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CLARIDAD Otoño/Invierno 2011/CUARTA ETAPA/n.º 22 Cronología de la crisis financiera y económica en España (II) José María Zufiaur Santos M. Ruesga Antón Saracíbar Brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa Desempleo juvenil y formación en Europa Reforma alemana de pensiones Cultura de la Innovación: Incorporación de la Tecnología en las Empresas

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Revista de pensamiento y análisis de UGT. Claridad. Número 22 de otoño/invierno de 2011

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CLARIDADOtoño/Invierno 2011/CUARTA ETAPA/n.º 22

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n.º

22

IlustracIones

juan romero“Pinturas. antología: 1959-2011”

Nació en Sevilla en 1932.

Premios:

Premio de la Crítica en la V Bienal de París, 1967.Medalla de Oro en la II Bienal del Grafismo en Florencia (Italia), 1972.2º premio de Arte Gráfico en la XI Bienal de Alejandría (Egipto), 1967.

Obra expuesta (entre otras):

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).Biblioteca Nacional de Madrid.Bibliotèque National, Paris (Francia).Biblioteca Galleria Uffizi, Florencia (Italia).Library of Congress, Washington (USA).Baltimore Museum of Art (USA).Museo de Arte Contemporáneo (Sevilla).Museo de Arte Abstracto (Cuenca).Museo de Maracaibo (Venezuela).

cronología de la crisis financiera y económica en españa (II)

José María Zufiaursantos M. ruesgaantón saracíbar

Brecha salarial entre hombres y mujeres en europa

Desempleo juvenil y formación en europa

reforma alemana de pensiones

cultura de la Innovación: Incorporación de la tecnología

en las empresas

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CLARIDADCuarta etapa. Otoño/Invierno 2011

editaComisión Ejecutiva Confederal de UGT

Dirección editorialJosé Javier Cubillo

consejo de DirecciónJosé Javier CubilloAntonio RetaminoAlmudena Fontecha

consejo de redacciónJosé Javier CubilloAlmudena FontechaApolinar RodríguezÁngeles FreireJosé ManzanaresMaru MenéndezCarmen LópezFrederic Monell

DirecciónManuel Ángel Egea

colaboran en este númeroJosé María ZufiaurSantos M. RuesgaAntón SaracíbarAlmudena FontechaKarin EnodDieter EichJuliane BirWalter RiesterMiguel Ángel Zamarrón Moreno

redacción y administraciónPublicidad y suscripcionesCalle Hortaleza, 88 (28004 Madrid)Teléfono: 915.890.996Telefax: 915.897.633Correo electrónico: [email protected]

Depósito legal: M-5206-2005Issn: 0213-2931

Diseño, Maquetación y Producción

empresa editora Publicaciones Unión, S.L.

Precio número: 6 €Suscripción anual, cuatro números: 20 €

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CLARIDAD

Cronología de la crisis financiera y económica en España (II)

José María ZufiaurSantos M. RuesgaAntón Saracíbar

Brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa

Desempleo juvenil y formación en Europa

Reforma alemana de pensiones

Cultura de la Innovación: Incorporación de la Tecnología

en las Empresas

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2

ALa crisis del empleo

A punto de finalizar 2011, y con el fan-tasma de una nueva recesión a la vuelta de la esquina, los mercados

siguen presionando a las economías peri-féricas y España, tras Grecia e Italia, se ha convertido en el centro de atención. El problema del desempleo sigue siendo, no obstante, el principal enemigo de nuestra economía, y seguirá siéndolo al menos has-ta mediados de 2012, superando ya los cinco millones de parados.

Lo peor es que la situación no tiene visos de arreglarse. Todas las previsiones nacio-nales e internacionales nos alargan el pro-blema hasta 2014 o 2015, años en que por fin, nos aseguran, volverán a crearse empleos en nuestro país. No obstante, es-tas previsiones parecen más bien un ejer-cicio de deseo, porque desde que estalló la crisis ni los expertos saben qué puede ocurrir a corto ni medio plazo.

Es más, los expertos nos están demostran-do que se mueven más por cuestiones ideo-lógicas, olvidando su papel de analistas. La realidad está demostrando que esta crisis no entiende de ideologías, anta la avalan-cha de primeros ministros de todos los sig-nos políticos a la que estamos asistiendo. Los políticos están dejando paso a los tec-nócratas, el último recurso para solucionar la situación económica. La pregunta es qué ocurrirá si éstos también fallan.

El euro se tambalea y con los ataques que está recibiendo se ha puesto de manifiesto la debilidad de las instituciones europeas y

su necesidad de transformarse y potenciar-se. Tal y como se ha constituido, las auto-ridades comunitarias no han sabido cómo implicar a los ciudadanos.

En este número de Claridad, José María Zufiaur, Santos M. Ruesga y Antón Sarací-bar profundizan precisamente en por qué en España siempre se destruyen más pues-tos de trabajo que otros países, llegando a la conclusión que el problema es el modelo de sistema productivo que tenemos, unido a que no existe ningún tipo de traba jurídica para que los empresarios puedan despedir cuando quieran, porque como asegura Zu-fiaur, “en España es más fácil despedir que en el resto de los países europeos”.

Las prejubilaciones y la temporalidad han sido los instrumentos predilectos por el empresariado español para realizar los ajustes de plantilla, mientras cada vez toma más fuerza -con la llegada del PP al Gobierno- una nueva reforma laboral, cuya estrella sería la creación de un contrato único que acabe con la dualidad tempo-ral/fijo y aproxime las indemnizaciones; una nueva vuelta de tuerca que no servi-rá para crear empleo, porque los puestos de trabajo sólo se crean cuando crece la economía. Precisamente, Antón Saracíbar nos habla del coste social de la crisis, las reformas emprendidas hasta ahora y la encrucijada a la que se han visto abocados los sindicatos.

Santos M. Ruesga analiza el papel de los inmigrantes en nuestra economía y se adentra en los problemas de gobernanza de Europa, una cuestión aún candente que

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podría ser solucionada este mismo diciembre en la últi-ma Cumbre Europea del año.

También para la reflexión son las mesas redondas ce-lebradas en la Escuela Julián Besteiro en las que se ha analizado en profundidad el problema del empleo ju-venil, cuya tasa en España es de un alarmante 43% y el problema sin resolver sobre la desigualdad salarial entre hombre hombres y mujeres, un problema que en España se acentúa, pese a que cada vez hay más muje-res formadas que hombres. Almudena Fontecha, Karin Enod, Juliane Bir y Dieter Eich nos explican sus puntos de vista y aportan sus soluciones a estos problemas, así como el papel que deben jugar las organizaciones sindicales en su resolución.

Por último, interesante es conocer de primera mano cómo se llevó a cabo la reforma de las pensiones en Alemania. Walter Riester, exministro de Trabajo alemán y ex responsable del sindicato IG Metall nos la explica con todo lujo de detalles y nos hace entender lo positivo del sistema de ahorro puesto en marcha, a modo de sistema de capitalización, en el que el Estado contribuye a cada “fondo de reserva” de cada trabajador para que cuando le llegue la edad de jubilación pueda mantener su mismo nivel de vida.

3

Índice

4

30

40

Recopilación de artículos de José María Zufiaur, Consejero del Comité Económico y Social Europeo (II).

Recopilación de artículos de Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autonóma de Madrid y Consejero del Consejo Económico y Social (II).

Recopilación de artículos de Antón Saracíbar,Patrono de la Fundación Largo Caballero (II).

4 CROnOLOGÍA DE LA CRISIS FInAnCIERA Y ECOnÓMICA En ESpAÑA (II)

77 Miguel Ángel Zamarrón Moreno, Coordinador Confederal de UTC-UGT

77 CuLTuRA DE LA InnOvACIÓn: InCORpORACIÓn DE LA TECnOLOGÍA En LAS EMpRESAS

71 Walter Riester, Exministro de Trabajo alemán

71 REFORMA ALEMAnA DE pEnSIOnES

47 BREChA SALARIAL EnTRE hOMBRES Y MuJERES En EuROpA

67

60 Dieter Eich, Director ejecutivo del Instituto de formación de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB).

Teresa Muñoz, Secretaria de Formación de UGT.

Juliane Bir, Asesor de la CES para política de juventud.

60 DESEMpLEO JuvEnIL Y FORMACIÓn En EuROpA

47 Karin Enod, Vicepresidenta del Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos.

Almudena Fontecha, Secretaria para la Igualdad de UGT.53

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4

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tapa

E NI EL PROTECCIONISMO ES TAN MALO,NI EL LIBRECAMBISMO TAN BUENO

El proteccionismo se ha convertido en el peligro

a evitar. No hay declaración política en la que no

se haga auto de fe de la necesidad de impedirlo.

Aunque, en realidad, todos tratan de ponerlo en prác-

tica, sin confesarlo e, incluso, negándolo. De hecho,

todos los países desarrollados han edificado su desa-

rrollo industrial sobre la base del proteccionismo de

determinados sectores. Baste recordar, al respecto,

las subvenciones europeas y estadounidenses al sec-

tor agrícola. O el éxito de algunos países que, como

Corea, han basado en el proteccionismo su inserción

en el comercio internacional. Los mismos grandes

países que hoy claman contra el proteccionismo son

los que en la práctica comercial de todos los días son

favorables al libre cambio sobre todo cuando son ellos

los más fuertes y competitivos. Dicho de otra manera,

suelen ser librecambistas para los otros y proteccio-

nistas para ellos.

Lo que, en cierta medida, es entendible. Puede resultar

difícil de explicar, por ejemplo, a los ciudadanos de un

país que está destinando ingentes sumas de las arcas

públicas –es decir, de los contribuyentes– a tratar de

salir de la presente crisis económica y financiera que

de tales fondos no va a beneficiarse exclusivamente la

economía nacional sino también otros países. Países

que se van a aprovechar del tirón de su demanda y que

jugarían, de esta forma, el papel de polizontes. Algo si-

milar sienten muchos trabajadores que ven cómo des-

pidos y cierres de empresas se producen al tiempo que

las mismas deslocalizan sus actividades y sus empleos

hacia otras latitudes: ciertamente, es entendible que

ellos deseen paralizar estos procesos.

El problema es que, a nivel mundial, el proteccionismo

no resuelve nada, más bien al contrario. Lo que uno

gana –restringiendo las importaciones o preservando

los empleos locales– el otro pierde. Como los perde-

dores no se conforman, las reacciones de éstos en-

gendran un clima de guerra comercial y una dinámica

de “todos contra todos”. Esta es la lección de los años

30, que todo el mundo recuerda en estos días para

tratar de no volver a tropezar en la misma piedra. Por

otro lado, nuestras economías –por ejemplo, las euro-

peas– son tan interdependientes que es ilusorio pensar

que el proteccionismo de unos no vaya a desestabilizar

aún más las economías ya muy afectadas de los otros.

Pongamos por caso el sector del automóvil: para la

fabricación de un coche “nacional” es necesario utilizar

piezas y componentes que son producidos en muchos

otros países europeos. Solo un plan concertado euro-

peo podría, por ello, evitar un proteccionismo larvado.

Las virtudes del librecambismo no son tampoco muy

evidentes. El libre cambio no tiene, en sí mismo, nada

de malo. Los argumentos en su apoyo son poderosos:

realización de economías de escala, especialización de

Consejero del Comité Económico y Social Europeo

recopilación de artículos de José María Zufiaur (ii)

• “ni el prOtecciOniSMO eS tan MalO, ni el liBrecaMBiSMO tan BuenO”

• “lOS auGuriOS del GOBernadOr” • “tOdOS precariOS” • “laS treS erreS”

• “la iZQuierda diFuMinada” • “el traBaJO en el centrO de la Salida de la criSiS”

• “añO eurOpeO de la lucHa cOntra la pOBreZa Y la eXcluSiÓn SOcial”

• “caMBiar de enFOQue” • “el SÍndrOMe de davOS”

• “lOS ventrÍlOcuOS del BancO de eSpaña”

• “SOlidaridad entre pOBreS” • “MOrir pOr el traBaJO”

• “SeGMentaciÓn laBOral Y Facilidad de deSpidO”

• “deSpOtiSMO cOntradeMOcrÁticO”

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el libre comercio debería contemplar que

determinados temas estratégicos pue-

dan ser objeto de un proteccionismo sec-

torial y temporal.

los países de acuerdo con sus competen-

cias de producción, lo que, teóricamente,

aumenta la eficacia y beneficia a todos.

Pero (siempre hay un pero) a condición de

que reine el pleno empleo y de que el libre

cambio se realice, como señalan

las teorías del premio Nobel de eco-

nomía Maurice Allais, entre países

con desarrollo comparable. En caso

contrario, el libre cambio puede ser

una trampa mortal. Lo que sucede

en África lo ilustra trágicamente.

Ese continente vive una reducción

drástica de su autosuficiencia alimentaria

y debe importar alimentos para poder co-

mer. El que pudiera importar menos pasa-

ría por potenciar su agricultura básica, la

destinada al consumo inmediato. El proble-

ma es que es justamente esa agricultura

la que ha sido devastada por las importa-

ciones más “competitivas” llegadas, sobre

todo, desde Europa y desde Brasil. El libre

comercio debería corregir este tipo de si-

tuaciones y contemplar entre sus reglas

la posibilidad de que determinados temas

estratégicos puedan ser objeto de un pro-

teccionismo sectorial y temporal.

El libre cambio dejado a su libre albedrío

produce riqueza para unos al precio de

aumentar las desigualdades para la mayo-

ría. Algunos estudios que han analizado el

impacto de la liberalización del comercio in-

ternacional sobre la justicia social (Supiot,

2009) muestran muy claramente que las

actuales reglas internacionales anteponen

sistemáticamente el comercio, la compe-

titividad y la concurrencia por encima de

cualquier otra consideración social.

excesos del libre cambio

La propia crisis actual no es ajena a los

excesos del libre cambio. Es una crisis

cimentada sobre el aumento de las des-

igualdades, de la caída de la demanda y

de la reducción, en todo el mundo, de la

participación de los salarios en la distribu-

ción de la tarta. Lo que ha producido me-

nor concentración de dinero abajo –en el

consumo– y mayor arriba –en el sistema

financiero–. Y que ha terminado en una

loca carrera hacia el endeudamiento tram-

poso e irresponsable. Todo ello alimentado

por el hecho básico de que en un contex-

to de competencia mundial, las empresas

no consideran los salarios como un fac-

tor de la demanda interior de cada país

sino como un coste en relación con sus

competidores mundiales. La generalización

planetaria de esta lógica de optimización y

de reducción de los costes salariales –ló-

gica acelerada por la entrada en escena

de países emergentes como China– solo

podía desembocar en un escenario como

el presente.

En suma, el principal problema consiste en

que se ha propiciado una globalización del

mercado sin una globalización correspon-

diente de las normas propias del Estado de

derecho, circunscritas hasta el presente

a los ámbitos nacionales. Y es bastante

evidente que el mercado sin el Estado de

derecho, y simplemente sin el Estado, no

puede funcionar. No solo eso: sin ese regu-

lador, es un generador de desastres.

Para evitar el proteccionismo, en suma,

es necesario regular mucho mejor el libre-

cambismo. Si las asimetrías de desarrollo

son realmente tenidas en cuenta, si los be-

neficios del libre cambio son equitativamen-

te repartidos, si las condiciones básicas

de empleo y de protección social, de un

trabajo digno, son respetadas en el Norte

y el Sur del planeta. Si, como se dice, es

necesario moralizar el capitalismo, podría

empezarse por que la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC) condiciona-

ra las reglas comerciales al respeto

de los derechos sociales y labora-

les fundamentales establecidos por

la OIT. Si esas y otras cuestiones

centrales se incorporaran a la go-

bernanza europea y mundial segu-

ramente la tentación proteccionista

desaparecería en beneficio de, al menos,

una mayor coordinación europea y, ojalá,

mundial de las políticas de relanzamiento y

de control del sistema financiero. n

LOS AUGURIOS DELGOBERNADOR

Las observaciones realizadas por el Gober-

nador del Banco de España, en esta oca-

sión ante la Comisión del Pacto de Toledo

del Congreso de los Diputados, han acapa-

rado de nuevo el primer plano del debate

nacional. Y tampoco esta vez han estado

exentas de controversia. De su compare-

cencia, tres son los mensajes que han te-

nido mayor repercusión: la afirmación de

que las cuentas de la Seguridad Social po-

drían dejar pronto de estar en superávit, la

hipótesis de aumentar la edad de jubilación

y/o de incrementar el número de años

para realizar el cálculo de la base regula-

dora de las pensiones y, por otra parte, la

pregunta retórica sobre los altos índices

de desempleo en España en relación con

los de otros países europeos.

Alguna de estas cuestiones no figura en el

texto escrito difundido por el Gabinete de

Comunicación del Banco de España y, en

cambio, dicho texto contiene otras posibles

actuaciones en el campo de las pensiones

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Page 8: Claridad

6

Quizá Fernández Ordóñez se encuentre

entre los que sostienen que es actuan-

do desde los partidos de izquierdas como

mejor se pueden llevar determinadas re-

formas liberales.

de importancia igualmente relevante: la re-

ducción de la tasa de sustitución (reducción

del porcentaje de la cuantía de la pensión en

relación con el salario en activo) y la modifi-

cación de la actual compensación a las pen-

siones por la desviación de la inflación (para

hacerla más simétrica con la desviación de

la inflación: no se entiende por lo dicho si

es para que todas las pensiones, las altas

y las bajas, recuperen el mismo porcentaje

o si de lo que se trata es de que las

pensiones también puedan decrecer

en el supuesto de que la inflación final

sea inferior al aumento inicial de las

mismas (esto es lo que había escrito

antes de saber ayer que el Banco de

España se refería a la segunda op-

ción, como era previsible. Algo que

ya el PP intentó hacer en 1997 y

1998 pero que, finalmente, no se

atrevió a hacerlo). Pero vayamos por partes.

reconocimiento.–Las consideraciones y

declaraciones de Miguel Ángel Fernán-

dez Ordóñez podrían ser catalogadas de

inoportunas (la difusión de inquietudes y

sombras sobre una de las cuestiones más

sensibles para la opinión pública ha deslu-

cido el estreno del nuevo gobierno) pero

no de novedosas ni incoherentes con su

ideario. Desde hace más de 30 años vie-

ne defendiendo las mismas ideas sobre la

protección social, el mercado de trabajo,

las relaciones laborales, el sector público,

la intervención del Estado.

En mi opinión, pocos tienen en nuestro país

los conocimientos, la inteligencia y la con-

vicción para representar mejor que él un

auténtico pensamiento neoliberal. El actual

Gobernador del Banco de España es –su

trayectoria así lo acredita– un hombre de

convicciones ideológicas firmes: cree en la

regulación por el mercado, cree en una pro-

funda desregulación laboral, cree en la ini-

ciativa privada, cree en las privatizaciones,

cree en la reducción de impuestos, cree en

las pensiones privadas, desconfía del sec-

tor público, opina que los sindicatos son un

factor de rigidez y de corporativismo.

Seguramente por ello, Miguel Ángel Fer-

nández Ordóñez se distinguió durante los

mandatos del Presidente Aznar por defen-

der la tesis, a través de brillantes artículos

y declaraciones, de que las realizaciones

de los gobiernos populares –en el sector

eléctrico, en las privatizaciones de empre-

sas y, desde luego, en el campo laboral y

de la protección social– habían sido mu-

cho menos liberalizadoras y mucho más

intervencionistas que las de los anterio-

res gobiernos socialistas. Sus posiciones

no han sido nunca contradictorias con las

orientaciones de fondo de los ministros

económicos que le han promocionado a

las altas instancias que ha ocupado y ocu-

pa (uno de los cuales terminó entrando a

formar parte del laboratorio de ideas de

José María Aznar), aunque siempre se ha

distinguido por la mayor beligerancia y niti-

dez de sus posiciones ideológicas. Todo ello

es perfectamente respetable y solo pone de

manifiesto la coherencia entre lo que dice

y piensa el señor Gobernador. Si alguna in-

coherencia cabe señalar al respecto no es

por lo que el Sr. Fernández Ordóñez piensa

o dice, sino, en todo caso, porque, pensan-

do como piensa, sea miembro del Partido

Socialista. Quizá tampoco eso sea ninguna

incoherencia sino más bien un cálculo racio-

nal y él se encuentre entre los que sostie-

nen que es actuando desde los partidos de

izquierdas como se pueden llevar mejor a

cabo determinadas reformas liberales.

credibilidad.–La coherencia con sus po-

siciones ideológicas no le garantiza, sin

embargo, al Sr. Gobernador el acierto en

sus análisis y pronósticos. Su previsión de

que la Seguridad Social puede entrar en

déficit en el plazo de un año no coincide

con los datos que ofrecen sus ges-

tores. Pretender que el sistema es-

pañol de Seguridad Social, que ha

tenido durante los últimos tres años

el mayor superávit de todos los sis-

temas del conjunto de países de la

OCDE, mantenga el mismo nivel de

superávit en la coyuntura actual es,

evidentemente, imposible. Pero,

aún cuando fuera como dice el Sr.

Fernández Ordóñez ¿por qué poner una

nota de alarma en algo que es común a

todas las cuentas públicas, a las empre-

sas privadas, a las familias… en España y

en la mayor parte de los países europeos?

¿No está, además, previsto en el propio

Pacto de Toledo que, en caso de desequili-

brio en las cuentas de la Seguridad Social,

el Estado debería acelerar la financiación

a su cargo de los complementos de mí-

nimos de las pensiones y otros capítulos

del gasto impropiamente financiados con

cotizaciones? Realmente ¿podemos consi-

derar técnicamente sólido y políticamente

inocuo vincular –bien es verdad que de for-

ma subrepticia y al tiempo que se negaba

su relevancia respecto al problema de fon-

do– un dato coyuntural, como el saldo de

la SS en un año, o en varios, de profunda

crisis económica y del empleo, con otro

estructural, como es la sostenibilidad a

largo plazo del sistema de pensiones? Este

tipo de alarmismos basados en datos co-

yunturales nunca suelen ser, en todo caso,

casuales: siempre tienen la finalidad de

reclamar medidas inmediatas y urgentes.

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7

los economistas han transmitido sus re-

ferencias económicas y sociales; en vez

de ser analistas, han sido ideólogos.

Hay que decir, por otro lado, que ningu-

no de los muchos pronósticos alarmistas

que se han realizado en nuestro país sobre

la “quiebra” de la Seguridad Social se ha

cumplido. En realidad, este tipo de estima-

ciones y modelos de extrapolación a 40 o

50 años son poco fiables, se prestan a co-

meter grandes errores y, muchas veces,

están claramente escorados por la sobre-

estimación o subestimación de determina-

das variables.

Además, y a mayor abundamiento, no son

los tiempos actuales los más gloriosos

para los pronósticos de los economistas.

Y el Sr. Fernández Ordóñez lo es, además

de estar apoyado en sus pronósticos por

otros muchos. Otro economista, Richard

Dale, británico en este caso a la vez que

menos ortodoxo respecto a las escuelas

que dominan en la actualidad la doctrina

económica, ha señalado que “pese a la

existencia de 4.000 profesores de finan-

zas en el mundo y de miles de trabajos

de investigación publicados cada año”, la

práctica totalidad de los especialistas no

han sido capaces de prevenir a nadie de

la posibilidad de la crisis que ha acaecido.

La razón reside, de acuerdo con este otro

tipo de economistas más autocríticos, en

que la teoría financiera dominante no per-

mite ni siquiera plantear la posibi-

lidad de una crisis, ya que reposa

sobre la hipótesis de la eficiencia de

los mercados y del equilibrio óptimo

de los mismos. La realidad ha veni-

do a desmentir dramáticamente tal

hipótesis.

Esta confianza ciega en los modelos de la

ciencia económica dominante, que se tra-

duce en una fe absoluta en la autorregula-

ción de los mercados es, según algunos de

los economistas en boga, como Dani Ro-

drik o Paul Krugman, la prueba de que “los

economistas han transmitido, demasiado

a menudo, sus propias preferencias eco-

nómicas y sociales. En lugar de ser analis-

tas, han sido ideólogos”. Esto es algo que,

bastante antes de que dichos economistas

estuviesen en candelero, ya se sospecha-

ba en España: desde hace más de veinte

años algunos sectores de la izquierda de

este país, incluidos algunos integrados en

el PSOE, han venido señalando, con mu-

chos fundamentos, que el Banco de Espa-

ña era una entidad doblemente emisora:

de moneda y de ideología.

las propuestas.–Es, no obstante, en el

terreno de las propuestas donde cabe, so-

bre todo, señalar mayores discrepancias

con las observaciones del Sr. Gobernador.

No solo por lo que dice sino, en gran medi-

da, por lo que no dice. Para ser sintéticos,

podemos señalar tres características de

sus propuestas que suelen ser típicas de

una manera de enfocar los desafíos futu-

ros de los sistemas de pensiones.

En primer lugar, la comparación incomple-

ta y parcial con las experiencias de otros

países. Hacer referencia a medidas que se

han adoptado en otros países europeos,

o del conjunto de la OCDE, sobre el retra-

so de la edad de jubilación, la ampliación

de los años de cotización para el cálculo

de las pensiones, la reducción de la tasa de

sustitución de las mismas, la vinculación de

la pensión a la esperanza de vida o la acen-

tuación del sistema hacia un mayor ratio

contributivo, sin situar tales reformas en el

contexto del conjunto del sistema en el que

están articuladas, es un ejercicio más propio

de la propaganda que del análisis riguroso.

Un par de datos pueden contribuir a relati-

vizar este tipo de comparaciones. El pri-

mero: en algunos de los países europeos

el gasto en pensiones representa el 13%

del PIB (Francia, Holanda o Alemania) el

14% (Austria) o cerca del 15% (Italia) y

en torno al 12%, de media, en el conjun-

to de la UE. En España, en cambio, no

llega al 9%. Cabe preguntarse, a la luz de

estos datos, si la insostenibilidad sistémi-

ca que nos anuncian para el año 2050

consistiría, por tanto, en llegar a un por-

centaje de gasto en nuestro sistema de

pensiones que sería un poco superior

al que ya ahora, cuarenta años antes,

destinan a ello otros países de nuestro

entorno. El segundo: es igualmente rele-

vante tener en cuenta que el gasto públi-

co total en España es inferior al 39% del

PIB mientras que en Suecia, por ejemplo,

es superior al 52%. Y en la Europa-15

es del 46%. Probablemente podríamos

reflexionar mejor sobre las medidas de

sostenibilidad y reforma del sistema de

pensiones si incorporamos todos los da-

tos del problema.

En segundo lugar, en este tipo de pro-

puestas solo cabe actuar sobre el gasto,

nunca sobre los ingresos (salvo para apo-

yar fiscalmente a los fondos privados de

pensiones). En las reflexiones del

servicio de estudios del Banco de

España, expresadas por su Gober-

nador, está descartado incremen-

tar las cotizaciones. Y ni siquiera se

contempla la posibilidad de actuar

sobre otras fuentes de financiación

para sufragar las pensiones contributivas.

Y, como si la Seguridad Social fuera una

compañía de seguros y no un sistema de

reparto y solidaridad, se insiste en la con-

tributividad pura. En realidad, solo en 8 de

los 27 países de la UE se financian exclusi-

vamente las pensiones mediante cotizacio-

nes (Zubiri, 2009).

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Page 10: Claridad

8

tendríamos que obstaculizar las prejubi-

laciones propiciadas por las empresas

para deshacerse de los trabajadores ma-

yores y, por tanto, con mayores cargas

sociales.

Tampoco en este tipo de enfoques refor-

madores se aborda nunca en detalle y con

suficiente prioridad el actuar sobre otras

variables que contribuirían a la sostenibi-

lidad del sistema de pensiones: tasa de

empleo, incremento de la productividad del

trabajo, tasa de natalidad, medidas para

favorecer la permanencia en el empleo y

asegurar carreras completas de pensión

de las mujeres trabajadoras o de los tra-

bajadores mayores de 55 años, fórmulas

alternativas para redistribuir los incremen-

tos de la productividad. Más allá de los dis-

cursos generales, donde se reconoce en

abstracto la necesidad de un tratamiento

multifactorial, en el terreno de las pro-

puestas concretas todas ellas tienen que

ver con el gasto. Y específicamente con

el recorte del gasto; es decir, con

el recorte de las pensiones. Tal y

como se plantean, retrasar la edad

de jubilación, aumentar el número

de años para calcular la pensión,

reducir la tasa de sustitución, sus-

tituir la “cotización definida” por la

“prestación definida”, congelar la

pensión máxima, modificar el sis-

tema de revalorización de las pen-

siones... siempre suelen tener un objetivo

apriorístico: recortar el futuro gasto en

pensiones. Y, por ende, el importe de la

mayoría de las mismas.

Un ejemplo de ello es la propuesta de re-

trasar la edad de jubilación. Una medida

que, en pura hipótesis, no es rechazable.

Entre otras cosas porque cabría pensar en

otra distribución de las horas de trabajo a

lo largo de la vida (reducción de jornada,

tiempos sabáticos, etc). En cualquier caso,

el debate sobre la misma, sin embargo,

es inseparable de tres cuestiones. Prime-

ra, que realmente todos los trabajadores

consigan llegar trabajando a la edad de

jubilación (65 años, en nuestro país). La

realidad es que nuestra tasa de empleo de

los trabajadores mayores de 55 años es

más de 30 puntos inferior a la media. Y

la edad real de jubilación en España (una

de las más elevadas de la UE) es de 63,7

años. Antes de proceder a retrasar la

edad de jubilación tendríamos que hacer lo

necesario para que todos los trabajadores

que quieran puedan alcanzar trabajando la

edad legal de jubilación. Y obstaculizar las

prejubilaciones propiciadas por las empre-

sas para deshacerse de los trabajadores

mayores y, por lo tanto, con mayores car-

gas sociales.

Segunda, el debate sobre el retraso de la

edad de jubilación es indisociable de la tasa

de empleo de los jóvenes. Lo que nos plan-

tea la necesidad de aumentar la tasa gene-

ral de empleo en nuestro país. Tercera, es

necesario tener en cuenta el desgaste de

determinadas labores y profesiones. De no

abordar esas cuestiones primero, lo único

que conseguiremos retrasando la edad de

jubilación es precarizar aún más las pen-

siones de la mayoría y favorecer la prolon-

gación de la vida laboral de una minoría

privilegiada que, por las características de

su trabajo, está en condiciones de hacerlo.

En tercer lugar, este tipo de reflexiones y

de medidas de recorte siempre tienen un

beneficiario último: las pensiones privadas.

Como si las mismas estuvieran más prote-

gidas o fueran más inmunes a los desafíos

que plantean fenómenos como la reduc-

ción de la tasa de natalidad o el aumento

de la esperanza de vida, y la consiguiente

disminución del ratio entre activos y pa-

sivos. O como si no hubiera que cotizar

–aportar– para capitalizarlas; o como si és-

tas pensiones privadas estuvieran al abrigo

de los riesgos de la coyuntura económica.

Al hablar del impacto negativo de la crisis

económica sobre las cuentas de la Segu-

ridad Social el gobernador podría haber

realizado también una valoración sobre la

debacle que han sufrido los fondos de pen-

siones privados. ¡Ese tipo de pensiones si

que han evidenciado tener una “sostenibili-

dad” –un valor– bien vulnerable! De hecho,

el 66% de los fondos de pensiones con 17

años de historia han tenido una rentabili-

dad inferior la inflación (Zubiri, 2009). Por

otra parte, de enero a octubre de

2008, las pensiones privadas de la

zona OCDE registraron, según da-

tos de esa organización, una pér-

dida real de cerca del 20% de su

capital.

tasa de paro.–En este apartado, el

Gobernador se limitó a señalar la

conveniencia de mirar hacia otros

países que tienen tasas de paro del 6,

del 7, del 3 o del 4% porque, argumentó,

quizá podamos aprender algo de ellos. Sin

tratar de interpretar lo que el Sr. Fernán-

dez Ordóñez entienda que hay que apren-

der de ese tipo de países, sí conviene co-

mentar algunas cuestiones que podemos

aprender del nuestro y que, sin duda,

explican, al menos en parte, la más ele-

vada tasa de desempleo española. Segura-

mente el servicio de estudios del Banco de

España podrá indicarnos también otras,

pero modestamente sugeriría considerar

las siguientes.

En primer lugar, la mayor tasa de paro

española se explica por el enorme volu-

men de empleo industrial que se perdió en

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Somos el país donde más rápido cre-

ce el paro porque en españa es mucho

más fácil despedir que en otros países

europeos.

nuestro país al abandonar la autarquía y

abrir la economía hacia el exterior. Hasta

la segunda mitad de los años 70, la tasa

de desempleo española no superaba el

5%. En solo siete años (de 1977 a 1984)

se pasó a una tasa de paro del 20% y la

tasa de empleo descendió desde el 48%,

en 1977, hasta el 38%, en 1994. Nada

comparable sucedió en nuestros

países vecinos.

En segundo lugar, en nuestro país

la población activa en el campo ha

pasado, en tres décadas, de repre-

sentar un 20% de la población ac-

tiva a suponer menos del 5%. Con

la consiguiente pérdida de centenares de

miles de puestos de trabajo. Fenómeno

que tampoco ha tenido parangón en otros

países europeos. En tercer lugar, en Espa-

ña ha aumentado mucho más la población

activa que en otros países europeos. Ello,

como consecuencia del “baby boom” de los

años 60, de la incorporación de la mujer

al trabajo y, más recientemente, de la en-

trada de inmigrantes. Por ejemplo, entre

1986 y 2006 (Antonio González González,

2009) la población activa en España creció

en 7,9 millones. Mientras que, en el mis-

mo periodo, en Francia aumentó en 3,7

millones, en el Reino Unido en 2,l millones,

en Italia en 1,6 y en Dinamarca ha conoci-

do un ligerísimo retroceso.

Finalmente, en nuestro país crece mucho

más rápidamente el número de parados

porque, entre otras cosas, en España es

mucho más fácil despedir a los trabajado-

res que en otros países europeos. Por su-

puesto, en los contratos temporales. Pero

también en los fijos. Salvo en los despidos

colectivos, que son los únicos en los que

es necesaria una negociación con los sindi-

catos. En los demás –despidos individuales

de tipo improcedente o por causas objeti-

vas– también se despide con mayor facilidad

que en otros países. El mayor precio del

despido improcedente (figura inexistente

o prácticamente inviable en otros orde-

namientos) no es un obstáculo insalvable

para ello.

Lo esencial es que ante el despido impro-

cedente como en los despidos objetivos de

tipo individual, es siempre el empresario el

que tiene la opción de readmisión y éste

opta sistemáticamente por indemnizar y

mantener el despido. En toda Europa la

readmisión en caso de improcedencia o no

justificación del despido es universalmente

una opción del trabajador ya que esta regla

es la esencia misma de la institución del

despido. Evidencias de la facilidad con la

que se despide en nuestro país son el in-

cremento espectacular de la tasa de salida

del empleo indefinido en los últimos años

al tiempo que el índice de paro de larga

duración en España ha pasado a ser, antes

de la presente crisis, uno de los más ba-

jos de la Unión Europea (Antonio González

González, 2009). Seguramente estas no

son todas las razones que explican nues-

tra mayor tasa de paro, pero entiendo que

son algunas de las fundamentales y que no

son frecuentemente destacadas. n

TODOS PRECARIOS

Los trabajadores precarios ya tienen quien

les defienda. Quien les defienda bien. No

como les defienden los sindicatos que solo

pretenden que dejen de ser precarios. Es-

tán surgiendo como hongos empresarios

y directores de recursos humanos, profe-

sores y editorialistas que se erigen en sus

auténticos defensores. Estos sobrevenidos

paladines de la lucha contra la segmenta-

ción del mercado de trabajo y de los tra-

bajadores temporales han encontrado la

mejor solución para evitar el agravio com-

parativo que estos sufren: convertir a to-

dos los trabajadores en precarios.

Para ello proponen establecer un

contrato de trabajo único.

Esta idea ya fue planteada hace cin-

co años por economistas franceses

en sendos informes (Blanchard y

Tirole, 2003; Camdessus, 2004;

Cahuc y Kramarz, 2004).

Dicha propuesta, propiciada y apadrinada

por Nicolás Sarkozy cuando éste era Minis-

tro de Economía y Finanzas y ya candidato

a la Presidencia de la República francesa,

ha sido trasladada a España en las últimas

semanas por un grupo de 95 economis-

tas españoles, que han realizado varias

propuestas de reforma del mercado de

trabajo. De ellas, solo comentaré en esta

ocasión la que propone establecer el men-

cionado contrato de trabajo único. En la

misma línea, la organización empresarial

CEOE propone un contrato también único

pero al que denomina contrato de trabajo

“indefinido no fijo”.

Ambos proyectos coinciden en tres co-

sas fundamentales. En primer lugar, la

eliminación del control judicial para todas

las nuevas contrataciones, salvo en los

despidos discriminatorios (en la primera

propuesta) o en los permisos de mater-

nidad/paternidad (en la segunda). Segun-

do, en equiparar, en una primera fase,

las indemnizaciones por despido de esas

nuevas contrataciones a las que tienen

actualmente la mayoría de los contratos

temporales.

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la temporalidad será sustituida por la

provisionalidad permanente; la segmen-

tación no será entre temporales y fijos

sino entre antiguos y nuevos.

En la propuesta patronal ese precio de la

rescisión del contrato estaría vigente du-

rante los dos primeros años del mismo,

para ir luego aumentándola gradualmente

hasta llegar, como máximo, a 20 días por

año. Los expertos abogan, igualmente, por

comenzar por una compensación ligera-

mente superior a los 8 días de indemniza-

ción que tienen establecidos actualmente

los contratos temporales, sin especificar

durante cuánto tiempo regiría la misma y

sin determinar tampoco hasta que cuan-

tía podría llegarse, también de manera

gradual, como indemnización máxima.

Aunque señalan que “a la hora de elegir la

senda de indemnizaciones es importante

evitar un aumento de los costes laborales

medios con respecto a la situación actual”

y que habría que situarla en la media euro-

pea. Y, en tercer lugar, ambas propuestas

hacen desaparecer los despidos colecti-

vos, aunque no lo argumentan explícita-

mente. También desaparecería el despido

procedente que, con lo que se plantea,

resulta inútil mantener ya que de lo que

se trata es de pagar una cantidad menor

que ahora y olvidarse de todos los demás

procedimientos.

El contrato de trabajo único, de tipo

indefinido, no llegó a ser ni siquiera

propuesto y debatido formalmente

en Francia. La propuesta encontró

el rechazo de sindicatos, expertos

de Derecho del Trabajo, otros eco-

nomistas que no pensaban como

los autores de la iniciativa, partidos

políticos (solo UPM lo incorporó a su pro-

grama). Ni siquiera la organización empre-

sarial la hizo suya. Por otra parte, esta

fórmula de contrato de trabajo único es

inédita en el derecho laboral comparado.

Esta propuesta choca con la jurisprudencia

constitucional, que ha deducido la protec-

ción jurídica frente al despido injustificado

como un derecho derivado del art. 24.1

CE, con la Carta de los Derechos Funda-

mentales de la UE (art. 30) y con el con-

venio 158 de la OIT, ratificado por España

(Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer,

2009), normas que obligan a nuestro país

y que garantizan la tutela judicial efectiva

ante el despido injustificado. La iniciativa

también vulneraría la directiva europea so-

bre despidos colectivos.

Aunque se denominen contratos “indefi-

nidos” o “indefinidos no fijos” (durante los

dos primeros años de contrato) la realidad

es que estos nuevos tipos contractuales

convertirían a todos los trabajadores que

fueran contratados bajo sus estipulaciones

en precarios. Y todos los trabajadores, in-

cluidos los contratados con anterioridad

a la entrada en vigor de la nueva fórmula

contractual, pasarían a ser tan o más pre-

carios que en la actualidad.

De entrada porque todos los que se contra-

tasen en el futuro de esta forma comenza-

rían, al menos los dos primeros años, como

precarios indefinidos: podrían ser despedi-

dos en cualquier momento sin ninguna justi-

ficación y serían indemnizados con cuantías

equivalentes a las que ahora se dan a los

temporales al finalizar sus contratos. Lo

mismo les pasaría a los actuales contratos

temporales que se reconvirtieran en “fijos”

o a los que pierdan el puesto de trabajo y

sean contratados en otra empresa.

Segundo, porque en el futuro todos los

trabajadores podrán ser despedidos sin

causa –salvo por paternidad/maternidad

o con discriminación y pagándoles lo que

ahora reciben los despedidos por causa

objetiva.

Tercero, porque se pretende acabar con

las consultas, negociaciones y autorizacio-

nes en los despidos colectivos. Es decir, ya

solo habrá despidos individuales sin ningún

tipo de negociación, todo estará predeter-

minado.

Y cuarto, es muy previsible que con las

propuestas que estamos comentando

pasemos de la actual segmentación, vo-

latilidad, y flexi-precariedad de nuestro

mercado de trabajo a otra situación ca-

racterizada por la fluidez y provisionalidad

laboral constante, la flexi-depuración per-

manente de los efectivos y la sustitución

darwinista de los viejos contratos por los

nuevos. La temporalidad será sustituida

por una provisionalidad permanente, cuya

rescisión pueda costar un poco menos o

un poco más dependiendo de cuando se

lleve a cabo. La segmentación no será en-

tre temporales y fijos sino entre antiguos y

nuevos. El mercado de trabajo será objeto

de una nueva ingeniería en la utilización de

los “recursos humanos” para ver

como se sustituye a los viejos, a los

peor formados, a los enfermos, a

las potencialmente embarazadas,

por nuevas contrataciones. Aunque

ello pueda dar lugar a una fuerte li-

tigiosidad, en el supuesto de la pro-

puesta realizada por los expertos.

Un ejercicio, en suma, de depuración la-

boral constante en el que la peor parte la

llevarán los más débiles, una carrera para

evitar que se llegue al umbral de las más

altas indemnizaciones, una estigmatiza-

ción de los que sean despedidos tras cier-

ta antigüedad en el puesto, un obstáculo

estructural para una carrera profesional

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11

con el contrato único todos los contratos

pasarían a ser desprotegidos indefinidos.

sostenida y continua. ¿Exageración? No

lo creo y, desde luego, no me lo invento:

es la síntesis de las argumentaciones que

se han utilizado en Europa, por parte del

movimiento sindical y de algunos expertos,

para criticar la propuesta del contrato de

trabajo único. El precio de la indemnización

tampoco lo impedirá: ¿qué representa el

precio de la misma, aunque sea elevado el

coste del despido improcedente en nues-

tro país, al lado de repuestos laborales

más baratos, de una arbitrariedad em-

presarial sin contrapeso, de una indemni-

zación futura que se puede amortizar, de

entrada, con menores salarios y se puede

mutualizar y proveer para el futuro si pros-

peran algunas de las propuestas que, si-

multáneamente, se realizan para modificar

la forma de financiar las prestaciones de

desempleo?

En realidad, con lo que se propone,

hablar de contrato indefinido –fi-

gura a la que suelen ir vinculados

una serie de derechos que aquí se

eliminan– no tiene ningún sentido,

salvo el de enmascarar lo que, en reali-

dad, representa la propuesta que se hace.

Todos los contratos pasarían a ser despro-

tegidos indefinidos. Sin tutela judicial, salvo

para excepciones muy tasadas, sin nego-

ciación con las organizaciones sindicales,

sin intervención de la administración. Con

todo el poder en manos del empresario

para rescindir el contrato en cualquier mo-

mento con la sola condición de pagar una

moderada compensación por ello.

