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¿Cómo participan las Juntas de Acción

Comunal de Teusaquillo?

Línea base de participación local

Serie ¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal en Bogotá?

Bogotá, D.C., 2009

¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal de Teusaquillo?Serie ¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal en Bogotá?

Samuel Moreno RojasAlcalde Mayor de Bogotá

Clara López ObregónSecretaria de Gobierno

Olga Beatriz Gutiérrez TobarDirectora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC)

José Cuesta NovoaSubdirector de Promoción de la Participación

Jorge Luis Rodríguez IbaguéGerente de la Escuela de Participación

Jose Rafael Vecino OliverosSubdirección de Asuntos Comunales

AutorJavier Andrés Baquero MaldonadoMaría Isabel Hernández Lozano

Con la asesoría de la Fundación Foro Nacional por Colombia

Coordinación editorial Oficina Asesora de Comunicaciones

El contenido de este documento de investigación es responsabilidad de sus autores y no compromete la opinión de Foro Nacional por Colombia.

ImpresiónGente Nueva Editorial

ISBNxxxxxxxxxxxxxxx

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC)Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 14. Teléfono 2417900www.participacionbogota.gov.coidpac@participacionbogota.gov.co Bogotá D.C., Colombia500 ejemplares2009

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 5

INTRODUCCIÓN 7

1. PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DE LA ACCIÓN COMUNAL 91.1. Elementos de enfoque conceptual 91.2 Antecedentes de la organización comunal 141.3 La participación en la organización comunal 17

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO LOCAL. 23

3. LA ORGANIZACIÓN COMUNAL EN LA AGENDA POLITICA DISTRITAL Y LOCAL 253.1. Participación de las JAC en el Plan de Desarrollo Distrital 253.2. Participación de las JAC en los planes y programas del IDPAC 263.3. Participación de las JAC en el Plan de Desarrollo de Teusaquillo 283.4. Participación de las JAC desde el contexto normativo. 293.5. La participación ciudadana de las JAC en el marco de las normas nacionales y distritales 30

4. LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN LAS JUNTAS ZONALES DE SEGURIDAD 354.1. Creación, conformación y funciones y productos 354.2. Las Juntas Zonales de seguridad JZS en Teusaquillo 364.3. Percepción de la instancia, logros y retos, caso UPZ Galerías 374.4. Papel de la organización comunal en la Junta zonal de seguridad de la UPZ Galerías 384.5. Balances y retos de la organización comunal en las Juntas Zonales de Seguridad 39

5. LAS JAC EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD EXPERIENCIA DE LA MESA UPZ 107 415.1 Conformación de la Mesa 415.2 Proceso y avances de la mesa 425.3 Balance y retos de la mesa 43

6. CONCLUSIÓN 45

BIBLIOGRAFÍA 49Entrevistas y grupos focales 49

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¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal de Teusaquillo?

PRESENTACIÓN

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, como entidad promotora de acciones participativas y de fortalecimiento a la organización social en Bogotá, ha establecido la construcción de una línea base de la partici-pación como herramienta indispensable para aproximarnos a los procesos y las dinámicas de incidencia de la ciudadanía en la ciudad.

Para ello, nos hemos preguntado ¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal en las 20 localidades? y, de esta manera, efectuar un ejercicio para mejorar la comprensión de los procesos participativos de éstas organizaciones, sus formas, expresiones y dinámicas en torno a la participación de las Juntas de Acción Comunal y su incidencia en las políticas públicas.

Estos documentos son el resultado del proceso investigativo realizado por el IDPAC, bajo la asesoría de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Queremos resaltar el papel protagóni-co de las y los autores (contratistas y servidore(a)s del IDPAC), quienes desde su experiencia, trabajo con las organizaciones comunales de la ciudad, y del conocimiento sobre las prácticas participativas, aportaron en la construcción de cada uno de los documentos.

El proceso investigativo dio como resultado una serie de documentos, de la cual hace parte ¿Cómo participan las Juntas de Acción Comunal de Teusaquillo? De esta manera, la Bogotá Positiva para vivir mejor continúa brindando herramientas de fortalecimiento a la comunidad y de esta forma cualificar su incidencia en público.

Olga Beatriz Gutiérrez TobarDirectora GeneralInstituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC

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INTRODUCCIÓN

En su interés por desarrollar líneas de investigación que sirvan como insumo para la construc-ción de política pública y la generación de apuestas institucionales acordes con las necesida-des y dinámicas de la ciudadanía en Bogotá, el IDPAC, con asesoría de Foro Nacional por Colombia, ha desarrollado un proceso con gestores de la Subdirección de Asuntos Comunales y de la Gerencia de Proyectos de Obras con Participación Ciudadana para la realización de una serie de investigaciones que pretenden dar cuenta de cómo participan las Juntas de Acción Comunal en cada una de las 20 localidades de Bogotá.

En este sentido, entre los meses de febrero y junio de 2009 se llevó a cabo un proceso de asesoría y acompañamiento a veinte gestores del IDPAC, para la identificación y análisis de las prácticas participativas de las Juntas de Acción Comunal en diferentes instancias de partici-pación reglamentadas mediante normas distritales o locales pero también en espacios no formales de participación a escala barrial, local e interlocal. El producto de este ejercicio de investigación es la serie de documentos Cómo Participan las JAC en Bogotá, que hoy se presenta y de la cual hace parte el presente volumen.

La investigación tiene como objetivos en primer lugar, establecer una línea de base sobre la participación ciudadana de la organización comunal en Bogotá que de cuenta, entre otras cosas, de las lógicas, dinámicas, agendas y prioridades que orientan sus acciones. En segundo lugar, determinar la posible configuración de la organización comunal como contrapeso social así como su incidencia en políticas públicas a través de su intervención en las instancias de participación a nivel local y distrital. Y finalmente, identificar los factores sociales e institucio-nales que determinan las características de la participación de la organización comunal en las diferentes instancias de participación.

Los lineamientos conceptuales y metodológicos de la investigación fueron construidos conjuntamente entre el equipo de Foro por Colombia y los gestores del IDPAC. El desarrollo de la presente investigación incluyó el análisis de información secundaria y la realización de seis entrevistas en profundidad. Sea esta la oportunidad para agradecer a las personas entrevista-das por su disposición y valiosos aportes.

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1. PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DE LA ACCIÓN COMUNAL

La acción comunal como proceso social a comprender, es compleja en términos de su trayecto histórico, su naturaleza (comunitaria y autónoma pero promovida institucionalmen-te) y en la particularidad de cada organización en su territorio especifico, lo cual hace difícil realizar observaciones generalizables de manera que el ejercicio de sistematizar la participa-ción de las Juntas de acción comunal de un territorio hace que sea especifica.

En este capitulo se parte de unos acercamientos conceptuales que enfocan esta investiga-ción en el análisis de la participación de las juntas de acción comunal en la Localidad de Teusaquillo, desde la condiciones institucionales ofrecidas por la Administración Distrital y el desarrollo autónomo de las organizaciones comunales en sus dinámicas locales.

1.1. Elementos de enfoque conceptualEste trabajo no pretende en ningún momento agotar la discusión sobre democracia y partici-pación sino aportar marcos conceptuales como lentes para observar los procesos de partici-pación ciudadana en Bogotá. En esta vía se traza un recorrido por la democracia, la partici-pación y el ejercicio de la ciudadanía como bases para comprender la participación de las Juntas de Acción Comunal en la construcción de lo público mediante las instancias de participación.

Debates sobre la DemocraciaNo existe una conceptualización finalizada sobre la democracia, sino variadas comprensio-nes del concepto y de su desarrollo en las diferentes sociedades y épocas. “Por eso mismo tendremos que comprobar los distintos matices contextuales para estudiar en cada momento lo que se quiere decir con la palabra democracia” (Negri, 2001, p 137).

La democracia definida como el gobierno del pueblo, desencadena múltiples preguntas, como: ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es gobernar? ¿Desde qué organización política se gobierna? ¿Qué grado de democracia es apto para gobernar una sociedad? ¿Cuál es el fin de este gobierno? ¿Cómo se organiza? ¿Qué papel cumple el pueblo? ¿Qué participación es la que se genera? ¿Sí el ejercicio de gobernar contiene lo político, que se entiende por este? ¿Cómo se organiza un gobierno democrático, cuáles son sus instancias?

La democracia en términos conceptuales y prácticos tiene su origen en la sociedad atenien-se, sociedad que contó con independencia económica y militar, relaciones sociales fuertes y constantes y una cultura de valoración por lo público como sagrado. Todos los ciudadanos1 participaban de los asuntos públicos como un medio de perfeccionamiento. Siendo de esta manera el demos (el pueblo), el soberano, el que determinaba las leyes que regirían la ciudad, subordinando los intereses privados al bien común.

1 Es importante reconocer que los ciudadanos en las ciudades griegas de la edad antigua, eran los hombres adultos y libres, excluyendo así a las mujeres, los niños y los esclavos.

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Aristóteles lo describe de la siguiente forma:

“El fundamento del régimen democrático es la libertad. Una característica de la libertad es el ser gobernado y gobernar por turno y, en efecto, la justicia democrática consiste en tener todos lo mismo numéricamente y no según los merecimientos, y siendo esto lo justo, forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y Io que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo. Afirman que todos los ciudadanos deben tener lo mis-mo, de modo que en las democracias resulta que los pobres tienen más poder que los ricos, puesto que son más numerosos y lo que prevalece es la opinión de la mayoría. Ésta es, pues, una característica de la libertad, que todos los partidarios de la democracia consideran como un rasgo esencial de este régimen. Otra es vivir como se quiere; pues dicen que esto es resultado de la libertad, puesto que lo propio del esclavo es vivir como no quiere. Éste es el segundo rasgo esencial de la democracia, y de aquí vino el de no ser gobernado, si es posible por nadie, y si no por turno. Esta característica contribuye a la libertad fundada en la igualdad” (Held, 2002, página 36).

Esta forma de gobierno no perduro en el tiempo ni fue apropiada por otras sociedades de la época; por el contrario, las diferentes sociedades asumieron formas de gobierno autoritarias, hasta la edad moderna en que se retoman algunos postulados y son apropiados por actores sociales y políticos.

Es así como Rousseau retoma supuestos de la democracia y de forma radical postula que “la idea del autogobierno se plantea como un fin en sí mismo; un orden político que ofrece oportunidades para la participación en los asuntos públicos no debe ser simplemente un estado, sino que debe implicar la formación de un tipo de sociedad; una sociedad en la que los asuntos de estado están integrados en los asuntos de los ciudadanos normales…Para él, la soberanía procedía del pueblo, y en él debía permanecer” (Held, 2002, página 77). Por lo tanto el pueblo mediante acuerdo es el único que puede promulgar leyes, y en la misma medida se obliga a cumplirlas.

Sin embargo, las sociedades modernas se conformaron con mucha más complejidad y densidad poblacional, imposibilitando un consenso de las leyes y normas que debían regirlas, lo cual llevo a la elección de representantes que llevaran a una asamblea los intereses de los representados, en busca del beneficio común.

Con esta base pragmática y postulados retomados de la antigüedad, como son los de Platón, sustentados en la idea de que el pueblo no se encuentra con las capacidades para gobernar, ya que lo hace desde los impulsos, sentimientos y prejuicios, de manera que los llamados a llevar el timón de la ciudad son los filósofos o sabios, que cuenta con los conocimientos y habilidades para dirigir la sociedad, la democracia se fue posicionando, en términos de viabili-dad, como un gobierno de los políticos, un gobierno querido por el pueblo, que se constitu-ye en “un mecanismo estabilizador por el cual los ciudadanos –la masa– eligen entre las elites de expertos aquella que prefieren que les gobiernen, porque satisfacen sus deseos en mayor grado que las restantes” (Cortina, 1993, página 96); siendo este un mecanismo para garantizar el liderazgo político, como lo reconoce Weber, que permite elegir y legitimar a los líderes más cualificados y aptos para gobernar, garantizando eficiencia y responsabilidad política.

En esta misma línea Shumpeter , citado por Held, entiende la democracia como: “un método político, es decir, un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas, confiriendo a ciertos individuos el poder de decidir en todos los asuntos, como consecuencia de su éxito en la búsqueda del voto de las personas…la vida democrática era la lucha entre líderes políticos rivales, organizados en partidos, por el mandato para gobernar” (Held, 2002, página 204). A lo cual Bobbio en el Futuro de la democracia (1985), avanza, reconociendo que la democracia

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es un sistema de reglas para la formación de las mayorías, entre las que cabe destacar el peso igual de los votos y la ausencia de distinciones económicas y sociales en la conformación del electorado.

