigida contra el pueblo, usurpaba el lugar del verdadero “pueblo en armas” que había creado su autodefensa en la gens, las fratrías y las tribus.” El estado surgió con el fin de refrenar a la mayoría explotada, en interés de la minoría explotadora.

Estado feudalista

Organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados principalmente por siervos, parte de cuya producción debía ser entregada en concepto de "censo" (arriendo) al amo de las tierras, en la mayoría de los casos un pequeño noble (señor) nominalmente leal a un rey. El sistema feudal europeo tiene sus antecedentes en el siglo V, al caer el imperio romano. El colapso del Imperio acaeció básicamente por su extensión y la incapacidad del emperador para controlar todas sus provincias, sumado a las cada vez más numerosas incursiones de pueblos bárbaros que atacaban y saqueaban las provincias más retiradas del imperio. Esto provocó que los emperadores necesitaran gente para defender sus grandes terrenos y contrataran caballeros o nobles (precursores del modelo de señor feudal), éstos contrataran vasallos, villanos, etc... Se llegó incluso a contratar a jefes y tropas mercenarias de los mismos pueblos "bárbaros". A partir del siglo X no queda resto de imperio alguno sobre Europa. La realeza, sin desaparecer, ha perdido todo el poder real y efectivo, y sólo conserva una autoridad sobrenatural remarcada por las leyendas que le atribuyen carácter religioso o de intermediación entre lo divino y lo humano. Así, el rey no gobierna, sino que su autoridad viene, a los ojos del pueblo, de Dios, y es materializado e implementado a través de los pactos de vasallaje con los grandes señores, aunque en realidad son éstos quienes eligen y deponen dinastías y personas.

Características del Feudalismo

1.- Durante el periodo feudal la economía era autárquica, es decir, se producía sólo lo necesario para el consumo del feudo.

2.- La base de la riqueza la constituía la propiedad de la tierra ya que era más rico quien tuviera mayor extensión de tierras y la base de la producción era la agricultura.

3.- Como no se producía excedente no existía el comercio. Los emisarios del señor feudal recogían los impuestos en especie y le dejaban a los campesinos escasamente los productos necesarios para sobrevivir.

4.- Como consecuencia de la inexistencia del comercio no existía circulación monetaria entre feudo y feudo.

Estado capitalista

Capitalismo de Estado es una expresión con múltiples significados utilizada por diversas corrientes de pensamiento para referirse a determinados modelos económicos de mercado en los cuales el Estado y las empresas públicas desempeñan un papel muy importante en la economía, dentro de un marco social y económico capitalista.

El marxista Raymond Williams define al "capitalismo de Estado" como un sistema económico en el cual el Estado lleva a cabo actividad económica comercial, con administración y organización de los medios de producción de manera capitalista, incluyendo el sistema de mano de obra asalariada y administración centralizada, actuando como una empresa más.

En esta visión el término "capitalismo de Estado" es aplicado críticamente a sistemas que se autodefinen como socialistas o comunistas, pero que según estas corrientes no se trata de sistemas verdaderamente socialistas o comunistas. Un caso ejemplar de este significado fue la crítica de la Unión Soviética realizada desde sectores marxistas.2 Esta critica normalmente viene de comunistas, marxistas, y otros tipos de socialistas.3

Otra definición de "capitalismo de Estado" es sostenida por corrientes económicas no marxistas. La revista británica The Economist en el número de enero de 2012 íntegramente dedicado al capitalismo de Estado (state capitalism) analizó este sistema mediante varios artículos dedicados a tratar los casos de países como China, Brasil, Rusia, Argelia, Egipto y Sudáfrica.4 5 Según estas visiones "el capitalismo dirigido por el Estado no es una idea nueva" sino que ya existía en el siglo XVII como lo atestigua la Compañía Británica de las Indias Orientales, pero que ha tenido una "dramático revival" a partir de la década de 2000, evidenciado por el hecho del avance mundial de las empresas públicas.6

Hay varias teorías y críticas del capitalismo de Estado, algunas de las cuales han existido desde incluso antes de la Revolución de Octubre.

