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Revista de pensamiento y análisis de UGT. Claridad. Número 22 de otoño/invierno de 2011TRANSCRIPT
CLARIDADOtoño/Invierno 2011/CUARTA ETAPA/n.º 22
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TAPA/
n.º
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IlustracIones
juan romero“Pinturas. antología: 1959-2011”
Nació en Sevilla en 1932.
Premios:
Premio de la Crítica en la V Bienal de París, 1967.Medalla de Oro en la II Bienal del Grafismo en Florencia (Italia), 1972.2º premio de Arte Gráfico en la XI Bienal de Alejandría (Egipto), 1967.
Obra expuesta (entre otras):
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).Biblioteca Nacional de Madrid.Bibliotèque National, Paris (Francia).Biblioteca Galleria Uffizi, Florencia (Italia).Library of Congress, Washington (USA).Baltimore Museum of Art (USA).Museo de Arte Contemporáneo (Sevilla).Museo de Arte Abstracto (Cuenca).Museo de Maracaibo (Venezuela).
cronología de la crisis financiera y económica en españa (II)
José María Zufiaursantos M. ruesgaantón saracíbar
Brecha salarial entre hombres y mujeres en europa
Desempleo juvenil y formación en europa
reforma alemana de pensiones
cultura de la Innovación: Incorporación de la tecnología
en las empresas
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CLARIDADCuarta etapa. Otoño/Invierno 2011
editaComisión Ejecutiva Confederal de UGT
Dirección editorialJosé Javier Cubillo
consejo de DirecciónJosé Javier CubilloAntonio RetaminoAlmudena Fontecha
consejo de redacciónJosé Javier CubilloAlmudena FontechaApolinar RodríguezÁngeles FreireJosé ManzanaresMaru MenéndezCarmen LópezFrederic Monell
DirecciónManuel Ángel Egea
colaboran en este númeroJosé María ZufiaurSantos M. RuesgaAntón SaracíbarAlmudena FontechaKarin EnodDieter EichJuliane BirWalter RiesterMiguel Ángel Zamarrón Moreno
redacción y administraciónPublicidad y suscripcionesCalle Hortaleza, 88 (28004 Madrid)Teléfono: 915.890.996Telefax: 915.897.633Correo electrónico: [email protected]
Depósito legal: M-5206-2005Issn: 0213-2931
Diseño, Maquetación y Producción
empresa editora Publicaciones Unión, S.L.
Precio número: 6 €Suscripción anual, cuatro números: 20 €
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CLARIDAD
Cronología de la crisis financiera y económica en España (II)
José María ZufiaurSantos M. RuesgaAntón Saracíbar
Brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa
Desempleo juvenil y formación en Europa
Reforma alemana de pensiones
Cultura de la Innovación: Incorporación de la Tecnología
en las Empresas
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ALa crisis del empleo
A punto de finalizar 2011, y con el fan-tasma de una nueva recesión a la vuelta de la esquina, los mercados
siguen presionando a las economías peri-féricas y España, tras Grecia e Italia, se ha convertido en el centro de atención. El problema del desempleo sigue siendo, no obstante, el principal enemigo de nuestra economía, y seguirá siéndolo al menos has-ta mediados de 2012, superando ya los cinco millones de parados.
Lo peor es que la situación no tiene visos de arreglarse. Todas las previsiones nacio-nales e internacionales nos alargan el pro-blema hasta 2014 o 2015, años en que por fin, nos aseguran, volverán a crearse empleos en nuestro país. No obstante, es-tas previsiones parecen más bien un ejer-cicio de deseo, porque desde que estalló la crisis ni los expertos saben qué puede ocurrir a corto ni medio plazo.
Es más, los expertos nos están demostran-do que se mueven más por cuestiones ideo-lógicas, olvidando su papel de analistas. La realidad está demostrando que esta crisis no entiende de ideologías, anta la avalan-cha de primeros ministros de todos los sig-nos políticos a la que estamos asistiendo. Los políticos están dejando paso a los tec-nócratas, el último recurso para solucionar la situación económica. La pregunta es qué ocurrirá si éstos también fallan.
El euro se tambalea y con los ataques que está recibiendo se ha puesto de manifiesto la debilidad de las instituciones europeas y
su necesidad de transformarse y potenciar-se. Tal y como se ha constituido, las auto-ridades comunitarias no han sabido cómo implicar a los ciudadanos.
En este número de Claridad, José María Zufiaur, Santos M. Ruesga y Antón Sarací-bar profundizan precisamente en por qué en España siempre se destruyen más pues-tos de trabajo que otros países, llegando a la conclusión que el problema es el modelo de sistema productivo que tenemos, unido a que no existe ningún tipo de traba jurídica para que los empresarios puedan despedir cuando quieran, porque como asegura Zu-fiaur, “en España es más fácil despedir que en el resto de los países europeos”.
Las prejubilaciones y la temporalidad han sido los instrumentos predilectos por el empresariado español para realizar los ajustes de plantilla, mientras cada vez toma más fuerza -con la llegada del PP al Gobierno- una nueva reforma laboral, cuya estrella sería la creación de un contrato único que acabe con la dualidad tempo-ral/fijo y aproxime las indemnizaciones; una nueva vuelta de tuerca que no servi-rá para crear empleo, porque los puestos de trabajo sólo se crean cuando crece la economía. Precisamente, Antón Saracíbar nos habla del coste social de la crisis, las reformas emprendidas hasta ahora y la encrucijada a la que se han visto abocados los sindicatos.
Santos M. Ruesga analiza el papel de los inmigrantes en nuestra economía y se adentra en los problemas de gobernanza de Europa, una cuestión aún candente que
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podría ser solucionada este mismo diciembre en la últi-ma Cumbre Europea del año.
También para la reflexión son las mesas redondas ce-lebradas en la Escuela Julián Besteiro en las que se ha analizado en profundidad el problema del empleo ju-venil, cuya tasa en España es de un alarmante 43% y el problema sin resolver sobre la desigualdad salarial entre hombre hombres y mujeres, un problema que en España se acentúa, pese a que cada vez hay más muje-res formadas que hombres. Almudena Fontecha, Karin Enod, Juliane Bir y Dieter Eich nos explican sus puntos de vista y aportan sus soluciones a estos problemas, así como el papel que deben jugar las organizaciones sindicales en su resolución.
Por último, interesante es conocer de primera mano cómo se llevó a cabo la reforma de las pensiones en Alemania. Walter Riester, exministro de Trabajo alemán y ex responsable del sindicato IG Metall nos la explica con todo lujo de detalles y nos hace entender lo positivo del sistema de ahorro puesto en marcha, a modo de sistema de capitalización, en el que el Estado contribuye a cada “fondo de reserva” de cada trabajador para que cuando le llegue la edad de jubilación pueda mantener su mismo nivel de vida.
3
Índice
4
30
40
Recopilación de artículos de José María Zufiaur, Consejero del Comité Económico y Social Europeo (II).
Recopilación de artículos de Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autonóma de Madrid y Consejero del Consejo Económico y Social (II).
Recopilación de artículos de Antón Saracíbar,Patrono de la Fundación Largo Caballero (II).
4 CROnOLOGÍA DE LA CRISIS FInAnCIERA Y ECOnÓMICA En ESpAÑA (II)
77 Miguel Ángel Zamarrón Moreno, Coordinador Confederal de UTC-UGT
77 CuLTuRA DE LA InnOvACIÓn: InCORpORACIÓn DE LA TECnOLOGÍA En LAS EMpRESAS
71 Walter Riester, Exministro de Trabajo alemán
71 REFORMA ALEMAnA DE pEnSIOnES
47 BREChA SALARIAL EnTRE hOMBRES Y MuJERES En EuROpA
67
60 Dieter Eich, Director ejecutivo del Instituto de formación de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB).
Teresa Muñoz, Secretaria de Formación de UGT.
Juliane Bir, Asesor de la CES para política de juventud.
60 DESEMpLEO JuvEnIL Y FORMACIÓn En EuROpA
47 Karin Enod, Vicepresidenta del Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos.
Almudena Fontecha, Secretaria para la Igualdad de UGT.53
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E NI EL PROTECCIONISMO ES TAN MALO,NI EL LIBRECAMBISMO TAN BUENO
El proteccionismo se ha convertido en el peligro
a evitar. No hay declaración política en la que no
se haga auto de fe de la necesidad de impedirlo.
Aunque, en realidad, todos tratan de ponerlo en prác-
tica, sin confesarlo e, incluso, negándolo. De hecho,
todos los países desarrollados han edificado su desa-
rrollo industrial sobre la base del proteccionismo de
determinados sectores. Baste recordar, al respecto,
las subvenciones europeas y estadounidenses al sec-
tor agrícola. O el éxito de algunos países que, como
Corea, han basado en el proteccionismo su inserción
en el comercio internacional. Los mismos grandes
países que hoy claman contra el proteccionismo son
los que en la práctica comercial de todos los días son
favorables al libre cambio sobre todo cuando son ellos
los más fuertes y competitivos. Dicho de otra manera,
suelen ser librecambistas para los otros y proteccio-
nistas para ellos.
Lo que, en cierta medida, es entendible. Puede resultar
difícil de explicar, por ejemplo, a los ciudadanos de un
país que está destinando ingentes sumas de las arcas
públicas –es decir, de los contribuyentes– a tratar de
salir de la presente crisis económica y financiera que
de tales fondos no va a beneficiarse exclusivamente la
economía nacional sino también otros países. Países
que se van a aprovechar del tirón de su demanda y que
jugarían, de esta forma, el papel de polizontes. Algo si-
milar sienten muchos trabajadores que ven cómo des-
pidos y cierres de empresas se producen al tiempo que
las mismas deslocalizan sus actividades y sus empleos
hacia otras latitudes: ciertamente, es entendible que
ellos deseen paralizar estos procesos.
El problema es que, a nivel mundial, el proteccionismo
no resuelve nada, más bien al contrario. Lo que uno
gana –restringiendo las importaciones o preservando
los empleos locales– el otro pierde. Como los perde-
dores no se conforman, las reacciones de éstos en-
gendran un clima de guerra comercial y una dinámica
de “todos contra todos”. Esta es la lección de los años
30, que todo el mundo recuerda en estos días para
tratar de no volver a tropezar en la misma piedra. Por
otro lado, nuestras economías –por ejemplo, las euro-
peas– son tan interdependientes que es ilusorio pensar
que el proteccionismo de unos no vaya a desestabilizar
aún más las economías ya muy afectadas de los otros.
Pongamos por caso el sector del automóvil: para la
fabricación de un coche “nacional” es necesario utilizar
piezas y componentes que son producidos en muchos
otros países europeos. Solo un plan concertado euro-
peo podría, por ello, evitar un proteccionismo larvado.
Las virtudes del librecambismo no son tampoco muy
evidentes. El libre cambio no tiene, en sí mismo, nada
de malo. Los argumentos en su apoyo son poderosos:
realización de economías de escala, especialización de
Consejero del Comité Económico y Social Europeo
recopilación de artículos de José María Zufiaur (ii)
• “ni el prOtecciOniSMO eS tan MalO, ni el liBrecaMBiSMO tan BuenO”
• “lOS auGuriOS del GOBernadOr” • “tOdOS precariOS” • “laS treS erreS”
• “la iZQuierda diFuMinada” • “el traBaJO en el centrO de la Salida de la criSiS”
• “añO eurOpeO de la lucHa cOntra la pOBreZa Y la eXcluSiÓn SOcial”
• “caMBiar de enFOQue” • “el SÍndrOMe de davOS”
• “lOS ventrÍlOcuOS del BancO de eSpaña”
• “SOlidaridad entre pOBreS” • “MOrir pOr el traBaJO”
• “SeGMentaciÓn laBOral Y Facilidad de deSpidO”
• “deSpOtiSMO cOntradeMOcrÁticO”
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el libre comercio debería contemplar que
determinados temas estratégicos pue-
dan ser objeto de un proteccionismo sec-
torial y temporal.
los países de acuerdo con sus competen-
cias de producción, lo que, teóricamente,
aumenta la eficacia y beneficia a todos.
Pero (siempre hay un pero) a condición de
que reine el pleno empleo y de que el libre
cambio se realice, como señalan
las teorías del premio Nobel de eco-
nomía Maurice Allais, entre países
con desarrollo comparable. En caso
contrario, el libre cambio puede ser
una trampa mortal. Lo que sucede
en África lo ilustra trágicamente.
Ese continente vive una reducción
drástica de su autosuficiencia alimentaria
y debe importar alimentos para poder co-
mer. El que pudiera importar menos pasa-
ría por potenciar su agricultura básica, la
destinada al consumo inmediato. El proble-
ma es que es justamente esa agricultura
la que ha sido devastada por las importa-
ciones más “competitivas” llegadas, sobre
todo, desde Europa y desde Brasil. El libre
comercio debería corregir este tipo de si-
tuaciones y contemplar entre sus reglas
la posibilidad de que determinados temas
estratégicos puedan ser objeto de un pro-
teccionismo sectorial y temporal.
El libre cambio dejado a su libre albedrío
produce riqueza para unos al precio de
aumentar las desigualdades para la mayo-
ría. Algunos estudios que han analizado el
impacto de la liberalización del comercio in-
ternacional sobre la justicia social (Supiot,
2009) muestran muy claramente que las
actuales reglas internacionales anteponen
sistemáticamente el comercio, la compe-
titividad y la concurrencia por encima de
cualquier otra consideración social.
excesos del libre cambio
La propia crisis actual no es ajena a los
excesos del libre cambio. Es una crisis
cimentada sobre el aumento de las des-
igualdades, de la caída de la demanda y
de la reducción, en todo el mundo, de la
participación de los salarios en la distribu-
ción de la tarta. Lo que ha producido me-
nor concentración de dinero abajo –en el
consumo– y mayor arriba –en el sistema
financiero–. Y que ha terminado en una
loca carrera hacia el endeudamiento tram-
poso e irresponsable. Todo ello alimentado
por el hecho básico de que en un contex-
to de competencia mundial, las empresas
no consideran los salarios como un fac-
tor de la demanda interior de cada país
sino como un coste en relación con sus
competidores mundiales. La generalización
planetaria de esta lógica de optimización y
de reducción de los costes salariales –ló-
gica acelerada por la entrada en escena
de países emergentes como China– solo
podía desembocar en un escenario como
el presente.
En suma, el principal problema consiste en
que se ha propiciado una globalización del
mercado sin una globalización correspon-
diente de las normas propias del Estado de
derecho, circunscritas hasta el presente
a los ámbitos nacionales. Y es bastante
evidente que el mercado sin el Estado de
derecho, y simplemente sin el Estado, no
puede funcionar. No solo eso: sin ese regu-
lador, es un generador de desastres.
Para evitar el proteccionismo, en suma,
es necesario regular mucho mejor el libre-
cambismo. Si las asimetrías de desarrollo
son realmente tenidas en cuenta, si los be-
neficios del libre cambio son equitativamen-
te repartidos, si las condiciones básicas
de empleo y de protección social, de un
trabajo digno, son respetadas en el Norte
y el Sur del planeta. Si, como se dice, es
necesario moralizar el capitalismo, podría
empezarse por que la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) condiciona-
ra las reglas comerciales al respeto
de los derechos sociales y labora-
les fundamentales establecidos por
la OIT. Si esas y otras cuestiones
centrales se incorporaran a la go-
bernanza europea y mundial segu-
ramente la tentación proteccionista
desaparecería en beneficio de, al menos,
una mayor coordinación europea y, ojalá,
mundial de las políticas de relanzamiento y
de control del sistema financiero. n
LOS AUGURIOS DELGOBERNADOR
Las observaciones realizadas por el Gober-
nador del Banco de España, en esta oca-
sión ante la Comisión del Pacto de Toledo
del Congreso de los Diputados, han acapa-
rado de nuevo el primer plano del debate
nacional. Y tampoco esta vez han estado
exentas de controversia. De su compare-
cencia, tres son los mensajes que han te-
nido mayor repercusión: la afirmación de
que las cuentas de la Seguridad Social po-
drían dejar pronto de estar en superávit, la
hipótesis de aumentar la edad de jubilación
y/o de incrementar el número de años
para realizar el cálculo de la base regula-
dora de las pensiones y, por otra parte, la
pregunta retórica sobre los altos índices
de desempleo en España en relación con
los de otros países europeos.
Alguna de estas cuestiones no figura en el
texto escrito difundido por el Gabinete de
Comunicación del Banco de España y, en
cambio, dicho texto contiene otras posibles
actuaciones en el campo de las pensiones
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Quizá Fernández Ordóñez se encuentre
entre los que sostienen que es actuan-
do desde los partidos de izquierdas como
mejor se pueden llevar determinadas re-
formas liberales.
de importancia igualmente relevante: la re-
ducción de la tasa de sustitución (reducción
del porcentaje de la cuantía de la pensión en
relación con el salario en activo) y la modifi-
cación de la actual compensación a las pen-
siones por la desviación de la inflación (para
hacerla más simétrica con la desviación de
la inflación: no se entiende por lo dicho si
es para que todas las pensiones, las altas
y las bajas, recuperen el mismo porcentaje
o si de lo que se trata es de que las
pensiones también puedan decrecer
en el supuesto de que la inflación final
sea inferior al aumento inicial de las
mismas (esto es lo que había escrito
antes de saber ayer que el Banco de
España se refería a la segunda op-
ción, como era previsible. Algo que
ya el PP intentó hacer en 1997 y
1998 pero que, finalmente, no se
atrevió a hacerlo). Pero vayamos por partes.
reconocimiento.–Las consideraciones y
declaraciones de Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez podrían ser catalogadas de
inoportunas (la difusión de inquietudes y
sombras sobre una de las cuestiones más
sensibles para la opinión pública ha deslu-
cido el estreno del nuevo gobierno) pero
no de novedosas ni incoherentes con su
ideario. Desde hace más de 30 años vie-
ne defendiendo las mismas ideas sobre la
protección social, el mercado de trabajo,
las relaciones laborales, el sector público,
la intervención del Estado.
En mi opinión, pocos tienen en nuestro país
los conocimientos, la inteligencia y la con-
vicción para representar mejor que él un
auténtico pensamiento neoliberal. El actual
Gobernador del Banco de España es –su
trayectoria así lo acredita– un hombre de
convicciones ideológicas firmes: cree en la
regulación por el mercado, cree en una pro-
funda desregulación laboral, cree en la ini-
ciativa privada, cree en las privatizaciones,
cree en la reducción de impuestos, cree en
las pensiones privadas, desconfía del sec-
tor público, opina que los sindicatos son un
factor de rigidez y de corporativismo.
Seguramente por ello, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez se distinguió durante los
mandatos del Presidente Aznar por defen-
der la tesis, a través de brillantes artículos
y declaraciones, de que las realizaciones
de los gobiernos populares –en el sector
eléctrico, en las privatizaciones de empre-
sas y, desde luego, en el campo laboral y
de la protección social– habían sido mu-
cho menos liberalizadoras y mucho más
intervencionistas que las de los anterio-
res gobiernos socialistas. Sus posiciones
no han sido nunca contradictorias con las
orientaciones de fondo de los ministros
económicos que le han promocionado a
las altas instancias que ha ocupado y ocu-
pa (uno de los cuales terminó entrando a
formar parte del laboratorio de ideas de
José María Aznar), aunque siempre se ha
distinguido por la mayor beligerancia y niti-
dez de sus posiciones ideológicas. Todo ello
es perfectamente respetable y solo pone de
manifiesto la coherencia entre lo que dice
y piensa el señor Gobernador. Si alguna in-
coherencia cabe señalar al respecto no es
por lo que el Sr. Fernández Ordóñez piensa
o dice, sino, en todo caso, porque, pensan-
do como piensa, sea miembro del Partido
Socialista. Quizá tampoco eso sea ninguna
incoherencia sino más bien un cálculo racio-
nal y él se encuentre entre los que sostie-
nen que es actuando desde los partidos de
izquierdas como se pueden llevar mejor a
cabo determinadas reformas liberales.
credibilidad.–La coherencia con sus po-
siciones ideológicas no le garantiza, sin
embargo, al Sr. Gobernador el acierto en
sus análisis y pronósticos. Su previsión de
que la Seguridad Social puede entrar en
déficit en el plazo de un año no coincide
con los datos que ofrecen sus ges-
tores. Pretender que el sistema es-
pañol de Seguridad Social, que ha
tenido durante los últimos tres años
el mayor superávit de todos los sis-
temas del conjunto de países de la
OCDE, mantenga el mismo nivel de
superávit en la coyuntura actual es,
evidentemente, imposible. Pero,
aún cuando fuera como dice el Sr.
Fernández Ordóñez ¿por qué poner una
nota de alarma en algo que es común a
todas las cuentas públicas, a las empre-
sas privadas, a las familias… en España y
en la mayor parte de los países europeos?
¿No está, además, previsto en el propio
Pacto de Toledo que, en caso de desequili-
brio en las cuentas de la Seguridad Social,
el Estado debería acelerar la financiación
a su cargo de los complementos de mí-
nimos de las pensiones y otros capítulos
del gasto impropiamente financiados con
cotizaciones? Realmente ¿podemos consi-
derar técnicamente sólido y políticamente
inocuo vincular –bien es verdad que de for-
ma subrepticia y al tiempo que se negaba
su relevancia respecto al problema de fon-
do– un dato coyuntural, como el saldo de
la SS en un año, o en varios, de profunda
crisis económica y del empleo, con otro
estructural, como es la sostenibilidad a
largo plazo del sistema de pensiones? Este
tipo de alarmismos basados en datos co-
yunturales nunca suelen ser, en todo caso,
casuales: siempre tienen la finalidad de
reclamar medidas inmediatas y urgentes.
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los economistas han transmitido sus re-
ferencias económicas y sociales; en vez
de ser analistas, han sido ideólogos.
Hay que decir, por otro lado, que ningu-
no de los muchos pronósticos alarmistas
que se han realizado en nuestro país sobre
la “quiebra” de la Seguridad Social se ha
cumplido. En realidad, este tipo de estima-
ciones y modelos de extrapolación a 40 o
50 años son poco fiables, se prestan a co-
meter grandes errores y, muchas veces,
están claramente escorados por la sobre-
estimación o subestimación de determina-
das variables.
Además, y a mayor abundamiento, no son
los tiempos actuales los más gloriosos
para los pronósticos de los economistas.
Y el Sr. Fernández Ordóñez lo es, además
de estar apoyado en sus pronósticos por
otros muchos. Otro economista, Richard
Dale, británico en este caso a la vez que
menos ortodoxo respecto a las escuelas
que dominan en la actualidad la doctrina
económica, ha señalado que “pese a la
existencia de 4.000 profesores de finan-
zas en el mundo y de miles de trabajos
de investigación publicados cada año”, la
práctica totalidad de los especialistas no
han sido capaces de prevenir a nadie de
la posibilidad de la crisis que ha acaecido.
La razón reside, de acuerdo con este otro
tipo de economistas más autocríticos, en
que la teoría financiera dominante no per-
mite ni siquiera plantear la posibi-
lidad de una crisis, ya que reposa
sobre la hipótesis de la eficiencia de
los mercados y del equilibrio óptimo
de los mismos. La realidad ha veni-
do a desmentir dramáticamente tal
hipótesis.
Esta confianza ciega en los modelos de la
ciencia económica dominante, que se tra-
duce en una fe absoluta en la autorregula-
ción de los mercados es, según algunos de
los economistas en boga, como Dani Ro-
drik o Paul Krugman, la prueba de que “los
economistas han transmitido, demasiado
a menudo, sus propias preferencias eco-
nómicas y sociales. En lugar de ser analis-
tas, han sido ideólogos”. Esto es algo que,
bastante antes de que dichos economistas
estuviesen en candelero, ya se sospecha-
ba en España: desde hace más de veinte
años algunos sectores de la izquierda de
este país, incluidos algunos integrados en
el PSOE, han venido señalando, con mu-
chos fundamentos, que el Banco de Espa-
ña era una entidad doblemente emisora:
de moneda y de ideología.
las propuestas.–Es, no obstante, en el
terreno de las propuestas donde cabe, so-
bre todo, señalar mayores discrepancias
con las observaciones del Sr. Gobernador.
No solo por lo que dice sino, en gran medi-
da, por lo que no dice. Para ser sintéticos,
podemos señalar tres características de
sus propuestas que suelen ser típicas de
una manera de enfocar los desafíos futu-
ros de los sistemas de pensiones.
En primer lugar, la comparación incomple-
ta y parcial con las experiencias de otros
países. Hacer referencia a medidas que se
han adoptado en otros países europeos,
o del conjunto de la OCDE, sobre el retra-
so de la edad de jubilación, la ampliación
de los años de cotización para el cálculo
de las pensiones, la reducción de la tasa de
sustitución de las mismas, la vinculación de
la pensión a la esperanza de vida o la acen-
tuación del sistema hacia un mayor ratio
contributivo, sin situar tales reformas en el
contexto del conjunto del sistema en el que
están articuladas, es un ejercicio más propio
de la propaganda que del análisis riguroso.
Un par de datos pueden contribuir a relati-
vizar este tipo de comparaciones. El pri-
mero: en algunos de los países europeos
el gasto en pensiones representa el 13%
del PIB (Francia, Holanda o Alemania) el
14% (Austria) o cerca del 15% (Italia) y
en torno al 12%, de media, en el conjun-
to de la UE. En España, en cambio, no
llega al 9%. Cabe preguntarse, a la luz de
estos datos, si la insostenibilidad sistémi-
ca que nos anuncian para el año 2050
consistiría, por tanto, en llegar a un por-
centaje de gasto en nuestro sistema de
pensiones que sería un poco superior
al que ya ahora, cuarenta años antes,
destinan a ello otros países de nuestro
entorno. El segundo: es igualmente rele-
vante tener en cuenta que el gasto públi-
co total en España es inferior al 39% del
PIB mientras que en Suecia, por ejemplo,
es superior al 52%. Y en la Europa-15
es del 46%. Probablemente podríamos
reflexionar mejor sobre las medidas de
sostenibilidad y reforma del sistema de
pensiones si incorporamos todos los da-
tos del problema.
En segundo lugar, en este tipo de pro-
puestas solo cabe actuar sobre el gasto,
nunca sobre los ingresos (salvo para apo-
yar fiscalmente a los fondos privados de
pensiones). En las reflexiones del
servicio de estudios del Banco de
España, expresadas por su Gober-
nador, está descartado incremen-
tar las cotizaciones. Y ni siquiera se
contempla la posibilidad de actuar
sobre otras fuentes de financiación
para sufragar las pensiones contributivas.
Y, como si la Seguridad Social fuera una
compañía de seguros y no un sistema de
reparto y solidaridad, se insiste en la con-
tributividad pura. En realidad, solo en 8 de
los 27 países de la UE se financian exclusi-
vamente las pensiones mediante cotizacio-
nes (Zubiri, 2009).
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tendríamos que obstaculizar las prejubi-
laciones propiciadas por las empresas
para deshacerse de los trabajadores ma-
yores y, por tanto, con mayores cargas
sociales.
Tampoco en este tipo de enfoques refor-
madores se aborda nunca en detalle y con
suficiente prioridad el actuar sobre otras
variables que contribuirían a la sostenibi-
lidad del sistema de pensiones: tasa de
empleo, incremento de la productividad del
trabajo, tasa de natalidad, medidas para
favorecer la permanencia en el empleo y
asegurar carreras completas de pensión
de las mujeres trabajadoras o de los tra-
bajadores mayores de 55 años, fórmulas
alternativas para redistribuir los incremen-
tos de la productividad. Más allá de los dis-
cursos generales, donde se reconoce en
abstracto la necesidad de un tratamiento
multifactorial, en el terreno de las pro-
puestas concretas todas ellas tienen que
ver con el gasto. Y específicamente con
el recorte del gasto; es decir, con
el recorte de las pensiones. Tal y
como se plantean, retrasar la edad
de jubilación, aumentar el número
de años para calcular la pensión,
reducir la tasa de sustitución, sus-
tituir la “cotización definida” por la
“prestación definida”, congelar la
pensión máxima, modificar el sis-
tema de revalorización de las pen-
siones... siempre suelen tener un objetivo
apriorístico: recortar el futuro gasto en
pensiones. Y, por ende, el importe de la
mayoría de las mismas.
Un ejemplo de ello es la propuesta de re-
trasar la edad de jubilación. Una medida
que, en pura hipótesis, no es rechazable.
Entre otras cosas porque cabría pensar en
otra distribución de las horas de trabajo a
lo largo de la vida (reducción de jornada,
tiempos sabáticos, etc). En cualquier caso,
el debate sobre la misma, sin embargo,
es inseparable de tres cuestiones. Prime-
ra, que realmente todos los trabajadores
consigan llegar trabajando a la edad de
jubilación (65 años, en nuestro país). La
realidad es que nuestra tasa de empleo de
los trabajadores mayores de 55 años es
más de 30 puntos inferior a la media. Y
la edad real de jubilación en España (una
de las más elevadas de la UE) es de 63,7
años. Antes de proceder a retrasar la
edad de jubilación tendríamos que hacer lo
necesario para que todos los trabajadores
que quieran puedan alcanzar trabajando la
edad legal de jubilación. Y obstaculizar las
prejubilaciones propiciadas por las empre-
sas para deshacerse de los trabajadores
mayores y, por lo tanto, con mayores car-
gas sociales.
Segunda, el debate sobre el retraso de la
edad de jubilación es indisociable de la tasa
de empleo de los jóvenes. Lo que nos plan-
tea la necesidad de aumentar la tasa gene-
ral de empleo en nuestro país. Tercera, es
necesario tener en cuenta el desgaste de
determinadas labores y profesiones. De no
abordar esas cuestiones primero, lo único
que conseguiremos retrasando la edad de
jubilación es precarizar aún más las pen-
siones de la mayoría y favorecer la prolon-
gación de la vida laboral de una minoría
privilegiada que, por las características de
su trabajo, está en condiciones de hacerlo.
En tercer lugar, este tipo de reflexiones y
de medidas de recorte siempre tienen un
beneficiario último: las pensiones privadas.
Como si las mismas estuvieran más prote-
gidas o fueran más inmunes a los desafíos
que plantean fenómenos como la reduc-
ción de la tasa de natalidad o el aumento
de la esperanza de vida, y la consiguiente
disminución del ratio entre activos y pa-
sivos. O como si no hubiera que cotizar
–aportar– para capitalizarlas; o como si és-
tas pensiones privadas estuvieran al abrigo
de los riesgos de la coyuntura económica.
Al hablar del impacto negativo de la crisis
económica sobre las cuentas de la Segu-
ridad Social el gobernador podría haber
realizado también una valoración sobre la
debacle que han sufrido los fondos de pen-
siones privados. ¡Ese tipo de pensiones si
que han evidenciado tener una “sostenibili-
dad” –un valor– bien vulnerable! De hecho,
el 66% de los fondos de pensiones con 17
años de historia han tenido una rentabili-
dad inferior la inflación (Zubiri, 2009). Por
otra parte, de enero a octubre de
2008, las pensiones privadas de la
zona OCDE registraron, según da-
tos de esa organización, una pér-
dida real de cerca del 20% de su
capital.
tasa de paro.–En este apartado, el
Gobernador se limitó a señalar la
conveniencia de mirar hacia otros
países que tienen tasas de paro del 6,
del 7, del 3 o del 4% porque, argumentó,
quizá podamos aprender algo de ellos. Sin
tratar de interpretar lo que el Sr. Fernán-
dez Ordóñez entienda que hay que apren-
der de ese tipo de países, sí conviene co-
mentar algunas cuestiones que podemos
aprender del nuestro y que, sin duda,
explican, al menos en parte, la más ele-
vada tasa de desempleo española. Segura-
mente el servicio de estudios del Banco de
España podrá indicarnos también otras,
pero modestamente sugeriría considerar
las siguientes.
En primer lugar, la mayor tasa de paro
española se explica por el enorme volu-
men de empleo industrial que se perdió en
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9
Somos el país donde más rápido cre-
ce el paro porque en españa es mucho
más fácil despedir que en otros países
europeos.
nuestro país al abandonar la autarquía y
abrir la economía hacia el exterior. Hasta
la segunda mitad de los años 70, la tasa
de desempleo española no superaba el
5%. En solo siete años (de 1977 a 1984)
se pasó a una tasa de paro del 20% y la
tasa de empleo descendió desde el 48%,
en 1977, hasta el 38%, en 1994. Nada
comparable sucedió en nuestros
países vecinos.
En segundo lugar, en nuestro país
la población activa en el campo ha
pasado, en tres décadas, de repre-
sentar un 20% de la población ac-
tiva a suponer menos del 5%. Con
la consiguiente pérdida de centenares de
miles de puestos de trabajo. Fenómeno
que tampoco ha tenido parangón en otros
países europeos. En tercer lugar, en Espa-
ña ha aumentado mucho más la población
activa que en otros países europeos. Ello,
como consecuencia del “baby boom” de los
años 60, de la incorporación de la mujer
al trabajo y, más recientemente, de la en-
trada de inmigrantes. Por ejemplo, entre
1986 y 2006 (Antonio González González,
2009) la población activa en España creció
en 7,9 millones. Mientras que, en el mis-
mo periodo, en Francia aumentó en 3,7
millones, en el Reino Unido en 2,l millones,
en Italia en 1,6 y en Dinamarca ha conoci-
do un ligerísimo retroceso.
Finalmente, en nuestro país crece mucho
más rápidamente el número de parados
porque, entre otras cosas, en España es
mucho más fácil despedir a los trabajado-
res que en otros países europeos. Por su-
puesto, en los contratos temporales. Pero
también en los fijos. Salvo en los despidos
colectivos, que son los únicos en los que
es necesaria una negociación con los sindi-
catos. En los demás –despidos individuales
de tipo improcedente o por causas objeti-
vas– también se despide con mayor facilidad
que en otros países. El mayor precio del
despido improcedente (figura inexistente
o prácticamente inviable en otros orde-
namientos) no es un obstáculo insalvable
para ello.
Lo esencial es que ante el despido impro-
cedente como en los despidos objetivos de
tipo individual, es siempre el empresario el
que tiene la opción de readmisión y éste
opta sistemáticamente por indemnizar y
mantener el despido. En toda Europa la
readmisión en caso de improcedencia o no
justificación del despido es universalmente
una opción del trabajador ya que esta regla
es la esencia misma de la institución del
despido. Evidencias de la facilidad con la
que se despide en nuestro país son el in-
cremento espectacular de la tasa de salida
del empleo indefinido en los últimos años
al tiempo que el índice de paro de larga
duración en España ha pasado a ser, antes
de la presente crisis, uno de los más ba-
jos de la Unión Europea (Antonio González
González, 2009). Seguramente estas no
son todas las razones que explican nues-
tra mayor tasa de paro, pero entiendo que
son algunas de las fundamentales y que no
son frecuentemente destacadas. n
TODOS PRECARIOS
Los trabajadores precarios ya tienen quien
les defienda. Quien les defienda bien. No
como les defienden los sindicatos que solo
pretenden que dejen de ser precarios. Es-
tán surgiendo como hongos empresarios
y directores de recursos humanos, profe-
sores y editorialistas que se erigen en sus
auténticos defensores. Estos sobrevenidos
paladines de la lucha contra la segmenta-
ción del mercado de trabajo y de los tra-
bajadores temporales han encontrado la
mejor solución para evitar el agravio com-
parativo que estos sufren: convertir a to-
dos los trabajadores en precarios.
Para ello proponen establecer un
contrato de trabajo único.
Esta idea ya fue planteada hace cin-
co años por economistas franceses
en sendos informes (Blanchard y
Tirole, 2003; Camdessus, 2004;
Cahuc y Kramarz, 2004).
Dicha propuesta, propiciada y apadrinada
por Nicolás Sarkozy cuando éste era Minis-
tro de Economía y Finanzas y ya candidato
a la Presidencia de la República francesa,
ha sido trasladada a España en las últimas
semanas por un grupo de 95 economis-
tas españoles, que han realizado varias
propuestas de reforma del mercado de
trabajo. De ellas, solo comentaré en esta
ocasión la que propone establecer el men-
cionado contrato de trabajo único. En la
misma línea, la organización empresarial
CEOE propone un contrato también único
pero al que denomina contrato de trabajo
“indefinido no fijo”.
Ambos proyectos coinciden en tres co-
sas fundamentales. En primer lugar, la
eliminación del control judicial para todas
las nuevas contrataciones, salvo en los
despidos discriminatorios (en la primera
propuesta) o en los permisos de mater-
nidad/paternidad (en la segunda). Segun-
do, en equiparar, en una primera fase,
las indemnizaciones por despido de esas
nuevas contrataciones a las que tienen
actualmente la mayoría de los contratos
temporales.
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10
la temporalidad será sustituida por la
provisionalidad permanente; la segmen-
tación no será entre temporales y fijos
sino entre antiguos y nuevos.
En la propuesta patronal ese precio de la
rescisión del contrato estaría vigente du-
rante los dos primeros años del mismo,
para ir luego aumentándola gradualmente
hasta llegar, como máximo, a 20 días por
año. Los expertos abogan, igualmente, por
comenzar por una compensación ligera-
mente superior a los 8 días de indemniza-
ción que tienen establecidos actualmente
los contratos temporales, sin especificar
durante cuánto tiempo regiría la misma y
sin determinar tampoco hasta que cuan-
tía podría llegarse, también de manera
gradual, como indemnización máxima.
Aunque señalan que “a la hora de elegir la
senda de indemnizaciones es importante
evitar un aumento de los costes laborales
medios con respecto a la situación actual”
y que habría que situarla en la media euro-
pea. Y, en tercer lugar, ambas propuestas
hacen desaparecer los despidos colecti-
vos, aunque no lo argumentan explícita-
mente. También desaparecería el despido
procedente que, con lo que se plantea,
resulta inútil mantener ya que de lo que
se trata es de pagar una cantidad menor
que ahora y olvidarse de todos los demás
procedimientos.
El contrato de trabajo único, de tipo
indefinido, no llegó a ser ni siquiera
propuesto y debatido formalmente
en Francia. La propuesta encontró
el rechazo de sindicatos, expertos
de Derecho del Trabajo, otros eco-
nomistas que no pensaban como
los autores de la iniciativa, partidos
políticos (solo UPM lo incorporó a su pro-
grama). Ni siquiera la organización empre-
sarial la hizo suya. Por otra parte, esta
fórmula de contrato de trabajo único es
inédita en el derecho laboral comparado.
Esta propuesta choca con la jurisprudencia
constitucional, que ha deducido la protec-
ción jurídica frente al despido injustificado
como un derecho derivado del art. 24.1
CE, con la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE (art. 30) y con el con-
venio 158 de la OIT, ratificado por España
(Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer,
2009), normas que obligan a nuestro país
y que garantizan la tutela judicial efectiva
ante el despido injustificado. La iniciativa
también vulneraría la directiva europea so-
bre despidos colectivos.
Aunque se denominen contratos “indefi-
nidos” o “indefinidos no fijos” (durante los
dos primeros años de contrato) la realidad
es que estos nuevos tipos contractuales
convertirían a todos los trabajadores que
fueran contratados bajo sus estipulaciones
en precarios. Y todos los trabajadores, in-
cluidos los contratados con anterioridad
a la entrada en vigor de la nueva fórmula
contractual, pasarían a ser tan o más pre-
carios que en la actualidad.
De entrada porque todos los que se contra-
tasen en el futuro de esta forma comenza-
rían, al menos los dos primeros años, como
precarios indefinidos: podrían ser despedi-
dos en cualquier momento sin ninguna justi-
ficación y serían indemnizados con cuantías
equivalentes a las que ahora se dan a los
temporales al finalizar sus contratos. Lo
mismo les pasaría a los actuales contratos
temporales que se reconvirtieran en “fijos”
o a los que pierdan el puesto de trabajo y
sean contratados en otra empresa.
Segundo, porque en el futuro todos los
trabajadores podrán ser despedidos sin
causa –salvo por paternidad/maternidad
o con discriminación y pagándoles lo que
ahora reciben los despedidos por causa
objetiva.
Tercero, porque se pretende acabar con
las consultas, negociaciones y autorizacio-
nes en los despidos colectivos. Es decir, ya
solo habrá despidos individuales sin ningún
tipo de negociación, todo estará predeter-
minado.
Y cuarto, es muy previsible que con las
propuestas que estamos comentando
pasemos de la actual segmentación, vo-
latilidad, y flexi-precariedad de nuestro
mercado de trabajo a otra situación ca-
racterizada por la fluidez y provisionalidad
laboral constante, la flexi-depuración per-
manente de los efectivos y la sustitución
darwinista de los viejos contratos por los
nuevos. La temporalidad será sustituida
por una provisionalidad permanente, cuya
rescisión pueda costar un poco menos o
un poco más dependiendo de cuando se
lleve a cabo. La segmentación no será en-
tre temporales y fijos sino entre antiguos y
nuevos. El mercado de trabajo será objeto
de una nueva ingeniería en la utilización de
los “recursos humanos” para ver
como se sustituye a los viejos, a los
peor formados, a los enfermos, a
las potencialmente embarazadas,
por nuevas contrataciones. Aunque
ello pueda dar lugar a una fuerte li-
tigiosidad, en el supuesto de la pro-
puesta realizada por los expertos.
Un ejercicio, en suma, de depuración la-
boral constante en el que la peor parte la
llevarán los más débiles, una carrera para
evitar que se llegue al umbral de las más
altas indemnizaciones, una estigmatiza-
ción de los que sean despedidos tras cier-
ta antigüedad en el puesto, un obstáculo
estructural para una carrera profesional
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con el contrato único todos los contratos
pasarían a ser desprotegidos indefinidos.
sostenida y continua. ¿Exageración? No
lo creo y, desde luego, no me lo invento:
es la síntesis de las argumentaciones que
se han utilizado en Europa, por parte del
movimiento sindical y de algunos expertos,
para criticar la propuesta del contrato de
trabajo único. El precio de la indemnización
tampoco lo impedirá: ¿qué representa el
precio de la misma, aunque sea elevado el
coste del despido improcedente en nues-
tro país, al lado de repuestos laborales
más baratos, de una arbitrariedad em-
presarial sin contrapeso, de una indemni-
zación futura que se puede amortizar, de
entrada, con menores salarios y se puede
mutualizar y proveer para el futuro si pros-
peran algunas de las propuestas que, si-
multáneamente, se realizan para modificar
la forma de financiar las prestaciones de
desempleo?
En realidad, con lo que se propone,
hablar de contrato indefinido –fi-
gura a la que suelen ir vinculados
una serie de derechos que aquí se
eliminan– no tiene ningún sentido,
salvo el de enmascarar lo que, en reali-
dad, representa la propuesta que se hace.
Todos los contratos pasarían a ser despro-
tegidos indefinidos. Sin tutela judicial, salvo
para excepciones muy tasadas, sin nego-
ciación con las organizaciones sindicales,
sin intervención de la administración. Con
todo el poder en manos del empresario
para rescindir el contrato en cualquier mo-
mento con la sola condición de pagar una
moderada compensación por ello.
Se trata de la generalización del despido
improcedente, con una indemnización más
baja. Se defiende un despido (ad nutum,
lo define la doctrina iuslaboralista) sin con-
troles y al margen de la razón o dimensión
del despido. Un contrato que le da la vuel-
ta radicalmente a la estructura axiológica
del derecho del trabajo, a la jerarquía de
valores que lo impregna: en lugar de dar
prioridad absoluta al empleo como valor se
lo da al “valor”, al precio, del empleo. Esta
propuesta es la expresión más acabada de
algo que siempre está en el imaginario de
algunas cúpulas empresariales: la sustitu-
ción del derecho del trabajo por el derecho
comercial en las relaciones laborales. El
contrato único significa un gran paso hacia
ese derecho mercantil, en el cual la rup-
tura de un contrato simplemente se paga
por una indemnización compensatoria pre-
vista en la firma del mismo.
conclusión.–No parece, por todo lo ar-
gumentado, que el contrato único pudie-
ra remediar las disfunciones de nuestro
mercado de trabajo –algunas de ellas muy
influenciadas por el modelo productivo que
el propio modelo laboral ha contribuido a
crear– sino, más bien, agravarlas. Se me
ocurren tres razones para sostener este
pronóstico.