Lo anterior constituye el modelo de democracia imperante de los Estados-Nación contempo-ráneos, la democracia representativa, en la cual la ciudadanía (habitantes de un territorio con mayoría de edad formal) mediante el voto eligen a unos representantes que conforman una asamblea o congreso responsable de la promulgación de leyes y a un gobernante que dirige el poder ejecutivo, responsable de la formulación y ejecución de políticas, tanto a nivel nacional como territorial o local.

Es evidente que ha sido una conquista histórica de movimientos sociales y políticos, que aumenta y garantiza libertades civiles y políticas, donde todos en principio pueden elegir y ser elegidos, los gobernantes no son el soberano sino que están sujetos a una elección para un periodo determinado producto de una competencia electoral, y entre los elegidos se controlan de manera mutua al interior de los diferentes poderes públicos. Sin embargo, teóricos como Adela Cortina refieren que para que ese modelo permanezca, es necesario: “ 1) mantener la desigualdad política entre expertos y masa como un momento estabiliza-dor de la democracia liberal; 2) limitar la esfera política, de modo que solo la designación del gobierno se someta al principio democrático; 3) y, por último, mantener la apatía política de la masa” que le posibilita a las elites gobernar tranquilamente y con mayor efectividad, sin la intromisión de ciudadanos ignorantes”(1993, página. 96).

En esta perspectiva, el modelo presenta diferentes riesgos, que redundan en una crisis de la representación del interés común.

Ejemplo de éstos, son la desinformación de los y las electoras frente a los candidatos y sus programas, la poca comprensión en términos reales de los impactos de uno u otro programa de gobierno, su limitado análisis de la información generada por los medios masivos de comunicación, y sus condiciones de insatisfacción de necesidades materiales básicas que les ponen en riesgo de ser cooptados por prebendas mediatas.

Con respecto a los líderes políticos, un riesgo es la cooptación de éstos por parte de grupos de presión, principalmente los económicos, situación que parcializa las decisiones hacia dichos sectores al ser elegidos. Las elecciones se constituyen en un mercado en el que se comercializan con prebendas los votos, instrumentalizando el ejercicio democrático; los no elegidos dejan a una fracción de la sociedad sin representación alguna, los elegidos generan una barrera con la ciudadanía que no les permite comprender sus preferencias reales ni el ejercicio de control ciudadano a sus gobernantes; la corrupción que genera la concentra-ción del poder desgasta los recursos del Estado sin avances en el desarrollo de la sociedad y en términos generales el voto aunque universal y periódico no logra revelar el total de las preferencias reales y complejas de una sociedad en su conjunto.

Estos son algunos de los riesgos que presenta en términos prácticos una democracia represen-tativa, dejando el gobierno del pueblo convertido en el gobierno de unas elites políticas, lo cual sesga el interés común por la sumatoria de algunos intereses particulares. Así las cosas, este modelo ha constituido unas pseudo democracias, ya que han transformado en privados los asuntos públicos, dejando que las decisiones más importantes de la sociedad sean tomadas por pequeñas élites.

En contraposición, autores como Castoriadis han propuesto un modelo de democracia partici-pativa que pareciera en términos conceptuales ser redundante, pues habla de democratizar la democracia, ubicándola como “el régimen en el cual la esfera pública se transforma real y

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efectivamente en pública –pertenece a todos-, está efectivamente abierta a la participación de todos” (Castoriadis, 1958 página 276).

En desarrollo de este postulado, se concibe la radicalización de la democracia y la recupera-ción de la soberanía del pueblo, desde la garantía de igualdad de condiciones económicas y sociales a toda la ciudadanía, que les permita participar activamente en los asuntos públicos, potenciando sus capacidades y garantizando su libertad, puesto que “sólo puedo ser libre bajo una ley si puedo decir que esa ley es la mía, si tuve la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su posición (aun cuando mis preferencias no hayan prevalecido)” (Castoria-dis, 1958, página 274).

Esto posibilita “considerar la democracia, no como un instrumento al servicio de fines privados, sino como una forma de vida, valiosa por sí misma, puesto que respeta y fomenta el carácter autolegislador de los individuos, potencia en ellos el sentido de la justicia al considerarles capaces de orientarse por intereses generalizables, y no solo por los individuales y grupales, y es por ello fuente de autorrealización” (Cortina, 1993, página 93).

“El debate democrático participativo se centró, entre otros temas, en el cuestionamien-to de los límites deseables y prácticos de la intervención estatal y, correlativamente, del alcance de la autodeterminación de la ciudadanía; en la democratización del Estado a través de la ampliación de la accesibilidad y responsabilidad de los representantes y funcionarios; en la distancia entre el reconocimiento formal de derechos y los derechos como facultades garantizadas de los ciudadanos; en la tensión entre la institucionaliza-ción y el experimentalismo, que privilegia la apertura y fluidez de diseños institucionales que permiten el aprendizaje ciudadano; y en las propuestas de transformación en torno del autogobierno y el control de los escenarios inmediatos” (Echavarría, C. 2008, p.142).

Sin embargo esta propuesta de régimen político se complejiza en el momento de concretar un sistema político en el que toda la ciudadanía cuente con plena igualdad política para definir los asuntos de una sociedad. En ese panorama se han planteado propuestas como sustituir la maquinaria del estado por la de las comunas autónomas, la definición de las decisiones mediante plebiscito o referéndum, la constitución de escenarios asamblearios abiertos que permitan la deliberación sobre las políticas públicas, entre otras propuestas que buscan la participación directa de la ciudadanía; sin embargo, su factibilidad está en discusión.

Estos modelos de democracia no han logrado dar respuesta a las exigencias de las socieda-des contemporáneas, por lo tanto el ejercicio “consiste hoy más bien en determinar que es ó que significa la democracia y que tipos de democracia resultan moralmente deseables y técnicamente viables” (Cortina, 1993, p.107).

No es necesariamente una decisión entre la disyuntiva “democracia representativa vs democracia participativa”, por el contrario, puede ser un complemento entre la represen-tación y la participación que puede resultar en un sistema democrático con participación ciudadana, que logre dar lugar y responsabilidad clara a los representantes y a la ciudadanía en general.

Con miras a mejorar la calidad de la democracia, esta sí debe caminar hacia la democra-cia participativa, ya que este modelo “modifica las formas de relación entre la sociedad y el Estado a través de la inserción progresiva de nuevos actores sociales en la escena pública, en la deliberación política y en la toma de decisiones” (Velásquez, 2003, página 56).

“En estos términos, se podría entender la democracia como un sistema de interacción entre relaciones de fuerzas de poder, que les permite a todos y todas las ciudadanas participar,

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desde sus respectivas condiciones e intereses individuales, colectivos y generalizables, en la definición y construcción de la sociedad en la que quieren habitar y que les permite desarro-llar sus proyectos de vida personales y colectivos”.

Es así que la política se constituye en el escenario idóneo para el ejercicio pleno de la ciudada-nía, en el cual se tejen las sociedades desde interacciones de conflicto y cooperación, que cuentan como base la deliberación, la pluralidad, el consenso, regla de la mayoría y la acción colectiva.

De dicha interacción hacen parte, diferentes colectivos políticos, sociales, culturales, económi-cos y ciudadanos, con diversas identidades, intereses y objetivos, que actúan e interactúan cotidianamente con el objetivo de determinar la sociedad que desean, impacto que depende de sus recursos, conocimientos y estrategias.

Participación ciudadanaEn una sociedad democrática, el ejercicio pleno de la ciudadanía desde el ámbito político se concreta ejerciendo el derecho político de participar en la construcción de lo público, en la medida que se sienten parte de una comunidad política, comprendiendo así, que “la partici-pación puede ser entendida como una forma de acción individual o colectiva que implica un esfuerzo racional e intencional de un individuo o un grupo en busca de logros específicos. Tomar parte en una decisión, por ejemplo, a través de una conducta cooperativa” (Velásquez, 2003, página 58).

Comprendiendo la participación como un proceso de intervención de individuos y colecti-vos, desde intereses y objetivos determinados, con unos recursos y un poder especifico, que se ponen en juego en la arena política para debatir sobre el rumbo de una sociedad, el sistema le debe dar las posibilidades a todos de manera igualitaria para intervenir, lo cual puede resultar en que unos logren mayor incidencia que otros, pero todos cuenten con las mismas oportunidades en medio de unas reglas de juego claras y equitativas.

“La participación es, a la vez, un medio y un fin. Más exactamente, debe ser considera-da como un fin intermedio. En otras palabras, se participa para algo, para obtener un beneficio, para construir redes solidarias, para contribuir al bien común o para ejercer las virtudes cívicas. No se participa sólo por participar, sino para alcanzar objetivos específi-cos en situaciones concretas. Pero, de otro lado, la participación es deseable, lo que la convierte de cierta manera en un fin, en cuanto componente central de la democra-cia”. (Velásquez, 2003, página 63).

La participación en términos generales y como lo esquematiza inicialmente Nuria Cunill (1991) se puede ubicar en los siguientes niveles: la participación política, que hace referencia a la intervención de sujetos o colectivos en los asuntos públicos con miras a constituir el bien común o el desarrollo de la sociedad (procesos electorales, partidos políticos, votaciones, etc.); la participación ciudadana, hace referencia a la intervención de sujetos o colectivos en los temas públicos con intereses particulares o sectoriales (en torno a la gestión pública de la educación, la salud, los jóvenes, las minorías…); la participación social que se determina por la búsqueda de intereses comunes, genera lazos sociales y sinergias para la acción, mediante la constitución o transformación de las relaciones económicas, culturales o sociales (gremios, medios de comunicación, el sistema educativo…) y por último, la participación comunitaria que se constituye por la búsqueda de intereses colectivos de transformación de los territorios, de los problemas del hábitat o de una determinada población o sector social (JAC, organiza-ciones sociales y comunitarias).

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Todos los ciudadanos deben participar en los asuntos públicos que les afectan, sin distinción alguna de sexo, raza, ni propiedad, en el grado de sus intereses y de los que la sociedad le delegue, en los ámbitos públicos estatales y no estatales, con miras a construir el bienestar de la sociedad desde intereses claramente generalizables. Es importante evidenciar que los ciudadanos cumplen barrios roles en la sociedad, lo que les permite “determinar los diferentes sistemas sociales, de todos los «espacios de asociación humana sin coerción y al conjunto de la trama de relaciones que llenan este espacio», de suerte que su pertenencia a la sociedad civil es el núcleo coordinador de los restantes rasgos” (Cunill, 1991, página 151), para el logro de la garantía de los derechos no solo políticos, sino también económicos y sociales, aumentando la redistribución del bienestar social.

En esta investigación se espera comprender cómo procesos de participación comunitaria llegan a niveles de participación ciudadana, en la medida que los actores comunitarios buscan incidir en temas de gestión pública de su interés, para la solución de problemas particulares de sus territorios, comprendiendo que la participación ciudadana se puede presentar en diversos niveles, que parte de obtener información, que involucra la concertación o negociación de lecturas sobre sus territorios o de respuesta a sus problemas e implica por último la fiscalización y control de las acciones estatales sobre sus temas de interés, para en términos generales, evidenciar que lo que se persigue es la incidencia en la toma de decisiones públicas.

Por lo anterior, se puede decir, retomando a Chantal Mouffe, que la ciudadanía es “la identidad política común de personas que pueden estar empeñadas de muchos emprendimientos con finalidades diversas y con diferentes concepciones del bien, pero que, en la búsqueda de su satisfacción y en la ejecución de sus acciones, aceptan someterse a las reglas que prescribe la república” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, página 118).

La participación le posibilita al sujeto político potenciar sus capacidades sociales, así como su realización personal en la medida en que aporta en los asuntos de la vida pública y colecti-va, siendo la autonomía y la participación desde intereses generalizables lo que hace libre al ser humano y permite a su vez reconocerse como interlocutor válido y capaz de intervenir en la construcción y control de las acciones públicas que le afectan, desde intereses comunes, solidarios y con sentido de justicia. Esto supone que “el individuo puede a su vez definir por sí mismo las normas, los valores, las significaciones mediante las cuales tratará de ordenar su propia vida y darle un sentido” (Castoriadis, 1958, página 240).

Sin embargo, son útiles en términos prácticos los postulados Weber y Shumpeter, ya citados, que ubican como dudoso que el ciudadano medio llegue a estar alguna vez tan interesado en todas las decisiones adoptadas a nivel nacional como lo estaría en las tomadas más cerca de su hogar, puesto que las personas se interesan por participar en las cosas que les afectan de manera directa, porque es más comprensible y más asequible, ejercicio que les permitirá conocer más sobre los asuntos públicos y prepararse para participar u opinar sobre los temas más complejos del país.

