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CIUDADANÍA, ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA Del Gobierno Electrónico al Gobierno Abierto. Un estudio sociopolítico de las webs de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante Carmen Cano Sansano

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CIUDADANÍA, ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA Del Gobierno Electrónico al Gobierno Abierto.

Un estudio sociopolítico de las webs de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante

Carmen Cano Sansano

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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

CIUDADANÍA, ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA Del Gobierno Electrónico al Gobierno Abierto.

Un estudio sociopolítico de las webs de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante

CARMEN CANO SANSANO

Tesis presentada para aspirar al grado de DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Programa de Doctorado EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Dirigida por: Dr. D. JUAN ANTONIO ROCHE CÁRCEL

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A mi padre, de quien he heredado la ilusión por aprender

Siempre estarás conmigo.

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AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, a mi director de tesis, el Dr. D. Juan Antonio Roche Cárcel, por su dedicación esmerada y la paciencia que ha sabido tener conmigo en éste no siempre fácil trance; a los profesores y al personal de administración del Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante, con cuyo apoyo he contado en todo momento; a mis amigos, a Carmen y a los compañeros de trabajo, especialmente a Víctor, que de un modo u otro, han estado a mi lado. Y a toda mi familia: a mi madre, cuya presencia me hace evocar sus deseos de que recibiéramos la mejor formación posible; a mis hermanos, Encarnita y Manolo, mi alter ego, que me han dado aliento; a Mª Isabel y Sandra, la nueva generación de mujeres de la familia, con el deseo de que les sirva de estímulo; a mis tías, Carmen y Reme, por estar siempre ahí y ser fundamentales en mi vida; y a mi marido Cayetano, y mis hijos Antonio y Eduardo, que en todo momento me han acompañado y transmitido su ánimo, en esta aventura personal e intelectual.

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ÍNDICE

PRIMERA PARTE. EL MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO .................... 13

CAPÍTULO 1º. INTRODUCCIÓN ............................................................................. 17

1.1. La justificación del tema elegido .......................................................................... 17

1.2. Las bases teóricas y metodológicas ...................................................................... 18

1.2.1. Los estudios sobre el Gobierno abierto y la ciudadanía digital ..................... 18

1.2.2. Los planes estratégicos. ................................................................................. 21

1.2.3. Los estudios sobre la eAdministración Local. ............................................... 21

1.2.4. La metodología de la investigación ............................................................... 23

1.3. Los objetivos y la hipótesis de trabajo. ................................................................. 25

1.4. La estructura de la investigación .......................................................................... 28

CAPÍTULO 2º. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA .................................... 33

2.1. La modernización y la innovación administrativa. ............................................... 33

2.2. La interacción entre TIC y las Administraciones Públicas. .................................. 35

2.2.1. Las causas. Enfoque tecnológico y enfoque socio-técnico ........................... 35

2.2.1.1. El determinismo tecnológico .................................................................. 35

2.2.1.2. El enfoque socio-técnico ........................................................................ 36

2.2.2. Los efectos. Visión utópica versus visión pesimista ..................................... 37

2.2.2.1. Las visiones optimistas ........................................................................... 37

2.2.2.2. Las visiones pesimistas ........................................................................... 38

2.3. Una aclaración conceptual de algunos términos. .................................................. 39

2.3.1. eAdministración o eGovernment. .................................................................. 40

2.3.2. eGobierno, eGobernanza, Open Government o Gobierno abierto. .............. 41

2.3.3. eDemocracia. ................................................................................................ 42

2.4. Los principios generales de la Administración electrónica .................................. 43

2.4.1. El cambio organizativo .................................................................................. 43

2.4.2. La Interoperabilidad: ¿es posible la cooperación entre Administraciones Públicas, incluso entre sus distintos departamentos? .............................................. 45

2.4.3. La orientación al ciudadano. ......................................................................... 46

2.4.4. La igualdad y la seguridad en el acceso a los datos. ..................................... 48

CAPÍTULO 3º. HACIA EL GOBIERNO ABIERTO ............................................... 53

3.1. Los antecedentes. .................................................................................................. 53

3.2. Una aproximación al concepto de Gobierno abierto. ........................................... 54

3.3. Los principios del Gobierno abierto. .................................................................... 56

3.3.1. La transparencia ......................................................................................... 57

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3.3.2. La participación ......................................................................................... 57

3.3.3. La colaboración ......................................................................................... 58

3.4. Los factores del impulso del Gobierno abierto. .................................................... 59

3.5. Las limitaciones y las reticencias ......................................................................... 61

3.6. Especial referencia a la transparencia ................................................................... 63

3.6.1. La apertura de datos (Open data). ................................................................. 63

3.6.2. La transparencia y la rendición de cuentas .................................................... 65

3.6.3. La vinculación entre la Administración electrónica y la transparencia. ........ 67

3.6.4. El derecho a la transparencia ......................................................................... 68

3.6.5. Las organizaciones y las plataformas de transparencia ................................. 68

3.6.5.1. Transparencia Internacional ................................................................... 68

3.6.5.2. Los indicadores de transparencia ............................................................ 69

3.6.5.3. El índice de Percepción de la Corrupción IPC 2015 .............................. 70

3.6.6. Algunos ejemplos de buenas prácticas. ......................................................... 76

3.6.6.1. Irekia (en euskera, abierto) .................................................................... 76

3.6.6.2. Open data Euskadi.................................................................................. 78

CAPÍTULO 4º. LA CIUDADANÍA, LA ADMINISTRACIÓN Y LAS TIC ........... 83

4.1. Configurando un nuevo concepto: ciudadanía digital .......................................... 83

4.1.1. La ciudadanía, Internet y la comunidad virtual ............................................. 84

4.1.2. La ciudadanía y la democracia ...................................................................... 86

4.1.2.1. Las insuficiencias en el funcionamiento de los sistemas democráticos ........................................................................................................ 87

4.1.2.2. La contribución de las TIC al refuerzo de la democracia ....................... 88

4.1.2.3. El voto electrónico .................................................................................. 91

4.1.3. El ciudadano en red y la Administración Pública ......................................... 94

4.1.3.1. La interacción entre la Administración y la ciudadanía ......................... 94

4.1.3.2. El grado de satisfacción de los ciudadanos ............................................ 97

4.2. Las dificultades para el acceso a las TIC .............................................................. 98

4.2.1. La brecha digital ............................................................................................ 98

4.3. Los derechos de los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas. ..................................................................................................................... 102

4.3.1. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .................................................................. 103

4.3.2. La Ley de Protección de Datos Personales. ................................................ 104

4.3.3. El acceso electrónico de los ciudadanos. ..................................................... 107

4.3.4. La nueva Ley de Transparencia. .................................................................. 108

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4.3.4.1. Las trabas en el camino: las barreras administrativas y técnicas .......... 109

4.3.5. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ................................................................................................................ 110

4.4. Enlaces y ejemplos de buenas prácticas ............................................................. 115

4.4.1. Ciutadania4.0 .............................................................................................. 115

4.4.2. Decálogo de derechos de la ciudadanía para relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. ............................................ 116

4.4.3. Carta de los derechos electrónicos de las personas. .................................... 117

SEGUNDA PARTE. LOS AGENTES Y LAS ACCIONES PÚBLICAS ............... 119

CAPÍTULO 5º. APROXIMACIÓN A LA eADMINISTRACIÓN EUROPEA ...... 123

5.1. El desarrollo de la Administración electrónica en Europa ................................. 123

5.1.1. La Agenda de Lisboa 2000. eEurope 2002, 2005, 2010. ............................ 123

5.1.2. Resultados de los Planes eEurope ............................................................... 129

5.1.3. La estrategia Europa 2020. Agenda digital ................................................. 133

5.1.4. La valoración de la Estrategia 2020 ............................................................ 137

5.1.5. La Declaración de Malmö (2009). .............................................................. 139

5.1.6. El Plan de Acción Europeo sobre la eAdministración 2006-2010. ............. 140

5.1.7. El II Plan de Acción Europeo sobre la eAdministración 2011-2015 .......... 144

5.1.8. El balance de los Planes de Acción de la Administración electrónica ........ 145

5.1.9. Las perspectivas de futuro ........................................................................... 147

5.2. El Gobierno Abierto en la UE. Estrategias de transparencia .............................. 150

5.2.1. Los antecedentes .......................................................................................... 150

5.2.2. El Libro Verde en favor de la Transparencia .............................................. 151

5.2.3. El Portal de la Transparencia de la Unión Europea ..................................... 153

5.2.4. Open data UE. ............................................................................................. 153

5.2.5. European data Portal ................................................................................... 154

5.2.6. El nivel de madurez de los Portales de datos abiertos en Europa ............... 155

5.2.7. La Reutilización de la Información del Sector Público ............................... 157

5.2.8. La eParticipación ........................................................................................ 158

CAPÍTULO 6º. EL IMPULSO ESTATAL: PRINCIPALES MEDIDAS.............. 163

6.1. Las estrategias para el desarrollo de la Administración electrónica ................... 163

6.1.1. La iniciativa PISTA ..................................................................................... 163

6.1.2. El plan InfoXXI (2001-2003) ...................................................................... 164

6.1.3. El Plan de Choque 2003. ............................................................................. 167

6.1.4. El Plan Conecta, 2005 ................................................................................. 172

6.1.5. El Plan Avanza: referido a la eAdministración ........................................... 174

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6.1.5.1 Las actuaciones del Plan Avanza I para la eAdministración ................. 174

6.1.5.2. El Plan Avanza II (2011-2015). Administración sin papeles ............... 178

6.1.5.3. La normativa clave desarrollada en el Plan Avanza ............................. 181

6.1.6. La Agenda Digital en relación a la Administración electrónica.................. 182

6.1.7. La situación actual de la Sociedad de la Información y de la eAdministración en España ................................................................................... 188

6.1.7.1. Oferta de servicios ................................................................................ 197

6.1.7.2. Demanda de servicios ........................................................................... 199

6.1.8. Portales de la eAdministración .................................................................... 203

6.2. Las acciones de desarrollo del Gobierno abierto (Open Government) ............... 206

6.2.1. La transparencia y el buen gobierno ............................................................ 206

6.2.1.1. La Ley de Transparencia (LTBG) ........................................................ 206

6.2.1.2. La Publicidad Activa ............................................................................ 207

6.2.1.3. El Portal de la Transparencia (art.10) ................................................... 208

6.2.1.4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ................................... 209

6.2.1.5. Enlaces de transparencia. ...................................................................... 209

6.2.2. La apertura de Datos .................................................................................... 210

6.2.2.1. La reutilización de la información del sector público (Open data). ..... 210

6.2.2.2. La Ley de Reutilización de la Información del Sector Público. ........... 210

6.2.2.3. El Proyecto Aporta y datos.gob.es........................................................ 212

6.2.2.4. El Mapa de Caracterización de Iniciativas de Datos Abiertos en España ................................................................................................................ 213

6.2.3. La participación ........................................................................................... 215

6.2.3.1. La presencia en los medios sociales de la Administración General del Estado ............................................................................................. 215

6.2.3.2. Las encuestas de opinión ..................................................................... 217

6.2.4. La evolución de los compromisos internacionales con el Gobierno abierto .................................................................................................................... 217

6.2.4.1. El informe para España de la Alianza para el Gobierno abierto .......... 217

6.2.4.2. Opiniones adversas ............................................................................... 222

CAPÍTULO 7º. LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y EL GOBIERNO ABIERTO ..................................................................................................................... 229

7.1. La eAdministración electrónica en la Generalitat Valenciana ............................ 229

7.1.1. El Primer Plan de Modernización PEMAV 1996-1999 .............................. 229

7.1.2. El Segundo Plan de Modernización 2000-2003 .......................................... 230

7.1.3. El Tercer Plan de Modernización AVANTIC. 2004-2010. ......................... 232

7.1.4. Algunos proyectos emblemáticos ................................................................ 233

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7.1.5. La hoja de ruta de la Generalitat Valenciana, 2011-2105 ........................... 237

7.1.6. El Plan Gobernanza 2013 ............................................................................ 239

7.1.7. Agenda Digital 2014 ................................................................................... 240

7.1.7.1. Los ejes fundamentales de actuación .................................................... 241

7.1.8. Una aproximación a la situación actual ....................................................... 242

7.1.9. El futuro: el Plan Estratégico de la Administración electrónica 2014-2020 .............................................................................................................. 250

7.2. El Gobierno abierto ............................................................................................. 252

7.2.1. La Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana ....... 252

7.2.1.1. El objeto de la Ley ................................................................................ 253

7.2.1.2. La Publicidad Activa ............................................................................ 254

7.2.1.3. El Consejo de Buen Gobierno .............................................................. 255

7.2.1.4. La entrada en vigor ............................................................................... 256

7.2.2. El Portal de Transparencia: GVA Oberta .................................................... 256

7.2.2.1. La participación .................................................................................... 257

7.2.2.2. La transparencia .................................................................................... 258

7.2.2.3. El Open data ......................................................................................... 259

7.2.3. El nuevo Portal de Gobierno abierto ........................................................... 259

7.2.4. El Código de Buen Gobierno ...................................................................... 261

7.2.5. La estructura organizativa ........................................................................... 264

7.2.6. La GVA y Transparencia Internacional ...................................................... 266

7.2.7. Normativa y portales de Transparencia en otras Comunidades Autónomas. ............................................................................................................ 267

7.2.8. Datos en el desarrollo de los portales de Datos Abiertos en las Comunidades Autónomas. ..................................................................................... 272

TERCERA PARTE. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ALICANTE Y EL GOBIERNO ABIERTO.............................................................................................. 275

CAPÍTULO 8º. EL APOYO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. .......................................................................................................... 279

CAPÍTULO 9º. LAS WEBS DE LOS AYUNTAMIENTOS. .................................. 287

9.1. Análisis de la Administración electrónica .......................................................... 287

9.1.1. Indicado: brecha digital por población. ....................................................... 287

9.1.1.1. Según totalidad de Ayuntamientos: ...................................................... 287

9.1.1.2. Por tramo de habitantes: ....................................................................... 289

9.1.1.3. Por demarcación comarcal: .................................................................. 291

9.1.2. Indicador: estructura. ................................................................................... 293

9.1.2.1. Diferenciación entre web de municipio y web de Ayuntamiento ....... 293

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9.1.2.2. Portales web: desarrollo en pequeños municipios ................................ 294

9.1.2.3. Actualización de portales Pista Local+: evolución del modelo hacia Moderniza .......................................................................................................... 296

9.1.2.4. Portales propios .................................................................................... 300

9.1.3. Indicador: contenido. ................................................................................... 304

9.1.3.1. Idiomas. ................................................................................................ 304

9.1.3.2. Información general del municipio....................................................... 308

9.1.3.3. Entidades, equipamientos y servicios. .................................................. 311

9.1.3.4. Organización interna e institucional del Ayuntamiento ....................... 313

9.1.4. Indicador: servicios de tramitación en línea ................................................ 315

9.1.4.1. Sede electrónica .................................................................................... 318

9.2. El Gobierno abierto ............................................................................................. 322

9.2.1- Indicador: participación ciudadana y redes sociales ................................... 322

9.2.1.1. Contacto, quejas y sugerencias, encuestas............................................ 324

9.2.1.2. Buzón ciudadano .................................................................................. 326

9.2.1.3. Redes sociales ....................................................................................... 328

9.2.1.4. Brecha digital por población y redes sociales ...................................... 329

9.2.1.5. MunicipApp .......................................................................................... 330

9.2.2. Indicador: transparencia .............................................................................. 332

9.2.3. Indicador: la composición política y el interés por Internet y el Gobierno abierto. ................................................................................................................... 340

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 351

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 379

GRÁFICOS, TABLAS Y FIGURAS ......................................................................... 395

GLOSARIOS ............................................................................................................... 401

ANEXOS ...................................................................................................................... 403

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PRIMERA PARTE. EL MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

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CAPÍTULO 1º

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17

CAPÍTULO 1º. INTRODUCCIÓN

1.1. La justificación del tema elegido

En las últimas décadas se ha asistido a un crecimiento espectacular de la Sociedad

de la Información y al desarrollo de las Nuevas Tecnologías. Estamos inmersos en el

modelo tecnológico o virtual, que ha ido introduciéndose a pasos agigantados en nuestras

ciudades, en nuestra realidad cotidiana. El uso del ordenador e Internet y, lo que más nos

interesa, las gestiones de los particulares con las empresas públicas, las privadas y las

Administraciones Públicas, a través de la red, se ha ido extendiendo tanto en el ámbito

laboral como en el familiar. A ello hay que añadir la necesidad de transparencia en las

organizaciones públicas y la evidencia de una creciente, y activa, participación de los

ciudadanos a través de las redes sociales como consecuencia de la crisis económica y de los

casos de corrupción detectados en España en los últimos años.

Son abundantes los estudios sobre la aplicación y la influencia de las Tecnologías de

la Información y de la Comunicación (en adelante, TIC) en la Administración Pública. Sin

embargo, no puede decirse lo mismo en cuanto a los relacionados con las administraciones

locales. Nuestro trabajo pretende ser una contribución a éstos, aproximándonos a la

administración más cercana al ciudadano, la Administración Local, en el ámbito de la

provincia de Alicante y mediante el análisis de las páginas web de los distintos

Ayuntamientos alicantinos.

La elección del tema surge tras la lectura del artículo del Comisario Europeo Erkki

Liikanen, La Administración electrónica para los servicios europeos del futuro (Liikanen

2003) y el interés suscitado por conocer, en una primera fase, en qué situación se

encontraba la Administración electrónica más próxima a los ciudadanos, es decir, los

Ayuntamientos y, particularmente, los de la provincia de Alicante. Se trata también de

entender cuál es la realidad de Internet en la actualidad y su utilización por las

Administraciones Públicas y por los ciudadanos, así como la facilidad para acceder a los

servicios públicos de las administraciones, o a los problemas de su implantación. En una

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fase posterior, el radio de acción se amplió a la observación sobre la transparencia y el

Gobierno abierto en las Administraciones Públicas analizadas en la tesis.

En este sentido, la investigación que presentamos contribuirá a profundizar en los

trabajos elaborados sobre las estrategias públicas para el desarrollo de la sociedad de la

información en perspectiva comparada entre los tres niveles de la Administración Pública,

europea, estatal y autonómica y en un contexto global marcado por la crisis económica y la

internacionalización tecnológica. A la vez, contribuirá a reducir el déficit de estudios sobre

la provincia de Alicante en materia de Administración electrónica y de Gobierno abierto,

tanto en el análisis temporal –ya que el ámbito de estudio se prolonga en más de un

quinquenio, lo que nos ha permitido conocer la evolución en ese periodo-, como territorial,

al acercarnos a la Diputación Provincial, a los ayuntamientos y a las ELM de la provincia de

Alicante

Administración electrónica, Gobierno abierto, ciudadanos digitales, cultura

tecnológica, participación ciudadana, Internet, redes sociales: con estas premisas se teje el

fundamento de nuestra investigación.

1.2. Las bases teóricas y metodológicas

1.2.1. Los estudios sobre el Gobierno abierto y la ciudadanía digital

Es cada vez más habitual observar la puesta en marcha de iniciativas de Gobierno

abierto con objeto de “mejorar la transparencia de los gobiernos, fomentar la participación

de los ciudadanos en el diseño e implementación de políticas públicas y mejorar la

colaboración entre administraciones y entre éstas, la sociedad civil y el mundo empresarial”

(ONTSI, 2013b:7). Precisamente la cita anterior se extrae de uno de los últimos estudios

sobre esta materia, presentado por el equipo multidisciplinar del Observatorio Nacional de

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), sobre la Demanda y

uso de Gobierno abierto en España. El análisis, publicado en febrero de 2013, permite

conocer, entre otros aspectos, el perfil de los ciudadanos como usuarios y demandantes de

Gobierno abierto. El trabajo incluye los resultados de una encuesta específica a los usuarios

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del primer portal de Gobierno abierto en España (Irekia), establecido por el Gobierno

Vasco.

Por otro lado, el estudio de Rodrigo Sandoval sobre La larga marcha del Gobierno

abierto. Teoría, medición y futuro (Sandoval, 2013), plantea una propuesta de modelo de

medición del Gobierno abierto para portales web en México, basado en la aplicación de

siete componentes en los portales de transparencia, tras cinco años de trabajo: confianza,

valor de la información, mejora continua, rendición de cuentas, calificación de la

transparencia de dependencias internas, sistema de búsqueda y calificación de la

información y, finalmente, normatividad. Además, contribuye al debate sobre el Gobierno

abierto, clarificando la definición de datos abiertos y de transparencia en las

Administraciones Públicas. Sobre la realidad de las redes sociales en Internet como nuevo

espacio de innovación para las Administraciones Públicas, es interesante adentrarse en el

trabajo de J. Ignacio Criado y Fco. Rojas Martín, publicado en 2013.

Asimismo, cabe resaltar el trabajo coordinado por Andrés Hofmann, Álvaro

Ramírez Alujas y José Antonio Bojórquez La promesa del Gobierno abierto, realizado en

2012 y prologado por Joan Subirats. Entre las colaboraciones que nutren el libro, se

encuentran temas dedicados a los límites de la transparencia gubernamental y el acceso

ciudadano a la información pública, y a otros temas relativos al cuestionamiento acerca de

si es necesario más gobierno o más ciudadanía, o sobre la utilidad de los datos abiertos. Sin

lugar a dudas, una obra imprescindible en el desarrollo conceptual y práctico del Gobierno

abierto, especialmente en Iberoamérica.

Respecto a los portales que trabajen aspectos de Gobierno abierto, y en concreto, de

la transparencia, merece la pena destacar al grupo de investigación del Laboratorio de

Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (http://labcompublica.info), creado

en 2012 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los investigadores han pasado de

realizar un mero diagnóstico de los problemas a desarrollar instrumentos para “innovar en

periodismo y construir informaciones para que una ciudadanía plural (...) puedan ejercer sus

derechos en una sociedad democrática” (web). El proyecto Mapa de les bones pràctiques

de la comunicació pública local se desarrolla en este sentido, visibilizando los

ayuntamientos catalanes que mejor reflejan la calidad y la transparencia en sus webs

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(http://mapainfoparticipa.com/ca) Cabe destacar también un portal de reciente creación

sobre la transparencia de la administración estatal en España (http://transparencia.gob.es).

También nos han sido de gran utilidad otras webs con gran profusión de publicaciones,

como la del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, OIDP

(http://www.oidp.net) o el Instituto Internacional para la Democracia y la asistencia

electoral, IDEA (http://www.idea.int/es). Un lugar destacado merece, muy especialmente,

la labor de un grupo de investigadores que bajo el portal novagob, “la red social de la

administración pública”, (htpp://www.novagob.org) se dedican profundizar y dinamizar los

debates sobre aspectos relacionados con la innovación y el gobierno de la administración en

red.

Finalmente, en relación a las tecnologías y los ciudadanos, Enrique Alonso, en su

libro La quimera del usuario. Resistencia y exclusión en la era digital (2014), plantea la

dicotomía “ciudadanos vs usuarios”. Mientras que en el primer caso, el concepto de

ciudadano supone una aportación al compendio de derechos del individuo y a la extensión

de derechos civiles en Occidente; en el segundo, está todavía por ver el valor que la noción

de usuario aporta a la era digital, fuera de su orientación al consumo y no a la defensa del

sujeto ante las fuerzas del mercado. También José Manuel Robles (2009) nos introduce en

el concepto de ciudadano digital, en el breve ensayo aunque de gran interés, Ciudadanía

digital. Una introducción a un nuevo concepto de ciudadano, en el que se intenta plantear

los términos del concepto, sus implicaciones, debilidades y fortalezas, así como los riesgos

y limitaciones. Por otro lado, nos gustaría destacar la obra del profesor de la Universidad de

Alicante, Francisco Yus, titulada Virtualidades reales. Nuevas formas de comunidad en la

era de Internet (2008), en la que nos plantea la necesidad de una reinterpretación de la

dicotomía comunidad real/comunidad virtual dada la influencia de Internet sobre las

sociedades modernas en las que se ha producido una revalorización de la pertenencia al

grupo respecto al marco físico, lo que conlleva aspectos positivos –individuos conectados

entre sí, sin jerarquías, sin condicionamientos-, pero también genera nuevos dilemas

relativos a la dificultad de diferenciar entre el grupo social, las conductas comunitarias y la

experiencia de ser una comunidad vivida por los miembros. Y, por último, en la tesis La

administración pública en la sociedad de la información: antecedentes de la adopción de

las iniciativas de gobierno electrónico por los ciudadanos, de Juan Carlos Sánchez

Figueroa, se analiza la confianza de los ciudadanos en el Gobierno electrónico y se

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argumenta que un factor clave de esa confianza es la compatibilidad, es decir, que aquéllos

serán más proclives a utilizar las propuestas de Gobierno electrónico local cuanto más

coincidan con sus gustos, costumbres y con el modelo de interactuar en Internet.

1.2.2. Los planes estratégicos.

Entre los estudios de referencia, cabría resaltar la tesis de Carmen Ramilo Araujo,

Políticas Públicas, Instituciones y Actores para la Promoción de la Sociedad de la

Información y/o del Conocimiento, realizada en 2010, presenta un estudio comparado de

Catalunya y Euskadi sobre las políticas públicas de ambas Comunidades, destacando la

diferente elaboración de dichas políticas. En el primer caso, el impulso se produjo desde

abajo hacia arriba (el modelo pluralista) y con la colaboración de numerosos actores y, en

el caso de Euskadi, se siguió otro modelo diferente de diseño (el modelo jerárquico), en el

que la promoción se efectuó a través del propio gobierno apenas sin el concurso de otros

agentes. Juan José Verón Lassa presentaba, en 2014, al Programa de Doctorado en

Comunicación y Periodismo de la UAB, la tesis Las políticas públicas para la Sociedad de

la Información en Aragón, en la que analiza la incidencia de las inversiones públicas y las

políticas activas de las instituciones en favor del desarrollo de la Sociedad de la

información en Aragón como factor clave para salvar las situaciones de retraso en esa

Comunidad Autónoma. Antonio Alabau, por su parte, en su obra La Unión Europea y su

política para el desarrollo de la Administración electrónica, publicada en 2004, analiza las

estrategias llevadas a cabo en ese momento y critica la falta de una auténtica política de

Administración electrónica, suplida por los esfuerzos e iniciativas de personas

responsables y de directivos.

1.2.3. Los estudios sobre la eAdministración Local.

A lo largo de los últimos quince años se han realizado en España numerosos

estudios sobre el alcance de la Administración electrónica, sin embargo en las

administraciones locales, dichos trabajos son más bien escasos.

Entre ellos, refiriéndonos a estudios cuantitativos en los que se establecen unos

parámetros o indicadores y, a partir de ahí se lleva a cabo la evaluación de las webs,

podemos mencionar a Antonio Muñoz Cañavate y Celia Chaín (Chaín y Muñoz 2004), con

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varias publicaciones sobre la Administración local en Internet de los Ayuntamientos

murcianos. También en la Región de Murcia, Gregorio Moya (Moya 2003), profesor del

Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia, mostró el estado

de los servicios ofrecidos por los Ayuntamientos de la Región en el año 2003, proponiendo

una lista de servicios básicos en línea para la evaluación de las webs municipales. J. Ignacio

Criado (2004b), profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, realizó en 2004 el estudio de las páginas web

de los Ayuntamientos madrileños. En general, estos indicadores se agrupan en torno a

varios bloques temáticos:

● Información general del municipio: la historia, los símbolos, los planos del

municipio, los datos básicos de población.

● Entidades y equipamientos del municipio, independientemente de la titularidad de

los servicios de cultura, enseñanza, deportes…

● Organización interna: los órganos de gobierno, el organigrama, los presupuestos,

loa recursos humanos.

● Funciones y servicios del Ayuntamiento en la web, sean internos (gestión de

personal, servicio de informática…); personales (por temas: salud, enseñanza,

consumo, servicios sociales); por colectivos: mujer, jóvenes, tercera edad…), o

urbanos (urbanismo, vivienda, transportes públicos, mercados…).

● Dimensión institucional: la normativa, la actividad consistorial, el padrón, la

recaudación, las tasas…

En ese mismo año, los Ayuntamientos catalanes fueron estudiados por Miquel

Salvador, investigador de la Universitat Pompeu Fabra, y su equipo (Salvador, M. et al.

2004). Carmen Fenoll y Ciro Llueca, bibliotecarios y documentalistas, analizaron los

contenidos, la gestión y el diseño de los 154 Ayuntamientos con web de las comarcas de

Girona en enero de 2006, al tiempo que efectuaban una comparación con los datos

reflejados, en un artículo publicado por ellos mismos en 2001, en el que reflexionaban

sobre las tendencias observadas, así como con las perspectivas de futuro (Fenoll y Llueca,

2006). Es de destacar, también, la tesis de Esteve Ollé –dirigida por el profesor Manuel

Castell- sobre la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Barcelona, “una de las

instituciones locales con un proyecto de gobierno electrónico más avanzado del mundo”

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(Ollé 2007). En ella, presenta un análisis empírico en relación al nuevo modelo de

Barcelona como sociedad en red. Además, analiza la interacción entre innovación

tecnológica, cambio organizativo y transformación de los servicios públicos y los procesos

políticos del Ayuntamiento de Barcelona. El embrión de este trabajo se gestó en el estudio

interdisciplinario Proyecto Internet Catalunya PIC (Castell y Ollé 2004) que bajo la

dirección de Castell, desde el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la

Universitat Oberta de Catalunya, explora el desarrollo de la Sociedad de la Información en

el ámbito de dicha comunidad autónoma.

Finalmente, hay que destacar también la tesis de Susana De Juana Espinosa,

presentada en la Universidad de Alicante en el año 2005, en la que analiza el estado de

madurez de la Administración electrónica en los municipios españoles, desde el punto de

vista del desarrollo y de la estrategia de las organizaciones.

1.2.4. La metodología de la investigación

El proceso metodológico que ha permitido alcanzar los objetivos propuestos, se ha

basado en la combinación de aspectos teóricos y prácticos. A grandes rasgos, esos serían

los siguientes:

La revisión de la bibliografía relevante.

Análisis de la literatura científica sobre el tema objeto de la investigación y estudio

de las obras de referencia. Todo el trabajo se complementa con lecturas de

reconocidos autores en la materia, con artículos en revistas especializadas y con

espacios electrónicos de las distintas Administraciones Públicas en sus distintos

ámbitos (europeo, estatal, autonómico y local).

La determinación del universo a estudiar

Por un lado, se han seleccionado las estrategias más significativas llevadas a cabo

por los equipos gubernamentales y por las Administraciones Públicas de las

instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales para impulsar el Gobierno

electrónico y el Gobierno abierto. Y, por otro, se ha efectuado la materialización de

esa política en los portales web de los 141 Ayuntamientos y de las 3 ELM de la

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provincia de Alicante utilizando los siguientes indicadores: brecha digital por

población, estructura, contenido, servicios de tramitación en línea, participación

ciudadana y redes sociales, transparencia, y composición política e interés por

Internet y el Gobierno abierto.

El acceso a fuentes primarias y secundarias

Se ha acudido a las Comunicaciones, las Directivas, etc, tanto de la Comisión

Europea como del Comité Económico y Social Europeo y otras Instituciones de la

UE. Se han utilizado también las estadísticas de Eurostat para comparar la situación

de los distintos países europeos. En relación con los datos sobre los ayuntamientos

de la provincia de Alicante, ha sido de gran utilidad la información proporcionada

por la Unidad de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Alicante,

por así como por la base de datos online de la Unidad de Documentación, también

de la Diputación, los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), o

de la Asociación para los Medios de Comunicación (AIMC). Asimismo, se han

estudiado directamente las webs de los municipios de la provincia de Alicante,

incidiendo en las redes sociales. Finalmente, se han analizado los informes de

Transparencia Internacional España relacionados con la provincia de Alicante, así

como otros informes procedentes de organizaciones o de empresas similares y del

espacio web destinado a la transparencia en cada municipio.

La elaboración de una Base de Datos sobre los Municipios

En ella, se incluye toda la información extraída de las webs de los municipios

seleccionados. El periodo de estudio de la investigación se centra en un momento

inicial, 2006 y dos momentos clave, 2009 y 2015, razón por la que se presenta la

evolución en el desarrollo de la información de los portales.

La confección de cuadros y gráficos con la información analizada.

La selección de enlaces, espacios y ejemplos de buenas prácticas

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1.3. Los objetivos y la hipótesis de trabajo.

En líneas generales, el propósito de este estudio es analizar, en perspectiva

comparada, por un lado, los principales actores y acciones públicas sobre la Administración

electrónica (también conocida como eAdministración o Gobierno electrónico), el Gobierno

abierto u Open Government y la transparencia en el ámbito europeo, estatal, autonómico

valenciano y provincial. Y, por otro, conocer la situación actual de dicha Administración

electrónica y del Gobierno abierto en los ayuntamientos de la provincia de Alicante

mediante la observación de los portales webs municipales.

¿Cuál es el objetivo? Estudiar los servicios públicos basados en web, identificar las

buenas prácticas, conocer qué municipios y autoridades locales se han comprometido con el

desarrollo de las nuevas tecnologías para, entre otras finalidades, mejorar la transparencia

en su política y gestión, mantener a los ciudadanos bien informados sobre los servicios a

que tienen derecho, o detectar si han avanzado en la modernización de sus servicios. En

definitiva, se trata de saber si hay mejora en la calidad de los servicios públicos ofrecidos a

sus conciudadanos, en tres direcciones:

la información a los ciudadanos

la realización de trámites administrativos

la participación ciudadana y la transparencia

A tal efecto, la hipótesis principal de esta investigación es que el Gobierno abierto y la

transparencia constituyen una evolución de la Administración electrónica, o

eAdministración, y se han visto favorecidos por la presión social ante la situación de crisis

económica, los casos flagrantes de corrupción política y empresarial y la aparición del

fenómeno de las redes sociales en Internet. Para ello, la tesis doctoral intenta responder a

las cuestiones clave que a continuación se plantean y que han ayudado en el proceso de

desarrollo del trabajo:

1ª.- ¿Qué es la Administración electrónica, o eAdministración, y cuáles son sus principales

características?

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2ª.- ¿Qué se entiende por Gobierno abierto y Transparencia, qué principios engloba el

Gobierno abierto y cuáles son los factores que lo impulsan en la actualidad?

3ª.-La Transparencia, ¿es una exigencia de los ciudadanos, o una corriente a la que se han

adherido las Administraciones Públicas?

4ª.- ¿De qué forma han contribuido las TIC e Internet al desarrollo de la eAdministración y

de unos gobiernos más transparentes?

5ª.- ¿Qué vinculación existe entre la Administración electrónica y el Gobierno abierto? ¿Es

un agotamiento o una evolución del modelo de la eAdministración?

6ª.- ¿En qué mejoran las TIC los déficits democráticos de las sociedades occidentales?,

¿Contribuyen a impulsar la participación ciudadana y a incrementar la interacción entre la

Administración Pública y la ciudadanía? Con internet y las nuevas formas de

relacionarnos, con lazos directos y horizontales a través de la red, ¿estamos ante un

profundo cambio en nuestras sociedades, como indica Joan Subirats “no forzosamente

mejor, ni más justo, pero sin duda distinto” (2011:33)?

7ª.- ¿Qué actores y acciones públicas se han llevado a cabo en Europa, en la Administración

estatal y en la autonómica para fomentar la Administración electrónica y el Open

Government? Concretamente, queremos conocer cómo de significativo ha sido el impacto

de Internet en los procesos de intervención política y administrativa, si las distintas

instituciones han tenido un papel activo en el desarrollo de la Sociedad de la Información y

si el contexto global ha influido en el diseño de la estrategia política.

8ª.- En relación con la Administración Local, ¿Qué grado existe de cumplimiento en la

apuesta por la Administración electrónica y el Gobierno abierto?, ¿es sólo una moda

pasajera o hay un compromiso y necesidad de que persista?, ¿utiliza la Administración

Local la Sociedad de la Información para mejorar los servicios que ofrece a los

ciudadanos?, ¿de qué información se dispone?, ¿ofertan servicios no presenciales?, ¿en qué

medida los ciudadanos perciben una mejora en los servicios públicos a través de la

Administración electrónica?, ¿qué nuevos derechos de los ciudadanos han surgido en este

entorno tecnológico-virtual?. Por el contrario, ¿todo ello no es más que una forma de que la

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Administración transmita modernidad, de dar una imagen de estar a la última, de actuar

sobre la realidad para pretender modificarla de acuerdo con las directrices que recibe del

mundo de la política? (Beltrán 2003).

9ª.- ¿Se ha configurado un nuevo concepto de ciudadano enmarcado en una nueva

comunidad virtual? Y, si es así, ¿qué derechos le asisten en relación con la Administración

electrónica y el Gobierno abierto?

De hecho, en esta tesis se quiere poner el énfasis en los ciudadanos y ciudadanas, ya

que es a ellos a quienes debería beneficiar y dirigirse cualquier cambio que la aplicación e

influencia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) produjera en

las organizaciones. Y, en concreto, se profundizará en los siguientes aspectos:

los servicios de Administración electrónica y de la ciudadanía.

Se trata de aproximarnos a la Administración Pública con más impacto directo en el

ciudadano, la Administración Local. En concreto, a los municipios del ámbito de la

provincia de Alicante y a través del análisis de las páginas web de los distintos

Ayuntamientos alicantinos. También interesa conocer si los portales de información

abierta son una moda impuesta por el devenir de la tecnología, o si son percibidas

por el usuario como una mejora en las relaciones con la administración, sus

representantes políticos y los ciudadanos.

el Gobierno abierto y la ciudadanía.

El Gobierno abierto trae aparejado un cambio en la relación entre ciudadanos y el

gobierno y entre los ciudadanos entre sí. Las TICs no se adoptan sólo para

proporcionar una información pasiva al ciudadano, sino que éstos son parte activa

en el proceso de la toma de decisiones. Además, presenta nuevos conceptos de

ciudadanía, tanto por lo que se refiere a las necesidades del ciudadano como a sus

responsabilidades. Se trata, en suma, de comprometer, capacitar y dar poder al

ciudadano.

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De ahí que se identificarán las buenas prácticas de gobierno abierto para conocer

qué municipios y qué administraciones locales se han comprometido con el

desarrollo de las nuevas tecnologías con objeto de, entre otras finalidades, mejorar

la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos y cómo se valora el

grado de transparencia y la apertura de sus gobiernos. Y, asimismo, la participación

ciudadana: ¿Cuál ha sido el impacto de Internet y las redes sociales en la

participación social y política de los ciudadanos? ¿han incorporado los

ayuntamientos las redes sociales?,¿cuál es la relación entre la crisis económica y la

eclosión de las redes sociales en el entorno europeo?

los derechos digitales y la ciudadanía.

Otra cuestión es si la Administración asume los derechos de los ciudadanos que han

surgido en este entorno tecnológico-virtual o, si por el contrario, se limita a respetar

la tendencia de estar a la última con el fin de transmitir modernidad, de actuar sobre

la realidad para pretender modificarla de acuerdo con las directrices que recibe del

mundo de la política (Beltrán, 2003).

1.4. La estructura de la investigación

Para lograr los objetivos propuestos la tesis se ha estructurado en tres partes, cuyo

desarrollo contribuirá a esclarecer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el

Gobierno electrónico y el Gobierno abierto en las Administraciones Públicas.

Así, en la primera parte, que consta de tres capítulos, se fundamentan las bases

teóricas de la Administración electrónica, el Gobierno abierto y la ciudadanía digital. Por lo

que respecta a la Administración electrónica (también denominada, Gobierno electrónico o

eAdministración), se han tratado los aspectos más relevantes que debería haber conllevado

la aplicación de las TIC en las Administraciones Públicas, esto es, el cambio organizativo,

la cooperación entre Administraciones, la orientación al ciudadano, la disminución de la

brecha digital y la seguridad de las transacciones. En el segundo capítulo, se ha

desarrollado el estudio sobre el concepto, los principios, los factores de impulso y las

limitaciones del Gobierno abierto, con especial referencia a la transparencia, a las

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organizaciones y a las plataformas de transparencia más significativas. El tercer capítulo lo

hemos dedicado a la ciudadanía, especialmente al concepto de ciudadanía digital o en red y

a los distintos escenarios en los que la situamos: la comunidad virtual, el sistema

democrático, la Administración Pública, la brecha digital y los derechos de los ciudadanos

en este entorno tecnológico. Sendos apartados finalizan con ejemplos de buenas prácticas

detectados en la red.

En la segunda parte de la investigación, hemos afrontado el estudio de los actores y

de las acciones principales que desde el Gobierno electrónico están desembocando en el

Gobierno abierto y las estrategias adoptadas para su desarrollo. Nos referimos, tanto a la

regulación y principales estrategias políticas diseñadas por las instituciones de la UE, por la

Administración General del Estado y por la Generalitat Valenciana en materia de desarrollo

y promoción de las tecnologías digitales y de la transparencia, llevadas a cabo en el espacio

temporal de los últimos quince años, como a las buenas prácticas que se estén realizando en

sendos niveles de las organizaciones públicas.

Finalmente, la parte tercera, para cuyo estudio es necesario todo el análisis anterior,

se centra en exponer la evolución seguida de la Administración electrónica, desde el año

2006, y aproximarnos a la situación actual del Gobierno abierto en las corporaciones

locales de la provincia de Alicante (en 141 Ayuntamientos y en 3 Entidades Locales

Menores, en adelante ELM), mediante el estudio de la herramienta más visible para el

ciudadano, los portales de las webs municipales y utilizando los siguientes indicadores:

brecha digital por población, estructura, contenido, servicios de tramitación en línea,

participación ciudadana y redes sociales, transparencia, y composición política e interés por

Internet y el Gobierno abierto. Sin olvidar la contribución que la Diputación Provincial de

Alicante ha representado en el apoyo y la modernización de los pequeños ayuntamientos.

La tesis finaliza con las conclusiones, como recopilación y reflexión acerca de los

principales elementos surgidos a lo largo de la investigación y con el planteamiento de

posibles líneas de trabajo a desarrollar en el futuro.

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CAPÍTULO 2º

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CAPÍTULO 2º. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Una de las líneas de nuestro trabajo de investigación, pretende ser una aproximación

a la Administración Pública más cercana al ciudadano, la Administración Local, en el

ámbito de la provincia de Alicante y a través del análisis de las páginas web de los distintos

Ayuntamientos alicantinos.

Pero, antes de iniciar este estudio, consideramos que es elemental clarificar una

serie de conceptos fundamentales para el entendimiento de la interrelación entre las TIC y

las Administraciones Públicas.

2.1. La modernización y la innovación administrativa.

Aunque los planes de reforma o modernización suelen entenderse como un conjunto

de medidas y objetivos, tanto a medio como a largo plazo, aprobados por un gobierno para

llevar a cabo diferentes actuaciones y cuya responsabilidad y puesta en marcha recae en los

departamentos de la organización con competencias en la materia, en la actualidad

asociamos esta estrategia de modernización o innovación1 administrativa en las

organizaciones públicas con la adopción de medidas para implantar las denominadas TIC.

Sin embargo, contra esa percepción la modernización administrativa no es tan reciente

como podríamos pensar, sino que la “adopción de tecnologías ha sido y es un proceso

político y administrativo abierto”, en continua evolución (Criado,2003:3). Desde la mitad

del pasado siglo, las Administraciones Públicas son usuarias de forma intensiva de

tecnologías, adoptando las que en cada momento estaban desarrolladas. Así, en los años 60

se incorporaron a las Administraciones Públicas los mainframe, enormes ordenadores que

dominaron la informática en ese periodo, y que permitían rapidez en el cálculo numérico a

gran escala y una enorme capacidad de programación. La política de informatización que

imperaba en ese periodo tuvo como consecuencia el refuerzo de las grandes organizaciones

burocráticas.

En un segundo estadio, se pasa a la utilización de microordenadores con el

desarrollo de hardware –soporte físico- y software –programas-, en una interfaz mucho

1El término”reforma administrativa” ha sido empleado en España a lo largo de los 60 y 70. “Modernización” ha sido más usual en los 80 y 90, por cuanto se vinculaba a los procesos de cambio político y social.

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más intuitiva para el usuario en el ámbito del trabajo y hogar. De esta época es la

comercialización, en 1974, del famoso ALTAIR 8080 de la compañía MITS (Micro

instrumentation Telemetry Systems, Inc.), que podía ser vendido por piezas para que lo

ensamblara el aficionado a la informática doméstica, convertido en técnico. O una versión

mejorada, con pantalla integrada, aparecida dos años después. El primer producto de la

marca Apple, surgió en 1977 y marcó un hito en la evolución de los microordenadores.

Estas innovaciones favorecieron la apuesta de una política informática más clara en las

administraciones y que comenzasen a replantearse sus estructuras tradicionales.

Pero será sobre todo a partir de la década de los 80 el momento en el que se gestan

los grandes avances en el proceso de integración de la informática y las

telecomunicaciones. Entonces se produce un incremento en la capacidad de procesar datos,

surge la microinformática y se desarrollan las telecomunicaciones digitales y la posibilidad

de transmitir datos a equipos remotos. Todas estas transformaciones se plasman también en

las organizaciones públicas a través de un cambio tecnológico crucial, asociado a la

transmisión de datos y a una profunda evolución en sus capacidades de gestión.

Finalmente, desde principios de los 90, asistimos a una revolución innovadora en la

sociedad en la que las Administraciones Públicas han avanzado también a la par que ha

cambiado radicalmente nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos y de organizarnos

socialmente. El uso masivo de Internet y su concreción en las aplicaciones de la World

Wide Web (www), ha desbancado cualquier previsión estadística de los últimos veinte años

hasta tal punto que “el ciudadano está tan rodeado de tecnología que se hace impensable,

imposible la subsistencia sin ella” (Roche 2005: 37). Así, si a finales de 1995, los usuarios

de Internet se calculaban en torno a nueve millones; más recientemente, la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), órgano especializado de las Naciones Unidas

para las TIC, ha estimado que a lo largo de 2014 se ha alcanzado la cifra de 3.000 millones

de usuarios, el 55% de los cuales se sitúan en países en desarrollo, sobre una población

mundial cifrada en unos 7.300 millones de habitantes para ese mismo año según la ONU

(2014). Internet no sólo es la base material y tecnológica de la sociedad en red de Castells,

sino también “es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de

nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran

corporación en la era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma socio-técnico

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que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de

relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y

transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que

vivimos” (Castells,2000:en línea). En este marco, se entronca en las Administraciones

Públicas el desarrollo de la Administración electrónica, o eAdministración

Para concluir este apartado, es importante resaltar que si bien en las fases de la

evolución de este proceso hemos hablado de modernización, por cuanto ha sido un término

usualmente empleado en los planes estratégicos de la mayoría de las Administraciones

Públicas, sin embargo otro término muy empleado es el de innovación, como indica el

profesor José Manuel Canales (2003), más acorde con el actual desarrollo de la Sociedad de

la Información. En todo caso, sea cual sea la denominación, no existe un modelo claro e

irrefutable para implantar estrategias de modernización o innovación en las

Administraciones Públicas y éstas deberán basarse para su desarrollo en el seno de la

organización, en decisiones políticas legítimas que lo impulsen y que respondan a las

exigencias de los ciudadanos y de la sociedad civil.

2.2. La interacción entre TIC y las Administraciones Públicas.

2.2.1. Las causas. Enfoque tecnológico y enfoque socio-técnico

¿Por qué se implantan las TIC en las organizaciones Públicas? ¿Los avances

tecnológicos se incorporan de forma inevitable en las administraciones o forman parte de

decisiones meditadas? Entre algunas de las teorías que se manejan, vamos a ver

someramente de qué trata la versión tecnológica y la social, para explicar de forma

diferente las relaciones causales entre las TIC y las Administraciones Públicas.

2.2.1.1. El determinismo tecnológico

Todos los autores coinciden en señalar que las TIC son responsables de las

consecuencias positivas o negativas, generadas como resultado de su incorporación a las

instituciones públicas. Por tanto, habría que asumir que las TIC constituyen el centro de la

Administración electrónica y de las innovaciones en materia de modernización

administrativa y de gobierno y, en consecuencia, son capaces por ellas mismas de “generar

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innovaciones o producir transformaciones automáticas dentro de los entornos

institucionales en los que se inscriben, con independencia de sus características, incluyendo

las organizaciones públicas” (Criado,2009:77). Por tanto, Internet y el desarrollo de las

webs han supuesto unos resultados muy positivos para las estructuras de las organizaciones,

para su personal y el resto de ciudadanos, así como para el propio sistema político y de

gobierno, pues ha permitido una mejora en la participación general de la sociedad.

Sin embargo, J.I. Criado considera que la teoría de la tecnología como agente

autónomo de transformación en el sector público, no explica por qué se incorporan unas

tecnologías en lugar de otras, o por qué no se generan los cambios esperados; simplemente,

para los defensores de esta postura, las TIC en las administraciones serían un proceso

independiente del contexto organizativo.

2.2.1.2. El enfoque socio-técnico

Esta perspectiva, de determinismo social, pone el punto de mira en los seres

humanos, en que las conquistas tecnológicas son creaciones sociales y cumplen unos

determinados objetivos y funciones. Por lo demás, este enfoque ha estado también cercano

a otras teorías sociológicas que han intentado reflexionar sobre la influencia de las TIC en

la Sociedad de la Información. De hecho, para Manuel Castells, “los productores de la

tecnología de Internet fueron fundamentalmente sus usuarios” (Castells, 2000:en línea). Es

la sociedad la que interviene de manera decisiva, desechando o impulsando, lo que la

técnica le ofrece. El profesor J.I. Criado matiza esta cuestión, ya que piensa que “la

tecnología no determina la sociedad, la plasma, pero tampoco la sociedad dicta el curso de

la innovación tecnológica, la utiliza” (Criado, 2009:81). Internet, por poner el ejemplo más

evidente, no sólo constituye un avance técnico, es fundamentalmente un medio de

comunicación, de información, de interacción entre los ciudadanos; y es mucho más que el

hecho de suponer un gigantesco paso en el campo de las telecomunicaciones, ha

transformado los modelos de vivir, trabajar y divertirse de los ciudadanos. Al respecto, M.

Castells (2001a:18-19) opina que “la gente, las instituciones, las empresas y la sociedad en

general transforman la tecnología, cualquier tecnología, apropiándosela, modificándola y

experimentando con ella, lo cual ocurre especialmente en el caso de Internet, al ser ésta una

tecnología de la comunicación. La comunicación consciente (el lenguaje humano), es lo

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que determina la especificidad biológica de la especie humana. Como la actividad humana

está basada en la comunicación e Internet transforma el modo en que nos comunicamos,

nuestras vidas se ven profundamente afectadas por esta nueva tecnología de la

comunicación. Por otro lado, al utilizar Internet para múltiples tareas vamos

transformándola. De esta interacción surge un nuevo modelo socio-técnico”.

2.2.2. Los efectos. Visión utópica versus visión pesimista

¿Qué efectos ha tenido para las Administraciones Públicas la evolución de las

tecnologías e Internet? Podemos hablar de diferentes visiones del fenómeno, entre los

investigadores que se han adentrado en su estudio, a favor y en contra, a pesar de que

ambos extremos reconocen que las tecnologías han intervenido en el proceso de

modernización del sector público.

2.2.2.1. Las visiones optimistas

Los “sueños utópicos” de los que habla J.I. Criado (2009:476 y ss), se centran en los

aspectos beneficiosos de las tecnologías para la sociedad y para las Administraciones

Públicas, destacando entre ellos los siguientes:

● Promueven valores deseables y progresivos para la sociedad y las organizaciones.

Las TIC traerían una sociedad ligada a la información y a las comunicaciones y más

desarrollada económicamente.

● Mejoran la responsabilidad, la transparencia y la apertura de las instituciones

políticas.

● Potencian las redes sociales y las herramientas de participación de los ciudadanos en

la toma de decisiones públicas.

● Facilitan, a través del acceso a información compartida, la armonía del sistema

político y el desarrollo de valores comunitarios, ligados a la adopción y difusión de

las tecnologías y de la igualdad vinculada a la eliminación de las estructuras de

poder, que van asociadas a la posesión de la información.

Además, desde el punto de vista organizativo, se argumenta una mayor eficacia,

eficiencia y economía en las Administraciones Públicas a través de la adopción de

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tecnologías, todo ello fundamentado en la importancia de compartir el conocimiento en el

seno de las organizaciones. Al respecto, subrayan los siguientes beneficios:

● El uso de las tecnologías e Internet, sobre todo, en los servicios públicos tiende a

difuminar el poder de las burocracias tradicionales. Las tareas son más técnicas y

complejas y se reparten entre trabajadores más preparados en TIC y que rechazan

trabajar bajo sistemas clásicos de control y jerarquía.

● Las TIC facilitan la difusión de conocimiento y posibilitan relaciones más

cooperativas entre los grupos débiles o entre ellos y las organizaciones más

poderosas en un entorno de redes.

● Las tecnologías transforman lo que las Administraciones Públicas hacen y cómo lo

hacen siguiendo la idea de progreso tecnológico continuo.

2.2.2.2. Las visiones pesimistas

Frente a las teorías, más o menos utópicas, encontramos el lado opuesto y escéptico en

relación con la bonanza de las tecnologías en el mundo actual, tanto para la administración

como para la sociedad. En este sentido, señala J.I.Criado que “las TIC tienen un claro

potencial para generar graves problemas dentro de los sistemas de gobierno de las

sociedades democráticas”, resaltando entre ellos los siguientes:

Permiten la intromisión y el control de los ciudadanos, sin que éstos sepan el

origen de ese ojo que todo lo ve. La Sociedad de la Información puede hacer

realidad en nuestras sociedades el miedo al futuro, vigilado e incierto, planteado

casi premonitoriamente en las obras “Un mundo feliz”, de A.Huxley (1932) y

“1984”, de G. Orwell (1954).

Ofrecen a los gobiernos mayores posibilidades para la identificación, el control

y el escrutinio de la ciudadanía. Esto se ha puesto de manifiesto con la

necesidad de más seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, del

11 de marzo de 2004 y de los ataques terroristas sufridos con posterioridad a esa

mítica fecha. Seguridad y libertad, no siempre combinan de la mejor forma para

el ciudadano.

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Posibilitan usos inadecuados o inseguros de potentes bases de datos de los

ciudadanos. A pesar de las leyes de protección de datos personales, no siempre

es una prioridad para los gobiernos.

Pueden incrementar las diferencias entre los ricos y los pobres desde el punto de

vista del acceso a la información. Surge así, la denominada “brecha digital”, o el

riesgo de exclusión tecnológico tanto por la clase social, por el género, la edad,

el nivel educativo, el idioma o el lugar de residencia, entre otras.

Por otra parte, por lo que respecta a las administraciones e instituciones, estas

posiciones pesimistas defienden que:

Aunque son evidentes las posibilidades de las tecnologías para recoger,

almacenar y distribuir información en las organizaciones públicas, existe una

tendencia a centralizar el poder en las secciones y en los departamentos de las

administraciones relacionados con la provisión interna de los servicios

informáticos. De manera que, estos grupos de poder terminan influyendo en las

decisiones sobre qué equipamiento tecnológico adquirir y acerca de cómo

organizar su acceso y de estandarizar y regular su uso. Las TIC se convierten,

así, en instrumentos al servicio de las dinámicas organizativas dominantes.

Los más pesimistas no dejan de advertir que, aunque las tecnologías provoquen

ventajas de muchos tipos, los problemas que conllevan, tales como caídas de los

sistemas informáticos o los fallos administrativos en sectores delicados, suponen

un riesgo importante para las sociedades democráticas. Se refieren con ello a la

pérdida de datos por parte de algunas Administraciones Públicas, o al acceso de

terceros ajenos a la administración a los datos particulares de los ciudadanos.

2.3. Una aclaración conceptual de algunos términos.

Existe cierta confusión en torno a diferentes términos que han aparecido de la mano

de la Administración electrónica y que han servido para abrir un debate, todavía no

resuelto. Veamos algunos de ellos.

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2.3.1. eAdministración o eGovernment.

De este término deriva el de Administración electrónica propiamente dicho, que es

como se conoce en España la mejora de los servicios públicos a los ciudadanos y la

simplificación de los procedimientos, a través de las tecnologías de la información y de la

comunicación (TIC). Además, engloba el establecimiento de Internet como fuente de la

actividad administrativa y las relaciones entre Internet y todas las Administraciones,

asociadas a la agenda de reforma en la gestión de las Administraciones Públicas (Criado y

Ramilo, 2001: 124).

El término más extendido fuera de nuestras fronteras es el de eGovernment

(electronic-government), basado en la experiencia de los EEUU como grandes promotores

de la red y muy usual en el ámbito hispanohablante. Sin embargo, para E.Aibar y F.Urgell,

la traducción incorrecta de este término inglés por el de “Gobierno electrónico” en vez de

“Administración electrónica”, es agravada por incorporar a la definición diferentes planos,

lo que ha dado lugar a que surjan otros conceptos como “gobernanza electrónica”, que son

intercambiados indistintamente con el de “Administración electrónica” (Aibar y Urgell,

2007: 123).

Aunque no existe un acuerdo absoluto en torno a la definición, “sus características

más sustantivas o las formas más adecuadas de analizar de manera concreta políticas,

proyectos y actuaciones”, en esta investigación se asume la acepción eAdministración

integrada en el término inglés de eGovernment, siguiendo al profesor J.I.Criado (2009:42).

Y es que esta propuesta, muy aceptada entre los investigadores de las Administraciones

Públicas, conecta con otros términos, como e-Democracia y eGobernanza, como enseguida

explicaremos.

Así pues, para entender qué es la eAdministración, acudimos a la interpretación que

realiza la Comisión Europea. eGovernment se define aquí como el “uso de las tecnologías

de la información y de las comunicaciones (TIC) en las Administraciones Públicas

combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los

servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”

(2003a:7)

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De esta definición se extraen tres grandes líneas interpretativas, que,

interconectadas, resumen el marco de la Administración electrónica:

1ª. El uso de las TIC e Internet en las Administraciones Públicas va acompañado de un

cambio organizativo y de nuevas aptitudes entre sus equipos de dirigentes y de

trabajadores que permite la eficacia de la actividad administrativa, consagrada en el

artículo 103 de la Constitución Española y, por consiguiente, la mejora de los servicios

públicos.

2ª. La mejora de los procesos democráticos

3ª. El refuerzo de las políticas públicas

El primer apartado de la definición anterior implica la provisión de “información, la

prestación de servicios públicos y la innovación en la gestión administrativa

(eAdministración)”. Por lo que respecta a la mejora de los procesos democráticos, el

segundo, supone “la facilitación de la participación de los ciudadanos en los procesos

democráticos, campañas y comicios electorales, así como la interacción con los candidatos

y los partidos políticos (eDemocracia)” y, finalmente, el tercero lleva consigo “la

promoción de un nuevo modelo de gobernanza de los sistemas democráticos y las políticas

públicas (eGobernanza)” (Criado, 2009: 43).

Como vemos, no podemos desligar del todo los conceptos que estamos manejando

(eAdministración, eDemocracia y eGobernanza), por cuanto son áreas diferenciadas pero

no absolutamente estancas.

2.3.2. eGobierno, eGobernanza, Open Government o Gobierno abierto.

Este término es el más ambiguo, por usarse con gran confusión entre expresiones

más o menos en boga. Puede plantearse como la aplicación de las TIC en las relaciones

que la Administración tiene con otros agentes, ya sea con otras administraciones, con

empresas o con el mismo ciudadano. Se trataría de la mejora continua en la prestación de

servicios de información desde los gobiernos a la sociedad, contando siempre con el uso de

las TIC, e intentando mejorar el suministro de información ofrecido, aumentar la

efectividad de la gestión pública e incrementar la transparencia del sector público y, con

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ello, la participación de los ciudadanos. Aunque el concepto que se está imponiendo es el

de Gobierno abierto, de sus matices con respecto a los otros que hemos aportado en este

epígrafe, trataremos en el capítulo 3.

2.3.3. eDemocracia.

Como ocurre con las expresiones anteriores, también en ésta existe una variada

interpretación, por ejemplo, podemos encontrar referencias a democracia electrónica, a

voto electrónico, a voto por Internet, a política virtual, a ciberdemocracia, a democracia

online, a tele-Democracia, entre otros, conceptos que responden a nuevas formas de

comunicación, de información y de consulta a los ciudadanos que han ido implantándose al

amparo del modelo de la Administración electrónica. A través de estos términos2 se

recogen los cauces de participación ciudadana que genera la Administración a través de las

TIC. En este sentido, la eDemocracia supone “la utilización de las TIC e Internet para

desarrollar nuevos instrumentos de innovación y participación de los ciudadanos en los

procesos democráticos, las campañas y los comicios electorales, así como la interacción

con los candidatos, los partidos y otros actores políticos” (Criado, 2009: 44).

Son comprensibles las reticencias3 en torno al uso de las tecnologías en la

democracia participativa, puesto que cualquier sistema de eDemocracia debe partir del

respeto al principio constitucional que regula que “el Congreso se compone de un mínimo

de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo

y secreto, en los términos que establece la ley” (art. 68.1 CE). Pero, no es menos cierto que,

al margen de esa controversia, las tecnologías suponen también un gran reto para intentar

erradicar algunos de los lastres de las sociedades modernas actuales como son la apatía, la

desafección y cierto descrédito de la vida política (Canales, 2005). En este sentido, las

tecnologías pueden suponer un gran potencial para generar espacios de debate político y de

interacción con los ciudadanos, pues incrementan el nivel de participación y de cultura

democrática de las comunidades. Éstas serían consultadas para expresar e integrar sus 2 No obstante, hay algunos matices diferenciadores, como el voto electrónico –ejercido a través de procedimientos electrónicos- y el voto por Internet –realizado mediante la red de redes-. 3 Ventajas: 1.Precisión, confidencialidad y seguridad. 2. Rapidez. 3. Ejercicio secreto. 4. Autenticidad del voto. 5. Reducción de costes. 6. Reducción de trabajo en el escrutinio. 7. Fortalecimiento de la participación pública en el proceso democrático. 8. Intercambio de información. 9. Acercamiento de la sociedad a las nuevas tecnologías. Carencias e inconvenientes: 1. Falta de seguridad. 2. Discriminación cultural. 3. Control técnico versus control jurídico. 4. Excesivos gastos. 5. Protección del secreto del voto. 6. Ficticio incremento de la participación. Véase, Fernández Riviera, R.Mª (2001)

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preferencias en las políticas de sus Administraciones Públicas; y, además, en continua

retroalimentación, pueden demandar más “transparencia, participación y equidad” (Criado,

2009: 45).

2.4. Los principios generales de la Administración electrónica

2.4.1. El cambio organizativo

Desde principios del siglo XX, el modelo burocrático weberiano, caracterizado

principalmente por una estructura jerárquica y la uniformidad de rutinas y procesos,

garantizada por procedimientos de actuación formal y racional, había sido el sistema

predominante en la organización de la Administración Pública, sistema cuya estabilidad

estaba por encima de las personas (Aibar y Urgell, 2007: 110).

Este sistema se pone en entredicho en la década de los ochenta, cuando se cuestiona

la rigidez, la inflexibilidad de los procesos y el exceso de normatividad como formas

anquilosadas que dificultaban la respuesta de la burocracia pública a un mundo sometido a

profundas transformaciones sociales, políticas y culturales y que comienza a experimentar

la globalización de los mercados. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las tareas

propiamente administrativas, se criticaba la baja productividad e ineficiencia de los

empleados públicos, consecuencia –presumiblemente-, de la garantía de permanencia en el

puesto de trabajo (olvidando con ello, la esencia de su carácter vitalicio: evitar la

arbitrariedad de los poderes públicos).

En este contexto se situó el surgimiento de la Nueva Gestión Pública (NGP), basada

en el modelo de gestión, competencia y organización del sector privado, y que se

caracteriza, principalmente, por intentar crear estructuras reducidas menos jerarquizadas,

descentralizadas y que permitan cierta flexibilidad administrativa; por enfatizar la

eficiencia, la eficacia y la orientación al ciudadano; por establecer un criterio general de

evaluación por resultados y por introducir técnicas financieras privadas en el sector público

(Aibar y Urgell,2007:112)4.

4Estos autores también indican que este sistema no está exento de crítica y recientemente también han aparecido estudios que defienden elementos tradicionales de la burocracia, en contraposición a la NGP que ha propugnado una reducción drástica de los aparatos administrativos (y, en general, del Estado), basada, en parte, en procesos de privatización; al

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¿Qué cambio han provocado las TICs, en esta estructura organizativa de las

Administraciones Públicas?

Los profesores E.Aibar y F.Urgell se muestran reacios a considerar la

Administración electrónica, como una sencilla forma tecnificada de la NGP, aunque no

dudan en admitir sus vínculos: la orientación hacia el ciudadano, como cliente del sector

público (no en vano es consumidor de servicios públicos) y la tendencia a dirigir la

actividad administrativa hacia los resultados, con el objetivo básico de mejorar la eficiencia

y la eficacia en la prestación de servicios.

José Ignacio Criado enfatiza que el desarrollo de la eAdministración es, ante todo,

una cuestión política, de prioridades de actuación, de voluntad social y de liderazgo, más

que una mera introducción de tecnologías en la actividad administrativa. Por consiguiente,

se precisa una reflexión estratégica sobre la razón de ser de cada uno de los objetivos,

servicios y procedimientos de las Administraciones Públicas y que rompa con las barreras

típicas del sector público. En este sentido, y por lo que respecta a las Administraciones

Locales, la comunicación interna de los líderes es crucial, para transmitir la visión

estratégica de conjunto que sirva de apoyo al resto de personal, no siempre proclive a la

introducción de TIC, para conocer cómo funciona la organización, para implicarse en el

cambio y para ofertar la formación correspondiente en TIC y la gestión de Calidad de las

Administraciones Públicas. Además, el liderazgo aplicado a la eAdministración posibilita

“una visión compartida que permite que los empleados públicos observen la incorporación

de las TIC como algo que facilita su trabajo, que aporta valor a su persona y promueve la

comunicación con sus compañeros y los ciudadanos, es decir, que es algo propio y no

enfrentado a sus intereses” (Criado, 2004a:34). Como anota el profesor Manuel Sanromá,

para cualquier proyecto de Gobierno electrónico, hacen falta “además de trabajadores

públicos cualificados y motivados y profesionales de nuevas tecnologías, unos perfiles muy

definidos sin los cuales es imposible el éxito: líderes motivados, comunicadores expertos y

documentalistas capaces de asegurar la transición de los sistemas de información de los

átomos a los bits” (Sanromá, 2005:5).

tiempo que ha intensificado la complejidad administrativa, acabando por “agravar algunos de los problemas que trataba de resolver”.

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2.4.2. La Interoperabilidad: ¿es posible la cooperación entre Administraciones Públicas,

incluso entre sus distintos departamentos?

Ya hemos indicado algunos de los obstáculos que caracterizan a la burocracia

weberiana: la fragmentación organizativa, la jerarquización y la identificación de medios y

fines. Ello repercute en que las unidades administrativas tengan una percepción clara de

propiedad sobre los datos que recogen de los ciudadanos. Al mismo tiempo, la

incorporación de las TIC ha provocado, en ocasiones, grandes incoherencias y ha

agudizado la fragmentación: cada unidad quería tener sus propios sistemas de información,

sus propios gestores de contenidos y sus propias páginas web. Ha sido necesario ese

cambio de mentalidad y de organización aludido al que poco a poco las Administraciones

van llegando, para que compartir datos entre ellas no sea interpretado como una injerencia

en sus competencias y una manera de perder poder o influencia.

Sin embargo, con la mirada puesta en el ciudadano, en la demanda de servicios y en

las necesidades del usuario y no en la estructura preexistente o en las unidades o

procedimientos administrativos, es necesario que exista cooperación entre las distintas

administraciones. Ello repercute positivamente en un ahorro de tiempo para el ciudadano

que no está obligado a conocer qué se tramita en cada departamento administrativo y que,

consecuentemente, no debe ir de ventanilla en ventanilla hasta localizar la adecuada.

Cooperación que implica también la interconexión de las bases de datos públicas, lo que

lleva aparejada una disminución de costes a la Administración receptora que no tiene que

volver a recoger ni tratar otra vez los datos; al tiempo que evita al ciudadano la molestia de

recopilarlos de nuevo y presentarlos a cada una de las administraciones. Por ejemplo, es un

sinsentido tener que presentar que se está al corriente de sus obligaciones tributarias o con

la Seguridad Social al solicitar la concesión de una subvención, cuando esa información la

Administración actuante la podría obtener directamente de otras Administraciones Públicas,

sin pedírsela al interesado; contribuyendo así a la simplificación administrativa y

eliminando los certificados físicos aportados por el ciudadano. Pero, además, el profesor

Antonio Troncoso entiende que lo contrario, es decir, la habilitación legal para cada

comunicación de datos entre Administraciones Públicas (cuya finalidad sería distinta,

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dependiendo de la Administración actuante), limitaría la eficacia administrativa, ya que

ralentizaría los procesos en espera de autorizaciones (Troncoso, 2003:305).

No obstante, E.Aibar y F.Urgell, citados con antelación, diferencian entre

“integración vertical”, cuando el aumento de relaciones y flujos de información se da entre

Administraciones de diferente nivel; e “integración horizontal”, cuando se produce en el

seno de una misma Administración (Aibar y Urgell, 2007). La primera es más complicada

de llevar a cabo, aunque algunas experiencias como el proyecto de Administración Oberta

de Cataluyna, AOC y su portal Via Oberta,(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-

entre-administracions/Via-Oberta), o el portal estatal Punto de Acceso General

(http://administracion.gob.es) -antiguo 060-, destinados a dar los servicios de todas las

Administraciones y en especial de Administraciones de diferente nivel, indican que se va

avanzando en este sentido. Al mismo tiempo, la extensión de estos portales en la

organización, permite obtener información a los propios trabajadores sobre las

competencias y las tramitaciones de otras unidades, lo que redunda en la mejora del

servicio y de la atención al público.

Por lo que respecta a las páginas web de las Administraciones Locales, los portales

más interesantes son aquellos que integran un amplio rango de servicios públicos y que

transmiten claras y precisas señales al ciudadano sobre cómo acceder a ellos fácilmente.

Servicios como las modificaciones del padrón municipal, el alquiler de instalaciones

municipales, el pago de tributos, la teleformación o el e-ocio, se encuentran ya en la

Administración electrónica de muchos de nuestros Ayuntamientos. Si la presentación se

realiza en la página de inicio de web bajo el epígrafe “tramitación”, “Carpeta Ciudadana”,

etc., se facilita enormemente el acceso rápido al usuario, independientemente del servicio

administrativo o concejalía al que esté adscrito.

2.4.3. La orientación al ciudadano.

Entre otros aspectos, la Administración electrónica facilita el acceso a la

información mediante la utilización de las webs, como una ventana abierta al ciudadano;

permite, además, la transparencia de la gestión de los gobiernos y las administraciones,

favorece la comunicación directa y fluida entre los ciudadanos y sus gobernantes y facilita

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la tramitación online con la consiguiente disminución de la burocracia y de los trámites

prescindibles.

Por otra parte, desde el prisma del ciudadano, debe servir para revitalizar su posición

con respecto a las Administraciones Públicas y para exigir de forma decidida el respeto a

sus derechos por parte de la Administración. Así, la orientación al cliente se convierte en

una máxima de la Administración actual y, aunque la concepción del ciudadano como

cliente está siendo cuestionada (Aibar 2007: 190. Canales 2005: 184), y con razón, en la

actualidad por algunos autores5, no es menos cierto que esta idea ha permitido dejar de

tratar al ciudadano como subordinado de la Administración. En todo caso, como indican en

sus conclusiones, los profesores Rosa Borge y Agustín Cerrillo, las TICs constituyen una

útil herramienta. Al respecto, los ciudadanos tienen que decidir qué servicios públicos

quieren y “las instituciones políticas democráticas, siempre las tienen que utilizar para la

mejora de los servicios a los ciudadanos, para su bienestar y para su integración social y

política” (Borge y Cerrilo 2003: en línea).

Asimismo, la Administración electrónica permite acercar las instituciones públicas

a los ciudadanos y mejorar la relación entre ellos y la Administración, ya que la percepción

que la ciudadanía tiene de sus gobernantes y del funcionamiento interno de la burocracia

pública es sumamente negativa. En este sentido, se espera de la nueva administración que

aumente los niveles de transparencia y accountability6 en el funcionamiento del sector

público y que fomente la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

El sector público está obligado, pues, a rendir cuentas, ya que es responsable ante la

colectividad y los individuos, a diferencia del sector privado que lo es ante el mercado.

Precisamente, para algunos analistas (Haque 1999), la entrada de valores del mercado en el

sector público durante las últimas décadas, es lo que está conduciendo a la relajación de los

5Aibar se cuestiona que se hable en términos de “Cliente” de la Administración, cuando existe la paradoja de que las competencias de las Administraciones Públicas cada vez son mayores y, en cambio, se produce la externalización de muchos de sus servicios. Tampoco hay una transacción monetaria en el ámbito de los servicios públicos, o al menos, no en todos. Por otro lado, los clientes en el sector privado tienen diferentes ofertas donde elegir; no ocurre así, con la Administración Pública: “los ciudadanos mantienen con el Gobierno una relación mucho más compleja, donde destacan derechos específicos y una responsabilidad mucho más profunda que la que implica el pago de un servicio”. En este sentido se manifiesta también el profesor de la Universidad de Alicante, José Manuel Canales Aliende, quien entiende que la cultura administrativa actual no es la de “la mera satisfacción del cliente, imitando a la empresa privada, sino que es una cultura político-administrativa de plena respuesta y satisfacción de los ciudadanos, considerados éstos como ‘copropietarios’ de los público y plenamente ejerciente de todos sus derechos”. 6Término inglés para designar la obligación de la Administraciones Públicas de rendir cuentas a sus ciudadanos con el máximo de transparencia.

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valores éticos tradicionales de las democracias y al aumento de los índices de

abstencionismo en los comicios electorales. ¡Interesante reflexión!

2.4.4. La igualdad y la seguridad en el acceso a los datos.

No es fácil la implantación de la Administración electrónica, puesto que en el

ámbito de la ciudadanía se han detectado diversos problemas: la fractura digital, la

desconfianza y la falta de implicación por parte del ciudadano, además de los problemas de

seguridad y de intimidad. Y, desde la vertiente de la administración se carece en ocasiones

de compromiso político, de falta de conocimiento, de formación, combinado con la inercia

funcionarial y organizativa.

De algunas de estas cuestiones ya hemos escrito, o vamos a hacerlo en las siguientes

páginas. Respecto a la brecha digital, hemos de indicar que con este concepto se designa la

nueva desigualdad surgida del uso de las TIC, bien sea por clase social, género, grupo de

edad, nivel educativo, idioma o lugar de residencia. Parece evidente que es necesario evitar

una fractura económica, social, política o cultural relacionada con el mundo tecnológico.

Pero, ¿qué puede hacerse desde la Administración Local? Hay que tener claro que Internet

existe para facilitar la vida a las personas, que son éstas las que van a utilizarla y que no

tiene sentido tener proyectos de tecnología punta que no puedan ser usados por los

conciudadanos. Por lo tanto, es fundamental la formación y la sensibilización de las

personas –los mayores, los desempleados, las mujeres de mediana edad, los colectivos que

viven en zonas rurales, las minorías étnicas, las personas con minusvalías- respecto a las

posibilidades de Internet, lo que tiene que lograrse con el acompañamiento de la puesta en

marcha de cualquier proyecto de desarrollo tecnológico a nivel interno. Al mismo tiempo,

la dotación de instalaciones municipales (bibliotecas, centros para mayores, etc.), facilitaría

el acceso; así como los portales de voz para la eliminación de obstáculos en personas con

problemas auditivos...

Otro de los problemas con los que se enfrenta la Administración electrónica es la

garantía de seguridad y de privacidad en las transacciones con los ciudadanos y las

empresas. Ésta debe ser una dimensión prioritaria para los gobernantes si quieren continuar

brindando servicios digitales en sus Ayuntamientos o administraciones. En el terreno del

comercio electrónico existe un gran interés por avanzar en seguridad digital, lo que

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repercutirá también en seguridad de las prestaciones administrativas online. Pensemos que

se intercambian datos económicos y personales y que no puede crearse una incertidumbre

sobre el entorno digital, porque está en juego la propia credibilidad de Internet. Las leyes de

protección de datos, de las que trataremos más adelante, y la de certificación y firma digital

(Ley 59/2003, de 19 de diciembre) han venido a aportar más confianza a los usuarios, al

tiempo que se trabaja en cuestiones técnicas que impidan la posibilidad de entradas no

deseadas a usuarios y hackers.

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CAPÍTULO 3º

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CAPÍTULO 3º. HACIA EL GOBIERNO ABIERTO

3.1. Los antecedentes.

El término “Gobierno abierto” se ha extendido con fuerza en los últimos años y

ocupa la mayor parte de la literatura en torno al fortalecimiento de las sociedades

democráticas y a la rendición de cuentas de la gestión pública. Sin embargo, no es un

concepto novedoso. Siguiendo a Chapman y Hunt, la expresión surge en la década de los

70 para aludir a una dualidad presente en el debate en Reino Unido en ese momento: la

opacidad de gobierno y la capacidad del ciudadano en una democracia de exigir

responsabilidad por las acciones de aquél, así como de evaluar las medidas que se adopten.

Sin olvidar los derechos de los ciudadanos sobre la información que esas administraciones

poseen sobre ellos (1987:11).

Durante las siguientes dos décadas el término pervivió en ámbitos de la teoría

política, tal y como señala Ramírez-Alujas (2011:101): “sin mucho protagonismo en los

titulares de prensa, hablar de Gobierno abierto significó debatir acerca del acceso y la

libertad de información, la protección de datos, la reforma de las leyes sobre secretos

oficiales y la necesidad, en una democracia sana, de poder obtener información sobre las

actividades del Gobierno y sobre su disponibilidad para la opinión pública y el ciudadano

común”. Pero no ha sido sino hasta la promulgación, el 21 de enero de 2009, del

Memorandum sobre Transparencia y Gobierno Abierto del Presidente Barack Obama

(Gobierno de EEUU, 2009) cuando ha cobrado el vigor con el que ha llegado a nuestros

días. Con esta directiva, se dirigía a los departamentos de la administración para poner en

marcha medidas a favor de la transparencia, la participación y la colaboración en sus

relaciones con los ciudadanos, lo que quedó materializado con la creación del portal de

datos abiertos (http://www.data.gov). Otros gobiernos le siguieron, como el Reino Unido

(https://data.gov.uk), Nueva Zelanda (http://www.data.govt.nz) Australia

(http://data.gov.au), o Francia (http://www.data.gouv.fr). También la Unión Europea se

define a favor de los gobiernos abiertos y considera el acceso a la información de las

instituciones públicas como una forma de luchar contra los déficits democráticos. Así lo

detalla en el Tratado de Lisboa (art.8A.3): “todo ciudadano tiene derecho a participar en la

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vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y

próxima posible a los ciudadanos” (Tratado, 2007).

3.2. Una aproximación al concepto de Gobierno abierto.

Se ha dado en denominar “Gobierno abierto” (Open Government en inglés) a una

corriente política que aboga por la apertura a la ciudadanía del Gobierno y de las

Administraciones Públicas haciéndolas más transparentes, fomentando la participación de

los ciudadanos en la definición de las políticas públicas y la toma de decisiones y

elaborando un marco de colaboración con todas las organizaciones de la sociedad civil.

Mediante la aplicación de estos principios se pretende una mejora de la democracia

(Novagob, 2013: 2).

En torno a este concepto, Álvaro V. Ramírez (2011) presenta unas relevantes

consideraciones a tener en cuenta. Y es que considera que no debe confundirse el Gobierno

abierto con el Gobierno electrónico o la Administración electrónica, ya que aquél no se

circunscribe a la aplicación de las TIC a los procesos administrativos, como sí ocurre en la

eAdministración en la que “no existe un compromiso por repensar la administración ni se

obliga a generar cambios radicales en sus modelos de gestión y de cultura organizativa, sólo

se tecnifican procesos, se digitaliza la burocracia y, en el mejor de los casos, se abren

espacios para una comunicación más fluida e interactiva entre el aparato público y la

sociedad” (p.103). Además el Gobierno abierto lleva implícito un cambio de valores, de

transformación de la sociedad para conseguir una democracia más madura y sana. En el

primero, el ciudadano es beneficiario final y pasivo del entramado administrativo. Por el

contrario, el Gobierno abierto opera desde una dimensión más amplia que si bien, como

decimos, se apoya en el desarrollo tecnológico, finalmente aspira a una transformación de

paradigmas fundada en la apertura, la participación y la colaboración más allá de las

fronteras de lo estatal, con activa participación de la ciudadanía.

Para algunos autores, con el Gobierno abierto se supera el esquema Administración-

administrados, en el que los ciudadanos se situaban en el plano de “clientes” de la esfera

pública, y se pasa a un nivel en el que el ciudadano es un socio del Gobierno que participa y

aporta su opinión, su conocimiento y experiencia, y a una relación con el Gobierno más

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directa (Campos y Corojan, 2012). Para Villoria (2014) un Gobierno abierto es aquél que

mejora los niveles de transparencia a través de los datos públicos abiertos, lo que favorece

el control social y la exigencia de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos;

permite la reutilización de la información del sector público (RISP), facilita la participación

de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas y favorece la generación de espacios de

colaboración entre los actores, especialmente entre las Administraciones Públicas, el sector

privado y la sociedad civil.

La OCDE propone una definición con el foco puesto sobre los impactos más que

sobre las normas y los procedimientos. El Open Government es el gobierno “abierto a la

contribución de los ciudadanos y la sociedad para crear conjuntamente valor público; y es

un gobierno comprometido respecto a tres principales principios: asegurar completamente

la transparencia de sus acciones, sus procesos y sus datos, permitir la participación de los

ciudadanos en sus decisiones y procesos y, finalmente, promover y aceptar la colaboración

de los ciudadanos en la producción de sus servicios” (Citado en Capgemini et al, 2011:13).

Rodrigo Sandoval (2013:40), por su parte, se centra en los datos abiertos: “El

gobierno abierto debe entenderse como una plataforma tecnológica institucional que

convierta los datos gubernamentales en datos abiertos para permitir su uso, protección y

colaboración por parte de los ciudadanos en los procesos de decisión pública, de rendición

de cuentas y de mejoramiento de los servicios públicos”. Las premisas de esta definición se

circunscriben a:

1. La necesidad de tecnología, ya que sin ella no se concibe el gobierno abierto.

Así, Sandoval habla de la plataforma tecnológica porque se utilizan no sólo las

webs sino también las redes sociales, la web 2.0, los móviles, etc. y todo cuanto

esté a su disposición para cumplir su cometido.

2. El apoyo institucional. Representa la apuesta de la organización, tanto a nivel

presupuestario como de impulso político. Implica nuevos estilos directivos y

nuevas vías de debate para aprobar presupuestos o inversiones, pues fomenta

formas diferentes de escuchar a los ciudadanos.

3. La transparencia, la libertad de información y la libertad de acceso a los datos.

Se trata de convertir los datos gubernamentales en datos abiertos (Open data),

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con la garantía de salvaguardar los datos que afecten a la seguridad del Estado a

la privacidad de la información.

4. Los ciudadanos. Los datos abiertos facilitan a los ciudadanos la toma de

decisiones, la exigencia de rendición de cuentas dirigida a sus gobernantes, o la

mejora de la calidad del sistema democrático y el control de la corrupción. Por

tanto, la información abierta refuerza la credibilidad y la responsabilidad de los

equipos de gobierno, al tiempo que se alienta la participación y la consulta de

los ciudadanos.

Por último, la definición proporcionada por el Memorandum sobre Transparencia y

Gobierno abierto de la Administración Obama (2009) es bastante aceptada. En ella, se

establece como Gobierno abierto aquél que impulsa la transparencia, la colaboración y la

participación y que tiene como principales pilares (herramientas) la apertura de datos (datos

abiertos, open government data), entendida como el libre acceso a los datos y a la

información pública, y a la acción abierta (open action), representada por la participación y

colaboración de la ciudadanía y de otros actores, especialmente a través de medios como

los “social media” y las redes sociales.

3.3. Los principios del Gobierno abierto.

Como hemos visto, aunque no existe una única interpretación acerca de su

definición, sin embargo todas las acepciones coinciden en que se trata de un modelo de

gobierno basado en tres pilares fundamentales: transparencia, participación y colaboración

con la ciudadanía. Además, para su funcionamiento, debe apoyarse en las TIC

aprovechando las oportunidades que éstas ofrecen en la mejora de los sistemas

democráticos. Con ayuda de las TIC se plantean, entre otras cuestiones, “diseñar

herramientas interactivas en Internet para la información, la participación y la consulta

ciudadana, favoreciendo un diálogo más fluido y una implicación más efectiva en el

proceso de las políticas públicas” (Criado, 2009:45).

Para ampliar el significado de los tres ámbitos (transparencia, participación y

colaboración), tomamos la definición del Memorandum (2009) de Obama, mientras que

recurrimos a la ONTSI (2013a) para el detalle de los objetivos de cada uno de ellos:

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3.3.1. La transparencia (saber): Un Gobierno transparente fomenta y promueve la

rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona

información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El

Gobierno (y cualquier otra Administración) debería permitir el acceso a esta

información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los

ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear un

valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la

Administración.

Objetivos Ofrecer información abierta y accesible sobre cada institución

pública en los siguientes ámbitos:

- Información sobre la actividad de la institución.

- Información económica y de gestión de la institución.

- Otra información pública de interés

3.3.2. La participación (tomar parte): Un Gobierno participativo favorece el

derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas

públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y la

experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que

aumentan el protagonismo y la implicación de los ciudadanos en los asuntos

públicos y compromete, con mayor intensidad, a las fuerzas políticas con sus

conciudadanos.

Objetivos.: Aunque hablaremos más a fondo en el apartado 4.1 sobre

“Ciudadanía digital” del presente trabajo, podemos añadir que su objetivo es

conocer la opinión de la población respecto a la actividad de cada institución

pública, diferenciándose distintos grados de participación:

- Consulta pública.

- Aportación ciudadana.

- Diseño de políticas públicas.

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3.3.3. La colaboración (contribuir): Un Gobierno colaborativo implica y estimula a

los ciudadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La

colaboración supone, además, la cooperación no sólo con la ciudadanía sino

también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo

conjunto dentro de la propia Administración entre sus empleados y con otras

Administraciones.

Objetivos. Tiene como objetivo aprovechar la información, el conocimiento

y la experiencia colectiva para conseguir el beneficio común de cada

institución pública y de la ciudadanía, en los siguientes grados:

- El desarrollo conjunto de soluciones a retos comunes.

- La co-prestación de servicios públicos.

- Los servicios basados en la reutilización de información del sector

público (RISP)

Ej.: (http://www.redparlamenta.com) red de cooperación de los servicios

documentales de los Parlamentos Autonómicos.

Figura 1. Esquema de desarrollo del Gobierno abierto.

Fuente: ONTSI, 2013.

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3.4. Los factores del impulso del Gobierno abierto.

Si cuando nos referíamos al Gobierno electrónico hacíamos alusión al uso de las

TIC como herramientas dentro del proceso de modernización de las Administraciones

Públicas que han servido para mejorar la tramitación de los procedimientos y, por tanto, de

la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, cuando hablamos de Gobierno

abierto no podemos dejar de mencionar a las TIC, en especial a Internet y a las redes

sociales (web 2.0) como el mecanismo facilitador, sin lugar a dudas, del fenómeno de

participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Ciudadanía que, a través de

las redes, “presiona a los Gobiernos e instituciones públicas a ser más transparentes, a

facilitar el acceso a la información que poseen y a guiarse por nuevos códigos de conducta

en cuyo trasfondo residen las nociones de buen Gobierno, de apertura a la sociedad y de

cambio paradigmático hacia un modelo emergente que esté en consonancia con la

configuración de la sociedad en red de la que formamos parte” (Ramírez, 2011:104). Por

otro lado, Internet ha permitido también que las personas en red accedan a las fuentes de

información y a los recursos distintos de los tradicionales (bibliotecas, administraciones,

universidades, massmedia,…), lo que les ha permitido crear nuevos espacios públicos

virtuales fuera de los límites constreñidos de las instituciones o de la prensa, etc; es lo que

Dutton (2007) denomina el quinto poder. Ese espacio se sustenta en la colaboración de los

ciudadanos conectados en la red y es un nuevo elemento de presión para fiscalizar y pedir

la accountability, es decir, la rendición de cuentas a los gobiernos. La web apps4citizens,

para el compromiso social y político colectivo (http://apps4citizens.org), es un buen

ejemplo de ello. Aun así, no debemos confundirnos, ya que coincidimos con Antonio Rubí

en el sentido de que “Gobierno abierto no es tecnología, es política” (Rubí, 2012) o, al

menos, no sólo tecnología.

Otro factor de gran importancia para desencadenar este auge, no sabemos si

imparable, del Gobierno abierto ha sido la crisis económica y financiera que está azotando

de forma desigual a la mayoría de los países del mundo y a cuyas consecuencias (los altos

índices de desempleo, el aumento de la pobreza y la malnutrición, el débil o el nulo

crecimiento económico…) deben hacer frente los gobiernos democráticos. En el marco de

esta crisis surge, de forma recurrente, el debate sobre la eficacia y la eficiencia de las

Administraciones Públicas, esta vez ligado al déficit público. ¿Sobredimensionadas,

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improductivas, excesivamente burocráticas, opacas en sus procedimientos, …? Muchas de

las trabas que se le imputan a las administraciones fueron planteándose -en mayor o menor

grado- a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y de la primera década del siglo XXI a

través de la modernización de la Administración Pública y de la extensión de la

Administración electrónica, del eGobierno. Sirva, a modo de ejemplo, la introducción de

las TIC en la Administración, la simplificación y la divulgación de los procedimientos, la

nueva concepción del usuario como ciudadano en sus relaciones con la Administración y no

como subordinado, y la orientación de las administraciones hacia la satisfacción de esta

ciudadanía (como se establecía en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Tampoco se

quedó atrás la Administración en avanzar en temas de Calidad en la gestión de las

Administraciones Públicas (Martín Mateo, 1994 y más recientemente, Ruiz y Cuéllar,

2013) y en la evaluación del desempeño (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico

del Empleado Público), por mencionar algunos hitos.

Sin embargo, se comprende, como decimos, que en el panorama de la crisis

económica, lo que quede en evidencia sean las decisiones desacertadas adoptadas por los

representantes políticos y que han supuesto en ocasiones un ingente dispendio de dinero

público. No extrañe que los ciudadanos exijan cada vez más unas administraciones

responsables con las finanzas públicas y, si lo que perciben es que los políticos y los

administradores públicos están más preocupados por sus propios intereses, por los grandes

titulares, que por el bien de la colectividad, lo que provoca es una profunda brecha entre el

ciudadano y sus representantes, aparte de una desafección en los asuntos públicos. Al

respecto, como indica el profesor Manuel Arenilla, “Frente a las declaraciones formales de

transparencia y de rendición de cuentas, se produce una importante opacidad de las reglas

de juego. Existe, además, una incesante renuncia ciudadana a la exigencia de

responsabilidad a los representantes públicos ante la inconsecuencia de sus resultados,

incluso en casos de corrupción y de manipulación. El resultado, en muchas democracias

avanzadas, es la desilusión, la frustración, la apatía, la alienación y el alejamiento creciente

de las instituciones políticas y de sus integrantes, así como la aparición de grupos o

movimientos antisistema, muchos de ellos antidemocráticos” (2011a: 22).

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En este contexto, los casos de corrupción política y empresarial no hacen sino

ahondar en la desafección y la desconfianza de los ciudadanos en su clase política. Casos

por todos conocidos en España, como el caso Bárcenas, Puyol, ERES, la trama Gürtel y

otros como el Palma Arena o Nóos, han puesto de relieve la impunidad con la que, en los

años de bonanza, los corruptos actuaban. No debe sorprendernos, por tanto, que los

resultados que arroja la última encuesta del CIS, de 2 septiembre de 2015, sitúen a la

corrupción y el fraude como uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos

españoles sólo por detrás del paro, seguido, en tercer lugar, de la política en general y de los

partidos políticos y, en cuarto lugar, de la situación económica (2015: 3). Aunque este

problema no es privativo del sistema político español, en la UE más de las tres cuartas

partes de sus ciudadanos consideran que la corrupción está muy extendida en su propio

país. Por ello, el Comité Económico y Social de la UE, en su Dictamen de 15 de septiembre

de 2015, se hacía eco de este problema y lanzaba un llamamiento a escala europea para

tomar medidas de tolerancia cero contra la corrupción y el fraude en el gasto del dinero de

los contribuyentes, tanto dentro como fuera de la UE. “Aumentar la transparencia” es clave

en la lucha contra la corrupción en la esfera política, el poder judicial y el sector público,

junto con estrategias concretas para concienciar a la opinión pública: protección de los

denunciantes, inhabilitación de personas físicas y jurídicas para participar en licitaciones

públicas, etc (Comité Económico, 2015). Por otra parte, para recuperar la confianza en sus

instituciones, los ciudadanos exigen que sus gobernantes sean más transparentes, más

responsables, que rindan cuentas de su gestión, de sus gastos y se les penalice por sus

excesos; en definitiva, la transparencia y la apertura gubernamental se convierten en una

condición para salvaguardar la democracia (Beetham y Boyle, 1996: 69 y ss).

3.5. Las limitaciones y las reticencias

Aunque en líneas generales hay un estado de opinión favorable a las ideas del

Gobierno abierto y de la transparencia, no obstante, también existen posiciones reticentes,

relacionadas con la inseguridad o la inversión. Según el Observatorio Nacional de las

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, tras las entrevistas realizadas en el

último Estudio sobre Gobierno Abierto (ONTSI, 2013:26,27), han llegado a la conclusión

de que:

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- Es difícil estimar el retorno de inversión a medio y largo plazo de las políticas de

apertura de los gobiernos y su correlación directa con la obtención de los beneficios

que se promulgan, así como el grado de implicación de la ciudadanía en los

procesos de valoración y colaboración en la actividad de los gobiernos,

especialmente en aquellos territorios sin una cultura de participación arraigada.

- El contraste entre las inversiones en tecnologías y recursos para la puesta en

marcha y mantenimiento de iniciativas de accesibilidad a la información pública y

de participación y colaboración con la ciudadana, y el contexto actual de las

Administraciones Públicas, caracterizado por un escenario exigente y limitado, no

siempre parece compensar a los gobiernos, lo que tiene como consecuencia el

posible traslado de sus prioridades a otros ámbitos.

- La política de “apertura de puertas” y de valoración constante de la gestión pública

puede generar una cierta inquietud y el recelo en los responsables políticos, ya que

la ciudadanía tiene acceso a información que pudiera no ser favorable a ellos o a

posibles fallos o errores cometidos en la actividad pública.

Por otro lado, Campos y Coroján (2012), también esbozan algunas de las

dificultades con las que puede encontrarse la introducción del Gobierno abierto:

- Protección de la información. Todavía los gobiernos temen enfrentarse a problemas

relacionados con la protección de la información y a sistemas de violación de la

seguridad informática, tanto por lo que se refiere a la integridad y disponibilidad de

los servicios, como a la confianza de los ciudadanos-usuarios del sistema.

- Limitación de la privacidad. El temor de los ciudadanos a no ver garantizada su

intimidad y seguridad individual, al compartir sus datos particulares en bases de

datos electrónicas.

- Seguridad nacional. Las leyes que protegen la seguridad nacional entran en

conflicto con las normas de transparencia informativa.

- Brecha digital. A pesar de que los usuarios de Internet son numerosos, todavía

existen grupos a los que les resulta difícil acceder a los servicios electrónicos (bien

por razones de edad, ámbito geográfico, nivel socioeconómico, educativo, lengua,

etc).

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- Confianza ciudadana. La actitud de los ciudadanos puede no ser tan receptiva, sin

una información y formación adecuada.

3.6. Especial referencia a la transparencia

En la Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción de Transparencia

Internacional (2009) se expresa la transparencia como “la cualidad de un gobierno,

empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas,

planes, procesos y acciones. Como regla general, los funcionarios públicos, empleados

públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones, y las juntas directivas tienen

la obligación de actuar de manera visible, predecible y comprensible en la promoción de la

participación y la rendición de cuentas”.

En el mismo sentido de divulgación de información se manifiesta Lorenzo Cotino,

al indicar que “el núcleo de la transparencia es el grado de información del gobierno y la

administración que se hace disponible al público”, pero además añade que esa información

se pone a disposición del ciudadano por dos razones “tanto para poder controlar al gobierno

y a la administración cuanto para poder participar en los mismos” (Cotino, 2005:726).

Es notorio, por tanto, que las estrategias de transparencia han cristalizado

fundamentalmente en la apertura de información pública (portales de transparencia y Open

data), para poder acceder a mayores niveles de control gubernamental.

3.6.1. La apertura de datos (Open data).

Para Ramírez-Alujas (2012:19) supone “publicar información del sector público en

formatos estándar, abiertos e interoperables, facilitando su acceso y permitiendo su

reutilización”, lo que promueve:

- La innovación.

La reutilización de los datos públicos sirve de catalizador de nuevas aplicaciones y

servicios y, por tanto, transforma a los gobiernos de proveedores de plataformas

(permitiendo que otras entidades y/o usuarios, utilizando los datos públicos liberados,

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puedan crear nuevas prestaciones en la web, generar nuevas actividades económicas y

agregar valor público y cívico.

- Incrementar la transparencia.

La publicación proactiva de los datos relevantes y de interés sobre la gestión

presupuestaria, los procesos de compras y adquisiciones, los contratos, la declaración de

bienes e intereses de las autoridades, entre otros, garantiza un incremento de los niveles

de transparencia de la Administración Pública, así como de la rendición de cuentas y del

escrutinio público permanente.

Hay que destacar la ingente labor que sobre el Gobierno abierto ha realizado un grupo de

investigadores denominado “Open Government Working Group”,

(https://opengovdata.org), los cuales se reunieron el 7 y 8 de diciembre de 2007 en

Sebastopol, California, coordinados por Tim O’Reilly y Carl Malamud y patrocinados por

Sunlight Foundation, Google y Yahoo. Este grupo de defensores de los datos

gubernamentales abiertos, estableció los ocho principios que deben seguir las

Administraciones Públicas para liberar sus datos y convertirse en gobiernos abiertos. Así,

los datos deben ser:

1.-Completos

Es decir, disponibles, por tanto, no podrán publicarse los sujetos a privacidad, seguridad, ni

limitaciones de privilegio según normas.

2.-Primarios

Recogidos de fuentes primarias, sin transformación de ningún tipo. Y deben estar lo más

desagregados posible.

3.-Actualizados

La actualización debe realizarse rápidamente desde la existencia del nuevo dato o conjunto

de datos

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4.-Accesibles

Disponibles en Internet para la gran mayoría de usuarios, cualquiera que sea su tipología,

limitaciones, o su forma de acceder con diferentes formatos de software o hardware o

modelos de protocolos.

5.-Procesables

Razonablemente estructurados para que puedan ser procesados automáticamente.

6.-No discriminatorios

Disponibles para todo el mundo, sin que tenga que existir requerimientos o registros

previos.

7.-Sin propiedad

Disponibles en formato abierto, sin que ninguna entidad pueda ostentar su propiedad.

8.-Libres de licencia

No sujetos a copyright, patentes, marcas o secretos comerciales.

Asimismo, fijaron una definición de datos abiertos como “aquéllos que pueden ser usados,

modificados y compartidos libremente, por cualquier persona y para cualquier propósito”.

3.6.2. La transparencia y la rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un término que se suele olvidar por no ser uno de los

pilares definidos para el fundamento del Gobierno abierto. Sin embargo, es uno de los

indicadores con los que se analiza la calidad de las democracias y “una obligación de los

poderes públicos en los sistemas democráticos” (Conejero, 2014: 92).

No es una institución nueva, sino que hunde sus raíces en la antigua Grecia, época

en la que ya existía la euthyna, o examen que debían pasar los funcionarios públicos al final

de su mandato. Más recientemente, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del

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Ciudadano (1789), se establece que “la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión

a cualquier agente público” (art.15).

Siguiendo a Enrique Conejero (2014), con la idea de rendición de cuentas

(accountability) se ha querido plasmar la necesidad de control político por parte de los

ciudadanos, máxime en unas sociedades en las que se producido una brecha entre la

aceptación de la democracia y su consolidación como sistema de gobierno y la percepción

negativa de los ciudadanos sobre su funcionamiento, la denominada desafección política.

En este sentido, E. Conejero indica tres elementos en la rendición de cuentas:

- La answerability. Se trata de la obligación de los políticos y los funcionarios de

informar y justificar sus acciones

- El enforcement. Con él se refiere a la capacidad de sanción a la que pueden ser

sometidos tanto los políticos como los funcionarios, cuando infrinjan o incumplan sus

obligaciones.

- La receptiveness. O la capacidad de los políticos y los funcionarios de tener presente el

conocimiento y las opiniones de los ciudadanos.

Además, añade que podemos hablar de tres tipos de rendición de cuentas: la

vertical, la horizontal y la social. En el primer caso, la rendición de cuentas vertical, los

ciudadanos refrendan o sancionan a los políticos en los procesos electorales democráticos.

Es la más común de ellas. En el segundo caso, la rendición de cuentas horizontal, implica

que los poderes públicos deben responder ante otros organismos o instituciones laterales

del propio Estado de Derecho. Como ejemplo de esta modalidad, E. Conejero cita a las

instituciones que se encargan de la defensa de los derechos humanos, o los organismos

gubernamentales que detectan y combaten la corrupción, o los diferentes niveles de

auditorías en el entramado estatal. Por último, respecto a la rendición de cuentas social,

aunque es también vertical, lo llevan a cabo las asociaciones y los movimientos ciudadanos

para el control de las autoridades políticas.

Por último, Francisco delgado (2015:24) considera que hay una evidente relación

entre la rendición de cuentas y la transparencia por cuanto los poderes públicos no podrían

rendir cuenta con eficacia de sus actuaciones públicas si no existen políticas de

transparencia que permitan a los ciudadanos disponer de la información pública. Por tanto,

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la transparencia sería el estadio previo y necesario para realizar “un justo ejercicio de

rendición de cuentas del poder público. Con un Gobierno de sombras, sin la visibilidad de

sus actuaciones, difícilmente la accountability podrá ejercitarse como derecho ciudadano”.

3.6.3. La vinculación entre la Administración electrónica y la transparencia.

De acuerdo con Victor Almonacid, al afirmar que “la Administración electrónica es

la premisa sine qua non de la transparencia” (2015b: en línea), existen varios puntos de

conexión entre ambas categorías y que explicarían por qué no puede concebirse la segunda

sin la primera. Entre estos puntos destaca:

La democracia y la lucha contra la corrupción. En efecto, uno de los fines de la

Administración electrónica es mejorar los procesos democráticos y en eso coincide

con la transparencia, como pilar fundamental del Gobierno abierto. Recordemos la

definición oficial de la Comisión Europea: “La Administración electrónica es el uso

de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes,

con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar

el apoyo a las políticas públicas”. Además, los papeles son más fácilmente

destruibles por aquellos políticos que quieren esconder sus corruptelas, mientras

que el procedimiento electrónico permanece almacenado digitalmente, o al menos

técnicos especializados pueden seguir el rastro.

Portal de transparencia. Los portales son un punto de acceso electrónico en

Internet y deben ser accesibles, interoperables y reutilizables (máxime la

información que éstos contienen), conceptos que son comunes tanto a la

Administración electrónica como en la transparencia.

Acceso y archivo electrónico. El derecho de acceso a la información debe

ejercerse fundamentalmente a través de medios electrónicos, así como el archivo

electrónico y los procedimientos administrativos, que deberán ser en este formato.

Todo esto están en consonancia con los derechos digitales y el fomento de la

“participación 2.0”.

Reutilización (RISP). La Ley de Transparencia obliga a que la información sea

publicada en formatos que permitan su reutilización, por tanto en formatos no

papel.

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3.6.4. El derecho a la transparencia

Finalmente, queremos resaltar lo que algunos autores, como Javier Barnés (citado

en Blanes, 2015:32), han dado en llamar el derecho a la transparencia, como parte de la

tercera generación de los derechos del hombre y que consistiría en:

a) El derecho a saber: los ciudadanos tienen el derecho a saber qué ocurre en el interior de

los poderes públicos que están a su servicio.

b) El derecho a controlar: si se conoce la actuación de los poderes públicos, es posible

controlar la legalidad y la oportunidad de las decisiones que se adoptan, pudiendo saber,

además, cómo se utilizan los fondos públicos y cuál es su destino.

c) El derecho de los ciudadanos a ser actores y no sólo espectadores de la vida política. La

limitación en el ejercicio del poder votar cada cuatro años es un factor desencadenante de la

desafección existente entre los gobernantes y los ciudadanos.

3.6.5. Las organizaciones y las plataformas de transparencia

3.6.5.1. Transparencia Internacional

Fundada en 1993, Transparencia Internacional (TI) (https://www.transparency.org),

es una organización reconocida mundialmente de carácter no gubernamental, no partidista y

sin ánimo de lucro, dedicada a combatir la corrupción internacional y nacional que trabaja

junto con la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global.

Asimismo, pretende enfrentar los dos rostros de la corrupción: quién corrompe y quién se

deja corromper. Sin embargo, Transparencia Internacional no está orientada a denunciar a

los individuos, los gobiernos o las empresas corruptas. En su “misión”, lo deja claro, su

objetivo es la lucha a nivel nacional e internacional contra la corrupción, a través de la

construcción y el fortalecimiento de sistemas de integridad.

La vertiente en nuestro país, Transparencia Internacional España (TI-España),

(http://transparencia.org.es) constituida en 2006, “asume que la transparencia es un

importante objetivo de la sociedad actual, y que está inherentemente unida al derecho a

saber de los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficientemente informados y

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tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan”. Un objetivo de TI-

España, irrenunciable, es propiciar de forma continuada el incremento del nivel de

información y de apertura informativa de las distintas instituciones públicas españolas. Para

ello, publica desde hace años:

a) El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos.

b) El Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas.

c) El Índice de Transparencia de la Gestión del Agua.

d) El Índice de Transparencia de las Diputaciones

e) El Índice de Transparencia de los Parlamentos

3.6.5.2. Los indicadores de transparencia

Para establecer los índices de transparencia, TI-España definió unos indicadores

agrupados en seis áreas de transparencia. En el caso de los ayuntamientos, estos indicadores

se subdividieron a su vez en apartados, que contienen en total 80 indicadores baremables

(véanse íntegros en anexo 3).

Se pretende con estos indicadores, fundamentalmente, hacer frente a los problemas

del déficit de información pública y de falta de transparencia de las instituciones públicas

españolas, tratando de contribuir con ello a reducir los riesgos de corrupción que la

opacidad pudiera provocar. Los objetivos específicos pueden resumirse en dos. Por una

parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de las instituciones públicas

incluidas en cada índice y, por otra, impulsar y propiciar la transparencia y el aumento de la

información que estas entidades ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto a

través de las páginas webs de las entidades.

Tabla 1. Índices de transparencia.

Denominación índice Posiciones líderes

Índice de Transparencia de CCAA (INCAU-2014) Castilla y León, Cataluña y País Vasco (100

puntos sobre 100, en los tres casos)

Índice de Transparencia de los Ayuntamientos

(ITA-2014)

De 110 aytos. analizados ocupan los primeros

puestos: Alcalá de Henares, Alcobendas,

Alcorcón, Badalona, Barcelona, Bilbao, Getxo,

Guadalajara, Lérida, Móstoles.

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Índice de Transparencia de las Diputaciones

(INDIP-2013)

León y Valladolid

Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR-

2014)

Cantabria, Navarra y el Senado de España.

Índice de Transparencia del Agua (INTRAG-2015) Agencia Vasca del Agua, Confederación

Hidrográfica del Júcar.

Fuente: IT-España. Elaboración propia.

Por otro lado, también los partidos políticos son objeto de propuestas. El pasado 2

de noviembre, TI-España presentó un conjunto de cuarenta “Medidas para prevenir y

combatir la corrupción política e institucional en España” de cara a su inclusión en los

Programas de los Partidos Políticos, elaboradas por una Comisión pluridisciplinaria y

dirigidas a la prevención de la corrupción política e institucional, a la prevención de la

corrupción en las Administraciones Públicas, a la sanción y la represión de la corrupción y

a la transparencia y el control social contra la corrupción (Transparencia Internacional,

2015a).

3.6.5.3. El índice de Percepción de la Corrupción IPC 2015

Desde 1995, año en que se creó, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se

ha usado para medir las percepciones sobre corrupción en el sector público, en distintos

países de todo el mundo. Transparencia Internacional-España presentó, el pasado 27 de

enero de 2016, el IPC correspondiente al año 2015 para 168 países, en función de la

percepción que tienen los ciudadanos, especialistas y colectivos consultados por

organismos internacionales.

Los resultados pueden verse gráficamente en el Mapa Mundial de la corrupción

(figura 2) en el que los países menos corruptos se reflejan en tono amarillo y en aquéllos en

el que la corrupción domina, el tono es rojizo. En el informe se indica que más de dos

tercios de estos 168 países no han alcanzado los 50 puntos, en una escala de 0 (altos niveles

de corrupción) a 100 (mínimo nivel de corrupción). Dinamarca ocupa el primer lugar por

cuarto año consecutivo, Finlandia y Suecia, el segundo y tercer lugar, respectivamente,

mientras que Corea del Norte y Somalia muestran el peor resultado, con apenas 8 puntos

cada uno.

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¿Qué connotaciones tienen los países que ocupan las primeras posiciones del

ránking? Según el informe presentan:

altos niveles de libertad de prensa

acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde

procede el dinero y cómo se gasta

altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos

un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente

independiente de otros sectores del gobierno.

Por el contrario, aquellos países en los que la corrupción es más elevada, además de

por tener muchos de ellos situaciones de inestabilidad o conflictos bélicos, se caracterizan

justamente por todo lo contrario:

gobernabilidad deficiente

instituciones públicas frágiles (policía, poder judicial)

falta de independencia en los medios de comunicación

Figura 2. Mapa Mundial de la Corrupción (IPC 2015).

Fuente: Transparencia Internacional. Fecha acceso:10.12.15

Según José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional “El Índice de

Percepción de la Corrupción de 2015, muestra claramente que este fenómeno sigue

asolando al mundo. No obstante, 2015 también fue un año en el cual las personas

nuevamente salieron a las calles para protestar contra la corrupción. A nivel global, el

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público envió un mensaje contundente a quienes están en el poder: es el momento de hacer

frente a la gran corrupción” (Transparencia Internacional, 2015b:1).

Si en el mapa nos detenemos en el entorno de la UE se aprecia de forma evidente

que el color en el norte de Europa es más amarillo que en el Sur de Europa (figura 2), lo

que traducido a términos de Índice de Percepción de la Corrupción, significa que los países

nórdicos son más transparentes que los países mediterráneos. Precisamente en la entrevista

que le realizamos al Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y

Colaboración de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz, el pasado 10 de diciembre, le

planteamos una pregunta relacionada con esta diferencia, en especial, por los países de

nuestro entorno Mediterráneo, Grecia, Italia, España… algunos de los cuales han

conseguido cifras en el IPC 2015, en torno a 50 puntos, que evidencian un alto nivel de

corrupción, tal y como se refleja en la tabla 2, en definitiva, si es que lo llevábamos en

nuestro ADN. La respuesta del Conseller fue bastante clara:

No, rotundamente. Hay factores histórico-culturales, por supuesto y, entre ellos, la falta de arraigo de

la democracia. Pero también determinadas concepciones de la familia, el papel de la Iglesia Católica

y su gestión del perdón y permisividad ante vicios públicos, etc. Pero seguramente la clave está en

los modelos de desarrollo económico y en la falta de una cultura de independencia de las

Instituciones. (véase Anexo 4).

Tabla 2. Índice de Percepción de la Corrupción 2015.

Posición mundial

Posición UE28 País Puntuación IPC 2015

1 1 Dinamarca 91 2 2 Finlandia 90 3 3 Suecia 89 5 4 Países Bajos 87

10 5 Alemania 81 10 5 Reino Unido 81 10 5 Luxemburgo 81 15 8 Bélgica 77 16 9 Austria 76 18 10 Irlanda 75 23 11 Estonia 70 23 11 Francia 70 28 13 Portugal 63 30 14 Polonia 62 32 15 Chipre 61 32 15 Lituania 61 35 17 Eslovenia 60 36 18 España 58

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37 19 República Checa 56 37 19 Malta 56 40 21 Letonia 55 50 22 Croacia 51 50 22 Hungría 51 50 22 Eslovaquia 51 58 25 Grecia 45 58 25 Rumania 46 61 27 Italia 44 69 28 Bulgaria 41

Fuente: Transparencia Internacional, para la UE-28. Elaboración propia

Por lo que se refiere a España, ocupa la posición 18 en la UE y en el ránking

mundial la posición 36, con 58 puntos, por detrás de países como Chile (posición 23

mundial), o Polonia (posición 33), e incluso nuestro país ha perdido puntos respecto del

indicador del año anterior (2014, 59 puntos). Aunque, según se indica en el informe de TI,

esta variación no supone que España tenga una corrupción “sistémica (…) sino múltiples

escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y de los

gobiernos” (p.2).

Gráfico 1. Evolución de España en el IPC, 2007-2015

Fuente: Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Elaboración propia

Como puede observarse en el gráfico anterior, desde el año 2007 hasta la actualidad,

España ha ido incrementando el IPC. Según Transparencia Internacional ese año marcó un

cambio de ciclo, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, ya que con antelación

los niveles habían sido inferiores y relativamente estables. Sorprenden, sobre todo, los tres

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

36 37 40

30 31 30 32

28

25

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últimos años, 2013, 2014 y 2015. La explicación de la percepción social tan negativa en

estos años apunta, para TI, a estas diversas causas (p.2). Entre ellas, que:

Los sistemas de control son más eficaces y hacen aflorar muchos más casos de

corrupción.

Las denuncias de los medios de comunicación, unido al eco social de los casos que

han aflorado han dado lugar a un estado de opinión en la ciudadanía de indignación

generalizada, incluso de alarma social.

La crisis económica ha tenido como consecuencia que se haya incrementado el

nivel de exigencia social de los ciudadanos (léase los desahucios, las preferentes,

etc)

La lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en aquellos

casos de corruptos evidentes, unida a la expansión de los escándalos a las

instituciones claves del Estado y, fundamentalmente, la sensación de impunidad, de

que nadie, salvo la clase media trabajadora, va a pagar por esta crisis social, política

y económica.

3.6.5.4. La Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto, en inglés Open Govenment Partnership –

OGP- (http://www.opengovpartnership.org), es una iniciativa internacional de carácter

voluntario que busca el compromiso de los gobiernos hacia la sociedad con la finalidad de

promover la transparencia, de empoderar a los ciudadanos, de combatir la corrupción y de

aprovechar las TICs para fortalecer la gobernabilidad. Para incorporarse a la OGP, los

países deben firmar la Declaración de Gobierno Abierto (anexo 5). En este sentido, los

gobiernos deben organizar sus planes de acción para el Gobierno Abierto en función de los

“grandes desafíos” del OGP (OGP, 2012: 17-18) y que son:

la mejora de los servicios públicos,

el aumento de la integridad pública,

la gestión más eficaz de los recursos públicos,

la creación de comunidades más seguras, y

el incremento de la responsabilidad corporativa.

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El objetivo final de la OGP es mejorar la calidad de gobierno y la de los servicios

que reciben los ciudadanos. Para ello, el Mecanismo Independiente de Evaluación –IRM,

Independent Reporting Mechanism-, (http://www.opengovpartnership.org/irm) se asegura

que los países cumplan sus responsabilidades en el avance del OGP en su respectivo

territorio, a través de la rendición de cuentas.

Esta Plataforma Internacional tiene como misión que los gobiernos sean más

transparentes, que rindan cuentas y que mejoren la capacidad de respuesta hacia sus

ciudadanos.

Puesta en marcha el 20 de septiembre de 2011 por los gobiernos de los ocho países

fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y

Estados Unidos), cuenta en la actualidad con más de sesenta países, entre ellos España, que

entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en abril de 2012.

Tabla 3. Países integrantes OGP-2015

Albania Costa Rica Guatemala Lituania Panamá España

Argentina Croacia Honduras Macedonia Nueva Guinea Sri Lanka

Armenia Checa (Rep.) Hungría Malawi Paraguay Suecia

Australia Dinamarca Indonesia Malta Perú Tanzania

Azerbaiyán Dominicana

(Rep)

Irlanda México Filipinas Trinidad y

Tobago

Bosnia-

Herzegovina

El Salvador Israel Moldavia Rumanía Túnez

Brasil Estonia Italia Mongolia Serbia Turquía

Bulgaria Finlandia Jordania Montenegro Sierra Leona Ukrania

Cabo Verde Francia Kenia Países Bajos Eslovaquia

(Rep.)

Reino Unido

Canadá Georgia Letonia Nueva Zelanda Sudáfrica EEUU

Chile Ghana Liberia Noruega Corea del Sur Uruguay

Colombia Grecia

Fuente: OGP. Revisión octubre 2015. Elaboración propia

Al ser una plataforma constituida por diversos grupos de interés, uno de los cuales

es la sociedad civil, la participación de ésta está asegurada tanto en sus principios

fundacionales como en el procedimiento de toma de decisiones, ya que participa en el

Comité Directivo en paridad numérica con los representantes de los gobiernos.

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3.6.6. Algunos ejemplos de buenas prácticas.

Al margen de los casos de EEUU, Reino Unido y Australia (Fundación Telefónica,

2013:97-105), queremos destacar el Portal del Gobierno abierto Irekia, de Euskadi, una

Comunidad avanzada en introducir las tecnologías en su administración y ahora, en el Open

government.

3.6.6.1. Irekia (en euskera, abierto)

En la web del Portal puede leerse que Irekia (http://www.irekia.euskadi.eus/es), es

un “canal de comunicación directa entre la ciudadanía y la administración a través de

Internet con un lenguaje no administrativo”.

El País Vasco fue una Comunidad pionera en España en eAdministración y la

primera en instalar las ideas del Open government (Fundación Telefónica, 2013:106).

Irekia se presentó al público el 25 de enero de 2010, bajo la coordinación de la Dirección

de Gobierno Abierto, dependiente de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno

Vasco. Cinco años después, el Portal Irekia ha recibido, el 26 de junio de 2015, en

Medellín, el Premio de la ONU al Servicio Público, dentro de la categoría de “Fomento de

la Participación ciudadana en las decisiones políticas a través de mecanismos innovadores”,

en el Foro Anual para la celebración del Día de las Naciones Unidas para la Administración

Pública7.

En su origen, Irekia pretendía conseguir los siguientes objetivos (Ramírez y Villoria,

2012:38):

- Favorecer que el ciudadano entienda que la Administración Pública no es un

entramado de normas incomprensibles y hacerle sentir como propias las iniciativas

del Gobierno, desde el mismo momento de su gestación, para poder participar en su

elaboración y tener acceso directo a la información.

- Permitir que los ciudadanos pudieran realizar propuestas directamente al Gobierno y

proponer mejoras, realizar comentarios y sugerencias a todos los proyectos de ley,

planes y otras actuaciones significativas del Gobierno y de los organismos

7http://irekia.blog.euskadi.net/es/irekia-recogera-el-proximo-dia-26-el-premio-de-las-naciones-unidas-al-servicio-publico/

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autónomos, entes y sociedades públicas. Además, podrían votar los comentarios y

las aportaciones de otros ciudadanos

¿En qué consiste Irekia?

De acuerdo con la información proporcionada en el Portal, se basa en los tres ejes

principales del Open Government:

-Transparencia: Se pone a disposición de la ciudadanía información y datos en tiempo real

sobre la actividad, actuaciones, decisiones, planes e intenciones del Ejecutivo de Euskadi.

-Participación: las actuaciones, leyes, decretos o medidas que toma el Gobierno se debaten,

valoran y completan con las opiniones de la ciudadanía. Pero también las personas

interesadas plantean sus propias propuestas, ideas o consultas para ser discutidas y

analizadas. Este planteamiento se estructura en cinco bloques:

Tabla 4. Bloques participación ciudadana en Irekia.

Peticiones

ciudadanas

Propuestas de

Gobierno

Respuestas de

Gobierno

Preguntas

parlamentarias

Encuestas

-Bloque “Propuestas del Gobierno” (y “respuestas”): pensado para que la ciudadanía aporte

sus comentarios y dudas a las propuestas, anteproyectos de ley o iniciativas que los

departamentos del Gobierno publiquen para recabar su participación.

-Bloque “Propuestas ciudadanas”: es un espacio donde las personas usuarias pueden crear

sus propias propuestas sobre los asuntos que a cada uno le resulte de interés.

-Bloque “Preguntas parlamentarias”: se ofrece toda la información sobre las respuestas del

Gobierno Vasco a las preguntas del Parlamento Vasco.

-Bloque “Encuestas”: las últimas, sobre la ley de igualdad.

Irekia impulsa también la participación ciudadana a través del Irekia blog

(http://irekia.blog.euskadi.net/es) y de las redes sociales que propician el debate de

temas transversales y facilitan la intervención de todos los colectivos (ciudadanos,

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empresas, instituciones, administraciones, etc). Cuenta con una “Guía de usos y

estilos en las Redes sociales del Gobierno Vasco”.

- Colaboración: el Gobierno Vasco colabora con la ciudadanía, las empresas y el resto de

las administraciones vascas, aportando herramientas innovadoras y nuevos métodos de

trabajo colaborativos. Les escucha y trabajan juntos para construir una sociedad más

conectada. Un ejemplo de ello es el software desarrollado para el sitio web Irekia que se

libera bajo la denominación de OpenIrekia, Con él, se colabora y se permite su reutilización

libre, y gratuitamente, con objeto de que otras Administraciones Públicas no tengan que

destinar inversiones de dinero público para desarrollar otros sitios similares.

3.6.6.2. Open data Euskadi.

Simultáneamente a Irekia, se lanzó el Portal de datos abiertos Open data Euskadi,

resultado del compromiso del Gobierno Vasco para exponer los datos que obran en su

poder, bajo licencia de la propiedad abierta y para que puedan ser utilizados por terceros

(http://opendata.euskadi.eus/w79-home/es)

A la oferta de datos se ha incorporado un nuevo espacio para visualizar gráficos

cuya fuente de origen es el Open data (http://grafikoak.irekia.euskadi.net/es)

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Figura 3. Portal de datos abiertos. Open data Euskadi.

Fuente: http://opendata.euskadi.eus Fecha acceso: 2.12.15

Figura 4. Portal vasco Irekia (abierto, en euskera).

Fuente: http://www.irekia.euskadi.eus Fecha acceso: 02.12.15

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Figura 5. Apartado de participación ciudadana en el Portal Irekia

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CAPÍTULO 4º

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CAPÍTULO 4º. LA CIUDADANÍA, LA ADMINISTRACIÓN Y LAS TIC

4.1. Configurando un nuevo concepto: ciudadanía digital

Con este epígrafe, queremos ahondar en los cambios que las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) han introducido en la sociedad actual, fijándonos de

manera especial en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos y entre éstos y los

poderes públicos. ¿Se avecina un futuro oscuro, con ciudadanos aislados en sus hogares y

atrapados en un mundo paralelo? ¿O se ha hecho realidad el sueño de la solidaridad

universal, de ciudadanos entrelazados virtualmente, pero con poder de cambiar las reglas

del juego? Los ciudadanos y ciudadanas que se relacionan con la Administración a través

de las TIC, ¿ven mermados o incrementados sus derechos?, ¿Ha nacido un nuevo espíritu

libre que se manifiesta en la nube, en el cloud?, ¿La Administración se dirige

fundamentalmente a éstos y olvida a los que no son activos digitales? En definitiva, ¿es

posible definir un nuevo sujeto digital con una identidad y rasgos propios?

Aunque no podemos interpretar a la ciudadanía digital con iguales características

que la ciudadanía real, tampoco puede entenderse de forma contraria, puesto que, para la

convivencia, deben nutrirse de similares principios, entre ellos el respeto al otro, por poner

un ejemplo. Así, para acotar lo que se entiende por ciudadanía digital, hemos de conocer

qué es la ciudadanía, aunque dicho sea de paso, no es un concepto estático ni mucho menos

fuera de toda controversia.

En este sentido, José Manuel Robles propone una definición interesante del

ciudadano digital en los siguientes términos: es “aquel individuo, ciudadano o no de otra

comunidad o Estado, que ejerce la totalidad o parte de sus derechos políticos o sociales a

través de Internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia a una comunidad

virtual” (Robles,2009:55). Dejando de lado el uso individual de la red de redes, de esta

definición se pueden extraer tres condiciones básicas: la comunidad, Internet y los usos

políticos o sociales.

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4.1.1. La ciudadanía, Internet y la comunidad virtual

En una de las acepciones del diccionario de la RAE, el concepto de ciudadanía

alude a la cualidad y derecho de ciudadano. Y a éste lo define como “perteneciente o

relativo a la ciudad”. En esta sencilla aproximación, ya vemos la relación entre ciudadanía

y civis, entre el ciudadano y su comunidad. A juicio de Eusebio Fernández (2015:18), la

ciudadanía expresa de forma muy clara la pertenencia de los seres humanos a una

comunidad política, sea un Estado-nación, o una comunidad más amplia, como la UE.

Además, “ser ciudadano significa poder ejercer, con garantía jurídica y política, una serie

de derechos humanos básicos y fundamentales y tener ciertos deberes políticos y jurídicos”.

Para Adela Cortina, la ciudadanía es el reconocimiento de la sociedad hacia sus miembros y

la consecuente adhesión, por parte de éstos, a los proyectos comunes. Sólo quien se sabe

reconocido por una comunidad puede sentirse motivado para integrarse activamente en ella

(citado por Ramírez, 1991: 236).

Pero, conozcamos un poco más estos vínculos, entre la ciudadanía y la comunidad,

estrechamente ligados y cuyos perfiles no están exentos de polémica.

Como vemos, podemos entender la ciudadanía como el conjunto de derechos que

tienen los individuos y, al mismo tiempo, los deberes que se derivan de aquéllos. Esos

derechos han evolucionado y se han transformado a lo largo de la Historia y al compás del

desarrollo de las sociedades. Juan Antonio Horrach (2009), en este sentido, hace una breve

síntesis del recorrido que el concepto ha experimentado y si bien indica que no puede

hablarse de ciudadanía hasta bien entrado el siglo XX, sí pueden analizarse sus raíces desde

la Grecia clásica y, desde entonces, se han ido ampliando los derechos vinculados al

concepto, desde la pequeña élite susceptible de recibir esos derechos, a una “ciudadanía

universal” en etapas ya más cercanas, que trasciende las diferencias nacionales, religiosas o

culturales. Se ha pasado pues, de sociedades identitarias y excluyentes a otras, sobre todo

en las democracias occidentales, en las que la sociedad es plural y multicultural y con

múltiples identidades. Además, este último autor se pregunta por qué es tan necesario para

nuestras sociedades el concepto de ciudadanía y, en este sentido, recoge la aseveración de

Aristóteles de que “el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente ha de vivir,

de una u otra manera, en un ámbito comunitario. Por lo tanto, el eje de la comunidad

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(democrática) no puede quedar definido por un determinado individuo o grupo, sino por el

conjunto de relaciones y de vínculos interindividuales que se conforman a un nivel lo más

libre e igualitario posible”. Y, es en el ámbito de la comunidad, en las redes de

interrelaciones que se crean ahí, donde Horrach considera que está la base de la necesidad

de la ciudadanía, por cuanto se establecen medios para minimizar el potencial de

conflictividad. Y entre los modelos, la democracia es el que mejor plasma estas relaciones.

Pero fue T. H. Marshall (1998:37) el primero que trató de sistematizar el concepto

de ciudadanía en la década de los 50. La definió como el “estatus que se concede a los

miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a

los derechos y obligaciones que implica”. Además, Marshall distingue tres etapas en la

evolución de esos derechos: una “ciudadanía civil”, en el siglo XVIII, vinculada a la

libertad individual y a los derechos de propiedad; una “ciudadanía política”, propia del

siglo XIX, ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política; y, por

último, en la segunda mitad del siglo XX, una “ciudadanía social”, relacionada con los

sistemas educativos y el Estado del Bienestar (1998:23). Y es precisamente tras la II Guerra

Mundial cuando se le comenzó a dar, a la concepción de ciudadanía, los atributos

vinculados a la democracia y a los derechos sociales.

Llegados a este punto, ¿qué connotación especial tiene la ciudadanía digital?

Fundamentalmente, estamos hablando de una ciudadanía en el marco de una comunidad

muy peculiar, una comunidad cuyos usuarios se relacionan de forma no presencial, la

comunidad virtual. Tal y como lo ve Francisco Yus (2008), cualquier comunidad es

concebida como un espacio común establecido para interaccionar, cuyas relaciones son

mantenidas en el tiempo por individuos identificables que generan intereses comunes,

normas, obligaciones y sentimientos de pertenencia y de reciprocidad. El espacio virtual y

las TIC vendrían a sumar nuevas vías para interactuar socialmente, pero que no tienen por

qué colisionar necesariamente con las comunidades tradicionales. Por lo demás, el autor

afirma que la comunidad virtual ha llegado para quedarse y, lo que ahora provoca una

fuerte controversia, no será tal en el futuro, ya que las nuevas generaciones verán la

convivencia entre la relación “física” y la “virtual” como algo normal y natural. No se trata

de sustituir un marco por este nuevo entorno socio-tecnológico, como pronostican los más

catastrofistas, sino que ambos coexistirán, complementándose y enriqueciéndose “en un

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estadio evolutivo más tras la decadencia del lugar físico como marco de funcionamiento

comunitario“ (Yus, 2008:119).

J.M. Robles (2009:41), por su parte, distingue entre dos tipos de comunidades

virtuales. Por un lado, las de corte más clásico, que se definen a partir de una comunidad

real y física que utiliza Internet como un canal más de interacción. Son comunidades ya

establecidas, que se apoyan en Internet y que, por tanto, son más estables y resistentes. Por

otro, las comunidades virtuales “geográficamente dispersas”, cuyo lazo de unión son,

exclusivamente, determinados aspectos o intereses en común que se refuerzan mediante

contacto a través de Internet. Por ejemplo, las comunidades que se gestan en torno a un

pasatiempo o afición y que, en consecuencia, son más endebles ya que no tienen ningún

lazo en común, salvo el aspecto que les lleva unirse a esa comunidad. En este sentido,

Robles indica que la mayor parte de los estudios sobre el uso social en Internet coinciden en

señalar al primero de ellos como la tipología más frecuente, es decir, que se refuerzan los

vínculos sociales ya establecidos más que generarse otros nuevos. También afirma que

Internet no origina nuevas comunidades virtuales de carácter político, sino que igualmente

refuerza las que ya existían: “los ciudadanos que utilizan Internet para realizar actividades

políticas también realizan actividades fuera de línea” (2009:42).

4.1.2. La ciudadanía y la democracia

Ciudadanía y democracia son dos conceptos fundamentales en el pensamiento

político contemporáneo. Dejando de lado el debate nada pacífico sobre la delimitación

conceptual de los dos términos, vemos como E. Fernández (2015:15-17) vincula la

ciudadanía a la democracia al argumentar que el concepto de la primera es “clave para

valorar la calidad de las democracias contemporáneas, ya que la consideración de

ciudadano reivindica una situación de dignidad, autonomía, libertad e igualdad, base y

fundamento de los derechos humanos básicos”. Así pues, la idea de ciudadanía democrática

debe vincularse necesariamente al respeto de los derechos fundamentales de los seres

humanos. Y, a su vez, ello sólo puede germinar en el marco de una ciudadanía

“cosmopolita y no excluyente”.

Y si, de acuerdo con la explicación anterior, la calidad de la democracia tiene

mucho que ver con la consideración de la dignidad de ciudadano, la incorporación de las

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TIC ¿mejora la calidad de nuestros sistemas democráticos actuales? Para contestar a esta

cuestión, es necesario conocer qué problemas plantea la democracia parlamentaria y si la

tecnología puede ayudar a solventarlos. En definitiva, podemos parafrasear al rector de la

Open University, John Daniel, cuando en una conferencia sobre la Sociedad de la

Información dijo “Señoras y señores, las nuevas tecnologías son la respuesta, ¿cuál era la

pregunta?” (citado por Subirats: 2002:1). Y es que, con ello resumía el sentir de muchos de

nuestros conciudadanos. Por un lado, el de los firmes entusiastas de la eclosión de las TIC

en nuestra sociedad contemporánea por cuanto abren un abanico de posibilidades en la

mejora de las democracias y, por otro lado, el de los escépticos ante la idea de afirmar con

rotundidad que las TIC deberían responder a necesidades que se hayan planteado

previamente en nuestros sistemas democráticos, es decir, primero conocer qué problemas

hay planteados y ver qué se resuelve con las TIC.

4.1.2.1. Las insuficiencias en el funcionamiento de los sistemas democráticos

Para Subirats (2002:4) aunque no hay un cuestionamiento de la democracia como

sistema de gobierno, sí existe una insatisfacción creciente acerca de su funcionamiento:

promesas incumplidas, poca capacidad de resolución de los problemas, formalismo,

distanciamiento entre los representantes y los representados, opacidad, asimetría en los

recursos de los teóricamente iguales, perceptible incapacidad de los poderes públicos al

control de una economía sin reglas ni fronteras. A ello hay que añadir que el sufragio

universal parece haberse convertido, más que en una vía de la expresión popular, en una

sofisticada técnica “a través de la que las élites de los partidos y de las burocracias

administrativas han incrementado su capacidad de control sobre la ciudadanía”. Todo ello,

según el autor, se traduce en una falta de confianza pública en las instituciones

representativas.

Desde el punto de vista de los esfuerzos para intentar paliar este diagnóstico, no

puede decirse que no se haya realizado ninguno para mejorar la capacidad de

representación y aportar algo de credibilidad a las instituciones: la mejora en la selección de

candidatos (primarias, listas abiertas…), la mejora en los canales de comunicación

procedente de los poderes públicos hacia los ciudadanos, o la búsqueda de fórmulas de

participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos (tradicionales, como el

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referéndum o las iniciativas legislativas populares; junto con nuevas, como los “consejos

ciudadanos” o los “núcleos de intervención participativa”). Aunque como indica Subirats

(2002), los detractores de estas fórmulas de participación, sean tradicionales o sean más

novedosas, esgrimen el coste de tiempo y de recursos que conllevan ese tipo de procesos

para apostar por su no realización, lo que lleva a generar, ineludiblemente, como un

continuo círculo vicioso, cada vez más escepticismo y desvinculación de los ciudadanos del

sistema político.

4.1.2.2. La contribución de las TIC al refuerzo de la democracia

Como vemos, las TIC y, especialmente, Internet han revolucionado la forma de

comunicarnos, de interrelacionarnos y el día a día de la vida de nuestras ciudades y pueblos.

También, en el ámbito político, las TIC pueden llegar a contribuir a mejorar los sistemas

democráticos y a fomentar la participación ciudadana, a través de lo que muchos analistas

han denominado con diversos términos, eDemocracia, “democracia electrónica”,

“ciberdemocracia”,”tele-Democracia”, “democracia digital”, etc.

Hay que partir de la base de que, por lo que se refiere a los cauces tradicionales de

participación, el índice de participación activa es muy bajo. Según el barómetro del CIS de

mayo de 2012, algo más del 6% (el 6,3%) de los encuestados habían utilizado Internet para

participar “en procesos de participación ciudadana (consultas urbanísticas, encuestas sobre

servicios, debates sobre leyes) –según el barómetro de mayo de 2012-. Muchos son los

factores que pueden influir en esta situación, como la falta de conocimiento, de un lado, de

los temas objeto de debate y deliberación pública y de las herramientas existentes de

participación o, por otro lado, la impresión sobre la inutilidad de las aportaciones en las

actuaciones del gobierno y las Administraciones. (Fundación Telefónica, 2013:47); sin

olvidar que estamos tratando un aspecto que tiene en la voluntad y el interés personal un

gran aliado –falta de tiempo, movilización a través de las redes, etc-.

No obstante, la profesora Rosario Tur (2010:20) considera que la participación

ciudadana, como elemento fundamental en las modernas democracias representativas, “se

concibe como un elemento positivo y activo de la libertad humana, y como una importante

manifestación del Estado Social”, en el que la ciudadanía se integra en el ejercicio del

poder y en la toma de decisiones que tienen que ver no sólo con el ámbito político, sino

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también con el social, económico o cultural. Indica que es necesario potenciar la cultura

participativa, a través del aprovechamiento de las posibilidades que las TIC ofrecen, así

como, favorecer la acción activa en personas poco proclives a ella, o que tienen restringidos

sus derechos en este aspecto y aboga por el impulso de la normativa específica sobre

participación ciudadana, como forma de conceder la seguridad jurídica a quienes la ejercen

desde el voluntarismo.

Por otra parte, coincidimos con Eva María Campos (2009:49-59) -en lo que entre

los politólogos es también teoría consensuada-, en dos ideas básicas. Por un lado, que la

tecnología, por sí misma, no acrecienta automáticamente la participación ciudadana en los

sistemas democráticos y, por otro, que las TIC permiten poner herramientas a disposición

de la ciudadanía –sean políticos, colectivos o individuos-, que “por sus funcionalidades

pueden ser utilizadas en los procesos de participación ciudadana”, pero serán los contenidos

específicos y las relaciones que los agentes establezcan “lo que darán sentido a dichas

herramientas”. Entre ellas, Campos destaca:

- Las herramientas de información: gracias a ellas, los ciudadanos pueden acceder a

más información, como las listas de distribución, los boletines informativos

electrónicos, los grupos de noticias, los sitios webs

(http://www.ipu.org/english/home.htm), (http://un-

instraw.org/http://www.mensajesacelulares.net).

- Las herramientas de expresión política espontánea -weblogs, los videos a través de

Youtube (vlogs[sic])…

- Las herramientas de interpelación o diálogo -aquéllas que permiten a los ciudadanos

contactar con los gobernantes para solicitarles más información, o respuestas a

consultas concretas, por ejemplo, a través de formularios, o del correo electrónico, o

como el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, con blog, Facebook y

twitter.

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Figura 6.Blog del alcalde de Jun.

Fuente: http://www.ayuntamientojun.orgFecha acceso:10/12/15

- Las herramientas de deliberación, que facilitan los intercambios de argumentos

entre ciudadanos entre sí o con los representantes políticos. Ej. Foros de discusión,

cibercharlas, wikis (sitio web con edición de contenido),etc.

Figura 7. Foro de discusión en E-Democracy.org

Fuente: http://forums.e-democracy.org/ Fecha acceso: 10/12/15

- Las herramientas de decisión y votación. Son aquellas que permiten legitimar una

decisión, precedida o no de una deliberación. Las más habituales son el voto

electrónico, las encuestas electrónicas y el referéndum electrónico.

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A ellas sumaríamos el denominado clictivismo, o activismo a través de las redes

sociales, cuyo ejemplo más notorio es la plataforma change.org. Con este activismo “se

trata de iniciar peticiones que cobren fuerza y generen presión pública y mediática para que

quienes puedan solucionar esas situaciones –empresas, políticos, instituciones…– lo hagan

o expliquen por qué no las resuelven”, explica su director en España, Francisco Polo8

4.1.2.3. El voto electrónico

Como indicamos, las nuevas tecnologías pueden contribuir a la mejora del sistema

democrático fomentando la participación activa del ciudadano. Algunos de los ejemplos los

hemos visto en el apartado anterior: aportando nuevas vías de expresión de los ciudadanos,

facilitando mecanismos de información a disposición de ellos, elaborando webs por parte

de los actores políticos con posibilidad de comunicar sugerencias y quejas; introduciendo

mecanismos de consulta de los ciudadanos para el establecimiento de determinadas

decisiones públicas; y adoptando mecanismos de democracia directa al permitir a los

ciudadanos participar directamente en la elaboración de la normativa. Pero conseguir que

estas opciones sean vistas con normalidad entre los poderes públicos, no es tarea fácil. Y es

que el ciudadano percibe que el control que puede ejercer tanto sobre la acción política

como sobre la acción administrativa está circunscrito al momento de las elecciones, ya que,

después, la gestión administrativa se ejerce por una Administración que asume de manera

casi exclusiva la titularidad del interés público (Elena, 2004). Por eso, es imprescindible

partir de un cambio en la cultura política de nuestra sociedad que fomente la participación

activa del ciudadano.

Entre esas formas de participación, la más destacada por su repercusión mediática y

jurídica, es el voto electrónico, ya que permite que el ciudadano pueda expresar

directamente su opción política. Bien sea mediante tarjeta electrónica en el colegio electoral

o a través de Internet sin desplazamiento físico, es un tema que suscita una gran

controversia dado que es necesario establecer las mismas garantías de legalidad y seguridad

que en el procedimiento tradicional, a lo que debe unirse los problemas adicionales de la

dificultad en la verificación de la identificación de la persona, de la imposibilidad de

realizar una auditoría ya que no hay soporte físico, del riesgo de ataques a la seguridad por

8 El Pais semanal, 31.03.15. http://elpais.com/elpais/2015/03/30/eps/1427710556_884068.html

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parte de Hackers, de la posibilidad de fraude en el recuento de votos, entre otros. Las

posiciones que argumentan a favor son también a considerar: la rapidez en el escrutinio de

los votos, la accesibilidad para votantes con discapacidades físicas, la prevención de errores

en el proceso de votación, los menores costes de introducción y extensión del sistema (en

elecciones a gran escala), la posibilidad de que el votante pueda verificar el correcto

tratamiento de su voto, el horario más amplio del periodo de votación, la gestión

centralizada del proceso de elección9. Si preguntamos a los votantes para conocer la actitud

de los ciudadanos en el voto electrónico en el futuro, según una encuesta realizada por

Josep Reniu (2007), el 95,6% de los encuestados se mostraban a favor del voto electrónico,

siempre que fuera una opción complementaria, es decir, que se diera la opción de poder

escoger entre la modalidad electrónica y la modalidad en papel.

Finalmente, a modo de ejemplo, citaremos algunas experiencias innovadoras:

En el ámbito estatal:

*Voto online: Primera prueba nacional de voto online con el referéndum de la

Constitución Europea, de 20 de febrero de 2005. Durante las semanas previas, del 1

al 18 de febrero, los electores pudieron emitir su voto –aunque sin eficacia jurídica-

en 52 municipios españoles (uno por cada provincia), a través de certificados

digitales y firma digital. Eso sí, el voto válido únicamente fue el depositado en las

urnas durante la jornada electoral, anulando automáticamente el voto electrónico

emitido10.

*Colegio Administrado Electrónicamente (CAE): utilizado en las elecciones al

Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2009. El CAE es un sistema que dotó a las

mesas electorales de herramientas informáticas -PC portátil, una impresora, un

lector óptico, una memoria USB que llevaba cifrada la lista de electores

correspondiente a la mesa y proporcionada por la Oficina del Censo Electoral;

acompañado todo ello por papeletas que llevaban un código de barras- y que

sirvieron de apoyo a las tareas que desempeñaban sus miembros durante la jornada

9Véase a favor y en contra: El voto electrónico: los riesgos de una ilusión. http://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2009/03/evoto.pdf Seguridad en los procesos de voto electrónico remoto: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7043/01VMmr01de01.pdf 10 Noticia publicada en el Mundo, el 14.01.05: http://www.elmundo.es/navegante/2005/01/14/esociedad/1105710107.html

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electoral11. Se utilizó en todas las mesas electorales de Lleida, Pontevedra y

Salamanca.

En el ámbito Autonómico:

Elecciones al Parlamento de Cataluña, 2010. El CAE se instaló en los siete

municipios de El Prat de Llobregat, Vic, La Bisbal d'Empordà, Lleida, La Seu

d'Urgell, Montblanc y Tortosa. La gestión electrónica se desarrolló en 101 colegios

electorales, en 339 mesas y se necesitaron para su gestión 1.356 personas (4 por

mesa). Funcionaron correctamente, a excepción de las instaladas en Lleida, donde

un problema con los datos de la tarjeta del censo del INE obligó a utilizar el sistema

tradicional de voto.

En el ámbito municipal:

Elecciones Locales 2015. Mesas Administradas Electrónicamente (MAE). Utilizado

en 21 municipios: Sevilla y Jaén (Andalucía), A Coruña (Galicia), Badalona y

Tarragona (Cataluña), Ceuta, Melilla, Avilés (Asturias), Santander (Cantabria),

Vitoria (País Vasco), Pamplona (Navarra), Huesca (Aragón), Torrent (Comunitat

Valenciana), Molina del Segura (Murcia), Marratxí (Baleares) Ingenio y Candelaria

(Canarias), Mérida (Extremadura), Burgos (Castilla y León), Talavera de la Reina

(Castilla la Mancha), Alcobendas (Madrid). En Vitoria y Pamplona no todas las

Mesas dispondrán de MAE, de acuerdo con la web del Ministerio del Interior

(http://elecciones.mir.es/locales2015/web/locales2015/manuales-maes.html)

En el ámbito Internacional:

Aunque no son muchas las experiencias en este sentido, una de las más

significativas ha tenido lugar en el estado más pequeño de la Unión Europea, en

Estonia. Con una población de alrededor de millón y medio de habitantes, es uno de

los países más conectados de Europa y uno de los líderes en eDemocracia y en

Gobierno abierto, según Enrique Dans (http://www.enriquedans.com/2013/07/gobierno-

transparencia-y-codigo-abierto.html). La explicación se halla en la apuesta del gobierno 11Más información en web sobre las Elecciones al Parlamento Europeo en 2009. http://elecciones.mir.es/europeas2009/cae.html

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estonio de invertir en el desarrollo del uso de la red durante el periodo de 2000 a

2004, en el que se formó al 10% de la población adulta con financiación del sector

privado. En cuanto al voto electrónico, a través del documento de identidad

electrónico, ha permitido que en las pasadas elecciones parlamentarias de 2011, el

sistema fuera usado por un 25% de la población (Experiencias de voto electrónico

en el mundo: http://www.euskadi.net/botoelek/otros_paises/ve_mundo_impl_c.htm).

4.1.3. El ciudadano en red y la Administración Pública

Como no podía ser de otro modo, también para algunos autores, como José Ignacio

Criado, el potencial que las TIC pueden desarrollar en las organizaciones gira en torno a

involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos de forma más activa (Criado, 2015) En

su opinión, no se trata tanto de imitar los viejos sistemas participativos existentes y

llevarlos a un espacio virtual, digitalizado, sino de aprovechar las posibilidades que las

tecnologías introducen (apps, plataformas de participación ciudadana…) para innovar en el

seno de las organizaciones, aunque esto requiere de formación en una doble dirección. Por

un lado, de la ciudadanía en el manejo de TIC y por otro, de las organizaciones en

formación sobre la metodología de carácter social.

Es precisamente la innovación el gran reto que tienen las Administraciones

Públicas, ya que tendrán que aprender a generar nuevas dinámicas de trabajo y a involucrar

a su entorno, puesto que si no, su adaptación a los nuevos tiempos será muy complicada,

aparte de que no entenderían nada de lo que necesitan las personas a las que sirven. En ese

sentido, y a modo de ejemplo, las redes sociales constituyen una plataforma inigualable

para mejorar la colaboración entre la ciudadanía y las Administraciones Públicas, así como

las nuevas políticas de transparencia. En opinión de Victor Almonacid “los ciudadanos

están en Internet. Se informan y participan de las redes sociales (…). La administración

debe estar donde están los ciudadanos y, por lo tanto, los gobiernos deben empatizar con

esta realidad. La transparencia es la premisa de la participación” (Futej, 2015: en línea).

4.1.3.1. La interacción entre la Administración y la ciudadanía

Las herramientas detalladas en el apartado anterior relativo a la ciudadanía y al

sistema político (herramientas de información, consulta, diálogo, deliberación o

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colaboración), denominadas herramientas web2.0, son medios sociales que tienen como

elemento clave de su éxito la facilidad para crear contenido. Si la tecnología ya está ahí,

¿qué hace falta para que las Administraciones actúen de tal forma que el ciudadano sea el

centro de la acción política y pública?

Algunos gobiernos ya están avanzando en ese sentido, por ejemplo, el segundo eje

estratégico del Plan de Innovación Pública 2014-2016 del Gobierno Vasco, en el que se

hace evolucionar el concepto de atención ciudadana por el de interacción con la ciudadanía.

Figura 8. PIP 2014-2016 Gobierno Vasco.

Fuente: http://pip.blog.euskadi.eus/Fecha acceso: 10/12/15

Pero eso no es lo habitual. Mentxu Ramilo (2014:80) considera que en muchas

ocasiones, la inversión en TIC se ha convertido en un fin en sí misma, sin que suponga

cambios más profundos en las instituciones públicas. Por ello, propone transformaciones en

el ámbito de la cultura organizativa y de trabajo que permitan avanzar hacia los gobiernos,

las administraciones y la ciudadanía en red. Así, es necesario:

Cambiar la mentalidad de las personas que trabajan en las instituciones

públicas, desde el control a la confianza y de la visión procedimental a una

mayor autonomía.

Pasar de las organizaciones basadas en las normas y las competencias a las

organizaciones basadas en las personas y en la resolución de problemas.

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Avanzar de las rígidas estructuras jerárquicas a las organizaciones que trabajen

en red con mayor apertura, dinamismo y agilidad.

Por su parte, Jordi Graells (2012) considera que la Administración debe ser una

“organización más humilde, que quiera aprovechar la inagotable fuente de conocimiento de

sus profesionales y de la ciudadanía”. Para ello, indica, debe tratar a sus “trabajadores y a

los ciudadanos como auténticos socios”. Además, como ejemplo de transformación e

innovación en las Administraciones Públicas, Graells detalla la apertura de los datos

públicos (Open data), con el objetivo de que la ciudadanía conozca mejor la actividad de la

Administración y del Gobierno, también para generar valor en la sociedad a través de la

creación de productos y servicios y, por último, para facilitar la interoperabilidad entre las

Administraciones. P.ej.: (http://www.gencat.cat/mobils/cas/android.htm)

Figura 9. Aplicaciones realizadas con datos abiertos de la Generalitat de Cataluña

Fuente: Jordi Graells (2012)

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Y, por otro lado, como ejemplo de colaboración y aprovechamiento de los

conocimientos de los trabajadores de las Administraciones Públicas, destaca la red de

funcionarios “intraemprendedores”,Xarxa d’innovació pública (http://www.xarxaip.cat)

para “compartir proyectos y buenas prácticas, conocimiento, noticias y, en definitiva,

aprender juntos de nuestra experiencia y de la de los otros y, a la vez, idear nuevos servicios

conjuntamente con el resto de actores públicos (ciudadanía, proveedores, etc)”.

Figura 10. Xarxa d’Innovació Pública

Fuente: http://www.xarxaip.cat Fecha de acceso: 30.11.15

4.1.3.2. El grado de satisfacción de los ciudadanos

De acuerdo con el informe, relativo al año 2012, sobre la percepción que tienen los

ciudadanos sobre los servicios públicos (AEVAL, 2013: 73-77) y, en concreto, sobre la

Administración electrónica:

El 80% se declara satisfecho con su última visita a un sitio web de la

Administración. Al compararlo con los distintos canales, el canal telemático de

comunicación presenta el mayor grado de satisfacción, un 81%, seguido del

presencial (75%), del correo o fax (69%) y, finalmente, el telefónico (65%). El alto

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grado de satisfacción de los usuarios de la eAdministración puede deberse, según el

informe, a que normalmente “poseen mayor eficacia en sus relaciones con las

Administraciones Públicas al tener, de media, un mayor nivel educativo y

pertenecer a una clase social más elevada que los usuarios de la administración

presencial”.

Si, por el contrario, se observan los datos sobre la preferencia para hacer futuras

gestiones, el canal preferido de los encuestados es el presencial (70%), le sigue de

lejos el telemático (20%) y, el telefónico, en último lugar (7%). Estas diferencias tan

notorias pueden deberse a que cualquier dificultad en el acceso a Internet hace que

el ciudadano prefiera el trato presencial.

Respecto a utilizar Internet en sus actividades con la Administración, el 78% indica

que se evitan desplazamientos, el 68% que se ahorra tiempo, el 37% que las

gestiones pueden realizarse a cualquier hora, y el 7% que la Administración

resuelve antes si lo hace por Internet.

También analizan las desventajas de utilizar la Administración electrónica:

No tener contacto directo con una persona que te informe y te ayude a hacer la

gestión (76%)

La inseguridad de Internet (47%)

La complejidad de realizar gestiones por Internet (24%)

La carencia de identificación electrónica (15%)

4.2. Las dificultades para el acceso a las TIC

4.2.1. La brecha digital

Las TIC representan una oportunidad para que las administraciones se acerquen a

los ciudadanos y un medio para la eficacia y la transparencia de la Administración. A través

de las tecnologías, se abre una dimensión nueva de las relaciones entre las

Administraciones Públicas y la ciudadanía que debe desarrollarse, pero, al mismo tiempo,

también representa graves amenazas.

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Una de ellas la sufren todas aquellas personas que, por circunstancias diversas, no

pueden acceder a las Administraciones Públicas a través de las TIC. Un axioma muy

extendido es que la esencia de la igualdad es tratar situaciones desiguales de forma

desigual, lo que trae a colación a muchos colectivos con necesidades especiales que no

tienen acceso a Internet o que no tienen formación y que también deben ser contemplados.

Nos estamos refiriendo a la brecha digital. Por brecha o división digital se entiende la

separación que existe entre las personas que usan habitualmente las Tecnologías de la

Información y la Comunicación y aquellas que no tienen acceso, o no tienen formación para

utilizarlas.

Las Administraciones Públicas deben estar preparadas para este tipo de situaciones

y proporcionar otras alternativas para que los ciudadanos puedan actuar ante los poderes

públicos como, por ejemplo, de forma presencial, telefónica, por correo, etc, intentando

resolver estas diferencias. Un ejemplo podría ser el DNI electrónico, entendido como un

instrumento que promueve esa interacción entre ambos agentes. Un hecho curioso es que,

aunque la implantación del DNI electrónico es bastante elevado en España ya que más del

78% afirmaba en 2012 conocer su existencia; sin embargo, ese dato no se corresponde con

la realidad social de su uso que abarca a sólo el 46% de los ciudadanos (AEVAL,2013:84).

En ese sentido, si bien la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, establece en su artículo 6º, que los ciudadanos tienen

derecho a elegir el canal con el que relacionarse con la Administración, es decir sugiere que

debe haber distintos mecanismos, no obstante, cada día son más las gestiones que no

pueden hacerse si no es a través de internet, por ejemplo las solicitudes de becas o de

proyectos.

El Informe aludido de AEVAL (2013:82) sobre la calidad de los servicios públicos,

nos arroja datos sobre las características de los usuarios de la Administración electrónica y

en él se indica que del año 2010 al 2012 los ciudadanos que usan la eAdministración se han

incrementado de un 32 a un 43%. Sin embargo, para conocer el riesgo de exclusión social

en términos de acceso digital, el informe valora otros indicadores. En particular:

El nivel de estudios. En los dos años comparados, 2010 y 2012, los porcentajes

siguen siendo similares. El mayor porcentaje lo siguen teniendo las personas con

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estudios universitarios (73% en 2010 y 77%, en 2012). Pero el mayor aumento, en

torno a 10 puntos, lo han experimentado los usuarios con niveles de estudios

secundarios (de 30 a 45%) y de FP (de 47 a 57%). Lo que pone de manifiesto que

la eAdministración se ha ido extendiendo entre esos niveles. El problema de

brecha digital sigue estando entre los que tienen un nivel de estudios inferior.

Gráfico 2. Uso de la eAdministración por nivel estudios, 2010-2012.

Fuente: AEVAL (2013)

La edad. Son las personas entre 25 y 44 años las que más usan la eAdministración.

Entre los mayores de 55 años se produce la brecha digital por razón de edad, si

bien se ha incrementado el uso ligeramente respecto a 2010. Uno de los aspectos

más sorprendentes de esta circunstancia es la “inversión del proceso educativo”,

que refleja que, por primera vez, al menos parcialmente, no son los adultos los que

se encuentran en la mejor disposición y capacidad, para explicar a los jóvenes

todos estos nuevos conocimientos (Busquet y Uribe, 2011).

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Gráfico 3.Uso de la eAdministración por edad, 2010-2012.

Fuente: AEVAL (2013)

El género

Respecto a la desigualdad por razón de género en el contexto de la Sociedad de la

Información, los datos del INE en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías

de Información y Comunicación en los hogares 2015 indican que progresivamente está

reduciéndose las diferencias relativas a la primera brecha digital de género (PBD), es decir

las correspondientes al acceso a tecnologías, uso de ordenador o Internet y compras por

Internet, tal y como comprobamos en el gráfico siguiente:

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Gráfico 4. Brecha digital de género, 2012-2015

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los hogares 2015

Sin embargo, todavía persiste lo que se ha dado en denominar la segunda brecha

digital. Con esta expresión se hace alusión a los usos de esas tecnologías. Según el Plan de

acción para la Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de la

Información 2014-2017 (Instituto de la Mujer,2015:11), los hombres realizan más

actividades digitales relacionadas con el ocio y las mujeres con usos vinculados al cuidado.

Otros sectores donde hay brecha digital es en la banca electrónica, la creación de páginas

web o el comercio electrónico y en este último, las mayores diferencias se refieren a la

compra de equipos informáticos, software de ordenador o juegos por vía electrónica, donde

los porcentajes son mayoritariamente relativos a los hombres, y en la compra de entradas,

de alimentación o medicamentos, realizadas en mayor medida por las mujeres

4.3. Los derechos de los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas.

La Constitución Española de 1978 establece, en el artículo 18.4, que “la ley limitará

el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

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En el desarrollo de este artículo, y por lo que respecta a los derechos de los

ciudadanos en sus relaciones con la Administración, vamos a centrarnos en la Ley 39/1982,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de

Protección de Datos personales (LOPD), la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso

Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas y la ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

4.3.1. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común12

En 1992, se produce un primer y espectacular giro en las relaciones entre la

Administración y los administrados con la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común

(LRJPAC). La novedad más significativa es que pasan a denominarse ciudadanos y no

administrados, o subordinados. La ley es vanguardista al añadir, en el artículo 35, los

“derechos de los ciudadanos”, y al empezar a inculcar -entre los trabajadores de la

administración- la cultura de la calidad en la gestión y la de facilitar y simplificar los pasos

que el ciudadano debe realizar en su trato con la Administración Pública.

Así, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los

siguientes derechos:

Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los

procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener

copias de documentos contenidos en ellos.

Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las

Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los

procedimientos.

12 Esta Ley será derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2/10/2015), al año de su publicación en el BOE, excepto para las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamiento, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, para las que se concede un plazo de dos años de vigencia, según la disposición final 7ª, de la Ley 39/2015 aludida.

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104

Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola

junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando

los originales deban obrar en el procedimiento.

Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma,

de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento

Jurídico.

Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del

procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos

en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de

resolución.

No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al

procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la

Administración actuante.

Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos,

actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Acceder a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en

los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.

Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios,

que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento

de sus obligaciones.

Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del

personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

4.3.2. La Ley de Protección de Datos Personales.

Uno de los derechos fundamentales reconocidos en la mayoría de las Constituciones

es el de la intimidad (en nuestra Constitución, en el art. 18). Por otro lado, el desarrollo de

las TICs permite traspasar nuevas fronteras, conocer información que antes era impensable

y, sobre todo, relacionar, almacenar, buscar y transmitir esta información. Ello lleva

consigo que la persona se convierta también en un dato, en un conjunto de información que

puede ser muy preciada tanto por el Estado, como por los agentes económicos. Pero,

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105

¿dónde poner los límites a tanta información? Es evidente que si queremos vivir en una

sociedad informatizada, hemos de acceder también a otras incomodidades o renuncias (un

exceso de vigilancia apenas perceptible); sin embargo, potencialmente entrañan un riesgo y

una amenaza clara a nuestra intimidad. Por tanto, ¿hasta dónde podemos permitir esta

injerencia?

En este sentido, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos Personales (LOPD) establece unos principios básicos en el tratamiento de los datos

de carácter personal:

La calidad de los datos (art. 4). Los datos de carácter personal deben ser

adecuados, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad para la que se

obtienen. Deben ser exactos y actualizados, asegurando la veracidad y la

exactitud de los datos obtenidos y tratados.

El consentimiento (art. 6). Es necesario el consentimiento inequívoco del

interesado. En relación con este principio, está el de plena información del

afectado (art. 5). Además, hay datos especialmente protegidos –el origen racial,

la salud, la sexualidad-.

La seguridad y el secreto (art. 9 y 10) en el tratamiento de los datos y la

congruencia y la racionalidad en su utilización (art. 11 y 12)

Como concreción a estos principios, la LOPD reconoce al afectado una serie de

derechos, como son:

La oposición al tratamiento (art. 6)

La información en la recogida de datos (art.5)

La impugnación de valoraciones (art. 13)

La consulta (art. 14): el derecho de conocer solicitando información, en el

Registro General de Protección de Datos, sobre la existencia de un determinado

tratamiento de datos de carácter personal, su finalidad y la identidad del

responsable del tratamiento.

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El acceso (art. 15). Los datos de carácter personal serán almacenados de forma

que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente

cancelados.

La rectificación y la cancelación (art. 16). Aquellos datos inexactos o

incompletos pueden ser rectificados o cancelados, debiendo hacerlo efectivo el

responsable del tratamiento de los datos. La cancelación comporta el bloqueo de

los datos, no el borrado, pudiendo estar disponible para investigaciones de los

tribunales o de la Administración.

La indemnización (art. 19).

La ley 15/1999 fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad estimado

parcialmente por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre.

El Tribunal Constitucional (TC) entiende que el derecho protegido, en el artículo 18.4 de la

Constitución Española, es un derecho o libertad fundamental: el derecho a la libertad, frente

a las agresiones potenciales a la dignidad y a la libertad de las personas, procedentes de un

uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de los datos.

Al respecto, el TC recuerda (FJ 5) que “la garantía de la vida privada de la persona y

su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho

fundamental a la intimidad y que se traduce en un derecho de control sobre los datos

relativos a la propia persona. La llamada “libertad informática” constituye así, el derecho a

controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y

comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos

personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”.

Con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y

controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de la información, el

acceso, la rectificación, la oposición y la cancelación de datos, se creó la Agencia Española

de Protección de Datos (https://www.agpd.es).

En definitiva, recogiendo la opinión de Stefano Rodotá, todos los derechos

recogidos por las leyes que protegen la privacidad y la intimidad se concretan para dar a

cada individuo “el poder de ‘gobernar’ la circulación de las informaciones que le

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conciernen”, transformándose así el derecho fundamental a la protección de datos

personales, en un elemento capital de la nueva “ciudadanía electrónica” en la Sociedad de

la Información y la Comunicación (Rodotá, 2003).

4.3.3. El acceso electrónico de los ciudadanos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las

Administraciones Públicas (LAECSP), reconoce en su artículo 6 el derecho de los

ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos

para el ejercicio de los derechos previstos en el art. 35 de la LRJPAC. En particular, para

“obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar

consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a

las resoluciones y actos administrativos”.

Además, entre los derechos que tienen los ciudadanos en relación con la utilización

de los medios electrónicos, destacamos:

Elegir entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a

través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones

Públicas.

No aportar los datos y los documentos que obren en poder de las

Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para

recabar dicha información siempre que, en el caso de los datos de carácter

personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos

establecidos por la LOPD, salvo que existan restricciones conforme a la

normativa de aplicación a los datos y los documentos recabados. El citado

consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

La igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones

Públicas.

Conocer, por medios electrónicos, el estado de tramitación de los

procedimientos y obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos

que formen parte de los procedimientos en los que tengan la condición de

interesado.

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Garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos que figuren en los

ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Disfrutar de la calidad de los servicios públicos prestados por medios

electrónicos.

Para la tutela de estos derechos, se ha creado, en el ámbito de la Administración

General del Estado, la figura del “Defensor del usuario de la Administración electrónica”,

nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones

Públicas entre las personas de reconocido prestigio en la materia.

4.3.4. La nueva Ley de Transparencia.

Los artículos más destacables de la Ley19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,

Acceso a la Información pública y Buen gobierno (LTBG), publicada en el BOE de

10.12.13, en relación con los derechos de los ciudadanos son los siguientes:

Derecho de acceso: todas las personas son titulares del derecho de acceso a la

información pública (art.12). Este derecho podrá ejercerse sin necesidad de

motivar la solicitud (art.17).

Limitación del derecho de acceso: sólo en aquellos casos en que sea necesario

por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la

Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses

protegidos (la seguridad nacional, la defensa, etc). En todo caso, los límites

previstos se aplicarán atendiendo a las circunstancias del caso concreto y del

interés público o privado que justifique el acceso (art.14).

Protección de datos personales. El derecho de acceso a la información puede

colisionar con el derecho de protección de los datos personales (art.15). En este

caso, la Ley establece los mecanismos de equilibrio siguientes:

- Si la información afecta directamente a la organización o actividad pública

del órgano, prevalecerá el acceso.

- Si la información afecta a datos calificados por la normativa como

especialmente protegidos, se requerirá, con carácter general, el

consentimiento de su titular.

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Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Para facilitar el

derecho de acceso, la Ley ha establecido un procedimiento ágil, que consiste

fundamentalmente en dirigir la solicitud al titular del órgano administrativo o

entidad que posea la información, utilizando cualquier medio que permita tener

constancia de la identidad del solicitante, de la información que se solicita y de

una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de

comunicaciones (art.18). En el plazo de un mes, el solicitante debe recibir la

resolución y si no la recibiese en ese tiempo, se entenderá desestimada (art.19).

Además, se crearán unidades de información en la Administración General del

Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante

el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación

(art.21).

4.3.4.1. Las trabas en el camino: las barreras administrativas y técnicas

No obstante, algunas organizaciones que han tenido la oportunidad de realizar

peticiones de información, se han encontrado con importantes dificultades hasta el punto de

tener que cerrar sus portales. Algunas de ellas, como Access Info Europe [antes,

(http://www.access-info.org/es) A fecha 14.12.15, inexistente] y Tu derecho a saber

[todavía abierta, pero con un mensaje de despedida y justificación de su decisión de cerrar

(http://www.tuderechoasaber.es)]. Ésta última, en un post datado el 10 de diciembre de

2015, fecha de la última entrada, explica cómo desde su creación en 2011 no han hallado

precisamente colaboración en las Administraciones Públicas. Su objetivo inicial fue

facilitar que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier

institución pública española, atajando la separación entre las entidades públicas y los

ciudadanos, fundamentalmente porque éstos podían encontrarse con varios factores que

podían generar indefensión: no saber, de forma individual, qué cuestiones podía preguntar,

o cómo hacerlo, o a qué institución dirigirse, o si el plazo de respuesta había expirado y

cómo reclamar. Esta organización tenía en la web los datos de contacto de cada organismo

y enviaba la solicitud de consulta por correo electrónico. Posteriormente la contestación se

publicaba en abierto, para conocimiento de todos los ciudadanos.

Finalmente, los obstáculos relativos al acceso no pudieron ser más desalentadores:

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El Gobierno decidió desestimar el correo electrónico como canal de

comunicación, aun siendo el más ágil y accesible para solicitar información.

La exigencia de identificación mediante certificado digital, DNI electrónico o

una clave personal obtenida por el móvil.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, cada vez más organismos

utilizan formularios propios.

Como resultado de ello, el silencio administrativo ha sido la respuesta conseguida

en un 54%, en 2012, 57%, en 2013 y 42%, en 2014.Por suerte, no todo ha estado en contra.

Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial sí permite que tanto las consultas como

las respuestas sean a través de esa vía de comunicación, ya que considera que “el acceso a

la información pública es un derecho fundamental de carácter universal” y debe primar

frente a otro requisito en la identificación de la solicitud13.

Sin embargo, estas circunstancias nos acercan a una reflexión que muchos nos

planteamos: todavía se necesita una profunda transformación de la cultura administrativa de

los organismos públicos respecto al ciudadano. Debe dejar de verlo como subordinado,

como sospechoso, susceptible de entorpecer o distorsionar la tarea de la Administración.

Sería lamentable que no se aproveche la corriente hacia la transparencia y el buen gobierno,

y que estas leyes y oportunidades quedasen en mera fachada frente a las estadísticas, pero

no, precisamente, frente a la ciudadanía.

4.3.5. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas (BOE 2.10.15), se hace alusión al artículo 103 de

la Constitución Española para volver a recordarnos los principios básicos por los que se

rigen las Administraciones Públicas, que son, fundamentalmente, la eficacia y la legalidad,

al estar obligadas al sometimiento pleno de su actividad administrativa a la Ley y al

Derecho. Se indica, además, que el procedimiento administrativo es la materialización de

esos principios al estar constituido por “una serie de cauces formales que han de garantizar

el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible 13http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/-El-CGPJ-no-exigira-que-los-solicitantes-de-informacion-publica-se-identifiquen-o-motiven-su-peticion

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salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en

condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio”. No obstante, es curioso

observar que no se utiliza la acepción “ciudadanos” más que en el Preámbulo –aunque de

forma repetitiva- y al final de la Ley, en particular en el artículo 133, al detallar la

participación de éstos en las normas. En este sentido, los “derechos de los ciudadanos” de

los que hablábamos para referirnos a la Ley 30/1992 de RJPAC y a la que hacíamos alusión

en párrafos anteriores, se han convertido en “derechos de las personas“ (art. 13) y en

“derecho de los interesados” (art. 53), en esta nueva Ley.

Por otro lado, se reconoce también que el desarrollo de las TIC ha afectado

profundamente a la forma y al contenido de las relaciones entre la Administración Pública,

los ciudadanos y las empresas. Esta Ley entrará en vigor parcialmente el 2 de octubre de

2016.

Sus principales aportaciones son:

La tramitación electrónica, forma habitual de actuación de las Administraciones.

A partir de ahora, la tramitación electrónica será la forma habitual de gestión. La

justificación de esta decisión es, según esta Ley, no sólo el ahorro de costes de papel y por

ende, la mejora de la eficacia y la eficiencia, sino fundamentalmente que se “refuerzan las

garantías de los ciudadanos”, según se establece en el Preámbulo. “En efecto, la constancia

de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las

obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada

a los interesados” (art.16).

La notificación electrónica, forma preferente de notificación.

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, salvo en los

supuestos en que la Ley estipula realizarla por otras vías. Asimismo, se incrementa la

seguridad jurídica de los interesados incluyendo el envío de avisos de notificación a los

dispositivos electrónicos o email del interesado, con el objetivo de garantizar la puesta a

disposición de dichas notificaciones, siempre que sea posible; así como el acceso a sus

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notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, que

funcionará como un portal de entrada (art.41)

La representación y los registros electrónicos de apoderamiento.

Para actuar en representación de terceros, esta Ley permite también la acreditación

mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica correspondiente, o mediante

inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública

competente. En este sentido, tanto la Administración General del Estado, como las

Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, dispondrán de un registro general de

apoderamientos, que deberán ser interoperables entre sí. (art. 5 y 6)

Los sistemas de identificación de los interesados y la firma electrónica.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente en el procedimiento, en la forma que

determina el artículo 9. Asimismo, se establecen los sistemas de firma electrónica

admitidos por las Administraciones Públicas (art. 10).

La asistencia en el uso de los medios electrónicos

Las Administraciones Públicas deben garantizar que los interesados puedan relacionarse

con la Administración de forma electrónica y deben asistir en el uso de medios electrónicos

a los interesados no incluidos en el art.14 (ap.2 y 3), que así lo soliciten, sobre todo por lo

que respecta a la identificación, firma electrónica presentación de solicitudes en registro

electrónico general y obtención de copias auténticas. También se establece el

procedimiento de validación de identificación y firma electrónica ante funcionario público,

en caso de que el interesado no disponga de medios electrónicos (art. 12)

Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

(art.13)14

a. Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso

General electrónico de la Administración.

14 Indicamos con asterisco aquellos aspectos que ya venían recogidos en la Ley 30/1992 de RJPAC

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b. Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las

Administraciones Públicas.

c. Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de

acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico (*).

d. Acceder a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Buen Gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico (*actualizado)

e. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que

habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus

obligaciones (*).

f. Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando

así corresponda legalmente (*).

g. Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en

esta Ley.

h. Protección de datos de carácter personal, y en lo referente a la seguridad y

confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de

las Administraciones Públicas.

i. Cualesquiera otros derechos que les reconozcan la Constitución y las leyes (*).

Los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo (art.53).

a. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos

en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo

que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución

expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y

resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a

acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados

procedimientos (*).

b. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios

electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el

párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración

que funcionará como un portal de acceso.

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c. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones

Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos (*).

d. No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa

reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente,

deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia

autenticada de éste.

e. No presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al

procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las

Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas (*).

f. Formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento

Jurídico, y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al

trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al

redactar la propuesta de resolución (*).

g. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que

las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que

se propongan realizar (*).

h. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus

intereses (*).

i. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el

artículo 98.2.

j. Cualesquiera otros derechos que les reconozcan la Constitución y las leyes (*).

Además, el art. 14 regula el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con

las Administraciones Públicas. Así, establece que las personas físicas tienen posibilidad

de elegir en todo momento si la comunicación la realizan por medios electrónicos, o no.

No sucede lo mismo con las personas jurídicas, las cuales están obligadas a relacionarse

por medios electrónicos. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los

notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Por su parte, el artículo 133, representa una novedad importante, destinado a incrementar la

participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de

Ley y reglamentos. Para ello, se debe recabar, con carácter previo a la elaboración de la

norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden

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115

solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la

norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

4.4. Enlaces y ejemplos de buenas prácticas

4.4.1. Ciutadania4.0

El proyecto Ciutadania4.0 es una plataforma impulsada por Telefónica en Cataluña

–lanzada en abril de 2011-, para dar mayor visibilidad, capacidades y relaciones a las

iniciativas ciudadanas que hacen un uso intensivo de las TIC.

En la web del proyecto, (http://ciutadania40.cat/es) se recoge la siguiente

información respecto a las iniciativas ciudadanas. Se trata de “todas aquellas que realizan

algún tipo de innovación social y que cumplen los requisitos de trabajar sobre necesidades

actuales y con la tecnología y los datos disponibles; y cuyos objetivos y desarrollo

dependen de la involucración y la participación de los propios ciudadanos; sean

organizaciones no lucrativas, micro-empresas y/o equipo de voluntarios”.

Figura 11. Plataforma Ciutadania4.0

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4.4.2. Decálogo de derechos de la ciudadanía para relacionarse con las Administraciones

Públicas por medios electrónicos.

“Un derecho para la ciudadanía y un deber para la Administración”. Así se recoge

en la web del Ararteko, (http://goo.gl/eUidxa) o defensor del pueblo vasco, el espíritu que

debe regir las relaciones de las Administraciones Públicas con la Ciudadanía, por lo que

respecta a los medios electrónicos. Los derechos que se le reconocen a los ciudadanos, que

parten de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se resumen con un afán divulgativo para los

ciudadanos, en el decálogo siguiente:

1. Multicanalidad: elegir el canal de relación con la Administración.

2. Interoperabilidad: no aportar datos y documentos que obren en poder de la

Administración

3. Accesibilidad: igualdad

4. Transparencia: acceder al estado de tramitación de tus procedimientos

5. Copia: obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos de tus

procedimientos

6. Archivo: conservación electrónica de los documentos electrónicos del

expediente

7. Seguridad y confidencialidad: tener los medios de identificación electrónica

8. Garantía: seguridad y confidencialidad de los datos

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9. Calidad: servicios públicos electrónicos de calidad

10. Neutralidad tecnológica. elegir las aplicaciones o sistemas informáticos para

relacionarse con las administraciones

Figura 12. Decálogo de Derechos de la Ciudadanía

Fuente: Defensor del Pueblo Vasco.

4.4.3. Carta de los derechos electrónicos de las personas.

Victor Almonacid (2015a, en línea) propone una “Carta de los derechos electrónicos de las

personas”, en la que se recogen los derechos presentados en las leyes anteriormente

descritas, agrupados en los epígrafes más representativos, por ejemplo, relaciones jurídico-

administrativas por medios electrónicos, igualdad, calidad, elección de canal, etc.

Almonacid destaca que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los Servicios Públicos (LAESP) ha constituido un hito ya que marca “el punto

de inflexión del Estado Social y Democrático de Derecho al Estado Social y Tecnológico

de Derecho” y es en el marco de éste último donde los ciudadanos se mueven dentro de un

nuevo entorno de relaciones con la Administración Pública. El ciudadano de hoy día ha

cambiado, no tiene nada que ver con el de hace veinte años y las relaciones con los

organismos públicos también, “aquél ciudadano sumiso, subyugado y en ocasiones

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atemorizado por una administración lenta e intencionadamente burocrática, se ha

convertido en un usuario de servicios, a veces privados y a veces públicos (…). Este nuevo

ciudadano, plenamente integrado en la sociedad del conocimiento conoce, valga la

redundancia, todos sus derechos, y en condiciones normales va a exigirlos a cambio de sus

impuestos” (2015b, en línea).

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SEGUNDA PARTE. LOS AGENTES Y LAS ACCIONES PÚBLICAS

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CAPÍTULO 5º

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123

CAPÍTULO 5º. APROXIMACIÓN A LA EADMINISTRACIÓN EUROPEA

Como señalaba en el año 2000 el sociólogo estadounidense Daniel Bell (2000), en

relación al crecimiento vertiginoso de Internet y de la red mundial –www- “ningún adelanto

previo ha invadido tan rápidamente las conciencias y ha asegurado tan amplia acogida

pública”. En efecto, nos hemos adaptado rápidamente a la nueva Sociedad de la

Información, dominada por tecnologías que han colonizado nuestra forma de aprender,

vivir o entretenernos. Internet, teléfonos móviles, cámaras digitales, tablets... Las

telecomunicaciones, la informática, o los medios de comunicación han experimentado una

profunda transformación, permitiendo al ciudadano acceder a nuevas vías de relaciones con

las empresas y las administraciones, inimaginables tan sólo hace una generación.

Por lo que se refiere a la Administración electrónica, aunque desde las instancias

comunitarias no puede imponerse un modelo específico ya que el principio de autonomía

institucional y procedimental obliga al respeto de la organización y funcionamiento de los

Estados miembros, sorprende sin embargo que los estudios sobre Administración

electrónica se centren fundamentalmente en el ámbito nacional, sin profundizar en su

tratamiento a nivel europeo, cuando de las decisiones adoptadas desde la UE dependerá en

gran parte el desarrollo de la Administración electrónica (Vida, 2010). A ello se une, a

juicio de Elvira Alexandre (1996:39), el escaso eco que tienen en los medios de

comunicación las decisiones tomadas en las instituciones europeas. O, lo que es más

inconcebible, “el tratamiento tan sesgado o poco documentado que suelen darle”. Al

respecto, coincidimos con la apreciación del profesor Vida Fernández y, por esa razón, nos

centraremos algo más detenidamente en este apartado, con el objetivo de mostrar

cronológicamente las principales iniciativas que se han llevado a cabo.

5.1. El desarrollo de la Administración electrónica en Europa

5.1.1. La Agenda de Lisboa 2000. eEurope 2002, 2005, 2010.

La primera década del siglo XXI está marcada, en el solar europeo en materia de

Administración electrónica, por lo que se conoce como Estrategia o Agenda de Lisboa

(Consejo, 2000), cuyo origen se asienta en las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado

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en Lisboa los días 23 y 24 de marzo del año 2000. Aunque para el profesor Vida Fernández

(2010: 16), la Estrategia no tuvo efecto jurídico inmediato, “su fuerza política resulta

indudable” toda vez que se establecieron las principales líneas de actuación que se

desarrollarían los años posteriores en el entorno de la UE, a través de acciones concretas.

El objetivo estratégico primordial se resumía en hacer de la Unión Europea antes de

2010, “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con

mayor cohesión social” (Consejo,2000) . Para obtener estos fines se estableció un plan de

intervención global, que incluía:

● Preparar el paso hacia una sociedad y una economía basadas en el conocimiento,

mediante políticas que cubran mejor las necesidades de la Sociedad de la

Información y de la investigación y desarrollo y acelerar las reformas estructurales

necesarias para reforzar la competitividad y la innovación y el mercado interior.

● Modernizar el modelo social europeo invirtiendo en recursos humanos y luchando

contra la exclusión social.

● Mantener sólidas perspectivas económicas y expectativas favorables de crecimiento

progresivo de las políticas macroeconómicas adecuadas.

Inscrita en la Agenda de Lisboa, y en desarrollo de esta estrategia, la Comisión

Europea lanzó la iniciativa eEurope, una sociedad de la información para todos

(Comisión,1999), para ser debatida posteriormente en el Consejo Europeo extraordinario de

Lisboa celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, con la finalidad de extender los

beneficios de la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos europeos. Se recogieron

diez acciones prioritarias:

Dar acceso a la juventud europea a la era digital

Abaratar el acceso a Internet

Acelerar la implantación del comercio electrónico

Ofrecer una Internet rápida para investigadores y estudiantes

Dar tarjetas inteligentes para el acceso seguro a las aplicaciones electrónicas

Otorgar capital-riesgo para las PYME de alta tecnología

Favorecer la participación de los discapacitados en la cultura electrónica

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Proporcionar la salud en línea

Potenciar el transporte inteligente

Posibilitar la Administración Pública en línea.

La iniciativa eEurope se ha llevado a cabo en varias fases: el Plan de Acción

eEurope 2002, el Plan de Acción eEurope 2005 y el Plan Europa i2010.

El Plan de Acción eEurope 2002 (Comisión, 2001a) tuvo como principal acción

acelerar el desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. Para ello, se agruparon

los diez objetivos anteriores, alrededor de tres objetivos fundamentales:

1. Un Internet más barato, rápido y seguro, a través de

a. El acceso a Internet más rápido y barato

b. Una Internet más rápida para investigadores y estudiantes

c. Redes seguras y tarjetas inteligentes

2. Invertir en las personas y en la formación, mediante el

a. Acceso de la juventud europea a la era digital

b. Trabajo dentro de una economía basada en el conocimiento

c. La participación de todos en la economía basada en el conocimiento

3. Estimular el uso de Internet, con

a. La aceleración del comercio electrónico

b. La administración en línea: ofrecer acceso electrónico a los servicios

públicos

c. La sanidad en línea

d. Los contenidos digitales europeos para las redes mundiales

e. Los sistemas de transporte inteligentes

Este planteamiento respondía al escaso aprovechamiento de las posibilidades de

“mejora de la eficiencia” que las tecnologías digitales ofrecían, y ofrecen, y de su escasa

utilización por parte de ciudadanos y empresas. Por ejemplo, los usuarios que realizaban las

compras por Internet, de forma habitual, no llegaban al 5 % y, solamente el 10% de los

internautas, se relacionaba con sus administraciones en línea (p.11).

Una de las líneas prioritarias de actuación que se propuso el Plan eEurope 2002,

para alcanzar los objetivos aludidos, fue el impulso de la Administración electrónica, ya

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que sólo una pequeña parte de los servicios de las Administraciones Públicas se ofertaban

en línea, generalmente concentrados en los servicios relacionados con los impuestos y la

búsqueda de empleo. Esta voluntad de potenciar la Administración electrónica queda bien

de manifiesto en el prefacio del documento: “El sector público tiene que ir en vanguardia y

no a la zaga en la asimilación de las nuevas tecnologías” (p.3). Con este objetivo, las

Administraciones Públicas deberían:

Desarrollar servicios basados en Internet, con el fin de mejorar el acceso de los

ciudadanos y de las empresas a la información y los servicios públicos.

Utilizar Internet para mejorar la transparencia de la Administración Pública, e

implicar a los ciudadanos y las empresas en la toma de decisiones de manera

interactiva.

Hacer posible la plena explotación de las tecnologías digitales dentro de las

administraciones, incluyendo la utilización de programas de fuente abierta y de

firmas electrónicas.

Crear mercados electrónicos para la contratación electrónica, partiendo del nuevo

marco comunitario sobre la contratación pública (apartado 3.6, p.17).

En concreto, los Estados miembros definieron 20 servicios básicos, 12 dirigidos a

ciudadanos y 8 a empresas, midiendo su evolución a través de las cuatro fases del

desarrollo de la Administración electrónica: 1.-información.2.-Interacción en un sentido.3.-

Interacción en doble sentido.4.-transacción completa en línea. Estos servicios están

recogidos en la tabla siguiente:

Tabla 5. Servicios básicos eEurope2002

Servicios públicos a los ciudadanos

1 Impuesto sobre la renta: notificación de la liquidación

2 Servicios de búsqueda de empleo por las oficinas de empleo

3 Cotizaciones a la Seguridad Social

4 Documentos personales (pasaporte y permiso de conducción)

5 Matriculación de automóviles

6 Solicitud de licencia de construcción

7 Denuncias ante la policía

8 Bibliotecas públicas (acceso a catálogos, herramientas de búsqueda…)

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9 Certificados (nacimiento, matrimonio…): solicitud y entrega

10 Matrículas en centros de enseñanza superior/Universidades

11 Declaración de traslado (cambio de dirección)

12 Servicios sanitarios (por ejemplo, asesoramiento interactivo sobre los servicios

ofrecidos en diferentes hospitales, citas en hospitales…)

Servicios públicos a las empresas

1 Cotizaciones sociales de los empleados

2 Impuesto de sociedades: declaración y notificación

3 IVA: declaración y notificación

4 Registro de empresas

5 Presentación de datos a servicios de estadísticas

6 Declaraciones de aduanas

7 Permisos relacionados con el medio ambiente

8 Contratación Pública

Fuente: eEurope2002. Elaboración propia

A este Plan le siguió el “eEurope 2005 -Una Sociedad de la información para

todos” (Comisión, 2002), presentado al Consejo Europeo de Sevilla, de junio 2002.

Mientras que la iniciativa eEurope 2002 estaba “concentrada en la ampliación de la

conectividad a Internet de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas, la iniciativa

eEurope 2005 pretendía convertir la conectividad en actividades económicas en el periodo

2002-2005” (Vida, 2010: 25).

Su objetivo principal era crear un marco favorable a la inversión privada y a la

generación de nuevos puestos de trabajo, así como impulsar la productividad, modernizar

los servicios públicos y ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en la

Sociedad de la Información mundial.

Por otro lado, los objetivos específicos que la Unión Europea debía conseguir para

2005 se agrupaban en dos líneas fundamentales. La primera de ellas estaba relacionada con

servicios, aplicaciones y contenidos. Y, la segunda, estaba vinculada con la banda ancha y

seguridad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los objetivos se pueden resumir de la forma

siguiente:

1.-Relacionadas con servicios, aplicaciones y contenidos

Ofrecer unos servicios públicos modernos

Administración en línea (“eGovernment”)

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Entre ellos: equipar todas las Administraciones Públicas de conexiones de banda ancha;

adoptar un marco de interoperabilidad para facilitar la prestación de servicios de

Administración electrónica paneuropeos; ofrecer servicios interactivos y multiplataforma

(TV, teléfono, ordenador, etc); otorgar contratos públicos, vía electrónica…

Aprendizaje en línea (“eLearning”)

Garantizar el acceso de banda ancha a Internet para todos los centros de enseñanza y

universidades, el acceso en línea en las universidades para todos los estudiantes e

investigadores y las acciones de formación para adultos dotándoles de competencias en la

Sociedad de la Información.

Salud en línea (“eHealth”)

Introducir una tarjeta sanitaria europea; ofrecer redes de información sanitaria (entre

hospitales, laboratorios y hogares); proporcionar servicios de salud en línea (p.ej. historial

médico, reembolso de gastos electrónicos, teleconsulta).

Propiciar un marco dinámico para los negocios electrónicos (“eBusiness”)

Suprimir los factores que impiden a las empresas la creación de negocios electrónicos, la

creación de una red europea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), etc.

2.-Asociadas con infraestructura de banda ancha y de seguridad

Apoyar al acceso de banda ancha en las regiones menos favorecidas y acelerar la transición

hacia la televisión digital, entre otras.

Crear una unidad de ciberdelincuencia, construir por parte de los sectores públicos y

privados una cultura de seguridad, tanto en su concepción como en el desarrollo de

productos de información y comunicaciones, etc.

El último Plan de la Estrategia de Lisboa, se presentó con la denominación “i2010 –

Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”. Impulsado en

junio de 2005, supuso un marco estratégico fundamental a favor del crecimiento y el

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empleo en la Sociedad de la Información. Esta iniciativa “renueva con una mayor

coherencia y alcance la estrategia anterior de la Unión Europea en relación al desarrollo de

la Sociedad de la Información ya que se aportaron unos objetivos más precisos, concisos y

definitivos, tanto en su implantación como en la evaluación de su cumplimiento” (Sanz,

2011:25).

Puso el énfasis en tres prioridades:

La construcción de un espacio europeo único de la información, que promoviese el

fomento de un mercado interior abierto y competitivo para la Sociedad de la

Información y los medios de comunicación.

El refuerzo de la innovación y de la inversión en el campo de la investigación en las

TIC, con el fin de fomentar el empleo.

Una sociedad europea de la información basada en la inclusión, que concediese

prioridad a la mejora de los servicios públicos y a la calidad de vida.

A juicio del profesor Vida Fernández, la iniciativa i2010 parte de las circunstancias

derivadas del desarrollo y de la extensión del uso de las TIC que, en torno al año 2005,

apuntaban a un crecimiento masivo de la Sociedad de la Información y de los medios de

comunicación propiciado por la generalización de las comunicaciones de alta velocidad y

por la posibilidad de conexión a través de múltiples dispositivos (Vida, 2010: 34).

5.1.2. Resultados de los Planes eEurope

Respecto a los resultados conseguidos en el primer Plan, el Informe Final eEurope

2002 (Comisión, 2003b) destaca que se han establecido unas sólidas bases para seguir

avanzando hacia una economía del conocimiento.

Acceso a Internet.

- Al reducirse los precios de acceso, los hogares conectados a internet, han pasado

de un 18,3%, en marzo del año 2000, a un 42,6% en noviembre de 2002 (p. 6).

Por países, la penetración de Internet es superior al 65% en Holanda, Dinamarca

y Suecia. España se sitúa en el 31%.

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- Más del 90% de las escuelas y las empresas están conectadas. A través de la red

Géant15, se interconectaron redes de universidades y de centros de investigación

europeos (p.19).

- Por sectores de población, en octubre de 2000, el 35% de las mujeres usaba

Internet, frente al 50% de los hombres. Estos porcentajes ascendían en

noviembre del 2002, a 47 y 60%, respectivamente (p.7)

Marco legal.

- Se ha mejorado el marco legal de las transacciones electrónicas para favorecer

su seguridad y la protección de los consumidores, con las Directivas sobre el

comercio electrónico, la firma electrónica y los derechos de autor y derechos

afines en la Sociedad de la Información16.

Servicios administrativos en línea.

- En octubre de 2002, el análisis de la sofisticación de la prestación de servicios,

indicaba que se había avanzado notablemente. Así, los Estados miembros

ofrecían parcialmente los 20 servicios básicos en línea, fundamentalmente las

administraciones centrales; aunque, respecto a la misma fecha del año anterior,

los progresos realizados para llegar a una prestación interactiva plena de los

servicios en los Estados miembros fue del 45 al 60% (entendiendo el

porcentaje en los siguientes términos: 25%=sólo información; 50%

=información más interacción en un sentido, p. ej., formularios electrónicos;

75% = interacción de doble sentido y 100% = gestión electrónica plena). En

este sentido destacaban Suecia, Irlanda, Dinamarca y Finlandia, con una media

superior al 75%, por tanto se pueden solicitar todos los servicios en línea.

Mientras que España se sitúa en el grupo de los ocho que han superado el 50%

en 2002, lo que significa que la información está disponible en línea y que

dispone de formularios electrónicos (p.18 y 19).

15http://www.geant.org. Proyecto creado en el año 2000 y que ha evolucionado en distintas fases, hasta llegar al actual proyecto GN3plus. 16 Comercio electrónico (2000/31/CE), DO L 178, p.1, de 17.7.2000. Firma electrónica (1999/93/CE), DO L 13, p.12, de 19.01.2000. Derechos de autor (2001/297CE), DO L 167, p.10 de 22.06.2001.

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Gráfico 5: Grado de madurez eAdministración Estados miembros, 2001-2002

Fuente: Comisión Europea (Comisión, 2003,b)

Por lo que se refiere al balance del eEurope 2005, tras varios años de la Estrategia

de Lisboa se detectó que, aunque los Planes implantados iban en la línea adecuada y la

Europa en línea se había instalado para quedarse, quedaban todavía muchos retos a los que

hacer frente. Entre ellos, la Comisión hace hincapié, para la Sociedad de la Información de

después de 2005 (Comisión, 2004), los relacionados con las diferencias entre Estados

miembros, los contenidos digitales y los servicios, la inclusión digital y la participación

ciudadana, los servicios públicos, la capacitación y el empleo, la interoperabilidad, la

confianza y fiabilidad y el aprovechamiento de las TIC por las empresas.

Centrándonos en los avances en los servicios públicos, el Informe Capgemini

(2006:6-9) señala que, de los 12.650 servicios públicos analizados por ellos en Europa (28),

alrededor del 92% tenían website, lo que ha supuesto un incremento del 8% (de octubre

2004 a abril 2006). Y, en torno al 48% de dichos servicios son online, sobresaliendo

Austria, Malta y Estonia. Por otro lado, en cuanto al nivel de sofisticación o madurez de los

servicios online, se encontraba en más del 75% (respecto al % expresado, en el que el 100%

representa la transacción completa), en un 50% de los países analizados, destacando en el

ranking Austria, Malta, Estonia y Suecia (éstos últimos países ocupando la tercera

posición), Noruega y Reino Unido, mientras que España, que también está en este grupo, se

sitúa en la posición 15º. Sorprende el segundo y tercer puesto, ocupados por Malta y

Estonia, ésta última junto con Suecia, por ser países incorporados a la UE en la ampliación

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de 2004. El caso de Malta es llamativo porque su gobierno lanzó en agosto de 2005

medidas específicas para el desarrollo del Gobierno electrónico.

Respecto al balance del plan de acción i2010, el informe de la Comisión Europea

sobre la competitividad digital de Europa (Comisión, 2009), que emplea datos facilitados

por los Estados miembros y otros estudios elaborados por la CE para analizar los progresos

alcanzados por la UE desde 2004, muestra como principales logros conseguidos respecto a

la iniciativa i2010:

Europeos en línea. El número de usuarios habituales de Internet ha pasado del 43%

en 2005 al 56% en 2008. El uso es casi a diario y con acceso a Internet de alta

velocidad. Asimismo, el grupo cuyo uso más aumenta es el de los desfavorecidos

(parados, personas con baja formación, entre 55-64 años)

Banda ancha. Europa se ha convertido en el líder mundial de Internet de banda

ancha, disponible para un 93% de los europeos, frente al 87% de 2005. Con 114

millones de abonados, ocupa el mayor mercado mundial, disponiendo la mitad de

los hogares y más del 80 % de las empresas de una conexión fija de banda ancha

(tres cuartas partes con velocidades medias de descarga superiores a 2 Mbps)

Aumento del uso de los servicios avanzados. El 80% de los usuarios habituales de

Internet participan cada vez más en actividades interactivas: se comunican, utilizan

servicios financieros en línea, comparten y crean nuevos contenidos y se implican

en procesos innovadores.

Los teléfonos móviles han superado el 100 % de penetración, pasando del 84 % de

la población de la UE en 2004 al 119 % en 2009, lo que convierte a Europa en líder

mundial de penetración de la telefonía móvil (EEUU y Japón, rondan el 80 %). Los

consumidores pasan más tiempo hablando y enviando SMS con precios al menos un

34,5 % inferiores a los de 2004, sin olvidar una disminución del 70% de las tarifas

de itinerancia desde 2005

Administración electrónica (datos de Eurostat). En 2009, el 37% de los ciudadanos

europeos y casi el 70 % de las empresas de la UE utilizan servicios de la

Administración electrónica. Centrándonos en los ciudadanos, España se situaba por

debajo de la media, con un 34%. Los primeros lugares lo ocupan Dinamarca (73%),

Luxemburgo (66%), Suecia (65%) y Finlandia (64%).

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133

Finalmente el informe indica que Europa corre el riesgo de perder su ventaja

competitiva ante desarrollos nuevos e innovadores. Aunque ocupa la posición de líder

mundial de Internet de banda ancha, sin embargo, respecto a la fibra de alta velocidad,

Europa va muy por detrás de Japón y de Corea del Sur. Por otro lado, en banda ancha

inalámbrica, Asia emerge como líder mundial, a pesar del éxito de las comunicaciones

móviles europeas. En cuanto a servicios y aplicaciones de Internet, ocupa un segundo

puesto, detrás de EEUU, país que domina el nuevo entorno web interactivo (blogs y redes

sociales, entre otros).

En definitiva, de acuerdo con el profesor Javier Sanz (2011:28), la Unión Europa

pretendió con estos Planes desempeñar un papel activo en el desarrollo de una Sociedad de

la Información más equitativa, en la que los avances tecnológicos brindasen auténticas

oportunidades de inclusión a todos los países. No obstante, también encontramos sectores

críticos y disconformes con las políticas aplicadas por Europa para el avance de la sociedad

digital en especial, de la Administración electrónica. Entre ellos, el profesor Antonio

Alabau (2004:239 y ss.), para quien no existe una estrategia global “coherente, factible y

viable para la utilización de los recursos de la Unión Europea en favor del uso de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Administraciones Públicas”. Para

él, existen “grandes Objetivos”, como la Estrategia de Lisboa o la iniciativa eEurope y los

“pequeños Programas (…), del tipo del eTEn, IDA y eGOV”. Y son los segundos los que

tratan de perpetuarse, con la justificación de los argumentos contenidos en los grandes

fines, dando lugar a una pseudo estrategia ascendente en la planificación de la

Administración electrónica de la Unión Europea.

5.1.3. La estrategia Europa 2020. Agenda digital

Con el objetivo de salir fortalecidos de la crisis económica y financiera que ha

estrangulado el modelo económico europeo de los últimos años y convertir a la UE en una

economía “inteligente, sostenible e integradora”, la Comisión Europea lanzó en 2010 la

estrategia Europa 2020 (Comisión, 2010a), cuyas prioridades se explican claramente en la

Comunicación. Prioridad respecto al crecimiento inteligente: desarrollo de una economía

basada en el crecimiento y la innovación. Respecto al crecimiento sostenible: promoción de

una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

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Y, finalmente, por lo que se refiere al crecimiento integrador: fomento de una economía

con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. (Pag.5). Los objetivos

principales que la Comisión plantea conseguir para 2020 son los siguientes (p.5):

-Objetivo 1: l tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años debería pasar del

actual 69% (en 2010) a, como mínimo, el 75%, mediante, entre otros, una mayor

participación de las mujeres y los trabajadores más mayores y una mejor integración

de los inmigrantes en la población activa.

–Objetivo 2: Alcanzar el objetivo de invertir el 3 % del PIB en I+D, en particular

mejorando las condiciones para la inversión en I+D por parte del sector privado y

desarrollando un nuevo indicador que haga un seguimiento de la innovación.

–Objetivo 3: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en

comparación con los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las energías

renovables en nuestro consumo final de energía al 20 % y aumentar un 20 % la

eficacia en el uso de la energía.

– Objetivo 4: Reducir el porcentaje de abandono escolar al 10 %, desde el actual 15

%, e incrementar el número de personas de entre 30 y 34 años con estudios

superiores completos del 31 % a, como mínimo, un 40%.

–Objetivo 5: Reducir el número de europeos que viven por debajo del umbral

nacional de pobreza en un 25 %, liberando de la pobreza a 20 millones de personas.

Para sustentar esos objetivos se presentaron siete iniciativas emblemáticas:

1.- Unión por la innovación.

2.-Juventud en movimiento.

3.-Una agenda digital para Europa.

4.-Una Europa que utilice eficazmente los recursos y con pocas emisiones de

carbono.

5.-Una política industrial para la era de la mundialización.

6.- Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos

7.- Plataforma europea contra la pobreza

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La que más nos interesa, la Agenda Digital para Europa, subraya la importancia de

acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único

digital para las familias y empresas. Presentada en mayo de 2010 (Comisión, 2010b), su

propósito es definir la función capacitadora esencial que deberá desempeñar el uso de las

TIC si Europa quiere hacer realidad sus ambiciones para 2020 o, dicho en otras palabras, se

trata de trazar la línea que permita que las TIC, especialmente Internet, sean el principal

motor de la vida económica y social de los próximos años. Hay que tener en cuenta que el

sector de las TIC es directamente responsable del 5% del PIB europeo, que contribuye

notablemente al crecimiento de la productividad en general con un 20% directamente del

sector de las TIC y un 30% de inversiones en TIC (p. 4). Podemos acceder a la actualidad

de la Agenda Digital en (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en).

La Agenda Digital se configura en torno a siete pilares o campos de actuación, los

cuales sirven de base para abordar los aspectos más problemáticos que socavan los

esfuerzos realizados en la explotación de las TIC. Y, además, para cada uno de ellos se

estableció una serie de medidas o acciones que son necesarias para llevar a cabo los

objetivos propuestos. Los campos de actuación aludidos, son:

1.- Un mercado único digital dinámico

2.- Interoperabilidad y normas

3.- Confianza y seguridad

4.- Acceso rápido y ultrarrápido a Internet

5.- Investigación e innovación

6.- Fomento de la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales

7.- Beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad de la UE (entre ellos, el

desarrollo de la eAdministración).

De ellos destacaremos, por un lado, el mercado único digital dinámico y el

desarrollo de la Administración electrónica, englobada en el séptimo pilar de la Agenda

digital como uno de los beneficios que las TIC proporcionan a la mejora y al bienestar de la

sociedad.

Respecto al mercado único digital, la Comisión considera que la fragmentación de

mercados en línea en que se ha convertido Europa, es un impedimento para disfrutar de los

beneficios de las tecnologías, ya que restringen el acceso a bienes y servicios. La estrategia

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hacia el mercado único digital, plantea diversas iniciativas en sectores relativos a los

derechos de autor o la seguridad informática, que deben estar vigentes a finales de 2016.

Sus principales ámbitos de trabajo son mejorar el acceso a los bienes y servicios digitales

por parte de las empresas y los consumidores de toda Europa; crear las condiciones

adecuadas y las reglas de juego más equitativas para la eclosión de redes digitales y de

servicios innovadores y aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía

digital. En mayo de 2015, se desarrolló la Estrategia para el Mercado Único Digital en la

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y

Social y al Comité de las Regiones. Bruselas [COM (2015) 192 final], de 6 de mayo de

2015. En ella se incluyen 16 iniciativas para ser puestas en marcha, antes de finalizar 2016.

Disponible en inglés, francés y alemán. Página web específica del Mercado Único Digital:

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market).

En cuanto a la Administración electrónica, la Agenda Digital considera que los

servicios de Administración electrónica son una opción rentable para prestar un mejor

servicio a ciudadanos y empresas, “propiciando una administración participativa, abierta y

transparente” (p.35), ya que reducen costes y, por tanto, permiten ahorrar dinero público.

Sin embargo, todavía no se ha extendido su uso suficientemente y sigue habiendo

diferencias entre los distintos Estados. Sirva como muestra que, en 2009, sólo el 37% de los

ciudadanos de la UE utilizaba Internet para acceder a los servicios de Administración

electrónica, frente al 72% de las empresas (Fuente: Eurostat).

Asimismo, uno de los obstáculos más evidentes es que los servicios de

Administración electrónica no funcionaban fuera de las fronteras nacionales, lo que va en

detrimento de la movilidad de las empresas y de los ciudadanos. En este sentido, la

Comisión propone concertar una lista común de servicios públicos transfronterizos

esenciales, que deberían estar disponibles para 2015.

Además, hay que decir que se establecieron unos indicadores para poder evaluar el

avance y el cumplimiento de los objetivos de la agenda digital, de los que recogemos en la

tabla nº 6 los relativos a los servicios públicos:

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Tabla 6. Indicadores Agenda Digital para Europa 2020.

Indicadores Agenda Digital en 2020 Servicios Públicos Administración electrónica para 2015: Un 50 % de los ciudadanos utilizan la

Administración electrónica, y más de la mitad de esa cifra cumplimentan formularios en línea (base de referencia: en 2009, un 38 % de personas con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años habían usado la Administración electrónica en los 12 meses anteriores, y un 47 % de ellas había cumplimentado formularios en línea). Servicios públicos transfronterizos: En 2015 deberán estar disponibles en línea todos los servicios públicos transfronterizos clave contenidos en una lista que acordarán los Estados miembros en 2011 (no hay base de referencia).

Fuente: COM (2010) 19.05.15

5.1.4. La valoración de la Estrategia 2020

En la revisión de la Estrategia Europa 2020 (Comisión, 2014), realizada en marzo

del pasado año 2014, la Comisión reconoce que Europa está saliendo de la “peor crisis

económica y financiera en una generación” (p.24), aunque para ello, debe aún reforzar su

estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Admite también que se han

producido avances en materia de educación, clima y energía, sin embargo, no se han

alcanzado los objetivos presentados en aspectos como el empleo, la investigación y el

desarrollo o la reducción de la pobreza. Algunos datos relevantes, relativos a los objetivos

claves de esta Estrategia, muestran lo siguiente:

Objetivo 1: Aumento de la tasa de empleo, de la población de 20 y 64 años de edad, al

menos hasta el 75 %

No podrá alcanzarse el objetivo propuesto, ya que la tasa de empleo de la UE ha ido

descendiendo los últimos años, del 70,3% en 2008, al 68,5 % en 2010 y al 68,4 % en 2012.

Siendo optimistas, podría situarse en torno al 72 % en 2020. Por países, las diferencias son

más notables. En Suecia y Alemania, hay mayor tasa de empleo, mientras que España,

Grecia, Bulgaria y Hungría cuentan con cifras muchos más bajas (p.14)

Objetivo 2: Aumento del nivel combinado de la inversión pública y privada en I+D hasta el

3 % del PIB

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No se conseguiría tampoco este objetivo, ya que se prevé que la inversión en I+D crezca

como máximo hasta llegar un 2,2 % en 2020. Estonia es el país con mayor crecimiento

entre 2000 y 2012 (p.14).

Objetivo 3: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como mínimo en un

20 % en comparación con los niveles de 1990, aumento al 20 % la cuota de las energías

renovables en el consumo final de energía e incremento en un 20 % la eficiencia energética.

Es posible que sí puedan conseguirse esos objetivos, de hecho se acercan bastante. Por

ejemplo, en 2012 la UE había reducido las emisiones al 18%. Las energías renovables han

pasado del 7,5% en el año 2000, al 14,4% en 2012 (p.15).

Objetivo 4: Reducción de las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10 % y

aumento hasta el 40 %, como mínimo del porcentaje de la población de 30 a 34 años que

finaliza la enseñanza superior.

Se prevé que pueda alcanzarse este objetivo. En el primer caso, se ha pasado del 15,7% en

2005, al 12,7% en 2012. Y, respecto a la proporción de jóvenes que finaliza la enseñanza

superior, las cifras han aumentado del 27,9% en 2005 al 35,7%, en 2012.

Objetivo 5: Liberar al menos a veinte millones de personas del riesgo de pobreza o de

exclusión social.

La UE se aleja del objetivo propuesto, ya que ha aumentado este grupo de personas

(incluidas las de riesgo de pobreza económica que sufren privaciones materiales o que

viven en hogares en los que todos sus miembros están desempleados), de 114 millones en

2009, a 124 millones en 2012.

Por lo que se refiere a los avances en Administración electrónica, en 2014, el 47% de los

ciudadanos europeos (10 puntos más que en 2009) utilizaban los servicios de la

eAdministración, en cuyo ránking sobresalen Dinamarca (84%), Suecia (81%), Finlandia

(80%), Holanda (75%). España consigue superar la media europea con un 49%.

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5.1.5. La Declaración de Malmö (2009).

Los ministros responsables de las competencias en Administración Pública

adoptaron de forma unánime, en Malmö, Suecia, el 18 de noviembre de 2009, la

“Declaración sobre Administración electrónica” (Declaración, 2009). En ella, se

establecieron las prioridades políticas para el año 2015 en el entorno de la UE, con el fin de

mejorar la eficiencia y la calidad en el ejercicio de dichas competencias a través de la

cooperación de los estados miembros. ¿Cuáles son estos objetivos?

1.-Los ciudadanos y las empresas han de ser empoderados por

- Los servicios de Administración electrónica diseñados para las necesidades de los

usuarios

- el acceso creciente a la información pública, a una mayor transparencia y a métodos

más efectivos para la implicación de los participantes interesados en el proceso

político.

Para ello, las Administraciones Públicas deberán

Mejorar los servicios. Mejorar los servicios de la Administración electrónica

para tener en cuenta las distintas necesidades de los usuarios y para

atenderles de la manera más efectiva

Reutilizar la información. Aumentar la disponibilidad de la información del

sector público para su reutilización (respetando la Directiva 2003/98/CE

sobre la reutilización de la información del sector público).

Transparencia. Reforzar la transparencia de los procesos administrativos.

”La transparencia promueve la responsabilidad y la confianza en el

gobierno”.

Participación. Involucrar a los actores en los procesos de políticas públicas,

Promoviendo medidas para que las empresas y los ciudadanos participen en

los procesos políticos. “Incrementar el compromiso de la sociedad mediante

métodos más efectivos en todos los niveles de la mejora de la eficiencia y la

eficacia del gobierno, mejorando a la vez la calidad de sus decisiones y de

sus servicios”.

2.-La movilidad en el mercado único ha de ser reforzada por servicios integrados de

Administración electrónica

Para conseguir este objetivo, las Administraciones Públicas deberían:

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Facilitar el establecimiento y la gestión de una empresa dentro del mercado

único.

Crear un cambio notable y positivo en cuanto a la facilidad con la que los

ciudadanos estudian, trabajar, residen y se jubilan en cualquier Estado

miembro.

Desarrollar servicios de Administración electrónica transfronterizos basados

en necesidades sociales y económicas reales.

3.-La eficiencia y la eficacia han de ser posible gracias a un esfuerzo constante para

utilizar la Administración electrónica y para reducir, así, las cargas administrativas.

Las Administraciones Públicas tendrían que

Reducir la carga administrativa para los ciudadanos y para las empresas.

Tener en cuenta cómo pueden mejorarse los procesos organizativos.

Reducir la huella de carbono.

4.-La implementación de las prioridades políticas ha de realizarse mediante los

habilitadores claves apropiados y las precondiciones legales y técnicas.

Para ello, deberán

Crear las precondiciones apropiadas y los habilitadores claves para asegurar

una cooperación administrativa más estrecha.

Prestar especial atención a los beneficios resultantes de la utilización de

especificaciones abiertas.

Considerar la innovación como una parte integral de nuestro método de

trabajo.

Esta Declaración se presentó al Consejo y se invitó a la Comisión Europea para que

se incluyeran estas prioridades en el Plan de Acción de Administración electrónica 2011-

2015, del que más adelante hablaremos.

5.1.6. El Plan de Acción Europeo sobre la eAdministración 2006-2010.

La Comisaria Europea para la Sociedad de la Información y de los Medios de

Comunicación entre 2004 y 2009, Viviane Reding, declaraba a los medios:

Hemos avanzado de forma significativa en los últimos años, pero no podemos ser

confiados (…). Debemos trabajar más. La Administración electrónica sólo dará sus frutos si

se produce un importante cambio organizativo en las administraciones y formando a los

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funcionarios con las capacidades técnicas adecuadas. Es un largo camino, que tomará su

tiempo y que requiere persistencia17.

Siguiendo ese espíritu de continuidad, en torno a la iniciativa Europa i2010, la

Comisión Europea adoptó el 25 de abril de 2006 el “Plan de Acción sobre la

Administración electrónica i2010: acelerar la Administración electrónica en Europa en

beneficio de todos” (Comisión, 2006a). Supone el camino a seguir para desarrollar la

Administración electrónica en la Unión Europea, proporcionando las directrices de los

programas en la UE desde el año 2006 hasta el 2010. El plan parte de la premisa de que

unas Administraciones Públicas eficientes son la condición necesaria para conseguir el

camino de la competitividad y la innovación y, por tanto, el elemento esencial para la

Agenda de Lisboa. En su presentación a la prensa del programa, la Comisaria para la

Sociedad de la Información y de los Medios de Comunicación, Viviane Reding declaraba

que “la Administración electrónica, no es ya solamente un juguete político, sino una

herramienta esencial de gobierno, para modernizar las Administraciones Públicas en

Europa”. De hecho, la Comisión, en el propio texto del Plan de Acción, cuantifica el

potencial de la Administración electrónica aludiendo al éxito que su implantación está

teniendo en alguno de los países más avanzados de la UE: “la facturación electrónica ahorra

a los contribuyentes daneses 150 millones de euros al año, y 50 millones a las empresas. Si

se introdujera en toda la UE, podría generar unos ahorros anuales de más de 50.000

millones de euros”. En resumen, con este plan la Comisión se propuso modernizar y hacer

más eficaces los servicios públicos, ofrecer servicios de mayor calidad y más seguros a la

población, responder a la demanda de las empresas que desean menos burocracia y más

eficacia y garantizar la continuidad transfronteriza de los servicios públicos, imprescindible

para respaldar la movilidad en Europa.

Para llevar adelante estos objetivos, el Plan establece cinco metas concretas para

2010:

● Acceso para todos: lucha contra la brecha digital. La implantación de la

Administración electrónica debe beneficiar a todos, incluidos los grupos

socialmente desfavorecidos. Por tanto, es esencial que, en el acceso a los

17Extracto del discurso ministerial de Vivian Reding. Disponible en el Servicio de Información CORDIS http://cordis.europa.eu/news/rcn/24838_es.html

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servicios públicos en línea, se garantice el menor número de obstáculos. Para

respaldar el logro de estos objetivos en los Estados miembros, la Comisión

presentó la Comunicación sobre la accesibilidad electrónica [COM (2005) 425

final de 13 de septiembre] y el Programa eInclusión,

(https://joinup.ec.europa.eu/community/einclusion/description).

● Mayor eficiencia. Mediante el uso innovador de las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) y la reducción de la carga administrativa a

ciudadanos y empresas. Paralelamente el plan prevé que se implante un sistema

de medición y que se transmitan entre los Estados miembros “buenas prácticas”

y experiencias.

● Servicios clave de gran impacto para los ciudadanos y las empresas. Algunos

servicios de carácter transfronterizo, como la contratación pública electrónica,

representan un gran avance para los ciudadanos, las empresas y las

administraciones y pueden abanderar la marcha hacia la Administración

electrónica europea. Según la Comisión la contratación y facturación electrónica

podrían permitir ahorrar del 5% en los costes totales de contratación y un

mínimo de un 10% en los de transacción “las PYMES podrían beneficiarse de

un acceso más fácil a los mercados de la contratación pública e incrementar sus

capacidades en las TIC y, por ende, su competitividad”. Se prevé que en 2010 el

50%, al menos, de los contratos públicos que superen el umbral comunitario

(50.000 euros, para servicios públicos simples; 6 millones de euros, para obras

públicas), estén accesibles por vía electrónica. Otros servicios de gran impacto:

la búsqueda de empleo en toda Europa; los servicios de seguridad social

relativos a las historias clínicas de pacientes, las recetas electrónicas, las

prestaciones sociales y las pensiones; y los servicios educativos relacionados

con los estudios en el extranjero.

● Establecer las herramientas clave. Para la Comisión son herramientas clave: la

interoperabilidad de la identificación electrónica (eIDM) para el acceso a los

servicios públicos, la autenticación de documentos electrónicos y el archivado

electrónico. En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento

Europeo: “Interoperabilidad de los servicios paneuropeos de Administración

electrónica” [COM (2006) 45 final], de 13 de febrero de 2006, se define la

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interoperabilidad como la capacidad de conectar los sistemas de tratamiento de

la información y los sistemas de trabajo, y de comprender y reutilizar la

información de otras organizaciones, dentro de la cual se puede identificar una

interoperabilidad organizativa, técnica y semántica. En ese sentido, los Estados

miembros acordaron implantar sistemas seguros de reconocimiento mutuo de las

identificaciones electrónicas nacionales para los sitios web y los servicios de las

Administración electrónicas (véase en España, la ley 59/2003, de firma

electrónica), lo que permitiría la existencia de servicios paneuropeos seguros en

ámbitos sectoriales como la seguridad social, el pago de impuestos, etc.,

facilitando la movilidad de los trabajadores y de los estudiantes.

● Refuerzo de la participación en el proceso democrático de decisión. Internet

ha abierto ya nuevas formas de expresión política, como las bitácoras o blogs.

Sin embargo, a la hora de llamar a los ciudadanos a participar en las urnas, sobre

todo a nivel europeo, el porcentaje de abstención suele ser alto. Las TIC pueden

suponer un abanico de posibilidades para implicar a unos ciudadanos, cada vez

mejor informados, en el debate público y en la adopción de decisiones políticas,

pues “el 65% de quienes respondieron al sondeo en línea sobre la

Administración electrónica esperaban que la democracia electrónica

contribuyera a reducir los déficits democráticos” (Comisión,2006a:11). Al

mismo tiempo, pueden facilitar la rendición de cuentas de los políticos a sus

conciudadanos, la transparencia de las instituciones que nos gobiernan.

Para la ejecución del Plan de Acción sobre la Administración electrónica la

Comisión contó con los Estados miembros y con otras partes interesadas, así como con los

instrumentos financieros comunitarios hasta ahora existentes (programas como MODINIS,

eTEN, IDABC, o el PIC -programa marco de competitividad e innovación18). Asimismo

acordó, en colaboración con los Estados Miembros, realizar el seguimiento estratégico del

Plan a través de informes anuales. 18MODINIS, instrumento financiero de apoyo a los planes de S.I. de la Comisión http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l24226c.eTEN, redes europeas de telecomunicaciones:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l24226eIDABC, intercambio de datos electrónicos entre administraciones, empresas y ciudadanos: http://ec.europa.eu/idabc/. PIC, establecido el 24 de octubre de 2006 a través de la Decisión 1639/2006CE del Parlamento Europeo y el Consejo. DO L 310 de 9/11/2006 p.15-40

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5.1.7. El II Plan de Acción Europeo sobre la eAdministración 2011-2015

El Plan que la Comisión publicó en diciembre de 2010 (Comisión, 2010c) se

inscribe en el esfuerzo de la Institución por hacer realidad los objetivos de la Declaración

de Malmö y la Agenda Digital y “contribuir a la superación de la actual crisis económica

utilizando los recursos públicos con más eficiencia y reduciendo el gasto público” (p.4).

Por ello, no sorprende que el principal objetivo de este segundo Plan de Acción sea

aprovechar al máximo el carácter complementario de los instrumentos políticos nacionales

y europeos para desarrollar servicios de Administración electrónica de la manera más

económica posible, toda vez que se pondrían en común los recursos públicos y privados. Se

insiste, por tanto, en el leitmotiv de las Administraciones Públicas: prestar mejores

servicios, utilizando los menos recursos posibles.

Para alcanzar ese objetivo, el Plan pone el énfasis en dos aspectos fundamentales

para la Comisión:

1.-El apoyo a la “transición” de la Administración electrónica actual a otra de nueva

generación, con servicios abiertos, flexibles, en colaboración y sin discontinuidades

a nivel local, regional, nacional y europeo y que servirá de capacitación a

ciudadanos y empresas.

2.-La mejora de las condiciones para el desarrollo de los servicios transfronterizos

de la Administración electrónica prestados a ciudadanos y empresas, con

independencia de su país de origen.

Respecto a las líneas del Plan, se aglutinan en torno a las cuatro prioridades políticas

de la Declaración de Malmö aludida. Es decir, la capacitación de los usuarios, la movilidad

en el mercado único, la eficiencia y la eficacia y los habilitadores clave apropiados. Para

cada una de ellas, la Comisión propone diversas acciones.

1.-Capacitación del usuario

- Servicios diseñados en torno a las necesidades de los usuarios y servicios

incluyentes.

- Producción de servicios en colaboración

- Reutilización de la información del sector público

- Mejora de la transparencia

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-Participación de los ciudadanos y de las empresas en los procesos de elaboración

de las políticas

2.- Mercado interior

- Servicios sin discontinuidades para las empresas

- Movilidad de las personas

- Implantación de servicios transfronterizos en toda la UE

3.- Eficiencia y eficacia de los gobiernos y las administraciones

- Mejora de los procesos organizativos

- Reducción de las cargas administrativas

- Administración Pública ecológica

4.- Condiciones previas para el desarrollo de la Administración electrónica

- Especificaciones abiertas e interoperabilidad

- Habilitadores clave

- Administración electrónica innovadora

Por último, en este Plan se introduce específicamente la gobernanza conjunta de

estas acciones, al permitir la participación activa de los Estados miembros en su ejecución.

Con esta finalidad se constituirá un Grupo de expertos de alto nivel, compuesto por los

representantes de los Estados miembros responsables de la Administración electrónica, el

cual informará al Grupo de alto nivel de la Agenda Digital y se coordinará con el Comité

del programa ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations).

5.1.8. El balance de los Planes de Acción de la Administración electrónica

Respecto al balance del primer Plan de acción, se debe indicar que se han conseguido

avances de buenas prácticas entre las administraciones de todos los Estados miembros.

Entre otros, (Comisión, 2010c: 2) cabe destacar:

se han puesto en marcha proyectos pilotos que plantean soluciones para los

servicios de Administración electrónica fronterizos, como el ICT Policy support

Programme (ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/77121),en el que se ha trabajado

en cinco áreas on line: eIdentificación, eContratación, eNegocios, eSalud y

eJusticia, con el objetivo de que participen y se comprometan tanto los respectivos

gobiernos como los suministradores de servicios y de centros de investigación de la

UE.

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Existe una comunidad de especialistas, reunidas en la plataforma Joinup19, cuyos

debates se han centrado en innovar en soluciones relativas a la Administración

electrónica, a los servicios sanitarios y a la inclusión.

Se han conseguido avances en la reutilización de la información del sector público20.

Se ha desarrollado una plataforma sobre la contratación pública electrónica para

toda la UE21, con el fin de que los servicios de las empresas puedan llegar a otras

administraciones fuera de su propio país.

Se ha progresado en sistemas de identificación electrónica22 para que los ciudadanos

de la UE puedan acceder a los servicios públicos de toda la UE.

En cuanto a cuál es la situación de la Administración electrónica europea en el

momento actual tras el segundo y último Plan de Acción, que finaliza precisamente en 2015

y teniendo en cuenta que se está trabajando en el siguiente Plan que será lanzado el

próximo año, del que hablaremos en la siguiente sección, es de gran interés acudir a los

datos que nos proporciona el informe Capgemini de junio 2015 (Capgemini, 2015a). En

este informe se analizan los datos de los 28 países miembros, más Islandia, Noruega,

Serbia, Suiza y Turquía. Las conclusiones a las que se ha llegado se agrupan en varios

apartados (figura 13), según la perspectiva analizada. Así:

- Madurez digital. Europa está ganando en madurez digital, con una puntuación

media del 73% en 2014 (3 puntos de incremento, respecto del año anterior). Sin

embargo, el resultado no es homogéneo para todos los indicadores, con mucha

mejor puntuación respecto a la facilidad de uso y la disponibilidad de los

servicios que para la facilidad en línea y la velocidad de uso de dichos servicios.

Lo que arroja dudas sobre las acciones de los Estados miembros en la calidad de

la experiencia del usuario.

- Transparencia. En relación a la transparencia de las operaciones, los

procedimientos en la prestación de servicios y acceso a datos, las autoridades 19Joinup, https://joinup.ec.europa.eu/, (desde 2002 se denominó epractice), es una plataforma colaborativa puesta en marcha por la Comisión Europea, con fondos de la UE a través de Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) Programme,http://ec.europa.eu/isa/. 20Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la utilización de la información del sector público, DO L 345 de 31.12.2003, pp.90-96 21Pan-European Public Procurement online:Http://www.peppol.eu 22Actualmente, el proyecto se denomina STORK2.0, https://www.eid-stork2.eu y es el acrónimo de Secure Identity Across Borders Linked 2.0. Tras los positivos resultados del primer STORK –finalizado en 2012-, el cual se ha centrado en esta etapa en el eLearning & Academic qualifications, eBanking, Public Services for Business, eHealth.

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europeas aún tienen un largo recorrido por hacer, a pesar de los avances. Sólo

alcanzan niveles altos, Malta y Estonia. España se queda en el segundo grupo,

con porcentajes superiores al 50%.

- Mercado único. Está aún por venir. La media del 48% indica que las

transacciones transfronterizas son muy escasas. En posiciones líderes se

encuentran, Malta, Finlandia, Estonia e Irlanda, mientras que España se sitúa en

el tercer grupo, aquellos con porcentajes entre 25 y 50%.

- Herramientas clave. La tecnología es fundamental para conseguir los servicios

en línea. La media conseguida se sitúa en el 50%. Los países con porcentajes

por encima del 75% son Malta, Dinamarca, Finlandia, Austria, Portugal, Letonia

y España.

Figura 13: eAdministración. Comparación entre países europeos, 2014.

Fuente: Informe Capgemini (2015a)(*)

(*)AT:Austria.BE:Bélgica.BG:Bulgaria.CH:Suiza.CY:Chipre.CZ:RepúblicaCheca.DE:Alemania.DK:Dinamarca. EE:Estonia.EL:Grecia.ES:España.FI:Finlandia.FR:Francia.HR:Croacia.HU:Hungría.IE:Irlanda.IS:Islandia.IT:Italia. LT:Lituania.LU:Luxemburgo.LV:Letonia.MT:Malta.NL:PaísesBajos.NO:Noruega.PL:Polonia.PT:Portugal. RO:Rumanía.RS:Serbia.SE:Suecia.SI:Eslovenia.SK:Eslovaquia.TR:Turquía.UK:ReinoUnido

5.1.9. Las perspectivas de futuro

Los Planes sobre Administración electrónica han sido de gran importancia para el

desarrollo y modernización de la Administración Pública europea, razón por la que se están

realizando nuevos encuentros o reuniones de trabajo, para estudiar las prioridades políticas

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y las acciones clave a seguir en el futuro para las nuevas Administraciones Públicas en el

entorno de la UE. Todos aquellos interesados en el Gobierno Abierto, eParticipación,

“cloud” servicios públicos, uso de tecnología emergente en el sector público, tienen su foro

en los debates y líneas de discusión en torno al horizonte 2020.

Como hemos indicado se está trabajando en un nuevo Plan de Administración

electrónica para el periodo 2016-202023. En el informe sobre la última reunión de trabajo,

organizada por la Dirección General de Redes de comunicación, Contenidos y tecnología

(DG Connect) y celebrada en Bruselas el 1 de julio de 201524, se acordaron algunos

principios básicos:

- Gobierno abierto. A los objetivos, todavía válidos del Plan actual, hay que añadir la

nueva visión de la Comisión sobre la administración abierta, colaborativa e

innovadora, compuesta de tres elementos clave: datos abiertos (Open data),

procesos abiertos (Open process) y servicios abiertos (Open services). Esta

estructura de Gobierno abierto redundará en un mejor diálogo con los ciudadanos y

empresas con objeto de diseñar servicios que supongan creación de puestos de

trabajo y nuevas oportunidades.

- Habilitadores clave:

a. Interoperabilidad. A final de este año expira el Programa ISA (véase nota 27), al

que sucederá en enero el ISA2, con una dotación de 131 millones de euros y

cinco años de duración.

b. CEF/ DSIs/eSENS.

El CEF (Connecting Europe Facility) es un programa para favorecer la

conectividad de redes transeuropeas, en las áreas de transporte, energía y

telecomunicación.

DSIs (Digital Service Infraestructures), proporciona servicios online

transeuropeos para ciudadanos, empresas y administraciones.

23Entre los trabajos y encuentros que se realizan sobre el próximo plan 2016-2020: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/workshop-new-eu-egovernment-action-plan-2016-2020 24Worshop report. Worshop on new eGovernment Action Plan. 01.07.2015 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/isa_field_path/workshop_report_1_online.pdf, El siguiente workshop está previsto para el 29 de septiembre de 2015. https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/event/workshop-new-eu-egovernment-action-plan

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eSENS, Programa que consolida los recursos puestos en marcha en la fase

anterior.

- Objetivos estratégicos.

Impulso de la eSociedad. De los debates en los grupos de trabajo salió una lista de

potenciales derechos digitales fundamentales que, tanto las empresas como los

ciudadanos, aspiran sean respetados en sus relaciones con la administración. Si los

agrupamos por bloques, éstos serían:

- Servicios en un entorno amable: los servicios deberían ser digitales, de

ventanilla única, intuitivos, rápidos, eficientes, accesible, etc.

- Modernización de la Administración Pública: la administración debería

ser abierta, transparente, colaboradora, e impulsora de la colaboración de los

ciudadanos.

- Fomentando la movilidad en el mercado único. Los datos y servicios

digitales deberían moverse sin problemas a través de las fronteras. Las

personas deberían poder hacer negocios en cualquier parte de la UE.

- Precondiciones básicas. Privacidad, confidencialidad, derecho a existir

digitalmente, derecho de control sobre los datos personales, seguridad, etc.

En resumen, estos nuevos planes se enmarcan en un contexto en que generalizará de

forma obligatoria la Administración electrónica. Se ha pasado de un periodo inicial en que

se fomentaba la automatización de las gestiones internas de las Administraciones Públicas,

a orientar los servicios públicos a los ciudadanos, con el refuerzo de la transparencia y la

responsabilidad y la mejora de la eficiencia y eficacia. Mejora de la participación

ciudadana. Ése es el objetivo, o citando al especialista en Derecho Europeo, David Ordoñez

Solís (2013: 38,39) la adopción de la Administración electrónica se considera un estímulo al crecimiento y al

desarrollo económico en la Unión Europea. En este sentido, y en un contexto de integración

política y económica, para la cooperación transfronteriza, como es el caso ibérico o hispano-

francés, la Administración electrónica constituye un instrumento básico y fundamental para

la prestación de los servicios públicos.

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Ahora bien, la mejora de la participación ciudadana en el gobierno debe ser el punto de

referencia de esta ineludible modernización: la Administración, sea electrónica o

comoquiera que la adjetivemos, no tiene más sentido que el servicio exclusivo de los

ciudadanos. Por eso, el gran reto de nuestro siglo es que, a diferencia de lo que sugería

Conrad respecto de la atmósfera administrativa creada por la tinta y el papel, evitemos que

los nuevos instrumentos tecnológicos puestos en manos de la Administración terminen

matando todo lo que vive y respira energía humana

(Ordoñez 2013: 38-39)

5.2. El Gobierno Abierto en la UE. Estrategias de transparencia

5.2.1. Los antecedentes

Aunque en el Libro Blanco sobre Gobernanza de la Comisión Europea (Comisión

2001b), se recoge cómo debe ejercerse el gobierno europeo y, en este sentido, recomienda

basarlo en los principios acumulativos de apertura -entendida como una forma de otorgar

más importancia a la transparencia y a la comunicación de sus decisiones-,participación,

responsabilidad, eficacia y coherencia, es fundamentalmente en la Declaración de

Malmö(Declaracion,2009) donde se establecen las prioridades políticas en torno a la

Administración electrónica, de las que ya hemos hablado en páginas precedentes y, por lo

que respecta al Gobierno abierto, pone el énfasis en el empoderamiento de los ciudadanos y

las empresas, uno de los objetivos de Malmö, para lo cual las Administraciones Públicas

deben:

Mejorar los servicios, para atender a las distintas necesidades de los usuarios,

Reutilizar la información.

Reforzar la transparencia, ya que “promueve la responsabilidad y la confianza

en el gobierno”.

Incrementar la participación de los ciudadanos. “Incrementar el compromiso de

la sociedad mediante métodos más efectivos en todos los niveles de la mejora

de la eficiencia y la eficacia del gobierno, mejorando a la vez la calidad de sus

decisiones y de sus servicios.

También conviene destacar el posterior Plan Europeo de acción sobre la

Administración electrónica para 2011-2015 (Comisión,2010c), el cual continúa los

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esfuerzos de la Institución por consolidar los objetivos de la Declaración de Malmö y,

como ya detallamos, pretende “contribuir a la superación de la crisis económica utilizando

los recursos públicos con más eficiencia”. El Plan incide en la necesidad de apoyar la

denominada “transición”, desde una Administración electrónica actual y moderna, a otra de

nueva generación, con servicios más abiertos, flexibles, colaborativos, que permitirán la

capacitación de ciudadanos y empresas.

A mayor abundamiento, en la web de la Comisión Europea dedicada al Open

Government, (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-government), se aprecia la

importancia que la Institución concede al enfoque del Gobierno Abierto, ya que puede

facilitar el camino para que las Administraciones Públicas sean más eficientes, más

eficaces, proporcionen servicios fáciles de usar, reduzcan costes y cargas administrativas.

Esta perspectiva viene señalada por las oportunidades que para la Comisión representan el

aumento de la información y el intercambio de conocimientos, así como la mejora de la

conectividad, la apertura y la transparencia. Además, el Gobierno Abierto permitirá

recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas e impulsará la

innovación en TIC como forma de mejorar la calidad de los servicios del sector público. Se

destaca fundamentalmente la transparencia, los datos abiertos (Open data), la reutilización

de la información del sector público, la participación ciudadana, la innovación y la

Administración Pública en la nube (cloud of public services). Veamos qué se destaca de

cada uno de estos aspectos.

5.2.2. El Libro Verde en favor de la Transparencia

La Comisión lanzó el 9 de noviembre de 2005 la iniciativa europea sobre la

transparencia, la cual se concretó en el Libro Verde en favor de la Transparencia, de 3 de

mayo de 2006 (2006c). Con esa Iniciativa la Comisión pretendía continuar con una serie de

medidas, ya aprobadas por esta institución en el marco de otro conjunto de iniciativas

surgidas en 1999 y en el Libro Blanco sobre gobernanza, ya mencionado (2001b). Entre

ellas, figuraban:

la legislación relativa «al acceso a los documentos» [Reglamento (CE)

n° 1049/2001].

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la puesta en marcha de bases de datos que proporcionan información sobre los

órganos consultivos y los grupos de expertos que asesoran a la

Comisión (CONNECS).

el «Código de buena conducta administrativa», que constituye la norma de calidad

de la Institución en sus relaciones con el

público:(http://ec.europa.eu/transparency/code/index_es.htm)

Además, el Libro Verde estableció tres ámbitos de acción relacionados con la

transparencia:

el suministro de información más completa sobre la gestión y la utilización de los

fondos comunitarios, con la creación de un sitio web en Internet destinado a

mejorar el control de la utilización de los fondos de la UE que son de gestión

compartida (http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm)

la deontología en las instituciones europeas, es decir, normas que deben observar

los mandatarios europeos, como por ejemplo, el código de los comisarios

europeos: (http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-

commissioners/index_en.htm)

el marco en el que los grupos de presión (lobbying) y las organizaciones de la

sociedad civil ejercen sus actividades.

Respecto al tercer punto anterior, la política que sigue la Comisión en el fomento de la

transparencia de las actividades de lobbying se basa en dos tipos de medidas diferentes:

el refuerzo del control externo de las actividades de los grupos de presión, a

través del suministro completo de información. En el marco de las consultas

públicas, se pedirá sistemáticamente a los grupos de interés, que proporcionen

información sobre sus objetivos, sus fuentes de financiación y los intereses que

representan.

la creación de un registro facultativo de transparencia,

(http://ec.europa.eu/transparencyregister) basado en una política de incentivos,

para conocer qué intereses se están representando en sus instituciones, quién los

representa y con qué presupuesto y, sobre todo, para evitar presiones abusivas

que influyan en el proceso de toma de decisiones de la UE.

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5.2.3. El Portal de la Transparencia de la Unión Europea

El Portal de la Transparencia de la UE, (http://ec.europa.eu/transparency), está

diseñado para que los ciudadanos tengan más información “acerca de cómo se toman las

decisiones en las instituciones europeas, quién participa en su elaboración, quién recibe

financiación del presupuesto de la Unión Europea, y los documentos en los que se basan,

así como para acceder a dichos documentos y manifestar su opinión, directa o

indirectamente”. Mediante este Portal se puede acceder a diferentes webs y documentos,

como por ejemplo:

la legislación europea.

consultas públicas abiertas (informa sobre las cerradas).

registro de grupos de expertos, a través del cual la Comisión obtiene

asesoramiento y conocimientos especializados sobre determinados temas.

comités consultivos, compuestos por representantes de los Estados miembros.

registro de transparencia.

documentos de la Comisión Europea o a la base de datos DORIE, sobre asuntos

internacionales europeos, entre otros.

información sobre los beneficiarios de los fondos europeos

portal de datos abiertos

5.2.4. Open data UE.

La Comisión Europea señala que la disponibilidad de datos abiertos puede facilitar

la creación de nuevos servicios, estimular nuevos mercados, empresas y puestos de trabajo,

aparte de servir de incremento de la transparencia y la responsabilidad de los gobiernos. Se

aporta el dato de que los big data de 23 gobiernos europeos pueden reducir los costes en un

15 ó 20%. Ello permitiría la reutilización de información no sólo por otras

administraciones, sino también por empresas y ciudadanos.

En diciembre de 2012 se puso en funcionamiento el Portal de datos abiertos de la

UE, (https://open-data.europa.eu/es/data), para cualquier información en poder de la

Comisión y otras Instituciones u órganos de la UE. En él pueden examinarse el conjunto de

datos distribuidos en grupos: industria, trabajo y empleo, asuntos sociales, vida económica,

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asuntos financieros, intercambios económicos y comerciales, educación y comunicación, y

producción, tecnología e investigación.

Los datos que se ofrecen contienen datos sin procesar, por tanto de difícil lectura. Por

esta razón, se utilizan aplicaciones para visualizarlos y reutilizarlos. Como ejemplo de

aplicaciones desarrolladas por los proveedores de datos procedentes del Portal de datos

abiertos, pueden señalarse:

La Economía Europea en tus manos

La aplicación "Economía de la UE" da acceso móvil a los principales indicadores

macroeconómicos a corto plazo (Principales Indicadores Económicos Europeos) sobre

la zona del euro, la UE y sus Estados miembros. La aplicación está disponible en

alemán, francés e inglés. La función UPDATE te permite descargar los datos más

recientes de la base de datos de Eurostat. Fecha de publicación: 22.12.2015.

Calidad de Vida

Herramienta que da una visión de los distintos aspectos de la calidad de vida en tu país

y te ofrece la posibilidad de compararte con tus conciudadanos, con los de los demás

países de la UE y con la media europea. Después de elegir un país, puedes acceder a

dos indicadores distintos, un indicador ofrece información sobre el nivel de

satisfacción de las personas y, el otro, información objetiva de esa dimensión. La

aplicación web está disponible en alemán, francés e inglés. Fecha de publicación:

16.12.2015.

5.2.5. European data Portal

La Comisión proporciona financiación, a través del Programa Conecting Europe

Facility (CEF), (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility), para

apoyar la infraestructura de un nuevo portal de servicios digitales paneuropeos de Open

data. El objetivo de este Portal es que haya un único punto de acceso, en los 24 idiomas

oficiales de la UE, para los datos procedentes de todas las Administraciones Públicas en los

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diversos niveles de gobierno europeo (países de la UE, Espacio Económico Europeo y otros

países de Europa). Disponible desde noviembre de 2015 en la dirección

(http://www.europeandataportal.eu)25

5.2.6. El nivel de madurez de los Portales de datos abiertos en Europa

Entre los diversos informes que podemos encontrar en el portal anterior, llama la

atención el publicado recientemente relativo al nivel de consolidación o madurez del Open

data en Europa, “Open data Maturity in Europe 2015. Insights into the European state of

play.” (Capgemini, 2015b). Para ello, se estudian dos indicadores que abarcan tanto la

madurez de las políticas nacionales de promoción del Open data, como la evaluación de las

características disponibles en los portales de datos nacionales. Las conclusiones del estudio

arrojan un apoyo político creciente en la UE de los 28 por la apertura de datos, en concreto:

Portal y política de Open data. Un 87% de los países tienen creado un portal de

datos nacional (no tienen, por ejemplo, en Letonia, Luxemburgo y Malta, aunque sí

tienen regionales), sin embargo, sólo el 71 % han aprobado una política de datos

abiertos A menudo forma parte de la estrategia Digital o del Programa de

Administración electrónica, en el que hay una sección específica para el Open data.

A pesar de ello, aunque no dispongan de estrategia, el 81 % de los países de la UE sí

disponen de políticas específicas para la reutilización de los datos abiertos. (p.16).

En el 74% de los países existen portales regionales o locales.

Uso del Open data. Entre los países con un alto número de visitantes en sus portales

de datos abiertos, destaca Reino Unido, seguido de Francia, Grecia y España

(p.19).Respecto al perfil de los visitantes, aunque es dificultoso obtenerlo porque el

56% de los países no proporcionan ese dato, en general no predomina un grupo

específico, sino que está formado por ciudadanos, empresas y otras

administraciones.

Impacto en sus países. En cuanto al impacto en transparencia, el 35 % indica que es

alto, el 26% medio y el 39% bajo. El ejemplo que se pone de manifiesto es

Bulgaria, donde el lanzamiento de Open data condujo a una mayor responsabilidad 25En diciembre de 2015, se publica el primer informe sobre Open data y transformación digital: http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp-analytical-report-n1-digital-transformations.pdf Otras organizaciones que estudian el Open data: Open data Institute, con sede en Londres: http://opendata.institute. Red Global OD500 http://www.opendata500.com/ , red internacional de organizaciones que estudian el uso y el impacto de los datos abiertos.

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de la administración, una mejora de los mecanismos de suministro de información

pública para su reutilización en formato abierto, así como un aumento en el uso de

datos públicos por los ciudadanos y las empresas.

Barreras para el desarrollo del Open data. Similares de un país a otro, y se clasifican

como obstáculos políticos, jurídicos y técnicos, fundamentalmente relacionadas con

la comunicación y la falta de compromiso. Se necesita mayor concienciación en

torno a los datos abiertos, así como formación para fomentar la liberación de nuevos

conjuntos de datos y para contribuir a la reutilización de los datos.

Países punteros del Open data. Diez países son considerados como pioneros en la

tendencia hacia los datos abiertos, ya que allanan el camino a otros países para que

mejoren sus portales e introduzcan una política de datos abiertos en sus respectivos

territorios. España figura en el primer lugar entre estos países, seguido de Reino

Unido, Francia, Austria, Finlandia, Francia e Italia, como puede apreciarse en el

gráfico nº 6.

Gráfico 6. Madurez Portales Open data

Fuente: Capgemini (2015b: 30)

Ejemplo de portales mantenidos por las Administraciones Públicas en Europa:

España: http://datos.gob.es/ Reino Unido: data.gov.uk

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- Francia: opendata.paris.fr/www.data.gouv.fr - Italia: www.dati.piemonte.itwww.dati.gov.it

Países Bajos: www.data.overheid.nl

5.2.7. La Reutilización de la Información del Sector Público

La Directiva 2003/98/CE de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización de

la Información del Sector Público, entró en vigor el 31 de diciembre del mismo año y fue

revisada posteriormente por la Directiva 2013/37/UE, la cual entró en vigor el 17 de julio

de 2013 (PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO, 2003). Con ella, se alienta a los

Estados miembros a que pongan la mayor cantidad de información disponible para que sea

reutilizada, procedente de cualquier organismo público tanto a nivel nacional, regional o

local, o bajo el control de las autoridades públicas. Desde la modificación de 2013, también

se aplica al contenido en poder de museos, bibliotecas y archivos. En cuanto a los tipos de

información, se refiere a textos escritos, bases de datos, archivos de audio y fragmentos de

películas, entre otros. Y, entre los que quedan excluidos, figuran los sectores educativos,

científicos o de radiodifusión, aquellos para los que existen derechos de propiedad

intelectual por parte de terceros, así como los relativos a protección de la seguridad

nacional (esto es, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública, confidencialidad

estadística y confidencialidad comercial (por ejemplo, secretos comerciales, profesionales

o empresariales) (art.1).

Resumen de la Directiva:

Solicitudes (art.4): Los organismos del sector público tramitarán, por medios

electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y

pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si

es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo

razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de

acceso a los documentos. Si no se ha establecido plazo de respuesta, los organismos

públicos tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas

a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al

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solicitante en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su

recepción. La denegación deberá ser motivada (art. 4).

Formatos (art.5). Se facilitarán los documentos en cualquier formato o lengua en

que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible

por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los

metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Aun

así, esto no supone que las instituciones públicas estén obligadas a crear

documentos, adaptarlos o facilitar extractos cuando ello suponga un esfuerzo

desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación.

Tarifas. Si se aplica tarificación, ésta debe limitarse a los costes marginales por

reproducción, puesta a disposición y difusión. El precio total se calculará conforme

a criterios objetivos, transparentes y comprobables que establecerán los Estados

miembros. Las tarifas deberán ser publicadas de antemano (art. 6 y 7).

Para los documentos emitidos por la propia Comisión Europea rige la Decisión de 7

de abril de 2006, revisada por la Decisión de 12 de diciembre de 2011, sobre

reutilización de los documentos de la Comisión. En ella se especifica que la

reutilización tiene que ser permitida para fines comerciales y no comerciales,

aunque también hay excepciones: no se aplica a software o documentos sometidos a

derechos de propiedad industrial o aquéllos para los que la Comisión no puede

autorizar su reutilización por afectar a derechos de propiedad intelectual de terceros

(Comisión,2006b)

5.2.8. La eParticipación

Las Administraciones Públicas tienen que adaptarse para mantenerse al día con la

rápida transformación de nuestra sociedad. El aumento de la conectividad de los ciudadanos

y las empresas conduce a nuevas expectativas en cuanto a la calidad, la transparencia y la

eficiencia de los servicios públicos, así como el acceso a las figuras públicas e

instituciones. Entre los proyectos que se han desarrollado en el pasado, se encuentra la

participación electrónica Acción preparatoria - apoyada por el Parlamento Europeo - que

promueve el uso de las TIC en los procesos legislativos y de toma de decisiones dentro de

los entornos parlamentarias y gubernamentales, así como el Programa de Apoyo a las

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Políticas de TIC en 2009, que apoyó proyectos empoderamiento y de participación de los

ciudadanos en la toma de decisiones transparente en la UE: (ec.europa.eu/digital-

agenda/en/eparticipation)

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CAPÍTULO 6º

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163

CAPÍTULO 6º. EL IMPULSO ESTATAL: PRINCIPALES MEDIDAS

6.1. Las estrategias para el desarrollo de la Administración electrónica

6.1.1. La iniciativa PISTA

Una de las primeras políticas públicas diseñadas para incentivar el desarrollo de la

Sociedad de la Información en España fue la iniciativa PISTA (Promoción e identificación

de Servicios de Telecomunicaciones Avanzadas). Puesta en marcha en el año 1996, bajo el

impulso de la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, el

Programa tenía por objeto promover e incentivar el desarrollo de las telecomunicaciones

avanzadas en el entorno de sectores clave.

PISTA-Ventanilla única

Para el sector de las Administraciones Públicas, la iniciativa se denominó PISTA-

ventanilla única y se llevó a cabo entre julio de 1998 y octubre de 1999, con la colaboración

de 20 usuarios diferentes procedentes de la Administración General del Estado, de las

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales26. El objetivo del proyecto era doble:

facilitar la interconexión telemática de los registros de las Administraciones Públicas, con

el fin de que fuera factible la idea de la “ventanilla única” y utilizar las TIC para acercar la

Administración al ciudadano, al facilitar la tramitación telemática y la búsqueda sencilla de

información a través de Internet (MCyT,2003).

A esta iniciativa, le siguió la PISTA ventanilla única II, de 2001 a 2003, orientada a

resolver los problemas identificados en el anterior Programa. En concreto, los relacionados

con la seguridad, los pagos a terceros a través de la red y los certificados emitidos por otros

organismos procedentes de la Administración. Al Proyecto se incorporaron entidades

públicas y privadas, entre las que sobresalen la Agencia Estatal de Administración

26 Por la Administración del Estado, el Ministerio de Fomento (Secretaría General de Comunicaciones), Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria y Energía. Por Comunidades Autónomas: la Xunta de Galicia, Comunitat Valenciana, C.A. Islas Baleares, Junta de Castilla y León, Generalitat de Catalunya y Gobierno de Canarias. Por Entidades Locales: Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, Consell Comarcal de la Garrotxa, Ayuntamiento de Benidorm, Ayuntamiento de Catarroja, Ayuntamiento de Andraitx, Diputación Provincial de Segovia, Ayuntamiento de Cambados, Ayuntamiento de Ribadeo. Otras entidades: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Alonso, 2000:9).

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Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Asociación

Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

PISTA- Administración Local (seguido de PISTA Local+)

La iniciativa PISTA-Administración Local fue promovida en 2003 por el Ministerio

de Industria, Comercio y Turismo y por la Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP)27. Tuvo por objeto desarrollar un portal para los pequeños y los medianos

ayuntamientos, al que se le dotaría de un conjunto de herramientas de interés común que

permitiesen ofrecer servicios de Administración electrónica y con posibilidad de mantener

comunicaciones telemáticas de información y gestión, lo que redundaría en una

disminución de los desplazamientos de los ciudadanos a los ayuntamientos. Este servicio se

prestaría por los ayuntamientos, pero a través de las Diputaciones, que serían las que les

proveerían de servidores y de gestión. Es importante conocer que, en el año 2005, la FEMP

tenía previsto introducir este sistema en 2.400 municipios, a través de un convenio entre

dicha Federación y el Ministerio de Industria28, para el impulso de la Administración

electrónica en las entidades locales.

En el apartado de la Diputación de Alicante, nos detendremos algo más en el

conocimiento de este Programa, ya que los ayuntamientos alicantinos se beneficiaron

también de su puesta en marcha.

6.1.2. El plan InfoXXI (2001-2003)

La Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas

Tecnologías se encargó del desarrollo de un nuevo plan, aprobado por el Gobierno en

diciembre de 1999 y denominado Plan de Acción 2001-2003 “InfoXXI: La Sociedad de la

Información para todos” (CISINT, 2000). La nueva iniciativa, que se presentó a la sociedad

española en enero de 2001, se centraba en cuatro grandes líneas de objetivos (Tomé, 2001):

Sector Tecnológico: el impulso al sector de las Telecomunicaciones y las

Tecnologías de la Información en el marco de la liberalización y la competencia.

27 El Programa contaba con su propia web: www.pistalocal.com (visitada en 2009), hoy día inactiva. 28 Noticia publicada en EL Pais on line del 01.08.2005: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2005/08/01/actualidad/1122884884_850215.html

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Administración electrónica: la potenciación del uso de los recursos de la Sociedad

de la Información por parte de la Administración.

Sociedad: el acceso y formación de todos los ciudadanos en la sociedad de la

información

España en red: El fomento de los contenidos digitales.

En desarrollo de estas líneas, y siguiendo la estela del eEurope 2000, el Plan

InfoXXI impulsó una serie de acciones para promocionar la Sociedad de la Información en

nuestro país, que podemos agrupar, de acuerdo con José López Yepes (2001), de la

siguiente forma:

Marco normativo. Regulación de:

Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico.

La firma electrónica.

Los dominios de Internet.

Administración electrónica

La teleAdministración y el portal único.

La Administración de Justicia.

El sistema sanitario en red.

Sociedad de la Información para todos29

El Internet en la escuela.

El comercio electrónico en las pymes.

Los nuevos empleos: la formación.

El Internet seguro.

La promoción de nuevas tecnologías.

España en la Red

Cultura.

– El portal de las bibliotecas españolas en Internet.

– Las bibliotecas como punto de acceso público en Internet.

– La red virtual de museos y red de archivos y digitalización de sus fondos.

– El inventario y digitalización de fondos del patrimonio histórico-artístico. 29Véase: http://www.red.es/redes/historia Red.es es una Sociedad Pública Estatal cuyo origen data del año 2002 en el marco del Plan InfoXXI.

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Turismo.

– El portal turístico español y de las Comunidades Autónomas

Más concretamente, en el apartado de la Administración electrónica, el Secretario

de Estado de la Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Baudilio Tomé

Muguruza, glosaba la importancia del Plan indicando que las administraciones debían

incorporar las TIC “como catalizadoras de nuevos desarrollos y con un gran efecto de

demostración y arrastre para los ciudadanos y todos los demás segmentos de la sociedad”

(Tomé, 2001: 22). Entre los servicios públicos ya accesibles a través de Internet, detalla la

Administración Tributaria, (www.aeat.es), la Seguridad Social, (www.seg-social.es) y el

Tesoro Público, (www.tesoro.es). Y, sin lugar a dudas, queda todavía mucho por hacer en

otras áreas como educación, sanidad, justicia, cultura, etc; así como la creación de una

Intranet única para toda la Administración del Estado; o, el fomento del uso de las TIC por

parte de los ciudadanos para conseguir que la tramitación de los procedimientos sea vía

electrónica. Tomé también se refiere al Programa PISTA-Administración local, dentro del

InfoXXI, indicando que “se trabaja en proyectos o actuaciones genéricas dirigidas a los

ayuntamientos pequeños y medianos con la finalidad de permitir el acceso de todos los

ciudadanos a las ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías,

independientemente de su renta y entorno” (Tomé, 2001: 23)

Finalmente, por lo que respecta a los resultados más evidentes, puede decirse que,

aunque el Plan tuvo un planteamiento ambicioso, sin embargo recibió numerosas críticas.

Por un lado, las relativas a su retraso. Desde que fue diseñado y aprobado, hasta el inicio de

su ejecución, transcurrió más de un año, aparte de que otros países como Finlandia,

Holanda o Bélgica, habían iniciado sus planificaciones en 1994 y, otros, como Alemania o

Suecia, en 1996 (Criado, 2009: 207). Por otro lado, las relacionadas con aspectos

presupuestarios. En este sentido, se indicaba que, de los 825.000 millones de pesetas con

los que el plan fue subvencionado, alrededor de 600.000 fueron destinadas a la

digitalización de la Administración Pública, dejando con una cantidad perceptiblemente

menor a los otros dos grupos de usuarios, es decir, las empresas y los ciudadanos

(Marenghi y Badillo, 2012: 360). Y, no menos importante, que fue un Plan con un exceso

de expectativas: “Una iniciativa cimentada en cifras impresionantes: formar a 2.000

parados en el uso de las nuevas tecnologías durante 2001, y a 14.000 durante los siguientes

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años eran algunas de las metas. Sin embargo, se critica que el Plan InfoXXI haya

comenzado la casa por el tejado, es decir, que trató de digitalizar la Administración sin

tener en cuenta que, primero, era necesario acercar Internet a los ciudadanos o generalizar

el ADSL; que enviar autobuses cargados de ordenadores a los hospitales, colegios y

organismos administrativos del último rincón del país no significaba necesariamente que

los destinatarios de esos ordenadores supieran bien qué hacer con ellos o cómo emplearlos

para simplificarse la vida” (Roselló, 2005, en línea).

La prensa de la época habla exactamente de “fracaso” y de “promesas

incumplidas”30 y recoge las explicaciones que el gobierno transmitía, atribuyendo como

causa principal de la situación a la escasa penetración del ordenador en los hogares –España

ocupaba la antepenúltima posición de todos los países de la OCDE, según el periódico

digital El País de 21.10.2002-, lo que obligó finalmente a diseñar una nueva estrategia para

el fomento de la Sociedad de la Información en España, el España.es.

6.1.3. El Plan de Choque 2003.

La última iniciativa de los gobiernos del Partido Popular, en torno a la Sociedad de

la Información, España.es (Gobierno,2003), fue aprobada en el Consejo de Ministros de

julio de 2003 y, aunque comenzó su andadura el 1 de enero del siguiente año, sólo estuvo

vigente hasta diciembre de 2005, debido a que se planteó al final de la legislatura y a que

las elecciones de marzo de 2004 trajeron consigo un cambio de signo político en el

gobierno de la nación.

Dotado con un presupuesto de 1.029 millones de euros, en el que participaba la

Administración del Estado (en un 63%), las Comunidades Autónomas (26%) y el sector

privado (11%), el Programa se encuadró dentro del marco del Plan Nacional de

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I).

Respecto al diseño de la iniciativa, hay que decir que se estructuró alrededor de seis

líneas maestras, tres verticales (Administración electrónica, Educación y PYMES), y tres

horizontales (accesibilidad y formación, contenidos digitales y comunicación) y se dividió

en diez medidas fundamentales, tal y como se especifican en la siguiente tabla:

30El País digital: http://elpais.com/diario/2002/10/21/economia/1035151201_850215.html Cinco Días: http://cincodias.com/cincodias/2003/07/11/economia/1058059405_850215.html

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Tabla 7. Resumen medidas España.es

Línea maestra Medida DESCRIPCIÓN I. administración.es 1.-Impulsar decididamente la

Administración electrónica Ejecutar las 19 medidas del Plan de Choque

II. educación.es. Del "aula de informática" a la "informática en el aula", integrando las nuevas tecnologías como herramienta habitual en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Actuación que se extenderá al periodo 2004-2007

2.- Internet en la escuela. Infraestructuras

Acceso inalámbrico y proyector en las 53.000 aulas de los 6000 centros públicos de secundaria y FP G. Superior y G. Medio

3.- Internet en la escuela. Docentes Ordenador portátil a los 140.000 docentes de secundaria y FP y cursos de formación

4.- Internet en la escuela. Herramientas y contenidos educativos.

Portal educación.es con contenidos, creación de Comunidades virtuales y servicios para la comunidad educativa (profesores, alumnos y padres

III. pyme.es 5.- Incorporación de las PYME a la

Sociedad de la Información De una manera coordinada e integrada, desarrollar e implantar soluciones y servicios, y formar a las PYMEs menos integradas en la S.I.

IV. navega.es Accesibilidad de todos los ciudadanos a la Sociedad de la Información, acercando la S.I. a todos aquellos colectivos menos integrados a través de dotación de infraestructuras y plan de formación

6.- Telecentros (Internet Rural y en bibliotecas – Fase II)

Instalar 2000 nuevos centros de acceso público a Internet en áreas rurales, con Banda Ancha

7.- Formación e integración digital Creación de la Fundación Navega.es para gestionar los programas de formación

V. Contenidos.es Crear contenidos Digitales de calidad, ofreciendo a la sociedad contenidos de titularidad pública y promover un uso más seguro de Internet

8.-Patrimonio.es Digitalización, difusión y explotación de elementos del Patrimonio Histórico-artístico

9.- Seguridad.es Fomentar la seguridad y la eConfianza VI. comunicación.es 10.-comunicación.es Comunicar a toda la sociedad las ventajas de la S.I.,

creando una marca para todas las actuaciones, y con una campaña "paraguas" y compañas específicas. Responsable el MCyT

Fuente: España.es

Para el profesor José Ignacio Criado el hecho de que las medidas que afectaban a la

Administración electrónica figurasen en primer lugar, no era algo casual, sino que

respondía a una voluntad política por destacar los avances que se habían realizado en planes

anteriores: “sus planteamientos fueron menos críticos con algunas de las orientaciones

adoptadas en la etapa precedente, que ilustrativos sobre los requisitos estratégicos para el

futuro, adoptando en toda su extensión la perspectiva europea en torno a la prioridad de los

servicios administrativos en línea” (2009: 212). En desarrollo precisamente de ese primer

punto, se publicó en mayo de 2003, el Plan de Choque para el Impulso de la

Administración electrónica en España, elaborado entre el Ministerio de Ciencia y

Tecnología y el Ministerio de Administraciones Públicas (Gobierno,2003b), en el que

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figuran 19 medidas de choque propuestas y de las que hablaremos en otro apartado

posterior.

El Plan de Choque pretendía que los servicios de la Administración General del

Estado (AGE) se transformasen y mejorasen a través de las TICs para atender

principalmente las necesidades del usuario, en lugar de tener un enfoque tan departamental,

como hasta ahora venía siendo. Para ello, debía conseguirse una adecuada coordinación de

todos los departamentos, una reorganización y mejora de los procesos internos y un cambio

de cultura entre los empleados públicos que pasase por mejorar su formación, para

favorecer el uso de las tecnologías de la información.

Figura 14. Nuevo perfil de la A.Pública orientada al usuario

Fuente: Plan de Choque, 2003, p.9

En definitiva, el ciudadano, la empresa y otras instituciones públicas pasaban a ser el

foco de atención de la Administración que el Plan de choque quería establecer y, para ello,

se debía actuar “tanto desde la oferta, con más servicios electrónicos y telemáticos, como

desde el lado de la demanda, incluyendo medidas para facilitar el acceso de todos los

estratos de la población a los servicios públicos“ (p.5).

Respecto a su estructura, como hemos indicado se trataba de 19 iniciativas

distribuidas en cuatro grandes líneas de actuación, de la forma reflejada en la tabla nº8:

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Tabla 8: Iniciativas del Plan de Choque

Eje de actuación Iniciativa Finalidad 1.-Facilitar el acceso público a los ciudadanos

1.-DNI electrónico Facilitar a todos los españoles de documento de identificación electrónico.

2.-Puntos de acceso público y gratuito a Internet

Dotar del mayor número de accesos de internet a la población en el mayor número de puntos geográficos

2.-Impulsar el desarrollo de servicios para el usuario.

3.-Impulso al desarrollo de los servicios públicos electrónicos básicos de eEurope 2005.

Administración más cercana al ciudadano, más eficiente y de mayor calidad a través de servicios multiadministrativos integrados

4.-Cartas de servicios electrónicos

Informar a los ciudadanos sobre los servicios electrónicos que se encuentran a su disposición indicando los compromisos de calidad asumidos, así como de los derechos en relación con estos.

5.-Desarrollo permanente del Portal del ciudadano.

Transformarlo en un portal centrado en los servicios y en los ciudadanos y las empresas.

6.-Utilización de las lenguas cooficiales y otros idiomas en las páginas web de la AGE.

Facilitar a todos los españoles y a los extranjeros el acceso a los contenidos básicos de información pública española en su lengua materna

7.-Accesibilidad de las páginas web de la AGE.

Acceso de todos a la información pública sin que existan barreras por razón de discapacidad física o psíquica

8.-Formularios en Internet y registros telemáticos.

Facilitar al ciudadano el inicio de los procedimientos administrativos

9.-Notificaciones telemáticas seguras

Facilitar a los ciudadanos las relaciones con la Administración.

10.-Pagos a través de Internet Poner a disposición de los Ministerios y Organismos Públicos que lo soliciten un sistema de pagos telemático.

3.-Facilitar el intercambio de actuación entre las Administraciones Públicas

11.-Sustitución de certificados en papel por certificados telemáticos y transmisiones de datos.

No solicitar documentos en poder de la Admón.

12.-Portal de servicios de la AGE para las entidades locales.

Creación de servicios de valor añadido

13.-Migración de las comunicaciones internas de órganos colegiados TIC hacia canales telemáticos.

Facilitar las comunicaciones especialmente en el ámbito de los órganos de coordinación departamentales agilizando su funcionamiento y reduciendo costes

4.-Apoyar la reorganización interna de procesos en las Administraciones Públicas

14.-Impulso al portal del empleado público

Dotar a los empleados públicos de un espacio virtual propio de relación, colaboración y de gestión del conocimiento

15.-Reforma del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración electrónica

Conseguir un esquema organizativo adecuado para el impulso de la Administración electrónica

16.-Coordinación con las Administraciones Territoriales para el impulso de la Administración electrónica.

Establecer un marco institucional permanente de cooperación con las administraciones territoriales para avanzar en la implantación de servicios públicos electrónicos básicos interadministrativos

17.-Revisión y análisis de los procedimientos administrativos de la AGE para su prestación telemática.

Simplificación de los procedimientos administrativos actuales

18.-Servicios de apoyo técnico a los departamentos ministeriales.

Facilitar a los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos que así lo demanden el apoyo técnico y de consultoría tecnológica a través de una “Oficina Técnica”.

19.-Sistema de archivo de documentación electrónica

Desarrollarlo y ponerlo a disposición de los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos

Fuente: Plan de Choque, 2003

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Por destacar alguna de las iniciativas, mencionaremos brevemente:

DNI electrónico

Documento a través del cual se podrían realizar transacciones en línea con las

Administraciones Públicas, mediante las funcionalidades incorporadas de

identificación y de firma electrónica. Si bien la Ley de firma electrónica vio la luz

en diciembre de 2003 (Ley 59/2003, de 19 de diciembre), los primeros DNI

electrónicos no se expidieron hasta el año 200631 .

Impulso al desarrollo de los servicios públicos electrónicos basados en el eEurope

Como ya hemos detallado en el apartado dedicado a la administración europea, el

Plan eEurope pretendía convertir a Europa en la economía basada en el

conocimiento más avanzada y dinámica del mundo en el año 2010. Para ello, la

Comisión Europea definió 20 servicios mínimos básicos y, al mismo tiempo, exigió

a los Estados Miembros que estuvieran disponibles de forma electrónica para finales

del año 2004. En este sentido, en el Plan de Choque se indica que España podía

hablar de un nivel distinto de desarrollo on line, en algunos de sus servicios (p.15):

- líder a nivel mundial: la presentación de declaraciones y el pago telemático

de impuestos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

- Máximo nivel de interacción electrónica: pago de impuestos, denuncias ante

la policía, servicios de bibliotecas públicas, presentación del impuesto de

sociedades, presentación del IVA, declaraciones de aduanas, certificados de

nacimiento y defunción.

- Importantes avances: subsidio de empleo, ayuda familiar, becas de estudio,

matriculación universitaria, cita médica por Internet, etc

- Otros servicios necesitaban de más apoyo: licencia de obras, compras

públicas por Internet, búsqueda de empleo, obtención de pasaporte, carnet de

conducir.

Sustitución de certificados en papel por certificados telemáticos

En esta iniciativa se incluye, entre otros, el análisis de los procedimientos de la

AGE en los que se solicitan certificados en soporte papel a los ciudadanos y la 31 Tras la promulgación del RD 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del DNI y sus certificados de forma electrónica, los primeros DNI se expidieron con un fallo en la tarjeta soporte, según los medios de comunicación: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=943968 En la actualidad, se ha alcanzado la cifra de 44.784.983 DNI electrónicos expedidos, de acuerdo con los datos que figuran en la web del Cuerpo Nacional de Policía: http://www.dnielectronico.es/. Consultada el 01.09.15

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posibilidad de sustituirlos, tanto por certificados telemáticos como por certificados

emitidos directamente por organismos terceros, cuyos datos se transmitirán entre

ambas administraciones simplificando notablemente el procedimiento al ciudadano.

Con un presupuesto de 180 millones de euros (Criado, 2009: 215), ligados a los

presupuestos generales del Estado, la finalización de la legislatura en el primer trimestre de

2004 impidió cumplir con los objetivos marcados de algunas de las iniciativas propuestas.

6.1.4. El Plan Conecta, 2005

El nuevo Plan se presentó en el último trimestre de 2004, por el equipo de la

Dirección General de Modernización Administrativa, del Ministerio de Administraciones

Públicas32. Este Plan se denominó el Plan Conecta. Tu Administración en Red, como

iniciativa estratégica para el desarrollo de la Administración electrónica en la

Administración General del Estado, y fue publicado en abril de 2005 (MAC, 2005).

El Plan Conecta tenía como misión “la modernización de la Administración del

Estado, en términos de mejora de la calidad, agilidad y rendimiento de los servicios a los

ciudadanos, eficiencia en el uso de los recursos públicos, reducción de costes, satisfacción

de los usuarios, integración interdepartamental y simplificación administrativa, todo ello

limitado a las competencias del Ministerio de Administraciones Públicas” (p.19). Es

importante resaltar que el Plan pone el énfasis en los siguientes puntos:

1.1. La Administración electrónica. Todavía a gran distancia de una implantación

y difusión masivas. El Plan asume el concepto de Administración electrónica

con la clasificación de los tres grupos de relaciones:

Administración con Ciudadanos (G2C, “Government to Citizens”).

Administración con Administración (G2G, “Government to Government”)

Administración con Empresas (G2B, “Government to Business”).

32 Presentado en las VIII Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas (TECNIMAP04), celebradas en Murcia entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2004 (Criado, 2009:217). Posteriormente, el Plan se publicó en abril de 2005, según el documento citado en la bibliografía (MAP,2005) .

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1.2. El rediseño de los procesos administrativos. Ello redundará en mejoras en la

tramitación y, por tanto, en la mayor satisfacción de los ciudadanos y empresas.

1.3. La coordinación y la cooperación interadministrativa. Persigue la

convergencia tecnológica, la interoperabilidad, las economías de escala, los

desarrollos únicos con múltiples implantaciones, las políticas de seguridad

comunes y ahorros de costes.

1.4. La atención multicanal a los ciudadanos. Con técnicas de “call center” y

CRM (customer relationship management) adaptadas a la Administración.

1.5. Un mayor desarrollo de la Función Pública, en términos de puesta al día y de

formación de los empleados públicos.

En cuanto a su estructura básica, el Plan se sustenta en cuatro metaproyectos, de los

cuales parten los proyectos organizados según la pertinencia respecto de los objetivos y que

detallamos junto a su dotación presupuestaria en la tabla nº 9:

Tabla 9. Resumen Metaproyectos, proyectos y coste del Plan Conecta 2005

Metaproyecto Proyecto Costes estimados para el MAP (*) 2005/2006/2007

Costes estimados otros Ministerios 2005/2006/2007

CERTIFICA Sustitución de certificados en soporte papel. Comunicación de cambio de domicilio. Notificaciones telemáticas.

4.200.000 € 14.526.000 €

eDNI Plataforma de validación de firma electrónica. Difusión eDNI. Reconocimiento de múltiples prestadores de Servicios de Certificación. Política de firma. Servicio de identificación única (Single Sign). Sellado de tiempo.

2.577.000 € 39.400.000 €

CIUDADANO.es Agente inteligente-buscador Catálogo de publicaciones Información pública electrónica Red de registros Red de atención e información al ciudadano Centros de gestión unificada Ciudadano.es (portal del ciudadano) Inscripción en pruebas selectivas por registro telemático Gestión integrada de ayudas y subvenciones Pasarela de pagos. Teléfono unificado de atención. Desarrollo de espacios descentralizados de información y servicios en el Portal del Empleado.

10.587.000 € 1.835.000 €

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SIMPLIFICA Impulso de la imagen institucional Revisión del marco normativo para la implantación de la Administración electrónica Herramientas de apoyo al rediseño de procedimientos Licitaciones electrónicas Georreferenciación. Renovación tecnológica Gestión integrada de recursos humanos Extranet de las Administraciones Públicas Tramitación telemática de los expedientes de adquisición de bienes y servicios informáticos Observatorio de la Administración electrónica Reforma del C.S.de Informática Centro de Transferencia TIC entre Administraciones Públicas.

12.887.000 € 6.305.000 €

TOTAL COSTE 92.317.000 €

Fuente: Plan Conecta. Elaboración propia.

(*) considerados al inicio del Plan

6.1.5. El Plan Avanza: referido a la eAdministración

6.1.5.1 Las actuaciones del Plan Avanza I para la eAdministración

El Plan Avanza 2006-2010: desarrollo de la Sociedad de la Información y de

Convergencia Europea y entre Comunidades y Ciudades Autónomas (más conocido como

Plan Avanza I, se aprobó el 4 de noviembre de 2005 y se puso en marcha el 1 de enero de

2006, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

Información, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La dotación presupuestaria

superó los 6.500 millones de euros y su principal objetivo fue “situar a España entre los

países más desarrollados en cobertura y acceso a la banda ancha y al e-gobierno.

Contempló cinco grandes áreas de actuación: hogar e inclusión de ciudadanos,

competitividad e innovación (economía digital y política industrial del sector TIC),

servicios públicos digitales, educación en la era digital y contexto digital (tecnología e

infraestructuras, e-confianza y contenidos digitales)” (Marengui, 2012).

La OCDE analizaba, en julio de 2010, los avances conseguidos por el I Plan Avanza

(OCDE, 2010), e indicaba que era la estrategia política “más completa” que se había

confeccionado para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. La diferencia

con las anteriores estribada, según esta Organización, en que se implantaban aisladamente

por los distintos ministerios, sin embargo, el Plan Avanza supone una planificación más

coherente “en términos de secuenciación y respuesta a las prioridades a nivel nacional y

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supranacional” (p.38). Los principales logros de esta primera fase pueden verse recogidos

en la tabla que a continuación detallamos:

Tabla 10. Logros Plan Avanza I, datos 2010

Oferta y cobertura infraestructuras TIC Banda ancha *El Plan de Extensión de la Banda Ancha, ha aumentado la cobertura al

99% de las áreas (19 puntos más que en 2004) *Líneas de banda ancha son un 90% de 2 Mbps, o más, en enero de 2010 (media UE27, es del 84%)

Telefonía móvil *El Plan de Extensión de la tef. móvil, iniciativa pionera en UE, ha conseguido mejorar la calidad de las redes en áreas rurales, logrando cobertura del 99%. *Operadores móviles y el MITyC, importante esfuerzo inversor para despliegue de redes móviles de tecnología 3G

Televisión digital terrestre (TDT) *Cese de emisiones en analógico el 3.04.10, dos años antes de la fecha Com. Europea. Cobertura del 98,5% población *Plan transición movilizó (Nov05-Abril10) más de 12.000 millones € e involucrado más de 10.000 empresas (40.000 empleos)

Educación en red Programas Internet en la Escuela e Internet en el Aula: 99’3% de las

escuelas han recibido equipamiento TIC y conexión a Internet, 98% con BA. 90% profesores recibieron formación TIC y 6 de cada 10 utilizan mat. Didácticos digitales/multimedia. * Plataforma AGREGA http://agrega.educacion.es/ Sma. de creación y comparación de contenidos educativos.

Sanidad de red España, país de referencia en la aplicación de las TIC al sma. Sanitario.

*Programa Sanidad en Línea, iniciado en 2006: Informatización completa del proceso asistencial y extensión de TIC en ámbito sanitario.

Administración electrónica y servicios públicos en red Desarrollado en el apartado del trabajo relativo a la A. Electrónica Uso de las TIC Ciudadanos:

*25,1 millones se conectan a Internet, el 97% con banda ancha (en 2003, 11,7 millones, 50%banda ancha) *España, nº1 en UE en usuarios banda ancha móvil, con un 32,1%población, frente al 23,7% media UE Empresas: *97% se conecta a Internet a través de banda ancha, ocupando la primera posición junto a Francia y Malta. *49% empresas usan firma electrónica, 2º lugar en UE duplicando tasas media grupo UE27

Fuente: elaboración propia a partir de Avanza II (Gobierno, 2010).

Objetivos para conseguir una eAdministración plenamente desarrollada33:

• Garantizar el derecho de los ciudadanos y las empresas a relacionarse

electrónicamente con las Administraciones Públicas, para lo cual la totalidad de los

servicios prestados por las administraciones deberán ofrecer, en 2010 como mínimo,

alguna de sus prestaciones a través de Internet.

33http://www.ayuntamientodigital.com/ciudades-digitales/plan-avanza.html

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• Establecer los mecanismos para que la oferta de servicios en línea se corresponda

con la demanda existente, creando un catálogo claro de servicios electrónicos.

• Garantizar la existencia de canales adecuados para que todos los ciudadanos y las

empresas puedan hacer uso de los servicios proporcionados por las

Administraciones Públicas.

• Modernizar las Administraciones Públicas españolas en términos de mejora de la

calidad, agilidad y rendimiento de los servicios a los ciudadanos, eficiencia en el

uso de los recursos públicos, reducción de costes, satisfacción de los usuarios,

integración interdepartamental y simplificación administrativa.

• Crear estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas (la

Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales).

Para ello, los profesores Jesús Galvañ y Pedro García (2007: 46), relacionan algunas

de las actuaciones y programas que, gracias al Plan Avanza, se realizaron:

Portal Ciudadano.es y red 060

Dotación de equipamiento TIC, conectividad y soporte para los Centros.

Campus inalámbricos.

eJusticia.

Eliminación de documentos administrativos en formato papel34. Entre otros,

supresión de volantes de empadronamiento, supresión de fotocopias DNI,

sustitución de certificados de papel.

eSanidad.

Internet en el Aula.

Modernización de Entidades Locales:

- Programa Ciudades Singulares.

- Programa Ciudades Digitales35,

34 El 28 de abril de 2006, se aprueba el Real Decreto 523/200632 por el que se elimina la necesidad de presentar un certificado de empadronamiento al realizar los trámites administrativos, a efectos comprobar el domicilio de residencia de un ciudadano, sustituyéndose por un servicio telemático de Verificación de Datos de Residencia. El 27 de abril de 2006, el Consejo de Ministros, aprobó el Real Decreto 522/2006 por el que se suprime la exigencia de adjuntar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad a cualquier escrito, comunicación o formulario que los ciudadanos tengan que presentar en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, así como por los organismos que dependen de ella, siendo sustituido, en los casos necesarios, por una consulta de oficio a las bases de datos de la Policía, tras obtener la autorización del interesado. A finales de 2006 estaban en funcionamiento Registros telemáticos de 24 organismos de la Administración Central, entre ellos: MAP, MUFACE, Correos, Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde el portal ciudadano. https://notificaciones.administracion.es se puede acceder a los servicios de notificación telemática. 35 Programas CIUDADES DIGITALES. En el ámbito de la Administración del Estado, desde 2004 se ejecutó el programa Ciudades Digitales, cuyo periodo de vigencia finalizó en 2007. Se trataba de un programa que tenía por objetivo la

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- Plataforma de servicios comunes, Extensión PISTA

Administración Local, Extensión GEOPISTA.

- Censo Padrón.

- Catastro.

- Concejo de Carreño - Asturias (Candas Ciudad Digital).

- Avilés Ciudad Digital (entre otras)

Las actividades del Plan Avanza del Área de Servicios Públicos Digitales se pueden

clasificar en cinco grupos:

• Tecnologías y herramientas aplicables a eAdministración

Servicios telemáticos

Equipamiento

Difusión y formación

Apoyo a las administraciones locales

En 2010, año en el que finaliza la primera fase del Plan Avanza, pueden destacarse

algunos datos de interés relativos a la consecución de objetivos en torno a la

eAdministración (Gobierno, 2010:16):

o El 80% de los servicios públicos están disponibles en Internet, 9 puntos por encima

de la media europea. Sobresale, el desarrollo del eDNI y las leyes aprobadas al

respecto en la legislatura anterior.

o El 97% de trámites a realizar en la AGE están disponibles en línea.

o El eDNI: España es “probablemente” el único país que lo tiene operativo, con un

100% de disponibilidad de equipamiento y dotación para expedirlo, tanto en las

provincias como en las comisarías. 17 millones de españoles ya utilizan el eDNI,

con posibilidad de acceder a más de 3.000 servicios públicos (la declaración IRPF,

pagos, los registros civiles, etc), en cualquiera de los ámbitos de la administración:

nacional, autonómica o local. promoción de la Sociedad de la Información en un entorno local, reduciendo la brecha digital e incluyendo temas como la teleAdministración, comercio/negocio electrónico, teletrabajo, teleformación, telemedicina, gestión de servicios de uso público, aplicaciones para colectivos con requerimientos especiales, cultura, turismo y ocio, entorno doméstico y móvil, etc. El programa persequía la implantación de al menos una Ciudad Digital en cada Comunidad Autónoma y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y destinó un presupuesto de más de 50 millones de euros. En 2006, las localidades incluidas en el estudio fueron Baeza, Mijas, Ronda, Sanlúcar de Barrameda, Úbeda, Teruel, Avilés, Carreño, Alcudia, Calvià, Formentera, El Paso, Llanos de Aridane, Santa Cruz de la Palma, Astillero, Potes, Torrelavega, Alcázar de San Juan, Cuenca, Miguelturra, Tomelloso, Peñaranda de Bracamonte, León (barrios), Amposta, Banyoles, La Seu d’Urgell, Ribes de Freser, Ceuta, A Estrada, Pontes do García Rodríguez, Vilalba, Aranjuez, Leganés (ZarzaquemadaI), Tres Cantos, Melilla, Molina de Segura, Arnedo, Calahorra y Alcoy.

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o Finalizada la digitalización del 100% de los 432 Registros Civiles.

o Avanza Local:

- Con una inversión de 413,2 millones de €, este subprograma ha permitido

dotar a las entidades locales con servicios y TIC para potenciar la

eAdministración en su ámbito territorial y competencial.

- Proporcionó todas las herramientas TIC a los ayuntamientos (cobertura de

banda en todos los núcleos poblacionales, Red SARA de interconexión,

certificados digitales, eDNI y Plataforma @firma).

6.1.5.2. El Plan Avanza II (2011-2015). Administración sin papeles

Por lo que respecta al II Plan Avanza Estrategia 2011-2015 (Gobierno de España,

2010), se presentó al Consejo de Ministros el 30 de enero de 2009, y fue aprobado por este

Órgano el 16 de julio de 2010, con el objetivo de reforzar y dar continuidad a algunas de las

líneas fundamentales del Avanza I. Si el primer Plan se centraba en poner al país al mismo

nivel de la UE, sobre todo en aspectos como la cobertura y la conectividad en los que era

evidente el retraso de España, en el Avanza II se pretende convertir a nuestro país en un

referente en la implantación, uso y desarrollo de las TIC. En este sentido, el Plan establece

los siguientes retos de futuro en el ámbito de la Sociedad de la Información:

1.- Fomentar el uso de las TIC

En relación a las PYMEs: para hacerlas más competitivas

internacionalmente.

Entre los mayores de 45 años: para conseguir que las tecnologías sean

una herramienta útil de comunicación con el mundo y de relación con las

administraciones.

2.- Mejorar la velocidad y la capacidad de las redes españolas

3.- Continuar el impulso de los proyectos de éxito (Administración electrónica, eDNI, la

Sanidad en Línea, la Justicia en Red, dotación de centros escolares, contenidos

digitales…)

4.- Identificar proyectos adicionales que impulsen el ahorro y la eficiencia en España,

mediante el desarrollo de aplicaciones TIC en ámbitos de futuro (el Plan Integral de

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Industria PIN 2020, los consumos de recursos, Internet de las cosas, cloud computing en

la AGE).

5.- Introducir en el sistema educativo los contenidos y las actividades que propicien la

posibilidad de innovar y de emprender como elementos consustanciales al uso creativo

y productivo de las TIC.

En el marco de esos retos, el objetivo principal del II Plan Avanza fue contribuir a la

recuperación económica de España a través del uso intensivo y generalizado de las TIC,

“con una especial atención a los proyectos que compaginen la sostenibilidad, el ahorro

energético y el liderazgo de la industria TIC en determinadas áreas consideradas como

estratégicas” (Gobierno, 2010:28). Este objetivo general se desagregó en 10 objetivos

concretos36, estructurados en cuatro bloques:

Tabla 11. Objetivos específicos Plan Avanza II

Bloque Objetivos 1.-Consecución de una administración sin papeles en el año 2015

1.-Promover procesos innovadores TIC en las Administraciones Públicas 2.-Extender las TIC en la sanidad y el bienestar social 3.-Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo.

II.-Infraestructuras de telecomunicaciones

4.-Mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones para que soporten el desarrollo de la Sociedad de la Información, incorporando redes ultrarrápidas tanto fijas como móviles.

III.-Uso y confianza en Internet: una apuesta por la innovación

5.-Extender la cultura de la seguridad de la información entre la ciudadanía y las empresas, de manera que se genere una mayor confianza en la adopción y uso de las TIC. Junto con acciones dirigidas a la protección de datos de carácter personal, la privacidad de los ciudadanos, los derechos de los consumidores, de la infancia y la juventud, seguridad pública y defensa nacional. 6.-Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía, participación en redes sociales, comunidades virtuales, comercio electrónico, etc. 7.-Extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa: comercio electrónico, factura electrónica, etc.

IV.-Impulso de la industria TIC española en sectores estratégicos

8.-Desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC como impacto en la economía. 9.-Fortalecer el sector de los contenidos digitales. 10.-Desarrollar las TIC verdes, al constituir las TIC un instrumento clave para un crecimiento equilibrado desde la óptica medioambiental. Entre ellos: conseguir ahorros energéticos en la Administración de hasta un 20% a partir del año 2011 por el uso de las redes y los edificios inteligentes. Fuente: Plan Avanza II. Elaboración propia

36 Para poder evaluar los objetivos se establecieron unos indicadores (MITyC,2010: 33) que no entraremos a detallar, puesto que el Plan dejó de tener vigencia con el cambio de Gobierno de 2011 y la aprobación de la Agenda Digital para España en 2013. Además de la web del plan www.planavanza.es, que hoy sólo acogeinformación sobre la Agenda Digital, existe la web del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI http://www.ontsi.red.es que ofrece acceso a datos que se generan sobre la evolución de la SI.

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La recuperación económica de España, a la que el Plan pretende contribuir, debe

transcurrir con la generalización del uso de las TIC y con el impulso de los procesos

innovadores de carácter telemático en las Administraciones Públicas. Todo ello tiene en el

Plan Avanza II un denominador común, que los proyectos que recibirán mayor respaldo

serán los que “compaginen sostenibilidad y ahorro energético”. Así, en este sentido, uno de

los objetivos de este Plan es conseguir una Administración que no utilice el soporte papel

para el año 2015. Las vías en la que propone conseguirlo, se resumen en tres puntos

principales (Gobierno, 2010:29):

1.- Promover los procesos innovadores de las TIC

Como hemos indicado, las TIC en las Administraciones Públicas contribuirán a la

modernización de la administración y al desarrollo del país, pero, para ello, deben ponerse

al “servicio de la ciudadanía y las empresas (…) y hacer las Administraciones Públicas

permeables a las necesidades de las PYME y los ciudadanos”.

Propuestas:

- En el año 2015, se conseguirá una Administración Pública sin papeles, gracias a

la digitalización de los trámites, la incorporación de la firma electrónica (DNI

electrónico) y la creación de registros electrónicos.

- En el año 2013, se lograrán ahorros del 3% en recursos informáticos de la

Administración a través de la compartición de recursos. Este ahorro alcanzará el

5% en el año 2015.

- En el año 2015, el 50% de los ciudadanos y el 90% de las empresas se

relacionaran con la Administración a través de Internet

2.- Extender las TIC en la sanidad y en el bienestar social.

Las TIC deben ser capaces de identificar a un usuario y adaptarse a sus necesidades

de forma no intrusiva.

Propuestas:

- En el año 2012, estará implantada la Historia Clínica Digital en todas las

CC.AA.

- En el año 2012, se habrá extendido el sistema de Receta Electrónica a todas las

CC.AA.

3.-Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo.

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Las TIC en la Educación son una apuesta estratégica por la innovación pedagógica y

contribuyen a asegurar la familiarización de los ciudadanos con las nuevas tecnologías

Por otro lado, el Plan Avanza propone unos indicadores útiles para evaluar el

cumplimiento de las medidas propuestas y para conseguir una administración sin papeles

para 2015:

Tabla 12. Indicadores Plan Avanza II. Administración sin papeles en 2015

Indicador 2004 2009 Objetivo

2015

España UE27 España

Servicios públicos digitales

% de ciudadanos que utilizan Internet para obtener información

de las AAPP

- 27,00% 27,00% 50%

% de ciudadanos que utilizan Internet para el envío de

formularios a las AAPP

- 8,00% 13’00% 25%

% de empresas que utilizan Internet para obtener información

de las AAPP

47,86% 59,64% 65,00% 90%

% de empresas que utilizan Internet para el envío de

formularios

32,42% 46,37% 55,00% 85%

Educación y sanidad

% de personas que utilizan Internet para búsqueda de

información sobre educación

- 29,00% 32,00% 50%

% de personas que utilizan Internet para realización de cursos

online

- 7,00% 4,00% 25%

% de personas que utilizan Internet para búsqueda de

información sobre salud

9,20% 32,20% 32,70% 50%

Fuente: Plan Avanza

En ellos, se refleja que el objetivo que se quiere conseguir, en 2015, es llegar al 50%

de ciudadanos que utilicen Internet para obtener información sobre las Administraciones

Públicas, partiendo de un porcentaje del 27% en 2009. Para el envío de formularios a las

Administraciones, se pretende un objetivo más modesto, sólo el 25%, ya que en 2009

estábamos a un 8%, muy por debajo de la media europea del 13%.

El uso de Internet y la Administración, por parte de las empresas, es bastante más

alto: de un 59,64% en 2009, de empresas que usan Internet para conseguir información de

las AAPP, se quiere conseguir el 90% en 2015. Y, si se trata del envío de formularios, el

porcentaje que se quiere alcanzar es del 85%.

6.1.5.3. La normativa clave desarrollada en el Plan Avanza

o Ley 56/2007, de medidas de impulso de la Sociedad de la Información.

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Aprobada el 28 de diciembre de 2007, en ella se tiene previsto:

- Un plan para la extensión en la administración de la factura electrónica.

- La intercomunicación telemática de las empresas de servicios con sus

clientes.

- La mejora de la accesibilidad de las páginas webs de las Administraciones

Públicas, que desde el 31 de diciembre de 2008, deben cumplir los requisitos

mínimos de accesibilidad.

o Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,

aprobada el 22 de junio de 2007.

- Se incluye el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las

Administraciones Públicas por medios electrónicos, a partir del 1 de enero

de 2010, con una disponibilidad completa las 24 horas al día.

- El Plan Avanza pone, con este objetivo, una BD actualizada –un mapa de

infraestructuras-, en relación a los servicios de la Sociedad de la Información

y los servicios de comunicaciones electrónicas en España.

6.1.6. La Agenda Digital en relación a la Administración electrónica

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2013, la Agenda

Digital para España (Gobierno, 2013) bajo el impulso del Ministerio de Industria,

Energía y Turismo (MINETUR) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

(MINHAP)37, con el objetivo de “incrementar la contribución de las tecnologías de la

información y las comunicaciones al crecimiento, la competitividad y el empleo”

(Gobierno, 2015: 7). Constituye, además, un marco de referencia para:

Establecer la hoja de ruta en Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) y en la Administración electrónica

37 Con una voluntad de trabajo fundamentada en la cooperación del sector público-privado, numerosas empresas y actores del mundo digital y responsables de la Administración General del Estado y de otras Administraciones (180 agentes consultados pertenecientes a Ministerios, CCAA y EELL, Grupos parlamentarios, Empresas, Asociaciones y Universidades, colaboraron con estos Ministerios para elaborar la Agenda. Se recibieron 1.100 propuestas. La Agenda fue sometida a consulta pública mediante el uso de una plataforma de participación ciudadana en la que se realizaron 14.000 visitas, 47.000 descargas y 500 propuestas (Gobierno, 2015:13). Web de la Agenda Digital: http://www.agendadigital.gob.es/

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Establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda

Digital para Europa

Maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la

productividad y la competitividad

Transformar y modernizar la economía y la sociedad española mediante un uso

eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, las empresas y las

administraciones. (Gobierno, 2013)

La Agenda se estructura en seis grandes bloques de objetivos específicos, partiendo

de las prioridades establecidas en la Agenda Digital para Europa, que intentan dar respuesta

a los retos de la Sociedad de la Información en España (Gobierno, 2013). Esos objetivos se

agrupan de la siguiente manera:

1. Objetivo 1: Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la

conectividad digital y trasladar a la sociedad los beneficios económicos, sociales y de

competitividad derivados de las redes de banda ancha ultrarrápida y del desarrollo de

servicios digitales innovadores.

2. Objetivo 2: Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad

y la internacionalización de la empresa española mediante un uso más intenso y

eficiente de las TIC, el fomento del comercio electrónico, el desarrollo de una

industria de contenidos digitales, la internacionalización de la empresa tecnológica y

la apuesta por las industrias de futuro.

3. Objetivo 3: Mejorar la eAdministración y adoptar soluciones digitales para una

prestación eficiente de los servicios públicos mediante la transformación de la

Administración para impulsar el uso de los canales electrónicos y el aumento de la

eficiencia en el uso de las TIC.

4. Objetivo 4: Reforzar la confianza en el ámbito digital para fomentar el desarrollo

de la actividad comercial, social y de relaciones entre la ciudadanía, las empresas y las

administraciones a través de Internet y de canales electrónicos.

5. Objetivo 5: Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y de las

Comunicaciones para permitir un crecimiento sostenible, mediante la mejora de la

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eficiencia de las inversiones públicas y el fomento de la inversión privada en un

entorno de una mayor cooperación entre agentes.

6. Objetivo 6: Promover la inclusión y la alfabetización digital y la formación de

nuevos profesionales TIC movilizando el talento hacia la innovación y el

emprendimiento, así como permitiendo la accesibilidad de todas las personas a los

servicios y los beneficios del ecosistema digital.

Para conseguir los objetivos propuestos, se elaboraron Planes específicos, de

carácter transversal a todos los objetivos de la Agenda, a los que se asociaron distintas

líneas de actuación, algunas de las cuales detallamos en la tabla nº 13. La coordinación de

dichos Planes se encomendó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información (SETSI)38. Además, en el modelo de gobernanza se previó el

seguimiento y la evaluación de los Planes, mediante la elaboración de informes anuales,

presentados por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la

Información (ONTSI), elaborados a partir de los análisis de indicadores clave,

establecidos por la Agenda Digital para Europa, y otros, más específicos, referidos a la

situación particular de España.. Tabla 13. Planes específicos Agenda Digital España

Plan Específico Presupuesto(*) Aprobación Línea de actuación Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas

200 millones € 1er. Semestre 2013 Elaboración de una nueva LGTEL y desarrollo normativo posterior Estrategia Nacional de redes Ultrarrápidas Plan de actuación para liberar el dividendo digital

Plan de TIC en PYME y comercio electrónico

163,7 millones €

1er. Semestre 2013 Programa integral de fomento de uso de las TIC Programa de fomento del comercio electrónico Fomento del uso de la factura electrónica Formación y capacitación específica de TIC en PYME

Plan integral para la industria de contenidos digitales

94,43 millones €

1er. Semestre 2013 Programa de exportación e internacionalización de la industria española de contenidos digitales Reutilización de la información del Sector Público Actuaciones de I+D+I específicas de contenidos digitales

Plan de Administración electrónica de la AGE(**)

n/c 2º Semestre 2013 Avanzar hacia una Admón. integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las AAPP Establecer un nuevo modelo de eAdministración

38 Respecto a la Administración electrónica, la coordinación será responsabilidad de los órganos regulados en el RD 589/2005, de 20 mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados de la Administración electrónica y el RD 1390/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el anterior, y por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración electrónica. Las CCAA y Entes Locales, lo harán a través del Comité Sectorial de Administración electrónica creado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Gobierno, 2013).

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basado en la cooperación y la colaboración Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital

Plan de internacionalización de empresas tecnológicas

134,2 millones €

1er. Semestre 2013 Programa de desarrollo de ofertas tecnológicas innovadora en sinergia con las actividades de I+D+I Promoción de la internacionalización de empresas de base tecnológica Actuaciones de difusión y concienciación

Plan de servicios públicos digitales

296,9 millones €

2º. Semestre 2013 Programa de salud y bienestar social Programa de educación digital Programa de Administración de Justicia digital

Plan de confianza en el ámbito digital

59 millones € 1er. Semestre 2013 Desarrollo del mercado de servicios de confianza Refuerzo de INTECO como centro de referencia Adopción de buenas prácticas por empresas y administraciones Cultura de usuarios y consumidores: sensibilización y educación I+D+I para el sector TIC de la confianza: servicios y productos Generación de talento e investigación avanzada Capacitación de profesionales

Plan de desarrollo e innovación del sector TIC

1.314 millones €

1er. Semestre 2013 Programa de I+D+I empresarial Programa de fomento de actividades de I+D+I orientadas a la demanda Programa de apoyo a las tecnologías facilitadoras esenciales Programa de fomento de la inversión en capital riesgo en I+D+I en TIC Adecuación de los sistemas de gestión de la I+D+I Programa de redes inteligentes y ciudades inteligentes(***) Adecuación de la oferta formativa a las industrias de futuro

Programa de inclusión digital y empleabilidad

140,7 millones €

1er. Semestre 2013 Programa de accesibilidad Programa de alfabetización Programa de igualdad entre mujeres y hombres

Fuente: Agenda Digital (Gobierno, 2013).

(*) Datos del presupuesto, obtenido del documento de apoyo al Informe Anual de la Agenda para 2015. http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Informes/informe-agenda-digital-documento-apoyo.pdf (**)Su contenido se incorporó al Informe de Propuestas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), elevado a Consejo de Ministros en Junio de 2013. (***)En junio de 2012 se constituyó la “Red española de ciudades inteligentes”, smartcity, cuya información actualizada se encuentra disponible en: http://www.redciudadesinteligentes.es/municipiosraiz/municipios/

Respecto del objetivo 3 de la Agenda Digital, centrado en mejorar la

eAdministración y en adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los

servicios públicos, la Agenda configura, como eje vertebrador, la transformación del sector

público. En este sentido, la Administración electrónica es el pilar en el que fundamentar la

prestación de mejores servicios al ciudadano y a las empresas, a través de las TIC. Su uso

ahorra “costes innecesarios tanto a ciudadanos y empresas como a Administraciones,

además de contribuir a optimizar los procesos administrativos y a acercar la Administración

a la ciudadanía” (Gobierno, 2015a)

Para conseguir la transformación del sector Público, mediante las tecnologías

digitales, la Agenda propone los subobjetivos que a continuación detallamos:

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o Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios

públicos de calidad centrados en los ciudadanos y las empresas.

o Incrementar el uso de los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos

y las empresas.

o Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.

o Promover la cooperación y la colaboración con las organizaciones, las empresas

y los agentes sociales en materia de Administración electrónica.

o Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.

Actuaciones realizadas para conseguir una Administración Digital en 2020, según el

Informe anual de la Agenda para España de Julio 2015 (Gobierno, 2015a):

1. Plan de Transformación Digital y de adopción de soluciones digitales para una

prestación eficiente de los servicios públicos. Diseñado por el MINHAP, con la

intención de responder a las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de

las Administraciones Públicas (CORA)39, relativas a la simplificación de

procedimientos, el aprovechamiento de sinergias, la reducción de cargas

administrativas y la eliminación de duplicidades con otras administraciones.

2. Transparencia. Se ha avanzado en la integración de la Administración en la

sociedad con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el Portal de Transparencia

desarrollado siguiendo dicha Ley.(http://transparencia.gob.es)

3. Reutilización de la información del sector público. Se ha favorecido el

incremento de la publicación de conjuntos de datos o data sets por parte de las

Administraciones Públicas y el aumento de la actividad empresarial del sector

infomediario. Así, se ha consolidado el Catálogo Nacional de datos abiertos que

recoge 8.200 conjuntos de datos, en 2015.

4. Identificación y autenticación. Para facilitar estos mecanismos frente a la

Administración Pública, e incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos

por parte de ciudadanos y empresas, se han desarrollado servicios relativos al área 39El Plan de Transformación digital, aprobado por Consejo de Ministros del 2 de octubre de 2015: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/02102015-enlacehacienda.aspx. Visitado el 07.10.15. La CORA fue creada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de octubre de 2012. Poco después, por RD 479/2013 de 21 de junio, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, OPERA. Véase: http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/reforma_aapp.html

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187

de identificación tales como @firma (Plataforma de Validación de certificado y

firmas digitales, Autentica, TS@ (Servicios de Sellado de tiempo), o Valide

(validación e-firmas).

5. Punto General de Entrada. Implantación del punto general de entrada de facturas

electrónicas (FACe). Se han tramitado más de 730.000 facturas (la entrada en vigor

de la obligación de facturar en formato electrónico fue del 15 de enero de 2015). Se

han adherido, hasta la fecha del Informe, casi 6.500 municipios y las 17

Comunidades Autónomas.

6. Carpeta Ciudadana. Se pretende desarrollar, para 2015, la Carpeta Ciudadana, un

archivo virtual que recoja todos los trámites del ciudadano con la Administración.

7. Portales de buenas prácticas. Se ha favorecido el intercambio y la cooperación

con organizaciones, empresas y agentes sociales en materia de Administración

electrónica, a través del Observatorio de Administración electrónica (incluido en el

Portal de Administración electrónica, (http://administracionelectronica.gob.es), web

en la que pueden consultarse los estudios acerca de este tema, o analizar el

seguimiento de los indicadores.

8. Brecha Digital. Todas las medidas englobadas en la Agenda Digital se dirigen a

conseguir el incremento de la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios de la

administración para favorecer el acceso de colectivos con dificultad en el manejo de

las TIC (personas mayores, personas discapacitadas, etc).

En cuanto a los indicadores clave establecidos en la Agenda Digital para España y

su evolución, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información, ONTSI, (http://www.ontsi.red.es), emite informes anuales a través de los que

proporciona datos relativos al seguimiento periódico de dichos indicadores. Los datos se

complementan con la información disponible en la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI

(http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones). El apartado de indicadores relativos a los

Servicios Digitales y la Administración electrónica muestra que, en la última medición de

2014, utilizan los servicios de la eAdministración, el 49% de los ciudadanos y un 29%

cumplimentaban formularios a través de los servicios de Administración electrónica. Se

pretende alcanzar, en 2105, el 50% y 25%, respectivamente, en ambos indicadores.

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188

Tabla 14. Indicadores clave sobre Serv.Digitales y A. Electrónica

Indicadores clave de la Agenda Digital para España Valor base (2011)

Valor actual (2014)

Valor a alcanzar (2015)

Servicios públicos digitales Desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Procesal y puesta a disposición de todas las Administraciones Públicas

0% 12,5% 50%

Administración electrónica Personas que utilizan servicios de Administración electrónica 39,1% 49% 50% Personas que envían formularios cumplimentados a través de los servicios de Administración electrónica

17,6% 29% 25%

Fuente: Informe 2015 (Gobierno,2015a).

6.1.7. La situación actual de la Sociedad de la Información y de la eAdministración en

España

En la actualidad, España ocupa la 14º posición en el desarrollo del índice europeo de

la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) [Digital Economy and Society Index, European

Commission, (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi). Fecha acceso: 05. 09.15]. Esta

posición la sitúa por encima de la media europea y de países como Francia o Italia. El

índice DESI se calcula sobre las dimensiones de: conectividad, capital humano en TIC, uso

de Internet, Integración de tecnología digital y Servicios Públicos digitales

Gráfico 7. Índice europeo de Economía y Sociedad Digitales (DESI), 2015.

Fuente: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi. Elaboración propia

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

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amar

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17,8

17,6

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18,2

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16,8

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15,0

12,9

13,1

14,1

14,8

14,4

15,9

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12,1

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10,1

10,6

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11,7

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18,1

14,8

15,4

16,2

15,1

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14,5

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13,6

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4,1

4,1

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5,3

4,2

4,6

Conectividad Capital Humano Uso de Internet Integración de las TIC Servicios Públicos Digitales

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189

Para conocer con más detalle el grado de evolución de la Sociedad de la

Información en España, analizaremos los datos que nos proporcionan las estadísticas de

Eurostat y los informes de la Asociación para los Medios de Comunicación (AIMC).

A finales de 1996, la Asociación para los Medios de Comunicación llevó a cabo su

primera encuesta a usuarios de Internet en España, con el objetivo de conocer el perfil del

internauta y sus hábitos en el uso de la red de redes. A ésta le han seguido diecisiete

ediciones más hasta 2014, lo que permite hacernos una idea acerca de dónde partíamos y

cómo ha sido el desarrollo de la Sociedad de la información en España a lo largo de ese

período. Además, como hemos indicado, contamos también con las bases de datos de

Eurostat, si bien desde el año 2003.

Tras analizar los datos obtenidos, el gráfico nº 8 nos muestra el gran avance que ha

experimentado España en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

en las primeras décadas del siglo XXI, aunque es evidente que todavía debe mejorar en la

extensión del uso de las nuevas tecnologías, para disminuir la brecha digital entre los

ciudadanos y aumentar el acceso por parte de empresas y de hogares.

Acceso y uso de particulares

Según los datos de la AIMC, en 1996, sólo el 19,4€ de los individuos usaba

ordenador. Casi veinte años después, lo hace el 58,8% de la población mayor de 14

años. Este dato pone en relieve que el éxito de cualquier política pública de

potenciación de la SI pasaba por la extensión de la tecnología, por la difusión del

uso de los PC y por el acceso a Internet. Aun así, la diferencia de más de un 40%

muestra que existe una importante brecha digital en nuestro país, y que hay que

responder a las necesidades de la población sin acceso a Internet.

Hay que decir también que en sólo nueve años, de 1996 a 2005, se ha incrementado

en casi 23 puntos el uso del ordenador –del 19,4% al 42,2%-; mientras que, en los

nueve años siguientes, de 2006 a 2014, el incremento ha sido sólo de alrededor de

16 puntos, pasando de 42,2% a 58,8%, lo que refuerza la idea de que los primeros

años debía extenderse su uso entre la sociedad española. Incluso el balance en los

dos últimos años es negativo (de 61,8 a 58,8%). Esto puede ser debido a que España

lidera el ránking de uso de teléfono móvil.

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190

Gráfico 8. Particulares que usan ordenador

Fuente: AIMC. Elaboración propia

Respecto al porcentaje de frecuencia de acceso a Internet, (gráfica 9), según los

datos de Eurostat, los particulares que acceden diariamente han pasado de un 16%

en 2003, a un 60 % en 2014. Aunque ha sido espectacular el incremento de la

asiduidad con la que se accede, sin embargo España está por debajo de la media

europea de los 28 países miembro (que alcanzan el 65% en 2014) y con más

diferencia todavía respecto a la Europa de los 15 (con un 69%). En este sentido

también hay diferencias respecto a los países de nuestro entorno. Mientras que en

2003 España ocupaba el octavo lugar en frecuencia de acceso diario, por detrás de

países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido/Luxemburgo, Alemania y

Austria. En 2010, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia ocupaban el primer lugar,

seguido de Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania/Francia, Bélgica,

Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Austria, entre otros, hasta ocupar España la

posición número 20. Esto se explica por las decididas políticas de impulso del uso

19,4 21,7

24,7 26,9

29,8 33,1 33,7

37,1 40,7

42,2 43,4

45,6 49,5

52,8 55,5

59,1 61,6 61,8

58,8

13,2 15

17,5 19,2

21,8 24,6 24,3

27,6 28,9 29,9

31,6 34,3

38,1 41,5

44,6 48,3

50,7 53,1

47,8

0 10 20 30 40 50 60 70

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

% particulares que usan ordenador habitualmente

% particulares que usan ordenador

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191

de las TICs entre los países recién incorporados a la UE. Afortunadamente, en 2014,

España ha recuperado alguna posición, hasta situarse en el número 17. Gráfico 9. Frecuencia de acceso diaria a Internet

Fuente: Eurostat. Elaboración propia

Según los datos de Eurostat, España destaca en la actualidad en la búsqueda de

información en Internet sobre educación, formación u oferta de cursos, con un 46%

(en el año 2013) sólo por detrás de Luxemburgo. Y, en el seguimiento de cursos

online, en el que Finlandia, Lituania, Reino Unido y España ocupaban los primeros

puestos en 2013.

Como complemento a las estadísticas de Eurostat, acudimos a las de AIMC (2015),

que nos amplía información sobre hábitos de los españoles en el uso de Internet en

la actualidad. Así, en la última estadística de marzo 2015, se han recabado los

siguientes resultados:

o Antigüedad. Un 77% de la población usa Internet con una antigüedad de

más de 10 años.

o Frecuencia de acceso. El 88% accede a la red varias veces al día.

o Sistema de acceso. En un 91,8% lo hacen desde el teléfono móvil, en

segundo lugar desde el ordenador portátil (el 76,9%) y el tercer lugar, desde

el ordenador fijo (72,4%). En un 95% de pago, proporcionando el servicio

26 19

0 0 7

0 0

42

0 0

16

0

40

0 7

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12 11

0

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27

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13

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27

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60 53

59

33 38 40

76

58 54

44

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72

60

31

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49 47 46 49

45

74

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38

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66

76 72

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46

60 56 56

85

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66 65 58

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100

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Po

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ido

Suec

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2003

2010

2014

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192

Movistar/Telefónica (35,1%), seguido de ONO (15%). El acceso en los

hogares es mayoritariamente ADSL/VDSL (58,8%), seguido de red de

cable/fibra óptica (34,9%); con velocidades de acceso entre 9 y 12 megas

(Mbps), alcanzadas en un 23,6% de los hogares, y entre 13 y 20 megas, por

el 16%.

o Los problemas que relatan al utilizar Internet son el exceso de publicidad

(58,6%), la velocidad (51,8), el coste (41,4%) y la seguridad (42%).

o Respecto a la firma electrónica, sin embargo los resultados son menos

positivos, ya que el 49,9% declara no haber hecho uso nunca ni del DNI

electrónico ni de ningún otro tipo de certificado digital de firma electrónica a

través de Internet.

o Redes sociales. El 75’2% accedió recientemente a alguna red social,

preferiblemente Facebook (88,8%), seguido de Twitter (47,1%), y Google+

(37,0%). Además, el 23,2% dispone de un blog, aunque muchos de ellos

(11,3% no lo actualiza).

o Almacenamiento en la nube. Un 69,9% de la población encuestada utiliza

algún tipo de almacenamiento online (tipo Dropbox, Google Drive,

OneDrive…)

o El 54,7% utiliza correo electrónico web (fundamentalmente Gmail).

o Entre las cinco actividades más frecuentes realizadas en Internet, figuran

en primer lugar la lectura de noticias de actualidad, seguido de la

visualización online de videos (Youtube), consulta de mapas/callejeros,

consulta de previsiones meteorológicas y escuchar música online (sin

descargar). –p.81-. Mientras que, si se hace a través del móvil, los resultados

son: en primer lugar, el uso del correo electrónico; después la mensajería

instantánea, seguido de navegar por la web, el acceso a redes sociales y

lectura de noticias –p.88-.40

o La compra por Internet se realiza en un 11,3% para adquisición de

productos electrónicos, seguido de billetes de viaje (10,2%), de alojamiento

(10,2%), de espectáculos (9,5%) y de ropa (9%).

40 No se pone el porcentaje por ser superior a 100, dado que muchos internautas declaran dos o más respuestas.

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193

Hogares y empresas

Figura 15. Hogares con acceso a Internet, 2014

Fuente: Eurostat

Como puede apreciarse en la figura anterior, los países nórdicos, tradicionalmente

líderes en la Sociedad de la Información cuentan con las cifras más elevadas de porcentaje

de hogares con acceso a Internet. Observando las cifras en detalle, según el gráfico nº10,

las seis primeras posiciones las ocupan Luxemburgo (96%), Países Bajos (96%),

Dinamarca (93%), Finlandia, Suecia y Reino Unido (todas con 90%). España se halla

todavía muy alejada de los primeros puestos, exactamente en la posición número 20 y a 6

puntos por debajo de la media europea.

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194

Gráfico 10. Hogares con acceso a Internet, 2014 (%)

Fuente: Eurostat. Elaboración propia

Por otro lado, basándonos en los datos presentados en el informe del Observatorio

Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), sobre “las

TIC en los hogares españoles”, correspondiente al primer trimestre de 2015, destacamos

algunos datos sobre uso, equipamiento y gasto en TIC:

El gasto en servicios TIC realizado por los hogares españoles en el primer trimestre

de 2015 es de 2.890 millones de euros. Respecto al mismo periodo de 2014 supone

88 millones de € menos, lo que se traduce en un descenso interanual del 3 %.

El número de hogares con algún usuario de móvil en el primer trimestre de 2015 se

sitúa en 17,5 millones (el 96 %), aumentando un 1,2 % en el último año.

Considerando el número de usuarios de móvil activo (utilizado en el último mes),

esta cifra supera los 34,8 millones de personas de 15 años o más, lo que corresponde

al 88,6 % de la población.

La penetración de la TV de pago en el primer trimestre del 2015 aumenta 7,5 puntos

porcentuales hasta situarse en el 21,9 %, posiblemente relacionado con la inclusión

de este servicio en paquetes TIC a precio reducido.

El 58 % de los hogares disponen de algún servicio TIC empaquetado, siendo el

paquete más frecuente (28,7 %) el que incluye teléfono fijo e Internet. El que más

ha aumentado su presencia en el hogar es el paquete con todos los servicios TIC

0102030405060708090

100

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2014

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195

disponibles (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y TV de pago) presente en el

12,2 % de los hogares, con un aumento de casi 10 puntos porcentuales.

Por lo que respecta a las empresas, en 2014 (ONTSI,2014), el equipamiento TIC

más utilizado en el 99,2 % de las pymes y grandes empresas, es el ordenador. El teléfono

móvil es el otro gran equipamiento TIC básico entre las empresas españolas, alcanzando el

95,3%. En cuanto al acceso a Internet, cuentan con conexión a la Red, el 98,3% de las

empresas, destacando y el sector de hoteles, campings y agencias de viaje (que se mantiene

en 2014 con un 100%), informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales (un

99,9%) y venta y reparación de vehículos de motor (99,7%). El ADSL es la conexión más

usual en banda ancha, para el 98,1% de las pymes y grandes empresas. Respecto a la

penetración de la página web corporativa, la media de disponibilidad es del 75,8%, cuyo

nivel más alto lo alcanzan el sector de la informática, telecomunicaciones y servicios

audiovisuales (94,6%) y el de hoteles, campings y agencias de viajes, con un 93,7%.

Comercio minorista, actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares, sólo

tiene penetraciones inferiores al 70%. Finalmente, referido al comercio electrónico en 2013,

según datos del INE, podemos indicar que el 31,5 % de la población española utiliza el

comercio electrónico, siendo el 46,1% mujeres. Como causas más frecuentes aludidas para

utilizar este servicio, el 78,0% indica que por la comodidad, el 73,2% por la posibilidad de

encontrar ofertas y artículos a un mejor precio y el 65,5%, el ahorro de tiempo que ocasiona

no tener que desplazarse físicamente. La comunidad autónoma que más ha utilizado este

tipo de comercio es el País Vasco con un 41,1%, seguida de cerca por la Comunidad de

Madrid con el 40,2%. Las que menos lo utilizan son Canarias (20,7%) y Extremadura

(24,1%).

Ciñéndonos, más concretamente, al desarrollo del Gobierno electrónico en España

en comparación con los países de su entorno, el índice de la Economía y la Sociedad

Digitales de la Comisión Europea (DESI), que, como hemos visto, agrupa a más de treinta

indicadores de desarrollo digital de Europa, coloca a España en la 6º posición en 2015,

adelantando a países como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, por lo que respecta al

indicador denominado Servicios Públicos Digitales-el resto de indicadores tienen en cuenta

la conectividad, el capital humano, el uso de Internet y la integración de las TIC-.En este

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196

sentido, España, con un porcentaje del 65,13% (gráfico 11), se coloca casi 20 puntos por

encima de la media europea. Asimismo, este indicador refleja la digitalización de los

servicios públicos de los Estados miembro, con especial referencia para la eAdministración

y la eSanidad.

Gráfico 11. Índice DESI por Servicios Públicos Digitales, 2015

Fuente: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi Fecha acceso: 09.09.2015. Elaboración propia

Por otro lado, para estudiar más a fondo el estado de la Administración electrónica

en España, el Observatorio de Administración electrónica (OBSAE)41, difunde

trimestralmente el “boletín de indicadores” sobre la Administración Pública. El último de

ellos data de septiembre de 2015, referido a datos del año anterior, y nos muestra la

información más actualizada del estado de la eAdministración en nuestro país,

distinguiendo entre la oferta y la demanda de servicios de Administración electrónica. Nos

sirve también como fuente de datos el Informe Anual 2014 sobre la Sociedad en Red, cuya

metodología seguiremos (Gobierno, 2015b) y los datos conseguidos en la web del Instituto

Nacional de Estadística (INE).

41 Boletín de indicadores del Observatorio de Administración electrónica (OBSAE): https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Boletines.html Fecha acceso: 03.10.2015

84,1

8

79,2

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6

48,5

5

48,2

0

46,9

4

45,9

7

43,4

7

42,4

6

41,3

5

41,1

3

38,6

2

37,5

3

36,4

1

35,3

9

33,2

6

32,7

3

30,5

9

29,8

9

27,3

2

27,0

5

24,0

4

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

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197

6.1.7.1. Oferta de servicios

Disponibilidad de procedimientos y de servicios electrónicos

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso de los Ciudadanos a los servicios públicos

supuso un impulso de las políticas públicas hacia la extensión de la Administración

electrónica. Las iniciativas se reforzaron a partir de ese momento y se consiguió que, en

2009, se alcanzara el 96% en la digitalización de los procedimientos de la AGE y que,

en el año 2014, la disponibilidad de procedimientos y servicios electrónicos fuera casi

total (99%), según tabla nº15. A ello se une que el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de

julio, contempla la obligación de publicar y de mantener actualizadas las relaciones de

procedimientos.

Tabla 15. Disponibilidad de servicios electrónicos

Disponibilidad de servicios electrónicos 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Disponibilidad de procedimientos y

servicios en AGE (según nº de

procedimientos)

ND* 89% 92% 92% 92% 92% 83% 19%

Disponibilidad de procedimientos y

servicios en AGE (según volumen de

tramitación)

ND* 99% 99% 98% 98% 98% 96% Sin

datos

Disponibilidad de procedimientos y

servicios en CCAA ND* ND* 54% 62% 52% 40%

Sin

datos

Sin

datos

Disponibilidad de procedimientos y

servicios en EELL ND* ND*

Sin

Datos 66% 76% 72%

Sin

datos

Sin

datos

Disponibilidad de procedimientos y

servicios en Universidades ND* 48,4% 43% 39% 34%

Sin

Datos

Sin

Datos

Sin

Datos

Fuente: Boletín de indicadores del OBSAE, 30 de septiembre de 2015. Elaboración propia.

La diferencia de la AGE respecto de otras Administraciones Públicas es notoria, según

vemos en el gráfico 12, correspondiente al año 2012, último año del que la OBSAE

ofrece la serie completa. En las Comunidades Autónomas sólo se ha conseguido el

62%, en datos de 2012 (incluso descendiendo hasta el 54%, en 2013), en Entidades

Locales, el 66% y, en la administración de universidades, sólo el 39% para ese mismo

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198

año, si bien dos años después, en 2014, el porcentaje ha subido hasta los 48,8%, lo que

evidencia la brecha digital existente entre los distintos niveles de la Administración.

Gráfico 12. Disponibilidad de procedimientos y servicios electrónicos, 2012 (%).

Fuente: OBSAE. Elaboración propia

Desempeño de los servicios públicos

En el Informe Anual 2014 sobre la Sociedad en Red (Gobierno, 2015b), de la

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,

se muestran los datos del eGovernment benchmark Report 2014: Delivering the

European Advantage? How European governments can and should benefit from

innovative public services, elaborado por la Comisión Europea, a través del equipo

de Capgemini. En este estudio se compara a todos los países europeos y la

eAdministración, con el objetivo de analizar si la Administración electrónica en

todos ellos, es capaz de “prestar servicios de forma eficiente, eficaz y rápida”

(p.187). Los resultados indican que los servicios relativos a España superan la

media europea en todos los indicadores que se analizan, servicios centrados en el

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AGE CCAA EELL UNIVERSIDADES

98

62 66

39

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199

usuario, transparencia, habilitadores y movilidad internacional (excepto en éste

último, en el que España obtiene un porcentaje de 27 frente a 44 de media en la

UE).

Gráfico 13. Niveles de desempeño en eAdministración en España y UE28

Fuente: Informe Sociedad en red 2014 (Gobierno, 2015b:188)

Como hemos señalado, los indicadores se obtienen de los servicios centrados en el

usuario. A este respecto, cuatro son los grupos estudiados: la disponibilidad y usabilidad de

los servicios de eAdministración -facilidad y rapidez de uso, entre ellos-, la transparencia -

cómo son las administraciones de transparentes al prestar servicios, informar sobre dichos

servicios, responsabilizarse y gestionar los datos personales de los usuarios-, la movilidad

internacional -disponibilidad de servicios digitales más allá de las fronteras nacionales- y

los habilitadores –o disponibilidad de los cinco elementos esenciales para la

eAdministración, es decir, eIdentidad, eDocumentos, fuentes autenticadas, eSeguridad y

Single SignOn (SSO) o punto de acceso único (Gobierno, 2015b:187)

6.1.7.2. Demanda de servicios

Uso de los servicios por parte de ciudadanos y empresas

En líneas generales, tras el análisis de la tabla nº16 observamos que el nivel

de uso de los distintos servicios de la AGE por parte de los ciudadanos y de las

empresas ha ido progresivamente en aumento a lo largo de los últimos años. Sin

embargo, las empresas tienen un porcentaje mucho más alto que los ciudadanos. En

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200

este sentido, el porcentaje de ciudadanos –de entre 16 y 74 años- que han

interactuado con Administración es sólo de un 49% en 2013, aunque ha subido en

torno a 19 puntos desde 2008, mientras que la necesidad de usar la eAdministración

por parte de las empresas alcanza el 91,1% en 2013 y el 93%, en 2014. Ello puede

explicarse porque las empresas tienen más hábito en la utilización de estos servicios,

consecuencia de la obligación de presentar por Internet el IVA, entre otras

declaraciones tributarias (Gobierno, 2015b:191).

Tabla 16. Uso de la eAdministración por ciudadanos y empresas.

Uso de los servicios

Uso directo de los servicios Unidades 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ciudadanos % de ciudadanos entre 16 y 74 años ND* ND* 49% 43,5% 44,7% 32% 30% 29%

Empresas % empresas ND* 93% 91,1% 90,1% 85,1% 84% 70,1% 67,8%

Tramitación electrónica de servicios

Unidades 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Volumen de tramitación electrónica

% tramitación electrónica frente a presencial ND* 79% 75,9% 74,3% 73,0% Sin

datos Sin

datos Sin

datos

Volumen de tramitación electrónica de servicios ofrecidos a ciudadanos

% tramitación electrónica frente a presencial ND* 67% 64,8% 64,2% 62% 57% Sin

datos Sin

datos

Volumen de tramitación electrónica de servicios ofrecidos a empresas

% tramitación electrónica frente a presencial ND* 96% 93,9% 91,2% 91% 87% Sin

datos Sin

datos

Identificación electrónica Unidades 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Empresas que utilizan firma digital

% de empresas ND* 68,0% 70,7% 71,8% 70,7% 62,8% 55,7% 52,8%

Calidad de los servicios

Satisfacción de los ciudadanos Unidades 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ciudadanos satisfechos o muy satisfechos con los servicios electrónicos

% de ciudadanos de 18 años y más ND* 75% 78% 81% 78% 79% Sin

datos 78%

Fuente: Boletín indicadores OBSAE, 2015. Elaboración propia

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201

En el cuadro también puede observarse que la evolución de los indicadores

es mayoritariamente positiva. Va creciendo de acuerdo con las medidas públicas que

se adoptan para potenciar la utilización de las TIC por parte de la sociedad en sus

relaciones con la AGE. Sin embargo, no ocurre lo mismo con dos variables, el

porcentaje de empresas que utilizan la firma digital y, en segundo lugar, la

satisfacción de los ciudadanos. En ambos casos, disminuye en el año 2014, respecto

de 2013, pasando de 70,7% a 68,0%, en el caso de las empresas; y, del 78 al 75%,

en el caso de los ciudadanos que manifiestan estar satisfechos con el uso de la

eAdministración. Esto significa que hay que seguir trabajando en ganar la confianza

de ambos y en extender la cultura del uso de la Administración electrónica como

ahorro de costes en tiempo y dinero. A pesar de ello, estamos hablando de

porcentajes muy elevados, consecuencia de unos servicios públicos muy bien

valorados por los usuarios.

Forma de interactuar a través de la eAdministración por parte de los

ciudadanos y de las empresas.

La siguiente cuestión que interesa conocer es para qué acuden los usuarios a la

Administración, a través del entorno virtual, y, entre otras variables, qué incidencias

han encontrado. La encuesta 2015 sobre Equipamiento y Uso de las tecnologías de

la Información y la Comunicación en los hogares, del Instituto Nacional de

Estadística, INE, aporta datos muy interesantes sobre este particular.

El INE distingue entre tres tipos de sofisticación en la interactuación con la

Administración electrónica:

- Obtener información de páginas web de la Administración.

- Descargar formularios oficiales

- Enviar formularios cumplimentados

En la última actualización de la encuesta, las personas que han utilizado Internet

en los últimos 12 meses para contactar o interactuar con las administraciones o lo

servicios públicos, por motivos particulares, representan el 62,0%. Por forma de

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202

interactuar, el 56,8% de los usuarios de Internet en el último año declara haber

obtenido información de las páginas web de la Administración, el 43,0% afirma

haber descargado formularios oficiales y el 37,7% ha enviado formularios

cumplimentados.

Gráfico 14. Uso de la eAdministración s/ forma de contacto, 2010-2015 (%).

Fuente: INE, http://www.ine.es/prensa/np933.pdf. Fecha de consulta:2.09.15

Las cifras de la evolución de la forma de contactar con la eAdministración,

gráfico nº14, nos indican que, aunque las cifras de descargas y el envío de

formularios, han ascendido en el último lustro, sin embargo es mucho más habitual

visitar las webs de las administraciones para obtener información de interés para el

ciudadano.

Las empresas, sin embargo, interactúan con la Administración mediante la red

para las siguientes gestiones:

- Conseguir impresos o formularios de las páginas Web de las Administraciones

Públicas (83,2%),

- Obtener información a través de páginas web de las Administraciones Públicas

(82,8%)

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203

- Declarar los impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite

adicional en papel (incluido el pago si fuera necesario) (79,2%).

Respecto a las causas por las que los usuarios de Internet con necesidad de enviar

algún formulario cumplimentado a las Administraciones Públicas, no lo hicieron a

través de Internet en el último año:

- Un 44,2% declaró que no lo hizo porque lo tramitó por Internet otra persona en

su nombre (un gestor, un asesor fiscal, un familiar o un conocido)

- Un 23,8%, por falta de habilidades o conocimientos

- Un 14,7% por estar preocupado por la protección y la seguridad de los datos

personales

- El 14,4% por no disponer de firma o certificado electrónico o por tener

problemas con éstos.

6.1.8. Portales de la eAdministración

Como evolución de la Administración electrónica, merece la pena destacar alguno

de los portales imprescindibles para el conocimiento de la eAdministración en España.

Tabla 17. Portales relevantes relacionados con la eAdministración.

Nombre Descripción Enlace Administración Portal de Administración electrónica

Centro de referencia que sea puerta de entrada para toda la información sobre situación, desarrollo, análisis, novedades e iniciativas que surgen en torno a la Administración electrónica. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

https://administracionelectronica.gob.es

Observatorio de la Administración electrónica

Labor de análisis y difusión de la situación de la Administración electrónica en España

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/OBSAE

Datos abiertos Punto de acceso único al conjunto de datos de las A. Públicas.

http://datos.gob.es/

Red.es Catálogo de datos reutilizables http://www.red.es/redes/datosabiertos/catalogo

Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL) Portal de CCAA Ofrece a cualquier Administración Pública

la posibilidad de integrar, en un punto único, servicios ofrecidos a las CCAA

https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA

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Portal de EELL Integración en uno punto único, de servicios ofrecidos a las EELL

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

Ciudadanía Punto de Acceso General (red 060)

Atención al ciudadano http://administracion.gob.es/

Portal de la Transparencia

Objeto: Ampliar y reforzar la transparencia de la Administración Pública

http://transparencia.gob.es/

Portales técnicos Plataforma de Intermediación de Datos.

Ofrece a las diferentes AAPP la posibilidad de acceder a datos que ya se encuentran en poder de la administración y que de otro modo el ciudadano tendría que aportar al trámite con un certificado específico en papel. Se trata de una pieza clave para conseguir el cumplimiento del derecho reconocido a los ciudadanos en el ley 11/2007 de no tener que aportar datos que ya obren en poder de la administración. Actualmente ofrece los servicios de verificación de datos de identidad, residencia, prestación de desempleo, títulos oficiales, TGSS, AEAT, catastro, nivel y grado de dependencia, prestaciones públicas

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

ACCEDA - Sede y Gestión Electrónica de Procedimientos

Acceda es una plataforma genérica que permite implementar una sede electrónica. También actúa como tramitador para cubrir las necesidades básicas de la tramitación electrónica permitiendo implementar de forma rápida y sencilla, nuevos procedimientos administrativos electrónicamente, sin necesidad de un desarrollo particular para cada uno.

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/acceda

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) de la Admón. Del Estado

A través del FACE de la AGE cualquier empresa podrá presentar y consultar el estado de sus facturas electrónicas dirigidas a las miles de Administraciones Públicas adheridas al sistema.

https://face.gob.es/

Fuente: Selección propia. Fecha acceso: 30.08.15

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205

Figura 16. Portal Administración electrónica, AGE.

Fecha acceso: 30.08.15

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206

6.2. Las acciones de desarrollo del Gobierno abierto (Open Government)

Como ya hemos indicado, los pilares básicos en los que se fundamenta el Gobierno

abierto son: la transparencia en la gestión pública, la Colaboración de la sociedad en el

diseño y ejecución de políticas públicas y el fomento de la Participación. A través del

Gobierno Abierto los ciudadanos pueden implicarse en la mejora de los servicios públicos y

en la exigencia de rendición de cuentas.

España entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto42 en abril de

2012. Esta Plataforma Internacional tiene como misión que los gobiernos sean más

transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.

Los países miembro se comprometen a firmar la “Declaración de Gobierno Abierto”43, en

cuyo texto se recogen los principios que sustentan el Gobierno Abierto, en concreto, se

comprometen a “fomentar una cultura de gobierno abierto (sic), que empodere y brinde

resultados, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI”. En

el caso de España, desde su adhesión a la Alianza, la AGE ha llevado a cabo diversas

estrategias y actuaciones para potenciar y desarrollar el Gobierno Abierto en el ámbito de

las Administraciones Públicas.

6.2.1. La transparencia y el buen gobierno

6.2.1.1. La Ley de Transparencia (LTBG)

En el Título Preliminar de La 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a

la información pública y buen gobierno (LTBG), publicada en el BOE de 10 de diciembre

de 2013, se contempla que el objeto de esta Ley es “ampliar y reforzar la transparencia de

la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a

aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los

responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. Como

ya hemos indicado, su publicación en el BOE fue el 20 de diciembre de 2013 y la entrada

en vigor se produjo de forma escalonada: al día siguiente de su publicación en BOE, entró 42Alianza para el Gobierno Abierto/ Open Government Partnership, OGP: http://www.opengovpartnership.org/es/ 43http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/declaraci%C3%B3n-de-gobierno-abierto. Además de firmar la Declaración de Gobierno Abierto, otro de los requisitos es la presentación de un Plan de Acción. Para España, véase: http://transparencia.gob.es/es_ES/portal-de-transparencia-de-la-age/articulo/gobierno-abierto. España presentó el I Plan de Acción de Gobierno Abierto en abril de 2012. Y el II Plan de Acción para el periodo 2014-2016, en Julio de 2014.

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207

en vigor el Tïtulo II; y, el Título preliminar, el Título I y el Título III, al año de su

publicación en el BOE.

Respecto al ámbito de aplicación de la Ley, además de la AGE, las CCAA y

Administración Local, entre otras, es importante resaltar que también se incluyen como

sujetos obligados, los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos y a

entidades privadas que perciban financiación pública, con las especificidades que en la Ley

se determinan. Finalmente, en la disposición adicional novena, se especifica que los

órganos de las CCAA y Entidades Locales, disponen de dos años para adaptarse a lo

dispuesto en la LTBG.

6.2.1.2. La Publicidad Activa

En la Ley de Transparencia se introduce el concepto de “Publicidad Activa”

(cap.II), entendido como la obligación que tienen los sujetos comprendidos en el ámbito de

aplicación de la Ley, de publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con

el funcionamiento y control de la actuación pública” (art.5).

En concreto, el tipo de información que debe compartirse obligatoriamente, según la

Ley, es el siguiente:

Información institucional, organizativa y de planificación

Funciones que desarrollan, normativa de aplicación, estructura organizativa.

Planes y programas anuales y plurianuales, con indicación de sus objetivos

concretos, actividades, medios y tiempo para su consecución.

Información económica, presupuestaria y estadística.

Contratos, convenios suscritos, subvenciones concedidas, presupuestos, cuentas

anuales, informes de auditoría y control, etc.

Información de relevancia jurídica.

Directrices, acuerdos, Anteproyectos de Ley, etc.

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6.2.1.3. El Portal de la Transparencia (art.10)

Esa obligación de publicar se materializa, por lo que respecto a la AGE, en el Portal

de la Transparencia -dependiente del Ministerio de la Presidencia-, para canalizar tan

ingente cantidad de información en un único punto de acceso y “desde la perspectiva de que

no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios

adecuados para facilitar el acceso a la información divulgada” (preámbulo).

El Portal se puso en marcha el 10 de diciembre de 2014, (http://transparencia.gob.es)

y desde entonces ha tenido más de 2500 solicitudes de acceso a la información. Entre ellas,

destacan con un 17% las solicitudes de derecho de acceso recibidas en la Unidad de

Información de Transparencia (UIT) del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, seguidas del 13, 4% correspondiente a la UIT del Ministerio del Interior –datos

del Portal de la Transparencia, a 1 de octubre de 2015 (datos en

(http://transparencia.gob.es/es_ES/media/450), fecha de consulta 01.10.15).

Figura 17. Portal de la Transparencia, AGE

Fecha de acceso: 01.10.15

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209

6.2.1.4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La ley 19/2013 de Transparencia creó también el Consejo de Transparencia y Buen

Gobierno, en adelante CTBG, (título III), como Organismo Público independiente, adscrito

a efectos administrativos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El

Consejo tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar –el Estatuto del CTBG, se

aprobó el 31 de octubre de 2014, por RD 919/2014.

El principal objetivo del CTBG es promover la transparencia de la actividad

pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el

ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las

disposiciones de buen gobierno (art.34). Cuenta con un Portal propio,

(http://www.consejodetransparencia.es), en el que se puede acceder a las reclamaciones

estimadas por el Consejo, un 40% de las 280 presentadas desde el 1 de enero hasta el 21 de

septiembre de 2015, si bien otros enlaces de la web se hallan en construcción aún, en dicha

fecha.

Figura 18. Reclamaciones presentadas ante el CTBG

Fecha de acceso: 21.09.15

6.2.1.5. Enlaces de transparencia.

Casa de Su Majestad El Rey: www.casareal.es/ES/Transparencia/Paginas/subhome.aspx

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210

Congreso de los Diputados: www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Transparencia

Senado: www.senado.es/web/relacionesciudadanos/transparencia/index.html

Tribunal

Constitucional:www.tribunalconstitucional.es/es/LeyTransparencia/Paginas/default.aspx

Consejo General del Poder Judicial: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia

Consejo de Estado: www.consejo-estado.es/transparencia

Defensor del Pueblo: www.defensordelpueblo.es/transparencia/sobre-la-transparencia/

Tribunal de Cuentas: www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/transparencia/

Banco de España: www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/

Consejo Económico y Social: www.ces.es/web/guest/trans-intro

Comisión Europea: ec.europa.eu/transparency/index_es.htm

6.2.2. La apertura de Datos

6.2.2.1. La reutilización de la información del sector público (Open data).

Uno de los pilares de la transparencia en la gestión, es la apertura de datos u Open

data. A través de este concepto se “aboga porque las Administraciones Públicas pongan a

disposición de la sociedad la información pública que tienen en su poder, para que

cualquier persona u organización pueda a partir de la misma crear nuevas informaciones y

servicios, constituyéndose en una piedra angular sobre la que se sustenta el open

government” (Marcos y Soriano, 2011: 292). En este sentido, se considera la reutilización

de la información del sector público (RISP) como un sector de gran futuro motivado por el

desarrollo de nuevos nichos de mercado, productos y servicios y por la posibilidad de

creación de nuevos puestos de trabajo en la industria digital.

6.2.2.2. La Ley de Reutilización de la Información del Sector Público.

La promulgación de la Ley 37/2007 de 16 de noviembre de 2007 de RISP (BOE nº

276, de 17 de noviembre de 2007) incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva

2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a

la reutilización de la información del sector público. Con posterioridad el reglamento de

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211

desarrollo de la Ley RISP para el sector público estatal, RD 1495/2011 de 24 de octubre,

enmarcado en el conjunto de medidas de la Estrategia 2011-2015, dentro del Plan Avanza

II, promueve y facilita al máximo la puesta a disposición de la información del sector

público.

Así, la Ley define en la RISP como reutilización, el uso de documentos que obran

en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o

jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una

actividad administrativa pública. Es interesante también conocer que el término documento,

se aplica aquí a toda información cualquiera que sea su soporte material o electrónico así

como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada (art. 3). Sin embargo,

queda excluido de este concepto de utilización, el intercambio de documentos entre

Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas

que tengan atribuidas. A estos efectos no se considerarán documentos los programas

informáticos que estén protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos

Según la LRISP, se persigue armonizar la explotación de la información en el sector

público, en especial la información en soporte digital recopilada por sus distintos

organismos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información social,

económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes y

educación, etc., al objeto de facilitar la creación de productos y servicios de información

basados en documentos del sector público, y reforzar la eficacia del uso transfronterizo de

estos documentos por parte de los ciudadanos y de las empresas privadas para que ofrezcan

productos y servicios de información de valor añadido. Sin embargo, la Ley deja a cada

Administración la libertad para decidir si autoriza o no la reutilización de su información.

Respecto a los ciudadanos, la LRISP establece en la Exposición de Motivos que nos

hallamos “ante un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que

constituye un principio básico de la democracia”. A juicio de Suñé Cano, “lo que de verdad

interesa es la transparencia de las instituciones públicas y disponer de una información

básica para la participación democrática (…). De ahí que resulte insólito que una Ley de

reutilización de la información del sector público haya podido aprobarse en España, sin que

haya existido previamente una Ley de Transparencia. Sin duda el Gobierno se limitó a

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212

hacer lo que era estrictamente imperativo por mor de las Directivas comunitarias, pero sin

dar un paso más de lo estrictamente obligado” (Suñé, 2013: 426).

6.2.2.3. El Proyecto Aporta y datos.gob.es

Dentro del Plan Avanza, el Gobierno aprobó en noviembre de 2005 la primera línea

nacional de actuación para la reutilización de la información del sector público.

Posteriormente, en 2007, encomendará la gestión a la empresa pública red.es

(http://www.red.es/redes) y promulgará la LRISP en ese mismo año. Más tarde, en 2009, en

respuesta a las estrategias gubernamentales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,

a través de la mencionada red.es, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y

Administración Pública, puso en marcha el Proyecto Aporta-La web original del Proyecto

Aporta, (www.aporta.es), se ha integrado en la actualidad en el nuevo portal de Datos

abiertos, (http://datos.gob.es/content/proyecto-aporta). Los objetivos de este Proyecto se

dirigen fundamentalmente a:

- Fomentar una cultura favorable a la apertura de datos públicos

- Facilitar que las administraciones acometan dicha apertura.

- Impulsar el mercado de la reutilización pública.

Además, realiza funciones de sensibilización, divulgación, formación y

dinamización 2.0, presencial o a distancia, a través de seminarios, talleres y encuentros; de

la realización de materiales divulgativos y del apoyo a la Comunidad Open data - RISP

española –comunidad cuyo contacto en twitter es @proyectoaporta.

En octubre de 2011 se lanza el Portal de datos abiertos (http://datos.gob.es), donde

se gestionan y organizan los datos procedentes del sector público. La información

disponible engloba, entre otras, información sobre el Proyecto Aporta y el Catálogo de

Información Pública. Éste último puesto en marcha en 2010, como primer acceso único de

España a las fuentes de datos disponibles del sector público estatal, con el objetivo de

favorecer su reutilización y “facilitar a los ciudadanos y empresas la identificación y acceso

a la información del sector público disponible” (Marcos y Soriano, 2011: 295).

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213

Figura 19. Portal datos.gob.es

Fuente: http://datos.gob.es. Fecha de acceso: 10.01.15

6.2.2.4. El Mapa de Caracterización de Iniciativas de Datos Abiertos en España

En el Portal mencionado en el epígrafe anterior, (datos.gob.es), se encuentra

disponible un mapa interactivo en el que se muestra a fecha 1º de septiembre de 2015, 112

iniciativas de datos abiertos en España, de las cuales entresacamos, por Comunidades

Autónomas:

Tabla 18. Iniciativas de datos abiertos en España.

ALBACETE

Ayuntamiento de

Albacete

Datos Abiertos Albacete http://www.albacete.es/es/webs-municipales/datos-abiertos

ANDALUCÍA

Ayuntamiento de

Martos

Datos Abiertos Martos http://martos.es/index.php/portal-de-transparencia/datos-abiertos2

Junta de Andalucía Portal Datos Abiertos Junta

de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html

Universidad de

Granada

Open data Universidad de

Granada

http://opendata.ugr.es/

Universidad Pablo

Olavide

Portal Datos Abiertos UPO https://datos.upo.gob.es/

ARAGÓN

Ayuntamiento de

Zaragoza

Datos Abiertos

Ayuntamiento de Zaragoza

http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/

Gobierno de Aragón Aragón Open data http://opendata.aragon.es/

ASTURIAS

Ayuntamiento de

Gijón

Portal de Datos Abiertos

Gijón

http://transparencia.gijon.es/

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214

Gobierno del

Principado de

Asturias

Open data del Principado de

Asturias

http://www.asturias.es

CANTABRIA

Ayuntamiento de

Camargo

Camargo Datos Abiertos http://datos.aytocamargo.es/

Instituto Cántabro de

Estadística

Datos Abiertos Enlazados

Estadísticos

http://www.icane.es/linked-open-data

CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de

Valladolid

Open data - Datos Abiertos

- Ayuntamiento de

Valladolid

http://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/open-data-datos-abiertos

Junta de Castilla y

León

Portal de Datos Abiertos

Junta de Castilla y León

http://www.datosabiertos.jcyl.es/

CASTILLA-LA MANCHA

Junta de Castilla-La

Mancha

Portal de Datos abiertos de

la Junta de Castilla-La

Mancha

http://transparencia.castillalamancha.es/opendata

CATALUÑA

Diputación de

Barcelona

Dades obertes Diputació

Barcelona

http://dadesobertes.diba.cat/

Generalitat de

Catalunya

Portal Datos Abiertos -

Generalitat de Catalunya

http://dadesobertes.gencat.cat/ca

Universitat Pompeu

Fabra

Open data UPF http://data.upf.edu/es/main

COMUNITAT VALENCIANA

Ayuntamiento de

Valencia

Ayuntamiento de Valencia

Gobierno Abierto

gobiernoabierto.valencia.es/es/data/

Diputación de

Alicante

Datos Abiertos Diputación

de Alicante

http://datos.diputacionalicante.es/

Gobierno de

Valencia

gva Oberta www.gvaoberta.gva.es/open-data

Universidad de

Alicante

Portal de Datos Abiertos de

la Universidad de Alicante

http://datos.ua.es/

Universitat Jaume I

de Castelló

Dades obertes a la

Universitat Jaume I

http://opendata.uji.es/

EXTREMADURA

Ayuntamiento de

Cáceres

Open data Cáceres http://opendata.ayto-caceres.es/

Gobierno de

Extremadura

Portal de Transparencia de

Extremadura

http://gobiernoabierto.gobex.es/

GALICIA

Ayuntamiento de La

Coruña

Coruña Smart City Open

data

https://smart.coruna.es/OpenData/COR/index.html

Xunta de Galicia Portal Open data de la

Xunta de Galicia

http://abertos.xunta.es/portada

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215

LA RIOJA

Gobierno de La Rioja Dato Abierto Rioja http://www.larioja.org/npRioja/default/index.jsp?idtab=758984

MURCIA

Ayuntamiento de

Lorca

Catálogo de Datos Abiertos

del Ayuntamiento de Lorca

http://datos.lorca.es/

NAVARRA

Gobierno de Navarra Portal de Gobierno Abierto

de la Comunidad Foral de

Navarra

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data

PAÍS VASCO

Ayuntamiento de

Azcoitia

Repositorio de Datos

Públicos de Azkoitia

http://opendataazkoitia.gobernuirekia.eus/

Diputación de

Guipúzcoa

Gipuzkoa Irekia Datos

Abiertos

http://www.gipuzkoairekia.eus/es/datu-irekien-katalogoa

Gobierno Vasco Open data Euskadi http://opendata.euskadi.eus/w79-home/eu/

Fuente: datos.gob.esElaboración propia

Como dato anecdótico, puede observarse que uno de los cinco portales de datos

abiertos de universidades, existentes en la fecha indicada, corresponde a la Universidad de

Alicante44.

6.2.3. La participación

6.2.3.1. La presencia en los medios sociales de la Administración General del Estado

Las redes sociales, que han revolucionado la comunicación social y han contribuido

a acercar la participación de los ciudadanos en los asuntos más cercanos, constituyen hoy

una herramienta fundamental, para las Administraciones Públicas y los gobiernos. De

hecho, la “filosofía de lo abierto” se asocia con la nueva generación de herramientas

tecnológicas de la web 2.0 que ha irrumpido con fuerza los últimos años. Esta tecnología de

la web 2.0 incluye blogs, wikis, conectores de redes sociales (por ej., Facebook o Myspace),

modos de comunicación basados en la web (por ej., chats), intercambio de fotografías (por

ej. Flickr, Instagram) y vídeo (por ej., YouTube), microblogging (por ej., Twitter) y otras

menos usadas como mashup, tagging, widgets...etc (Criado,2013: en línea).

44Aunque no se hallan en el mapa interactivo, el 8 de octubre de 2015 se pusieron en marcha los portales de Open data de todas las universidades valencianas. Según noticia de la UA de 08.10.15: http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/octubre2015/octubre2015-5-11/las-universidades-publicas-valencianas-ponen-en-marcha-sus-portales-de-transparencia.html

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216

Por lo que respecta a las redes sociales en la Administración General del Estado, sus

características principales, expuestas en el Portal de la Transparencia, son:

Permiten proporcionar respuestas inmediatas a los usuarios, pero en este caso la

información que se ofrece puede resultarle útil también a otras personas en la misma

situación (se ganan tiempo y recursos, como suele ser habitual en el canal web).

Todo ello se produce de una manera más cercana, ya que nos encontramos en el

contexto personal del usuario.

Redirigen a los usuarios hacia la web corporativa (o hacia otro recurso definido que

proporcione información tan fiable como la generada por los canales oficiales) para

ampliar la información oficial.

Facilitan la creación de redes temáticas de usuarios que, a su vez, generan

conocimientos fundamentales y complementarios que permiten que la organización

conozca sus intereses y la información generada en estas redes y así poder tenerlos

en cuenta.

Desde la web del Punto de Acceso General, (administración.gob.es), se puede

conocer, a través de la base de datos realizada al efecto, las redes sociales en las que

participan las distintas dependencias del Estado, pudiendo seleccionar por la distinta

temática, o por el Ministerio en el que se esté interesado.

Conviene resaltar que, a diferencia de la extensión de las redes sociales entre la

Administración Pública, que es ya mayoritaria; el uso apropiado de las mismas, es algo en

lo que todavía debe avanzarse. No se trata sólo de tener una imagen más moderna, con la

presencia en Facebook, o twitter. Estar a la última en innovación y, sin embargo, no

actualizar, o no contestar a los mensajes, supone un uso inadecuado de la red social. Por

ejemplo, una de las instituciones que ha entendido que responder con inmediatez,

incrementa el feedback –conoces lo que ocurre, a través de los propios ciudadanos-, y aviva

el interés por la participación, ha sido el twitter de la Policía Nacional en España

,@policia45. Para unificar el criterio de uso y establecer unas mínimas recomendaciones, se

publicó la Guía de Comunicación Digital, dirigida a los profesionales encargados de

promover, crear, generar contenidos y mantener los sitios web de la AGE, las Sedes

45http://www.huffingtonpost.es/2015/03/31/policia-twitter-followers_n_6969694.html .

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217

electrónicas o los sitios relacionados con las nuevas tecnologías web2.0: Blogs, redes

sociales, etc46.

6.2.3.2. Las encuestas de opinión

Además de la presencia de la AGE en las redes, no hay que olvidar que las

encuestas siguen constituyendo una forma de palpar el estado de opinión de la sociedad,

sobre un asunto en cuestión. En el momento de realizar este trabajo, en el Punto de Acceso

General, se consulta la opinión sobre la reducción de cargas administrativas47

6.2.4. La evolución de los compromisos internacionales con el Gobierno abierto

6.2.4.1. El informe para España de la Alianza para el Gobierno abierto

Como hemos indicado en páginas precedentes, en abril de 2012 España entró a

formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, Open Government Partnership(OGP,

en sus siglas en inglés),(http://www.opengovpartnership.org/es). Y recordemos también

que España presentó el I Plan de Acción de Gobierno abierto, en abril de 2012, aunque la

fecha de inicio efectiva del Plan de Acción de España fue en junio de 2012. Poco más de un

año después, se publicaba en la web del Ministerio de la Presidencia, el 7 de octubre de

2013, un borrador de Autoevaluación sobre el Plan de Acción (o reporte de cumplimiento),

y se sometió a observaciones y comentarios de la ciudadanía a través de un buzón de correo

postal y un formulario web.

Para conocer el grado de evolución de España con los compromisos firmados para

acceder a esta Asociación, la OGP presentó –a través del Mecanismo de Revisión

Independiente (IRM), de carácter bianual- el Informe de Avance 2012-2013, elaborado por

46http://administracionelectronica.gob.es/PAe/guia_comunicacion_digital . Fecha acceso: 28 octubre de 2015.Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado. (BOE: n. 79 de 02/04/2013. Corrección en BOE n. 90 de 15/04/2013) 47http://administracion.gob.es/pagOpinaAdmon/buzon/buzonCiudadano.htm#.VhziIfntmko . Fecha:28 octubre 2015

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218

César Nicandro Cruz-Rubio, investigador del GIGAPP (OGP, 2012: 11-15), respecto al I

Plan de Acción de Gobierno Abierto48.

Aspectos positivos

En opinión del investigador la Ley de Transparencia fue el logro más notorio en

España respecto al I Plan de Acción de Gobierno Abierto, presentado en abril de 2012. De

hecho, Cruz-Rubio resalta que la sociedad civil ha mostrado estar especialmente interesada

por la Ley de Transparencia, pero parece tener poco interés en los restantes 12

compromisos que el I Plan recogía.

Aspectos negativos

El Gobierno de España, a través del Ministerio de la Presidencia, preparó el I Plan

de Acción sin proceso de consulta pública, incumpliendo las recomendaciones de la OGP.

En sus contra argumentaciones, el Gobierno alegó que esta ausencia fue motivada por la

falta de tiempo tras tomar posesión de los cargos a finales de 2011. Sin embargo, Cruz-

Rubio señala que, incluso con posterioridad, “no encontró evidencia de esfuerzos

gubernamentales orientados a promover un mayor conocimiento sobre la OGP en la

ciudadanía, o para implicarse con la sociedad civil, el sector privado u otros actores”

Tampoco hubo este interés en el periodo de comentarios al borrador de la autoevaluación,

por lo que aun habiendo consulta pública, los resultados fueron muy limitados, ante la

“falta de publicidad y conocimiento ciudadano respecto de las acciones llevadas a cabo por

el Gobierno de España en materia de gobierno abierto” (OGP, 2012: 10). También se

manifiestan en este sentido los integrantes del Grupo de debate de la evaluación del Plan de

Acción de España con OGP, especificando que algunos compromisos, aunque necesarios,

apenas tienen nada que ver con el Gobierno Abierto (Novagob, 2013:2).

Grado de implementación de los compromisos

España completó 7 de los 16 hitos (referido a compromisos, 5 de 13 compromisos),

tal y como fueron redactados en el Plan. Además Cruz-Rubio hace constar que 5 de los 13

48Merece la pena también conocer los comentarios sobre el borrador procedentes del grupo de Debate de Evaluación del Plan de Gobierno Abierto de España en Novagob. “Comentarios al borrador del Informe de Autoevaluación del Plan de Acción de España con OGP” . http://goo.gl/zSkqXP. Consultado 28 octubre 2015.

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219

compromisos parecen carecer de relevancia con los valores de gobierno abierto (en

concreto, los compromisos nº3, 5, 8, 10 y 12). Con asterisco, aquellos compromisos que tal

y como estaban escritos, eran claramente relevantes con los valores de la OGP, tenían un

impacto potencial significativo y han sido sustancial o completamente introducidos.

Tabla 19. Análisis del cumplimiento de los compromisos OGP España

Nombre compromiso y resumen Cumplimiento Resultados * 1. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -Relevancia Valores OGP: Clara

-Impacto potencial: Transformador -Cumplimiento: Sustantivo

1.a) Aprobación de la Ley: Aprobar definitivamente el texto final

Atrasado Este es el compromiso más importante y con su aprobación se supera un retraso histórico. Su elaboración tuvo un proceso de consulta ciudadana con claroscuros, caracterizados por prisa, falta de transparencia y debilidad del formato de la consulta. La ley aprobada no cumple con estándares internacionales y no reconoce el acceso a la información pública como derecho fundamental. El Portal de Transparencia no está aún operativo. Respecto de la Ley, es importante que las medidas de la Ley se garanticen en todo el territorio español, de ahí que pueda ser recomendable aclarar su ámbito de competencia a fin de extenderlo, sin perjuicio de que las comunidades complementen sus propios compromisos, reconociendo en su caso el poder vinculante del Consejo de Transparencia, y limitando al máximo los requisitos para solicitar información

1.b) Portal de transparencia: Poner a disposición información gubernamental, con plenas garantías de accesibilidad

Atrasado

* 2. Transparencia y rendición de cuentas en la ayuda oficial al desarrollo -Relevancia Valores OGP: Clara -Impacto potencial: Transformador -Cumplimiento: Sustantivo

2.a) info@OD: Mejorar el sistema de información con una herramienta de consulta y publicaciones periódicas y rápidas.

Atrasado El sistema info@OD es un programa de gestión presupuestaria de proyectos de cooperación. Integra la información de varias entidades y las unifica en un sistema de cooperación, este compromiso apoya la transparencia en la materia. Su módulo Informante está operativo pero es de uso restringido, mientras el módulo Analista pensado para permitir consultas dinámicas, está disponible para su acceso sin necesidad de usuario y contraseña. La AECID por su parte publicó su memoria 2012 tal como se comprometió, pero no publicó su calendario de publicaciones. No ha habido avances respecto de mejorar los criterios de obligación de transparencia para las entidades contrapartes

2.b) Informe Anual Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID): Publicarlo con

información de ejecución presupuestaria.

Completo

2.c) Transparencia total: Obligar a todos los actores que reciben fondos públicos españoles a apertura y transparencia.

Atrasado

3. Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -Relevancia Valores OGP: No clara - Impacto potencial: Moderado - Cumplimiento: Completo

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Aprobarla para mayor rigor en la información de

Administraciones

Completo La Ley se aprobó en 2012. Con la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado BOE de las cuentas y las auditorias de las entidades públicas anuales, se facilita el acceso a la información sobre la situación presupuestaria de las distintas entidades. No obstante, su publicación se hace en

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formato PDF dificultando así su análisis, y no hay un sitio web en específico en donde consultar estas cuentas anuales. El investigador IRM recomienda nuevos compromisos de mayor transparencia de las Administraciones Públicas, que vayan más allá del imperativo de estabilidad presupuestaria y de proporcionar información sobre las cuentas

4. Reforma a la Ley de Subvenciones -Relevancia Valores OGP: Clara - Impacto potencial: Poco - Cumplimiento: Limitado

Reforma a la Ley de Subvenciones: Eliminar las subvenciones con carácter general para transparentar su otorgamiento y

concesión

Atrasado La reforma a la Ley aún no ha comenzado su trámite. Como primer paso se amplió la base de datos accesible vía web de ayudas y subvenciones para las PYMES, a fin de contar así con un solo repositorio. Pero no queda claro cómo su realización se relaciona con mayor transparencia en los procesos de concesión de subvenciones, ya que el principal problema no es la transparencia sino el desvío de recursos como resultado de “subvenciones nominativas de carácter general” cuyo uso abusivo así lo ha permitido. El investigador IRM recomienda comenzar el trámite de reforma incluyendo en la Ley mecanismos de transparencia activa.

5. e-Justicia -Relevancia Valores OGP: No clara - Impacto potencial: Poco - Cumplimiento: Limitado

e-Justicia: Crear la Agencia de Administración de Justicia Electrónica para apoyar interoperabilidad de información entre

Administraciones

Atrasado La Agencia no se creará por restricciones presupuestarias, en su lugar el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) comenzará su trabajo a fin de dar pasos hacia la interoperabilidad. Aún no tiene hoja de ruta definida para dar inicio a su labor. Se prevé tal paso para el primer semestre de 2014. Orientado internamente, no queda claro cómo el compromiso implica los valores del gobierno abierto. En una posible estrategia de apertura de datos, se recomienda ampliar y potenciar los recursos y finalidades del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

*6. Uso de las redes sociales -Relevancia Valores OGP: Clara - Impacto potencial: Moderado - Cumplimiento: Sustantivo

Uso de las redes sociales: Desarrollar proyectos para facilitar la participación ciudadana, incluyendo los consejos locales de

seguridad

Atrasado Las varias campañas hechas dentro del compromiso son de tipo informativas o donde se busca la colaboración ciudadana en materia de seguridad pública. La reactivación de los consejos locales de seguridad aún no se realizó. El investigador IRM recomienda la definición de nuevas iniciativas en materia de seguridad pública que desarrollen efectivamente mecanismos de participación ciudadana. Estos mecanismos, apoyados en los perfiles y estrategia de redes sociales existentes y/o en aquellos de nueva creación.

7. Publicación de los datos estadísticos de criminalidad. -Relevancia Valores OGP: Clara - Impacto potencial: Poco -Cumplimiento: Completo

Publicación de los datos estadísticos de criminalidad: Publicar al Completo Con el logro de este compromiso, se

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menos con carácter trimestral las mediciones de los últimos 12 meses por tipo de delito y ubicación

cubre un vacío demandado por la ciudadanía, aunque no está del todo claro si cumple las expectativas de los ciudadanos. En un primer momento, se recomienda consolidar el servicio de entrega de los balances trimestrales de criminalidad existente y analizar la posibilidad de incrementar su periodicidad y hacer públicos los datos originales. En un segundo momento se recomienda profundizar en la relevancia y puntualidad de información

8. Revisión y simplificación normativa -Relevancia Valores OGP: No clara - Impacto potencial: Moderado -Cumplimiento: No iniciado

Revisión y simplificación normativa: Obligar a las administraciones a eliminar normas obsoletas

Completo No se ha iniciado el compromiso, aunque se señala que se han celebrado reuniones para conformar el Plan de Simplificación y Calidad Normativa en el que se basa este compromiso. Aunque sin duda podría ser muy positivo este compromiso, no está claro cómo puede tener relevancia como medio para mejorar la transparencia y/o desarrollar el gobierno abierto. Se recomienda reorientarlo a fin de articular este proceso en clave abierta y participativa

*9. e-Salud -Relevancia valores OGP: Clara -Impacto potencial: Transformador - Cumplimiento: Sustantivo

e-Salud: Universalizar el Sistema de la Historia Médica Digital para aumentar interoperabilidad y reducir trabas burocráticas.

Atrasado Evidentemente, este compromiso y sus logros se centran en una estrategia de gobierno electrónico que se basan en la eficiencia y calidad del sistema. Pero estas iniciativas no generan acercamiento claro de los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones, aunque sí permiten a los pacientes un acceso y control simplificados sobre la información personal sanitaria. El investigador IRM recomienda informes periódicos sobre el desempeño de instituciones sanitarias, a través de herramientas interactivas que permiten que usuarios sepan el impacto del Sistema

10. Sistema RED -Relevancia Valores OGP: No clara - Impacto potencial: Poco - Cumplimiento: Completo

Sistema RED: Generalizar uso del Sistema electrónica de remisión de datos seguridad social

Completo Este es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a empresas y profesionales, cuya misión es permitir el intercambio de información y documentos a través de internet. Así descrito este compromiso no tiene clara relevancia como medio para desarrollar el gobierno abierto. Dado esto, no hay recomendaciones

11. Simplificación de procedimientos de evaluación ambiental -Relevancia Valores OGP: Clara -Impacto potencial: Poco -Cumplimiento: Completo

Simplificación de procedimientos de evaluación ambiental: Mejorar los tiempos de ejecución de los trámites y hacer el

proceso de toma de decisiones más participativo

Completo El Proyecto de Ley finalizó su trámite parlamentario el 28 de noviembre de 2013. En opinión de algunas OSC, no ha existido una correcta participación pública en su elaboración y pese a los avances en la materia tampoco está claro cómo se hace más participativo el proceso de toma de decisiones o más transparente el proceso de evaluación ambiental. Las próximas modificaciones

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a esta Ley deberán tomar en consideración la directiva europea 2011/92/EU, en donde se apuesta de lleno por una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas

12. Agilización del procedimiento para crear nuevas empresas -Relevancia Valores OGP: No clara - Impacto potencial: Moderado - Cumplimiento: Completo

Agilización del procedimiento para crear nuevas empresas: Potenciar, por una Ley, la red de asesoramiento y simplificar

requisitos

Completo Con La Ley 14/2013 se regula las funciones del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), aunque el mismo no tiene clara relevancia como medio para desarrollar el gobierno abierto. Si éste desea reorientarse hacia el gobierno abierto, podría incluirse nuevos compromisos tales como abrir la información del Registro Mercantil Español, a fin de hacerlo gratuito y de acceso libre, Incluir en los informes mensuales de avance de las PYMES magnitudes o indicadores sobre el uso de CIRCE y sus impactos en el desarrollo del tejido empresarial. Desarrollar (o promover el desarrollo de) aplicaciones (apps) que permitan ofrecer a los ciudadanos información gráfica y en tiempo real, sobre el registro mercantil y sobre la creación de nuevas PYMES e integrar en paralelo información sobre adjudicación de ayudas o subvenciones a PYMES, por localidades, sectores, tipos de PYME, etc, y ofrecer estos datos en raw data

13. Reducir cargas administrativas para ganaderos y agricultores -Relevancia Valores OGP: Clara - Impacto potencial: Moderado - Cumplimiento: Limitado

Reducir cargas administrativas para ganaderos y agricultores: Agilizar la solicitud de ayudas directas, haciendo su tramitación

transparente

Atrasado El objetivo de este compromiso es desarrollar una única herramienta Informática para gestionar las solicitudes de ayudas directas. Así definido, este compromiso no tiene clara relevancia como medio para desarrollar el gobierno abierto, si no incorpora mecanismos de transparencia en la adjudicación de subvenciones. Podría profundizarse la oferta de información al ciudadano respecto del estado y los criterios de las solicitudes de ayudas, no sólo respecto de dar a conocer el estado de tramitación de sus propios expedientes

Fuente: Informe OGP, 2012

6.2.4.2. Opiniones adversas

Sobre el II Plan de Acción

El II Plan de Acción para el periodo 2014-2016 (OGP, 2014), fue presentado en

julio de 2014, tras someterlo a una consulta pública entre el 29 de abril y el 31 de mayo de

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223

ese mismo año. En el nuevo Plan de Acción se establecían los siguientes compromisos y

fechas estimativas de cumplimiento:

Compromiso nº 1. Portal de la Transparencia. 2014

Compromiso nº 2. Mejora del acceso y la calidad de la información de portal de

archivos españoles, PARES (http://pares.mcu.es/). Junio 2015

Compromiso nº 3. Recursos educativos abiertos. Diciembre 2015

Compromiso nº 4. Accesibilidad a los microdatos del Sistema Nacional de Salud.

2015

Compromiso nº 5. Acceso a la información geográfica y posibilidad de reutilización

de la misma. 2015

Compromiso nº 6. Programas de apertura de la información y su reutilización en el

sector público. 2016

Compromiso nº 7. Portal de la Administración de Justicia. 2015

Compromiso nº 8. Mayor control y transparencia de las subvenciones públicas.

2015

Compromiso nº9. Creación del Consejo español de drogodependencias. 2015

Compromiso nº 10. Mejora de la participación de los agentes del sector en la

definición de los objetivos de los Planes Nacionales de Salvamento Marítimo. 2015

Destaca el compromiso 6, a favor de la apertura y reutilización de la información

del sector público. Labor que, actualmente, se está desarrollando dentro del Proyecto

Aporta, del que ya hemos hablado

Respecto a las opiniones sobre el Informe de Autoevaluación del II Plan de Acción

de España de Gobierno Abierto, la organización Access Info Europe, junto con la

organización Reporteros sin Fronteras sección española, son ahora las que inciden sobre la

falta de voluntad política por parte del Gobierno de España a la hora de aplicar los

compromisos y principios de la OGP. En esta ocasión, vuelven a hacer hincapié en el

deficitario proceso de consulta pública para recabar evaluaciones de la sociedad civil sobre

el informe de autoevaluación del II Plan, lo que tuvo como consecuencia que Access Info

presentase una carta de queja formal contra el Gobierno español, el 5 de octubre de 2015,

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224

ante la OGP49. Además, las consideraciones de Access Info, se concretan en los siguientes

puntos:

Persisten los problemas detectados en el Portal de Transparencia, especialmente

en un sistema de solicitud de información complejo y que desincentiva la

participación.

Se vuelve a englobar como Gobierno abierto políticas que nada tienen que ver

con esta materia y se mantiene la confusión en cuanto a medidas de Gobierno

Abierto y Gobierno electrónico.

Año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia todavía

no se ha aprobado el Reglamento de la misma.

La evaluación carece de indicadores específicos, medibles y realistas, haciendo

muy difícil un correcto y adecuado seguimiento. Por ejemplo, el Gobierno no ha

facilitado los datos desagregados sobre las solicitudes de acceso a información

por tipos de respuestas, lo cual imposibilita un correcto seguimiento por parte de

la sociedad civil.

Finalmente, Access Info Europe ha querido subrayar el trabajo del Consejo de

Transparencia y Buen Gobierno que está haciendo un esfuerzo por actuar como

un organismo independiente defendiendo el derecho de acceso a información y

dinamizando el debate sobre estos temas.

Sobre los recursos contenciosos del Gobierno

El Gobierno tiene presentado contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y

Buen Gobierno los siguientes recursos50:

Recurso de RTVE contra la resolución para suministrar información del coste de los

canales de televisión

Recurso de la FNMT contra la resolución para suministrar información sobre el

coste de la nueva moneda con la efigie de Felipe VI

49 La carta puede leerse en: http://www.access-info.org/wp-content/uploads/2015-10-09-Letter-amended-OGP-re-Spain.pdf . Fecha último acceso: 15.10.15. Toda esta información está disponible en la web de Access Info Europe, en la noticia aparecida en fecha 27.10.15: http://www.access-info.org/es/frontpage-es/21063 50 Véase página del Consejo: http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/reclamaciones_resueltas/recursos_contra_ctbg.html y noticia aparecida en la prensa online del día 08.02.16: http://politica.elpais.com/politica/2016/02/05/actualidad/1454706194_906498.html

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CAPÍTULO 7º

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229

CAPÍTULO 7º. LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y EL GOBIERNO ABIERTO

7.1. La eAdministración electrónica en la Generalitat Valenciana

También las Comunidades Autónomas siguen las directrices europeas y estatales

para promocionar y desarrollar la Sociedad de la Información en sus respectivos territorios,

ya que adoptan programas específicos para incentivar el uso de las TIC, mejorar las

tecnologías e infraestructuras y reducir la brecha digital.

7.1.1. El Primer Plan de Modernización PEMAV 1996-1999

Fue aprobado por acuerdo del Gobierno Valenciano del Partido Popular el 5 de

febrero de 1996. El objetivo fundamental de este Plan era ofrecer un mejor servicio al

ciudadano. Para ello, en esta fase, se entendió que era necesario dotar de infraestructuras

TIC más avanzadas y revisar los procesos y la organización de la Administración. Un rasgo

significativo del PEMAV es que integra los “factores fundamentales y directrices comunes

en la realización de una reforma administrativa” (Galvañ y García, 2007: 167). A saber:

Considerar al ciudadano como cliente de los productos y servicios que ofrece la

Administración

Introducir criterios de calidad y excelencia en la percepción de los servicios

Incorporar los principios de eficacia. Este principio, junto con el de eficiencia, ha

servido de cortina de humo desde la puesta en marcha del PEMAV, para justificar

las acciones y medidas privatizadoras, descentralizadoras y de concierto entre

empresas públicas y privadas, que vendrían después.

El Primer Plan Estratégico incorporó casi 40 proyectos, entre los que destacan

PROP, INFOVILLE, RED y contó con una dotación de 66 millones de euros. Supuso, entre

otros, el comienzo de la construcción de la Red Corporativa de la Generalitat Valenciana y

el inicio de experiencias de tramitación interactiva. Es decir, que se informa presencial,

telefónica y electrónicamente pero no se tramita.

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230

Además, con un objetivo coordinador y de concienciar e informar a los distintos

departamentos, se creó una Comisión Interdepartamental para la Racionalización del sector

Público en el Ámbito de la Generalitat Valenciana (Galvañ y García, 2007: 162).

7.1.2. El Segundo Plan de Modernización 2000-2003

Con una estrategia continuista, los responsables políticos implantaron el Plan de

Modernización y Racionalización de la Administración Pública Valenciana, Moderniza,

2000-2003, vigente para el siguiente lustro. Fue aprobado por Acuerdo de 22 de diciembre

de 2000, del Gobierno Valenciano (DOGV 3.919, de 17 de enero de 2001).Con una

dotación de 240 millones de euros, este Plan se basa en la prolongación de las acciones del

PEMAV y en la dinamización de la Sociedad de la Información y difusión de las nuevas

tecnologías en la Sociedad, tanto dentro de la Administración como en la gestión.

Se trata de promover la construcción y el afianzamiento de una moderna Sociedad

de la Información valenciana, mediante el fomento de la innovación, el uso eficiente de las

TIC dentro de las Administraciones y de las organizaciones sociales, civiles y

emprendedoras (la teleAdministración, el comercio electrónico, etc.), de buscar la

excelencia en la prestación de servicios y la inmersión tecnológica solidaria, siempre sobre

la base de la cohesión y de la sostenibilidad tecnológico-social.

El Moderniza estableció unos principios básicos, comunes a todo el proceso

modernizador en la GVA, algunos de los cuales han ido dominando las políticas públicas

de los últimos años del s. XXI:

Confianza y Transparencia. Una Administración abierta a la sociedad y al

ciudadano, que le haga corresponsable de los asuntos públicos.

Participación y Cooperación. Una “Administración de todos” y orientada al

ciudadano, que facilite la participación.

Excelencia en el servicio, como forma central de funcionamiento.

Cualificación tecnológica, comprometida con las TIC.

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231

En el marco de estos principios se plantearon los objetivos estratégicos, definidos

posteriormente en las cartas de servicios. Éstos son:

Innovación, como sistema para conseguir nuevos productos, procesos o

servicios.

Racionalización, a través de la revisión de procedimientos y la mejora

continua de la calidad en la gestión, para prestar mejores servicios sin

incrementar el coste.

Transferencia de tecnología y de conocimientos, para la generalización de

los conocimientos y el uso eficiente de la tecnología

Bajo el principio de cohesión social y territorial, con este Plan se quiso hacer llegar

las tecnologías a cualquier lugar de la comunidad autónoma y a todos los sectores de la

sociedad (al medio rural, a los discapacitados, a la mujer, a las universidades, etc.). Más de

500 acciones y unos 107 proyectos, entre los que destacamos:.

Administración y ciudadanos. “Participa” (para realizar consultas electrónicas a

los ciudadanos); “Carta del Ciudadano” (definición y adopción de compromisos

de servicios públicos); “Multirrelación” (sistema de identificación del ciudadano

y facilitador de su relación con la Administración en muy diversos temas por

medios electrónicos); o el apoyo a iniciativas anteriores como el proyecto

PROP.

Sociedad Global TIC. El Centro Valenciano para la SI (donde se gestionan las

experiencias y el conocimiento de la SI), “Disemina” (incorporación a la SI de la

población que, de otra manera, tendría dificultades para acceder a ella), “Firma

electrónica”, o iniciativas anteriores como el Portal de la Generalitat Valenciana,

Infoville, Infocole, Infocou, Infocampus.

Sociedad Cohesionada. El Plan Estratégico de Telecomunicaciones de la

Generalitat Valenciana, que supone el mantenimiento, la planificación y la

evolución de la Red Corporativa de la Generalitat Valenciana

Innovación de la Administración. el Sistema Documental de la Administración

(“archivo documental unificado” y “patrimonio documental de carácter

administrativo”); Excel (“la excelencia en la gestión”); y se han continuado

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232

proyectos como Mastín, EURO, Economic, Tirant y Nómina (Galvañ y García,

2007)

7.1.3. El Tercer Plan de Modernización AVANTIC. 2004-2010.

Se constituye como el marco estratégico diseñado por el Consell de la Generalitat

Valenciana en materia de TIC en ese periodo. Con un presupuesto global asociado de 2.740

millones de euros, prevé implementar un uso inteligente de las TIC que proporcione una

mayor calidad de vida a sus ciudadanos, una mayor competitividad a las empresas

valencianas, y una Administración Pública más ágil al servicio de los ciudadanos.

AVANTIC, se estructura en 2 programas verticales:

1) El Programa Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas (PEVTA). A la

vez se basa en tres subprogramas:

Alta Velocidad Valenciana en Telecomunicaciones. Para el fomento de la

conexión a las redes de telecomunicaciones avanzadas, especialmente en las

zonas menos favorecidas.

Telecomunicaciones Corporativas Avanzadas Integradas

Servicios de Telecomunicaciones Avanzados Corporativos y de

Comunicación con la Sociedad

2) El Programa Estratégico para la Consolidación de la Sociedad Tecnológica y del

conocimiento en la Comunitat Valenciana (PETIC). Éste, además, está subdividido en tres

programas específicos:

▪ Ciudadano: Se dirige a fomentar el despliegue de la tecnología y el

conocimiento en la sociedad civil. Incluye acciones de formación en TIC, el

desarrollo de ciudades inteligentes (Alcoy, ciudad Digital), la e-

Democracia, el Museo de la Memoria Digital Valenciana y la creación de un

Observatorio de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento.

▪ i-PYME: cuyo objetivo es promover la competitividad y la estrategia

empresarial. Además, se tiene la intención de crear una incubadora de

proyectos de innovación.

▪ i-Administración: Centrado en la implantación del SIMAC (Sistema Integral

y Multiplataforma de Atención al ciudadano), como plataforma para

desarrollar un nuevo modelo de prestación de servicios al ciudadano y actúa

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233

como potenciador de las mejoras interdepartamentales para facilitar los

trámites que deban seguir los ciudadanos. (Galvañ y García, 2007)

Por otra parte, también forman parte de este plan una serie de programas

horizontales comunes a ambos de I+D+I en TIC; y en gestión del conocimiento.

Especial referencia hay que hacer al firme apoyo político del Gobierno autonómico

a la estrategia de AVANTIC. En este sentido, J. Ignacio Criado (2009: 432-433) es de la

opinión de que el trasvase de poder, respecto de la presidencia del partido y del Gobierno

del PP en la Comunidad Valencia de Eduardo Zaplana a Francisco Camps, su delfín pero al

mismo tiempo su oponente político interno, obligó a este último a decantarse por proyectos

de calado y de fuerte visibilidad. Por ello, el nuevo Gobierno situó a las telecomunicaciones

entre las infraestructuras significativas de la región. Por ejemplo, en AVANTIC se implicó

la propia Presidencia de la GVA, juntamente con la Consellería de Infraestructuras y

Transportes. Su presentación pública, el 12 de mayo de 2004, con gran profusión de medios

de comunicación y de representantes políticos, así lo atestigua. Y su alcance traspasó el

objetivo inicial de modernización administrativa para convertirse en un referente de la

extensión de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en la Comunidad.

El AVANTIC participa del cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa,

que se resumían en convertir a Europa en la economía más competitiva y más dinámica

basada en el conocimiento para sostener un crecimiento económico y alcanzar el pleno

empleo y un sistema de protección social moderno. Por otro lado, su diseño es similar a la

iniciativa i2010, teniendo en cuenta que los pilares son la información, la inversión en

I+D+I, en TIC y la inclusión.

7.1.4. Algunos proyectos emblemáticos

El SIMAC

El Sistema Integral Multicanal de Atención al ciudadano (SIMAC) nace en 2005,

(http://www.socinfo.info/seminarios/expedientes/valencia.pdf), fecha de consulta

5.08.15, con la intención de consolidar la administración inteligente, al tiempo que pone

a la Sociedad, al ciudadano, en el centro de sus actuaciones. Su objetivo es colocar a la

Generalitat Valenciana a la cabeza de las Administraciones, en lo referente al

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234

cumplimiento de su papel como principal impulsor de la utilización de las tecnologías

entre los ciudadanos y dentro de la propia Administración.

Para ello, SIMAC pretendía:

Incorporar los principios básicos del CRM51, lo que permitiría lograr unas

interacciones inteligentes con los ciudadanos basadas en la información o en

ideas sobre características, necesidades y preferencias de los ciudadanos,

abarcando e integrando todos los canales posibles de interacción (Portal

www.gva.es, Oficinas PROP, HELP 012, correo ordinario, fax, SMS o la

Televisión Digital Terrestre, PDA, WAP, etc.). La finalidad es que la

Administración no sólo actúe ante la demanda de los ciudadanos, sino que sea

capaz de prever futuras necesidades, expectativas y solicitudes de los mismos a

partir de la explotación de la información del CRM y que, en consecuencia,

actúe proactiva y anticipadamente.

Progresar en el terreno de la integración de todas las Administraciones (local,

autonómica y estatal) e instituciones públicas dependientes desde el punto de

vista de las TIC que residan o desplieguen efectos dentro de la Comunitat

Valenciana en línea con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos y a las

empresas servicios públicos desde una perspectiva integral y completa de sus

necesidades.

Desarrollar un portal integrado a partir de una plataforma que permita ofrecer

los servicios que presta la Generalitat Valenciana a los ciudadanos desde un

único punto de acceso, estructurado en función de sus necesidades. (Mora y

Díaz, 2006).

A modo de ventanilla única, podía encontrarse un catálogo de servicios públicos

en Internet, dirigido a ciudadanos y a empresarios, Asociaciones, Consumo

(solicitud de arbitraje), Cultura, Deporte, Educación, Finanzas (suscripción de

Pagarés), tributos, tasas y finanzas, La Casa (oficina virtual del Catastro),

Legislación de la Generalitat Valenciana, Salud (solicitud de cita previa en atención

51 CMR: Customer Relatioship Management. Modelo de gestión de las organizaciones, basado en la satisfacción al cliente.

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235

primaria), Tercera Edad (solicitud de estancias en balnearios), Ayudas y

subvenciones, certificados y carnés (nacimiento, matrimonio y defunción de

Registros Civiles informatizados). Este portal ha sido sustituido por el portal propio

de la GVA en el que se estructura la información de interés y las posibles

tramitaciones en tres bloques: ciudadanos, empresas y administraciones,

(http://www.gva.es).

Generalitat en red

Plataforma Corporativa para la tramitación y notificación telemática de la

Generalitat Valenciana. Contenía el conjunto de sistemas, aplicaciones y servicios que

posibilitan funcionalmente la puesta en marcha de la Administración electrónica.

Generalitat en Red se apoya en las plataformas existentes de seguridad y de gestión de

expedientes, así como en el resto de proyectos iniciados por la Generalitat Valenciana en el

marco de la estrategia global de teleAdministración: MASTIN, Firma Electrónica, Portal

GV, etc. Esta plataforma permite:

• Consultar los distintos servicios telemáticos ofrecidos: Catálogo de Servicios.

• Rellenar las solicitudes de forma telemática.

• Realizar el pago vía la Pasarela de Pagos.

• Firmar las solicitudes.

• Presentar las solicitudes con su Registro telemático.

• Realizar notificaciones telemáticas.

• Presentar solicitudes en nombre de otra persona física o jurídica:Registro voluntario

de Representantes.

• Firmar cualquier documento (word, excel, access, etc.) y, posteriormente, validar la

firma: Rubric@.

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236

Figura 20. web Corporativo de la Generalitat Valenciana, 2009

Fuente: http://www.gva.es/ Fecha de consulta: 08.06.09

El Proyecto PROP

El proyecto se inició en el primer Plan de Modernización (PEMAV), con el objetivo de

mejorar la prestación de los servicios de la administración mediante la descentralización

de los servicios. Mediante este sistema (Prop, en castellano “cerca”), el ciudadano

encuentra, con bastante claridad, los procedimientos del ámbito de la Generalitat, los

requisitos, los trámites, los órganos y las unidades administrativas responsables; así

como la información sobre las convocatorias o la legislación.

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237

Está enfocado a mejorar la atención presencial mediante un sistema de información

administrativa al público (antes SIAP), a través del cual se presentan al usuario, de manera

clara, diversos elementos imprescindibles en la tramitación de ese procedimiento, así como

las unidades responsables de dicha tramitación y los formularios de la solicitud. El antiguo

portal PROP de la Generalitat Valenciana, (www.prop.gva.es), se ha transformado en la

Guía PROP, (http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores), con

posibilidades para los usuarios de búsqueda de información sobre departamentos, trámites,

registro o personal.

INFOVILLE

Algunas experiencias de la Sociedad de la Información han servido para crear un

ambiente de comunicaciones y trabajos digitales en las regiones donde iban destinadas,

aunque no tuvieron gran repercusión en su momento en la vida cotidiana. Esto ocurrió con

Infoville. Estas redes cívicas nacieron con el apoyo municipal-autonómico y el impulso de

la Unión Europea, a mediados de los 90. Infoville se centró en ciudades del: Reino Unido

(Hampshire), Dinamarca (Ishoj y Naesved), Alemania (Sajonia y Baviera), España

(Villena), Italia (Torino) y de Suecia (West). El proyecto de Infoville Villena, en la

provincia de Alicante, iniciado en 1996 y que se ha denominado INFOVILLE2152 desde el

año 2002, pretendía “constituir una Comunidad Autónoma Virtual unificando las diferentes

intranets municipales bajo una plataforma pública común. Desde esta plataforma se ofrecía

a los ciudadanos servicios y contenidos diversos: educación, finanzas, turismo, actualidad...

Pero la mentalidad de la época estaba muy alejada de la realidad de los promotores y la

mayoría de los proyectos de Infoville, murieron sin dejar mayor rastro, o, en el mejor de los

casos, unos servicios municipales de enseñanza y entrenamiento a sus funcionarios.

7.1.5. La hoja de ruta de la Generalitat Valenciana, 2011-2105

La planificación estratégica del Gobierno Valenciano sobre las TIC para el

quinquenio 2011-2015 (Generalitat Valenciana, 2015), tiene como objetivos:

convertirse en una administración pública más eficaz y eficiente en la prestación de

servicios públicos;

52http://cincodias.com/cincodias/2002/08/31/tecnologia/1031037478_850215.html

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238

generar crecimiento y empleo basado en la innovación y el conocimiento en la

Comunitat Valenciana.

El Programa se ha estructurado en tres líneas de actuación, con siete ejes de desarrollo:

Racionalización TIC La crisis económica que azota a Europa los últimos años, y especialmente a los

países del sur, se materializa en la Administración de la Generalitat Valenciana en el

objetivo de reducción de gastos. Mediante la centralización de competencias y las

sinergias entre proyectos, se intenta eliminar recursos redundantes y obtener ahorro

de economía de escala. Además, se realizan medidas para la reducción del gasto

corriente.

Eje1 · Gestión centralizada

Eje2 · Definición de estándares y directrices comunes

Eje3 · Consolidación de activos TIC

Eje4 · Implantación de tecnologías para el ahorro en TIC

Innovación GVA Las TIC permiten mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración, son una

herramienta clave para la provisión de los servicios públicos de calidad y resultan

indispensables para el impulso de la Administración electrónica, ya que facilitan la

simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas para los

ciudadanos y las empresas.

Eje5 ·Impulso de la innovación tecnológica de la gestión pública

Eje6 · Impulso de la Administración electrónica

Sociedad digital

Las TIC son un sector importante para el empuje del crecimiento sostenible en la

Comunitat Valenciana, ya que aumenta la productividad de otros sectores, fomenta

el empleo y favorece la cohesión social.

Eje7 · Las TIC como motor del desarrollo económico y social de la

Comunitat Valenciana –la Agenda Digital

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239

7.1.6. El Plan Gobernanza 2013

Por lo que respecta al eje relativo al impulso de la Administración electrónica, el

marco estratégico en este periodo es el Plan de Innovación y Modernización de la

Administración de la Generalitat, Gobernanza 2013, aprobado por el Gobierno Valenciano

el 5 de febrero de 2010. El Plan Gobernanza está fundamentalmente dirigido a innovar y

transformar la administración, e incluye como ejes estratégicos los siguientes:

1. Eje 1. Innovación tecnológica y el desarrollo de la Administración electrónica de

la Generalitat: una administración innovadora al servicio del ciudadano.

2. Eje 2. Orientación de la Administración de la Generalitat al ciudadano: una

administración cercana y accesible.

3. Eje 3. Promoción de una gestión de calidad en la administración de la

Generalitat: una administración excelente.

4. Eje 4. Avance en el compromiso con la sociedad: una administración

responsable.

5. Eje 5. Hacia una nueva cultura del empleado público: una administración más

profesional y próxima

En cuanto a resultados, el Informe Final de Evaluación del Plan Gobernanza

2013 especifica que hay un 77% del Plan ejecutado en el año 2012. De entre las acciones

puestas en marcha, destacan:

● Ley de Administración electrónica de la Comunitat Valenciana (Ley 3/2010, de

5 de mayo). Esta ley ha hecho efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas de la Comunitat

Valenciana. Y ha propulsado la plena incorporación de las tecnologías de la

información, la comunicación a la actividad administrativa y a las relaciones entre la

ciudadanía y las Administraciones Públicas del ámbito valenciano.

● Todas las Consellerias ya disponen de un Registro Telemático

● El Portal Web de la Generalitat, (www.gva.es) se ha convertido en un punto

preferente y único de acceso electrónico a la oferta global de contenidos.

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240

● Se ha creado la Sede Electrónica de la Generalitat (Cap. III del Decreto 165/2010,

de 8 de octubre, del Consell). Se trata de una herramienta que permitirá a la ciudadanía

realizar todas las actuaciones, los procedimientos y los servicios que tengan relación

con la Generalitat y con otras administraciones por medios electrónicos y de manera

permanente y gratuita.

● El 19 de febrero de 2010, el Consell aprobó el Plan de Simplificación y Reducción

de Cargas Administrativas (SIRCA), el cual constituye uno de los pilares para

modernizar la administración valenciana. Presenta un grado de avance del 85% (media

ponderada), a fecha 31 de diciembre de 2012 (Generalitat Valenciana, 2012:7). Figura 21. Nivel de ejecución del Gobernanza, diciembre 2012

Fuente: Generalitat Valenciana (2012:16). Fecha acceso 3.08.15

7.1.7. Agenda Digital 2014

Las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias regionales han

desarrollado sus propios planes estratégicos para promover las TIC, tal y como previamente

hiciera la Comisión Europea con la Agenda Digital para Europa y el Estado, con la Agenda

Digital para España. Como no podía ser menos, la Generalitat Valenciana impulsó la

Agenda Digital de la Comunidad (ADCV) como marco estratégico regional para avanzar en

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241

el desarrollo de la sociedad digital y para favorecer el uso de las TIC, entendiendo que

ambos constituyen el motor de crecimiento económico sostenible y del empleo de calidad

para el período 2014-2020.

7.1.7.1. Los ejes fundamentales de actuación

La ADCV, siguiendo las prioridades establecidas en la Unión Europea y España,

plantea tres ejes fundamentales de actuación -ciudadanía, administración y economía

digital-, adaptados a la realidad social y económica valenciana, a través de los cuales se da

prioridad a 17 iniciativas distribuidas de acuerdo al siguiente esquema:

Ciudadanía Digital

- Línea 1.1.- Las TIC para la Salud

- Línea 1.2.- Las TIC para la Educación

- Línea 1.3.- Las TIC para la Justicia

- Línea 1.4.- Gobierno abierto, transparencia y acceso a la información

pública

- Línea 1.5.- Ciudades inteligentes

- Línea 1.6.- Seguridad y confianza en la Red

- Línea 1.7.- Inclusión Digital

Economía Digital

- Línea 2.1.- Las TIC para la competitividad

- Línea 2.2.- Impulso y especialización del Hipersector TIC

- Línea 2.3.- Las TIC para el empleo

- Línea 2.4.- Sistema valenciano de I+D+i en TIC

- Línea 2.5.- Despliegue de redes y servicios de banda ancha

Administración Digital

- Línea 3.1.- Servicios Públicos Digitales

- Línea 3.2.- Administración sin papel

- Línea 3.3.- Cooperación interadministrativa e interoperabilidad

- Línea 3.4.- Gestión racional de recursos TIC

- Línea 3.5.- Impulso de la innovación tecnológica de la gestión

pública

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242

Figura 22. web de la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana

Fuente: www.agendadigital.gva.es Fecha de acceso:5.08.15

La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana se presentó oficialmente el 4 de

diciembre de 2014, en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, acto al que acudió el

President de la Generalitat, Alberto Fabra, y que contó con un nutrido grupo de

representantes de la sociedad civil, del mundo empresarial y de las Administraciones

Públicas (Generalitat Valenciana, 2015: 201).

7.1.8. Una aproximación a la situación actual

Por último, y para acabar con lo referente a la Sociedad de la Información en la

Comunitat Valenciana53, queremos dar algunos datos en torno a la evolución que han

53Un exponente de los escándalos económicos en los que ha estado inmersa la Comunitat Valenciana lo constituye la Fundación Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información (Fundación OVSI). Creada por el Consell en 1996 (véase: http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/mem_socio/2001/III.7.pdf) , con financiación de la GVA, empresas y la Diputación de Alicante, liquidó su actividad el año 2013 (aunque el proceso de extinción se inició el año anterior, por acuerdo del Patronato de 03.02.2012), tras varios apercibimientos de la Sindicatura de Comptes por contrataciones irregulares al actuar como “intermediaria entre la Generalitat y las empresas de servicios para evitar los concursos públicos”. La fundación se extinguió con unos fondos negativos de 1.577.914,42 euros. Noticia aparecida el 21.02.2013 en el periódico digital Levantehttp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/02/01/fundacion-escandalos-informaticos-extingue-deuda-millones/970997.html No obstante, en una reciente noticia publicada el 05.10.2015, el nuevo balance negativo había ascendido a dos millones de euros, por lo que la GVA ha tenido que aportar 621.000 euros

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243

experimentado los hogares y las empresas españolas en la última década, aportados por la

herramienta ONTSI DATA (http://www.ontsi.red.es/ontsi/ontsi-data)54 y el INE.

Uso de teléfonos móviles

La Comunitat Valenciana ha aumentado en más de 6 puntos el porcentaje de

viviendas con teléfono móvil, desde el 87,8% de 2006, al 97,2% en 2015, superando

en todos los años analizados a la media nacional (se sitúa en el 96,7%, para 2015).

Gráfico 15. Viviendas con teléfono móvil, 2006-2015.

Fuente: INE. Elaboración propia

Equipamiento de viviendas

En 2007, el mayor porcentaje de viviendas con banda ancha lo ocupaba la Comunidad

de Madrid, Cataluña y Melilla, con un 51,1%, 45,1% y 46,7%, respectivamente. La

Comunitat Valenciana registraba la posición número 13, con un 35,5%.

para concluir el proceso total de liquidación: http://www.levante-emv.com/castello/2015/10/03/1-millones-gastos-ente-muerto/1322577.html 54Sobre los datos obtenidos en el INE, es interesante el estudio pormenorizado Dossier de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información, por Comunidades Autónomas, enero 2014. Publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI): http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/dossier_ccaa_enero_2014m.pdf

82

84

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92

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98

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Viviendas con teléfono móvil

Total nacional

Comunitat Valenciana

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244

Los primeros puestos los ocupan, en 2010, las mismas regiones, pero es Melilla la que

se sitúa en el primer lugar del ránking (con un 67,1%), Cataluña, el segundo, con un

65,7; y, la Comunidad de Madrid, con 65,1%. En este mismo año, la Comunitat

Valenciana ha descendido al número 15, con un 50,8 %, separada más de 5 puntos de la

media nacional (56,1%).

Finalmente, en el año 2015, los porcentajes son los siguientes: la Comunidad de

Madrid, 85,7%; el País Vasco, 82,8% y Ceuta, 80,2%. Valencia se queda en la posición

15ª, con un 74,3%, también por debajo de la media (77,8%).

Gráfico 16. Viviendas con banda ancha por CCAA 2007, 2010 y 2015 (%)

Fuente: INE. Elaboración propia

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable, etc.) 2007

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable, etc.) 2010

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable, etc.) 2015

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245

Tabla 20. Hogares conexión Banda Ancha

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable, etc.)

2007 2010 2015

Total nacional 38,2 56,1 77,8

Andalucía 33,8 51,5 75,2

Aragón 39,0 56,9 75,3

Asturias (Principado de) 37,3 55,0 78,7

Balears (Illes) 44,6 63,4 78,2

Canarias 40,5 54,8 77,3

Cantabria 40,6 54,7 78,8

Castilla y León 31,6 46,0 73,5

Castilla-La Mancha 26,9 50,4 73,6

Cataluña 45,1 65,7 79,5 Comunitat Valenciana 35,5 50,8 74,3

Extremadura 22,3 44,5 70,3

Galicia 25,5 45,9 75,2 Madrid (Comunidad de) 51,1 65,1 85,7

Murcia (Región de) 30,9 50,5 77,7

Navarra (Comunidad Foral de) 39,6 58,2 79,6

País Vasco 39,8 62,5 82,8

Rioja (La) 35,6 53,0 74,3

Ceuta 44,0 62,1 80,2

Melilla 46,7 67,1 78,5 Fuente: INE. Elaboración propia

Acceso a Internet

En este apartado, los primeros puestos los ocupaban en 2007, la Comunidad de

Madrid, Cataluña y el País Vasco (55,8%, 50,3% y 49,8%, respectivamente). La

Comunitat Valenciana ocupa, en esta variable, el lugar número 10, una posición

ligeramente mejor que la anteriormente analizada (con un 41,4%), aunque 3 puntos por

debajo de la media.

En 2010, los datos más relevantes son: las tres primeras posiciones para Melilla,

Cataluña y C. Madrid (69,4%, 66,9%, 66,0%, respectivamente). La Comunitat

Valenciana, se sitúa en el número 13, con un 52,8%.

Para 2015, las viviendas situadas en la Comunidad de Madrid (86,4%), el País Vasco

(63,9%) y Ceuta (63,4%) presentan las mayores cifras en porcentajes de hogares con

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246

acceso a Internet. Mientras que la Comunitat Valenciana ha bajado al número 15, con

un 75,4%, nuevamente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 78,7%.

Gráfico 17. Viviendas con acceso a Internet por CCAA 2007-2010-2015 (%)

Fuente: INE. Elaboración Propia

En el gráfico nº18 se observa que, si bien el incremento de hogares con acceso a

Internet ha sido constante a lo largo de la serie estudiada, sin embargo la Comunitat

Valenciana se ha mantenido siempre por debajo de la media nacional, de 2006 a 2015.

Gráfico 18. Viviendas acceso Internet C.Valenc-España, 2006 a 2015 (%)

Fuente: INE. Elaboración Propia

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0

Viviendas que disponen de acceso a Internet 2007

Viviendas que disponen de acceso a Internet 2010

Viviendas que disponen de acceso a Internet 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Viviendas que disponen de acceso a Internet

Total nacional 38,0 43,5 49,9 52,9 57,8 62,7 66,6 69,7 74,4 78,7

Comunitat Valenciana 32,7 41,4 47,2 48,9 52,8 59,0 60,1 67,1 70,6 75,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Total nacional Comunitat Valenciana

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247

Tabla 21. Viviendas que disponen de acceso a Internet por CCAA.

2007 2010 2015

Total nacional 43,5 57,8 78,7

Andalucía 37,5 53,1 76,4

Aragón 46,6 59,0 77,2 Asturias (Principado de) 40,6 57,3 78,8

Balears (Illes) 48,1 65,1 80,0

Canarias 43,5 56,7 78,6

Cantabria 45,2 56,3 79,6 Castilla y León 38,0 49,1 73,9 Castilla-La Mancha 31,2 52,0 73,9

Cataluña 50,3 66,9 80,7 Comunitat Valenciana 41,4 52,8 75,4

Extremadura 28,9 46,0 71,6

Galicia 32,0 48,3 75,6 Madrid (Comunidad de) 55,8 66,0 86,4 Murcia (Región de) 35,4 52,6 78,9 Navarra (Comunidad Foral de) 48,4 61,1 80,8

País Vasco 49,8 63,9 82,8

Rioja (La) 41,2 53,9 75,2

Ceuta 45,9 63,4 82,2

Melilla 49,0 69,4 78,5 Fuente: INE. Elaboración propia

Las empresas

Respecto a las empresas de ámbito valenciano, según datos del INE, para el primer

trimestre de 2015, el 97,1% disponía de conexión a Internet (frente a un 98,4% de la media

nacional). Esta cifra se reduce al 65,65% en el caso de las empresas de menos de 10

trabajadores (el 68,3%, del total nacional). En cuanto al tipo de conexión, el 95,46% de las

empresas de la Comunitat Valenciana se conectan a través de banda ancha (fija), algo por

debajo de la media nacional que se halla en un 95,65%.

Los Servicios Públicos

La Fundación Orange ha analizado, para el año 2014, la disponibilidad online de 26

servicios públicos de referencia en las webs de las Comunidades Autónomas (Fundación

Orange/Arvo, 2014), quince de ellos dedicados a la ciudadanía (C) y los once restantes, a

las empresas (E). El periodo analizado fue de febrero a marzo de 2014. En el estudio

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248

participaron las 17 CCAA y la Ciudad Autónoma de Melilla. No se incluyó a la Ciudad

Autónoma de Ceuta, por estar desarrollando mejoras en su web. En el estudio de 2014, se

eliminaron servicios que habían alcanzado más del 90% de la disponibilidad en el estudio

anterior de 2012 (“cita médica”, con el 100%, “tasas autoliquidables”, con el 97%,

“Impuesto ITP-AJD” y “Oferta de Empleo Público”, con un 93% y “Búsqueda de Empleo

Privado”, con un 91%), y se incluyeron otros (en verde, en la tabla nº 22).

Tabla 22. Servicios Públicos medidos en 2014

Servicios Dirigido a 1.-Ayudas y Prestaciones Asistenciales C 2.-Demanda de empleo: renovación, consulta o modificación C 3.-Reclamaciones de consumo C 4.-Ayudas a las familia por hijos C 5.-Becas de Estudios C 6.-Ayudas a personas con discapacidad C 7.-Ayudas a personas mayores C 8.-Certificados de instaladores C 9.-Admisión de alumnos de centros docentes púbicos (no universitarios) C 10.-Ayudas a inmigrantes C 11.-Certificado de discapacidad C 12.-Ayudas a programas juveniles C 13.-Vivienda de protección oficial C 14.-Solicitud de pensiones no contributivas C 15.-Tarjeta sanitaria C 16.-Autorización de centros y servicios sanitarios E 17.-Impuestos sobre máquinas recreativas E 18.-Autorización de instalaciones eléctricas E 19.-Registro de actividades turísticas E 20.-Registro de actividades empresariales E 21.-Subvenciones I+D+I E 22.-Subvenciones para creación de empleo E 23.-Subvenciones al empleo de colectivos específicos E 24.-Registro de certificados de eficiencia energética E 25.-Apertura del centro de trabajo E 26.-Registro de licitaciones E

Fuente: Fundación Orange/Arvo, 2014.En verde, los nuevos servicios incluidos en el estudio

La metodología seguida coincide con los niveles utilizados en el estudio eEurope

(Wauters, 2006), que comprende desde el grado 0-sin información, 1-Información, 2-

Interacción unidireccional, 3-Interacción bidireccional, 4-Tramitación electrónica.

Los resultados de este estudio muestran que la disponibilidad media entre las 18

autonomías es del 80%. Andalucía es la autonomía que cuenta con más disponibilidad de

servicios online y Melilla, sin embargo, es la que menos disponibilidad tiene, no llegando al

50%. La Comunitat Valenciana llega a la media en disponibilidad, ya que alcanza también

un 80%, aunque en lo relativo a los servicios ofrecidos a los ciudadanos y las empresas,

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249

mejora mucho en estos últimos, consiguiendo el 95% (frente a una media de 82%), pero se

halla por debajo de la media nacional (78%) en los servicios dirigidos a los ciudadanos

(68%). En el diferencial de la media entre esas dos variables (ciudadanos vs empresas), es

la segunda autonomía que alcanza el mayor diferencial, detrás de Murcia, con 27 puntos a

favor de las empresas.

Tabla 23. Resultados globales por CCAA (%), 2014.

Fuente:Estudio comparativo 2014 de los Servicios Públicos online en las CC AA (Fundación Orange-Arvo Consultores, p12)

Por lo que respecta a actuaciones de la Generalitat Valenciana en el avance de la

eAdministración, conviene destacar:

La Plataforma Autonómica de Intermediación de Datos Segura de la Comunitat

Valenciana (PAI), permite la interoperabilidad entre Administraciones, agilizando al

ciudadano y a las empresas sus compromisos con la Administración al evitar que tengan

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250

que presentar la documentación que esté con antelación en poder de alguna

Administración.

La facturación electrónica para los proveedores de la Generalitat, obligatoria desde el

1 de julio de 2014, ha permitido que se hayan recibido más de 180.000 facturas

electrónicas en la plataforma de la Generalitat, con más de 2.500 proveedores dados de

alta, (http://goo.gl/lccvyK), fecha acceso: 15.10.15.

La plataforma de licitación electrónica de la Generalitat Ge-Compras permite

realizar todo el proceso de licitación y contratación de los suministros de la Central de

Compras de la Generalitat.

El Reglamento de Administración electrónica de la Comunitat Valenciana, Decreto

220/2014, aprobado por el Consell el 12 de diciembre de 2014, define el marco jurídico

de la eAdministración en el ámbito de la GVA. Entre las novedades destacables hay que

hacer mención a la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en las comunicaciones

y en los escritos internos, así como para las grandes empresas, las asociaciones y los

colegios profesionales que contactan habitualmente con la Administración valenciana.

Asimismo, resalta la utilización de medios electrónicos en las comunicaciones

informales de los ciudadanos con la Generalitat y en su acceso a los servicios públicos.

7.1.9. El futuro: el Plan Estratégico de la Administración electrónica 2014-2020

La Consellería de Hacienda y Administración Pública presentó en febrero de 2015,

el Plan Estratégico de la Administración electrónica, 2014-2020. Constituye la hoja de ruta

de la Administración valenciana para avanzar en innovación y eficiencia en torno a la

Administración electrónica y la mejora de sus servicios a los ciudadanos, como parte del

desarrollo de la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana. Cuenta con un presupuesto

total de 174 millones de euros para los siete años de duración, cofinanciado con fondos de

la Unión Europea y la GVA. Este Plan se articula alrededor de dieciséis líneas de actuación

y de seis ejes, cuyo objetivo es ofrecer las herramientas necesarias para facilitar la gestión

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251

pública de la administración autonómica y para permitir ofrecer servicios públicos digitales

ágiles y seguros.

Figura 23. Plan Estratégico de eAdministración, GVA 2004-2020

Fuente: http://www.dgtic.gva.es/web/dgti/peae.Fecha último acceso: 15.10.15

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252

7.2. El Gobierno Abierto

7.2.1. La Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana

Como ya se ha indicado, el 10 de diciembre de 2013 se publicó la Ley estatal

19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen gobierno, de carácter

básico, que obligaba a las comunidades autónomas a adaptar su normativa a esta Ley, no en

un plazo mayor de dos años. Pero no espera la Generalitat Valenciana a consumir el plazo.

En concreto, el 8 de abril de 2015, el DOGV publica la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la

Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, de la Comunitat

Valenciana55 (en adelante, LTBGP).

En el Preámbulo de la LTBGP, se señala que el devenir de esta ley ha sido

consecuencia de la evolución democrática de los ciudadanos, que exigen participar en la

política de formas adicionales y distintas a la representación parlamentaria clásica, junto

con el desarrollo de las tecnologías de la información y las redes sociales. Todos estos

factores coadyuvan a un nuevo enfoque en el derecho a la información de los ciudadanos:

la sociedad, como coproductora de conocimiento y de políticas públicas, está legitimada

para acceder, a excepción de las mínimas restricciones establecidas por la ley, al conjunto

de datos que generan y gestionan las Administraciones Públicas, y no sólo a los de carácter

procedimental contenidos en registros y documentos.

Las líneas sobre las que se fundamenta esta nueva visión política son:

- La transparencia informativa

- La promoción de la reutilización de datos públicos

- La implantación efectiva de códigos de buen gobierno y de buenas prácticas

- La impartición proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre

las políticas públicas.

55 Es interesante conocer las alegaciones y sugerencias presentadas al Anteproyecto de Ley, en el proceso de consulta pública: http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/128745313/Info_c1.pdf/cc7d9a45-54d7-4054-a8e5-5a7be4d06859. http://valencianews.es/opinion/luces-y-sombras-de-la-transparencia-de-la-gva/

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La LTGBP se estructura en 5 Títulos, más el Título Preliminar, que recogen la

siguiente materia:

El título preliminar: los aspectos transversales de la ley, así como el objeto, el ámbito

subjetivo y los principios generales para interpretarla.

El título I, transparencia en la actividad pública. En él se regula la transparencia en la

gestión en la actividad pública, tanto en lo relativo a la publicidad activa como el

derecho de acceso a la información pública y a la reutilización de datos (datos abiertos).

El título II, buen gobierno. Se recogen aquí los principios éticos que deben regir las

actuaciones de los miembros del Consell y sus altos cargos.

El título III, régimen sancionador. establece y detalla el régimen sancionador de la ley,

para garantizar su aplicación en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El título IV, garantías de transparencia y buen gobierno. Se regula aquí el

funcionamiento del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen

Gobierno.

El título V, participación ciudadana. Finalmente, este Título regula la participación

directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

7.2.1.1. El objeto de la Ley

El artículo 1 establece el objeto de la Ley de Transparencia de la GVA:

1. Regular y garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio del

principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública,

entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y

veraz sobre la actividad pública, garantizando la libertad de todas las personas a

formar sus opiniones y a tomar decisiones con base en esa información.

2. Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad

estableciendo los principios básicos para la implantación de un código de buen

gobierno en el ámbito de la Administración autonómica

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254

3. Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, de forma

individual o colectiva, y regular las relaciones de la Generalitat con la ciudadanía y

con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana.

7.2.1.2. La Publicidad Activa

La Publicidad Activa de las organizaciones públicas obligadas a cumplir esta Ley

(según su art. 2), en el ámbito de sus competencias, hace referencia, entre otros aspectos, a

la difusión de la información en la web de dichas entidades. Así, publicarán como mínimo,

en su página web, de forma estructura y actualizada, la siguiente información (art.9):

1. Información económica, presupuestaria y estadística. Entre otros:

a. Todos los contratos y los encargos a medios propios, con indicación del

objeto, tipo, duración, importe de licitación y de adjudicación, etc.

b. Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario, de

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos

en la legislación de contratos del sector público

c. Los convenios suscritos y su texto íntegro

2. Información de relevancia jurídica

a. La normativa vigente, los anteproyectos de ley o los proyectos de decretos

legislativos, proyectos de reglamentos, etc.

3. Información institucional, organizativa y de planificación. Entre otros:

a. Acuerdos adoptados por el Consell, relación de competencias y traspasos de

funciones y servicios

b. La estructura organizativa de cada organización, funciones que desarrolla,

sus órganos y centros directivos, sede, dirección y los distintos medios de

contacto de aquéllos y la identificación de sus responsables.

c. La plantilla orgánica de las plazas, la relación de puestos de trabajo o el

instrumento análogo de planificación de los recursos humanos y la

retribución económica anual.

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4. Información relativa a altos cargos y asimilados. Entre otros:

a. La información relativa a las funciones atribuidas por razón de su cargo o

función, así como su trayectoria profesional, incluyendo la reproducción

gráfica de los títulos académicos y las acreditaciones de su currículo.

b. Un registro de los obsequios recibidos por razón del cargo, que detallará su

descripción, la persona o entidad que los realizó, la fecha y el destino dado a

los mismos. La incorporación al patrimonio público de los obsequios de

relevancia institucional o de un importante valor se desarrollará

reglamentariamente.

c. La declaración de bienes, actividades y derechos patrimoniales que se

actualizará con ocasión de producirse cualquier variación de la información

inicial.

d. Los viajes y los desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana

realizados en el desempeño de su función, indicando el objeto, la fecha y su

coste total, incluyendo dietas y otros gastos de representación.

5. Información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente

a. ordenación del territorio, los planes urbanísticos y la regulación en

materia de medio ambiente, garantizando a la ciudadanía su consulta,

tanto presencial como telemática, sin perjuicio de lo dispuesto en su

normativa sectorial.

6. Otros contenidos objeto de publicación.

a. Reglamentariamente se establecerán, en el ámbito de la Administración de la

Generalitat y de su sector público, los criterios para incorporar al portal o a

las páginas web correspondientes la información que se solicite con mayor

frecuencia y la información sobre resultados, la actividad y la financiación

de las políticas sociales de gasto (sanidad, educación y servicios sociales

7.2.1.3. El Consejo de Buen Gobierno

El Título IV de la Ley de Transparencia desarrolla las garantías de transparencia y

de buen gobierno. Para ello, establece la creación del Consejo de Transparencia, Acceso a

la Información Pública y Buen Gobierno

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256

Sus funciones se establecen en el artículo 42. Entre otras:

a) Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la

información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción

contencioso-administrativa.

b) Requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o de reclamación,

la subsanación de incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley.

c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en

esta ley.

d) Resolver las consultas que en materia de transparencia o acceso a la información

pública le planteen las Administraciones Públicas y otras entidades sujetas a esta ley

7.2.1.4. La entrada en vigor

Esta Ley ha entrado en vigor de forma sui generis, tal y como establece la

disposición final segunda:

Por lo que se refiere al articulado que más nos interesa (el capítulo I del Título I), es

decir, el relativo a la publicidad activa, la entrada en vigor ha sido a los seis meses de su

publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. En este caso, la publicación en

el DOGV fue el 08.04.15, en consecuencia el capítulo aludido, entró en vigor el 08.10.15.

7.2.2. El Portal de Transparencia: GVA Oberta

El Portal de la Transparencia de la Generalitat Valenciana (art.10 LTBGP) recibe la

denominación de GVA Oberta (http://www.gvaoberta.gva.es)

La configuración del Portal se desarrollará en dos fases. Una primera, finalizada en

2015, en la que se han incorporado los contenidos que marca la Ley 19/2013, de 19 de

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257

diciembre. Y, una segunda fase, sin final concreto, que consistirá en la actualización

periódica de contenidos. Los objetivos del Portal son:

Acercar la Administración a todos los ciudadanos potenciando el desarrollo

de una sociedad más participativa y colaborativa.

Garantizar la transparencia de la actividad pública de la administración

valenciana permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública y

promoviendo así la eficiencia y eficacia de la Administración autonómica.

Facilitar el acceso a la información pública de los ciudadanos y las

entidades de la sociedad civil.

Figura 24. GVA Oberta. Portal de Transparencia de la GVA

Fuente: http://www.gvaoberta.gva.esFecha acceso: 5.11.2015

El Portal presenta tres enlaces claves: Participación, Transparencia y Open data.

7.2.2.1. La participación

A través de esta herramienta, la GVA posibilita la colaboración ciudadana mediante

la presentación de consultas y de propuestas. Sin embargo, su uso no ha sido muy

frecuente, bien porque no se ha dado a conocer suficientemente con antelación, o

porque no interesaba su difusión, puesto que sólo aparecen seis propuestas, la última

de ellas el 6 de noviembre de 2014. Las propuestas son relativas a: la liberalización

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258

de las farmacias, la limpieza de bosques con personas en paro, las plazas a concurso

público, la pesca de atún rojo en el Mediterráneo, el aire acondicionado en aulas y

sobre las señas de identidad.

La pestaña de consultas sólo permite el acceso a un formulario de contacto con la

GVA.

7.2.2.2. La transparencia

El enlace de “Transparencia” se subdivide en tres enlaces: qué es y qué hacemos en

la GVA, quiénes trabajamos en la GVA y cómo gestionamos tus impuestos.

2.1.- Qué es y qué hacemos en la GVA

A su vez, se divide en siete apartados:

Estructura organizativa

Bienes de la GVA

Estadísticas y estudios de opinión

Territorio y Medio Ambiente

Procedimientos administrativos

Normativa Jurídica

Acciones del Consell

2.2.- Quiénes trabajamos en la GVA

Altos Cargos

Empleados públicos

2.3.- Cómo gestionamos tus impuestos

Presupuestos

Contratos

Convenios

Subvenciones

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259

Encomiendas de Gestión

7.2.2.3. El Open data

Los gobiernos, y el Gobierno Valenciano es un exponente de esa tónica, responden

a la obligación de difundir la información pública establecida por Ley (art. 20, 21, 22 y 23

LTBGP) a través de la confección de portales que faciliten y promuevan la reutilización de

los datos. Su objetivo, según el art. 20 aludido, es propiciar la libre disposición de la

información por los ciudadanos, las instituciones académicas, las empresas y otros agentes,

siempre que se respeten los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y que su uso

no constituya una actividad administrativa.

Con este fin, la GVA incluye provisionalmente un enlace, el Open data, dentro de la

GVA Oberta. Sin embargo, se prevé inicialmente a lo largo de 2015 construir una

plataforma estable totalmente dedicada a la apertura y la reutilización de datos. Hasta el

momento, los datos disponibles son:

Datos históricos electorales de la Comunitat Valenciana desde su constitución

autonómica, organizados por elección y ámbito

(http://www.gvaoberta.gva.es/web/gva-oberta/datos-electorales-historicos).

Datos cartográficos. Con más de 35.000 ficheros, en diferente formato y de

distintos ámbitos y temáticas. También se publican, por su indudable utilidad

práctica, mapas off-line para su uso en dispositivos móviles sin precisar de

conexión a internet.

7.2.3. El nuevo Portal de Gobierno abierto

El 27 de enero de 2016 se presentó el portal renovado de la transparencia y

Gobierno abierto de la GVA, (http://www.gvaoberta.gva.es). El nuevo portal se estructura

en cinco bloques, localizados en la parte superior central de la página de inicio, de los que

parten sus correspondientes epígrafes, mostrados en formato desplegable. Estos bloques se

agrupan en:

El Consell. Apartados: miembros del Consell y altos Cargos/ acción del Consell.

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Organización de la GVA. Apartados: información y organización de la

Administración/ empleados públicos/ sector público instrumental.

Servicios a la ciudadanía. Atención a la ciudadanía/ compromiso con la ciudadanía/

normativa jurídica.

Cifras. Epígrafes: información económica y presupuestaria/ contratos públicos/

convenios/ encomiendas de gestión/ subvenciones/ bienes de la GVA/ estadísticas y

estudios de opinión.

Ordenación, urbanismo y medio ambiente: Epígrafes: planes y regulaciones en

materia de Medio Ambiente/ instrumentos de ordenación/ normativa, políticas,

planes, y programas ambientales/ estado global de los ríos valencianos.

Datos abiertos, con acceso al portal de datos.

Asimismo, desde la página de inicio puede accederse directamente a la información

sobre viajes, retribuciones, obsequios y la agenda del Consell y altos cargos, así como a la

situación de Tesorería y a la consulta de contratos de la GVA.

Figura 25. Nuevo Portal de Transparencia GVA

Fuente: http://www.gvaoberta.gva.esFecha acceso: 27.01.16

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261

7.2.4. El Código de Buen Gobierno

Con objeto de promover la mejora de la calidad democrática y generar confianza en

las instituciones mediante la ejemplaridad y la integridad en las actuaciones de los altos

cargos y en el marco del art. 27 de la LTBGP, se ha confeccionado un borrador del Código

de Buen Gobierno. De hecho, hasta el 10 de noviembre de 2015 estará abierto el plazo de

información pública para la presentación de alegaciones, sugerencias u observaciones al

borrador del Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana (CBGGV), elaborado

por la Consellería de Transparencia.

El CBG se estructura en un Título Preliminar, que recoge las disposiciones relativas

al objeto, al ámbito de aplicación y a los principios generales. Y dos títulos más. El Título I

se refiere a las actitudes y comportamiento que deberán seguir las personas a las que se

aplica este Código, ”con el fin de favorecer el desarrollo de unas instituciones y

Administraciones Públicas íntegras, eficaces y eficientes”. Y el Título II incluye

disposiciones referidas a los mecanismos de cumplimiento del Código: la adhesión

individual, fórmula que deben emplear todas las personas sujetas al código en el momento

de acceder al cargo, y que supone un compromiso individual de observar las disposiciones

que éste contiene; el régimen sancionador en materia de buen gobierno establecido en la

normativa básica y en la Ley 2/2015; y el seguimiento que realizará el Consejo de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y a las medidas de

responsabilidad política a las que se someterán por parte de Les Corts.

El Título I contiene ocho capítulos dedicados a los principios que debe inspirar la

actuación de los cargos públicos:

Cap. I: Compromiso con los valores democráticos y sociales;

- Artículo 4. Sujeción a los principios constitucionales - Artículo 5. Respeto a los derechos humanos - Artículo 6. Compromiso contra la violencia - Artículo 7. No discriminación y respeto a la diversidad - Artículo 8. Igualdad de mujeres y hombres - Artículo 9. Respeto a la privacidad - Artículo 10. Aconfesionalidad - Artículo 11. Fomento de la lengua propia - Artículo 12. Sostenibilidad y responsabilidad social - Artículo 13. Decisiones informadas

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Cap. II: Integridad y servicio al interés general;

- Artículo 14. Dedicación e interés general - Artículo 15. Incompatibilidades - Artículo 16. Imparcialidad - Artículo 17. Abuso de poder - Artículo 18. Respeto a la confidencialidad - Artículo 19. Intereses partidistas - Artículo 20. Publicidad institucional - Artículo 21. Reconocimientos honoríficos

Cap. III: Sobriedad;

- Artículo 22. Uso adecuado de los recursos públicos - Artículo 23. Desplazamientos - Artículo 24. Gastos en actos de servicio - Artículo 25. Productos utilizados en los actos de servicio - Artículo 26. Relaciones comerciales y financieras de los altos cargos - Artículo 27. Regalos u obsequios - Artículo 28. Tarjetas de crédito o débito

Cap. IV: Ejemplaridad y buena fe;

- Artículo 29. Ejemplaridad y dignidad institucional - Artículo 30. Relación con el personal de la institución - Artículo 31. Acreditación de la condición de alto cargo - Artículo 32. Presencia en internet

Cap. V: Economía, eficacia y eficiencia en la gestión pública;

- Artículo 33. Principio de buena administración - Artículo 34. Gestión equitativa - Artículo 35. Gestión austera - Artículo 36. Evaluación

Cap. VI: Transparencia;

- Artículo 37. Transparencia en la actividad pública - Artículo 38. Información de contacto institucional - Artículo 39. Currículum vitae - Artículo 40. Agenda institucional - Artículo 41. Transparencia patrimonial - Artículo 42. Derecho de acceso a la información pública

Cap. VII: Participación y cooperación ciudadana

- Artículo 43. Enfoque centrado en la ciudadanía - Artículo 44. Instrumentos para la participación ciudadana - Artículo 45. Administración relacional - Artículo 46. Conocimiento compartido - Artículo 47. Administración accesible - Artículo 48. Relación con los medios de comunicación

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Cap. VIII: Responsabilidad y colaboración

- Artículo 49. Responsabilidad y colaboración - Artículo 50. Rendición de cuentas - Artículo 51. Colaboración con Les Corts Valencianes

De ellos, queremos destacar algunos de sus artículos. En concreto, el relativo a la

“aconfesionalidad” (Cap. I, art. 10), que ha provocado un intenso debate en los medios de

comunicación valenciano los últimos días. El artículo indica que:

“1.Las personas sujetas al presente Código no estarán obligadas en ningún caso a

participar en actos religiosos en su condición de altos cargos. Su asistencia a los mismos

será, por regla general, a título individual, en ejercicio del derecho de libertad religiosa.

2.Las instituciones, corporativamente, se abstendrán de participar en las

presidencias de actos religiosos, salvo que estos actos por razones históricamente

consolidadas tengan un valor cultural asumido comunitariamente que trascienda a su origen

religioso”.

La confusión generada con la obligación o no de acudir a los actos religiosos, ha

motivado que el Conseller de Transparencia tuviera que aclarar públicamente estos

términos. Así, en la prensa del día 28 de octubre de 201556, pueden leerse diversas

manifestaciones de Manuel Alcaraz, en torno a la presencia de altos cargos de la

administración valenciana en actos religiosos en las que ha recordado que esa referencia

corporativa alude a que la institución pública como tal no debe acudir a actos religiosos por

respeto a la aconfesionalidad del Estado. La presencia en este tipo de actos sólo debería de

producirse a título individual. «Y en ese ámbito no cabe ningún tipo de prohibición».

Además, indicó que «existen actos religiosos que, por razones históricas tienen un

significado que va más allá de lo religioso. Sería el caso de la Santa Faz o del Misteri d'Elx.

En esos casos sí se entiende la presencia corporativa de un ayuntamiento o de una

Administración Pública porque forman parte del propio ritual».

56http://www.lasprovincias.es/politica/201510/28/alcaraz-nadie-quiere-prohibir-20151027234004-v.html http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20151024/abci-generalitat-prohibe-altos-cargos-201510241023.html

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264

Por otro lado, nos parece curioso que se haya incorporado a este borrador dos

artículos que parecería innecesario destacar, por evidentes, pero que el devenir de los

acontecimientos sobre el mal uso de los fondos públicos y la corrupción de la clase política,

en particular la valenciana, los pone más de relieve en estos momentos. Nos referimos al

artículo 27 que nos habla de “regalos u obsequios” y al artículo 35, relativo a la “gestión

austera”. El último de ellos, sólo menciona que “los altos cargos y asimilados actuarán de

acuerdo con criterios de austeridad en la gestión presupuestaria, velando porque los

recursos y bienes públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva”.

Efectivamente, de haberse actuado con la diligencia de buen padre de familia, como indica

el Código Civil español, respecto de los bienes públicos, la clase política en España no

tendría la pésima imagen que tiene frente a sus conciudadanos, ni la sociedad se sentiría tan

poco representada por ella.

En cuanto al primero de los artículos aludidos, el 27, se menciona con más detalle la

prohibición que tienen los altos cargos y el resto de personas sujetas a este Código de

“aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de

los usos habituales, sociales y de cortesía, por razón de su cuantía o causa, o que pueda

condicionar la neutralidad u objetividad de su cometido”. Además, añade que “los regalos u

obsequios que se reciban por razón del cargo enmarcados en los usos habituales, sociales y

de cortesía deberán haber sido entregados públicamente”. En la Comunitat Valenciana,

este artículo cobra un especial sentido. No en vano, el President de la Generalitat, Francisco

Camps, hubo de dimitir de su cargo, por su implicación en la trama valenciana del caso

Gurtel57

7.2.5. La estructura organizativa

Las últimas elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, permitieron el cambio

de signo político en el Gobierno de la Generalitat. El Partido Popular, que gobernó la

Comunitat Valenciana desde 1995, fue desbancado por los partidos de izquierda: PSOE,

Compromís y Podemos. Tras un pacto para formar gobierno, la Presidencia de la GVA

recayó en el socialista Ximo Puig.

57http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/10/20/factura-corrupcion-12500-millones/1043133.html

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265

Las competencias relativas a Transparencia y Buen Gobierno son responsabilidad

del representante de Compromís, Manuel Alcaraz, nombrado Conseller de Transparencia,

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, quien a su vez crea la Dirección

General de Transparencia y Participación Ciudadana. Según la directora de Transparencia y

de Participación de la GVA, Aitana Mas: “El concepto de transparencia remite a la

capacidad de la ciudadanía de acceder a la información que produce y gestiona la

administración, tanto a través de la publicidad activa (información que la administración

pone a disposición de todos los ciudadanos sin necesidad que estos lo soliciten) como del

derecho de acceso a la información pública (en el que un particular solicita información

personal a la administración)”58

El hecho de que esta nueva composición del Consell, incluya el ámbito de la

transparencia en el primer nivel de la estructura organizativa, denota la relevancia que el

equipo de gobierno concede a esta competencia. No obstante queremos destacar las

declaraciones del nuevo Conseller, combativo a favor de la transparencia como una forma

de profundizar en la democracia, y con las ideas muy claras acerca de aquello en lo que no

debe convertirse. No se trata de que se “desnuden” los políticos, sino que es la institución la

que debe hacerlo, “debe mostrar lo que tiene que mostrar para un mejor conocimiento de la

misma por parte de los ciudadanos”. Así,

la cuestión es disponer de una serie de instrumentos útiles, pues todos sabemos que es

inevitable que en un momento lo que busque el ciudadano sea la parte morbosa y

probablemente de ahí viene el concepto de desnudarse, pero, "a largo plazo, creo que habrá

una maduración de la ciudadanía y de las instituciones para reconstruir una cultura de la

transparencia dentro la reconstrucción de una nueva cultura democrática. No podemos caer

en la perversión de la transparencia y en pensar que ésta es la panacea de todos los males.

Hay elementos constitucionales que hemos de respetar como el derecho a la intimidad o la

protección de datos59

58http://www.transparencia.gva.es/web/dg-participacion-ciudadana/presentacion 59 Véase la noticia publicada en diversos medios, el 21.10.15, sobre las declaraciones realizadas por Alcaraz en la presentación de las Jornadas de transparencia y participación para los municipios de más de 50.000 habitantes, celebradas en el Centro de Turismo del Grao de Castellón : http://www.20minutos.es/noticia/2584924/0/alcaraz-dice-que-si-transparencia-es-cosa-mas-propia-revistas-cotilleo-no-se-habra-avanzado-demasiado/http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/21/5627c8fae2704e1f148b45a2.html

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266

7.2.6. La GVA y Transparencia Internacional

El día Mundial contra la Corrupción de 2015, 9 de diciembre, la GVA, a través de la

Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, firmó

un convenio con Transparencia Internacional-España ,“para mayor transparencia en el

funcionamiento de los poderes públicos y la garantía del cumplimiento del principio de

rendición de cuentas”. Este convenio tiene una vigencia de dos años, prorrogable mediante

acuerdo de las partes por igual periodo de tiempo. Los compromisos que se adquieren son,

por parte de la GVA, dotarse de una política transparente acorde a los cánones nacionales e

internacionales y, por parte de TI-España, a asesorar a la GVA para cumplir todos los

requisitos de dichos estándares y especialmente en el asesoramiento de los puntos

incluidos en el anexo al convenio (figura 27). No hemos de olvidar que TI-España realiza

cada año un ránking con el índice de transparencia de las Comunidades Autónomas, en el

último de los cuales, correspondiente a 2014, la GVA obtuvo una puntuación muy elevada

(94 puntos, sobre 100).

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267

Figura 26. Anexo al convenio entre la GVA y TI-España

7.2.7. Normativa y portales de Transparencia en otras Comunidades Autónomas.

La mayoría de Comunidades Autónomas cuentan con normativa específica sobre

buen gobierno y transparencia, a excepción de la Comunidad de Madrid, de Cantabria y de

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y, también con la excepción de algunas de las

normas de las CCAA (Baleares, Extremadura, Galicia y Navarra), el resto publicaron las

leyes con posterioridad a la respectiva normativa estatal, tal y como se refleja en la tabla nº

24y recogen, por tanto, las bases establecidas en la LTGB relativas a la publicidad activa, al

derecho de acceso a la información y al buen gobierno.

En cuanto al nivel de Transparencia recogido en los Portales de Transparencia, la

organización no gubernamental Transparencia Internacional España (véase 3.6.5),

implantó una metodología para evaluar el Índice de Transparencia de las Comunidades

Autónomas (INCAU), a través de ochenta indicadores que tienen en cuenta si la

información está disponible –no se trata de evaluar ni la calidad de la información, ni la

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gestión de los gobiernos que dirigen la comunidad autónoma-. Estos indicadores se agrupan

en cinco áreas: Información sobre la comunidad autónoma, Relaciones con los ciudadanos

y la sociedad Información económico-financiera, Transparencia en las contrataciones de

suministros y servicios y Ordenación del Territorio, urbanismo y obras públicas. Dicha

evaluación se realiza cada dos años y el máximo de puntuación que puede obtenerse es de

100 puntos. Entre los resultados de los análisis realizados en las tres últimas ediciones,

(http://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau), recogidos en el

gráfico nº 19, destacan las siguientes comunidades:

Año 2010: Entre las CCAA que ocupan las posiciones de mayor transparencia del ránking,

se sitúan Andalucía y Galicia (87,5 puntos sobre 100, ambas). Mientras que las que han

obtenido menor puntuación son Baleares, Valencia (56,3 puntos cada una) y Cantabria

(53,8 puntos).

Año 2012: Destacan Euskadi y La Rioja, con la misma puntuación (97,5 puntos), Cantabria

(95,0 puntos) y Andalucía (92,5). Por la parte baja del ránking figuran Canarias y Valencia

(63,8 puntos, cada una), y Murcia (55 puntos).

Año 2014: Se sitúan como las comunidades más transparentes, Castilla-León, Cataluña y

País Vasco (con 100 puntos cada una), seguida de La Rioja (96), Galicia (94), Baleares y

Valencia (93 puntos, c/u). Ocupan los puestos inferiores, Madrid (65,0), Murcia (78,8) y

Canarias (80,0). Es destacable el esfuerzo realizado por la Comunitat Valenciana, que pasa

a estar entre los primeros puestos, mientras que en las dos anteriores quedó relegada a las

últimas posiciones de la tabla.

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Gráfico 19: Evolución INCAU 2010, 2012 y 2014

Fuente: Transparencia Internacional España. Elaboración propia

En esta última edición del INCAU-2014, el cumplimiento general de la publicación

de los indicadores es mayor, dado que a partir de diciembre de 2014 fue obligatorio

adaptarse a la nueva Ley de Transparencia (LTBG). Así, la media global de las 17

comunidades autónomas ha ascendido a un 88’6% (sobre 100), mientras que en 2012

ascendió a 79,9% y en 2010, a 71,5%. Respecto a las áreas de transparencia que reflejan

mayor cumplimiento, destaca el área de Ordenación del territorio, urbanismo y obras

públicas, con una media general de 95 ́0, y Relaciones con los ciudadanos y la sociedad,

94,1. Por debajo se encuentra, igual que lo hiciera en 2012 y 2010, la materia relativa a

transparencia económico-financiera, aunque ha alcanzado unos porcentajes algo más

elevados (76,0 % en 2014, 69,7 en 2012 y 48,8% en 2010).

0

10

20

30

40

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2010

2012

2014

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Gráfico 20: Índice de Transparencia de las CCAA (INCAU-2014)

Fuente: INCAU 2014. Elaboración propia

Para finalizar, en la tabla nº 24 puede observarse la comparación entre las distintas

comunidades autónomas, en relación a su normativa sobre Transparencia, fecha de

publicación de la misma en el boletín oficial correspondiente, Portal de Transparencia y las

evaluaciones que hayan pasado a cargo de Transparencia Internacional España. En ese

sentido, todas las comunidades cuentan con un Portal de Transparencia, a excepción de la

Ciudad Autónoma de Ceuta; y, también la mayoría disponen de regulación al respecto,

excepto Cantabria, la Comunidad de Madrid, así como las dos Ciudades Autónomas de

Ceuta y Melilla. Además, también la mayoría de comunidades tienen un portal de

transparencia incluido en el Portal general, a excepción de Euskadi, que cuenta con uno

específico, (http://www.gardena.euskadi.eus) y la única que ha obtenido la primera posición

en 2012 y 2014, en la evaluación que Transparencia Internacional realiza sobre las

Comunidades Autónomas. Todo un hito, si tenemos en cuenta que ocupó la 14ª posición, en

2010.

Tabla 24: Normativa y Portal de Transparencia en CCAA.

Normativa Publicación Portal Transparencia Nivel de transparencia (INCAU)

Ley estatal Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Ben gobierno (LTBG)

BOE: 10/12/2013 Vigencia: T.II, día ss. Publicación (11/12/13). Resto, al año de publicación (10/12/14)

http://transparencia.gob.es/ --

Andalucía Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia publica en Andalucía

BOJA 30/06/2014 Vigencia: 30/06/2015 A.Local: 2 años para

http://www.juntadeandalucia.es/transparencia.html

2014:88 2012:92,5 2010:87,5

100 100 100 96 94 93 93 90 89 88 88 85 85 84 80 79 65

0

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80

100

120

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271

adaptación Aragón Ley 8/2015, de 25 de marzo, de

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón

BOA 10/04/2015 Vigencia: 10/07/2015

http://transparencia.aragon.es/

2014: 85 puntos 2012: 75 “ 2010: 70 “

Asturias 1.-Proyecto de Ley de Transparencia de Asturias 2.-Proyecto de Ley de Buen Gobierno y compatibilidades de altos cargos

1.-aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2014 2.-aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2014

http://goo.gl/bCX80J 2014:90 2012:66,3 2010:67,5

Baleares Ley 4/2011, de 31 de marzo, de buena administración y buen gobierno.

BOIB, 9/04/2011 Vigencia: 10/04/11

http://goo.gl/AqlCiC 2014: 93 puntos 2012:83,8 2010:56,3

Canarias Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias

BOCA 9/01/2015 Vigencia: 10/01/15

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/

2014:80 2012:63,8 2010:66,3

Cantabria -- -- http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia

2014:88 2012:95 2010:53,8

Castilla-La

Mancha

Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (10/11/15)

Pendiente aprobación http://transparencia.castillalamancha.es/

2014:84 2012:58,8 2010:62,5

Castilla y León Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León

BOCYL 12/03/2015 Vigencia: 10/12/15

http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/

2014:100 2012:90 2010:73,8

Cataluña Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Catalunya

DOGC 31/12/2014 Vigencia: 30/06/15 (la mayor parte de las disposiciones)

http://transparencia.gencat.cat/es/inici/

2014:100 2012:78,8 2010:82,5

Extremadura Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura

DOE 24/05/2013 Vigencia: 21/11/13

http://gobiernoabierto.gobex.es/

2014:85 2012:87,5 2010:81,3

Galicia Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega

DOG 3/08/2006 Vigencia: Revisión 30/05/15

http://www.xunta.es/a-presidencia/transparencia

2014:94 2012:90 2010:87,5

La Rioja Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja

BOR 17/09/2014 Vigencia: 10/12/14 (T.II), el 18/09/14, resto.

http://www.larioja.org/ 2014:96 2012:97,5 2010:83,8

Madrid,

Comunidad

-- -- www.madrid.org/transparencia

2014:65 2012:72,5 2010:80

Murcia Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de Murcia

BORM 18/12/2014 Entrada en vigor: T.I,III y IV 19/12/2014 T.II y V, seis meses de publicac.

http://goo.gl/iuyEFP 2014:79 2012:55 2010:70

Navarra Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra

BON 28/06/2012 Vigencia: 28/12/12

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia

2014:89 2012:91,3 2010:80,0

Valenciana,

Comunitat

Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana

DOCV 8/04/2015 Vigencia: Mayor parte disposiciones 9/04/15. Cap.1,Tit.I 8/10715

http://www.gvaoberta.gva.es/

2014:93 2012:63,8 2010:56,3

País Vasco Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi

Pendiente aprobación http://www.gardena.euskadi.eus/inicio/60

2014:100 2012:97,5 2010:57,5

Ceuta, Ciudad

autónoma

Pendiente. Sí disponen de Consejo de la Transparencia: http://goo.gl/kDzPHW

-- pendiente 2014:-- 2012:-- 2010:--

Melilla,

Ciudad

autónoma

-- -- https://goo.gl/fjRvhI 2014:-- 2012:-- 2010:--

Fuente: Páginas webs de Transparencia en cada CCAA. Última actualización: 25.01.16.

Elaboración propia 60

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272

7.2.8. Datos en el desarrollo de los portales de Datos Abiertos en las Comunidades

Autónomas.

Para conocer el grado de evolución de los Open data en las distintas comunidades,

la Fundación Orange y Arvo Consultores han llevado a cabo un estudio, publicado en

marzo de 2014, sobre el posicionamiento de los Gobiernos autonómicos respecto de la

iniciativa de reutilización de los datos del sector público, más conocida como Open Data o

Datos Abiertos. Entre enero y marzo analizaron quince comunidades autónomas, ya que la

Comunitat Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta declinaron participar. Los espacios

web debían cumplir unos requisitos determinados, para ser considerados portales de Datos

Abiertos, entre ellos, disponibilidad de un catálogo de recursos, de un índice que agrupase

el acceso a los datos, diferenciación de los conjuntos de datos sobre el resto de datos

publicados por la entidad, etc. Por tanto, aunque en el momento del estudio hubiese

iniciativas similares, no se conceptuaron como datos abiertos, por no ajustarse al estándar

señalado, tal y como sucedió con la Comunidad Autónoma de Cantabria, la cual a pesar de

disponer de un conjunto de 3.048 datos de datos en formato avanzado (Fundación

Orange,2014:14). En este sentido, en la tabla nº 25 hemos indicado aquellas comunidades

que participaron en el estudio de la Fundación Orange (detalladas con un “sí”); y las que no

lo hicieron, pero en la fecha de nuestra consulta particular a las webs de los gobiernos

regionales, 27/01/2016, sí disponen ya de portal de datos abiertos. Éstas últimas son:

Asturias, Canarias y la Comunitat Valenciana.

Los resultados, pioneros en este tipo de estudios, indican que el País Vasco

sobresale en varios indicadores. Es la autonomía que ha publicado el mayor conjunto de

datos posibles, con 2.288 conjunto de datos; ha creado aplicaciones que usan los conjuntos

de Datos Abiertos, como la aplicación de presupuestos de Irekia; publica en su portal de

datos, servicios y aplicaciones que diversas empresas han desarrollado y que son la

demostración tangible del beneficio de los Datos Abiertos, (http://opendata.euskadi.eus/w79-

ejemplos/es/contenidos/informacion/ideas_ejemplos_opendata/es_apps/ideas_ejemplos_app.html),

Fecha de acceso: 8.12.15.

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273

Por otro lado, desde el punto de vista del lugar que ocupa cada una de ellas en

relación al nivel de desarrollo de su Portal de Datos Abiertos, encontramos que Aragón,

Cataluña y País Vasco son las Comunidades Autónomas que presentan un nivel más

avanzado, mientras que Andalucía, Extremadura y La Rioja, tienen un nivel más incipiente.

Tabla 25: Enlaces a Portales de Open data en autonomías.

Comunidad Denominación Portal Enlace Dispone

Andalucía Portal Datos Abiertos Junta de

Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/p

ortal.html si

Aragón Aragón Open data. Gobierno

Aragón

http://opendata.aragon.es/ si

Asturias Open data del Principado de

Asturias

http://goo.gl/XsCehv

Baleares Dades Obertes CAIB (Comunitat

autònoma Illes Balears)

http://www.caib.es/caibdatafront/ si

Canarias Portal de datos abiertos de Canarias http://www.opendatacanarias.es/

Cantabria n/c

Castilla y León Portal de Datos Abiertos Junta de

Castilla y León

http://www.datosabiertos.jcyl.es/ si

Castilla-La Mancha Portal de Datos abiertos de la Junta

de Castilla-La Mancha

http://transparencia.castillalamancha.es/openda

ta si

Cataluña Portal Datos Abiertos - Generalitat

de Cataluña

http://dadesobertes.gencat.cat/ca si

Extremadura Portal de Transparencia de

Extremadura

http://gobiernoabierto.gobex.es/ si

Galicia Portal Open data de la Xunta de

Galicia

http://abertos.xunta.es/portada si

La Rioja Dato Abierto Rioja http://www.larioja.org/npRioja/default/index.js

p?idtab=758984 si

Madrid, Comunidad n/c

Murcia, Comunidad En preparación

Navarra Portal de Gobierno Abierto de la

Comunidad Foral de Navarra

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open

-data si

Valencia, Comunidad gva Oberta. Generalitat valenciana www.gvaoberta.gva.es/open-data

País Vasco Open data Euskadi. Gobierno vasco http://opendata.euskadi.eus/w79-home/eu/ si

Ceuta, ciudad

autónoma

n/c

Melilla, ciudad

autónoma

n/c

Fuente: webs Portales Open data (última actualización27/01/16). Elaboración propia

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TERCERA PARTE. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ALICANTE Y EL GOBIERNO ABIERTO

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CAPÍTULO 8º

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279

CAPÍTULO 8º. EL APOYO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

Las diputaciones tienen un importante papel dinamizador en la innovación

tecnológica de los municipios, sobre todo de los municipios de menor población, ya que los

Ayuntamientos con más recursos han podido adaptarse sin muchos problemas a las

transformaciones en TIC de las organizaciones. La provincia de Alicante cuenta con 118

entidades locales (censo 2014) de menos de 20.000 habitantes, de las 144 que integran la

provincia, y es sobre todo a éstas a quienes se ha dirigido el esfuerzo modernizador de la

Diputación de Alicante (http://www.diputacionalicante.es). Los pequeños ayuntamientos de

la provincia deben poder ofertar a sus conciudadanos servicios digitales, similares a los que

puedan encontrar en cualquier otro organismo, independientemente de su tamaño o

recursos.

No nos vamos a detener tanto en los avances de la administración interna de la

Diputación, sino en aquellos programas que el organismo provincial ha lanzado para

potenciar el avance de las administraciones locales. Desde la aparición de Internet se han

promovido diversas iniciativas para dotar a los municipios de una web desde la que

presentar en el entorno digital, toda la oferta municipal de todo tipo, cultural, deportiva,

histórica, patrimonial, etc. Una de las iniciativas pioneras que llevó a cabo la Diputación en

los municipios de la provincia fue el Programa Pista Local+ de Administración local,

promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -mediante la Dirección

General para la Sociedad de la Información- y la Federación Española de Municipios

(FEMP). Este programa era una solución de portales y Administración electrónica para los

Ayuntamientos y Entidades Locales, dirigido a promover la implantación efectiva de

servicios en línea, poniendo énfasis en la colaboración entre Administraciones Públicas. El

último Plan que la Diputación ha impulsado ha sido el Plan de modernización de los

Ayuntamientos de la provincia de Alicante, Moderniza 7.0, aprobado en mayo de 2012. Ya

en el balance del Plan anterior, Moderniza 6.0 (Diputación, 2013), se confirmaba que el

84% de los municipios alicantinos se habían adherido al Programa apostando por la

Administración electrónica y la apertura de sus ayuntamientos online, 24 horas al servicio

de los ciudadanos, lo que denota el gran interés de los equipos gobernantes por no quedarse

atrás en el avance de los consistorios.

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280

Según el balance de situación de Moderniza 7.0 (Diputación de Alicante, 2014b), en

junio del año 2014 los datos eran los siguientes:

Tabla 26. