comisión de derechos humanos y audiencias senado … · implementar el mecanismo popularmente...

Comisión de Derechos Humanos y Audiencias

Senado de la República

Carrera 7ma # 8-68 Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso, oficina 525b, Teléfonos (091)

3823571/72 (092) 6536357, email [email protected]

HSALM – O44 -08 Bogotá 16 de Abríl de 2008 Doctor MARIO IGUARÁN ARANA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN E. S. D. Doctor EDGARDO MAYA VILLAZON PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN E. S. D.

Ref.: informe de la Audiencia Pública de Saravena, Arauca, con alcances penales y disciplinarios

ALEXANDER LÓPEZ MAYA, Senador de la República, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio como ciudadano colombiano e integrante de LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, con el debido respeto llega ante el señor Fiscal General de la Nación y el despacho del Sr. Procurador General de la Nación, para poner en su conocimiento las denuncias recibidas durante el curso de la Audiencia Pública realizada por esta comisión el día 27 de septiembre de 2007, en la ciudad de Saravena-Arauca, hechos que consideró muy graves, y que constituyen, en nuestro sentir, violaciones a los Derechos Fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario; graves delitos y Crímenes de Lesa Humanidad, así como presuntas graves infracciones al Código Único Disciplinario, expedido por la Ley 734 del 2002 por parte de servidores públicos que podrían eventualmente estar implicados en los hechos a fin que conforme los procedimientos correspondientes se adelanten las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los asuntos puestos en vuestra consideración, con miras a la verdad, justicia, reparación integral, el establecimiento de la responsabilidad jurídica y garantía de no repetición. Se denunciaron en esa audiencia, casos que fueron condensados en siete (7) ejes temáticos, algunos de los cuales al parecer ya están siendo investigados por ese ente fiscal/ disciplinario, pero que los denunciantes consideran que las investigaciones no han avanzado mayormente y continúan en la impunidad, otros que no se encuentran judicializados por el temor de las víctimas o por la propia actitud asumida por la Fiscalía en esta región del país, lo que ha conducido a que la comunidad y las Organizaciones





Sociales, no sientan la suficiente confianza en este órgano de justicia; los hechos narrados fueron recibidos de manera verbal unos y por escrito los otros, de muchos de ellos se anexaron pruebas documentales o copia de piezas procesales, en otros únicamente se hace la enunciación de los radicados y de las autoridades que iniciaron las investigaciones. Presentamos a usted, por separado el aspecto referente a cada uno de los siete ejes temáticos, con los anexos y las solicitudes de pruebas pertinentes a cada uno de ellos, debido a la complejidad del asunto y buscando facilitar el estudio e investigación que estamos requiriendo de ese ente fiscal y el despacho del Sr. Procurador General de la Nación: 1. EL PRESUNTO ACCIONAR ENCUBIERTO DE LA FUERZA PÚBLICA A NOMBRE

DE PARAMILITARES. Según los denunciantes se ha venido implementando en el departamento de Arauca la estrategia paramilitar, la cual se produce en el marco de una fuerte militarización de la región, orientada principalmente a garantizar la extracción del petróleo, que ha sido auspiciada por la transnacional OXY y el gobierno de los Estados Unidos, directamente y a través del Plan Colombia. En primer lugar, se destaca el presunto accionar ilegal o extraoficial por parte de efectivos de las fuerzas militares, de policía y organismos de seguridad (ocasionalmente acompañados por personas particulares), en el marco de operativos que se desarrollan en nombre de supuestos grupos paramilitares y cuyo resultado es la comisión de masacres, homicidios selectivos, secuestros, amenazas y desapariciones forzadas, todos ellos con el fin principal de aterrorizar a la población; en segundo lugar, en varias ocasiones se intentó implementar el mecanismo popularmente conocido como el SICARIATO, que consiste en la contratación de personas particulares ilegalmente armadas con el fin de perpetrar, principalmente, homicidios selectivos, amenazas y extorsiones, también en nombre de supuestas organizaciones paramilitares; esto, amparado (legal e ilegalmente) por autorizaciones de porte de armas, vinculación en carácter de informantes, protección con cordones de seguridad e incumplimiento de órdenes de captura. En este primer eje entre otros se presentaron los siguientes casos:

- Masacre en La Cabuya, municipio de Tame, 19 y 20 de noviembre de 1998, ya hubo una sentencia penal contra los directos responsables.

- Masacre del 19 y 20 de mayo de 2004, en las veredas Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Charo del municipio de Tame. Se encuentra en la etapa sumarial en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H. de Cúcuta.

- Masacre de las sabanas de Cravo Norte, 10 y 11 de marzo de 2004.





- Homicidios selectivos acaecidos en el casco urbano de Saravena entre febrero y marzo de 2003, existe una investigación penal en curso en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H. de la Fiscalía, solo contra los directos responsables hasta ahora no se ha vinculado a los comandantes y demás funcionarios de la Policía Nacional de Saravena, para la época.

- Muertes selectivas en Saravena, entre junio y octubre de 2003, por sicarios ubicados dentro del cordón de seguridad de la Policía, existe un proceso en la Fiscalía Seccional de Saravena, no se han vinculado a los funcionarios de la Fuerza Pública que participaron o por omisión son responsables de los hechos.

PETICIONES POR ESTE EJE: a. Que estos hechos se investiguen conjuntamente como resultado de una estrategia de

Estado, sistemática y continuada, por una comisión de Fiscales destacados para ese fin y el despacho del Sr.Procurador General de la Nación.

b. Se investigue la actuación de la Fiscalía Seccional de Saravena, por la forma como ha llevado y dilatado las investigaciones por estos hechos.

c. Que en el caso del 19 y 20 de mayo de 2004, en Cravo Charo y Piñalito se impulse la investigación, así como también se reabra la investigación por la muerte en extrañas circunstancias del Coronel WILLIAM CRUZ PERDOMO Comandante de la Brigada Móvil No.5, quien supuestamente se suicidó pocos días después de la masacre en la que según los denunciantes tuvo participación esta Brigada.

2. LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Las diferentes denuncias instauradas en el marco de la Audiencia Pública de Derechos Humanos, dan cuenta de la supuesta responsabilidad en la que habrían incurrido servidores públicos, que bajo el mandato constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos, al igual que la soberanía nacional, han dado de muerte a pobladores para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en inexistentes combates. Practica que se constituye en sistemática, por la gran cantidad de hechos en tan corto tiempo, relevándose de gravedad si tenemos en cuenta que la mayoría de las víctimas son líderes sociales, populares y comunitarios. Practica que se acrecienta a partir de la denominación “Arauca: Laboratorio de Guerra” la cual incremento los altos índices de violaciones de derechos humanos. Fueron puestos en conocimiento de esta comisión, 31 casos, de los cuales todos aún se encuentran en la impunidad, algunos con una relativa investigación en lo penal y en lo disciplinario. WILSON DUARTE RAMOS, presuntamente ejecutado por miembros de la Policía

Nacional de Saravena, al mando del comandante Sastoque Murillo, el 26 de marzo de





2002, luego de ser detenido ilegalmente y torturado en la estación de policía, en compañía del joven LEONARDO BUENAHORA FUENTES.