1.2 Antecedentes de la organización comunalDesde el anterior enfoque conceptual, se puede determinar la Acción Comunal como una vía para democratizar la sociedad colombiana, con el interés de aumentar la cohesión social y la acción colectiva de los y las colombianas, constituyéndolos en ciudadanos activos que aportan a la construcción de sociedad. Sin embargo, este proceso ha transcurrido por diferen-tes senderos en la historia del país, siendo importante retomarla para ubicarnos en el presente y observar sus alcances y retos.

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La Acción Comunal fue inicialmente una iniciativa de origen rural en la Europa de posguerra que sirvió como espacio de convergencia de las personas alrededor del territorio. En Colombia se aplicó como una estrategia de integración social, centrada en promover la paz, la descentra-lización y la alfabetización dado el déficit de instituciones educativas rurales.

Desde la creación legal de las Juntas de Acción Comunal mediante la Ley 19 de 1958, éstas han sido concebidas como organizaciones claramente relacionadas con las expresio-nes, manifestaciones y luchas populares, alrededor de las necesidades más sentidas de la población. Desde entonces las JAC han sido las organizaciones llamadas a resolver, por la vía de la autogestión o de la interacción con el Estado, los problemas relacionados con el desarrollo barrial o veredal.

En la historia de la organización comunal tanto en Bogotá como en el resto del país, se pueden identificar cuatro grandes etapas profundamente relacionadas con el contexto político y social del país que han determinado las características y alcances de estas organizaciones.

Etapa de 1958 a 1968: Esta primera etapa de las Juntas de Acción Comunal se caracteri-za por su énfasis autogestionario orientado a resolver problemas relacionados con servicios públicos domiciliarios, equipamientos básicos como escuelas y salones comunales así como vías primarias.

La acción comunal como práctica autogestionaria ya existía a finales de los cincuenta, de manera que la Ley 19 de 1958 sobre reforma administrativa reglamenta esta práctica, estable-ciendo que los concejos municipales y otras entidades locales debían normar la conforma-ción de las JAC y encomendarles “funciones de control y vigilancia de determinados servicios públicos, o dar a esas juntas cierta intervención en el manejo de los mismos”. (Art.22)

Sin embargo, la ley 19 de 1958 no avanza en la definición de las Juntas de Acción Comunal; apenas once años después con el Decreto 2070 de 1969, se hace un esfuerzo para definir-las. En efecto, se plantea que: “es Junta de Acción Comunal toda Asociación voluntaria de los vecinos de un Municipio, Barrio, Inspección de policía, Corregimiento, Vereda o Caserío, que se organiza democráticamente, sin ánimo de lucro, para conseguir el desarrollo social y económico de los asociados y de las familias que integran la respectiva comunidad”.

A través de este Decreto se define a las Juntas de Acción Comunal como las organizaciones comunitarias por excelencia y las interlocutoras con el Estado al establecer entre sus finalida-des “Organizar los diferentes sectores populares para que tomen conciencia de las necesida-des de la comunidad y de la manera como pueden satisfacerlas y asumir la vocería de la comunidad en los problemas que directamente le interesan”

Entre 1959 y 1966 se conformaron en Bogotá 250 Juntas de Acción Comunal. En ese momento, el balance de la administración de Bogotá sobre el surgimiento de las JAC apuntaba a que a través de estas organizaciones se lograba “responsabilizar a las comunidades de su participa-ción activa en el estudio y solución de sus problemas; estimular la organización comunal para que los inmigrantes provenientes de provincias y áreas rurales se adapten a la vida urbana; despertar la iniciativa, pericia e ingeniosidad de los individuos, como un nuevo recurso para el mejoramiento de sus condiciones de vida y formular con las comunidades pequeños planes de desarrollo para cada barrio, integrados dentro del plan general de la ciudad” (Jaramillo J., 2005, página 20).

Etapa de 1968 a 1990. Esta etapa del movimiento comunal está marcada por el pragmatismo de la política y los denominados auxilios parlamentarios que derivaron en las prácticas cliente-listas de las Juntas de Acción Comunal. Durante este periodo una de las principales fuentes

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de financiamiento de las JAC provenía de los auxilios parlamentarios2 y sus funciones, en relación con el desarrollo barrial y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitan-tes, estaban determinados por el paternalismo por cuenta de los partidos políticos y por la relación directa entre votos y vías, redes de acueducto o escuelas.

Es justamente durante esta etapa, más precisamente en 1968, cuando se crea en Bogotá el Departamento Administrativo de Acción Comunal, como parte de la estructura administrati-va del Distrito y se le atribuye entre otras funciones la de canalizar los auxilios aportados por el Estado para las Juntas de Acción Comunal, de manera que las JAC debían cobrar los auxilios por conducto del DAACD, y ésta entidad debía programar y dirigir las obras barriales hacia las cuales iban destinados dichos recursos (Jaramillo J. 2005).

Con estas condiciones, no es de extrañar que para comienzos de los años setenta el DAACD ya se hubiera convertido en un instrumento de los partidos políticos y que se produjeran debates entre los partidos Liberal y Conservador por el control de la institución.

Durante este período el clientelismo se convirtió en el medio articulador del sistema político y la principal herramienta de gestión de las Juntas de Acción Comunal, lo que puso de manifiesto la capacidad de movilización política y partidista de las Juntas, un aspecto que posteriormen-te implicaría una creciente pérdida de credibilidad en estas organizaciones y un estancamien-to con respecto a su potencial y capacidades de gestión.

Curiosamente en las décadas de los setenta y ochenta se produce un desarrollo significativo de la organización comunal, con miras a superar la atomización producto de su configuración barrial y veredal, avanzando en la construcción del movimiento comunal, desde la realización de los congresos comunales distritales concebidos como un espacio de encuentro, en los que se definieron agendas colectivas que trascendieron lo barrial e incluso lo local, llevando en 1974 a la constitución de las asociaciones zonales de JAC –Asojuntas- y en 1985 la Federación Comunal de Bogotá; dos años después, la estructura de la organización comunal se formaliza mediante el decreto 330 de 1987 y se crea la Confederación Nacional Comunal (Ciro Restrepo V., 1993, página 75).

Durante esta etapa, al mismo tiempo que la organización comunal funciona con la lógica impuesta por los auxilios parlamentarios y sus negativas consecuencias, alcanza un crecimien-to importante en relación con el auge de los movimientos sociales y la confluencia de múltiples tendencias y sectores alrededor de lo comunal, reivindicando, entre otros aspectos, la descentralización y la autonomía regional.

Etapa de 1991 a 1996. Para comienzos de la década de 1990 en Bogotá se habían conforma-do 1.060 JAC que agrupaban alrededor de 600.000 socios, aunque cerca del 14% permane-cían inactivas (Ciro Restrepo V., 1993, página 51). No obstante, ya durante la década de los ochenta las Juntas de Acción Comunal tenían serios problemas asociados a las prácticas clientelistas y con la expedición de la Constitución en 1991 que eliminó la figura de los auxilios parlamentarios, podría decirse que estas organizaciones entraron en crisis porque no contaban con el apoyo de los partidos políticos y tampoco tenían otras herramientas para la gestión de recursos. Adicionalmente, durante este período, comienzan a surgir nuevas organizaciones de todo tipo con estructuras más abiertas y modernas que le quitan fuerza a las JAC como organización de base por excelencia.

Etapa de 1996 – a la actualidad. En abril de 1996 se inicia un proceso de resurgimiento de la organización comunal mediante la renovación de dignatarios de las Juntas de Acción

2 Según el trabajo sobre el Movimiento Comunal en Bogotá realizado por Voltaire Ciro a comienzos de los ’90 el 21% de las JAC incluidas en el estudio tenía como fuente de financiamiento los auxilios políticos.

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Comunal, las Asojuntas y la Federación y también con su vinculación a las instancias de partici-pación creadas a partir de la Constitución. En el caso de Bogotá, el proceso de resurgimien-to de esta organización es promovido por el entonces DAACD, que a través de programas como Obras con Saldo Pedagógico y Acciones para la Convivencia, busca entre otras cosas brindar herramientas a las JAC para entender y asumir nuevas lógicas de relacionamiento con el Estado y nuevas prácticas para la gestión de recursos por la vía de la elaboración de proyectos sociales comunitarios.

Por otro lado, la Ley 743 de 2002 le da un nuevo alcance a la organización comunal en el marco de la democracia participativa. En este sentido el artículo 8º de la Ley define las Juntas de Acción Comunal como “una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democra-cia participativa.”

1.3 La participación en la organización comunalLas Juntas de acción comunal en su naturaleza inicial son un medio de participación comunita-ria que promueve el desarrollo de sus territorios desde la autonomía, la autogestión y la interlo-cución con el Estado con respecto a las intervenciones de este en sus territorios. Actualmente, las Juntas de Acción Comunal son las organizaciones de base con mayor arraigo ciudada-no y las que más peso tienen dentro del tejido asociativo a escala barrial, veredal, local, distrital e incluso nacional. El 40% de las organizaciones sociales que existen en Bogotá son comunales: se trata de 1.756 Juntas de Acción Comunal, 20 Asociaciones y una Federación, que congregan aproximadamente a 23.000 líderes sociales como dignatarios y a otros 750.000 ciudadanos en calidad de afiliados (Agudelo R., 2009).

Sin embargo, como se ha enunciado anteriormente, la constitución de las organizaciones de segundo y tercer grado que agremian las JAC, les ha permitido posicionarse como interlocu-tores entre la comunidad y el Estado para la definición de diferentes políticas, haciendo uso de la participación ciudadana.

En este mismo orden, la Constitución de 1991 fortalece la participación ciudadana creando las instancias de participación ciudadana como espacios de interlocución permanente, con diferentes niveles de incidencia3, entre la ciudadanía y de ésta con el gobierno, respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, regional o local; sus objetivos principales: la disminución de las asimetrías de poder entre los gobernantes y la ciudadanía, y el aumento en la efectividad de la gestión pública, con la atención de los problemas públicos, mediante la vinculación de los actores sociales en la definición de las políticas.

En muchas de estos escenarios un actor importante han sido las Juntas de acción comunal, logrando tener representación en las instancias locales y distritales, por su conexión directa con los territorios y la comunidad, en el contacto directo con los problemas e intereses de la ciudadanía, lo que les ha permitido a las JAC ampliar su nivel de participación comunitaria y una participación ciudadana, que incide en las acciones del Estado.

La organización comunal es identificada como un semillero y como la principal escuela de liderazgo; un significativo número de organizaciones sociales de otro tipo han tenido como sus fundadores a miembros de las Juntas de Acción Comunal, y en las diferentes localidades

3 Los niveles son particulares de cada instancia, como información, consulta, control, concertación o decisión.

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muchos ediles han sido antes dignatarios comunales. Este hecho da cuenta de la importancia de la organización comunal en el conjunto del tejido asociativo.

No obstante, al interior de la organización comunal hay ciertos retos por superar, relacionados al manejo de los conflictos internos, las relaciones y comunicación entre las Juntas y los otros niveles de la organización como las Asociaciones, la Federación y la Confederación, situacio-nes que condicionan la acción de las organizaciones comunales e incluso su real incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de sus barrios y localidades.

Por otra parte, las estructuras internas de las organizaciones comunales tienden a la dispersión de la base social y a la concentración del poder en los dignatarios, generando problemas de contrapesos en el nivel micro de la organización comunal y de su representatividad.

En esta medida, otro gran desafío son las formas de inserción de la organización comunal en procesos de participación ciudadana, tanto locales como distritales, ya que siguen estando marcadas por la permanencia de prácticas clientelistas como mecanismo de acceso a bienes y servicios, hecho que genera dificultades para la promoción de iniciativas participativas que superen el ámbito barrial y la constitución de estructuras internas democráticas e incluyentes.

Igualmente, las necesidades de los ciudadanos son cada vez más complejas, diversas y difícil-mente pueden ser asimiladas y tramitadas por la organización comunal, lo que ha generado una especie de migración fundamentalmente entre jóvenes y mujeres a otros procesos sociales, mediante la creación de otras organizaciones y un cierto nivel de especialización en los temas que pueden ser abordados y tramitados por las JAC.

Lo anterior genera a la organización comunal, entre otros el gran reto de enfrentar una serie de desafíos relacionados con su capacidad de interactuar, generar alianzas y sinergias con otras organizaciones sociales, constituyendo agendas comunes que permeen los escenarios locales y distritales, y así incidir en la definición de políticas que les garanticen los derechos a sus representados.