Los temas comunes entre ellas son identificar que los obreros no controlan significativamente los medios de producción y que las relaciones mercantiles y de producción para la ganancia se siguen produciendo en el capitalismo de Estado. Lenin describió la economía de Rusia como capitalismo de Estado.

Estado comunista – socialista

Un Estado socialista (o república socialista) se refiere generalmente a cualquier Estado constitucionalmente dedicado a la construcción de una sociedad socialista. Está estrechamente relacionado con la estrategia política del «socialismo de Estado», un conjunto de ideologías y políticas que creen en una economía socialista a través de las políticas del Gobierno. Por otra parte, el término Estado obrero se usa para distinguir a un Estado donde la clase trabajadora controla la maquinaria del Gobierno pero no se ha establecido aún una economía socialista. Estos conceptos se distinguen de un gobierno socialdemócrata o socioliberal, que generalmente se refiere a un Estado democrático liberal presidido por un partido socioliberal o socialdemócrata electo por sufragio y que no necesariamente persigue el desarrollo del socialismo; el aparato del Estado no está obligado constitucionalmente a una eventual transición al socialismo. La frase «Estado socialista», a menudo también denominados erróneamente como «Estados comunistas» en Occidente, es ampliamente utilizada por leninistas y marxistas-leninistas para referisrse a un Estado bajo el control de un partido de vanguardia que organiza los asuntos económicos, sociales y políticos de dicho Estado hacia la construcción del socialismo.

Esto a menudo incluye por lo menos la nacionalización de las «alturas dominantes» de la economía, operada normalmente de acuerdo con un plan de producción al menos en las principales esferas productivas y sociales.1 Bajo la definición leninista, el Estado socialista preside una economía capitalista estatal estructurada sobre la acumulación del capital dirigida por el Estado con el objetivo de aumentar las fuerzas productivas del país y promover la revolución socialista en todo el mundo, con la meta eventual a largo plazo de la construcción de una economía socialista.

La mayoría de las teorías asumen la democracia generalizada, y algunas asumen la participación democrática de los trabajadores en todos los niveles de la administración estatal y económica, mientras que varían en el grado en que las decisiones de planificación económica se delegan a los funcionarios públicos y especialistas administrativos. Los Estados que carecen de democracia pero que sin embargo la economía está en gran medida en manos del Estado son denominados por las teorías trotskistas ortodoxas como «Estados obreros» pero no Estados socialistas3 mediante los términos Estados obreros «degenerados» o «deformados».

La sociedad y el estado

El desarrollo político de una nación se alcanza a través de la construcción de un Estado en el cual el conjunto de sus instituciones operan en beneficio del interés general. El escenario de la democracia permite que esta operación se efectúe contando con la voz mayoritaria de los ciudadanos y con la opinión que ellos tienen acerca de los problemas y asuntos prioritarios por atender. Se registra con persistente frecuencia una tendencia a la distorsión del escenario democrático por la corrupción de las instituciones públicas mediante m ecanismos que las ponen al servicio de intereses privados y sectoriales. Cuando ello ocurre, y sobre todo cuando ocurre de manera excesiva, la democracia se desvirtúa absolutamente. En estas condiciones, se transforma en una fachada para legitimar prácticas generalizadas de corrupción. Esto sucede en condiciones de un muy precario desarrollo político de una nación, y tiene la perversidad de constituir un escenario que se retroalimenta y agrava hasta cuando un verdadero mecanismo de ruptura radical rompe el círculo vicioso de su reproducción.

Por otra parte, la capacidad de interacción a nivel internacional y, en última instancia, la soberanía de una nación, dependen de la existencia de instituciones legítimas, dentro de las cuales se garantice la sucesión de gobiernos legítimos, la existencia de instituciones parlamentarias respetables y la continuidad de una justicia operante. Las carencias o distorsiones en uno o varios de estos aspectos generan una situación de debilidad -que puede llegar a ser extrema-, en la cual la soberanía se ve profundamente afectada por las presiones externas o por la incapacidad de ejercer una interlocución adecuada con los otros actores del sistema internacional.