En primer lugar, la mayor propensión a la
pérdida de empleo en nuestro país está
condicionada, además de por la enorme
temporalidad del empleo y la especializa-
ción en sectores productivos de bajo valor
añadido, por la intromisión perversa de la
figura del despido improcedente en la insti-
tución del despido (también, de hecho, en
los despidos objetivos individuales y en los
colectivos). Esa contaminación explica la
facilidad con la que se despide en España,
mucho más aún desde que Aznar eliminó
los salarios de tramitación. Y esa perver-
sión, en lugar de limitarse o eliminarse, se
generaliza con las iniciativas que comenta-
mos. Si los empresarios están tan preocu-
pados por la precariedad laboral y por el
precio del despido ¿no sería, me planteo,
oportuno acabar con la figura del despido
improcedente (el de los famosos 45 días
de indemnización).
¿No sería más eficaz reforzar la justifica-
ción del despido, definir mejor, si fuera
necesario, las causas objetivas que tiene
que valorar un juez en los despidos justifi-
cables, dar mayor protagonismo a los sin-
dicatos en los procedimientos individuales,
además de en los colectivos, de despido,
implicar a las empresas en los planes so-
ciales de recolocación de los trabajadores,
tener instituciones públicas de intermedia-
ción laboral que funcionen y dejar reposar
en los trabajadores la opción de reinte-
grarse al puesto de trabajo en caso de que
el despido sea declarado injustificado? En
toda Europa la institución del despido se
basa en el derecho del trabajador a no ser
despedido sin causa justificada, no
en cuánto cuesta despedirle. Eso
es lo esencial. Y eso es lo que se
quiere hurtar del debate. ¿Están los
empresarios dispuestos a perder
discrecionalidad y a asumir mayores res-
ponsabilidades en la recolocación de los
trabajadores a cambio de ganar en coste
del despido? Me temo que no.
Es muy contestable, en segundo lugar,
que el contrato único consiga rebajar las
perspectivas de desempleo que tenemos,
o incitar a una mayor creación de em-
pleo. Estoy seguro de que muchos eco-
nomistas, seguramente tan conocidos y
reconocidos como los que han firmado la
“Propuesta para la reactivación laboral en
España”, consideran que ello depende mu-
chísimo más de recuperar el crecimiento
y que éste, a su vez, está condicionado
por la innovación, la relación entre cali-
dad y precio, la demanda, que de las con-
diciones de ruptura de los contratos de
trabajo.
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una gran parte del empleo que tenemos
está concentrado en sectores de muy
bajo valor añadido.
Finalmente, entiendo que las propuestas
no atacan el problema de fondo de nues-
tro mercado de trabajo que, en mi opinión,
se sitúa precisamente en la facilidad del
despido. Una facilidad que actúa como un
contra-incentivo para el establecimiento de
relaciones laborales basadas en la estabili-
dad, en la formación continua, en la trans-
misión del saber implícito en las empre-
sas, en el compromiso con estrategias a
largo plazo y con políticas de organización
del trabajo y de innovación. De relaciones
laborales, en suma, basadas en la partici-
pación de los trabajadores y en la flexibi-
lidad interna. Como es tan fácil despedir
y los salarios de los trabajadores
españoles son, comparativamente,
tan bajos, para qué invertir en todo
ello. El resultado final es una eco-
nomía con muy baja productividad y
con una espantosa volatilidad y pre-
cariedad del empleo.
Al mismo tiempo, como llevamos 30 años
esperando la reforma laboral pendiente
para qué invertir en innovación, en inves-
tigación, en formación, en educación, en
políticas activas del mercado de trabajo,
en dotación de capital, en partenariado
laboral. De tal manera que nuestro mo-
delo laboral es, de forma cada vez más
patente, un freno para abordar otra con-
cepción del modelo productivo que no sea
la basada en el empleo fácil de despedir y
con una proporción de trabajadores muy
escasamente remunerados. Sinceramen-
te, no creo que el contrato único pudiera
remediar esa situación. n
LAS TRES ERRES
En varios artículos anteriores (”La gota
malaya”; “Los augurios del gobernador”;
“Todos precarios”) he abordado diversos
aspectos relacionados con las demandas
de una nueva reforma laboral realizadas
desde sectores distintos, pero todos ellos
identificados con el liberalismo económico.
En aquellos escritos sostengo, básicamen-
te, tres tesis. La primera, que las mayores
tasas de paro en España, desde 1977,
respecto a los países de nuestro entorno
tiene una explicación histórica: incompara-
ble pérdida de empleo industrial y agrícola
y mucha mayor incorporación de contin-
gentes a la población activa. En segundo
lugar, que la solución al modelo laboral que
tenemos –ciertamente insostenible desde
el punto de vista de la protección laboral
del conjunto de los trabajadores y desde
la necesidad de construir un modelo eco-
nómico asentado en mayores niveles de
productividad– no puede fundamentarse,
como se propugna desde los sectores ya
mencionados, en la sustitución de la ac-
tual segmentación por una inseguridad la-
boral generalizada. Sino, más bien, en una
mayor seguridad jurídica de las causas de
despido, en la estabilidad laboral y la cali-
dad del empleo; y en una flexibilidad pac-
tada y sostenible. Y, como tercera afirma-
ción, sostenía que en España se pierde
empleo, en momentos de crisis, mucho
más rápidamente que en otros países
europeos por la sencilla razón –aunque
no sea la única– de que aquí es más fá-
cil despedir que en otros lugares. Por su-
puesto a los contratados temporalmente,
pero también a los fijos. Y ello pese a que
en España el precio del despido improce-
dente es superior.
¿Por qué se pierde empleo en España
mucho más rápidamente que en otros
países europeos que están sufriendo una
recesión económica más severa que la
nuestra? Algo tiene que ver con ello, des-
de luego, nuestra mayor dependencia del
ladrillo. Y el que una gran parte del em-
pleo que tenemos está concentrado en
sectores de muy bajo valor añadido. Pero
seguramente es más determinante el que
en España se recurre con mucha más fa-
cilidad que en otros países a la rescisión
de los contratos. Este no es el patrón de
comportamiento que utilizan algunos de
nuestros socios comunitarios: en Alema-
nia y en otros países de la UE el despido es
el último ratio.
¿Es ello debido a que los empresa-
rios de esos países tienen una ma-
yor conciencia social? Puede que
sea así y que ello influya, pero no
parece que ese sea el elemento que
determine un comportamiento tan
diferente. La explicación fundamental hay
que buscarla en sistemas de despido cuyo
pilar central no es el precio de la rescisión
del contrato y que, en su conjunto, resul-
tan más protectores del empleo. Y, espe-
cialmente, en la existencia de mecanismos
de negociación con las organizaciones sin-
dicales y/o con los representantes legales
de los trabajadores. También tiene que ver
con el compromiso de las empresas en la
recolocación de los trabajadores. Mecanis-
mos, todos ellos, que están pensados para
ser activados antes de recurrir a la ruptu-
ra laboral. Estos instrumentos alternativos
se agrupan en torno a las denominadas
tres R: retener, reclasificar y reubicar. En
el caso español, las empresas recurren
directamente a la cuarta R: rescindir; en
otros países de la UE, sobre todo ante una
crisis como la actual, tratan de activar pri-
mero las otras tres.
Varios países europeos, como Alemania
y Francia, han favorecido acuerdos para
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Sería muy necesario que desde el diálogo
social se impulsaran medidas para rete-
ner, reclasificar y reubicar a los trabaja-
dores y evitar la pérdida de empleos.
mantener y retener el empleo. Mediante
la reducción de las horas de trabajo (y,
correspondientemente, del salario) la apli-
cación de subsidios de desempleo parcial
y de subsidios de formación. O a través
del establecimiento o ampliación de pres-
taciones de desempleo o de garantías de
empleo para quienes no tienen derecho a
otro tipo de prestaciones con aportación
de ingresos. También están tratando de
apuntalar el empleo con programas e ini-
ciativas específicas para los grupos más
vulnerables, como las mujeres que vuelven
al mercado de trabajo tras una licencia de
maternidad, los trabajadores inmigrantes
y los jóvenes.
los jóvenes, emergencia nacional
Tomar iniciativas sobre este último colecti-
vo es, en España, particularmente urgen-
te. La situación de los jóvenes en nuestro
país es de auténtica emergencia nacional.
Según la encuesta de población activa del
primer trimestre de este año 808.500
jóvenes entre 16 y 24 años están sin tra-
bajo, 308.000 más que hace un
año. De tal manera que la tasa de
paro juvenil alcanza el 35,7% y la
temporalidad en esa franja de edad
es del 5l,7%. Es decir, el 87,4% de
nuestros jóvenes empleados está
parado o es precario. A todo lo cual
habría que añadir las cifras referi-
das al fracaso y abandono escolar, a la in-
comparablemente tardía emancipación de
los jóvenes de los hogares en nuestra so-
ciedad y al enorme porcentaje de jóvenes
con salarios muy bajos.
En segundo lugar, recalificar profesional-
mente. También en este campo podemos
rastrear ejemplos interesantes de algunos
países europeos que están realizando un
gran esfuerzo de reclasificación profesio-
nal mediante grandes programas de for-
mación, tanto para los parados como
para los trabajadores en activo. Muchos
de los trabajadores actuales van a tener
que adquirir nuevas cualificaciones para
poder mantenerse en el empleo o para
encontrar empleo en otros sectores dis-
tintos a los que han estado trabajando
hasta ahora. O para adecuarse profesio-
nalmente a una transformación del mode-
lo productivo que, por distintas razones,
todos los países van a tener que acome-
ter. Actuaciones de este tipo también se
están planteando fuera de Europa: Cana-
dá, por ejemplo, ha creado un fondo de
1.500 millones de dólares estadouniden-
ses para la formación de los trabajadores
despedidos. Para la eficacia de todas es-
tas tareas, la renovación de los servicios
de empleo resulta esencial.
Acuerdos y medidas, finalmente, para tra-
tar de reubicar a los trabajadores. Median-
te fórmulas de movilidad interna dentro de
las empresas. O bien a través de progra-
mas que ofrecen un empleo o una activi-
dad formativa a los jóvenes desempleados.
Ante el incremento del desempleo juvenil
incluso en algunos países, como Francia,
se está ensayando la puesta en marcha
de programas de utilidad social. Otros paí-
ses están poniendo en marcha iniciativas
orientadas a recolocar en otros sectores
productivos a los colectivos laborales es-
pecialmente afectados por el desempleo,
como los inmigrantes. También hay quie-
nes intentan ampliar las oportunidades de
empleo mediante el desarrollo de peque-
ñas empresas y del trabajo autónomo.
Pese a los positivos datos de la última en-
cuesta de paro registrado, es de temer
que el crecimiento débil se va a instalar
durante algún tiempo. Hay que tener en
cuenta, además, que la remontada del
empleo es previsible que se produzca,
como han puesto en evidencia anterio-
res crisis, bastante después de que se
recupere el crecimiento económico. Por
ello, además de sostener el crecimiento
con planes de inversión, como el Fondo
Estatal de Inversión Local, sería muy ne-
cesario que desde el diálogo social se im-
pulsaran este otro tipo de medidas, como
las que algunos de nuestros socios comu-
nitarios están utilizando para retener, re-
clasificar y reubicar a los trabajadores. Y
para evitar, en todo lo posible, la pérdida
de empleos. n
LA IZQUIERDA DIFUMINADA
Pocas han sido, finalmente, las noveda-
des que nos han deparado las elecciones
al Parlamento Europeo (PE). Como se
esperaba, han ganado los conser-
vadores; en varios países (Reino
Unido, Finlandia, Holanda, Hun-
gría) la ultraderecha más nacio-
nalista, xenófoba y eurofóbica ha
alcanzado porcentajes superiores
al 15%; los socialdemócratas han
visto reducir globalmente su nú-
mero de escaños (aunque hayan subido
en porcentaje electoral en Grecia, Slova-
quia, República Checa e Irlanda) y, en los
grandes países, sobre todo en Inglaterra
y en Francia, han sufrido descensos im-
portantes. Las formaciones de la izquier-
da más radical tampoco han ganado, en
su conjunto, posiciones. La mayor sor-
presa la ha deparado el ascenso de los
verdes, especialmente en Francia; y, en
menor medida, el auge de nuevas forma-
ciones, como la Italia de los Valores, del
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14
juez Di Pietro, o la formación política de
Rosa Díez, UPyD, en España.
Estas elecciones han estado marcadas,
sin embargo, por dos (aparentes) para-
dojas. Por un lado, la abstención ha ro-
zado el 57% mientras que las encuestas
indican que las opiniones públicas en la
mayoría de los Estados miembros siguen
siendo pro europeas. Por otro, al tiem-
po que la crisis económica está poniendo
de nuevo en valor las tesis tradicionales
de la socialdemocracia y la intervención
de los Estados en la actividad económica
(nacionalización de bancos y de empre-
sas, como General Motors, inversiones
públicas para activar la demanda y el con-
sumo con el consiguiente incremento de
los déficit públicos, aumento de impues-
tos), son las formaciones socialdemócra-
tas y socialistas las más castigadas por
las urnas.
El incremento de la abstención es
una tendencia continuada a partir
de las primeras elecciones directas
al PE, en 1979. A pesar de la crisis,
del incremento de competencias
del PE, de los desafíos de futuro
que tiene planteados la Unión Euro-
pea. La inmensa mayoría de los gobiernos
de la UE (21 de 27) son conservadores y
cabía suponer que la posibilidad de infligir
“votos de castigo” a los gobiernos naciona-
les, algo típico en este tipo de elecciones,
podría haber movilizado al electorado de
izquierdas en algunos de esos países. A
pesar de todo ello la abstención ha seguido
creciendo. Y, especialmente en esta oca-
sión, la de los electores de izquierda.
Seguramente este comportamiento no es,
en realidad, tan paradójico. La mayoría de
los ciudadanos son europeístas pero no
encuentran suficientes elementos simbóli-
cos, ideológicos y políticos que les hagan
sentirse implicados. De hecho, tienen más
tendencia a participar en estas elecciones
los ciudadanos ultranacionalistas que es-
tán contra la “intromisión” europea en las
esencias y decisiones nacionales. Tam-
bién se moviliza mucho más a los ciuda-
danos cuando –como ha sucedido con los
referendos sobre los Tratados– conside-
ran que el debate europeo les afecta y en-
tienden que sí pueden realmente influir en
la decisión que está en juego. Pero habi-
tualmente su participación es decreciente
porque la Unión Europea sigue sin concre-
tar el “salto político” que lleva prometien-
do treinta años. En el terreno simbólico,
parece imposible vivir un sentimiento de
pertenencia común cuando no hay acuer-
do sobre lo que define a Europa. Tampoco
existe un espacio público europeo ni listas
europeas de los partidos políticos; en pro-
piedad tampoco cabe hablar de partidos
políticos europeos, ni es de entre los euro-
parlamentarios elegidos de donde surgen
los Comisarios (ministros) de la Comisión
Europea. No son tampoco, todavía, los
parlamentarios europeos quienes eligen
al Presidente de la Comisión. E incluso
cuando se introducen en los Programas
de las corrientes políticas europeas me-
didas concretas (como ha sucedido, en
esta ocasión, en el programa electoral de
los socialistas europeos) estas no logran
penetrar en los debates nacionales. Para
acentuar aún más esta falta de contornos
precisos de la identidad europea, el pro-
yecto de Tratado de Lisboa, en proceso
de ratificación, ha renunciado al término
de “constitución” y, más simbólicamente,
a la bandera de la Unión, a su himno, a su
divisa “unida en la diversidad”, a su fiesta
del 9 de mayo y hasta ha desaparecido
la afirmación oficial de que el euro es la
moneda de la Unión.
En el terreno político, en lugar de articular
una respuesta única y coordinada frente
a la crisis, lo que impera en la UE son
las respuestas estatales, el soporte pú-
blico a las industrias nacionales, los lla-
mamientos a conservar en cada territorio
las inversiones y las empresas, las deva-
luaciones monetarias competitivas en los
países que no forman parte del euro, las
invocaciones a comprar nacional o a dar
prioridad a los empleos nacionales. Al
tiempo que se denosta el proteccionismo,
en la práctica, se pone el mercado úni-
co en cuestión. Hasta el punto de que el
peligro de resquebrajar el mercado único
será uno de los primeros a los que habrán
de enfrentarse los parlamentarios
recién elegidos. Lo más grave es
que estas tendencias renaciona-
lizadoras no son únicamente co-
yunturales ni tienen su origen en
esta crisis: encuentran su caldo
de cultivo en una concepción del
mercado único cada vez más es-
trecha y unidimensional, como espacio de
competición económica, de concurrencia
fiscal y de nivelación hacia abajo de las
normas sociales.
Los ciudadanos europeos echan en fal-
ta, así mismo, una Europa que pese
realmente en el mundo. Europa sigue
hablando con varias voces en los foros
internacionales y la incapacidad de la
UE para actuar colectivamente le hace
dependiente ya sea de Estados Unidos,
en temas de defensa, en sus relaciones
con Rusia, en cuanto a la energía, ya sea
cada vez más de China para las importa-
ciones industriales.
la mayoría de los ciudadanos son euro-
peístas, pero no encuentran suficientes
elementos simbólicos, ideológicos y polí-
ticos que les hagan sentirse implicados.
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la izquierda de la izquierda es incapaz de
formular un modelo de sociedad y de re-
coger el desencanto del electorado.
dos “almas europeas”
En el campo ideológico, las dos “almas
europeas” –la de la Europa/mercado y la
de la Europa/política, la concepción libre-
cambista y la concepción federalista– han
sido, a lo largo de la historia europea,
capaces de alcanzar compromi-
sos. Pero desde hace más de una
década el impulso federalista se
ha desinflado y paulatinamente la
UE se hace cada vez más intergu-
bernamental y más liberal. Como
consecuencia de ello, para muchos
ciudadanos las orientaciones y decisiones
que emanan de la Unión representan más
una amenaza que una esperanza.
Todo ello explica que las elecciones euro-
peas hayan ido desembocando en una es-
pecie de macro encuestas nacionales sin
apenas incidencia en las políticas europeas.
Los eurodiputados de las formaciones de
izquierda y progresistas recién elegidos
van a tener que afrontar en los próximos
cinco años grandes desafíos. El primero
de ellos es lograr una coalición capaz de
hacer frente a la derecha en la Comisión,
con la previsible presidencia de Barroso.
Solo faltaría que la del Consejo Europeo la
ocupara Blair, el segundo de la foto de las
Azores. Tampoco es de descartar, aun-
que sea más improbable, que también la
del PE recaiga en un conservador. Pero,
sobre todo, y sin dejar de responder a
las cuestiones “menores” como la estan-
darización de los cargadores de móviles,
el etiquetado de los productos alimenti-
cios, la composición del vino rosado o, de
nuevo, la directiva de tiempo de trabajo...
sus señorías tendrán que afrontar el de-
safío mayor de la profundización política
de la UE.
La segunda paradoja es así mismo bas-
tante explicable. De entrada, porque la
respuesta que están dando los gobiernos
europeos (la mayoría conservadores, como
ya hemos señalado) y, por supuesto, el go-
bierno estadounidense está dentro de la
ortodoxia keynesiana y socialdemócrata.
Se apropian de las soluciones que forman
parte del corpus doctrinal de la izquierda y
se benefician de los amortiguadores socia-
les montados por la izquierda, pero sin la
izquierda o contra la izquierda. Segundo,
porque todos los gobiernos están plan-
teando respuestas bastante parecidas.
Lo que nos lleva a la tercera razón: la so-
cialdemocracia no ha sabido diferenciarse
con una alternativa propia, que respon-
diera sobre todo a los problemas vincula-
dos a la desigualdad y a los riesgos que
afectan en esta crisis a la mayoría de los
ciudadanos. Ello tanto por insuficiencia de
masa crítica ideológico-estratégica como
por falta de coherencia entre sus distintos
componentes.
Cuarto, y fundamentalmente, debido a que
el discurso y las políticas socialdemócratas
se han ido convirtiendo en demasiado borro-
sas, desdibujadas y acomplejadas respecto
al núcleo central de la ofensiva neoliberal
que nos asola desde hace más de 30 años,
y que ponen en cuestión el modelo de so-
ciedad basado en el derecho del trabajo y
la protección social. Con fórmulas algo más
suaves, es cierto, ha seguido la senda de las
reformas laborales, de las privatizaciones de
sectores industriales, de los recortes y pri-
vatizaciones, parciales o totales, de los sis-
temas públicos de pensiones, de salud, de
enseñanza, de la reducción de los impuestos
directos y el aumento de los indirectos. In-
cluso en el ámbito del lenguaje la izquierda
de gobierno se ha desarmado. Por ejemplo,
las reformas, ahora llamadas modernizacio-
nes, ya no significan progreso, como cuan-
do eran una bandera de la izquierda: ahora
significan, casi siempre, contra-reformas,
vueltas atrás sobre las conquistas
realizadas. Y no es una cuestión de
detalle, sino de fondo. Todo ello ha
repercutido en la pérdida de credibili-
dad, en general, de esa izquierda de
gobierno. De hecho, la derecha no
gana porque pasen a votarle secto-
res de izquierda: gana por la abstención de
los votantes de izquierda.
En fin, porque la izquierda de la izquierda,
la izquierda más radical, es incapaz de
formular un modelo de sociedad ya que,
como señala Edgar Morin “el izquierdismo
sufre actualmente de un revolucionarismo
sin revolución”. Y, por tanto, no es capaz
de recoger el desencanto que se extiende
entre el electorado de los partidos mayori-
tarios de la izquierda.
Parece evidente y urgente la necesidad
de que la izquierda en general y el socia-
lismo/socialdemocracia en particular de-
diquen un esfuerzo más intenso a analizar
los cambios que se han producido en el ca-
pitalismo y los nuevos y viejos riesgos a los
que están sometidos los ciudadanos, es-
pecialmente los trabajadores. Este análisis
debería llevarles a articular, a corto plazo,
respuestas diferenciadas frente a la crisis
y, a largo plazo, una nueva regulación del
capitalismo y las bases de una nueva ciu-
dadanía social. La crisis está sacando a
la palestra conceptos impensables hace
apenas un año: “nacionalizar”, “limitar las
remuneraciones de los gestores empre-
sariales”, “planes masivos de inversión
pública”, “aumento de impuestos”. Es la
ocasión para que las fuerzas de izquierda
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y progresistas impulsen un nuevo modelo
de desarrollo económico, social y medioam-
biental. Es cierto que, desgraciadamente,
cabe preguntarse si están preparadas
para ello, pero no cabe duda de que se ha
abierto una oportunidad para hacerlo. n
EL TRABAJO EN EL CENTRO DELA SALIDA DE LA CRISIS
Aunque coincidentes en el tiempo y en el
tema central analizado –la respuesta a la
crisis–, las resoluciones y los debates de la
recién acabada 98ª Conferencia de la OIT
han tenido poco que ver con los diagnós-
ticos y las recetas defendidas por
José María Aznar y por Gianfranco
Fini en la inauguración de la Escue-
la de Verano de la Fundación FAES.
Pese a que el ex presidente del Go-
bierno alardea de poseer las fórmu-
las del éxito económico y de la crea-
ción de empleo, los representantes de los
Gobiernos, de las organizaciones empresa-
riales y sindicales reunidos en Ginebra han
consensuado un conjunto de conclusiones
muy alejadas de los postulados que defien-
de el think tank que aquel preside.
La Organización Internacional del Trabajo
[http//www.ilo.org/global/lang-es] no ha
sostenido, como Aznar, que la crisis sis-
témica que padecemos se deba a la ne-
gligencia de los vigilantes (los reguladores
públicos) sino, básicamente, al fallo de los
mercados financieros. Y, sobre todo, a un
modelo capitalista basado en el aumento
de las desigualdades sociales. Desigualda-
des que especialmente han sido causadas
por la progresiva erosión de los derechos
y las protecciones vinculadas al trabajo
asalariado. Consecuente con ello, la OIT
plantea colocar de nuevo el trabajo en el
centro –mediante un Pacto Mundial para
el Empleo–, tanto de las políticas de recu-
peración frente a la crisis como del cambio
que es imprescindible llevar a cabo en el
actual modelo de desarrollo.
Tampoco la OIT, que precisamente este año
celebra el 90 aniversario de su creación,
ha defendido la reducción de impuestos
como la mejor vía para reactivar la econo-
mía. Al contrario, en sus conclusiones se
sostiene que las reducciones fiscales son
menos eficaces que el gasto ya que éste
dinamiza la economía y es un multiplica-
dor fiscal. Sobre todo cuando son gastos
multiplicadores de empleo, como el apoyo
a los servicios públicos, las inversiones e
infraestructuras con alto coeficiente de
empleo, las medidas sociales destinadas a
asegurar rentas de los grupos vulnerables,
el apoyo a la reducción del tiempo de tra-
bajo en empresas sostenibles.
Inútil es, igualmente, buscar entre los prin-
cipios y las respuestas que estructuran el
referido Pacto Mundial para Empleo algu-
na referencia a la necesidad de reformas
laborales o abaratamientos del despido.
En lo que se insiste, por el contrario, es
en la necesidad de reforzar las normas
laborales, la negociación colectiva y el diá-
logo social y en las políticas destinadas a
mantener el empleo. Con fórmulas como
las que se están empleando en Alemania,
un país en el que la recesión está siendo
más profunda que en otros pero donde el
desempleo ha aumentado mucho menos.
Frente al despido fácil como respuesta a
la crisis, característica de los países euro-
peos que están perdiendo mayores porcen-
tajes de empleo, como España e Irlanda,
los alemanes recurren masivamente a
otras medidas paliativas como el llamado
kurzarbeit (trabajo corto), que consiste en
reducir el tiempo de trabajo anual. Las em-
presas reducen los salarios mensuales en
proporción a las horas trabajadas y el Es-
tado compensa dos tercios de los salarios
perdidos por los trabajadores. Esta forma
de “paro parcial” se articula a través de
la negociación colectiva y es una fórmula
que ha sido impulsada decididamente en el
plan alemán de relanzamiento económico.
La adopción del Pacto Mundial para el
Empleo en la 98ª Conferencia de la OIT
constituye un hito en la historia de esta
institución. Fundamentalmente por
la prontitud en reaccionar ante un
problema como la crisis que atra-
vesamos. No obstante, el Pacto
no es, no puede serlo, una norma
internacional sino un conjunto de
orientaciones comunes para las po-
líticas nacionales e internacionales. Tiene
el valor añadido de haber logrado el con-
senso de trabajadores, empresarios y go-
biernos tanto en la identificación de una
serie de medidas urgentes para salir de
la crisis como en la orientación hacia una
economía global más justa, sostenible y
equilibrada.
Más allá de que en esta Conferencia se
haya puesto de manifiesto una cierta re-
valorización de la OIT, la revitalización de
la justicia social en el ámbito internacional
pasa por una profunda transformación en
tres cuestiones esenciales.
La primera es colocar, de nuevo, a las
personas en el corazón del orden interna-
cional. Lo que se había logrado tras la se-
gunda guerra mundial, con la Declaración
de Filadelfia de 1944, es decir colocar la
dignidad humana como objetivo principal
del comercio y del orden internacional,
la adopción del pacto Mundial para el
empleo constituye un hito e la historia de
la Oit.
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la incidencia de las normas del comercio
internacional sobre las relaciones labora-
les es muy negativa.
ha sido totalmente trastocado 60 años
después. El objetivo actual de los Estados
en su acción internacional es la libre cir-
culación de capitales, de mercancías y
de servicios así como el reconocimiento
universal de la propiedad intelectual. Las
normas sociales solo son admitidas como
un corolario de este objetivo y en la medida
en que puedan contribuir al mismo. El libre
cambio se ha convertido en un principio
superior a la protección de los trabajado-
res y los derechos sociales y éstos, incluso
si son fundamentales, deben subordinarse
a la libre competencia y a los derechos de
establecimiento. Algo que se ha puesto de
manifiesto, incluso en el territorio de la UE,
con las recientes sentencias del Tribunal
Europeo de Justicia (Laval, Viking, etc.).
En segundo lugar, es necesario dotar de
fuerza vinculante a las normas sociales.
Si bien las normas internacionales de la
OIT gozan de merecido prestigio y reco-
nocimiento, sufren de dos debilidades. La
primera es su carácter poco vinculante. La
fuerza de obligar de los convenios
de la OIT está doblemente limitada
por el carácter voluntario de su ra-
tificación por parte de los Estados
y por la ausencia de un verdadero
recurso jurisdiccional que permitie-
ra sancionar sus violaciones. Aún
menos vinculantes son los compromisos
voluntarios adquiridos bajo el concepto de
la Responsabilidad Social de las Empresas.
La segunda debilidad de las normas inter-
nacionales del trabajo viene dada por el he-
cho de que la mayoría de ellas se refieren
al empleo asalariado, es decir una forma
de trabajo que sigue siendo minoritaria en
muchos de los países del mundo, entre
ellos algunos de los más poblados.
En tercer lugar, hay que vincular las reglas
sociales y las comerciales. A diferencia de lo
que pasa con las normas sobre el trabajo,
las normas internacionales del comercio son
muy vinculantes. Ley dura, no soft law. Por
otra parte, la liberalización de los merca-
dos de capitales y de mercancías ha dado
pie a que por la vía de la actuación de las
instituciones que rigen el comercio inter-
nacional o de las Instituciones Financieras
Internacionales se realicen una especie de
“normas sociales implícitas”. Es el caso de
los planes de ajuste estructural, condicio-
nados e impuestos a muchos países por
parte del Fondo Monetario Internacional.
O las normas contables internacionales
que determinan las políticas sociales de
muchas empresas en mayor medida que
los convenios de la OIT. La incidencia de las
normas del comercio internacional sobre
las relaciones de trabajo es, igualmente,
muy negativa. La política de liberaliza-
ción del comercio internacional ha venido
acompañada, en efecto, de profundas re-
formas del derecho comercial, cuyo impac-
to sobre la “seguridad” de los trabajadores
ha sido muy considerable. Habría, por ello,
que acabar con esta desconexión entre
objetivos económicos y financieros, por un
lado, y objetivos sociales, por otro. Algo
que forma parte, hoy por hoy, del ADN de
la dimensión internacional del derecho de
sociedades, del derecho contable y del de-
recho de libre competencia. n
AÑO EUROPEO DE LA LUCHACONTRA LA POBREZA YLA EXCLUSIÓN SOCIAL
Hoy, jueves día 21 de enero, se inicia
oficialmente, con la Conferencia que la
Presidencia española de la UE organiza
en Madrid, el Año Europeo de la Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Hace diez años, uno de los objetivos de
la Estrategia de Lisboa recién puesta en
marcha preveía la erradicación de la po-
breza en el espacio europeo en el hori-
zonte de 2010. No solo no se ha cumpli-
do el propósito sino que la realidad actual
es peor que la de hace una década. Un
16% de los europeos –unos 80 millones
de personas viven por debajo del umbral
de pobreza (es decir que viven con me-
nos del 60% de la renta mediana de su
país); uno de cada diez europeos vive
en una familia donde nadie trabaja; en
la UE hay 19 millones de niños pobres;
entre 1997 y 2007 el número de traba-
jadores temporales ha aumentado en 10
millones, un 20% tienen un contrato a
tiempo parcial (y por lo menos una quinta
parte de ellos de forma no elegida), 27
millones son trabajadores autónomos –a
veces por voluntad propia, otras muchas
de manera no elegida– económicamen-
te dependientes, 31 millones de
trabajadores sobreviven con un
salario muy bajo y hay 19 millones
de trabajadores con ingresos in-
feriores al umbral de pobreza. El
paro supera el 10% en la Unión
Europea y afecta a 23 millones de
personas. Letonia, con el 22,3% y Espa-
ña, con el 19,4%, encabezan los mayo-
res porcentajes de desempleo. El desem-
pleo juvenil se ha incrementado en cinco
puntos en un año, alcanzando el 21% en
el conjunto de la Unión y, en España, el
43,8%: el porcentaje más alto de la UE y
más del doble que la tasa europea.
España ocupa, según el Eurobarómetro del
mes de septiembre de 2009, el cuarto lu-
gar de la UE-27, tras Rumanía, Bulgaria,
Lituania, por el porcentaje de la población
(20%) afectada por la pobreza.
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Sería imprescindible dotar de los medios
de financiación suficientes a los sistemas
de protección social para que puedan
desempeñar plenamente su papel.
Esta situación no es imputable, únicamen-
te, a las consecuencias sociales de la cri-
sis financiera que ha aquejado al conjunto
de la economía mundial. Es, sobre todo, el
resultado de políticas de la Unión Europea,
en el seno de la cual se ha dado priori-
dad al crecimiento económico y al empleo
precario, al “empleo a cualquier precio” en
expresión de la Confederación Europea de
Sindicatos. Abandonando de hecho uno de
los pilares iniciales de la Estrategia de Lis-
boa: el trabajo de calidad y el desarrollo de
la protección y de la cohesión social.
Con la crisis, la situación se ha ido agra-
vando. Tanto en términos de desempleo,
como ya hemos señalado, como por la re-
ducción en muchos países de los gastos
sociales (Letonia, por ejemplo, ha redu-
cido un 15% el salario de los empleados
del sector público). Y las presiones
de los organismos internacionales
(FMI, OCDE) y de la misma Comisión
Europea para reducir los déficits
públicos antes de que se restablez-
ca el crecimiento económico y la
creación del empleo, amenaza con
nuevos recortes. Las pensiones,
especialmente las pensiones privadas, han
sufrido un fuerte deterioro. La financiación
de los sistemas de protección social ha
sido sistemáticamente erosionada por las
políticas de exoneraciones y reducciones
fiscales a favor de las empresas y las ren-
tas del capital (sin que ello haya servido
realmente para aumentar las tasas de em-
pleo). A su vez, el aumento del paro deri-
vado de la crisis repercute negativamente
sobre la financiación de los sistemas de
protección social, sin que, sin embargo,
en ningún caso se quieran abordar otras
formas de financiación no dependientes
del empleo.
Según una encuesta del “Eurobarómetro”,
del mes de septiembre del año pasado,
los ciudadanos europeos son muy cons-
cientes de los riesgos de pobreza y ex-
clusión que se incrementan en la UE. Un
73% estima que la pobreza está aumen-
tando en su país; para el 56% de los eu-
ropeos, son los parados los más expues-
tos a la pobreza, así como los que tienen
un empleo precario (para el 31%). Un
41%, en cambio, considera que son las
personas mayores los más vulnerables,
sobre todo si se piensa que un trabajador
pobre terminará siendo un jubilado pobre;
igualmente, un 74% de los ciudadanos
europeos considera que la pobreza es un
obstáculo fundamental para encontrar un
empleo.
Para el movimiento sindical europeo, el
año de lucha contra la pobreza y la exclu-
sión tendría que servir, en primer lugar,
para reforzar los sistemas de protección
social. Y para entender ésta no solo, ni
fundamentalmente, como un sistema pa-
sivo de transferencia de recursos sino
como un factor esencial de inversión
productiva. Asegurando, para ello, pen-
siones adecuadas y suficientes para los
jubilados, prestaciones que son también
fuente de consumo y actividad económi-
ca. Desarrollando sistemas de salud de
calidad que, con políticas preventivas,
mejoren el nivel sanitario pero también
aminoren los gastos del sistema. Imple-
mentando, dentro de los sistema de Se-
guridad y de Asistencia Social, la atención
a las personas dependientes y la atención
a la infancia. Creando de esa manera
nuevos nichos de actividad y empleo. Ga-
rantizando las transiciones profesionales
de los trabajadores, sobre todo cuando
pierden su puesto de trabajo, lo que favo-
rece la recolocación y el mantenimiento
de la profesionalidad.
En segundo lugar, sería imprescindible
dotar de los medios de financiación su-
ficiente a los sistemas de protección
social para que puedan desempeñar ple-
namente su papel. La tendencia a una
protección social de mínimos y de políti-
cas para pobres solo conduce a pobres
políticas. La protección social, pese a su
debilitamiento en las últimas décadas,
sigue siendo un gran dique contra la
pobreza. Sin ellas, un 36% de ciudada-
nos europeos pasarían a engrosar ese
16% que ya es pobre. Pero, además de
prevenir la pobreza, los sistemas de pro-
tección social contribuyen podero-
samente a mantener los vínculos
sociales y la cohesión social. Y es
por tanto un factor esencial de
creación de oportunidades para
todos y de ciudadanía social. Los
sistemas de protección social son,
como se está evidenciando espe-
cialmente en estos dos últimos años, un
amortiguador social de las crisis. Y, por
lo tanto, un estabilizador económico im-
prescindible.
En España, según datos de 2007, antes
de la crisis, el 37% de los parados se
encontraba bajo el umbral de pobreza. El
riesgo precariedad afecta sobre todo a
los jóvenes (más del 85% de los jóvenes
menores de 25 años son en nuestro país
parados o tienen un contrato precario) y a
las mujeres. Por otra parte, si nos fijamos
en el riesgo que afecta a los empleados
con bajos salarios, en 2007 un 11% de
los empleados en España –tres puntos por-
centuales más que en la UE– no generaba
rentas de trabajo suficientes para situar
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en estados unidos, irlanda y españa es
muy fácil para las empresas ajustar sus
efectivos y, en consecuencia, han proce-
dido a despedir masivamente.
a sus familias por encima de la línea de
pobreza. Otro dato muy significativo es el
referido al fracaso escolar que, en nues-
tro país, afecta al 34% de los jóvenes. Los
emigrantes están, igualmente, sobreex-
puestos a la pobreza ya que en ese colec-
tivo un 30% (10 puntos por encima de la
media) se sitúa en el ámbito de la
pobreza. El factor edad es también
particularmente sensible a la pobre-
za ya que la misma afecta al 30%
entre los mayores de 64 años.
El año europeo de la lucha contra
la pobreza y la exclusión social de-
bería, en suma, adoptar medidas
para actuar en pro de la calidad del em-
pleo y de la mejora de los salarios. Para
lo que es imprescindible reforzar los de-
rechos vinculados al trabajo y el papel de
las organizaciones sindicales. También
repartir de manera mucho más equitativa
la riqueza inmaterial del conocimiento. Y
desarrollar servicios sociales y sanitarios
públicos de calidad, cuestión que es inse-
parable de un sistema fiscal más justo,
equitativo y suficiente. n
CAMBIAR DE ENFOQUE
El aumento del desempleo y la persisten-
cia de altas tasas de paro es, sin duda,
la principal amenaza que pende sobre la
recuperación económica. A nivel global y
aún en mayor medida en España. El ahorro
de las familias, preocupadas por el futuro,
y el descenso del poder adquisitivo, bien
por estar en paro y sin prestación de des-
empleo o porque los trabajadores se ven
abocados a aceptar empleos menos remu-
nerados, incide sobre el consumo y sobre
la capacidad de recuperación económica.
La crisis ha puesto en evidencia, no obs-
tante, que no todos los países se han visto
afectados de igual manera por el desem-
pleo. La tasa de paro de EEUU, por ejem-
plo, se ha más que duplicado en dos años,
pasando del 4,6%, en 2007, al 9,8% en
septiembre de 2009. El incremento es
aún más acentuado en España o en Ir-
landa. Estos dos países europeos son los
únicos de la UE en los que la caída del em-
pleo es mucho mayor que la del PIB. En el
nuestro, el empleo está cayendo alrededor
de dos puntos por cada punto de contrac-
ción del PIB. En la mayor parte de la UE,
sin embargo, el empleo cae algo menos de
medio punto por cada punto de reducción
del PIB.
Un caso paradigmático, al respecto, es
el de Alemania, país en el que el paro no
ha aumentado más que el 0,5%, hasta
alcanzar un 7,6%; mientras que la reduc-
ción de la actividad alemana, en términos
del PIB, ha sido muy superior a la estado-
unidense o la española.
Esta aparente paradoja tiene una clara
explicación. Tanto en Estados Unidos
como en Irlanda o en España es muy fácil
para las empresas ajustar sus efectivos
y, en consecuencia, han procedido a des-
pedir masivamente a los trabajadores.
En Alemania, por el contrario, ha prima-
do el mantenimiento de los empleos, re-
duciendo para ello la duración del trabajo
y recurriendo al paro parcial. Dos mode-
los, pues, diametralmente opuestos. En
el caso del primer modelo, el precario,
como el de Estados Unidos o España, el
ajuste a la baja de la actividad se traduce
en una disminución rápida del número de
personas con empleo y tal modelo repo-
sa en convertir a los trabajadores en la
variable de ajuste de la crisis. Mientras
que, por el contrario, en Alemania (y de
una u otra manera en otros varios países
europeos) el ajuste pasa por una
reducción del número de horas
trabajadas. Y su coste es repar-
tido entre las empresas, los tra-
bajadores y el Estado, siendo éste
el que asume la mayor parte del
mismo.
Esta es una medida que el diálogo
social trata de incorporar en España a
la respuesta frente a la crisis. Es verdad
que la medida tendrá probablemente me-
nor eficacia en nuestro país dado que se
tomará con mucho retraso; que nuestro
tejido productivo y el tamaño de nuestras
empresas es menos propicio a la medida
que el alemán; y que en Alemania es mu-
cho más difícil despedir que en España.
Pero no parece dudoso que, pese a todo,
puede tener todavía una cierta eficacia
en algunos sectores. Y, sobre todo, po-
nerlo en práctica implica un cambio de
cultura. Un cambio de cultura en las
relaciones laborales orientándolas hacia
la flexibilidad interna (negociada) sobre
la externa (facilidades de contratación y
despido), que es la que ha primado en los
últimos 25 años. Con los resultados que
todos conocemos.
Es en esa línea en la que debería orientar-
se –además de en otras medidas referen-
tes al acceso al crédito, al desarrollo del
capital humano, a la promoción de empleo
en servicios a la comunidad (claramente
deficitario en España en relación con la UE),
en el impulso de “empleos verdes”, en un
plan de choque para asegurar empleo o
formación a los jóvenes– el diálogo social
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pese a todas las bellas palabras y pese a
los planes del G-20 y otras instituciones,
a día de hoy vuelven los mercados a im-
poner sus dictados.
en curso y el Pacto por el Empleo que,
como primera medida, nuestro país nece-
sita con urgencia.
El centro de ese diálogo y de ese pacto
no debería centrarse, una vez más, en la
flexibilidad externa del empleo. Esa es una
vía tan manoseada que solo ha conducido y
solo puede conducir a seguir haciendo del
empleo un factor de volatilidad, de bajos
salarios y de especialización en sectores
de poco valor añadido. Por el contrario
tendría que orientarse por el hilo conduc-
tor del gran desafío que tiene nuestro país:
el aumento de la productividad y de la com-
petitividad.
Flexibilidad externa ya tenemos mu-
cha: el flujo de contratación –unos
17 millones de contratos cada
año– es el más elevado de la UE;
las tasas de despido (no solo de los
temporales: en los últimos años la
extinción, es decir los despidos in-
dividuales de contratos indefinidos se han
acercado hasta casi igualar el volumen de
finalización de contratos temporales) son
las terceras más elevadas –tras Dinamar-
ca y Finlandia– de la UE; en rotación del
empleo estamos a la cabeza, al mismo
nivel que Dinamarca. Y en cuanto a las
dificultades para el despido nos situamos
(según Doing Business, del Banco Mun-
dial) a la cola de la UE, solo por encima de
Irlanda, Bélgica y Dinamarca.