HUGO HORACIO HURTADO CASTRO, de 17 años de edad, fue presuntamente asesinado en la vereda Los Angelitos del municipio de Arauquita, el 27 de marzo de 2002, por miembros del Batallón contraguerrilla N. 46, Héroes de Saraguro, en zona del complejo petrolero Caño Limón Coveñas, en momentos que se encontraba casando Chigüiros con otros menores.

ARNULFO VARGAS PEÑA, presuntamente ejecutado en año 2002 por miembros del ejército nacional, Batallón N. 7, al mando del Mayor Orozco, luego de haber sido retenido ilegalmente cerca a su residencia en la vereda Caño Negro del municipio de Saravena.

FAVER YESID GEREDA ROJAS, fue presuntamente asesinado el 24 de julio de 2002, por miembros del Ejército Nacional batallón N. 18 Reveíz Pizarro, en el casco urbano del municipio de Arauquita.

FRANCISCO ANTONIO GUERRERO, presuntamente ejecutado extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, Batallón 46, Héroes de Saraguro, el 4 de octubre 2002, además fue violada sexualmente su esposa INOCENCIA PINEDA PABÓN.

REINALDO VARGAS CARRILLO y VICTOR VARGAS CARRILLO, fueron abaleados

presuntamente por miembros del Ejército Nacional, Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéiz Pizarro, el 1 de enero de 2003, en el sitio conocido como la Y, del municipio de Fortúl.

CARLOS JULIO BARBOSA, presuntamente asesinado por miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, en el caserío Pueblo Nuevo del municipio de Tame, el 20 de enero de 2003, en el mismo hecho resultó herido y fue detenido arbitrariamente NICOLÁS GÓMEZ VARGAS.

ALEXIS RIVERO CONTRERAS, presuntamente asesinado el 4 de mayo de 2003, en la vereda Caño negro del municipio de Saravena, por miembros del Ejército Nacional, Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéis Pizarro .

ADELSO VILLAMIZAR QUIÑONEZ, presuntamente asesinado el 20 de octubre de 2003, en la vereda mate Caña del municipio de Fortúl, por miembros del Ejército nacional, cuando se transportaba en una canoa por el Rio Saire.

LUIS ENRRIQUE SUAREZ DELGADO, presuntamente asesinado el 17 de marzo de

2003, por miembros de la Policía Nacional, en momentos que se movilizaba por el frente de una de las garitas del cordón de seguridad en el municipio de Saravena.





DUVER FERLEY RIAÑO LÓPEZ, presuntamente asesinado el 26 de julio de 2003, por miembros del Ejército nacional, Brigada Móvil N. 5, dentro de su humilde vivienda, en la vereda Puerto Miranda del municipio de Tame.

HECTOR ALIRIO MARTÍNEZ, LEONEL GOYENECHE GOYENECHE y JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO, dirigentes sociales y sindicales, asesinados el 5 de agosto de 2004, en la vereda Caño Seco del municipio de Saravena, por miembros del Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéis Pizarro, al mando del Teniente Coronel LUIS FRANCISCO MEDINA CORREDOR. En este caso ya se han presentado decisiones judiciales.

ALVARO VEGA RUIZ, presuntamente asesinado por el Ejército nacional, en la vereda

Los Colonos del municipio de Arauquita, el 6 de junio de 2005.

ALBEIRO SUESCÚN RINCÓN, presuntamente asesinado en su casa de habitación, el 4 de julio de 2005, en la vereda Agua Blanca del municipio de Tame, a manos del Ejército Nacional.

El día 06 de marzo de 2006, fue retenido, presuntamente torturado y asesinado, el

joven ORLANDO SANTOS CHAPETA, de 18 años de edad, de profesión jornalero,

por miembros del ejército nacional, Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéis

Pizarro. En inmediaciones entre la vereda La Pava y Miramar, del municipio de

Saravena.

El día sábado 19 de agosto 2006, fue presuntamente asesinado en horas de la noche, el joven ALIVAR FLÓREZ BECERRA, por miembros del ejército nacional, Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Gabriel Revéis Pizarro, en inmediaciones del puente Banadias II, municipio de Saravena.

En la vereda La Chucua, del municipio de Saravena, siendo aproximadamente las

11:30 p.m., del 6 de enero 2007, miembros del ejército nacional, pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado No. 18. General Gabriel Revéis Pizarro, presuntamente asesinaron a los señores JUAN PABLO VERDUGO VERDUGO de 28 años de edad y SANTIAGO HERNANDEZ de 31 años.

FLAVIO ARIZA ORTIZ, ALONSO RODRÍGUEZ MOLINA y JOSÉ GEREMIAS VARGAS, presuntamente ejecutados extrajudicialmente por el Ejército Nacional, Brigada Móvil N. 5., quienes llegaron a la finca donde se encontraban el día 10 de enero de 2007, a eso de las 5:00 a.m., sacaron a los jóvenes de la casa, cuando arribó la tropa, ellos aún se encontraban durmiendo, los maltrataron física y psicológicamente delante de los dueños de la casa, entre ellos de una niña. Luego los llevaron a la orilla de un caño y aproximadamente a las 10:00 a.m., los vecinos escucharon varios disparos y detonaciones, al día siguiente pasaron en las noticias que habían dado de baja a tres guerrilleros en combates.





El joven JORGE MONRROY BUITRAGO, era un campesino de la región dedicado al

arreo de mulas y al trabajo del campo, según familiares y amigos, el día de su muerte había salido a recoger unas mulas, siendo retenido a eso de las 11:30 a.m., y ejecutado cerca de un caño aproximadamente a la 1:30 p.m., del 3 de febrero de 2007, según el informe difundido por el Ejército fue dado de baja en combate. Cuando su compañera permanente, fue al Batallón Navas Pardo de Tame, a reclamar el cuerpo, el Coronel Bustamante, le informó que el occiso tenía una orden de captura, pero el nombre y la fotografía que le mostró no correspondía con el de su compañero. El cadáver fue trasladado por miembros del ejército que se movilizaban en dos turbos, una de las cuales trasportaba cuatro personas encapuchadas.

El joven WILSON QUINTANA VILLAMIZAR, presuntamente asesinado por miembros del Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Gabriel Revéiz Pizarro, del municipio de Saravena, el día 14 de febrero de 2007, en la vereda Alto Satocá, luego que saliera de un resguardo indígena en la vereda Alto San Joaquín, donde había ido a negociar una madera. Fue presentado por el ejército nacional como un guerrillero muerto en combate.

El 7 de Marzo de 2007, a eso de las 7:00 p.m., aproximadamente, fueron presuntamente ejecutados extrajudicialmente los señores JAVIER ZÚÑIGA GARAVITO y JHON FREDDY SANABRIA LOZANO, ambos de 26 años de edad, en la vía que de Saravena conduce al municipio de Cubará –Boyacá, por miembros del Ejército Nacional, al parecer adscritos a la sección segunda de inteligencia S2.

ALIRIO CARRILLO DURÁN y JAIME ELÍAS LEAL, estos campesinos, en compañía de otros tres, habían sido obligados por parte de uno de los grupos armados de oposición que operan en la región, el día 20 de abril de 2007, a recoger un cadáver de uno de los subversivos que había sido abatido el día anterior en enfrentamientos entre el ejército y esa guerrilla. Cuando los campesinos se trasladaban a pie con el cadáver en mención, fueron atacados indiscriminadamente por el ejército que se encontraba en el sitio a lado y lado del camino, además llegaron helicópteros, y los militares desde el aire dispararon. En estos hechos también resultó herido el señor BERNABÉ FLOREZ LEAL, quien se encontraba trabajando cerca al lugar de los hechos. Los campesinos fueron presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate.