Se trata de la generalización del despido

improcedente, con una indemnización más

baja. Se defiende un despido (ad nutum,

lo define la doctrina iuslaboralista) sin con-

troles y al margen de la razón o dimensión

del despido. Un contrato que le da la vuel-

ta radicalmente a la estructura axiológica

del derecho del trabajo, a la jerarquía de

valores que lo impregna: en lugar de dar

prioridad absoluta al empleo como valor se

lo da al “valor”, al precio, del empleo. Esta

propuesta es la expresión más acabada de

algo que siempre está en el imaginario de

algunas cúpulas empresariales: la sustitu-

ción del derecho del trabajo por el derecho

comercial en las relaciones laborales. El

contrato único significa un gran paso hacia

ese derecho mercantil, en el cual la rup-

tura de un contrato simplemente se paga

por una indemnización compensatoria pre-

vista en la firma del mismo.

conclusión.–No parece, por todo lo ar-

gumentado, que el contrato único pudie-

ra remediar las disfunciones de nuestro

mercado de trabajo –algunas de ellas muy

influenciadas por el modelo productivo que

el propio modelo laboral ha contribuido a

crear– sino, más bien, agravarlas. Se me

ocurren tres razones para sostener este

pronóstico.

En primer lugar, la mayor propensión a la

pérdida de empleo en nuestro país está

condicionada, además de por la enorme

temporalidad del empleo y la especializa-

ción en sectores productivos de bajo valor

añadido, por la intromisión perversa de la

figura del despido improcedente en la insti-

tución del despido (también, de hecho, en

los despidos objetivos individuales y en los

colectivos). Esa contaminación explica la

facilidad con la que se despide en España,

mucho más aún desde que Aznar eliminó

los salarios de tramitación. Y esa perver-

sión, en lugar de limitarse o eliminarse, se

generaliza con las iniciativas que comenta-

mos. Si los empresarios están tan preocu-

pados por la precariedad laboral y por el

precio del despido ¿no sería, me planteo,

oportuno acabar con la figura del despido

improcedente (el de los famosos 45 días

de indemnización).

¿No sería más eficaz reforzar la justifica-

ción del despido, definir mejor, si fuera

necesario, las causas objetivas que tiene

que valorar un juez en los despidos justifi-

cables, dar mayor protagonismo a los sin-

dicatos en los procedimientos individuales,

además de en los colectivos, de despido,

implicar a las empresas en los planes so-

ciales de recolocación de los trabajadores,

tener instituciones públicas de intermedia-

ción laboral que funcionen y dejar reposar

en los trabajadores la opción de reinte-

grarse al puesto de trabajo en caso de que

el despido sea declarado injustificado? En

toda Europa la institución del despido se

basa en el derecho del trabajador a no ser

despedido sin causa justificada, no

en cuánto cuesta despedirle. Eso

es lo esencial. Y eso es lo que se

quiere hurtar del debate. ¿Están los

empresarios dispuestos a perder

discrecionalidad y a asumir mayores res-

ponsabilidades en la recolocación de los

trabajadores a cambio de ganar en coste

del despido? Me temo que no.

Es muy contestable, en segundo lugar,

que el contrato único consiga rebajar las

perspectivas de desempleo que tenemos,

o incitar a una mayor creación de em-

pleo. Estoy seguro de que muchos eco-

nomistas, seguramente tan conocidos y

reconocidos como los que han firmado la

“Propuesta para la reactivación laboral en

España”, consideran que ello depende mu-

chísimo más de recuperar el crecimiento

y que éste, a su vez, está condicionado

por la innovación, la relación entre cali-

dad y precio, la demanda, que de las con-

diciones de ruptura de los contratos de

trabajo.

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una gran parte del empleo que tenemos

está concentrado en sectores de muy

bajo valor añadido.

Finalmente, entiendo que las propuestas

no atacan el problema de fondo de nues-

tro mercado de trabajo que, en mi opinión,

se sitúa precisamente en la facilidad del

despido. Una facilidad que actúa como un

contra-incentivo para el establecimiento de

relaciones laborales basadas en la estabili-

dad, en la formación continua, en la trans-

misión del saber implícito en las empre-

sas, en el compromiso con estrategias a

largo plazo y con políticas de organización

del trabajo y de innovación. De relaciones

laborales, en suma, basadas en la partici-

pación de los trabajadores y en la flexibi-

lidad interna. Como es tan fácil despedir

y los salarios de los trabajadores

españoles son, comparativamente,

tan bajos, para qué invertir en todo

ello. El resultado final es una eco-

nomía con muy baja productividad y

con una espantosa volatilidad y pre-

cariedad del empleo.

Al mismo tiempo, como llevamos 30 años

esperando la reforma laboral pendiente

para qué invertir en innovación, en inves-

tigación, en formación, en educación, en

políticas activas del mercado de trabajo,

en dotación de capital, en partenariado

laboral. De tal manera que nuestro mo-

delo laboral es, de forma cada vez más

patente, un freno para abordar otra con-

cepción del modelo productivo que no sea

la basada en el empleo fácil de despedir y

con una proporción de trabajadores muy

escasamente remunerados. Sinceramen-

te, no creo que el contrato único pudiera

remediar esa situación. n

LAS TRES ERRES

En varios artículos anteriores (”La gota

malaya”; “Los augurios del gobernador”;

“Todos precarios”) he abordado diversos

aspectos relacionados con las demandas

de una nueva reforma laboral realizadas

desde sectores distintos, pero todos ellos

identificados con el liberalismo económico.

En aquellos escritos sostengo, básicamen-

te, tres tesis. La primera, que las mayores

tasas de paro en España, desde 1977,

respecto a los países de nuestro entorno

tiene una explicación histórica: incompara-

ble pérdida de empleo industrial y agrícola

y mucha mayor incorporación de contin-

gentes a la población activa. En segundo

lugar, que la solución al modelo laboral que

tenemos –ciertamente insostenible desde

el punto de vista de la protección laboral

del conjunto de los trabajadores y desde

la necesidad de construir un modelo eco-

nómico asentado en mayores niveles de

productividad– no puede fundamentarse,

como se propugna desde los sectores ya

mencionados, en la sustitución de la ac-

tual segmentación por una inseguridad la-

boral generalizada. Sino, más bien, en una

mayor seguridad jurídica de las causas de

despido, en la estabilidad laboral y la cali-

dad del empleo; y en una flexibilidad pac-

tada y sostenible. Y, como tercera afirma-

ción, sostenía que en España se pierde

empleo, en momentos de crisis, mucho

más rápidamente que en otros países

europeos por la sencilla razón –aunque

no sea la única– de que aquí es más fá-

cil despedir que en otros lugares. Por su-

puesto a los contratados temporalmente,

pero también a los fijos. Y ello pese a que

en España el precio del despido improce-

dente es superior.

¿Por qué se pierde empleo en España

mucho más rápidamente que en otros

países europeos que están sufriendo una

recesión económica más severa que la

nuestra? Algo tiene que ver con ello, des-

de luego, nuestra mayor dependencia del

ladrillo. Y el que una gran parte del em-

pleo que tenemos está concentrado en

sectores de muy bajo valor añadido. Pero

seguramente es más determinante el que

en España se recurre con mucha más fa-

cilidad que en otros países a la rescisión

de los contratos. Este no es el patrón de

comportamiento que utilizan algunos de

nuestros socios comunitarios: en Alema-

nia y en otros países de la UE el despido es

el último ratio.

¿Es ello debido a que los empresa-

rios de esos países tienen una ma-

yor conciencia social? Puede que

sea así y que ello influya, pero no

parece que ese sea el elemento que

determine un comportamiento tan

diferente. La explicación fundamental hay

que buscarla en sistemas de despido cuyo

pilar central no es el precio de la rescisión

del contrato y que, en su conjunto, resul-

tan más protectores del empleo. Y, espe-

cialmente, en la existencia de mecanismos

de negociación con las organizaciones sin-

dicales y/o con los representantes legales

de los trabajadores. También tiene que ver

con el compromiso de las empresas en la

recolocación de los trabajadores. Mecanis-

mos, todos ellos, que están pensados para

ser activados antes de recurrir a la ruptu-

ra laboral. Estos instrumentos alternativos

se agrupan en torno a las denominadas

tres R: retener, reclasificar y reubicar. En

el caso español, las empresas recurren

directamente a la cuarta R: rescindir; en

otros países de la UE, sobre todo ante una

crisis como la actual, tratan de activar pri-

mero las otras tres.

Varios países europeos, como Alemania

y Francia, han favorecido acuerdos para

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Sería muy necesario que desde el diálogo

social se impulsaran medidas para rete-

ner, reclasificar y reubicar a los trabaja-

dores y evitar la pérdida de empleos.

mantener y retener el empleo. Mediante

la reducción de las horas de trabajo (y,

correspondientemente, del salario) la apli-

cación de subsidios de desempleo parcial

y de subsidios de formación. O a través

del establecimiento o ampliación de pres-

taciones de desempleo o de garantías de

empleo para quienes no tienen derecho a

otro tipo de prestaciones con aportación

de ingresos. También están tratando de

apuntalar el empleo con programas e ini-

ciativas específicas para los grupos más

vulnerables, como las mujeres que vuelven

al mercado de trabajo tras una licencia de

maternidad, los trabajadores inmigrantes

y los jóvenes.

los jóvenes, emergencia nacional

Tomar iniciativas sobre este último colecti-

vo es, en España, particularmente urgen-

te. La situación de los jóvenes en nuestro

país es de auténtica emergencia nacional.

Según la encuesta de población activa del

primer trimestre de este año 808.500

jóvenes entre 16 y 24 años están sin tra-

bajo, 308.000 más que hace un

año. De tal manera que la tasa de

paro juvenil alcanza el 35,7% y la

temporalidad en esa franja de edad

es del 5l,7%. Es decir, el 87,4% de

nuestros jóvenes empleados está

parado o es precario. A todo lo cual

habría que añadir las cifras referi-

das al fracaso y abandono escolar, a la in-

comparablemente tardía emancipación de

los jóvenes de los hogares en nuestra so-

ciedad y al enorme porcentaje de jóvenes

con salarios muy bajos.

En segundo lugar, recalificar profesional-

mente. También en este campo podemos

rastrear ejemplos interesantes de algunos

países europeos que están realizando un

gran esfuerzo de reclasificación profesio-

nal mediante grandes programas de for-

mación, tanto para los parados como

para los trabajadores en activo. Muchos

de los trabajadores actuales van a tener

que adquirir nuevas cualificaciones para

poder mantenerse en el empleo o para

encontrar empleo en otros sectores dis-

tintos a los que han estado trabajando

hasta ahora. O para adecuarse profesio-

nalmente a una transformación del mode-

lo productivo que, por distintas razones,

todos los países van a tener que acome-

ter. Actuaciones de este tipo también se

están planteando fuera de Europa: Cana-

dá, por ejemplo, ha creado un fondo de

1.500 millones de dólares estadouniden-

ses para la formación de los trabajadores

despedidos. Para la eficacia de todas es-

tas tareas, la renovación de los servicios

de empleo resulta esencial.

Acuerdos y medidas, finalmente, para tra-

tar de reubicar a los trabajadores. Median-

te fórmulas de movilidad interna dentro de

las empresas. O bien a través de progra-

mas que ofrecen un empleo o una activi-

dad formativa a los jóvenes desempleados.

Ante el incremento del desempleo juvenil

incluso en algunos países, como Francia,

se está ensayando la puesta en marcha

de programas de utilidad social. Otros paí-

ses están poniendo en marcha iniciativas

orientadas a recolocar en otros sectores

productivos a los colectivos laborales es-

pecialmente afectados por el desempleo,

como los inmigrantes. También hay quie-

nes intentan ampliar las oportunidades de

empleo mediante el desarrollo de peque-

ñas empresas y del trabajo autónomo.

Pese a los positivos datos de la última en-

cuesta de paro registrado, es de temer

que el crecimiento débil se va a instalar

durante algún tiempo. Hay que tener en

cuenta, además, que la remontada del

empleo es previsible que se produzca,

como han puesto en evidencia anterio-

res crisis, bastante después de que se

recupere el crecimiento económico. Por

ello, además de sostener el crecimiento

con planes de inversión, como el Fondo

Estatal de Inversión Local, sería muy ne-

cesario que desde el diálogo social se im-

pulsaran este otro tipo de medidas, como

las que algunos de nuestros socios comu-

nitarios están utilizando para retener, re-

clasificar y reubicar a los trabajadores. Y

para evitar, en todo lo posible, la pérdida

de empleos. n

LA IZQUIERDA DIFUMINADA

Pocas han sido, finalmente, las noveda-

des que nos han deparado las elecciones

al Parlamento Europeo (PE). Como se

esperaba, han ganado los conser-

vadores; en varios países (Reino

Unido, Finlandia, Holanda, Hun-

gría) la ultraderecha más nacio-

nalista, xenófoba y eurofóbica ha

alcanzado porcentajes superiores

al 15%; los socialdemócratas han

visto reducir globalmente su nú-

mero de escaños (aunque hayan subido

en porcentaje electoral en Grecia, Slova-

quia, República Checa e Irlanda) y, en los

grandes países, sobre todo en Inglaterra

y en Francia, han sufrido descensos im-

portantes. Las formaciones de la izquier-

da más radical tampoco han ganado, en

su conjunto, posiciones. La mayor sor-

presa la ha deparado el ascenso de los

verdes, especialmente en Francia; y, en

menor medida, el auge de nuevas forma-

ciones, como la Italia de los Valores, del

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juez Di Pietro, o la formación política de

Rosa Díez, UPyD, en España.

Estas elecciones han estado marcadas,

sin embargo, por dos (aparentes) para-

dojas. Por un lado, la abstención ha ro-

zado el 57% mientras que las encuestas

indican que las opiniones públicas en la

mayoría de los Estados miembros siguen

siendo pro europeas. Por otro, al tiem-

po que la crisis económica está poniendo

de nuevo en valor las tesis tradicionales

de la socialdemocracia y la intervención

de los Estados en la actividad económica

(nacionalización de bancos y de empre-

sas, como General Motors, inversiones

públicas para activar la demanda y el con-

sumo con el consiguiente incremento de

los déficit públicos, aumento de impues-

tos), son las formaciones socialdemócra-

tas y socialistas las más castigadas por

las urnas.

El incremento de la abstención es

una tendencia continuada a partir

de las primeras elecciones directas

al PE, en 1979. A pesar de la crisis,

del incremento de competencias

del PE, de los desafíos de futuro

que tiene planteados la Unión Euro-

pea. La inmensa mayoría de los gobiernos

de la UE (21 de 27) son conservadores y

cabía suponer que la posibilidad de infligir

“votos de castigo” a los gobiernos naciona-

les, algo típico en este tipo de elecciones,

podría haber movilizado al electorado de

izquierdas en algunos de esos países. A

pesar de todo ello la abstención ha seguido

creciendo. Y, especialmente en esta oca-

sión, la de los electores de izquierda.

Seguramente este comportamiento no es,

en realidad, tan paradójico. La mayoría de

los ciudadanos son europeístas pero no

encuentran suficientes elementos simbóli-

cos, ideológicos y políticos que les hagan

sentirse implicados. De hecho, tienen más

tendencia a participar en estas elecciones

los ciudadanos ultranacionalistas que es-

tán contra la “intromisión” europea en las

esencias y decisiones nacionales. Tam-

bién se moviliza mucho más a los ciuda-

danos cuando –como ha sucedido con los

referendos sobre los Tratados– conside-

ran que el debate europeo les afecta y en-

tienden que sí pueden realmente influir en

la decisión que está en juego. Pero habi-

tualmente su participación es decreciente

porque la Unión Europea sigue sin concre-

tar el “salto político” que lleva prometien-

do treinta años. En el terreno simbólico,

parece imposible vivir un sentimiento de

pertenencia común cuando no hay acuer-

do sobre lo que define a Europa. Tampoco

existe un espacio público europeo ni listas

europeas de los partidos políticos; en pro-

piedad tampoco cabe hablar de partidos

políticos europeos, ni es de entre los euro-

parlamentarios elegidos de donde surgen

los Comisarios (ministros) de la Comisión

Europea. No son tampoco, todavía, los

parlamentarios europeos quienes eligen

al Presidente de la Comisión. E incluso

cuando se introducen en los Programas

de las corrientes políticas europeas me-

didas concretas (como ha sucedido, en

esta ocasión, en el programa electoral de

los socialistas europeos) estas no logran

penetrar en los debates nacionales. Para

acentuar aún más esta falta de contornos

precisos de la identidad europea, el pro-

yecto de Tratado de Lisboa, en proceso

de ratificación, ha renunciado al término

de “constitución” y, más simbólicamente,

a la bandera de la Unión, a su himno, a su

divisa “unida en la diversidad”, a su fiesta

del 9 de mayo y hasta ha desaparecido

la afirmación oficial de que el euro es la

moneda de la Unión.

En el terreno político, en lugar de articular

una respuesta única y coordinada frente

a la crisis, lo que impera en la UE son

las respuestas estatales, el soporte pú-

blico a las industrias nacionales, los lla-

mamientos a conservar en cada territorio

las inversiones y las empresas, las deva-

luaciones monetarias competitivas en los

países que no forman parte del euro, las

invocaciones a comprar nacional o a dar

prioridad a los empleos nacionales. Al

tiempo que se denosta el proteccionismo,

en la práctica, se pone el mercado úni-

co en cuestión. Hasta el punto de que el

peligro de resquebrajar el mercado único

será uno de los primeros a los que habrán

de enfrentarse los parlamentarios

recién elegidos. Lo más grave es

que estas tendencias renaciona-

lizadoras no son únicamente co-

yunturales ni tienen su origen en

esta crisis: encuentran su caldo

de cultivo en una concepción del

mercado único cada vez más es-

trecha y unidimensional, como espacio de

competición económica, de concurrencia

fiscal y de nivelación hacia abajo de las

normas sociales.

Los ciudadanos europeos echan en fal-

ta, así mismo, una Europa que pese

realmente en el mundo. Europa sigue

hablando con varias voces en los foros

internacionales y la incapacidad de la

UE para actuar colectivamente le hace

dependiente ya sea de Estados Unidos,

en temas de defensa, en sus relaciones

con Rusia, en cuanto a la energía, ya sea

cada vez más de China para las importa-

ciones industriales.

la mayoría de los ciudadanos son euro-

peístas, pero no encuentran suficientes

elementos simbólicos, ideológicos y polí-

ticos que les hagan sentirse implicados.

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la izquierda de la izquierda es incapaz de

formular un modelo de sociedad y de re-

coger el desencanto del electorado.

dos “almas europeas”

En el campo ideológico, las dos “almas

europeas” –la de la Europa/mercado y la

de la Europa/política, la concepción libre-

cambista y la concepción federalista– han

sido, a lo largo de la historia europea,

capaces de alcanzar compromi-

sos. Pero desde hace más de una

década el impulso federalista se

ha desinflado y paulatinamente la

UE se hace cada vez más intergu-

bernamental y más liberal. Como

consecuencia de ello, para muchos

ciudadanos las orientaciones y decisiones

que emanan de la Unión representan más

una amenaza que una esperanza.

Todo ello explica que las elecciones euro-

peas hayan ido desembocando en una es-

pecie de macro encuestas nacionales sin

apenas incidencia en las políticas europeas.

Los eurodiputados de las formaciones de

izquierda y progresistas recién elegidos

van a tener que afrontar en los próximos

cinco años grandes desafíos. El primero

de ellos es lograr una coalición capaz de

hacer frente a la derecha en la Comisión,

con la previsible presidencia de Barroso.

Solo faltaría que la del Consejo Europeo la

ocupara Blair, el segundo de la foto de las

Azores. Tampoco es de descartar, aun-

que sea más improbable, que también la

del PE recaiga en un conservador. Pero,

sobre todo, y sin dejar de responder a

las cuestiones “menores” como la estan-

darización de los cargadores de móviles,

el etiquetado de los productos alimenti-

cios, la composición del vino rosado o, de

nuevo, la directiva de tiempo de trabajo...

sus señorías tendrán que afrontar el de-

safío mayor de la profundización política

de la UE.

La segunda paradoja es así mismo bas-

tante explicable. De entrada, porque la

respuesta que están dando los gobiernos

europeos (la mayoría conservadores, como

ya hemos señalado) y, por supuesto, el go-

bierno estadounidense está dentro de la

ortodoxia keynesiana y socialdemócrata.

Se apropian de las soluciones que forman

parte del corpus doctrinal de la izquierda y

se benefician de los amortiguadores socia-

les montados por la izquierda, pero sin la

izquierda o contra la izquierda. Segundo,

porque todos los gobiernos están plan-

teando respuestas bastante parecidas.

Lo que nos lleva a la tercera razón: la so-

cialdemocracia no ha sabido diferenciarse

con una alternativa propia, que respon-

diera sobre todo a los problemas vincula-

dos a la desigualdad y a los riesgos que

afectan en esta crisis a la mayoría de los

ciudadanos. Ello tanto por insuficiencia de

masa crítica ideológico-estratégica como

por falta de coherencia entre sus distintos

componentes.

Cuarto, y fundamentalmente, debido a que

el discurso y las políticas socialdemócratas

se han ido convirtiendo en demasiado borro-

sas, desdibujadas y acomplejadas respecto

al núcleo central de la ofensiva neoliberal

que nos asola desde hace más de 30 años,

y que ponen en cuestión el modelo de so-

ciedad basado en el derecho del trabajo y

la protección social. Con fórmulas algo más

suaves, es cierto, ha seguido la senda de las

reformas laborales, de las privatizaciones de

sectores industriales, de los recortes y pri-

vatizaciones, parciales o totales, de los sis-

temas públicos de pensiones, de salud, de

enseñanza, de la reducción de los impuestos

directos y el aumento de los indirectos. In-

cluso en el ámbito del lenguaje la izquierda

de gobierno se ha desarmado. Por ejemplo,

las reformas, ahora llamadas modernizacio-

nes, ya no significan progreso, como cuan-

do eran una bandera de la izquierda: ahora

significan, casi siempre, contra-reformas,

vueltas atrás sobre las conquistas

realizadas. Y no es una cuestión de

detalle, sino de fondo. Todo ello ha

repercutido en la pérdida de credibili-

dad, en general, de esa izquierda de

gobierno. De hecho, la derecha no

gana porque pasen a votarle secto-

res de izquierda: gana por la abstención de

los votantes de izquierda.

En fin, porque la izquierda de la izquierda,

la izquierda más radical, es incapaz de

formular un modelo de sociedad ya que,

como señala Edgar Morin “el izquierdismo

sufre actualmente de un revolucionarismo

sin revolución”. Y, por tanto, no es capaz

de recoger el desencanto que se extiende

entre el electorado de los partidos mayori-

tarios de la izquierda.

Parece evidente y urgente la necesidad

de que la izquierda en general y el socia-

lismo/socialdemocracia en particular de-

diquen un esfuerzo más intenso a analizar

los cambios que se han producido en el ca-

pitalismo y los nuevos y viejos riesgos a los

que están sometidos los ciudadanos, es-

pecialmente los trabajadores. Este análisis

debería llevarles a articular, a corto plazo,

respuestas diferenciadas frente a la crisis

y, a largo plazo, una nueva regulación del

capitalismo y las bases de una nueva ciu-

dadanía social. La crisis está sacando a

la palestra conceptos impensables hace

apenas un año: “nacionalizar”, “limitar las

remuneraciones de los gestores empre-

sariales”, “planes masivos de inversión

pública”, “aumento de impuestos”. Es la

ocasión para que las fuerzas de izquierda

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y progresistas impulsen un nuevo modelo

de desarrollo económico, social y medioam-

biental. Es cierto que, desgraciadamente,

cabe preguntarse si están preparadas

para ello, pero no cabe duda de que se ha

abierto una oportunidad para hacerlo. n

EL TRABAJO EN EL CENTRO DELA SALIDA DE LA CRISIS

Aunque coincidentes en el tiempo y en el

tema central analizado –la respuesta a la

crisis–, las resoluciones y los debates de la

recién acabada 98ª Conferencia de la OIT

han tenido poco que ver con los diagnós-

ticos y las recetas defendidas por

José María Aznar y por Gianfranco

Fini en la inauguración de la Escue-

la de Verano de la Fundación FAES.

Pese a que el ex presidente del Go-

bierno alardea de poseer las fórmu-

las del éxito económico y de la crea-

ción de empleo, los representantes de los

Gobiernos, de las organizaciones empresa-

riales y sindicales reunidos en Ginebra han

consensuado un conjunto de conclusiones

muy alejadas de los postulados que defien-

de el think tank que aquel preside.

La Organización Internacional del Trabajo

[http//www.ilo.org/global/lang-es] no ha

sostenido, como Aznar, que la crisis sis-

témica que padecemos se deba a la ne-

gligencia de los vigilantes (los reguladores

públicos) sino, básicamente, al fallo de los

mercados financieros. Y, sobre todo, a un

modelo capitalista basado en el aumento

de las desigualdades sociales. Desigualda-

des que especialmente han sido causadas

por la progresiva erosión de los derechos

y las protecciones vinculadas al trabajo

asalariado. Consecuente con ello, la OIT

plantea colocar de nuevo el trabajo en el

centro –mediante un Pacto Mundial para

el Empleo–, tanto de las políticas de recu-

peración frente a la crisis como del cambio

que es imprescindible llevar a cabo en el

actual modelo de desarrollo.

Tampoco la OIT, que precisamente este año

celebra el 90 aniversario de su creación,

ha defendido la reducción de impuestos

como la mejor vía para reactivar la econo-

mía. Al contrario, en sus conclusiones se

sostiene que las reducciones fiscales son

menos eficaces que el gasto ya que éste

dinamiza la economía y es un multiplica-

dor fiscal. Sobre todo cuando son gastos

multiplicadores de empleo, como el apoyo

a los servicios públicos, las inversiones e

infraestructuras con alto coeficiente de

empleo, las medidas sociales destinadas a

asegurar rentas de los grupos vulnerables,

el apoyo a la reducción del tiempo de tra-

bajo en empresas sostenibles.

Inútil es, igualmente, buscar entre los prin-

cipios y las respuestas que estructuran el

referido Pacto Mundial para Empleo algu-

na referencia a la necesidad de reformas

laborales o abaratamientos del despido.

En lo que se insiste, por el contrario, es

en la necesidad de reforzar las normas

laborales, la negociación colectiva y el diá-

logo social y en las políticas destinadas a

mantener el empleo. Con fórmulas como

las que se están empleando en Alemania,

un país en el que la recesión está siendo

más profunda que en otros pero donde el

desempleo ha aumentado mucho menos.

Frente al despido fácil como respuesta a

la crisis, característica de los países euro-

peos que están perdiendo mayores porcen-

tajes de empleo, como España e Irlanda,

los alemanes recurren masivamente a

otras medidas paliativas como el llamado

kurzarbeit (trabajo corto), que consiste en

reducir el tiempo de trabajo anual. Las em-

presas reducen los salarios mensuales en

proporción a las horas trabajadas y el Es-

tado compensa dos tercios de los salarios

perdidos por los trabajadores. Esta forma

de “paro parcial” se articula a través de

la negociación colectiva y es una fórmula

que ha sido impulsada decididamente en el

plan alemán de relanzamiento económico.

La adopción del Pacto Mundial para el

Empleo en la 98ª Conferencia de la OIT

constituye un hito en la historia de esta

institución. Fundamentalmente por

la prontitud en reaccionar ante un

problema como la crisis que atra-

vesamos. No obstante, el Pacto

no es, no puede serlo, una norma

internacional sino un conjunto de

orientaciones comunes para las po-

líticas nacionales e internacionales. Tiene

el valor añadido de haber logrado el con-

senso de trabajadores, empresarios y go-

biernos tanto en la identificación de una

serie de medidas urgentes para salir de

la crisis como en la orientación hacia una

economía global más justa, sostenible y

equilibrada.

Más allá de que en esta Conferencia se

haya puesto de manifiesto una cierta re-

valorización de la OIT, la revitalización de

la justicia social en el ámbito internacional

pasa por una profunda transformación en

tres cuestiones esenciales.

La primera es colocar, de nuevo, a las

personas en el corazón del orden interna-

cional. Lo que se había logrado tras la se-

gunda guerra mundial, con la Declaración

de Filadelfia de 1944, es decir colocar la

dignidad humana como objetivo principal

del comercio y del orden internacional,

la adopción del pacto Mundial para el

empleo constituye un hito e la historia de

la Oit.

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17

la incidencia de las normas del comercio

internacional sobre las relaciones labora-

les es muy negativa.

ha sido totalmente trastocado 60 años

después. El objetivo actual de los Estados

en su acción internacional es la libre cir-

culación de capitales, de mercancías y

de servicios así como el reconocimiento

universal de la propiedad intelectual. Las

normas sociales solo son admitidas como

un corolario de este objetivo y en la medida

en que puedan contribuir al mismo. El libre

cambio se ha convertido en un principio

superior a la protección de los trabajado-

res y los derechos sociales y éstos, incluso

si son fundamentales, deben subordinarse

a la libre competencia y a los derechos de

establecimiento. Algo que se ha puesto de

manifiesto, incluso en el territorio de la UE,

con las recientes sentencias del Tribunal

Europeo de Justicia (Laval, Viking, etc.).

En segundo lugar, es necesario dotar de

fuerza vinculante a las normas sociales.

Si bien las normas internacionales de la

OIT gozan de merecido prestigio y reco-

nocimiento, sufren de dos debilidades. La

primera es su carácter poco vinculante. La

fuerza de obligar de los convenios

de la OIT está doblemente limitada

por el carácter voluntario de su ra-

tificación por parte de los Estados

y por la ausencia de un verdadero

recurso jurisdiccional que permitie-

ra sancionar sus violaciones. Aún

menos vinculantes son los compromisos

voluntarios adquiridos bajo el concepto de

la Responsabilidad Social de las Empresas.

La segunda debilidad de las normas inter-

nacionales del trabajo viene dada por el he-

cho de que la mayoría de ellas se refieren

al empleo asalariado, es decir una forma

de trabajo que sigue siendo minoritaria en

muchos de los países del mundo, entre

ellos algunos de los más poblados.

En tercer lugar, hay que vincular las reglas

sociales y las comerciales. A diferencia de lo

que pasa con las normas sobre el trabajo,

las normas internacionales del comercio son

muy vinculantes. Ley dura, no soft law. Por

otra parte, la liberalización de los merca-

dos de capitales y de mercancías ha dado

pie a que por la vía de la actuación de las

instituciones que rigen el comercio inter-

nacional o de las Instituciones Financieras

Internacionales se realicen una especie de

“normas sociales implícitas”. Es el caso de

los planes de ajuste estructural, condicio-

nados e impuestos a muchos países por

parte del Fondo Monetario Internacional.

O las normas contables internacionales

que determinan las políticas sociales de

muchas empresas en mayor medida que

los convenios de la OIT. La incidencia de las

normas del comercio internacional sobre

las relaciones de trabajo es, igualmente,

muy negativa. La política de liberaliza-

ción del comercio internacional ha venido

acompañada, en efecto, de profundas re-

formas del derecho comercial, cuyo impac-

to sobre la “seguridad” de los trabajadores

ha sido muy considerable. Habría, por ello,

que acabar con esta desconexión entre

objetivos económicos y financieros, por un

lado, y objetivos sociales, por otro. Algo

que forma parte, hoy por hoy, del ADN de

la dimensión internacional del derecho de

sociedades, del derecho contable y del de-

recho de libre competencia. n

AÑO EUROPEO DE LA LUCHACONTRA LA POBREZA YLA EXCLUSIÓN SOCIAL

Hoy, jueves día 21 de enero, se inicia

oficialmente, con la Conferencia que la

Presidencia española de la UE organiza

en Madrid, el Año Europeo de la Lucha

contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Hace diez años, uno de los objetivos de

la Estrategia de Lisboa recién puesta en

marcha preveía la erradicación de la po-

breza en el espacio europeo en el hori-

zonte de 2010. No solo no se ha cumpli-

do el propósito sino que la realidad actual

es peor que la de hace una década. Un

16% de los europeos –unos 80 millones

de personas viven por debajo del umbral

de pobreza (es decir que viven con me-

nos del 60% de la renta mediana de su

país); uno de cada diez europeos vive

en una familia donde nadie trabaja; en

la UE hay 19 millones de niños pobres;

entre 1997 y 2007 el número de traba-

jadores temporales ha aumentado en 10

millones, un 20% tienen un contrato a

tiempo parcial (y por lo menos una quinta

parte de ellos de forma no elegida), 27

millones son trabajadores autónomos –a

veces por voluntad propia, otras muchas

de manera no elegida– económicamen-

te dependientes, 31 millones de

trabajadores sobreviven con un

salario muy bajo y hay 19 millones

de trabajadores con ingresos in-

feriores al umbral de pobreza. El

paro supera el 10% en la Unión

Europea y afecta a 23 millones de

personas. Letonia, con el 22,3% y Espa-

ña, con el 19,4%, encabezan los mayo-

res porcentajes de desempleo. El desem-

pleo juvenil se ha incrementado en cinco

puntos en un año, alcanzando el 21% en

el conjunto de la Unión y, en España, el

43,8%: el porcentaje más alto de la UE y

más del doble que la tasa europea.

España ocupa, según el Eurobarómetro del

mes de septiembre de 2009, el cuarto lu-

gar de la UE-27, tras Rumanía, Bulgaria,

Lituania, por el porcentaje de la población

(20%) afectada por la pobreza.

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Sería imprescindible dotar de los medios

de financiación suficientes a los sistemas

de protección social para que puedan

desempeñar plenamente su papel.

Esta situación no es imputable, únicamen-

te, a las consecuencias sociales de la cri-

sis financiera que ha aquejado al conjunto

de la economía mundial. Es, sobre todo, el

resultado de políticas de la Unión Europea,

en el seno de la cual se ha dado priori-

dad al crecimiento económico y al empleo

precario, al “empleo a cualquier precio” en

expresión de la Confederación Europea de

Sindicatos. Abandonando de hecho uno de

los pilares iniciales de la Estrategia de Lis-

boa: el trabajo de calidad y el desarrollo de

la protección y de la cohesión social.

Con la crisis, la situación se ha ido agra-

vando. Tanto en términos de desempleo,

como ya hemos señalado, como por la re-

ducción en muchos países de los gastos

sociales (Letonia, por ejemplo, ha redu-

cido un 15% el salario de los empleados

del sector público). Y las presiones

de los organismos internacionales

(FMI, OCDE) y de la misma Comisión

Europea para reducir los déficits

públicos antes de que se restablez-

ca el crecimiento económico y la

creación del empleo, amenaza con

nuevos recortes. Las pensiones,

especialmente las pensiones privadas, han

sufrido un fuerte deterioro. La financiación

de los sistemas de protección social ha

sido sistemáticamente erosionada por las

políticas de exoneraciones y reducciones

fiscales a favor de las empresas y las ren-

tas del capital (sin que ello haya servido

realmente para aumentar las tasas de em-

pleo). A su vez, el aumento del paro deri-

vado de la crisis repercute negativamente

sobre la financiación de los sistemas de

protección social, sin que, sin embargo,

en ningún caso se quieran abordar otras

formas de financiación no dependientes

del empleo.

Según una encuesta del “Eurobarómetro”,

del mes de septiembre del año pasado,

los ciudadanos europeos son muy cons-

cientes de los riesgos de pobreza y ex-

clusión que se incrementan en la UE. Un

73% estima que la pobreza está aumen-

tando en su país; para el 56% de los eu-

ropeos, son los parados los más expues-

tos a la pobreza, así como los que tienen

un empleo precario (para el 31%). Un

41%, en cambio, considera que son las

personas mayores los más vulnerables,

sobre todo si se piensa que un trabajador

pobre terminará siendo un jubilado pobre;

igualmente, un 74% de los ciudadanos

europeos considera que la pobreza es un

obstáculo fundamental para encontrar un

empleo.

Para el movimiento sindical europeo, el

año de lucha contra la pobreza y la exclu-

sión tendría que servir, en primer lugar,

para reforzar los sistemas de protección

social. Y para entender ésta no solo, ni

fundamentalmente, como un sistema pa-

sivo de transferencia de recursos sino

como un factor esencial de inversión

productiva. Asegurando, para ello, pen-

siones adecuadas y suficientes para los

jubilados, prestaciones que son también

fuente de consumo y actividad económi-

ca. Desarrollando sistemas de salud de

calidad que, con políticas preventivas,

mejoren el nivel sanitario pero también

aminoren los gastos del sistema. Imple-

mentando, dentro de los sistema de Se-

guridad y de Asistencia Social, la atención

a las personas dependientes y la atención

a la infancia. Creando de esa manera

nuevos nichos de actividad y empleo. Ga-

rantizando las transiciones profesionales

de los trabajadores, sobre todo cuando

pierden su puesto de trabajo, lo que favo-

rece la recolocación y el mantenimiento

de la profesionalidad.

En segundo lugar, sería imprescindible

dotar de los medios de financiación su-

ficiente a los sistemas de protección

social para que puedan desempeñar ple-

namente su papel. La tendencia a una

protección social de mínimos y de políti-

cas para pobres solo conduce a pobres

políticas. La protección social, pese a su

debilitamiento en las últimas décadas,

sigue siendo un gran dique contra la

pobreza. Sin ellas, un 36% de ciudada-

nos europeos pasarían a engrosar ese

16% que ya es pobre. Pero, además de

prevenir la pobreza, los sistemas de pro-

tección social contribuyen podero-

samente a mantener los vínculos

sociales y la cohesión social. Y es

por tanto un factor esencial de

creación de oportunidades para

todos y de ciudadanía social. Los

sistemas de protección social son,

como se está evidenciando espe-

cialmente en estos dos últimos años, un

amortiguador social de las crisis. Y, por

lo tanto, un estabilizador económico im-

prescindible.

En España, según datos de 2007, antes

de la crisis, el 37% de los parados se

encontraba bajo el umbral de pobreza. El

riesgo precariedad afecta sobre todo a

los jóvenes (más del 85% de los jóvenes

menores de 25 años son en nuestro país

parados o tienen un contrato precario) y a

las mujeres. Por otra parte, si nos fijamos

en el riesgo que afecta a los empleados

con bajos salarios, en 2007 un 11% de

los empleados en España –tres puntos por-

centuales más que en la UE– no generaba

rentas de trabajo suficientes para situar

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19

en estados unidos, irlanda y españa es

muy fácil para las empresas ajustar sus

efectivos y, en consecuencia, han proce-

dido a despedir masivamente.

a sus familias por encima de la línea de

pobreza. Otro dato muy significativo es el

referido al fracaso escolar que, en nues-

tro país, afecta al 34% de los jóvenes. Los

emigrantes están, igualmente, sobreex-

puestos a la pobreza ya que en ese colec-

tivo un 30% (10 puntos por encima de la

media) se sitúa en el ámbito de la

pobreza. El factor edad es también

particularmente sensible a la pobre-

za ya que la misma afecta al 30%

entre los mayores de 64 años.

El año europeo de la lucha contra

la pobreza y la exclusión social de-

bería, en suma, adoptar medidas

para actuar en pro de la calidad del em-

pleo y de la mejora de los salarios. Para

lo que es imprescindible reforzar los de-

rechos vinculados al trabajo y el papel de

las organizaciones sindicales. También

repartir de manera mucho más equitativa

la riqueza inmaterial del conocimiento. Y

desarrollar servicios sociales y sanitarios

públicos de calidad, cuestión que es inse-

parable de un sistema fiscal más justo,

equitativo y suficiente. n

CAMBIAR DE ENFOQUE

El aumento del desempleo y la persisten-

cia de altas tasas de paro es, sin duda,

la principal amenaza que pende sobre la

recuperación económica. A nivel global y

aún en mayor medida en España. El ahorro

de las familias, preocupadas por el futuro,

y el descenso del poder adquisitivo, bien

por estar en paro y sin prestación de des-

empleo o porque los trabajadores se ven

abocados a aceptar empleos menos remu-

nerados, incide sobre el consumo y sobre

la capacidad de recuperación económica.

La crisis ha puesto en evidencia, no obs-

tante, que no todos los países se han visto

afectados de igual manera por el desem-

pleo. La tasa de paro de EEUU, por ejem-

plo, se ha más que duplicado en dos años,

pasando del 4,6%, en 2007, al 9,8% en

septiembre de 2009. El incremento es

aún más acentuado en España o en Ir-

landa. Estos dos países europeos son los

únicos de la UE en los que la caída del em-

pleo es mucho mayor que la del PIB. En el

nuestro, el empleo está cayendo alrededor

de dos puntos por cada punto de contrac-

ción del PIB. En la mayor parte de la UE,

sin embargo, el empleo cae algo menos de

medio punto por cada punto de reducción

del PIB.

Un caso paradigmático, al respecto, es

el de Alemania, país en el que el paro no

ha aumentado más que el 0,5%, hasta

alcanzar un 7,6%; mientras que la reduc-

ción de la actividad alemana, en términos

del PIB, ha sido muy superior a la estado-

unidense o la española.

Esta aparente paradoja tiene una clara

explicación. Tanto en Estados Unidos

como en Irlanda o en España es muy fácil

para las empresas ajustar sus efectivos

y, en consecuencia, han procedido a des-

pedir masivamente a los trabajadores.

En Alemania, por el contrario, ha prima-

do el mantenimiento de los empleos, re-

duciendo para ello la duración del trabajo

y recurriendo al paro parcial. Dos mode-

los, pues, diametralmente opuestos. En

el caso del primer modelo, el precario,

como el de Estados Unidos o España, el

ajuste a la baja de la actividad se traduce

en una disminución rápida del número de

personas con empleo y tal modelo repo-

sa en convertir a los trabajadores en la

variable de ajuste de la crisis. Mientras

que, por el contrario, en Alemania (y de

una u otra manera en otros varios países

europeos) el ajuste pasa por una

reducción del número de horas

trabajadas. Y su coste es repar-

tido entre las empresas, los tra-

bajadores y el Estado, siendo éste

el que asume la mayor parte del

mismo.

Esta es una medida que el diálogo

social trata de incorporar en España a

la respuesta frente a la crisis. Es verdad

que la medida tendrá probablemente me-

nor eficacia en nuestro país dado que se

tomará con mucho retraso; que nuestro

tejido productivo y el tamaño de nuestras

empresas es menos propicio a la medida

que el alemán; y que en Alemania es mu-

cho más difícil despedir que en España.

Pero no parece dudoso que, pese a todo,

puede tener todavía una cierta eficacia

en algunos sectores. Y, sobre todo, po-

nerlo en práctica implica un cambio de

cultura. Un cambio de cultura en las

relaciones laborales orientándolas hacia

la flexibilidad interna (negociada) sobre

la externa (facilidades de contratación y

despido), que es la que ha primado en los

últimos 25 años. Con los resultados que

todos conocemos.

Es en esa línea en la que debería orientar-

se –además de en otras medidas referen-

tes al acceso al crédito, al desarrollo del

capital humano, a la promoción de empleo

en servicios a la comunidad (claramente

deficitario en España en relación con la UE),

en el impulso de “empleos verdes”, en un

plan de choque para asegurar empleo o

formación a los jóvenes– el diálogo social

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pese a todas las bellas palabras y pese a

los planes del G-20 y otras instituciones,

a día de hoy vuelven los mercados a im-

poner sus dictados.

en curso y el Pacto por el Empleo que,

como primera medida, nuestro país nece-

sita con urgencia.

El centro de ese diálogo y de ese pacto

no debería centrarse, una vez más, en la

flexibilidad externa del empleo. Esa es una

vía tan manoseada que solo ha conducido y

solo puede conducir a seguir haciendo del

empleo un factor de volatilidad, de bajos

salarios y de especialización en sectores

de poco valor añadido. Por el contrario

tendría que orientarse por el hilo conduc-

tor del gran desafío que tiene nuestro país:

el aumento de la productividad y de la com-

petitividad.

