comentarios al borrador final del reglamento conjunto de permisos - oct 2010

8/8/2019 Comentarios al Borrador Final del Reglamento Conjunto de Permisos - oct 2010

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18 de octubre de 2010

Hon. Leslie Hernndez

Presidente Junta de Planificacin

Centro Gubernamental Minillas

San Juan, Puerto Rico

[email protected]

VIA CORREO-E

Re: Comentarios al borrador final Reglamento conjunto

Estimada Lic. Hernndez:

La Asociacin Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Inc. es uncentro de derecho ambiental, sin fines de lucro, dirigido a facilitar elacceso a la justicia a sectores de escasos recursos econmicos, y apromover el apoderamiento comunitario.

Reconociendo la importancia de las disposiciones delReglamento conjunto de permisos para obras de construccin y usosde terrenos, propuesto por esta honorable Junta de Planificacin, paranuestros clientes y la sociedad puertorriquea en general,

sometemos para su consideracin nuestros comentarios al borradorfinal. Confiamos que esta Junta evaluar nuestros comentarios yatender las preocupaciones que en ello expresamos.

Cordialmente,

Vernica Gonzlez Rodrguez

Directora de programas

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Comentarios de la Asociacin Nacional de Derecho Ambiental(ANDA), Inc. al borrador final del Reglamento conjunto depermisos para obras de construccin y usos de terrenos

Introduccin

El pasado 14 de junio de 2010, la Asociacin Nacional de

Derecho Ambiental (ANDA), Inc., presento a esta Junta de

Planificacin en vistas pblicas sus comentarios al borrador del

Reglamento conjunto de permisos para obras de construccin y usos

de terrenos (en adelante, Reglamento conjunto). En aquella ocasin,

sometimos extensos comentarios identificando lo que

considerbamos serias deficiencias en el Reglamento conjunto.

Adems, sealamos que el proceso haba sido uno apresurado y

atropellado, lo cual se reflejo en la publicacin de dos versiones del

Reglamento conjunto en el portal ciberntico de la Junta y la omisin

informacin que la Ley para la reforma del proceso de permisos de

Puerto Rico1 (en adelante, Ley 161) ordena que se incluya en el

Reglamento conjunto, entre otros.

Recientemente, esta Junta present un nuevo borrador o

borrador final del Reglamento conjunto para vistas pblicas. Luego

de una revisin cuidadosa del documento, notamos que algunos de

1 Ley Nm. 161 de diciembre de 2009.

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nuestros haban sido acogidos. Muchos de nuestros comentarios no

han sido atendidos. As pues, aprovechamos esta oportunidad para

comentar las enmiendas al primer borrador del Reglamento conjunto

y reiterar los comentarios que an resultan pertinentes. Esperamos

que estos comentarios sean debidamente atendidos y que ayuden a

la agencia en su labor al adoptar un nuevo reglamento

administrativo.

PARTICIPACIN CIUDADANAENLOSPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

Deseamos iniciar nuestros comentarios con unos apuntes

generales sobre los procesos de participacin ciudadana dentro el

nuevo esquema administrativo. Como ya comentamos en una

instancia anterior, nuestro Tribunal Supremo ha hecho expresiones

cnsonas con la importancia de la participacin ciudadana en los

procedimientos administrativos: No nos cabe duda que laparticipacin en un proceso administrativo es deseable y necesaria.2

Agencias como la Junta de Planificacin tienen entre sus funciones

cumplir con la poltica pblica que le fue encomendada de fomentar

la participacin de la ciudadana en el proceso de planificacin de

Puerto Rico.3 Especficamente, es deber de la Junta ofrecer el

mximo de participacin posible a la ciudadana en el proceso de

planificacin.4

De igual forma, el ms alto foro de nuestro sistema de justicia

ha advertido sobre la importancia de la transparencia en la toma de

2 Junta de Planificacin v. Cordero Badillo, Inc., 2009 TSPR 160, 170.

3 Ley Nm. 75, supra, sec. 62v(a).4 d. sec. 62v (b) y(c).

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decisiones de agencias administrativas con poderes delegados para

conceder permisos de construccin, (como era ARPE, la Junta de

Planificacin y ser la OGPe) por gozar de facultades de gran alcance,

que se pueden prestar para abusos serios tanto cuando se conceden

los permisos que se solicitan como cuando estos se deniegan.5

La Ley 16, en su Artculo 1.2, expresa la poltica pblica

adoptada, reconociendo la importancia de la total transparencia

en la gestin pblica y la necesidad de una fiscalizacin

efectiva, real y oportuna en el proceso de otorgamiento de

permisos y licencias. Tambin, reconoce la necesidad de normas

claras que limite el abuso de discrecin de los funcionarios y

asegure la planificacin cuidadosa del uso del suelo que, a su vez,

debe partir de una visin clara del futuro econmico, social y

ambiental de Puerto Rico. Para la consecucin de dichos

propsitos es indispensable una participacin ciudadana real,

efectiva y oportuna.

Especficamente, en el contexto del derecho administrativo la

notificacin es requisito indispensable para la validez del

procedimiento administrativo de carcter adjudicativo en sus

distintas etapas, por lo que el requisito de ser odo- principio de

carcter constitucional- implica el de haber sido notificado.6

Del mismo modo, la notificacin de rdenes, resoluciones y

5 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 689 (2000).6 Vase, D. FERNNDEZ QUINEZ, DERECHO ADMINISTRATIVOY LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOUNIFORME 365-366 (2da. ed. 2001).

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sentencias ha sido reiteradamente protegida por nuestro

ordenamiento jurdico, ya que sirve un propsito lgico y sabio en la

administracin de la justicia. Ello, permite a las partes advenir en

conocimiento real de la determinacin tomada, a la vez que le otorga

a las personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos una

mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le

han sido concedidos por ley.7

Analizado lo anterior, pudimos observar cambios significativos

en el rengln del deber de notificar de la agencia, en la versin final

del reglamento, que nos presenta grandes preocupaciones. En primer

lugar, vemos que en lo relativo a la Solicitud de Intervencin se

cambi una directriz clara y adecuada, de notificar en un trmino de 5

das la determinacin en torno a la solicitud, a un trmino abierto y

discrecional.

Segn el artculo 8.1 de la Ley 161 en el Reglamento Conjunto se

dispondra de un procedimiento, adecuado para someter comentarios

por parte de la ciudadana. Al igual que advertimos en nuestros

comentarios anteriores, no pudimos observar muchas instancias

donde se dispusiera de ese mecanismo de participacin ciudadana.

Slo se mantiene en el Cap. 6 Seccin 6.1.1 (4) sobre los Rtulos de

Presentacin, como se dispona en los reglamentos de ARPE, que se

incluya la direccin postal y electrnica de la OGPe para recibir

comentarios sobre la solicitud. Pero, no se delimita el lmite de tiempo

para someter estos comentarios. Tambin, se exime de ste requisito7Vase Asoc. de Vecinos de Altamesa v. Mun. de San Juan, 140 D.P.R. 24 (1996).

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las solicitudes de uso ministeriales, limitando as cualquier

observacin legtima de un colindante o ciudadano, y que sirva

incluso para corroborar la informacin dada por el solicitante sobre la

obra.

A su vez, en el caso de los Requisitos Especiales Aplicables a

Consultas para Mejoras Pblicas en la Seccin 8.1.5, pg 213, se da

15 das, pero slo a las personas notificadas con anterioridad, y se

incluye una salvedad de se podr tramitar la consulta o el proyecto

de mejora pblica correspondiente sin que haya transcurrido el

referido trmino cuando el inters pblico envuelto as lo justifique

dando la impresin de que no se tendrn ni siquiera en cuenta los

comentarios hechos en el proceso de evaluacin. Nuevamente,

recomendamos que la participacin ciudadana debe ser la norma

general, y no la excepcin, no se debe limitar este derecho que es

elemento indispensable en una democracia verdadera, y funge como

herramienta fiscalizadora para evitar el mayor perjuicio posible a

terceros en la toma de decisiones, que podrn redundar luego en

litigios judiciales.

Sobre la digitalizacin completa del proceso

La Ley 161 da un mandato a la incorporacin de la tecnologa en el

nuevo sistema integrado de permisos con el objetivo de agilizar,

mejorar la eficiencia en el procedimiento y dar transparencia a la

toma de decisiones. Por ejemplo, entre los poderes delegados al

Director Ejecutivo de la OGPE en la Ley 161, est:

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[p]reparar y mantener los expedientesadministrativos, en formato digital, de los asuntos antela consideracin de la Oficina de Gerencia y losProfesionales Autorizados, los cuales estarndisponibles para inspeccin del pblico, ya sea en la

Oficina de Gerencia o sus oficinas regionales, durantehoras laborables y disponibles, para que el pblicopueda acceder a la informacin y data recopilada vaInternet; 8

Reconocemos la importancia del uso de la tecnologa en la gestin

pblica y la apertura de los procedimientos a espacios abiertos al

pblico, como el Internet, para la transparencia de la toma de

decisiones gubernamentales. Incluso, celebramos que el uso de dicha

tecnologa, siempre que sea abierta, de fcil acceso por el

Internet y amigable para al usuario, facilita la participacin

ciudadana de algunos grupos de inters. Sin embargo, nos

preocupa que la gestin pblica se traslade completamente alcampo de la tecnologa de mtodos electrnicos y se adopte

solo sistemas computarizados en los procedimientos, que terminen

excluyendo y creando barreras para gran parte de la ciudadana

que no est familiarizada con los adelantos tecnolgicos y/o no

tengan ni siquiera acceso a una computadora.

