comentario del código de protección y defensa del consumidor
TRANSCRIPT
Comentario del Código de Protección y Defensa del Consumidor
(Aspectos Relacionados con los Procedimientos)
El día 2 setiembre de 2010, se publicó la Ley Nº 29571, que aprueba el Código
de Protección y Defensa del Consumidor, y que entro en vigencia el 2 de
octubre de 2010.
La finalidad del Código de Protección y Defensa del Consumidor es
implementar mecanismos efectivos que regulen las relaciones entre
Consumidores y Proveedores; que aquellos conozcan sus derechos, accedan a
productos y servicios idóneos y a una cautela efectiva de sus derechos para
relaciones de consumo en todo el país o si sus efectos se producen en éste.
Protege al consumidor dentro de una relación de consumo o en etapa
preliminar.
Nuestra legislación reconoce que la protección se interpreta en el sentido
favorable al consumidor. El Código implementa mecanismos para solucionar
con celeridad los conflictos entre Proveedores y Consumidores, programas de
educación, capacitación y una especial protección a Consumidores con
condiciones especiales que los hacen más propensos a ser víctimas de
prácticas contrarias a sus derechos. La orientación del Código es “Pro
Consumidor”.
Responsabilidad Administrativa
Disposiciones Generales
Este aspecto esta regulado en el Capitulo III Subcapítulo I y sus aspectos más
importantes son:
El artículo 140 (Responsabilidad administrativa del proveedor) nos
indica que el proveedor será administrativamente responsable por la
falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o
defecto de información, o cualquier otra infracción, sobre un producto
o servicio determinado.
Además el artículo 140 señala que se exonera de responsabilidad
administrativa al Proveedor si acredita la existencia de una causa
objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo
causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un
tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
El artículo 105 (autoridad competente) señala que la autoridad con
competencia primaria y de alcance nacional para conocer las
presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el Código
es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); dicha
competencia solo puede ser negada cuando se asigne a favor de otro
organismo por norma expresa con rango de ley.
El artículo 106 nos indica que Indecopi está a cargo de los
Procedimiento Sancionadores cuando:
o Hubo infracción a las normas de protección al consumidor.
o Hubo incumplimiento de acuerdo conciliatorio o de laudo arbitral.
o Hubo procedimiento administrativo sancionador.
Además Indecopi está a cargo de los Procedimiento Sancionadores
por incumplimiento de mandatos cuando:
o No cumple con las medidas correctivas.
o No cumple con el pago de costas y costos del procedimiento.
o No cumple con el mandato cautelar.
Por último, Indecopi está a cargo de los procedimientos de
liquidación de costas y costos del procedimiento; de manera
supletoria es aplicable a los procedimientos administrativos,
anteriormente señalados la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor
Este aspecto esta regulado en el Capitulo III Subcapítulo II y sus aspectos más
destacados son:
El artículo 107 (Postulación del Proceso) nos indica que este se
inicia, indistintamente, de oficio, por el Consumidor afectado, el que
potencialmente pudiera verse afectado o por una Asociación de
Consumidores.
El artículo 108 (Infracción Administrativa) nos indica que infracción
Administrativa es la conducta del Proveedor que transgreda
disposiciones del Código. Ej. Incumplimiento de acuerdos
conciliatorios o laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto
Legislativo Nº 807 (Ley sobre Facultades, Normas y Organización del
Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan).
En el artículo 109 (Medidas Cautelares) nos precisa que Indecopi de
oficio o a perdido de parte, puede dictar una o varias medidas
cautelares destinadas a segurar el cumplimiento de la decisión
definitiva.
El artículo 110 (Sanciones administrativas) nos dice que las
Sanciones Administrativas van desde Amonestaciones a multas de
hasta 450 UIT y las cuales son calificadas en:
o Infracciones leves (hasta 50 UIT).
o Infracciones graves (hasta 150 UIT).
o Infracciones muy graves (hasta 450 UIT).
Además en el caso de las micros y pequeñas empresas recibirán
trato especial, en la imposición de multas no superarán el 10%, que
dependerán de su porcentaje de ventas o de sus ingresos brutos.
Y por último el artículo 110 nos dice las sanciones administrativas
serán impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene
el INDECOPI y de la responsabilidad civil o penal que pudiera
corresponder.
El artículo 111 (Responsabilidad de los administradores) nos dice
que excepcionalmente y según la gravedad y naturaleza de la
infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o
representación del proveedor serán responsables solidarios si
participan con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento,
realización o ejecución de la infracción administrativa.
El artículo 117 (Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos)
nos precisa que si el obligado no cumple un mandato del INDECOPI
respecto a medida correctiva o medida cautelar, se le impondrá una
multa no menor de 3 UIT, imponiéndose nueva multa si incumple,
duplicando sucesivamente el monto hasta el límite de 200 UIT.
