clase cuarta derogación de la constitución peronista y ... · clase cuarta derogación de la...
TRANSCRIPT
Clase cuarta
Derogación de la constitución peronista y nuevas condiciones de
dominación.
Por Mariana de Tommaso y Victoria Bedin.
En la clase tercera abordamos la cuestión específica de la propiedad consagrada en el
nuevo capítulo IV. La institucionalización constitucional de la función social de la propiedad,
el capital y la actividad económica fue sin lugar a dudas la modificación más profunda y
revolucionaria. Y nos adelantamos a la hipótesis general de nuestro curso: fue precisamente
ese capítulo la razón de la derogación completa del texto constitucional de 1949.
En esta última clase esbozaremos las condiciones de derogación de la constitución
peronista, a partir de la Revolución Fusiladora, llegando al gobierno de Arturo Frondizi,
como eslabones políticos en la línea de entrega del país al proyecto de restauración
oligárquica.
Revolución fusiladora. ¿Ni vencedores ni vencidos?
La
alianza política
que tomó el
poder en
Septiembre de
1955 estaba
conformada
por diferentes
sectores que,
sin tener más
puntos de acuerdo entre sí, se conjugan en su fanatismo antiperonista. De hecho se trataba
de la confluencia de intereses diversos de sectores sociales cuyos proyectos políticos,
plataformas y tradiciones eran profundamente contradictorios entre sí. Como señala Mario
Rapoport “El proceso de industrialización de las últimas décadas complejizó
extraordinariamente las estructuras económico- sociales del país. La relación entre el
trabajo y el capital había cambiado por la creciente sindicalización de los trabajadores, pero
también por la fragmentación de los propietarios de los medios de producción. La vieja
oligarquía terrateniente había
perdido peso frente al surgimiento
de una pujante clase industrial: sin
embargo, esta no había logrado
plasmar un proyecto común”. 1
Durante este período, los
intereses liberales de la oligarquía
terrateniente no logra el
desempate hegemónico respecto
de los intereses de la burguesía
industrial. A su vez, el frente
militar que derroca a Perón
tampoco era homogéneo sino que
convivían en su seno dos
tendencias políticas antagónicas
entre sí: el nacionalismo
conservador católico
representado en Lonardi, y el
liberalismo oligárquico representado en la dupla Aramburu-Rojas. La base de sustentación
política del frente antiperonista se nutrió de nacionalistas, católicos civiles, jerarquía
eclesiástica, radicales y miembros en general de los partidos políticos tradicionales que
compartían la frustración de derrotar al peronismo en las urnas.
1 M. Rapoport, Las políticas económicas de la Argentina, Una breve historia, Editorial Booket, Buenos Aires, 2010, pag.32
El primero en asumir el gobierno de facto fue Lonardi, un general del Ejército que
provenía del nacionalismo católico, cuya visión paternalista de la política lo llevó a creer en
la posibilidad de aprovechar el capital político del peronismo, reemplazando el liderazgo del
general déspota en el exilio por la conducción de las masas dóciles que son arriadas por
prebendas. Como si la historia se repitiera -esta vez como farsa- nuevamente un general
conservador del ejército le abre la puerta a la expresión política de la oligarquía
terrateniente, ésta vez la Marina liberal y anglófila, logra el apoyo de una lumpen burguesía
nacional dispuesta a avanzar sobre la participación de los trabajadores en el PBI (esta
posición de la burguesía industrialista que desanda el triste camino que va desde el
Congreso de la Producción durante el segundo peronismo, hasta la plataforma desarrollista
de Frondizi. Lonardi parafrasea a Urquiza, su lema es “Ni vencedores ni vencidos”, y le pone
fecha de expiración a su breve mandato. Antes de entregar la presidencia, Lonardi declara
que las conquistas sociales serán respetadas, y de hecho no es durante su mandato que se
perfecciona la legislación represiva, ni si deroga la Constitución, ni tampoco se interviene
la CGT –al menos no directamente, si consideramos la acción de los comandos civiles sobre
los sindicatos peronistas con la anuencia de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
Como toda alianza destituyente, las fuerzas armadas se hacen del poder con el apoyo civil,
que se expresa políticamente en la Junta Consultiva de partidos políticos, instancia
institucional que, disuelto el Congreso Nacional en funciones, reemplazará las atribuciones
del parlamento nacional. En la Junta Consultiva tendrá representación el radicalismo
(Alende y Zavala Ortiz), el socialismo (Moreau de Justo, Ghioldi), el demoprogresismo
(Noble, Thedy), la democracia cristiana entre otros.