Por tanto, nos preocupa grandemente que el borrador final del

Reglamento Conjunto mantenga como norma general que todos los

procedimientos sean por medios electrnicos. Por ejemplo, desde la

solicitud de servicio9 hasta la radicacin de la solicitud a la Junta

8Vease, Art. 2.3, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos en Puerto Rico, LeyNum, 161 del 1 de diciembre de 2010.9 Borrador de Reglamento Conjunto, Tomo II, Capitulo 1, Regla 2.01 (b))

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Revisora se perfeccionara mediante la presentacin electrnica.10

Todos los documentos a presentar deben ser digitalizados y subidos a

la red e incluso se mantendr el expediente solo en formato digital.

Entendemos que el reglamento va ms all del mandato de la Ley

161, sobre el uso de la tecnologa y puede tener en su aplicacin un

efecto dispar, en violacin a la clusula de igual proteccin de las

leyes y debido proceso de ley, por cerrar o limitar el acceso a los

grupos de escasos recursos econmicos y/o no usuarios de

computadoras.

Nuevamente, recomendamos que tengan formas no

computadorizadas para llevar los procedimientos. Tambin,

recomendamos tener todos los expedientes impresos en papel para

los solicitantes legos en computadoras que quieran revisarlos.

Adems, nos reafirmamos en que se mantenga como regla general la

notificacin de los procedimientos por correo regular, y slo como

alternativa el correo electrnico por ser la primera un mtodo ms

confiable en trminos de confirmacin de envo y recibo.

TOMO II PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPTULO 6: PROCESOSADJUDICATIVOSENGENERAL

Regla 6.1 Disposiciones generales

Seccin 6.1.1 Rtulo de presentacin

En nuestros comentarios al borrador anterior del Reglamento

Conjunto, celebramos que se requiera someter evidencia digital de la

10Id. Tomo II, Capitulo 1, Regla 3.

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instalacin del rtulo, as como el que se sancione el incumplimiento

del referido requisito con el archivo de la solicitud y el referido a la

OIGPe. Sin embargo, all realizamos varios comentarios a la referida

Seccin que no fueron atendidos en el borrador final del

Reglamento Conjunto. Por tal razn, procedemos aqu a reiterarlos.

De entrada, desconocemos que medidas de control, si algunas,

implementar la OGPe para asegurar que la evidencia digital

sometida a la agencia sea confiable, no haya sido alterada o editada,

y corresponda realmente al predio para el cual se est solicitando el

permiso. Sobre este particular, y como mecanismo para disuadir tal

conducta, recomendamos que se aperciba a los solicitantes de

permisos de la imposicin de sanciones ms severas, como el archivo

con perjuicio de la solicitud, la imposicin de multas, adems del

encausamiento criminal correspondiente, segn lo requiera cada

caso, cuando se descubra que la imagen digital cargada al sistema

haya sido alterada o editada, o no corresponda al solar y/o terreno

para el cual se est solicitando el permiso especfico, etc.

Por otra parte, preocupa de sobremanera el que los trminos

para cumplir con el requisito de publicacin del rtulo sean similares

a los trminos que tiene un profesional autorizado para resolver una

solicitud de permiso ministerial. En estos casos, un solicitante podra

someter a la OGPe la evidencia que alegadamente acredite el

cumplimiento con el requisito de publicidad de la solicitud al mismo

momento en que el profesional autorizado expida el permiso. Esto

tendra el efecto de derrotar uno de los propsitos de la instalacin de

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este tipo de rtulos, a saber, informar a la ciudadana sobre la

pendencia de estas solicitudes de permiso, de manera que, si as lo

interesan y tienen derecho a ello, puedan solicitar intervencin en

dichos procesos para hacer valer sus derechos. Debe recordarse que

tanto la Ley 161 como el borrador del Reglamento Conjunto

contemplan la intervencin de partes interesadas en solicitudes de

permisos ministeriales, con excepcin de las de uso. Sin embargo, al

disponer que las solicitudes de permisos ministeriales ante

profesionales autorizados se resolvern en cinco (5) das,11 mientras

que los solicitantes tendrn dos (2) das para instalar el rtulo, y tres

(3) das luego de ello para subir la foto que as lo acredite al sistema,

se abre las puertas a la posibilidad de que un solicitante reciba su

permiso antes de que la OGPe pueda incluso certificar que se ha

cumplido con el requisito de publicacin del rtulo. Ello, amn de ser

problemtico, puesto que, expedido el permiso, se reducen las

posibilidades de su revocacin, tiene el efecto de limitar severamente

la participacin ciudadana en la evaluacin de solicitudes de permisos

ante profesionales autorizados. An bajo el supuesto de que un

solicitante de permiso cumpla con el requisito de publicacin del

rtulo dentro del trmino sealado en la Seccin 6.1.1 en cuestin, el

trmino restante para evaluar una solicitud de permiso ministerial es

demasiado corto como para permitir que cualquier parte interesada

se entere de la existencia del procedimiento y solicite intervencin en

el mismo.

11 Seccin 6.2.3(c) de la Regla 5.00 del Tomo II, Captulo 6 del borrador final delReglamento Conjunto.

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Si bien estos casos versan sobre solicitudes de permisos

ministeriales, ello no significa que estos casos no estn exentos de

controversia. As lo contempla el propio Artculo 9.3 de la Ley 161.

Dicha posibilidad, pues, de que en ciertos casos existan

circunstancias especiales que justifiquen denegar una solicitud de

permiso ministerial por ciertos valores subjetivos, requiere crear

espacios reales de participacin ciudadana en estos procedimientos.

Se propone, pues, que se aumente el trmino dispuesto en la Seccin

6.2.3(c), para evaluar una solicitud de permiso ministerial ante

profesional autorizado, de manera que realmente se viabilicen las

posibilidades de participacin en procesos de evaluacin de

solicitudes de permisos ministeriales ante profesionales autorizados.

En los comentarios a la Seccin 6.2.3 de este Captulo se discutir

este asunto con mayor detenimiento.

En fin, nos place ver que se mantenga el requisito de rotulacin

para cumplir con una debida publicidad y notificacin sobre la vista

pblica, siempre y cuando se d con el tiempo suficiente, para que las

personas interesadas puedan solicitar participar y se preparen para el

evento. Sin embargo, no reafirmamos en que es importante que se

mantengan fuertes garantas o mtodos de control que aseguren la

publicacin de dicho rotulo. Es decir, que se dispongan de mtodos

que aseguren la publicacin de dicho rotulo con no menos de treinta

das (30) de anticipacin y que no de espacio al fraude o engao,

nunca ponindose el rotulo o dejndolo para pocos das antes del

evento. Una poltica o reglamentacin diferente pondra en riesgo los

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derechos de los propietarios colindantes y tendra un efecto nefasto

para la participacin ciudadana.

Seccin 6.1.2 Solicitud de intervencin

Borrador anterior Borrador finalSeccin 4.02 (c ) Dentro de

los prximos cinco (5)

das de haberse recibido

dicha peticin, se notificar la

determinacin en torno a la

misma []

Seccin 6.1.2 ( c ) Recibida

dicha peticin, se notificar

oportunamente la

determinacin en torno a la

misma []

El recurso de intervencin es el mecanismo procesal para que

una persona, que no fue parte original en un procedimiento, pueda

defenderse de una determinacin administrativa que le pueda ser

adversa.12 Por lo que, la figura del interventor busca salvaguardar los

intereses en juego en la toma de decisiones administrativas.

Pero, para que esta oportunidad de participar sea real yefectiva debe asegurarse que la determinacin de la agencia sobre la

solicitud de intervencin se d tan pronto es solicitada. Slo as se

asegura al solicitante poder participar efectivamente del proceso. En

el pasado, se han presentado muchos recursos en los tribunales por

el abuso de discrecin de funcionarios que no notificaron

oportunamente al solicitante de la intervencin, ni la aceptacin o

negacin, de la solicitud dejando en un limbo al solicitante, onotificndole tardamente en el proceso, violando as la mxima

constitucional a un debido proceso de ley. Entendemos que la mejor

prctica, y, a su vez, la ms cnsona con la poltica pblica de la Ley

16, supra, sobre normas claras que limiten el abuso de discrecin es

mantener un trmino expreso, como era el de 5 das, para la

determinacin sobre la solicitud de intervencin.

12 Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 420.

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Regla 6.2 Requisitos aplicables a la presentacin y evaluacin

de permisos ministeriales

Seccin 6.2.3 Evaluacin, tramitacin y disposicin desolicitudes de carcter ministerial

El borrador anterior del Reglamento Conjunto estableca un

trmino de quince (15) das para que, en casos presentados ante la

OGPe, los Gerentes de Permisos emitieran sus recomendaciones

finales en relacin a la solicitud presentada. Emitida dicha

recomendacin, no se estableca un trmino para que el Director

Ejecutivo de la OGPe emitiera su determinacin final, aunque dicho

trmino siempre estara condicionado por el Artculo 8.11 de la Ley

161, el cual establece un trmino de noventa (90) das, prorrogable

por treinta (30) das adicionales por circunstancias extraordinarias,

para la adjudicacin de solicitudes de permisos para proyectos con

usos de suelos. Igualmente, el Artculo indica que [e]l trmino para

la expedicin de un Permiso Verde y PYMES no ser mayor de 60

das. Finalmente, la Seccin estableca un trmino de cinco (5) das

para que los profesionales autorizados expidan los permisos

solicitados.

La Seccin actual del borrador del Reglamento Conjunto

propone que, para toda solicitud de permiso ministerial para zonas

urbanas presentada ante la OGPe, los Gerentes de Permisos tendrn

diez (10) das para emitir sus recomendaciones, mientras que en

casos de solicitudes de permisos ministeriales para zonas no urbanas

presentadas a dicha agencia, los Gerentes tendrn treinta (30) das

para emitir sus recomendaciones. Dichas recomendaciones sern, a

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su vez, remitidas al Director de la Divisin de Evaluacin de

Cumplimiento Ambiental (DECA) para su trmite correspondiente.