Lo que necesitamos es hacer lo que no he-
mos hecho durante 30 años, a la espera
de la “verdadera” reforma laboral. Centrar
el diálogo y el pacto –también mediante
otro tipo de relaciones laborales y de em-
pleo– en el incremento de la productividad.
Y en los desafíos que plantea para el cam-
bio del modelo productivo el desarrollo sos-
tenible. n
EL SÍNDROME DE DAVOS
Durante el primer año de la crisis, casi
todos los políticos (incluso aquellos que
desde sus responsabilidades de gobierno
hicieron todo lo posible para liberalizar el
movimiento de capitales y entronizar los
mercados) han venido clamando por la
“vuelta de la política”. Y por la recupera-
ción de la primacía de las decisiones políti-
cas sobre las exigencias de los mercados.
Pese a todas las bellas palabras y pese a
todos los planes del G-20 y de otras varias
instituciones internacionales, incluida la
UE, a día de hoy vuelven “los mercados” a
imponer sus dictados. Sin ningún complejo
por los desastres causados en el pasado,
más agresivos si cabe y con el firme de
deseo de seguir imponiendo sus recetas a
los gobiernos. Vuelven, como decía el que-
rido y desaparecido David Anisi, los “crea-
dores de escasez”. Los fundamentalistas
liberales discípulos de Milton Friedman
partidarios de la autorregulación de los
mercados, de los recortes permanentes
y, sobre todo, de acabar con el legado so-
cialdemócrata. Las luchas del movimiento
obrero y la actuación de los partidos so-
cialdemócratas, socialistas y comunistas
consiguieron que, superando el Estado
liberal, se implantara el Estado Social y
Democrático de Derecho. Con su consi-
guiente ciudadanía social, pasando de esta
forma las clases populares del miedo ante
los principales avatares de la existencia
a la seguridad, al amparo del Estado de
Bienestar.
Los gurús neoliberales que, contra toda
justificación, siguen dominando la doctrina
económica y las instituciones que gobier-
nan la economía quieren, aprovechando
la crisis de la que ellos son los principa-
les responsables, dar otra marcha atrás:
desde lo que queda de bienestar hacia el
miedo. El miedo al paro, a la enfermedad,
a la vejez, a la ignorancia, al desamparo,
a la indigencia.
El tan imprevisto como brusco giro de
las posiciones del Gobierno español en el
tema de las pensiones, y veremos hasta
que punto en el de la reforma laboral, no
parecen tener mejor explicación que la de
realizar una concesión a los merca-
dos, a las instituciones financieras
internacionales, a las agencias de
calificación. El Foro de Davos ha
sido la oportunidad elegida para dar
carnaza a la fiera, para tratar de
calmarla. La imagen del presidente
del Gobierno, junto al presidente
griego, Papandreu, insistiendo en la se-
riedad y la trayectoria de nuestro país en
el cumplimiento de los “compromisos” (se
entiende que con la ortodoxia reclamada
por los mercados) era una imagen que no
reflejaba precisamente el triunfo de la polí-
tica sobre los mercados.
Sin esperar a que el Pacto de Toledo emi-
tiera sus conclusiones sobre el futuro del
sistema de pensiones, sin ningún consen-
so previo –ni siquiera, según se deduce
por lo conocido, en el propio Gobierno–,
en un intento de dar una imagen de estar
dispuestos a romper con todos los limites
marcados anteriormente por el propio
Ejecutivo, éste se ha lanzado a calmar a
los mercados con un mensaje explícito e
implícito de dureza en el frente presupues-
tario, en el laboral y en el de la protección
social. Anunciando para ello las reformas
–unas concretadas y otras pendientes de
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los datos no avalan que el problema de
la falta de competitividad provenga de los
salarios y la protección salarial.
concretar– que venían desde hace tiempo
pidiendo “los de economía”: tanto de fuera
como de dentro del Gobierno.
En el terreno de los bonos, la maniobra
ha tenido un cierto éxito coyuntural: los
bonos españoles a 10 años se han recu-
perado algo y la prima de riesgo ha mejo-
rado. Aunque ya se sabe que esa es una
soga que se aprieta o afloja a conveniencia
del que la maneja. En otros terrenos, en
cambio, el giro adoptado puede tener altos
costes para el Gobierno. En primer lugar,
si se llevan a cabo, en su propia lógica, las
reformas anunciadas o presumidas, las
expectativas electorales del Gobierno, que
ya estaban bastante debilitadas por las ci-
fras de paro y por unas medidas fiscales
cuyos damnificados son mayoritariamente
las rentas medias, pueden venirse abajo
de forma profunda y hasta irreversible Si
las opciones de Zapatero de ganar sus pri-
meras elecciones comenzaron cuando, en
2002, apoyó la huelga general contra el
decretazo de Aznar, las reformas (¿por qué
ahora se llaman reformas a los retrocesos
sociales cuando antes reformar era sinóni-
mo de avances?) en cuestiones tan sensi-
bles para los ciudadanos como las pensio-
nes y los derechos laborales –a lo que hay
que añadir las cifras de paro que seguirán
muy probablemente aumentando durante
este año a falta de estímulos fisca-
les– pueden darle la puntilla electoral
a la izquierda en el Gobierno.
En segundo lugar, el giro del Go-
bierno le ha dado una baza impa-
gable al PP. Se termina asumiendo
partes significativas de sus enunciados sin
que ni siquiera haya tenido que “mojarse”
para ello con un pacto. Es más, hasta se
puede permitir ser menos extremo que los
portavoces gubernamentales en cuanto a
la prolongación de la edad de jubilación.
Desde un punto de vista táctico, solo una
obsesión por llegar con algo contundente
al santuario capitalista de Davos puede ex-
plicar que el Gobierno se haya metido en
el tema del retraso de la edad de jubilación
por su cuenta y riesgo en lugar de haber
dejado, si esa era su intención, que la de-
recha, o las derechas, lo propusieran en
el seno del Pacto de Toledo. Solo falta que
ahora, en la reforma laboral, abarate y fa-
cilite aún más el despido o que, lo que tam-
poco seria mucho menos dañino, siga las
demandas del Gobernador del Banco de
España y reduzca la negociación “colectiva”
al ámbito de cada empresa. ¿Se imaginan
qué clase de “negociación colectiva” puede
realizarse en unas empresas cuya plantilla
media es de 7 trabajadores? Con este tipo
de regalos no solo puede ganar las eleccio-
nes un político como Rajoy: incluso podría
haberlas ganado Hernández Mancha.
A los sindicatos, el volantazo les ha dejado
a los píes de los caballos. Sin la aporta-
ción por parte del Gobierno de medidas
suficientemente efectivas para crear ma-
sivamente empleo –ni gasto público, ni
créditos a precios accesibles, ni capacidad
de consumo– y con propuestas de reforma
encima de la mesa con las que no pue-
den estar de acuerdo, salvo que donde se
dijo Diego se termine diciendo digo. Y este
es, con seguridad, el peor de los errores.
Porque aunque todos los partidarios de las
reformas más duras digan que ahora, con
la crisis y el paro masivo, es el momento
de hacerlas, la realidad es que no puede
haber nada peor desde cualquier punto de
vista, precisamente en las circunstancias
que atravesamos, que perder la paz so-
cial. Si se deteriora como consecuencia
de la reacción sindical, siempre será un
escenario peor que el de haberlo evitado.
Pero si terminara deteriorándose como
consecuencia de reacciones espontáneas
o incontroladas, aún sería peor.
El Gobierno da la impresión de haber inte-
riorizado el llamado “dilema de Krugman”.
Es decir, que el problema de competitividad
que afronta España solo puede solventar-
se de dos maneras. Una, con la salida del
euro y realizando una “devaluación mone-
taria” para recuperar competitividad, con
todo el coste político, las dificultades téc-
nicas y las repercusiones económicas que
ello conllevaría. Dos, mediante la puesta
en práctica de una “devaluación real” en
salarios y en la protección social lo que,
según el premio Nobel norteamericano,
pudiera implicar empobrecer un 15 o un
20% el país. Está, a mi entender, fuera
de toda duda que el Gobierno solo puede
optar por la segunda vía. La argentiniza-
ción –la desvinculación de la paridad con
el dólar a la que se vio abocada Argentina–
es impensable en España, al margen de
cualquier especulación teórica.
Los datos no avalan tampoco que el pro-
blema de la falta de competitividad de
la economía española provenga de sus
niveles salariales ni de protección
social, sino más bien del poco va-
lor añadido que genera su modelo
productivo y por el lastre que la
economía española viene acarrean-
do desde hace varios años por el
déficit de la balanza con el exterior.
Y que, ahora, recae sobre las cuentas
públicas y sobre la deuda del Estado. No
es cuestionable, en cambio, que el proble-
ma de competitividad existe. Pero España
en lugar de salir de este atolladero “por
abajo” tendría que intentar una salida “por
arriba”. En lugar de escoger la vía de la
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reducción de sus ya bajos niveles salaria-
les y de protección social debería orien-
tarse a modificar su modelo productivo,
que incluye un modelo laboral precario y
de baja calidad, y a acercar sus estánda-
res sociales a los europeos.
Para ello, el Gobierno, como decía
el eslogan del último Congreso de
la Confederación Europea de Sindi-
catos (CES) celebrado en Sevilla,
tendría que “pasar a la ofensiva”. Y
estar dispuesto a ser más hetero-
doxo. Serlo supondría, en el ámbito
externo, exigir apoyo, solidaridad,
medidas concretas por parte de la
UE –algunas de las cuales, propi-
ciadas por la entidad financiera Na-
tixis, enumeré en mi artículo del pasado
7 de enero en estas páginas– superando
así, de facto, el compromiso impuesto en
Maastricht, sobre todo por Alemania. En
efecto, para permitir la entrada en la mo-
neda única de los países del sur europeo,
esos países “manirrotos” y “recolectores
de aceitunas”, se estableció la prohibición
expresa de que la UE pudiera ir en auxilio
de cualquier país que se encontrara en
riesgo de insolvencia. La airada reacción
del ministro alemán de finanzas, ante la
pretensión de la Presidencia española de
la UE de establecer una Unión Económi-
ca con reglas o compromisos vinculantes
–equivalentes a las que existen en la Unión
Monetaria– y el posterior rechazo de
Francia y de Alemania a apoyar a Grecia
o la imposición a éste país de un drástico
plan de austeridad, muestra que tal com-
promiso sigue vigente.
Pero nadie puede asegurar que la evolución
de los acontecimientos no pueda obligar a
las instancias europeas a cambiar las co-
sas. Como ha diagnosticado el gurú econó-
mico Roubini, la hipotética salida de Grecia
del euro supondría un grave problema; la
salida de España representaría un desas-
tre. No solo para los países afectados sino
para el propio euro. De hecho, la cotiza-
ción de la moneda europea viene descen-
diendo desde hace algunas semanas. Por
todo ello, España debería exigir un cambio
profundo en el comportamiento de la UE,
para que la zona euro pueda ser realmen-
te una zona monetaria óptima. Es decir,
para hacer que el euro funcionara como el
marco unificado, tras la transformación en
un solo Estado de las dos Alemanias. No
sería ésta, desde luego, una tarea nada
sencilla pero todo es imposible hasta que
no hay más remedio que hacerlo posible.
Edgar Morin recordaba recientemente una
sentencia del poeta Hölderlin: “donde cre-
ce el peligro, crece también la salvación”.
Una mayor heterodoxia en el campo inter-
no, implicaría actuar sobre materias has-
ta ahora consideradas intocables: entre
otras, una reforma fiscal progresiva que
grave a determinados activos del capital,
a los bonos y a prebendas del tipo Goiri-
golzarri, al patrimonio, a las rentas más
altas; un control público de entidades de
crédito –las Cajas, por ejemplo– para ase-
gurar crédito más barato a las empresas,
sobre todo a las pequeñas empresas; la
sustracción del cálculo del déficit público
de determinadas inversiones de futuro.
Ello permitiría mantener una política de in-
versión generadora de empleo, invertir en
el cambio del modelo productivo, la recu-
peración del consumo y la reanimación de
la actividad económica. Y reducir el déficit
por la vía de mayores ingresos en lugar
de solo por la aminoración de los gastos.
¿No es bastante estúpido que se conside-
re absolutamente normal y lógico que las
empresas se endeuden para financiar in-
versiones que acrecentarán sus re-
sultados e ingresos futuros y que,
en cambio, se anatematice como
una aberración que el Estado haga
lo mismo?
Reformar la protección social o la
legislación laboral, en la línea de los
primeros mensajes del Gobierno,
quizá pudiera tranquilizar a los mer-
cados y sostener el riesgo del país
ante las agencias de calificación. Lo que
es seguro es que con ello gran parte de la
población se haría más pobre. Es, en cam-
bio, muy dudoso que de esa manera se
reduzcan los años que han de transcurrir
todavía hasta que recuperemos las tasas
de empleo que teníamos antes de la crisis.
O que retrasar la edad de jubilación vaya
a contribuir a un tirón de la demanda, del
crecimiento y del empleo. Pero de ello, de
la reforma de las pensiones y de la refor-
ma laboral, tengo intención de escribir en
la próxima colaboración. n
LOS VENTRÍLOCUOS DELBANCO DE ESPAÑA
Tras reunirse reiteradamente e incluso
celebrar algún seminario conjunto con el
Banco de España, el Fondo Monetario In-
ternacional ha emitido un Informe en el
que exige al Gobierno español una refor-
ma ambiciosa, amplia, radical y urgente
del mercado de trabajo; y también el re-
traso de la edad de jubilación. Además,
ha demandado “ajustes adicionales”, es
decir, más recortes del gasto y aumento
como ha diagnosticado el gurú económi-
co roubini, la hipotética salida de Grecia
del euro supondría un grave problema; la
salida de españa representaría un desas-
tre. no sólo para los países afectados,
sino para el propio euro.
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de impuestos indirectos que se añadan a
los ya planteados por Zapatero.
En suma, han hecho, como suele ser
habitual en este tipo de informes, de vo-
ceros del Banco de España y de otros
centros de presión económica, en este
caso españoles, y han repetido la doctri-
na que acostumbran: hay que rebajar el
precio del despido, limitar la negociación
“colectiva” al ámbito de las empresas, eli-
minar las cláusulas de revisión salarial y
recortar, por las vías que sean, el nivel
de las pensiones públicas. Es la receta
permanente y universal del FMI. Cuando
el Sr. Camdessus fue director gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI), en-
tre 1987 y 2000, mostró la solidez y pro-
fundidad de sus postulados cuando, por
ejemplo, en visita a Haití, afirmó
que uno de los principales proble-
mas de aquel país consistía en el
excesivo peso del Estado. Su suce-
sor (tras el periodo de Köller, entre
2000 y 2004), Rodrigo Rato, llegó
un día en misión a Santiago de Chi-
le y, nada más descender del avión,
pontificó que uno de los principales
problemas que aquejaban a aquel
país era un sistema laboral demasiado rí-
gido. ¡Precisamente un país en el que no
se permiten sindicatos en establecimien-
tos de menos de 25 trabajadores, donde
se puede recurrir a esquiroles en caso
de huelga, donde solo un 7% de los tra-
bajadores están cubiertos por convenios
colectivos, en el que muchos convenios
básicos de la OIT no están ratificados y
las jornadas laborales son decimonónicas!
Quizá sea por exceso de voluntarismo e
ingenuidad pero espero y creo que los so-
cialistas franceses y sus votantes no irán
a elegir, en el proceso de primarias para
nominar al candidato a la Presidencia de la
República, a Dominique Straus-Kahn, ac-
tual Director Gerente del FMI y “barón” del
Partido Socialista Francés, para tal elec-
ción. Hacerlo, tras las políticas que está
apadrinando –después de una primera
etapa post-crisis en la que empleó un len-
guaje algo diferente–, en la línea más clá-
sica de la institución que dirige, impediría
el reagrupamiento de la izquierda francesa
y acabaría con las posibilidades que ésta
pueda tener de ganar las próximas eleccio-
nes presidenciales.
La aplicación de las propuestas que aca-
ba de hacer el FMI para España supondría
un ataque sin precedentes al derecho del
trabajo y a las relaciones laborales. No
solo porque se quiere equiparar el coste
del despido por causas objetivas al despido
improcedente sino, sobre todo, porque –
en la línea del documento del grupo de los
100 economistas y del contrato único que
defienden– lo fundamental es que se quie-
re eliminar del sistema, salvo en algún su-
puesto de discriminación, la tutela judicial.
Tan grave o más que ello es la propuesta
de reducir la negociación al ámbito de las
empresas. Ello supondría, en la práctica,
la eliminación, de facto, de la negociación
colectiva, en un país en el que la media de
las plantillas de las empresas es de siete
trabajadores. También proponen la elimi-
nación de la llamada “indiciación” de los
salarios (que no es tal, pues la inclusión de
la cláusula de revisión salarial en los conve-
nios, en el caso de que la inflación prevista
supere a la real, poco tiene que ver con la
denominada scala mobile imperante en Ita-
lia a finales de los años 60 y principios de
los 70 del siglo pasado). Con ello se acaba-
ría con uno de los pilares del diálogo social
en España, que ha sido factor central de la
lucha contra la inflación en nuestro país.
Eliminar las cláusulas de revisión salarial
en los convenios laborales nos retrotraería
al esquema de negociación sindical ante-
rior a los Pactos de la Moncloa. Hasta en-
tonces y, especialmente, hasta el Acuerdo
Marco Interconfederal (AMI) de 1980, las
reivindicaciones salariales de las organiza-
ciones sindicales se construían sumando
a la inflación pasada la previsión de los au-
mentos de la productividad.
En lo que hace a la propuesta de prolongar
la edad de jubilación hasta los 67 años,
remito a los lectores a los argumen-
tos que ya he expuesto en artículos
anteriores en esta columna.
El objetivo de esta propuesta ultra-
liberal no es otro que el de reducir
aún más nuestro Estado de Bienes-
tar. Se ataca para ello a sus dos
pilares fundamentales: el derecho
del trabajo y las protecciones socia-
les vinculadas al trabajo. Es evidente que
con ello no se creará empleo ni se ase-
gurarán las pensiones. De hecho, ninguno
de los que lo propone estaría dispuesto a
cuantificar ante notario el empleo que se
supone va a crearse con las medidas que
propugnan. Ni a rendir cuentas, al cabo de
la próxima crisis, sobre si las medidas que
plantean acabarán con la volatilidad, pre-
cariedad y bajos niveles salariales de nues-
tro mercado de trabajo. Las medidas que
apoya el FMI sobre el sistema de jubilación
tampoco van a asegurar las pensiones:
solo aseguran que las pensiones futuras
van a tener una tasa de sustitución res-
pecto al último salario bastante más baja.
O sea, que serán paupérrimas.
las medidas que apoya el FMi sobre el
sistema de jubilación sólo aseguran que
las pensiones futuras van a tener una
tasa de sustitución respecto al último sa-
lario más baja.
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Ni siquiera tales recetas van a evitar que
los mercados sigan teniendo a nuestro
país en el punto de mira: el problema,
a ese respecto, no son ni la regulación
laboral ni el coste de las pensiones. El
problema es que, a finales de 2007, la
deuda privada española representaba el
317% del PIB. Y que los esfuerzos para
reducirla se están traduciendo en sobre-
capacidad de producción, reducción de
las inversiones de las empresas, aumento
del paro, reducción de los salarios, aumen-
to del ahorro y reducción del consumo. Ten-
dencias que pueden acentuarse con las
medidas de ajuste que se están poniendo
en práctica, sin que ninguna expectativa
de que un fuerte crecimiento de las ex-
portaciones pueda compensar la atonía
de la demanda interna. No parece que
la consolidación de las finanzas públicas
vaya a ser muy probable, ni tampoco el re-
torno al crecimiento, una condición esen-
cial para crear empleo, reducir el déficit y
amortizar la deuda.
Los ataques de los mercados y los im-
perativos categóricos del FMI nos mues-
tran hasta qué punto el neoliberalismo
ha impuesto sus postulados y la impoten-
cia, de hecho, con la que actúa la
política frente a los dictados del
mercado y de las instituciones que
les dan respaldo. Uno de los pa-
dres fundadores del fundamenta-
lismo económico contemporáneo,
Friedrich Hayek, ya señalaba que
si los derechos económicos y so-
ciales consagrados en los textos
emblemáticos de un nuevo orden mun-
dial, tras la Gran Depresión de los años
30 del siglo pasado –la Declaración de
Filadelfia, de 1944, y la Declaración Uni-
versal de 1948– “se convierten en nor-
mas obligatorias acabarán con el orden
de libertad al que tienden los derechos
civiles tradicionales”. Crítico virulento de
la obra normativa surgida de la posgue-
rra, Hayek le reprochaba, sobre todo, el
haber establecido “una democracia ilimi-
tada” que extendía sus dominios sobre
las cuestiones económicas. Añadía que
“una vez que demos licencia a los polí-
ticos para intervenir en el orden espon-
táneo del mercado, ellos desencadena-
rán un proceso acumulativo cuya lógica
intrínseca conducirá inevitablemente a la
dominación creciente de la política sobre
la economía”. Este ha sido el primer obje-
tivo de la revolución ultraliberal: colocar
el “orden espontáneo del mercado” fuera
del alcance del poder de las urnas, sus-
trayendo de la esfera política el objetivo
del pleno empleo, el reparto de la riqueza
y la política monetaria. De tales polvos
han crecido los lodos que estamos pa-
deciendo. ¿Qué consecuencias para la
democracia está teniendo y puede llegar
a tener este ninguneo de la política? n
SOLIDARIDAD ENTRE POBRES
Las últimas semanas han sido pródigas en
noticias que nos han ilustrado –se supone
que solo muy en parte– sobre los privilegios
de que gozan y lo que ganan los grandes
gestores empresariales de nuestro país.
Por ejemplo, el último número de la revis-
ta Le Nouvel Observateur informaba en su
página 62 que los salarios anuales me-
dios de los managers españoles eran los
más altos de Europa: 2.445.723 euros al
año, frente a los 1.503.318 en Alemania,
los 1.325.209 en el Reino Unido o los
1.138.139 en Francia. A su vez, el Bole-
tín trimestral de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores hacía público que los
Consejeros de los bancos españoles se ha-
bían subido un 53% el sueldo en 2008. Si
bien la noticia más espectacular al respec-
to ha sido la referida al Sr. Goirigolzarri,
Consejero Delegado del BBVA. Además de
pagarle una indemnización por despido de
unos 30 millones de euros para prejubi-
larlo a los 55 años, este señor va a tener
que afrontar el futuro con una modesta
pensión vitalicia de un millón y medio diario
de las antiguas pesetas.
Seguramente muchos trabajadores de
este país habrán pensado que por ahí sí
podría ir una buena y deseable reforma
laboral: aplicando no los criterios que la
patronal y sus distintos voceros proclaman
sino los que realmente practican para ellos
en cuestiones de despidos, de salarios, de
pensiones, de prejubilaciones.
Los privilegios del Sr. Goirigolzarri han sido
objeto de todo tipo de calificaciones: es-
candalosas, indecentes, inmorales... so-
bre todo cuando hay tanta gente pasándolo
mal. Pero quizá lo más llamativo es
que no se consideren inaceptables
en sí mismas, más allá de la coyun-
tura. Y, sobre todo, que desde el po-
der no se hayan anunciado medidas
para limitar (gravando, por ejemplo,
con un 95% tales honorarios) con
una panoplia de actuaciones este
tipo de operaciones.
No menos escandaloso es, no obstante,
la relativamente insignificante relevancia
que se da a los niveles de ingresos y sala-
rios en nuestro país. Un 63% de quienes
trabajan ganan menos de mil euros. Los
salarios en España están muy por deba-
jo de la media europea, distancia que ha
los salarios en españa están muy por de-
bajo de la media europea, distancia que
ha aumentado espectacularmente en los
últimos años.
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aumentado espectacularmente en los últi-
mos años. Además, los ingresos salariales
están muy polarizados: el 25% de los que
menos cobran perciben un salario de un
40% inferior a la media, el 10% de los que
menos cobran perciben un salario inferior
en un 60% a la media. El 50% de los asa-
lariados percibe un salario que es un 20%
inferior a la media. El 70% de los traba-
jadores españoles perciben retribuciones
inferiores a tres veces el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) y cerca del 40% se
encuentra por debajo de dos veces
el SMI. Un 11% de los empleados,
en 2007, no generaba rentas su-
ficientes para situar a sus familias
por encima del umbral de pobreza.
En ese mismo año de 2007, antes
de explotar la crisis, un 37% de los
desempleados se encontraba por
debajo del umbral de pobreza.
Podríamos decir que, durante las dos últi-
mas décadas, la distribución social de la ri-
queza se ha “gripado”. Por supuesto en Es-
tados Unidos, pero también en Europa. Un
caso significativo es el de Alemania, donde
la Sra Merkel (muy emulada por el PP)
quiere bajar más los impuestos. Alemania
ha pasado a ser uno de los países euro-
peos donde más han aumentado las des-
igualdades. Este país, que durante mucho
tiempo ha sido un exponente de progreso
social dedica actualmente una parte me-
nos importante de su presupuesto a gas-
tos sociales que el Reino Unido (Le Monde,
6 de octubre 2009). Es muy posible que
ello haya tenido bastante que ver en los
resultados de las últimas elecciones.
Pero es en el conjunto de Europa donde
se extiende el fenómeno de modificación
en la redistribución de la riqueza. Cada
vez es menos desde los ricos hacia los
pobres y cada vez más una redistribución
entre pobres. El coste fiscal lo tienen que
soportar cada vez más las rentas medias
y bajas. Para que suban las pensiones
mínimas (lo que está muy bien y es de
justicia) el resto de las pensiones solo evo-
lucionan con el IPC y no con el incremento
de la riqueza, con lo que se van progre-
sivamente empobreciendo relativamente.
No hace muchos años la alternativa que
se planteaba en las negociaciones con
el gobierno era: si quieren ustedes que
suban las pensiones no puede subir la
retribución de los funcionarios. Las pres-
taciones universales son cada vez más
sustituidas por rentas mínimas sujetas a
pruebas de necesidad. Las prestaciones
de Seguridad Social dejan paso a presta-
ciones de asistencia social. El aumento del
salario mínimo es simultáneo al acentua-
do descenso del salario medio. La refami-
liarización de la solidaridad gana de nuevo
terreno en muchos países europeos. Por
todas partes observamos cómo se avan-
za hacia una política social de mínimos y
una solidaridad entre pobres. Lo que, na-
turalmente, se traduce en que la minoría
más rica se queda con una parte cada vez
más grande de la tarta. n
MORIR POR EL TRABAJO
No solo de amor y de hastío se muere.
También se muere por el trabajo. El tra-
bajo mata. Los 23 suicidios acaecidos en
la empresa France Télècom desde enero
de 2008, en un plazo de 18 meses, han
sacado a la luz pública un fenómeno que
no es único o excepcional. En Francia, al-
rededor de 400 suicidios (otras fuentes
elevan la cifra a 3.000) son imputables
cada año al trabajo. Aunque no existe una
estadística o estudio nacional, esta cifra
es la extrapolación al conjunto del país
de un estudio regional realizado en Nor-
mandía, en base a la encuesta realizada a
190 médicos del trabajo. Así se recoge en
un libro recién publicado en el país vecino
(Travailler à en mourir), elaborado por dos
periodistas. En la encuesta realiza-
da por estos profesionales de la co-
municación se pone de manifiesto
que el fenómeno está extendido en
muchas empresas, como Renault,
IBM, Michelín, PSA, EDF…; que
afecta a la mayoría de los sectores,
desde las telecomunicaciones a la
metalurgia, pasando por la banca o
la energía y los servicios; y que no
hace distinción de categorías profesiona-
les: cuadros, técnicos, gestores, secreta-
rias, trabajadores no cualificados.
El fenómeno filosófico más difícil al que se
refería Albert Camus en el Mito de Sísifo,
el suicidio, ha entrado a formar parte de
la vida de las empresas. Hace más de un
decenio que psiquiatras, médicos e inspec-
tores de trabajo, sindicatos, responsables
de comités de seguridad e higiene y, por
supuesto, los propios trabajadores vienen
alertando de los riesgos mentales vincula-
dos a las nuevas formas de organización
del trabajo. Sin que las autoridades ni las
empresas hayan hecho el menor caso.
Han achacado, por el contrario, el estrés
o los intentos de suicidio y los suicidios
mismos a “problemas personales” a “per-
sonalidades depresivas o melancólicas, in-
capaces de adaptarse a los cambios en el
trabajo”. El Presidente Director General de
France Télècom dijo incluso, en sus prime-
ras reacciones, que era “una moda”.
es en el conjunto de europa donde se ex-
tiende el fenómeno de modificación en la
redistribución de la riqueza. cada vez es
menos desde los ricos y más entre los
pobres.
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para recuperar la dignidad del trabajo
será necesario recuperar de nuevo el
sentido colectivo del trabajo.
Sin embargo, los trabajos de campo reali-
zados muestran incuestionablemente que
están producidos por las nuevas formas de
gestión del trabajo. Imputar estos suicidios a
la vulnerabilidad psicológica es, como ha se-
ñalado un psicoanalista del trabajo (Christo-
phe Dejours), “tanto como pretender hacer
creer que la muerte por paludismo fuera
solamente debida a la debilidad biológica de
ciertas personas y no a las aguas estanca-
das infestadas de mosquitos”. Los análisis
de casos, los estudios realizados por los es-
pecialistas y los informes realizados por los
sindicatos y los comités de salud y seguri-
dad evidencian, en cambio, que las perso-
nas más afectadas son, en la mayor
parte de los casos, los más compro-
metidos profesionalmente. Son gene-
ralmente empleados modelo, encar-
gados de diversas responsabilidades,
que dedican todo el tiempo que sea
necesario al trabajo, por encima de
su vida privada, que no tienen inconveniente
en trabajar de noche, los fines de semana y
hasta durante las vacaciones.
Esta realidad es algo que hace tiempo no
se pone en cuestión en Japón (otra cosa
es que, a tenor de los datos, se hayan
puesto los medios necesarios para reme-
diarla). Los suicidios y otras formas de re-
acciones patológicas –estrés, depresión,
infartos cerebrales o cardíacos– inducidos
por ciertas formas de trabajar reciben en
el país nipón una denominación concreta:
Karoshi. Es decir, muerte por sobrecarga
de trabajo. Las autoridades japonesas con-
tabilizan unas 300 por año por esta cau-
sa; los abogados laboralistas de aquel país
consideran, no obstante, que la cifra real
se sitúa en 30.000. Más que los acciden-
tes de circulación.
Aunque no cabe generalizar ni identificar
todo trabajo con riesgo o sufrimiento, es
cierto que cada vez más estudios indican
que el trabajo se ha hecho más intenso y
más penoso. El estrés se ha convertido en
una plaga que se suma a la extensión de
las dolencias musculoesqueléticas y a los
cánceres profesionales. Pero el suicidio
por el trabajo marca un punto de inflexión:
ya no solamente el trabajo puede matar
como consecuencia de accidentes labora-
les o de enfermedades profesionales. Pue-
de, en ocasiones, arrastrar a que uno se
mate a sí mismo.
Las causas de este creciente malestar
en el trabajo hay que encontrarlas en los
cambios en el trabajo –menor calidad– y
en el empleo –más precariedad–. Muchos
trabajadores acumulan insatisfacción en el
trabajo e inseguridad en el empleo. Pero,
además, las formas tradicionales de orga-
nización del trabajo están siendo sustituidas
por mecanismos complejos que se basan
en la autonomía y la responsabilidad cre-
ciente de los trabajadores, como la gestión
por proyectos, la flexibilidad horaria y geo-
gráfica, la estructuración en red, los siste-
mas de información interna, la evaluación
individual de los trabajadores. Pero la au-
tonomía sin un marco claro ni medios para
lograr los objetivos desemboca en una ges-
tión por el estrés, en la fijación de objetivos
irrealizables, en exigencias contradictorias
e indeterminadas, en movilidades forzosas,
en reestructuraciones funcionales y cam-
bios de tareas, en el culto de las evaluacio-
nes individuales, a la explosión de los colec-
tivos y a una lógica de “cada uno para sí”.
El trabajador se siente solo frente al tra-
bajo, a sus resultados, lo que, en algunos
casos, conduce a un sentimiento de fra-
caso personal. La evaluación individual de
competencias es una de las claves para
comprender este fenómeno. En la medida
en que se trabaja por resultados, el es-
trés generado por las nuevas reglas por
objetivos se transforma en “voluntad de
hacerlo bien y se salda con una superim-
plicación del trabajador en la vida profesio-
nal, recompensada por un reconocimiento
jerárquico, mediante aumento de primas,
de retribuciones o de responsabilidades. El
día en que esos principios son puestos en
cuestión (por ejemplo, por una pérdida de
responsabilidades, por una movilidad obli-
gada a otra ciudad, por un cambio
de equipo o de tarea) el universo
del reconocimiento profesional y de
estima de sí mismo en el que el tra-
bajador se había forjado se hunden
brutalmente. Con consecuencias
humanas más o menos dramáti-
cas” (Marin Ledun).
La creciente individualización del traba-
jo es la que está conduciendo a que los
trabajadores se vean obligados a aceptar
objetivos por encima de sus posibilidades
o a tener que dar su concurso a prácticas
profesionales que repudian. Para recupe-
rar la dignidad del trabajo será necesa-
rio recuperar de nuevo el sentido colec-
tivo del trabajo. En las empresas donde
se producen suicidios (Dejours) “no hay
colectivos dignos de tal nombre, no hay
confianza y lealtad entre compañeros, no
hay cooperación ni solidaridad. El hacer y
vivir en común ha dado paso a la soledad
de cada uno, al miedo”.
Para afrontar esta temática será nece-
sario volver a recomponer el trabajo en
sus tres dimensiones: económica (retribu-
ción), sociológica (relación) y creativa (sa-
tisfacción con lo realizado). Es necesario
repensar el trabajo a la luz de todas las
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patologías que produce, las que afectan al
cuerpo pero también a la salud mental y a
su protección. Trabajar no es solo produ-
cir sino también vivir en cooperación con
otros. Ya lo advertía Bergamín: “Por no
querer perder el tiempo pierdes el tiempo
y el alma. Estás perdiendo la vida de tanto
querer ganarla”.
Hoy por hoy, la siniestralidad en el trabajo
sigue, en gran parte, invisible, infraeva-
luada, infraindemnizada. En España, por
ejemplo, el conocimiento sobre las en-
fermedades profesionales sigue siendo
un agujero negro. Y los costes de las re-
percusiones sobre la salud en el trabajo
la pagan los ciudadanos a través de sus
impuestos. En algunos países esa “exter-
nalidad” representa en torno al 3% del
PIB. Solo se cambiará la situación cuando
esos riesgos cuesten más a las empre-
sas, en términos de imagen, en términos
económicos, en términos penales.
Los americanos consiguieron re-
bajar drásticamente las tasas de
accidentes y de enfermedades pro-
fesionales cuando se ha reforzado
el papel de los sindicatos; estos
realizan informes periódicos sobre
cada empresa que se publican en Inter-
net; cuando se ha adaptado la organiza-
ción del trabajo a las exigencias de la salud
física y mental; cuando una ley ha obligado
a hacer públicos los documentos no con-
fidenciales que emiten los inspectores de
trabajo y ha aumentado notablemente el
número de éstos últimos; cuando se ha
comenzado a elaborar listas negras de
establecimientos y de sectores; cuando
se ha obligado a las empresas a contra-
tar seguros de accidentes para sufragar
los daños que puedan sufrir los trabajado-
res. Europa y, por supuesto, España ne-
cesitan también reforzar las políticas y las
normas que afectan a la salud del trabajo
y que son la consecuencia de un nuevo
modelo de productivismo que antepone la
competitividad y la rentabilidad a la integri-
dad personal en el trabajo. n
SEGMENTACIÓN LABORAL YFACILIDAD DE DESPIDO
El discurso de los sectores neoliberales
–patronales, fundaciones y servicios de
estudio vinculados a los poderes econó-
micos, partidos políticos de la derecha y
relevantes personalidades del entorno o de
las mismas estructuras del Gobierno– ha
venido sosteniendo en los últimos tiempos
que el gran problema de nuestro merca-
do de trabajo es su segmentación entre
una minoría de trabajadores (en torno a
un tercio en épocas de crecimiento), los
temporales, infraprotegidos frente al des-
pido y convertidos en la variable de ajuste
en momentos de crisis; y una mayoría de
dos tercios, los que tienen contratos inde-
finidos, sobreprotegidos ante el riesgo de
extinción del contrato.
Siendo cierto que existe una dualidad de
protección inaceptable frente al despido
–fundamentalmente porque los empresa-
rios se saltan olímpicamente la causalidad
en la contratación temporal, de tal ma-
nera que realizan contratos temporales
para puestos de trabajo estables, sin que
ni la autoridad laboral ni el control sindical
hayan sido capaces de evitarlo– los datos
últimos sobre los despidos de trabajado-
res con contratos indefinidos muestran
claramente que la inestabilidad en el em-
pleo, tras las sucesivas reformas laborales
que se han realizado desde 1994 has-
ta 2006, se está extendiendo de forma
muy significativa al campo de los trabaja-
dores fijos.
La reforma del Gobierno Aznar de 2002
redujo de forma sustancial el coste del
despido improcedente, mediante la supre-
sión de los salarios de tramitación, cuando
el empresario reconoce en el mismo acto
la improcedencia del mismo y deposita la
indemnización correspondiente. Este proce-
dimiento ha convertido en inoperante y ocio-
sa la tutela judicial ante el despido. El des-
pido individual en España se ha convertido
en automático y no requiere, en la práctica,
causa alguna ni revisión judicial (A. Gonzá-
lez, 2010). Pues bien desde dicha reforma,
los despidos de trabajadores con contratos
indefinidos han aumentado fuertemente
ya antes de la crisis: se duplicaron entre
2003 y 2007. Y si analizamos los datos
hasta 2009, se han multiplicado
por cuatro.
Con la dinámica actual, pronto los
despidos de contratos indefinidos
igualarán a la de los contratos tem-
porales que finalizan su vigencia.
Actualmente 4 de cada diez extinciones de
empleo que se producen corresponden a
despidos de trabajadores fijos. Y el resto
son finalizaciones de contratos tempora-
les. Un millón cien mil de los primeros y
un millón setecientos mil de las segundas,
en 2009.
Por otra parte, el auge de los despidos in-
dividuales está convirtiendo en marginales
los despidos colectivos. Tras las condiciones
creadas por la reforma de 2002, más del
90% de los despidos son ya individuales. El
salto cualitativo, en este sentido, se pue-
de apreciar si comparamos lo que sucedía
durante la crisis 1992-1994 y lo que está
sucediendo en ésta. Durante aquélla, el
el despido individual en españa se ha con-
vertido en automático y no requiere, en la
práctica, causa alguna ni revisión judicial.
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número de despidos individuales represen-
taban tres veces los colectivos. En ésta, la
diferencia entre unos y otros se multiplica
por 18. Este aumento de los despidos indi-
viduales ha ido parejo al gran incremento de
los despidos improcedentes: 7 de cada 10
despidos no colectivos son improcedentes.
Estos datos nos muestran, en primer lu-
gar, que la inseguridad ante el despido no
está tan dualizada como se dice.
En segundo lugar, es evidente que
ni las diferencias en las cuantías de
las indemnizaciones, ni el montante
de ellas, es un obstáculo importan-
te para que las empresas despidan.
El problema no es, por tanto, solo
la dualidad sino, sobre todo, las ele-
vadas facilidades de despido, que
convierten a nuestro país en uno en los
que más y más fácilmente se despide. Ter-
cero, parece claro que, con las últimas re-
formas, la figura del despido improcedente
–hoy ya, tras esas reformas, una simple
fórmula de despido a la que se puede recu-
rrir sin justificación alguna, y no como an-
tes, que era exclusivamente la consecuen-
cia, generalmente judicial, de un despido
deficientemente justificado– ha contami-
nado todo el sistema español de extinción
de la relación laboral. Cuarto, la existencia
de un porcentaje tan elevado de contratos
temporales se debe, no conviene olvidarlo,
a que se ha desnaturalizado absolutamen-
te su utilización. En quinto lugar, la actual
dinámica está reduciendo aún más –nunca
ha sido demasiado fuerte– el campo de los
despidos colectivos, el único en el que las
organizaciones sindicales tienen una inter-
vención real. Sexto, en estos momentos el
modelo laboral español suma la temporali-
dad más elevada de la Unión Europea y una
protección del empleo fijo que no supera la
media europea y que, en cuanto a facilidad
de despedir es de las más permisivas de
la UE-15.
Cualquier reforma de este modelo laboral
–que produce baja productividad econó-
mica, un altísimo porcentaje de salarios
bajos, unos enormes costes de rotación
del empleo, descualificación profesional,
especialización productiva en sectores de
bajo valor añadido, escaso gasto en for-
mación por parte de las empresas y falta
de reconocimiento por las empresas de la
formación profesional que se imparte por
los servicios públicos, escasa flexibilidad in-
terna, es decir pactada entre empresas y
organizaciones sindicales– requeriría, por
tanto, acantonar los contratos temporales
en trabajos realmente temporales, abor-
dar las causas de la automaticidad –nor-
mativas y judiciales– con la que se despide
en España, fortalecer en gran medida la
intervención sindical en la institución del
despido y replantearse un universo salarial
en el que sistemáticamente los salarios
crecen por debajo de la productividad y en
el que crece el número de trabajadores
muy poco retribuidos o directamente (un
11%) sujetos al riesgo de pobreza. n
DESPOTISMOCONTRADEMOCRÁTICO
El grupo de los denominados “l00 econo-
mistas” (que, en realidad, eran 95 y aho-
ra han debido de pasar a ser 94, tras la
retirada, por razones institucionales, del
actual Secretario de Estado de Economía,
Sr. Campa) se ha convertido en la punta de
lanza de las propuestas más duras contra
dos de los pilares de nuestro modelo so-
cial: la legislación laboral y el sistema de
pensiones. En su manifiesto anterior de-
fendían un contrato único prácticamente
descausalizado y sin control judicial, pre-
tendiendo, de esta manera, “solucionar”
la segmentación de nuestro mercado de
trabajo por la vía de convertir a todos los
trabajadores contratados en precarios.
Ahora, anuncian otro sobre las pensiones
(El País, 27 de febrero de 2010) en
el que plantean, entre otras cosas,
bajar la pensión respecto del último
salario ya que, según su criterio, la
tasa de sustitución (la relación en-
tre la pensión y el último salario) de
las pensiones públicas es en nues-
tro país demasiado alta y generosa.
Pero, siendo esa afirmación ciertamente
discutible, lo realmente grave de su pro-
puesta es la pretensión de sustituir el
debate político, el diálogo social y, sobre
todo, al propio Parlamento por una “comi-
sión de expertos independientes”. De tal
manera que sea lo que digan tales exper-
tos lo que haya de comprometer al Pacto
de Toledo. Es decir al Parlamento y a la
soberanía popular.
Si la esencia de la dogmática neoliberal es
la defensa de la supremacía del mercado
y de las decisiones económicas sobre la
política y las decisiones democráticas, no
es fácil encontrar una manifestación tan
palmaria de ello como la que plantea este
grupo de economistas. Cuyos postulados
no nos retrotraen al siglo xvii, al Antiguo
Régimen y a la Ilustración –todo para el
pueblo, pero sin el pueblo– sino que más
bien nos muestran la confluencia de su
ideología con los postulados de la extrema
derecha norteamericana de Sarah Palin,
Dick Cheney y el Tea Party en su ofensiva
contra las decisiones políticas con moti-
vo de la reforma sanitaria del Presidente
no son los mercados financieros los que
deben decidir sobre la cuantía de las pen-
siones sino la sociedad la que decide qué
parte de la riqueza se reparte.