Desde la perspectiva de su agenda temática, la organización comunal se distingue cada vez más por centrar su interés en el desarrollo territorial, lo que le permite articularse a temas transversales de la gestión pública. Alrededor de lo territorial, cuenta con una agenda móvil e intermitente que se activa ante problemáticas y situaciones específicas.

Su participación en seis instancias de participación distrital y en siete de participación a nivel local (tabla 1), le ha permitido a las JAC dialogar con los otros actores sociales e incidir a nivel local y distrital en políticas públicas determinantes para la ciudad y que están relacionadas con la planeación territorial y del desarrollo, con cultura, bienestar, salud, seguridad alimenta-ría y derechos humanos.

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Tabla No. 1. Instancias formales locales y distritales con participación de las JACSector Instancia Norma Objetivos y/o definición de la

instanciaPlaneación Consejo Territorial

de PlaneaciónModificado Acuerdo Distrital 18 de 1998

Analizar, discutir, organizar y coordinar lo relacionado con el Proyecto del Plan de Desa-rrollo, mediante la organización de reuniones a nivel del Distrito y las localidades en las cuales intervengan los sectores eco-nómicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana, Absolver las consultas que sobre el Plan Distrital de Desarrollo formule el Gobierno Distrital o las demás autoridades de planea-ción durante la discusión del proyecto del plan.

Seguridad alimentaria

Consejo Directivo del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario y Segu-ridad Alimentaria para Bogotá D.C.

Decreto Distri-tal 315 de 2006, modificado por el 040 de 2008

Garantizar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá.

Cultura Consejo Distrital de Cultura

Decreto Distrital 66 de 1989 , De-creto Distrital 462 de 1994 modifica-do Decreto Distri-tal 781 de 1998, Adicionado por el Decreto Distrital 996 de 1998, De-creto Distrital 564 de 1999

Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las co-munidades. Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del pa-trimonio cultural y artístico Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura, Asesorar al gobierno del Distrito Capital en la formulación, implementación y ejecución de las políticas y planes culturales.

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Sector Instancia Norma Objetivos y/o definición de la instancia

Derechos Humanos

Consejo Distrital de Paz

Acuerdo Distrital 17 de 1999

Asesorar de manera permanen-temente al Gobierno Distrital en materias relacionadas con la paz; Elaborar propuestas para el Gobierno Distrital acerca de so-luciones negociadas al conflicto político, social y armado interno, al respecto, promoción y defen-sa de los derechos humanos, la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, la disminución de la intensidad y cese de las hostilidades, la rein-corporación a la vida civil de los miembros de los grupos guerri-lleros, la reconciliación entre los colombianos, la consolidación de la democracia, y la creación de un orden político, econó-mico y social justo; Proponer al Gobierno Distrital mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de diálogo y negociación con los grupos guerrilleros

Comité Distrital de Derechos Humanos

Acuerdo 4 de 1995

Organismo asesor del Personero Distrital y de la Unidad Coordi-nadora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá

Planeación Consejo de Planea-ción Local - CPL


Diagnosticar y priorizar las nece-sidades de la localidad. Propo-ner alternativas de solución a las necesidades estructurales y sectoriales de la localidad. Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Local, mediante la organización de foros informativos, seminarios, talleres y audiencias públicas, encuentros ciudadanos u otros mecanismos, con el fin de ga-rantizar eficazmente la partici-pación ciudadana.

Espacio pú-blico / Con-trol social

Comité Local de Parques

Acuerdo 78/2002 Red Distrital de Parques.Los comités tienen como fun-ción velar por el cabal cumpli-miento de la administración y el desarrollo de actividades en los parques zonales y vecinales.

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Bienestar Consejo Local de Política Social -CLOPS

Se rige por Decre-tos locales

Instancia para la concertación y seguimiento de la política social de la Localidad, su carácter es mixto y tiene como objetivo prin-cipal promover la articulación, integralidad y complementarie-dad de la actuación de las insti-tuciones públicas y convocar la solidaridad.

Cultura Consejo Local de Cultura

Decreto 221 de 2002 (está en pro-ceso de reforma)

Son organismos de participa-ción ciudadana para la con-certación entre las autoridades locales y las comunidades, de políticas, planes, programas y proyectos culturales y sus res-pectivos presupuestos, para el estímulo, fomento y desarrollo cultural en las localidades.

Atención a desastres

Comité Local de Emergencias

Decreto 723 de 1999

Es el órgano de coordinación in-terinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y empren-der todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la loca-lidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades.

Deportes Consejo Local de Deportes

Acuerdos locales Es una instancia estructurada que apoyará las autoridades lo-cales y de Plantación en cuanto al deporte y la recreación.

Salud Comités de partici-pación Comunitaria COPACO

Decreto 1757 de 1994

Espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado

Sin embargo, existen otras instancias de participación formal4, que tienen un carácter más amplio como son las Juntas Zonales de Seguridad o los Encuentros ciudadanos en las que las Juntas de acción comunal tienen una participación importante.

De igual manera, es importante aclarar que por iniciativa de las Juntas de acción comunal o de otros procesos sociales se han constituido múltiples espacios autónomos de participa-ción que se han conformado en red para incidir en determinadas políticas públicas de interés común, reconocidas en esta investigación como instancias no formales, pero que en varias ocasiones cuentan con más poder que las formales, por su nivel de cohesión, estrategia y recursos.

La trayectoria de las Juntas de Acción Comunal en su intervención en las dinámicas e instancias de participación a nivel local y Distrital plantean varios interrogantes: ¿Cuál es el papel que han jugado las JAC en las diferentes instancias de participación?¿Está preparada la organiza-ción comunal para ejercer un papel protagónico e incidente en estas instancias?; ¿Teniendo

4 Instancias de participación formal son las que tienen origen o son creadas por una norma que puede ser del orden nacional, distrital o local.

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en cuenta que en la mayoría de instancias son las Asojuntas y la Federación las organizacio-nes que tienen representación en las instancias locales y distritales, se puede hablar de una verdadera representación de la organización comunal en estas instancias? ¿Cuáles son los temas que pone en la agenda de las instancias la organización comunal desde una mirada de localidad o ciudad, cuando el predominio de las JAC está en el nivel barrial?. Qué tipo de relaciones establecen las JAC con otras organizaciones sociales para gestionar cambios o transformaciones? ¿Hasta qué punto la oferta institucional dirigida a la organización comunal contribuye a su cualificación y fortalecimiento para su incidencia en las instancias de partici-pación a nivel local y distrital? Estas y otras preguntas son la ruta de esta investigación, desde la sistematización de dos experiencias de participación de las JAC en la localidad Teusaquillo.

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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO LOCAL.

La localidad de Teusaquillo ha sido históricamente una de las mejor consolidadas en términos urbanísticos en Bogotá, característica ésta que ha influido también en sus determinantes poblacionales, de acceso a servicios, y condiciones de productividad ubicándola entre las cinco primeras localidades con mejores indicadores de calidad de vida.

Según las referencias del diagnóstico local del 2008 hecho por la Secretaría de Integración Social y la Escuela Superior de Administración Publica, (Salazar, 2008 página 10 ) la consoli-dación urbanística inicia en 1927 con la formación del barrio Teusaquillo, que intervenido por diferentes arquitectos se posiciona como la zona de residencia de la clase dirigente del país. Posteriormente se genera propiedad horizontal en zonas como Centro Urbano Antonio Nariño (1952) y para los años setentas en el Park Way y el, siendo éstas, pioneras en la ciudad de este tipo de urbanismo.

La construcción de la Ciudad Universitaria es también uno de los hitos y aun en la actualidad, tiene un impacto importante en la localidad; sumando a ello equipamientos como el estadio Nemesio Camacho El Campín, Corferias, El parque Simón Bolívar, la Embajada Americana y el Centro Administrativo Nacional, que interactuando con la tradición residencial del territorio, generan dinámicas de movilidad, poblacionales, productivas y de participación diversas y en ocasiones no necesariamente concordantes.

La localidad se establece por el acuerdo 26 de 1972 como alcaldía menor de Teusaquillo integrando el Distrito Capital gracias a la Constitución Política de 1991 para que finalmente el Decreto Ley 1421 de vía al Estatuto Orgánico de Bogotá posibilitando la gestión de recursos y la autonomía de la planeación en el ámbito local.

Referentes de Calidad de vidaPOBLACIÓN TOTAL 137.530CONDICIONES HOGARES 0.2 % hogares en hacinamiento critico.

0.1 % hogares con alta dependencia eco-nómica0.4% hogares pobres por NBI (una o + NBI)

POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENE-RAL DE SALUD

Régimen contributivo 94,1%Régimen subsidiado 3.1%No afiliados 7.5%

POBLACIÓN OCUPADA 49.71% entre 25 y 54 años de edadTASA DE OCUPACIÓN 49.71% siendo mayor la tasa en hombres

(56.66%) que en mujeres (43.74%)ESCOLARIDAD 71.5% asistencia

69% coberturaFuente: Encuesta de Calidad de vida 2007 en: http://www.sdp.gov.co/resources/calidad_de_vida_07.pdf

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Si bien la localidad tiene unos de los más altos indicadores de calidad de vida en el distrito, principalmente por la cobertura de servicios básicos, la vivienda y la educación, cabe resaltar indicadores como el del porcentaje de hogares con dependencia económica o hacinamien-to, que observados detenidamente refieren a dos características de la población de territorio: ciclo vital del mayor porcentaje de habitantes y dinámica poblacional.

La localidad de Teusaquillo tiene un alto porcentaje de habitantes adultos mayores, que como se menciona en el informe La salud y la calidad de vida en la localidad 13, publicado por el Hospital Chapinero presenta vulnerabilidad “como resultado del deterioro de la capacidad económica como consecuencia de la recesión económica que vivió el país en 2000 y 2003” afectando principalmente el empleo y el poder adquisitivo de adultos y adultos mayores.

Por otra parte, la localidad acoge diariamente población flotante en grandes volúmenes y particularmente estudiantes que en muchos de los casos se integran a los entornos de sus lugares de estudio, en habitaciones informales en situación de hacinamiento.

Estas dos situaciones son parte de lo que se configura como pobreza oculta, que indica disminución de la calidad de vida de un porcentaje de la población de la localidad, por falta de acceso al empleo o la generación de ingresos por medios propios (industria o comercio).

La localidad se caracteriza por una participación fuertemente sectorializada pero de altísima cualificación, puesto que quienes la movilizan son en su mayoría profesionales vinculados al tema o a la problemática en cuestión.

Tal es el caso de las dinámicas de participación en el tema ambiental, que generan una interesante movilización alrededor de la Comisión Ambiental Local, o el Consejo de Sabios, que congrega a un importante grupo de adultos y adultas mayores que han vivido y ejercido sus profesiones en la localidad y ahora son los interlocutores de los temas de este ciclo vital frete a la administración local.

También es fundamental la dinámica de participación que generan las Juntas de Acción Comunal, principalmente en los temas de seguridad y ambiente, y la propiedad horizontal; estos últimos no de manera colectiva hasta el momento, pero sí con dinámicas desde sus particulares territorios con la posibilidad de contar con un gran volumen de población.

En los últimos años y gracias a los temas del ordenamiento territorial y el uso del suelo, se han organizado diferentes experiencias de trabajo para estudiar y entender la temática y podemos decir que un avance del proceso es la experiencia que referiremos de la Mesa de la UPZ 107.

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3. LA ORGANIZACIÓN COMUNAL EN LA AGENDA POLITICA DISTRITAL Y LOCAL

Con el objetivo de comprender las condiciones institucionales, normativas y presupuestales con las que cuentan las juntas de acción comunal de la localidad de Teusaquillo, en este capítulo se muestra cómo la administración Distrital y local comprende el tema, que proyectos implementa en la localidad, así como el presupuesto destinado al tema, para finalizar con un contexto general de la normatividad que rige a estas organizaciones.

3.1. Participación de las JAC en el Plan de Desarrollo Distrital El plan de desarrollo Distrital 2008 -2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, hace una apuesta por la gestión pública participativa, al reconocer en el objetivo General del plan, que Bogotá debe ser “una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso permanente de participación, en el que cada vez más personas se involucren en la discusión y decisión de los asuntos públicos” (Acuerdo 308 de 2008, Artículo. 1), para lo cual la Administración Distrital por el Principio de participación “reconocerá el valor de la intervención ciudadana en los asuntos públicos, la diversidad de intereses y su aporte a la construcción de un proyecto de ciudad, y promoverá el ejercicio de la participación a través de los canales existentes y de los que el gobierno y la propia ciudadanía considere necesarios. La participación será un componen-te transversal de todas las políticas públicas del distrito” (Acuerdo 308 de 2008, Artículo. 2. Principios).