De acuerdo con lo anterior, el aprovechamiento de los recursos naturales, la creación de ventajas comparativas en los mercados internacionales, la distribución de la riqueza, -concebida esta distribución como igualdad en las oportunidades de educación, de salud, de empleo, de bienestar-, la interacción internacional y en general, la movilización de una sociedad a través de sus instituciones en la búsqueda del beneficio general, tienen como requisito el desarrollo político, entendido éste como el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, liberadas de los nocivos mecanismos de corrupción antes descritos.

Concepto, características y funciones del estado

Estado1 es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva, conformada por un conjunto de instituciones, que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente sólo en un territorio determinado o territorio nacional; aunque no siempre, como en el caso del imperialismo. Suele incluirse en la definición de Estado el reconocimiento por parte de la comunidad internacional como sujeto de Derecho internacional.

Características

El Estado de Derecho es aquel en donde sus autoridades rigen sometidas a un derecho vigente (es un estado constituído y reconocido de manera formal, a diferencia del estado de facto), sin embargo no basta con que exista un derecho vigente al cual estén sometidas sus autoridades para estar en presencia de un verdadero Estado de derecho, ya que dicho ordenamiento jurídico debe reunir una serie de requisitos (Estado de derecho material o real.

Funciones

Poder legislativo:

correspondería al Parlamento (que puede ser de una o dos cámaras) que en todos los regímenes democráticos encarna la representación del pueblo al ser designados sus miembros por elecciones iguales, libres y secretas.

Poder ejecutivo:

atribuido al gobierno y ocupa la posición política el Jefe o Presidente de Gobierno que puede o no coincidir con el Jefe de Estado, según sea la forma de gobierno que la Constitución establezca.

El poder judicial:

su función es solucionar, sobre la aplicación del derecho, situaciones de conflicto entre partes o trasgresiones de ley. El propio Montesquieu, su descubridor político, advierte que es un poder de escasa importancia política en relación a los otros dos. Para garantizar su función son independiente, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley.

Las instituciones políticas

El término institución se aplica por lo general a las normas de conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana, las instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias sociales, como la sociología, las ciencias políticas y la economía.

Alonso, J. (2006) Las instituciones son también un tema de estudio central para el derecho, el régimen formal para la elaboración e implantación de reglas. La creación y evolución de las instituciones es un asunto, desde luego, que ha jugado un papel preponderante en la historia de las sociedades.

Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que procuran gobernar el comportamiento de un grupo de individuos que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera, en dicho sentido trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición forzosa de un propósito en teoría considerado como un bien social. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de numerosas reglas, comúnmente inflexibles.

El institucionalismo es un enfoque particular o tendencia de algunas corrientes dentro de estas ciencias sociales, instituciones políticas son aquellas que se refieren a la sociedad política y que regulan la estructura y órganos del gobierno del Estado. Según el criterio presentado por la Unesco en 1948, referente a los objetos de estudio de la ciencia política, las instituciones políticas guardan relación con los aspectos de orientabilidad y prosecución de la estabilidad social e integral de las sociedad con el fin de preservar su evolución.

Una primera aproximación a la noción de institución puede lograrse a través de tres enfoques complementarios, se refiere a la institución como entidad unificadora de la comunidad humana, que presenta dos fases: su organización interna y su individualización externa y una compleja red relacional que vincula a sus componentes entre sí y al conjunto de la institución con su entorno.

Es la llamada institución-cuerpo o institución-persona. - El segundo se refiere a esa colectividad individuada o persona en tanto cumple una función necesaria para el sistema social global.

Relaciones iglesia y estado

Relaciones Iglesia-Estado es el término con que la teoría política y la historiografía se refieren a las distintas formas posibles de relación institucional entre Iglesia y Estado:

Separación Iglesia-Estado (también laicidad o laicismo) o Cesaropapismo (unión o separación de los poderes político y religioso)

Estado confesional o Estado aconfesional (religión oficial o no)

Tolerancia religiosa o intolerancia religiosa

Libertad religiosa o persecución religiosa

Estas expresiones fueron históricamente creadas dentro del cristianismo, y más específicamente para el catolicismo en su relación con el Estado liberal que surge a partir de la Revolución francesa y sus relaciones con el clero católico y el papado en distintos países católicos (Francia, España, etc.); aunque también puede aplicarse a épocas históricas anteriores (en la Edad Media y el Antiguo Régimen) o a otras confesiones cristianas.