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Obama. En el fondo, lo que plantean estos
expertos es que el mayor problema de las
pensiones es que los pensionistas actua-
les y los pensionables futuros, es decir, la
inmensa mayoría de la población, votan. Y
que con su voto obstaculizan e impiden que
los políticos adopten las decisiones acerta-
das que, naturalmente, solo ellos saben.
Lo primero que cabe decir de su plantea-
miento es que es sesgado. La tasa de sus-
titución que dicen es la que rige en Espa-
ña, superior al 80% del último salario, de
las pensiones de jubilación es un supuesto
teórico –jubilación a los 65 años y con una
carrera de seguro completa– que no co-
rresponde a la realidad. Lo que importa es
la tasa de sustitución real del conjunto del
sistema. Y ésta no llega en las nuevas pen-
siones de jubilación a alcanzar el 60% de
los salarios medios. Ello es debido a que en
España existen: 1) topes máximos de co-
tización, y consecuentemente también una
pensión máxima topada y unos salarios
bastante inferiores a los de muchos países
europeos; 2) coeficientes reductores com-
parativamente muy altos en casos de jubi-
lación anticipada; 3) muchos trabajadores
son expulsados del mercados de trabajo
antes de llegar a los 65 años y no pue-
den tener derecho a la pensión máxima; 4)
aunque hayan cotizado 14 años y 300 días
si no se llegan a cotizar 15 años la tasa de
sustitución es cero. Tampoco se tiene en
cuenta que en otros países existen pensio-
nes complementarias obligatorias de ca-
rácter profesional –pactadas entre empre-
sas y sindicatos–, ni que la actualización
de las bases de cotización o la revaloriza-
ción de las pensiones ya causadas no se
realizan sobre los salarios, como en mu-
chos países europeos, ni se contemplan,
con el grado de generosidad de bastantes
países comunitarios, las bonificaciones a
las situaciones de inactividad protegidas,
a efectos de cálculo de las pensiones, por
cuidado de hijos, personas dependientes,
periodos de aprendizaje o de estudios, que
en España son muy limitadas y penalizan,
sobre todo, a las mujeres. La fiscalidad so-
bre las pensiones es otro hecho diferencial
que también incide en la tasa real de susti-
tución, en el momento de jubilarse y en los
años posteriores.
Pero, sobre todo, lo que merecería una
respuesta es el contenido ideológico con-
trademocrático de la propuesta de estos
expertos. Si su anterior manifiesto tuvo
como respuesta otro manifiesto, en senti-
do contrario, de más de 750 expertos de
derecho del trabajo, éste merecería otro
en el que se manifestaran otras muchas
voces. Las de otros expertos, las de los
trabajadores en las empresas, las de sin-
dicalistas, diputados y otros cargos públi-
cos, las de ciudadanos corrientes, las de
profesionales de los medios de comunica-
ción... ya que es la propia decisión demo-
crática la que se pone en cuestión.
El sistema público de pensiones es una
conquista democrática, una característica
esencial de nuestro modelo social, un ele-
mento de solidaridad entre generaciones.
Es el fruto de una decisión política. Y es
por eso objeto de debate y de combates.
Pero no son los mercados financieros los
que han de decidir sobre la cuantía de
las pensiones sino que es la sociedad la
que debe decidir políticamente cuál es la
parte de la riqueza producida que debe
destinarse a las personas jubiladas. Es en-
tendible que un tal sistema, que valoriza la
decisión política y por lo tanto el ejercicio
de la democracia, sea intolerable para los
neoliberales de todo tipo. Pero es demo-
cráticamente inaceptable. Por eso resulta
imprescindible una amplia expresión de
rechazo de los que creemos que lo into-
lerable es este tipo de despotismo antide-
mocrático.
La opinión de los expertos es necesaria y
conveniente. Aunque no sean independien-
tes. Es difícil, desde luego, asignarles este
adjetivo a los integrantes del manifiesto
que son coordinados por una fundación,
FEDEA, que depende de grandes empre-
sas y del Banco de España. Pero nunca
pueden estar estas opiniones por encima
de las instituciones democráticas. Ade-
más, en esta cuestión no solo tienen que
opinar los expertos –todo tipo de expertos
y no solo los economistas; todo tipo de ex-
pertos y no solo los ultra liberales– sino
también las organizaciones sociales, los
políticos, los ciudadanos, los intelectuales
de todo tipo. Ya que de lo que estamos
hablando es del modelo de sociedad que
queremos para el futuro. n
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P LECCIONES DE LA CRISIS ECONÓMICAY DE SU GOBERNANZA. PRESIDENCIAESPAÑOLA DE LA UE
Previo a introducirnos en los aprendizajes que las
crisis actual (2007-2010) y las subsecuentes
interpretaciones nos dejan, y sin entrar en la
descripción de los elementos de la misma en los que, por
demasiado ya explicados y debatidos, no es preciso dete-
nerse aquí, conviene dejar constancia de que, a mi juicio,
aún no hemos llegado al final del túnel, ni aquí ni al otro
lado del Atlántico. A estas alturas del año 2010 todavía
estamos en la duda de la variedad cíclica de la crisis que
vivimos: en forma de U, de L, de diente de sierra...
Un elemento significativo a este respecto sería lo que
algunos analistas han llamado la variante anglo-hispana
de la recesión actual, que arrancando en las propias
deficiencias de los respectivos tejidos productivos,
puestos de manifiesto en un déficit muy importante de
la balanza de pagos, puede llevar a concluir en un perio-
do de crisis más dilatado en ambos países que en otro
de los desarrollados o emergentes.
Si, al margen de las variantes de la recesión, ésta
continúa su curso a lo largo de este año habrían de
mantenerse las medidas de política macroeconómica,
que con ligeras diferencias, se vienen practicando en
la mayoría de los países desarrollados y no tanto. Lo
que significa que en el escenario europeo, habría que
replantearse si es el momento de la vuelta al orden del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), como ya se
plantea desde algunos discursos políticos.
La segunda cuestión a tener en cuenta, es que los
mercados en general y especialmente los financieros,
donde se concentran los orígenes de la actual crisis,
manifiestan de forma reiterada insuficiencias para su
autorregulación, lo que indica de forma clara que estos
instrumentos carecen de capacidades, per se, para
ordenar determinados desajustes (“externalidades”) la
dinámica de los intercambios económico y/o financie-
ro, en el medio y largo plazo.
Por lo tanto, hay que buscar otros mecanismos de re-
gulación para que esos efectos, que van más allá del
instante mismo del intercambio y que afectan a sujetos
que no participan en el intercambio, puedan controlar-
se y regularse.
La tercera experiencia o lectura que podemos hacer,
es la importancia del sector financiero en sí mismo; es
algo que ya conocíamos pero que, quizás, esta crisis
ha elevado de rango, lo que nos conduce a reflexionar
sobre la consideración de este sector como un bien
público, esencial para el buen funcionamiento de los
sistemas económicos, dado que, como se ha venido
observando, la paralización del flujo crediticio tiene un
efecto inmediato en el flujo económico, en la produc-
ción de bienes y servicios.
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid yConsejero del Consejo Económico y Social
recopilación de artículos de Santos M. ruesga (ii)
• “lecciOneS de la criSiS ecOnóMica y de Su gObernanza. preSidencia eSpañOla de la ue”
• “un MercadO labOral MÁS eFiciente”
• “la trayectOria Salarial del eMigrante: ¿SOn cOMpetidOreS de laManO de Obra autóctOna?”
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31
los mercados financieros manifiestan de
forma reiterada insuficiencias para su au-
torregulación y ordenar determinados des-
ajustes en los intercambios económicos.
Por eso, un instrumento tan importante
para la vida económica de los países no se
puede dejar al libre juego de un mercado
no regulado, o sometido al juego ambicio-
so de unos cuantos sujetos (¿operadores
del mercado?) que no encuentran más re-
ferente en su gestión que su inmediato en-
riquecimiento personal. Esto es, por tanto,
una lectura destacada, de gran calado, a
extraer del transcurso de esta depresión
y de sus orígenes: es preciso regular, de
modo más intenso e inteligente de lo reali-
zado hasta la fecha, el funcionamiento de
los mercados financieros con el fin de evi-
tar la influencia destructiva de los crack ini-
ciados en la operativa de estos mercados,
con efectos negativos inmediatos a
terceros, en el resto del tejido eco-
nómico.
Todo ello tiene mucho que ver con
el discurso ideológico que en los úl-
timos años ha inspirado la gestión
de la gobernanza económica en el
ámbito internacional. Esa fuente de
inspiración de la gobernanza económica
partía de la vieja hipótesis del homo oeco-
nomicus, inserta en los fundamentos del
pensamiento neoclásico, según la cual que
toda la actividad económica, comercial, fi-
nanciera de la especie humana, se puede
interpretar a partir de la racionalidad de
su comportamiento, orientado exclusiva-
mente por la maximización de intereses,
los beneficios o utilidades individuales, de
todos y cada uno de los sujetos económi-
cos. Hace ya bastantes años que John
Maynard Keynes, apuntaba ya, y ahora nu-
merosos economistas lo vuelven a recor-
dar, que el comportamiento de los sujetos
no responde solamente a esa racionalidad,
tan pautada que puede convertirse en mo-
delos matemáticos y que nos predice el
futuro perfectamente, sino que en la diná-
mica económica están presentes los espí-
ritus animales (una especie de elementos
sensitivos e irracionales) que son esencia-
les para comprender el funcionamiento de
los sistemas económicos.
la confianza, elemento básico
En esta perspectiva, la confianza (con toda
su carga de subjetividad) constituye un ele-
mento básico, que ya apuntaba Keynes,
para explicar los procesos cíclicos de crisis,
depresión y recuperación. En esta amalga-
ma explicativa es imprescindible considerar
otros elementos importantes, como el de-
seo de equidad que mantienen la mayoría
de los humanos, o la corrupción y la mala
fe, como un hábito relativamente habitual
de los terrícolas como sujetos económi-
cos, o la presencia de ilusión monetaria en
la mayoría de sus actuaciones, comporta-
miento que los modelos neoclásicos dan
por desaparecida –de ahí todas las elucu-
braciones sobre la tasa natural de paro,
esbozada inicialmente por Milton Fried-
man, por ejemplo–, o incluso lo que Akerlof
y Shiller llaman historias, refiriéndose a las
interpretaciones que los humanos hace-
mos de lo que ha pasado que afectarán
a lo que pueda ocurrir en el futuro o a lo
que se vaya a decidir qué va a ocurrir en
el futuro.
No obstante, como se puede constatar
a diario incluso en la prensa, a pesar de
las constatadas limitaciones del discurso
neoclásico para haber hecho frente a los
determinantes de esa crisis y, por tanto,
a la superación de la misma, tal discurso
no ha desaparecido de la mente de diseña-
dores y gestores de la política económica,
incluso de los cambios institucionales que
afectan a la regulación de los mercados.
Obviamente, un discurso que ha estado
vigente de manera importante en los últi-
mos treinta años, no desaparece de la no-
che a la mañana y los efectos de arrastre
son importantes.
Todo ello está presente en la necesaria re-
definición de las instituciones económicas
que habrá de plantearse en el seno de la
Unión para hacer frente, en los próximos
años, a la recomposición de la economía
europea tras la depresión que estamos ex-
perimentando.
En este sentido, nos encontramos
en un marco institucional bastante
idóneo para construir un escenario
de regulación de la actividad eco-
nómica más adecuado en aras de
promover una gestión de los bienes
públicos que permita no solo supe-
rar los efectos de la crisis en un menor
espacio temporal sino, también, minimizar
o reducir la incidencia de lo que los eco-
nomistas llamamos las “externalidades”
negativas de la actividad económica (por
ejemplo, el efecto invernadero, derivado
de las emisiones emanadas por la com-
bustión de combustibles fósiles) e, incluso,
potenciar las externalidades positivas de la
propia gestión de los bienes privados.
Y ahora, tras los episodios financiero-
mediáticos vividos en las primeras sema-
nas de febrero de 2010, la urgencia de
plantear reformas en el diseño económi-
co institucional de la Unión Económica y
Monetaria, se agudiza aún más, si cabe.
Aquí yace uno de los retos más importan-
tes de la presidencia española del primer
semestre de 2010: impulsar un esbozo de
reforma institucional para los mecanismos
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reguladores de la Unión Económica y Mo-
netaria (UEM) y del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento Económicos (PEC). Nos va en
ello el futuro de la zona euro como espacio
no solo de estabilidad financiera sino de
crecimiento sostenido y equilibrado entre
sus diferentes territorios.
La crisis de credibilidad que se está ex-
tendiendo desde Grecia, con sus finanzas
amenazadas por una posible suspensión
de pagos, hacia otros países comunita-
rios, con reacciones especulativas y más
o menos agresivas de los mercados in-
ternacionales no solo contra estos países
sino, especialmente contra el euro, está
poniendo en evidencia algunas debilidades
institucionales de la construcción europea,
largamente discutidas desde su origen,
pero no abordadas por las instancias co-
munitarias hasta la fecha.
Particularmente relevante en lo que se
refiere al funcionamiento, cuando no la
propia esencia del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (PEC), base política monetaria
única. Este pacto se supone habría de ha-
ber constituido el soporte de esta-
bilidad presupuestaria, que requie-
re una política monetaria común,
para una docena larga de países
que acuerdan operar con una sola
moneda. Pacto que establece res-
tricciones al endeudamiento de los
Estados miembros y trata de esta-
blecer para ello una estricta discipli-
na presupuestaria en sus finanzas
públicas. Pero para ello solo se establecen
estímulos negativos (penalizaciones) de
carácter pecuniario gestionadas por los
órganos comunitarios.
El mecanismo ha podido funcionar con
algunos sobresaltos en el periodo de ex-
pansión económica, pero llegadas las “va-
cas flacas”, a partir de 2007, el Pacto ha
saltado por los aires, de modo tal que la
mayoría de sus miembros están incum-
pliéndolo en este momento, pero de forma
más intensa los países con mayor debili-
dad en sus economías (menos competiti-
vos en el escenario europeo). La esencia
del modelo teórico en el que subyace el
PEC significa que los ajustes debieran fun-
cionar de modo “cuasi automático” sin que
quepan mecanismos de apoyo de las ins-
tancias supranacionales hacia las naciona-
les (la regla de “no apoyo”, que dicen los
expertos en la materia); tan solo actúan
la supervisión administrativa y las posibles
sanciones financieras derivadas del incum-
plimiento de las reglas básicas.
En última instancia, serán los propios paí-
ses miembros con problemas financieros
quienes han de abordar su situación con
planes de ajuste propios, que redundarán,
con alta probabilidad en un empobrecimien-
to relativo, que adecúe su posición patrimo-
nial al nivel de competitividad relativo frente
al resto de los socios monetarios. Cuestión
difícil de asumir, en términos de política do-
méstica, por los países afectados.
En numerosos trabajos académicos de
economistas norteamericanos y también
europeos, desde los pioneros de Robert
Mundell sobre zonas monetarias óptimas,
hasta los más recientes del premio Nobel
Paul Krugman, se había ya alertado sobre
los efectos de una moneda única para di-
ferentes estados con un grado elevado de
asimetría en el dinamismo de sus respec-
tivas economías. Ya preveían que en fases
depresivas se podría producir una intensa
inestabilidad financiera en todo el área de
integración monetaria, al “contagiarse”
los efectos de la debilidad económica de
alguno de sus miembros a todos los inte-
grantes, como está ocurriendo en estos
últimos meses en el seno de la UEM.
La hipótesis de “shock asimétrico” en un
escenario de “área monetaria no óptima”,
en la terminología de Mundell, llevaría a
que cada país haga frente a sus propios
ajustes en términos de disminución de
rentas salariales (o alternativamente de
empleo), ante la ausencia, añado yo, de
mecanismos de transferencias internas
de rentas entre los distintos territorios del
área de integración monetaria. Lo explica-
ba de forma clara Krugman, hace unas
semanas, al comparar la situación de Flo-
rida, miembro de un estado federal, EEUU
y España, socio de una institución supra-
nacional, la UEM. En el primero los efectos
de una crisis diferencialmente muy intensa
con el resto del país, serían atajadas por el
aumento relativo del flujo de transferencias
procedentes de las finanzas federa-
les (Washington). No ocurre eso en
España o en Grecia; la mayor inten-
sidad en la crisis, a causa de sus
mayores debilidades económicas no
implica un incremento en la trans-
formación de fondos desde Bruse-
las, para cooperar en la reducción
de su inestabilidad financiera.
En esta tesitura se han hilvanado, desde el
inicio de la propia UEM diferentes opiniones
sobre la estrategia a seguir ante la existen-
cia de un área monetaria no óptima. Una,
abogando por la ralentización de la introduc-
ción de la moneda única, hasta esperar que
se alcancen las condiciones económicas de
una “área monetaria óptima” (acercando los
niveles competitivos y, por tanto, de estabili-
la crisis de credibilidad pone en eviden-
cia algunas debilidades institucionales de
la construcción europea, no abordadas
por las instancias comunitarias hasta la
fecha.
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abogaría por una remodelación de la go-
bernanza de la propia ueM, proponiendo
la creación de mecanismos financieros
de cooperación estables.
dad macroeconómica entre todos los países
integrantes del proyecto de integración), con
el fin de evitar que la asimetría imperante
produzca una alta inestabilidad fi-
nanciera en todo el área a resultas
de los problemas de las economías
más débiles, en una fase depresiva.
Pero no se hizo así y el euro entró en
vigor en un contexto de acusadas y
evidentes diferencias en términos de
estabilidad macroeconómica entre
los países integrantes, eso sí en una fase
expansiva del ciclo económico. Por ello hasta
la fecha el euro no ha concitado más que
consensos, puesto que hasta ahora solo ha-
bíamos visto su cara alegre y positiva.
Otra, segunda, que abogaría por una re-
modelación de la gobernanza de la propia
UEM, proponiendo la creación de meca-
nismos financieros de cooperación es-
tables que otorgaran apoyo a los países
miembros con dificultades –sin pasar por
situaciones oprobiosas, como estado so-
berano, tal como le está ocurriendo actual-
mente a Grecia.
Aunque existen opiniones que sí abogan
por la desaparición del euro y la vuelta a
las antiguas monedas nacionales, parece
que esta opción está fuera del escenario
político actual e inmediato.
cambiar los principios de la ueM
Así pues, a mi modo de ver, lo que queda
pues por hacer es acometer una reforma
en profundidad de los principios de funcio-
namiento de la UEM y el PEC; necesidad
puesta de manifiesto por la actual crisis,
pero ya que algunos analistas pusieran de
manifiesto desde el inicio de la integración
monetaria. De hecho, ya se ha tenido que
impulsar una ligera reforma de los criterios
del PEC ante el primer envite de inestabi-
lidad financiera a principios de este siglo.
Dotar, por tanto, de mayor credibilidad al
conjunto de la UEM y a cada uno de sus
miembros, exige, a mi entender, introducir
mecanismos de cooperación financiera,
que más allá de las limitadas actuaciones
del BCE en este terreno, ofrezca apoyo a
los países más débiles en situaciones fi-
nancieras y/o económicas adversas. Algo
que, en otra dimensión y contexto, ya exis-
tía en el antiguo Sistema Monetario Euro-
peo, instrumento de integración moneta-
ria, antes antecesor de la UEM.
Parece políticamente, en términos de in-
tegración económica, compensar los per-
juicios de los países más débiles por su
presencia en la unión Monetaria, con los
beneficios de los más robustos, dotando
éstos a un Fondo de Cooperación Finan-
ciera, que sin eludir responsabilidades na-
cionales por la gestión de sus respectivas
políticas macroeconómicas, pongo a dis-
posición de aquellos recursos, bajo deter-
minados condicionantes, en situaciones de
emergencia financiera. Todos saldríamos
ganando en términos de confianza interna-
cional hacia nuestra moneda común.
El Gobierno no debiera dejar pasar la oca-
sión de la Presidencia de la UE durante
este trimestre sin poner sobre la mesa del
Consejo de la Unión una propuesta de re-
forma institucional de la UEM, cambiando
los principios del PEC, dando paso a meca-
nismos de cooperación financiera.
Sin duda, que no se agotan aquí
los posibles proyectos de reforma
institucional en el entramado de
la gobernanza comunitaria, pero
el aquí comentado, constituye un
hito singular para dotar de mayor
estabilidad financiera y eficacia po-
lítica y económica a la integración
monetaria europea. En definitiva, la crisis
actual nos muestra que una de las mejo-
res formas de prevenir la siguiente, o al
menos de atenuar su intensidad, pasa por
una estrategia común de “más Europa”. n
UN MERCADO LABORALMÁS EFICIENTE
Los logros alcanzados en materia de em-
pleo, en los últimos años en España, son
innegables y de una extraordinaria dimen-
sión cuantitativa. Desde el final de la pasa-
da crisis económica, allá por el año 19951,
hace ahora unos doce años, la ocupación
se ha incrementado en España en casi
ocho millones de personas, un incremento
superior al 60%, cifra con escaso paran-
gón en nuestro entorno económico. Tal
evolución nos ha permitido converger con
la Unión Europea en materia de empleo,
aunque aún queda un recorrido largo por
hacer para alcanzar los objetivos de la Es-
trategia de Empleo de Lisboa, donde se fijó
como meta alcanzar una tasa de empleo
del 70% para el año 2010.
Pero, con la vista puesta en el 2008, al-
gunas cosas están cambiando en el último
semestre de 2007 y se abre un horizonte
en el que, a mi entender, comienzan a apa-
recer elementos de incertidumbre más o
1. Cifras referidas a los terceros trimestres de los años 1995 y 2007.
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menos significativos, en cuanto a la evolu-
ción económica del próximo año. Y es que
la ciencia económica no ceja en su intento
de ratificar su carácter de ciencia lúgubre,
como afirmará hace años un destacado
economista.
En esta perspectiva, se erigen expec-
tativas de enfriamiento de la econo-
mía española que condicionarán el
panorama laboral de 2008; expec-
tativas relacionadas con los efectos
económicos de la crisis financiera de las “hi-
potecas subprime” y la evolución del precio
del petróleo y las materias primas, en el or-
den internacional y, en el orden interno, con
el retraimiento del mercado de la vivienda, a
expensas de la moderación en el crecimien-
to de sus precios. Todo ello redundaría en la
dinámica de generación de empleo; particu-
larmente, se asume, el posible estancamien-
to del sector de la construcción, altamente
consumidor, en términos relativos, del factor
trabajo.
Y a pesar de ello, las predicciones de cre-
cimiento económico para el próximo año
siguen situando a nuestro país en torno o
ligeramente por encima de la media euro-
pea, aunque casi un punto por debajo del
que se alcanzará para el conjunto del año
2007. Dicho sea de paso, no parece, de
acuerdo con la mayoría de las predicciones
económicas, ser el mejor momento para
introducir fuertes recortes en la recauda-
ción impositiva; de hacerlo se dificultaría. A
corto plazo, la capacidad de reacción anticí-
clica de los instrumentos presupuestarios,
sin alterar significativamente la tasa de aho-
rro o algún otro de los objetivos buscados
con el hipotético recorte fiscal.
Conviene matizar pues, los síntomas
de recesión económica, más bien en-
friamiento. Respecto a la evolución del
sector de construcción de viviendas, sin
duda, es importante considerar cómo ha
venido arrastrando con fuerza la dinámi-
ca del conjunto de la economía española.
Mirando desde el ángulo de la oferta, la
construcción tiende a animar el compor-
tamiento de otros sectores que le sumi-
nistran materias primas. Es la fuente de
empleo, por lo tanto de salario y de gasto,
del 13% de los trabajadores españoles. Y,
además, la vivienda es el principal activo
financiero de las familias, que lo utilizan
con frecuencia para endeudarse. La ele-
vación del valor aparente de ese activo
anima a las familias al consumo.
Pero no existen signos flagrante-alarman-
tes de una desaceleración brusca en el
sector de la construcción. La dinámica de
crecimiento del valor añadido del sector
ha perdido casi dos puntos porcentuales
de velocidad durante el último año y medio
hasta situarse en línea con el crecimiento
general. Tampoco se perciben sus efectos
sobre la línea general de ascenso del clima
económico. Además, en la actualidad el
crecimiento económico es menos depen-
diente de la construcción de lo que lo ha
sido nunca desde 1998. Desde entonces,
la construcción ha cruzado por dos perio-
dos distintos de expansión y depresión sin
generar una recesión masiva.
Así, mientras el crecimiento de la ocupa-
ción en general se ha mantenido entre el
2 y el 4% anual desde 2001, la evolución
del empleo en la construcción ha sido más
errática, sobre todo a partir del último
año. Pero, ni siquiera el rápido descenso
del último año ha sido capaz de llevar la
tendencia general a las cotas más bajas
del actual periodo expansivo.
Los datos de afiliación de la Seguridad So-
cial tienden en conjunto a ratificar la sen-
da descendente de la creación de empleo.
Pero alteran el ritmo, que aquí se muestra
como mucho más errático. En 2005, se
sumaron más de 900.000 afiliados netos
al conjunto del sistema, en buena media be-
neficiados por regularización de los
inmigrantes. El volumen de afiliación
nueva descendió, de manera drásti-
ca, a casi la mitad al año siguiente
y a lo largo de 2007, aunque lige-
ramente decreciente, se ha mantenido en
los márgenes del medio millón de nuevos
cotizantes. Entre 2005 y 2007, el ritmo
de crecimiento en la afiliación se redujo del
5,8% a un 2,5%, unos niveles que nece-
sitan para observarse remontarse a casi
una década. Estos datos reflejan una atonía
creciente en el mercado de trabajo, pero
dentro de un sendero de ralentización más
que moderado, que en ningún caso tornará
en negativo, en el corto plazo.
Una década de incorporaciones masivas de
individuos al mercado de trabajo, incluyendo
la absorción de trabajadores inmigrantes
hasta representar el 15% del total, no solo
ha cambiado el panorama laboral en Espa-
ña sino también la agenda del debate sobre
el empleo. Con las tasas de paro en España
rondando la media europea, se han reduci-
do en muchos grados las limitaciones del
sistema económico para generar empleos.
No obstante, más allá de la dimensión
cuantitativa del mercado laboral, sino
resuelta si al menos sustancialmente me-
jorada en los últimos años, subsisten pro-
blemas en cuanto a la calidad del empleo
generado. Por un lado, se observa como
los salarios reducen su participación en
la renta. Aunque tal descenso no significa
que la masa salarial haya disminuido. Bien
al contrario, ha crecido en tasas por enci-
ma del 3% de manera constante.
los salarios reducen su participación en la
renta aunque la masa salarial ha crecido.
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parece como si la cultura empresarial de
contratar con fecha de caducidad fuese in-
capaz de reaccionar ante las subvenciones
a las cotizaciones sociales.
Es que los beneficios empresariales lo han
hecho bastante por encima. La bonanza
económica suele reflejarse en términos
del fuerte ascenso de los beneficios em-
presariales. Pero, a medida que madura
la expansión, los convenios colectivos
tienden a recoger los frutos de esa ex-
pansión. Y así ha estado ocurriendo de
manera muy gradual en los últimos años.
Porque una alternativa más favorable a
los salarios es bien distinta tanto en tér-
minos de renta como de empleo. Es, so-
bre todo, en tiempos de recesión cuando
las cuentas de resultados tornan al rojo
pálido y los salarios, rígidos a la baja, ga-
nan participación en la renta.
pérdida de poder adquisitivo
Lo que ha ocurrido es que los salarios me-
dios han perdido poder adquisitivo de for-
ma gradual durante el último lustro. Una
verdad estadísticamente palpable que no
significa que los salarios de cada
trabajador hayan disminuido en tér-
minos reales. La pirámide salarial
se altera debido a que hasta dos
terceras partes de los trabajado-
res nuevos se incorporan a sec-
tores de bajos salarios, el efecto
de este hecho es tirar de la media
global retributiva hacia abajo. Pero
esto no significa que los salarios individua-
les han descendido: un trabajador some-
tido al convenio medio, sin que medie el
valor de sus bonos por antigüedad, por
ejemplo, ha visto crecer su salario a lo
largo de la última década más que en las
tres décadas anteriores, lo que, en pa-
labras del Banco de España, preocupado
por la inflación salarial, este crecimiento
salarial no es sino una evidencia de una
tendencia a la mejora del poder adquisi-
tivo a partir de unos convenios colectivos
que afectan a cerca del 90% de los traba-
jadores del sector privado.
La otra cara de la moneda de la evolución
del mercado laboral se sitúa en la dinámi-
ca de la productividad del factor trabajo.
De modo puramente aritmético, el creci-
miento económico surge a partir o bien
del aumento de la población ocupada o
bien de una mejora de su productividad. El
elevado crecimiento del empleo ha dejado
escaso hueco para impulsar la productivi-
dad, aritméticamente hablando. A medida
que se modera el crecimiento del empleo,
y gracias en parte a fuertes inversiones
en capital humano y físico, todavía infrauti-
lizado, las ganancias de productividad van
apareciendo, siendo cada vez mayor su
participación en el conjunto del crecimien-
to económico.
Y, en buena medida, tal lentitud en el
avance de la productividad está relacio-
nado con la mala calidad del empleo,
representada por un intenso grado de
temporalidad. La paradoja, además, es
que, en los últimos años la temporalidad
se ha ido concentrando en el “paraíso” del
empleo estable, en el ámbito del sector
público. Desde los tiempos de Mariano
José de Larra, cuando los cambios de
gobierno trocaban en despidos masivos,
nunca como ahora había sido tan inse-
guro trabajar para el sector público. Uno
de cada cuatro de sus asalariados presta
sus servicios con un contrato de duración
determinada. Tal cambio no significa que
se altere el sueño de un contrato de por
vida, que por su parte redunda en mejo-
ras de la productividad.
Pero la lucha contra la temporalidad parece
tonarse estéril, a pesar de la ligera mejora
acumulada en el último trienio, con ape-
nas tres puntos de reducción de la tasa de
temporalidad, ante algunos empresarios
que actúan por mecanismos tan poco ra-
cionales como, en la práctica, ignorar las
subvenciones a la contratación indefinida.
La elevada temporalidad, que duplica la del
país más cercano en el grupo de los países
desarrollados, se ha convertido en el este-
reotipo del mercado de trabajo en España.
Parece como si la cultura empresarial de
contratar con fecha de caducidad, cuales-
quiera que sean las condiciones del puesto
de trabajo, tuviese vida propia y fuese inca-
paz de reaccionar ante la perspectiva de
fuertes subvenciones y deducciones a las
cotizaciones sociales. Lo que sí es seguro
es que el empleo fijo no es ya un seguro
ante situaciones económicas adversas. En
el último periodo de recesión perdieron su
empleo casi tantos trabajadores fijos como
temporales.
Así pues el mercado de trabajo
habrá de enfrentarse en 2008 a
dos retos fundamentales durante
el próximo año, en la búsqueda de
una mayor eficiencia en su funcio-
namiento. De un lado hacer frente
a la dicotomía incremento del em-
pleo versus aumento de la productividad,
dinámicas ambas necesarias para el equili-
brio y desarrollo sostenible de la economía
española y, por otro lado, la mejora en la
calidad del empleo, no solo en lo que a la
reducción de la temporalidad se refiere
sino también al ascenso de la calificación
del trabajo y de los puestos de trabajo –in-
versión tecnológica–. Junto a estos retos,
la mejora de las condiciones de trabajo –si-
niestralidad laboral– constituye la tercera
pata esencial para alcanzar un mercado
laboral realmente eficiente.n
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TRAYECTORIA SALARIALDEL EMIGRANTE: ¿SONCOMPETIDORES DE LA MANODE OBRA AUTÓCTONA?
La emigración constituye una de las ca-
racterísticas más destacables del actual
proceso de globalización, fenómeno que
puede estar provocando, tanto en los
países menos desarrollados como en los
desarrollados, implicaciones singulares en
el funcionamiento del mercado laboral. Se-
gún la Naciones Unidas (ONU), en 2005,
191 millones de personas vivían fuera de
su país de origen, con un flujo de 36 millo-
nes de personas entre 1995 y 2005. Del
total de este flujo, 33 millones migraron
hacia los países industrializados. (ONU-
UNFPA, 2007). Este nivel actual de migra-
ciones no tiene precedente en la histórica
de la humanidad y está relacionado con la
globalización de la actividad económica y
los avances tecnológicos en las comunica-
ciones y en los trasportes. Súmese a esto,
los factores tradicionales de expulsión,
como son el paro, la pobreza, las guerras,
los bajos niveles de desarrollo económico
y social y la escasa perspectiva de mejoría
de las condiciones de vidas de las perso-
nas residentes en los países más
pobres del planeta.
España no está aislada de este pro-
ceso, por lo contrario, es un actor
importante del mismo en cuanto
que se destaca como uno de los
principales receptores de inmigrantes a
lo largo de los últimos diez años. Duran-
te el periodo comprendido entre los años
2000 y 2007, la evolución de la pobla-
ción extranjera en España ha experimen-
tado un incremento significativo, pasando
de 759.500 personas en el año 2000 a
4.409.600 personas en el primer trimes-
tre de 2007. Este hecho supone una tasa
de crecimiento en estos últimos 7 años del
580,5% y supone que alrededor del 10%
del total del flujo de inmigrantes se ha diri-
gido a España.
En este contexto, resulta de interés pro-
fundizar en el fenómeno de los flujos migra-
torios en relación con el actual proceso de
globalización. No tanto en la perspectiva,
bastante trabajada ya de los determinan-
tes de los flujos migratorios, sino en las
relaciones teóricas y empíricas de las im-
plicaciones de los flujos migratorios sobre
las relaciones laborales, especialmente en
los países receptores de estos trabajado-
res, es decir, en los países desarrollados.
Circulan bastantes tópicos al respecto,
muchos de ellos con escasa, por el mo-
mento, contrastación empírica, sobre la
competencia que generarían tales flujos
con respecto a la mano de obra nacional,
o, por extensión, sobre el impacto a la baja
que provocarían en los salarios internos y
en el empleo de los nativos.
A este respecto se ha señalado en el
Eurobarómetro de 2006, con datos de
encuestas realizadas en los años 2002 y
2004, que el porcentaje de españoles que
piensan que la inmigración es mala para
la economía del país se ha incrementado,
en respuesta a la pregunta ¿la inmigración
es buena o mala para la economía de su
país? A pesar de ello, la teoría económica
no revela ninguna explicación consistente
para esta creencia. Las evidencias empí-
ricas, por su parte, no presentan ninguna
evidencia estadísticamente significativa o
robusta que indiquen un impacto negativo
de la inmigración sobre el mercado laboral.
Más bien al contrario, investigaciones más
recientes que utilizan modelos de equilibrio
general, que asumen efectos dinámicos de
la inmigración, están encontrando eviden-
cias de que los efectos pueden ser positi-
vos, tanto en términos de empleo como
de salario.
La teoría económica convencional, la más
generalizada en el ámbito académico, al
evaluar los efectos de la inmigración so-
bre el mercado laboral, se centra en el
análisis de la incidencia del fenómeno en
dos aspectos básicos: salario y empleo;
siendo las investigaciones sobre los efec-
tos de la inmigración sobre el salario las
más relevantes.
En este sentido, y siguiendo dichas líneas
analíticas, los efectos de la inmigración
sobre el salario pueden ser evaluados en
el corto y en el largo plazo. En una pri-
mera aproximación, se han de incorporar
dos hipótesis básicas: que la economía es
perfectamente competitiva y que existen
trabajadores cualificados y no cualifica-
dos. En el corto plazo, si la inmigración
aumenta la oferta relativa de trabajado-
res menos cualificados (es decir, con un
nivel medio de cualificación inferior
al de los nativos), puede provocar
una reducción del salario de los
trabajadores menos cualificados y
un incremento de la remuneración
del capital.
El impacto sobre el salario de los traba-
jadores cualificados es, a priori, ambiguo,
puesto que depende de la tasa de sustitu-
ción entre el capital y el trabajo cualificado.
Por lo tanto, en el corto plazo, la inmigra-
ción de mano de obra no calificada o poco
calificada puede suponer un incremento de
la desigualdad salarial, puesto que aumen-
ta la remuneración del capital y disminuye,
en términos relativos, el salario, siendo
Si la inmigración aumenta la oferta de
trabajadores menos cualificados, puede
provocar una reducción del salario.
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37
este más pronunciado entre los trabajado-
res menos cualificados.
A largo plazo, el análisis se centra en la es-
tructura demográfica del país en cuestión
y en su relación con la renta relativa de los
diferentes tipos de trabajadores. De esta
forma, la inmigración solo modifica
los salarios relativos si es capaz
de producir un cambio significativo
en la estructura de cualificación de
los trabajadores; por ejemplo, si
aumenta la proporción de trabaja-
dores cualificados. Por el contrario,
si la inmigración tiene, en media, el
mismo nivel de cualificación que el
de los nativos, la inmigración aumen-
tará la producción mientras se mantiene
constante el nivel salarial. Cuando la mano
de obra inmigrante posee menor cualifica-
ción que los trabajadores nativos, la inmi-
gración disminuye el número relativo de
los trabajadores cualificados, aumentando
sus salarios y reduce el de los no cualifica-
dos. Por lo tanto, aumenta la desigualdad
de salario en la economía.
también afecta al empleo
Con relación al empleo, la teoría tradicio-
nal también revela que la probabilidad de
encontrar empleo por parte de los traba-
jadores nacionales sustituibles por traba-
jadores inmigrantes, es decir, los de igual
nivel de cualificación, podría disminuir con
la inmigración. Sin embargo, este análisis
centrado solo en el mercado laboral ignora
otros elementos que pueden influir en la di-
námica de este mercado y en los efectos de
la inmigración sobre el mismo. Por ejemplo
los efectos del progreso tecnológico y del
comercio. Además, esta reflexión teórica
no considera otras aportaciones que, fun-
damentalmente, apuntan a un mercado
de trabajo determinado por la demanda
(segmentado por las características de los
puestos de trabajo) y con una oferta, al me-
nos en algún segmento, altamente elástica
(puede aumentar en gran cuantía con lige-
ras variaciones salariales) y dualizada, en
segmentos definidos por su contenido de
capital humano u otros parámetros (nativa
versus foránea, género, etc.).
Una visión alternativa al modelo conven-
cional plantearía que las ofertas de tra-
bajo son diferentes según se trate de
trabajadores nativos y los inmigrantes
(definidas por salarios de reserva –sa-
lario que se espera obtener con un em-
pleo– distintos, que se determinan por las
condiciones del nivel de vida en el país de
origen y en el de destino, respectivamen-
te), y para éstos, entre los legales y los
ilegales, teniendo en cuenta que el salario
de reserva de los inmigrantes aumentará,
de forma probablemente rápida, a medida
que regularicen su situación y se integren
en el mercado laboral del país de desti-
no. Bajo este prisma se podría entender
cómo no se produce competencia efec-
tiva entre ambos tipos de trabajadores,
inmigrantes y nativos, en las primeras
etapas de la inmigración, aunque sí puede
comenzar a ocurrir una vez que los inmi-
grantes se hayan integrando laboralmen-
te, regularizado sus estatus legal; porque
a partir de aquí comienzan a acercar sus
expectativas y demandas salariales a las
de los trabajadores nativos, conformando
un salario de reserva más cercano a los
estándares nacionales, en cada nivel de
cualificación.
Así pues, la competencia no se produce
entre ambos tipos de trabajo mientras los
trabajadores inmigrantes se mantienen en
el estadio de la ilegalidad, o a lo sumo, en-
trarían a competir con los trabajadores na-
tivos inmersos en esa situación de ilegalidad
(asalariados o autónomos), en la medida en
que efectivamente en el mercado
de nativos exista. De este modo, la
ilegalidad-irregularidad se convierte
en un mecanismo de entrada fun-
damental (y menos conflictivo so-
cialmente, aunque no políticamente)
hacia los mercados laborales de los
países desarrollados. En esto consis-
te la esencia del denominado “efecto
llamada”, al menos en los momentos
iniciales del flujo, de la emigración irregular:
la existencia de una demanda creciente de
trabajo a bajos salarios, por debajo de los
salarios de reserva de la población activa
nativa, incluso de la dispuesta a emplearse
en condiciones irregulares.
efectos positivos
Por último, nuevas evidencias están sur-
giendo en la literatura económica, consi-
derando las posibles interacciones entre el
mercado laboral, el mercado de capitales
y los sectores productivos de la economía
real. Estos modelos consideran la posibili-
dad de que la inmigración provoque efectos
positivos sobre el empleo y el salario medio
de los nativos y de la economía en general,
derivados de los ajustes secundarios de los
distintos mercados, es decir, como consu-
midores de bienes que ellos –los emigran-
tes– ayudan a producir, contribuyendo así
a su propia demanda. Además, los nativos
menos cualificados pueden permanecer en
paro a menos que más inmigrantes cualifi-
cados ayuden a generar empleo para ellos.
En el caso español, como se ha señalado,
en la última década se ha producido un cre-
la probabilidad de encontrar empleo por
parte de los trabajadores nacionales sus-
tituibles por trabajadores inmigrantes,
de igual nivel de cualificación, podría dis-
minuir con la inmigración.
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38
cimiento espectacular de la inmigración,
particularmente la procedente de América
Latina, la más numerosa, que supone en la
actualidad un 44% de la población extran-
jera total que reside en nuestro país.
Ahondando más en el análisis de la inmi-
gración en España, dentro de los datos
más llamativos, cabe destacar respecto
a la población procedente de América
Latina el fuerte aumento que se produce
desde el primer trimestre del año 2000
hasta el último analizado (2007 TI). Esto
podría estar relacionado con la grave
crisis económica de estos países entre
1999 y 2002, que provocaría un efecto
expulsión de la población local. Además, el
fuerte crecimiento económico de España
y la cercanía cultural también podrían ser
considerados como un efecto atracción.
Por último, habría que considerar que
las primeras llegadas de inmigrantes lati-
noamericanos y su relativa consolidación
como ocupados en el mercado laboral es-
pañol, crea canales estables de atracción
de inmigrantes. Es decir, los establecidos
abren puertas para nuevas llegadas, por
su conocimiento del terreno, por la cons-
trucción de medios de supervivencia (me-
dios de ingreso, trabajo, vivienda, etc.) y
por la reunificación familiar.
Por otro lado, interesa destacar como la
población ocupada extranjera total tiene
un nivel de educación fundamentalmente
intermedio, es decir, de educación secun-
daria y formación profesional: el 56,81%
frente al 51,88% de ocupados españoles.
Se destacan los latinoamericanos, con un
64,78% con este nivel de formación. En
las escalas superiores de educación, la di-
ferencia es mayor y en sentido contrario,
con un 33,21% de españoles frente a un
21,02% de los extranjeros.
Estos datos de nivel educacional de los traba-
jadores extranjeros comparados con las ocu-
paciones de los mismos parecen mostrar
una cierta discriminación laboral hacía los
mismo, una vez que trabajan en ocupaciones
que exigen un nivel de cualificación general-
mente inferior a su formación educacional.
Tal discriminación laboral también se pone
de manifiesto cuando se analizan los salarios
de los trabajadores extranjeros en España.