JOSÉ LUIS MENDOZA MENDOZA, el día de su asesinato, 21 de mayo de 2007, había estado pescando con otros campesinos en el río Arauca, a eso de las 5:30 p.m., de regreso a su casa se dispuso a arriar un ganado con su camiseta del Cúcuta Deportivo, y esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida. Como 15 minutos más tardes se escucharon unos disparos y posteriormente una explosión. El Ejército Nacional recogió el cadáver y lo trasladó al Grupo Revéis Pizarro de Saravena, al día siguiente presentaron por los medios de comunicación local la noticia de que habían dado de baja a un guerrillero del ELN.





El día 16 de abril de 2007, fue presuntamente asesinado el joven LUIS GUILLERMO

ROBAYO MORA, de 25 años de edad y su hermano, el menor RUBEN DARIO AVENDAÑO MORA, de 14 años, por miembros del ejército, al parecer adscrito al grupo Gaula, en la zona rural de Hato Corozal – Casanare. Los dos jóvenes fueron presentados como guerrilleros abatidos en momentos en que cobraban una extorsión.

El día 20 de julio de 2007, fue presuntamente asesinado el joven JHON FREDDY

MONTAÑEZ VILLAMIZAR, de 18 años de edad, en la vereda La Gaitana del municipio de Cubará-Boyacá, por miembros del Ejército Nacional y presentado públicamente como un guerrillero muerto en combate.

De la misma manera, anexamos a este documento apartes del informe de seguimiento con fecha 15 de Abríl de 2008 a la Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realizada en Saravena, Arauca, el 27 de Septiembre de 2007 suministrados a esta célula legislativa por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, de Saravena, Arauca, Dirección: Carrera 16A # 28 – 49 Telefax: 0978 – 892159 y en la cual se aportan 31 eventos adicionales , que aportan 37 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que se registran como muertes violentas durante el periodo Septiembre 2007 – a la fecha en la zona de desarrollo de la audiencia pública y que pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y el despacho del Sr. Procurador General de la Nación. Del informe de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra;

“INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y D.I.H.

PRESENTADO A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA AUDIENCIA POR LA VIDA, REALIZADA EN SARAVENA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

Bogotá, 15 de abril de 2008. La crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento de Arauca, a causa de los megaproyectos en ejecución y/o que se encuentran en prospección, que son de utilidad de las trasnacionales con matriz gringa o Europea, principalmente las relacionadas con la exploración y explotación de recursos petrolíferos, en el lapso de este escrito se mantuvo y en algunos ejes aumentó. En este orden de ideas se sigue implementando la política de “Seguridad Democrática”, con la militarización a ultranza de la vida cotidiana de las comunidades, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas y selectivas, los asesinatos selectivos, la agresión a los proyectos comunitarios, la insistencia de implementar la estrategia paramilitar al servicio de la clase política regional y las multinacionales, la violencia contra la mujer, la estigmatización, amenaza y el cercenamiento del derecho a la intimidad, la





continuación del Plan Colombia (fase III) y la corrupción político-administrativa. Todo ello agudizado por el desarrollo del conflicto armado interno entre el Estado a través de su fuerza pública, paramilitares y organismos de inteligencia de una parte y las organizaciones rebeldes por la otra; lo mismo que por la absurda e irracional confrontación de las dos organizaciones rebeldes que tienen presencia en la región. Las ejecuciones extrajudiciales, mediante la cual los servidores públicos encargados de proteger la vida e integridad de las personas en cumplimiento de la constitución y la ley, no solo hacen todo lo contrario asesinando a los ciudadanos sino que además presentan el hecho como una muerte en combate y a la víctima como un delincuente. Dicha práctica, se acrecentó en el año 2007, con la ocurrencia de 21 muertes en 14 hechos; También se produjeron seis (6) detenciones masivas, lo mismo que un sin número de personas capturadas y detenidas de manera individual, dentro de la estrategia de judicialización, llevando a las cárceles a más de doscientas (200) personas, dirigentes sociales en su gran mayoría; Fueron asesinadas selectivamente más de mil (1000) araucanos, entre campesinos, obreros, dirigentes sociales y gente del común, en la zona rural y en los cascos urbanos de los diferentes municipios, a causa del conflicto armado interno y la confrontación armada entre las dos organizaciones rebeldes. De la misma forma se disparó de manera inusitada la cifra de familias desplazadas forzadamente por la violencia. Los programas del proyecto de vida de los araucanos, instrumento de desarrollo de las comunidades como la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, la Emisora Comunitaria Sarare FM Stereo, la Cooperativa Agropecuaria del Sarare y la Fundación Intercultural del Sarare, nuevamente en este tiempo sufrieron los embates de parte del Estado, mediante la persecución, la estigmatización, intimidación, negación de espacios administrativos y amenazas. La clase política del departamento ha tenido su cuota de participación en el desarrollo e implementación de la estrategia paramilitar ya que ha sido una de las beneficiadas junto con las transnacionales, estos políticos corruptos para llegar a las corporaciones públicas del orden departamental y municipal, han llegado a ser determinadores de asesinatos selectivos y colectivos, desplazamientos, amenazas, etc.; gozando con el manto de impunidad y confabulación de los organismos de justicia y control. Las mujeres en esta parte de la geografía, sufrieron el asesinato, desplazamiento forzado, abuso sexual, detenciones y se vieron obligadas a asumir la manutención de su núcleo familiar cuando sus compañeros fueron asesinados, encarcelados u obligados a trasladarse a otras regiones del país o fuera de él, reiterándose que a consecuencia del conflicto armado interno y las estrategias estatales para desarticular el tejido social, son mucho más vulnerables. A este escenario se le agrega los altos índices de corrupción política, administrativa y financiera que además de desfalcar el erario público, han pagado silencios, archivado





procesos administrativos y disciplinarios, contaminado los entes de veeduría y control del Estado, aumentando la crisis de sectores neurálgicos de la comunidad araucana como es la salud, educación, servicios públicos e inversión social. Las fumigaciones indiscriminadas a nuestros campos, del mismo modo se siguieron presentando, atentando gravemente contra la seguridad y soberanía alimentaría de los campesinos e indígenas, procedimientos que son interpretados por las comunidades como una intención de romper los vínculos y arraigos culturales por la tierra, para más fácilmente a la postre ser despojados y desplazados del territorio. Se aumentó de manera significativa la militarización de la vida cotidiana de las personas, la ocupación de espacios y bienes protegidos de la población civil, las campañas cívico-militares involucrando a los civiles en actividades propias de los actores del conflicto, colocando en riesgo máximo su integridad y sus vidas, sumado a un fuerte control militar y policial en las decisiones de la autoridad civil e instituciones. Esta grave crisis que día a día se agudiza, vislumbra una ascendencia, debido al empeño de las trasnacionales OXY y REPSOL YFP en ampliar la explotación de hidrocarburos y emprender la privatización del recurso hídrico. De hecho ya en lo referente al petróleo se adelantan trabajos de exploración en las zonas rurales de los municipios de Tame y Arauquita en el departamento de Arauca y Gibraltar en el departamento de Norte de Santander. A continuación relacionamos algunos hechos ocurridos en el último periodo y que ejemplifican lo dicho:

1. El día jueves 27 de septiembre, fue asesinado el joven JUAN DIEGO CARRERO, de 18 años de edad, en la vereda La Horqueta del municipio de Tame.