Finalmente, a partir del recibo de la determinacin de cumplimiento

ambiental, la Seccin impone un trmino de cinco (5) das para que el

Director Ejecutivo de la OGPe emita su determinacin final.

En casos sometidos ante Municipios Autnomos, los Gerentes

de Permisos a quienes se les refiera la solicitud de todo tipo de

permiso ministerial debern emitir sus recomendaciones en quince

(15) das, las cuales sern remitidas al Director de la DECA. Recibida

la recomendacin del DECA, el Director Ejecutivo o el Municipio,

segn sea el caso, tendrn tambin cinco (5) das para emitir su

determinacin final.

Finalmente, en el caso de las solicitudes de permisos

ministeriales presentadas ante profesionales autorizados, la Seccin

establece un trmino de cinco (5) das para expedir el permiso

solicitado.

Si bien la distincin entre permisos ministeriales en zonas

urbanas y no urbanas, con el correspondiente aumento del trmino

para la evaluacin de solicitudes en zonas no urbanas, representa

una mejora sobre el borrador anterior, sigue preocupando la

arbitrariedad de los breves trminos establecidos en la referida

Seccin. Adems, inexplicablemente, la distincin entre permisos

para zonas urbanas y zonas no urbanas slo ha sido aplicada a

solicitudes presentadas ante la OGPe, y no a las presentadas ante

profesionales autorizados y Municipios Autnomos. Dado que no

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parecera justificarse tal distincin por el mero hecho de que la

solicitud fue presentada ante un municipio o profesional autorizado,

recomendamos que, como mnimo, se extienda dicha distincin a

ambos casos.

Por otra parte, los trminos de diez (10),13 quince (15)14 y

treinta (30)15 das para que los Gerentes de Permisos emitan

recomendaciones sobre solicitudes de permisos ministeriales lucen

irrazonablemente cortos. En virtud del Artculo 3.3 de la Ley 161,

estos funcionarios tendrn a su cargo examinar y emitir

recomendaciones en torno a todas las solicitudes de permisos

presentadas ante la OGPe, requiriendo informacin adicional a los

solicitantes y las dems agencias que intervienen en estos procesos,

y coordinando los trabajos con los Oficiales de Permisos designados

en dichas entidades pblicas. En este sentido, difcilmente puede

argirse que los trminos dispuestos son razonables para emitir las

recomendaciones finales en torno a solicitudes de permisos

ministeriales, particularmente cuando estos funcionarios van a tener

que atender una cantidad sustancial de dichas solicitudes, y de otras

de naturaleza discrecional, a la vez. En este sentido, no parece

particularmente conveniente que el componente principal analtico de

una solicitud de permiso ministerial se limite a diez (10), quince (15)

o treinta (30) das.

13 En casos de solicitudes de permisos ministeriales para zonas urbanaspresentados ante la OGPe.14 En casos de solicitudes de permisos ministeriales presentados ante MunicipiosAutnomos.15 En casos de solicitudes de permisos ministeriales para zonas no urbanaspresentados ante la OGPe.

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Por otra parte, dado que la Ley 161 no establece trminos

mximos distintos para la evaluacin de solicitudes ministeriales o

discrecionales, resulta problemtico que el Reglamento Conjunto si lo

haga en trminos prcticos, dado que impone trminos mximos para

todas las etapas del proceso, incluida la notificacin de la

determinacin final por parte del Director Ejecutivo de la OGPe, el

Municipio Autnomo o el profesional autorizado, segn sea el caso. En

cuanto a este particular, nos parece que, salvo el asunto del trmino

arbitrariamente corto para casos ante profesionales autorizados, la

redaccin de esta parte de la Seccin del borrador anterior del

Reglamento Conjunto era superior a la actual. Ello se debe a que,

emitidas las recomendaciones finales de los Gerentes de Permisos,

as como la determinacin de cumplimiento ambiental bajo la Ley

sobre Poltica Pblica Ambiental, el Director Ejecutivo no tena un

trmino impuesto, ms all del dispuesto en la Ley 161 (90 das,

prorrogable por 30 das ms), para emitir su determinacin final.

Imponer un trmino mximo para que el Director Ejecutivo de la

OGPe o el Municipio Autnomo notifiquen su determinacin final,

luego de culminado el componente analtico del proceso, no es del

todo objetable. Sin embargo, entendemos que, dado que este

funcionario estar tramitando una cantidad considerable de

solicitudes al mismo tiempo, adems de administrando la agencia y

realizando todas las dems funciones inherentes a su funcin como

jefe de agencia, cinco (5) das es un trmino irreal, que sospechamos

ser incumplido en muchsimas ocasiones. Peor an, fijar un trmino

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mximo para que se emitan tales determinaciones finales, sin que el

trmino para que el personal tcnico de la agencia evale las

solicitudes sea ampliado, atenta contra la consideracin apropiada de

estas solicitudes de permisos. Debe recordarse que, al aprobar la Ley

de Permisos, el Legislador estim prudente imponer un trmino

mximo de 90 das, prorrogable por 30 das adicionales, para atender

ste tipo de solicitudes. As, segn la Rama Legislativa, se atendra el

problema de la dilacin excesiva en la adjudicacin de estas

solicitudes, mientras, segn sta, se provean de todas formas

suficientes garantas para asegurar la evaluacin adecuada de las

mismas. Independientemente de si el juicio del Legislador es correcto

o no, o de si se ajusta a las exigencias constitucionales de nuestro

ordenamiento, la Junta de Planificacin no est facultada para reducir

an ms los trminos all dispuestos, y as trastocar el balance que el

Legislador intent crear mediante la Ley de Permisos.

Ms problemtico an resulta el trmino de cinco (5) das

sealado para que un profesional autorizado examine y expida un

permiso ministerial. De entrada, el inciso (c) de la Seccin 6.2.3 est

redactado de manera problemtica pues, al indicar que el profesional

autorizado expedir el permiso en un trmino mximo de cinco (5)

das, parece sugerir que dicha persona no tiene facultad para

denegar la solicitud, situacin que la propia Seccin 6.2.4 del

borrador del Reglamento Conjunto contempla. As, procede modificar

la redaccin para expresar que el profesional autorizado resolver la

solicitud de permiso, o emitir su determinacin final sobre la

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solicitud de permiso, dentro del trmino que all sea establecido.

En cuanto a la extensin de dicho trmino, preocupa de

sobremanera su corta extensin. Ya en los comentarios a la Seccin

6.1.1 de este Captulo apuntamos al hecho de que este trmino tiene

el efecto de limitar la efectividad del requisito de publicacin de un

rtulo para notificar a la ciudadana sobre la pendencia del

procedimiento. Nos remitimos, pues, a los comentarios all vertidos.

Sin embargo, el trmino de cinco (5) das plantea el problema

adicional de que resulta dudoso que el mismo sea suficiente para

realizar un anlisis cabal de la solicitud de permiso. Ciertamente, en

la medida en la que una solicitud de permiso no requiera la

realizacin de juicios subjetivos, como se plantea es el caso de los

permisos ministeriales, el trmino necesario para examinar si

determinada solicitud de ajusta a lo permitido por el ordenamiento se

reduce. Sin embargo, la razonabilidad de un trmino para expedir un

permiso no depende solamente de la sencillez o complejidad de la

solicitud, sino que responde tambin a los recursos y el tiempo

disponibles para evaluar dicha solicitud. En ese sentido, y partiendo

de la premisa de que los profesionales autorizados tambin tendrn

prcticas privadas que atender y conciliar con esta nueva funcin

delegada de expedir permisos, un trmino perentorio de cinco (5)

das para emitir una determinacin final sobre una solicitud es

irrazonablemente corto. Huelga destacar que, a diferencia de los

Gerentes de Permisos de la OGPe, los profesionales autorizados no

tendrn a su haber todo un personal de apoyo especializado en las

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distintas disciplinas que intervienen en estos procedimientos. Por el

contrario, el conocimiento de estos profesionales, ingenieros,

planificadores, agrimensores, arquitectos y gelogos, estar

condicionado por las disciplinas especficas en las que ejercen y estn

formados. As, no parece racional que el trmino de stos para emitir

sus determinaciones finales sea sustancialmente menor al que tiene

la propia OGPe o los municipios.

Propondramos que no se establezca un trmino fijo para emitir

recomendaciones finales en torno a todo tipo de solicitudes de

permisos, o para que los profesionales autorizados adjudiquen dichas

solicitudes, sino que se establezcan trminos dismiles para cada tipo

de solicitud de permiso ministerial. As, por ejemplo, el trmino para

adjudicar una solicitud de permiso de uso ministerial podra ser

considerablemente menor al trmino para emitir recomendaciones

sobre, o resolver, una solicitud de permiso de construccin que caiga

bajo la categora de ministerial. Propondramos, a su vez, que los

trminos para que profesionales autorizados expidan permisos

ministeriales sean, como mnimo, tan amplios como los que tengan la

OGPe y los Municipios.

Sera irresponsable, sin embargo, que como parte de nuestra

propuesta sugirisemos la extensin de los referidos trminos, ms

all de indicar que los mismos deben ceirse a lo ya sealado por la

Ley 161. Ello se debe a que, a la hora de fijar los mismos, se debe

sopesar cunto tiempo debe invertir un funcionario pblico o

profesional autorizado en examinar si una solicitud de permiso

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cumple con todos los requisitos de presentacin enumerados en la

Ley 161 y el Reglamento Conjunto, as como si se ajusta a los

requisitos sustantivos establecidos en la legislacin y/o

reglamentacin aplicable. Dicha determinacin sobre cunto tiempo

debe tomar realizar tales encomiendas, a su vez, debe ajustarse a las

particularidades y a los compromisos operacionales de la persona que

realizar la recomendacin o determinacin final. As, pues,

esperamos que, a la hora de articular la extensin de los trminos en

la versin final del Reglamento Conjunto, esta Honorable Junta

explique qu criterios y/o metodologas utiliz para llegar a la

conclusin de que los mismos son razonables, y que proveen

suficiente espacio para la consideracin adecuada de todos los

elementos que intervienen en estos procesos.