Con menos propiedad, también se suelen aplicar a las relaciones entre el poder político y el poder religioso en otras religiones o civilizaciones; por ejemplo, la civilización japonesa -sintoísmo estatal-, la civilización islámica -sharia, islamismo, fundamentalismo islámico, revolución islámica, república islámica-, el estado de Israel -sionismo laico y sionismo religioso mizrahi, judaísmo reformista, conservador, ortodoxo y judaísmo ultraortodoxo, partidos políticos religiosos- etc.

Posturas teológicas

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), teólogo protestante: Según él la iglesia y el estado se han de relacionar mutuamente sin interferencias, ya que cada uno de ellos tiene una misión diferente, pero complementaria entre sí.

La ciudadanía concepto

Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano, el individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín "civitas", que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consecuente administración a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de forma indirecta. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la vivencia del individuo en la sociedad.

origen

El termino ciudadano proviene del romano “civis” y éste de “civitas” – ciudad o conjunto de habitantes.

Para los griegos la ciudad era lo más importante. Pertenecer a ella le hacía ciudadano. Pertenecer a la Polis (ciudad). Se vivía para la Polis (ciudad), mostrando interés en ella. El peor castigo era el exilio: ser expulsado de la ciudad.

Para los romanos la ciudadanía era un “honor”. Era un honor ser “ciudadano romano”. La mayor aportación del Imperio Romano ha sido el Derecho.

Para los griegos, así como para los romanos, la ciudadanía se definía en términos de obligaciones y derechos. El derecho a la ciudadanía estaba restringido a un grupo de la población: los hombres libres.

En los regímenes feudal – monárquico el concepto utilizado es el de súbdito… aquel que habita dentro de los limites del feudo o reino. A diferencia del ciudadano griego o romano, en este caso los derechos se limitaban a la nobleza.

Con la revolución francesa el habitante de la ciudad o Estado adquiere los derechos de la ciudadanía por el simple hecho de habitarla. Así el súbdito pasa a ser ciudadano, es decir, como protagonista del acontecer político.

Ciudadanía y globalización

Hoy en día sabemos que la globalización es un proceso inminente, por lo cual es conveniente analizar cómo el vivir en este “mundo globalizado” afecta nuestra condición de ciudadanos.

Primero es necesario abordar dos conceptos por aparte, el concepto de ciudadanía y el concepto de globalización. Del concepto de ciudadanía se ha hablado desde hace mucho tiempo, mientras que de la globalización se habla más recientemente pero este fenómeno no es nuevo es solo que en la actualidad tiene unas dimensiones diferentes. La “Ciudadanía” aunque se trate de una de las grandes ideas del pensamiento político occidental, no tiene una definición simple y definitiva dada su naturaleza cambiante y los distintos enfoques o interpretaciones, sin embargo para este caso y basándome en el artículo “Ciudadanía y Globalización” de Jordi Borja, podría decir que la ciudadanía es un concepto evolutivo, dialéctico: entre derechos y deberes, entre status e instituciones, entre políticas públicas e intereses corporativos o particulares. La ciudadanía es un proceso de conquista permanente de derechos formales y de exigencia de políticas públicas para hacerlos efectivos.

El concepto de globalización se utiliza de un modo amplio y vago, sin embargo basándome en las palabras de Arcadi Oliveras, podría decirse que cuando hablamos de globalización nos referimos al proceso de creciente integración de las economías nacionales en una única economía de mercado mundial, creando "una enorme interdependencia que hace que muchas de las decisiones que nos afectan se tomen muy lejos de nuestro país, y que tengamos la sensación de que el mundo se ha vuelto mucho más pequeño", pero aunque se habla de la globalización fundamentalmente en el campo económico, es cierto que en la actualidad transciende este ámbito, y se refiere también a la cultura, el medio ambiente, la legislación, la educación, la política, los movimientos sociales, nada ni nadie se escapa hoy al fenómeno de la globalización.

Entonces teniendo brevemente estos dos conceptos es necesario hacer una relación “Ciudadanía-Globalización”; como ya se había mencionado de la Globalización no se escapa nadie, cada país, cada Estado-nación debe aprender a lidiar y juagar en este proceso.