El análisis precedente revela que, pese a
existir una opinión generalizada de que la
inmigración genera efectos negativos so-
bre el salario y el empleo de los trabaja-
dores nativos, la teoría económica y las
evidencias empíricas no corroboran esta
perspectiva. Por el contrario, análisis adi-
cionales, que consideran los efectos diná-
micos en la producción, el consumo y la
demanda, revelan un efecto positivo de la
inmigración sobre el empleo y el salario. n
FUENTE: INE (EPA) y elaboración propia.
evOlución de la pOblación extranjera reSidente (MayOr de 16 añOS) en eSpaña pOr Área de prOcedencia
Ganacia media por hora trabajada, 2002 (euros) en España
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L EPA: EL 20 POR CIENTO BUSCA EMPLEO
La Encuesta de población activa (EPA) del primer
trimestre del año ha helado los incipientes “bro-
tes verdes” que nos venía anunciando la ministra
Salgado. La EPA refleja un aumento del número de des-
empleados (286.200), que sitúa la cifra de trabajado-
res que buscan empleo en 4.612.700 (20,05%) y nos
demuestra que la recesión económica no ha tocado
fondo y que, posiblemente, el desempleo tampoco ha
tocado techo y no lo hará hasta que no hagamos algo
distinto a lo que venimos haciendo hasta ahora.
La EPA es la encuesta que mejor refleja la realidad
del desempleo en nuestro país, y se utiliza con rigor,
a efectos comparativos, para hacer un seguimiento
del comportamiento del paro, tanto en España como
en relación a otros países. Por eso resulta ridículo y
desacertado contraponer los datos del paro registra-
do en las oficinas públicas de empleo –adelantando su
publicación de manera oportunista cuando son positi-
vos– con las cifras de la EPA, lo que ha terminado por
volverse en contra de lo que ha pretendido ser una
simple operación de marketing del Gobierno.
La destrucción de empleo contemplada en la EPA
es más intensa entre los hombres (un 1,9% menos
ocupados que en el último trimestre del año 2009),
pero afecta, aunque en menor medida, también a
las mujeres (un 0,6% menos ocupadas). En términos
interanuales esto significa que hay 591.000 hombres
ocupados menos y 105.700 mujeres menos.
El desempleo de la población extranjera continúa sien-
do más elevado que el existente en la población nativa,
con una tasa de paro del 30,79%, y es el más alto, jun-
to al de los jóvenes menores de 25 años, que alcanza
la terrible tasa del 40,9% (sube 5,3 puntos en un año).
La tasa de temporalidad sigue reduciéndose y se sitúa
en el 24,39%, siete décimas por debajo del trimestre
anterior, lo que demuestra que se sigue destruyendo
en mayor medida el empleo temporal que el indefinido.
La reducción no es más fuerte porque los empresa-
rios siguen apostando por la contratación temporal:
el 90,5% de los contratos registrados el pasado mes
abril son temporales; crecen un 6% en términos anua-
les, disminuyendo los contratos indefinidos un 7,6%.
Por actividades económicas, vuelve a ser la construc-
ción la peor parada, siendo en este sector la destruc-
ción de empleo mayor (un 7,7% de ocupados menos
sobre el trimestre anterior). En todo caso, y salvo en la
agricultura, todos los sectores se encuentran a la baja
en cuanto a la creación de empleo.
Por su parte, el empleo a tiempo parcial disminuye en
19.000 personas respecto al trimestre anterior, aun-
que en términos interanuales se eleva el 1,2%, lo que
representa el 13,3% del total de ocupados.
Patrono de la Fundación Largo Caballero
recopilación de artículos de antón Saracíbar (ii)
• “epa: el 20 pOr cientO BuSca eMpleO”
• “el repartO del cOSte de la criSiS”
• “eStadO de la naciÓn: reFOrMaS al aMparO de la criSiS”
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41
la crudeza de la crisis nos anuncia serios
riesgos de que el paro se convierta en un
verdadero problema social y político.
Más paro de larga duración
En cuanto a la tasa de paro de larga dura-
ción, ésta alcanza ya el 7,8%, 3,8 puntos
más que hace un año. Ello quiere decir que
los parados que llevan más de un año en
situación de desempleo se elevan a 1,8 mi-
llones (el 38,7% del total), lo que significa
casi 16 puntos más que hace un año, y
de éstos, 600.000 se encuentran desem-
pleados desde hace dos o más años. Estos
porcentajes demuestran la importancia del
paro de larga duración en nuestro país,
que se está convirtiendo en un verdadero
problema social al resultar difícil su em-
pleabilidad.
Finalmente, cabe destacar que 1,3 millo-
nes de familias tienen todos sus miembros
inactivos (crecen el 21% en el último año),
lo que representa el 7,6% de todos los ho-
gares y sitúa este porcentaje en alturas
desconocidas hasta ahora.
Estos datos reafirman la crudeza de la cri-
sis y nos anuncian serios riesgos
de que el paro se convierta en un
verdadero problema social y, consi-
guientemente, en un serio proble-
ma político, a pesar del esfuerzo de
Zapatero por mantener las políticas
sociales y la responsabilidad de los
sindicatos en el tratamiento de la crisis.
Los próximos Presupuestos Generales
de Estado serán, en buena medida, una
prueba de choque que tendrá que afron-
tar el Gobierno –pendiente del déficit y la
deuda pública– en relación a las políticas
sociales (sobre todo la cobertura de des-
empleo) y a las medidas que impulsen la
inversión productiva hacia sectores que
permitan una recuperación sólida y du-
radera, asentada en el conocimiento y la
innovación y, por lo tanto, en la competiti-
vidad y el empleo.
Zapatero tendrá que recortar gastos or-
dinarios de funcionamiento para reducir el
déficit, pero deberá mantener las políticas
sociales y las medidas de estímulo para
crear empleo, ante la atonía inversora de
las empresas y el recorte del crédito de
las entidades financieras. No se puede ol-
vidar que sin empleo no hay solución para
salir de la crisis y, por lo tanto, tampoco
para reducir finalmente el déficit y la deuda
pública.
Mientras tanto, no dejan de ser escanda-
losas las cifras millonarias que se manejan
en los balances del primer trimestre del
año de grandes bancos y empresas multi-
nacionales, relativas a beneficios y dividen-
dos, así como a retribuciones y pensiones
de los componentes de los consejos de ad-
ministración. Por ejemplo, Alfredo Sáenz,
consejero delegado del Banco Santander,
se jubilará con una pensión de 85,7 millo-
nes de euros, que “se actualizarán al tipo
de interés pactado”, y percibió de sueldo
en 2009, la escandalosa cifra de 10,2
millones de euros (un 10,13% más que
en 2008). Increíble. Eso sí, el Banco de
Santander “someterá a la junta el sueldo
de los consejeros” (El País, 1-5-2010).
Lo más llamativo de la actual situación es
que nadie denuncie estos hechos, ni si-
quiera el gobernador del Banco de España,
tan lenguaraz en su campaña encaminada
a recortar salarios y pensiones, además
de exigir una reforma laboral a la baja.
Ante esta realidad, sostener que la refor-
ma laboral (abaratar el despido, mantener
la precariedad, reducir los salarios en
empresas y Administraciones Públicas,
y reducir las cotizaciones a la Seguridad
Social) es una pieza clave para resolver el
problema del paro resulta un sarcasmo,
cuando no una provocación.
Búsqueda de la foto
En todo caso, una reforma laboral pactada
siempre se considera positiva, porque un
acuerdo entre los interlocutores sociales
y el Gobierno siempre genera, entre otras
cosas, confianza. El retraso que se está
produciendo en las conversaciones tiene
mucho que ver con la búsqueda de la “foto”
que escenifique un gran acuerdo, que será
difícil si los sindicatos se mantienen firmes
como anunciaron en las movilizaciones del
1º de Mayo, por ejemplo, oponiéndose al
abaratamiento del despido y a la reducción
de las cotizaciones empresariales a la Se-
guridad Social. Sin esas concesiones no
es previsible que la CEOE firme el acuerdo
global como pretende el Gobierno.
De todas formas, en las conversa-
ciones se han producido acuerdos
parciales (reducción de jornada
para evitar el despido; revisar las
bonificaciones a la contratación,
primando la contratación indefinida;
plan de empleo para los jóvenes…) que el
Gobierno debería de llevar a la práctica
cuanto antes. No se entienden las razones
para no hacerlo, dada la gravedad de la
crisis y, sobre todo, cuando se sigue des-
truyendo empleo.
Otros asuntos –seguramente más impor-
tantes– para reducir el desempleo tienen
que ver con la reforma del sistema financie-
ro (no solo de las cajas de ahorros) con el
propósito de facilitar el crédito a empresas,
trabajadores autónomos y familias, para
lo que hay que liberar paulatinamente las
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cantidades inmovilizadas en el sector del
ladrillo; la lucha contra el fraude fiscal y la
economía sumergida (por encima del 20%,
según el ministro Corbacho); la búsqueda
de nuevos yacimientos de empleo (socia-
les, tecnológicos y medio ambientales); y
el establecimiento de medidas para
mejorar la empleabilidad de los des-
empleados, que además nos aden-
tre en un nuevo modelo productivo.
Además, en la búsqueda de alterna-
tivas a la crisis, el Gobierno no debe
aceptar presiones de quienes nos han con-
ducido a la actual situación porque, posi-
blemente, se volverán a aprovechar de la
salida de la crisis. Es el momento de evitar
que eso ocurra y, por lo tanto, de poner en
valor la política, la democracia y el Estado,
considerando a fondo el abordar la regula-
ción de los mercados, la supervisión ban-
caria, el funcionamiento de las agencias de
calificación, las empresas de auditoría, y el
Impuesto a las Transacciones del Capital,
entre otras medidas, con el propósito de
evitar que se vuelva a producir una crisis
de estas características.
En este sentido, lo primero que procede es
abordar estas reformas en el ámbito de la
UE con la voluntad de proyectarlas hacia
un mundo globalizado –a pesar del ejemplo
lamentable que se viene produciendo con
las ayudas a Grecia– y lo segundo, defender
una política económica donde paguen más
los que más tienen y, por supuesto, los cau-
santes de la crisis, lo que no será fácil con
la actual correlación de fuerzas a ese nivel.
A pesar de las dificultades, es el momento
de anteponer los intereses de los ciudada-
nos a los que especulan y sacan ventaja
de la crisis, y anteponer también la políti-
ca y la democracia al interés y a la lógica
del mercado. Para eso se necesitan ideas
claras (evitar el desarme ideológico) y una
clase política (Gobierno y oposición) con
sentido de Estado y en contacto con la rea-
lidad social, donde todos sus componentes
defiendan con firmeza sus ideas y trabajen
para salir de la crisis –buscando siempre
el acuerdo y el compromiso, al margen de
políticas partidistas–, lo que generará la
necesaria credibilidad y confianza.
La ciudadanía no entendería otra lógica en
la actual situación, como no puede enten-
der los escasos resultados de la reunión
celebrada entre Zapatero y Rajoy. n
EL REPARTO DEL COSTEDE LA CRISIS
El fondo de estabilidad, hasta 750.000
millones de euros, aprobado en la Unión
Europea con el propósito de defender el
euro y atajar el déficit y la deuda generada
por la crisis económica y agravada por la
especulación, exige además medidas pre-
supuestarias por parte de los países co-
munitarios, que ya han comenzado una ca-
rrera de fuertes ajustes sociales, en base
a una correlación de fuerzas favorable a
una política liberal.
En coherencia con ello, el Gobierno, sus-
cribiendo esta política, ha presentado un
paquete de medidas –sin precedentes en
democracia– en el Parlamento, que han
sorprendido por su dureza (afectan en sen-
tido negativo en torno a ocho millones de
familias) y por resultar incoherentes, cuan-
do no contradictorias, con las políticas
y declaraciones que se venían haciendo
hasta ahora, en base a la defensa de una
política social favorable a los más débiles.
A pesar de ello, la sociedad ha terminado
por asumir la gravedad de la situación y
está dispuesta a aceptar la necesidad de
hacer sacrificios, siempre que sean
equitativos, para salir de la crisis.
Por este motivo, no acepta que el
coste de la crisis lo paguen los más
débiles y, por lo tanto, los que no
son culpables de la generación de la
misma: funcionarios públicos, pen-
sionistas, personas dependientes… Por el
contrario, exigen que paguen más los que
más tienen y, sobre todo, las empresas
que siguen obteniendo beneficios y repar-
tiendo dividendos escandalosos en medio
de la crisis –además de los altos ejecutivos
con sueldos millonarios (megasalarios)–,
como se viene reflejando en los medios
de comunicación en los últimos días. En-
tre ellos destacan los grandes bancos que
recibieron el apoyo del Gobierno como res-
puesta a la crisis y se aprovecharon –en
una etapa de fuerte crecimiento de la eco-
nomía– de la especulación del ladrillo, con
la permisividad del Banco de España.
Por eso, alternativamente, voces autoriza-
das de la izquierda plantean una reforma
de las Administraciones Públicas que re-
duzca drásticamente el gasto corriente:
hay que gastar bien y no por inercia como
se viene haciendo hasta ahora, fijando ob-
jetivos adecuados en un contexto de crisis,
impulsando con ello una política del gasto
público que sea un ejemplo de austeridad
a todos los niveles.
En todo caso, se puede reducir el gasto en
mayor medida que lo vienen haciendo los
diversos gobiernos (después de dos años
de crisis no se percibe una política seria de
austeridad en las Administraciones Públi-
cas). Por ejemplo, en eventos y encuentros
la sociedad ha terminado por asumir la
gravedad de la situación y a aceptar sa-
crificios.
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43
prescindibles; propaganda innecesaria de
las actividades de las Administraciones Pú-
blicas; gastos suntuarios; reducir el núme-
ro de asesores que proliferan en muchos
niveles; revisar la política de subvenciones;
replantearse los gastos militares…
Por otra parte, hay que actuar sobre los
ingresos con medidas encaminadas a un
reparto más justo del coste de la crisis:
recuperar el impuesto sobre el patrimo-
nio, la persecución del fraude fiscal y de
la economía sumergida, el Impuesto sobre
las Transacciones Bancarias, impuestos a
los altos beneficios y dividendos empresa-
riales, mayor tributación de las grandes
fortunas refugiadas en las SICAV, y dotar
de una mayor progresividad a los impues-
tos directos, entre otras medidas.
Otro asunto que se debate en estos
momentos es la repercusión de las
medidas en el crecimiento de la eco-
nomía y, por lo tanto, en el empleo.
Según todos los analistas –y el senti-
do común lo determina– las medidas
van a penalizar sin remedio al consu-
mo y a la inversión y, como consecuencia, al
crecimiento de la economía y al empleo, lo
que significa que con estos sacrificios no se
va a reducir el paro; seguramente se va a
incrementar. Debemos recordar que la re-
cuperación del empleo resulta fundamental
en términos sociales y también económicos.
Sin la creación de empleo no habrá correc-
ción del déficit y la deuda, y las cuentas de
la Seguridad Social y la cobertura de desem-
pleo se resentirán considerablemente.
En definitiva, todo ello significará transfe-
rencias de renta del trabajo al capital y,
por lo tanto, un mayor aumento de las des-
igualdades.
Estas medidas han sido rechazadas por los
sindicatos y, lógicamente apoyadas, entre
otros, por los empresarios. Los sindicatos
protestan no solo por los recortes sino
por el procedimiento empleado. No se ha
consultado con ellos, sino a toro pasado,
y se ha incumplido el acuerdo de la Fun-
ción Pública para tres años, que contem-
pla una fuerte moderación salarial y que
fue firmado (en septiembre pasado), por
la vicepresidenta primera del Gobierno, lo
que crea una importante inseguridad jurí-
dica y legal y, por lo tanto, desconfianza en
los sindicatos sobre acuerdos posteriores.
Llevar a los tribunales y al Parlamento la
rotura del acuerdo, y la convocatoria de
una huelga general para el 8 de junio en
las Administraciones Públicas, no es más
que una respuesta moderada a la agre-
sión que han sufrido los empleados públi-
cos, que llevan perdiendo poder adquisitivo
desde hace años con el argumento de que
tienen empleo fijo.
Se ha instalado la desconfianza
Al margen de la contestación en la Función
Pública, los sindicatos están reflexionan-
do sobre otras “medidas contundentes y
proporcionadas” en la actual situación. La
desconfianza se ha instalado en las rela-
ciones entre el Gobierno y los sindicatos
y está marcando el desarrollo del diálogo
social encaminado a una reforma laboral
que, no hay que descartar, puede contem-
plar nuevos recortes a los derechos de
los trabajadores como viene persiguiendo
la CEOE (reducción de las cotizaciones a
la Seguridad Social y facilitar y abaratar
el despido, entre otras medidas), con el
apoyo del Banco de España (según el go-
bernador: “con el recorte no vale, hace
falta la reforma laboral”), si son aceptados
finalmente por el Gobierno.
El problema no ha hecho más que empe-
zar y se puede agravar en los próximos
meses, porque se esperan nuevas exigen-
cias y recortes si nadie lo remedia. Por
ejemplo, la congelación del SMI (salario
mínimo interprofesional) y de diversas
partidas de gasto social y de inversión en
el próximo debate presupuestario para el
próximo año que está llamado a ser muy
importante.
A ello hay que añadir la ruptura del consen-
so alcanzado en el Pacto de Toledo –vigen-
te desde hace 15 años– congelando las
pensiones que tienen garantizadas
por Ley el mantenimiento del poder
adquisitivo y que nada tienen que
ver con el déficit y la deuda. El año
pasado las cuentas de la Seguridad
Social tuvieron superávit (8.500 mi-
llones de euros) y el Fondo de Re-
serva alcanza en la actualidad la ci-
fra de 62.000 millones de euros, que está
para ser utilizado en caso de emergencia.
Además, en estos momentos se trabaja
para culminar la separación de las fuen-
tes de financiación con el propósito de ga-
rantizar la autosuficiencia económica del
sistema. Por lo tanto, no viene a cuento la
congelación de las pensiones para conten-
tar a los mercados, perjudicando a los que
menos tienen, sobre todo cuando, ade-
más, han contribuido con su aportación a
las pensiones que cobran actualmente.
Por otra parte, las medidas del Gobier-
no han creado, además, desasosiego en
la izquierda sociológica y particularmente
en el seno del propio partido socialista. En
este caso, ello se explica, sobre todo, por
Sin la creación de empleo no habrá co-
rrección del déficit y la deuda, y las cuen-
tas de la Seguridad Social y la cobertura
de desempleo se resentirán.
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44
la reforma laboral no resolverá el proble-
ma del empleo ni de la dualidad y pone
en grave riesgo la negociación colectiva al
garantizar el descuelgue de los convenios.
el procedimiento adaptado para la toma
de decisiones: reunión del núcleo duro en
Moncloa y traslado de las decisiones toma-
das al grupo parlamentario socialista y a
la estructura partidaria para su ejecución
y sin posible debate, lo que sitúa, una vez
más, en muy mal lugar la democracia par-
ticipativa del PSOE.
Estas consideraciones ya se discuten a
fondo en la calle y todo indica que las
medidas tomadas van a tener importan-
tes repercusiones en los electores so-
cialistas que todavía recuerdan el grito
unánime de los jóvenes después del triun-
fo electoral del PSOE: “Zapatero no nos
falles”. Las previsibles repercusiones se-
rán negativas para el PSOE, comenzando
por las próximas elecciones en Cataluña,
después por las elecciones municipales,
y finalmente por las elecciones genera-
les, a pesar del comportamiento lamen-
table de la oposición (PP): escándalos de
corrupción, falta de alternativas, opor-
tunismo político, nulo compromiso para
salir de la crisis…
La democracia, una vez más, se ha su-
peditado a las leyes del mercado, a los
poderosos, a los que más tienen. Ha
ganado el mercado al Estado –cuando
hace poco tiempo el Estado salvó al
mercado– y los ciudadanos se pregun-
tan dónde están las diferencias entre
izquierda y derecha, dónde está el Par-
tido Socialista Europeo, la Internacional
Socialista, y la socialdemocracia en la
actualidad, que si destacan es solo por su
estruendoso silencio (desarme ideológico).
Salvo el tibio ejemplo de Portugal, que
además contempla un acuerdo entre el
Gobierno y oposición, los gobiernos de la
Unión Europea están llevando a la práctica
las mismas medidas al margen del color
del gobierno.
Como consecuencia, la desilusión está
aumentando, y se une así a la desconfianza
y a la falta de credibilidad de la clase polí-
tica. En definitiva, el problema económico
se ha convertido en un problema social
y, después de las medidas tomadas y de
las declaraciones que se vienen haciendo,
algunas contradictorias, en un problema
político de primera magnitud. Como dice
un refrán castizo: para ese viaje no se ne-
cesitan alforjas. n
ESTADO DE LA NACIÓN:REFORMAS AL AMPARODE LA CRISIS
Coincidiendo con el calor del verano, las
vacaciones, y la euforia desatada por el
triunfo de la selección española en el mun-
dial de fútbol, el Gobierno ha dado por ce-
rradas tres reformas de gran calado en
el debate sobre el Estado de la Nación: la
reforma laboral, la reforma del sistema fi-
nanciero, y la reforma de las pensiones.
Sigue en marcha la reforma del sistema
energético y, sin fecha conocida para el de-
bate, quedaría pendiente la reforma fiscal
que podría ser abordada en los próximos
Presupuestos Generales del Estado –segu-
ramente de manera limitada– y que debe-
ría estar encaminada a generar más ingre-
sos fiscales, con el propósito de evitar que
las víctimas de la crisis sigan pagando aún
más las consecuencias de la misma.
La primera lectura que se puede hacer de
ese debate es que la contestación sindical
y la convocatoria de una huelga general
no han tenido –por el momento– ningún
efecto sobre las reformas y, por lo tanto,
tampoco sobre las medidas lesivas para
los trabajadores puesto que el Gobierno
mantiene sus posiciones en el ámbito polí-
tico, al margen del diálogo social. Por eso,
la declaración de apoyo a los sindicatos
de Zapatero en el debate carece de fun-
damento y contenido (“por los hechos los
conoceréis”).
De la reforma laboral se ha dicho casi
todo. Simplemente reiterar que ha sido
merecedora, como nunca en democracia,
de una huelga general –que los sindicatos
han reafirmado después del debate– y que
es posible que en la discusión del proyecto
de ley en el Parlamento se endurezca, de
tal manera que pueda ser aprobada por el
PP, haciendo, si cabe, mayores concesio-
nes a los empresarios que se encuentran
crecidos en medio de la crisis, al haber
conseguido con la reforma que “el despido
sea más fácil, más rápido, y más barato”.
Lo más lamentable de la situación creada
con la reforma es que no resolverá, por
mucho que se diga, los dos grandes pro-
blemas de nuestro mercado de
trabajo: el empleo y la dualidad
de nuestro mercado de traba-
jo; además de poner en grave
riesgo la negociación colectiva al
garantizar a los empresarios el
descuelgue unilateral de los con-
venios colectivos.
Por eso, hay que seguir debatiendo sobre
la política económica que nos sitúe en la
senda del crecimiento, revisando los estí-
mulos fiscales y fomentando la inversión
productiva, además de facilitar créditos
a las empresas y familias, única manera
de crear puestos de trabajo. Desde luego,
no lo haremos a través de las políticas de
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la reforma del sistema financiero no dice
nada de la regulación de la banca, ni de la
morosidad, ni del inmovilizado del ladrillo.
ajuste fiscal aprobadas, en coherencia con
el discurso neoliberal vigente en la Unión
Europea, según ponen de manifiesto todos
los expertos que profesan ideas so-
cialdemócratas.
En este sentido, sigue resultando
cínico y lamentable que muy po-
cos hablen y se preocupen por el
desempleo –ronda al 20% de los
trabajadores– y, en cambio, se traslade a
través de los medios de comunicación, en
buena medida controlados por la derecha
económica, una mayor preocupación por
la reacción de los mercados, cuando el
desempleo representa un verdadero pro-
blema político, económico y social, que
afecta particularmente a los jóvenes y los
parados de larga duración.
Otra víctima de la reforma laboral –y no es
la menos importante– se refiere al retraso
que está sufriendo el debate para prepa-
rar la salida a la crisis, a través del nece-
sario cambio de modelo productivo en el
marco de una economía sostenible.
La reforma del sistema financiero no dice
nada de la regulación de la banca –que evi-
te que se repitan los problemas desenca-
denantes de la crisis–, ni de la morosidad
y el inmovilizado del sector del ladrillo, ni
de los paraísos fiscales, ni del impuesto
sobre las transacciones financieras, ni tan
siquiera de las retribuciones millonarias de
sus gestores.
En la práctica, la reforma se ha convertido
simplemente en la reforma de las cajas de
ahorros –reivindicación histórica de la gran
banca– encaminada, en primer lugar, a eli-
minar la representación política estable-
ciendo la incompatibilidad de cargos elec-
tos para ser miembros de los órganos de
gobierno de las cajas, además de limitar la
participación de los representantes de la
Administración en los órganos de gobier-
no, con el argumento de que servirá para
profesionalizar y democratizar las cajas de
ahorros, algo inconcebible que confirma,
sin fundamento, la prevalencia para algu-
nos de lo privado sobre lo público.
En segundo lugar permitirá captar capital
privado a través de las cuotas participati-
vas que contarán con derechos políticos,
con la pretensión de reforzar la solven-
cia, abriendo también la posibilidad de
trasladar el negocio a los bancos a los
que habría que remunerar por su inter-
vención, convirtiendo las cajas en simples
fundaciones sin ningún control sobre los
bancos.
privatización de las cajas
El resultado –acordado con el PP y sin ne-
gociarlo con los interlocutores sociales–
será la privatización a corto y medio plazo
de las cajas de ahorros (“bancarización”) y
resultará particularmente negativo para la
obra social que quedará reducida a ceni-
zas, en una primera etapa, hasta su des-
aparición final.
En definitiva, el decreto ley, que se ha apro-
bado por vía de urgencia, modifica la ley
de órganos rectores de las cajas de aho-
rro (LORCA) y, lamentablemente, rompe el
modelo social de las cajas, basado en el
fomento del ahorro, en la atención a las
familias y a las pequeñas empresas, y en
su función social, a través de la obra social
ligada al territorio, a la cultura, a la educa-
ción y a los más necesitados.
Con la reforma de las pensiones, además
de congelarlas en el año 2011, se preten-
de alargar la edad de jubilación y aumentar
el periodo de cómputo para estable-
cer la cuantía de la pensión, que su-
frirá un recorte en todos los casos.
Esperemos que estas medidas se
discutan a fondo en el Pacto de To-
ledo y, previsiblemente, en los pro-
cesos electorales que se avecinan,
aunque no se esperan cambios a mejor.
El Gobierno ha confirmado que va a mante-
ner su propuesta de retrasar la edad de ju-
bilación a los 67 años (actualmente el 45%
de las personas se jubilan antes de los 65
años y la edad media de jubilación real se
establece en 63,7 años), suscribiendo lo
que últimamente ha sugerido la Comisión
Europea: que se retrase indiscriminada-
mente la jubilación hasta los 70 años en
el año 2060, lo que demuestra desorien-
tación, perplejidad, y escaso contacto con
la realidad social de cada país, por lo que
semejante medida a tan largo plazo solo se
explica en términos ideológicos.
No podemos olvidar que el problema actual-
mente es mantener en su puesto de traba-
jo a un trabajador en torno a los 60 años,
lo que requiere frenar el proceso de pre-
jubilaciones abusivas, porque los empresa-
rios, sin ninguna conciencia social, quieren
por diversas razones sustituirlos –dicen que
son más caros (antigüedad), tienen menos
capacidad de trabajo, y menos formación–
por trabajadores más jóvenes.
Los sindicatos reiteran que hay que seguir
con la jubilación flexible y bonificada por
encima de los 65 años y penalizada por
debajo de ese límite, lo que resulta com-
prensible y ajustado a la realidad de las
empresas y a la situación personal de los
trabajadores (toxicidad, penosidad, y peli-
grosidad).
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46
La CEOE, por su parte, sigue insistiendo en
la reducción de las cotizaciones a la Segu-
ridad Social, haciendo abstracción de los
problemas que ello generaría a la sosteni-
bilidad del sistema, con el falso argumento
de crear empleo.
debate serio y riguroso
En todo caso, se echa en falta un debate
serio, riguroso, y sin ideas preconcebidas
sobre la baja cuantía de nuestras pensio-
nes, que se encuentran muy alejadas de
los países de nuestro entorno (3 puntos
del PIB por debajo de la media europea);
la financiación de nuestro sistema de Se-
guridad Social –en ninguna parte está es-
crito que se tenga que financiar exclusiva-
mente a través de las cotizaciones–; y la
corrección del déficit en protección social
(más de 6 puntos del PIB) que nos separa
de la media europea, como sistemática-
mente viene denunciando el profesor V.
Navarro.
Finalmente, nada se dice de la reforma
fiscal que debería resultar obligada para
reducir el impacto negativo de la crisis en
la mayoría de la ciudadanía. Políticas rela-
cionadas con el impuesto sobre el patrimo-
nio, las SICAV, mayor presión fiscal a las
rentas más altas y a las altas plusvalías,
y la revisión de las deducciones y bonifica-
ciones fiscales, entre otras medidas, han
tenido una respuesta dilatoria del Gobierno
(“ahora no toca”), que pone patas arriba el
reparto equitativo de la crisis.
Lo mismo podemos decir de la necesaria
lucha contra el escandaloso fraude fiscal
(23%, según diversas fuentes) y la per-
secución de la economía sumergida –el
Gobierno no reacciona ante este grave
problema–, que nos garantice mayores in-
gresos fiscales, desde la elemental justicia
redistributiva, para combatir la crisis por
el lado de los ingresos y no exclusivamente
del gasto.
Las reformas aludidas, al amparo de la
crisis, tienen un sesgo muy negativo para
los trabajadores y, salvo los sindicatos y
los partidos minoritarios de izquierda, no
han sido contestadas en el Parlamento.
Los grandes ganadores siguen siendo los
de siempre: la derecha política, la derecha
económica, los empresarios, y los que es-
peculan en el mercado. Los perjudicados
también son los de siempre: la clase me-
dia y, sobre todo, los más débiles; además
de la izquierda, los sindicatos, y la social-
democracia, que han demostrado escasa
capacidad de maniobra en nuestro país y,
lo que es más grave, en el marco de la
Unión Europea.
Por el momento, la contestación a estas
reformas ha sido tibia –a la espera de la
huelga general–, lo que debe de hacer re-
flexionar a los sindicatos y a la izquierda,
además de acrecentar su capacidad de in-
formación a la sociedad sobre las razones
que justifican la movilización de los traba-
jadores.
Desde luego, existen razones más que
suficientes, y por lo tanto es de esperar,
tarde o temprano, una respuesta firme y
democrática –que debe ser respetada y
asumida con naturalidad por los poderes
públicos– a unas medidas que no tienen
precedentes en los años de democracia.
La sociedad civil, y particularmente los jó-
venes, terminará reafirmando su vitalidad,
su activismo, y su capacidad de respuesta
en defensa del estado de bienestar social y
en defensa de la consolidación de una so-
ciedad democrática basada en los valores
de la equidad, la solidaridad, y la justicia
social. Por supuesto, a partir de la defensa
de los derechos adquiridos que con mucho
esfuerzo han conquistado los trabajadores
a través de la historia. n
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47
B
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karin
Enod y soy vicepresidenta del Comité de Muje-
res de la CES. Es por esta razón por la que he
sido invitada a este seminario de UGT sobre la brecha
salarial en Europa. No vengo a Madrid con frecuencia.
Hace casi 15 años que no venia por aquí, así que mu-
chas gracias por su invitación.
Para empezar les diré que provengo de un país que no
es miembro de la Unión Europea. Soy noruega, pero
tampoco ello significa que no esté obligada por las le-
yes de la UE en materia de igualdad, ya que Noruega es
parte del Acuerdo Económico Europeo. Por tanto tiene
acceso al Mercado Interior Europeo y está obligada por
todas las leyes relativas al Mercado Único y, en conse-
cuencia, por las leyes relativas a la igualdad de género.
Lo que es bastante interesante.
También puedo afirmar que ya no estoy en plena juven-
tud y que he trabajado en el tema de igualdad durante
un montón de tiempo. No diré cuánto, porque si no
comenzaréis a hacer cábalas, y claro, jejeje...
Pertenezco a un sindicato de empleados públicos; tra-
bajé como delegada sindical, trabajé para la Unión Re-
gional, también para la Estatal, y luego me trasladaron
a la Confederación. Fui responsable del Departamento
de Igualdad durante varios años, antes de mi primera
estancia en Bruselas, en el puesto de consejera para
temas de igualdad de género en la misión noruega en
la UE. Tras dicho periodo volví a la Confederación du-
rante dos años, donde me hice cargo del área inter-
nacional sobre asuntos europeos. En este momento,
llevo otros dos años en Bruselas, en la oficina de la
Federación, y mi mandato se terminará en Navidades.
En fin, espero que con esto os hayáis podido hacer un
pequeño retrato de mi persona.
No es fácil llegar y ponerse a hablar de la brecha salarial
en Europa, porque creo que la mayoría de vosotros sabe
ya que la situación no es buena. Podríamos hacer un
seminario completo sobre este tema, y no pararíamos de
hablar de multitud de temas y cuestiones. Así que voy a
tratar de que mi presentación se adapte a todos los nive-
les y a este foro, para que todo el mundo pueda seguirlo.
Comenzaré repasando las cifras de la brecha salarial
en Europa, dando por sentado que no son buenas en
ningún país. No estoy segura de tener todos los datos
aquí, pero seguro que son los más importantes. Podéis
comprobar que la brecha salarial en la UE-27 se sitúa
en 15,5%. Pero si observamos la cifra de los países de
la Zona Euro, vemos que es mayor: el 17,3%. ¡Y se les
supone los países más ricos de la Unión Europea! Des-
conozco si es más alta esta cifra que en el resto de las
áreas, pero de todas formas es muy significativo que la
Karin EnodVicepresidenta del Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos
Igualdad*
* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.
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48
la brecha salarial entre hombres y muje-
res tiene mucho que ver con la negocia-
ción colectiva y con lo que ocurre en el
centro de trabajo.
brecha salarial en la Eurozona sea superior
a la media de los 27.
Bélgica tiene buena media: 9%; Chequia
26,2%; únicamente escogeré algunos de
ellos; tenemos a Austria con 25,5;
Luxemburgo, 12,4. Y podemos
comprobar que la media en Italia
es del 4,9, aunque me parece muy
bajo. No lo sé. Parece muchísimo
más bajo que en cualquier otro país,
lo que me lleva a pensar que es po-
sible que tenga que comprobar de
nuevo esta cifra. Esa, o incluso la tasa de
desempleo de la mujer en Italia. No lo sé.
Lo comprobaré más tarde. No obstante, si
vamos al final de la lista, vemos que los paí-
ses nórdicos, representativos en igualdad
de oportunidades, arrojan las siguientes ci-
fras: Finlandia, 20%; Suecia, 17,1%; Dina-
marca, 17,1%; Noruega, 17,2%; y la prós-
pera Suiza, tiene una media del 18,4%.
De este repaso entre los diferentes países
se pueden deducir numerosas cuestiones.
Creo que lo más inmediato es que… a bote
pronto… la brecha salarial… la igualdad de
salario tiene mucho que ver con la nego-
ciación colectiva y con lo que ocurre en el
centro de trabajo. No obstante son tantas
las estructuras y situaciones vinculadas
con ello que no nos sería posible abordarlo
todo en esta tarde. Así que realizaré mi
presentación y si queréis hacer uso de ello
o queréis plantear otras cuestiones, no du-
déis en hacerlo ya que tendremos tiempo
para debatir al final.
Es una larga historia. Tenemos el Trata-
do de Roma, el artículo 119 original del
Tratado que prevalece en 1957, es aho-
ra el principio de igualdad de retribución
entre trabajadores y trabajadoras a igual
trabajo. No deben mostrar competencia
económica entre Estados miembros, ya
que algunos podrían prestar más atención
a la igualdad de género que otros, pero
estrictamente hay que dar igual salario por
un trabajo igual. Y lo interesante es que
esta ley entró en vigor en 1957 y es una
parte integral de la creación del Mercado
Común. Esa fue la razón por la que apa-
recía como un rasgo competitivo. Que no
debería afectar a la competencia entre paí-
ses, dando a las mujeres un mayor salario
en unos países y menos en otros.
Pero lo que de verdad encuentro interesan-
te es que también tenemos esta Directiva
de 1975... el Tratado de Roma entró en
vigor en 1957, podéis contar…, hace bas-
tantes años más bien... Y tenemos esta
Directiva de 1975 donde se implementa
el principio de que mujer y hombre deben
recibir igual salario, según se contempla
en el artículo 119 del Tratado de Roma.
Bueno, en realidad son... ¿cuántos años?...
35 años desde que se aprobó la primera
Directiva sobre igualdad salarial, que fue re-
emplazada por una nueva y por otras seis
en materia de igualdad de género, que fue
aprobada en 2006 (eso creo, en 2005 o en
2006) y debido a que se aprobó esta Direc-
tiva porque la norma sobre igualdad era tan
difícil de localizar, dado que había Directivas
que se cambiaron y fueron sustituidas por
otras... En fin, pusieron todo en una nueva.
Por lo tanto, no es que no hayamos tenido
instrumentos a nivel de la Unión Europea.
Han estado ahí durante muchos, muchos
años, y se han incrementado. ¿Por qué en-
tonces la situación de hoy aún sigue siendo
la misma que la de entonces? Pero
el instrumento de la UE no eran solo
éstos1... Tuvimos también la Conven-
ción de la OIT sobre igualdad salarial,
firmada en 1951, con mayoría de
dos tercios de la Convención sobre
igualdad salarial; dos tercios de los
países que se reunieron allí, lo cual
es bastante respetable. Y fue ratificado por
la mayoría de los países europeos (Noruega
en 1959, Suecia en 1962 –ya hace muchos
años–, pero aún sufrimos una enorme bre-
cha salarial en estos países). Y también te-
nemos aquella Convención de las Naciones
Unidas para la abolición de toda forma de
discriminación de la mujer, que se adoptó
en 1971, pero aún no hemos conseguido la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Así pues quiero volver sobre la Unión Euro-
pea, porque la Unión Europea, y la Comisión,
como ya he dicho, han hecho muchísimas
cosas. Han aprobado normativas legales,
orientaciones…, nos han proporcionado
estadísticas, seguimiento e informes sobre
la situación en los Estados miembros… Se
han comprometido a aprobar medidas más
concretas y ambiciosas para su desarrollo
en función de sus hojas de ruta… (tienen
una de 2005, y tienen una nueva para este
año…, y este año la independencia econó-
mica y la igualdad salarial es uno de los dos
temas más importantes en la hoja de ruta2.
Pero también tenemos un pacto por la
igualdad de género a nivel europeo. Es el
Consejo, es la cumbre de los gobiernos
de la Unión Europea quien en realidad ha
1. Sic en el original. Nota del traductor.
2. Ibídem.
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49
Es el Gobierno el que está propiciando
el marco de actuación para el futuro y
dando a los agentes sociales legitimidad
para abordar la igualdad.
adoptado el Pacto Europeo sobre Igual-
dad. Ha sido apoyado por Francia, Suecia,
España, la República Checa, Dinamarca
y Finlandia, y han formado el mayor Pac-
to Europeo por la Igualdad en 2006. Sus
prioridades son medidas dirigidas a cerrar
la brecha salarial: “medidas para reducir
las diferencias salariales y luchar contra
los estereotipos sexistas en el mercado
laboral, medidas para promover un mayor
equilibrio entre la vida laboral y fa-
miliar para todos, y medidas para
reforzar la gobernanza a través de
la dimensión de género y mejorando
el seguimiento”. Esto es lo que deci-
dió el Consejo europeo y lo que aún
está en vigor.
Así pues, tenemos la Comisión, hemos
visto el Consejo, hemos mencionado a la
OIT, y todo el mundo, todos los ciudadanos
están de acuerdo en que es muy importan-
te la igualdad de género, así como acabar
con las diferencias salariales.
Pero también están los agentes sociales
en el ámbito europeo. La CES ha realizado
un montón de intervenciones y muchísimas
acciones, incluidas las actuaciones contra
la desigualdad salarial. Lo han hecho du-
rante mucho tiempo, y muchísimo traba-
jo, tanto en materia de igualdad como de
en relación a la desigualdad salarial. Pero
entre 2000-2005 negociaron un marco
de acción para la igualdad de género. La
prioridad era ajustar los roles de género,
promover a la mujer en la toma de deci-
siones, apoyar la conciliación entre vida
laboral y familiar, y acabar con la diferencia
salarial entre hombres y mujeres. Todos
los afiliados estaban obligados a luchar por
estos objetivos. Todos los afiliados deben
trabajar en estos cuatro puntos durante
el periodo 2005–2009. Desde 2006 se
tiene que hacer un informe anual sobre los
progresos alcanzados.
Debo decir, por una parte, que fue un éxi-
to, porque nos dio una buena perspecti-
va de lo que ocurría en la mayoría de los
países y en la mayoría de las organizacio-
nes. Sin embargo, no estoy segura de qué
seguimiento se le hizo. A pesar de que la
mayoría de los miembros realizaron el in-
forme sobre las acciones realizadas, no
informaron sobre lo que no habían hecho,
incluida mi confederación. Viendo lo que se
ha hecho, no estoy segura de cuál ha sido
el resultado real, porque después de los
informes realizados durante esos cuatro
años, desconozco qué ha pasado después.
¿Qué más podemos decir sobre la CES?
Han luchado por la igualdad salarial du-
rante muchos años y con montones de
iniciativas, han convocado a sus afiliados
para que prioricen la igualdad salarial, la
campaña de la CES en la ofensiva por un
salario justo, y el Congreso de la CES de
Sevilla en 2007 aprobó realizar un estudio
de mercado de urgencia, que se ha venido
realizando desde entonces con carácter
anual. Y la afiliación femenina se ha incre-
mentado; las mujeres aún están infrarre-
presentadas en puestos de liderazgo.; y la
desigualdad salarial es un problema persis-
tente y una fuente de preocupación.
¿Y qué podemos hacer en estos momen-
tos? ¿Qué posibilidades hay? Tengo aquí
una lista de todas las iniciativas de la CES,
podemos copiarlas o podéis ir a Internet y
echarles un vistazo. La verdad es que es
demasiada cantidad, así que será mejor
que seleccionéis lo que necesitéis o que
consultéis lo que verdaderamente os inte-
rese.
Me gustaría ir un paso más allá antes de
mencionar algo sobre la CES. Me gustaría
decir algo sobre la formación de los sala-
rios. ¿Quién es responsable de ello? Las
autoridades nacionales y los gobiernos, y
no hay disposiciones sobre igualdad en el
salario, no se regula el salario mínimo y
todo lo demás. Me acabo de ente-
rar, justo al entrar en este semina-
rio, de que en España, por ejemplo,
está dando pasos decididos en el
tema de la igualdad de género. Y
ha sido el Gobierno el que ha esta-
do promoviendo todo. Esto es muy
importante, porque es el Gobierno
el que está proporcionando el marco de
actuación para el futuro, y también está
dando a todos los agentes implicados la
legitimidad necesaria para abordar los te-
mas de igualdad en el trabajo de una ma-
nera seria y rigurosa. Y esto también es
muy importante, porque no es algo nada
fácil de hacer.
Al hablar de agentes sociales, de negocia-
ción colectiva y también del salario míni-
mo... me quedo con Suecia, con su salario
mínimo entre los diferentes sistemas que
hay en Europa. En muchos países están
regulados por ley, pero en otros hay que
negociarlos constantemente. Los agentes
sociales tienen un papel muy, muy impor-
tante de cara a cerrar la brecha salarial.
Su labor es fundamental también en el ám-
bito de la empresa. Desconozco el sistema
español, tal vez Almudena nos puede decir
algo sobre eso, pero tanto a nivel nacional
como de empresa, los agentes sociales
tienen un papel muy importante a la hora
de afrontar la desigualdad salarial.