2. El día 28 de Septiembre en la misma vereda fue asesinado el joven YESID

PÉREZ.

3. El martes 2 de octubre, en la vereda Puerto Nariño del municipio de Saravena, fueron abaleados los señores MAURO DE JESUS GÓMEZ ACEVEDO e INOCENCIO RUIZ, causándole la muerte de manera inmediata al primero de ellos y heridas de consideración al segundo.

4. El día 5 de octubre, en la vereda La Chucua, del municipio de Saravena, en

hechos que son materia de investigación resultó muerto el señor HOLMAN MONROY, ex gerente de la Cooperativa de Transportadores del Sarare –COOTRANSARARE LTDA-, según informaciones periodísticas, el hecho sucedió





en medio de un enfrentamiento entre miembros de los grupos armados de oposición y el Ejército Nacional.

5. El 8 de octubre, murieron en forma violenta tres personas en zona rural del municipio de Arauquita; a las 5: 00 a.m., en el sitio conocido como la Gallera en la vereda Aguachica, fueron asesinados los hermanos PEDRO JOSÉ y JOSÉ ANTONIO BELTRAN BERNAL, de 27 y 25 años respectivamente; de igual forma fue ultimado el señor GRATINIANO ARGOTA, de 50 años de edad y profesión ganadero, en la vereda Brisas del Caranal.

6. El día martes 20 de noviembre, en horas de la noche, fue asesinado con

proyectiles de arma de fuego, el joven DIVER LÓPEZ, de 19 años de edad, en el Barrio el Prado, del municipio de Saravena; de igual manera en la zona rural del municipio de Fortúl, a la altura del caserío conocido con el nombre de El Mordisco, fue ultimado el señor JOSÉ LIBARDO LÓPEZ.

7. El día viernes 23 de noviembre, fue asesinada una persona de aproximadamente

40 años de edad, cuyo levantamiento lo efectúo la Fiscalía Seccional de Saravena, como NN por no haber sido identificado. El hecho tuvo lugar en la carrera 18 con calle 21, en zona urbana de Saravena.

8. El sábado 24 de noviembre, en la vía que de Saravena conduce al municipio de

Fortúl, carrera 13, fue asesinado el señor EZEQUIEL JAIMES, de 27 años de edad, quien trabajaba en la Funeraria San Antonio.

9. El día 17 de enero, fue asesinado en el casco urbano del municipio de Arauquita el

joven ORLANDO CATAÑEDA CUEVAS, de 27 años de edad; ese mismo día en el municipio de la Victoria, Estado Apure, de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, Frontera con Arauquita, fue asesinado POMPILIO VALENCIA, de 50 años de edad, y fue abaleado PABLO VELANDIA, quien posteriormente falleció en el Hospital San Vicente de Arauca.

10. El 19 de enero, en el municipio de Guasdualito, Estado apure, frontera con

Arauquita, fue asesinado el señor ALIRIO QUIÑONEZ, de 30 años de edad.

11. El 20 de enero, CARLOS GARCÍA VELAZQUEZ, fue asesinado en el caserío Casa Grande de la vereda Puerto Contreras del municipio de Saravena, el occiso contaba al momento de su muerte con 49 años de edad.

12. El 21 de enero, fueron asesinados una persona no identificada, de

aproximadamente 20 a 25 años de edad, en el sector Las Palmeras, de la Playa del Río Arauca, en el municipio de Saravena; WILSON GARCÍA GUEVARA y LUCIO GRANADOS JAIMES, de 35 y 48 años respectivamente, quienes murieron en el momento de un enfrentamiento armado entre las dos organizaciones





rebeldes, FARC-EP y ELN, cuando se encontraban pescando en el sector de Mate Coco, municipio de Arauquita.

13. El 22 de enero, fue asesinado en horas de la tarde, en la vereda Puerto Lleras del

municipio de Saravena, el señor GERARDO VILLAMIZAR, de 54 años de edad.

14. El viernes 25 de Enero en el municipio de la Victoria, Estado Apure de la hermana republica bolivariana de Venezuela, fue asesinado el joven EMIR SÁNCHEZ de 23 años de edad.

15. El 29 de enero, fue asesinado el señor GERMAN MALAGÓN JURADO, de 50

años de edad, en la vereda Santa Isabel, del municipio de arauquita a las 7:30 de la noche.

16. El 30 de enero, JOSÉ AGUSTIN MORENO PELAYO, de 52 años de edad, en la

vereda San Lorenzo, municipio de Arauquita.

17. El 18 de febrero, fue asesinado una persona de sexo femenino de aproximadamente 37 años de edad, en el sector de Islas del Charo, municipio de Saravena.

18. El 19 de febrero, fueron asesinados en la vereda Barrancones del municipio de

Saravena los señores JORK FANN CÁRDENAS, de 33 años de edad y de profesión comerciante y JOSÉ YESID ACERO CONTRERAS, de 32 años de edad y profesión mecánico; en la vereda Alta Mira del municipio de Fortúl, fue ultimado el señor ARIALDO GIRALDO LINARES.

19. El 22 de febrero, fue asesinado en la vereda Nuevo Horizonte, del municipio de

Fortúl, el dirigente comunal GERARDO VELANDIA, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tablón Purare del municipio de Tame, el hecho de sangre fue cometido aproximadamente las 4:00 de la tarde; en zona rural de ese municipio fue ultimado el ganadero RESURRECCIÓN DAZA SANABRIA. Ese mismo día en zona rural del municipio de Arauquita fue asesinado el dirigente comunal LUIS ALBERTO VILLEGAS.

20. El 24 de febrero, fueron asesinados en la inspección de Puerto Nariño, municipio

de Saravena, el reconocido campesino NELSON OLARTE BAUTISTA, de 51 años de edad, y el señor DANIEL LIZARAZO; de igual manera en la vereda Caño Hondo del municipio de Arauquita, fue asesinado el señor YESID AGUILAR, aproximadamente a las 11 de la mañana.

21. Un joven labriego de 18 años de edad, de nombre JORGE IVÁN GONZÁLEZ

DÍAZ, fue asesinado en la vereda La Victoria, del municipio de Arauquita, el domingo 23 de marzo, en las horas de la noche. Según versiones de la compañera





permanente, los responsables del hecho criminal llegaron a su sitio de residencia en la vereda La Victoria y luego de identificarse como miembros del ELN, procedieron a darle muerte utilizando arma de fuego de corto alcance.

22. Entre el 29 de febrero y el 2 de marzo, fueron asesinadas las siguientes personas:

en la inspección de San José de la Pesquera, municipio de Arauquita, desconocidos dieron muerte a Edemir Martínez Hernández de 50 años de edad y natural de Tunja, Boyacá, utilizando arma de fuego de corto alcance. En Saravena fue asesinado como Edilson Delgado Sierra, de aproximadamente 28 años de edad que fue hallado en un paraje de la vereda Casa Sola. Un desmovilizado de las autodefensas identificado como ABIMAEL SICULABA CAMUÁN, fue hallado al interior de una vivienda del barrio 20 de Julio con ocho orificios producidos con arma de fuego de corto alcance. En la inspección de La Esmeralda, Arauquita murió Martín Arcesio Marín, natural de Simití, Bolívar, al recibir tres impactos de bala en diferentes partes de su humanidad.