Lo anterior se concreta programáticamente mediante el Objetivo Estructurante de Participa-ción constituido como eje transversal de la gestión Distrital, en donde los y las habitantes de la ciudad “incidan en la definición, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, directa-mente o a través de sus representantes y organizaciones, haciéndose corresponsables del desarrollo integral de la ciudad” (Acuerdo 308 de 2008, Artículo 16. Descripción).

Que de manera particular para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal se encuentran los propósitos: “3. Fortalecer el capital social y 4. Promover la organización social y potenciar las capacidades técnicas y políticas de las personas para mejorar su poder de interlocución con las autoridades públicas” (Acuerdo 308 de 2008, Artículo 17.Propositos), así como mediante las estrategias: 1. Fomentar, fortalecer y cualificar los espacios y mecanis-mos de participación, control social y representación de la población y sus organizaciones; 3. Promover la democratización de la información y la pedagogía social para el desarrollo de los procesos de deliberación colectiva. 4. Propiciar sinergias entre las iniciativas públicas y las propuestas ciudadanas en torno a temas específicos de la vida de la ciudad y sus localida-des” (Acuerdo 308 de 2008, Artículo 18.estrategias). Por último el programa 2. “Organiza-ciones y redes sociales. Promover la articulación entre las instancias de participación y las organizaciones, y mejorar la capacidad técnica de las redes sociales locales y distritales,

con el fin de contribuir al fortalecimiento del capital social y la construcción colectiva de la ciudad, generando inclusión de los grupos poblacionales, sectoriales y etarios”. Ubicando así las organizaciones sociales y comunales en un ámbito de interés para la gestión Distrital, para la garantía de su accionar social, evidenciado de forma más detallada en las siguientes metas, que representan el 27% de las metas del Objetivo de participación, las cuales impactan positivamente las organizaciones comunales:

Metas Objetivo de participaciónPrograma Ahora decidimos juntosProyectos Metas Sistema distrital de partici-pación

Acompañar 22 procesos electorales de las organizaciones, instancias y autoridades sociales.

Comunicación para la participación activa de todas y todo

Capacitar 2.500 personas en tecnologías de información y co-municaciónConsolidar 100 medios de comunicación comunitaria

Escuela distrital departicipación

Formar 16.000 ciudadanos y ciudadanas en participación, con el concurso de los sectores de la administración distritalElevar las destrezas y conocimientos de 143.000 personas para la participación y la organización democrática, la conviven-cia y la paz

Programa Organizaciones y redes socialesProyectos Metas Fortalecimiento de organi-zaciones yredes sociales y familiares

Apoyar 450 iniciativas formuladas por las organizaciones so-ciales

Obras con participación ciudadana

Realizar 620 Obras con Participación Ciudadana, de infraes-tructura menor y embellecimiento arquitectónico

Fortalecimiento de la or-ganización comunal, los consejos de propiedad horizontal y otras organiza-ciones

Fortalecer 390 organizaciones comunales

3.2. Participación de las JAC en los planes y programas del IDPACEs el IDPAC la entidad responsable de la garantía del derecho a la participación y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, fundado en el acuerdo 257 de 2007, además es la entidad responsable de coordinar el Objetivo de Participación del Plan de desarrollo, lo cual se materializa en el Plan Institucional de la entidad.

Como estrategia misional del IDPAC se encuentra la Estrategia no. 1: Fortalecimiento de los procesos de participación y organización social, que busca el “desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para que los ciudadanos y ciudadanas se involucren de manera cualifi-cada en los procesos de construcción de lo público. Se traduce en el desarrollo de conteni-dos, la formulación y aplicación de metodologías para la participación” (Plan Institucional estrategia No 5).

El plan institucional ubica la generación de las siguientes competencias ciudadanas como medio para la garantía del derecho a la participación, las cuales se constituyen el marco de acción de la entidad (Plan Institucional, estrategia No.6. Competencia ciudadanas):

Sentir lo colectivo y social

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Para el IDPAC, la construcción de esta competencia tiene como propósito el transformar la cultura ciudadana para que sea más solidaria, más democrática, más incluyente (propensión hacia lo colectivo). Se busca con el desarrollo de esta competencia, personas más cívicas y grupos de intereses colectivos con mayor sentido de lo social.

Ciudadanía socialmente activa Tiene como propósito, cualificar y vincular a los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sectoriales, gremiales, poblacionales y territoriales, en los procesos de la participación y cultura democrática que actualmente existen en el ámbito distrital.

Actuación desde el liderazgo La concreción de esta competencia se evidencia en el desarrollo de habilidades y profundi-zación en el liderazgo para el ejercicio de procesos de participación, en aquellos actores (individuales y colectivos) que requieren consolidar estas capacidades, para actuar desde sus propios escenarios con el objetivo de contribuir en la construcción de una sociedad más democrática, participativa e incluyente.

La promoción de estas competencias de manera directa busca afectar positivamente entre otras organizaciones sociales, a las Juntas de Acción Comunal, con el objetivo de fortalecerlas en su cohesión y gestión social.

A continuación se relacionan algunas acciones de promoción generadas por diversas áreas del IDPAC:

• Vinculación de Dignatarios de JAC a Proyectos Obras con Participación Ciudadana OPC• Planes Estratégicos de Desarrollo Barrial• Fortalecimiento y Cualificación de las Comisiones de Conciliación y Convivencia en

Asojuntas• Reivindicar la Acción Comunal para el Siglo XXI• Formador de formadores• Cultura democrática y ciudadana

En esta línea el IDPAC para el año 2009 en la localidad de Teusaquillo implementó los siguien-tes procesos con miras a fortalecer las JAC:

• Escuela de Participación Comunal: Durante 2009 se culminó el proceso de formación que inició el año anterior, en convenio con la Federación Comunal de Bogotá, con la partici-pación de dignatarios de las 20 localidades del Distrito Capital. Por otra parte, se suscribió convenio con la Asociación Comunal de Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Teusaquillo, por un valor de $19.759.656 para la formación de 50 dignatarias y dignatarios de JAC, de los cuales se certificaron 32.

• Planes Estratégicos De Desarrollo Barrial Y Veredal, Pedbv: se inicio el proceso con la JAC EL Campin, el cual a 2009 se encontró en proceso de preparación.

• Bogotá Te Junta: El 15 de octubre en el Barrio La Esmeralda, se realizó la Jornada Bogotá Te Junta, con el fin de plantear soluciones en conjunto con dignatarias y dignatarios de las JAC de la localidad.

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• Fortalecimiento a Organizaciones Sociales:

ORGANIZACIÓN PROYECTO PRODUCTO / LOGROS LÍNEA TEMÁTICA SECTOR ORGANIZACIONES COMUNALES

JAC San Luis

Creación de una página interactiva en internet para promover la partici-pación.

Web, capacitación a 3 dignatarios, evento lanza-miento, pendón. Machote de boletín

Participación en línea

JAC El Campin

Estrategia de comunicación y capacitación para fortalecer nuestra organización

Web, capacitación a 3 dignatarios. Gorras borda-das, diseño logo, evento de lanzamiento.

• Obras Con Participación Ciudadana: 3 embellecimientos de fachadas fueron entregados en el marco de las siguientes jornadas: “Bogotá Positiva y Colorida” y “Viva Mi Cuadra Navideña”.

Para el 2010 el IDPAC en la localidad de Teusaquillo, dentro del proceso de territorialización de la inversión, asignaron $ 111.724.341 para el desarrollo de proyectos que impactan de manera directa el fortalecimiento de las JAC de esta localidad.

Luego de la presentación de las acciones que realiza el IDPAC para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, se puede observar que se ha realizado un esfuerzo importante para el logro de este objetivo en la localidad de Teusaquillo, sin desconocer que se requiere mayor cobertura, es posible evidenciar la oferta institucional clara y precisa para este sector social.

3.3. Participación de las JAC en el Plan de Desarrollo de TeusaquilloLa localidad, como el Distrito, en su plan de desarrollo local integra la participación como componente, generando complementariedad con el orden Distrital en el Objetivo Estructurante de Participación desde el eje programático de promoción de la participación en la localidad. De manera puntual, con respecto a las organizaciones comunales se define como un propósi-to el “promover la organización social y potenciar las capacidades técnicas y políticas de las personas para mejorar su poder de interlocución con las autoridades públicas”, así como “fortalecer el capital social” (JAL TEUSAQUILLO, Acuerdo Local Nº 2 de 2008, Artículo 17).

Este objetivo es concretado mediante los programas: Ahora Decidimos Juntos, Organizacio-nes y redes sociales y Control social al alcance de todos y todas, que se implementa mediante 5 proyectos con 8 metas plan, que de manera directa no realizan acciones para el fortaleci-miento de la organización comunal. Sin embargo, mediante el programa Organizaciones y redes sociales, desde el proyecto de Obras con participación ciudadana con la meta de una obra anual y el proyecto Fortalecimiento de organizaciones y redes sociales y familiares, con la meta de “adelantar un proceso de divulgación, sensibilización y acompañamiento para promover la organización ciudadana y la construcción de redes que incorpore herramien-tas tecnológicas”, son acciones que pueden fortalecer las organizaciones comunales en el desarrollo de sus funciones.

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En términos presupuestales, factor real que determina el interés de un gobierno por resolver un problema o promover un tema de política, la localidad para el tema de participación destina menos del 3% de su presupuesto cuatrienal, lo que significo para el 2009 la programación de $340.887.000.

En la misma línea, el programa de organizaciones y redes (proyectos que aportan al fortaleci-miento de las JAC) con relación a todo el Objetivo de participación representa presupuestal-mente el 50% de este; sin embargo, con respecto al presupuesto en general tan solo es el 1.5%, lo que significo para el 2009 la programación de $170.444.000, presentándose un bajo apoyo presupuestal para el fortalecimiento de las Organizaciones comunales.

3.4. Participación de las JAC desde el contexto normativo.Desde el punto de vista de las disposiciones y garantías constitucionales para la organización y la participación de las organizaciones comunales en desarrollo del artículo 38 de la Constitu-ción Política de Colombia, la Ley 743 de 2002, en lo referente a los organismos de acción comunal decreta en su titulo primero:

Artículo 1°. Objeto.

“Promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participa-tiva y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociati-vos” (Ley 743 de 2002. pp.1).

Según este objetivo general, así como en sus principios, fundamentos y en el desarrollo de sus componentes, la ley es clara y prolija en conceptos e instrumentos que dan un piso legal firme para promover, facilitar y fortalecer la construcción de la democracia participativa y el desarrollo comunitario, social e integral, así como al impulso a la participación democrática de las JAC en todos los estamentos, por todos los medios y mecanismos existentes desde la Constitución de 1991.

“Principio de la participación: la información, consulta, decisión, gestión, ejecución, seguimien-to y evaluación de sus actos internos constituyen el principio de la participación que prevale-ce para sus afiliados y beneficiarios de los organismos de acción comunal. Los organismos de acción comunal podrán participar en los procesos de elecciones populares, comunitarias y ciudadanas” (Ibíd. pp.2).

De acuerdo con este principio (y los demás como: democracia, autonomía libertad, prevalen-cia del interés común, etc.), las JAC tienen todas las garantías para la participación democrá-tica. Sin embargo, a nivel interno en muchas de ellas prevalecen todavía las decisiones directi-vas y poco participativas, y a nivel externo, predomina un relativo interés para vincularse a procesos electorales locales, distritales o nacionales, toda vez que su numero permite una relación entre JAC más cercanas.

En cuanto a su misión de colaborar de forma efectiva para la construcción del desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la sociedad civil, la norma establece que:

“El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, participación social y política, promoviendo el fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones democráticas” (Ley 743. 2002. pp.2).

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Este concepto provee claramente el marco normativo para que las OC asuman un lideraz-go de primera línea en la gestión y el desarrollo integral, justo, equitativo, sustentable y con identidad cultural de sus comunidades barriales.

En este sentido, es importante reconocer que las OC adelantan por su cuenta y con el apoyo de las mismas comunidades y distintas entidades, tanto públicas como privadas proyectos y acciones de carácter social y comunitario buscando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Algunos de los objetivos de la organización comunal que tienen que ver con sus oportunida-des de proyección y gestión son los siguientes:

Artículo 19. Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos: c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad; e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario; f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo; g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales; h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifes-taciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal y nacional.

De acuerdo con estos, desde las juntas barriales y las Asociaciones locales hasta la Confede-ración Nacional, las OC tienen amplias posibilidades de Gestión y concertación de proyectos con entidades nacionales e internacionales, pero sus alcances e incidencia en estas instancias, en la realidad no son tan significativos como podría o debería ser, por diversas razones.