Flexibilidad externa ya tenemos mu-

cha: el flujo de contratación –unos

17 millones de contratos cada

año– es el más elevado de la UE;

las tasas de despido (no solo de los

temporales: en los últimos años la

extinción, es decir los despidos in-

dividuales de contratos indefinidos se han

acercado hasta casi igualar el volumen de

finalización de contratos temporales) son

las terceras más elevadas –tras Dinamar-

ca y Finlandia– de la UE; en rotación del

empleo estamos a la cabeza, al mismo

nivel que Dinamarca. Y en cuanto a las

dificultades para el despido nos situamos

(según Doing Business, del Banco Mun-

dial) a la cola de la UE, solo por encima de

Irlanda, Bélgica y Dinamarca.

Lo que necesitamos es hacer lo que no he-

mos hecho durante 30 años, a la espera

de la “verdadera” reforma laboral. Centrar

el diálogo y el pacto –también mediante

otro tipo de relaciones laborales y de em-

pleo– en el incremento de la productividad.

Y en los desafíos que plantea para el cam-

bio del modelo productivo el desarrollo sos-

tenible. n

EL SÍNDROME DE DAVOS

Durante el primer año de la crisis, casi

todos los políticos (incluso aquellos que

desde sus responsabilidades de gobierno

hicieron todo lo posible para liberalizar el

movimiento de capitales y entronizar los

mercados) han venido clamando por la

“vuelta de la política”. Y por la recupera-

ción de la primacía de las decisiones políti-

cas sobre las exigencias de los mercados.

Pese a todas las bellas palabras y pese a

todos los planes del G-20 y de otras varias

instituciones internacionales, incluida la

UE, a día de hoy vuelven “los mercados” a

imponer sus dictados. Sin ningún complejo

por los desastres causados en el pasado,

más agresivos si cabe y con el firme de

deseo de seguir imponiendo sus recetas a

los gobiernos. Vuelven, como decía el que-

rido y desaparecido David Anisi, los “crea-

dores de escasez”. Los fundamentalistas

liberales discípulos de Milton Friedman

partidarios de la autorregulación de los

mercados, de los recortes permanentes

y, sobre todo, de acabar con el legado so-

cialdemócrata. Las luchas del movimiento

obrero y la actuación de los partidos so-

cialdemócratas, socialistas y comunistas

consiguieron que, superando el Estado

liberal, se implantara el Estado Social y

Democrático de Derecho. Con su consi-

guiente ciudadanía social, pasando de esta

forma las clases populares del miedo ante

los principales avatares de la existencia

a la seguridad, al amparo del Estado de

Bienestar.

Los gurús neoliberales que, contra toda

justificación, siguen dominando la doctrina

económica y las instituciones que gobier-

nan la economía quieren, aprovechando

la crisis de la que ellos son los principa-

les responsables, dar otra marcha atrás:

desde lo que queda de bienestar hacia el

miedo. El miedo al paro, a la enfermedad,

a la vejez, a la ignorancia, al desamparo,

a la indigencia.

El tan imprevisto como brusco giro de

las posiciones del Gobierno español en el

tema de las pensiones, y veremos hasta

que punto en el de la reforma laboral, no

parecen tener mejor explicación que la de

realizar una concesión a los merca-

dos, a las instituciones financieras

internacionales, a las agencias de

calificación. El Foro de Davos ha

sido la oportunidad elegida para dar

carnaza a la fiera, para tratar de

calmarla. La imagen del presidente

del Gobierno, junto al presidente

griego, Papandreu, insistiendo en la se-

riedad y la trayectoria de nuestro país en

el cumplimiento de los “compromisos” (se

entiende que con la ortodoxia reclamada

por los mercados) era una imagen que no

reflejaba precisamente el triunfo de la polí-

tica sobre los mercados.

Sin esperar a que el Pacto de Toledo emi-

tiera sus conclusiones sobre el futuro del

sistema de pensiones, sin ningún consen-

so previo –ni siquiera, según se deduce

por lo conocido, en el propio Gobierno–,

en un intento de dar una imagen de estar

dispuestos a romper con todos los limites

marcados anteriormente por el propio

Ejecutivo, éste se ha lanzado a calmar a

los mercados con un mensaje explícito e

implícito de dureza en el frente presupues-

tario, en el laboral y en el de la protección

social. Anunciando para ello las reformas

–unas concretadas y otras pendientes de

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los datos no avalan que el problema de

la falta de competitividad provenga de los

salarios y la protección salarial.

concretar– que venían desde hace tiempo

pidiendo “los de economía”: tanto de fuera

como de dentro del Gobierno.

En el terreno de los bonos, la maniobra

ha tenido un cierto éxito coyuntural: los

bonos españoles a 10 años se han recu-

perado algo y la prima de riesgo ha mejo-

rado. Aunque ya se sabe que esa es una

soga que se aprieta o afloja a conveniencia

del que la maneja. En otros terrenos, en

cambio, el giro adoptado puede tener altos

costes para el Gobierno. En primer lugar,

si se llevan a cabo, en su propia lógica, las

reformas anunciadas o presumidas, las

expectativas electorales del Gobierno, que

ya estaban bastante debilitadas por las ci-

fras de paro y por unas medidas fiscales

cuyos damnificados son mayoritariamente

las rentas medias, pueden venirse abajo

de forma profunda y hasta irreversible Si

las opciones de Zapatero de ganar sus pri-

meras elecciones comenzaron cuando, en

2002, apoyó la huelga general contra el

decretazo de Aznar, las reformas (¿por qué

ahora se llaman reformas a los retrocesos

sociales cuando antes reformar era sinóni-

mo de avances?) en cuestiones tan sensi-

bles para los ciudadanos como las pensio-

nes y los derechos laborales –a lo que hay

que añadir las cifras de paro que seguirán

muy probablemente aumentando durante

este año a falta de estímulos fisca-

les– pueden darle la puntilla electoral

a la izquierda en el Gobierno.

En segundo lugar, el giro del Go-

bierno le ha dado una baza impa-

gable al PP. Se termina asumiendo

partes significativas de sus enunciados sin

que ni siquiera haya tenido que “mojarse”

para ello con un pacto. Es más, hasta se

puede permitir ser menos extremo que los

portavoces gubernamentales en cuanto a

la prolongación de la edad de jubilación.

Desde un punto de vista táctico, solo una

obsesión por llegar con algo contundente

al santuario capitalista de Davos puede ex-

plicar que el Gobierno se haya metido en

el tema del retraso de la edad de jubilación

por su cuenta y riesgo en lugar de haber

dejado, si esa era su intención, que la de-

recha, o las derechas, lo propusieran en

el seno del Pacto de Toledo. Solo falta que

ahora, en la reforma laboral, abarate y fa-

cilite aún más el despido o que, lo que tam-

poco seria mucho menos dañino, siga las

demandas del Gobernador del Banco de

España y reduzca la negociación “colectiva”

al ámbito de cada empresa. ¿Se imaginan

qué clase de “negociación colectiva” puede

realizarse en unas empresas cuya plantilla

media es de 7 trabajadores? Con este tipo

de regalos no solo puede ganar las eleccio-

nes un político como Rajoy: incluso podría

haberlas ganado Hernández Mancha.

A los sindicatos, el volantazo les ha dejado

a los píes de los caballos. Sin la aporta-

ción por parte del Gobierno de medidas

suficientemente efectivas para crear ma-

sivamente empleo –ni gasto público, ni

créditos a precios accesibles, ni capacidad

de consumo– y con propuestas de reforma

encima de la mesa con las que no pue-

den estar de acuerdo, salvo que donde se

dijo Diego se termine diciendo digo. Y este

es, con seguridad, el peor de los errores.

Porque aunque todos los partidarios de las

reformas más duras digan que ahora, con

la crisis y el paro masivo, es el momento

de hacerlas, la realidad es que no puede

haber nada peor desde cualquier punto de

vista, precisamente en las circunstancias

que atravesamos, que perder la paz so-

cial. Si se deteriora como consecuencia

de la reacción sindical, siempre será un

escenario peor que el de haberlo evitado.

Pero si terminara deteriorándose como

consecuencia de reacciones espontáneas

o incontroladas, aún sería peor.

El Gobierno da la impresión de haber inte-

riorizado el llamado “dilema de Krugman”.

Es decir, que el problema de competitividad

que afronta España solo puede solventar-

se de dos maneras. Una, con la salida del

euro y realizando una “devaluación mone-

taria” para recuperar competitividad, con

todo el coste político, las dificultades téc-

nicas y las repercusiones económicas que

ello conllevaría. Dos, mediante la puesta

en práctica de una “devaluación real” en

salarios y en la protección social lo que,

según el premio Nobel norteamericano,

pudiera implicar empobrecer un 15 o un

20% el país. Está, a mi entender, fuera

de toda duda que el Gobierno solo puede

optar por la segunda vía. La argentiniza-

ción –la desvinculación de la paridad con

el dólar a la que se vio abocada Argentina–

es impensable en España, al margen de

cualquier especulación teórica.

Los datos no avalan tampoco que el pro-

blema de la falta de competitividad de

la economía española provenga de sus

niveles salariales ni de protección

social, sino más bien del poco va-

lor añadido que genera su modelo

productivo y por el lastre que la

economía española viene acarrean-

do desde hace varios años por el

déficit de la balanza con el exterior.

Y que, ahora, recae sobre las cuentas

públicas y sobre la deuda del Estado. No

es cuestionable, en cambio, que el proble-

ma de competitividad existe. Pero España

en lugar de salir de este atolladero “por

abajo” tendría que intentar una salida “por

arriba”. En lugar de escoger la vía de la

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reducción de sus ya bajos niveles salaria-

les y de protección social debería orien-

tarse a modificar su modelo productivo,

que incluye un modelo laboral precario y

de baja calidad, y a acercar sus estánda-

res sociales a los europeos.

Para ello, el Gobierno, como decía

el eslogan del último Congreso de

la Confederación Europea de Sindi-

catos (CES) celebrado en Sevilla,

tendría que “pasar a la ofensiva”. Y

estar dispuesto a ser más hetero-

doxo. Serlo supondría, en el ámbito

externo, exigir apoyo, solidaridad,

medidas concretas por parte de la

UE –algunas de las cuales, propi-

ciadas por la entidad financiera Na-

tixis, enumeré en mi artículo del pasado

7 de enero en estas páginas– superando

así, de facto, el compromiso impuesto en

Maastricht, sobre todo por Alemania. En

efecto, para permitir la entrada en la mo-

neda única de los países del sur europeo,

esos países “manirrotos” y “recolectores

de aceitunas”, se estableció la prohibición

expresa de que la UE pudiera ir en auxilio

de cualquier país que se encontrara en

riesgo de insolvencia. La airada reacción

del ministro alemán de finanzas, ante la

pretensión de la Presidencia española de

la UE de establecer una Unión Económi-

ca con reglas o compromisos vinculantes

–equivalentes a las que existen en la Unión

Monetaria– y el posterior rechazo de

Francia y de Alemania a apoyar a Grecia

o la imposición a éste país de un drástico

plan de austeridad, muestra que tal com-

promiso sigue vigente.

Pero nadie puede asegurar que la evolución

de los acontecimientos no pueda obligar a

las instancias europeas a cambiar las co-

sas. Como ha diagnosticado el gurú econó-

mico Roubini, la hipotética salida de Grecia

del euro supondría un grave problema; la

salida de España representaría un desas-

tre. No solo para los países afectados sino

para el propio euro. De hecho, la cotiza-

ción de la moneda europea viene descen-

diendo desde hace algunas semanas. Por

todo ello, España debería exigir un cambio

profundo en el comportamiento de la UE,

para que la zona euro pueda ser realmen-

te una zona monetaria óptima. Es decir,

para hacer que el euro funcionara como el

marco unificado, tras la transformación en

un solo Estado de las dos Alemanias. No

sería ésta, desde luego, una tarea nada

sencilla pero todo es imposible hasta que

no hay más remedio que hacerlo posible.

Edgar Morin recordaba recientemente una

sentencia del poeta Hölderlin: “donde cre-

ce el peligro, crece también la salvación”.

Una mayor heterodoxia en el campo inter-

no, implicaría actuar sobre materias has-

ta ahora consideradas intocables: entre

otras, una reforma fiscal progresiva que

grave a determinados activos del capital,

a los bonos y a prebendas del tipo Goiri-

golzarri, al patrimonio, a las rentas más

altas; un control público de entidades de

crédito –las Cajas, por ejemplo– para ase-

gurar crédito más barato a las empresas,

sobre todo a las pequeñas empresas; la

sustracción del cálculo del déficit público

de determinadas inversiones de futuro.

Ello permitiría mantener una política de in-

versión generadora de empleo, invertir en

el cambio del modelo productivo, la recu-

peración del consumo y la reanimación de

la actividad económica. Y reducir el déficit

por la vía de mayores ingresos en lugar

de solo por la aminoración de los gastos.

¿No es bastante estúpido que se conside-

re absolutamente normal y lógico que las

empresas se endeuden para financiar in-

versiones que acrecentarán sus re-

sultados e ingresos futuros y que,

en cambio, se anatematice como

una aberración que el Estado haga

lo mismo?

Reformar la protección social o la

legislación laboral, en la línea de los

primeros mensajes del Gobierno,

quizá pudiera tranquilizar a los mer-

cados y sostener el riesgo del país

ante las agencias de calificación. Lo que

es seguro es que con ello gran parte de la

población se haría más pobre. Es, en cam-

bio, muy dudoso que de esa manera se

reduzcan los años que han de transcurrir

todavía hasta que recuperemos las tasas

de empleo que teníamos antes de la crisis.

O que retrasar la edad de jubilación vaya

a contribuir a un tirón de la demanda, del

crecimiento y del empleo. Pero de ello, de

la reforma de las pensiones y de la refor-

ma laboral, tengo intención de escribir en

la próxima colaboración. n

LOS VENTRÍLOCUOS DELBANCO DE ESPAÑA

Tras reunirse reiteradamente e incluso

celebrar algún seminario conjunto con el

Banco de España, el Fondo Monetario In-

ternacional ha emitido un Informe en el

que exige al Gobierno español una refor-

ma ambiciosa, amplia, radical y urgente

del mercado de trabajo; y también el re-

traso de la edad de jubilación. Además,

ha demandado “ajustes adicionales”, es

decir, más recortes del gasto y aumento

como ha diagnosticado el gurú económi-

co roubini, la hipotética salida de Grecia

del euro supondría un grave problema; la

salida de españa representaría un desas-

tre. no sólo para los países afectados,

sino para el propio euro.

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de impuestos indirectos que se añadan a

los ya planteados por Zapatero.

En suma, han hecho, como suele ser

habitual en este tipo de informes, de vo-

ceros del Banco de España y de otros

centros de presión económica, en este

caso españoles, y han repetido la doctri-

na que acostumbran: hay que rebajar el

precio del despido, limitar la negociación

“colectiva” al ámbito de las empresas, eli-

minar las cláusulas de revisión salarial y

recortar, por las vías que sean, el nivel

de las pensiones públicas. Es la receta

permanente y universal del FMI. Cuando

el Sr. Camdessus fue director gerente del

Fondo Monetario Internacional (FMI), en-

tre 1987 y 2000, mostró la solidez y pro-

fundidad de sus postulados cuando, por

ejemplo, en visita a Haití, afirmó

que uno de los principales proble-

mas de aquel país consistía en el

excesivo peso del Estado. Su suce-

sor (tras el periodo de Köller, entre

2000 y 2004), Rodrigo Rato, llegó

un día en misión a Santiago de Chi-

le y, nada más descender del avión,

pontificó que uno de los principales

problemas que aquejaban a aquel

país era un sistema laboral demasiado rí-

gido. ¡Precisamente un país en el que no

se permiten sindicatos en establecimien-

tos de menos de 25 trabajadores, donde

se puede recurrir a esquiroles en caso

de huelga, donde solo un 7% de los tra-

bajadores están cubiertos por convenios

colectivos, en el que muchos convenios

básicos de la OIT no están ratificados y

las jornadas laborales son decimonónicas!

Quizá sea por exceso de voluntarismo e

ingenuidad pero espero y creo que los so-

cialistas franceses y sus votantes no irán

a elegir, en el proceso de primarias para

nominar al candidato a la Presidencia de la

República, a Dominique Straus-Kahn, ac-

tual Director Gerente del FMI y “barón” del

Partido Socialista Francés, para tal elec-

ción. Hacerlo, tras las políticas que está

apadrinando –después de una primera

etapa post-crisis en la que empleó un len-

guaje algo diferente–, en la línea más clá-

sica de la institución que dirige, impediría

el reagrupamiento de la izquierda francesa

y acabaría con las posibilidades que ésta

pueda tener de ganar las próximas eleccio-

nes presidenciales.

La aplicación de las propuestas que aca-

ba de hacer el FMI para España supondría

un ataque sin precedentes al derecho del

trabajo y a las relaciones laborales. No

solo porque se quiere equiparar el coste

del despido por causas objetivas al despido

improcedente sino, sobre todo, porque –

en la línea del documento del grupo de los

100 economistas y del contrato único que

defienden– lo fundamental es que se quie-

re eliminar del sistema, salvo en algún su-

puesto de discriminación, la tutela judicial.

Tan grave o más que ello es la propuesta

de reducir la negociación al ámbito de las

empresas. Ello supondría, en la práctica,

la eliminación, de facto, de la negociación

colectiva, en un país en el que la media de

las plantillas de las empresas es de siete

trabajadores. También proponen la elimi-

nación de la llamada “indiciación” de los

salarios (que no es tal, pues la inclusión de

la cláusula de revisión salarial en los conve-

nios, en el caso de que la inflación prevista

supere a la real, poco tiene que ver con la

denominada scala mobile imperante en Ita-

lia a finales de los años 60 y principios de

los 70 del siglo pasado). Con ello se acaba-

ría con uno de los pilares del diálogo social

en España, que ha sido factor central de la

lucha contra la inflación en nuestro país.

Eliminar las cláusulas de revisión salarial

en los convenios laborales nos retrotraería

al esquema de negociación sindical ante-

rior a los Pactos de la Moncloa. Hasta en-

tonces y, especialmente, hasta el Acuerdo

Marco Interconfederal (AMI) de 1980, las

reivindicaciones salariales de las organiza-

ciones sindicales se construían sumando

a la inflación pasada la previsión de los au-

mentos de la productividad.

En lo que hace a la propuesta de prolongar

la edad de jubilación hasta los 67 años,

remito a los lectores a los argumen-

tos que ya he expuesto en artículos

anteriores en esta columna.

El objetivo de esta propuesta ultra-

liberal no es otro que el de reducir

aún más nuestro Estado de Bienes-

tar. Se ataca para ello a sus dos

pilares fundamentales: el derecho

del trabajo y las protecciones socia-

les vinculadas al trabajo. Es evidente que

con ello no se creará empleo ni se ase-

gurarán las pensiones. De hecho, ninguno

de los que lo propone estaría dispuesto a

cuantificar ante notario el empleo que se

supone va a crearse con las medidas que

propugnan. Ni a rendir cuentas, al cabo de

la próxima crisis, sobre si las medidas que

plantean acabarán con la volatilidad, pre-

cariedad y bajos niveles salariales de nues-

tro mercado de trabajo. Las medidas que

apoya el FMI sobre el sistema de jubilación

tampoco van a asegurar las pensiones:

solo aseguran que las pensiones futuras

van a tener una tasa de sustitución res-

pecto al último salario bastante más baja.

O sea, que serán paupérrimas.

las medidas que apoya el FMi sobre el

sistema de jubilación sólo aseguran que

las pensiones futuras van a tener una

tasa de sustitución respecto al último sa-

lario más baja.

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24

Ni siquiera tales recetas van a evitar que

los mercados sigan teniendo a nuestro

país en el punto de mira: el problema,

a ese respecto, no son ni la regulación

laboral ni el coste de las pensiones. El

problema es que, a finales de 2007, la

deuda privada española representaba el

317% del PIB. Y que los esfuerzos para

reducirla se están traduciendo en sobre-

capacidad de producción, reducción de

las inversiones de las empresas, aumento

del paro, reducción de los salarios, aumen-

to del ahorro y reducción del consumo. Ten-

dencias que pueden acentuarse con las

medidas de ajuste que se están poniendo

en práctica, sin que ninguna expectativa

de que un fuerte crecimiento de las ex-

portaciones pueda compensar la atonía

de la demanda interna. No parece que

la consolidación de las finanzas públicas

vaya a ser muy probable, ni tampoco el re-

torno al crecimiento, una condición esen-

cial para crear empleo, reducir el déficit y

amortizar la deuda.

Los ataques de los mercados y los im-

perativos categóricos del FMI nos mues-

tran hasta qué punto el neoliberalismo

ha impuesto sus postulados y la impoten-

cia, de hecho, con la que actúa la

política frente a los dictados del

mercado y de las instituciones que

les dan respaldo. Uno de los pa-

dres fundadores del fundamenta-

lismo económico contemporáneo,

Friedrich Hayek, ya señalaba que

si los derechos económicos y so-

ciales consagrados en los textos

emblemáticos de un nuevo orden mun-

dial, tras la Gran Depresión de los años

30 del siglo pasado –la Declaración de

Filadelfia, de 1944, y la Declaración Uni-

versal de 1948– “se convierten en nor-

mas obligatorias acabarán con el orden

de libertad al que tienden los derechos

civiles tradicionales”. Crítico virulento de

la obra normativa surgida de la posgue-

rra, Hayek le reprochaba, sobre todo, el

haber establecido “una democracia ilimi-

tada” que extendía sus dominios sobre

las cuestiones económicas. Añadía que

“una vez que demos licencia a los polí-

ticos para intervenir en el orden espon-

táneo del mercado, ellos desencadena-

rán un proceso acumulativo cuya lógica

intrínseca conducirá inevitablemente a la

dominación creciente de la política sobre

la economía”. Este ha sido el primer obje-

tivo de la revolución ultraliberal: colocar

el “orden espontáneo del mercado” fuera

del alcance del poder de las urnas, sus-

trayendo de la esfera política el objetivo

del pleno empleo, el reparto de la riqueza

y la política monetaria. De tales polvos

han crecido los lodos que estamos pa-

deciendo. ¿Qué consecuencias para la

democracia está teniendo y puede llegar

a tener este ninguneo de la política? n

SOLIDARIDAD ENTRE POBRES

Las últimas semanas han sido pródigas en

noticias que nos han ilustrado –se supone

que solo muy en parte– sobre los privilegios

de que gozan y lo que ganan los grandes

gestores empresariales de nuestro país.

Por ejemplo, el último número de la revis-

ta Le Nouvel Observateur informaba en su

página 62 que los salarios anuales me-

dios de los managers españoles eran los

más altos de Europa: 2.445.723 euros al

año, frente a los 1.503.318 en Alemania,

los 1.325.209 en el Reino Unido o los

1.138.139 en Francia. A su vez, el Bole-

tín trimestral de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores hacía público que los

Consejeros de los bancos españoles se ha-

bían subido un 53% el sueldo en 2008. Si

bien la noticia más espectacular al respec-

to ha sido la referida al Sr. Goirigolzarri,

Consejero Delegado del BBVA. Además de

pagarle una indemnización por despido de

unos 30 millones de euros para prejubi-

larlo a los 55 años, este señor va a tener

que afrontar el futuro con una modesta

pensión vitalicia de un millón y medio diario

de las antiguas pesetas.

Seguramente muchos trabajadores de

este país habrán pensado que por ahí sí

podría ir una buena y deseable reforma

laboral: aplicando no los criterios que la

patronal y sus distintos voceros proclaman

sino los que realmente practican para ellos

en cuestiones de despidos, de salarios, de

pensiones, de prejubilaciones.

Los privilegios del Sr. Goirigolzarri han sido

objeto de todo tipo de calificaciones: es-

candalosas, indecentes, inmorales... so-

bre todo cuando hay tanta gente pasándolo

mal. Pero quizá lo más llamativo es

que no se consideren inaceptables

en sí mismas, más allá de la coyun-

tura. Y, sobre todo, que desde el po-

der no se hayan anunciado medidas

para limitar (gravando, por ejemplo,

con un 95% tales honorarios) con

una panoplia de actuaciones este

tipo de operaciones.

No menos escandaloso es, no obstante,

la relativamente insignificante relevancia

que se da a los niveles de ingresos y sala-

rios en nuestro país. Un 63% de quienes

trabajan ganan menos de mil euros. Los

salarios en España están muy por deba-

jo de la media europea, distancia que ha

los salarios en españa están muy por de-

bajo de la media europea, distancia que

ha aumentado espectacularmente en los

últimos años.

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25

aumentado espectacularmente en los últi-

mos años. Además, los ingresos salariales

están muy polarizados: el 25% de los que

menos cobran perciben un salario de un

40% inferior a la media, el 10% de los que

menos cobran perciben un salario inferior

en un 60% a la media. El 50% de los asa-

lariados percibe un salario que es un 20%

inferior a la media. El 70% de los traba-

jadores españoles perciben retribuciones

inferiores a tres veces el Salario Mínimo

Interprofesional (SMI) y cerca del 40% se

encuentra por debajo de dos veces

el SMI. Un 11% de los empleados,

en 2007, no generaba rentas su-

ficientes para situar a sus familias

por encima del umbral de pobreza.

En ese mismo año de 2007, antes

de explotar la crisis, un 37% de los

desempleados se encontraba por

debajo del umbral de pobreza.

Podríamos decir que, durante las dos últi-

mas décadas, la distribución social de la ri-

queza se ha “gripado”. Por supuesto en Es-

tados Unidos, pero también en Europa. Un

caso significativo es el de Alemania, donde

la Sra Merkel (muy emulada por el PP)

quiere bajar más los impuestos. Alemania

ha pasado a ser uno de los países euro-

peos donde más han aumentado las des-

igualdades. Este país, que durante mucho

tiempo ha sido un exponente de progreso

social dedica actualmente una parte me-

nos importante de su presupuesto a gas-

tos sociales que el Reino Unido (Le Monde,

6 de octubre 2009). Es muy posible que

ello haya tenido bastante que ver en los

resultados de las últimas elecciones.

Pero es en el conjunto de Europa donde

se extiende el fenómeno de modificación

en la redistribución de la riqueza. Cada

vez es menos desde los ricos hacia los

pobres y cada vez más una redistribución

entre pobres. El coste fiscal lo tienen que

soportar cada vez más las rentas medias

y bajas. Para que suban las pensiones

mínimas (lo que está muy bien y es de

justicia) el resto de las pensiones solo evo-

lucionan con el IPC y no con el incremento

de la riqueza, con lo que se van progre-

sivamente empobreciendo relativamente.

No hace muchos años la alternativa que

se planteaba en las negociaciones con

el gobierno era: si quieren ustedes que

suban las pensiones no puede subir la

retribución de los funcionarios. Las pres-

taciones universales son cada vez más

sustituidas por rentas mínimas sujetas a

pruebas de necesidad. Las prestaciones

de Seguridad Social dejan paso a presta-

ciones de asistencia social. El aumento del

salario mínimo es simultáneo al acentua-

do descenso del salario medio. La refami-

liarización de la solidaridad gana de nuevo

terreno en muchos países europeos. Por

todas partes observamos cómo se avan-

za hacia una política social de mínimos y

una solidaridad entre pobres. Lo que, na-

turalmente, se traduce en que la minoría

más rica se queda con una parte cada vez

más grande de la tarta. n

MORIR POR EL TRABAJO

No solo de amor y de hastío se muere.

También se muere por el trabajo. El tra-

bajo mata. Los 23 suicidios acaecidos en

la empresa France Télècom desde enero

de 2008, en un plazo de 18 meses, han

sacado a la luz pública un fenómeno que

no es único o excepcional. En Francia, al-

rededor de 400 suicidios (otras fuentes

elevan la cifra a 3.000) son imputables

cada año al trabajo. Aunque no existe una

estadística o estudio nacional, esta cifra

es la extrapolación al conjunto del país

de un estudio regional realizado en Nor-

mandía, en base a la encuesta realizada a

190 médicos del trabajo. Así se recoge en

un libro recién publicado en el país vecino

(Travailler à en mourir), elaborado por dos

periodistas. En la encuesta realiza-

da por estos profesionales de la co-

municación se pone de manifiesto

que el fenómeno está extendido en

muchas empresas, como Renault,

IBM, Michelín, PSA, EDF…; que

afecta a la mayoría de los sectores,

desde las telecomunicaciones a la

metalurgia, pasando por la banca o

la energía y los servicios; y que no

hace distinción de categorías profesiona-

les: cuadros, técnicos, gestores, secreta-

rias, trabajadores no cualificados.

El fenómeno filosófico más difícil al que se

refería Albert Camus en el Mito de Sísifo,

el suicidio, ha entrado a formar parte de

la vida de las empresas. Hace más de un

decenio que psiquiatras, médicos e inspec-

tores de trabajo, sindicatos, responsables

de comités de seguridad e higiene y, por

supuesto, los propios trabajadores vienen

alertando de los riesgos mentales vincula-

dos a las nuevas formas de organización

del trabajo. Sin que las autoridades ni las

empresas hayan hecho el menor caso.

Han achacado, por el contrario, el estrés

o los intentos de suicidio y los suicidios

mismos a “problemas personales” a “per-

sonalidades depresivas o melancólicas, in-

capaces de adaptarse a los cambios en el

trabajo”. El Presidente Director General de

France Télècom dijo incluso, en sus prime-

ras reacciones, que era “una moda”.

es en el conjunto de europa donde se ex-

tiende el fenómeno de modificación en la

redistribución de la riqueza. cada vez es

menos desde los ricos y más entre los

pobres.

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para recuperar la dignidad del trabajo

será necesario recuperar de nuevo el

sentido colectivo del trabajo.

Sin embargo, los trabajos de campo reali-

zados muestran incuestionablemente que

están producidos por las nuevas formas de

gestión del trabajo. Imputar estos suicidios a

la vulnerabilidad psicológica es, como ha se-

ñalado un psicoanalista del trabajo (Christo-

phe Dejours), “tanto como pretender hacer

creer que la muerte por paludismo fuera

solamente debida a la debilidad biológica de

ciertas personas y no a las aguas estanca-

das infestadas de mosquitos”. Los análisis

de casos, los estudios realizados por los es-

pecialistas y los informes realizados por los

sindicatos y los comités de salud y seguri-

dad evidencian, en cambio, que las perso-

nas más afectadas son, en la mayor

parte de los casos, los más compro-

metidos profesionalmente. Son gene-

ralmente empleados modelo, encar-

gados de diversas responsabilidades,

que dedican todo el tiempo que sea

necesario al trabajo, por encima de

su vida privada, que no tienen inconveniente

en trabajar de noche, los fines de semana y

hasta durante las vacaciones.

Esta realidad es algo que hace tiempo no

se pone en cuestión en Japón (otra cosa

es que, a tenor de los datos, se hayan

puesto los medios necesarios para reme-

diarla). Los suicidios y otras formas de re-

acciones patológicas –estrés, depresión,

infartos cerebrales o cardíacos– inducidos

por ciertas formas de trabajar reciben en

el país nipón una denominación concreta:

Karoshi. Es decir, muerte por sobrecarga

de trabajo. Las autoridades japonesas con-

tabilizan unas 300 por año por esta cau-

sa; los abogados laboralistas de aquel país

consideran, no obstante, que la cifra real

se sitúa en 30.000. Más que los acciden-

tes de circulación.

Aunque no cabe generalizar ni identificar

todo trabajo con riesgo o sufrimiento, es

cierto que cada vez más estudios indican

que el trabajo se ha hecho más intenso y

más penoso. El estrés se ha convertido en

una plaga que se suma a la extensión de

las dolencias musculoesqueléticas y a los

cánceres profesionales. Pero el suicidio

por el trabajo marca un punto de inflexión:

ya no solamente el trabajo puede matar

como consecuencia de accidentes labora-

les o de enfermedades profesionales. Pue-

de, en ocasiones, arrastrar a que uno se

mate a sí mismo.

Las causas de este creciente malestar

en el trabajo hay que encontrarlas en los

cambios en el trabajo –menor calidad– y

en el empleo –más precariedad–. Muchos

trabajadores acumulan insatisfacción en el

trabajo e inseguridad en el empleo. Pero,

además, las formas tradicionales de orga-

nización del trabajo están siendo sustituidas

por mecanismos complejos que se basan

en la autonomía y la responsabilidad cre-

ciente de los trabajadores, como la gestión

por proyectos, la flexibilidad horaria y geo-

gráfica, la estructuración en red, los siste-

mas de información interna, la evaluación

individual de los trabajadores. Pero la au-

tonomía sin un marco claro ni medios para

lograr los objetivos desemboca en una ges-

tión por el estrés, en la fijación de objetivos

irrealizables, en exigencias contradictorias

e indeterminadas, en movilidades forzosas,

en reestructuraciones funcionales y cam-

bios de tareas, en el culto de las evaluacio-

nes individuales, a la explosión de los colec-

tivos y a una lógica de “cada uno para sí”.

El trabajador se siente solo frente al tra-

bajo, a sus resultados, lo que, en algunos

casos, conduce a un sentimiento de fra-

caso personal. La evaluación individual de

competencias es una de las claves para

comprender este fenómeno. En la medida

en que se trabaja por resultados, el es-

trés generado por las nuevas reglas por

objetivos se transforma en “voluntad de

hacerlo bien y se salda con una superim-

plicación del trabajador en la vida profesio-

nal, recompensada por un reconocimiento

jerárquico, mediante aumento de primas,

de retribuciones o de responsabilidades. El

día en que esos principios son puestos en

cuestión (por ejemplo, por una pérdida de

responsabilidades, por una movilidad obli-

gada a otra ciudad, por un cambio

de equipo o de tarea) el universo

del reconocimiento profesional y de

estima de sí mismo en el que el tra-

bajador se había forjado se hunden

brutalmente. Con consecuencias

humanas más o menos dramáti-

cas” (Marin Ledun).

La creciente individualización del traba-

jo es la que está conduciendo a que los

trabajadores se vean obligados a aceptar

objetivos por encima de sus posibilidades

o a tener que dar su concurso a prácticas

profesionales que repudian. Para recupe-

rar la dignidad del trabajo será necesa-

rio recuperar de nuevo el sentido colec-

tivo del trabajo. En las empresas donde

se producen suicidios (Dejours) “no hay

colectivos dignos de tal nombre, no hay

confianza y lealtad entre compañeros, no

hay cooperación ni solidaridad. El hacer y

vivir en común ha dado paso a la soledad

de cada uno, al miedo”.

Para afrontar esta temática será nece-

sario volver a recomponer el trabajo en

sus tres dimensiones: económica (retribu-

ción), sociológica (relación) y creativa (sa-

tisfacción con lo realizado). Es necesario

repensar el trabajo a la luz de todas las

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patologías que produce, las que afectan al

cuerpo pero también a la salud mental y a

su protección. Trabajar no es solo produ-

cir sino también vivir en cooperación con

otros. Ya lo advertía Bergamín: “Por no

querer perder el tiempo pierdes el tiempo

y el alma. Estás perdiendo la vida de tanto

querer ganarla”.

Hoy por hoy, la siniestralidad en el trabajo

sigue, en gran parte, invisible, infraeva-

luada, infraindemnizada. En España, por

ejemplo, el conocimiento sobre las en-

fermedades profesionales sigue siendo

un agujero negro. Y los costes de las re-

percusiones sobre la salud en el trabajo

la pagan los ciudadanos a través de sus

impuestos. En algunos países esa “exter-

nalidad” representa en torno al 3% del

PIB. Solo se cambiará la situación cuando

esos riesgos cuesten más a las empre-

sas, en términos de imagen, en términos

económicos, en términos penales.

Los americanos consiguieron re-

bajar drásticamente las tasas de

accidentes y de enfermedades pro-

fesionales cuando se ha reforzado

el papel de los sindicatos; estos

realizan informes periódicos sobre

cada empresa que se publican en Inter-

net; cuando se ha adaptado la organiza-

ción del trabajo a las exigencias de la salud

física y mental; cuando una ley ha obligado

a hacer públicos los documentos no con-

fidenciales que emiten los inspectores de

trabajo y ha aumentado notablemente el

número de éstos últimos; cuando se ha

comenzado a elaborar listas negras de

establecimientos y de sectores; cuando

se ha obligado a las empresas a contra-

tar seguros de accidentes para sufragar

los daños que puedan sufrir los trabajado-

res. Europa y, por supuesto, España ne-

cesitan también reforzar las políticas y las

normas que afectan a la salud del trabajo

y que son la consecuencia de un nuevo

modelo de productivismo que antepone la

competitividad y la rentabilidad a la integri-

dad personal en el trabajo. n

SEGMENTACIÓN LABORAL YFACILIDAD DE DESPIDO

El discurso de los sectores neoliberales

–patronales, fundaciones y servicios de

estudio vinculados a los poderes econó-

micos, partidos políticos de la derecha y

relevantes personalidades del entorno o de

las mismas estructuras del Gobierno– ha

venido sosteniendo en los últimos tiempos

que el gran problema de nuestro merca-

do de trabajo es su segmentación entre

una minoría de trabajadores (en torno a

un tercio en épocas de crecimiento), los

temporales, infraprotegidos frente al des-

pido y convertidos en la variable de ajuste

en momentos de crisis; y una mayoría de

dos tercios, los que tienen contratos inde-

finidos, sobreprotegidos ante el riesgo de

extinción del contrato.

Siendo cierto que existe una dualidad de

protección inaceptable frente al despido

–fundamentalmente porque los empresa-

rios se saltan olímpicamente la causalidad

en la contratación temporal, de tal ma-

nera que realizan contratos temporales

para puestos de trabajo estables, sin que

ni la autoridad laboral ni el control sindical

hayan sido capaces de evitarlo– los datos

últimos sobre los despidos de trabajado-

res con contratos indefinidos muestran

claramente que la inestabilidad en el em-

pleo, tras las sucesivas reformas laborales

que se han realizado desde 1994 has-

ta 2006, se está extendiendo de forma

muy significativa al campo de los trabaja-

dores fijos.

La reforma del Gobierno Aznar de 2002

redujo de forma sustancial el coste del

despido improcedente, mediante la supre-

sión de los salarios de tramitación, cuando

el empresario reconoce en el mismo acto

la improcedencia del mismo y deposita la

indemnización correspondiente. Este proce-

dimiento ha convertido en inoperante y ocio-

sa la tutela judicial ante el despido. El des-

pido individual en España se ha convertido

en automático y no requiere, en la práctica,

causa alguna ni revisión judicial (A. Gonzá-

lez, 2010). Pues bien desde dicha reforma,

los despidos de trabajadores con contratos

indefinidos han aumentado fuertemente

ya antes de la crisis: se duplicaron entre

2003 y 2007. Y si analizamos los datos

hasta 2009, se han multiplicado

por cuatro.

Con la dinámica actual, pronto los

despidos de contratos indefinidos

igualarán a la de los contratos tem-

porales que finalizan su vigencia.

Actualmente 4 de cada diez extinciones de

empleo que se producen corresponden a

despidos de trabajadores fijos. Y el resto

son finalizaciones de contratos tempora-

les. Un millón cien mil de los primeros y

un millón setecientos mil de las segundas,

en 2009.

Por otra parte, el auge de los despidos in-

dividuales está convirtiendo en marginales

los despidos colectivos. Tras las condiciones

creadas por la reforma de 2002, más del

90% de los despidos son ya individuales. El

salto cualitativo, en este sentido, se pue-

de apreciar si comparamos lo que sucedía

durante la crisis 1992-1994 y lo que está

sucediendo en ésta. Durante aquélla, el

el despido individual en españa se ha con-

vertido en automático y no requiere, en la

práctica, causa alguna ni revisión judicial.

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número de despidos individuales represen-

taban tres veces los colectivos. En ésta, la

diferencia entre unos y otros se multiplica

por 18. Este aumento de los despidos indi-

viduales ha ido parejo al gran incremento de

los despidos improcedentes: 7 de cada 10

despidos no colectivos son improcedentes.

Estos datos nos muestran, en primer lu-

gar, que la inseguridad ante el despido no

está tan dualizada como se dice.

En segundo lugar, es evidente que

ni las diferencias en las cuantías de

las indemnizaciones, ni el montante

de ellas, es un obstáculo importan-

te para que las empresas despidan.

El problema no es, por tanto, solo

la dualidad sino, sobre todo, las ele-

vadas facilidades de despido, que

convierten a nuestro país en uno en los

que más y más fácilmente se despide. Ter-

cero, parece claro que, con las últimas re-

formas, la figura del despido improcedente

–hoy ya, tras esas reformas, una simple

fórmula de despido a la que se puede recu-

rrir sin justificación alguna, y no como an-

tes, que era exclusivamente la consecuen-

cia, generalmente judicial, de un despido

deficientemente justificado– ha contami-

nado todo el sistema español de extinción

de la relación laboral. Cuarto, la existencia

de un porcentaje tan elevado de contratos

temporales se debe, no conviene olvidarlo,

a que se ha desnaturalizado absolutamen-

te su utilización. En quinto lugar, la actual

dinámica está reduciendo aún más –nunca

ha sido demasiado fuerte– el campo de los

despidos colectivos, el único en el que las

organizaciones sindicales tienen una inter-

vención real. Sexto, en estos momentos el

modelo laboral español suma la temporali-

dad más elevada de la Unión Europea y una

protección del empleo fijo que no supera la

media europea y que, en cuanto a facilidad

de despedir es de las más permisivas de

la UE-15.

Cualquier reforma de este modelo laboral

–que produce baja productividad econó-

mica, un altísimo porcentaje de salarios

bajos, unos enormes costes de rotación

del empleo, descualificación profesional,

especialización productiva en sectores de

bajo valor añadido, escaso gasto en for-

mación por parte de las empresas y falta

de reconocimiento por las empresas de la

formación profesional que se imparte por

los servicios públicos, escasa flexibilidad in-

terna, es decir pactada entre empresas y

organizaciones sindicales– requeriría, por

tanto, acantonar los contratos temporales

en trabajos realmente temporales, abor-

dar las causas de la automaticidad –nor-

mativas y judiciales– con la que se despide

en España, fortalecer en gran medida la

intervención sindical en la institución del

despido y replantearse un universo salarial

en el que sistemáticamente los salarios

crecen por debajo de la productividad y en

el que crece el número de trabajadores

muy poco retribuidos o directamente (un

11%) sujetos al riesgo de pobreza. n

DESPOTISMOCONTRADEMOCRÁTICO

El grupo de los denominados “l00 econo-

mistas” (que, en realidad, eran 95 y aho-

ra han debido de pasar a ser 94, tras la

retirada, por razones institucionales, del

actual Secretario de Estado de Economía,

Sr. Campa) se ha convertido en la punta de

lanza de las propuestas más duras contra

dos de los pilares de nuestro modelo so-

cial: la legislación laboral y el sistema de

pensiones. En su manifiesto anterior de-

fendían un contrato único prácticamente

descausalizado y sin control judicial, pre-

tendiendo, de esta manera, “solucionar”

la segmentación de nuestro mercado de

trabajo por la vía de convertir a todos los

trabajadores contratados en precarios.

Ahora, anuncian otro sobre las pensiones

(El País, 27 de febrero de 2010) en

el que plantean, entre otras cosas,

bajar la pensión respecto del último

salario ya que, según su criterio, la

tasa de sustitución (la relación en-

tre la pensión y el último salario) de

las pensiones públicas es en nues-

tro país demasiado alta y generosa.

Pero, siendo esa afirmación ciertamente

discutible, lo realmente grave de su pro-

puesta es la pretensión de sustituir el

debate político, el diálogo social y, sobre

todo, al propio Parlamento por una “comi-

sión de expertos independientes”. De tal

manera que sea lo que digan tales exper-

tos lo que haya de comprometer al Pacto

de Toledo. Es decir al Parlamento y a la

soberanía popular.