En cuanto a la dirigencia de la CGT, ésta tiene una actitud complaciente con Lonardi,
en tanto éste intentó la estrategia de acercamiento, frustrada en las palabras que el
contralmirante Rial les dirige “Sepan que la Revolución Fusiladora se hizo para que en este
país el hijo del barrendero muera barrendero”.
Aramburu-Rojas: la reacción en el poder y la restauración económica liberal
Al asumir el gobierno Aramburu, depurada la Junta Consultiva de sus elementos
nacionalistas católicos de la Unión Federal – las intenciones de Lonardi de cooptar la
burocracia sindical resultó intolerable para los liberales que pretendían llevar adelante la
revancha racial contra los trabajadores- , la reacción oligárquica toma el poder y se caen las
caretas de la dictadura fusiladora. Con el Ejército en la presidencia (Aramburu) y la Marina
en la Vicepresidencia (Rojas) de facto, la fusiladora muestra su verdadero rostro: a partir de
este momento se avanza sobre la legislación represiva, la intervención de la CGT y el
secuestro del cuerpo de Eva Perón, entre otras líneas de acción en las que plasmaron todo
su odio y revanchismo de clase.
La primera medida que toma Aramburu en el poder en contra de los trabajadores fue
la derogación por
bando militar de la
Constitución
Nacional. Por
decreto suscripto
el 1ro de Mayo de
1956 se dejó sin
efecto la
Constitución del 49
y se restituyó la
vigencia de la
Constitución de
1853/60. Asimismo el decreto 4161/56 que establecía la prohibición absoluta para la
militancia peronista, para nombrar a Perón o a Evita, cantar la marchita, disponía penas no
excarcelables que llegaban a los seis años de prisión.
En cuanto a la dirección de la economía, el objetivo de la fusiladora fue restaurar el
liberalismo en la conducción del Estado. En palabras del vicepresidente Rojas “para que
desaparezca el peronismo hay que desaparecer las chimeneas”. Para desnacionalizar el
aparato productivo nacional, haría falta desperonizar a la sociedad. Para lograr el primer
objetivo los liberales llevaron adelante el programa económico de los organismos
financieros internacionales, dispuestos a aprovechar las posibilidades que un mercado
interno fortalecido por el peronismo representaba. En particular, lo primero que llevaron
adelante los fusiladores liberales fue desarticular al Estado en su rol de agente económico
central en la administración de todos los recursos estratégicos: hidrocarburos, comercio
exterior, comunicaciones y transporte.
El informe Prebisch y la religación a las nuevas condiciones de dominación
La plataforma económica liberal que expresó el Plan Prebisch necesitaba como
condición para su operatividad eliminar la protección consagrada en el capítulo IV de la
Constitución peronista. Prebisch ya había prestado valioso asesoramiento en la política pro
británica de la década infame, llegando a ser miembro de la delegación oficial que suscribe
el Pacto Roca-Runciman de 1933, y también siendo director del Banco Central cuando este
organismo dependía del capital inglés. Hacia 1956, desde el directorio ejecutivo de la CEPAL,
Prebisch elabora un cuestionado informe sobre la economía argentina, cuyas observaciones
son utilizadas por la dictadura para justificar los nuevos lineamientos en la política
económica. Sobre el informe Prebisch dice Mario Rapoport que su autor “no dudaba en
recurrir a datos controvertidos, como afirmar que entre 1945 y 1955 el producto por
habitante había crecido sólo un 3.5%, aunque en los trabajos posteriores de la CEPAL el
organismo que él mismo dirigió como El desarrollo económico de la Argentina de 1958, el
producto per cápita del periodo en cuestión reflejaba una tasa de crecimiento del 14,6% “2
El programa económico de la fusiladora, en base a las recomendaciones del Informe
Prebisch, buscaba el objetivo de religar a nuestro país a las nuevas condiciones de
dominación internacionales. En consonancia con los lineamientos de la nueva política
2 Mario Rapoport, Las políticas económicas de la Argentina, Una breve historia, Editorial Booket, Buenos Aires, 2010, pag.57.
liberal se dan entonces las políticas del paralelo 42°, el ingreso de Argentina al FMI y el
desguace del IAPI, la autarquía del Banco Central. Veamos cada una de éstas políticas.
La implementación del régimen del paralelo 42° consistió en la eliminación del pago
de canon aduanero a las importaciones de manufactura que ingresaban al país en los
puertos del sur, una medida que agitando la excusa de promover la actividad comercial en
la Patagonia disponía el fin de toda política proteccionista que blindara a la industria
nacional en la región.
A propósito del FMI, vale mencionar que este organismo financiero internacional
surge hacia el fin de la segunda guerra interimperialista, cuando EEUU se proyecta como
potencia hegemónica entre los aliados. La caída del patrón oro y de la supremacía de la libra
esterlina se terminan de sellar en Bretton Woods, reunión de las potencias capitalistas en
la que fijan las reglas operativas para el capital financiero internacional, la preeminencia del
dólar respecto de las demás monedas –y su anclaje con el oro-.
Hacia 1957 el FMI otorga a Argentina su primer préstamo o primer tramo de la cuota
como socio, mientras que el primer préstamo stand by que establece condicionamientos se
perfecciona durante la presidencia de Frondizi en diciembre de 1958.
De acuerdo a la sistematización que propone Arturo Jauretche, el Informe Prebisch
como plataforma económica significó la transferencia de los trabajadores al sector
agropecuario de una proporción del ingreso nacional por medio del aumento de precios de
las importaciones, la liberación de los controles de precios y el congelamiento de los
salarios; una amplia participación del capital extranjero bajo la forma de empréstitos; la
destrucción de los convenios bilaterales; el mercado libre de divisas, el ingreso al FMI, la
caída del empleo industrial, entre otras políticas del recetario tradicional del liberalismo
económico.
Otra medida adoptada por la fusiladora fue desguazar el IAPI, instituto estratégico
que permitió el desarrollo del proyecto industrialista peronista - que permitía que el Estado
nacional se apropiase de la renta agraria diferencial para promover políticas de desarrollo
industrial-. El encargado de desmantelar el IAPI fue el ingeniero Álvaro Alsogaray, bajo las
órdenes del Ministro de Comercio que hasta entonces había trabajado como abogado
consultor de Bunge y Born.
El profesor Norberto Galasso resume la política económica de los fusiladores: “
libertad de precios, retraso de los salarios, libre importación, libertad a los bancos para
manejar el crédito, libre giro de divisas al exterior y peso devaluado, conforman condiciones
para la redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores, debilitamiento de la
industria y nueva dependencia”3.
Para sintetizar las políticas económicas de la fusiladora, nada mejor que recurrir a las
palabras del doctor en Derecho Orlando Williams Alzaga, quien tomará la cátedra del
profesor proscripto John William Cooke en la Facultad de Derecho de la UBA, a saber “El
único medio de frenar la inflación es el sacrificio de las masas populares, cuyo desmedido
3 N. Galasso, Perón. Exilio, resistencia, retorno y muerte (1955-1974), Ed. Colihue, Buenos Aires, 2005, pág. 62.
afán de mejoras sociales, que por su escasa preparación no se merecen, nos perjudica a
todos”.
Desnacionalizar el aparato productivo, desperonizar la sociedad
La política económica de la fusiladora tuvo por objeto desnacionalizar la estructura
productiva montada por el peronismo, al tiempo que los objetivos que perseguía la política
social fue eliminar al peronismo de la sociedad, de la experiencia política reciente, de la
historia misma, y de la identidad política de los sectores populares. Los trabajadores, en su
mayoría peronistas, fueron objeto de las políticas represivas de la fusiladora. Como
contrapartida al ascenso de los dictadores en el poder, y la consolidación de los liberales en
el gobierno, se va
performando el
fenómeno social
de resistencia
peronista, en un
principio
inorgánica y de
carácter
eminentemente
testimonial, en tres
espacios de desarrollo: en la fábrica, en el barrio y en los cuarteles. La resistencia como
praxis política no fue fruto de la acción organizada, sino de la necesidad de representar la
tensión social que provocaba la opresión del régimen. Vale la pena recordar la descripción
de este fenómeno que hace Rodolfo Walsh, quien afirma que en 1955 surge una etapa
oscura y heroica, que aún no tiene su cronista: la Resistencia. Su punto de partida es la
fábrica, su ámbito el país entero, sus armas la huelga y el sabotaje. Las 150.000 jornadas
perdidas en la Capital en 1955, suben al año siguiente a 5.200.000.
La fusiladora en el poder recurrió a pleno a los aparatos represivos del Estado para
intentar saldar la crisis de legitimidad propia de todo régimen autoritario, y para resolver la
cuestión del peronismo, desafío que creyeron desactivar con la legislación represiva
desplegada, pero que lejos de dispersarse o diluirse, fue fortaleciéndose y especializándose
como acción política con el paso del tiempo. Samuel Amaral sostiene que “la primera señal
de la existencia del peronismo fue la resistencia, pero la evidencia es tan parca que cabe
preguntarse si realmente existió, más allá de las campañas periodísticas alentadas por el
gobierno, necesitado de agitar la amenaza del tirano prófugo porque ella era la garantía de
unidad en un conglomerado no solo heterogéneo, sino también inestable”4. Si bien
coincidimos con la descripción sobre la debilidad ab initio de la alianza política entre
liberales, conservadores, católicos y la lumpen burguesía nacional, sostener que la
resistencia es un invento de la dictadura, es tan inconsistente como creer que el peronismo
desaparecería como identidad política una vez despojado del gobierno.
Más allá de la miopía propia de las lecturas de la historiografía liberal, es interesante
el contrapunto del profesor Nicolás Casullo sobre las estrategias del peronismo durante el
periodo histórico de la proscripción, cuando señala que no fue partido, sino un espacio
social histórico devenido en política indomesticable. Política que irá configurando
diferentes estrategias y tácticas, desde la resistencia y el sabotaje, el pactismo, la
conspiración golpista, la integración, el electoralismo, el voto en blanco, hasta llegar a la
lucha armada como última instancia de desarrollo.
La convocatoria a Constituyente como recuento globular
Más allá de la problemática que significó la imposibilidad de los fusiladores de aunar
una programa económico común, el impacto -de la mega transferencia de recursos de los
sectores populares al agro- que significó el Plan Prebisch (su lema recordemos fue volver al
campo, fuente de la riqueza nacional) en los niveles de conflictividad social fue sustancial,
y evidenció la fragilidad originaria de la alianza política de la reacción.
Como describe Casullo “La política popular estuvo signada desde 1955 por periferias
barrio-gremiales, reuniones caseras, cocinas peronistas, patios o salas gremiales, clubes
4M. Blen Plotkin- S. Amaral, De Perón a Perón, (1955-1973), en Nueva Historia de la Nación Argentina SXX, Academia Nacional de Historia, Ed. Planeta, Buenos Aires, pág. 24.
sociales, unidades básicas camufladas, parroquias disimuladas, cursos mentirosos,
quermeses aparentes, donde el sobreentendido, el guiño, el echado, el desocupado, el
perseguido, el busto de Evita escondido, los motes lenguajes cifrado, los pseudónimos de
las cosas, los cancioneros, las contraseñas espontáneas, recuerdos y silencios, respuestas
desorientadoras, cintas de Perón, tonadas silbadas, costumbres y pertenencias de clase
impregnaron una política prohibida” 5.
Estas características de la
reacción en el poder -
incapacidad política para
converger en un programa de
políticas económicas común y
falta de legitimidad propia de
todo régimen autoritario- se
complementa con la
imposibilidad de resolver la
cuestión peronista. Dentro de la
fusiladora se dan tres corrientes
políticas que se diferencian
justamente en lo que respecta a
peronismo: ¿Qué hacer con la
cuestión del peronismo? Un
sector minoritario dentro de la Fuerza Aérea planteaba la necesidad de elecciones libres
para encauzar la crisis política y social. Sin embargo los sectores mayoritarios consideraban
menester extender la dictadura para lograr el objetivo de imponer sus intereses políticos y
económicos, ya que creían que habilitar la salida electoral sin proscripciones era despedirse
del gobierno. Dentro de esta corriente mayoritaria, se puede diferenciar la línea continuista
que planteaba Aramburu: establecer una candidatura oficial para darle una mano de
5 N. Casullo, Peronismo: militancia y crítica, 1973-2008, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2008, pág.35.
pintura institucional a la dictadura. Encontrar un candidato que les asegure entregar el
gobierno a los civiles, y así resolver el problema de la legitimidad del gobierno de facto, pero
que no les dispute el poder constituyente en materia de política económica. El candidato
del continuismo será Balbín, y la estrategia política consistirá en desdoblar el calendario
electoral, para poder realizar una prueba piloto. Asimismo, recordemos que era necesario
resolver el grave problema institucional que significaba la gravísima contradicción liberal de
derogar el texto constitucional por un bando militar que reestablecía la vigencia de un texto
constitucional atrasado unos cien años a su tiempo histórico. Las elecciones a
Convencionales Constituyentes del año 1957 sirvieron entonces para darle una fachada
institucional a la dictadura fusiladora, y sirvieron también de termómetro para la estrategia
del continuismo. La denominación recuento globular es del referente del Partido Socialista
Américo Ghioldi -quien tuvo la triste suerte de servir en sus últimos años de vida como
embajador en Portugal de Videla-.