En cuanto al papel que juegan las autori-
dades nacionales, porque la UE no puede
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50
Es fundamental y más que necesario dis-
poner de un servicio de guardería para
trabajadores y trabajadoras.
decidir, solo proporcionar un marco legal,
decir algo sobre lo que se puede o no ha-
cer, pero no pueden decidir sobre cómo
cerrar brechas salariales entre hombres y
mujeres, y tampoco sobre cómo debe ser
la negociación colectiva en cada país (si
lo hicieran, sindicatos como los nuestros
reaccionarían con virulencia contra eso).
Pero sí que pueden, mediante normativas,
o mediante instrumentos organizados por
los Estados miembros, promover la igual-
dad de género y la igualdad salarial entre
hombres y mujeres.
La UE todavía tiene mucho recorrido a la
hora de exigir a los Estados miembros una
política coherente. Como he trabajado en
Bruselas durante unos cinco años, obser-
vo con frecuencia a los servicios de prensa
y comunicación cuando hablan sobre la igual-
dad de género, diciendo “eh, que necesita-
mos una política coherente sobre igualdad
de género”. Y me pregunto: ¿desarrolla la
Comisión y las instituciones europeas en
realidad una política coherente en cuanto
a igualdad de género? No estoy segura,
o para ser sincera, creo que no la tienen.
Pueden debatir sobre la Directiva de tiem-
po de trabajo, revisarla, o lo que quieran,
pero no han incluido la dimensión de gé-
nero en las posturas de la Comisión o del
Consejo (esto es lo que ha sucedido
con esta Directiva sobre el tiempo
de trabajo, o al menos eso es lo que
yo creo). Y creo que la CES está de
acuerdo conmigo porque así lo ha
manifestado en numerosísimos do-
cumentos.
Tampoco estamos satisfechos de la Direc-
tiva sobre desplazamiento de trabajado-
res, ya que se ha implementado y utilizado
dentro de la Unión, lo que me produce una
cierta confusión sobre lo que algunas ve-
ces de verdad quiere la Unión Europea,
sobre si quiere desarrollar en verdad una
política coherente y sobre quien decide
sobre ella. Es muy fácil hablar de igual-
dad cuando tratamos con el género; pero
cuando se trata del Mercado Único, por
ejemplo, o de la Directiva de Servicios, ol-
vidamos esta perspectiva de género. Creo
que deberíamos dirigir nuestra atención
sobre la Comisión a la hora de hablar so-
bre una política coherente.
Y, por su parte, las autoridades occiden-
tales deben actuar fomentando la igualdad
de género, y hacer que los agentes socia-
les se responsabilicen del cumplimiento de
las leyes de igualdad y salariales. Aunque
en realidad el trabajo tienen que hacerlo
los agentes sociales a través de la nego-
ciación colectiva.
He sido un tanto positiva sobre la presiden-
cia belga (son los belgas quienes la osten-
tan) ya que han establecido entre sus tres
principales prioridades tanto la brecha
salarial entre hombres y mujeres, como
la igualdad de género. Y han manifestado
que pondrán el énfasis en el aspecto polí-
tico, en cómo trabajar con ellas por la vía
política.
También han dicho que intentarán hacer
el seguimiento de los temas que han sido
prioritarios en las presidencias anteriores,
y que, además, intentarán hacer algo con
la Directiva sobre Tiempo de Trabajo, aun-
que en realidad nadie se puede fiar. Han
dicho que llegarán a realizar una segunda
ronda de consultas con los agentes socia-
les sobre el tiempo de trabajo. Pero no
queda ya mucho de este año y dijeron que
sería para diciembre, así que... ya vere-
mos. Para la CES es muy importante que
la Directiva de Tiempo de Trabajo refleje
también la dimensión de género.
Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Lle-
vo toda la vida trabajando en temas euro-
peos, y la principal prioridad de la CES en
relación a la igualdad ha sido conciliar la
vida familiar y laboral. Esto es muy, muy
importante, porque es imposible realizar
un buen trabajo, es imposible asumir una
cierta responsabilidad profesional, o as-
cender de categoría, si no tienes posibili-
dad de organizar tu casa y tu familia.
Nos han dicho, por ejemplo, que es funda-
mental contar con un servicio de guardería
asequible. Pero, ¿es suficiente? Creo que
no. Es fundamental, es necesario tenerlo,
y tenemos que disponer de un servicio de
guardería infantil asequible para todos los
trabajadores y trabajadoras. No obstante,
procedo de un país en el que hemos tenido
este servicio desde hace años; y aún así
la desigualdad salarial persiste. Este servi-
cio debe existir, aunque algo me dice que
hay algo más, que debe haber algo más.
No solo se trata de guarderías infantiles,
sino de un horario laboral compatible con
la familia, flexiseguridad, las personas, los
hombres y mujeres que trabajan en
distintos centros de trabajo podrían
hacer turnos de trabajo, podrían
crearse horarios laborales que
compensen a las personas con res-
ponsabilidades familiares. Además
no sería para toda la vida laboral;
solo durante unos pocos años. Pero tiene
que hacerse en un marco de flexiseguri-
dad, de forma que no tengamos peores
condiciones laborales que el resto de los
trabajadores de la empresa.
También me gustaría hacer referencia a
las actividades sindicales compatibles con
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51
la brecha salarial es aproximadamente
la misma en parejas con hijos que en pa-
rejas sin hijos. no hay diferencia... así
que aún tenemos algunos retos por de-
lante... y no creo que los empresarios se
vayan a concienciar.
las responsabilidades familiares, las re-
uniones, los seminarios… ¿Cuántos aquí
tenéis niños pequeños?... Veo que hay
unos cuantos. Está muy bien que podáis
estar aquí a pesar de ello, pero igual sería
mejor si este evento fuera más temprano,
o más tarde. No sé. Es algo que podríais
debatir internamente, y decidir si hay algún
horario que sea mejor para celebrar semi-
narios como éste. A mí me da igual, jejejé,
porque mi hija ya no me necesita en ese
sentido, ni siquiera le gusta que vaya todos
los días a su casa, jajajá. Sería demasiado
incluso para mí.
Me apetece provocaros un poco. Quiero
decir algo sobre el debate familiar. Nece-
sitamos reflexionar sobre qué vida quere-
mos. Queremos criar a unos hijos y
al mismo tiempo queremos un buen
trabajo, con perspectivas de futuro,
donde se pueda prosperar, poder
aspirar a un mejor salario y mejo-
res condiciones laborales. Lo que
significa que tenemos que asumir
responsabilidades en ambos lados.
Lo que significa que necesitamos un
buen compañero o compañera en
casa, con el que puedas tener un
buen diálogo y con el que puedas encon-
trar soluciones a estos temas. Porque no
creo que sea adecuado dejar a los niños
en la guardería a las 7 de la mañana, y re-
cogerlos a las 8 de la noche. No creo que
eso esté bien. Creo que si padre y madre
trabajan, y los hijos tienen actividades es-
colares o extra escolares importantes, es
imprescindible que pasen al final del día un
tiempo todos juntos, y no solo los hijos con
su madre. Estoy convencida de ello.
La razón por la cual digo esto es el trabajo
a tiempo parcial. Por ejemplo, en España,
acabo de saber que no está muy exten-
dida esta modalidad. Es casi inexistente.
Eso está bien, ¿por qué no? Aunque no
sabemos qué puede ocurrir en el futuro.
En Dinamarca y Finlandia desconocían esta
modalidad hace 15 años. Sin embargo hoy
en día se utiliza mucho. Depende de muchí-
simas cosas: la crisis, la falta de empleo,
las políticas empresariales, la política de
empleo del Gobierno... Nunca se sabe lo
que va a pasar.
Pero eso no es lo más importante. Y no
lo es porque si atendemos a algunos es-
tudios, por ejemplo el que se ha hecho en
Bélgica relativo al trabajo a tiempo parcial,
los resultados nos demuestran que hom-
bres y mujeres tienen otras razones para
escoger este tipo de modalidad que son
distintas a tener o cuidar hijos. El cuidado
de los hijos tiene una importancia alta para
las mujeres, pero no para los hombres.
Para los hombres, la segunda razón por
la cual prefieren un trabajo a tiempo par-
cial es que están estudiando, o que tienen
otras cosas que hacer aparte de su traba-
jo, pero no el cuidado de sus hijos.
La verdad, no creo que los hombres sean
más perversos o que no quieran a sus hi-
jos. No lo creo. Pero sí que creo que es un
tema cultural. En mi confederación hemos
realizado un estudio parecido entre muje-
res sindicalistas con responsabilidad en la
confederación, en la unión nacional y a nivel
regional, y nos hemos encontrado con una
situación muy interesante. Porque a nivel
local y regional, las mujeres salen elegidas
tanto como los hombres, sin diferencia. Lo
que ocurrió es que las mujeres dejaron su
puesto tras dos o tres o cuatro años de
ejercicio, mientras que los hombres ejercie-
ron su actividad durante muchos años, ad-
quiriendo muchísima experiencia en el pues-
to. Lo que hizo más fácil que llegaran a los
siguientes niveles en las uniones nacionales.
Pero también el estudio tenía un aspec-
to prospectivo. ¿Había alguna diferencia
entre mujeres casadas y solteras? ¡Y la
había! Las mujeres casadas ejercían su
cargo durante uno o dos años y luego se
marchaban. Sin embargo las mujeres sol-
teras permanecían en su puesto y conse-
guían mantener ambos aspectos. Y esto sí
es muy interesante.
Vimos a uno de nuestros anteriores
cargos electos decir: “En realidad el
problema no son los hijos... ¡¡¡es el
marido!!! Jajajajá. No sé, pero a mí
me parece muy interesante, tanto
para el trabajo a tiempo parcial,
como para la posición de los dele-
gados sindicales.
Lo que también es interesante es el
tipo de familia: la brecha salarial es aproxi-
madamente la misma en parejas con hijos
que en parejas sin hijos. No hay casi dife-
rencia. Y eso es muy interesante porque
podríamos pensar que es perfectamente
obvio que una pareja sin hijos, tanto el
hombre como la mujer deberían, con el
mismo número de años, pero... no estoy
segura, creo que debo consultar un poco
más las cifras porque no se sabe. Así que
aún tenemos algunos retos por delante.
Por último, me referiré a las prioridades
y actividades sindicales, porque creo que
nos tenemos que concienciar de que tene-
mos que hacer la tarea. No creo que los
empresarios lo vayan a hacer. Tienen que
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ser los sindicatos. Podemos colaborar,
negociar, llevarlo al diálogo social con los
empresarios, pero no creo que ellos vayan
a contemplar tanto como nosotros el tema
de la igualdad de género y de la desigual-
dad salarial entre hombres y mujeres.
La CES subraya la importancia de la parti-
cipación de la mujer en todos los niveles. El
concepto de la igualdad de género y sala-
rial debe llegar a todos los niveles, tantos a
hombres como a mujeres. Lo que significa
que hay que formar a todos. Tuvimos una
circunstancia en Noruega este año, en la
cual una empresa del sector privado in-
crementó el presupuesto y el salario hora
de los trabajadores. Y en el mismo nivel
de empresa (dejadme apuntar aquí que
nuestro sistema tiene dos niveles de ne-
gociación colectiva, la negociación a nivel
nacional, y la negociación a nivel local), las
cifras demostraron que en el acuerdo que
se firmó existía una brecha salarial entre
mujeres y hombres. Sin embargo, al com-
probarlo a nivel de empresa, la brecha no
existía. Así que el dinero se había dividido,
se había gastado equitativamente tanto en
hombres como en mujeres (porque podía
hacerse). Lo que quiere decir que si la
estadística nacional muestra que hay una
brecha salarial, y no pueden encontrarla a
nivel local, entonces hay algún tema que
solucionar en algún sitio. No es tan fácil
encontrar dónde están las causas de una
brecha salarial. Así que es necesario que
todos se formen sobre este tema.
También quiero decir algo de nuevo sobre
horarios compatibles, reuniones, semina-
rio y actividades, y sobre negociar planes
de acción de género a nivel de empresa
donde se incluyan cláusulas sobre igualdad
salarial. He descubierto que España ha
aprobado una nueva Ley que permite la ne-
gociación de planes de acción de género, y
creo que eso debería permitir que se asuma
el reto de acabar con la brecha salarial.
Me gustaría oír algo más al respecto.
Acabaré diciendo que la negociación co-
lectiva es una opción más que eficaz para
afrontar las diferencias salariales; que las
mujeres deben estar involucradas en el
proceso desde el principio hasta el final, y
que los negociadores deben estar forma-
dos en material de igualdad, tanto hom-
bres como mujeres. Elegir a una mujer en
lugar de a un hombre no es garantía de
resolución de los problemas de desigual-
dad salarial, así que debe haber también
formación.
También deben hacerse públicos los datos
relativos a las diferencias salariales. La res-
ponsabilidad sobre el tema debe asumirse
por los negociadores, no hay duda de ello, y
que así lo contemplen por toda la organiza-
ción. Debe incluirse la dimensión de género
en la negociación colectiva y salarial.
Respecto a mí, debo decir que no hemos
debatido esto en el Comité de la Mujer
de la CES, aunque yo personalmente lo
he llevado a la confederación para la que
trabajo. Creo que cualquier demanda de
aumento salarial debe analizarse desde la
perspectiva de género. No obstante no he
encontrado a nadie que esté de acuerdo
conmigo en este punto.
Esto se ha hecho muy corto… Hay muchas
más cosas que pueden decirse, pero aho-
ra estoy deseando entrar en debate con
todos vosotros. Gracias. n
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53
DAlmudena FontechaSecretaria para la Igualdad de UGT
Brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa*
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Decía, y esto lo repito para las traductoras y
para Karin, que seguramente tanto en su in-
tervención como en la mía, que pretenden
ser breves y simplemente abriros boca para que en el
turno de intervenciones podamos entre todos y entre
todas hacer un debate que resulte interesante.
Me voy a aprovechar de algunas consideraciones que
ha hecho Karin, sobre todo en lo que se refiere a cómo
en los Tratados internacionales, desde el Tratado de
Roma, los convenios, de la Organización Internacional
de Trabajo, las distintas directivas, han ido ofreciéndo-
nos instrumentos importantes para luchar contra la
brecha salarial.
Pero si me lo permitís, antes que hablar de cuáles o
cómo esos instrumentos a nivel internacional se han
trasladado a nuestra legislación española, cómo los in-
terlocutores sociales a través incluso de los procesos
de concertación social hemos incorporado el compro-
miso de avanzar en la igualdad de género en referen-
cia a la brecha salarial, sí que me gustaría, y voy a
aprovecharlo y lo voy a hacer con toda la sinceridad
que pueda, intentar compartir con todos vosotros y to-
das vosotras algunas reflexiones. Que pretenden sobre
todo ser cuanto menos provocador o provocadoras en
una reunión de estas características.
La primera pregunta que deberíamos hacernos todos
y todas es cómo después de todos los instrumentos
legislativos, tanto a nivel de la UE como lo que ocurre
en nuestro país, desde el estatuto de los trabajadores,
donde ya hace muchos años se incorporó el principio de
igual retribución por trabajo de igual valor. Me refiero a
estos términos porque doy por hecho que ya todos he-
mos interiorizado estos términos, aunque desgraciada-
mente todavía oigo hablar de que no existe desigualdad
retributiva, qué esto que habláis las mujeres dentro de
los sindicatos. Pues no, estamos hablando de esto, del
principio de igual retribución por un trabajo de igual
valor, un principio que ya está reconocido en el estatuto
de los trabajadores. Como la propia ley orgánica para
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres incorporó
también el principio de igual retribución por trabajo de
igual valor, y le dio en esta materia competencias es-
pecíficas a los planes de igualdad para operar en esta
materia. Como os decía, incluso en los procesos de
concertación entre las organizaciones empresariales
y sindicales en el año 2008 adquirimos también un
compromiso para que en toda la negociación colectiva
del año siguiente se fuera incorporando esta materia.
Bueno, pues si todo esto es así cómo es posible que
todavía hoy estemos hablando de una desigualdad, de
una diferencia retributiva tan importante entre mujeres
y hombres.
* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.
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Yo creo que las razones son varias. Y en
este sentido es donde quería ir una primera
parte de mi intervención. En primer lugar
porque se sigue negando la propia exis-
tencia de esta desigualdad retributiva. En
segundo lugar porque si se reconoce su
existencia, en muchos de los casos los ar-
gumentos que se nos ofrecen por parte, no
solo de los responsables políticos, sino a ve-
ces también de los propios negociadores en
los convenios colectivos, es que a imagen y
semejanza de lo que ha ocurrido en nuestro
país donde ha habido avances muy impor-
tantes desde el punto de vista de la incor-
poración de las mujeres al mundo del traba-
jo, que de alguna forma ha venido a saldar
las importantes diferencias que teníamos,
bueno, pues la igualdad retributiva vendrá
de la mano con el tiempo, y que por
tanto hemos avanzado pero que no
corramos tanto porque esto vendrá
única y exclusivamente con el tiem-
po. Pero también ahí es verdad que
existen integrismos, existen determi-
nados tabúes a la hora de abordar
esta materia. En primer lugar por
parte de las organizaciones empresariales,
por parte de los empresarios. Reconocer
una igualdad retributiva no solo es recono-
cer que existe un determinado sexismo, no
solo social, sino también sexismo laboral.
Pero ese sexismo laboral se alía con deter-
minados intereses económicos. Y claro, a
las organizaciones empresariales y empre-
sarios, tener un ejército de mujeres muy
bien formadas y preparadas, como ocurre
en nuestro país, pero que con la excusa de
que antes o después se pudieran quedar
embarazadas, tener el argumento perfecto
para tener un contrato en peores condicio-
nes y peor retribuidas, desde luego es un
integrismo económico que los empresarios
difícilmente de una forma fácil y sencilla van
a admitir que eso exista. Porque realmente
lo que estamos jugando son intereses eco-
nómicos muy importantes, y desde luego la
desigualdad retributiva es un elemento toda-
vía hoy en nuestro país de competencia muy
importante entre las empresas. Pero tam-
bién existe un tabú sindical, reconocer que
una de las causas, no siendo la única, pero
también que una de las causas que provoca
la desigualdad retributiva son la traslación
a los convenios colectivos de determinadas
condiciones a la hora de establecer catego-
rías profesionales o condiciones de trabajo,
que hace que hombres y mujeres estemos
en categorías distintas, en sectores distin-
tos, pero también en categorías y sectores
que significan desigualdad retributiva, es re-
conocer que de alguna forma nuestro traba-
jo sindical tiene todavía muchísimo camino
que recorrer. Por eso yo creo que todo esto
existe, todas estas dificultades existen a la
hora de poder avanzar e aplicar el principio
de igual retribución por trabajo de igual va-
lor. Y lo primero que tenemos que hacer en
nuestro país es reconocer que eso existe.
Y aún a pesar de que Karin hablaba de que
hay convenios internacionales a través de la
OIT del año 1951, el Tratado de Roma del
año 1957, hasta el año 2008 no conse-
guimos, ni siquiera, que en un proceso de
concertación con las organizaciones empre-
sariales a nivel de todo el estado, el concep-
to de igual retribución apareciera. Estamos
hablando del año 2008. No os quiero con-
tar ahora todas las cosas que han sucedido
después del año 2008, donde, entre otras
muchas razones, pues muchos convenios
colectivos todavía hoy con la situación rela-
cionada con la crisis están todavía sin re-
negociar. Por tanto, podemos decir que el
primer acuerdo alcanzado con las organiza-
ciones empresariales después de la ley or-
gánica para la igualdad efectiva, del 2007,
todos y todas recordaréis cuál fue la posi-
ción de las organizaciones empresariales en
torno a esta ley, de absoluto rechazo. Pues
os recuerdo, en tiempos, esta ley se aprue-
ba en marzo del 2007. En el año 2008 es
cuando llegamos al acuerdo con las orga-
nizaciones empresariales. Por primera vez
se incorpora este texto, y nunca más ni con
el gobierno ni con los empresarios hemos
vuelto a hablar de ningún desarrollo norma-
tivo en relación ni con la ley de igualdad en
general, ni con el principio de igualdad de
retribución en particular. Por tanto, nun-
ca mejor dicho, en nuestro país tenemos
instrumentos legislativos muy importantes,
que en estos últimos años se han
dado avances muy importantes pero
que existe una dificultad para llevarlo
a efecto también muy importante.
Por tanto, de nada sirven los instru-
mentos, siendo éstos muy importan-
tes, si a su vez existen dificultades.
Algunas de ellas a las que luego me
referiré y que tienen que ver también con
nuestro trabajo sindical. Cómo hacemos
posible cumplir algunos de estos principios.
Por haceros un breve recorrido que pre-
tende que empecemos a reconocer que
estas situaciones en nuestro país existen,
lo primero que tendría que plantearos, y
cada vez que surge en nuestro país este
debate, y un debate muy importante en
torno al principio de igualdad retributiva
por trabajo de igual valor se produjo este
mismo año en torno al día 22 de febrero,
cuando en la propia comisión de igualdad
en el Parlamento, a instancias del Partido
Popular, planteó al Gobierno, y finalmente
hubo un acuerdo unánime por parte del
gobierno, una proposición de ley que reco-
nociera la necesidad de adoptar medidas
en esta materia. Estamos hablando de
lo que nos estamos jugando son inte-
reses económicos muy importantes y la
desigualdad retributiva es un elemento
de competencia entre las empresas.
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55
junio del año 2008, a propuestas del Par-
tido Popular. Una iniciativa que hace que
el Gobierno se planté la necesidad de apro-
bar una resolución a imagen y semejanza
de lo que había ocurrido en el ámbito euro-
peo para reclamar a las instituciones euro-
peas que organicen un día europeo de la
igualdad salarial. Y por eso este año, el día
22 de febrero, imagino que todos y todas
conocéis el simbolismo del 22 de febrero,
es decir, que una mujer necesita 418 días
para cobrar el mismo salario que un hom-
bre durante 365. Es decir, que tendríamos
que trabajar un año completo más todo el
mes de enero hasta el 22 de febrero para
poder cobrar lo mismo. Bueno, pues en
esas estábamos cuando desgraciadamen-
te para todos y para todas vino esta serie
de dificultades económicas con las que en
estos momentos estamos en marcha.
Uno de los argumentos, y tuvimos que com-
batirlo, y cada día lo combatimos, cuando
se habla de la brecha salarial en nuestro
país, es que no solo se duda de su exis-
tencia, sino que a veces se nos acusa de
que la discriminación salarial es fruto única
y exclusivamente de un artificio aritmético
en las estadísticas, pero que realmente no
hay una realidad en los centros de trabajo
que justifique que existe esa desigualdad
salarial. Por eso lo primero que estamos
planteando al gobierno de la nación es que
tiene que empezar por actualizar
los datos de la encuesta de costes
salariales, que tiene una periodici-
dad trimestral, pero que por ejem-
plo no diferencia procesos, por lo
cual tenemos dificultades para po-
der evaluar y medir cuál es la desigualdad
retributiva de nuestro país, pero además
excluye sectores tan importantes como en
el ámbito de las administraciones públicas.
Tenemos otra encuesta, la encuesta de es-
tructura salarial. Que se publica también
con una periodicidad cuatrienal, por tanto
es muy difícil poder valorar cómo operan
los distintos mecanismos para poder avan-
zar. Y luego existe una encuesta anual de
estructura salarial, que el propio Instituto
Nacional de Estadística se está planteando
no solo que exista una desagregación más
detallada, sino también una periodicidad
mucho más frecuente.
Pero además cada una de estas encues-
tas a las que me estoy refiriendo, tanto
la encuesta de costes salariales como la
encuesta de estructura salarial como la
encuesta de estructura anual sobre es-
tructuras salariales son encuestas que es-
tán basadas en medir cosas distintas. Por
tanto, de la suma de estas encuestas que
miden cosas distintas, tenemos que poder
sacar algún tipo de conclusiones. Alguna
de ellas miden cuáles son las retenciones
en función del salario de trabajadores a la
hora de hacer la declaración de la renta.
Otro mide los salarios brutos que se pactan
en los convenios colectivos. Y por lo tanto
estamos midiendo cosas muy distintas a la
hora de poder valorar esta situación.
Pero una vez dicho esto y más allá de to-
das estas dificultades, lo que sí tenemos
que reconocer es que existen determina-
das causas que puedan de alguna forma
justificar, o mejor dicho explicar, la situa-
ción de desigualdad retributiva en nuestro
país. En primer lugar de cómo se confi-
guran, de cómo componemos a través de
la negociación colectiva, pero sobre todo
a través de las distintas ocupaciones los
distintos salarios que trabajadores y traba-
jadoras percibimos.
Y en este sentido me gustaría haceros una
serie de consideraciones que desde el pun-
to de vista del debate sindical me parecen
muy importantes. Me refiero sobre todo al
debate que en nuestro país está habien-
do de la necesidad de cambiar el modelo
de crecimiento. Y cómo un determinado
patrón de crecimiento, que hace que tra-
bajadores y trabajadoras estemos en sec-
tores distintos tiene también una influencia
muy importante a la hora de componer los
salarios. Y en este sentido me gustaría
señalaros algunas cosas que me parecen
importantes.
En primer lugar, se produce un mayor cre-
cimiento de los salarios cuando se produ-
ce un cambio en la estructura del empleo
que beneficia el crecimiento de los sala-
rios, ya que de por sí son salarios más
altos. Es decir, a los salarios más altos,
es decir, hay un trasvase del sector de la
agricultura al sector industrial, o del traba-
jo manual o poco cualificado a favor de una
mayor cualificación. Es decir, un incremen-
to del conjunto de los salarios beneficia el
aminorar la desigualdad retributiva. Por
tanto, si en nuestro país estamos deba-
tiendo desde el punto de vista sindical que
hemos tenido una estructura ocupacional
basada sobre todo en salarios muy bajos,
en sectores que han ocupado mano de
obra intensiva y poco cualificada, pues ten-
dríamos que llegar a la conclusión
en función de estos datos, que si el
conjunto de los salarios de nuestro
país han sido bajos, eso a su vez ha
tenido una repercusión muy direc-
ta en las desigualdades retributivas
entre mujeres y hombres.
Por el contrario, si los salarios decrecen, y
por tanto aumenta el peso relativo en secto-
res como la construcción y el servicio, sobre
todo de determinados trabajadores como
ha sido en nuestro país las trabajadoras en
Si los salarios han sido bajos, ha tenido
una repercusión en las desigualdades re-
tributivas entre hombres y mujeres.
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56
general, las trabajadoras y los trabajado-
res jóvenes en particular, y los trabajado-
res procedentes de otros países, muchos
de los casos todos ellos contratados con
fórmulas de carácter temporal y a tiem-
po parcial, ello ha hecho que ha crecido el
empleo, pero ha crecido el empleo en sec-
tores con salarios inferiores a la media. Y
por tanto eso ha tenido una repercusión
muy importante a la hora de hablar
de desigualdad retributiva.
Por tanto, en toda esta fase expan-
siva de crecimiento económico en
nuestro país se ha generado mu-
cho empleo, pero también ha sido empleo
no solo de muy baja calidad pero también
además muy volátil, empleo que se ha
perdido con mucha facilidad. Este tipo de
composición de empleo en nuestro país ha
tenido una repercusión muy directa desde
el punto de vista de las desigualdades re-
tributivas. Este incremento del empleo fue
casi superior entre las mujeres que entre
los hombres. Es decir, ha habido mucho
empleo pero además se ha generado mu-
cho empleo para las mujeres aún a pesar
de que siga existiendo un diferencial muy
importante entre el total del empleo que
ocupan hombres y mujeres.
Si comparamos los salarios por sectores,
teniendo una relación con cómo ha evolu-
cionado el empleo en nuestro país, la rela-
ción es claramente contraria al sector con
mayores salarios como ha sido la industria
en el que el empleo ha crecido menos. Es
decir, en aquellos sectores donde el sala-
rio ha sido más importante, donde es más
importante, es decir el salario de los sec-
tores de industria ha sido más importante
que en el sector servicios, pero precisa-
mente ha sido en el sector de la industria
donde se ha generado menos empleo. Y
por tanto donde menos oportunidades de
trabajo ha habido para unos y para otros.
Las ramas con menor nivel salarial coinci-
den por tanto con todas aquellas que han
tenido un mayor incremento salarial, un
mayor incremento de empleo. Es decir, in-
cremento de empleo con bajos salarios ha
contribuido de una forma muy importante
las desigualdades retributivas. Por tanto,
podríamos llegar a la conclusión que exis-
te una relación inversa entre los niveles
salariales y la evolución del empleo. Sobre
todo en este último periodo de expansión
económica. Ramas de actividad, sectores,
contratos, grupos de trabajadores con me-
nores niveles salariales, coinciden precisa-
mente donde más ha crecido el empleo.
En el caso contrario, las mujeres, ha habi-
do una concentración muy importante de
sectores con remuneraciones inferiores a
la media, y dentro de ellos con ocupacio-
nes y con salarios muy bajos, una concen-
tración muy intensiva en mano de obra.
Existen además diferencias salariales en-
tre trabajadores dentro del sector, dentro
del tamaño de la empresa en función de
la cualificación, de la edad, del contrato,
de la nacionalidad. Por tanto deberíamos
llegar a la conclusión que existen deferen-
cias salariales. Comparemos cualquier pa-
rámetro que comparemos.
Los salarios de las mujeres, por tanto, son
siempre inferiores a los de los hombres,
siempre inferiores a cualquier otra consi-
deración.
Pero además existen diferencias muy poco
apreciables aún a pesar de todos esos
instrumentos. Existen diferencias impor-
tantes, existe menor desigualdad retribu-
tiva entre mujeres y hombres extranjeros
que entre hombres y mujeres españolas.
Y esto llama la atención por muchas de
las cosas que oímos diariamente en los
medios de comunicación. Bueno, pues
existe. Menor diferencia entre hombres y
mujeres extranjeras, que entre hombres
españoles y mujeres españolas. Existe
también menor diferencia salarial
en la construcción que en el sector
de servicios. Es decir, en sectores
fuertemente masculinizados, la di-
ferencia salarial es menos que en
los sectores donde la mayoría so-
mos mujeres. Aún a pesar de que haya
sectores mayoritariamente ocupados por
mujeres, los pocos hombres que están
cobran más que la gran cantidad de mu-
jeres donde ese sector está fuertemente
feminizado. Existe también menor diferen-
cia entre los contratos indefinidos que en
los temporales, y menor diferencia entre
los contratos a tiempo parcial que en los
contratos a tiempo completo. Por tanto,
del análisis de la nacionalidad, del sector,
de tipo de contrato, las diferencias salaria-
les entre hombres y mujeres son menores
en los que la remuneración salarial de los
dos sexos es menor. Es decir, cuando la
orquilla entre el salario de hombres y muje-
res es pequeño, la diferencia salarial tam-
bién es más pequeña. Por el contrario, en
los casos en los que en los sectores los
salarios son muy importantes y los hom-
bres cobran una cantidad muy importante,
la desigualdad retributiva también es muy
importante. Las diferencias salariales van
creciendo con la edad. Algo que debería
ser contradictorio porque con la edad no
solo adquieres la formación sino también la
experiencia que requiere el puesto de tra-
bajo, bueno pues las diferencias salariales
van aumentando con la edad. Y en cambio,
por nivel educativo las mayores diferencias
se producen en los niveles de estudios su-
En los sectores mayoritariamente ocupa-
dos por mujeres también la retribución
de los hombres es mayor.
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periores. Es decir, a cuánto más nivel de
formación más desigualdad retributiva.
Elisa y yo, y las compañeras del depar-
tamento de la mujer y de la secretaría,
muchas veces, cuando oímos todas estas
frases que últimamente estamos oyendo
con la necesidad de que los trabajadores
se cualifiquen, porque eso es lo que les va
a ofrecer mayores oportunidades de em-
pleo, nosotras siempre decimos que será
para ellos, porque para nosotras desde lue-
go en nuestro país no se ha demostrado
que el importante esfuerzo social, desde
el punto de vista de lo que ha significado
la inversión pública que ha habido en nues-
tro país para adquirir todos y muy espe-
cialmente todas un mayor nivel de forma-
ción, sino el esfuerzo también personal y
familiar que se ha hecho para
que las mujeres hoy en nuestro
país tengamos un nivel de for-
mación como el que tenemos.
Desde luego lo que sí podemos
decir en función de los datos
que ese mayor nivel de forma-
ción nos ha permitido tener
más oportunidades de empleo
que pudieron tener mujeres de
generaciones anteriores, pero no las mis-
mas oportunidades de empleo que nues-
tros trabajadores o compañeros varones,
que han podido estudiar lo mismo que no-
sotras, pero cuando nos hemos incorpo-
rado al mercado de trabajo, desde luego
esa mayor cualificación en ningún caso ha
significado el terno no solo mejores con-
diciones de trabajo, y por tanto contratos
en igualdad de condiciones que los traba-
jadores varones, puesto que nosotras en
nuestro país seguimos sufriendo una for-
ma muy importante la contratación de for-
ma temporal y precaria, sino que además
nuestras condiciones retributivas siguen
estando a mucha distancia que nuestros
trabajadores homólogos, varones, con los
que nos podemos comparar desde el pun-
to de vista de la misma formación.
Eso es en cuanto a cómo se va componien-
do la estructura de la población trabajado-
ra. Desde el punto de cómo componemos
cada uno de los elementos que forma el
conjunto de las retribuciones, y por tanto
no solo el salario base sino los complemen-
tos, las horas extraordinarias, tendríamos
que llegar a una conclusión que sin duda
nos debería de hacer reflexionar como or-
ganización sindical cuando negociamos un
convenio colectivo. Y esta es la siguiente.
Tienen un peso inferior las mujeres que los
hombres en lo que respecta al total del sa-
lario, el conjunto de las retribuciones, en los
complementos y en las horas extraordina-
rias. Prácticamente dos tercios del salario
por parte de los hombres son retribucio-
nes que son más allá del salario base que
tienen que ver con complementos. Luego
veremos a qué complementos nos estamos
refiriendo, cuáles son esos complementos
que aparentemente son neutros pero que
evidentemente desde el punto de vista de
la composición del salario están teniendo
efectos muy directos a la hora de la percep-
ción retributiva de mujeres y de hombres.
Eso significa que la diferencia salarial entre
hombres y mujeres, si solo tuviéramos en
cuenta el salario base, la diferencia podría
estar en torno a 21, como decía Karin, a
un 26 según los últimos datos de los que
disponemos. Pero esa diferencia se puede
acrecentar hasta un 40% si en el conjun-
to de las retribuciones incluimos todos los
complementos que todos los trabajadores
y trabajadoras perciben. Y por tanto, la re-
ducción de la desigualdad retributiva, por
ende, debería de venir añadida o debería
de venir dada por una mejor negociación de
los complementos salariales, a los que su-
puestamente no tienen género, pero como
veis afectan de una forma muy importan-
te a la hora de componer los salarios. De
igual forma, si esto le añadimos las horas
extraordinarias, la diferencia de 26, si solo
es el salario base, hasta un 40 si estamos
hablando de complementos, y hasta un
70% si incluimos las horas extraordinarias.
Y esto tiene mucho que ver con una de las
consideraciones que Karin hacía. Estamos
en las mismas, más allá del debate sobre
horas extraordinarias sí horas extraordina-
rias no, estamos en las mismas condi-
ciones hombres y mujeres de alargar
nuestra jornada laboral, pues evidente-
mente no. En muchos de los casos por
las razones que Karin decía relacionadas
con las responsabilidades familiares.
Bueno, pues las responsabilidades fami-
liares tienen mucho que ver con la dedi-
cación, y por tanto la dedicación tiene
mucho que ver a la hora de componer la
estructura salarial.
Pero además de todo esto, de cómo se
compone la población trabajadora en dis-
tintos sectores, en distintas categorías
que determina el salario, de cómo a su
vez el salario está compuesto por el sa-
lario base, los complementos, las horas
extraordinarias, los beneficios sociales,
existe y hay que decirlo alto y claro, discri-
minaciones claras, existentes. No discrimi-
naciones disfrazadas. No, existen discrimi-
naciones claras.
Si eliminamos por ejemplo todo lo que se
refiere a la jornada laboral, al nivel educati-
vo, a la segregación tanto horizontal como
El mayor nivel de formación de las muje-
res ha permitido tener más oportunida-
des de empleo que las mujeres de gene-
raciones anteriores, pero no las mismas
oportunidades que los varones.
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vertical a la que antes hacía referencia.
Según, todos los estudios en nuestro país,
el 50% de la diferencia salarial solo se po-
dría explicar por sentido estricto. El otro
50% son todo lo que os he dicho. Es decir,
la diferencia salarial, ese 26% si tomamos
solo como referencia el salario base, 40%
si tomamos como referencia los comple-
mentos, y hasta un 70% si tenemos en
cuenta las horas extraordinarias. Bueno,
pues de esos porcentajes el 50% se en-
tendería de cómo componemos, el 50%
se podría explicar por los puestos de tra-
bajo que ocupamos, por el nivel educati-
vo, por la categoría que ocupamos, por el
sector que tenemos. Pero el otro 50% no
sería explicable por ninguna de estas ra-
zones. Y por tanto deberíamos llegar a la
conclusión que son razones estrictamente
discriminatorias.
Por una parte, hay que reconocer-
lo, que existen prejuicios del empre-
sariado en muchos casos en contra
del empleo femenino. Alto y claro.
En segundo lugar porque también,
y por qué no negarlo, existen pre-
siones de algunos trabajadores va-
rones en contra de que las mujeres sean
compañeras, en igualdad de condiciones.
Y en muchos casos argumentos de fuerza
física, a los que estamos muy acostumbra-
das a oír, son argumentos que esconden
realmente la dificultad que muchos traba-
jadores varones tienen a la hora de poder
compartir un puesto de trabajo en igual-
dad de condiciones. Y se argumentan todo
lo habido y por haber, razones físicas, de
competencia, de formación. Que en ningún
caso pueden justificar.
Por lo tanto también tendríamos que llegar
a la conclusión de que esta es otra parte
que deberíamos plantearnos. Es decir, una
parte, evidentemente tendremos que plan-
tearnos cómo a través de la negociación
justificar, que incluso a cuánto mayor re-
tribución por parte de los trabajadores va-
rones menos o más diferencias salariales
existen, aún a pesar de que la cualificación
de los trabajadores y trabajadoras sea la
misma.
Por tanto, como veis son muchos los fren-
tes que nos tendríamos que plantear para
poder abordar que esta desigualdad desde
el punto de vista retributivo hace que no
solo se esté cometiendo desde el punto de
vista del presente una injusticia clara con
las trabajadoras, sino también de futuro.
En gran parte, muchos de los derechos so-
ciales que percibimos como trabajadores,
aún a pesar de que no estemos en activo,
como ocurre cuando estemos jubiladas, lo
percibiremos en función del conjunto de
nuestras retribuciones. Por tanto
estamos hablando de nuestro pre-
sente y nuestro futuro, desde el
punto de vista de los derechos indi-
viduales de cada uno de nosotros, y
en este caso de cada una de noso-
tras como trabajadoras. Pero más
allá del debate estrictamente perso-
nal o de la inquietud estrictamente
personal o de algo que evidentemente nos
debería de plantear que no nos dignifica
como sociedad el que algo tan arbitrario
como haber nacido hombre o haber nacido
mujer finalmente termine justificando, pero
retribuciones desde luego es algo que sin-
dicalmente es inaceptable.
Lo primero que tenemos que hacer es
aceptar que esto existe. Que una parte
son discriminaciones directas. El 50% se-
gún los estudios. Pero otro 50% nosotros
podemos influir. Una parte a través de la
negociación colectiva, y otra parte instan-
do a los poderes públicos, no solo a que
hagan ya leyes, sino que además haya ins-
trumentos que garanticen la aplicación de
esas leyes. Y en ese sentido es muy impor-
colectiva nos planteamos resolver cómo
se construye el salario. Cómo a través de
la negociación colectiva tenemos que ser
cada vez más conscientes de que tiene
que haber una concordancia entre los sa-
larios pactados en los convenios colectivos
y los salarios que finalmente perciben el
conjunto de los trabajadores. Determina-
dos beneficios sociales que en muchos
casos son en beneficios sociales que se
pactan individualmente, y que en muchos
casos van ligados a determinada compe-
tencia profesional. El coche, que se da a un
trabajador y no a una trabajadora, porque
supuestamente ese trabajador tiene una
determinada experiencia o cualificación o
responsabilidad en la empresa, y por tanto
todo eso contribuye a lo que tu pactes en
un convenio colectivo a veces nada tiene
que ver con los salarios que finalmente
terminan percibiendo los trabajadores. En-
tendiendo nuevamente como retribución, y
algunas veces estoy utilizando la palabra
salario como retribución, todo el conjun-
to de beneficios que un trabajador percibe
por su fuerza laboral. Por tanto esto es
algo que también como organización sindi-
cal nos deberíamos de plantear.
Pero también, como en muchos de los
casos existen acuerdos de muchas em-
presas con algunos trabajadores, normal-
mente los más cualificados, para pagar
esa especie de salarios por ser más efi-
cientes. Que son, como os decía, siempre
complementos de carácter personal y que
también cada vez puede de alguna forma
podemos reducir las discriminaciones a
través de la negociación colectiva e ins-
tando a los poderes públicos a que hagan
leyes e instrumentos que garanticen su
aplicación.
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tante el papel que la inspección de trabajo
tiene que jugar en nuestro país. Es verdad
que la inspección de trabajo se ha plan-
teado desde el año pasado una campaña
para intentar luchar y combatir la desigual-
dad retributiva. Pero no es menos cierto
que existen todavía dificultades, en primer
lugar, para reconocer que esta situación
existe. Y desde luego un país no puede ser
eficiente económicamente si bajo el argu-
mento única y exclusivamente del sexo o
del género, una parte de muy de los tra-
bajadores y de las trabajadoras viven en
peores condiciones de vida y trabajo.
Quien me conoce, hay una frase o hay un
ejemplo que sobre todo con muchos com-
pañeros y compañeras sindicalistas utilizo
en muchas ocasiones, y lo vais a tener que
tomar como un ejemplo, y por tanto quie-
ro que lo toméis como tal, salvando todas
las exageraciones que se cometen en un
ejemplo.
Cuando en muchos casos en las jornadas
de negociación colectiva planteamos este
tema, y el primer debate es con los com-
pañeros para reconocer que podemos ope-
rar en la negociación colectiva, porque la
primera es negar que esto exista, yo les
comento a los compañeros que no solo es
injusto para quien lo percibe, sino que noso-
tros como trabajadores y trabajadoras nos
deberíamos de plantear que esa injusticia a
la que están viviendo determinadas traba-
jadoras finalmente nos afecta al conjunto.