Si la esencia de la dogmática neoliberal es

la defensa de la supremacía del mercado

y de las decisiones económicas sobre la

política y las decisiones democráticas, no

es fácil encontrar una manifestación tan

palmaria de ello como la que plantea este

grupo de economistas. Cuyos postulados

no nos retrotraen al siglo xvii, al Antiguo

Régimen y a la Ilustración –todo para el

pueblo, pero sin el pueblo– sino que más

bien nos muestran la confluencia de su

ideología con los postulados de la extrema

derecha norteamericana de Sarah Palin,

Dick Cheney y el Tea Party en su ofensiva

contra las decisiones políticas con moti-

vo de la reforma sanitaria del Presidente

no son los mercados financieros los que

deben decidir sobre la cuantía de las pen-

siones sino la sociedad la que decide qué

parte de la riqueza se reparte.

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Obama. En el fondo, lo que plantean estos

expertos es que el mayor problema de las

pensiones es que los pensionistas actua-

les y los pensionables futuros, es decir, la

inmensa mayoría de la población, votan. Y

que con su voto obstaculizan e impiden que

los políticos adopten las decisiones acerta-

das que, naturalmente, solo ellos saben.

Lo primero que cabe decir de su plantea-

miento es que es sesgado. La tasa de sus-

titución que dicen es la que rige en Espa-

ña, superior al 80% del último salario, de

las pensiones de jubilación es un supuesto

teórico –jubilación a los 65 años y con una

carrera de seguro completa– que no co-

rresponde a la realidad. Lo que importa es

la tasa de sustitución real del conjunto del

sistema. Y ésta no llega en las nuevas pen-

siones de jubilación a alcanzar el 60% de

los salarios medios. Ello es debido a que en

España existen: 1) topes máximos de co-

tización, y consecuentemente también una

pensión máxima topada y unos salarios

bastante inferiores a los de muchos países

europeos; 2) coeficientes reductores com-

parativamente muy altos en casos de jubi-

lación anticipada; 3) muchos trabajadores

son expulsados del mercados de trabajo

antes de llegar a los 65 años y no pue-

den tener derecho a la pensión máxima; 4)

aunque hayan cotizado 14 años y 300 días

si no se llegan a cotizar 15 años la tasa de

sustitución es cero. Tampoco se tiene en

cuenta que en otros países existen pensio-

nes complementarias obligatorias de ca-

rácter profesional –pactadas entre empre-

sas y sindicatos–, ni que la actualización

de las bases de cotización o la revaloriza-

ción de las pensiones ya causadas no se

realizan sobre los salarios, como en mu-

chos países europeos, ni se contemplan,

con el grado de generosidad de bastantes

países comunitarios, las bonificaciones a

las situaciones de inactividad protegidas,

a efectos de cálculo de las pensiones, por

cuidado de hijos, personas dependientes,

periodos de aprendizaje o de estudios, que

en España son muy limitadas y penalizan,

sobre todo, a las mujeres. La fiscalidad so-

bre las pensiones es otro hecho diferencial

que también incide en la tasa real de susti-

tución, en el momento de jubilarse y en los

años posteriores.

Pero, sobre todo, lo que merecería una

respuesta es el contenido ideológico con-

trademocrático de la propuesta de estos

expertos. Si su anterior manifiesto tuvo

como respuesta otro manifiesto, en senti-

do contrario, de más de 750 expertos de

derecho del trabajo, éste merecería otro

en el que se manifestaran otras muchas

voces. Las de otros expertos, las de los

trabajadores en las empresas, las de sin-

dicalistas, diputados y otros cargos públi-

cos, las de ciudadanos corrientes, las de

profesionales de los medios de comunica-

ción... ya que es la propia decisión demo-

crática la que se pone en cuestión.

El sistema público de pensiones es una

conquista democrática, una característica

esencial de nuestro modelo social, un ele-

mento de solidaridad entre generaciones.

Es el fruto de una decisión política. Y es

por eso objeto de debate y de combates.

Pero no son los mercados financieros los

que han de decidir sobre la cuantía de

las pensiones sino que es la sociedad la

que debe decidir políticamente cuál es la

parte de la riqueza producida que debe

destinarse a las personas jubiladas. Es en-

tendible que un tal sistema, que valoriza la

decisión política y por lo tanto el ejercicio

de la democracia, sea intolerable para los

neoliberales de todo tipo. Pero es demo-

cráticamente inaceptable. Por eso resulta

imprescindible una amplia expresión de

rechazo de los que creemos que lo into-

lerable es este tipo de despotismo antide-

mocrático.

La opinión de los expertos es necesaria y

conveniente. Aunque no sean independien-

tes. Es difícil, desde luego, asignarles este

adjetivo a los integrantes del manifiesto

que son coordinados por una fundación,

FEDEA, que depende de grandes empre-

sas y del Banco de España. Pero nunca

pueden estar estas opiniones por encima

de las instituciones democráticas. Ade-

más, en esta cuestión no solo tienen que

opinar los expertos –todo tipo de expertos

y no solo los economistas; todo tipo de ex-

pertos y no solo los ultra liberales– sino

también las organizaciones sociales, los

políticos, los ciudadanos, los intelectuales

de todo tipo. Ya que de lo que estamos

hablando es del modelo de sociedad que

queremos para el futuro. n

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P LECCIONES DE LA CRISIS ECONÓMICAY DE SU GOBERNANZA. PRESIDENCIAESPAÑOLA DE LA UE

Previo a introducirnos en los aprendizajes que las

crisis actual (2007-2010) y las subsecuentes

interpretaciones nos dejan, y sin entrar en la

descripción de los elementos de la misma en los que, por

demasiado ya explicados y debatidos, no es preciso dete-

nerse aquí, conviene dejar constancia de que, a mi juicio,

aún no hemos llegado al final del túnel, ni aquí ni al otro

lado del Atlántico. A estas alturas del año 2010 todavía

estamos en la duda de la variedad cíclica de la crisis que

vivimos: en forma de U, de L, de diente de sierra...

Un elemento significativo a este respecto sería lo que

algunos analistas han llamado la variante anglo-hispana

de la recesión actual, que arrancando en las propias

deficiencias de los respectivos tejidos productivos,

puestos de manifiesto en un déficit muy importante de

la balanza de pagos, puede llevar a concluir en un perio-

do de crisis más dilatado en ambos países que en otro

de los desarrollados o emergentes.

Si, al margen de las variantes de la recesión, ésta

continúa su curso a lo largo de este año habrían de

mantenerse las medidas de política macroeconómica,

que con ligeras diferencias, se vienen practicando en

la mayoría de los países desarrollados y no tanto. Lo

que significa que en el escenario europeo, habría que

replantearse si es el momento de la vuelta al orden del

Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), como ya se

plantea desde algunos discursos políticos.

La segunda cuestión a tener en cuenta, es que los

mercados en general y especialmente los financieros,

donde se concentran los orígenes de la actual crisis,

manifiestan de forma reiterada insuficiencias para su

autorregulación, lo que indica de forma clara que estos

instrumentos carecen de capacidades, per se, para

ordenar determinados desajustes (“externalidades”) la

dinámica de los intercambios económico y/o financie-

ro, en el medio y largo plazo.

Por lo tanto, hay que buscar otros mecanismos de re-

gulación para que esos efectos, que van más allá del

instante mismo del intercambio y que afectan a sujetos

que no participan en el intercambio, puedan controlar-

se y regularse.

La tercera experiencia o lectura que podemos hacer,

es la importancia del sector financiero en sí mismo; es

algo que ya conocíamos pero que, quizás, esta crisis

ha elevado de rango, lo que nos conduce a reflexionar

sobre la consideración de este sector como un bien

público, esencial para el buen funcionamiento de los

sistemas económicos, dado que, como se ha venido

observando, la paralización del flujo crediticio tiene un

efecto inmediato en el flujo económico, en la produc-

ción de bienes y servicios.

Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid yConsejero del Consejo Económico y Social

recopilación de artículos de Santos M. ruesga (ii)

• “lecciOneS de la criSiS ecOnóMica y de Su gObernanza. preSidencia eSpañOla de la ue”

• “un MercadO labOral MÁS eFiciente”

• “la trayectOria Salarial del eMigrante: ¿SOn cOMpetidOreS de laManO de Obra autóctOna?”

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31

los mercados financieros manifiestan de

forma reiterada insuficiencias para su au-

torregulación y ordenar determinados des-

ajustes en los intercambios económicos.

Por eso, un instrumento tan importante

para la vida económica de los países no se

puede dejar al libre juego de un mercado

no regulado, o sometido al juego ambicio-

so de unos cuantos sujetos (¿operadores

del mercado?) que no encuentran más re-

ferente en su gestión que su inmediato en-

riquecimiento personal. Esto es, por tanto,

una lectura destacada, de gran calado, a

extraer del transcurso de esta depresión

y de sus orígenes: es preciso regular, de

modo más intenso e inteligente de lo reali-

zado hasta la fecha, el funcionamiento de

los mercados financieros con el fin de evi-

tar la influencia destructiva de los crack ini-

ciados en la operativa de estos mercados,

con efectos negativos inmediatos a

terceros, en el resto del tejido eco-

nómico.

Todo ello tiene mucho que ver con

el discurso ideológico que en los úl-

timos años ha inspirado la gestión

de la gobernanza económica en el

ámbito internacional. Esa fuente de

inspiración de la gobernanza económica

partía de la vieja hipótesis del homo oeco-

nomicus, inserta en los fundamentos del

pensamiento neoclásico, según la cual que

toda la actividad económica, comercial, fi-

nanciera de la especie humana, se puede

interpretar a partir de la racionalidad de

su comportamiento, orientado exclusiva-

mente por la maximización de intereses,

los beneficios o utilidades individuales, de

todos y cada uno de los sujetos económi-

cos. Hace ya bastantes años que John

Maynard Keynes, apuntaba ya, y ahora nu-

merosos economistas lo vuelven a recor-

dar, que el comportamiento de los sujetos

no responde solamente a esa racionalidad,

tan pautada que puede convertirse en mo-

delos matemáticos y que nos predice el

futuro perfectamente, sino que en la diná-

mica económica están presentes los espí-

ritus animales (una especie de elementos

sensitivos e irracionales) que son esencia-

les para comprender el funcionamiento de

los sistemas económicos.

la confianza, elemento básico

En esta perspectiva, la confianza (con toda

su carga de subjetividad) constituye un ele-

mento básico, que ya apuntaba Keynes,

para explicar los procesos cíclicos de crisis,

depresión y recuperación. En esta amalga-

ma explicativa es imprescindible considerar

otros elementos importantes, como el de-

seo de equidad que mantienen la mayoría

de los humanos, o la corrupción y la mala

fe, como un hábito relativamente habitual

de los terrícolas como sujetos económi-

cos, o la presencia de ilusión monetaria en

la mayoría de sus actuaciones, comporta-

miento que los modelos neoclásicos dan

por desaparecida –de ahí todas las elucu-

braciones sobre la tasa natural de paro,

esbozada inicialmente por Milton Fried-

man, por ejemplo–, o incluso lo que Akerlof

y Shiller llaman historias, refiriéndose a las

interpretaciones que los humanos hace-

mos de lo que ha pasado que afectarán

a lo que pueda ocurrir en el futuro o a lo

que se vaya a decidir qué va a ocurrir en

el futuro.

No obstante, como se puede constatar

a diario incluso en la prensa, a pesar de

las constatadas limitaciones del discurso

neoclásico para haber hecho frente a los

determinantes de esa crisis y, por tanto,

a la superación de la misma, tal discurso

no ha desaparecido de la mente de diseña-

dores y gestores de la política económica,

incluso de los cambios institucionales que

afectan a la regulación de los mercados.

Obviamente, un discurso que ha estado

vigente de manera importante en los últi-

mos treinta años, no desaparece de la no-

che a la mañana y los efectos de arrastre

son importantes.

Todo ello está presente en la necesaria re-

definición de las instituciones económicas

que habrá de plantearse en el seno de la

Unión para hacer frente, en los próximos

años, a la recomposición de la economía

europea tras la depresión que estamos ex-

perimentando.

En este sentido, nos encontramos

en un marco institucional bastante

idóneo para construir un escenario

de regulación de la actividad eco-

nómica más adecuado en aras de

promover una gestión de los bienes

públicos que permita no solo supe-

rar los efectos de la crisis en un menor

espacio temporal sino, también, minimizar

o reducir la incidencia de lo que los eco-

nomistas llamamos las “externalidades”

negativas de la actividad económica (por

ejemplo, el efecto invernadero, derivado

de las emisiones emanadas por la com-

bustión de combustibles fósiles) e, incluso,

potenciar las externalidades positivas de la

propia gestión de los bienes privados.

Y ahora, tras los episodios financiero-

mediáticos vividos en las primeras sema-

nas de febrero de 2010, la urgencia de

plantear reformas en el diseño económi-

co institucional de la Unión Económica y

Monetaria, se agudiza aún más, si cabe.

Aquí yace uno de los retos más importan-

tes de la presidencia española del primer

semestre de 2010: impulsar un esbozo de

reforma institucional para los mecanismos

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reguladores de la Unión Económica y Mo-

netaria (UEM) y del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento Económicos (PEC). Nos va en

ello el futuro de la zona euro como espacio

no solo de estabilidad financiera sino de

crecimiento sostenido y equilibrado entre

sus diferentes territorios.

La crisis de credibilidad que se está ex-

tendiendo desde Grecia, con sus finanzas

amenazadas por una posible suspensión

de pagos, hacia otros países comunita-

rios, con reacciones especulativas y más

o menos agresivas de los mercados in-

ternacionales no solo contra estos países

sino, especialmente contra el euro, está

poniendo en evidencia algunas debilidades

institucionales de la construcción europea,

largamente discutidas desde su origen,

pero no abordadas por las instancias co-

munitarias hasta la fecha.

Particularmente relevante en lo que se

refiere al funcionamiento, cuando no la

propia esencia del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento (PEC), base política monetaria

única. Este pacto se supone habría de ha-

ber constituido el soporte de esta-

bilidad presupuestaria, que requie-

re una política monetaria común,

para una docena larga de países

que acuerdan operar con una sola

moneda. Pacto que establece res-

tricciones al endeudamiento de los

Estados miembros y trata de esta-

blecer para ello una estricta discipli-

na presupuestaria en sus finanzas

públicas. Pero para ello solo se establecen

estímulos negativos (penalizaciones) de

carácter pecuniario gestionadas por los

órganos comunitarios.

El mecanismo ha podido funcionar con

algunos sobresaltos en el periodo de ex-

pansión económica, pero llegadas las “va-

cas flacas”, a partir de 2007, el Pacto ha

saltado por los aires, de modo tal que la

mayoría de sus miembros están incum-

pliéndolo en este momento, pero de forma

más intensa los países con mayor debili-

dad en sus economías (menos competiti-

vos en el escenario europeo). La esencia

del modelo teórico en el que subyace el

PEC significa que los ajustes debieran fun-

cionar de modo “cuasi automático” sin que

quepan mecanismos de apoyo de las ins-

tancias supranacionales hacia las naciona-

les (la regla de “no apoyo”, que dicen los

expertos en la materia); tan solo actúan

la supervisión administrativa y las posibles

sanciones financieras derivadas del incum-

plimiento de las reglas básicas.

En última instancia, serán los propios paí-

ses miembros con problemas financieros

quienes han de abordar su situación con

planes de ajuste propios, que redundarán,

con alta probabilidad en un empobrecimien-

to relativo, que adecúe su posición patrimo-

nial al nivel de competitividad relativo frente

al resto de los socios monetarios. Cuestión

difícil de asumir, en términos de política do-

méstica, por los países afectados.

En numerosos trabajos académicos de

economistas norteamericanos y también

europeos, desde los pioneros de Robert

Mundell sobre zonas monetarias óptimas,

hasta los más recientes del premio Nobel

Paul Krugman, se había ya alertado sobre

los efectos de una moneda única para di-

ferentes estados con un grado elevado de

asimetría en el dinamismo de sus respec-

tivas economías. Ya preveían que en fases

depresivas se podría producir una intensa

inestabilidad financiera en todo el área de

integración monetaria, al “contagiarse”

los efectos de la debilidad económica de

alguno de sus miembros a todos los inte-

grantes, como está ocurriendo en estos

últimos meses en el seno de la UEM.

La hipótesis de “shock asimétrico” en un

escenario de “área monetaria no óptima”,

en la terminología de Mundell, llevaría a

que cada país haga frente a sus propios

ajustes en términos de disminución de

rentas salariales (o alternativamente de

empleo), ante la ausencia, añado yo, de

mecanismos de transferencias internas

de rentas entre los distintos territorios del

área de integración monetaria. Lo explica-

ba de forma clara Krugman, hace unas

semanas, al comparar la situación de Flo-

rida, miembro de un estado federal, EEUU

y España, socio de una institución supra-

nacional, la UEM. En el primero los efectos

de una crisis diferencialmente muy intensa

con el resto del país, serían atajadas por el

aumento relativo del flujo de transferencias

procedentes de las finanzas federa-

les (Washington). No ocurre eso en

España o en Grecia; la mayor inten-

sidad en la crisis, a causa de sus

mayores debilidades económicas no

implica un incremento en la trans-

formación de fondos desde Bruse-

las, para cooperar en la reducción

de su inestabilidad financiera.

En esta tesitura se han hilvanado, desde el

inicio de la propia UEM diferentes opiniones

sobre la estrategia a seguir ante la existen-

cia de un área monetaria no óptima. Una,

abogando por la ralentización de la introduc-

ción de la moneda única, hasta esperar que

se alcancen las condiciones económicas de

una “área monetaria óptima” (acercando los

niveles competitivos y, por tanto, de estabili-

la crisis de credibilidad pone en eviden-

cia algunas debilidades institucionales de

la construcción europea, no abordadas

por las instancias comunitarias hasta la

fecha.

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33

abogaría por una remodelación de la go-

bernanza de la propia ueM, proponiendo

la creación de mecanismos financieros

de cooperación estables.

dad macroeconómica entre todos los países

integrantes del proyecto de integración), con

el fin de evitar que la asimetría imperante

produzca una alta inestabilidad fi-

nanciera en todo el área a resultas

de los problemas de las economías

más débiles, en una fase depresiva.

Pero no se hizo así y el euro entró en

vigor en un contexto de acusadas y

evidentes diferencias en términos de

estabilidad macroeconómica entre

los países integrantes, eso sí en una fase

expansiva del ciclo económico. Por ello hasta

la fecha el euro no ha concitado más que

consensos, puesto que hasta ahora solo ha-

bíamos visto su cara alegre y positiva.

Otra, segunda, que abogaría por una re-

modelación de la gobernanza de la propia

UEM, proponiendo la creación de meca-

nismos financieros de cooperación es-

tables que otorgaran apoyo a los países

miembros con dificultades –sin pasar por

situaciones oprobiosas, como estado so-

berano, tal como le está ocurriendo actual-

mente a Grecia.

Aunque existen opiniones que sí abogan

por la desaparición del euro y la vuelta a

las antiguas monedas nacionales, parece

que esta opción está fuera del escenario

político actual e inmediato.

cambiar los principios de la ueM

Así pues, a mi modo de ver, lo que queda

pues por hacer es acometer una reforma

en profundidad de los principios de funcio-

namiento de la UEM y el PEC; necesidad

puesta de manifiesto por la actual crisis,

pero ya que algunos analistas pusieran de

manifiesto desde el inicio de la integración

monetaria. De hecho, ya se ha tenido que

impulsar una ligera reforma de los criterios

del PEC ante el primer envite de inestabi-

lidad financiera a principios de este siglo.

Dotar, por tanto, de mayor credibilidad al

conjunto de la UEM y a cada uno de sus

miembros, exige, a mi entender, introducir

mecanismos de cooperación financiera,

que más allá de las limitadas actuaciones

del BCE en este terreno, ofrezca apoyo a

los países más débiles en situaciones fi-

nancieras y/o económicas adversas. Algo

que, en otra dimensión y contexto, ya exis-

tía en el antiguo Sistema Monetario Euro-

peo, instrumento de integración moneta-

ria, antes antecesor de la UEM.

Parece políticamente, en términos de in-

tegración económica, compensar los per-

juicios de los países más débiles por su

presencia en la unión Monetaria, con los

beneficios de los más robustos, dotando

éstos a un Fondo de Cooperación Finan-

ciera, que sin eludir responsabilidades na-

cionales por la gestión de sus respectivas

políticas macroeconómicas, pongo a dis-

posición de aquellos recursos, bajo deter-

minados condicionantes, en situaciones de

emergencia financiera. Todos saldríamos

ganando en términos de confianza interna-

cional hacia nuestra moneda común.

El Gobierno no debiera dejar pasar la oca-

sión de la Presidencia de la UE durante

este trimestre sin poner sobre la mesa del

Consejo de la Unión una propuesta de re-

forma institucional de la UEM, cambiando

los principios del PEC, dando paso a meca-

nismos de cooperación financiera.

Sin duda, que no se agotan aquí

los posibles proyectos de reforma

institucional en el entramado de

la gobernanza comunitaria, pero

el aquí comentado, constituye un

hito singular para dotar de mayor

estabilidad financiera y eficacia po-

lítica y económica a la integración

monetaria europea. En definitiva, la crisis

actual nos muestra que una de las mejo-

res formas de prevenir la siguiente, o al

menos de atenuar su intensidad, pasa por

una estrategia común de “más Europa”. n

UN MERCADO LABORALMÁS EFICIENTE

Los logros alcanzados en materia de em-

pleo, en los últimos años en España, son

innegables y de una extraordinaria dimen-

sión cuantitativa. Desde el final de la pasa-

da crisis económica, allá por el año 19951,

hace ahora unos doce años, la ocupación

se ha incrementado en España en casi

ocho millones de personas, un incremento

superior al 60%, cifra con escaso paran-

gón en nuestro entorno económico. Tal

evolución nos ha permitido converger con

la Unión Europea en materia de empleo,

aunque aún queda un recorrido largo por

hacer para alcanzar los objetivos de la Es-

trategia de Empleo de Lisboa, donde se fijó

como meta alcanzar una tasa de empleo

del 70% para el año 2010.

Pero, con la vista puesta en el 2008, al-

gunas cosas están cambiando en el último

semestre de 2007 y se abre un horizonte

en el que, a mi entender, comienzan a apa-

recer elementos de incertidumbre más o

1. Cifras referidas a los terceros trimestres de los años 1995 y 2007.

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menos significativos, en cuanto a la evolu-

ción económica del próximo año. Y es que

la ciencia económica no ceja en su intento

de ratificar su carácter de ciencia lúgubre,

como afirmará hace años un destacado

economista.

En esta perspectiva, se erigen expec-

tativas de enfriamiento de la econo-

mía española que condicionarán el

panorama laboral de 2008; expec-

tativas relacionadas con los efectos

económicos de la crisis financiera de las “hi-

potecas subprime” y la evolución del precio

del petróleo y las materias primas, en el or-

den internacional y, en el orden interno, con

el retraimiento del mercado de la vivienda, a

expensas de la moderación en el crecimien-

to de sus precios. Todo ello redundaría en la

dinámica de generación de empleo; particu-

larmente, se asume, el posible estancamien-

to del sector de la construcción, altamente

consumidor, en términos relativos, del factor

trabajo.

Y a pesar de ello, las predicciones de cre-

cimiento económico para el próximo año

siguen situando a nuestro país en torno o

ligeramente por encima de la media euro-

pea, aunque casi un punto por debajo del

que se alcanzará para el conjunto del año

2007. Dicho sea de paso, no parece, de

acuerdo con la mayoría de las predicciones

económicas, ser el mejor momento para

introducir fuertes recortes en la recauda-

ción impositiva; de hacerlo se dificultaría. A

corto plazo, la capacidad de reacción anticí-

clica de los instrumentos presupuestarios,

sin alterar significativamente la tasa de aho-

rro o algún otro de los objetivos buscados

con el hipotético recorte fiscal.

Conviene matizar pues, los síntomas

de recesión económica, más bien en-

friamiento. Respecto a la evolución del

sector de construcción de viviendas, sin

duda, es importante considerar cómo ha

venido arrastrando con fuerza la dinámi-

ca del conjunto de la economía española.

Mirando desde el ángulo de la oferta, la

construcción tiende a animar el compor-

tamiento de otros sectores que le sumi-

nistran materias primas. Es la fuente de

empleo, por lo tanto de salario y de gasto,

del 13% de los trabajadores españoles. Y,

además, la vivienda es el principal activo

financiero de las familias, que lo utilizan

con frecuencia para endeudarse. La ele-

vación del valor aparente de ese activo

anima a las familias al consumo.

Pero no existen signos flagrante-alarman-

tes de una desaceleración brusca en el

sector de la construcción. La dinámica de

crecimiento del valor añadido del sector

ha perdido casi dos puntos porcentuales

de velocidad durante el último año y medio

hasta situarse en línea con el crecimiento

general. Tampoco se perciben sus efectos

sobre la línea general de ascenso del clima

económico. Además, en la actualidad el

crecimiento económico es menos depen-

diente de la construcción de lo que lo ha

sido nunca desde 1998. Desde entonces,

la construcción ha cruzado por dos perio-

dos distintos de expansión y depresión sin

generar una recesión masiva.

Así, mientras el crecimiento de la ocupa-

ción en general se ha mantenido entre el

2 y el 4% anual desde 2001, la evolución

del empleo en la construcción ha sido más

errática, sobre todo a partir del último

año. Pero, ni siquiera el rápido descenso

del último año ha sido capaz de llevar la

tendencia general a las cotas más bajas

del actual periodo expansivo.

Los datos de afiliación de la Seguridad So-

cial tienden en conjunto a ratificar la sen-

da descendente de la creación de empleo.

Pero alteran el ritmo, que aquí se muestra

como mucho más errático. En 2005, se

sumaron más de 900.000 afiliados netos

al conjunto del sistema, en buena media be-

neficiados por regularización de los

inmigrantes. El volumen de afiliación

nueva descendió, de manera drásti-

ca, a casi la mitad al año siguiente

y a lo largo de 2007, aunque lige-

ramente decreciente, se ha mantenido en

los márgenes del medio millón de nuevos

cotizantes. Entre 2005 y 2007, el ritmo

de crecimiento en la afiliación se redujo del

5,8% a un 2,5%, unos niveles que nece-

sitan para observarse remontarse a casi

una década. Estos datos reflejan una atonía

creciente en el mercado de trabajo, pero

dentro de un sendero de ralentización más

que moderado, que en ningún caso tornará

en negativo, en el corto plazo.

Una década de incorporaciones masivas de

individuos al mercado de trabajo, incluyendo

la absorción de trabajadores inmigrantes

hasta representar el 15% del total, no solo

ha cambiado el panorama laboral en Espa-

ña sino también la agenda del debate sobre

el empleo. Con las tasas de paro en España

rondando la media europea, se han reduci-

do en muchos grados las limitaciones del

sistema económico para generar empleos.

No obstante, más allá de la dimensión

cuantitativa del mercado laboral, sino

resuelta si al menos sustancialmente me-

jorada en los últimos años, subsisten pro-

blemas en cuanto a la calidad del empleo

generado. Por un lado, se observa como

los salarios reducen su participación en

la renta. Aunque tal descenso no significa

que la masa salarial haya disminuido. Bien

al contrario, ha crecido en tasas por enci-

ma del 3% de manera constante.

los salarios reducen su participación en la

renta aunque la masa salarial ha crecido.

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35

parece como si la cultura empresarial de

contratar con fecha de caducidad fuese in-

capaz de reaccionar ante las subvenciones

a las cotizaciones sociales.

Es que los beneficios empresariales lo han

hecho bastante por encima. La bonanza

económica suele reflejarse en términos

del fuerte ascenso de los beneficios em-

presariales. Pero, a medida que madura

la expansión, los convenios colectivos

tienden a recoger los frutos de esa ex-

pansión. Y así ha estado ocurriendo de

manera muy gradual en los últimos años.

Porque una alternativa más favorable a

los salarios es bien distinta tanto en tér-

minos de renta como de empleo. Es, so-

bre todo, en tiempos de recesión cuando

las cuentas de resultados tornan al rojo

pálido y los salarios, rígidos a la baja, ga-

nan participación en la renta.

pérdida de poder adquisitivo

Lo que ha ocurrido es que los salarios me-

dios han perdido poder adquisitivo de for-

ma gradual durante el último lustro. Una

verdad estadísticamente palpable que no

significa que los salarios de cada

trabajador hayan disminuido en tér-

minos reales. La pirámide salarial

se altera debido a que hasta dos

terceras partes de los trabajado-

res nuevos se incorporan a sec-

tores de bajos salarios, el efecto

de este hecho es tirar de la media

global retributiva hacia abajo. Pero

esto no significa que los salarios individua-

les han descendido: un trabajador some-

tido al convenio medio, sin que medie el

valor de sus bonos por antigüedad, por

ejemplo, ha visto crecer su salario a lo

largo de la última década más que en las

tres décadas anteriores, lo que, en pa-

labras del Banco de España, preocupado

por la inflación salarial, este crecimiento

salarial no es sino una evidencia de una

tendencia a la mejora del poder adquisi-

tivo a partir de unos convenios colectivos

que afectan a cerca del 90% de los traba-

jadores del sector privado.

La otra cara de la moneda de la evolución

del mercado laboral se sitúa en la dinámi-

ca de la productividad del factor trabajo.

De modo puramente aritmético, el creci-

miento económico surge a partir o bien

del aumento de la población ocupada o

bien de una mejora de su productividad. El

elevado crecimiento del empleo ha dejado

escaso hueco para impulsar la productivi-

dad, aritméticamente hablando. A medida

que se modera el crecimiento del empleo,

y gracias en parte a fuertes inversiones

en capital humano y físico, todavía infrauti-

lizado, las ganancias de productividad van

apareciendo, siendo cada vez mayor su

participación en el conjunto del crecimien-

to económico.

Y, en buena medida, tal lentitud en el

avance de la productividad está relacio-

nado con la mala calidad del empleo,

representada por un intenso grado de

temporalidad. La paradoja, además, es

que, en los últimos años la temporalidad

se ha ido concentrando en el “paraíso” del

empleo estable, en el ámbito del sector

público. Desde los tiempos de Mariano

José de Larra, cuando los cambios de

gobierno trocaban en despidos masivos,

nunca como ahora había sido tan inse-

guro trabajar para el sector público. Uno

de cada cuatro de sus asalariados presta

sus servicios con un contrato de duración

determinada. Tal cambio no significa que

se altere el sueño de un contrato de por

vida, que por su parte redunda en mejo-

ras de la productividad.

Pero la lucha contra la temporalidad parece

tonarse estéril, a pesar de la ligera mejora

acumulada en el último trienio, con ape-

nas tres puntos de reducción de la tasa de

temporalidad, ante algunos empresarios

que actúan por mecanismos tan poco ra-

cionales como, en la práctica, ignorar las

subvenciones a la contratación indefinida.

La elevada temporalidad, que duplica la del

país más cercano en el grupo de los países

desarrollados, se ha convertido en el este-

reotipo del mercado de trabajo en España.

Parece como si la cultura empresarial de

contratar con fecha de caducidad, cuales-

quiera que sean las condiciones del puesto

de trabajo, tuviese vida propia y fuese inca-

paz de reaccionar ante la perspectiva de

fuertes subvenciones y deducciones a las

cotizaciones sociales. Lo que sí es seguro

es que el empleo fijo no es ya un seguro

ante situaciones económicas adversas. En

el último periodo de recesión perdieron su

empleo casi tantos trabajadores fijos como

temporales.

Así pues el mercado de trabajo

habrá de enfrentarse en 2008 a

dos retos fundamentales durante

el próximo año, en la búsqueda de

una mayor eficiencia en su funcio-

namiento. De un lado hacer frente

a la dicotomía incremento del em-

pleo versus aumento de la productividad,

dinámicas ambas necesarias para el equili-

brio y desarrollo sostenible de la economía

española y, por otro lado, la mejora en la

calidad del empleo, no solo en lo que a la

reducción de la temporalidad se refiere

sino también al ascenso de la calificación

del trabajo y de los puestos de trabajo –in-

versión tecnológica–. Junto a estos retos,

la mejora de las condiciones de trabajo –si-

niestralidad laboral– constituye la tercera

pata esencial para alcanzar un mercado

laboral realmente eficiente.n

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Page 38: Claridad

36

TRAYECTORIA SALARIALDEL EMIGRANTE: ¿SONCOMPETIDORES DE LA MANODE OBRA AUTÓCTONA?

La emigración constituye una de las ca-

racterísticas más destacables del actual

proceso de globalización, fenómeno que

puede estar provocando, tanto en los

países menos desarrollados como en los

desarrollados, implicaciones singulares en

el funcionamiento del mercado laboral. Se-

gún la Naciones Unidas (ONU), en 2005,

191 millones de personas vivían fuera de

su país de origen, con un flujo de 36 millo-

nes de personas entre 1995 y 2005. Del

total de este flujo, 33 millones migraron

hacia los países industrializados. (ONU-

UNFPA, 2007). Este nivel actual de migra-

ciones no tiene precedente en la histórica

de la humanidad y está relacionado con la

globalización de la actividad económica y

los avances tecnológicos en las comunica-

ciones y en los trasportes. Súmese a esto,

los factores tradicionales de expulsión,

como son el paro, la pobreza, las guerras,

los bajos niveles de desarrollo económico

y social y la escasa perspectiva de mejoría

de las condiciones de vidas de las perso-

nas residentes en los países más

pobres del planeta.

España no está aislada de este pro-

ceso, por lo contrario, es un actor

importante del mismo en cuanto

que se destaca como uno de los

principales receptores de inmigrantes a

lo largo de los últimos diez años. Duran-

te el periodo comprendido entre los años

2000 y 2007, la evolución de la pobla-

ción extranjera en España ha experimen-

tado un incremento significativo, pasando

de 759.500 personas en el año 2000 a

4.409.600 personas en el primer trimes-

tre de 2007. Este hecho supone una tasa

de crecimiento en estos últimos 7 años del

580,5% y supone que alrededor del 10%

del total del flujo de inmigrantes se ha diri-

gido a España.

En este contexto, resulta de interés pro-

fundizar en el fenómeno de los flujos migra-

torios en relación con el actual proceso de

globalización. No tanto en la perspectiva,

bastante trabajada ya de los determinan-

tes de los flujos migratorios, sino en las

relaciones teóricas y empíricas de las im-

plicaciones de los flujos migratorios sobre

las relaciones laborales, especialmente en

los países receptores de estos trabajado-

res, es decir, en los países desarrollados.

Circulan bastantes tópicos al respecto,

muchos de ellos con escasa, por el mo-

mento, contrastación empírica, sobre la

competencia que generarían tales flujos

con respecto a la mano de obra nacional,

o, por extensión, sobre el impacto a la baja

que provocarían en los salarios internos y

en el empleo de los nativos.

A este respecto se ha señalado en el

Eurobarómetro de 2006, con datos de

encuestas realizadas en los años 2002 y

2004, que el porcentaje de españoles que

piensan que la inmigración es mala para

la economía del país se ha incrementado,

en respuesta a la pregunta ¿la inmigración

es buena o mala para la economía de su

país? A pesar de ello, la teoría económica

no revela ninguna explicación consistente

para esta creencia. Las evidencias empí-

ricas, por su parte, no presentan ninguna

evidencia estadísticamente significativa o

robusta que indiquen un impacto negativo

de la inmigración sobre el mercado laboral.

Más bien al contrario, investigaciones más

recientes que utilizan modelos de equilibrio

general, que asumen efectos dinámicos de

la inmigración, están encontrando eviden-

cias de que los efectos pueden ser positi-

vos, tanto en términos de empleo como

de salario.

La teoría económica convencional, la más

generalizada en el ámbito académico, al

evaluar los efectos de la inmigración so-

bre el mercado laboral, se centra en el

análisis de la incidencia del fenómeno en

dos aspectos básicos: salario y empleo;

siendo las investigaciones sobre los efec-

tos de la inmigración sobre el salario las

más relevantes.

En este sentido, y siguiendo dichas líneas

analíticas, los efectos de la inmigración

sobre el salario pueden ser evaluados en

el corto y en el largo plazo. En una pri-

mera aproximación, se han de incorporar

dos hipótesis básicas: que la economía es

perfectamente competitiva y que existen

trabajadores cualificados y no cualifica-

dos. En el corto plazo, si la inmigración

aumenta la oferta relativa de trabajado-

res menos cualificados (es decir, con un

nivel medio de cualificación inferior

al de los nativos), puede provocar

una reducción del salario de los

trabajadores menos cualificados y

un incremento de la remuneración

del capital.

El impacto sobre el salario de los traba-

jadores cualificados es, a priori, ambiguo,

puesto que depende de la tasa de sustitu-

ción entre el capital y el trabajo cualificado.

Por lo tanto, en el corto plazo, la inmigra-

ción de mano de obra no calificada o poco

calificada puede suponer un incremento de

la desigualdad salarial, puesto que aumen-

ta la remuneración del capital y disminuye,

en términos relativos, el salario, siendo

Si la inmigración aumenta la oferta de

trabajadores menos cualificados, puede

provocar una reducción del salario.

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Page 39: Claridad

37

este más pronunciado entre los trabajado-

res menos cualificados.

A largo plazo, el análisis se centra en la es-

tructura demográfica del país en cuestión

y en su relación con la renta relativa de los

diferentes tipos de trabajadores. De esta

forma, la inmigración solo modifica

los salarios relativos si es capaz

de producir un cambio significativo

en la estructura de cualificación de

los trabajadores; por ejemplo, si

aumenta la proporción de trabaja-

dores cualificados. Por el contrario,

si la inmigración tiene, en media, el

mismo nivel de cualificación que el

de los nativos, la inmigración aumen-

tará la producción mientras se mantiene

constante el nivel salarial. Cuando la mano

de obra inmigrante posee menor cualifica-

ción que los trabajadores nativos, la inmi-

gración disminuye el número relativo de

los trabajadores cualificados, aumentando

sus salarios y reduce el de los no cualifica-

dos. Por lo tanto, aumenta la desigualdad

de salario en la economía.

también afecta al empleo

Con relación al empleo, la teoría tradicio-

nal también revela que la probabilidad de

encontrar empleo por parte de los traba-

jadores nacionales sustituibles por traba-

jadores inmigrantes, es decir, los de igual

nivel de cualificación, podría disminuir con

la inmigración. Sin embargo, este análisis

centrado solo en el mercado laboral ignora

otros elementos que pueden influir en la di-

námica de este mercado y en los efectos de

la inmigración sobre el mismo. Por ejemplo

los efectos del progreso tecnológico y del

comercio. Además, esta reflexión teórica

no considera otras aportaciones que, fun-

damentalmente, apuntan a un mercado

de trabajo determinado por la demanda

(segmentado por las características de los

puestos de trabajo) y con una oferta, al me-

nos en algún segmento, altamente elástica

(puede aumentar en gran cuantía con lige-

ras variaciones salariales) y dualizada, en

segmentos definidos por su contenido de

capital humano u otros parámetros (nativa

versus foránea, género, etc.).

Una visión alternativa al modelo conven-

cional plantearía que las ofertas de tra-

bajo son diferentes según se trate de

trabajadores nativos y los inmigrantes

(definidas por salarios de reserva –sa-

lario que se espera obtener con un em-

pleo– distintos, que se determinan por las

condiciones del nivel de vida en el país de

origen y en el de destino, respectivamen-

te), y para éstos, entre los legales y los

ilegales, teniendo en cuenta que el salario

de reserva de los inmigrantes aumentará,

de forma probablemente rápida, a medida

que regularicen su situación y se integren

en el mercado laboral del país de desti-

no. Bajo este prisma se podría entender

cómo no se produce competencia efec-

tiva entre ambos tipos de trabajadores,

inmigrantes y nativos, en las primeras

etapas de la inmigración, aunque sí puede

comenzar a ocurrir una vez que los inmi-

grantes se hayan integrando laboralmen-

te, regularizado sus estatus legal; porque

a partir de aquí comienzan a acercar sus

expectativas y demandas salariales a las

de los trabajadores nativos, conformando

un salario de reserva más cercano a los

estándares nacionales, en cada nivel de

cualificación.

Así pues, la competencia no se produce

entre ambos tipos de trabajo mientras los

trabajadores inmigrantes se mantienen en

el estadio de la ilegalidad, o a lo sumo, en-

trarían a competir con los trabajadores na-

tivos inmersos en esa situación de ilegalidad

(asalariados o autónomos), en la medida en

que efectivamente en el mercado

de nativos exista. De este modo, la

ilegalidad-irregularidad se convierte

en un mecanismo de entrada fun-

damental (y menos conflictivo so-

cialmente, aunque no políticamente)

hacia los mercados laborales de los

países desarrollados. En esto consis-

te la esencia del denominado “efecto

llamada”, al menos en los momentos

iniciales del flujo, de la emigración irregular:

la existencia de una demanda creciente de

trabajo a bajos salarios, por debajo de los

salarios de reserva de la población activa

nativa, incluso de la dispuesta a emplearse

en condiciones irregulares.

efectos positivos

Por último, nuevas evidencias están sur-

giendo en la literatura económica, consi-

derando las posibles interacciones entre el

mercado laboral, el mercado de capitales

y los sectores productivos de la economía

real. Estos modelos consideran la posibili-

dad de que la inmigración provoque efectos

positivos sobre el empleo y el salario medio

de los nativos y de la economía en general,

derivados de los ajustes secundarios de los

distintos mercados, es decir, como consu-

midores de bienes que ellos –los emigran-

tes– ayudan a producir, contribuyendo así

a su propia demanda. Además, los nativos

menos cualificados pueden permanecer en

paro a menos que más inmigrantes cualifi-

cados ayuden a generar empleo para ellos.

En el caso español, como se ha señalado,

en la última década se ha producido un cre-

la probabilidad de encontrar empleo por

parte de los trabajadores nacionales sus-

tituibles por trabajadores inmigrantes,

de igual nivel de cualificación, podría dis-

minuir con la inmigración.

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Page 40: Claridad

38

cimiento espectacular de la inmigración,

particularmente la procedente de América

Latina, la más numerosa, que supone en la

actualidad un 44% de la población extran-

jera total que reside en nuestro país.

Ahondando más en el análisis de la inmi-

gración en España, dentro de los datos

más llamativos, cabe destacar respecto

a la población procedente de América

Latina el fuerte aumento que se produce

desde el primer trimestre del año 2000

hasta el último analizado (2007 TI). Esto

podría estar relacionado con la grave

crisis económica de estos países entre

1999 y 2002, que provocaría un efecto

expulsión de la población local. Además, el

fuerte crecimiento económico de España

y la cercanía cultural también podrían ser

considerados como un efecto atracción.

Por último, habría que considerar que

las primeras llegadas de inmigrantes lati-

noamericanos y su relativa consolidación

como ocupados en el mercado laboral es-

pañol, crea canales estables de atracción

de inmigrantes. Es decir, los establecidos

abren puertas para nuevas llegadas, por

su conocimiento del terreno, por la cons-

trucción de medios de supervivencia (me-

dios de ingreso, trabajo, vivienda, etc.) y

por la reunificación familiar.

Por otro lado, interesa destacar como la

población ocupada extranjera total tiene

un nivel de educación fundamentalmente

intermedio, es decir, de educación secun-

daria y formación profesional: el 56,81%

frente al 51,88% de ocupados españoles.

Se destacan los latinoamericanos, con un

64,78% con este nivel de formación. En

las escalas superiores de educación, la di-

ferencia es mayor y en sentido contrario,

con un 33,21% de españoles frente a un

21,02% de los extranjeros.

Estos datos de nivel educacional de los traba-

jadores extranjeros comparados con las ocu-

paciones de los mismos parecen mostrar

una cierta discriminación laboral hacía los

mismo, una vez que trabajan en ocupaciones

que exigen un nivel de cualificación general-

mente inferior a su formación educacional.

Tal discriminación laboral también se pone

de manifiesto cuando se analizan los salarios

de los trabajadores extranjeros en España.