3.5. La participación ciudadana de las JAC en el marco de las normas nacionales y distritales Las juntas de acción comunal como se enuncio anteriormente, participan en términos comunitarios promoviendo el desarrollo de sus territorios, pero también son actores claves de la participación ciudadana, mediante su incidencia en los asuntos de competencia del Estado, para lo cual hacen uso de las estrategias promovidas por las administración, los mecanismos de participación legal y la vinculación activa a las instancias de participación ciudadana formales e informales.

Con el fin de ubicar las instancias de participación formal, en las cuales las JAC tienen partici-pación por decisión de los mismos actos administrativos que las crean, se presenta la siguien-te tabla:

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Instancias formales locales y distritales con participación de las JACSector Instancia Norma Objetivos y/o definición de la

instanciaPlaneación Consejo Territo-

rial de Planea-ción

Modificado Acuer-do Distrital 18 de 1998

Analizar, discutir, organizar y coordinar lo relacionado con el Proyecto del Plan de Desarrollo, mediante la organización de reuniones a nivel del Distrito y las localidades en las cuales inter-vengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garanti-zar eficazmente la participación ciudadana, Absolver las consultas que sobre el Plan Distrital de Desa-rrollo formule el Gobierno Distrital o las demás autoridades de pla-neación durante la discusión del proyecto del plan.

Seguridad alimentaria

Consejo Direc-tivo del Plan Maestro de Abastecimien-to Alimentario y Seguridad Alimentaria para Bogotá D.C.

Decreto Distrital 315 de 2006, mo-dificado por el 040 de 2008

Garantizar la ejecución de las polí-ticas, planes, programas y proyec-tos del Plan Maestro de Abasteci-miento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá.

Cultura Consejo Distrital de Cultura

Decreto Distrital 66 de 1989 , Decre-to Distrital 462 de 1994 modificado Decreto Distri-tal 781 de 1998, Adicionado por el Decreto Distrital 996 de 1998, De-creto Distrital 564 de 1999

Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las co-munidades. Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del pa-trimonio cultural y artístico Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura, Asesorar al gobierno del Distrito Capital en la formulación, implementación y ejecución de las políticas y planes culturales.

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Derechos Humanos

Consejo Distrital de Paz


Asesorar de manera permanen-temente al Gobierno Distrital en materias relacionadas con la paz; elaborar propuestas para el Gobierno Distrital acerca de soluciones negociadas al conflicto político, social y armado interno, al respecto, promoción y defensa de los derechos humanos, la aplica-ción efectiva del Derecho Interna-cional Humanitario, la disminución de la intensidad y cese de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos guerrilleros, la reconci-liación entre los colombianos, la consolidación de la democracia, y la creación de un orden polí-tico, económico y social justo; proponer al Gobierno Distrital mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de diálogo y negociación con los grupos guerrilleros

Comité Distrital de Derechos Humanos

Acuerdo 4 de 1995 Organismo asesor del Personero Distrital y de la Unidad Coordina-dora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Huma-nos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá

Planeación Consejo de Pla-neación Local - CPL


Diagnosticar y priorizar las necesi-dades de la localidad; proponer alternativas de solución a las ne-cesidades estructurales y secto-riales de la localidad. Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Local, mediante la organización de foros informa-tivos, seminarios, talleres y audien-cias públicas, encuentros ciuda-danos u otros mecanismos, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana.

Espacio pú-blico / Con-trol social

Comité Local de Parques

Acuerdo 78/2002 En el marco de la Red Distrital de Parques, integrar los comités que tienen como función velar por el cabal cumplimiento de la admi-nistración y el desarrollo de acti-vidades en los parques zonales y vecinales.

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Bienestar Consejo Local de Política Social -CLOPS

Se rige por Decre-tos locales

Instancia para la concertación y seguimiento de la política social de la Localidad, su carácter es mixto y tiene como objetivo princi-pal promover la articulación, inte-gralidad y complementariedad de la actuación de las instituciones públicas y convocar la solidaridad.

Cultura Consejo Local de Cultura

Decreto 221 de 2002 (está en pro-ceso de reforma)

Son organismos de participación ciudadana para la concertación entre las autoridades locales y las comunidades, de políticas, planes, programas y proyectos culturales y sus respectivos presupuestos, para el estímulo, fomento y desarrollo cultural en las localidades.

Atención a desastres

Comité Local de Emergencias

Decreto 723 de 1999

Es el órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encami-nadas a la reducción de los ries-gos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya mag-nitud y complejidad no supere sus capacidades.

Deportes Consejo Local de Deportes

Acuerdos locales Es una instancia estructurada que apoyará las autoridades locales y de Planeación en cuanto al de-porte y la recreación.

Salud Comités de parti-cipación Comu-nitaria COPACO

Decreto 1757 de 1994

Espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado

Sin embargo, existen otras instancias de participación formal5, que tienen un carácter más amplio como son las Juntas Zonales de Seguridad o los Encuentros ciudadanos en las que las Juntas de acción comunal tienen una participación importante.

De igual manera, el Plan de Desarrollo Distrital promueve la puesta en marcha del Sistema Distrital de Participación Ciudadana, promulgado en el año 2007 por el Decreto Distrital 448, por el cual se conforman los Espacios Cívicos (distrital y locales) que requiere la participación activa de todas las organizaciones y redes sociales, y la construcción de las Agendas Locales concertadas por la Administración con dichas organizaciones.

“El sistema Distrital de Participación ciudadana es un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunita-rias, redes, asociaciones, alianzas temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del distrito Capital”. (Decreto 448 del 2007. Artículo 2º).

5 Instancias de participación formal son las que tienen origen o son creadas por una norma que puede ser del orden nacional, distrital o local.

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Este marco normativo propone a la ciudadanía el organizarse autónomamente para incidir en los asuntos de política de participación ciudadana es el “espacio cívico local y distrital:

“El espacio cívico de participación es el escenario autónomo de convergencia de instancias, organizaciones sociales y comunitarias… encargado de articular a la sociedad civil para proponer estrategias y metodologías para la deliberación, concertación, evaluación, seguimiento y control social a la política pública que en materia de participación se formule y ejecute en el Distrito Capital”. (Decreto 448,2007, Artículo 17)

La puesta en marcha del espacio cívico, que reúna y represente a las organizaciones locales tiene el objetivo de fortalecer los procesos sociales y la participación ciudadana, mediante la concertación de la agenda de participación como instrumento que ubica los acuerdos en materia de promoción de la participación.

Lo anterior, permite reconocer qué garantías institucionales tienen las juntas para ejercer sus funciones y así lograr transformar la realidad de la población que representan, ubicando fortale-zas en términos normativos por el respaldo que se le presta a la organización; sin embargo, se evidencia también que aun son insuficientes las acciones de fortalecimiento de la organiza-ción comunal, y el presupuesto definido para tal fin.

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4. LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN LAS JUNTAS ZONALES DE SEGURIDAD

En este capítulo se pretende comprender el funcionamiento de una instancia de participación relativamente nueva y particular en su conformación y funcionamiento como son las Juntas Zonales de Seguridad JZS, analizando el papel que cumplen las Juntas de Acción Comunal en el desarrollo de esta instancia y en el logro de sus objetivos, desde la experiencia de la JZS de la UPZ Galerías.

4.1. Creación, conformación y funciones y productosLas Juntas Zonales de Seguridad, se constituyen en instancias de participación, en términos que el Acuerdo Distrital del Concejo de Bogotá número 321 de 2008, que las define en su artículo primero como “órganos de participación y comunicación entre los habitantes de las Unidades de Planeación Zonal UPZ y las autoridades responsables de atender la seguridad y convivencia ciudadana en el Distrito Capital”. Estas sesiones periódicas de interlocución, se deben constituir en cada una de las UPZ de la ciudad, promovidas por los Alcaldes locales quienes las presiden, junto con los comandantes de estación de policía, y contar con amplia participación de los y las ciudadanas de la correspondiente UPZ.

El acuerdo determina las siguientes funciones:

1. Ser órgano de prevención de las autoridades y los habitantes de las Unidades de Planeamiento Zonal sobre los temas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

2. Recepcionar las informaciones y sugerencias que en materia de seguridad presenten los participantes a las Juntas Zonales.

3. Trasladar a la autoridad competente, la información recibida sobre hechos que puedan afectar la seguridad o la convivencia ciudadana.

4. Tramitar las quejas y reclamos de los asistentes a las juntas, ante las autoridades competen-tes, en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

5. Promover y acompañar el adecuado funcionamiento de los frentes de seguridad.

6. Velar por la eficiente y oportuna prestación del servicio de policía.

7. Promover la participación del sector privado en la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (Acuerdo 233 de 2006).

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8. Promover la celebración de acuerdos entre las diferentes entidades gubernamentales y la comunidad para la solución de problemas que afecten la seguridad o la convivencia ciudadana. Estos acuerdos señalarán claramente los compromisos adquiridos por el sector público y el sector privado, y se denominarán pactos locales de convivencia y seguridad ciudadana que tendrán por parte de la Subsecretaria de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana un seguimiento permanente a los compromisos suscritos.

Estas funciones, permiten comprender el carácter e incidencia de la instancia, que pasa por ser un escenario de deliberación, de circulación de información, de seguimiento y puede llegar al punto de establecer acuerdos, para solucionar los problemas que se presenten en seguridad y convivencia en una zona determinada.

Para el adecuado funcionamiento de la instancia, la alcaldía local debe citar por lo menos dos sesiones al mes, los días sábados, en las que se debe garantizar la participación de la policía y de servidores públicos requeridos, realizar la convocatoria de la ciudadanía, garantizar los medios necesarios para la realización de los encuentros periódicos, para lo cual la Secretaria de Gobierno Distrital tiene la responsabilidad de presentar apoyo logístico a las alcaldías, así como “adelantar campañas de promoción y sensibilización en las diferentes UPZ, para buscar la participación masiva de las comunidades en las Juntas Zonales de Seguridad (ARTICULO 7).

Uno de los instrumentos centrales para garantizar la diligencia y efectividad, son las actas resumen que debe realizar la Subsecretaria de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que permite la evaluación y seguimiento de los compromisos, como lo plantea el artículo cuarto del acuerdo:

“Al inicio de cada reunión deben revisarse los asuntos tratados en la anterior junta y evaluarse los resultados. Si revisados estos temas, se encuentra que no han sido resuel-tos, se incluirán como compromisos pendientes. Los compromisos asumidos solo podrán retirarse de las actas cuando hayan sido atendidos…PARAGRAFO. Antes de finalizar la reunión el Alcalde Local dejará constancia en el acta de su contenido e impartirá las instrucciones necesarias para su atención. Estos asuntos encabezarán el orden del día de la siguiente reunión.”

De igual manera, los diagnósticos y los pactos sobre seguridad y convivencia, son instrumentos que el acuerdo determina para garantizar que la participación tenga resultados en la transfor-mación de la realidad.

4.2. Las Juntas Zonales de seguridad JZS en TeusaquilloLos espacios e instancias de participación a pesar de contar con una regulación normativa, no se desarrollan de manera uniforme en todas las localidades y territorios, aunque cuenta con unas generalidades, así como lo reconoce la gestora de seguridad y convivencia de la localidad al decir que el desarrollo y accionar de las JZS “depende de la localidad, cada localidad se adapta a sus necesidades, en términos generales se realizan reuniones periódi-cas donde la comunidad expone sus problemáticas en términos de seguridad al alcalde y al comandante de la policía. Además de recorridos por la localidad para conocer de primera mano la necesidad de seguridad de la comunidad” (Baquero, J. entrevista a gestora de seguridad y convivencia, agosto de 2010).

En Teusaquillo, de manera particular esta dinámica se hizo complementaria de los ejercicios previos realizados por el alcalde local, denominados “Alcaldía al barrio”, en los cuales, al inicio de la administración, se visitaron todos los barrios de la localidad y se recogió información diagnóstica sobre sus problemáticas.

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Cabe resaltar la estructura de la instancia, que refiere unos apoyos, unos espacios de interlo-cución y el seguimiento a los compromisos, como lo menciona la gestora de seguridad y convivencia de Teusaquillo, al describir que el proceso en la localidad inicia en el 2009 con la realización de “27 reuniones de diagnósticos con delegados de las UPZ donde se definieron las 5 prioridades en seguridad de la localidad” (Ibid., página 35). Para inicios del 2010 se reunió a la comunidad y las instituciones para dar solución a las problemáticas priorizadas a través de acuerdos.

Una vez firmadas estas actas se enviaron a las instituciones con los compromisos y se empezó a realizar seguimiento a la gestión de los delegados de cada institución y en junio empezó un proceso de verificación de las acciones y los compromisos adquiridos” (Ibid., página 35).

La conformación y funcionamiento de las JZS, ha sido planteada como un proceso sistemáti-co, en el que el gobierno administra la política de seguridad y convivencia desde los territo-rios, con miras a lograr mayor efectividad en la respuesta a las problemáticas, basándose en la corresponsabilidad, la participación, la información, la producción de acuerdos, la generación de respuestas integrales y sus respectivo seguimiento.

Sin embargo, la pregunta por la efectividad del espacio y la generación de respuesta acordes, es un tema importante que se desarrollará en el siguiente aparte, desde la mirada de las y los ciudadanos participantes del proceso.

4.3. Percepción de la instancia, logros y retos, caso UPZ GaleríasEs evidente que como principal logro se encuentra la disminución de las asimetrías de poder entre los gobernantes y la ciudadanía, al generar espacios permanentes de encuentro, la posibilidad de presentar problemáticas y propuesta, la generación de acuerdos y el seguimien-to a los mismos.

Como segundo logro, pero no menos importante se encuentra lo relacionado con la implemen-tación de una gestión pública territorializada y participativa, que le permite a los gobernan-tes una mayor efectividad en la solución de los problemas públicos, en la medida en que construye respuestas más acordes a la realidad, cuenta con información pertinente y con la corresponsabilidad ciudadana.

Además, las JZS “hacen que las instituciones se reconozcan y puedan ejercer una coordina-ción mejor” (Ibid., página 35), ya que en las sesiones han participado funcionarios de las diferentes entidades, permitiendo gestionar la política de seguridad desde un enfoque integral no reducido a la presencia policiva, sino reconociendo las múltiples causas de los problemas, “por ejemplo hábitat se hace responsable con el tema de alumbrado, integración social con el tema de habitante de la calle, logrando así una vinculación de las entidades del distrito con la comunidad” (Ibid., página 35).

Las JZS incluyen la presencia de los diferentes sectores de la administración, con acción local, de manera que se convierten en un buen espacio de encuentro entre ciudadanía y entidades y permiten la solución de problemáticas más puntuales (manejo de residuos, luminarias etc.) que resueltas efectivamente afectan la calidad de vida y la percepción de seguridad de algunas zonas, concretando la seguridad como fortaleza del tejido comunitario.

Sin embargo, este modelo de gestión pública en su funcionamiento e implementación no ha logrado los resultados esperados, por múltiples razones estructurales y procedimentales, tales como la rigidez de la planeación y ejecución de los diferentes programas, la desarticulación

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de los sistemas de información y la carencia de políticas claras de articulación programáti-ca, que impiden de manera especial dar respuestas a problemáticas complejas identificadas.

De parte de las entidades públicas no existe una constancia en su participación, como lo expresan ciudadanos participantes de la instancia: “Se ve la falta de constancia por parte de la policía” (BAQUERO, J ; HERNÁNDEZ, M. (2010, agosto). [Grupo focal con líderes comunales]); de igual manera, otro líder participante del grupo focal plantea que “se propusieron varias reuniones pero no hubo más reuniones, debido a una alta rotación de funcionarios, que hizo que no existiera una continuidad” (Ibíd.).

El cumplimiento de los acuerdos, como lo expresa un participante: “debido a una falta de constancia, se realizan muchos acuerdos pero pocos se realizan” (Ibíd.), es el segundo y posiblemente más importante reto que se le presenta a la instancia, generado por la dificul-tad de dar solución a problemáticas complejas, tales como el impacto de eventos masivos en zonas como el Estadio El Campín y el Parque Metropolitano Simón Bolívar o el control efectivo frente a hurtos a residencias o a personas.

Desafortunadamente la dinámica de las JZS en algunos casos no ha logrado dar respuestas efectivas a la ciudadanía o no han respondido a expectativas quizá muy altas, generándose desgaste del escenario de interlocución e inconformidad en los participantes. Genera así una mayor apatía de la ciudadanía para participar en la solución de dichos problemas públicos, al no ver resultados claros y concretos, reforzando “la indiferencia de la comunidad” (Ibíd.).

Sin embargo, los líderes comunales también reconocen que los problemas anteriormen-te mencionados pueden ser percibidos por “una falla en la comunicación, tanto para la convocatoria como para mostrar los resultados”.

Es así como lo anterior ubica grandes retos para la instancia, en términos de lograr mayor estabilidad y constancia de la participación de las entidades, la concreción de los acuerdos establecidos, para lo cual tendrá que flexibilizar la ejecución de sus proyectos y hacer un seguimiento más sistemático de los compromisos, para así, aumentar la confianza ciudadana en la efectividad de la participación, y generar un mayor interés de los habitantes por vincular-se en la solución unas de las problemáticas de mayor interés comunitario.

4.4. Papel de la organización comunal en la Junta zonal de seguridad de la UPZ GaleríasSiendo las juntas de acción comunal, la organización social por excelencia de competencia territorial, su gestión está directamente ligada a mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y políticas de un barrio o vereda; son las llamadas a conocer a profundidad los territorios, sus problemáticas, sus relaciones, como insumo para representar a los y las habitan-tes ante los actores gubernamentales, en el momento en que estos busquen intervenir dicho territorio.

Además, la mayoría de las JAC han constituido en su interior comisiones de seguridad, que les permitirían participar con mayor eficiencia y cualificación; sin embargo, su participación en términos numéricos no es muy nutrida, dejando en gran parte la responsabilidad a los dignata-rios, que también dejan de participar al no encontrar respuestas eficaces a sus problemáticas.

Es así como en la JZS de seguridad de la UPZ Galerías, las JAC han tenido un papel crucial, reconocido por las y los dignatarios de las juntas al decir que “Las JAC participan activamen-

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te” (Ibíd.), y por la administración, que plantea que “en Galerías ha sido fundamental la partici-pación de los líderes, con disposición y entrega en los procesos de la UPZ” (Ibíd. Página 35).

Su participación se ha concretado en el apoyo de la convocatoria de la ciudadanía, el aporte en la construcción de los diagnósticos, la presentación de propuestas y el seguimiento de los acuerdos, como por ejemplo “una de las iniciativas fue la escuela de seguridad, en donde la participación de la junta fue importante para que se llevara a cabo” (Ibíd. Página 35).

Además de ser importante la participación de las JAC en las acciones anteriormente referen-ciadas, estás han jugado un papel importante en la democratización de la ciudad, en la medida que “actúan como representantes de su comunidad” (Ibíd. Página 35) y no de sus intereses particulares, permitiendo que los intereses comunes de sus representados sean vinculados en las agendas públicas de la ciudad.

La administración también reconoce que esta participación se debe seguir fortaleciendo “ya que esto hace que los proyectos tengan permanecía en el futuro” (Ibíd. Página 35), lo que evidencia que la ciudad es construida por sus habitantes, si estos se vinculan a los procesos de decisión; sin embargo no necesariamente es alcanzable, si el gobierno no tiene la voluntad de abrir la esfera pública, a los actores sociales.

4.5. Balances y retos de la organización comunal en las Juntas Zonales de Seguridad Los dignatarios comunales al momento en que se encuentra el proceso, plantean que “las JAC participaron activamente pero al no existir una continuidad, las personas se volvieron apáticas” (Ibíd. Página 37), haciendo que el proceso se encuentre detenido, por problemas administrativos. Además queda la pregunta sobre la funcionalidad que ha tenido la participa-ción ciudadana, que aun no logra incidencia en la definición de las acciones a realizar en sus territorios a pesar de la participación de las JAC en el proceso, la construcción de acuerdos y la priorización de acciones o territorios de parte de la administración.

Se puede observar que las JAC son fundamentales en la generación de diagnósticos, como medio del reconocimiento de las problemáticas territoriales, en la promoción de acciones de mejora de la calidad de vida de los habitantes de sus territorios, emprendiendo acciones autónomas y autogestionarias, pero aun no han logrado incidir de manera efectiva en la definición de las políticas públicas que les afectan, haciendo de la participación un ejercicio instrumental.

Estas organizaciones tienen el reto de fortalecer su participación ciudadana, cualificando sus accionar, aumentando su cohesión y utilizando los mecanismos de participación y exigibi-lidad de derechos, con el fin de dialogar con el gobierno de forma más horizontal, con la generación de propuestas y la sustentación de las mismas mediante instrumentos legales, de movilización y presión política, como medios para concretar su derecho a la participación.

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5. LAS JAC EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD EXPERIENCIA DE LA MESA UPZ 107

La planeación territorial de la ciudad es un tema de importancia para toda la ciudadanía, ya que afecta de manera directa la vida cotidiana de todos y todas, y es uno de los escenarios en donde la toma de decisiones no siempre está en la esfera ciudadana, de manera que el posicionar el derecho a la participación con incidencia alrededor de estas temáticas resulta por decirlo menos, un reto y una responsabilidad interesantes. En esta medida, la conformación autónoma de la Mesa de la UPZ 107, como instancia de participación no formal, se constitu-ye en el medio que las juntas de acción comunal encontraron para ejercer su derecho a la participación y al territorio.

5.1 Conformación de la MesaHacia noviembre de 2009 los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la UPZ 107 por “la responsabilidad como ciudadanos…así como por la responsabilidad como presidentes de las JAC” (BAQUERO y HERNÁNDEZ, Grupo focal con integran-tes de Mesa UPZ 107) empezaron a trabajar en una estrategia para lograr que la propuesta de modificación de la reglamentación de la UPZ (norma urbana) formulada por la Secretaría de Planeación Distrital, incluyera la protección y valorara el carácter predominantemente residencial de la zona, pues su propuesta inicial parecía orientar-se en otro sentido.

En ese entonces, algunos presidentes y presidentas de las juntas “columna vertebral del proceso” (Ibíd., página 40), con el apoyo de la edil Fanny Jiménez, iniciaron un proceso de estudio de la propuesta normativa, para reconocer y comprender las dimensiones de las propuestas de modificación y generar una propuesta alternativa desde la ciudadanía.

Como lo narra la presidenta de la JAC de Quinta Paredes:

“El 1 de septiembre de 2009, fecha en la cual Planeación Distrital presenta una propues-ta, ninguno de los dignatarios tenía idea de cómo se manejaba, nos toco sentarnos a entender los conceptos técnicos para poder hacer una propuesta.

Primero buscamos unos arquitectos, luego recogimos unos planos y nos sentamos en el barrio a “comer” la terminología y con apoyo de personas que ya estaban más familia-rizadas con los términos, se realizo el taller de norma urbana” (BAQUERO, Entrevista líder comunal, septiembre 2010).

En abril de 2010, el grupo de presidentes de juntas y la Junta Administradora Local convocan a una sesión general de control político para revisar lo referente al control urbano, escenario de competencia directa de de la Alcaldía Local. En esa audiencia se remarca que el ineficiente

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control urbano afecta la calidad de vida en la UPZ, su carácter residencial, y puede generar como ha ocurrido en otras zonas, que la norma urbana se modifique para hacer legales usos que ya están extendidos sobre el territorio, como los hoteleros, que en la norma vigente no son permitidos.

La Secretaria de Planeación Distrital convoca también a una nueva socialización ciudadana de la propuesta de modificación de la UPZ, y los y las ciudadanas se manifiestan nuevamen-te inconformes con la información y con las propuestas de cambios de uso, pues en líneas generales, la propuesta amplía los usos a comercial, de servicios, incluye equipamientos de escala urbana y densidades mucho mayores de las actuales, respondiendo a la necesidad de la ciudad de expansión en altura y al modelo de centro extendido, en el cual la UPZ se encuentra afectada por su ubicación geográfica.

Esta nueva propuesta de modificación, las condiciones de control urbano ya mencionadas y la noción de la existencia de una Operación estratégica (Anillo de Innovación) y un Plan Parcial (Proyecto Innobo) a ocurrir en el territorio, animan a los y las presidentas a consolidar un escenario de reflexión y trabajo frente al tema urbano, denominado MESA UPZ 107.

En el espacio físico de la JAL, se empiezan a reunir periódicamente algunos presidentes de juntas de acción comunal, residentes interesados por el tema y profesionales también residen-tes que aportan sus conocimientos profesionales para el análisis de la propuesta de reglamen-tación de la UPZ, con miras a generar un nuevo documento que recoja de manera cualifica-da la postura ciudadana frente al tema, pronunciamiento que cuestiona de manera central el modelo de participación ciudadana en la modificación de la norma urbana y particularmen-te la profusión de usos propuesta para la reglamentación de la UPZ.

5.2 Proceso y avances de la mesa En el ejercicio de la mesa se generan dos trabajos paralelos: uno, el seguimiento al control urbano ejercido por la Alcaldía local y otro, la preparación del pronunciamiento ciudadano sobre la propuesta de ajuste de la reglamentación de la UPZ.

En lo referente al primer tema, desde la mesa se envían diversos derechos de petición de información a la Alcaldía local, para hacer seguimiento a las obras construidas sin licencia, o con licencias diferentes a las del uso del suelo permitido, recuperándose una gran cantidad de información sobre quejas hechas por vecinos y procesos interpuestos en años anterio-res, además de un ejercicio de visitas a los predios cuestionados por parte de vecinos. La Alcaldía local, por su parte, manifiesta ejercer su tarea de control con recursos insuficientes lo cual demora el desarrollo de los procesos y suma a ello el derecho al debido proceso, que permite que los infractores apelen y acudan a diversas instancias extendiendo en el tiempo los procesos legales.

Frente al tema del pronunciamiento ciudadano, los y las integrantes de la mesa se dan a la tarea de comprender cuidadosamente la propuesta de norma, realizando diversos ejercicios pedagógicos apoyados con planos de la UPZ, comentarios de expertos e información de los y las residentes. De allí sale no sólo un pronunciamiento ciudadano sino la necesidad de dar a conocer de manera masiva la información y en últimas alertar a los y las residentes sobre los cambios a ocurrir en la UPZ.

Las JAC cobran aquí gran importancia pues son los depositarios de las dudas y temores de los residentes y a su vez muchos de sus líderes y lideresas les representan en dinámicas como la de la mesa e informan posteriormente los diversos desarrollos y avances. Son sin duda uno de los espacios más eficientes para la circulación de información.

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Junto a los ejercicios de la mesa, se gesta también una propuesta vecinal denominada “Vide de Barrio”, que en cabeza de un arquitecto y un diseñador industrial, vecinos del barrio El Recuerdo, busca hacer un ejercicio de planeación participativa en el barrio, ofreciendo a las y los vecinos información sobre la propuesta de norma y los cambios posibles del territo-rio, pero con la idea de que comunitariamente se logre hacer una propuesta de diseño del barrio que aproveche positivamente la necesidad de expansión de la ciudad e incluya a los vecinos y vecinas en las ganancias de ese ejercicio; iniciativa que apoya el interés de la mesa de informar a los vecinos y vecinas.

La Secretaría de Planeación Distrital se pronunció frente al documento ciudadano invitando a los habitantes a generar una propuesta técnica frente al tema y ha participado en encuentros con la ciudadanía como una sesión de la mesa territorial ll de Gestión social Integral, en donde han ofrecido información sobre la propuesta de modificación de la norma, y el foro informa-tivo en el cual se amplió información acerca de lo que concibe la Administración como renovación urbana.

5.3 Balance y retos de la mesaLa Mesa UPZ 107, es una experiencia muy importante en la que la participación es evidencia-da como “el espacio que tiene la comunidad para incidir en las decisiones que los pueden afectar” (Ibíd., página 40). El escenario pretende hacer posible “la participación de la comunidad general dentro del proceso de construir ciudad, de construir estadios de discusión con relación a muchos temas” (Entrevista líder comunal, 22 de septiembre), lo que les permite ubicarse como sujetos de derechos, con la plena capacidad de intervenir en su futuro y en las decisiones públicas que lo determinan.

Este ejercicio de participación, parte del encuentro de voluntades y confianzas para generar acciones colectivas alrededor de la defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos y ciudadanas habitantes del territorio, para lo cual no basta con la organización de los líderes comunales, sino de la motivación, cualificación y vinculación de cada uno de los residentes, “ya que la participación es personal e intransferible, la representación solo sirve como canal de comunicación” (Ibíd., página 40).

Sin embargo, la participación de la ciudadanía no es masiva aun: “pobre, no obstante algunas personas participan activamente como el arquitecto que ayudo a construir el documento de propuesta” (Entrevista líder comunal, 22 de septiembre). Aunque la mesa sigue en el ejercicio de informar, cualificar y organizar a la comunidad porque “la intensión es que la propuesta salga de la comunidad y no de las 5 personas que se sientan a trabajar; para eso han sido los talleres” (Entrevista líder comunal, 22 de septiembre) ya que se tiene claro que “cuando las personas sienten vulnerados sus derechos participan activamente” (Entrevista líder comunal, 22 de septiembre).

Es esta una experiencia de participación significativa para la ciudad en términos de moviliza-ción social, ya que a pesar de no contar con recursos financieros ni logísticos propios para el desarrollo de su ejercicio ciudadano, si han logrado altos niveles de cualificación, información, construcción de propuestas, socialización y sensibilización ciudadana, gracias a la cohesión del equipo, las capacidades profesionales de sus integrantes (dos abogadas, un economista, dos arquitectos y una profesional en ciencias de la educación), así como el apoyo político de una edil y el respaldo comunitario de las líderes comunales.

La mesa reconoce como logros centrales la creación y visibilización del espacio en sí, que les ha permitido dialogar con la Administración Distrital de manera cualificada, informada, cohesionada, ubicándolos como actor importante en el proceso, hasta el punto que se les

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presenta la propuesta, se generan espacios de deliberación y en últimas, “por lo menos saben que la comunidad está aquí y está pendiente de lo que pasa, es un logro intangible pero está sucediendo” (Entrevista líder comunal, 22 de septiembre).

Así la mesa se ha constituido en una de las experiencias de participación más importantes de la localidad, que desde su autonomía y autogestión han logrado la ubicación de sus intereses en la agenda pública de la ciudad, constituyéndose como actores parte del ordenamiento territorial de la localidad y de Bogotá.

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6. CONCLUSIÓN

Con base en los procesos de las instancias referenciadas de la localidad de Teusaquillo, se pueden observar características del modelo de democracia y de participación de la localidad, que puede no ser distante del de la ciudad, para lo cual se realiza a modo de conclusión un análisis en términos generales de los rasgos democráticos más importantes de la localidad.

Para iniciar, es importante reconocer que Bogotá cuenta con un gobierno Distrital compues-to por el Alcalde Mayor y doce sectores administrativos, llegando a este cargo a partir de su inscripción como candidato por un partido político y con un plan de gobierno, siendo elegido por voto universal y mayoría simple. Sin embargo, del mismo ejecutivo hace parte el Concejo de Bogotá, como cuerpo colegiado conformado por concejales, que fueron elegidos mediante voto popular.

Siendo estos los líderes políticos de la ciudad, elegidos para gobernar con un plan de gobierno y unas propuestas programáticas, definen los planes de desarrollo, presupuestos, políticas públicas y normas que regirán la ciudad como mínimo por un periodo de cuatro años. Además, la estructura del gobierno Distrital ha avanzado en su descentralización interna, constituyen-do 20 localidades, que cuentan con una Junta Administradora elegida por voto popular y un alcalde local elegido por el alcalde mayor de terna presentada por la JAL, los cuales cumplen las veces del gobierno Distrital, en cada localidad.

Estas autoridades de la ciudad, son posibles gracias al ejercicio de la democracia representati-va, que recoge intereses y necesidades diversas, permite el control horizontal entre los diferen-tes órganos de poder como medio de contrapeso, garantiza gobernabilidad y la concreción progresiva de los fines del Estado, en torno al desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de la población.

Sin embargo, este modelo de democracia también con grandes limitaciones, pues la elección de un Alcalde, unos concejales y unos ediles, no garantizan que los intereses, imaginarios y necesidades de toda o la mayoría de los y las habitantes de la ciudad sean representados, ya que en la constitución del “pueblo” no todos pueden votar y de los que tienen la facultad lo hacen menos del 60%, quienes en un alto porcentaje no cuentan con toda la información y cualificación para elegir, y son persuadidos por estrategias de marketing, imagen política y prebendas personales.

Además, en lo que respecta a los gobernantes, estos no cuentan con información completa y permanente para representar efectivamente a la ciudadanía, por lo tanto las respuestas a los problemas públicos no logran altos niveles de eficiencia y eficacia; existe una alta discrecio-nalidad en la formulación y ejecución de las políticas públicas, que pueden llegar a favorecer intereses muy particulares, así como permitir corrupción y clientelismo.

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Por lo tanto es la democracia participativa, el complemento que se ha reconocido como necesario para solucionar estos problemas de dirección social, para que la ciudadanía tenga mayores posibilidades de intervenir en la construcción de lo público, promoviendo así la partici-pación ciudadana, mediante estrategias como la conformación de las instancias de partici-pación, promovidas por la administración o por la misma ciudadanía.

Las instancias analizadas demuestran que la participación les ha exigido y permitido cualificar-se, organizarse y movilizarse para ser incluidos como actores claves y poder vincular sus temas en la agenda pública de la ciudad, sustentando el supuesto de Platón y Weber, sobre que la participación política debe ser ejercida por lideres cualificados y aptos para gobernar.

Sin embargo, las tres condiciones que Cortina identificó como fundamentales para que la democracia representativa no sea más participativa, permanecen en el sistema político de Bogotá, en la medida que la ciudadanía ha tenido que autoformarse para disminuir la desigual-dad política, las decisiones importantes de ciudad no son consultadas con la ciudadanía y los procesos de participación generados, no presentan resultados específicos, lo que aumenta la apatía política de la ciudadanía, limitando la democracia a la elección de los gobernantes.

Es así como se teje una perpetua disyuntiva entre mayor o menor democratización de la sociedad Bogotana, con la tensión entre las fuerzas de poder, que buscan concentrarlo y las que buscan democratizarlo, escenario en el cual la ciudadanía ha tenido que hacer un gran esfuerzo de organización, cualificación, investigación y movilización para disminuir las asimetrías de poder constituidas por el mismo sistema.

Estos esfuerzos ciudadanos, son diversos y particulares para cada experiencia dependiendo de su carácter formal o no formal, de sus diferentes recursos, niveles de organización ciudada-na, cualificación de los actores y acompañamiento de las entidades públicas.

Con respecto al caso formal de las Juntas Zonales de Seguridad, se pudo observar que el proceso es my dependiente de la dinámica institucional, haciendo que la movilización social sea limitada y medida por las condiciones generadas y no por el nivel de organización y cualificación de sus actores. En esta medida, el espacio logró niveles de eficiencia y éxito al punto de la generación de un espacio de interlocución entre la administración y la ciudada-nía alrededor de las problemáticas de seguridad, pero pierde fuerza en el momento de dar respuesta a las problemáticas identificadas, por razones de gestión pública.

Por el contrario, la instancia informal de participación en el ordenamiento territorial de la ciudad, ha tenido un mayor nivel de movilización desde su autonomía, por el interés de sus actores en organizarse, cualificarse, investigar, construir propuestas, informar a la ciudadanía y realizar un marketing de sus propuestas, dependiendo directamente del trabajo de sus actores y del colectivo en su conjunto y no de actores externos, contando con grandes ventajas en términos de capacidades académicas, poder político y representación social.

Son dos vías para emprender los procesos de participación, en los que la ciudadanía con sus intereses busca incidir en los asuntos públicos que les afectan, sin embargo es evidente que la autonomía ciudadana, la cualificación y su organización son factores fundamentales para lograr sus objetivos.

En ambos procesos las organizaciones comunales juegan un papel fundamental, en la medida que son actores con un nivel de cualificación, información y legitimidad importante tanto para la ciudadanía en general como para los actores de la administración pública, ya que se encuentran conectados directamente con los territorios, sus síntomas, condiciones y relaciones

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sociales, por lo tanto se constituyen en actores fundamentales en el momento de implemen-tar una política pública.

De igual forma, los casos permiten identificar que las organizaciones comunales a pesar que a su interior no logran altos niveles de cohesión, si permiten representar de manera más directa y efectiva los intereses y necesidades de los habitantes de los territorios que representan, lo que les permite interactuar entre los diferentes líderes comunales, generar consensos y emprender acciones colectivas que les sean rentables a todos.

Todos y cada uno de estos procesos constituyen un aprendizaje para la ciudadanía en su conjunto, en la movilización para incidir en lo público con miras a consolidar sistemas de autogobierno y autorregulación de las sociedades, consolidando un sistema complementario entre representación y participación, en el que el ejercicio de los derechos políticos, permite un equilibrio de poderes, mejor dirección social y promoción efectiva del desarrollo integral.

Este modelo integrado se debe seguir consolidando desde la deliberación, la generación de consensos y el respeto de la regla de las mayorías sin detrimento del bienestar de la minoría, el reconocimiento de la pluralidad y la concreción de la cooperación.

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