En nuestro país sabéis que cada cier-
to tiempo y sobre todo cada vez que hay
elecciones se produce un debate muy im-
portante en torno al tema de la inmigra-
ción. Si yo hoy, sin esforzarme en nada,
ya os adelanto que no comparto este ar-
gumento, pero no me tendría que esforzar
absolutamente nada para explicar, o para
que vosotros incluso me pudierais plantear
encima de la mesa cómo el hecho de que
unos trabajadores, por unas circunstan-
cias o por otras, en nuestro caso por ser
mujeres, en el caso de los trabajadores
que no tienen la nacionalidad española por
ser extranjeros, y son población vulnera-
ble que en muchos casos dependen de un
contrato de trabajo para poder renovar su
autorización y por tanto poder permanecer
de forma regular en nuestro país, pero na-
die cuestiona nuestro país una afirmación,
que no comparto, y es que el hecho de que
exista una parte de la población trabajado-
ra cobre menos esto nos afecta al conjun-
to de los trabajadores. Y oímos todos los
días “es que si no cobran igual, pues claro,
de alguna forma es una competencia con-
tra lo que nosotros cobramos. Y entonces
para qué sirven los convenios colectivos
que nosotros negociamos si luego hay un
porcentaje de trabajadores que por unas
razones o por otras terminan cobrando
menos”. Esto es algo que lo oímos todos
los días. Y yo me pregunto, cómo es posi-
ble que si en nuestro país hay 2.700.000
trabajadores extranjeros, de los cuales la
mitad la mitad son trabajadores comunita-
rios, cosa que se dice muy poco, porque
aquí utilizamos el total para luego referir-
nos a los marroquíes y a los que vienen de
América Latina. Cómo es posible que haya
una conciencia, desde mi punto de vista
equivocada, en el conjunto de la clase tra-
bajadora de que 2.700.000 trabajadores
puedan estar ejerciendo un efecto presión
para un conjunto mucho más amplio como
son todos los trabajadores y trabajadoras,
y no seamos capaces de entender que el
30% de la población trabajadora que son
mujeres en nuestro país cobren un 26%
menos y no lo veamos como un problema
del conjunto de la clase de trabajadora, y
pensemos que solo sea un problema de
las trabajadoras. Mientras como organiza-
ción sindical, mientras como trabajadores
y trabajadoras no seamos conscientes de
que por unas razones o por otras, en este
caso por razones de género, y claramente
discriminatorias, haya una parte de la po-
blación trabajadora, nada desdeñable, un
30% de la población trabajadora son mu-
jeres, y solo por el hecho de ser mujeres
cobran menos y no seamos conscientes
del efecto perverso que produce en el con-
junto de la clase trabajadora, desde luego
nos queda como organización sindical mu-
cho camino por recorrer. n
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B dieter eicH
Buenas tardes. Espero que mi español alcance
para explicar lo que podría decir en alemán. No
voy a “bombardear” con cifras, porque hay mu-
chas y enseguida se olvidan. Quiero solamente hacer
algunas referencias de un artículo muy reciente. Esta-
mos hablando de un desastre, porque se había acorda-
do que en década –y habíamos fijado 2010 como fecha
tope– debíamos bajar el desempleo juvenil a un 10%
en la Comunidad Europea. Y la realidad es que tene-
mos más de un 20%. Esto es un desastre, aunque hay
muchas diferencias entre unos países y otros: en los
Países Bajos el paro juvenil afecta al 7% de los jóvenes;
en España, al 41%.
Hay un espacio increíblemente grande. ¿Cómo es posi-
ble que en un debate también se reciban palabras para
este fenómeno? La generación perdida, se dice. Y a
los otros se dice la generación boomerang. Esto quie-
re decir que ya tenemos nombres para un fenómeno
que queríamos eliminar. Es un gran problema político
también porque parece que no podemos solucionarlo.
Creo que estamos cayendo en una trampa, y no tene-
mos respuestas fáciles. Hemos dicho que todo lo que
está ocurriendo está muy vinculado con nuestra crisis.
En Alemania tenemos un debate bastante profundo
para ver qué hacemos con este capitalismo de casi-
no. No tenemos soluciones en la mano sobre cómo se
puede cambiar la situación. Al mismo tiempo, somos
una nación que vive de la exportación. Si nosotros tuvié-
ramos que reducirnos a nuestro mercado propio sería
un desastre completo. Vivimos de un trabajo que qui-
tamos a los países a los cuales exportamos nuestros
alimentos, nuestras máquinas, coches… Quitamos
puestos de trabajo ahí. Es una cosa interesante que
estamos viviendo en Alemania porque nuestro Instituto
también tiene economistas, y sí se habla en serio con
ellos. ¿Por qué existe en estos días este auge económi-
co en Alemania?, les preguntamos. Y nos dicen: “mira,
no sabemos; simplemente no lo sabemos”. Creo que
eso da un poco margen a un fenómeno al que no nos
podemos enfrentar simplemente con diferentes cifras.
Creo que la cuestión es mucho más profunda. Cuando
no hemos tenido posibilidades como sindicatos, tam-
bién, de utilizar la crisis para verdaderamente entrar
en una lucha que hay que cambiar algo en ese sistema
económico, porque nadie nos puede decir si en uno,
dos o tres años va a volver a ocurrir, porque no se ha
cambiado casi nada. Estamos esperando.
Ojalá que en Alemania podamos tener más exportacio-
nes. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra industria de au-
tomóviles estaba, hace más de un año y medio, en un
dieter eichDirector ejecutivo del Instituto de formación de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB)
teresa MuñozSecreataria de Formación de UGT
desempleo juvenil y formación en europa*
* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.
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61
los sindicatos alemanes hemos logrado
un pacto con los empresarios por el que
ellos ofrecen más puestos de formación
para jóvenes.
dieter eich
desastre. Han tenido pérdidas hasta del
30-40%. Y ahora están exportando como
locos. Están exportando los coches más
grandes que no se pueden vender en Ale-
mania. El BMW 700, el más grande que
hay. Mercedes Benz 550. Coches de locu-
ra. Hoy en día si hablamos de protección
de ambiente. ¿Adónde van a esos coches?
Se van a China. La exportación a China ha
crecido por 300%. También van a Rusia.
Van a países a los cuales esperemos que
dentro de poco tiempo se den cuenta de
que hay que proteger el ambiente, sino van
a tener problemas.
Pero entonces te dicen, “no te preocupes
porque esos coches se van, ya no
los quieren en Alemania”. Creo que
esa no puede ser la solución. ¿Qué
pasa en un país que tiene 10.000
millones de personas? No vamos a
explicar a la clase media china que
no pueden hacer el mismo desa-
rrollo que hemos vivido en la UE o
en EEUU, porque no cuentan con la
materia prima para hacer esto, ni
el ambiente va a aguantar un desarrollo
económico como tal. Completamente im-
posible. ¿Quién va a explicar esto a la clase
media de China? Porque directamente les
decimos, ¿qué quieren ustedes, 200 años
de explotación, de materia prima, de una
situación política en la que nosotros no pu-
dimos hacer nada? ¿Ustedes después van
a decir que nosotros no podemos tener un
progreso como el que ustedes han tenido
debido a esto?
Creo que si enfocamos solamente al sector
juvenil habría que tener todo esto en cuen-
ta. Si no somos capaces de cambiar la si-
tuación en la que estamos viviendo hoy en
día, no vamos a poder dar soluciones tam-
poco a los jóvenes, porque depende mucho
de una situación industrial determinada; de-
pende mucho de la situación del sector ser-
vicios; depende mucho de la situación de
la producción extra. Es un gran problema.
En este sentido hay una palabra muy acer-
tada, somos un poco ateos de futuro. Eso
quiere decir que no creemos en lo que
sabemos. Sabemos muchas cosas, pero
no vamos a creer, porque ¿cómo vamos
a enfrentarnos a esas cosas? Sabemos
esto pero, solucionar y buscar soluciones
políticas eso es a largo plazo. Y creo que
los problemas están muy cerca, y hay que
pensar –como sindicato, en este margen
global, ¿qué significa esto? Estamos ha-
blando de la globalización, y Alemania sin
globalización no puede sobrevivir, lo que
significa que somos más de una unidad.
Se necesitan percibir los factores precisos
aquí también, la diferencia entre los dos
“mundos” es increíblemente grande. Pero
también es increíblemente grande la dife-
rencia entre el nivel de producción y el nivel
de educación en Europa.
Pensé también cuando leí este artículo,
¿qué pasa entonces con los países que
son mucho mejor que nosotros, como los
países escandinavos, Finlandia, Suecia...?
Lo que acabo de leer es que en Finlandia
tienen un récord del desempleo juvenil que
es el 23%. Finlandia es el país con la for-
mación profesional más avanzada de Eu-
ropa. Eso quiere decir que si tienes una
buena formación no hay garantía después
de encontrar empleo. ¿De qué depende
entonces todo esto?
Voy a intentar explicarlo con la situación
bastante compleja que hay en Alemania.
Cada año salen unos 500.000 alumnos
al mercado de trabajo. En Alemania es un
poco distinto porque tenemos un sistema
dual. La formación profesional se recibe en
las empresas, no se recibe en las escue-
las. Si se quiere aprender una profesión
como mecánico industrial, electricista y to-
das esas profesiones, hay reconocidas en
Alemania 384 cualificaciones, que tienen
su propio currículum. Si se va a una em-
presa que ofrece entrar como alumno y en
3 años te forman en una cierta profesión,
eso quiere decir que 534.000 querían una
formación en la misma empresa. Había
solamente 418 puestos, eso quie-
re decir que son más de 100.000
empresas en ese tipo de formación
las que faltaban. Ante este proble-
ma, los sindicatos alemanes hemos
logrado hace dos semanas un pacto
con los empresarios, por el que ellos
ofrecen más puestos de formación
para dar la oportunidad a cualquier
joven que quiera formarse. De esta
forma, ha dejado de ser un problema.
Hay muchos jóvenes, como la compañera
ha explicado también, que salen antes de la
escuela. Eso quiere decir que en Alemania,
por la “linda” cifra que tenemos ahora del
10% de desempleo juvenil y que no apare-
ce en la estadística, los jóvenes que salen
de la escuela no van encontrar un empleo
porque no están de acuerdo con ese tra-
bajo, porque quieren aprender otra cosa,
y no hay un puesto para esto. Es un gran
porcentaje también, casi un millón de jóve-
nes que no aparecen en ninguna estadís-
tica, porque están apoyados directamente
por una gran variedad de ayudas por parte
del Estado. Eso quiere decir que el Estado
se ha dado cuenta que debe tomar directa-
mente a esos jóvenes y formarlos, ya que si
no reciben formación, después cuando sal-
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62
en alemania tampoco hemos tenido los
sindicatos posibilidades de utilizar la cri-
sis para verdaderamente cambiar algo
en este sistema económico. estamos es-
perando.
dieter eich
gan de la escuela van a estar más o menos
cinco décadas en el mercado de trabajo.
Por lo tanto, la sociedad entera tiene que
tomarse esos problemas en serio.
Hay que enfrentarse a esos graves proble-
mas. Pueden pensar que es un sistema
bastante interesante poder recibir forma-
ción en las mismas empresas. El problema
surge una vez que han sido formados. Por
ejemplo, que si una empresa grande como
Siemens tiene más de 250 alumnos que
entran para aprender una profesión y 110
de ellos son personas menos váli-
dos socialmente o tienen otro pro-
blema, las empresas tienen la obli-
gación de tomar esos problemas.
De ser ejemplo.
Si yo soy una persona con un trans-
fondo migratorio, casi no tengo
oportunidad de entrar en el mer-
cado de trabajo. Existe un cierto
racismo en esto. Si soy un hombre
que ha aprendido en una escuela de
Turquía y ahora estoy en Alemania, casi ni
se les recibe.
Por lo tanto, hemos logrado, y ojalá así lo
recoja la ley, que si yo quiero presentarme
en una empresa para aprender mi profe-
sión, por ley no se debe dar el nombre,
ni la nacionalidad. Solamente después,
aparece el nombre en el certificado con
el que uno puede buscar trabajo en cual-
quier empresa. Existe una oportunidad
mucho más grande, y nos hemos dado
cuenta porque hemos visto muchos ejem-
plos de emigrantes.
Creo que hay que tener en cuenta muchas
formas diferentes de actuar. En Alemania
sale cada cuatro años un estudio, se llama
Estudio Juventud, que patrocina la compa-
ñía Shell y que es elaborado por un ins-
tituto científico y dos universidades. Para
realizarlo, encuestan a 2.500 jóvenes de
cuatro diferentes capas sociales. Ofre-
cen un aspecto muy interesante: cómo
se sienten con su forma de vivir, con su
formación; cómo se sienten económica
y socialmente. Éstos son algunos de los
resultados: El 60% dice que está muy
contento con su propio futuro. No se pue-
de entender con las palabras que hemos
dicho antes. Y hay que darse cuenta de
que hay que ver las respuestas según las
diferentes capas sociales. Así, el 14% del
nivel muy alto de la sociedad, el 22% de
la capa media, el 30% de la capa media
alta, el 24% de la capa media por abajo,
y el 10% de la capa más baja, los más
pobres. Uno se da cuenta que hablando de
juventud hablamos de un fenómeno, por-
que hablamos de personas entre los 25
hasta los 35 años, nada más.
Hay que comprender esto para darse
cuenta que hay diferentes respuestas en
este sentido. El 60% dicen que tienen un
futuro muy bueno; los más pobres, el 7%,
dicen que no van a tener ningún futuro. El
74% dice estar muy contento con su vida;
los más pobres (30%), que no está con-
tento con su vida actual. El 16% no quie-
ren ir más a la formación o a la escuela,
son los más pobres. La otra juventud dice
que no tienen ningún problema, quieren ir
lo más rápido posible a los otros corredo-
res de la información y enseñanza.
Estamos hablando de la individualización de
las personas, lo que quiere decir que si el
control social disminuye, estos jóvenes en-
tran otra vez en otra forma de aislamien-
to. Porque las formas tradicionales con
las que ellos se han encontrado les están
desilusionando. Es un problema muy gran-
de porque hay que formar nuevos grupos,
nuevos deberes sociales.
Y también es bastante difícil para los jóve-
nes cuando están en una cierta clase de la
escuela, que cuando acaban sus estudios,
normalmente, se rompen estos la-
zos sociales. Y no tienen después
ningún nexo porque entren en una
formación profesional, o sigan yendo
más tiempo a la escuela, tienen este
problema de un aislamiento, que es
bastante grave, como dice el estudio.
Es bastante difícil sacar a personas
de esa situación. Muchos jóvenes
dicen que la forma como viven les
gusta mucho. Eso quiere decir que
están más orientados para el día de hoy.
No quieren pensar mucho más en el fu-
turo, y les gusta mucho más vivir en una
cierta forma de hedonismo. Es la capa me-
dia la que dice eso. La capa alta prefiere ir
directamente a la formación donde pueden
tener un puesto de trabajo o una oportuni-
dad de ir a la universidad. Los jóvenes de
la clase más baja dicen directamente que
no ven posibilidad alguna de poder entrar
en esa situación. Por tanto, hay que hablar
directamente de las diferentes capas so-
ciales, y hay que tener en cuenta que entre
ellas hay tremendas diferencias.
Otra cuestión es cómo los jóvenes reciben
su contacto social. La gente más cualifi-
cada, más o menos un 50%, entra dia-
riamente en Facebook. De la capa media
es un poco menos. Pero de los pobres, el
máximo es el 22%. Los famosos juegos,
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63
el estado tiene que intervenir y dar opor-
tunidades a los jóvenes “desilusionados”
para que opten por formarse.
dieter eich
el porcentaje más alto es de la clase baja,
que es un 44% que son jugadores por In-
ternet, pero no utilizan el ordenador para
buscar datos o información.
Ante estos datos, el estudio llega a una
conclusión muy importante. La exclusión
a la formación viene mucho del interés
político y la vida social de los padres. Si
los padres tienen una formación bastante
baja, es casi seguro que los jóvenes tam-
bién vayan a tener la misma cualificación.
Y ese es el problema más grave para
nuestra sociedad, que el Estado va a tener
que afrontar, porque hay gente de carrera
en Alemania cuando sus padres no habían
tenido la oportunidad de formarse, y se en-
cuentran en un nivel mucho más alto. Por
este motivo, casi el 85%, van a seguir por
el mismo camino. E interrumpir esto quie-
re decir que el Estado tiene que intervenir
y dar oportunidades a esos jóvenes “des-
ilusionados” para que salgan de un círculo
vicioso, y opten por formarse.
Lo que es muy interesante es que los pa-
dres de familia donde hay solamente una
persona que vive con su hijo o hija,
el porcentaje con menos recursos
económicos es mucho más alto. En
Alemania, el 99% de mujeres viven
en esa situación a partir de los 20
años. Normalmente la gente de
clase media alta tienen mucho más
tarde sus hijos. Es una situación
que hay que tenerse en cuenta también en
las diferentes capas sociales, ¿qué signifi-
ca para ellos formarse?
A los partidos políticos les da igual. El que
tiene menos recursos no muestra mucho
interés por trabajar políticamente, y ha
perdido también la confianza entre los po-
líticos. La clase media alta sí tiene interés
en la política, y ha crecido por un porcen-
taje bastante alto. Hay que darse cuenta
por qué los políticos tienen una pérdida tan
alta entre la juventud, por el reconocimien-
to político de la juventud.
Para terminar, quiero referirme brevemente
al cambio climático. El pobre, solamente el
26%, considera que es un problema el cam-
bio climático. La clase media alta, el 92%.
Además, el 13% de los jóvenes con menos
recursos hasta los 25 años, prefieren be-
ber alcohol y fumar… Todos estos datos
vienen a decir que si queremos hablar y dis-
cutir el fenómeno de la juventud, tenemos
que darnos cuenta de estos diferentes nive-
les, las diferentes situaciones y las diferen-
tes capas sociales. Si se sabe y se tiene en
cuenta, se pueden tomar medidas muy con-
cretas sobre las diferentes capas sociales.
No se pueden tomar cuestiones y modelos
en general, porque se va al desierto, por-
que la gente empieza a preguntar quiénes
son esos, qué problemas son esos, no son
nuestros problemas, son de otra gente. Es
una cuestión que habría que debatir.
El Estado tiene que darse cuenta de que
hay que diferenciar todos esos programas
según los diferentes niveles. Si no lo hace,
no conseguiremos bajar más la tasa de
desempleo juvenil. Hay que darse cuenta
de esto, y seguir en el proceso político
para presionar al Estado a fin de que con-
tinúe elaborando diferentes programas,
que después dan soluciones también de la
gente más pobre que dice que quiere for-
marse, ir a cursos, tener certificados para
mejorar su propia vida también. Pero ne-
cesitan ese apoyo. Y lo hay, tengo muchos
ejemplos de diferentes ciudades, porque
en cada ciudad es un mundo distinto, en
que el estar en la agencia de trabajo se en-
cuentran personas que trabajan con jóve-
nes, gente que les conoce por su nombre.
Debaten una vez al mes sobre su situación
social, laboral, la ayuda del Estado… Es la
única forma de apoyar a esas capas so-
ciales que son muy importantes para los
miembros de los sindicatos.
Esto es lo que quería contar. Disculpen mi
español. Gracias.
tereSa MuñOZ
Buenas. Yo voy a intentar explicar un poco
la situación que tenemos en España. Que
tiene todos los malos signos, tanto de la UE
como nos podía decir el compañero desde
Alemania, pero mucho más en profundidad.
Tenemos que pensar que en España parti-
mos de una situación distinta. Los paráme-
tros para llegar a objetivos comunes den-
tro de la UE son mucho más distantes que
en otros países del entorno europeo, por
tanto, nuestra dificultad es mayor
y añadida. Además tenemos una
realidad grave, es que el paro se
ha cebado en los jóvenes, y además
se ha cebado con una profundidad
grande, casi el 49% es la tasa que
tenemos en este momento de paro.
Pero para poder prevenir las situaciones
de futuro siempre tenemos que contar con
nuestras situaciones anteriores. Tenemos
que situarnos en una foto fija que se da en
el año 2007–2008, periodo en el que diver-
sos informes de la UE analizan que hay una
realidad y es que al trabajador o al joven
menos cualificado tiene más dificultades en
conseguir inserción laboral, e incluso aquel
que lo tiene mantenerse en el puesto de
trabajo. Y hay datos que son claves.
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64
los gobiernos tienen que tener compromi-
sos políticos reales a largo plazo para in-
tervenir en formación, información e inno-
vación; no se trata sólo de una legislatura.
teresa Muñoz
En Europa tenemos 80 millones de tra-
bajadores no cualificados. En España, de
esos 80, tenemos casi 14 millones. Por
lo tanto, el punto de partida en los pará-
metros pues va a distancia con países del
entorno europeo, sobre todo de los más
avanzados. Pero si además tomamos otro
parámetro, y es la facilidad que hemos
tenido en una situación de crecimiento
económico, de encontrar un puesto de
trabajo juvenil no bien remunerado, no es-
table, no cualificado, pero sí muy fácil. To-
das estas características nos han llevado
a que tengamos unas cifras de abandono
escolar muy por encima de la media euro-
pea, el 30%. Todos estos factores unidos
han configurado una situación en nuestro
país mucho más compleja. Por lo tanto,
la salida de la crisis y la búsqueda de las
soluciones van a ser en alguna medida si-
milares a la que nos marquen desde la UE,
aunque siempre quedará una parte
más diferencial.
Además, los contratos que han te-
nido los jóvenes son contratos en
precario. Sin ningún tipo de estabi-
lidad. Los empresarios han hecho
un mal uso reiterado de este tipo
de contratación, sobre todo de los
contratos en prácticas y de los de
formación. En esos que hemos visto los
sindicalistas o los negociadores como la
panacea. No para hacer como decía el
compañero de la DGB, pero sí para hacer
algo similar, la alternancia entre el empleo
y el trabajo. Pero no ha sido posible, por-
que ha habido un abuso exagerado de este
tipo de contratación, y ha sido sustituido
por mano de obra barata. El contrato en
prácticas sustituía a un puesto de trabajo,
y encima mal remunerado sin ninguna po-
sibilidad de estabilidad.
Por lo tanto, las soluciones que tengamos
que dar desde nuestro país van tardar mu-
cho en dar resultados, van a tener que ser
más profundas y se van a tener que conju-
gar con otra situación. Las cosas aparecen
y no son por casualidad. Los gobiernos tie-
nen que tener compromisos políticos reales,
tienen que invertir en educación, en informa-
ción e innovación a lo largo del tiempo. No
se trata de cuatro años ni de una legislatura,
sino de un compromiso a largo plazo, con
independencia de la ideología de los gobier-
nos. Porque la educación y la formación –to-
dos lo sabemos– debe de ser una cuestión
de Estado. Desgraciadamente, ese compro-
miso aún no se ha producido en España, y
de ahí proceden muchas de nuestras des-
ventajas en el entorno europeo.
Además, no hemos sido capaces tampoco
de acertar en la otra variable: la excesiva
cualificación de algunos de nuestros jóve-
nes. Las familias, los Estados… hemos
invertido en educación y, ahora tenemos
licenciados, tenemos grandes profesiona-
les, que no encuentran trabajo para lo que
han sido formados. Y tienen que acogerse
a lo primero que surge porque necesitan
trabajar, sin sacarle una verdadera renta-
bilidad. A ello se suma otra dificultad, que
tardan más de un año y medio en conse-
guir un puesto de trabajo relacionado con
lo que han estado formados.
Ante esta situación, los interlocutores
sociales, junto con el Gobierno, intentába-
mos primero coincidir en el diagnóstico,
sabiendo que en el informe de la UE 2020
que ha hecho referencia Juliane, está muy
claro: España va a tener que hacer lo mis-
mo que el resto de los países europeos,
pero con muchísimo mayor esfuerzo por-
que venimos de situaciones peores. ¿Qué
sabemos? Que el 85% de los puestos de
trabajo en el 2020 van a ser para traba-
jadores cualificados, cualificación media o
alta. Y un 15% para trabajadores sin cua-
lificación. Intentando coincidir en el diag-
nóstico, hemos intentado también aproxi-
mar posiciones (empresarios, Gobierno y
sindicatos) en soluciones que, en cualquier
caso, son a medio o largo plazo. Y hemos
coincidido en reconocer que si tenemos
una dificultad mayor que Europa en todo
lo que respecta a la cualificación, vamos a
ver cómo se puede solucionar.
¿Qué se ha intentado desde hace dos años
cuando estalla con virulencia la crisis? Pues
lo que estábamos explicando, que la
formación es un instrumento que nos
va a permitir el cambio del modelo
productivo, que tenemos un verda-
dero desfase entre lo que demanda
la empresa y en lo que formamos.
Vamos a ver si no nos equivocamos
esta vez y somos capaces de formar
para esos sectores que van a ir apa-
reciendo; aprovechar lo que ya saben
hacer, y crear nuevas profesiones que real-
mente den estabilidad. Y todo ello vinculado
a la negociación colectiva, porque organiza-
ciones sindicales y empresariales debemos
evitar estas situaciones que nosotros catalo-
gamos como abuso excesivo de contratos, y
facilitar la empleabilidad; debemos modular
ese abuso de la contratación que sustituye
puestos de trabajo reales.
Entre las medidas que se tomaron, o que
se están intentando desarrollar, primero,
debemos reducir la diferencia de forma-
ción de esos 14 millones de trabajadores
que desempeñan un trabajo. El problema
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65
es que no existe un organismo público que
reconozca ese “saber hacer” pese a que
no se tenga la cualificación. Porque ellos
desempeñan su trabajo día a día.
Por lo tanto, tenemos que buscar
una fórmula que sirva para el “reco-
nocimiento del saber hacer”.
Y ese “reconocimiento del saber ha-
cer” tenemos necesariamente que
vincularlo con la motivación al retor-
no de los ciclos formativos. Tanto
en el ámbito educativo como en el
ámbito laboral, ya sea con títulos o
con certificados de profesionalidad.
Es en este ámbito donde debemos
lograr un acuerdo este año con el que re-
conocer las primeras experiencias labora-
les como el trabajador está habilitado para
desempeñar ese puesto de trabajo.
Debo reconocer que hemos tenido mala
suerte, porque todo lo que sea novedoso
necesita recursos económicos para poder
llevarse a cabo. Y para solucionar este
problema de millones de trabajadores se
necesitan recursos y, de momento, todo el
esfuerzo se va a reducir a algo de carác-
ter experimental o piloto. Dada la situación
de crisis, bienvenido sea, sobre todo, en
sectores que son emergentes de empleo,
como la Ley de la Dependencia o la aten-
ción de menos de cero a tres años, todas
ellas políticas de Gobierno.
Evidentemente, todas estas medidas tie-
nen una especial sensibilidad para los
jóvenes, porque tenemos una tasa im-
portante, o muy por encima del resto
de las medias de edad europea, aunque
por sí mismas no tienen una solución a
medio plazo. La formación y la cualifica-
ción crean puestos de trabajo. Por este
motivo, hay que hacer un esfuerzo para
motivar con ayudas económicas a los em-
presarios. No existen otras fórmulas para
fomentar el empleo juvenil de calidad es-
table. Pero, al mismo tiempo, debemos
ser capaces de definir cuáles van a ser
los sectores productivos de nuestro país
a medio o largo plazo. Es decir, en qué va
a ser puntera España.
Lo decía el compañero de la DGB, en Ale-
mania exportan grandes empresas que
han sido pioneras en la exportación, y los
mercados emergentes están tirando de
ellas. Por tanto, están dando salida a la
mano de obra que pudiera ser necesaria
en Alemania, y aunque existe paro, existe
una cultura empresarial de adelantarse a
los acontecimientos.
Pero es evidente que en España lo tene-
mos más complicado, porque lo primero
que tenemos que definir es en qué pode-
mos ser pioneros; en qué puede ser Es-
paña un país distinto a los demás y, por lo
tanto, debe sobresalir. Es un esfuerzo que
tenemos que hacer y todavía no está dise-
ñado. Es verdad que se estaban haciendo
esfuerzos en esa dirección. Sabemos que
la construcción es un sector en crisis; sa-
bemos que hay que recualificar a los jóve-
nes, y una gran cantidad de jóvenes –que
en este momento están en paro– proce-
den de la construcción. Además, proceden
de las capas sociales menos favorecidas
culturalmente, proceden de la inmigración.
Por lo tanto, ese tipo de problemas que te-
nemos hay que atajarlos desde las ayudas
económicas, pero sin despilfarrar, tenien-
do claro y acertando en cómo pode-
mos diseñar en qué va a sobresalir
nuestro país para que sea perma-
nente en el tiempo. Ya no podemos
hacer, o creo que los españoles
no podemos estar haciendo ensa-
yos. La situación que tenemos nos
obliga a acertar, y eso lleva tiempo,
dado que no tenemos una prepara-
ción previa.
Así, por ejemplo, ya hemos encon-
trado una fórmula: la rehabilitación
de viviendas. ¿Pero hasta dónde si no hay
motivación en el sector privado? ¿Hasta
dónde pueden llegar las ayudas del Estado
para esto? Hay que medir y hacer cálculos,
porque no podemos recualificar a los jóve-
nes que salen de la construcción y formar-
les en rehabilitación, en esos paneles que
se ponen y quedan como si las paredes
fueran de piedra, sino sabemos a cuántos
puede absorber y en cuánto tiempo.
Por lo tanto, estamos tomando medidas
de carácter generalista. Primero, recono-
cimiento del saber hacer a través del re-
conocimiento de la experiencia. Segundo,
eso se tiene que traducir necesariamente
o vehiculizarlo a través de módulos forma-
tivos que nos lleven a un certificado de pro-
fesionalidad o a un título. Y en tercer lugar,
tener una especial atención a las necesida-
des de los jóvenes.
Ahora socialmente todo ha cambiado.
Antes de empezar estas pequeñas confe-
rencias comentábamos que tenemos una
posición favorable con respecto a otros
países. No todo es negativo. El entrama-
do familiar funciona, de lo contrario habría
un conflicto social. Todos sabemos que en
nuestro entorno, por la situación de los
la formación y la cualificación crean
puestos de trabajo. Hay que motivar con
ayudas económicas a los empresarios
para fomentar el empleo juvenil de cali-
dad estable, definiendo antes los secto-
res productivos a medio o largo plazo.
teresa Muñoz
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66
jóvenes que habían empezado a independi-
zarse, se han visto obligados a retornar al
núcleo familiar. Y en muchos casos han re-
tornado con hijos, porque han tenido que
abandonar la vivienda al no tener empleo.
Ese tejido familiar en España está bastante
desarrollado, pues ha permitido que esto
no sea una verdadera explosión.
El futuro de cualquier país está en los jó-
venes, no está en los que llevamos años
trabajando. Pero además de mejorar su
futuro, también debemos preservar el
bienestar de los mayores. En consecuen-
cia, sino tenemos jóvenes trabajando y jó-
venes cotizando, no se podrá cobrar una
pensión. Es algo muy duro de decir, pero
es la realidad.
Con todas estas reflexiones quería daros
unas pinceladas de la situación de nues-
tro país, que es compleja. No me gusta
recurrir tanto a las estadísticas porque
como la panacea no la tenemos nin-
guno de los actores que estamos aquí,
me gusta más dar una posición, intentar
provocar un debate, porque se aprende
muchísimo con las preguntas y con las
ideas. Es decir, ¿esto está encauzado?
No. ¿Por falta de voluntad? No, porque
el panorama global no está definido. Me
quedaría con esa idea de carácter gene-
ral. Tenemos que conseguir entre todos
que España se diferencie en algo para
invertir en I+D, invertir en formación…
Y hay que tener cómplices, que son los
gobiernos y necesariamente los empresa-
rios, dado que para todos son objetivos
comunes. Y desde luego los sindicatos a
través del diálogo social, que somos casi
los últimos. Somos necesarios pero no
imprescindibles.
En conclusión, diría que tenemos que apro-
vechar esta oportunidad y nos queda mu-
cho por hacer para poder avanzar. n
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67
NNo es la primera vez que participo en un acto en
la Escuela Julián Besteiro. Ya lo hice sobre Diálo-
go Social; ahora voy a hablar del empleo juvenil,
sobre cuando se es joven y es demasiado pronto para
trabajar, para tener una vivienda independiente, tener
hijos. Ese paso es cada vez más largo en toda Europa.
En 2002 los jóvenes contestaron en una encuesta cual
era su mayor preocupación. No contestaron que su
principal preocupación era el terrorismo, ni la segu-
ridad; sino que su única preocupación era encontrar
trabajo. Lo cual se ha agravado con la crisis económica
como lo demuestra el hecho de que en el último trimes-
tre de 2009 había 5,5 millones de parados.
Hablando antes para preparar el acto hemos visto
como la situación se repite en toda Europa. Os propon-
dré varios elementos de referencia:
1.º Situación de los jóvenes en Europa.
2.º Situación del Empleo.
3.º Consecuencia que puede tener en la vida cotidiana
de los jóvenes.
Antes estuvimos los ponentes intentando comparar
la situación en los diferentes países de Europa y es
verdad que se pueden encontrar tendencias parecidas
y después de mi ponencia tendremos los ejemplos de
Alemania y de España que podrán servir para el debate.
La primera referencia sobre formación en Europa es que
la educación es determinante en materia de empleo. Se-
gún datos de Eurostat sobre la media de años de estudio
se llega a la conclusión de que los jóvenes cada vez más
siguen estudios superiores, lo que combinado con las di-
ficultades para encontrar una vivienda, supone que se
ha producido una ampliación del tiempo que se dedica al
estudio, y por tanto se retrasa el momento para acceder
al mercado de trabajo y a la independencia.
Cuatro puntos clave en materia de formación:
Primero, la mayor parte de los jóvenes se embarcan
en estudios superiores, pero los estudios no son una
garantía contra el paro, por lo que la mayoría de los
jóvenes en Europa optan por seguir estudiando.
El segundo punto clave. Se está produciendo una ten-
dencia que aumenta los estudios técnicos. Hay dos ti-
pos de formación: La de tipo general y la técnica. La
media de los jóvenes se embarcan en los estudios de
tipo técnico, porque creen que los prepara mejor para
entrar en el mercado de trabajo, y aunque los estudios
de tipo general no sean de tipo superior, la formación
técnica contribuye mejor a encontrar empleo.
Juliane BirAsesor de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), encargado de la política de juventud, RSC, diálogo social e inmigración.
Desempleo juvenil en Europa*
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* Intervención en el ciclo “El trabajo en europa”. Escuela Julián Besteiro. Noviembre 2010.
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68
La tercera observación. Los estudios su-
periores atraen más a los jóvenes, pero
no garantizan más el empleo. Es a lo que
me refería antes, cuantos más estudios se
tienen, menos posibilidades hay de caer en
el paro y además se acorta el periodo de
transición entre el mundo de la educación
y el mundo del empleo.
Observad que en 2007, última cifra que
he encontrado, el 75% de los que habían
hecho estudios superiores tardaban menos
de un año en encontrar un empleo. Pese a
que esta cifra no es tan mala, la tendencia
desde que comenzó la crisis se ha dirigido
a aumentar el tiempo de espera desde que
se finalizan los estudios hasta que se en-
cuentra un puesto de trabajo. Esa es la ten-
dencia que se está generalizando en toda
Europa, y como ejemplo, Grecia, donde el
paro entre los jóvenes diplomados y con
estudios superiores es de los más
elevados de toda la UE.
La cuarta observación clave en ma-
teria de formación. Las dificultades
de los jóvenes que han accedido al
mercado de trabajo, sobre todo los
menos cualificados y aquí hay un
elemento clave que me gustaría remarcar,
que es el abandono escolar, que se da en
algunos países, destacando los porcentajes
de Malta, Portugal y, por supuesto, España,
donde hay un abandono escolar superior al
30%, un porcentaje que es enorme.
Cuando hablamos de abandono escolar
nos referimos a un descuelgue del siste-
ma, que después se traduce en abandono
escolar. Evidentemente, es una educación
catastrófica, es un golpe para el individuo y
también conlleva un golpe social y un golpe
económico importante para la sociedad.
También hay otra tendencia, sobre todo en
los jóvenes menos cualificados, un grupo
que se llama “Neet” (en español Ni-Ni), una
expresión inglesa “Not Education” “Not Em-
ployement” “Not Place”. No educación, no
empleo, en ningún sitio. Y es verdad que es
un grupo que no está en ningún sitio, y es
verdad que para estos jóvenes la cuestión
de la inserción y la integración es crucial.
Estas son las cuatro observaciones que yo
quería destacar sobre formación.
En cuanto al empleo, ya que no se pue-
den desvincular los dos temas, la situación
se ha agravado con la crisis económica,
financiera y social que estamos viviendo,
como lo demuestra la tasa tan elevada de
paro juvenil, que dobla la tasa general de
la población. Hay distintas caras, pero la
tendencia es por todas partes la misma. Y
al elevado desempleo entre los jóvenes se
suma también la precariedad.
Los jóvenes están más afectados por el
paro, los jóvenes más que otros grupos
tienen problemas para hacer frente a la
precariedad del empleo y son un grupo
particularmente vulnerable. No son el úni-
co, podríamos hablar de los inmigrantes
que tienen que enfrentarse a los mismos
elementos.
En cuanto al paro hay que tener en cuenta
que desde el punto de vista de la demogra-
fía, los jóvenes representan el 20% de la
población europea, es la nueva generación
que debía ser un motor para la sociedad en
general y nos damos cuenta que es total-
mente lo contrario. Que tenemos una gene-
ración que calificamos de “desencantados”.
La semana que viene estaré en Francia en
un mismo tipo de debate ¿La nueva genera-
ción es muy sacrificada? ¿Es que son unos
inútiles? Y es verdad que se trata de adjeti-
vos que se utilizan con demasiada frecuen-
cia para calificar a la juventud. Y es verdad
que los jóvenes tienen que hacer frente a
no más dificultades, pero sí más marcadas.
Aunque es demasiado pronto para medir las
consecuencias de la crisis dentro del conjun-
to de los 27, lo que sí podemos ver es que
la tasa de paro no ha dejado de aumentar
desde el principio de la crisis. Hoy en los 27,
para la franja de entre 15 a 24 años, la tasa
de paro ha aumentado en 4 puntos desde
primeros de 2008 hasta finales de 2009.
A grueso modo, en tan solo dos años ha ha-
bido un 4% más de paro entre los jóvenes.
Y destaca sobre todo la evolución que han
sufrido en los Países Bálticos, Estonia, Litua-
nia, Letonia, Irlanda y España.
Y cuando se habla de las tasas de
paro más altas de Europa. ¿Qué
ejemplo damos? Damos la tasa de
España con una tasa superior al
30%. El mejor alumno de la clase
son los Países Bajos con el 6,5%.
Resumiendo, la tasa de paro de los jóve-
nes corresponde al doble de la que regis-
tra la población en general.
He leído que se explica la vulnerabilidad de
los jóvenes por el hecho de que se trata de
un fenómeno pasajero y que tarde o tempra-
no acabarán por encontrar trabajo. Es una
frase que se está convirtiendo en un tópico,
pero en la mayoría de los casos el impacto
de la crisis y el desarrollo del mercado de
trabajo han impactado más que en otros
grupos y de una manera más duradera, la
entrada en la vida activa sigue retrasándose
cada vez más y es más difícil cuanto más la
retrasamos. Las razones son muchas, unas
veces no estamos lo suficientemente forma-
El abandono escolar —muy alto en Malta,
portugal y España— es un golpe para el in-
dividuo, y conlleva un golpe social y un gol-
pe económico importante para la sociedad.
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69
dos, otras veces no tenemos experiencia. En
resumen nos encontramos en una situación
difícil para integrarnos en el mundo
del trabajo actual.
En el segundo punto, sobre la pre-
cariedad, ya lo decía antes, los jó-
venes de hoy en día, cuando tienen
un contrato temporal dicen “Tengo
suerte”. La realidad es que para
los jóvenes el contrato indefinido es
casi un sueño. El tener un trabajo ya es un
privilegio, cuando se es joven y se tiene un
trabajo garantizado, es todo formidable.
La segunda cifra a la que me quiero referir
es que dos de cada tres jóvenes describen
sus características laborales como: con-
trato temporal o a tiempo parcial, y con
funciones indeterminadas. Una cifra sobre
el contrato temporal, el 40% de los jóve-
nes de entre 15 a 24 años trabajan con
un contrato temporal. Y cuatro de cada
diez jóvenes tienen un contrato temporal
en Estonia y Polonia; en España, el 60%.
En cuanto al contrato a tiempo parcial, el
25% de entre 15 a 24 años tienen con-
trato a tiempo parcial y el 50% de los jó-
venes de entre 25 y 29 años trabajan a
tiempo parcial, es decir, un joven de cada
dos. En Grecia aún es superior, el 70% de
los jóvenes trabajan a tiempo parcial con
unos salarios que todos conocemos bien.
La conclusión es que lograr un contrato de
calidad es muy complicado.
Al trabajo precario se unen bajos salarios
porque cuando se empieza se tiene tanto
miedo a perder el trabajo que no se exige
nada, sobre todo en materia salarial.
Si lo comparamos con los mayores, ga-
nan menos y en cuanto a los salarios de
los diplomados podemos constatar que son
un poco superiores a los de los demás.
En cuanto a en qué sector hay más con-
centración de jóvenes, es sobre todo en
el sector servicios, artesanía, comercio...,
pero desgraciadamente es un sector donde
la presencia de los sindicatos es menor, por
lo que también se ha convertido en un reto
que los sindicatos debemos fijarnos como
objetivo. No es el tema del que hoy esta-
mos debatiendo, pero me permito hacer la
observación de a qué se debe ese déficit.
El tercer punto de mi intervención, las con-
secuencias de esta situación en el empleo.
Primera consecuencia, se quedan más
tiempo en casa de los padres.
Segunda consecuencia, se depende finan-
cieramente de los padres, pero también
de los abuelos y esto es nuevo. La solidari-
dad familiar se amplia del primer círculo al
segundo círculo.
La tercera consecuencia, demográfica, se
van a vivir en pareja mucho más tarde y
se tienen hijos también mucho más tarde.
El último elemento y más visible, una pérdi-
da de esperanza para los jóvenes. Cuando
se arranca en la vida, se tienen ganas de
hacer proyectos, de construir, pero cuan-
do no se tiene trabajo y se sigue estando
con los padres, se piensa mucho y se pue-
den tener muchas depresiones.
El cuarto y último elemento de mi interven-
ción, ¿qué decimos de todo esto nosotros
como organización sindical. Nos enfrenta-
mos a tres retos:
1. La seguridad.
2. La estabilidad.
3. La calidad del empleo.
Hablaba con un periodista y me de-
cía, los sindicalistas sois un poco
ingenuos al seguir hablando de lo mismo.
Cuando se trata de medidas se tiene que
ser capaz de llevarlas a la práctica. Cuando
se tiene un mercado hiperflexible, cuando
no se tiene ninguna garantía, hay que ser
capaz de renegociar la seguridad con los
patronos y por supuesto con el gobierno.
Luego:
4. Seguridad.
5. Estabilidad.
6. Calidad del Empleo.
Una palabra que se utiliza menos: flexise-
guridad. Está muy de moda y me hace reír
cuando hablamos de flexiseguridad para
los jóvenes, después de lo que acabamos
de decir. Cómo se puede decir que sean
flexibles si es lo único que hacen. Luego
hay que huir de políticas de trabajo preca-
rio. Ver lo que ha pasado en Francia con el
nuevo contrato para jóvenes. Hemos dicho
es formidable y he aquí a todos los jóvenes
en la calle ayudados por las fuerzas sindi-
cales. Y el Gobierno se ha visto obligado a
retirar esa medida.
Luego, buscamos reales decretos de tra-
bajo que recojan la integración de los jóve-
nes, ligados a medidas concretas ligadas a
un diálogo social permanente y en particu-
lar a las organizaciones sindicales. He aquí
al trabajo precario se unen bajos salarios
porque cuando se empieza se tiene tanto
miedo a perder el trabajo que no se exige
nada.
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70
lo que resulta de gobiernos que ponen me-
didas sin concertación, sin diálogo social.
Y a continuación y para el total de Euro-
pa, los buenos principios hay que ponerlos
realmente en marcha. Puesta en marcha
por el Pacto Social por la Juventud: Cero,
Cero. Evaluación: negativa.
Hoy estamos en tablas. Hay un montón de
iniciativas, direcciones pero “La Jeunesse
en devant (La Juventud por delante)” se
nos presenta con “Garantía joven” y otras
medidas sobre empleo. Pero esperemos
que arranque para ver los resultados.