Los resultados de la elección de Constituyentes dejaron conforme a la dictadura: La
UCRP de Balbín fue el partido con más votos (24,2%), aunque superado por un amplio
porcentaje de votos en blanco (24,3). En tercer lugar los votos de la UCRI alcanzaron el
21,23%. Dos lecturas pueden hacerse sobre la distribución de los votos: por un lado el juego
de un peronismo disciplinado y la pregunta por su capitalización política. Dirá al respecto
John William Cooke: “conseguir que, además de las abstenciones y exclusiones del padrón,
más de dos millones de ciudadanos voten en blanco es una hazaña que parece increíble, y
más aún si se tiene en cuenta que usted lo consiguió desde 5mil km de distancia y sin
propaganda pública, diarios, ni facilidades para difundir la directiva sin exponerse a la
represión gorila”6. Por otra parte, queda claro para la reacción en el poder la imposibilidad
de prolongar la dictadura, y la necesidad de una victoria del continuismo civil en el gobierno
para conservar el poder constituyente. La dictadura sólo necesita el voto en blanco del
peronismo aglutinado para que gane su candidato Balbín. Por su parte Frondizi ve en el voto
6 J.W.Cooke: Carta de Cooke a Perón fechada el 28/8/57.
en blanco del peronismo la posibilidad de acceder al gobierno, y en la plataforma económica
del desarrollismo, la posibilidad de captar el voto de la burguesía nacionalista.
La Convención Nacional Constituyente sesionó en agosto y septiembre de 1957.
Tomando distancia de las posiciones más reaccionarias, Frondizi cuestiona la validez de la
Asamblea, convocada en proscripción del partido mayoritario. La UCRI retira a sus 67
convencionales, comprometiendo el quórum necesario para sesionar. La falta de
legitimidad de la Constituyente del 57 fue un factor decisivo para la avanzada liberal:
lograron reestablecer la vigencia del texto constitucional de 1853/60, y sólo incorporaron
el famoso Artículo 14 bis, en el que se enumeran de manera profusa y general los derechos
y garantías sociales y laborales que antes eran objetos de capítulos enteros de protección.
Constitución real, constitución escrita
La mera enumeración de disposiciones protectorias del derecho del trabajador se
vuelve letra muerta si a la vez se derogan aquellos institutos que permiten su pleno
ejercicio. Más allá de las contradicciones de una dictadura que consagraba los derechos
colectivos de los trabajadores pero intervenía por la vía de hecho los distintos niveles de
organización sindical y gremial; la mera enunciación de los derechos en un Artículo
complementario que vino a servir de parche constitucional no garantiza por sí sola el acceso
de los sectores mayoritarios a su goce. Nuevamente los liberales muestran la hilacha de su
incapacidad rutilante para el juego democrático. Tal como le advertía el último Alberdi –el
revisionista- a la generación de liberales argentinos del SXIX “La constitución, es decir, la
libertad, la autoridad, no se escriben, se hacen; no se decretan, se forman, se hacen por
educación. No se hacen en el Congreso; se hacen en la casa, en el hogar. No viven en el
papel; viven en el hombre”7. Volviendo sobre la noción conceptual de Sampay que
diferencia constitución escrita de la real, entendemos que la inclusión del Artículo 14 bis en
el texto constitucional fue una verdadera estafa institucional, dado que más allá de su
consagración escrita, lo que desarticula la dictadura fusiladora en el poder es la constitución
real que servía de base para las conquistas populares. Desmantelada en los hechos la
7 J.B.Alberdi, Escritos póstumos, Libro VII.
función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica -y vedada
institucionalmente por un bando militar- la consagración escrita de las conquistas de los
trabajadores era de carácter enunciativo. Las palabras de Alberdi eran sin dudas
promisorias: “Dar leyes y decretos es manía sudamericana. Y darlos para innovar lo nuevo,
más frecuente que para lo viejo. Viene del error de creer que una ley escrita cambia las
cosas. Si así fuera, la obra de civilizar una nación se reduciría a darle un código, es decir, a
unos pocos meses de trabajo. Pero la civilización no se decreta. Por haber sancionado
constituciones republicanas ¿tenéis la verdad de la república? No, ciertamente: tenéis la
república escrita, no la república práctica" 8
Lo cierto es que todos los partidos políticos –exceptuando claro al peronismo
proscripto- participaron de la farsa constituyente, incluso el Partido Comunista. A los
efectos de denunciar esta maniobra política, el Doctor Sampay y el Coronel Mercante
difunden un documento llamado Manifiesto, redactado en la ciudad de Montevideo en el
año 1957, en el que señalan: “se quiere crear una apropiada estructura jurídica para que el
Plan Prebisch pueda deslizarse sin tropiezos. Y ello es así porque semejante plan económico
pretende retrotraer a la república Argentina a su anterior situación colonial, no puede
conciliarse absolutamente con la Reforma Constitucional de 1949, que instituye una política
defensiva e los derechos del pueblo y de la economía nacional”.9
Para concluir este triste capítulo de la nuestra historia del SXX, período en el que se
consolida institucionalmente la impunidad y el autoritarismo del avance de los sectores
privilegiados sobre el pueblo argentino - y que inaugura un período signado por la entrega
de la soberanía nacional en manos del capital financiero internacional, la inestabilidad
política que genera la proscripción del partido mayoritario y la pérdida de todas las
conquistas del conjunto del pueblo argentino-, las palabras de Sampay merecen especial
atención: “Ahora se ve con claridad que el Plan Prebisch, que constituye la Carta Magna de
la llamada ‘revolución libertadora’, es el programa de nuestra metrópoli para reponer a la
8 J.B. Alberdi, Escritos póstumos, Libro IX. 9 A. Sampay y D. Mercante, en Manifiesto, documento redactado en la ciudad de Montevideo en el año 1957.
República Argentina al antiguo estado de cosas. Nuestra moneda y nuestro crédito vuelven
a ser manejados de acuerdo con la conveniencia de nuestra metrópoli, para lo cual se
retorna al Banco Central de Sir Otto Niemeyer. A nuestra metrópoli le urge, entonces, abatir
con visos de legalidad la parte de la Reforma Constitucional de 1949 que estatiza de modo
absoluto el manejo del Banco Central y que prohíbe la intervención de los intereses privados
en ese manejo (…) En consecuencia, es menester que el pueblo argentino sepa que la
reforma constitucional que pretende engendrarse a sus espaldas, tiene los objetivos que
enseguida numero. Primero, de dar visos de legalidad –por medio de una ratificación
explícita o implícita que cumpliría la Convención Constituyente al poner como base de su
labor la reforma parcial de la Constitución de 1853- a la derogación de la reforma
constitucional de 1949, para que principalmente quede sin efecto, con todas las apariencias
de legalidad, la estatización del banco Central y el art. 40. Segundo, el establecer un
gobierno maniatado, carente de las atribuciones esenciales, indispensables, para intervenir
en la vida económica de la sociedad, tal como es preciso que ocurra en nuestra época; para
que dichas atribuciones pasen a ser patrimonio de un Poder Legislativo integrado con
miembros elegidos por medio de trastornado sistema electoral proporcional, que
solamente hará posibles la obtención de mayorías circunstanciales e inconsistentes, con la
que no se puede ejercer funciones fundamentales del gobierno. Y entonces quedará como
efectivo poder de gobierno el Banco Central, qué será el manejador de nuestra economía;
respecto del cual nada tendrá que hacer el gobierno político. Este banco Central estará
integrado con representantes de intereses particulares, intereses y representantes elegidos
a su vez por nuestra secular metrópoli.” 10
Bibliografía
Mario Rapoport, Las políticas económicas de la Argentina, Una breve historia, Editorial
Booket, Buenos Aires, 2010.
10 A. Sampay, D. Mercante, en Manifiesto, Montevideo, 1957.
Norberto Galasso, Perón. Exilio, resistencia, retorno y muerte (1955-1974), Editorial
Colihue, Buenos Aires, 2005.
Nicolás Casullo, Peronismo: militancia y crítica, 1973-2008, Editorial Colihue, Buenos Aires,
2008.
Juan Bautista Alberdi, Escritos Póstumos, Imprenta Europea, Buenos Aires, 1895-1901.
Consigna para la reflexión final
A partir del análisis de las nuevas condiciones de dominación internacionales: ¿por
qué el capítulo IV de la constitución peronista constituía un escollo a derogar? ¿cuál fue
el papel que jugó el capital financiero internacional? ¿y el rol de la burguesía nacional y
la oligarquía terrateniente? ¿Qué vías prepara la reacción en el poder para enfrentar al
peronismo proscripto?