El artículo 118 (Multas coercitivas por incumplimiento del pago de
costas y costos) nos dice que si el obligado no cumple con la orden
de pago de costas y costos, se le impondrá una multa no menos de 1
UIT, en el caso que persista el incumplimiento se duplicará
sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite
de 50 UIT.
El artículo 119 (Registro de infracciones y sanciones) nos dice que
Indecopi llevara un registro de las infracciones y sanciones a las
disposiciones del presente Código. Los proveedores quedará
registrados automáticamente por el lapso de 4 años contados a partir
de la fecha firme de la sentencia. Se podrá acceder a esta
información de forma gratuita.
El artículo 121 (Plazo de prescripción de la infracción administrativa)
nos indica que las infracciones al Código prescriben a los 2 años
contados desde que se cometieron o cesaron, si fuera continuada.
Se aplica lo dispuesto en el artículo 233° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
El artículo 122 (Prescripción de la sanción) nos señala que la acción
para que la autoridad administrativa exija el cumplimiento de
sanciones por infracciones al Código prescribe a los 3 años contados
desde el día siguiente que la resolución por la que se impone la
sanción quede firme. Además se interrumpe la prescripción de la
sanción cuando el interesado toma conocimiento del procedimiento
de ejecución coactiva; se vuelve a iniciar el cómputo del plazo
cuando el procedimiento de ejecución coactiva permanece paralizado
durante más de treinta días hábiles por causa no imputable al
infractor.
Procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor
Este aspecto esta regulado en el Capitulo III Subcapítulo III y sus aspectos más
destacados son:
El artículo 124 (Órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos
de protección al consumidor) nos dice que se establece crear
Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección
al Consumidor que serán competentes para conocer en primera
instancia:
o Denuncias cuya cuantía no supere 3 UIT.
o Las que versen exclusivamente sobre requerimientos de
información.(Independencia de su cuantía)
o Métodos abusivos de cobranza.(Independencia de su cuantía)
o Demora en la entrega del producto.(Independencia de su cuantía)
o Denuncias por incumplimiento de medida correctiva.
o Incumplimiento de acuerdo conciliatorio
o Incumplimiento y liquidación de costas y costos.
No puede conocer denuncias que involucren:
o Reclamos por productos o sustancias peligrosas.
o Actos de discriminación o trato diferenciado.
o Servicios médicos.
o Actos que afecten intereses colectivos o difusos.
o Por último, los que versen sobre productos o servicios cuya
estimación patrimonial supera los tres UIT o son inapreciables en
dinero.
La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, constituya la segunda
instancia administrativa.
Hay recurso de revisión pero es excepcional, su finalidad es revisar si se ha
dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente código, o
no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ellos
aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco días hábiles.
Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor
Este aspecto esta regulado en el Título VII “Sistema Nacional Integrado de
Protección del Consumidor” Capítulo I “Sistema Nacional Integrado de
Protección del Consumidor” y sus aspectos más resaltantes son:
El artículo 132 (Creación del Sistema Nacional Integrado de
Protección del Consumidor) nos indica la creación del Sistema
Nacional Integrado de Protección del consumidor y la definición de
este: conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos destinados a armonizar las políticas públicas con el fin
de optimizar las actuaciones de la administración del Estado para
garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del
consumidor en todo el país.
El artículo 133 (Consejo Nacional de Protección del Consumidor) nos
habla sobre que el Consejo Nacional de Protección del Consumidor
es un órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia del
Consejo de Ministros. La participación de los integrantes es ad
honórem.
El artículo 134 (Funciones del Consejo Nacional de Protección del
Consumidor) nos habla de las funciones que tiene este consejo de
las cuales las más importantes son:
o Promueve y armoniza el Plan Nacional de Protección de los
Consumidores, que deben ser aprobados por la Presidencia del
Consejo de Ministros.
o Promover el sistema de alerta y actuación oportuna frente a los
productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado.
o Evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención y solución
de conflictos en las relaciones de consumos, con la progresiva
participación de los gobiernos locales y regionales que hayan sido
acreditados por la Autoridad Nacional de Protección del
Consumidor.
o Promover y apoyar la participación ciudadana, a través de
asociaciones de consumidores,
El artículo 135 (Autoridad Nacional de Protección del Consumidor)
nos habla que la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor
es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y que ejerce
atribuciones y funciones que le confieren las leyes para velar con el
cumplimiento del código comentado.