23. El 2 de marzo, se presentaron dos casos de muertes violentas, una de ellas en el municipio de Arauquita con el asesinato del señor MARTÍN ARCECIO MARÍN, en la Inspección de La Esmeralda; y la otra en el municipio de Tame, con el deceso del joven ABIMAEL SICULABA CAMUAN, quien era desmovilizado del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, y fue ultimado en su casa de habitación en el Barrio 20 Julio, del casco urbano de esa municipalidad.

24. El 3 de marzo, fue asesinado EDILSON DELGADO SIERRA, de 28 años de edad, su cuerpo fue hallado en el sitio conocido como Casa Sola, en la vía que de Saravena conduce a Fortúl. Este joven había sido víctima de la estrategia de judicialización, y estuvo preso en la cárcel de Arauca.

25. El 9 de marzo, EDEMIR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, de 50 años de edad, fue asesinado en el establecimiento comercial “LA PESQUERA”, en la Inspección de San José de la Pesquera, del municipio de Arauquita, en horas de la mañana.

26. El 23 de marzo, en horas de la noche, en la vereda La Victoria del municipio de

Arauquita, murió violentamente el joven JORGE IVAN GONZÁLEZ DÍAZ, de 18 años de edad y profesión agricultor.

27. El 29 de marzo, fue asesinado el señor HUMBERTO MANCIPE COHETE, de 38

años de edad y profesión agricultor. El hecho tuvo lugar en la finca de su propiedad en la vereda San Salvador, del municipio de Tame.





28. El 30 de marzo, en el municipio de Saravena, murieron en forma violenta tres personas, en diferentes hechos: RUBY MARROQUIN MORENO, de 44 años de edad, fue asesinada con arma blanca; en la vereda Barrancones fue asesinada la joven de 18 años de edad, de nombre LEIDY JOHANNA PINZÓN SEGURA; de la misma manera en la vereda El Dique, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad.

29. A la morgue del cementerio de la ciudad de Arauca capital, fueron trasladados el

día de ayer, los cuerpos sin vida de dos personas de sexo masculino, los cuales no han sido identificados. Uno de los cadáveres fue hallado en zona rural del municipio de Arauquita, y el otro en aguas del río Arauca en jurisdicción del municipio del mismo nombre.

30. El 2 de abril, fueron asesinados en zona rural del municipio de Fortúl, los jóvenes

HENNRY HULBEY CHAPARRO LEAL, de 21 años de edad y WILLIAM PABÓN BOTÍA, en la vereda El Mordisco, aproximadamente a la 1:00 p.m., y ELICEO CORZO SILVA, de 28 años de edad, en la vereda Casa de Zinc de esa jurisdicción; JULIO CESAR LAGOS SANDOVAL, ex-concejal y líder comunal del municipio de Arauquita, fue ultimado en el sitio conocido como la Y del Charo, municipio de Saravena.

31. El 31 de marzo, en la vereda Alto Jordán del municipio de Fortúl, fue asesinado el joven GERMÁN SALCEDO, de 25 años de edad y profesión Fotógrafo.”

PETICIONES POR ESTE EJE: a. Que se genere coalición de competencias, para que los casos que lleva la justicia

penal militar, pasen a la justicia ordinaria. b. Que se asuma la investigación de estos hechos conjuntamente tanto por la Fiscalía

General de la Nación y el despacho del Sr.Procurador General de la Nación c. Que se vinculen a la investigación, conforme se establezcan méritos para ello, a los

comandantes de Batallones, Brigadas XVIII y Móvil No. V, al igual que la II División, como presuntos responsables por acción o por omisión de la presunta implementación de estrategias y operativos militares, en el marco de los cuales han sido asesinados pobladores y ciudadanos inermes.

d. Que se busque la separación del servicio activo de funcionarios implicados mientras se adelantan las investigaciones penales y disciplinarias de rigor.

e. Que se instruya a las fiscalías seccionales del departamento de Arauca, para que sean las primeras en asegurar la escena del crimen y recoger las evidencias.

f. Que se investigue la participación de supuestos reinsertados en la perpetración de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, los cuales son usados como supuestos guías.





3. JUDICIALIZACIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES Y PERSONAS DEL COMUN, CON

BASE EN MONTAJES.

Se denunció la elaboración de montajes, al parecer realizados por la Unidad Especializada de Estructura de Apoyo de Arauca, con presunta participación de la fuerza pública. Los denunciantes cuestionan la utilización de personas que estarían recibiendo beneficios económicos, jurídicos o de otra índole; los cuales, plantean, realmente en muchos casos no son lo que dicen ser ni las imputaciones efectuadas serían ciertas, y que estas más bien han sido extraídas de los informes de inteligencia de la fuerza pública.

Se ha cuestionado desde el mismo nombramiento de la referida Unidad de Fiscalías, por cuanto como lo expresó la Honorable Corte Constitucional y también la Procuraduría General de la Nación, ofende al espíritu de la Carta Política, tener a una unidad de fiscalías adscrita a una guarnición militar, se pierde toda imparcialidad en el desarrollo investigativo, cuando los mismos servidores públicos encargados de la seguridad de estos fiscales, son quienes efectúan las capturas y realizan los informes para el inicio de los procesos. (Sentencia de la corte constitucional C-1024 de 2002 y de la procuraduría). De otra parte, las personas que van a actuar como reinsertados y testigos de cargo, conviven por mucho tiempo en esas mismas guarniciones militares inclusive desde bastante antes de efectuarse las capturas y empezarse los procesos puntuales para determinados líderes sociales; generalmente participan de los operativos que terminan con las capturas, y son los que de manera irregular, arbitraria e ilegal señalan y deciden a quien o quienes se debe retener y judicializar, esto casi siempre ocurre con posterioridad a que la fuerza pública ha retenido también de manera ilegal a esa misma persona, la ha censado, reseñado, fotografiado y filmado como insumo del mismo artificio. Casos tipos de detenciones masivas y algunos ejemplos:

El 12 de noviembre de 2002, en el municipio de Saravena, fueron detenidas y judicializadas 43 personas.

El 21 de agosto de 2003, en el municipio de Saravena fueron detenidas y judicializadas 37 personas.

El 21 de octubre de 2003, en los municipios de Arauca, Saravena y Tame, fueron detenidas y judicializadas más de 20 dirigentes políticos candidatos a gobernación, alcaldía, corporaciones públicas y una defensora de Derechos Humanos.

En febrero de 2004, en el municipio de Saravena en las veredas de Puerto Conteras y Puerto Nariño, fueron detenidas y judicializadas 16 personas.

El 5 de marzo de 2007, en el caserío de Pueblo Nuevo, en el municipio de Tame, fueron detenidas 23 personas, a las cuales se les precluyo.

El 12 de noviembre de 2002, fue detenido y judicializado el dirigente Comunal Bernardo José Arguello Santos, endilgándose el delito de rebelión, siendo declarada su inocencia mediante el fallo de un Juez. Luego en marzo de 2004





nuevamente fue detenido y judicializado, ahora por el montaje de terrorismo, para posteriormente declararse su inocencia a través de la sentencia de un juzgado especializado.