El tercer punto, la asociación de agentes
sociales. La orientación escolar de los jó-
venes.
Desde el punto de vista sindical es impor-
tante que un joven que empieza en una filial
pueda tener una total orientación y saber
si tendrá trabajo o no al terminar lo que va
a empezar. Porque al menos sabe a qué
atenerse al final de sus cursos.
Prevención del abandono escolar, por su-
puesto y acceso a la formación a lo largo
de toda la vida. Esto en cuanto a los prin-
cipios.
Por supuesto si hay medidas a nivel nacio-
nal o europeo, que se pongan en práctica.
Para terminar, decir que en la CES tene-
mos “Garantía Joven” de la que hablaba
antes; que defiende que un joven no puede
permanecer durante un determinado pe-
riodo sin que se le ofrezca una formación
o un empleo o un curso que le permita
después tener un trabajo a nivel europeo.
Y ahora sí termino: Sócrates dijo que “nada
era difícil para la juventud”, y yo añadiría “a
condición de que se le den las herramientas
para poder hacer su propia elección”. n
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71
HHace una semana, la fundación Friedrich Ebert
me invitó a participar en un seminario en Ma-
drid para hablar sobre las experiencias de las
reformas de pensiones, y dije que me interesaría tener
una conversación con los sindicatos porque procedo
de ese mundo.
Hay un comentario previo que me gustaría hacer. No
hago recomendaciones para reformar las pensiones
en España. Eso lo tenéis que hacer vosotros, y también
tomar la decisión. Sí que os puedo hablar de una serie
de experiencias que hemos tenido en Alemania. No sé
si os pueden interesar, ni si os parecen correctas. Eso
es vuestra decisión. Os voy a informar sobre nuestras
experiencias y de lo que voy a hablar no carece de
conflictos. Porque en Alemania, en la reforma de pen-
siones ha habido debates muy controvertidos y muchas
críticas, sobre todo, también con los sindicatos y con
sus máximos responsables.
En primer lugar quiero hablaros sobre la necesidad de
la reforma. En 1998 me convertí en ministro de tra-
bajo en Alemania. En 1997 la palabra del año, porque
en Alemania se elige a lo largo del año una palabra,
la palabra de 1997, como decía, era atasco en las
reformas, lo que demuestra cómo nos habíamos que-
dado de rezagados, cuántas necesidades de reformas
se habían atascado. Por supuesto, hay que situarlo
en el contexto de la unificación alemana. Pero duran-
te muchísimo tiempo no se reformaron los sistemas
de Seguridad Social, no se adaptaron a los nuevos
cambios para mantener los sistemas de Seguridad
Social de un modo afianzado. Nosotros nos hemos
dado cuenta que atascar las reformas, retrasarlas, al
final hace más difícil solucionar el problema porque el
atasco es cada vez mayor.
En cuanto a las pensiones opino que hace falta un cam-
bio. La necesidad de cambio se debe fundamentalmen-
te a cuatro factores. Quiero mostrar cuáles son esos
cuatro factores haciendo alusión al sistema alemán. El
sistema de pensiones alemán es un sistema en el que
las cotizaciones de los que trabajan se utilizan para
pagar las jubilaciones. Es decir, que no es un sistema
de capitalización, es un sistema de reparto, y la adap-
tación de las pensiones se hace en paralelo a cómo van
evolucionando los salarios.
En Alemania acordamos que se trataba de mantener
el nivel de vida más o menos entre los jubilados y los
que están en activo. Este es un principio muy importan-
te, que se introdujo en 1957, por aquel entonces por
un gobierno conservador. En 1957 empecé a trabajar
después de ocho años de formación. Con 13 años em-
pecé mi formación profesional, eso era posible por aquel
entonces, hoy sería imposible empezar a esa edad. En
Walter RiesterExministro de Trabajo alemán
Reforma alemana de pensiones*
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* Debate sobre pensiones. Escuela Julián Besteiro. Enero 2011.
08CLARIDAD22.indd 71 17/11/11 11:07
72
aquellos años en Alemania no solo tenía-
mos pleno empleo, sino que teníamos mu-
chos trabajadores inmigrantes del sur de
Europa, entre ellos muchos españoles. Por
aquel entonces, el tiempo que una persona
percibía la pensión de jubilación era aproxi-
madamente de 10 años. Hoy en día, sin
embargo, una persona cuando se jubila es-
pera prácticamente tener pensión de jubila-
ción durante 18 años. Es decir, ha habido
un aumento del 80% en el tiempo en que
las personas van percibiendo una pensión.
En la actualidad, en Alemania no tenemos
pleno empleo, sino que tenemos paro, aun-
que no tan considerable como en España,
pero también hay desempleo. Pero, sobre
todo, hay muchos trabajadores que ya no
trabajan a tiempo completo, sino
que trabajan a tiempo parcial; tienen
empleos con muy baja remunera-
ción, etc. Esto supone que se cotiza
menos al seguro de pensiones, por-
que por supuesto las cotizaciones
dependen del salario que uno recibe.
adaptación a los cambios
Quiero explicaros que ha habido una serie
de cambios. Y esos cambios exigen una
adaptación vía reformas, porque de no ha-
cerlo no se consigue el objetivo inicial que
tiene nuestro sistema de pensiones. Yo he
dicho que hay tres factores que me pare-
cen muy importantes.
En primer lugar, ha habido una evolución muy
positiva. Es decir, la gente tiene una mayor
esperanza de vida, por tanto cobra la pensión
durante más tiempo. Luego hay un segundo
factor, cuál es la idea de las personas res-
pecto del mantenimiento de su estándar de
vida una vez que han llegado a la jubilación.
Quiero hablaros de mi experiencia personal.
Cuando yo era un chaval, mis dos abuelos se
jubilaron a comienzos de los años 50. Ahora
imaginaros, mis dos abuelos habían vivido las
dos guerras mundiales, las dos inflaciones,
no tenían absolutamente nada, era la época
de la postguerra, una época mala. Pero ellos
pensaron, ahora nos jubilamos, tenemos
que reducir nuestro estándar de vida y a ver
si nos apoyan y nos ayudan los hijos. Esa era
la mentalidad por aquel entonces.
Hoy en día, la mentalidad del jubilado en Ale-
mania es totalmente diferente. Ha habido un
cambio muy positivo, el jubilado quiere mante-
ner mi ritmo de vida, más o menos la misma
vida que cuando trabajaba. Es algo absoluta-
mente razonable. Y por lo demás, como aho-
ra tienen tiempo, quieren viajar, etc. Es decir,
que a lo largo de los años ha cambiado la
idea que tenemos sobre el estándar de vida,
y es un cambio muy positivo. Pero si ahora
juntamos estos dos factores, es decir, mayor
esperanza de vida a partir de la jubilación y si
lo combinamos con un estándar de vida más
elevado, queda claro que tenemos que tener
más dinero, más reservas para esta época.
Y hay un tercer cambio, ya lo he menciona-
do antes brevemente. El mercado laboral
ha cambiado a lo largo de las últimas déca-
das. Lo normal ya no es un trabajo a tiem-
po completo, sino que hay muchas perso-
nas que trabajan en precario, que ganan
menos dinero, y esto por supuesto tiene
sus consecuencias sobre las cotizaciones.
Yo, en la IGMetal, era el responsable de
convenios colectivos, y durante 20 años
me ocupé precisamente de la negociación
colectiva. Cuando me convertí en ministro,
jamás pensé cuáles iban a ser las condi-
ciones en las que algunos de los alemanes
están dispuestos a trabajar hoy en día, y
desde luego nos hace falta un apoyo social
para garantizar un nivel de vida mínimo a
las personas. Es decir, que todo eso tiene
consecuencias también sobre la situación
de la vejez. Con ello he querido hablar de
cuáles son los retos que tiene que abordar
la reforma del sistema de pensiones.
¿Qué hemos hecho en alemania?
A continuación les quiero decir lo que hemos
hecho en Alemania. Además tuvimos que
abordar un cuarto reto, la caída del muro de
Berlín, por tanto la ampliación de Alemania.
Había 17 millones de la ex RDA que forma-
ban parte de esa nueva Alemania, y eran
17 millones de personas que jamás
han cotizado al seguro de pensiones.
Pero seis millones de ellos ya estaban
jubilados. La política encontró como
solución aumentar la cotización al
seguro de vejez, y al final la carga la
tuvieron que pagar los trabajadores.
En el momento en que yo me convertí
en ministro, el sistema de pensiones estaba
en riesgo, lo sabía todo el mundo en Alema-
nia, pero nadie se atrevía a dar un paso para
reformarlo. Y la primera decisión que toma-
mos como Gobierno socialdemócrata fue la
de incluir un impuesto adicional.
Creamos un impuesto ecológico que real-
mente era un impuesto sobre aceites mi-
nerales, y lo que se recaudaba de este im-
puesto pasaba directamente a la caja de
pensiones de la Seguridad Social. Cuando
me convertí en ministro, el Estado aportaba
a la caja de pensiones 43.000 millones de
euros, y actualmente lo que paga el Estado
son 80.000 millones de euros. Es decir,
que una tercera parte de las pensiones que
se paga en Alemania se basa en impues-
tos; dos terceras partes se financian vía
cotizaciones, y una tercera vía impuestos.
con los años ha cambiado la idea que te-
nemos del estándar de vida. Hoy el jubi-
lado quiere mantener el mismo ritmo de
vida que cuando trabajaba.
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73
La decisión de introducir ese impuesto
fue muy polémica, porque a nadie le gusta
pagar más cuando reposta la gasolina. El
Gobierno anterior no se había atrevido. No-
sotros lo hicimos y con ello hemos logrado
estabilizar nuestro sistema de pensiones,
porque este sistema cada vez ha recibido el
encargo de realizar más prestaciones, pero
no con financiación adicional, sino simple-
mente se trasladaba la carga a los traba-
jadores. Ésta fue la primera decisión que
se tomó en el año 1999. Fue una decisión
tremendamente controvertida, pero dijimos
que íbamos a afianzar el sistema de pensio-
nes a través de un impuesto adicional.
Luego tomamos una segunda decisión. Ya
os he dicho que realmente la gente pide
hoy un nivel de vida superior. Y el nivel de
nuestro sistema de pensiones no estaba
preparado para ello. Las cotizaciones al
sistema de pensiones en 1999 ya supo-
nían un 20,3% del salario, y habían llegado
a un punto donde nadie hubiese aceptado
un aumento. Las empresas siempre se
quejan, dicen que ya no son competitivos,
que van a perder… Por tanto, no cabía la
posibilidad de aumentar el tipo de cotiza-
ción para afianzar el sistema de pensiones.
Ante esta situación decidí que apoyásemos
el ahorro, un ahorro para tener reservas
para la vejez. Pero todo el ahorro tiene que
ser canalizado para afianzar la situa-
ción en la vejez. Y este ahorro recibe
un apoyo por parte del Estado. Este
es un ahorro complementario. Es
decir, complementario al sistema pú-
blico de pensiones, y ese ahorro se
llama en alemán Richter Rent de pen-
siones, tiene por tanto mi nombre.
principios básicos del ahorro
Quiero explicaros los principios básicos de
este ahorro, porque es un sistema único.
Se trata de que tiene que ser un ahorro ga-
rantizado, porque es un ahorro para la ve-
jez, y por eso en la ley, por aquel entonces,
fijé que cualquiera que ofrezca este tipo de
pensión, ya sea un fondo de pensiones, una
aseguradora, o un banco, que tenga que
garantizar que todas las cantidades que ha
aportado el ahorrador y todas las subven-
ciones que paga el Estado, estén ahí en el
momento del rescate, como capital míni-
mo. Conozco que hay otras experiencias en
el mundo y sé lo que ocurre con los fondos
de pensiones, no quiero que eso ocurra en
Alemania. De ahí esa garantía.
Con ello, hemos conseguido un sistema
complementario de capitalización, pero con
la máxima garantía que pueda dar la políti-
ca. No es una garantía absoluta, porque si
estallara totalmente el sistema financiero in-
ternacional, también quebraría nuestra pen-
sión Richter. Pero quería tener la máxima
garantía para estas cantidades aportadas.
Por lo tanto, hay otro segundo aspecto muy
importante. Analicé en aquel momento dón-
de existían sistemas privados complementa-
rios y qué incentivos se ofrecían para estos
sistemas. Existe un análisis importante de
la OCDE al respecto, porque no hay muchos
países que ofrezcan algún incentivo. Suiza,
Austria, Holanda, los países escandinavos y
poco más. Todos utilizan el mismo principio
para fomentar estos sistemas de pensio-
nes: la desgravación fiscal. Pero no me pa-
reció suficiente, y eso además es erróneo.
En Alemania la mitad de la población paga
muy pocos impuestos o no paga impuestos
en absoluto. Es decir, que el sistema solo fa-
vorece a aquellos que ganan mucho dinero.
Esto como socialdemócrata no puede ser
mi objetivo, y como sindicalista muchísimo
menos. Por eso en Alemania no trabaja-
mos vía desgravación fiscal. Los ahorrado-
res reciben una cantidad de dinero como
complemento, y esas cantidades son in-
dependientes de la remuneración que re-
ciben, se les da esta cantidad en función
de lo difícil que les pueda resultar ahorrar.
Es decir, que cada ahorrador recibe una
cantidad, y por cada hijo se recibe además
otro complemento, y el que tiene además
un salario muy elevado, recibe también
una desgravación fiscal.
Ahora tenemos 14 millones de personas
que tienen este ahorro Richter, un 30% de
estas personas tienen unos ingresos anua-
les por debajo de 10.000 euros, una canti-
dad que en Alemania es poquísimo dinero,
está prácticamente en el mínimo de subsis-
tencia. Me alegro muchísimo de que pre-
cisamente ahorren estas personas. Luego
hay otro 23% que ganan hasta 20.000
euros al año, y eso es poco cuando se tiene
familia. Es decir, que más de la mitad de la
población está en el segmento bajo de in-
gresos. Y a ellos les viene bien este ahorro
complementario.
tres ejemplos
Voy a dar tres ejemplos para que
podáis entender cómo funciona
este ahorro Richter y que se con-
sigue con ello. Voy a comenzar por
hablar de aquellos que ganan mu-
cho dinero. El tipo máximo de im-
posición de IRPF en Alemania es del 42%.
Es decir, que el que ahorra recibe práctica-
mente un 42%, es decir, que se le deduce,
se le hace una desgravación fiscal. Para
recibir estos complementos, el ahorrador
tiene que ahorrar un 4% de los ingresos
Hemos conseguido un sistema de capi-
talización con la máxima garantía que
puede dar la política, pero si estallara el
sistema financiero quebraría.
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74
anuales del año anterior. Pero tiene que
formar una especie de reserva en la que se
incluyen los pluses que paga el Estado.
Un segundo ejemplo para que se entien-
da; una familia con dos hijos, y que tengan
unos ingresos anuales de 20.000 euros.
Deben ahorrar un 4%, 800 euros. Y cómo
se ahorra en el sistema Richter. En la fa-
milia, se le da a la madre y al padre
154 euros a cada uno. Esto es un
complemento que se paga. El Es-
tado les paga 308 euros. Para los
dos hijos 185 euros. Y ya hemos
llegado a 678 euros que pone el
Estado. Es decir, que el ahorro que
tienen que tener son 122 euros para lle-
gar a esos 800 euros. No conozco ningún
sistema tan generoso como éste.
El tercer ejemplo. El de estar parado, un
parado de larga duración, que también
puede ahorrar con este sistema. Va a te-
ner la misma familia, dos hijos, pero es pa-
rado de larga duración. Para esta familia
es suficiente que ahorre 60 euros al año,
5 euros al mes. Con 60 euros de ahorro
al año, esta familia tendría derecho a to-
das estas ayudas, a todos estos comple-
mentos. Es decir, que tendría en su cuenta
individual 800 euros de ahorro, pero solo
aportarían un ahorro de 60 euros.
Desde luego, con este sistema ahorra
todo el mundo, y sobre todo se ayuda más
a los que más lo necesitan.
Por supuesto, cuando hablamos de pen-
siones siempre tenemos que pensar en el
largo plazo. Nosotros queremos ayudar a fi-
nanciar el nivel de vida que la mayoría de los
jubilados quieren mantener. Y eso no se pue-
de conseguir solo a través del sistema públi-
co de pensiones, sino a través de este otro
pilar: el sistema de ahorro complementario.
Es un sistema de ahorro complementario
privado pero garantizado, que no se puede
comparar con los sistemas de fondos de
pensiones que tienen otros muchos países
que distan de estar garantizado.
aumento de la edad de jubilación
Ahora paso a un tercer aspecto, y me han
dicho que precisamente aquí en España
es muy polémico, y os puedo decir que en
Alemania también lo es: el aumento de la
edad de jubilación. En Alemania tomamos
la decisión de aumentar la edad de jubila-
ción sobre la que tuvimos un amplio deba-
te estratégico. ¿Por qué hemos tomado la
decisión de aumentar la edad de jubilación?
Ya os he dicho que una vez jubilado, una
persona ahora recibe una pensión durante
18 años. A mi generación nos dicen que in-
cluso vamos a percibir una pensión durante
21 años por la mayor esperanza de vida.
Es decir, que es un proceso en el que las
pensiones se reciben durante más tiempo,
y sistemáticamente solo hay tres posibilida-
des para afrontarlo: aumentar más la co-
tización de los trabajadores, eso sería de
las posibilidades para afrontarlo; reducir
las pensiones, porque claro, hay que pagar
pensiones durante más tiempo, entonces
recortar la cantidad de las pensiones; o,
por último, aumentar la edad de jubilación.
Habría una cuarta posibilidad, aportar ma-
yor financiación por parte del Estado. Pero
eso en Alemania ya no es factible, porque
una tercera parte de las pensiones públi-
cas ya se financian vía impuestos, 80.000
millones de euros al año. Como había que
hacer algo, decidimos aumentar la edad de
jubilación. En Alemania hemos tomado la si-
guiente decisión: a partir del 2012 se va a
aumentar cada año en un mes la edad para
llegar a la jubilación. Todo ello finalizará el
año 2028 y entonces la jubilación tendrá
que llegar a los 67 años.
Antes de tomar la decisión, preguntamos a
los científicos cuál es la esperanza de vida
futura. Y los pronósticos eran que
en el plazo que aumentamos la edad
de jubilación ya iba a aumentar de
nuevo la esperanza de vida. Se cal-
cula que se percibirán las pensiones
2,1 años más. Esto es muy impor-
tantes comprenderlo, porque si lo
entendemos así no podremos hablar jamás
de un recorte de las pensiones, dado que si
recibo una pensión dos años más y empiezo
dos años más tarde a recibir la pensión,
entonces realmente estoy equilibrando el
sistema. En Alemania es un asunto tremen-
damente controvertido.
primer intento en 2003
Ahora os voy a hablar como compañeros
para explicar cómo diseñamos este aumen-
to de la edad de jubilación estratégicamente.
La decisión de aumentar la edad de jubila-
ción surgió por primera vez en el año 2003.
Yo no era ministro, era diputado parlamenta-
rio, y el canciller Schröder me dijo que había
que aumentar la edad de jubilación y yo dije
que no era posible. No porque no pensase
que fuese la medida correcta, sino porque
era imposible lograrlo debido a que la oposi-
ción era muy fuerte. En la oposición estaban
los conservadores, era una decisión popular.
Y por supuesto sabíamos que en la segunda
cámara alemana se tumbaría la medida.
Le dije a Schröder que lo único que le po-
día recomendar es “no lo hagas, porque
no lo vas a poder imponer”, a lo que le
añadí que si pese a todo lo hacía, tendría-
Queremos ayudar a financiar el nivel de
vida que la mayoría de los jubilados quie-
ren mantener y se puede con el sistema
de ahorro complementario.
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mos problemas en el partido. A finales del
año 2005, en Alemania llegó al poder la
gran coalición (no había otra opción), y por
aquel entonces al presidente de mi partido,
que era mi sucesor como ministro de Traba-
jo, le recomendé que lo hicieran ahora, que
aumentaran la edad de jubilación, porque si
no se hacía en un momento de una gran
coalición no lo íbamos a conseguir nunca.
Fue una decisión adecuada y correcta.
También quiero daros una serie de argu-
mentos contra esta decisión, que supongo
que serán los mismos que en España. Os
voy a dar los argumentos de los críticos
y también mi opinión. En Alemania hubo
una objeción, que también es razonable,
se dijo que para muchísima gente es muy
difícil seguir trabajando hasta los 67 años,
porque el proceso de trabajo puede ser
penoso, pueden ser trabajos difíciles. Por
supuesto, pero es así desde mi niñez.
Cuando empecé a trabajar la gente se jubila-
ba a los 65 años, y entonces trabajaba tam-
bién en trabajos penosos y había poca gente
que podía realizar esos trabajos más allá de
los 60 años, y en muchos casos esta gen-
te cambió su profesión en los últimos años
porque no podía seguir con esos duros tra-
bajos. Este problema siempre lo ha habido,
y eso no tiene nada que ver con los 65 años
o con los 67 años, y lo mismo se discute
en Francia cuando se trata de aumentar la
edad de jubilación desde los 60 a los 62.
Como sindicalista pienso que hay que so-
lucionar los problemas ahí donde surgen,
es decir, en el mercado de trabajo, y no
a través de otro sistema. Y desde luego,
también tenemos que tener en cuenta que
si no se puede conseguir la posibilidad de
que estas personas en trabajos penosos
se mantengan en el proceso de trabajo
más tiempo, pues habrá que apoyar la po-
sibilidad de que quizá se jubilen antes.
En Alemania, por ejemplo, hay mucha gen-
te que trabaja a turno en las grandes fábri-
cas, es un trabajo que es bastante penoso
y duro. Pero en el trabajo por turnos se pa-
gan complementos. Y estos complemen-
tos, hasta la fecha, no tenían que someter-
se a imposición. Eso está bien. Y tampoco
había que cotizar a la Seguridad Social
por estos complementos. Eso me parece
que es un error, porque la gente luego me
dice Walter, yo he trabajado durante toda
mi vida a turnos y ahora me puedo jubilar
con 60 años con el 100% de mi pensión,
¿o no? No, hubiese sido mejor que estos
complementos también hubiesen cotizado
a la Seguridad Social precisamente para
facilitar que la gente se pueda jubilar an-
tes. Ahí soluciono el problema donde surge
el problema y no lo traslado al momento de
la jubilación.
el argumento: falta empleo
Hay otro argumento importante contra el
aumento de la edad de jubilación. Un ar-
gumento que quizá incida más en España
que en Alemania. Es el argumento de que
falta empleo, de que hay un alto nivel de
paro. Y es un argumento que hay que to-
marse muy en serio. Después de la caída
del muro, en Alemania hemos visto que el
paro se ha solucionado fundamentalmen-
te a través de las prejubilaciones, y eso
es un escándalo, porque hemos dedicado
miles de millones de euros para descar-
gar a las empresas, hemos rejuvenecido
la plantilla y la empresa ha aumentado su
productividad con estas prejubilaciones.
Por supuesto, lo criticaron los sindicalis-
tas, pero tuvimos que tolerarlo. Al final,
ha surgido incluso un momento donde la
gente no solo toleraba la prejubilación sino
que la gente deseaba ser prejubilada. En
ese momento tuvimos que aprender de los
problemas. Por este motivo, digo que los
problemas hay que solucionarlos cuando
surgen, no trasladarlos hacia el futuro y
que no tenga que ser el sistema de pen-
siones el que solucione el problema. Estoy
hablando desde el punto de vista alemán.
Puede ser que en España la situación sea
totalmente diferente.
Y un último argumento. Hay una pregunta
que es desde luego muy polémica en mu-
chos países. ¿Cuáles son los años que se
contemplan para el cálculo de pensión? En
Alemania ha sido siempre toda la vida la-
boral. Pero hay muchos países, entre ellos
España, donde la base de cálculo es dife-
rente. Es decir, que son solo unos cuan-
tos años de toda la vida de
cotización y normalmente los
años finales de la actividad
laboral. Esto desde el punto
de todas las regulaciones
existentes es el mejor siste-
ma si uno permanece en el empleo a lo
largo de toda la vida, porque normalmente
los últimos años de la vida laboral son los
años en donde se gana más.
Así era en el pasado, pero dudo mucho que
eso pueda seguir siendo así en el futuro,
porque hoy en todas partes tenemos una
vida laboral que no es continuada, sino una
actividad laboral con muchísimas pausas,
con muchísimas interrupciones. Y por eso
este sistema podría haber funcionado muy
bien en el pasado, con él se obtenía mejo-
res pensiones, pero este sistema no pode-
mos decir que sea el mejor en el futuro.
Esto es simplemente una pequeña indica-
ción que quiero hacer respecto de la situa-
ción alemana. Muchas gracias. n
tras la unificación alemana el paro se so-
lucionó fundamentalmente con las preju-
bilaciones.
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CMiguel Ángel Zamarrón MorenoCoordinador Confederal de UTC-UGT
Cultura de la Innovación:Incorporación de la Tecnologíaen las Empresas*
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Tapa
Cultura, innovación, tecnología, empresa. Cuatro
palabras cuyo significado y, más aún, su conte-
nido práctico, debemos casar en el marco más
pragmático, quizás, de la Acción Sindical en su conjun-
to; y, en concreto en cuanto se refiere a “La situación
de la investigación y de la innovación en España: crítica
y reflexión hacia el futuro”. Es desde mi punto de vista,
esto último, el futuro, el objetivo que debemos buscar.
¿Qué pasos dar, y cómo, para que ese futuro mejore,
si cabe, el presente? De ahí, sin lugar a dudas lo de la
crítica y la reflexión.
Al ordenar mis modestas ideas al respecto me preocu-
pa, y me inquieta, inicialmente el concepto de cultura;
en el brevísimo ensayo de Hans Magnus Enzensberger
titulado: “En el laberinto de la inteligencia. Guía para
idiotas”, trata con ironía, a quienes pretenden explicar
la inteligencia. No querría caer en el atrevimiento, ni
tan siquiera, de intentar conceptualizar lo que puede
ser una cultura de la innovación. El término cultura,
como el traído de las reflexiones de Enzensberger, de
inteligencia, es tan multifacético, amplio y complejo
que, al menos por lo que a mí respecta, prefiero dejar-
lo tranquilo. Quizás porque, como dice Hans Magnus:
“No somos lo suficientemente inteligentes para saber
qué es la inteligencia”; no soy lo suficientemente culto
como para atisbar qué podría decir para referirme al
binomio: cultura de la innovación. Sin embargo mo-
destamente trataré de aproximarme al objetivo que
me ocupa: la innovación en la empresa, en el contex-
to cultural de una determinada sociedad. Porque, ahí
sí, me surge el primer interrogante: ¿Hay socieda-
des, países, personas, empresas, etc., cuya cultura,
entendiendo ésta por ese conjunto de costumbres,
prácticas, códigos, normas, reglas, etc., explícitos o
implícitos que, según la “Declaración de Méjico” de la
Unesco en 1982: “… dan al hombre la capacidad de
reflexionar sobre sí mismos… poner en cuestión sus
propias realizaciones, y buscar incansablemente nue-
vas significaciones, y crear obras que lo transciendan”?
¿Hay, insisto, sociedades, países, personas, empresas
que, bajo esos criterios, propician más o menos lo que
entendemos por innovación? Y aquí, tendríamos que
volver a abrir un nuevo paréntesis: ¿Qué tipo de inno-
vación? Y, aunque lo sienta enormemente, se hace im-
prescindible acotar el alcance de la digresión: “aquellas
acciones en el seno de las empresas que introduzcan
nuevas combinaciones de factores que aseguren una
mayor eficiencia”. Para ello aún nos queda un tercer
factor de nuestro enunciado: la tecnología, como con-
junto de conocimientos técnicos, ordenados científica-
mente que permitan construir objetos y máquinas, o
diseñar servicios, para adaptar el medio y satisfacer
las necesidades de las personas.
* Este texto está realizado sobre la base de una Ponencia presentada por el autor en el curso de unas Jornadas sobre I+D+i, orga-nizadas por UGT-Madrid y celebradas en el CSIC el 6 y 7 de mayo de 2010.
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Pero la pregunta que me hacía al principio
sigue en el aire: ¿Hay sociedades, países,
personas, empresas, etc. cuya cultura –con
todo lo objetable que sea utilizar esta pa-
labra– propicia más o menos lo que en-
tendemos por innovación? El más somero
conocimiento empírico que tengamos de la
realidad nos hace responder, a mí por lo
menos, con un rotundo SÍ. Y, si acepta-
mos ese sí, un corolario inmediato es que
hay otras sociedades, países, etc. que son
más eficientes que nosotros en esa cultu-
ra innovadora.
Hace ya demasiados años, cuando me
titulé en gerencia hospitalaria –mi forma-
ción inicial es la de médico especializa-
do en radiodiagnóstico– tuve ocasión de
estudiar los diversos modelos de
gestión empresarial que entonces
se reconocían y, a los efectos prác-
ticos de este texto, me atrajo enor-
memente el modelo desarrollado
por William Ouchi en su “Teoría Z”,
como modelo empresarial diferen-
te al americano “A” o al japonés
“J”. Obviamente no me voy a extender en
explicarlo, solo dejar constancia de lo que
creo que es el núcleo de su cultura cor-
porativa: “permitir que los individuos cola-
boren en una actividad integrada”. Acce-
soriamente la empresa debe tener claras
tres cosas: 1ª) la relación con su entorno
socioeconómico; 2ª) sus fines u objetivos
básicos; y 3ª) los medios utilizados para
lograr esos fines. Pero estas son cosas
que, en general también las comportan
otros modelos de diversas, llamémosles,
culturas. Insisto, para mí la síntesis de
la Teoría Z es: el ejercicio real –no me-
ramente declarativo– de la participación
proactiva –proactiva en el sentido del tér-
mino acuñado por el Dr. Viktor Frankl, no
el de los cursis de ahora– de todos sus
miembros. Esta teoría Z surge, funda-
mentalmente, del análisis del modelo J.
Pero también los otros dos modelos, al
menos, son planteables: el europeo y el
estadounidense. El primero es, como en
general nuestra identidad europea, diver-
sa. Si no, no estaríamos, quizás, hablando
aquí de ello. El modelo alemán, por ejem-
plo, es por sus resultados, sin lugar a du-
das uno de los más eficientes –que es de
lo que se trata– a nivel mundial. En este
sentido, y con el fin de llevar el agua a mi
molino, me interesa destacar un hecho, a
mi entender crucial: la cogestión. Vemos,
o quiero ver, en ello, algo similar al citado
modelo Z. Poniendo por encima de todo el
valor del individuo. Si nos embarcamos en
un análisis ontogénico –en el sentido etimo-
lógico de la palabra: desarrollo del ser– de
la innovación como componente evolutivo
del ser humano –y seguramente de otras
muchas especies–, va de suyo que todos
podemos aportar, en la medida de nues-
tros conocimientos y capacidades, “facto-
res que aseguren una mayor eficiencia”.
¿Hay algún motivo para hurtar a la mayo-
ría esa participación? Solo se me ocurre
uno: un concepto mal entendido del poder
y la autoridad. ¿Quizás algo de ello haya en
el seno de nuestra escasa competitividad?
Y eso también es un componente cultural.
Pero, sin lugar a dudas, ese equivocado
ejercicio del poder vs la autoridad, tiene,
sobre todo en sociedades cada vez más
matriciales y menos jerárquicas, efectos
deletéreos sobre la innovación, entendida
ésta como trasunto último, materializable
y productivo, de sus dos antecedentes
obligados: la Investigación y el Desarrollo.
Acertar, para ello, en el óptimo funciona-
miento del trinomio Ciencia-Tecnología-Em-
presa (C-T-E) es el reto.
En este sentido hay en nuestro país, po-
sibles focos que propicien ese entramado
I+D+i y C-T-E, y reúnan excelentes compo-
nentes para ser eficientes y competitivos;
Madrid, Cataluña, Euskadi –sin menosca-
bar otras zonas, o autonomías, por ejemplo
¿sorprendentemente? (diría que para mí
no hay ninguna sorpresa)– Extremadura;
en todas partes podríamos encontrar re-
ferentes positivos. Tampoco todo EEUU es
Silicon Valley, ni toda Alemania es la Cuenca
del Ruhr. Sin embargo, sí deberíamos –al
menos yo así lo entiendo– fijarnos y, quizás,
aprender cómo en esas dos áreas: Silicon
Valley y cuenca del Ruhr, han organizado
ese entramado que va desde la Cien-
cia –la Investigación– al producto –la
innovación–; y cómo los diferentes
agentes: la Universidad, los Centros
de Investigación públicos y privados,
los organismos de Interface –OTRIs
(Oficinas de Transferencias de Re-
sultados de la Investigación) o FEDIT
(Federación Española de Centros Tecnológi-
cos)–, las Empresas, y los Agentes Sociales
seamos capaces de colaborar y crear una
cultura que, como a aquéllos, cambie nues-
tra historia.
Con esas, entre comillas, similitudes estruc-
turales dos son, a mi entender, las claves
principales de las diferencias de resultados:
la transferencia de conocimientos y la par-
ticipación de las personas. En cuanto a la
primera, debemos analizar cuáles son los
nexos que, por cultura o por necesidad se
han fraguado en el trinomio, C-T-E, en esas
realidades diversas. Y en nuestro caso, qui-
zás, aún no hemos encontrado el procedi-
miento más idóneo. Para mí que el citado
modelo OTRI’s es un instrumento adecuado,
pero que funciona en, el mejor de los ca-
sos, a un 50%, es decir sobre el producto:
Sillicon valley (EEuu) y la Cuenca del ruhr
(alemania) han organizado ese entrama-
do que va desde la ciencia (investigación)
al producto (innovación).
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79
el resultado de la investigación; y que, en
todo caso, hay que seguir perfeccionando e
impulsando. Pero el otro 50% o más, debe
basarse en la transferibilidad de las perso-
nas. En este sentido se dirigía una parte
importante de los objetivos de la pretendida
nueva Ley de la Ciencia. ¡Ojalá se logre!
Aun si ello se lograra nos quedaría por de-
sarrollar ese otro componente básico al cual
me refería anteriormente: la participación
proactiva de los investigadores; y de los tra-
bajadores en general; en los proyectos de
innovación de las empresas. Para ello hay
poderosas herramientas y diversas expe-
riencias que merece la pena ensayar y, so-
bre las cuales, me extenderé brevemente.
Sobre la base del Modelo Social Europeo
articulado en una concertación de los po-
deres públicos (Estado), los empresarios
(capital) y los sindicatos (trabajadores),
con una robusta implantación del Estado
de Bienestar, dentro del cual una parte im-
portante de la Investigación y el Desarro-
llo es responsabilidad pública. Cabe hacer
toda una serie de acuerdos público-priva-
do; o la creación de empresas públicas,
mixtas, etc. que desarrollen sistemas de
gestión en los que se priorice la innovación
y la participación.
En el contexto puramente empresa-
rial, dentro del marco de la Nego-
ciación Colectiva, que es la espina
dorsal del acuerdo entre empresa-
rios y trabajadores, cabe introducir
apartados específicos que tengan la inno-
vación como centro y objetivo del acuerdo
y, como resultado de ello, extraer el per-
tinente balance tecnológico. Nosotros, en
la Unión de Técnicos y Cuadros Confede-
ral de UGT elaboramos, hace ya muchos
años, de la mano de otras organizaciones
sindicales de Profesionales y Directivos
europeas, un modelo, o prototipo de este
balance. Con posterioridad avanzamos, en
el seno de EUROCADRES –nuestra estruc-
tura europea– en la formalización de un
modelo de gestión empresarial europeo:
MEM (Modelo Europeo de Management),
muy parecido al desarrollado en la Teoría
Z de Ouchi. Y, por último, hemos elabora-
do un proyecto de Intraempresariado que
contempla fundamentalmente dos compo-
nentes básicos: la innovación y la juventud
de los agentes. Por su originalidad y, a mi
entender, relevancia en el contexto de la
reforma de la Negociación Colectiva, voy
a dedicarle esta última parte. En resumen
recoge los aspectos más trascendenta-
les de lo hasta aquí expuesto: Innovación,
participación proactiva de los trabajado-
res y negociación de los agentes sociales:
empresa y sindicatos. Y contempla cinco
abordajes diferentes:
• El trabajo basado en una cultura de in-
traempresariado en la negociación.
• El apoyo de la dirección a la generación
de nuevas ideas.
• Una organización de trabajo competitiva.
• Provisión de recursos para las intraem-
presas.
• Colaboración sindical en el desarrollo del
intraempresariado.
Las peculiaridades a tener en cuenta para
emprender este modelo de gestión, son de
tres tipos:
a) de las personas:
– proactividad;
– capacidad cognitiva;
– autonomía de trabajo;
b) de las empresas:
– clima favorable de intraempresariado;
– apoyo de la dirección;
– disponibilidad de recursos;
c) del entorno:
– posibilidades tecnológicas;
– mercado.
Los resultados esperados son:
• éxito de las personas concernidas;
• productos innovadores.
El alto margen de autonomía concedido a
los intraempresarios redunda grandemen-
te en un trabajo innovador de los mismos.
Desde la perspectiva de una estructura
organizativa, como es la UTC-UGT, para
Profesionales y Directivos, este nuevo per-
fil de intraempresario, es decir el de un
trabajador altamente cualificado, al que se
le concede una elevada autonomía en el
seno de la empresa. Es de un enorme inte-
rés y creo además que, en el contexto de
la problemática que estamos abordando,
puede tener un atractivo futuro para todos
los agentes implicados: los trabaja-
dores, la empresa, los sindicatos y
el conjunto de la sociedad. El dar
libertad, y a la vez cobertura, a los
emprendedores, allí donde se ha
experimentado, demuestra su alta
rentabilidad. Es clásica, y generalmente
positiva, la experiencia de las spin-off, lo
que planteamos ensayar de esta manera
son, podríamos denominarlas así, spin-in.
Este modelo, como digo, muy asimilable
al modelo de “management” europeo, y
también al de la Teoría Z fue propuesto
inicialmente, bajo esa denominación de
Cabe hacer toda una serie de acuerdos
público-privados que prioricen la innova-
ción y la participación.
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“intraempresariado”, por Gifford y Elisabe-
th Pinchott en 1978; y se ha venido ensa-
yando con éxito en múltiples e importantes
multinacionales.
La existencia de un clima que favorezca
la innovación y el intraempresariado, crea
un efecto sinérgico muy poderoso, por re-
troalimentación entre sus componentes.
Un empresario, aisladamente, puede o no
estar motivado a innovar, o seguir innovan-
do; el dar la palabra a los trabajadores,
en el caso que nos referimos con una alta
cualificación, con competencias como in-
traempresarios, mantiene y potencia esa
cualidad innovadora ya que, de otra ma-
nera el modelo no tendría razón de ser; y,
además, la motivación surge desde dentro
del grupo, no es impuesta desde arriba.
Sin embargo la dirección, y los máximos
responsables, de la empresa en la cual se
crea el intraempresariado –spin-in–, son
vitales para que el proyecto fructifique.
Dar libertad para desarrollar proyectos
innovadores en la empresa no es garan-
tía para que surja el comportamiento de
responsabilidad que requiere el modelo
que comentamos. Es necesario motivar
a los trabajadores para ello, desde arri-
ba y desde los niveles intermedios, y de
la creatividad de todos los participantes.
La idea básica es, precisamente, motivar
a todos los trabajadores en el papel que
juegan en la innovación en el seno de la
empresa.
Obviamente la puesta en marcha de un
proyecto de estas características requiere
medios de diferente naturaleza. La mate-
ria prima fundamental son los recursos
humanos; el modelo en sí puede ser un
marco adecuado para la integración de
investigadores-innovadores, ellos son la
fuente de las ideas que constantemente
mejoren los resultados de la empresa. La
creación de este modelo de spin-in, debe
ser un acicate constante de la alta direc-
ción, que debe proveer los medios financie-
ros y materiales suficientes.
En torno a ese grupo innovador debe pro-
piciarse el trabajo en equipo, en el cual
la trasferencia constante de las ideas, el
aprendizaje recíproco, el desarrollo del
máximo potencial creativo en cada puesto
de trabajo y el estímulo frente a los retos
y las dificultades sea su seña de identidad
como equipo innovador de alto nivel.
Las organizaciones sindicales debemos
implicarnos decididamente en impulsar
nuevos modelos organizativos y laborales,
como el que nos ocupa. Sin olvidar ni de-
jar de lado, por supuesto, nuestros obje-
tivos y responsabilidades de siempre: los
horarios, los salarios, las condiciones de
trabajo, etc., pero abriendo ámbitos, en el
contexto de la Negociación Colectiva y del
Convenio; e involucrándonos decididamen-
te en ellos, no como meros observadores.
Este tipo de organizaciones generan una
alta cualificación, y por ende una mejor
empleabilidad de los trabajadores. La im-
plicación de todos, confiere una especial
responsabilidad a los representantes sindi-
cales que deben asumir el papel de anima-
dores del proyecto, como intermediarios
naturales que son, entre el grupo innova-
dor y la dirección de la empresa.
Aunque al principio tenía mis dudas a ha-
blar de cultura innovadora de las empre-
sas, al concluir me gustaría matizar aquel
rechazo considerando que las experiencias
innovadoras sí pueden, quizás, cambiar la
cultura de nuestras empresas, y la nues-
tra propia. n
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CLARIDADCuarta etapa. Otoño/Invierno 2011
editaComisión Ejecutiva Confederal de UGT
Dirección editorialJosé Javier Cubillo
consejo de DirecciónJosé Javier CubilloAntonio RetaminoAlmudena Fontecha
consejo de redacciónJosé Javier CubilloAlmudena FontechaApolinar RodríguezÁngeles FreireJosé ManzanaresMaru MenéndezCarmen LópezFrederic Monell
DirecciónManuel Ángel Egea
colaboran en este númeroJosé María ZufiaurSantos M. RuesgaAntón SaracíbarAlmudena FontechaKarin EnodDieter EichJuliane BirWalter RiesterMiguel Ángel Zamarrón Moreno
redacción y administraciónPublicidad y suscripcionesCalle Hortaleza, 88 (28004 Madrid)Teléfono: 915.890.996Telefax: 915.897.633Correo electrónico: [email protected]
Depósito legal: M-5206-2005Issn: 0213-2931
Diseño, Maquetación y Producción
empresa editora Publicaciones Unión, S.L.
Precio número: 6 €Suscripción anual, cuatro números: 20 €
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CLARIDADOtoño/Invierno 2011/CUARTA ETAPA/n.º 22
Oto
ño/
Invier
no 2
011/
CU
AR
TA E
TAPA/
n.º
22
IlustracIones
juan romero“Pinturas. antología: 1959-2011”
Nació en Sevilla en 1932.
Premios:
Premio de la Crítica en la V Bienal de París, 1967.Medalla de Oro en la II Bienal del Grafismo en Florencia (Italia), 1972.2º premio de Arte Gráfico en la XI Bienal de Alejandría (Egipto), 1967.
Obra expuesta (entre otras):
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).Biblioteca Nacional de Madrid.Bibliotèque National, Paris (Francia).Biblioteca Galleria Uffizi, Florencia (Italia).Library of Congress, Washington (USA).Baltimore Museum of Art (USA).Museo de Arte Contemporáneo (Sevilla).Museo de Arte Abstracto (Cuenca).Museo de Maracaibo (Venezuela).
cronología de la crisis financiera y económica en españa (II)
José María Zufiaursantos M. ruesgaantón saracíbar
Brecha salarial entre hombres y mujeres en europa
Desempleo juvenil y formación en europa
reforma alemana de pensiones
cultura de la Innovación: Incorporación de la tecnología
en las empresas
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