El artículo 136 (Funciones de la Autoridad Nacional de Protección del
Consumidor) nos dice cuales son las facultad y atribuciones del
Indecopi y las mas resaltantes son:
o Ejecutar la política nacional de protección del consumidor y el
Plan Nacional de Protección de los Consumidores.
o Implementar los mecanismos de prevención y solución de
conflictos en las relaciones de consumos, de acuerdo con el
ámbito de su competencia.
o Implementar el sistema de información y orientación a los
consumidores con alcance nacional.
o Elaborar y presentar el informe anual del estado de la protección
de los consumidores en el país así como sus indicadores.
o Emitir directivas para la operatividad del sistema, respetando la
autonomía técnico-normativa, funcional, administrativa,
económica y constitucional, según corresponda, de los
integrantes del Sistema Nacional Integrado de Protección del
Consumidor.
Sistema de Arbitraje de Consumo
Este aspecto esta regulado en el Capítulo II, Subcapítulo I “Sistema de Arbitraje
de Consumo y sus características más importante son:
El artículo 137 (Creación del Sistema de Arbitraje de Consumo) nos
señala que se crea el sistema de arbitraje de Consumo para resolver
de forma sencilla, gratuita y rápida con carácter vinculante, conflictos
entre consumidores y proveedores.
El artículo 138 (Juntas arbitrales) nos indicia que La Autoridad
Nacional de Protección del Consumidor es la responsable de
constituir las juntas arbitrales en cada localidad con la ayuda y en
coordinación con los gobiernos regionales y distritales.
El artículo 140 (Carácter voluntario) nos indica de la sumisión de las
partes al sistema arbitral es voluntaria y debe constar por escrito.
Según el artículo 143 (Intereses Colectivos) al someterse a una
controversia arbitral, conciliación o mediación no impide que la
autoridad competente basarse en los mismos hechos como indicios
de una infracción a las normas del presente Código para iniciar
investigaciones y procedimientos de oficio por propia iniciativa que
tengan por objeto la protección del interés colectivo de los
consumidores.
Además, nos dice que la existencia de un arbitraje en trámite no
impide ni obstaculiza el trámite de un procedimiento administrativo el
cual afecte intereses colectivos.
Por último, nos dice que la autoridad competente tiene la facultad de
iniciar por propia iniciativa o continuar de oficio procedimiento, si
considera que afecta intereses colectivos; aun en el caso que las
partes acuerden en la mediación o conciliación.
Según el artículo 144 (Exigibilidad de los laudos arbitrales) el Laudo
Arbitral firme y el acta suscrita por las partes que contiene un
Acuerdo Conciliatorio constituyen Título Ejecutivo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil. El
incumplimiento de un Acuerdo Conciliatorio o Laudo entre
Consumidor y Proveedor es una infracción al Código.
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Este aspecto esta regulado en el Capítulo II, Subcapítulo II y sus características
más importantes son:
El artículo 145 (Arbitraje) nos indica que el sometimiento a este
mecanismo alternativo de solución de conflictos es voluntario por
parte del consumidor pero excluye la posibilidad de que éste inicie un
procedimiento administrativo por infracción a las normas del código
comentado y pretenda beneficiarse con una medida correctiva.
Según el artículo146 (Laudo Arbitral) señala que el laudo arbitral se
emite en un arbitraje de consumo y este no será vinculante para la
autoridad administrativa para que inicie de oficio un procedimiento
administrativo en defensa del interés público.
El artículo 147 (Conciliación) nos explica que la conciliación surge
antes o incluso durante la tramitación de los procedimientos
administrativos por infracción a las disposiciones del código
comentado. Además no dice que los representantes de la autoridad
de consumo autorizados puede promover la conclusión del
procedimiento administrativo mediante conciliación.
El artículo 148 (Mediación) nos señala que solo se puede someter a
mediación la controversia surgida con el proveedor solo con
anterioridad a la tramitación de un procedimiento administrativo por
infracción a las disposiciones de este código.
Disposiciones Complementarias
Las más relevantes son:
El Código entrará en vigencia el 2 de octubre de 2010, excepto lo
señalado respecto al etiquetado de alimentos que contengan grasas
trans o que hayan sido genéticamente modificados.
La reglamentación del Código se expedirá en 180 días calendarios
contados desde el 2 de octubre de 2010, respecto de los artículos
que así lo disponen.
El Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al
Consumidor entrará en vigencia a los 60 días calendario contados a
partir de la entrada en vigencia del presente Código, y será de
aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de dicha fecha.
Se precisa la derogación expresa de diversas normas,
estableciéndose que también serán derogadas todas aquellas que se
opongan o contradigan a lo dispuesto en el Código.
El Código de Protección y Defensa al Consumidor lo que trata de establecer
con los procedimientos es que los consumidores gocen de sus derechos y
mecanismos efectivos para su protección, corrigiendo, previniendo o
eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.
Lorena Milla L.