En Agosto de 2006, en el municipio de Fortul, fueron detenidas 14 personas. En noviembre de 2006, en el municipio de Saravena fueron detenidas y judicializadas

15 personas. El 13 y 14 de Julio de 2007, en el municipio de Saravena fueron detenidas y

judicializadas 13 personas. PETICIONES POR ESTE EJE: a. Se adelanten las investigaciones penales correspondientes a la actuación de la

estructura de apoyo de la Fiscalía, principalmente en lo relacionado con la presunta violación al debido proceso, la extralimitación de funciones, la violación a los principios de competencia funcional, la falsedad ideológica y material en documento público, el fraude procesal, el prevaricato y demás irregularidades denunciadas en esta audiencia. Según los denunciantes, ya existe una denuncia por algunos de estos hechos, pero no ha tenido mayor desarrollo.

b. Igualmente se investigue el proceder de los juzgados penales del departamento y de los delegados del Ministerio Público, por las diferentes y presuntas violaciones al debido proceso, la extralimitación de funciones, la violación a los principios de competencia funcional, la falsedad ideológica y material en documento público, el fraude procesal, el prevaricato y demás irregularidades presentadas.

c. Se dice, que no en pocas ocasiones algunos juzgados han ordenado compulsar copias para que se investigue a las personas que fungen como testigos de cargo. Solicitamos avanzar seria y prontamente en las investigaciones respectivas.

d. Solicito al señor Fiscal General de la Nación, estudiar lo denunciado frente al papel jugado por la Unidad Estructura de Apoyo de Arauca, y de cara a su constitucionalidad, respeto al principio de imparcialidad y garantías procesales, etc., abordar su desmonte.

e. Revisar lo que viene sucediendo con las Fiscalías Seccionales de Saravena, donde los funcionarios son cambiados con inusitada frecuencia, entorpeciendo notoriamente las posibilidades de una seria investigación.

4. LA CORRUPCION POLITICO – ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ARAUCA. Los declarantes en la audiencia, de la misma forma, denunciaron que en el departamento de Arauca, existen y han existido fuertes hechos de corrupción, los cuales pareciera están siendo cohonestado por todas las ramas del poder público, pues muy poco interés se muestra en combatir estas prácticas, a pesar del desmedro en los recursos del tesoro. A guisa de ejemplo, señalaron en un juicioso documento, varios de esos casos, que hoy ponemos en su consideración.





a. Una vez suspendido HÉCTOR FEDERICO GALLARDO, gobernador del departamento de Arauca, nunca se celebraron nuevas elecciones y para nombrar el encargado de sustituirlo, se desconoció la terna presentada por el partido o movimiento político que había inscrito al suspendido y se nombró por decreto, un funcionario del nivel central; también se congelaron los recursos que por conceptos de regalía le correspondían al departamento.

b. Denuncian que se produjo la detención del padre HELMER JOSÉ MUÑOZ PAREJA y

otras personas candidatas a corporaciones públicas, con lo cual llegó al poder JULIO ENRRIQUE ACOSTA BERNAL del partido Cambio Radical.

c. Que en la administración del gobernador de Arauca, fueron despedidos centenares de trabajadores de la salud y la educación, infringiéndose las leyes y las normas que regulan la actividad laboral y sindical. Generándose a la postre nominas paralelas que hoy a la luz de los fallos judiciales han causado enorme indemnizaciones que van en detrimento del fisco departamental, atentándose con la salud, la educación y bienestar de los araucanos.

d. Que se utilizaron recursos de los correspondientes al departamento por las regalías

petroleras, en la construcción de una vía nacional, contratada con el Ejército, la cual después, de la fuerte inversión realizada, aún no se ha terminado.

e. Que en el municipio de Saravena, se han formulado múltiples denuncias por los malos manejos de la administración municipal, sin que las investigaciones disciplinarias o penales, avancen satisfactoriamente.

f. El gobernador Julio Enrique Acosta Bernal, presentó una iniciativa a la Asamblea Departamental, que fue aprobada y se constituyó en ordenanza durante el 2004, supuestamente para el fortalecimiento administrativo, dicho acto creó una tasa que gravaba con el 4.5% de su valor todos los contratos celebrados por la administración. El Consejo de Estado, la anuló por ilegal e inconstitucional, ya que no existe ninguna ley expedida por el Congreso de la República que haya autorizado a la Asamblea de Arauca para crear esta clase de tasa, y señaló que la administración departamental de Arauca actuó en todo el trámite que creó ese impuesto, conociendo la ilegalidad del acto, lo que constituye una flagrante violación a los principios de la buena fe y de la moralidad administrativa; por lo que no concibe que el gobernador y su equipo de gobierno conjuntamente con la duma araucana vulnere las disposiciones constitucionales y legales y los principios del ordenamiento jurídico nacional, de manera aberrante, como lo hizo con el procedimiento que aplicó con ese impuesto, mediante el que recaudó una cifra superior a los 17 mil millones de pesos.





g. Manifestaron los denunciantes que los órganos de justicia y control, no han actuado con la celeridad y seriedad requerid, dejando hasta hoy en la impunidad la mentada actuación.

h. En el Municipio de Tame (Arauca), se denunciaron hechos de corrupción

administrativa que dieron como resultado la destitución del señor alcalde, pero en materia penal las investigaciones no han tenido mayor desarrollo.

PETICIONES POR ESTE EJE:

Se solicite a la Procuraduría General de la Nación, remitir copia a este ente fiscal, de todas las investigaciones y quejas recibidas por este concepto, e integrarlas con las que puedan llevar las diferentes unidades de Fiscalía, y continuar una investigación integral con los hechos aquí denunciados.

Destacar a un grupo de Fiscales, a fin de que aborde esta investigación.

Proceder por parte del despacho del Sr. Procurador General de la Nación a abrir investigaciones disciplinarias por estos hechos y a dar traslado de aquellos procesos que estén adelantándose por parte de delegados regionales del ministerio público a la Oficina de investigaciones especiales del despacho del Procurador General de la Nación.

5. PERSECUCIÓN A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS:

De las denuncias más sentidas de la comunidad asistente al evento, fue lo relativo a la persecución ejercida contra los programas y proyectos de su plan de vida. Se refirieron a la estigmatización, señalamientos y criminalización, de parte de funcionarios del Estado y sus instituciones, sobre los procesos autogestionarios, que han llegado hasta el asesinato y la encarcelación de sus miembros. Entre los hechos narrados, se encuentran los de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena “ECAAS-ESP”, cuya persecución en su contra se detalla de manera minuciosa en el documento arrimado. Han sido asesinadas cuatro personas, amenazas a través de graffitis de supuestos paramilitares, judicialización de los representantes legales y trabajadores de la misma; el no pago de los subsidios por parte de la administración municipal para los estratos 1 y 2, además del montaje por parte de la administración departamental y nacional usando los medios de comunicación y en diligencia judicial ilegal de allanamiento para desprestigiar el manejo adecuado y eficiente de la empresa comunitaria, manifestando que la empresa era la caja menor del ELN y que para permitir el acceso a ella se requería la presencia de la fuerza pública. La Emisora Comunitaria SARARE FM STÉREO 88.3, objeto de sin número de presiones y vulneraciones a la libertad de prensa; la judicialización arbitraría de sus trabajadores como es el caso del señor EMIRO GOYENECHE GOYENECHE.