El análisis precedente revela que, pese a

existir una opinión generalizada de que la

inmigración genera efectos negativos so-

bre el salario y el empleo de los trabaja-

dores nativos, la teoría económica y las

evidencias empíricas no corroboran esta

perspectiva. Por el contrario, análisis adi-

cionales, que consideran los efectos diná-

micos en la producción, el consumo y la

demanda, revelan un efecto positivo de la

inmigración sobre el empleo y el salario. n

FUENTE: INE (EPA) y elaboración propia.

evOlución de la pOblación extranjera reSidente (MayOr de 16 añOS) en eSpaña pOr Área de prOcedencia

Ganacia media por hora trabajada, 2002 (euros) en España

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40

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L EPA: EL 20 POR CIENTO BUSCA EMPLEO

La Encuesta de población activa (EPA) del primer

trimestre del año ha helado los incipientes “bro-

tes verdes” que nos venía anunciando la ministra

Salgado. La EPA refleja un aumento del número de des-

empleados (286.200), que sitúa la cifra de trabajado-

res que buscan empleo en 4.612.700 (20,05%) y nos

demuestra que la recesión económica no ha tocado

fondo y que, posiblemente, el desempleo tampoco ha

tocado techo y no lo hará hasta que no hagamos algo

distinto a lo que venimos haciendo hasta ahora.

La EPA es la encuesta que mejor refleja la realidad

del desempleo en nuestro país, y se utiliza con rigor,

a efectos comparativos, para hacer un seguimiento

del comportamiento del paro, tanto en España como

en relación a otros países. Por eso resulta ridículo y

desacertado contraponer los datos del paro registra-

do en las oficinas públicas de empleo –adelantando su

publicación de manera oportunista cuando son positi-

vos– con las cifras de la EPA, lo que ha terminado por

volverse en contra de lo que ha pretendido ser una

simple operación de marketing del Gobierno.

La destrucción de empleo contemplada en la EPA

es más intensa entre los hombres (un 1,9% menos

ocupados que en el último trimestre del año 2009),

pero afecta, aunque en menor medida, también a

las mujeres (un 0,6% menos ocupadas). En términos

interanuales esto significa que hay 591.000 hombres

ocupados menos y 105.700 mujeres menos.

El desempleo de la población extranjera continúa sien-

do más elevado que el existente en la población nativa,

con una tasa de paro del 30,79%, y es el más alto, jun-

to al de los jóvenes menores de 25 años, que alcanza

la terrible tasa del 40,9% (sube 5,3 puntos en un año).

La tasa de temporalidad sigue reduciéndose y se sitúa

en el 24,39%, siete décimas por debajo del trimestre

anterior, lo que demuestra que se sigue destruyendo

en mayor medida el empleo temporal que el indefinido.

La reducción no es más fuerte porque los empresa-

rios siguen apostando por la contratación temporal:

el 90,5% de los contratos registrados el pasado mes

abril son temporales; crecen un 6% en términos anua-

les, disminuyendo los contratos indefinidos un 7,6%.

Por actividades económicas, vuelve a ser la construc-

ción la peor parada, siendo en este sector la destruc-

ción de empleo mayor (un 7,7% de ocupados menos

sobre el trimestre anterior). En todo caso, y salvo en la

agricultura, todos los sectores se encuentran a la baja

en cuanto a la creación de empleo.

Por su parte, el empleo a tiempo parcial disminuye en

19.000 personas respecto al trimestre anterior, aun-

que en términos interanuales se eleva el 1,2%, lo que

representa el 13,3% del total de ocupados.

Patrono de la Fundación Largo Caballero

recopilación de artículos de antón Saracíbar (ii)

• “epa: el 20 pOr cientO BuSca eMpleO”

• “el repartO del cOSte de la criSiS”

• “eStadO de la naciÓn: reFOrMaS al aMparO de la criSiS”

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Page 43: Claridad

41

la crudeza de la crisis nos anuncia serios

riesgos de que el paro se convierta en un

verdadero problema social y político.

Más paro de larga duración

En cuanto a la tasa de paro de larga dura-

ción, ésta alcanza ya el 7,8%, 3,8 puntos

más que hace un año. Ello quiere decir que

los parados que llevan más de un año en

situación de desempleo se elevan a 1,8 mi-

llones (el 38,7% del total), lo que significa

casi 16 puntos más que hace un año, y

de éstos, 600.000 se encuentran desem-

pleados desde hace dos o más años. Estos

porcentajes demuestran la importancia del

paro de larga duración en nuestro país,

que se está convirtiendo en un verdadero

problema social al resultar difícil su em-

pleabilidad.

Finalmente, cabe destacar que 1,3 millo-

nes de familias tienen todos sus miembros

inactivos (crecen el 21% en el último año),

lo que representa el 7,6% de todos los ho-

gares y sitúa este porcentaje en alturas

desconocidas hasta ahora.

Estos datos reafirman la crudeza de la cri-

sis y nos anuncian serios riesgos

de que el paro se convierta en un

verdadero problema social y, consi-

guientemente, en un serio proble-

ma político, a pesar del esfuerzo de

Zapatero por mantener las políticas

sociales y la responsabilidad de los

sindicatos en el tratamiento de la crisis.

Los próximos Presupuestos Generales

de Estado serán, en buena medida, una

prueba de choque que tendrá que afron-

tar el Gobierno –pendiente del déficit y la

deuda pública– en relación a las políticas

sociales (sobre todo la cobertura de des-

empleo) y a las medidas que impulsen la

inversión productiva hacia sectores que

permitan una recuperación sólida y du-

radera, asentada en el conocimiento y la

innovación y, por lo tanto, en la competiti-

vidad y el empleo.

Zapatero tendrá que recortar gastos or-

dinarios de funcionamiento para reducir el

déficit, pero deberá mantener las políticas

sociales y las medidas de estímulo para

crear empleo, ante la atonía inversora de

las empresas y el recorte del crédito de

las entidades financieras. No se puede ol-

vidar que sin empleo no hay solución para

salir de la crisis y, por lo tanto, tampoco

para reducir finalmente el déficit y la deuda

pública.

Mientras tanto, no dejan de ser escanda-

losas las cifras millonarias que se manejan

en los balances del primer trimestre del

año de grandes bancos y empresas multi-

nacionales, relativas a beneficios y dividen-

dos, así como a retribuciones y pensiones

de los componentes de los consejos de ad-

ministración. Por ejemplo, Alfredo Sáenz,

consejero delegado del Banco Santander,

se jubilará con una pensión de 85,7 millo-

nes de euros, que “se actualizarán al tipo

de interés pactado”, y percibió de sueldo

en 2009, la escandalosa cifra de 10,2

millones de euros (un 10,13% más que

en 2008). Increíble. Eso sí, el Banco de

Santander “someterá a la junta el sueldo

de los consejeros” (El País, 1-5-2010).

Lo más llamativo de la actual situación es

que nadie denuncie estos hechos, ni si-

quiera el gobernador del Banco de España,

tan lenguaraz en su campaña encaminada

a recortar salarios y pensiones, además

de exigir una reforma laboral a la baja.

Ante esta realidad, sostener que la refor-

ma laboral (abaratar el despido, mantener

la precariedad, reducir los salarios en

empresas y Administraciones Públicas,

y reducir las cotizaciones a la Seguridad

Social) es una pieza clave para resolver el

problema del paro resulta un sarcasmo,

cuando no una provocación.

Búsqueda de la foto

En todo caso, una reforma laboral pactada

siempre se considera positiva, porque un

acuerdo entre los interlocutores sociales

y el Gobierno siempre genera, entre otras

cosas, confianza. El retraso que se está

produciendo en las conversaciones tiene

mucho que ver con la búsqueda de la “foto”

que escenifique un gran acuerdo, que será

difícil si los sindicatos se mantienen firmes

como anunciaron en las movilizaciones del

1º de Mayo, por ejemplo, oponiéndose al

abaratamiento del despido y a la reducción

de las cotizaciones empresariales a la Se-

guridad Social. Sin esas concesiones no

es previsible que la CEOE firme el acuerdo

global como pretende el Gobierno.

De todas formas, en las conversa-

ciones se han producido acuerdos

parciales (reducción de jornada

para evitar el despido; revisar las

bonificaciones a la contratación,

primando la contratación indefinida;

plan de empleo para los jóvenes…) que el

Gobierno debería de llevar a la práctica

cuanto antes. No se entienden las razones

para no hacerlo, dada la gravedad de la

crisis y, sobre todo, cuando se sigue des-

truyendo empleo.

Otros asuntos –seguramente más impor-

tantes– para reducir el desempleo tienen

que ver con la reforma del sistema financie-

ro (no solo de las cajas de ahorros) con el

propósito de facilitar el crédito a empresas,

trabajadores autónomos y familias, para

lo que hay que liberar paulatinamente las

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Page 44: Claridad

42

cantidades inmovilizadas en el sector del

ladrillo; la lucha contra el fraude fiscal y la

economía sumergida (por encima del 20%,

según el ministro Corbacho); la búsqueda

de nuevos yacimientos de empleo (socia-

les, tecnológicos y medio ambientales); y

el establecimiento de medidas para

mejorar la empleabilidad de los des-

empleados, que además nos aden-

tre en un nuevo modelo productivo.

Además, en la búsqueda de alterna-

tivas a la crisis, el Gobierno no debe

aceptar presiones de quienes nos han con-

ducido a la actual situación porque, posi-

blemente, se volverán a aprovechar de la

salida de la crisis. Es el momento de evitar

que eso ocurra y, por lo tanto, de poner en

valor la política, la democracia y el Estado,

considerando a fondo el abordar la regula-

ción de los mercados, la supervisión ban-

caria, el funcionamiento de las agencias de

calificación, las empresas de auditoría, y el

Impuesto a las Transacciones del Capital,

entre otras medidas, con el propósito de

evitar que se vuelva a producir una crisis

de estas características.

En este sentido, lo primero que procede es

abordar estas reformas en el ámbito de la

UE con la voluntad de proyectarlas hacia

un mundo globalizado –a pesar del ejemplo

lamentable que se viene produciendo con

las ayudas a Grecia– y lo segundo, defender

una política económica donde paguen más

los que más tienen y, por supuesto, los cau-

santes de la crisis, lo que no será fácil con

la actual correlación de fuerzas a ese nivel.

A pesar de las dificultades, es el momento

de anteponer los intereses de los ciudada-

nos a los que especulan y sacan ventaja

de la crisis, y anteponer también la políti-

ca y la democracia al interés y a la lógica

del mercado. Para eso se necesitan ideas

claras (evitar el desarme ideológico) y una

clase política (Gobierno y oposición) con

sentido de Estado y en contacto con la rea-

lidad social, donde todos sus componentes

defiendan con firmeza sus ideas y trabajen

para salir de la crisis –buscando siempre

el acuerdo y el compromiso, al margen de

políticas partidistas–, lo que generará la

necesaria credibilidad y confianza.

La ciudadanía no entendería otra lógica en

la actual situación, como no puede enten-

der los escasos resultados de la reunión

celebrada entre Zapatero y Rajoy. n

EL REPARTO DEL COSTEDE LA CRISIS

El fondo de estabilidad, hasta 750.000

millones de euros, aprobado en la Unión

Europea con el propósito de defender el

euro y atajar el déficit y la deuda generada

por la crisis económica y agravada por la

especulación, exige además medidas pre-

supuestarias por parte de los países co-

munitarios, que ya han comenzado una ca-

rrera de fuertes ajustes sociales, en base

a una correlación de fuerzas favorable a

una política liberal.

En coherencia con ello, el Gobierno, sus-

cribiendo esta política, ha presentado un

paquete de medidas –sin precedentes en

democracia– en el Parlamento, que han

sorprendido por su dureza (afectan en sen-

tido negativo en torno a ocho millones de

familias) y por resultar incoherentes, cuan-

do no contradictorias, con las políticas

y declaraciones que se venían haciendo

hasta ahora, en base a la defensa de una

política social favorable a los más débiles.

A pesar de ello, la sociedad ha terminado

por asumir la gravedad de la situación y

está dispuesta a aceptar la necesidad de

hacer sacrificios, siempre que sean

equitativos, para salir de la crisis.

Por este motivo, no acepta que el

coste de la crisis lo paguen los más

débiles y, por lo tanto, los que no

son culpables de la generación de la

misma: funcionarios públicos, pen-

sionistas, personas dependientes… Por el

contrario, exigen que paguen más los que

más tienen y, sobre todo, las empresas

que siguen obteniendo beneficios y repar-

tiendo dividendos escandalosos en medio

de la crisis –además de los altos ejecutivos

con sueldos millonarios (megasalarios)–,

como se viene reflejando en los medios

de comunicación en los últimos días. En-

tre ellos destacan los grandes bancos que

recibieron el apoyo del Gobierno como res-

puesta a la crisis y se aprovecharon –en

una etapa de fuerte crecimiento de la eco-

nomía– de la especulación del ladrillo, con

la permisividad del Banco de España.

Por eso, alternativamente, voces autoriza-

das de la izquierda plantean una reforma

de las Administraciones Públicas que re-

duzca drásticamente el gasto corriente:

hay que gastar bien y no por inercia como

se viene haciendo hasta ahora, fijando ob-

jetivos adecuados en un contexto de crisis,

impulsando con ello una política del gasto

público que sea un ejemplo de austeridad

a todos los niveles.

En todo caso, se puede reducir el gasto en

mayor medida que lo vienen haciendo los

diversos gobiernos (después de dos años

de crisis no se percibe una política seria de

austeridad en las Administraciones Públi-

cas). Por ejemplo, en eventos y encuentros

la sociedad ha terminado por asumir la

gravedad de la situación y a aceptar sa-

crificios.

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Page 45: Claridad

43

prescindibles; propaganda innecesaria de

las actividades de las Administraciones Pú-

blicas; gastos suntuarios; reducir el núme-

ro de asesores que proliferan en muchos

niveles; revisar la política de subvenciones;

replantearse los gastos militares…

Por otra parte, hay que actuar sobre los

ingresos con medidas encaminadas a un

reparto más justo del coste de la crisis:

recuperar el impuesto sobre el patrimo-

nio, la persecución del fraude fiscal y de

la economía sumergida, el Impuesto sobre

las Transacciones Bancarias, impuestos a

los altos beneficios y dividendos empresa-

riales, mayor tributación de las grandes

fortunas refugiadas en las SICAV, y dotar

de una mayor progresividad a los impues-

tos directos, entre otras medidas.

Otro asunto que se debate en estos

momentos es la repercusión de las

medidas en el crecimiento de la eco-

nomía y, por lo tanto, en el empleo.

Según todos los analistas –y el senti-

do común lo determina– las medidas

van a penalizar sin remedio al consu-

mo y a la inversión y, como consecuencia, al

crecimiento de la economía y al empleo, lo

que significa que con estos sacrificios no se

va a reducir el paro; seguramente se va a

incrementar. Debemos recordar que la re-

cuperación del empleo resulta fundamental

en términos sociales y también económicos.

Sin la creación de empleo no habrá correc-

ción del déficit y la deuda, y las cuentas de

la Seguridad Social y la cobertura de desem-

pleo se resentirán considerablemente.

En definitiva, todo ello significará transfe-

rencias de renta del trabajo al capital y,

por lo tanto, un mayor aumento de las des-

igualdades.

Estas medidas han sido rechazadas por los

sindicatos y, lógicamente apoyadas, entre

otros, por los empresarios. Los sindicatos

protestan no solo por los recortes sino

por el procedimiento empleado. No se ha

consultado con ellos, sino a toro pasado,

y se ha incumplido el acuerdo de la Fun-

ción Pública para tres años, que contem-

pla una fuerte moderación salarial y que

fue firmado (en septiembre pasado), por

la vicepresidenta primera del Gobierno, lo

que crea una importante inseguridad jurí-

dica y legal y, por lo tanto, desconfianza en

los sindicatos sobre acuerdos posteriores.

Llevar a los tribunales y al Parlamento la

rotura del acuerdo, y la convocatoria de

una huelga general para el 8 de junio en

las Administraciones Públicas, no es más

que una respuesta moderada a la agre-

sión que han sufrido los empleados públi-

cos, que llevan perdiendo poder adquisitivo

desde hace años con el argumento de que

tienen empleo fijo.

Se ha instalado la desconfianza

Al margen de la contestación en la Función

Pública, los sindicatos están reflexionan-

do sobre otras “medidas contundentes y

proporcionadas” en la actual situación. La

desconfianza se ha instalado en las rela-

ciones entre el Gobierno y los sindicatos

y está marcando el desarrollo del diálogo

social encaminado a una reforma laboral

que, no hay que descartar, puede contem-

plar nuevos recortes a los derechos de

los trabajadores como viene persiguiendo

la CEOE (reducción de las cotizaciones a

la Seguridad Social y facilitar y abaratar

el despido, entre otras medidas), con el

apoyo del Banco de España (según el go-

bernador: “con el recorte no vale, hace

falta la reforma laboral”), si son aceptados

finalmente por el Gobierno.

El problema no ha hecho más que empe-

zar y se puede agravar en los próximos

meses, porque se esperan nuevas exigen-

cias y recortes si nadie lo remedia. Por

ejemplo, la congelación del SMI (salario

mínimo interprofesional) y de diversas

partidas de gasto social y de inversión en

el próximo debate presupuestario para el

próximo año que está llamado a ser muy

importante.

A ello hay que añadir la ruptura del consen-

so alcanzado en el Pacto de Toledo –vigen-

te desde hace 15 años– congelando las

pensiones que tienen garantizadas

por Ley el mantenimiento del poder

adquisitivo y que nada tienen que

ver con el déficit y la deuda. El año

pasado las cuentas de la Seguridad

Social tuvieron superávit (8.500 mi-

llones de euros) y el Fondo de Re-

serva alcanza en la actualidad la ci-

fra de 62.000 millones de euros, que está

para ser utilizado en caso de emergencia.

Además, en estos momentos se trabaja

para culminar la separación de las fuen-

tes de financiación con el propósito de ga-

rantizar la autosuficiencia económica del

sistema. Por lo tanto, no viene a cuento la

congelación de las pensiones para conten-

tar a los mercados, perjudicando a los que

menos tienen, sobre todo cuando, ade-

más, han contribuido con su aportación a

las pensiones que cobran actualmente.

Por otra parte, las medidas del Gobier-

no han creado, además, desasosiego en

la izquierda sociológica y particularmente

en el seno del propio partido socialista. En

este caso, ello se explica, sobre todo, por

Sin la creación de empleo no habrá co-

rrección del déficit y la deuda, y las cuen-

tas de la Seguridad Social y la cobertura

de desempleo se resentirán.

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Page 46: Claridad

44

la reforma laboral no resolverá el proble-

ma del empleo ni de la dualidad y pone

en grave riesgo la negociación colectiva al

garantizar el descuelgue de los convenios.

el procedimiento adaptado para la toma

de decisiones: reunión del núcleo duro en

Moncloa y traslado de las decisiones toma-

das al grupo parlamentario socialista y a

la estructura partidaria para su ejecución

y sin posible debate, lo que sitúa, una vez

más, en muy mal lugar la democracia par-

ticipativa del PSOE.

Estas consideraciones ya se discuten a

fondo en la calle y todo indica que las

medidas tomadas van a tener importan-

tes repercusiones en los electores so-

cialistas que todavía recuerdan el grito

unánime de los jóvenes después del triun-

fo electoral del PSOE: “Zapatero no nos

falles”. Las previsibles repercusiones se-

rán negativas para el PSOE, comenzando

por las próximas elecciones en Cataluña,

después por las elecciones municipales,

y finalmente por las elecciones genera-

les, a pesar del comportamiento lamen-

table de la oposición (PP): escándalos de

corrupción, falta de alternativas, opor-

tunismo político, nulo compromiso para

salir de la crisis…

La democracia, una vez más, se ha su-

peditado a las leyes del mercado, a los

poderosos, a los que más tienen. Ha

ganado el mercado al Estado –cuando

hace poco tiempo el Estado salvó al

mercado– y los ciudadanos se pregun-

tan dónde están las diferencias entre

izquierda y derecha, dónde está el Par-

tido Socialista Europeo, la Internacional

Socialista, y la socialdemocracia en la

actualidad, que si destacan es solo por su

estruendoso silencio (desarme ideológico).

Salvo el tibio ejemplo de Portugal, que

además contempla un acuerdo entre el

Gobierno y oposición, los gobiernos de la

Unión Europea están llevando a la práctica

las mismas medidas al margen del color

del gobierno.

Como consecuencia, la desilusión está

aumentando, y se une así a la desconfianza

y a la falta de credibilidad de la clase polí-

tica. En definitiva, el problema económico

se ha convertido en un problema social

y, después de las medidas tomadas y de

las declaraciones que se vienen haciendo,

algunas contradictorias, en un problema

político de primera magnitud. Como dice

un refrán castizo: para ese viaje no se ne-

cesitan alforjas. n

ESTADO DE LA NACIÓN:REFORMAS AL AMPARODE LA CRISIS

Coincidiendo con el calor del verano, las

vacaciones, y la euforia desatada por el

triunfo de la selección española en el mun-

dial de fútbol, el Gobierno ha dado por ce-

rradas tres reformas de gran calado en

el debate sobre el Estado de la Nación: la

reforma laboral, la reforma del sistema fi-

nanciero, y la reforma de las pensiones.

Sigue en marcha la reforma del sistema

energético y, sin fecha conocida para el de-

bate, quedaría pendiente la reforma fiscal

que podría ser abordada en los próximos

Presupuestos Generales del Estado –segu-

ramente de manera limitada– y que debe-

ría estar encaminada a generar más ingre-

sos fiscales, con el propósito de evitar que

las víctimas de la crisis sigan pagando aún

más las consecuencias de la misma.

La primera lectura que se puede hacer de

ese debate es que la contestación sindical

y la convocatoria de una huelga general

no han tenido –por el momento– ningún

efecto sobre las reformas y, por lo tanto,

tampoco sobre las medidas lesivas para

los trabajadores puesto que el Gobierno

mantiene sus posiciones en el ámbito polí-

tico, al margen del diálogo social. Por eso,

la declaración de apoyo a los sindicatos

de Zapatero en el debate carece de fun-

damento y contenido (“por los hechos los

conoceréis”).

De la reforma laboral se ha dicho casi

todo. Simplemente reiterar que ha sido

merecedora, como nunca en democracia,

de una huelga general –que los sindicatos

han reafirmado después del debate– y que

es posible que en la discusión del proyecto

de ley en el Parlamento se endurezca, de

tal manera que pueda ser aprobada por el

PP, haciendo, si cabe, mayores concesio-

nes a los empresarios que se encuentran

crecidos en medio de la crisis, al haber

conseguido con la reforma que “el despido

sea más fácil, más rápido, y más barato”.

Lo más lamentable de la situación creada

con la reforma es que no resolverá, por

mucho que se diga, los dos grandes pro-

blemas de nuestro mercado de

trabajo: el empleo y la dualidad

de nuestro mercado de traba-

jo; además de poner en grave

riesgo la negociación colectiva al

garantizar a los empresarios el

descuelgue unilateral de los con-

venios colectivos.

Por eso, hay que seguir debatiendo sobre

la política económica que nos sitúe en la

senda del crecimiento, revisando los estí-

mulos fiscales y fomentando la inversión

productiva, además de facilitar créditos

a las empresas y familias, única manera

de crear puestos de trabajo. Desde luego,

no lo haremos a través de las políticas de

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la reforma del sistema financiero no dice

nada de la regulación de la banca, ni de la

morosidad, ni del inmovilizado del ladrillo.

ajuste fiscal aprobadas, en coherencia con

el discurso neoliberal vigente en la Unión

Europea, según ponen de manifiesto todos

los expertos que profesan ideas so-

cialdemócratas.

En este sentido, sigue resultando

cínico y lamentable que muy po-

cos hablen y se preocupen por el

desempleo –ronda al 20% de los

trabajadores– y, en cambio, se traslade a

través de los medios de comunicación, en

buena medida controlados por la derecha

económica, una mayor preocupación por

la reacción de los mercados, cuando el

desempleo representa un verdadero pro-

blema político, económico y social, que

afecta particularmente a los jóvenes y los

parados de larga duración.

Otra víctima de la reforma laboral –y no es

la menos importante– se refiere al retraso

que está sufriendo el debate para prepa-

rar la salida a la crisis, a través del nece-

sario cambio de modelo productivo en el

marco de una economía sostenible.

La reforma del sistema financiero no dice

nada de la regulación de la banca –que evi-

te que se repitan los problemas desenca-

denantes de la crisis–, ni de la morosidad

y el inmovilizado del sector del ladrillo, ni

de los paraísos fiscales, ni del impuesto

sobre las transacciones financieras, ni tan

siquiera de las retribuciones millonarias de

sus gestores.

En la práctica, la reforma se ha convertido

simplemente en la reforma de las cajas de

ahorros –reivindicación histórica de la gran

banca– encaminada, en primer lugar, a eli-

minar la representación política estable-

ciendo la incompatibilidad de cargos elec-

tos para ser miembros de los órganos de

gobierno de las cajas, además de limitar la

participación de los representantes de la

Administración en los órganos de gobier-

no, con el argumento de que servirá para

profesionalizar y democratizar las cajas de

ahorros, algo inconcebible que confirma,

sin fundamento, la prevalencia para algu-

nos de lo privado sobre lo público.

En segundo lugar permitirá captar capital

privado a través de las cuotas participati-

vas que contarán con derechos políticos,

con la pretensión de reforzar la solven-

cia, abriendo también la posibilidad de

trasladar el negocio a los bancos a los

que habría que remunerar por su inter-

vención, convirtiendo las cajas en simples

fundaciones sin ningún control sobre los

bancos.

privatización de las cajas

El resultado –acordado con el PP y sin ne-

gociarlo con los interlocutores sociales–

será la privatización a corto y medio plazo

de las cajas de ahorros (“bancarización”) y

resultará particularmente negativo para la

obra social que quedará reducida a ceni-

zas, en una primera etapa, hasta su des-

aparición final.

En definitiva, el decreto ley, que se ha apro-

bado por vía de urgencia, modifica la ley

de órganos rectores de las cajas de aho-

rro (LORCA) y, lamentablemente, rompe el

modelo social de las cajas, basado en el

fomento del ahorro, en la atención a las

familias y a las pequeñas empresas, y en

su función social, a través de la obra social

ligada al territorio, a la cultura, a la educa-

ción y a los más necesitados.

Con la reforma de las pensiones, además

de congelarlas en el año 2011, se preten-

de alargar la edad de jubilación y aumentar

el periodo de cómputo para estable-

cer la cuantía de la pensión, que su-

frirá un recorte en todos los casos.

Esperemos que estas medidas se

discutan a fondo en el Pacto de To-

ledo y, previsiblemente, en los pro-

cesos electorales que se avecinan,

aunque no se esperan cambios a mejor.

El Gobierno ha confirmado que va a mante-

ner su propuesta de retrasar la edad de ju-

bilación a los 67 años (actualmente el 45%

de las personas se jubilan antes de los 65

años y la edad media de jubilación real se

establece en 63,7 años), suscribiendo lo

que últimamente ha sugerido la Comisión

Europea: que se retrase indiscriminada-

mente la jubilación hasta los 70 años en

el año 2060, lo que demuestra desorien-

tación, perplejidad, y escaso contacto con

la realidad social de cada país, por lo que

semejante medida a tan largo plazo solo se

explica en términos ideológicos.

No podemos olvidar que el problema actual-

mente es mantener en su puesto de traba-

jo a un trabajador en torno a los 60 años,

lo que requiere frenar el proceso de pre-

jubilaciones abusivas, porque los empresa-

rios, sin ninguna conciencia social, quieren

por diversas razones sustituirlos –dicen que

son más caros (antigüedad), tienen menos

capacidad de trabajo, y menos formación–

por trabajadores más jóvenes.

Los sindicatos reiteran que hay que seguir

con la jubilación flexible y bonificada por

encima de los 65 años y penalizada por

debajo de ese límite, lo que resulta com-

prensible y ajustado a la realidad de las

empresas y a la situación personal de los

trabajadores (toxicidad, penosidad, y peli-

grosidad).

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46

La CEOE, por su parte, sigue insistiendo en

la reducción de las cotizaciones a la Segu-

ridad Social, haciendo abstracción de los

problemas que ello generaría a la sosteni-

bilidad del sistema, con el falso argumento

de crear empleo.

debate serio y riguroso

En todo caso, se echa en falta un debate

serio, riguroso, y sin ideas preconcebidas

sobre la baja cuantía de nuestras pensio-

nes, que se encuentran muy alejadas de

los países de nuestro entorno (3 puntos

del PIB por debajo de la media europea);

la financiación de nuestro sistema de Se-

guridad Social –en ninguna parte está es-

crito que se tenga que financiar exclusiva-

mente a través de las cotizaciones–; y la

corrección del déficit en protección social

(más de 6 puntos del PIB) que nos separa

de la media europea, como sistemática-

mente viene denunciando el profesor V.

Navarro.

Finalmente, nada se dice de la reforma

fiscal que debería resultar obligada para

reducir el impacto negativo de la crisis en

la mayoría de la ciudadanía. Políticas rela-

cionadas con el impuesto sobre el patrimo-

nio, las SICAV, mayor presión fiscal a las

rentas más altas y a las altas plusvalías,

y la revisión de las deducciones y bonifica-

ciones fiscales, entre otras medidas, han

tenido una respuesta dilatoria del Gobierno

(“ahora no toca”), que pone patas arriba el

reparto equitativo de la crisis.

Lo mismo podemos decir de la necesaria

lucha contra el escandaloso fraude fiscal

(23%, según diversas fuentes) y la per-

secución de la economía sumergida –el

Gobierno no reacciona ante este grave

problema–, que nos garantice mayores in-

gresos fiscales, desde la elemental justicia

redistributiva, para combatir la crisis por

el lado de los ingresos y no exclusivamente

del gasto.

Las reformas aludidas, al amparo de la

crisis, tienen un sesgo muy negativo para

los trabajadores y, salvo los sindicatos y

los partidos minoritarios de izquierda, no

han sido contestadas en el Parlamento.

Los grandes ganadores siguen siendo los

de siempre: la derecha política, la derecha

económica, los empresarios, y los que es-

peculan en el mercado. Los perjudicados

también son los de siempre: la clase me-

dia y, sobre todo, los más débiles; además

de la izquierda, los sindicatos, y la social-

democracia, que han demostrado escasa

capacidad de maniobra en nuestro país y,

lo que es más grave, en el marco de la

Unión Europea.

Por el momento, la contestación a estas

reformas ha sido tibia –a la espera de la

huelga general–, lo que debe de hacer re-

flexionar a los sindicatos y a la izquierda,

además de acrecentar su capacidad de in-

formación a la sociedad sobre las razones

que justifican la movilización de los traba-

jadores.

Desde luego, existen razones más que

suficientes, y por lo tanto es de esperar,

tarde o temprano, una respuesta firme y

democrática –que debe ser respetada y

asumida con naturalidad por los poderes

públicos– a unas medidas que no tienen

precedentes en los años de democracia.

La sociedad civil, y particularmente los jó-

venes, terminará reafirmando su vitalidad,

su activismo, y su capacidad de respuesta

en defensa del estado de bienestar social y

en defensa de la consolidación de una so-

ciedad democrática basada en los valores

de la equidad, la solidaridad, y la justicia

social. Por supuesto, a partir de la defensa

de los derechos adquiridos que con mucho

esfuerzo han conquistado los trabajadores

a través de la historia. n

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47

B

Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karin

Enod y soy vicepresidenta del Comité de Muje-

res de la CES. Es por esta razón por la que he

sido invitada a este seminario de UGT sobre la brecha

salarial en Europa. No vengo a Madrid con frecuencia.

Hace casi 15 años que no venia por aquí, así que mu-

chas gracias por su invitación.

Para empezar les diré que provengo de un país que no

es miembro de la Unión Europea. Soy noruega, pero

tampoco ello significa que no esté obligada por las le-

yes de la UE en materia de igualdad, ya que Noruega es

parte del Acuerdo Económico Europeo. Por tanto tiene

acceso al Mercado Interior Europeo y está obligada por

todas las leyes relativas al Mercado Único y, en conse-

cuencia, por las leyes relativas a la igualdad de género.

Lo que es bastante interesante.

También puedo afirmar que ya no estoy en plena juven-

tud y que he trabajado en el tema de igualdad durante

un montón de tiempo. No diré cuánto, porque si no

comenzaréis a hacer cábalas, y claro, jejeje...

Pertenezco a un sindicato de empleados públicos; tra-

bajé como delegada sindical, trabajé para la Unión Re-

gional, también para la Estatal, y luego me trasladaron

a la Confederación. Fui responsable del Departamento

de Igualdad durante varios años, antes de mi primera

estancia en Bruselas, en el puesto de consejera para

temas de igualdad de género en la misión noruega en

la UE. Tras dicho periodo volví a la Confederación du-

rante dos años, donde me hice cargo del área inter-

nacional sobre asuntos europeos. En este momento,

llevo otros dos años en Bruselas, en la oficina de la

Federación, y mi mandato se terminará en Navidades.

En fin, espero que con esto os hayáis podido hacer un

pequeño retrato de mi persona.

No es fácil llegar y ponerse a hablar de la brecha salarial

en Europa, porque creo que la mayoría de vosotros sabe

ya que la situación no es buena. Podríamos hacer un

seminario completo sobre este tema, y no pararíamos de

hablar de multitud de temas y cuestiones. Así que voy a

tratar de que mi presentación se adapte a todos los nive-

les y a este foro, para que todo el mundo pueda seguirlo.

Comenzaré repasando las cifras de la brecha salarial

en Europa, dando por sentado que no son buenas en

ningún país. No estoy segura de tener todos los datos

aquí, pero seguro que son los más importantes. Podéis

comprobar que la brecha salarial en la UE-27 se sitúa

en 15,5%. Pero si observamos la cifra de los países de

la Zona Euro, vemos que es mayor: el 17,3%. ¡Y se les

supone los países más ricos de la Unión Europea! Des-

conozco si es más alta esta cifra que en el resto de las

áreas, pero de todas formas es muy significativo que la

Karin EnodVicepresidenta del Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos

Igualdad*

* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.

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la brecha salarial entre hombres y muje-

res tiene mucho que ver con la negocia-

ción colectiva y con lo que ocurre en el

centro de trabajo.

brecha salarial en la Eurozona sea superior

a la media de los 27.

Bélgica tiene buena media: 9%; Chequia

26,2%; únicamente escogeré algunos de

ellos; tenemos a Austria con 25,5;

Luxemburgo, 12,4. Y podemos

comprobar que la media en Italia

es del 4,9, aunque me parece muy

bajo. No lo sé. Parece muchísimo

más bajo que en cualquier otro país,

lo que me lleva a pensar que es po-

sible que tenga que comprobar de

nuevo esta cifra. Esa, o incluso la tasa de

desempleo de la mujer en Italia. No lo sé.

Lo comprobaré más tarde. No obstante, si

vamos al final de la lista, vemos que los paí-

ses nórdicos, representativos en igualdad

de oportunidades, arrojan las siguientes ci-

fras: Finlandia, 20%; Suecia, 17,1%; Dina-

marca, 17,1%; Noruega, 17,2%; y la prós-

pera Suiza, tiene una media del 18,4%.

De este repaso entre los diferentes países

se pueden deducir numerosas cuestiones.

Creo que lo más inmediato es que… a bote

pronto… la brecha salarial… la igualdad de

salario tiene mucho que ver con la nego-

ciación colectiva y con lo que ocurre en el

centro de trabajo. No obstante son tantas

las estructuras y situaciones vinculadas

con ello que no nos sería posible abordarlo

todo en esta tarde. Así que realizaré mi

presentación y si queréis hacer uso de ello

o queréis plantear otras cuestiones, no du-

déis en hacerlo ya que tendremos tiempo

para debatir al final.

Es una larga historia. Tenemos el Trata-

do de Roma, el artículo 119 original del

Tratado que prevalece en 1957, es aho-

ra el principio de igualdad de retribución

entre trabajadores y trabajadoras a igual

trabajo. No deben mostrar competencia

económica entre Estados miembros, ya

que algunos podrían prestar más atención

a la igualdad de género que otros, pero

estrictamente hay que dar igual salario por

un trabajo igual. Y lo interesante es que

esta ley entró en vigor en 1957 y es una

parte integral de la creación del Mercado

Común. Esa fue la razón por la que apa-

recía como un rasgo competitivo. Que no

debería afectar a la competencia entre paí-

ses, dando a las mujeres un mayor salario

en unos países y menos en otros.

Pero lo que de verdad encuentro interesan-

te es que también tenemos esta Directiva

de 1975... el Tratado de Roma entró en

vigor en 1957, podéis contar…, hace bas-

tantes años más bien... Y tenemos esta

Directiva de 1975 donde se implementa

el principio de que mujer y hombre deben

recibir igual salario, según se contempla

en el artículo 119 del Tratado de Roma.

Bueno, en realidad son... ¿cuántos años?...

35 años desde que se aprobó la primera

Directiva sobre igualdad salarial, que fue re-

emplazada por una nueva y por otras seis

en materia de igualdad de género, que fue

aprobada en 2006 (eso creo, en 2005 o en

2006) y debido a que se aprobó esta Direc-

tiva porque la norma sobre igualdad era tan

difícil de localizar, dado que había Directivas

que se cambiaron y fueron sustituidas por

otras... En fin, pusieron todo en una nueva.

Por lo tanto, no es que no hayamos tenido

instrumentos a nivel de la Unión Europea.

Han estado ahí durante muchos, muchos

años, y se han incrementado. ¿Por qué en-

tonces la situación de hoy aún sigue siendo

la misma que la de entonces? Pero

el instrumento de la UE no eran solo

éstos1... Tuvimos también la Conven-

ción de la OIT sobre igualdad salarial,

firmada en 1951, con mayoría de

dos tercios de la Convención sobre

igualdad salarial; dos tercios de los

países que se reunieron allí, lo cual

es bastante respetable. Y fue ratificado por

la mayoría de los países europeos (Noruega

en 1959, Suecia en 1962 –ya hace muchos

años–, pero aún sufrimos una enorme bre-

cha salarial en estos países). Y también te-

nemos aquella Convención de las Naciones

Unidas para la abolición de toda forma de

discriminación de la mujer, que se adoptó

en 1971, pero aún no hemos conseguido la

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Así pues quiero volver sobre la Unión Euro-

pea, porque la Unión Europea, y la Comisión,

como ya he dicho, han hecho muchísimas

cosas. Han aprobado normativas legales,

orientaciones…, nos han proporcionado

estadísticas, seguimiento e informes sobre

la situación en los Estados miembros… Se

han comprometido a aprobar medidas más

concretas y ambiciosas para su desarrollo

en función de sus hojas de ruta… (tienen

una de 2005, y tienen una nueva para este

año…, y este año la independencia econó-

mica y la igualdad salarial es uno de los dos

temas más importantes en la hoja de ruta2.

Pero también tenemos un pacto por la

igualdad de género a nivel europeo. Es el

Consejo, es la cumbre de los gobiernos

de la Unión Europea quien en realidad ha

1. Sic en el original. Nota del traductor.

2. Ibídem.

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Es el Gobierno el que está propiciando

el marco de actuación para el futuro y

dando a los agentes sociales legitimidad

para abordar la igualdad.

adoptado el Pacto Europeo sobre Igual-

dad. Ha sido apoyado por Francia, Suecia,

España, la República Checa, Dinamarca

y Finlandia, y han formado el mayor Pac-

to Europeo por la Igualdad en 2006. Sus

prioridades son medidas dirigidas a cerrar

la brecha salarial: “medidas para reducir

las diferencias salariales y luchar contra

los estereotipos sexistas en el mercado

laboral, medidas para promover un mayor

equilibrio entre la vida laboral y fa-

miliar para todos, y medidas para

reforzar la gobernanza a través de

la dimensión de género y mejorando

el seguimiento”. Esto es lo que deci-

dió el Consejo europeo y lo que aún

está en vigor.

Así pues, tenemos la Comisión, hemos

visto el Consejo, hemos mencionado a la

OIT, y todo el mundo, todos los ciudadanos

están de acuerdo en que es muy importan-

te la igualdad de género, así como acabar

con las diferencias salariales.

Pero también están los agentes sociales

en el ámbito europeo. La CES ha realizado

un montón de intervenciones y muchísimas

acciones, incluidas las actuaciones contra

la desigualdad salarial. Lo han hecho du-

rante mucho tiempo, y muchísimo traba-

jo, tanto en materia de igualdad como de

en relación a la desigualdad salarial. Pero

entre 2000-2005 negociaron un marco

de acción para la igualdad de género. La

prioridad era ajustar los roles de género,

promover a la mujer en la toma de deci-

siones, apoyar la conciliación entre vida

laboral y familiar, y acabar con la diferencia

salarial entre hombres y mujeres. Todos

los afiliados estaban obligados a luchar por

estos objetivos. Todos los afiliados deben

trabajar en estos cuatro puntos durante

el periodo 2005–2009. Desde 2006 se

tiene que hacer un informe anual sobre los

progresos alcanzados.

Debo decir, por una parte, que fue un éxi-

to, porque nos dio una buena perspecti-

va de lo que ocurría en la mayoría de los

países y en la mayoría de las organizacio-

nes. Sin embargo, no estoy segura de qué

seguimiento se le hizo. A pesar de que la

mayoría de los miembros realizaron el in-

forme sobre las acciones realizadas, no

informaron sobre lo que no habían hecho,

incluida mi confederación. Viendo lo que se

ha hecho, no estoy segura de cuál ha sido

el resultado real, porque después de los

informes realizados durante esos cuatro

años, desconozco qué ha pasado después.

¿Qué más podemos decir sobre la CES?

Han luchado por la igualdad salarial du-

rante muchos años y con montones de

iniciativas, han convocado a sus afiliados

para que prioricen la igualdad salarial, la

campaña de la CES en la ofensiva por un

salario justo, y el Congreso de la CES de

Sevilla en 2007 aprobó realizar un estudio

de mercado de urgencia, que se ha venido

realizando desde entonces con carácter

anual. Y la afiliación femenina se ha incre-

mentado; las mujeres aún están infrarre-

presentadas en puestos de liderazgo.; y la

desigualdad salarial es un problema persis-

tente y una fuente de preocupación.

¿Y qué podemos hacer en estos momen-

tos? ¿Qué posibilidades hay? Tengo aquí

una lista de todas las iniciativas de la CES,

podemos copiarlas o podéis ir a Internet y

echarles un vistazo. La verdad es que es

demasiada cantidad, así que será mejor

que seleccionéis lo que necesitéis o que

consultéis lo que verdaderamente os inte-

rese.

Me gustaría ir un paso más allá antes de

mencionar algo sobre la CES. Me gustaría

decir algo sobre la formación de los sala-

rios. ¿Quién es responsable de ello? Las

autoridades nacionales y los gobiernos, y

no hay disposiciones sobre igualdad en el

salario, no se regula el salario mínimo y

todo lo demás. Me acabo de ente-

rar, justo al entrar en este semina-

rio, de que en España, por ejemplo,

está dando pasos decididos en el

tema de la igualdad de género. Y

ha sido el Gobierno el que ha esta-

do promoviendo todo. Esto es muy

importante, porque es el Gobierno

el que está proporcionando el marco de

actuación para el futuro, y también está

dando a todos los agentes implicados la

legitimidad necesaria para abordar los te-

mas de igualdad en el trabajo de una ma-

nera seria y rigurosa. Y esto también es

muy importante, porque no es algo nada

fácil de hacer.

Al hablar de agentes sociales, de negocia-

ción colectiva y también del salario míni-

mo... me quedo con Suecia, con su salario

mínimo entre los diferentes sistemas que

hay en Europa. En muchos países están

regulados por ley, pero en otros hay que

negociarlos constantemente. Los agentes

sociales tienen un papel muy, muy impor-

tante de cara a cerrar la brecha salarial.