Por ltimo, nos parece que la autorizacin dispuesta en el inciso

(b)(3) de la Seccin 6.2.3, a los efectos de facultar a los municipios a

que certifiquen a sus empleados como profesionales autorizados para

que expidan permisos ministeriales a favor o por el Municipio, no

corrige los serios problemas de conflictos de inters de los que

adoleca la versin anterior del borrador. Sobre este particular, el

Artculo 7.6 de la Ley 161 establece que [n]ingn Profesional

Autorizado podr expedir una determinacin final o permiso, para un

proyecto en el que haya participado en cualquier fase de su diseo, o

tenga algn inters personal o econmico directo o indirecto

en dicho proyecto o est relacionado al solicitante o al representante

autorizado del solicitante dentro del cuarto grado de consanguinidad

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o segundo de afinidad (nfasis suplido). En este caso, de concertarse

lo propuesto por este Honorable Junta, funcionarios que estn en la

nmina del municipio tendran que pasar juicio sobre solicitudes de

permiso de su mismo patrono.

De entrada, no nos parece que dicha propuesta sea necesaria,

puesto que el Municipio en cuestin podra fcilmente solicitar un

permiso ante la OGPe, quien vendra obligada a resolver la solicitud

con la celeridad que requiere la Ley 161. As, pues, facultar a los

empleados del mismo municipio a expedir permisos a su favor no

parece estar justificado en una necesidad apremiante de satisfacer

alguna necesidad particular de estos organismos.

Por otra parte, permitir que los empleados del Municipio

expidan permisos a su favor configura, como mnimo, una seria

apariencia de conflicto de inters. Estos funcionarios se benefician

directa y econmicamente de su relacin laboral con el Municipio, por

lo que su independencia de criterio est parcialmente comprometida

por dicha relacin. Ya el Tribunal de Apelaciones para el Primer

Circuito se ha expresado sobre la inconstitucionalidad de permitir que

funcionarios o contratistas de una agencia, como la Junta de Calidad

Ambiental, adjudiquen querellas en las que la propia agencia es parte

querellante, dado el inters que podran tener en validar las posturas

de la agencia para recibir nuevos referidos de casos y, as, asegurar

sus empleos.16 De manera similar, aqu estos profesionales,

empleados del Municipio, son colocados en la incmoda posicin de

16ESSO Standard Oil v. Lpez Freytes, et al., 522 F.3d 136 (1er Cir. 2008) (citando aWard v. Village of Monroeville, 409 U.S. 57 (1972)).

21


22/81

pasar juicio sobre una solicitud de permiso sometida por su patrono.

As, en casos en los que la solicitud sea contraria a lo requerido por el

ordenamiento, estos funcionarios deben decidir entre denegar la

solicitud, con el temor que ello pueda afectar la estabilidad de su

relacin laboral o el ambiente de su trabajo, o concederla, y contrariar

sus conocimientos profesionales, afectando potencialmente su

reputacin. Nuestro ordenamiento no debe fomentar tales situaciones

potencialmente conflictivas. Por el contrario, nuestro ordenamiento

debe aspirar a garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Ello no

se logra al poner a empleados a evaluar solicitudes de permisos de

sus patronos. Por tal razn, debe enmendarse el inciso (b)(3) de la

Seccin 6.2.3 para aclarar que los empleados municipales que sean

certificados como profesionales autorizados no podrn participar en la

evaluacin y concesin de solicitudes de permisos presentadas por el

Municipio para el cual laboran.

Seccin 6.2.4 Criterios de evaluacin de solicitudes decarcter ministerial

Ms all de reafirmar el hecho de que la expedicin de un

permiso ministerial no puede conllevar juicios subjetivos, as como

que slo se expedirn permisos ministeriales en casos en los cuales

surja con claridad que lo solicitado cumpla cabalmente con lo

requerido, tanto procesal como sustantivamente, por el

ordenamiento, lo que nos parece apropiado, la Seccin 6.2.4 plantea

la interrogante sobre cmo estas solicitudes se integrarn con lo

dispuesto en el Artculo 9.3 de la Ley 161, particularmente en casos

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23/81

en los que sean profesionales autorizados quienes expidan los

permisos. El referido Artculo 9.3 establece lo siguiente:

Cuando debido a factores tales como salud y seguridad

pblica, orden pblico, mejoras pblicas, condicionesambientales o arqueolgicas se hiciere indeseable laaprobacin de un proyecto ministerial, la JuntaAdjudicativa y los Municipios Autnomos con Jerarqua dela I a la V, segn corresponda podrn, en proteccin delinters pblico y tomando en consideracin dichosfactores, as como la recomendacin de alguna entidadgubernamental, denegar la autorizacin para tal proyecto.La Junta Adjudicativa y los Municipios Autnomos con

Jerarqua de la I a la V, segn corresponda podrndenegar tal solicitud mientras existan las condicionesdesfavorables al proyecto aunque el proyecto en cuestinest comprendido dentro de los permitidos para el reapor los Reglamentos de Planificacin en vigor. En elejercicio de esta facultad, la Junta Adjudicativa y losMunicipios Autnomos con Jerarqua de la I a la V, segncorresponda tomarn las medidas necesarias para que lamisma no se utilice con el propsito o resultado de

impedir la expedicin del permiso pertinente o paraincumplir las disposiciones reglamentarias vigentes encasos en que no medien circunstancias verdaderamenteespeciales.

Como bien seala el Artculo, existen instancias excepcionales

en las que, pese a que una solicitud de permiso ministerial cumple

con lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables,

consideraciones de salud y seguridad pblica, orden pblico,

mejoras pblicas, condiciones ambientales o arqueolgicas, entre

otras, podran hacer inviable la solicitud. Siendo ste un juicio

subjetivo, el Artculo 9.3 asigna dicha determinacin a la Junta

Adjudicativa o a los Municipios. Sin embargo, ni la Ley 161 ni el

borrador del Reglamento Conjunto parecen viabilizar el que la Junta

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24/81

Adjudicativa pueda siquiera tener la oportunidad de hacer dicha

determinacin. Ello se debe a que, de acuerdo a los procesos

establecidos por la Ley y el borrador del Reglamento Conjunto, las

solicitudes de permisos ministeriales nunca pasan a la atencin de la

Junta Adjudicativa, sino que son resueltos por el Director Ejecutivo de

la OGPe o por profesionales autorizados.

Para implementar el mandato del Artculo 9.3 de la Ley 161, el

Reglamento Conjunto debe crear un mecanismo mediante el cual se

permita, como mnimo, que partes interesadas planteen la existencia

de tales casos especiales en procesos de evaluacin de solicitudes

de permisos ministeriales. Dicho mecanismo, a su vez, debe proveer

para que, alegada la existencia de tales circunstancias, el asunto sea

remitido ante la Junta Adjudicativa para su dilucidacin. Este

elemento es imperativo pues, de lo contrario, se estara permitiendo

que, en la evaluacin de solicitudes de permisos ministeriales, el

Director Ejecutivo de la OGPe y los profesionales autorizados realicen

juicios subjetivos para conceder o denegar la peticin, situacin

proscrita de manera difana por la Ley 161.

Por ltimo, y como sugerencia de redaccin inclusiva,

sugerimos que en donde se menciona este Reglamento el inciso (c)

de la Seccin 6.2.4, se sustituya por las leyes y/o reglamentos

aplicables. El propsito de la enmienda es incluir todas las posibles

fuentes normativas de aplicacin a las solicitudes.

Seccin 6.2.5 Permiso ministerial por subrogacin

La premisa general detrs de la Seccin 6.2.5, que en

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25/81

determinadas circunstancias el Director Ejecutivo de la OGPe se

subrogar en las funciones de los Gerentes de Permisos o del Director

de la Divisin de Evaluacin de Cumplimiento Ambiental, resulta poco

controversial. Ciertamente, en las tres instancias que menciona la

Seccin, el incumplimiento de los Gerentes de Permisos permitira la

intervencin del Director Ejecutivo para disponer lo que en derecho

proceda. Sin embargo, cabe hacer un comentario general.

En primer lugar, el lenguaje de la Seccin es desafortunado, en

la medida en la que sugiere que, si los Gerentes de Permisos o el

Director de la DECA incurren en las instancias enumeradas en los dos

sub-incisos del inciso (a), el Director Ejecutivo de la OGPe expedir el

permiso. Debe quedar claro de la redaccin de la Seccin 6.2.5 que

la subrogacin del Director Ejecutivo no equivale a la expedicin del

permiso, sino a que ste pasar a resolver la solicitud pendiente,

segn lo que requiera el ordenamiento. Si bien el referido

incumplimiento de los Gerentes justifica la subrogacin de parte del

Director Ejecutivo, ello no puede permitir que, mediante dicho

mecanismo, se concedan permisos incompatibles con las leyes y

reglamentos aplicables. Debe enmendarse el lenguaje de la referida

Seccin 6.2.5 para disponer que [e]l Director Ejecutivo adjudicar la

solicitud de permiso ministerial, mediante el mecanismo de

subrogacin, cuando se incurra en las conductas tipificadas en los

dos sub-incisos.

Finalmente, el borrador final aade un inciso (b) a la referida

Seccin. Mediante el mismo, se establece que si el Director Ejecutivo

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26/81

de la OGPe no acta dentro del trmino de quince (15) das que ahora

tiene para subrogarse, se entender que, para todo efecto legal, la

solicitud ha sido aprobada. Ello nos parece inslito, pues permite que

una solicitud de permiso ministerial quede aprobada sin que el Estado

hubiese realizado juicio alguno relacionado a la solicitud. Peor an,

dado que en estos casos el Estado no emitir ningn tipo de

determinacin, el que el permiso quede aprobado evitar que la

aprobacin de dicho permiso no sea revisable por la Junta Revisora

o el Tribunal Supremo.

Por otra parte, la Ley de Permisos no contempla que las

solicitudes de permisos se entiendan aprobadas por el mero

transcurso del tiempo. Por el contrario, dicha medida provee

suficientes remedios para que, en caso de que la OGPe, la Junta

Adjudicativa, los Municipios o los profesionales autorizados incumplan

con los trminos para adjudicar las solicitudes que le son

presentadas, los peticionarios puedan acudir al Tribunal para que se

les ordene a resolver las solicitudes pendientes. Ello atiende

adecuadamente este asunto. Permitir que ciertas solicitudes de

permisos queden aprobadas por el mero transcurso del tiempo

conlleva una abdicacin total de la responsabilidad por velar

rigurosamente por el fiel cumplimiento de la poltica pblica

constitucional, as como de las leyes y reglamentos ambientales

aplicables a dichas solicitudes. Dicha abdicacin representa, adems,

una burla severa al derecho a procurar revisin de las

determinaciones finales de dicha agencia o funcionarios, puesto que,

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27/81

en estos casos no habra dictamen que revisar ni notificacin que

advierta del derecho a solicitar tal revisin. Ello, nos parece, es

patentemente violatorio del esquema creado en virtud de la Ley de

Permisos, as como del difano mandato dispuesto en el Artculo VI,

Seccin 19 de la Constitucin del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, y del derecho a la revisin judicial, corolario del derecho

constitucional al debido proceso de ley. Por consiguiente, debe

eliminarse el inciso (b) de la Seccin 6.2.5.

Regla 6.3 Requisitos aplicables a la presentacin y evaluacinde asuntos discrecionales

Seccin 6.3.2 Requisitos de presentacin

Como cuestin de precisin, la referencia en el inciso (2) de la

Seccin 6.3.2 al cuerpo normativo, y con personalidad jurdica para

actuar, en un Condominio, debe ser a la estructura dispuesta por la

Ley de Condominios, a saber, el Consejo de Titulares.

Seccin 6.3.5 Evaluacin, tramitacin y disposicin de lassolicitudes de carcter discrecional

Como se seal en la discusin de la Seccin 6.2.3 de este

Captulo, el Artculo 8.11 de la Ley 161 establece un trmino de

noventa (90) das, prorrogable por treinta (30) das adicionales por

circunstancias extraordinarias, para la adjudicacin de solicitudes

de permisos para proyectos con usos de suelos. En la versin

anterior del borrador del Reglamento Conjunto se propona que, para

toda solicitud de permiso discrecional presentada ante la Junta

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Adjudicativa de la OGPe, los Gerentes de Permisos a quienes se

refiera la solicitud deberan emitir sus recomendaciones en treinta

(30) das, y que la Junta Adjudicativa emitira su determinacin final

dentro de los trminos dispuestos por Ley. La versin actual de esta

Seccin propone que dicho trmino para emitir recomendaciones sea

de sesenta (60) das.

De entrada, celebramos que esta Honorable Junta haya acogido

nuestra propuesta para aumentar el trmino dispuesto para que los

Gerentes de Permisos emitan sus recomendaciones en torno a las

solicitudes de permisos discrecionales. Sin embargo, propondramos

que no se establezca un trmino fijo para emitir recomendaciones

finales en torno a todo tipo de solicitudes de permisos discrecionales,

sino que se establezcan trminos dismiles para cada tipo de solicitud

de permiso discrecional. As, por ejemplo, el trmino para adjudicar

una solicitud de permiso de uso discrecional podra ser

considerablemente menor al trmino para emitir recomendaciones

sobre, o resolver, una solicitud de permiso de construccin

discrecional.

Al igual que hicimos en ocasin de los trminos para evaluar

permisos ministeriales, aqu tambin nos abstenemos de sugerir el

establecimiento de un trmino especfico, pues a la hora de fijar los

mismos, se debe sopesar cunto tiempo debe invertir un funcionario

pblico en examinar si una solicitud de permiso cumple con todos los

requisitos de presentacin enumerados en la Ley 161 y el

Reglamento Conjunto, si se ajusta a los requisitos sustantivos

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establecidos en la legislacin y/o reglamentacin aplicable, y si los

juicios valorativos sobre poltica pblica aplicables a la solicitud se

inclinan a favor o en contra de la concesin del permiso. Dicha

determinacin sobre cunto tiempo debe tomar realizar tales

encomiendas, a su vez, debe ajustarse a las particularidades y a los

compromisos operacionales de los funcionarios que emitirn la

recomendacin o determinacin final. As, pues, aqu tambin

esperamos que esta Honorable Junta explique que criterios y/o

metodologas utiliz para llegar a la conclusin de que los trminos

finalmente fijados son razonables, y que proveen suficiente espacio

para la consideracin adecuada de todos los elementos que

intervienen en estos procesos.

De recordarse que las solicitudes de permisos discrecionales

son las ms complejas, y controversiales, sobre las cuales el Estado

tendr que pasar juicio. El inciso (25) del Artculo 1.5 de la Ley 161

define estas determinaciones de la siguiente manera:

Discrecional: describe una determinacin que conllevajuicio subjetivo por parte de un funcionario pblico, JuntaAdjudicativa o Municipio Autnomo con jerarqua de la I ala V sobre la forma en que se conduce o propone una

actividad o accin. Estos, utilizan discrecin especial o juicio para llegar a su determinacin, ya que estadeterminacin involucra ms all del uso de estndaresfijos o medidas objetivas. El funcionario, JuntaAdjudicativa o Municipio Autnomo con jerarqua de la I ala V, puede utilizar juicios subjetivos discrecionales aldecidir si una actividad debe ser realizada o cmo debeser realizada;

De conformidad con lo anterior, en las solicitudes de permisos

discrecionales no slo interviene el ejercicio mecnico de las normas

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positivas de nuestro ordenamiento, sino que participa tambin la

aplicacin y elaboracin de postulados de poltica pblica que, en

estas materias, ostentan rango constitucional.17 As, pues, dada la

complejidad de estas determinaciones, resulta imperativo conceder

suficiente tiempo para su evaluacin. Si a esto le aadimos que, en

virtud del Artculo 3.3 de la Ley 161 y la propuesta Seccin 6.2.3 del

Reglamento Conjunto, estos funcionarios tambin tendrn a su cargo

examinar y emitir recomendaciones en torno a las solicitudes de

permisos ministeriales, as como requerir informacin adicional a los

solicitantes y las dems agencias que intervienen en estos procesos,

y coordinar los trabajos con los Oficiales de Permisos designados en

dichas entidades pblicas, preocupa entonces el hecho de que estos

funcionarios no tengan demasiado tiempo disponible para el descargo

de sus funciones. En este sentido, el trmino de sesenta (60) das

podra resultar insuficiente para descargar la importante

responsabilidad impuesta sobre los Gerentes de Permisos en estos

casos.

Seccin 6.3.6 Criterios de evaluacin de solicitudes decarcter discrecional

El inciso (b) de esta Seccin provee una lista de criterios y

fuentes normativas que debe tomar en consideracin la Junta

Adjudicativa a la hora de evaluar y adjudicar las solicitudes de

permisos discrecionales. La lista, sin embargo, no incluye una serie de

fuentes importantes de aplicacin general en todos estos casos, como

la Constitucin de Puerto Rico, particularmente su Artculo VI, Seccin17Vase CONST. ELA, Art. VI, 19.

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19 y las garantas contra la privacin de intereses propietarios sin el

debido proceso de ley, y la Ley sobre Poltica Pblica de Desarrollo

Sostenible,18 entre otras. Adems, inexplicablemente, el borrador

actual del reglamento ha suprimido la referencia a la Ley del Plan de

Usos de Terrenos de Puerto Rico.19 Sugeriramos que la enumeracin

final de criterios provista por el inciso (a) incluya estos ejemplos aqu

mencionados. Adems, sugeriramos tambin que se incluya un

criterio adicional, a manera de clusula de salvedad o inclusin, que

requiera que la Junta Adjudicativa tome en consideracin cualquier

criterio o fuente normativa dispuesta en otras leyes o reglamentos,

segn sean aplicables a la solicitud de permiso en cuestin. As se

asegura la inclusin de un sinnmero de fuentes normativas, vigentes

en nuestro ordenamiento, cuyas disposiciones intervienen, afectan

y/o condicionan estos procedimientos.

CAPTULO 7: VISTAS PBLICAS

Reglas 7.1 7.15

Alcance de participacin en Vistas Publicas

Nos reafirmamos en que la celebracin de vistas

administrativas y pblicas fomenta la transparencia en los asuntos

pblicos y brinda una oportunidad de participacin que puede

resultarle a la ciudadana ms satisfactoria, educada y efectiva, que

la mera presentacin de documentos.20 Sin duda, esto brinda a su vez

ms confianza en el que hacer de las agencias administrativas.

Nuevamente reconocemos que nos place observar que en

18 Ley Nm. 267 del 10 de septiembre de 2004, 23 LPRA 501-508 (2009)19 Ley Nm. 550 del 4 de octubre de 2004, segn enmendada.20 W. Vazquez Irizarry, DERECHO ADMINISTRATIVO: Anlisis del Trmino 2006-2007del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 77 Rev. Jur. U.P.R. 783, 801 (2008)

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el Reglamento Conjunto se mantenga la posibilidad para la

celebracin de vista pblicas. Sin embargo, observamos serios

cambios entre el borrador anterior del Reglamento y el borrador final

sobre el alcance y efectividad de la participacin ciudadana que

entendemos afecta negativamente sta.