La Fundación Intercultural del Sarare ha sido estigmatizada por los medios de comunicación del ejercito específicamente en el programa la verdad detrás del engaño, además de la judicialización y captura de su representante legal JUAN EDUARDO MONCAYO. La Cooperativa Agropecuaria del Sarare, estigmatizada en el mismo programa radial, además de la judicialización de su representante legal DULCINIA GARAVITO, además del asesinato del administrador ELIAS ORTIZ en la Vereda Flor Amarillo municipio de Tame. PETICIONES POR ESTE EJE: Impulsar la correspondiente denuncia penal formulada por la Representante Legal de

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ECAAS-ESP, presentada en Bogotá en el Despacho del Fiscal General de la Nación.

Que se asignen un grupo de Fiscales para que avoque el conocimiento de las

respectivas denuncias.

6.-ESTRATEGIA PARAMILITAR AL SERVICIO DE LA CLASE POLÍTICA EN ARAUCA Que como estrategia de guerra sucia del estado para asegurar que la clase política tradicional continúe hegemonizando los gobiernos locales, departamentales se implemento y el presunto auspicio el paramilitarismo como en otras regiones del país, para ponerlos al servicio de los intereses voraces y mezquinos de las grupos económicos nacionales y transnacionales, especialmente de los que saquean nuestros recursos naturales. De esta estrategia se han beneficiado principalmente las empresas transnacionales OXY, Repsol y British Petroleum Company, propietarias de los principales campos petroleros del país; igualmente los contratistas, ganaderos, empresarios regionales, funcionarios públicos, quienes han incrementado sus ingresos, en detrimento del bienestar y la inversión social. En la implementación de la referida estrategia se asesinó, constriñó, amenazó y desplazó a gente del común, dirigentes políticos y sociales, comerciantes, ganaderos, trasportadores y servidores públicos, pero especialmente a quienes históricamente nos hemos caracterizado por defender la vida, la cultura, los recursos naturales, el medio ambiente, la soberanía nacional y la soberanía alimentaria, como derechos inalienables e imprescriptibles que se constituyen en los ejes vitales del desarrollo de un pueblo autónomo y soberano, por lo cual somos considerados un obstáculo para el logro de los propósitos de dominación y saqueo.





Casos que ejemplifican la implementación de la estrategia paramilitar en detrimento de la participación popular en los procesos democráticos, son: 1. HOMICIDIO OCTAVIO SARMIENTO BOHÓRQUEZ: El lunes primero de octubre de

2001, los paramilitares llegan a la finca Bella vista de propiedad del parlamentario Octavio Sarmiento Bohórquez, presuntamente le secuestran y posteriormente lo asesinan a 500 metros de la vía que conduce a la cabecera municipal de Tame. En su retirada, los criminales dejaron un morral en la escena del crimen, al interior del cual se encontraron datos que develaban la conformación de la estructura paramilitar, así como sus vínculos con entidades oficiales, funcionarios públicos y financiadores (empresarios y ganaderos de la región), entre los que se encuentran miembros activos del Ejército Nacional y dos reconocidos ganaderos de la zona (Nelson y Arturo Barragán).

2. HOMICIDIO DE EFRAIN VARELA NORIEGA: Abogado y reconocido periodista,

asesinado en la ciudad de Arauca, cuando se transportaba en una camioneta particular y luego de pasar por un punto en el que permanecía un retén militar. según los testimonios recogidos durante el desarrollo de la investigación penal, apuntaba a señalar que se trataba de una represalia contra su labor de denuncia (a través de la emisora Meridiano 70) respecto de violaciones a derechos humanos e irregularidades en la administración del departamento de Arauca. Así mismo, el general Gustavo Matamoros Camacho, en ese entonces comandante de la brigada 18, había proferido amenazas, tanto expresas como tácitas, en contra de Efraín Varela, por ser el Ejército Nacional una de las entidades oficiales relacionadas en los casos denunciados.

3.- EDUARDO DELGADO: miembro de una reconocida familia de ganaderos del Casanare, que había colaborado inicialmente con la implementación del paramilitarismo en la región, fue asesinado el día jueves 28 de marzo de 2003, a causa de las denuncias que formuló contras civiles y militares comprometidos con el paramilitarismo en Colombia. Lo anterior, luego de que los paramilitares asesinaran a su padre y a dos de sus hermanos. 4.- HOMICIDIO JUAN ALEJANDRO PLAZAS LOMÓNACO: Abogado, quien ocupó el cargo de Registrador Delegado en la Registraduría del Estado Civil de Arauca, hasta la fecha de su homicidio, había sido objeto de seguimientos por personas armadas que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje. En diciembre 24 de 2002, fue declarado “objetivo militar” mediante un comunicado que se hizo circular en la zona, a nombre de supuestos paramilitares y firmado “Bloque vencedores de Arauca”. Curiosamente, en el mismo panfleto se amenazaba a muchas de las personas que posteriormente serían judicializadas y detenidas masivamente, acusadas del delito de rebelión, a raíz de esto, había solicitado su traslado a otra ciudad, el cual fue autorizado por la Registraduría Nacional del Estado civil, pero no alcanzó a efectuarse. El día 10 de Julio de 2003, fue asesinado hacía las 12:00 horas, frente a la sede de la Registraduría, ubicada en pleno centro de Arauca capital, a una cuadra del parque principal. A pocos metros se





encontraban efectivos del Ejército y de la Policía, custodiando la casa del señor Gobernador ubicada en la misma calle. La investigación penal por este homicidio fue iniciada por la Fiscalía Única Especializada de Arauca (rad. 82548), la cual, pasados seis meses de cometido el crimen, decidió archivar el proceso, argumentando la imposibilidad de identificar a los responsables. A raíz de una solicitud realizada por el representante de los familiares de la víctima, en el sentido de desarchivar el proceso y ordenar la práctica de pruebas, la fiscalía, más de tres meses después, accede al desarchivo, pero no ordena ninguna de las pruebas que llevarían al esclarecimiento de los hechos y motivos del homicidio. 5- En la finca el Morichal, de la vereda Mapoy, municipio de Tame, el 18 de mayo de 2003, se reunieron miembros del concejo municipal de ese ente territorial (DEMETRIO CASAS PARALES, Presidente del Concejo, TIBALDO MENDEZ, CARLOS RAFAEL GOYENECHE BELLO, CARMEN TEREZA MOLINA DE MEDINA, JUAN DE DIOS VARGAS QUEVEDO, AURELIO FERNANDEZ, MIRIAM GALLEGO UPEGUI, CARLOS ALBERTO BARRERA, ERWIN MIGUEL PÁJARO, ARNEXIN MARIA NIÑO BELLO, LUCAS TOMAS COBOS PEREZ), el comisario de familia, señor LUIS OCTAVIO VALLEJO BLANCO, los señores JAIRO ORLANDO BUSTOS BURBANO, PABLO CARO, GUSTAVO VAZQUEZ, RICARDO ORJUELA, JOSÉ RAFAEL PANQUEVA, MIGUEL ANTONIO GALLO BRANDO, los pre-candidatos a la alcaldía ALFREDO IVAN GUZMÁN TAFUR, EDGAR FERNANDO GUZMÁN ROBLES y WILSON CARRILLO ANTOLINEZ, con integrantes de las estructuras paramilitares instaladas en esa zona del departamento, quienes se denominaron “Bloque Vencedores de Arauca”, con el objetivo de informar sobre varias decisiones tomadas en relación con el control del gobierno local; en términos concretos, que el alcalde sería ALFREDO IVAN GUZMÁN TAFUR, que algunos candidatos no podían participar y otros sí, pero con el compromiso de que no podían ganar, sino únicamente con el fin de legitimar la jornada electoral. Esta reunión se realizó con pleno conocimiento de la fuerza pública, e incluso participó de ella un cabo de la Policía de apellido Campos, que era el encargado de indicar a los invitados el lugar en donde los recogerían los vehículos para ser trasladados al sitio acordado. Como consecuencia de estas decisiones y órdenes impartidas por los comandantes paramilitares, en efecto, ALFREDO IVÁN GUZMÁN TAFUR resultó elegido alcalde municipal de Tame. De la misma forma, en enero de 2004, se celebró otra reunión, en la cual se determinó que la presidencia del nuevo Concejo Municipal estuviera a cargo de ÁNGEL DEMETRIO CASAS, quien en efecto, fue nombrado en el mencionado cargo. 7-El control político apoyado en el posicionamiento de las estructuras paramilitares en el departamento (especialmente en el municipio de Tame) generó resistencia en algunos sectores sociales. Esto llevó a la clase política tradicional a implementar estrategias de terror a través de la represión violenta, por lo cual los araucanos tuvimos que ver cómo se intimidaba y exterminaba las expresiones sociales y comunitarias, en complicidad con la fuerza pública e instituciones del Estado, hasta alcanzar los niveles que dan cuenta de





más de 2.000 homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas y secuestros, entre otros crímenes de lesa humanidad. En el desarrollo e implementación de esta estrategia de guerra sucia, también participaron los organismos de justicia y control, como el caso de la fiscalía seccional de Tame que, en lugar de adelantar directamente las investigaciones correspondientes, comisionó a la policía judicial para adelantar las diferentes diligencias, desvió las investigaciones o las archivó, a través de autos inhibitorios, a pesar del nutrido caudal probatorio. Como por ejemplos la judicialización de un sinnúmero de presuntos paramilitares, con el fin de desviar la investigación respecto a los nexos existentes entre funcionarios públicos y dirigentes políticos de Tame y las estructuras paramilitaresi. Así mismo, encontramos varios casos en los que se hace evidente que el gobierno departamental se ha visto envuelto en sindicaciones, efectuadas por personas que han sido víctimas del paramilitarismo, cual es el caso de las declaraciones existentes en la investigación del asesinato de JAIME REUTO MANOSALVA, acaecido cuando se encontraba liderando una iniciativa para la revocatoria del mandato del alcalde de Tame, ALFREDO IVÁN GUZMÁN TAFUR. Según las pruebas recaudadas, se puede inferir que el móvil del homicidio fueron las contradicciones entre el alcalde Alfredo Guzmán Tafur y los comandantes paramilitares de Puerto Gaitán (que lo habían apoyado en su candidatura), que impulsaron la revocatoria pero que, habiendo resuelto los problemas de incumplimiento de compromisos por parte de Guzmán Tafur, decidieron prescindir de la iniciativa y, al encontrar resistencia por parte de quienes se habían dedicado a trabajarle, deciden asesinar a su coordinador, Jaime Orlando Reuto. Los funcionarios y otras personas implicadas en el accionar paramilitar, según lo declarado por los testigos del caso fueron, entre otros: Alfredo Guzmán Tafur (ex alcalde Tame), Emiro Gómez (secretario de gobierno), Luis Abril Quiroz, Demetrio Casas Parales (presidente concejo Municipal), Miguel Gallo, Vicky Hernández (compañera permanente de alias Brayan, jefe sicarios paracos, y vinculada al grupo “Dignidad por Tame”), Manuel Alexander Pérez Rueda (personero municipal), Albeiro Vanegas (ex congresista). 8.- Otros hechos destacados son la presunta existencia de fosas comunes (producto de las desapariciones forzadas cometidas por los paramilitares) ubicadas en su finca -km 57 vía Tame - Puerto Rondón. PETICIONES POR ESTE EJE: a.- Designar un grupo de fiscales y procuradores para que investiguen de manera conjunta todos los hechos denunciados acá como parte de una estrategia sistemática de





guerra sucia, en aquellos hechos que comprometan tanto a funcionarios públicos como a particulares. b.-Investigar judicial y disciplinariamente a los funcionarios judiciales y órganos de control en la jurisdicción del departamento de Arauca, que por acción u omisión resulten presuntamente responsables de la impunidad ó la obstrucción de la acción de la justicia y las acciones del ministerio público en lo referido a la impunidad en que se encuentran estos hechos. INFRACCIONES A LAS NORMAS DEL DIH Y HECHOS DE AGRESIÓN EN CONTRA DE LA POBLACIÓN CIVIL POR PARTE DE ACTORES ARMADOS IDENTIFICADOS Y NO IDENTIFICADOS Registramos en este acápite, 51 denuncias (ver anexo) radicadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que corresponden a desapariciones, asesinatos, bombardeos, ametrallamientos, atentados con armas no convencionales, desplazamientos, confinamientos y otros posibles hechos, cuya presunta autoría se atribuye a grupos de guerrilla, a grupos paramilitares, a Fuerza Pública en desarrollo de operaciones regulares y grupos no identificados. Solicitamos se investiguen estos graves hechos en contra de la población para establecer posibles conductas y responsables de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como al régimen penal interno.

PRUEBAS Solicitamos se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes: 1.-Arrimamos copias al despacho del Sr. Fiscal General de la Nación de todas las denuncias recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República durante el curso de la audiencia pública celebrada el 27 de Septiembre de 2007 en Saravena, Arauca, así como las memorias escritas de las intervenciones orales realizadas en la misma por las victimas, Organizaciones Sociales y defensoras de Derechos Humanos. Las cuales sirven como soporte del presente escrito 2.-Que se soliciten copias de todas las investigaciones en curso o que se hubieren realizado por las diferentes unidades de Fiscalías, la Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría General de la Nación, con relación a los hechos objeto de esta denuncia.





3.- Las que oficiosamente considere ese Despacho que conduzcan al esclarecimiento de los hechos planteados. Nos reservamos el derecho de aportar o solicitar otros elementos de prueba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- La Constitución Nacional Art. 2, 5, 11, 13, 18, 24, 28, 29, 37, 38, 42, y demás concordantes y relacionados. 2.- Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, y demás concordantes. 3.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Art. 1 numeral primero 4.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 1, 6, 7. 5.- Convención Americana de los Derechos Humanos Art. 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16. 6.- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio Art. 1, 2, 3, 7.- Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes. 8.- Código Penal Art. 1, 19, 20, Título I, título II, título III, título VII, título XI, título XII, título XIV, título XV, título XVI del libro 2. 9.- Código Único Disciplinario, Ley 734 del 2002

ANEXOS Anexamos todos los documentos relacionados como prueba en el despacho del Sr. Fiscal General de la Nación.

NOTIFICACIONES

Recibo en la Carrera 7ma # 8-68 Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso, oficina

525b, Teléfonos (091) 3823571/72 (092) 6536357, email [email protected]

Del señor Fiscal General de la Nación, Del Despacho del Señor Procurador General de la Nación,





Alexander López Maya C.c 16.744.638 Senador de la República

comisión de derechos humanos y audiencias senado … · implementar el mecanismo popularmente...

Documents