Ciudadanización y politización: las elecciones jaliscienses del 951

Gabriel Torres Ciesas-Occidente

En las actuales circunstancias de México, se ha llegado a considerar a la ciudadanización de la política como una especie de paradigma capaz de ofrecer soluciones frente al declinamiento de un sistema político mexicano desgastado por tantos años de continuidad, clientelismo y corporativismo. La apuesta que pugna por substituir a los deslegitimados políticos profesionales por gente común y co­rriente se expresa a través de diversos grupos de interés político- social (empresariales, de profesionistas, grupos vecinales, eclesiales, organizaciones no gubernamentales y académicas), que frecuente­mente se cobijan en retóricas discursivas que emanan de diferentes nichos de la sociedad civil. Dentro de estos grupos que apuestan a la ciudadanización de la política, también se incluyen entidades o agentes gubernamentales y núcleos partidistas que de esa manera reconocen el desgaste y la necesidad de reforma política. En otros casos, y de forma más perversa, se trata de intentos por servirse de los afanes democratizadores y evitar los cambios de fondo. Esto ha sido posi­ble observarlo en la selección de consejeros ciudadanos que está en curso en la ciudad de México.2

Lo anterior nos lleva a ver a la ciudadanización de la política como un proceso problemático y de doble sentido, dado que el involucramiento de los ciudadanos comunes y corrientes en tareas políticas, en posiciones de autoridad o en procesos de toma de

decisiones, no trae consigo transformaciones radicales ni automáti­cas de las formas y actitudes políticas. Tampoco significa que se trate de situaciones libres de manipulaciones.

A partir del análisis del proceso electoral jalisciense —que cul­minó en el pasado mes de febrero— , este artículo explica la profun­da interrelación entre la ciudadanización de la política y la politización de los ciudadanos, al grado de que casi resulta imposible hablar de la una sin la otra. De esa manera, la queja sobre las novatadas, errores e improvisaciones de los neopolíticos surgirá al lado de las expresiones interesadas de tipo partidista o de genuinas declaracio­nes de inconformidad ante las consecuencias más indeseables de la alternancia política. Pero también la alternancia política per se ha­blará acerca del perfil de los cambios que se viven y de la necesidad de profundizar las modificaciones de las formas de hacer política.

Para tal fin, el objetivo del presente artículo es analizar los procesos de ciudadanización-politización mediante un seguimiento etnográfico de las jornadas electorales que se contextualiza con di­versas apreciaciones documentales. La convergencia de enfoques tiene como finalidad ofrecer un concepto interpretativo-descriptivo de ciudadanización, que comprende múltiples y heterogéneas prácti­cas sociales (diversos tipos de voto e iniciativa política), a través de las cuales los ciudadanos de distintas condiciones y con diversos grados de conciencia se decidieron a tomar la política por su cuenta. Desde esta perspectiva, no se trata de situaciones neutrales y aisla­das; al contrario, tales iniciativas deben percibirse como expresiones de una compleja movilización social que en muchos sentidos ha rebasado los marcos institucionales de la política formal y que, además, frecuentemente desemboca en diversas formas de conflicto y negociación intra, inter y extra partidistas. El análisis se propone también mostrar varios efectos de la confrontación y negociaciones que se dieron entre ciudadanos y políticos. Se señalan los destiempos de cada municipio y se da cuenta de las transformaciones de estilos políticos locales que sirven para identificar las maneras concretas en que se transforma la cultura política.

El análisis se sitúa en tres momentos clave de los procesos elec­torales recientes: a) la puesta en escena de los “nuevos” comités ciudadanos electorales; b) la organización de la jornada electoral, y c) la evaluación de los primeros efectos de la alternancia/continui­dad política en cuatro municipios del estado de Jalisco: Autlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán y Tepatitlán. El artículo tiene dos seccio­nes que abordan: 1) la dinámica de cambio y las dificultades metodológicas para estudiar dicho proceso y 2) los problemas a considerar en una agenda futura de investigación.

Los contextos municipales en la coyuntura electoral

Esta sección desarrolla un argumento de tipo fenomenológico de las situaciones de cambio sociopolítico y está dividida en dos apartados. El primero trata de los problemas de implementación metodológica que se explican a partir de la puesta en marcha de los comités electorales municipales y distritales. El segundo examina los puntos de ruptura-continuidad que contextual izaron las recientes elecciones y señala algunas interrelaciones entre diversas circunstancias o fac­tores relevantes a nivel nacional, estatal y regional.

Aquí se quiere explicar cómo se gestó el proceso de participa­ción ciudadana y, más específicamente, cómo se transformó ésta en un poder de decisión electoral. Aunque parezca muy elemental, se quiere saber por qué ahora sí fue posible que los ciudadanos deci­dieran con su voto los resultados. Es decir, se trata de saber por qué fue relevante la participación de diversos grupos de ciudadanos, ya sea que actuaran espontánea u organizadamente, sobre todo si se considera que no se trató de un proceso electoral limpio de origen y que tampoco arrojó resultados totalmente legales por más que hayan sido aceptados por todos los partidos contendientes. Se trata, pues, de conocer las complicadas circunstancias que privaron en los cua­tro municipios, para ver por dónde se filtró un “poder ciudadano” que hizo factible la alternancia en el gobierno municipal. Esto quie­re decir que, aunque el control del proceso electoral en todo Jalisco

no fue perfecto —porque no dejaron de presentarse diversas manio­bras fraudulentas a través de las cuales varios presidentes munici­pales y diputados locales accedieron a sus puestos—, en lo general prevaleció la limpieza y transparencia de los resultados.

Los problemas de método

La cuestión que se trata de responder aquí tiene que ver con las diferentes formas de interpretar los acontecimientos vividos que en­tran en juego tanto de parte de un investigador como de sus interlocutores. En otras palabras, es necesario construir el objeto de análisis y ver hasta qué grado se pueden explicar realidades comple­jas a partir de información parcializada. Se trata de saber si es posible establecer un concepto de cambio político o mostrar al me­nos la existencia de ciertos indicios sobre los que haya consenso. De cualquier manera, aquí parto de un sobreentendido y éste es que existe un contexto de transición a la democracia. Sólo que aquí no quiero entender transición como la partida desde el punto cero o “transición única”. Para los efectos de mi análisis, la transición no es el estadio intermedio que marca el acceso ordenado a una condi­ción perfecta, dado que es muy difícil demostrar que hay procesos únicos y ordenados. Por lo demás, considero que no se puede espe­rar hasta que se dé una refundación de la democracia para que las cosas comiencen a ser verdaderamente democráticas. En consecuen­cia, es más propio hablar de varias transiciones o vías hacia la democracia que se desarrollan de forma interrelacionada. Eso supo­ne también trabajar con diversas posiciones de cambio político.

La incertidumbre preelectoral

Hacia fines de 1994 existía en Jalisco —entre las corrientes de opinión que se expresaban en la prensa, la radio y la TV de Guadalajara— un ambiente de incertidumbre hacia el futuro electo­ral inmediato. Esta incertidumbre se podía interpretar como un efec­

to de diversas inercias que apuntaban hacia la continuidad del statu quo o que cuando menos reflejaban que todavía no existía una mayoría de jaliscienses decididos a alentar un cambio. Dichas iner­cias ocultaban, de diversas maneras y grados, una competencia inequitativa entre partidos políticos, la que favorecía al p r i (como partido de Estado) sobre el p a n en el uso de los medios masivos de comunicación.3 El resto de los partidos —incluido el pr i>— prácti­camente eran ignorados o relegados a una escala inferior. Por otra parte, las desigualdades de recursos usados mostraban, a su vez, que no había una voluntad política capaz de conducir el proceso electoral por derroteros más equitativos. El planteamiento de que los ciudadanos podían decidir —y no únicamente las autoridades e instituciones— un desenlace democrático mediante su participación en las campañas, con su intervención en el proceso electoral y con sus votos, aparecía todavía como un planteamiento romántico, leja­no e idealista. No era fácil, por lo mismo, prever las formas de relación entre dichas iniciativas ciudadanas y los grados o poderes de decisión que podrían representar a las mayorías o minorías vo­tantes. Como quiera que sea, el punto de partida debía admitir que en un electorado se encierran múltiples iniciativas (organizadas u espontáneas) que se expresan con varias lógicas. En los párrafos siguientes describiré diversas expresiones de esas lógicas.

El estira y afloja entre varias iniciativas (que surgían de candida­tos en campaña, ciudadanos en lo particular o agrupados, periodis­tas y funcionarios) que no lograban imponerse definitivamente, tenía su correlativo en unas campañas partidistas indecisas que tampoco llegaban a interesar a la mayoría de los ciudadanos, quienes seguían subinformados respecto a lo que estaba sucediendo. Algunas de estas iniciativas se podían interpretar como tendencias progresistas: la exigencia de una mayor participación de la ciudadanía en el control del proceso electoral, peticiones de mayor claridad en el uso de recursos, pronunciamientos contra el dispendio de los mismos, propuestas de selección abierta de candidatos y programas, señalamientos de temas para el debate público entre candidatos,

reclamos de verdaderas encuestas de opinión, etc. Frente a éstas, desgraciadamente, se reproducían otras costumbres que continuaban con las prácticas de manipulación y acarreo propagandístico dirigi­das a amarrar o alinear anticipadamente a los grupos de electores.

La dinámica del cambio sociopolítico

Ciertos indicios hacían suponer que las formas de hacer política ya no eran las mismas. Por ejemplo, empezó a notarse el estilo de trabajo de algunos consejeros y comisionados ciudadanos empeña­dos en lograr elecciones limpias y que actuaban con intransigencia en el seno del consejo electoral, oponiéndose por mayoría a la opi­nión de su presidente y expresando muy libremente sus opiniones, a pesar de que eran voces minoritarias.4 Por otra parte, el autodestape prematuro de varios candidatos a gobernador (uno de los más nota­bles, el del rector de la Universidad de Guadalajara) forzó al pri a hacer asambleas abiertas. Todas estas iniciativas tuvieron muchas repercusiones locales y se reprodujeron de diferentes maneras en los cuatro municipios mencionados.5 En cierto modo, se desarrollaron diversos procedimientos ejemplares que reclamaban otras formas de hacer política y servían para identificar nuevas necesidades que influyeron en los partidos políticos y en la ciudadanía en general. Un ejemplo de esto puede explicar por qué una mayoría dentro de la asamblea estatal panista optó por no elegir al candidato “ideal” al gobierno de Jalisco, Jiménez Lemus, quien representaba al militante experimentado que había detentado todos los puestos en la escala del partido (diputado, senador etc.).6 La asamblea se decidió, final­mente, por arriesgarse con un candidato novato (Cárdenas Jiménez), quien estaba menos ligado al corte del panista tradicional y que a la postre resultaría ganador.7

En el contexto de los municipios estudiados la situación de cam­bio político se hizo más notoria cuando se proclamó la derrota del pr i en las elecciones de alcaldes y gobernador; es decir, días después del 12 de febrero de 1995. En realidad, las señales del cambio

político venían manifestándose desde mucho tiempo antes, pero apa­recían de forma desconexa y confundidas entre diversas anécdotas.

En las circunstancias que rodeaban mi acercamiento analítico, me refiero más específicamente a los primeros días de trabajo de campo (agosto de 1994) y sobre todo a la situación imperante en Autlán, los signos del cambio no aparecían como alternativa viable e inmediata. La elección para un segundo período y por amplio margen del diputado federal priísta Ismael Orozco Loreto líder que hegemonizaba a los grupos barraganistas8 que por años venían do­minando los escenarios de la política autlense, parecía confirmar la expectativa de continuidad priísta.

En realidad, las situaciones de cambio político rara vez se nos presentan en forma obvia. Ciertos avances, continuidades y/o retro­cesos las caracterizan. Esto significa que la situación de cambio se forja en medio de constantes estiras y aflojas entre los grupos socia­les involucrados, y que hay una construcción social que no se detie­ne. En una situación de cambio político los caracteres locales y globales se localizan y globalizan a un tiempo. Por esto se dice que toda situación de cambio político es compleja, dado que representa diferentes relaciones sociales y de poder que se vinculan con diver­sas formas de ausencia y presencia. Lo complejo se refleja, además, en las realidades objetivas y subjetivas que se conjugan y que no pueden separarse completamente de los actores de carne y hueso, ni de los escenarios y eventos políticos que las activan.

Resulta problemático establecer todos los puntos de una red o iniciativa de poder; frecuentemente no se puede saber desde dónde arranca y hasta dónde se extiende, en especial cuando la red nos transporta a grandes distancias y nos conecta con actores o grupos sociales que no están directamente presentes en los escenarios loca­les y cotidianos donde hacemos investigación empírica. Por ello, al desarrollar una perspectiva analítica que quiere dar cuenta de la dinámica de los cambios sociales, los investigadores enfrentamos varias limitaciones teórico-metodológicas que condicionan una me­jor comprensión del acontecer sociopolítico. Normalmente se reco­

noce que sólo se pueden documentar representaciones parciales de realidad desde las cuales se busca hacer una aproximación o expli­cación integral de los hechos. Asimismo, se acepta que los cambios se aprecian más fácilmente cuando ya sucedieron que cuando están en marcha. Recuérdese al respecto la caída del muro de Berlín y su carácter detonante que desató un cúmulo de explicaciones sobre distintos procesos sociales incubados por años, a uno y otro lado del muro.

Debo reconocer que me estaba quedando a la zaga de la dinámi­ca cambiante implícita en el proceso electoral de Jalisco. Esto era más claro en cuanto al proceso organizativo de los comités electora­les municipales y distritales. No sólo era cuestión de que una más cercana o lejana aproximación me podía facilitar u obstaculizar la comprensión de la realidad, como era el caso de Autlán, donde veía que mis apreciaciones estaban condicionadas porque no podía ubi­car factores de peso que me hicieran creer que el cambio se aproxi­mara. De esa forma, parecía imponerse como un hecho objetivo que los comisionados ciudadanos, por más bien intencionados que fue­ran, estaban en desventaja frente a las maniobras sistemáticas y argucias legales que empezaron a activarse a diversos niveles inme­diatamente después que se constituyeron los nuevos comités ciuda­danos en el mes de octubre.

Para la minoría de ciudadanos “independientes” del gobierno y del pr i que lograron involucrarse en los comités electorales, la entra­da a los mismos les significó sortear diversos obstáculos. De hecho, tuvieron que pelear su espacio en los comités. La apertura de estos y su mayor eficacia en el control electoral tiene su correlativo en el derroche de conciencia ciudadana de individuos y grupos incorpora­dos al movimiento cívico jalisciense, Alianza Cívica, sindicatos, organizaciones de pastoral eclesiales, organismos empresariales y universitarios (organizados como foros o fundaciones cívicas), así como varias expresiones de militancias partidistas.9

Un seguimiento más sistemático del actuar de los comisionados ciudadanos en el contexto de los comités municipales y distritales lo

decidí hasta principios de diciembre, casi dos meses después que empezaron a operar. Hay que señalar, además, que para entonces mi enfoque estaba muy orientado a captar las formas de manipula­ción que prevalecieron en la selección de candidatos ciudadanos. De esa forma, me interesaba preguntar por los mecanismos a través de los cuales se eligió a 1 500 de los 1 620 comisionados ciudadanos convocados mayoritariamente bajo la tutela del p r i . Desde esta pers­pectiva quería corroborar la hipótesis que responsabilizaba a funcio­narios de gobierno y militantes del p r i por valerse de toda clase de ventajas oficiales y extraoficiales, y que se asociaban o no a las múltiples prerrogativas del gobierno estatal y los diversos gobiernos municipales. Dicha hipótesis abrigaba como sospecha teórica la si­mulación del cambio político y el control sobre los mismos procedi­mientos del cambio. En consecuencia, mi búsqueda se dirigía a conocer los condicionamientos que podían afectar el trabajo de los comisionados ciudadanos, quienes por principio de cuentas actua­rían como subordinados a los presidentes y secretarios de los comi­tés.

Esta circunstancia adicional me parecía determinante, puesto que la mayoría de presidentes y secretarios de los comités eran exfuncionarios o simpatizantes priístas a los que se había elegido por diversos mecanismos de simulación.10 Jerárquicamente, la posición del presi­dente y el secretario del comité era muy relevante. En la práctica —como lo pude observar en varias reuniones de los comités— ellos eran los que mandaban y proponían las agendas a seguir. Además, gozaban de un salario completo. Esta condición les permitía dedi­carse en forma más profesional y no tan sólo voluntaria —como lo harían los comisionados ciudadanos— al control del proceso electo­ral.

A pesar de todo, poco a poco me fui abriendo paso en la línea de explorar las posibilidades de cambio desde el punto de vista de los comisionados ciudadanos. Esto significa que me convencí de la in­suficiencia o unilateralidad de la hipótesis centrada en conocer cómo se controlaba a los comisionados ciudadanos. Un momento clave

fue la entrevista con uno de los comisionados de Autlán, que había sido elegido entre los propuestos por el presidente municipal priísta, quien se sintió motivado a tomar en sus manos el control del proce­so electoral, después de asistir a una reunión estatal de comisiona­dos ciudadanos en la que escucharon a un inspirado Santiago Creel (consejero ciudadano a nivel nacional) que los convenció —a su decir— de los poderes que tenían.

Fue así que dos semanas antes de la jornada electoral cambié el giro de mis indagaciones y me propuse investigar sobre el “poder de decisión” de los ciudadanos que intervenían en el control del proceso electoral a nivel estatal, distrital, municipal y casilla por casilla. Para entonces ya se hablaba ampliamente de las encuestas que daban por ganador al p a n . Otras encuestas daban cuenta de las reiteradas expresiones de resentimiento por los efectos de la deva­luación. El cambio de perspectiva de análisis me permitió, finalmen­te, ponerme en sintonía y disponerme a imaginar las circunstancias de la alternancia política y sus consecuencias en la reestructuración social que se iba a desatar en muy corto plazo.

De una hipótesis central a la diversidad de explicaciones

Existen varias interpretaciones de corte metropolitano que tratan de explicar las circunstancias del cambio político-electoral de Jalisco en función del modelo de estructura social jalisciense y de los facto­res extraordinarios que concurrieron.11 La base para estas interpre­taciones es el argumento de que existe una identidad propia de Jalisco en la que se conjugan tradiciones, valores y perfiles cultura­les que actúan como contrapesos y que condicionan el devenir histó­rico de este estado. Se ha llegado así a la hipótesis de la vocación bipartidista de Jalisco, que también concibe una estructura de poder dualista. Esto implica admitir una complementariedad quasi natural entre liberales y conservadores y una alternancia de poder entre ambos. Se habla también de la persistencia de un regionalismo y de valores únicos que conforman un estilo federalista muy sui generis

que caracteriza a los jaliscienses. El triunfalismo regional ha cundi­do (sobre todo porque había pocas buenas noticias que ofrecer des­de lo nacional) y no fueron pocos los que sugirieron equiparar al ethos jalisciense y sus formas de solucionar el problema electoral con un laboratorio de la democracia mexicana, cuyas lecciones se podían ofrecer como ejemplo a seguir en el país.12

Sin ánimo de invalidar dichas interpretaciones —que pudieran tener poco o mucho sustento— , se trata, de entender cómo fue que se conjugaron múltiples lógicas y cómo convergieron miles de vo­luntades para forjar en lo cotidiano las circunstancias de cambio político. Mi impresión es que lo extraordinario se conjugó con lo ordinario y viceversa, lo ordinario se convirtió —por momentos— en lo extraordinario. Es decir, que no solamente contaron grandes factores, del tipo de los que se han mencionado recientemente,13 como la intervención de la Secretaría de Gobernación para detener a los mapaches (ejecutadores del fraude priísta) o la voluntad política del presidente Zedillo de hacer aceptar los resultados fueren cuales fueren. Estas intervenciones desligadas de la conducta colectiva de los jaliscienses y fuera del operar de sus diversas redes sociales de poder no tendrían mayor relevancia. En este sentido, no veo muy clara la utilidad de partir de una identidad jalisciense homogénea puesto que nunca se presenta una estructuración mecánica que sirva de modelo rígido para explicar la realidad.

Las complejas estrategias de castigo

Dado lo complejo del proceso electoral sería prácticamente imposi­ble formular una explicación única y consistente. Esto no quiere decir que no se deba intentar hacerlo. De hecho, en forma semejante a la hipótesis del “voto del miedo” con la que se trató de explicar los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 1994,14 ahora se ha propuesto una hipótesis central basada en el “voto de castigo”. En las condiciones actuales de Jalisco se concibe al voto de castigo como una forma de respuesta mayoritaria y “natural”

ante los agravios históricos acumulados por los jaliscienses y que se ligan a ciertas fechas críticas: el 22 de abril y las explosiones; el 24 de mayo y la muerte no aclarada del cardenal; así como también la devaluación y sus efectos perversos relacionados con los últimos días de diciembre de 1994.

A partir de diversos elementos etnográficos y de un análisis detallado de los resultados electorales casilla por casilla de los cua­tro municipios, deseo analizar la explicación del “voto de castigo” en dos aspectos: a) ver si el voto de castigo es primordialmente un voto antipriísta o antigubernamental; y b) ver hasta qué grado el voto de castigo explica la alternancia y la conducta colectiva de los votantes. En otros términos: se trata de explicar la ruptura de la hegemonía priísta para luego pasar a analizar otras expresiones locales y regionales ligadas a la continuidad panista, así como otras variantes más curiosas de la conducta de los votantes de partidos minoritarios.

Existe una interpretación extrema que equipara al “voto de cas­tigo” con una especie de conducta colectiva cercana a lo “irracio­nal”. En ese sentido, los votantes que castigan al gobierno y a su partido serían aquellos a quienes sólo les interesa tomar venganza contra las malas políticas y los políticos corruptos. Aunque hay indicios de diversa naturaleza sobre los cambios de voluntad de los votantes, es difícil probar —al analizar comparativamente los resul­tados electorales de las elecciones presidenciales de 1994 con las estatales de 1995— que los votantes se hayan volcado en masa contra el p r i en todas las casillas o que hubieran realizado manio­bras muy radicales y repentinas. Hasta cierto grado, se debe recono­cer que hubo en muchos sentidos resultados normales. Es decir, que si nos atenemos al número de votantes y a las variaciones en la preferencia partidista, casilla por casilla, se puede entender que los resultados no fueron radicalmente distintos a procesos electorales recientes (como los del 1988, 1991 y 1994) excepto en un punto: disminuyeron sustancialmente las quejas de fraude (oficiales y ex­traoficiales). En este sentido, la derrota priísta le quitó sentido a la

discusión sobre la legitimidad de los votos corporativos o no corpo­rativos que seguramente los hubo. Por lo mismo, aunque no se trate de una causalidad lineal, la derrota generalizada del p r i es un factor que se asocia a una mayor transparencia electoral.

Alrededor de la hegemonía priísta se había construido la hipóte­sis del “voto corporativo”, que también se llamaba clientelar o cautivo. En muchos sentidos la dominación priísta era agobiante, sobre todo cuando se le relacionaba con diversas formas de corrup­ción. Prácticamente ésta se había vuelto intolerable y más porque por diversos mecanismos, tolerados o impuestos, parecía ser inven­cible.

Puede decirse a grandes rasgos que aunque el pr i perdió en los cuatro municipios, los votos que alcanzó entre agosto de 1994 y febrero de 1995 nunca disminuyeron más de ocho puntos porcentua­les en cuanto al total de votantes por municipio. Por ejemplo, el voto priísta en Autlán entre 1994 y 1995 disminuyó sólo cinco puntos porcentuales; esto es, bajó del 46% al 41%; en Ciudad Guzmán perdió ocho puntos porcentuales y pasó de 39.5% al 31%; en Ocotlán fueron también cinco puntos los que disminuyó del 34.7% al 29%. En cambio, en Tepatitlán ascendió dos puntos porcentuales: del 31% al 33%. Si se considera casilla por casilla, en sólo quince de las 307 la variación del resultado es mayor a los 100 votos. En el resto predominan diferencias de entre diez y 40 votos. Pero también hay muchas casillas donde se presentaron resultados de continuidad; por ejemplo, en las zonas rurales el p r i conservó su hegemonía en los cuatro municipios, con todo y que perdió muchos votos. En otros barrios urbanos —inclusive de Ciudad Guzmán— aunque cre­ció más el número de votos perdidos por el p r i , al menos logró ganar una casilla.

En ninguna de las 307 casillas que comprenden los cuatro muni­cipios se podrán identificar conductas colectivas equiparables a un proceder caprichoso e irracional. Incluso, es interesante señalar que, a partir de la experiencia de Ocotlán, la estrategia particular de castigo más drástica que ejercieron los votantes fue en contra del

p a n , el gran ganador en las elecciones de Jalisco. En Ocotlán llegó a perder más de 200 votos en una sola casilla que se repartieron entre el p d m , p r d y el p r i . Empero, en el mismo Ocotlán las proporciones del “voto de castigo” contra el pr i fueron semejantes y menos drás­ticas que las que se dieron en los otros tres municipios y en el resto del estado. Por lo mismo, resulta más interesante hablar de estrate­gias de castigo concretas y no tanto de la estrategia de castigo en general, como parece suponerse en la hipótesis explicativa del “voto de castigo”. De cualquier manera, es insoslayable analizar las múl­tiples lógicas que se expresan en el voto colectivo mayoritario y minoritario.

Las otras lógicas de los votantes

La versión de las circunstancias reflejadas por los informantes an­tes, durante y después de la jornada electoral, permiten apuntar hacia otras estrategias particulares de “castigo”. Por ejemplo, se mencionó la insatisfacción de diversos personajes y grupos que no aceptaron los resultados de las asambleas internas del p r i y que votarían “bajita la mano en contra”. El caso más extremo sucedió en Autlán, donde se mencionó la existencia de amenazas mediante porros para disciplinar a un grupo disidente priísta que no aceptó al candidato que consideraron que era una imposición a la asamblea. Entre los seguidores del candidato desechado se mencionó a varios miembros del sindicato de maestros de entre los cuales se pudieron filtrar votantes en favor de la oposición panista. Otra circunstancia, que me explicaron algunos militantes perredistas, consistía en el apoyo en bloque de los perredistas de Autlán al candidato del pa n

“para derrotar al p r i como sistema” (a ese proceder se le ha llama­do “voto útil” y a través de éste se explica que el p r d haya perdido los cinco puntos porcentuales de la votación total entre 1994 y 1995). Algo semejante sucedió en Tepatitlán, ya que cerca de 700 votos que correspondían al p t , p d m y p r d se sumaron al p a n y que explican cómo, aunque el pr i aumentó su votación total en 2%, el

pa n subió tres puntos. En lo que corresponde a otra lógica, el pr i

logró ganar —no sin ciertas sospechas de manejos fraudulentos— las diputaciones locales del distrito de Autlán y el de Ocotlán (con sede en La Barca).

Respecto a la alternancia, ésta sólo se dio en Autlán y Tepatitlán con el p a n y en Ocotlán con el p d m . En Ciudad Guzmán hubo continuidad del p a n al frente de la presidencia municipal.. Empero, es justo decir que desde los años setenta ya se habían dado triunfos electorales de oposición en los cuatro municipios que incluían: uno del p a n (en Ocotlán y Ciudad Guzmán) y otro del p a r m en Autlán. En esta ciudad se desató una gran inconformidad en 1989 por parte de grupos organizados en torno al p d m que llegaron a tomar la presidencia municipal al sentirse robados por el PRI. Ahora se sabe que la oposición panista, que triunfó en 1995, se nutrió de los grupos del p d m y algunos miembros del cabildo parmista de 1977 que lograron superar a la hegemonía barraganista-priísta.

Tepatitlán es un caso extraordinario de alternancia, p r i y p a n se rotan al frente del ayuntamiento invariablemente desde la década de los setenta. La descripción de varios informantes coincide en com­parar la rotación partidista con el sistema de tráfico que hay en las calles de Tepatitlán. Dicho sistema se describe como el “uno y uno” y ya tiene funcionando más de diez años.15 Al ayuntamiento priísta que siguió a los panistas que lo implantaron, no le quedó de otra más que secundar esta iniciativa debido a la buena aceptación que había logrado entre la población. De esa forma, el modelo del “uno y uno” sirve también de símbolo para subrayar la alternancia del ayuntamiento. Sin embargo, la clave no está en los partidos, sino en las personas que van al frente de las planillas. Esto lo reconocie­ron informantes priístas y panistas. Esa fue también la lógica en que se fincó el triunfo panista de 1995. Se eligió a un candidato de prestigio que ya había sido alcalde seis años antes, lo cual, a pesar de que era otra forma de continuidad, no representó mayor proble­ma. En cambio, los dos candidatos priístas que trataron de repetir en el puesto en Tonalá y Tlaquepaque no lo lograron.

El proceso más increíble sucedió en Ocotlán. Ni siquiera un brujo experto hubiera podido vaticinar que el p d m ganaría la alcal­día con 10 568 votos, dado que seis meses antes, en las elecciones presidenciales de agosto de 1994, apenas había alcanzado 48 votos, siendo el partido que menos votos logró. ¿De dónde salieron los votantes pedemistas? Este caso excede todo tipo de análisis mera­mente cuantitativo. Le toca al trabajo etnográfico y al de recopila­ción histórica aportar elementos para su comprensión. Las raíces de las rupturas, tanto de la hegemonía priísta y, en cierto modo, tam­bién de la efímera hegemonía panista, vienen de tiempo atrás, pero se hicieron más visibles en tan sólo unos meses y días, antes y después del 12 de febrero. En los resultados electorales de agosto de 1994, el p a n aventajó con más de 3 mil votos al p r i . Esto creó ciertas condiciones de seguridad de triunfo para diversos grupos que se venían organizando bajo el registro político del p a n . Al mismo tiempo, esta expectativa de triunfo abrió la puerta a la codicia por el puesto que desencadenó una lucha por el poder entre panistas tradi­cionales y advenedizos. El hecho es que, a pesar de que la asamblea municipal para elegir candidatos a la alcaldía se había desarrollado legal y democráticamente, un grupo de inconformes tradicionalistas lograron convencer a la dirección estatal y nacional del partido de que existió manipulación por parte de priístas infiltrados que capita­lizaron la asamblea a su favor. La dirección optó entonces por anularla cuando quedaban únicamente tres días para que expirara el plazo legal del registro de candidatos. La maniobra parecía consu­mada y se acogía a la seguridad de que en tan poco tiempo ya nadie podría movilizarse y los inconformes no se irían a apoyar al pr i que era el partido a vencer. Es decir, prevaleció la prepotencia de aque­llos que creían tener el triunfo asegurado.

Los cálculos de la dirección panista, que veía las cosas desde Guadalajara y que estaba muy ocupada con los procesos estatales y los de los municipios importantes de la zona metropolitana, fueron equivocados. Hubo renuncia masiva de más de 700 militantes panistas, incluyendo algunos de los que habían formado parte del

cabildo ganador de 1986. Dimitieron porque sintieron violados sus derechos y no fueron escuchados. Por dos canales diferentes hubo acercamientos con otros partidos políticos ( p r d y p d m ) y un día antes del cierre legal se constituyeron como asamblea pedemista y registraron su planilla que seguía encabezando el carismàtico doctor Lagunas. Entre los que se organizaron bajo el logotipo del gallito colorado había todo tipo de gente, grupos de profesionistas, exhuelguistas obreros que hacían trabajo de promoción social en sus barrios, muchas amas de casa, locatarios de los mercados y, sobre todo, vecinos de las colonias populares. En un tiempo récord reco­rrieron Ocotlán casa por casa y lograron recoger las demandas más sentidas que se sintetizaban en dos: agua potable y democracia. Un punto de la estrategia de campaña que significa una innovación y una expresión ciudadana más radical fue el involucramiento de los niños. Quienes por todos lados, difundieron las consignas del “galli­to que sí cantaba” y comprometieron los votos de sus papás y hermanos mayores. En una carta, por demás simbólica, el alcalde electo agradeció en los diarios locales la contribución de los niños de Ocotlán a su campaña política. Esto nos lleva a invocar otra forma relevante de “poder ciudadano”, aunque en este caso se trate de ciudadanos en ciernes.

Para concluir esta sección, deseo hacer énfasis en la forma en que se transformó mi estrategia de investigación al mismo tiempo que se abrían las posibilidades de una mejor comprensión de la dinámica del cambio sociopolítico. Al reconstruir analíticamente los sucesos electorales, hubo dos puntos cruciales para comprender la coyuntura electoral: el avance ciudadano y los efectos inmediatos de la alternancia/continuidad en los cuatro gobiernos municipales.

Temas para una agenda futura de investigación

Esta sección tiene como propósito iniciar el proceso de elaboración teórica sobre la política cotidiana como forma de análisis de la gestión municipal y la participación ciudadana. Se parte del supues-

to de que todavía falta mucho por recorrer en el trabajo de campo y en la revisión de teorías y documentos; sin embargo, se apuntan, desde ahora, algunos temas y pistas para ahondar en la reflexión y la búsqueda metodológica.

Los límites de la autonomía municipal y la relación sociedad “mayor” (nación), sociedad “menor” (municipio)

Mucho de lo que se ha escrito sobre la llamada “cuestión munici­pal” puede resumirse, a pesar de la diversidad de argumentos, en el dilema autonomía versus dependencia municipal. Recientemente, el tema se ha reavivado con la discusión del nuevo federalismo. La puesta en práctica del p r o n a s o l durante el sexenio pasado trajo consigo un replanteamiento de la relación gobierno federal-munici- pio-ciudadanos, que si bien no representaba algo completamente nuevo porque ni siquiera abandonaba una visión clientelar de la política, sí contribuyó a crear nuevos espacios de participación ciu­dadana. Aunque debe señalarse que el “avance” en la participación ciudadana, no obedece únicamente a la iniciativa de las instituciones gubernamentales.

Por lo dicho en la sección anterior, puede mencionarse que diver­sos grupos de ciudadanos, que actuaron a título personal o grupal, mostraron un poder de decisión que resultó ser suficiente para im­plantar la alternancia política a nivel municipal y estatal. Cabe preguntarse ahora si también podrán ser autosufícientes para ejecu­tar —junto con el gobierno que quisieron darse— las tareas del desarrollo municipal, y no solamente las más urgentes sino, sobre todo, las estratégicas. Una vez validado el voto mayoritario de la ciudadanía, la nueva cara del problema de la autonomía municipal se ligará a la persistencia de la acción ciudadana. Por tal motivo, considero que ya no nos sirve de mucho discutir el dilema autono­mía versus dependencia como disyuntiva excluyente. En todo caso la autonomía y dependencia municipales respecto al Estado mexica­no se tienen que tomar como necesarias y complementarias a un tiempo.

Los efectos inmediatos de la alternancia

Uno de los efectos indeseables asociados a la alternancia —porque en cierto modo significa un retroceso— , ha sido la entrega de ayun­tamientos sin dinero, fuertemente endeudados y, en uno de los casos (el de Autlán), hasta carente de los servicios básicos como luz y agua. No obstante, esto también puede tomarse como una ratifica­ción de la necesidad del cambio. El hecho es que los ciudadanos convertidos en novicios políticos desde un inicio tendrán que enfren­tar escollos difíciles que limitan las posibilidades de emprender una forma diferente de hacer las cosas. En Ciudad Guzmán, cuando asumió el cargo Alberto Cárdenas Jiménez, se encontró también con un ayuntamiento endeudado y con las arcas vacías. Para 1995 estos problemas se habían resuelto y el nuevo alcalde panista dispuso de dinero para iniciar la gestión y recibió deudas bajo control.

Como quiera que sea, en la perspectiva de futuro inmediato los ayuntamientos van a tener que seguir regateando los recursos para su desarrollo. Dicho regateo se puede dificultar mayormente si se asocia con una posición autonomista radical. Por lo demás, las relaciones federación-municipios siguen siendo asimétricas y eso implica que no ha dejado de existir una fuerte dosis de injusticia, tolerada o impuesta, pero al fin injusticia. No es ningún secreto afirmar que, con excepción de los grandes municipios de ciudades mexicanas como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León y algunas más, el resto no tiene economías sanas, y los recursos a los que tienen acceso no son suficientes para atender sus necesida­des. Eso se vuelve más crítico cuando se requiere realizar obras de mayor envergadura. El problema radica en el cómo, el cuándo y el dónde conseguir los recursos.

Una parte del problema se puede allanar atacando el injusto statu quo centralista. Como explicaba el ex vicepresidente del municipio de Tepatitlán ante una reunión nacional de presidentes municipales en 1994, “la federación exprime los recursos de los municipios”. En el caso de Tepatitlán esto significa que de los

18 millones de nuevos pesos mensuales que diversos contribuyentes de Tepatitlán le entregan tributariamente a Hacienda, la federación sólo les regresa por vía presupuestaria 1 250 000 nuevos pesos mensuales.16 Sin embargo, habría que agregar a esto lo que el mis­mo vicepresidente municipal llamaba migajas del p r o n a s o l y otros programas federales y estatales que se manejan con otros mecanis­mos de intervención. En ocasiones, el monto presupuestal manejado por esas vías representa recursos para nada despreciables. El pro­blema es que frecuentemente dichos recursos se usan como palanca para forzar negociaciones e imponer disciplinas o lealtades a los miembros del cabildo. Esa es la cara odiosa de la dependencia.

Debe resaltarse que no se tiene por qué mendigar los recursos que deberían estar simplemente disponibles a través de un esquema diferente de relaciones entre gobiernos y ciudadanos. En este senti­do, también hay indicios de que las cosas están cambiando y de que ya se está dejando atrás un estilo de centralismo. El caso reciente que involucró las protestas del alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, es más que indicativo al respecto. Sin embargo, hay otra parte del problema que no se resuelve simplemente con la crítica y la protesta porque se necesitan recursos efectivos para cubrir necesidades. Esto significa que hay que entender más la mecánica de los procesos de intervención estatal y relacionarla con las formas de autogestión y ahorro interno; es decir, considerar más en serio las distintas vías de aporte de los ciudadanos y de las distintas instancias de los gobier­nos. Esto lleva a entender las formas de intemalización y extemalización que están implícitas o explícitas en cualquier proceso de negocia­ción sobre recursos y programas de desarrollo social.

La utilización de los programas gubernamentales y el carácter de los gobiernos municipales

Como veremos en los ejemplos recientes de la gestión municipal en Tepatitlán y Ciudad Guzmán, es paradójico que actitudes de protes­ta o de conciliación obedezcan a posiciones políticas hasta cierto

grado “ilógicas”. Tal es el caso en que la “oposición” panista de Guzmán asumió una actitud de cogobernabilidad que favorece una mayor inclusión ciudadana; en contraste la actuación del cabildo del partido gobernante en Tepatitlán, que asumió una actitud discreta y hasta cerrada es consonante con prácticas clientelares que inhiben la participación ciudadana.

El éxito en la administración municipal del ex alcalde de Ciudad Guzmán forjó una imagen que redundó en capital político y, a su vez, le facilitó el acceso a la gubernatura de Jalisco. La imagen de Cárdenas Jiménez como el mejor alcalde de Jalisco fue creada por el mismo tesorero estatal priísta. El contenido político de esa imagen se puede condensar en sólo dos ideas: honestidad y eficiencia, que por sencillas pudieron convencer a muchos ciudadanos.17 La clave del éxito, aunque parezca paradójico por tratarse de un ayuntamien­to panista, radicó en las buenas relaciones alcanzadas con el p r o n a s o l . El manejo eficiente de recursos, que por cierto fueron menos cuantiosos que en los otros casos de Autlán, Ocotlán y Tepatitlán -administrados por priístas-, contribuyó a consolidar el triunfo político de Cardénas.18 Mas, para entender este triunfo, hay que agregar una explicación sobre el contexto histórico local. En este sentido, los conflictos entre el gobernador Cosío y el presidente Salinas, que culminaron con la renuncia del gobernador, en cierta manera abrieron paso a la buena relación de Cárdenas con p r o n a s o l .