Notificacin de Vistas Pblicas

Nos preocupa, sobre manera, que el nuevo borrador de reglamento

da trminos ms cortos, como 15 das y hasta 5 das, para la notificacin

de convocatorias a vistas pblicas. Lo anterior representa un grave ataque

y socava la efectividad del derecho a participacin pblica en el quehacer

administrativo y gubernamental. Inclusive, en algunos casos que ya se

haban dispuesto de que la notificacin no fuera menos de 30 das antes

de la vista, se limit a no menos de 15 das, y casos de gran impacto a la

seguridad pblica podra a llegar a los 5 das de anticipacin la notificacin

pblica.

Regla 7.2 Notificacin de vistas

a. La OGPe notificar por escrito a todas las partes yareconocidas o a sus representantes autorizados e interventoresla fecha, hora y lugar en que se celebrar la vista pblica. Lanotificacin se efectuara con no menos de quince (15) das deanticipacin a la fecha de la vista.

b. Excepto en los cambios de calificacin, el solicitante publicarun Aviso de Prensa en un peridico de circulacin general enPuerto Rico, con no menos de quince (15) das de antelacina la fecha de vista, notificando la fecha, hora y lugar en que se

celebrara la vista.Es todava ms preocupante que en el caso de Proyectos de Energa,

tema de alto inters pblico por su impacto no slo econmico sino de

seguridad, en la Seccin 12.3.6, pg. 267, se dejar a la discrecin del

funcionario si se da o no una vista pblica, y de darse sta el aviso pblico

por la prensa ser con no menos de 5 das:

La Junta o la OPGe, segn corresponda, celebrara una

vista pblica para los Proyectos de Energa propuestoscuando determine que ello es pertinente o necesario

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para el ejercicio de sus funciones. En tales casos secumplir con lo siguiente:

a. Notificacin - Se publicara, a costo de la parteproponente, un (1) aviso de prensa en dos (2)

diarios de circulacin general con no menos decinco (5) das de antelacin a la fecha de la vistapblica. Cualquier notificacin a una parte que searequerida por ley se realizara durante este mismotermino. []

Para que una participacin ciudadana sea efectiva sta debe ser una

informada y, por tanto, con la suficiente oportunidad de poder prepararse

adecuadamente para presentar los argumentos a favor o en contra. Un

trmino de 15 das no es suficiente para que cualquier persona con

inters pueda hacer la investigacin necesaria, tener acceso a los

documentos pertinentes y preparase adecuadamente para presentar sus

posicin al respecto. El dar trminos cortos y atropellados a la ciudadana

para su participacin en los procesos administrativos, hace de estas vistas

pblicas unas pro-forma y, por tanto, tiene el efecto de negarle el derecho

a la ciudadana de fiscalizar y evaluar la razonabilidad de la gestin a

autorizarse.

Como ya habamos comentado, nos parece apropiado que sea OGPE

quien tenga la encomienda de notificar a las partes reconocidas la

celebracin de la vista y no al solicitante. Sin embargo, nos preocupa,

como advertimos anteriormente, que se delegue la notificacin por

peridicos, a diferencia del reglamento anterior que lo ordenaba a la

agencia en otros casos, al solicitante del permiso sin ni siquiera

salvaguardas expresas que garanticen o permitan a la agencia darseguimiento al cumplimiento con dicha notificacin general. Es decir, no se

dispone que el solicitante tenga que cargar al sistema copia del artculo

publicado con la fecha, para verificar que en efecto se public bajo los

criterios de forma y con los 15 das de antelacin. Tampoco se dispone que

sucediera de no cumplirse con dicho requisito. Esto podra dejar la puerta

abierta para el no cumplimiento de este requisito tan importante para la

publicidad del evento a la ciudadana y haciendo ftil este espacio para laparticipacin ciudadana adecuada.

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En comparacin observamos la Seccin 21.03 (a), del borrador

anterior, sobre Construcciones, Alteraciones, Ampliaciones o

Reparaciones en Pertenencias No Conformes Legal dispona que la

OGPe sera la encargada de publicar un aviso de prensa en un

peridico de circulacin general en Puerto Rico, no menos de treinta

(30) das (en vez de 15 das) de antelacin a la fecha de celebracin

de una Vista Pblica. Entendemos que esta es una mejor prctica y no

comprendemos porque debe haber diferencias en la norma de

publicacin entre distintos casos y el cambio en los trminos de

tiempo.

CAPTULO 8: PROCEDIMIENTOSADJUDICATIVOS: CONSULTAS


Seccin 8.1.4 Requisitos especiales aplicables a consultaspara instalaciones comerciales

La propuesta Seccin 8.1.4 de este captulo del Reglamento

Conjunto tiene lenguaje muy similar al de la vigente Seccin 4.02 del

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de

Planificacin,21 (en adelante, Reglamento 7629). Sin embargo, la

versin propuesta elimina varios requisitos instrumentales del

proceso de evaluacin de consultas para instalaciones comerciales,

sin que esta Honorable Junta hubiere explicado las razones por las

cuales propone su eliminacin.

En primer lugar, la Seccin 8.1.4 elimina el requisito de que la

solicitud de consulta establezca cmo armoniza la propuesta con el

Plan de Usos de Terrenos, hasta donde ste haya sido estudiado o

adoptado. El que, en la actualidad, el Estado no haya cumplido con

su responsabilidad de elaborar el Plan de Usos de Terrenos para

21 Reglamento Nm. 7629 del 11 de diciembre de 2008

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Puerto Rico no significa que deba eliminarse el requisito de que este

tipo de consultas sean compatibles con dicho documento, una vez sea

finalmente promulgado. Adems, mientras tanto, estas solicitudes

deben ser compatibles con el documento de Objetivos y Polticas

Pblicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, como bien ya

seala la Seccin 6.3.6 del borrador del Reglamento Conjunto. No

debe, ni puede, pues, eliminarse este requisito existente en la

Seccin 4.02 del Reglamento 7629.22

Por otra parte, la propuesta Seccin 8.1.4 elimina tambin el

requisito de elaborar un estudio de viabilidad dispuesto por la

Seccin 4.02 del Reglamento 7629, en el cual se enmarque el

proyecto propuesto en el contexto de la actividad comercial existente

y aprobada en el rea de mercado, segn establecida por el

proponente, incluyendo: (a) la saturacin de mercado, (b) la oferta de

servicios en el rea dentro del rengln ofrecido, (c) los comercios

existentes en los cascos tradicionales adyacentes y las avenidas

principales comerciales (d) impacto adverso o positivo que traer el

nuevo proyecto al rea peticionada en trminos comerciales o

generales, (e) condiciones socio-econmicas prevalecientes, tales

como: el ingreso per cpita, el desempleo, y otras que puedan arrojar

luz sobre la viabilidad del proyecto (f) incidencia y efecto del trnsito

22 Sobre este particular, resulta inexplicable tambin que dicho requisito s se hayaincluido en la Seccin 59.3.2 del borrador del Reglamento Conjunto,correspondiente a los procesos adjudicativos ante la Junta de Planificacin. No tienesentido que se fraccione la consideracin de elementos sobre el Plan de Usos deTerrenos, de aplicacin general a todos los procesos que incidan sobre l ante las

distintas agencias e instrumentalidades del Pas, de manera que aplique anteconsultas presentadas ante la Junta de Planificacin, y no aplique en laspresentadas ante la Junta Adjudicativa de la OGPe.

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los Reglamentos de la Junta de Planificacin antes y despus de la

aprobacin de la Ley 313). As, pues, la existencia de estos requisitos

no responde al capricho de la Junta de Planificacin, sino al hecho de

que este anlisis es indispensable y pertinente para la evaluacin y

adjudicacin cabal de este tipo de solicitudes.

Ante esta realidad, preocupa de sobremanera que esta

Honorable Junta pretenda eliminar el requisito de someter un estudio

de viabilidad para estas consultas, sin siquiera anunciar dicho cambio

en la propuesta de enmienda reglamentaria, ni explicar las razones

por las cuales se propone dicha modificacin substancial del proceso

de evaluacin y trmite de este tipo de consultas de ubicacin.

Ausentes dichos fundamentos, as como una base racional que apoye

la eliminacin de un requisito tan importante del proceso de

evaluacin de este tipo de proyectos, procede la inclusin del inciso

(5) de la Seccin 4.02 del Reglamento 7629 en la Seccin 8.1.4 del

borrador del Reglamento Conjunto.

Seccin 8.1.5 Requisitos especiales aplicables a consultaspara mejoras pblicas

La propuesta Seccin 8.1.5 de este captulo del Reglamento

Conjunto contiene lenguaje similar al de la vigente Seccin 4.03 del

Reglamento 7629. Sin embargo, la Seccin propuesta suprime un

prrafo importante de la Seccin vigente, el cual establece lo

siguiente:

En toda mejora permanente, previo a su presentacin, elproponente verificar la poltica pblica expresada en

Planes de Usos de Terrenos; Programa de Inversiones deCuatro Aos; Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico;

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Mapas de Calificacin; Mapas de reas Especiales deRiesgo a Inundacin; Planes de Ordenacin Territorial,adoptados por la Junta y aprobados por el Gobernador;Planes Regionales adoptados por la Junta y aprobados por

el Gobernador; reglamentos y dems documentos paraasegurar la conformidad de lo propuesto con la polticapblica vigente. La autorizacin para desarrollar cualquiermejora permanente que no est contemplada dentro delPrograma de Inversiones de Cuatro Aos, es unadiscrecin del Gobernador de Puerto Rico.

Si bien podra entenderse que la consideracin de estos

elementos ya est contemplada por la Seccin 6.3.6 del borrador del

Reglamento Conjunto, entendemos que la inclusin de este pasaje en

la propuesta Seccin 8.1.5, salvo la ltima oracin, que no es

aplicable, es deseable. De hecho, resulta curioso que dicho pasaje si

se incluye en la Seccin 59.3.3 del borrador del Reglamento Conjunto,

correspondiente a los requisitos de evaluacin de consultas sobre

mejoras pblicas presentadas ante la Junta de Planificacin. As, pues,

segn el razonamiento que se deriva de la lectura integral de ambas

disposiciones, al parecer esta Honorable Junta entiende que slo se

justifica advertir sobre la necesidad de verificar el cumplimiento con

las normas de poltica pblica expresadas en dicho pasaje a los

proponentes de consultas de ubicacin sobre mejoras pblicas ante la

Junta de Planificacin. Tal distincin, nos parece, no encuentra

justificacin racional en nuestro ordenamiento, por lo que debe ser

descartada. Recomendamos, pues, la inclusin de dicho pasaje en la

propuesta Seccin 8.1.5.

CAPTULO 9: PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS: DELOSPERMISOS


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Seccin 9.1.2 Trminos para la adjudicacin de permisos

El borrador final de esta Seccin aade un inciso (b)(2).

Mediante el mismo, se establece que [u]na vez transcurrido el

trmino establecido en esta Seccin sin que se haya emitido una

determinacin final, la solicitud radicada se entender aprobada para

todo propsito legal. Ello nos parece inslito, pues permite que una

solicitud de permiso verde o PYMES quede aprobada sin que el Estado

hubiese realizado juicio alguno relacionado a la solicitud. Peor an,

dado que en estos casos el Estado no emitir ningn tipo de

determinacin, el que el permiso quede aprobado evitar que la

aprobacin de dicho permiso no sea revisable por la Junta Revisora

o el Tribunal Supremo.

Por otra parte, la Ley de Permisos no contempla que las

solicitudes de permisos se entiendan aprobadas por el mero

transcurso del tiempo. Por el contrario, dicha medida provee

suficientes remedios para que, en caso de que la OGPe, la Junta

Adjudicativa, los Municipios o los profesionales autorizados incumplan

con los trminos para adjudicar las solicitudes que le son

presentadas, los peticionarios puedan acudir al Tribunal para que se

les ordene a resolver las solicitudes pendientes. Ello atiende

adecuadamente este asunto. Permitir que ciertas solicitudes de

permisos queden aprobadas por el mero transcurso del tiempo

conlleva una abdicacin total de la responsabilidad por velar

rigurosamente por el fiel cumplimiento de la poltica pblica

constitucional, as como de las leyes y reglamentos ambientales

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aplicables a dichas solicitudes. Dicha abdicacin representa, adems,

una burla severa al derecho a procurar revisin de las

determinaciones finales de dicha agencia o funcionarios, puesto que,

en estos casos no habra dictamen que revisar ni notificacin que

advierta del derecho a solicitar tal revisin. Ello, nos parece, es

patentemente violatorio del esquema creado en virtud de la Ley de

Permisos, as como del difano mandato dispuesto en el Artculo VI,

Seccin 19 de la Constitucin del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, y del derecho a la revisin judicial, corolario del derecho

constitucional al debido proceso de ley. Por consiguiente, debe

eliminarse el inciso (b)(2) de la Seccin 9.1.2.

Seccin 9.1.3 Consideraciones especiales al adjudicar unpermiso ministerial

Preocupa el hecho de que el inciso (c) establezca que si el

Departamento de Educacin no exprese su objecin a una solicitud de

permiso que tenga el efecto de modificar los usos dentro de zonas

escolares, se entender que dicha agencia no tiene objecin a la

solicitud en cuestin. No debera drsele una inferencia tan drstica al

mero hecho de que el Departamento de Educacin no exprese su

objecin a determinada solicitud de permiso dentro de treinta (30)

das. Sugeriramos, como mnimo, que se establezca un mecanismo

similar al dispuesto en el Artculo 8.4 de la Ley 161 para las

solicitudes de recalificaciones, mediante el cual, una vez expirado el

plazo original de treinta (30) das para someter comentarios y/o

recomendaciones, el Director Ejecutivo emite una orden concediendo

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un plazo final de quince (15) das a la agencia. Dado que, de adoptar

este procedimiento, apenas se est utilizando una fraccin de los

noventa (90) das, prorrogables por treinta (30) ms, que tiene la

OGPe para emitir su determinacin final en el caso, y que las

recomendaciones del Departamento de Educacin en nada impiden

que las dems etapas del proceso de evaluacin de estas solicitudes

de permisos continen. As, pues, limitar el perodo de comentarios

del Departamento de Educacin a slo treinta (30) das, y disponer

que, transcurrido dicho trmino, se entender que dicha agencia no

tiene objecin a la solicitud de permiso en cuestin, no parece

razonable.

Regla 9.7 Permisos PYMES

No tenemos comentarios significativos sobre esta Regla. En la

Seccin 9.7.2, sin embargo, debemos advertir que no nos parece que

la Ley 161 contemple que el Gerente de Salud y Seguridad est

facultado para expedir permisos PYMES. La confusin sobre este

particular proviene del inciso (l) del Artculo 3.3 de la Ley, que

expresa que los Gerentes de Salud y Seguridad y Edificabilidad

podrn otorgar certificaciones de salud ambiental y prevencin de

incendio y determinaciones finales y permisos de pequeas y

medianas empresas (PYMES). As, la Ley 161 integra en una misma

clusula la delegacin a estos Gerentes para otorgar ciertas

certificaciones y expedir los permisos PYMES. Sin embargo, de la

misma manera que resultara absurdo que el Gerente de

Edificabilidad pueda expedir certificaciones de salud ambiental y

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prevencin de incendio, dado que competen a los componentes de

salud y seguridad, resultara problemtico que el Gerente de Salud y

Seguridad pueda autorizar solicitudes de permisos PYMES. En este

sentido, la Exposicin de Motivos de la Ley 161 parece tambin ser

til para arrojar luz sobre la divisin lgica de estas funciones, al

establecer que los Gerentes de Salud y Seguridad y Edificabilidad

podrn otorgar certificaciones de salud ambiental y prevencin de

incendio y determinaciones finales y permisos, respectivamente

para pequeas y medianas empresas (PYMES) (nfasis suplido). Nos

parece que dicha distribucin de competencias es la mejor lectura de

la delegacin de facultades dispuesta en el inciso (l) del Artculo 3.3

de la Ley 161, as como la que mejor propende a que estas solicitudes

de certificaciones y/o de permisos PYMES sean atendidas por los

funcionarios que tienen conocimiento especializado sobre el asunto

especfico objeto de la solicitud. Proponemos, pues, que se elimine la

referencia al Gerente de Salud y Seguridad en el inciso (a) de la

Seccin 9.7.2 del borrador del Reglamento Conjunto.

Capitulo 11: Permiso Verde

En cuanto al tema de los Permisos verde tenemos que sealar

que la seccin 9.1.2 del Captulo 9 del borrador de reglamento debe

ser emendado para aclarar que el inciso 2 no es de aplicacin a los

permisos verdes. Este inciso establece que una vez transcurrido el

trmino establecido de sesenta das para que la agencia expida las

determinaciones finales de Permisos Verde, la solicitud radicada se

entender aprobada para todo propsito legal.

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Entendemos que es necesario aclarar el lenguaje de este inciso.

Mantener inalterado este inciso tendr el efecto de permitir que

solicitudes que no cumplan con las reglas de permisos verdes sean

aprobadas en aquellas circunstancias que la OGPe no pudo tomar una

determinacin en un periodo menor de sesenta das. Ello significa que

un proponente que solicit un Permiso Verde pero que no cumple con

las guas de Proyecto Verde tendr el beneficio del porciento de

exaccin por impacto aun cuando su solicitud no cumple con las

guas. Entendemos que es contrario a la poltica pblica que

proyectos que no cumplen con los parmetros establecidos por las

guas sean automticamente aprobados en aquellos casos que la

agencia sea vea impedida de evaluarlo debido a la cantidad de

solicitudes presentadas o la complejidad del proyecto envuelto, entre

otras circunstancias que pueden atrasar el proceso de evaluacin.

Conforme al mandato constitucional el Gobierno de Puerto Rico tiene

que dirigir el proceso de planificacin hacia un desarrollo integral

sostenible mediante el cual se asegure el uso juicioso de las tierras y

se fomente la conservacin de los recursos naturales para el disfrute

y beneficio de todos23. Permitir que un permiso que no cumple con los

requisitos mnimos establecidos en las Guas de Permisos Verdes sea

automticamente aprobado transcurrido los sesenta das que tiene la

agencia para evaluarlo es claudicar al deber que tiene la agencia de

proteger el inters pblico.

Por ltimo, queremos aadir que tambin nos preocupa que en

23 Maldonado v. Junta de Planificacin, 2007 TSPR 87 (2007).

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las Guas de Planificacin, Ubicacin, Emplazamiento y Diseo se

eliminara como una gua requerida el cumplimiento ambiental. La Ley

Nm. 416 de 22 de septiembre de 2004, segn enmendada, conocida

como Ley de Poltica Pblica Ambiental requiere que los impactos

ambientales sean evaluados. Entendemos que la tabla debe ser

enmendada para que sea restablezca la letra R, de requerido, en el

recuadro de cumplimiento ambiental. Nuevamente reiteremos que la

OGP estara claudicando a proteger el inters pblico y estara

actuando contrario a la Ley de Poltica Pblica Ambiental si excluye el

cumplimento ambiental como parte de las gua requeridas.

CAPTULO 12: TRAMITACINDEENDOSOS, CONSULTASY/OCERTIFICACIONESDURANTEESTADOSDEEMERGENCIA

Seccin 12.2.4 Revisin

La Seccin 12.2.4 establece que las determinaciones finales

sobre los permisos, certificaciones y/o dispensas concedidas en virtud

de este Captulo podrn ser revisadas ante la Junta Revisora. Ello es

contrario a lo dispuesto en el Artculo 13 de la Ley Nm. 76 del 5 de

mayo de 2000, que establece que el recurso de revisin se

presentar al Tribunal de Apelaciones. Dado que la Ley de Permisos

no enmienda este Artculo de la Ley 76, la Junta Revisora no tiene

jurisdiccin para entender en los recursos de revisin presentados en

virtud de dicha Ley. Debido a ello, debe sustituirse la referencia a la

Junta Revisora en la Seccin 12.2.4, incorporando, en cambio, al

Tribunal de Apelaciones.