Su labor es fundamental también en el ám-

bito de la empresa. Desconozco el sistema

español, tal vez Almudena nos puede decir

algo sobre eso, pero tanto a nivel nacional

como de empresa, los agentes sociales

tienen un papel muy importante a la hora

de afrontar la desigualdad salarial.

En cuanto al papel que juegan las autori-

dades nacionales, porque la UE no puede

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50

Es fundamental y más que necesario dis-

poner de un servicio de guardería para

trabajadores y trabajadoras.

decidir, solo proporcionar un marco legal,

decir algo sobre lo que se puede o no ha-

cer, pero no pueden decidir sobre cómo

cerrar brechas salariales entre hombres y

mujeres, y tampoco sobre cómo debe ser

la negociación colectiva en cada país (si

lo hicieran, sindicatos como los nuestros

reaccionarían con virulencia contra eso).

Pero sí que pueden, mediante normativas,

o mediante instrumentos organizados por

los Estados miembros, promover la igual-

dad de género y la igualdad salarial entre

hombres y mujeres.

La UE todavía tiene mucho recorrido a la

hora de exigir a los Estados miembros una

política coherente. Como he trabajado en

Bruselas durante unos cinco años, obser-

vo con frecuencia a los servicios de prensa

y comunicación cuando hablan sobre la igual-

dad de género, diciendo “eh, que necesita-

mos una política coherente sobre igualdad

de género”. Y me pregunto: ¿desarrolla la

Comisión y las instituciones europeas en

realidad una política coherente en cuanto

a igualdad de género? No estoy segura,

o para ser sincera, creo que no la tienen.

Pueden debatir sobre la Directiva de tiem-

po de trabajo, revisarla, o lo que quieran,

pero no han incluido la dimensión de gé-

nero en las posturas de la Comisión o del

Consejo (esto es lo que ha sucedido

con esta Directiva sobre el tiempo

de trabajo, o al menos eso es lo que

yo creo). Y creo que la CES está de

acuerdo conmigo porque así lo ha

manifestado en numerosísimos do-

cumentos.

Tampoco estamos satisfechos de la Direc-

tiva sobre desplazamiento de trabajado-

res, ya que se ha implementado y utilizado

dentro de la Unión, lo que me produce una

cierta confusión sobre lo que algunas ve-

ces de verdad quiere la Unión Europea,

sobre si quiere desarrollar en verdad una

política coherente y sobre quien decide

sobre ella. Es muy fácil hablar de igual-

dad cuando tratamos con el género; pero

cuando se trata del Mercado Único, por

ejemplo, o de la Directiva de Servicios, ol-

vidamos esta perspectiva de género. Creo

que deberíamos dirigir nuestra atención

sobre la Comisión a la hora de hablar so-

bre una política coherente.

Y, por su parte, las autoridades occiden-

tales deben actuar fomentando la igualdad

de género, y hacer que los agentes socia-

les se responsabilicen del cumplimiento de

las leyes de igualdad y salariales. Aunque

en realidad el trabajo tienen que hacerlo

los agentes sociales a través de la nego-

ciación colectiva.

He sido un tanto positiva sobre la presiden-

cia belga (son los belgas quienes la osten-

tan) ya que han establecido entre sus tres

principales prioridades tanto la brecha

salarial entre hombres y mujeres, como

la igualdad de género. Y han manifestado

que pondrán el énfasis en el aspecto polí-

tico, en cómo trabajar con ellas por la vía

política.

También han dicho que intentarán hacer

el seguimiento de los temas que han sido

prioritarios en las presidencias anteriores,

y que, además, intentarán hacer algo con

la Directiva sobre Tiempo de Trabajo, aun-

que en realidad nadie se puede fiar. Han

dicho que llegarán a realizar una segunda

ronda de consultas con los agentes socia-

les sobre el tiempo de trabajo. Pero no

queda ya mucho de este año y dijeron que

sería para diciembre, así que... ya vere-

mos. Para la CES es muy importante que

la Directiva de Tiempo de Trabajo refleje

también la dimensión de género.

Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Lle-

vo toda la vida trabajando en temas euro-

peos, y la principal prioridad de la CES en

relación a la igualdad ha sido conciliar la

vida familiar y laboral. Esto es muy, muy

importante, porque es imposible realizar

un buen trabajo, es imposible asumir una

cierta responsabilidad profesional, o as-

cender de categoría, si no tienes posibili-

dad de organizar tu casa y tu familia.

Nos han dicho, por ejemplo, que es funda-

mental contar con un servicio de guardería

asequible. Pero, ¿es suficiente? Creo que

no. Es fundamental, es necesario tenerlo,

y tenemos que disponer de un servicio de

guardería infantil asequible para todos los

trabajadores y trabajadoras. No obstante,

procedo de un país en el que hemos tenido

este servicio desde hace años; y aún así

la desigualdad salarial persiste. Este servi-

cio debe existir, aunque algo me dice que

hay algo más, que debe haber algo más.

No solo se trata de guarderías infantiles,

sino de un horario laboral compatible con

la familia, flexiseguridad, las personas, los

hombres y mujeres que trabajan en

distintos centros de trabajo podrían

hacer turnos de trabajo, podrían

crearse horarios laborales que

compensen a las personas con res-

ponsabilidades familiares. Además

no sería para toda la vida laboral;

solo durante unos pocos años. Pero tiene

que hacerse en un marco de flexiseguri-

dad, de forma que no tengamos peores

condiciones laborales que el resto de los

trabajadores de la empresa.

También me gustaría hacer referencia a

las actividades sindicales compatibles con

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la brecha salarial es aproximadamente

la misma en parejas con hijos que en pa-

rejas sin hijos. no hay diferencia... así

que aún tenemos algunos retos por de-

lante... y no creo que los empresarios se

vayan a concienciar.

las responsabilidades familiares, las re-

uniones, los seminarios… ¿Cuántos aquí

tenéis niños pequeños?... Veo que hay

unos cuantos. Está muy bien que podáis

estar aquí a pesar de ello, pero igual sería

mejor si este evento fuera más temprano,

o más tarde. No sé. Es algo que podríais

debatir internamente, y decidir si hay algún

horario que sea mejor para celebrar semi-

narios como éste. A mí me da igual, jejejé,

porque mi hija ya no me necesita en ese

sentido, ni siquiera le gusta que vaya todos

los días a su casa, jajajá. Sería demasiado

incluso para mí.

Me apetece provocaros un poco. Quiero

decir algo sobre el debate familiar. Nece-

sitamos reflexionar sobre qué vida quere-

mos. Queremos criar a unos hijos y

al mismo tiempo queremos un buen

trabajo, con perspectivas de futuro,

donde se pueda prosperar, poder

aspirar a un mejor salario y mejo-

res condiciones laborales. Lo que

significa que tenemos que asumir

responsabilidades en ambos lados.

Lo que significa que necesitamos un

buen compañero o compañera en

casa, con el que puedas tener un

buen diálogo y con el que puedas encon-

trar soluciones a estos temas. Porque no

creo que sea adecuado dejar a los niños

en la guardería a las 7 de la mañana, y re-

cogerlos a las 8 de la noche. No creo que

eso esté bien. Creo que si padre y madre

trabajan, y los hijos tienen actividades es-

colares o extra escolares importantes, es

imprescindible que pasen al final del día un

tiempo todos juntos, y no solo los hijos con

su madre. Estoy convencida de ello.

La razón por la cual digo esto es el trabajo

a tiempo parcial. Por ejemplo, en España,

acabo de saber que no está muy exten-

dida esta modalidad. Es casi inexistente.

Eso está bien, ¿por qué no? Aunque no

sabemos qué puede ocurrir en el futuro.

En Dinamarca y Finlandia desconocían esta

modalidad hace 15 años. Sin embargo hoy

en día se utiliza mucho. Depende de muchí-

simas cosas: la crisis, la falta de empleo,

las políticas empresariales, la política de

empleo del Gobierno... Nunca se sabe lo

que va a pasar.

Pero eso no es lo más importante. Y no

lo es porque si atendemos a algunos es-

tudios, por ejemplo el que se ha hecho en

Bélgica relativo al trabajo a tiempo parcial,

los resultados nos demuestran que hom-

bres y mujeres tienen otras razones para

escoger este tipo de modalidad que son

distintas a tener o cuidar hijos. El cuidado

de los hijos tiene una importancia alta para

las mujeres, pero no para los hombres.

Para los hombres, la segunda razón por

la cual prefieren un trabajo a tiempo par-

cial es que están estudiando, o que tienen

otras cosas que hacer aparte de su traba-

jo, pero no el cuidado de sus hijos.

La verdad, no creo que los hombres sean

más perversos o que no quieran a sus hi-

jos. No lo creo. Pero sí que creo que es un

tema cultural. En mi confederación hemos

realizado un estudio parecido entre muje-

res sindicalistas con responsabilidad en la

confederación, en la unión nacional y a nivel

regional, y nos hemos encontrado con una

situación muy interesante. Porque a nivel

local y regional, las mujeres salen elegidas

tanto como los hombres, sin diferencia. Lo

que ocurrió es que las mujeres dejaron su

puesto tras dos o tres o cuatro años de

ejercicio, mientras que los hombres ejercie-

ron su actividad durante muchos años, ad-

quiriendo muchísima experiencia en el pues-

to. Lo que hizo más fácil que llegaran a los

siguientes niveles en las uniones nacionales.

Pero también el estudio tenía un aspec-

to prospectivo. ¿Había alguna diferencia

entre mujeres casadas y solteras? ¡Y la

había! Las mujeres casadas ejercían su

cargo durante uno o dos años y luego se

marchaban. Sin embargo las mujeres sol-

teras permanecían en su puesto y conse-

guían mantener ambos aspectos. Y esto sí

es muy interesante.

Vimos a uno de nuestros anteriores

cargos electos decir: “En realidad el

problema no son los hijos... ¡¡¡es el

marido!!! Jajajajá. No sé, pero a mí

me parece muy interesante, tanto

para el trabajo a tiempo parcial,

como para la posición de los dele-

gados sindicales.

Lo que también es interesante es el

tipo de familia: la brecha salarial es aproxi-

madamente la misma en parejas con hijos

que en parejas sin hijos. No hay casi dife-

rencia. Y eso es muy interesante porque

podríamos pensar que es perfectamente

obvio que una pareja sin hijos, tanto el

hombre como la mujer deberían, con el

mismo número de años, pero... no estoy

segura, creo que debo consultar un poco

más las cifras porque no se sabe. Así que

aún tenemos algunos retos por delante.

Por último, me referiré a las prioridades

y actividades sindicales, porque creo que

nos tenemos que concienciar de que tene-

mos que hacer la tarea. No creo que los

empresarios lo vayan a hacer. Tienen que

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ser los sindicatos. Podemos colaborar,

negociar, llevarlo al diálogo social con los

empresarios, pero no creo que ellos vayan

a contemplar tanto como nosotros el tema

de la igualdad de género y de la desigual-

dad salarial entre hombres y mujeres.

La CES subraya la importancia de la parti-

cipación de la mujer en todos los niveles. El

concepto de la igualdad de género y sala-

rial debe llegar a todos los niveles, tantos a

hombres como a mujeres. Lo que significa

que hay que formar a todos. Tuvimos una

circunstancia en Noruega este año, en la

cual una empresa del sector privado in-

crementó el presupuesto y el salario hora

de los trabajadores. Y en el mismo nivel

de empresa (dejadme apuntar aquí que

nuestro sistema tiene dos niveles de ne-

gociación colectiva, la negociación a nivel

nacional, y la negociación a nivel local), las

cifras demostraron que en el acuerdo que

se firmó existía una brecha salarial entre

mujeres y hombres. Sin embargo, al com-

probarlo a nivel de empresa, la brecha no

existía. Así que el dinero se había dividido,

se había gastado equitativamente tanto en

hombres como en mujeres (porque podía

hacerse). Lo que quiere decir que si la

estadística nacional muestra que hay una

brecha salarial, y no pueden encontrarla a

nivel local, entonces hay algún tema que

solucionar en algún sitio. No es tan fácil

encontrar dónde están las causas de una

brecha salarial. Así que es necesario que

todos se formen sobre este tema.

También quiero decir algo de nuevo sobre

horarios compatibles, reuniones, semina-

rio y actividades, y sobre negociar planes

de acción de género a nivel de empresa

donde se incluyan cláusulas sobre igualdad

salarial. He descubierto que España ha

aprobado una nueva Ley que permite la ne-

gociación de planes de acción de género, y

creo que eso debería permitir que se asuma

el reto de acabar con la brecha salarial.

Me gustaría oír algo más al respecto.

Acabaré diciendo que la negociación co-

lectiva es una opción más que eficaz para

afrontar las diferencias salariales; que las

mujeres deben estar involucradas en el

proceso desde el principio hasta el final, y

que los negociadores deben estar forma-

dos en material de igualdad, tanto hom-

bres como mujeres. Elegir a una mujer en

lugar de a un hombre no es garantía de

resolución de los problemas de desigual-

dad salarial, así que debe haber también

formación.

También deben hacerse públicos los datos

relativos a las diferencias salariales. La res-

ponsabilidad sobre el tema debe asumirse

por los negociadores, no hay duda de ello, y

que así lo contemplen por toda la organiza-

ción. Debe incluirse la dimensión de género

en la negociación colectiva y salarial.

Respecto a mí, debo decir que no hemos

debatido esto en el Comité de la Mujer

de la CES, aunque yo personalmente lo

he llevado a la confederación para la que

trabajo. Creo que cualquier demanda de

aumento salarial debe analizarse desde la

perspectiva de género. No obstante no he

encontrado a nadie que esté de acuerdo

conmigo en este punto.

Esto se ha hecho muy corto… Hay muchas

más cosas que pueden decirse, pero aho-

ra estoy deseando entrar en debate con

todos vosotros. Gracias. n

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DAlmudena FontechaSecretaria para la Igualdad de UGT

Brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa*

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Decía, y esto lo repito para las traductoras y

para Karin, que seguramente tanto en su in-

tervención como en la mía, que pretenden

ser breves y simplemente abriros boca para que en el

turno de intervenciones podamos entre todos y entre

todas hacer un debate que resulte interesante.

Me voy a aprovechar de algunas consideraciones que

ha hecho Karin, sobre todo en lo que se refiere a cómo

en los Tratados internacionales, desde el Tratado de

Roma, los convenios, de la Organización Internacional

de Trabajo, las distintas directivas, han ido ofreciéndo-

nos instrumentos importantes para luchar contra la

brecha salarial.

Pero si me lo permitís, antes que hablar de cuáles o

cómo esos instrumentos a nivel internacional se han

trasladado a nuestra legislación española, cómo los in-

terlocutores sociales a través incluso de los procesos

de concertación social hemos incorporado el compro-

miso de avanzar en la igualdad de género en referen-

cia a la brecha salarial, sí que me gustaría, y voy a

aprovecharlo y lo voy a hacer con toda la sinceridad

que pueda, intentar compartir con todos vosotros y to-

das vosotras algunas reflexiones. Que pretenden sobre

todo ser cuanto menos provocador o provocadoras en

una reunión de estas características.

La primera pregunta que deberíamos hacernos todos

y todas es cómo después de todos los instrumentos

legislativos, tanto a nivel de la UE como lo que ocurre

en nuestro país, desde el estatuto de los trabajadores,

donde ya hace muchos años se incorporó el principio de

igual retribución por trabajo de igual valor. Me refiero a

estos términos porque doy por hecho que ya todos he-

mos interiorizado estos términos, aunque desgraciada-

mente todavía oigo hablar de que no existe desigualdad

retributiva, qué esto que habláis las mujeres dentro de

los sindicatos. Pues no, estamos hablando de esto, del

principio de igual retribución por un trabajo de igual

valor, un principio que ya está reconocido en el estatuto

de los trabajadores. Como la propia ley orgánica para

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres incorporó

también el principio de igual retribución por trabajo de

igual valor, y le dio en esta materia competencias es-

pecíficas a los planes de igualdad para operar en esta

materia. Como os decía, incluso en los procesos de

concertación entre las organizaciones empresariales

y sindicales en el año 2008 adquirimos también un

compromiso para que en toda la negociación colectiva

del año siguiente se fuera incorporando esta materia.

Bueno, pues si todo esto es así cómo es posible que

todavía hoy estemos hablando de una desigualdad, de

una diferencia retributiva tan importante entre mujeres

y hombres.

* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.

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Yo creo que las razones son varias. Y en

este sentido es donde quería ir una primera

parte de mi intervención. En primer lugar

porque se sigue negando la propia exis-

tencia de esta desigualdad retributiva. En

segundo lugar porque si se reconoce su

existencia, en muchos de los casos los ar-

gumentos que se nos ofrecen por parte, no

solo de los responsables políticos, sino a ve-

ces también de los propios negociadores en

los convenios colectivos, es que a imagen y

semejanza de lo que ha ocurrido en nuestro

país donde ha habido avances muy impor-

tantes desde el punto de vista de la incor-

poración de las mujeres al mundo del traba-

jo, que de alguna forma ha venido a saldar

las importantes diferencias que teníamos,

bueno, pues la igualdad retributiva vendrá

de la mano con el tiempo, y que por

tanto hemos avanzado pero que no

corramos tanto porque esto vendrá

única y exclusivamente con el tiem-

po. Pero también ahí es verdad que

existen integrismos, existen determi-

nados tabúes a la hora de abordar

esta materia. En primer lugar por

parte de las organizaciones empresariales,

por parte de los empresarios. Reconocer

una igualdad retributiva no solo es recono-

cer que existe un determinado sexismo, no

solo social, sino también sexismo laboral.

Pero ese sexismo laboral se alía con deter-

minados intereses económicos. Y claro, a

las organizaciones empresariales y empre-

sarios, tener un ejército de mujeres muy

bien formadas y preparadas, como ocurre

en nuestro país, pero que con la excusa de

que antes o después se pudieran quedar

embarazadas, tener el argumento perfecto

para tener un contrato en peores condicio-

nes y peor retribuidas, desde luego es un

integrismo económico que los empresarios

difícilmente de una forma fácil y sencilla van

a admitir que eso exista. Porque realmente

lo que estamos jugando son intereses eco-

nómicos muy importantes, y desde luego la

desigualdad retributiva es un elemento toda-

vía hoy en nuestro país de competencia muy

importante entre las empresas. Pero tam-

bién existe un tabú sindical, reconocer que

una de las causas, no siendo la única, pero

también que una de las causas que provoca

la desigualdad retributiva son la traslación

a los convenios colectivos de determinadas

condiciones a la hora de establecer catego-

rías profesionales o condiciones de trabajo,

que hace que hombres y mujeres estemos

en categorías distintas, en sectores distin-

tos, pero también en categorías y sectores

que significan desigualdad retributiva, es re-

conocer que de alguna forma nuestro traba-

jo sindical tiene todavía muchísimo camino

que recorrer. Por eso yo creo que todo esto

existe, todas estas dificultades existen a la

hora de poder avanzar e aplicar el principio

de igual retribución por trabajo de igual va-

lor. Y lo primero que tenemos que hacer en

nuestro país es reconocer que eso existe.

Y aún a pesar de que Karin hablaba de que

hay convenios internacionales a través de la

OIT del año 1951, el Tratado de Roma del

año 1957, hasta el año 2008 no conse-

guimos, ni siquiera, que en un proceso de

concertación con las organizaciones empre-

sariales a nivel de todo el estado, el concep-

to de igual retribución apareciera. Estamos

hablando del año 2008. No os quiero con-

tar ahora todas las cosas que han sucedido

después del año 2008, donde, entre otras

muchas razones, pues muchos convenios

colectivos todavía hoy con la situación rela-

cionada con la crisis están todavía sin re-

negociar. Por tanto, podemos decir que el

primer acuerdo alcanzado con las organiza-

ciones empresariales después de la ley or-

gánica para la igualdad efectiva, del 2007,

todos y todas recordaréis cuál fue la posi-

ción de las organizaciones empresariales en

torno a esta ley, de absoluto rechazo. Pues

os recuerdo, en tiempos, esta ley se aprue-

ba en marzo del 2007. En el año 2008 es

cuando llegamos al acuerdo con las orga-

nizaciones empresariales. Por primera vez

se incorpora este texto, y nunca más ni con

el gobierno ni con los empresarios hemos

vuelto a hablar de ningún desarrollo norma-

tivo en relación ni con la ley de igualdad en

general, ni con el principio de igualdad de

retribución en particular. Por tanto, nun-

ca mejor dicho, en nuestro país tenemos

instrumentos legislativos muy importantes,

que en estos últimos años se han

dado avances muy importantes pero

que existe una dificultad para llevarlo

a efecto también muy importante.

Por tanto, de nada sirven los instru-

mentos, siendo éstos muy importan-

tes, si a su vez existen dificultades.

Algunas de ellas a las que luego me

referiré y que tienen que ver también con

nuestro trabajo sindical. Cómo hacemos

posible cumplir algunos de estos principios.

Por haceros un breve recorrido que pre-

tende que empecemos a reconocer que

estas situaciones en nuestro país existen,

lo primero que tendría que plantearos, y

cada vez que surge en nuestro país este

debate, y un debate muy importante en

torno al principio de igualdad retributiva

por trabajo de igual valor se produjo este

mismo año en torno al día 22 de febrero,

cuando en la propia comisión de igualdad

en el Parlamento, a instancias del Partido

Popular, planteó al Gobierno, y finalmente

hubo un acuerdo unánime por parte del

gobierno, una proposición de ley que reco-

nociera la necesidad de adoptar medidas

en esta materia. Estamos hablando de

lo que nos estamos jugando son inte-

reses económicos muy importantes y la

desigualdad retributiva es un elemento

de competencia entre las empresas.

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junio del año 2008, a propuestas del Par-

tido Popular. Una iniciativa que hace que

el Gobierno se planté la necesidad de apro-

bar una resolución a imagen y semejanza

de lo que había ocurrido en el ámbito euro-

peo para reclamar a las instituciones euro-

peas que organicen un día europeo de la

igualdad salarial. Y por eso este año, el día

22 de febrero, imagino que todos y todas

conocéis el simbolismo del 22 de febrero,

es decir, que una mujer necesita 418 días

para cobrar el mismo salario que un hom-

bre durante 365. Es decir, que tendríamos

que trabajar un año completo más todo el

mes de enero hasta el 22 de febrero para

poder cobrar lo mismo. Bueno, pues en

esas estábamos cuando desgraciadamen-

te para todos y para todas vino esta serie

de dificultades económicas con las que en

estos momentos estamos en marcha.

Uno de los argumentos, y tuvimos que com-

batirlo, y cada día lo combatimos, cuando

se habla de la brecha salarial en nuestro

país, es que no solo se duda de su exis-

tencia, sino que a veces se nos acusa de

que la discriminación salarial es fruto única

y exclusivamente de un artificio aritmético

en las estadísticas, pero que realmente no

hay una realidad en los centros de trabajo

que justifique que existe esa desigualdad

salarial. Por eso lo primero que estamos

planteando al gobierno de la nación es que

tiene que empezar por actualizar

los datos de la encuesta de costes

salariales, que tiene una periodici-

dad trimestral, pero que por ejem-

plo no diferencia procesos, por lo

cual tenemos dificultades para po-

der evaluar y medir cuál es la desigualdad

retributiva de nuestro país, pero además

excluye sectores tan importantes como en

el ámbito de las administraciones públicas.

Tenemos otra encuesta, la encuesta de es-

tructura salarial. Que se publica también

con una periodicidad cuatrienal, por tanto

es muy difícil poder valorar cómo operan

los distintos mecanismos para poder avan-

zar. Y luego existe una encuesta anual de

estructura salarial, que el propio Instituto

Nacional de Estadística se está planteando

no solo que exista una desagregación más

detallada, sino también una periodicidad

mucho más frecuente.

Pero además cada una de estas encues-

tas a las que me estoy refiriendo, tanto

la encuesta de costes salariales como la

encuesta de estructura salarial como la

encuesta de estructura anual sobre es-

tructuras salariales son encuestas que es-

tán basadas en medir cosas distintas. Por

tanto, de la suma de estas encuestas que

miden cosas distintas, tenemos que poder

sacar algún tipo de conclusiones. Alguna

de ellas miden cuáles son las retenciones

en función del salario de trabajadores a la

hora de hacer la declaración de la renta.

Otro mide los salarios brutos que se pactan

en los convenios colectivos. Y por lo tanto

estamos midiendo cosas muy distintas a la

hora de poder valorar esta situación.

Pero una vez dicho esto y más allá de to-

das estas dificultades, lo que sí tenemos

que reconocer es que existen determina-

das causas que puedan de alguna forma

justificar, o mejor dicho explicar, la situa-

ción de desigualdad retributiva en nuestro

país. En primer lugar de cómo se confi-

guran, de cómo componemos a través de

la negociación colectiva, pero sobre todo

a través de las distintas ocupaciones los

distintos salarios que trabajadores y traba-

jadoras percibimos.

Y en este sentido me gustaría haceros una

serie de consideraciones que desde el pun-

to de vista del debate sindical me parecen

muy importantes. Me refiero sobre todo al

debate que en nuestro país está habien-

do de la necesidad de cambiar el modelo

de crecimiento. Y cómo un determinado

patrón de crecimiento, que hace que tra-

bajadores y trabajadoras estemos en sec-

tores distintos tiene también una influencia

muy importante a la hora de componer los

salarios. Y en este sentido me gustaría

señalaros algunas cosas que me parecen

importantes.

En primer lugar, se produce un mayor cre-

cimiento de los salarios cuando se produ-

ce un cambio en la estructura del empleo

que beneficia el crecimiento de los sala-

rios, ya que de por sí son salarios más

altos. Es decir, a los salarios más altos,

es decir, hay un trasvase del sector de la

agricultura al sector industrial, o del traba-

jo manual o poco cualificado a favor de una

mayor cualificación. Es decir, un incremen-

to del conjunto de los salarios beneficia el

aminorar la desigualdad retributiva. Por

tanto, si en nuestro país estamos deba-

tiendo desde el punto de vista sindical que

hemos tenido una estructura ocupacional

basada sobre todo en salarios muy bajos,

en sectores que han ocupado mano de

obra intensiva y poco cualificada, pues ten-

dríamos que llegar a la conclusión

en función de estos datos, que si el

conjunto de los salarios de nuestro

país han sido bajos, eso a su vez ha

tenido una repercusión muy direc-

ta en las desigualdades retributivas

entre mujeres y hombres.

Por el contrario, si los salarios decrecen, y

por tanto aumenta el peso relativo en secto-

res como la construcción y el servicio, sobre

todo de determinados trabajadores como

ha sido en nuestro país las trabajadoras en

Si los salarios han sido bajos, ha tenido

una repercusión en las desigualdades re-

tributivas entre hombres y mujeres.

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general, las trabajadoras y los trabajado-

res jóvenes en particular, y los trabajado-

res procedentes de otros países, muchos

de los casos todos ellos contratados con

fórmulas de carácter temporal y a tiem-

po parcial, ello ha hecho que ha crecido el

empleo, pero ha crecido el empleo en sec-

tores con salarios inferiores a la media. Y

por tanto eso ha tenido una repercusión

muy importante a la hora de hablar

de desigualdad retributiva.

Por tanto, en toda esta fase expan-

siva de crecimiento económico en

nuestro país se ha generado mu-

cho empleo, pero también ha sido empleo

no solo de muy baja calidad pero también

además muy volátil, empleo que se ha

perdido con mucha facilidad. Este tipo de

composición de empleo en nuestro país ha

tenido una repercusión muy directa desde

el punto de vista de las desigualdades re-

tributivas. Este incremento del empleo fue

casi superior entre las mujeres que entre

los hombres. Es decir, ha habido mucho

empleo pero además se ha generado mu-

cho empleo para las mujeres aún a pesar

de que siga existiendo un diferencial muy

importante entre el total del empleo que

ocupan hombres y mujeres.

Si comparamos los salarios por sectores,

teniendo una relación con cómo ha evolu-

cionado el empleo en nuestro país, la rela-

ción es claramente contraria al sector con

mayores salarios como ha sido la industria

en el que el empleo ha crecido menos. Es

decir, en aquellos sectores donde el sala-

rio ha sido más importante, donde es más

importante, es decir el salario de los sec-

tores de industria ha sido más importante

que en el sector servicios, pero precisa-

mente ha sido en el sector de la industria

donde se ha generado menos empleo. Y

por tanto donde menos oportunidades de

trabajo ha habido para unos y para otros.

Las ramas con menor nivel salarial coinci-

den por tanto con todas aquellas que han

tenido un mayor incremento salarial, un

mayor incremento de empleo. Es decir, in-

cremento de empleo con bajos salarios ha

contribuido de una forma muy importante

las desigualdades retributivas. Por tanto,

podríamos llegar a la conclusión que exis-

te una relación inversa entre los niveles

salariales y la evolución del empleo. Sobre

todo en este último periodo de expansión

económica. Ramas de actividad, sectores,

contratos, grupos de trabajadores con me-

nores niveles salariales, coinciden precisa-

mente donde más ha crecido el empleo.

En el caso contrario, las mujeres, ha habi-

do una concentración muy importante de

sectores con remuneraciones inferiores a

la media, y dentro de ellos con ocupacio-

nes y con salarios muy bajos, una concen-

tración muy intensiva en mano de obra.

Existen además diferencias salariales en-

tre trabajadores dentro del sector, dentro

del tamaño de la empresa en función de

la cualificación, de la edad, del contrato,

de la nacionalidad. Por tanto deberíamos

llegar a la conclusión que existen deferen-

cias salariales. Comparemos cualquier pa-

rámetro que comparemos.

Los salarios de las mujeres, por tanto, son

siempre inferiores a los de los hombres,

siempre inferiores a cualquier otra consi-

deración.

Pero además existen diferencias muy poco

apreciables aún a pesar de todos esos

instrumentos. Existen diferencias impor-

tantes, existe menor desigualdad retribu-

tiva entre mujeres y hombres extranjeros

que entre hombres y mujeres españolas.

Y esto llama la atención por muchas de

las cosas que oímos diariamente en los

medios de comunicación. Bueno, pues

existe. Menor diferencia entre hombres y

mujeres extranjeras, que entre hombres

españoles y mujeres españolas. Existe

también menor diferencia salarial

en la construcción que en el sector

de servicios. Es decir, en sectores

fuertemente masculinizados, la di-

ferencia salarial es menos que en

los sectores donde la mayoría so-

mos mujeres. Aún a pesar de que haya

sectores mayoritariamente ocupados por

mujeres, los pocos hombres que están

cobran más que la gran cantidad de mu-

jeres donde ese sector está fuertemente

feminizado. Existe también menor diferen-

cia entre los contratos indefinidos que en

los temporales, y menor diferencia entre

los contratos a tiempo parcial que en los

contratos a tiempo completo. Por tanto,

del análisis de la nacionalidad, del sector,

de tipo de contrato, las diferencias salaria-

les entre hombres y mujeres son menores

en los que la remuneración salarial de los

dos sexos es menor. Es decir, cuando la

orquilla entre el salario de hombres y muje-

res es pequeño, la diferencia salarial tam-

bién es más pequeña. Por el contrario, en

los casos en los que en los sectores los

salarios son muy importantes y los hom-

bres cobran una cantidad muy importante,

la desigualdad retributiva también es muy

importante. Las diferencias salariales van

creciendo con la edad. Algo que debería

ser contradictorio porque con la edad no

solo adquieres la formación sino también la

experiencia que requiere el puesto de tra-

bajo, bueno pues las diferencias salariales

van aumentando con la edad. Y en cambio,

por nivel educativo las mayores diferencias

se producen en los niveles de estudios su-

En los sectores mayoritariamente ocupa-

dos por mujeres también la retribución

de los hombres es mayor.

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periores. Es decir, a cuánto más nivel de

formación más desigualdad retributiva.

Elisa y yo, y las compañeras del depar-

tamento de la mujer y de la secretaría,

muchas veces, cuando oímos todas estas

frases que últimamente estamos oyendo

con la necesidad de que los trabajadores

se cualifiquen, porque eso es lo que les va

a ofrecer mayores oportunidades de em-

pleo, nosotras siempre decimos que será

para ellos, porque para nosotras desde lue-

go en nuestro país no se ha demostrado

que el importante esfuerzo social, desde

el punto de vista de lo que ha significado

la inversión pública que ha habido en nues-

tro país para adquirir todos y muy espe-

cialmente todas un mayor nivel de forma-

ción, sino el esfuerzo también personal y

familiar que se ha hecho para

que las mujeres hoy en nuestro

país tengamos un nivel de for-

mación como el que tenemos.

Desde luego lo que sí podemos

decir en función de los datos

que ese mayor nivel de forma-

ción nos ha permitido tener

más oportunidades de empleo

que pudieron tener mujeres de

generaciones anteriores, pero no las mis-

mas oportunidades de empleo que nues-

tros trabajadores o compañeros varones,

que han podido estudiar lo mismo que no-

sotras, pero cuando nos hemos incorpo-

rado al mercado de trabajo, desde luego

esa mayor cualificación en ningún caso ha

significado el terno no solo mejores con-

diciones de trabajo, y por tanto contratos

en igualdad de condiciones que los traba-

jadores varones, puesto que nosotras en

nuestro país seguimos sufriendo una for-

ma muy importante la contratación de for-

ma temporal y precaria, sino que además

nuestras condiciones retributivas siguen

estando a mucha distancia que nuestros

trabajadores homólogos, varones, con los

que nos podemos comparar desde el pun-

to de vista de la misma formación.

Eso es en cuanto a cómo se va componien-

do la estructura de la población trabajado-

ra. Desde el punto de cómo componemos

cada uno de los elementos que forma el

conjunto de las retribuciones, y por tanto

no solo el salario base sino los complemen-

tos, las horas extraordinarias, tendríamos

que llegar a una conclusión que sin duda

nos debería de hacer reflexionar como or-

ganización sindical cuando negociamos un

convenio colectivo. Y esta es la siguiente.

Tienen un peso inferior las mujeres que los

hombres en lo que respecta al total del sa-

lario, el conjunto de las retribuciones, en los

complementos y en las horas extraordina-

rias. Prácticamente dos tercios del salario

por parte de los hombres son retribucio-

nes que son más allá del salario base que

tienen que ver con complementos. Luego

veremos a qué complementos nos estamos

refiriendo, cuáles son esos complementos

que aparentemente son neutros pero que

evidentemente desde el punto de vista de

la composición del salario están teniendo

efectos muy directos a la hora de la percep-

ción retributiva de mujeres y de hombres.

Eso significa que la diferencia salarial entre

hombres y mujeres, si solo tuviéramos en

cuenta el salario base, la diferencia podría

estar en torno a 21, como decía Karin, a

un 26 según los últimos datos de los que

disponemos. Pero esa diferencia se puede

acrecentar hasta un 40% si en el conjun-

to de las retribuciones incluimos todos los

complementos que todos los trabajadores

y trabajadoras perciben. Y por tanto, la re-

ducción de la desigualdad retributiva, por

ende, debería de venir añadida o debería

de venir dada por una mejor negociación de

los complementos salariales, a los que su-

puestamente no tienen género, pero como

veis afectan de una forma muy importan-

te a la hora de componer los salarios. De

igual forma, si esto le añadimos las horas

extraordinarias, la diferencia de 26, si solo

es el salario base, hasta un 40 si estamos

hablando de complementos, y hasta un

70% si incluimos las horas extraordinarias.

Y esto tiene mucho que ver con una de las

consideraciones que Karin hacía. Estamos

en las mismas, más allá del debate sobre

horas extraordinarias sí horas extraordina-

rias no, estamos en las mismas condi-

ciones hombres y mujeres de alargar

nuestra jornada laboral, pues evidente-

mente no. En muchos de los casos por

las razones que Karin decía relacionadas

con las responsabilidades familiares.

Bueno, pues las responsabilidades fami-

liares tienen mucho que ver con la dedi-

cación, y por tanto la dedicación tiene

mucho que ver a la hora de componer la

estructura salarial.

Pero además de todo esto, de cómo se

compone la población trabajadora en dis-

tintos sectores, en distintas categorías

que determina el salario, de cómo a su

vez el salario está compuesto por el sa-

lario base, los complementos, las horas

extraordinarias, los beneficios sociales,

existe y hay que decirlo alto y claro, discri-

minaciones claras, existentes. No discrimi-

naciones disfrazadas. No, existen discrimi-

naciones claras.

Si eliminamos por ejemplo todo lo que se

refiere a la jornada laboral, al nivel educati-

vo, a la segregación tanto horizontal como

El mayor nivel de formación de las muje-

res ha permitido tener más oportunida-

des de empleo que las mujeres de gene-

raciones anteriores, pero no las mismas

oportunidades que los varones.

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vertical a la que antes hacía referencia.

Según, todos los estudios en nuestro país,

el 50% de la diferencia salarial solo se po-

dría explicar por sentido estricto. El otro

50% son todo lo que os he dicho. Es decir,

la diferencia salarial, ese 26% si tomamos

solo como referencia el salario base, 40%

si tomamos como referencia los comple-

mentos, y hasta un 70% si tenemos en

cuenta las horas extraordinarias. Bueno,

pues de esos porcentajes el 50% se en-

tendería de cómo componemos, el 50%

se podría explicar por los puestos de tra-

bajo que ocupamos, por el nivel educati-

vo, por la categoría que ocupamos, por el

sector que tenemos. Pero el otro 50% no

sería explicable por ninguna de estas ra-

zones. Y por tanto deberíamos llegar a la

conclusión que son razones estrictamente

discriminatorias.

Por una parte, hay que reconocer-

lo, que existen prejuicios del empre-

sariado en muchos casos en contra

del empleo femenino. Alto y claro.

En segundo lugar porque también,

y por qué no negarlo, existen pre-

siones de algunos trabajadores va-

rones en contra de que las mujeres sean

compañeras, en igualdad de condiciones.

Y en muchos casos argumentos de fuerza

física, a los que estamos muy acostumbra-

das a oír, son argumentos que esconden

realmente la dificultad que muchos traba-

jadores varones tienen a la hora de poder

compartir un puesto de trabajo en igual-

dad de condiciones. Y se argumentan todo

lo habido y por haber, razones físicas, de

competencia, de formación. Que en ningún

caso pueden justificar.

Por lo tanto también tendríamos que llegar

a la conclusión de que esta es otra parte

que deberíamos plantearnos. Es decir, una

parte, evidentemente tendremos que plan-

tearnos cómo a través de la negociación

justificar, que incluso a cuánto mayor re-

tribución por parte de los trabajadores va-

rones menos o más diferencias salariales

existen, aún a pesar de que la cualificación

de los trabajadores y trabajadoras sea la

misma.

Por tanto, como veis son muchos los fren-

tes que nos tendríamos que plantear para

poder abordar que esta desigualdad desde

el punto de vista retributivo hace que no

solo se esté cometiendo desde el punto de

vista del presente una injusticia clara con

las trabajadoras, sino también de futuro.

En gran parte, muchos de los derechos so-

ciales que percibimos como trabajadores,

aún a pesar de que no estemos en activo,

como ocurre cuando estemos jubiladas, lo

percibiremos en función del conjunto de

nuestras retribuciones. Por tanto

estamos hablando de nuestro pre-

sente y nuestro futuro, desde el

punto de vista de los derechos indi-

viduales de cada uno de nosotros, y

en este caso de cada una de noso-

tras como trabajadoras. Pero más

allá del debate estrictamente perso-

nal o de la inquietud estrictamente

personal o de algo que evidentemente nos

debería de plantear que no nos dignifica

como sociedad el que algo tan arbitrario

como haber nacido hombre o haber nacido

mujer finalmente termine justificando, pero

retribuciones desde luego es algo que sin-

dicalmente es inaceptable.

Lo primero que tenemos que hacer es

aceptar que esto existe. Que una parte

son discriminaciones directas. El 50% se-

gún los estudios. Pero otro 50% nosotros

podemos influir. Una parte a través de la

negociación colectiva, y otra parte instan-

do a los poderes públicos, no solo a que

hagan ya leyes, sino que además haya ins-

trumentos que garanticen la aplicación de

esas leyes. Y en ese sentido es muy impor-

colectiva nos planteamos resolver cómo

se construye el salario. Cómo a través de

la negociación colectiva tenemos que ser

cada vez más conscientes de que tiene

que haber una concordancia entre los sa-

larios pactados en los convenios colectivos

y los salarios que finalmente perciben el

conjunto de los trabajadores. Determina-

dos beneficios sociales que en muchos

casos son en beneficios sociales que se

pactan individualmente, y que en muchos

casos van ligados a determinada compe-

tencia profesional. El coche, que se da a un

trabajador y no a una trabajadora, porque

supuestamente ese trabajador tiene una

determinada experiencia o cualificación o

responsabilidad en la empresa, y por tanto

todo eso contribuye a lo que tu pactes en

un convenio colectivo a veces nada tiene

que ver con los salarios que finalmente

terminan percibiendo los trabajadores. En-

tendiendo nuevamente como retribución, y

algunas veces estoy utilizando la palabra

salario como retribución, todo el conjun-

to de beneficios que un trabajador percibe

por su fuerza laboral. Por tanto esto es

algo que también como organización sindi-

cal nos deberíamos de plantear.

Pero también, como en muchos de los

casos existen acuerdos de muchas em-

presas con algunos trabajadores, normal-

mente los más cualificados, para pagar

esa especie de salarios por ser más efi-

cientes. Que son, como os decía, siempre

complementos de carácter personal y que

también cada vez puede de alguna forma

podemos reducir las discriminaciones a

través de la negociación colectiva e ins-

tando a los poderes públicos a que hagan

leyes e instrumentos que garanticen su

aplicación.

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Page 61: Claridad

59

tante el papel que la inspección de trabajo

tiene que jugar en nuestro país. Es verdad

que la inspección de trabajo se ha plan-

teado desde el año pasado una campaña

para intentar luchar y combatir la desigual-

dad retributiva. Pero no es menos cierto

que existen todavía dificultades, en primer

lugar, para reconocer que esta situación

existe. Y desde luego un país no puede ser

eficiente económicamente si bajo el argu-

mento única y exclusivamente del sexo o

del género, una parte de muy de los tra-

bajadores y de las trabajadoras viven en

peores condiciones de vida y trabajo.

Quien me conoce, hay una frase o hay un

ejemplo que sobre todo con muchos com-

pañeros y compañeras sindicalistas utilizo

en muchas ocasiones, y lo vais a tener que

tomar como un ejemplo, y por tanto quie-

ro que lo toméis como tal, salvando todas

las exageraciones que se cometen en un

ejemplo.

Cuando en muchos casos en las jornadas

de negociación colectiva planteamos este

tema, y el primer debate es con los com-

pañeros para reconocer que podemos ope-

rar en la negociación colectiva, porque la

primera es negar que esto exista, yo les

comento a los compañeros que no solo es

injusto para quien lo percibe, sino que noso-

tros como trabajadores y trabajadoras nos

deberíamos de plantear que esa injusticia a

la que están viviendo determinadas traba-

jadoras finalmente nos afecta al conjunto.