A esto habría que agregar la división entre los priístas guzmanenses que los incapacitaba para emprender acciones organizadas en para­lelo o coordinadamente con el cabildo y que les impedía utilizar corporativamente los programas del gobierno federal.

La explicación de la buena relación del ayuntamiento panista con p r o n a s o l —para varios informantes— es muy sencilla. Aparte de la deuda y de las arcas vacías que la administración priísta heredó a los panistas, también Ies dejó una importante obra inconclusa. Se trataba de un gran canal de desagüe para las aguas pluviales. Los destrozos causados por las corrientes de agua que bajaban desde las montañas cercanas afectaban a un buen número de familias. Al no

estar terminado el canal, las protestas contra los malos manejos y el retraso en la obra iban a arreciar con seguridad. Era urgente por tanto concluir con la obra. Existía, además, la demanda popular de castigar la corrupción del alcalde saliente, pero a la vez se tenían que evitar nuevos daños por la falta del canal. Así se presentó una disyuntiva: irse por el lado del juicio y atender el clamor de justicia o terminar de construir el canal. Cárdenas calculó que el juicio lo iba a desgastar porque duraría más de los tres años de su período legal. Entonces optó por encauzar el juicio hacia los tiempos legales de los juzgados haciendo mucha propaganda de las denuncias del municipio contra el cabildo saliente, y en la práctica se orientó a terminar la obra inconclusa. Para ello —según comentaron mis informantes— se propuso congraciarse con Colosio, a la sazón se­cretario de s e d e s o l . Obtuvo una entrevista y en ésta convenció a Colosio. Le explicó del juicio y la corrupción en la construcción, al mismo tiempo que le hizo ver que la gente necesitaba más de la obra que del juicio. Le planteó una alternativa para terminar el canal que requería de un monto de recursos modesto y le ofreció honestidad en su manejo. El ayuntamiento de Cárdenas, con la colaboración de varios grupos de vecinos, logró terminar la obra antes de que caye­ran las tormentas y además ahorró 700 millones de viejos pesos. Refieren los informantes que con ese dinero en sus manos, Cárdenas regresó con Colosio y negoció que le asignaran ese dinero y otras cantidades mayores para nuevas obras. De esa manera, fue estable­ciéndose la buena relación con p r o n a s o l .

En el caso de Tepatitlán, la buena relación con p r o n a s o l , que hizo viable realizar varias obras importantes, estaba dada a partir de la influencia de Oscar Navarro Gárate (oriundo de dicha locali­dad), quien se desempeñó primero como secretario particular de Luis Donaldo Colosio y posteriormente fue delegado de s e d e s o l en Jalisco. En este caso no se tuvo que mendigar el dinero, hasta se ofreció por adelantado. Tepatitlán contó casi sin pelear con los recursos del programa “cien ciudades medias”. Al respecto, es más que curioso señalar el contraste entre el caso de Tepatitlán y su

incorporación expedita al programa de “cien ciudades medias”, y

las penalidades que tuvieron que pasar los del grupo de los 30 promotores para el desarrollo de Ocotlán, quienes por dos años hicieron gestiones para lograr la incorporación “formal” —que no significa todavía ninguna inversión efectiva— al programa “cien ciudades medias”. Esto sucedió en el ambiente de las campañas políticas y luego de que el candidato del pri ofreció dicha incorpora­ción al programa de “cien ciudades medias” como una de sus ofertas centrales.

Por otro lado, en Tepatitlán, con fondos del mencionado progra­ma y casi sin ninguna colaboración de otros organismos sociales, se obtuvieron más de 5 millones de nuevos pesos para hacer un anillo periférico, un entronque a la carretera de Los Altos y la avenida Luis Donaldo Colosio. Esto contrasta también con el caso de Ciu­dad Guzmán, donde diversos organismos de comerciantes, empresa­rios y el obispado hicieron aportes efectivos para la remodelación del centro histórico. Las obras mencionadas de Tepatitlán eran por demás necesarias, pero en cierto modo de relumbrón. En todo caso, la participación de la ciudadanía de Tepatitlán no se mostró abierta­mente y tuvo muy poco que ver en la planeación y el trazo de las mismas, al grado que surgieron quejas —expresadas por algunos informantes— porque muy pocas colonias habían resultado benefi­ciadas. Se hablaba, eso sí, de que había terrenos a fraccionarse y granjas que se habían visto favorecidas. Entre ellas la del expresi­dente municipal priísta. Todos estos apoyos, sin embargo, resulta­ron insuficientes y el ayuntamiento priísta, al igual que otros de Jalisco, heredó a la siguiente administración panista grandes deudas y una tesorería sin fondos.

Es importante aclarar en la agenda de investigación futura, lo referente a la autonomía-dependencia entre ayuntamiento y gobierno federal, como son las complejas relaciones entre factores externos e internos para trascender así los enfoques unilineares. También será importante entender el contexto de la crítica ciudadana y la de los funcionarios municipales o estatales dirigidas a otras instancias de

gobierno, porque puede ser que detrás de la gran denuncia —como en el caso de Tepatitlán— se siga reproduciendo la actitud prepotente y las prácticas clientelares que consideran al gobierno como recurso patrimonial al que no le gustan las incomodidades de la participa­ción o cogestión ciudadana. Por otra parte, será importante docu­mentar e interpretar las diversas formas de negociación de recursos para el desarrollo de diferentes niveles. Eso puede servir para justi­preciar una conducta conciliadora que no necesariamente significa aceptar las imposiciones del centro. Como quiera que sea, dada la crisis económica actual será necesario profundizar en las interrelaciones entre diversas instancias de gobierno y organismos ciudadanos (no únicamente los consejos de colaboración municipal o comités de vecinos) para identificar otras formas de aporte. Se trata de conceptual izar formas de gobierno (o cogobernabilidad) que no des­confían de los ciudadanos y que se saben dejar ayudar por éstos, al mismo tiempo que se buscaría identificar las formas de resistencia y cooperación de diversos organismos ciudadanos y de gobierno que tratan de pelear o aprovechar mejor los recursos de otras entidades de gobierno.

Los límites de la política formal y las transformaciones de la cultura política

Una vez que se ha visto lo que significa el esfuerzo y la lucha social por construir la alternancia, cabe preguntarse sobre los efectos de la misma para transformar la cultura política y para garantizar las posibilidades de una participación ciudadana a diversos niveles. Se puede afirmar que las elecciones apenas representan un primer avance democrático, pero también debe reconocerse que para dar ese paso transcurrieron muchos años y se han invertido grandes esfuerzos que no se van a dejar perder fácilmente. Por eso, la alternancia no puede quedarse en la sola reestructuración de las posiciones de gobierno. Más aún, las formas de hacer política son parte del pro­blema porque no han resultado satisfactorias para resolver el amplio

espectro de intereses que han buscado soluciones en los cauces de lo que se ha llamado política formal. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué grado los cabildos pueden lograr avances sustanciales en el corto plazo que dura un gobierno municipal y, en todo caso, cuáles son las posibilidades de encauzar una política de cambio institucionalizada que ataque a fondo el doble tipo de limitaciones que se arrastran: las históricas, que se asocian a los rezagos acumu­lados por años de polarización y desventajas sociales; y las de coyuntura, que se derivan de las arcas vacías y las deudas contraí­das en el corto plazo.

Un giro importante en la manera de conceptualizar la transfor­mación de la cultura política (que deja atrás la idea de considerar dicha transformación como prerrogativa exclusiva del Estado o los gobiernos) es la propuesta de una ética ciudadana y un consecuente cambio del marco legal. Por diferentes vías se quieren acortar los abismos, imaginarios o realmente existentes, entre las prácticas for­males e informales de la política para desterrar toda forma de impu­nidad y abrir nuevos cauces hacia prácticas cotidianas más legiti­madas. Últimamente la legitimidad se viste con caracteres económi­cos. Es decir, dada la aguda crisis económica, la legitimidad sólo puede significar confianza efectiva y búsqueda de posibilidades de ahorro interno a nivel nacional y local. Aunque nunca se podrán excluir del panorama inmediato los retrocesos fatales, sería más frustrante que se reprodujera una dinámica excluyente de cambio —sin cambios efectivos— que tratara de cerrar espacios en forma anticipada.

Las complejas relaciones entre ciudadanización y politización

En el “nuevo país de leyes” —que se discute en la actualidad a partir de la propuesta zedillista— la ampliación del horizonte de lo político parece ser una alternativa que puede vincular soluciones económicas y políticas. Los problemas clave de este replanteamien­to radican en dos extremos. Por una parte, los modelos cívico-

legales son insuficientes para comprender la diversidad de prácticas ciudadanas individuales y colectivas; y, por otra, dentro de los mo­delos se refleja una inclinación a conceder mayor peso explicativo a las dimensiones nacionales y mundiales de la ciudadanía en detri­mento de la ciudadanía local.19 Así como la discusión entre autono­mía y dependencia municipal pierde sentido al plantearse simple­mente como procesos excluyentes, algo similar sucede cuando se trata como excluyente al marco nacional de leyes versus diversos marcos regionales y locales. Esto nos lleva a profundizar en los horizontes analíticos de la ciudadanización y la politización, que equivale también a reflexionar en algunos aspectos de las transfor­maciones de la cultura política que se reflejan en las diversas inicia­tivas ciudadanas que emergen cuando los ciudadanos, convertidos en neopolíticos, abren y ocupan espacios de la política municipal y estatal.

Desde un extremo se ha interpretado una mayor intervención ciudadana en política como despolitización y hasta como degrada­ción de la política. Ambas, sin embargo, son imposibles de concre­tar totalmente porque en política hay muchos fenómenos reflejos y no sólo la voluntad determina los efectos observables. Si bien la urgencia de un cambio reclamaba despolitizar y sobre todo despartidizar el manejo del gobierno municipal y estatal, así como la administración de los bienes y servicios públicos, la sola despro- fesionalización de la política no garantiza que se acaben las situa­ciones de corrupción y manipulación anteriores, ni que se encuen­tren soluciones alternativas en forma más o menos expedita.

La identificación de nuevos contenidos de lo político y la redefínición de los perfiles del político no fue, durante la reciente coyuntura electoral, objeto de un debate meramente especulativo. De hecho, logró pernear las discusiones cotidianas de prácticamen­te todos los sectores sociales. Como lo pude observar de manera directa en una reunión de la familia extendida de Autlán (los Núñez) —donde por más de 40 años lo político había estado ausente gracias al acuerdo sobreentendido de separar lo familiar de lo político—, en

esta ocasión se discutió con fervor acerca de la necesidad del cam­bio en el gobierno municipal y de las virtudes de los políticos loca­les y nacionales. El evento de la fiesta de los Núñez había transcu­rrido más o menos con la misma rutina de todos los años: la selec­ción de la reina, del rey feo, los informes y saludos a los visitantes distinguidos más alejados, la alabanza a los organizadores y el reco­nocimiento a los más viejos, así como la congratulación con aque­llos que habían destacado socialmente en ese año. Dos personas que acapararon la atención fueron el secretario del ayuntamiento priísta en funciones y el presidente del patronato del carnaval 95. Este último se encargó de leer el telegrama y la respuesta de “la prima Nilda Patricia” (esposa del presidente Ernesto Zedillo) que contri­buyó a darle más solemnidad al evento. Ciertamente lo que rompió el orden fue la acalorada discusión que surgió hacia el fin de la fiesta. Entre los ires y venires y las paradas a bailar se habían dado varios conatos de discusión sobre las próximas elecciones (la fiesta fue 22 días antes del 12 de febrero) que envolvieron a varios grupos de entre los 300 asistentes. La discusión giró en torno a dos tópicos: honestidad y experiencia. Dichos tópicos reflejan los dos perfiles claves del ciudadano y del político y sirven para ilustrar cómo se reconsideró el contenido y la forma de la política en ese evento de la vida cotidiana.

Un grupo de más de 25 de los Núñez se aisló del resto y se enfrascó en una álgida polémica. Dentro de éste predominaban dos posiciones. Una identificada con los panistas y otra con los priístas. También había dos o tres indiferentes que la hacían de moderadores. En los panistas se resaltaba la honestidad que significaba hablar con la verdad, una administración de los recursos transparente y sobre todo acceso a los ciudadanos y tomar en cuenta a la gente. Para los priístas lo importante era la experiencia que significaba conocimien­to y oficio. Estos se burlaban de los panistas diciendo que las virtudes que pregonaban eran buenas para una parroquia o para un hogar cristiano, pero que no servían para el negocio que representa­ba conducir una presidencia municipal. Este desliz lo utilizaron los

panistas para remarcar su visión de honestidad y recalcar la necesi­dad del cambio para acabar con la visión patrimonialista de la política. Luego se pasó a discutir el perfil del líder político y a identificar al futuro presidente municipal como tal. Por liderazgo ambos entendían capacidad de iniciativa. Para los priístas —que se decían más realistas— ni la democracia ni los partidos funcionan, lo que hace la diferencia son los líderes. Para los panistas —que se decían más idealistas— lo que hacía falta era dar más participación a la gente para que no todo gire en torno a un líder o un partido. Por supuesto que ninguno convenció al otro. Pero ambas posiciones marcaron por dónde se debía pintar la interrelación ciudadanización- politización.

Como veíamos en la sección primera, el caso de Tepatitlán sería uno de los que mejor se explicarían con la hipótesis del bipartidismo jalisciense. En sentido opuesto, el caso de Ocotlán plantea que las sociedades municipales son más diversas y trascienden la competen­cia entre dos o más partidos. Sin embargo, la misma experiencia de Tepatitlán ofrece los elementos para el bipartidismo cuando se seña­la que los partidos dependen de las personas que van al frente, aunque eso hay que verlo siempre más allá de una perspectiva individualista. Como se puede observar de la discusión en la fiesta de los Núñez, lo que está en cuestión son las formas de hacer política y la representatividad de los partidos. Lo que se resalta son las diversas formas de influencia e intervención ciudadana.

A manera de conclusión

Lo que está por precisarse en el estudio de procesos futuros sobre la gestión de estos municipios son las maneras de colaborar o cogobemar entre gobierno y ciudadanos. Eso incluye una revisión sistemática de las diversas formas de participación ciudadana, así como los contenidos del ser y quehacer político. Pero no se parte de cero; hay un doble sobreentendido de por medio: las formas de participación ciudadana han dejado de ser patrimonio de partidos, las formas de

hacer política dejaron de ser privilegio de los gobiernos. Por ello se apuesta a que los gobiernos se conviertan otra vez en comunas que ofrezcan servicios “técnicos” y políticas de desarrollo abiertas a la ciudadanía. En lo inmediato, hay que cruzar esta información con la relativa a la reproducción de desigualdades y diferencias en el acce­so a recursos que afectan a diversos sectores para conocer el carác­ter de dichas comunas. Una ventaja tienen las actuales comunas panistas y la pedemista: carecen de organizaciones corporativas que representen a toda la sociedad. Eso puede dar cabida a una constan­te creación de espacios políticos. Queda en duda saber si, como en el caso de Ocotlán, muy pronto se puedan reproducir formas caciquiles de lucha o apropiación de los espacios políticos y que además los ciudadanos lo toleren. Por lo demás, la ciudadanización de los partidos y del gobierno puede abrir cauces para una constante certificación de la legitimidad y para garantizar una redistribución de los recursos y los espacios políticos.

Notas

1. Este documento da cuenta de los avances de investigación del proyecto “Poder local! cambio simbólico y continuidad, un estudio de la política cotidiana en cuatro municipios de Jalisco (Autlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán y Tepatitlán)”, que ha recibido un apoyo del C0NACyT. Representa un es­fuerzo de reflexión preliminar centrado en el proceso electoral reciente y sus efectos inmediatos. En el proyecto participan los investigadores Jorge Ceja y Manuel Zúñiga, alumnos de la maestría en Estudios sobre la Región de El Colegio de Jalisco, y Alfredo Rentería del Instituto Tecnológico y de Estu­dios Superiores de Occidente ( it e s o ).

2. Véase al respecto la revista Proceso, núm. 983 del 4 de septiembre de 1995, p. 36. Ahí se señala que el comité central ciudadano acusa al DDF y al ife de hacer recaer la selección de consejeros ciudadanos en favor de simpatizantes priístas. Jorge Alonso (1995) en su más reciente libro, El cambio político en Jalisco: Las elecciones de 1994 y 1995, editado por el Consejo Estatal Electoral, la Universidad de Guadalajara y el Ciesas, conceptúa esta ciudadanización como proceso de simulación (p. 113)

3. Más detalles sobre este tipo de inercias pueden encontrarse en el artículo de Armando Míreles, “La visión de tres consejeros ciudadanos (Jorge Camberos,

Jorge López Vergara y Jorge Alonso)”, Revista Signos: cultura y sociedad, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, núm. 12, febrero de 1995, pp. 56-61.

4. Jorge Alonso (1995: 132) relata cómo el puñado de consejeros ciudadanos se las ingeniaron para intervenir y sobreponerse a las decisiones del presi­dente del Consejo y en ocasiones lograron evitar la manipulación partidista.

5. Posteriormente un médico priísta de Autlán emuló al rector y se autodestapó repartiendo en las calles su curriculum vitae y el programa que proponía. Además, unos días antes de las elecciones puso una manta a las afueras de su consultorio con el siguiente lema: “Soy priísta pero voy a votar por el p a n el 12 de febrero. Basta de maniobras, ejerce tu derecho, tú también puedes”.

6. Esto da por supuesto que, aunque hubo un resultado consensado de la asamblea de selección de candidatos panistas, sí se dieron ciertas formas de manipulación de la asamblea estatal. Por rumores periodísticos se supo que hubo un mayoriteo emprendido por el d h ia c que sorprendió a la dirección nacional y estatal panista, que también trataban de conducir la asamblea a lograr la selección de Jiménez Remus como candidato a gobernador.

7. Recuérdese al respecto que este hecho fue interpretado por varios columnis­tas de Guadalajara (Legazpi y Sergio René de Dios de Siglo 21) y de la ciudad de México (Ramírez y Granados Chapa) como una concertación de los panistas.

8. Simpatizantes y seguidores del general García Barragán, quien se convirtió en el hombre fuerte de Autlán desde que fuera gobernador de Jalisco en 1943.

9. Al respecto es significativa la carta que envió al presidente de la Comisión Estatal Electoral la Sra. Martha E. Ávalos Cué, coordinadora de Alianza Cívica en Ocotlán, en la que protesta porque no se incluía a sus candidatos a comisionados ciudadanos.

10. Para el caso de Autlán logré documentar el mecanismo por el que se nombró presidente del comité distrital al mismo coordinador de la reciente campaña electoral (agosto de 1994) del diputado priísta Ismael Orozco Loreto.

11. Varios ejemplos de este tipo de explicaciones se pueden encontrar en las editoriales de la prensa de Jalisco y nacional que circularon en El Occiden­tal y Siglo 21 y que se publicaron en las semanas posteriores al 12 de febrero. Ahí, autores como Regalado, Alonso, Bazdrech, Cortés Guardado, Marván, Arredondo, Assiz, Aguayo, Preciado Coronado, Zepeda, Patersen y otros, han presentado de diferentes maneras una argumentación semejante. Las separatas de la revista Signos, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, No. 8, septiembre de 1994 y la No. 13, marzo de 1995, así como el progra­ma videograbado de Nexos del 23 de febrero de 1995, intitulado “Nuevo gobierno de Jalisco: Nueva política”, se podrían considerar como ejemplos muy claros que resumen dicha argumentación.

12. Véase al respecto el artículo de Adrián Acosta Silva, “Jalisco! los nuevos equilibrios”, en! Nexos, México, No. 207, marzo de 1995, pp. 13-15.

13. Veáse al respecto el artículo de Jorge Alonso, “El triunfo de la democra­cia”, en ! Revista Signos, Cultura y Sociedad, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, No. 12, marzo de 1995, suplemento especial, p. 7.

14. Véase Pablo Arredondo, “Lecciones de la elección”, en: Revista Signos, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, No. 7, suplemento especial, pp. 3-6. Según su interpretación, una mayoría de ciudadanos optaron por el pri

por el temor a experimentar con el cambio. El adagio de “más vale malo por conocido que bueno por conocer”, describe de manera clara este fenó­meno.

15. Esta es una costumbre que se estila en algunos pueblos de Estados Unidos. El vehículo que llega primero a la esquina tiene el derecho sobreentendido y respetado de preferencia, el otro tiene que esperar. La costumbre fue trans­portada por un grupo de braceros que la sugirieron a un cabildo panista que finalmente la estableció. En la práctica, para que opere con éxito, requiere de un buen grado de conciencia ciudadana. A cambio parece haberse obteni­do ahorros sustanciales en semáforos y otros gastos, así como una mayor tranquilidad que permite distinguir a los automovilistas locales de los foráneos.

16. Entrevista con el licenciado Isaac González Cuevas vicepresidente munici­pal de Tepatitlán, el 20 de agosto de 1994.

17. En el movimiento que desencadenó la llegada a la presidencia municipal de Cárdenas Jiménez se relacionaron varias iniciativas muy disímbolas. Coinci­dieron en el objetivo de derrotar al pri los esfuerzos organizativos de las comunidades eclesiales de base, así como el trabajo de voluntarios y mili­tantes de izquierda que optaron por apoyar la planilla panista con el argu­mento de vencer al sistema priísta. Hubo también la participación de comer­ciantes y empresarios, y de algunos sindicatos. Por esta pluralidad de fuer­zas e intereses, en el período de Cárdenas surgieron ciertos conflictos sobre todo por la beligerancia que tuvieron algunos grupos adinerados. También hubo quejas de nepotismo, pero básicamente se mantuvo la alianza y respeto común que aglutinó a grupos de posiciones muy diversas porque el esquema panista de organización que promovía el ayuntamiento dejaba espacios para organizarse a todos los grupos sin corporativizarlos.

18. Los datos de las inversiones del p r o n a s o l en 1993 y 1994 revelan que en Ciudad Guzmán se ejercieron menos recursos que en Autlán, Ocotlán y Tepatitlán. Por ejemplo, en cuanto al programa Fondos Municipales de Solidaridad de 1993 se ejercieron únicamente 601 308 nuevos pesos, mien­tras que para Autlán fueron 738 741, para Ocotlán 886 500 y para Tepatitlán 886 524 nuevos pesos. En cambio el número de obras que Ciudad Guzmán cubrió con esos recursos fueron 21, Autlán 18, Ocotlán 12 y Tepatitlán 24.

19. Véase al respecto el interesante artículo de Juan Manuel Ramírez S., “Las dimensiones de la ciudadanía: implicaciones teóricas y puesta en práctica”, en: Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, vol. I, No. 2, pp. 89-112; Ramírez Sáinz, establece que hay una contradicción más aparente que real entre la ciudadanía local y la nacional, pero su conclusión de que la ciudadanía local constituye una particulariza- ción de la nacional en un ámbito específico no resuelve adecuadamente el problema de la relación compleja que existe entre ambas (p. 99). Más aún Ramírez pareciera seguir atribuyendo un sobrepeso explicativo a un modelo cívico homogeneizante de la política nacional que no explica suficientemen­te la diversidad de expresiones ciudadanas que se reflejan en cualquier escenario localizado. Por lo demás, estos escenarios se caracterizan por lo abigarrado de las relaciones e influencias mutuas entre elementos o expre­siones culturales nacionales y locales.