Regla 12.3 Guas para establecer el procedimiento expeditode adjudicacin de proyectos energticos al amparo de la

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Orden Ejecutiva OE 2010-34 y de la Ley 76 de 5 de mayo de

2000

Debe eliminarse completamente la Regla 12.3 del borrador final

del Reglamento Conjunto. El Artculo 12 de la Ley 76 establece que

las rdenes ejecutivas que declaren un estado de emergencia de

conformidad con la misma slo tendrn una vigencia de seis (6)

meses. Dado que esta Honorable Junta no est facultada para

extender su vigencia, la Regla 12.3 ser totalmente inoperante a

partir de la expiracin de dicho plazo de seis (6) meses. Ciertamente,

la Junta de Planificacin puede aprobar reglas dirigidas a crear los

procedimientos de evaluacin de solicitudes de permisos dirigidos a

atender emergencias declaradas por el Gobernador mediante Orden

Ejecutiva, siempre y cuando stas sean compatibles con los procesos

ya dispuestos en la Ley 76. As lo ha hecho esta Honorable Junta

mediante las secciones que componen la Regla 12.2 del borrador de

este Reglamento. Sin embargo, no tiene sentido alguno incluir una

Regla para establecer procedimientos aplicables a los permisos

dirigidos a atender un alegado estado de emergencia decretado

mediante una orden ejecutiva que perder vigencia en pocos meses.

Debe eliminarse, pues, la Regla 12.3 del borrador del Reglamento

Conjunto.

CAPTULO 13: PROCESOSCUASI-LEGISLATIVOS

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Regla 13.1 Solicitud de recalificacin (cambios directos de

calificacin)

Seccin 13.1.8 Resolucin designando los distritos de

calificacin

Sugeriramos que la propuesta Seccin 24.08 incluya las

disposiciones del Artculo 8.7 de la Ley 161 en cuanto al contenido de

la Resolucin de la Junta Adjudicativa resolviendo las solicitudes de

recalificacin, a saber: (a) una relacin sucinta de los fundamentos y

justificaciones en los que descans la decisin de aprobar la

recalificacin; (b) una advertencia clara del derecho a solicitar

revisin judicial y el trmino disponible para ello; y (c) la advertencia

clara de la fecha de vigencia de las recalificaciones.

CAPTULO 14: EVALUACINDECUMPLIMIENTOAMBIENTAL

Regla 14.5 Proceso de evaluacin del documento ambiental

Secciones 14.5.1 a 14.5.6

Las propuestas secciones 14.5.1 a 14.5.6 establecen trminos

de: (1) quince (15) das para emitir sus recomendaciones en torno al

cumplimiento ambiental de las evaluaciones ambientales en casos de

solicitudes de permisos ministeriales en zonas urbanas ante la OGPe

y en toda solicitud de permiso ministerial ante municipios autnomos;

(2) treinta (30) das para emitir sus recomendaciones en torno al

cumplimiento ambiental de las evaluaciones ambientales en casos de

solicitudes de permisos ministeriales en zonas no urbanas ante la

OGPe y en solicitudes de permisos discrecionales ante municipios

autnomos; (3) cuarenta y cinco (45) das para emitir sus

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recomendaciones en torno al cumplimiento ambiental de las

evaluaciones ambientales en casos de solicitudes de permisos

discrecionales ante la OGPe, as como para emitir sus

recomendaciones en torno a las declaraciones de impacto ambiental

en casos de solicitudes de permisos ministeriales ante municipios

autnomos; y (4) sesenta (60) das para emitir sus recomendaciones

en torno al cumplimiento ambiental de las declaraciones de impacto

ambiental en todos los casos de solicitudes de permisos

discrecionales ante la OGPe y los casos de solicitudes de permisos

discrecionales ante municipios autnomos. Pese a que algunos de los

trminos de evaluacin fueron aumentados, muy respetuosamente

argumentamos aqu que dichos trminos continan siendo muy

cortos para desempear cabalmente el requisito de evaluacin del

impacto ambiental de proyectos requerido por la Ley de Poltica

Pblica Ambiental,24 que implementa, a su vez, el mandato ineludible

esbozado en el Artculo VI, Seccin 19 de la Constitucin del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.25

El proceso de evaluacin del impacto ambiental de acciones

propuestas ha sido catalogado como un proceso de planificacin, en

el que intervienen un sinnmero de consideraciones sociales,

ambientales, culturales, entre otras. Debido a ello, los documentos

ambientales, particularmente las declaraciones de impacto ambiental,

suelen ser documentos tcnicos, de temas sumamente variados y de

24 Ley Nm. 416 del 22 de septiembre de 2004, segn enmendada, 12 LPRA 8001et seq (2009).25 CONST. ELA, Art. VI, 19. Vase Misin Industrial de PR v. JCA, 145 DPR 908 (1998);Municipio de Loza v. Sucn. Marcial Surez, 154 DPR 333 (2001).

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considerable extensin. La suficiencia del contenido de dichos

documentos, pues, requiere de la intervencin de personal diverso de

la agencia evaluadora, actualmente la Junta de Calidad Ambiental.

Por otra parte, la determinacin sobre si determinada accin

propuesta tiene un impacto significativo sobre el ambiente, de

manera que se requiera la preparacin de una declaracin de impacto

ambiental, requiere hacer uso de elementos analticos subjetivos. As,

todas las determinaciones realizadas en cuanto a la suficiencia de

estos documentos, as como sobre la necesidad de preparar una

declaracin de impacto ambiental, caen bajo la categora de

decisiones discrecionales. As, pues, en el proceso de evaluacin de

impacto ambiental no slo interviene el ejercicio mecnico de las

normas positivas de nuestro ordenamiento, sino que participa

tambin la aplicacin de parmetros cientficos y sociales, as como la

elaboracin de postulados de poltica pblica. As, pues, dada la

complejidad de estas determinaciones, resulta imperativo conceder

suficiente tiempo para su evaluacin.

Lo anterior se complica cuando se toma en consideracin que la

entidad a la que corresponder emitir recomendaciones en torno al

cumplimiento ambiental de todos los documentos ambientales

sometidos ante la OGPe y los municipios, la Divisin de Evaluacin de

Cumplimiento Ambiental, tendr que realizar esta funcin en cuanto a

todas las solicitudes de permisos sometidas ante la agencia. As,

pues, estamos ante una Divisin cuya carga de trabajo ser

considerable, por lo que difcilmente tendr tiempo suficiente para

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tambin esperamos que esta Honorable Junta explique qu criterios

y/o metodologas utiliz para llegar a la conclusin de que los

trminos finalmente fijados son razonables, y que proveen suficiente

espacio para la consideracin adecuada de todos los elementos que

intervienen en estos procesos.

Por ltimo, si bien la distincin entre permisos ministeriales en

zonas urbanas y no urbanas, con el correspondiente aumento del

trmino para la evaluacin de evaluaciones ambientales en zonas no

urbanas, representa una mejora sobre el borrador anterior, sigue

preocupando la arbitrariedad de los breves trminos establecidos en

la referida Seccin. Adems, inexplicablemente, la distincin entre

permisos para zonas urbanas y zonas no urbanas slo ha sido

aplicada a solicitudes presentadas ante la OGPe, y no a las

presentadas ante profesionales autorizados y Municipios Autnomos.

Dado que no parecera justificarse tal distincin por el mero hecho de

que la solicitud fue presentada ante un municipio o profesional

autorizado, recomendamos que, como mnimo, se extienda dicha

distincin a ambos casos. El mismo razonamiento aplica tambin al

hecho de que las secciones establecen trminos dispares para

considerar evaluaciones ambientales en casos discrecionales segn si

stas son presentadas ante la OGPe (45 das) o los municipios

autnomos (30 das), o para considerar declaraciones de impacto

ambiental en casos ministeriales (60 das si se presenta en la OGPe;

45 das si se presenta en un municipio autnomo). Dado que la

naturaleza del documento y su complejidad, y no su lugar de

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presentacin, es la que determina el trmino necesario para su

evaluacin, resulta irracional que la evaluacin de dichos documentos

en casos presentados ante municipios autnomos tenga trminos

ms cortos.

Regla 14.6 Exclusiones categricas

Preocupa el lenguaje de la Regla propuesta, a los efectos de

que una vez se determine que cierta accin cualifica como una

exclusin categrica, ello autoriza a que el Director Ejecutivo de la

OGPe o los profesionales autorizados emitan la determinacin de

cumplimiento ambiental de forma automtica. Si bien de ordinario

una accin propuesta que ya haya sido catalogada previamente como

exclusin categrica podr ser fcilmente dispensada de la

responsabilidad de preparar una evaluacin ambiental, existirn

casos especiales en los cuales, pese a que la accin propuesta est

enumerada como exclusin categrica, consideraciones sociales,

culturales, geogrficas, ambientales, o de otra ndole, requieran la

preparacin de un documento ambiental. Debido a ello, debe existir

un mecanismo mediante el cual una parte interesada, el Director

Ejecutivo de la OGPe, o un profesional autorizado, pueda argumentar

o determinar, segn sea el caso, que no procede certificar el

cumplimiento ambiental de determinada accin de manera

automtica, pese a que est enumerado como exclusin categrica.

Regla 14.7 Participacin pblica en el proceso de

planificacin ambiental

El lenguaje de la Regla propuesta es impreciso, en

comentarios al borrador final del reglamento conjunto de permisos - oct 2010

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