En nuestro país sabéis que cada cier-

to tiempo y sobre todo cada vez que hay

elecciones se produce un debate muy im-

portante en torno al tema de la inmigra-

ción. Si yo hoy, sin esforzarme en nada,

ya os adelanto que no comparto este ar-

gumento, pero no me tendría que esforzar

absolutamente nada para explicar, o para

que vosotros incluso me pudierais plantear

encima de la mesa cómo el hecho de que

unos trabajadores, por unas circunstan-

cias o por otras, en nuestro caso por ser

mujeres, en el caso de los trabajadores

que no tienen la nacionalidad española por

ser extranjeros, y son población vulnera-

ble que en muchos casos dependen de un

contrato de trabajo para poder renovar su

autorización y por tanto poder permanecer

de forma regular en nuestro país, pero na-

die cuestiona nuestro país una afirmación,

que no comparto, y es que el hecho de que

exista una parte de la población trabajado-

ra cobre menos esto nos afecta al conjun-

to de los trabajadores. Y oímos todos los

días “es que si no cobran igual, pues claro,

de alguna forma es una competencia con-

tra lo que nosotros cobramos. Y entonces

para qué sirven los convenios colectivos

que nosotros negociamos si luego hay un

porcentaje de trabajadores que por unas

razones o por otras terminan cobrando

menos”. Esto es algo que lo oímos todos

los días. Y yo me pregunto, cómo es posi-

ble que si en nuestro país hay 2.700.000

trabajadores extranjeros, de los cuales la

mitad la mitad son trabajadores comunita-

rios, cosa que se dice muy poco, porque

aquí utilizamos el total para luego referir-

nos a los marroquíes y a los que vienen de

América Latina. Cómo es posible que haya

una conciencia, desde mi punto de vista

equivocada, en el conjunto de la clase tra-

bajadora de que 2.700.000 trabajadores

puedan estar ejerciendo un efecto presión

para un conjunto mucho más amplio como

son todos los trabajadores y trabajadoras,

y no seamos capaces de entender que el

30% de la población trabajadora que son

mujeres en nuestro país cobren un 26%

menos y no lo veamos como un problema

del conjunto de la clase de trabajadora, y

pensemos que solo sea un problema de

las trabajadoras. Mientras como organiza-

ción sindical, mientras como trabajadores

y trabajadoras no seamos conscientes de

que por unas razones o por otras, en este

caso por razones de género, y claramente

discriminatorias, haya una parte de la po-

blación trabajadora, nada desdeñable, un

30% de la población trabajadora son mu-

jeres, y solo por el hecho de ser mujeres

cobran menos y no seamos conscientes

del efecto perverso que produce en el con-

junto de la clase trabajadora, desde luego

nos queda como organización sindical mu-

cho camino por recorrer. n

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60

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B dieter eicH

Buenas tardes. Espero que mi español alcance

para explicar lo que podría decir en alemán. No

voy a “bombardear” con cifras, porque hay mu-

chas y enseguida se olvidan. Quiero solamente hacer

algunas referencias de un artículo muy reciente. Esta-

mos hablando de un desastre, porque se había acorda-

do que en década –y habíamos fijado 2010 como fecha

tope– debíamos bajar el desempleo juvenil a un 10%

en la Comunidad Europea. Y la realidad es que tene-

mos más de un 20%. Esto es un desastre, aunque hay

muchas diferencias entre unos países y otros: en los

Países Bajos el paro juvenil afecta al 7% de los jóvenes;

en España, al 41%.

Hay un espacio increíblemente grande. ¿Cómo es posi-

ble que en un debate también se reciban palabras para

este fenómeno? La generación perdida, se dice. Y a

los otros se dice la generación boomerang. Esto quie-

re decir que ya tenemos nombres para un fenómeno

que queríamos eliminar. Es un gran problema político

también porque parece que no podemos solucionarlo.

Creo que estamos cayendo en una trampa, y no tene-

mos respuestas fáciles. Hemos dicho que todo lo que

está ocurriendo está muy vinculado con nuestra crisis.

En Alemania tenemos un debate bastante profundo

para ver qué hacemos con este capitalismo de casi-

no. No tenemos soluciones en la mano sobre cómo se

puede cambiar la situación. Al mismo tiempo, somos

una nación que vive de la exportación. Si nosotros tuvié-

ramos que reducirnos a nuestro mercado propio sería

un desastre completo. Vivimos de un trabajo que qui-

tamos a los países a los cuales exportamos nuestros

alimentos, nuestras máquinas, coches… Quitamos

puestos de trabajo ahí. Es una cosa interesante que

estamos viviendo en Alemania porque nuestro Instituto

también tiene economistas, y sí se habla en serio con

ellos. ¿Por qué existe en estos días este auge económi-

co en Alemania?, les preguntamos. Y nos dicen: “mira,

no sabemos; simplemente no lo sabemos”. Creo que

eso da un poco margen a un fenómeno al que no nos

podemos enfrentar simplemente con diferentes cifras.

Creo que la cuestión es mucho más profunda. Cuando

no hemos tenido posibilidades como sindicatos, tam-

bién, de utilizar la crisis para verdaderamente entrar

en una lucha que hay que cambiar algo en ese sistema

económico, porque nadie nos puede decir si en uno,

dos o tres años va a volver a ocurrir, porque no se ha

cambiado casi nada. Estamos esperando.

Ojalá que en Alemania podamos tener más exportacio-

nes. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra industria de au-

tomóviles estaba, hace más de un año y medio, en un

dieter eichDirector ejecutivo del Instituto de formación de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB)

teresa MuñozSecreataria de Formación de UGT

desempleo juvenil y formación en europa*

* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.

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los sindicatos alemanes hemos logrado

un pacto con los empresarios por el que

ellos ofrecen más puestos de formación

para jóvenes.

dieter eich

desastre. Han tenido pérdidas hasta del

30-40%. Y ahora están exportando como

locos. Están exportando los coches más

grandes que no se pueden vender en Ale-

mania. El BMW 700, el más grande que

hay. Mercedes Benz 550. Coches de locu-

ra. Hoy en día si hablamos de protección

de ambiente. ¿Adónde van a esos coches?

Se van a China. La exportación a China ha

crecido por 300%. También van a Rusia.

Van a países a los cuales esperemos que

dentro de poco tiempo se den cuenta de

que hay que proteger el ambiente, sino van

a tener problemas.

Pero entonces te dicen, “no te preocupes

porque esos coches se van, ya no

los quieren en Alemania”. Creo que

esa no puede ser la solución. ¿Qué

pasa en un país que tiene 10.000

millones de personas? No vamos a

explicar a la clase media china que

no pueden hacer el mismo desa-

rrollo que hemos vivido en la UE o

en EEUU, porque no cuentan con la

materia prima para hacer esto, ni

el ambiente va a aguantar un desarrollo

económico como tal. Completamente im-

posible. ¿Quién va a explicar esto a la clase

media de China? Porque directamente les

decimos, ¿qué quieren ustedes, 200 años

de explotación, de materia prima, de una

situación política en la que nosotros no pu-

dimos hacer nada? ¿Ustedes después van

a decir que nosotros no podemos tener un

progreso como el que ustedes han tenido

debido a esto?

Creo que si enfocamos solamente al sector

juvenil habría que tener todo esto en cuen-

ta. Si no somos capaces de cambiar la si-

tuación en la que estamos viviendo hoy en

día, no vamos a poder dar soluciones tam-

poco a los jóvenes, porque depende mucho

de una situación industrial determinada; de-

pende mucho de la situación del sector ser-

vicios; depende mucho de la situación de

la producción extra. Es un gran problema.

En este sentido hay una palabra muy acer-

tada, somos un poco ateos de futuro. Eso

quiere decir que no creemos en lo que

sabemos. Sabemos muchas cosas, pero

no vamos a creer, porque ¿cómo vamos

a enfrentarnos a esas cosas? Sabemos

esto pero, solucionar y buscar soluciones

políticas eso es a largo plazo. Y creo que

los problemas están muy cerca, y hay que

pensar –como sindicato, en este margen

global, ¿qué significa esto? Estamos ha-

blando de la globalización, y Alemania sin

globalización no puede sobrevivir, lo que

significa que somos más de una unidad.

Se necesitan percibir los factores precisos

aquí también, la diferencia entre los dos

“mundos” es increíblemente grande. Pero

también es increíblemente grande la dife-

rencia entre el nivel de producción y el nivel

de educación en Europa.

Pensé también cuando leí este artículo,

¿qué pasa entonces con los países que

son mucho mejor que nosotros, como los

países escandinavos, Finlandia, Suecia...?

Lo que acabo de leer es que en Finlandia

tienen un récord del desempleo juvenil que

es el 23%. Finlandia es el país con la for-

mación profesional más avanzada de Eu-

ropa. Eso quiere decir que si tienes una

buena formación no hay garantía después

de encontrar empleo. ¿De qué depende

entonces todo esto?

Voy a intentar explicarlo con la situación

bastante compleja que hay en Alemania.

Cada año salen unos 500.000 alumnos

al mercado de trabajo. En Alemania es un

poco distinto porque tenemos un sistema

dual. La formación profesional se recibe en

las empresas, no se recibe en las escue-

las. Si se quiere aprender una profesión

como mecánico industrial, electricista y to-

das esas profesiones, hay reconocidas en

Alemania 384 cualificaciones, que tienen

su propio currículum. Si se va a una em-

presa que ofrece entrar como alumno y en

3 años te forman en una cierta profesión,

eso quiere decir que 534.000 querían una

formación en la misma empresa. Había

solamente 418 puestos, eso quie-

re decir que son más de 100.000

empresas en ese tipo de formación

las que faltaban. Ante este proble-

ma, los sindicatos alemanes hemos

logrado hace dos semanas un pacto

con los empresarios, por el que ellos

ofrecen más puestos de formación

para dar la oportunidad a cualquier

joven que quiera formarse. De esta

forma, ha dejado de ser un problema.

Hay muchos jóvenes, como la compañera

ha explicado también, que salen antes de la

escuela. Eso quiere decir que en Alemania,

por la “linda” cifra que tenemos ahora del

10% de desempleo juvenil y que no apare-

ce en la estadística, los jóvenes que salen

de la escuela no van encontrar un empleo

porque no están de acuerdo con ese tra-

bajo, porque quieren aprender otra cosa,

y no hay un puesto para esto. Es un gran

porcentaje también, casi un millón de jóve-

nes que no aparecen en ninguna estadís-

tica, porque están apoyados directamente

por una gran variedad de ayudas por parte

del Estado. Eso quiere decir que el Estado

se ha dado cuenta que debe tomar directa-

mente a esos jóvenes y formarlos, ya que si

no reciben formación, después cuando sal-

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62

en alemania tampoco hemos tenido los

sindicatos posibilidades de utilizar la cri-

sis para verdaderamente cambiar algo

en este sistema económico. estamos es-

perando.

dieter eich

gan de la escuela van a estar más o menos

cinco décadas en el mercado de trabajo.

Por lo tanto, la sociedad entera tiene que

tomarse esos problemas en serio.

Hay que enfrentarse a esos graves proble-

mas. Pueden pensar que es un sistema

bastante interesante poder recibir forma-

ción en las mismas empresas. El problema

surge una vez que han sido formados. Por

ejemplo, que si una empresa grande como

Siemens tiene más de 250 alumnos que

entran para aprender una profesión y 110

de ellos son personas menos váli-

dos socialmente o tienen otro pro-

blema, las empresas tienen la obli-

gación de tomar esos problemas.

De ser ejemplo.

Si yo soy una persona con un trans-

fondo migratorio, casi no tengo

oportunidad de entrar en el mer-

cado de trabajo. Existe un cierto

racismo en esto. Si soy un hombre

que ha aprendido en una escuela de

Turquía y ahora estoy en Alemania, casi ni

se les recibe.

Por lo tanto, hemos logrado, y ojalá así lo

recoja la ley, que si yo quiero presentarme

en una empresa para aprender mi profe-

sión, por ley no se debe dar el nombre,

ni la nacionalidad. Solamente después,

aparece el nombre en el certificado con

el que uno puede buscar trabajo en cual-

quier empresa. Existe una oportunidad

mucho más grande, y nos hemos dado

cuenta porque hemos visto muchos ejem-

plos de emigrantes.

Creo que hay que tener en cuenta muchas

formas diferentes de actuar. En Alemania

sale cada cuatro años un estudio, se llama

Estudio Juventud, que patrocina la compa-

ñía Shell y que es elaborado por un ins-

tituto científico y dos universidades. Para

realizarlo, encuestan a 2.500 jóvenes de

cuatro diferentes capas sociales. Ofre-

cen un aspecto muy interesante: cómo

se sienten con su forma de vivir, con su

formación; cómo se sienten económica

y socialmente. Éstos son algunos de los

resultados: El 60% dice que está muy

contento con su propio futuro. No se pue-

de entender con las palabras que hemos

dicho antes. Y hay que darse cuenta de

que hay que ver las respuestas según las

diferentes capas sociales. Así, el 14% del

nivel muy alto de la sociedad, el 22% de

la capa media, el 30% de la capa media

alta, el 24% de la capa media por abajo,

y el 10% de la capa más baja, los más

pobres. Uno se da cuenta que hablando de

juventud hablamos de un fenómeno, por-

que hablamos de personas entre los 25

hasta los 35 años, nada más.

Hay que comprender esto para darse

cuenta que hay diferentes respuestas en

este sentido. El 60% dicen que tienen un

futuro muy bueno; los más pobres, el 7%,

dicen que no van a tener ningún futuro. El

74% dice estar muy contento con su vida;

los más pobres (30%), que no está con-

tento con su vida actual. El 16% no quie-

ren ir más a la formación o a la escuela,

son los más pobres. La otra juventud dice

que no tienen ningún problema, quieren ir

lo más rápido posible a los otros corredo-

res de la información y enseñanza.

Estamos hablando de la individualización de

las personas, lo que quiere decir que si el

control social disminuye, estos jóvenes en-

tran otra vez en otra forma de aislamien-

to. Porque las formas tradicionales con

las que ellos se han encontrado les están

desilusionando. Es un problema muy gran-

de porque hay que formar nuevos grupos,

nuevos deberes sociales.

Y también es bastante difícil para los jóve-

nes cuando están en una cierta clase de la

escuela, que cuando acaban sus estudios,

normalmente, se rompen estos la-

zos sociales. Y no tienen después

ningún nexo porque entren en una

formación profesional, o sigan yendo

más tiempo a la escuela, tienen este

problema de un aislamiento, que es

bastante grave, como dice el estudio.

Es bastante difícil sacar a personas

de esa situación. Muchos jóvenes

dicen que la forma como viven les

gusta mucho. Eso quiere decir que

están más orientados para el día de hoy.

No quieren pensar mucho más en el fu-

turo, y les gusta mucho más vivir en una

cierta forma de hedonismo. Es la capa me-

dia la que dice eso. La capa alta prefiere ir

directamente a la formación donde pueden

tener un puesto de trabajo o una oportuni-

dad de ir a la universidad. Los jóvenes de

la clase más baja dicen directamente que

no ven posibilidad alguna de poder entrar

en esa situación. Por tanto, hay que hablar

directamente de las diferentes capas so-

ciales, y hay que tener en cuenta que entre

ellas hay tremendas diferencias.

Otra cuestión es cómo los jóvenes reciben

su contacto social. La gente más cualifi-

cada, más o menos un 50%, entra dia-

riamente en Facebook. De la capa media

es un poco menos. Pero de los pobres, el

máximo es el 22%. Los famosos juegos,

06CLARIDAD22.indd 62 17/11/11 11:06

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63

el estado tiene que intervenir y dar opor-

tunidades a los jóvenes “desilusionados”

para que opten por formarse.

dieter eich

el porcentaje más alto es de la clase baja,

que es un 44% que son jugadores por In-

ternet, pero no utilizan el ordenador para

buscar datos o información.

Ante estos datos, el estudio llega a una

conclusión muy importante. La exclusión

a la formación viene mucho del interés

político y la vida social de los padres. Si

los padres tienen una formación bastante

baja, es casi seguro que los jóvenes tam-

bién vayan a tener la misma cualificación.

Y ese es el problema más grave para

nuestra sociedad, que el Estado va a tener

que afrontar, porque hay gente de carrera

en Alemania cuando sus padres no habían

tenido la oportunidad de formarse, y se en-

cuentran en un nivel mucho más alto. Por

este motivo, casi el 85%, van a seguir por

el mismo camino. E interrumpir esto quie-

re decir que el Estado tiene que intervenir

y dar oportunidades a esos jóvenes “des-

ilusionados” para que salgan de un círculo

vicioso, y opten por formarse.

Lo que es muy interesante es que los pa-

dres de familia donde hay solamente una

persona que vive con su hijo o hija,

el porcentaje con menos recursos

económicos es mucho más alto. En

Alemania, el 99% de mujeres viven

en esa situación a partir de los 20

años. Normalmente la gente de

clase media alta tienen mucho más

tarde sus hijos. Es una situación

que hay que tenerse en cuenta también en

las diferentes capas sociales, ¿qué signifi-

ca para ellos formarse?

A los partidos políticos les da igual. El que

tiene menos recursos no muestra mucho

interés por trabajar políticamente, y ha

perdido también la confianza entre los po-

líticos. La clase media alta sí tiene interés

en la política, y ha crecido por un porcen-

taje bastante alto. Hay que darse cuenta

por qué los políticos tienen una pérdida tan

alta entre la juventud, por el reconocimien-

to político de la juventud.

Para terminar, quiero referirme brevemente

al cambio climático. El pobre, solamente el

26%, considera que es un problema el cam-

bio climático. La clase media alta, el 92%.

Además, el 13% de los jóvenes con menos

recursos hasta los 25 años, prefieren be-

ber alcohol y fumar… Todos estos datos

vienen a decir que si queremos hablar y dis-

cutir el fenómeno de la juventud, tenemos

que darnos cuenta de estos diferentes nive-

les, las diferentes situaciones y las diferen-

tes capas sociales. Si se sabe y se tiene en

cuenta, se pueden tomar medidas muy con-

cretas sobre las diferentes capas sociales.

No se pueden tomar cuestiones y modelos

en general, porque se va al desierto, por-

que la gente empieza a preguntar quiénes

son esos, qué problemas son esos, no son

nuestros problemas, son de otra gente. Es

una cuestión que habría que debatir.

El Estado tiene que darse cuenta de que

hay que diferenciar todos esos programas

según los diferentes niveles. Si no lo hace,

no conseguiremos bajar más la tasa de

desempleo juvenil. Hay que darse cuenta

de esto, y seguir en el proceso político

para presionar al Estado a fin de que con-

tinúe elaborando diferentes programas,

que después dan soluciones también de la

gente más pobre que dice que quiere for-

marse, ir a cursos, tener certificados para

mejorar su propia vida también. Pero ne-

cesitan ese apoyo. Y lo hay, tengo muchos

ejemplos de diferentes ciudades, porque

en cada ciudad es un mundo distinto, en

que el estar en la agencia de trabajo se en-

cuentran personas que trabajan con jóve-

nes, gente que les conoce por su nombre.

Debaten una vez al mes sobre su situación

social, laboral, la ayuda del Estado… Es la

única forma de apoyar a esas capas so-

ciales que son muy importantes para los

miembros de los sindicatos.

Esto es lo que quería contar. Disculpen mi

español. Gracias.

tereSa MuñOZ

Buenas. Yo voy a intentar explicar un poco

la situación que tenemos en España. Que

tiene todos los malos signos, tanto de la UE

como nos podía decir el compañero desde

Alemania, pero mucho más en profundidad.

Tenemos que pensar que en España parti-

mos de una situación distinta. Los paráme-

tros para llegar a objetivos comunes den-

tro de la UE son mucho más distantes que

en otros países del entorno europeo, por

tanto, nuestra dificultad es mayor

y añadida. Además tenemos una

realidad grave, es que el paro se

ha cebado en los jóvenes, y además

se ha cebado con una profundidad

grande, casi el 49% es la tasa que

tenemos en este momento de paro.

Pero para poder prevenir las situaciones

de futuro siempre tenemos que contar con

nuestras situaciones anteriores. Tenemos

que situarnos en una foto fija que se da en

el año 2007–2008, periodo en el que diver-

sos informes de la UE analizan que hay una

realidad y es que al trabajador o al joven

menos cualificado tiene más dificultades en

conseguir inserción laboral, e incluso aquel

que lo tiene mantenerse en el puesto de

trabajo. Y hay datos que son claves.

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los gobiernos tienen que tener compromi-

sos políticos reales a largo plazo para in-

tervenir en formación, información e inno-

vación; no se trata sólo de una legislatura.

teresa Muñoz

En Europa tenemos 80 millones de tra-

bajadores no cualificados. En España, de

esos 80, tenemos casi 14 millones. Por

lo tanto, el punto de partida en los pará-

metros pues va a distancia con países del

entorno europeo, sobre todo de los más

avanzados. Pero si además tomamos otro

parámetro, y es la facilidad que hemos

tenido en una situación de crecimiento

económico, de encontrar un puesto de

trabajo juvenil no bien remunerado, no es-

table, no cualificado, pero sí muy fácil. To-

das estas características nos han llevado

a que tengamos unas cifras de abandono

escolar muy por encima de la media euro-

pea, el 30%. Todos estos factores unidos

han configurado una situación en nuestro

país mucho más compleja. Por lo tanto,

la salida de la crisis y la búsqueda de las

soluciones van a ser en alguna medida si-

milares a la que nos marquen desde la UE,

aunque siempre quedará una parte

más diferencial.

Además, los contratos que han te-

nido los jóvenes son contratos en

precario. Sin ningún tipo de estabi-

lidad. Los empresarios han hecho

un mal uso reiterado de este tipo

de contratación, sobre todo de los

contratos en prácticas y de los de

formación. En esos que hemos visto los

sindicalistas o los negociadores como la

panacea. No para hacer como decía el

compañero de la DGB, pero sí para hacer

algo similar, la alternancia entre el empleo

y el trabajo. Pero no ha sido posible, por-

que ha habido un abuso exagerado de este

tipo de contratación, y ha sido sustituido

por mano de obra barata. El contrato en

prácticas sustituía a un puesto de trabajo,

y encima mal remunerado sin ninguna po-

sibilidad de estabilidad.

Por lo tanto, las soluciones que tengamos

que dar desde nuestro país van tardar mu-

cho en dar resultados, van a tener que ser

más profundas y se van a tener que conju-

gar con otra situación. Las cosas aparecen

y no son por casualidad. Los gobiernos tie-

nen que tener compromisos políticos reales,

tienen que invertir en educación, en informa-

ción e innovación a lo largo del tiempo. No

se trata de cuatro años ni de una legislatura,

sino de un compromiso a largo plazo, con

independencia de la ideología de los gobier-

nos. Porque la educación y la formación –to-

dos lo sabemos– debe de ser una cuestión

de Estado. Desgraciadamente, ese compro-

miso aún no se ha producido en España, y

de ahí proceden muchas de nuestras des-

ventajas en el entorno europeo.

Además, no hemos sido capaces tampoco

de acertar en la otra variable: la excesiva

cualificación de algunos de nuestros jóve-

nes. Las familias, los Estados… hemos

invertido en educación y, ahora tenemos

licenciados, tenemos grandes profesiona-

les, que no encuentran trabajo para lo que

han sido formados. Y tienen que acogerse

a lo primero que surge porque necesitan

trabajar, sin sacarle una verdadera renta-

bilidad. A ello se suma otra dificultad, que

tardan más de un año y medio en conse-

guir un puesto de trabajo relacionado con

lo que han estado formados.

Ante esta situación, los interlocutores

sociales, junto con el Gobierno, intentába-

mos primero coincidir en el diagnóstico,

sabiendo que en el informe de la UE 2020

que ha hecho referencia Juliane, está muy

claro: España va a tener que hacer lo mis-

mo que el resto de los países europeos,

pero con muchísimo mayor esfuerzo por-

que venimos de situaciones peores. ¿Qué

sabemos? Que el 85% de los puestos de

trabajo en el 2020 van a ser para traba-

jadores cualificados, cualificación media o

alta. Y un 15% para trabajadores sin cua-

lificación. Intentando coincidir en el diag-

nóstico, hemos intentado también aproxi-

mar posiciones (empresarios, Gobierno y

sindicatos) en soluciones que, en cualquier

caso, son a medio o largo plazo. Y hemos

coincidido en reconocer que si tenemos

una dificultad mayor que Europa en todo

lo que respecta a la cualificación, vamos a

ver cómo se puede solucionar.

¿Qué se ha intentado desde hace dos años

cuando estalla con virulencia la crisis? Pues

lo que estábamos explicando, que la

formación es un instrumento que nos

va a permitir el cambio del modelo

productivo, que tenemos un verda-

dero desfase entre lo que demanda

la empresa y en lo que formamos.

Vamos a ver si no nos equivocamos

esta vez y somos capaces de formar

para esos sectores que van a ir apa-

reciendo; aprovechar lo que ya saben

hacer, y crear nuevas profesiones que real-

mente den estabilidad. Y todo ello vinculado

a la negociación colectiva, porque organiza-

ciones sindicales y empresariales debemos

evitar estas situaciones que nosotros catalo-

gamos como abuso excesivo de contratos, y

facilitar la empleabilidad; debemos modular

ese abuso de la contratación que sustituye

puestos de trabajo reales.

Entre las medidas que se tomaron, o que

se están intentando desarrollar, primero,

debemos reducir la diferencia de forma-

ción de esos 14 millones de trabajadores

que desempeñan un trabajo. El problema

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65

es que no existe un organismo público que

reconozca ese “saber hacer” pese a que

no se tenga la cualificación. Porque ellos

desempeñan su trabajo día a día.

Por lo tanto, tenemos que buscar

una fórmula que sirva para el “reco-

nocimiento del saber hacer”.

Y ese “reconocimiento del saber ha-

cer” tenemos necesariamente que

vincularlo con la motivación al retor-

no de los ciclos formativos. Tanto

en el ámbito educativo como en el

ámbito laboral, ya sea con títulos o

con certificados de profesionalidad.

Es en este ámbito donde debemos

lograr un acuerdo este año con el que re-

conocer las primeras experiencias labora-

les como el trabajador está habilitado para

desempeñar ese puesto de trabajo.

Debo reconocer que hemos tenido mala

suerte, porque todo lo que sea novedoso

necesita recursos económicos para poder

llevarse a cabo. Y para solucionar este

problema de millones de trabajadores se

necesitan recursos y, de momento, todo el

esfuerzo se va a reducir a algo de carác-

ter experimental o piloto. Dada la situación

de crisis, bienvenido sea, sobre todo, en

sectores que son emergentes de empleo,

como la Ley de la Dependencia o la aten-

ción de menos de cero a tres años, todas

ellas políticas de Gobierno.

Evidentemente, todas estas medidas tie-

nen una especial sensibilidad para los

jóvenes, porque tenemos una tasa im-

portante, o muy por encima del resto

de las medias de edad europea, aunque

por sí mismas no tienen una solución a

medio plazo. La formación y la cualifica-

ción crean puestos de trabajo. Por este

motivo, hay que hacer un esfuerzo para

motivar con ayudas económicas a los em-

presarios. No existen otras fórmulas para

fomentar el empleo juvenil de calidad es-

table. Pero, al mismo tiempo, debemos

ser capaces de definir cuáles van a ser

los sectores productivos de nuestro país

a medio o largo plazo. Es decir, en qué va

a ser puntera España.

Lo decía el compañero de la DGB, en Ale-

mania exportan grandes empresas que

han sido pioneras en la exportación, y los

mercados emergentes están tirando de

ellas. Por tanto, están dando salida a la

mano de obra que pudiera ser necesaria

en Alemania, y aunque existe paro, existe

una cultura empresarial de adelantarse a

los acontecimientos.

Pero es evidente que en España lo tene-

mos más complicado, porque lo primero

que tenemos que definir es en qué pode-

mos ser pioneros; en qué puede ser Es-

paña un país distinto a los demás y, por lo

tanto, debe sobresalir. Es un esfuerzo que

tenemos que hacer y todavía no está dise-

ñado. Es verdad que se estaban haciendo

esfuerzos en esa dirección. Sabemos que

la construcción es un sector en crisis; sa-

bemos que hay que recualificar a los jóve-

nes, y una gran cantidad de jóvenes –que

en este momento están en paro– proce-

den de la construcción. Además, proceden

de las capas sociales menos favorecidas

culturalmente, proceden de la inmigración.

Por lo tanto, ese tipo de problemas que te-

nemos hay que atajarlos desde las ayudas

económicas, pero sin despilfarrar, tenien-

do claro y acertando en cómo pode-

mos diseñar en qué va a sobresalir

nuestro país para que sea perma-

nente en el tiempo. Ya no podemos

hacer, o creo que los españoles

no podemos estar haciendo ensa-

yos. La situación que tenemos nos

obliga a acertar, y eso lleva tiempo,

dado que no tenemos una prepara-

ción previa.

Así, por ejemplo, ya hemos encon-

trado una fórmula: la rehabilitación

de viviendas. ¿Pero hasta dónde si no hay

motivación en el sector privado? ¿Hasta

dónde pueden llegar las ayudas del Estado

para esto? Hay que medir y hacer cálculos,

porque no podemos recualificar a los jóve-

nes que salen de la construcción y formar-

les en rehabilitación, en esos paneles que

se ponen y quedan como si las paredes

fueran de piedra, sino sabemos a cuántos

puede absorber y en cuánto tiempo.

Por lo tanto, estamos tomando medidas

de carácter generalista. Primero, recono-

cimiento del saber hacer a través del re-

conocimiento de la experiencia. Segundo,

eso se tiene que traducir necesariamente

o vehiculizarlo a través de módulos forma-

tivos que nos lleven a un certificado de pro-

fesionalidad o a un título. Y en tercer lugar,

tener una especial atención a las necesida-

des de los jóvenes.

Ahora socialmente todo ha cambiado.

Antes de empezar estas pequeñas confe-

rencias comentábamos que tenemos una

posición favorable con respecto a otros

países. No todo es negativo. El entrama-

do familiar funciona, de lo contrario habría

un conflicto social. Todos sabemos que en

nuestro entorno, por la situación de los

la formación y la cualificación crean

puestos de trabajo. Hay que motivar con

ayudas económicas a los empresarios

para fomentar el empleo juvenil de cali-

dad estable, definiendo antes los secto-

res productivos a medio o largo plazo.

teresa Muñoz

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66

jóvenes que habían empezado a independi-

zarse, se han visto obligados a retornar al

núcleo familiar. Y en muchos casos han re-

tornado con hijos, porque han tenido que

abandonar la vivienda al no tener empleo.

Ese tejido familiar en España está bastante

desarrollado, pues ha permitido que esto

no sea una verdadera explosión.

El futuro de cualquier país está en los jó-

venes, no está en los que llevamos años

trabajando. Pero además de mejorar su

futuro, también debemos preservar el

bienestar de los mayores. En consecuen-

cia, sino tenemos jóvenes trabajando y jó-

venes cotizando, no se podrá cobrar una

pensión. Es algo muy duro de decir, pero

es la realidad.

Con todas estas reflexiones quería daros

unas pinceladas de la situación de nues-

tro país, que es compleja. No me gusta

recurrir tanto a las estadísticas porque

como la panacea no la tenemos nin-

guno de los actores que estamos aquí,

me gusta más dar una posición, intentar

provocar un debate, porque se aprende

muchísimo con las preguntas y con las

ideas. Es decir, ¿esto está encauzado?

No. ¿Por falta de voluntad? No, porque

el panorama global no está definido. Me

quedaría con esa idea de carácter gene-

ral. Tenemos que conseguir entre todos

que España se diferencie en algo para

invertir en I+D, invertir en formación…

Y hay que tener cómplices, que son los

gobiernos y necesariamente los empresa-

rios, dado que para todos son objetivos

comunes. Y desde luego los sindicatos a

través del diálogo social, que somos casi

los últimos. Somos necesarios pero no

imprescindibles.

En conclusión, diría que tenemos que apro-

vechar esta oportunidad y nos queda mu-

cho por hacer para poder avanzar. n

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67

NNo es la primera vez que participo en un acto en

la Escuela Julián Besteiro. Ya lo hice sobre Diálo-

go Social; ahora voy a hablar del empleo juvenil,

sobre cuando se es joven y es demasiado pronto para

trabajar, para tener una vivienda independiente, tener

hijos. Ese paso es cada vez más largo en toda Europa.

En 2002 los jóvenes contestaron en una encuesta cual

era su mayor preocupación. No contestaron que su

principal preocupación era el terrorismo, ni la segu-

ridad; sino que su única preocupación era encontrar

trabajo. Lo cual se ha agravado con la crisis económica

como lo demuestra el hecho de que en el último trimes-

tre de 2009 había 5,5 millones de parados.

Hablando antes para preparar el acto hemos visto

como la situación se repite en toda Europa. Os propon-

dré varios elementos de referencia:

1.º Situación de los jóvenes en Europa.

2.º Situación del Empleo.

3.º Consecuencia que puede tener en la vida cotidiana

de los jóvenes.

Antes estuvimos los ponentes intentando comparar

la situación en los diferentes países de Europa y es

verdad que se pueden encontrar tendencias parecidas

y después de mi ponencia tendremos los ejemplos de

Alemania y de España que podrán servir para el debate.

La primera referencia sobre formación en Europa es que

la educación es determinante en materia de empleo. Se-

gún datos de Eurostat sobre la media de años de estudio

se llega a la conclusión de que los jóvenes cada vez más

siguen estudios superiores, lo que combinado con las di-

ficultades para encontrar una vivienda, supone que se

ha producido una ampliación del tiempo que se dedica al

estudio, y por tanto se retrasa el momento para acceder

al mercado de trabajo y a la independencia.

Cuatro puntos clave en materia de formación:

Primero, la mayor parte de los jóvenes se embarcan

en estudios superiores, pero los estudios no son una

garantía contra el paro, por lo que la mayoría de los

jóvenes en Europa optan por seguir estudiando.

El segundo punto clave. Se está produciendo una ten-

dencia que aumenta los estudios técnicos. Hay dos ti-

pos de formación: La de tipo general y la técnica. La

media de los jóvenes se embarcan en los estudios de

tipo técnico, porque creen que los prepara mejor para

entrar en el mercado de trabajo, y aunque los estudios

de tipo general no sean de tipo superior, la formación

técnica contribuye mejor a encontrar empleo.

Juliane BirAsesor de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), encargado de la política de juventud, RSC, diálogo social e inmigración.

Desempleo juvenil en Europa*

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* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.

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68

La tercera observación. Los estudios su-

periores atraen más a los jóvenes, pero

no garantizan más el empleo. Es a lo que

me refería antes, cuantos más estudios se

tienen, menos posibilidades hay de caer en

el paro y además se acorta el periodo de

transición entre el mundo de la educación

y el mundo del empleo.

Observad que en 2007, última cifra que

he encontrado, el 75% de los que habían

hecho estudios superiores tardaban menos

de un año en encontrar un empleo. Pese a

que esta cifra no es tan mala, la tendencia

desde que comenzó la crisis se ha dirigido

a aumentar el tiempo de espera desde que

se finalizan los estudios hasta que se en-

cuentra un puesto de trabajo. Esa es la ten-

dencia que se está generalizando en toda

Europa, y como ejemplo, Grecia, donde el

paro entre los jóvenes diplomados y con

estudios superiores es de los más

elevados de toda la UE.

La cuarta observación clave en ma-

teria de formación. Las dificultades

de los jóvenes que han accedido al

mercado de trabajo, sobre todo los

menos cualificados y aquí hay un

elemento clave que me gustaría remarcar,

que es el abandono escolar, que se da en

algunos países, destacando los porcentajes

de Malta, Portugal y, por supuesto, España,

donde hay un abandono escolar superior al

30%, un porcentaje que es enorme.

Cuando hablamos de abandono escolar

nos referimos a un descuelgue del siste-

ma, que después se traduce en abandono

escolar. Evidentemente, es una educación

catastrófica, es un golpe para el individuo y

también conlleva un golpe social y un golpe

económico importante para la sociedad.

También hay otra tendencia, sobre todo en

los jóvenes menos cualificados, un grupo

que se llama “Neet” (en español Ni-Ni), una

expresión inglesa “Not Education” “Not Em-

ployement” “Not Place”. No educación, no

empleo, en ningún sitio. Y es verdad que es

un grupo que no está en ningún sitio, y es

verdad que para estos jóvenes la cuestión

de la inserción y la integración es crucial.

Estas son las cuatro observaciones que yo

quería destacar sobre formación.

En cuanto al empleo, ya que no se pue-

den desvincular los dos temas, la situación

se ha agravado con la crisis económica,

financiera y social que estamos viviendo,

como lo demuestra la tasa tan elevada de

paro juvenil, que dobla la tasa general de

la población. Hay distintas caras, pero la

tendencia es por todas partes la misma. Y

al elevado desempleo entre los jóvenes se

suma también la precariedad.

Los jóvenes están más afectados por el

paro, los jóvenes más que otros grupos

tienen problemas para hacer frente a la

precariedad del empleo y son un grupo

particularmente vulnerable. No son el úni-

co, podríamos hablar de los inmigrantes

que tienen que enfrentarse a los mismos

elementos.

En cuanto al paro hay que tener en cuenta

que desde el punto de vista de la demogra-

fía, los jóvenes representan el 20% de la

población europea, es la nueva generación

que debía ser un motor para la sociedad en

general y nos damos cuenta que es total-

mente lo contrario. Que tenemos una gene-

ración que calificamos de “desencantados”.

La semana que viene estaré en Francia en

un mismo tipo de debate ¿La nueva genera-

ción es muy sacrificada? ¿Es que son unos

inútiles? Y es verdad que se trata de adjeti-

vos que se utilizan con demasiada frecuen-

cia para calificar a la juventud. Y es verdad

que los jóvenes tienen que hacer frente a

no más dificultades, pero sí más marcadas.

Aunque es demasiado pronto para medir las

consecuencias de la crisis dentro del conjun-

to de los 27, lo que sí podemos ver es que

la tasa de paro no ha dejado de aumentar

desde el principio de la crisis. Hoy en los 27,

para la franja de entre 15 a 24 años, la tasa

de paro ha aumentado en 4 puntos desde

primeros de 2008 hasta finales de 2009.

A grueso modo, en tan solo dos años ha ha-

bido un 4% más de paro entre los jóvenes.

Y destaca sobre todo la evolución que han

sufrido en los Países Bálticos, Estonia, Litua-

nia, Letonia, Irlanda y España.

Y cuando se habla de las tasas de

paro más altas de Europa. ¿Qué

ejemplo damos? Damos la tasa de

España con una tasa superior al

30%. El mejor alumno de la clase

son los Países Bajos con el 6,5%.

Resumiendo, la tasa de paro de los jóve-

nes corresponde al doble de la que regis-

tra la población en general.

He leído que se explica la vulnerabilidad de

los jóvenes por el hecho de que se trata de

un fenómeno pasajero y que tarde o tempra-

no acabarán por encontrar trabajo. Es una

frase que se está convirtiendo en un tópico,

pero en la mayoría de los casos el impacto

de la crisis y el desarrollo del mercado de

trabajo han impactado más que en otros

grupos y de una manera más duradera, la

entrada en la vida activa sigue retrasándose

cada vez más y es más difícil cuanto más la

retrasamos. Las razones son muchas, unas

veces no estamos lo suficientemente forma-

El abandono escolar —muy alto en Malta,

portugal y España— es un golpe para el in-

dividuo, y conlleva un golpe social y un gol-

pe económico importante para la sociedad.

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dos, otras veces no tenemos experiencia. En

resumen nos encontramos en una situación

difícil para integrarnos en el mundo

del trabajo actual.

En el segundo punto, sobre la pre-

cariedad, ya lo decía antes, los jó-

venes de hoy en día, cuando tienen

un contrato temporal dicen “Tengo

suerte”. La realidad es que para

los jóvenes el contrato indefinido es

casi un sueño. El tener un trabajo ya es un

privilegio, cuando se es joven y se tiene un

trabajo garantizado, es todo formidable.

La segunda cifra a la que me quiero referir

es que dos de cada tres jóvenes describen

sus características laborales como: con-

trato temporal o a tiempo parcial, y con

funciones indeterminadas. Una cifra sobre

el contrato temporal, el 40% de los jóve-

nes de entre 15 a 24 años trabajan con

un contrato temporal. Y cuatro de cada

diez jóvenes tienen un contrato temporal

en Estonia y Polonia; en España, el 60%.

En cuanto al contrato a tiempo parcial, el

25% de entre 15 a 24 años tienen con-

trato a tiempo parcial y el 50% de los jó-

venes de entre 25 y 29 años trabajan a

tiempo parcial, es decir, un joven de cada

dos. En Grecia aún es superior, el 70% de

los jóvenes trabajan a tiempo parcial con

unos salarios que todos conocemos bien.

La conclusión es que lograr un contrato de

calidad es muy complicado.

Al trabajo precario se unen bajos salarios

porque cuando se empieza se tiene tanto

miedo a perder el trabajo que no se exige

nada, sobre todo en materia salarial.

Si lo comparamos con los mayores, ga-

nan menos y en cuanto a los salarios de

los diplomados podemos constatar que son

un poco superiores a los de los demás.

En cuanto a en qué sector hay más con-

centración de jóvenes, es sobre todo en

el sector servicios, artesanía, comercio...,

pero desgraciadamente es un sector donde

la presencia de los sindicatos es menor, por

lo que también se ha convertido en un reto

que los sindicatos debemos fijarnos como

objetivo. No es el tema del que hoy esta-

mos debatiendo, pero me permito hacer la

observación de a qué se debe ese déficit.

El tercer punto de mi intervención, las con-

secuencias de esta situación en el empleo.

Primera consecuencia, se quedan más

tiempo en casa de los padres.

Segunda consecuencia, se depende finan-

cieramente de los padres, pero también

de los abuelos y esto es nuevo. La solidari-

dad familiar se amplia del primer círculo al

segundo círculo.

La tercera consecuencia, demográfica, se

van a vivir en pareja mucho más tarde y

se tienen hijos también mucho más tarde.

El último elemento y más visible, una pérdi-

da de esperanza para los jóvenes. Cuando

se arranca en la vida, se tienen ganas de

hacer proyectos, de construir, pero cuan-

do no se tiene trabajo y se sigue estando

con los padres, se piensa mucho y se pue-

den tener muchas depresiones.

El cuarto y último elemento de mi interven-

ción, ¿qué decimos de todo esto nosotros

como organización sindical. Nos enfrenta-

mos a tres retos:

1. La seguridad.

2. La estabilidad.

3. La calidad del empleo.

Hablaba con un periodista y me de-

cía, los sindicalistas sois un poco

ingenuos al seguir hablando de lo mismo.

Cuando se trata de medidas se tiene que

ser capaz de llevarlas a la práctica. Cuando

se tiene un mercado hiperflexible, cuando

no se tiene ninguna garantía, hay que ser

capaz de renegociar la seguridad con los

patronos y por supuesto con el gobierno.

Luego:

4. Seguridad.

5. Estabilidad.

6. Calidad del Empleo.

Una palabra que se utiliza menos: flexise-

guridad. Está muy de moda y me hace reír

cuando hablamos de flexiseguridad para

los jóvenes, después de lo que acabamos

de decir. Cómo se puede decir que sean

flexibles si es lo único que hacen. Luego

hay que huir de políticas de trabajo preca-

rio. Ver lo que ha pasado en Francia con el

nuevo contrato para jóvenes. Hemos dicho

es formidable y he aquí a todos los jóvenes

en la calle ayudados por las fuerzas sindi-

cales. Y el Gobierno se ha visto obligado a

retirar esa medida.

Luego, buscamos reales decretos de tra-

bajo que recojan la integración de los jóve-

nes, ligados a medidas concretas ligadas a

un diálogo social permanente y en particu-

lar a las organizaciones sindicales. He aquí

al trabajo precario se unen bajos salarios

porque cuando se empieza se tiene tanto

miedo a perder el trabajo que no se exige

nada.

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lo que resulta de gobiernos que ponen me-

didas sin concertación, sin diálogo social.

Y a continuación y para el total de Euro-

pa, los buenos principios hay que ponerlos

realmente en marcha. Puesta en marcha

por el Pacto Social por la Juventud: Cero,

Cero. Evaluación: negativa.

Hoy estamos en tablas. Hay un montón de

iniciativas, direcciones pero “La Jeunesse

en devant (La Juventud por delante)” se

nos presenta con “Garantía joven” y otras

medidas sobre empleo. Pero esperemos

que arranque para ver los resultados.

El tercer punto, la asociación de agentes

sociales. La orientación escolar de los jó-

venes.

Desde el punto de vista sindical es impor-

tante que un joven que empieza en una filial

pueda tener una total orientación y saber

si tendrá trabajo o no al terminar lo que va

a empezar. Porque al menos sabe a qué

atenerse al final de sus cursos.

Prevención del abandono escolar, por su-

puesto y acceso a la formación a lo largo

de toda la vida. Esto en cuanto a los prin-

cipios.

Por supuesto si hay medidas a nivel nacio-

nal o europeo, que se pongan en práctica.

Para terminar, decir que en la CES tene-

mos “Garantía Joven” de la que hablaba

antes; que defiende que un joven no puede

permanecer durante un determinado pe-

riodo sin que se le ofrezca una formación

o un empleo o un curso que le permita

después tener un trabajo a nivel europeo.

Y ahora sí termino: Sócrates dijo que “nada

era difícil para la juventud”, y yo añadiría “a

condición de que se le den las herramientas

para poder hacer su propia elección”. n

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71

HHace una semana, la fundación Friedrich Ebert

me invitó a participar en un seminario en Ma-

drid para hablar sobre las experiencias de las

reformas de pensiones, y dije que me interesaría tener

una conversación con los sindicatos porque procedo

de ese mundo.

Hay un comentario previo que me gustaría hacer. No

hago recomendaciones para reformar las pensiones

en España. Eso lo tenéis que hacer vosotros, y también

tomar la decisión. Sí que os puedo hablar de una serie

de experiencias que hemos tenido en Alemania. No sé

si os pueden interesar, ni si os parecen correctas. Eso

es vuestra decisión. Os voy a informar sobre nuestras

experiencias y de lo que voy a hablar no carece de

conflictos. Porque en Alemania, en la reforma de pen-

siones ha habido debates muy controvertidos y muchas

críticas, sobre todo, también con los sindicatos y con

sus máximos responsables.

En primer lugar quiero hablaros sobre la necesidad de

la reforma. En 1998 me convertí en ministro de tra-

bajo en Alemania. En 1997 la palabra del año, porque

en Alemania se elige a lo largo del año una palabra,

la palabra de 1997, como decía, era atasco en las

reformas, lo que demuestra cómo nos habíamos que-

dado de rezagados, cuántas necesidades de reformas

se habían atascado. Por supuesto, hay que situarlo

en el contexto de la unificación alemana. Pero duran-

te muchísimo tiempo no se reformaron los sistemas

de Seguridad Social, no se adaptaron a los nuevos

cambios para mantener los sistemas de Seguridad

Social de un modo afianzado. Nosotros nos hemos

dado cuenta que atascar las reformas, retrasarlas, al

final hace más difícil solucionar el problema porque el

atasco es cada vez mayor.

En cuanto a las pensiones opino que hace falta un cam-

bio. La necesidad de cambio se debe fundamentalmen-

te a cuatro factores. Quiero mostrar cuáles son esos

cuatro factores haciendo alusión al sistema alemán. El

sistema de pensiones alemán es un sistema en el que

las cotizaciones de los que trabajan se utilizan para

pagar las jubilaciones. Es decir, que no es un sistema

de capitalización, es un sistema de reparto, y la adap-

tación de las pensiones se hace en paralelo a cómo van

evolucionando los salarios.

En Alemania acordamos que se trataba de mantener

el nivel de vida más o menos entre los jubilados y los

que están en activo. Este es un principio muy importan-

te, que se introdujo en 1957, por aquel entonces por

un gobierno conservador. En 1957 empecé a trabajar

después de ocho años de formación. Con 13 años em-

pecé mi formación profesional, eso era posible por aquel

entonces, hoy sería imposible empezar a esa edad. En

Walter RiesterExministro de Trabajo alemán

Reforma alemana de pensiones*

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* Debate sobre pensiones. Escuela Julián Besteiro. Enero 2011.

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aquellos años en Alemania no solo tenía-

mos pleno empleo, sino que teníamos mu-

chos trabajadores inmigrantes del sur de

Europa, entre ellos muchos españoles. Por

aquel entonces, el tiempo que una persona

percibía la pensión de jubilación era aproxi-

madamente de 10 años. Hoy en día, sin

embargo, una persona cuando se jubila es-

pera prácticamente tener pensión de jubila-

ción durante 18 años. Es decir, ha habido

un aumento del 80% en el tiempo en que

las personas van percibiendo una pensión.

En la actualidad, en Alemania no tenemos

pleno empleo, sino que tenemos paro, aun-

que no tan considerable como en España,

pero también hay desempleo. Pero, sobre

todo, hay muchos trabajadores que ya no

trabajan a tiempo completo, sino

que trabajan a tiempo parcial; tienen

empleos con muy baja remunera-

ción, etc. Esto supone que se cotiza

menos al seguro de pensiones, por-

que por supuesto las cotizaciones

dependen del salario que uno recibe.

adaptación a los cambios

Quiero explicaros que ha habido una serie

de cambios. Y esos cambios exigen una

adaptación vía reformas, porque de no ha-

cerlo no se consigue el objetivo inicial que

tiene nuestro sistema de pensiones. Yo he

dicho que hay tres factores que me pare-

cen muy importantes.

En primer lugar, ha habido una evolución muy

positiva. Es decir, la gente tiene una mayor

esperanza de vida, por tanto cobra la pensión

durante más tiempo. Luego hay un segundo

factor, cuál es la idea de las personas res-

pecto del mantenimiento de su estándar de

vida una vez que han llegado a la jubilación.

Quiero hablaros de mi experiencia personal.

Cuando yo era un chaval, mis dos abuelos se

jubilaron a comienzos de los años 50. Ahora

imaginaros, mis dos abuelos habían vivido las

dos guerras mundiales, las dos inflaciones,

no tenían absolutamente nada, era la época

de la postguerra, una época mala. Pero ellos

pensaron, ahora nos jubilamos, tenemos

que reducir nuestro estándar de vida y a ver

si nos apoyan y nos ayudan los hijos. Esa era

la mentalidad por aquel entonces.

Hoy en día, la mentalidad del jubilado en Ale-

mania es totalmente diferente. Ha habido un

cambio muy positivo, el jubilado quiere mante-

ner mi ritmo de vida, más o menos la misma

vida que cuando trabajaba. Es algo absoluta-

mente razonable. Y por lo demás, como aho-

ra tienen tiempo, quieren viajar, etc. Es decir,

que a lo largo de los años ha cambiado la

idea que tenemos sobre el estándar de vida,

y es un cambio muy positivo. Pero si ahora

juntamos estos dos factores, es decir, mayor

esperanza de vida a partir de la jubilación y si

lo combinamos con un estándar de vida más

elevado, queda claro que tenemos que tener

más dinero, más reservas para esta época.

Y hay un tercer cambio, ya lo he menciona-

do antes brevemente. El mercado laboral

ha cambiado a lo largo de las últimas déca-

das. Lo normal ya no es un trabajo a tiem-

po completo, sino que hay muchas perso-

nas que trabajan en precario, que ganan

menos dinero, y esto por supuesto tiene

sus consecuencias sobre las cotizaciones.

Yo, en la IGMetal, era el responsable de

convenios colectivos, y durante 20 años

me ocupé precisamente de la negociación

colectiva. Cuando me convertí en ministro,

jamás pensé cuáles iban a ser las condi-

ciones en las que algunos de los alemanes

están dispuestos a trabajar hoy en día, y

desde luego nos hace falta un apoyo social

para garantizar un nivel de vida mínimo a

las personas. Es decir, que todo eso tiene

consecuencias también sobre la situación

de la vejez. Con ello he querido hablar de

cuáles son los retos que tiene que abordar

la reforma del sistema de pensiones.

¿Qué hemos hecho en alemania?

A continuación les quiero decir lo que hemos

hecho en Alemania. Además tuvimos que

abordar un cuarto reto, la caída del muro de

Berlín, por tanto la ampliación de Alemania.

Había 17 millones de la ex RDA que forma-

ban parte de esa nueva Alemania, y eran

17 millones de personas que jamás

han cotizado al seguro de pensiones.

Pero seis millones de ellos ya estaban

jubilados. La política encontró como

solución aumentar la cotización al

seguro de vejez, y al final la carga la

tuvieron que pagar los trabajadores.

En el momento en que yo me convertí

en ministro, el sistema de pensiones estaba

en riesgo, lo sabía todo el mundo en Alema-

nia, pero nadie se atrevía a dar un paso para

reformarlo. Y la primera decisión que toma-

mos como Gobierno socialdemócrata fue la

de incluir un impuesto adicional.

Creamos un impuesto ecológico que real-

mente era un impuesto sobre aceites mi-

nerales, y lo que se recaudaba de este im-

puesto pasaba directamente a la caja de

pensiones de la Seguridad Social. Cuando

me convertí en ministro, el Estado aportaba

a la caja de pensiones 43.000 millones de

euros, y actualmente lo que paga el Estado

son 80.000 millones de euros. Es decir,

que una tercera parte de las pensiones que

se paga en Alemania se basa en impues-

tos; dos terceras partes se financian vía

cotizaciones, y una tercera vía impuestos.

con los años ha cambiado la idea que te-

nemos del estándar de vida. Hoy el jubi-

lado quiere mantener el mismo ritmo de

vida que cuando trabajaba.

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La decisión de introducir ese impuesto

fue muy polémica, porque a nadie le gusta

pagar más cuando reposta la gasolina. El

Gobierno anterior no se había atrevido. No-

sotros lo hicimos y con ello hemos logrado

estabilizar nuestro sistema de pensiones,

porque este sistema cada vez ha recibido el

encargo de realizar más prestaciones, pero

no con financiación adicional, sino simple-

mente se trasladaba la carga a los traba-

jadores. Ésta fue la primera decisión que

se tomó en el año 1999. Fue una decisión

tremendamente controvertida, pero dijimos

que íbamos a afianzar el sistema de pensio-

nes a través de un impuesto adicional.

Luego tomamos una segunda decisión. Ya

os he dicho que realmente la gente pide

hoy un nivel de vida superior. Y el nivel de

nuestro sistema de pensiones no estaba

preparado para ello. Las cotizaciones al

sistema de pensiones en 1999 ya supo-

nían un 20,3% del salario, y habían llegado

a un punto donde nadie hubiese aceptado

un aumento. Las empresas siempre se

quejan, dicen que ya no son competitivos,

que van a perder… Por tanto, no cabía la

posibilidad de aumentar el tipo de cotiza-

ción para afianzar el sistema de pensiones.

Ante esta situación decidí que apoyásemos

el ahorro, un ahorro para tener reservas

para la vejez. Pero todo el ahorro tiene que

ser canalizado para afianzar la situa-

ción en la vejez. Y este ahorro recibe

un apoyo por parte del Estado. Este

es un ahorro complementario. Es

decir, complementario al sistema pú-

blico de pensiones, y ese ahorro se

llama en alemán Richter Rent de pen-

siones, tiene por tanto mi nombre.

principios básicos del ahorro

Quiero explicaros los principios básicos de

este ahorro, porque es un sistema único.

Se trata de que tiene que ser un ahorro ga-

rantizado, porque es un ahorro para la ve-

jez, y por eso en la ley, por aquel entonces,

fijé que cualquiera que ofrezca este tipo de

pensión, ya sea un fondo de pensiones, una

aseguradora, o un banco, que tenga que

garantizar que todas las cantidades que ha

aportado el ahorrador y todas las subven-

ciones que paga el Estado, estén ahí en el

momento del rescate, como capital míni-

mo. Conozco que hay otras experiencias en

el mundo y sé lo que ocurre con los fondos

de pensiones, no quiero que eso ocurra en

Alemania. De ahí esa garantía.

Con ello, hemos conseguido un sistema

complementario de capitalización, pero con

la máxima garantía que pueda dar la políti-

ca. No es una garantía absoluta, porque si

estallara totalmente el sistema financiero in-

ternacional, también quebraría nuestra pen-

sión Richter. Pero quería tener la máxima

garantía para estas cantidades aportadas.

Por lo tanto, hay otro segundo aspecto muy

importante. Analicé en aquel momento dón-

de existían sistemas privados complementa-

rios y qué incentivos se ofrecían para estos

sistemas. Existe un análisis importante de

la OCDE al respecto, porque no hay muchos

países que ofrezcan algún incentivo. Suiza,

Austria, Holanda, los países escandinavos y

poco más. Todos utilizan el mismo principio

para fomentar estos sistemas de pensio-

nes: la desgravación fiscal. Pero no me pa-

reció suficiente, y eso además es erróneo.

En Alemania la mitad de la población paga

muy pocos impuestos o no paga impuestos

en absoluto. Es decir, que el sistema solo fa-

vorece a aquellos que ganan mucho dinero.

Esto como socialdemócrata no puede ser

mi objetivo, y como sindicalista muchísimo

menos. Por eso en Alemania no trabaja-

mos vía desgravación fiscal. Los ahorrado-

res reciben una cantidad de dinero como

complemento, y esas cantidades son in-

dependientes de la remuneración que re-

ciben, se les da esta cantidad en función

de lo difícil que les pueda resultar ahorrar.

Es decir, que cada ahorrador recibe una

cantidad, y por cada hijo se recibe además

otro complemento, y el que tiene además

un salario muy elevado, recibe también

una desgravación fiscal.

Ahora tenemos 14 millones de personas

que tienen este ahorro Richter, un 30% de

estas personas tienen unos ingresos anua-

les por debajo de 10.000 euros, una canti-

dad que en Alemania es poquísimo dinero,

está prácticamente en el mínimo de subsis-

tencia. Me alegro muchísimo de que pre-

cisamente ahorren estas personas. Luego

hay otro 23% que ganan hasta 20.000

euros al año, y eso es poco cuando se tiene

familia. Es decir, que más de la mitad de la

población está en el segmento bajo de in-

gresos. Y a ellos les viene bien este ahorro

complementario.

tres ejemplos

Voy a dar tres ejemplos para que

podáis entender cómo funciona

este ahorro Richter y que se con-

sigue con ello. Voy a comenzar por

hablar de aquellos que ganan mu-

cho dinero. El tipo máximo de im-

posición de IRPF en Alemania es del 42%.

Es decir, que el que ahorra recibe práctica-

mente un 42%, es decir, que se le deduce,

se le hace una desgravación fiscal. Para

recibir estos complementos, el ahorrador

tiene que ahorrar un 4% de los ingresos

Hemos conseguido un sistema de capi-

talización con la máxima garantía que

puede dar la política, pero si estallara el

sistema financiero quebraría.

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anuales del año anterior. Pero tiene que

formar una especie de reserva en la que se

incluyen los pluses que paga el Estado.

Un segundo ejemplo para que se entien-

da; una familia con dos hijos, y que tengan

unos ingresos anuales de 20.000 euros.

Deben ahorrar un 4%, 800 euros. Y cómo

se ahorra en el sistema Richter. En la fa-

milia, se le da a la madre y al padre

154 euros a cada uno. Esto es un

complemento que se paga. El Es-

tado les paga 308 euros. Para los

dos hijos 185 euros. Y ya hemos

llegado a 678 euros que pone el

Estado. Es decir, que el ahorro que

tienen que tener son 122 euros para lle-

gar a esos 800 euros. No conozco ningún

sistema tan generoso como éste.

El tercer ejemplo. El de estar parado, un

parado de larga duración, que también

puede ahorrar con este sistema. Va a te-

ner la misma familia, dos hijos, pero es pa-

rado de larga duración. Para esta familia

es suficiente que ahorre 60 euros al año,

5 euros al mes. Con 60 euros de ahorro

al año, esta familia tendría derecho a to-

das estas ayudas, a todos estos comple-

mentos. Es decir, que tendría en su cuenta

individual 800 euros de ahorro, pero solo

aportarían un ahorro de 60 euros.

Desde luego, con este sistema ahorra

todo el mundo, y sobre todo se ayuda más

a los que más lo necesitan.

Por supuesto, cuando hablamos de pen-

siones siempre tenemos que pensar en el

largo plazo. Nosotros queremos ayudar a fi-

nanciar el nivel de vida que la mayoría de los

jubilados quieren mantener. Y eso no se pue-

de conseguir solo a través del sistema públi-

co de pensiones, sino a través de este otro

pilar: el sistema de ahorro complementario.

Es un sistema de ahorro complementario

privado pero garantizado, que no se puede

comparar con los sistemas de fondos de

pensiones que tienen otros muchos países

que distan de estar garantizado.

aumento de la edad de jubilación

Ahora paso a un tercer aspecto, y me han

dicho que precisamente aquí en España

es muy polémico, y os puedo decir que en

Alemania también lo es: el aumento de la

edad de jubilación. En Alemania tomamos

la decisión de aumentar la edad de jubila-

ción sobre la que tuvimos un amplio deba-

te estratégico. ¿Por qué hemos tomado la

decisión de aumentar la edad de jubilación?

Ya os he dicho que una vez jubilado, una

persona ahora recibe una pensión durante

18 años. A mi generación nos dicen que in-

cluso vamos a percibir una pensión durante

21 años por la mayor esperanza de vida.

Es decir, que es un proceso en el que las

pensiones se reciben durante más tiempo,

y sistemáticamente solo hay tres posibilida-

des para afrontarlo: aumentar más la co-

tización de los trabajadores, eso sería de

las posibilidades para afrontarlo; reducir

las pensiones, porque claro, hay que pagar

pensiones durante más tiempo, entonces

recortar la cantidad de las pensiones; o,

por último, aumentar la edad de jubilación.

Habría una cuarta posibilidad, aportar ma-

yor financiación por parte del Estado. Pero

eso en Alemania ya no es factible, porque

una tercera parte de las pensiones públi-

cas ya se financian vía impuestos, 80.000

millones de euros al año. Como había que

hacer algo, decidimos aumentar la edad de

jubilación. En Alemania hemos tomado la si-

guiente decisión: a partir del 2012 se va a

aumentar cada año en un mes la edad para

llegar a la jubilación. Todo ello finalizará el

año 2028 y entonces la jubilación tendrá

que llegar a los 67 años.

Antes de tomar la decisión, preguntamos a

los científicos cuál es la esperanza de vida

futura. Y los pronósticos eran que

en el plazo que aumentamos la edad

de jubilación ya iba a aumentar de

nuevo la esperanza de vida. Se cal-

cula que se percibirán las pensiones

2,1 años más. Esto es muy impor-

tantes comprenderlo, porque si lo

entendemos así no podremos hablar jamás

de un recorte de las pensiones, dado que si

recibo una pensión dos años más y empiezo

dos años más tarde a recibir la pensión,

entonces realmente estoy equilibrando el

sistema. En Alemania es un asunto tremen-

damente controvertido.

primer intento en 2003

Ahora os voy a hablar como compañeros

para explicar cómo diseñamos este aumen-

to de la edad de jubilación estratégicamente.

La decisión de aumentar la edad de jubila-

ción surgió por primera vez en el año 2003.

Yo no era ministro, era diputado parlamenta-

rio, y el canciller Schröder me dijo que había

que aumentar la edad de jubilación y yo dije

que no era posible. No porque no pensase

que fuese la medida correcta, sino porque

era imposible lograrlo debido a que la oposi-

ción era muy fuerte. En la oposición estaban

los conservadores, era una decisión popular.

Y por supuesto sabíamos que en la segunda

cámara alemana se tumbaría la medida.

Le dije a Schröder que lo único que le po-

día recomendar es “no lo hagas, porque

no lo vas a poder imponer”, a lo que le

añadí que si pese a todo lo hacía, tendría-

Queremos ayudar a financiar el nivel de

vida que la mayoría de los jubilados quie-

ren mantener y se puede con el sistema

de ahorro complementario.

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mos problemas en el partido. A finales del

año 2005, en Alemania llegó al poder la

gran coalición (no había otra opción), y por

aquel entonces al presidente de mi partido,

que era mi sucesor como ministro de Traba-

jo, le recomendé que lo hicieran ahora, que

aumentaran la edad de jubilación, porque si

no se hacía en un momento de una gran

coalición no lo íbamos a conseguir nunca.

Fue una decisión adecuada y correcta.

También quiero daros una serie de argu-

mentos contra esta decisión, que supongo

que serán los mismos que en España. Os

voy a dar los argumentos de los críticos

y también mi opinión. En Alemania hubo

una objeción, que también es razonable,

se dijo que para muchísima gente es muy

difícil seguir trabajando hasta los 67 años,

porque el proceso de trabajo puede ser

penoso, pueden ser trabajos difíciles. Por

supuesto, pero es así desde mi niñez.

Cuando empecé a trabajar la gente se jubila-

ba a los 65 años, y entonces trabajaba tam-

bién en trabajos penosos y había poca gente

que podía realizar esos trabajos más allá de

los 60 años, y en muchos casos esta gen-

te cambió su profesión en los últimos años

porque no podía seguir con esos duros tra-

bajos. Este problema siempre lo ha habido,

y eso no tiene nada que ver con los 65 años

o con los 67 años, y lo mismo se discute

en Francia cuando se trata de aumentar la

edad de jubilación desde los 60 a los 62.

Como sindicalista pienso que hay que so-

lucionar los problemas ahí donde surgen,

es decir, en el mercado de trabajo, y no

a través de otro sistema. Y desde luego,

también tenemos que tener en cuenta que

si no se puede conseguir la posibilidad de

que estas personas en trabajos penosos

se mantengan en el proceso de trabajo

más tiempo, pues habrá que apoyar la po-

sibilidad de que quizá se jubilen antes.

En Alemania, por ejemplo, hay mucha gen-

te que trabaja a turno en las grandes fábri-

cas, es un trabajo que es bastante penoso

y duro. Pero en el trabajo por turnos se pa-

gan complementos. Y estos complemen-

tos, hasta la fecha, no tenían que someter-

se a imposición. Eso está bien. Y tampoco

había que cotizar a la Seguridad Social

por estos complementos. Eso me parece

que es un error, porque la gente luego me

dice Walter, yo he trabajado durante toda

mi vida a turnos y ahora me puedo jubilar

con 60 años con el 100% de mi pensión,

¿o no? No, hubiese sido mejor que estos

complementos también hubiesen cotizado

a la Seguridad Social precisamente para

facilitar que la gente se pueda jubilar an-

tes. Ahí soluciono el problema donde surge

el problema y no lo traslado al momento de

la jubilación.

el argumento: falta empleo

Hay otro argumento importante contra el

aumento de la edad de jubilación. Un ar-

gumento que quizá incida más en España

que en Alemania. Es el argumento de que

falta empleo, de que hay un alto nivel de

paro. Y es un argumento que hay que to-

marse muy en serio. Después de la caída

del muro, en Alemania hemos visto que el

paro se ha solucionado fundamentalmen-

te a través de las prejubilaciones, y eso

es un escándalo, porque hemos dedicado

miles de millones de euros para descar-

gar a las empresas, hemos rejuvenecido

la plantilla y la empresa ha aumentado su

productividad con estas prejubilaciones.

Por supuesto, lo criticaron los sindicalis-

tas, pero tuvimos que tolerarlo. Al final,

ha surgido incluso un momento donde la

gente no solo toleraba la prejubilación sino

que la gente deseaba ser prejubilada. En

ese momento tuvimos que aprender de los

problemas. Por este motivo, digo que los

problemas hay que solucionarlos cuando

surgen, no trasladarlos hacia el futuro y

que no tenga que ser el sistema de pen-

siones el que solucione el problema. Estoy

hablando desde el punto de vista alemán.

Puede ser que en España la situación sea

totalmente diferente.

Y un último argumento. Hay una pregunta

que es desde luego muy polémica en mu-

chos países. ¿Cuáles son los años que se

contemplan para el cálculo de pensión? En

Alemania ha sido siempre toda la vida la-

boral. Pero hay muchos países, entre ellos

España, donde la base de cálculo es dife-

rente. Es decir, que son solo unos cuan-

tos años de toda la vida de

cotización y normalmente los

años finales de la actividad

laboral. Esto desde el punto

de todas las regulaciones

existentes es el mejor siste-

ma si uno permanece en el empleo a lo

largo de toda la vida, porque normalmente

los últimos años de la vida laboral son los

años en donde se gana más.

Así era en el pasado, pero dudo mucho que

eso pueda seguir siendo así en el futuro,

porque hoy en todas partes tenemos una

vida laboral que no es continuada, sino una

actividad laboral con muchísimas pausas,

con muchísimas interrupciones. Y por eso

este sistema podría haber funcionado muy

bien en el pasado, con él se obtenía mejo-

res pensiones, pero este sistema no pode-

mos decir que sea el mejor en el futuro.

Esto es simplemente una pequeña indica-

ción que quiero hacer respecto de la situa-

ción alemana. Muchas gracias. n

tras la unificación alemana el paro se so-

lucionó fundamentalmente con las preju-

bilaciones.

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CMiguel Ángel Zamarrón MorenoCoordinador Confederal de UTC-UGT

Cultura de la Innovación:Incorporación de la Tecnologíaen las Empresas*

Innov

ació

n y

Neg

ocia

ción

Col

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Tapa

Cultura, innovación, tecnología, empresa. Cuatro

palabras cuyo significado y, más aún, su conte-

nido práctico, debemos casar en el marco más

pragmático, quizás, de la Acción Sindical en su conjun-

to; y, en concreto en cuanto se refiere a “La situación

de la investigación y de la innovación en España: crítica

y reflexión hacia el futuro”. Es desde mi punto de vista,

esto último, el futuro, el objetivo que debemos buscar.

¿Qué pasos dar, y cómo, para que ese futuro mejore,

si cabe, el presente? De ahí, sin lugar a dudas lo de la

crítica y la reflexión.

Al ordenar mis modestas ideas al respecto me preocu-

pa, y me inquieta, inicialmente el concepto de cultura;

en el brevísimo ensayo de Hans Magnus Enzensberger

titulado: “En el laberinto de la inteligencia. Guía para

idiotas”, trata con ironía, a quienes pretenden explicar

la inteligencia. No querría caer en el atrevimiento, ni

tan siquiera, de intentar conceptualizar lo que puede

ser una cultura de la innovación. El término cultura,

como el traído de las reflexiones de Enzensberger, de

inteligencia, es tan multifacético, amplio y complejo

que, al menos por lo que a mí respecta, prefiero dejar-

lo tranquilo. Quizás porque, como dice Hans Magnus:

“No somos lo suficientemente inteligentes para saber

qué es la inteligencia”; no soy lo suficientemente culto

como para atisbar qué podría decir para referirme al

binomio: cultura de la innovación. Sin embargo mo-

destamente trataré de aproximarme al objetivo que

me ocupa: la innovación en la empresa, en el contex-

to cultural de una determinada sociedad. Porque, ahí

sí, me surge el primer interrogante: ¿Hay socieda-

des, países, personas, empresas, etc., cuya cultura,

entendiendo ésta por ese conjunto de costumbres,

prácticas, códigos, normas, reglas, etc., explícitos o

implícitos que, según la “Declaración de Méjico” de la

Unesco en 1982: “… dan al hombre la capacidad de

reflexionar sobre sí mismos… poner en cuestión sus

propias realizaciones, y buscar incansablemente nue-

vas significaciones, y crear obras que lo transciendan”?

¿Hay, insisto, sociedades, países, personas, empresas

que, bajo esos criterios, propician más o menos lo que

entendemos por innovación? Y aquí, tendríamos que

volver a abrir un nuevo paréntesis: ¿Qué tipo de inno-

vación? Y, aunque lo sienta enormemente, se hace im-

prescindible acotar el alcance de la digresión: “aquellas

acciones en el seno de las empresas que introduzcan

nuevas combinaciones de factores que aseguren una

mayor eficiencia”. Para ello aún nos queda un tercer

factor de nuestro enunciado: la tecnología, como con-

junto de conocimientos técnicos, ordenados científica-

mente que permitan construir objetos y máquinas, o

diseñar servicios, para adaptar el medio y satisfacer

las necesidades de las personas.

* Este texto está realizado sobre la base de una Ponencia presentada por el autor en el curso de unas Jornadas sobre I+D+i, orga-nizadas por UGT-Madrid y celebradas en el CSIC el 6 y 7 de mayo de 2010.

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Pero la pregunta que me hacía al principio

sigue en el aire: ¿Hay sociedades, países,

personas, empresas, etc. cuya cultura –con

todo lo objetable que sea utilizar esta pa-

labra– propicia más o menos lo que en-

tendemos por innovación? El más somero

conocimiento empírico que tengamos de la

realidad nos hace responder, a mí por lo

menos, con un rotundo SÍ. Y, si acepta-

mos ese sí, un corolario inmediato es que

hay otras sociedades, países, etc. que son

más eficientes que nosotros en esa cultu-

ra innovadora.

Hace ya demasiados años, cuando me

titulé en gerencia hospitalaria –mi forma-

ción inicial es la de médico especializa-

do en radiodiagnóstico– tuve ocasión de

estudiar los diversos modelos de

gestión empresarial que entonces

se reconocían y, a los efectos prác-

ticos de este texto, me atrajo enor-

memente el modelo desarrollado

por William Ouchi en su “Teoría Z”,

como modelo empresarial diferen-

te al americano “A” o al japonés

“J”. Obviamente no me voy a extender en

explicarlo, solo dejar constancia de lo que

creo que es el núcleo de su cultura cor-

porativa: “permitir que los individuos cola-

boren en una actividad integrada”. Acce-

soriamente la empresa debe tener claras

tres cosas: 1ª) la relación con su entorno

socioeconómico; 2ª) sus fines u objetivos

básicos; y 3ª) los medios utilizados para

lograr esos fines. Pero estas son cosas

que, en general también las comportan

otros modelos de diversas, llamémosles,

culturas. Insisto, para mí la síntesis de

la Teoría Z es: el ejercicio real –no me-

ramente declarativo– de la participación

proactiva –proactiva en el sentido del tér-

mino acuñado por el Dr. Viktor Frankl, no

el de los cursis de ahora– de todos sus

miembros. Esta teoría Z surge, funda-

mentalmente, del análisis del modelo J.

Pero también los otros dos modelos, al

menos, son planteables: el europeo y el

estadounidense. El primero es, como en

general nuestra identidad europea, diver-

sa. Si no, no estaríamos, quizás, hablando

aquí de ello. El modelo alemán, por ejem-

plo, es por sus resultados, sin lugar a du-

das uno de los más eficientes –que es de

lo que se trata– a nivel mundial. En este

sentido, y con el fin de llevar el agua a mi

molino, me interesa destacar un hecho, a

mi entender crucial: la cogestión. Vemos,

o quiero ver, en ello, algo similar al citado

modelo Z. Poniendo por encima de todo el

valor del individuo. Si nos embarcamos en

un análisis ontogénico –en el sentido etimo-

lógico de la palabra: desarrollo del ser– de

la innovación como componente evolutivo

del ser humano –y seguramente de otras

muchas especies–, va de suyo que todos

podemos aportar, en la medida de nues-

tros conocimientos y capacidades, “facto-

res que aseguren una mayor eficiencia”.

¿Hay algún motivo para hurtar a la mayo-

ría esa participación? Solo se me ocurre

uno: un concepto mal entendido del poder

y la autoridad. ¿Quizás algo de ello haya en

el seno de nuestra escasa competitividad?

Y eso también es un componente cultural.

Pero, sin lugar a dudas, ese equivocado

ejercicio del poder vs la autoridad, tiene,

sobre todo en sociedades cada vez más

matriciales y menos jerárquicas, efectos

deletéreos sobre la innovación, entendida

ésta como trasunto último, materializable

y productivo, de sus dos antecedentes

obligados: la Investigación y el Desarrollo.

Acertar, para ello, en el óptimo funciona-

miento del trinomio Ciencia-Tecnología-Em-

presa (C-T-E) es el reto.

En este sentido hay en nuestro país, po-

sibles focos que propicien ese entramado

I+D+i y C-T-E, y reúnan excelentes compo-

nentes para ser eficientes y competitivos;

Madrid, Cataluña, Euskadi –sin menosca-

bar otras zonas, o autonomías, por ejemplo

¿sorprendentemente? (diría que para mí

no hay ninguna sorpresa)– Extremadura;

en todas partes podríamos encontrar re-

ferentes positivos. Tampoco todo EEUU es

Silicon Valley, ni toda Alemania es la Cuenca

del Ruhr. Sin embargo, sí deberíamos –al

menos yo así lo entiendo– fijarnos y, quizás,

aprender cómo en esas dos áreas: Silicon

Valley y cuenca del Ruhr, han organizado

ese entramado que va desde la Cien-

cia –la Investigación– al producto –la

innovación–; y cómo los diferentes

agentes: la Universidad, los Centros

de Investigación públicos y privados,

los organismos de Interface –OTRIs

(Oficinas de Transferencias de Re-

sultados de la Investigación) o FEDIT

(Federación Española de Centros Tecnológi-

cos)–, las Empresas, y los Agentes Sociales

seamos capaces de colaborar y crear una

cultura que, como a aquéllos, cambie nues-

tra historia.

Con esas, entre comillas, similitudes estruc-

turales dos son, a mi entender, las claves

principales de las diferencias de resultados:

la transferencia de conocimientos y la par-

ticipación de las personas. En cuanto a la

primera, debemos analizar cuáles son los

nexos que, por cultura o por necesidad se

han fraguado en el trinomio, C-T-E, en esas

realidades diversas. Y en nuestro caso, qui-

zás, aún no hemos encontrado el procedi-

miento más idóneo. Para mí que el citado

modelo OTRI’s es un instrumento adecuado,

pero que funciona en, el mejor de los ca-

sos, a un 50%, es decir sobre el producto:

Sillicon valley (EEuu) y la Cuenca del ruhr

(alemania) han organizado ese entrama-

do que va desde la ciencia (investigación)

al producto (innovación).

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el resultado de la investigación; y que, en

todo caso, hay que seguir perfeccionando e

impulsando. Pero el otro 50% o más, debe

basarse en la transferibilidad de las perso-

nas. En este sentido se dirigía una parte

importante de los objetivos de la pretendida

nueva Ley de la Ciencia. ¡Ojalá se logre!

Aun si ello se lograra nos quedaría por de-

sarrollar ese otro componente básico al cual

me refería anteriormente: la participación

proactiva de los investigadores; y de los tra-

bajadores en general; en los proyectos de

innovación de las empresas. Para ello hay

poderosas herramientas y diversas expe-

riencias que merece la pena ensayar y, so-

bre las cuales, me extenderé brevemente.

Sobre la base del Modelo Social Europeo

articulado en una concertación de los po-

deres públicos (Estado), los empresarios

(capital) y los sindicatos (trabajadores),

con una robusta implantación del Estado

de Bienestar, dentro del cual una parte im-

portante de la Investigación y el Desarro-

llo es responsabilidad pública. Cabe hacer

toda una serie de acuerdos público-priva-

do; o la creación de empresas públicas,

mixtas, etc. que desarrollen sistemas de

gestión en los que se priorice la innovación

y la participación.

En el contexto puramente empresa-

rial, dentro del marco de la Nego-

ciación Colectiva, que es la espina

dorsal del acuerdo entre empresa-

rios y trabajadores, cabe introducir

apartados específicos que tengan la inno-

vación como centro y objetivo del acuerdo

y, como resultado de ello, extraer el per-

tinente balance tecnológico. Nosotros, en

la Unión de Técnicos y Cuadros Confede-

ral de UGT elaboramos, hace ya muchos

años, de la mano de otras organizaciones

sindicales de Profesionales y Directivos

europeas, un modelo, o prototipo de este

balance. Con posterioridad avanzamos, en

el seno de EUROCADRES –nuestra estruc-

tura europea– en la formalización de un

modelo de gestión empresarial europeo:

MEM (Modelo Europeo de Management),

muy parecido al desarrollado en la Teoría

Z de Ouchi. Y, por último, hemos elabora-

do un proyecto de Intraempresariado que

contempla fundamentalmente dos compo-

nentes básicos: la innovación y la juventud

de los agentes. Por su originalidad y, a mi

entender, relevancia en el contexto de la

reforma de la Negociación Colectiva, voy

a dedicarle esta última parte. En resumen

recoge los aspectos más trascendenta-

les de lo hasta aquí expuesto: Innovación,

participación proactiva de los trabajado-

res y negociación de los agentes sociales:

empresa y sindicatos. Y contempla cinco

abordajes diferentes:

• El trabajo basado en una cultura de in-

traempresariado en la negociación.

• El apoyo de la dirección a la generación

de nuevas ideas.

• Una organización de trabajo competitiva.

• Provisión de recursos para las intraem-

presas.

• Colaboración sindical en el desarrollo del

intraempresariado.

Las peculiaridades a tener en cuenta para

emprender este modelo de gestión, son de

tres tipos:

a) de las personas:

– proactividad;

– capacidad cognitiva;

– autonomía de trabajo;

b) de las empresas:

– clima favorable de intraempresariado;

– apoyo de la dirección;

– disponibilidad de recursos;

c) del entorno:

– posibilidades tecnológicas;

– mercado.

Los resultados esperados son:

• éxito de las personas concernidas;

• productos innovadores.

El alto margen de autonomía concedido a

los intraempresarios redunda grandemen-

te en un trabajo innovador de los mismos.

Desde la perspectiva de una estructura

organizativa, como es la UTC-UGT, para

Profesionales y Directivos, este nuevo per-

fil de intraempresario, es decir el de un

trabajador altamente cualificado, al que se

le concede una elevada autonomía en el

seno de la empresa. Es de un enorme inte-

rés y creo además que, en el contexto de

la problemática que estamos abordando,

puede tener un atractivo futuro para todos

los agentes implicados: los trabaja-

dores, la empresa, los sindicatos y

el conjunto de la sociedad. El dar

libertad, y a la vez cobertura, a los

emprendedores, allí donde se ha

experimentado, demuestra su alta

rentabilidad. Es clásica, y generalmente

positiva, la experiencia de las spin-off, lo

que planteamos ensayar de esta manera

son, podríamos denominarlas así, spin-in.

Este modelo, como digo, muy asimilable

al modelo de “management” europeo, y

también al de la Teoría Z fue propuesto

inicialmente, bajo esa denominación de

Cabe hacer toda una serie de acuerdos

público-privados que prioricen la innova-

ción y la participación.

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“intraempresariado”, por Gifford y Elisabe-

th Pinchott en 1978; y se ha venido ensa-

yando con éxito en múltiples e importantes

multinacionales.

La existencia de un clima que favorezca

la innovación y el intraempresariado, crea

un efecto sinérgico muy poderoso, por re-

troalimentación entre sus componentes.

Un empresario, aisladamente, puede o no

estar motivado a innovar, o seguir innovan-

do; el dar la palabra a los trabajadores,

en el caso que nos referimos con una alta

cualificación, con competencias como in-

traempresarios, mantiene y potencia esa

cualidad innovadora ya que, de otra ma-

nera el modelo no tendría razón de ser; y,

además, la motivación surge desde dentro

del grupo, no es impuesta desde arriba.

Sin embargo la dirección, y los máximos

responsables, de la empresa en la cual se

crea el intraempresariado –spin-in–, son

vitales para que el proyecto fructifique.

Dar libertad para desarrollar proyectos

innovadores en la empresa no es garan-

tía para que surja el comportamiento de

responsabilidad que requiere el modelo

que comentamos. Es necesario motivar

a los trabajadores para ello, desde arri-

ba y desde los niveles intermedios, y de

la creatividad de todos los participantes.

La idea básica es, precisamente, motivar

a todos los trabajadores en el papel que

juegan en la innovación en el seno de la

empresa.

Obviamente la puesta en marcha de un

proyecto de estas características requiere

medios de diferente naturaleza. La mate-

ria prima fundamental son los recursos

humanos; el modelo en sí puede ser un

marco adecuado para la integración de

investigadores-innovadores, ellos son la

fuente de las ideas que constantemente

mejoren los resultados de la empresa. La

creación de este modelo de spin-in, debe

ser un acicate constante de la alta direc-

ción, que debe proveer los medios financie-

ros y materiales suficientes.

En torno a ese grupo innovador debe pro-

piciarse el trabajo en equipo, en el cual

la trasferencia constante de las ideas, el

aprendizaje recíproco, el desarrollo del

máximo potencial creativo en cada puesto

de trabajo y el estímulo frente a los retos

y las dificultades sea su seña de identidad

como equipo innovador de alto nivel.

Las organizaciones sindicales debemos

implicarnos decididamente en impulsar

nuevos modelos organizativos y laborales,

como el que nos ocupa. Sin olvidar ni de-

jar de lado, por supuesto, nuestros obje-

tivos y responsabilidades de siempre: los

horarios, los salarios, las condiciones de

trabajo, etc., pero abriendo ámbitos, en el

contexto de la Negociación Colectiva y del

Convenio; e involucrándonos decididamen-

te en ellos, no como meros observadores.

Este tipo de organizaciones generan una

alta cualificación, y por ende una mejor

empleabilidad de los trabajadores. La im-

plicación de todos, confiere una especial

responsabilidad a los representantes sindi-

cales que deben asumir el papel de anima-

dores del proyecto, como intermediarios

naturales que son, entre el grupo innova-

dor y la dirección de la empresa.

Aunque al principio tenía mis dudas a ha-

blar de cultura innovadora de las empre-

sas, al concluir me gustaría matizar aquel

rechazo considerando que las experiencias

innovadoras sí pueden, quizás, cambiar la

cultura de nuestras empresas, y la nues-

tra propia. n

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Page 83: Claridad

CLARIDADCuarta etapa. Otoño/Invierno 2011

editaComisión Ejecutiva Confederal de UGT

Dirección editorialJosé Javier Cubillo

consejo de DirecciónJosé Javier CubilloAntonio RetaminoAlmudena Fontecha

consejo de redacciónJosé Javier CubilloAlmudena FontechaApolinar RodríguezÁngeles FreireJosé ManzanaresMaru MenéndezCarmen LópezFrederic Monell

DirecciónManuel Ángel Egea

colaboran en este númeroJosé María ZufiaurSantos M. RuesgaAntón SaracíbarAlmudena FontechaKarin EnodDieter EichJuliane BirWalter RiesterMiguel Ángel Zamarrón Moreno

redacción y administraciónPublicidad y suscripcionesCalle Hortaleza, 88 (28004 Madrid)Teléfono: 915.890.996Telefax: 915.897.633Correo electrónico: [email protected]

Depósito legal: M-5206-2005Issn: 0213-2931

Diseño, Maquetación y Producción

empresa editora Publicaciones Unión, S.L.

Precio número: 6 €Suscripción anual, cuatro números: 20 €

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CLARIDADOtoño/Invierno 2011/CUARTA ETAPA/n.º 22

Oto

ño/

Invier

no 2

011/

CU

AR

TA E

TAPA/

n.º

22

IlustracIones

juan romero“Pinturas. antología: 1959-2011”

Nació en Sevilla en 1932.

Premios:

Premio de la Crítica en la V Bienal de París, 1967.Medalla de Oro en la II Bienal del Grafismo en Florencia (Italia), 1972.2º premio de Arte Gráfico en la XI Bienal de Alejandría (Egipto), 1967.

Obra expuesta (entre otras):

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).Biblioteca Nacional de Madrid.Bibliotèque National, Paris (Francia).Biblioteca Galleria Uffizi, Florencia (Italia).Library of Congress, Washington (USA).Baltimore Museum of Art (USA).Museo de Arte Contemporáneo (Sevilla).Museo de Arte Abstracto (Cuenca).Museo de Maracaibo (Venezuela).

cronología de la crisis financiera y económica en españa (II)

José María Zufiaursantos M. ruesgaantón saracíbar

Brecha salarial entre hombres y mujeres en europa

Desempleo juvenil y formación en europa

reforma alemana de pensiones

cultura de la Innovación: Incorporación de la tecnología

en las empresas

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