La ciudadanía y la nacionalidad

Nacionalidad que proviene de nación y este del latín "nascere" (nacer"), se refiere al lugar del nacimiento de los habitantes. Sin embargo, no debe caerse en el error de emplear el concepto como sinónimo de estado Es un estado civil de la persona que se concreta por su vinculación a un Estado y que determina el conjunto de derechos y deberes de esta persona con relación a ese Estado. Vínculo jurídico y político existente entre un Estado y los miembros del mismo. Índole peculiar de un pueblo. Carácter de los individuos que constituyen una nación. Estado civil de la persona nacida o naturalizada en un país o perteneciente a ella por lazos de sangre paterna o materna Es la relación o vinculación de un sujeto de derecho con un estado, que implica quedar sometido a sus normas y recibir su protección, confiriéndole otras ventajas y derechos e imponiéndole cargas y obligaciones.

Para que el lazo que une a las personas con una determinada nación, sea vínculo de derecho, ha de existir el ordenamiento jurídico en que se establezca dicho vínculo; y además, es necesario que, previamente, se haya constituido el Estado.

Según la Doctrina, es el vínculo jurídico y político, que relaciona a las personas con un Estado determinado. Por lo general, la nacionalidad se hace referencia al lugar se ha nacido.

Constitucionalmente la ciudadanía es la aptitud, para ser titular de deberes y derechos jurídicos y políticos, por ser el titulo común (ciudadana-ciudadana), que tenemos todas las personas. El concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los términos clave del debate político a partir de la década de 1990. Esta relevancia se debe, en gran medida, a que es un concepto que se halla en plena evolución debido a los grandes cambios económicos, sociales y políticos de fin de siglo. Podemos definir ciudadanía como un status jurídico y político mediante el cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales) y unos deberes (impuestos, tradicionalmente servicio militar, fidelidad...) respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular.

Valores de la ciudadanía

El Estado tiene como obligación formar a todos los ciudadanos y ciudadanas en valores y virtudes cívicas que favorezcan la cohesión social (artículo 27.2 de la LOE). La educación para la ciudadanía tiene entre sus objetivos fundamentales la integración y socialización de los individuos en una comunidad de ciudadanos/as que comparte un conjunto de saberes y valores comunes. Este objetivo precisa actualmente ser revitalizado, ante los déficits cívicos que acusan nuestras sociedades actuales junto a fenómenos nuevos (como multiculturalidad o globalización), para promover una convivencia social de ciudadanos/as con distinto origen, género, ideología, identidades culturales, etc., y la participación activa en los asuntos públicos.

En definitiva, se pretende contribuir a formar ciudadanos/as más competentes cívicamente y comprometidos/as, mediante la participación en las responsabilidades colectivas. Podemos decir que los valores de la ciudadanía, comprenden un conjunto integrado por la responsabilidad y participación, tolerancia y solidaridad, conocimiento y libertad, igualdad y pluralismo; todas actitudes y comportamientos necesarios para una convivencia social.

La dimensión cívica se apoya en una dimensión moral de los valores que la sostienen y, ambas, en una dimensión social de participación y convivencia en la esfera pública. Las tres son dimensiones esenciales de la democracia. Pero también comprende todo aquel conjunto de saberes y competencias que posibilitan la participación activa en la vida pública, sin riesgo de verse excluidos/as. Educar en valores de ciudadanía no concierne sólo a los/as educadores/as, porque el objetivo de una ciudadanía educada es una meta de toda la sociedad. De ahí, la necesidad de actuar paralelamente en otros campos. Por eso, es una tarea de corresponsabilidad, es preciso implicar a la familia y a la comunidad en la tarea educativa de formar ciudadanos/as. Educar en valores puede ser, además, un modo de conciliar el pluralismo (ligado a derechos individuales) y la creciente realidad multicultural en nuestra sociedad.(vínculos culturales). Todos los esfuerzos se deben dirigir a enseñar los derechos y responsabilidades de la ciudadanía democrática y su reconocimiento a todas las personas que habitan en común. El objetivo es aprender a vivir juntos y compartir unos valores comunes, al margen de las diferencias sociales que perviven en nuestra sociedad.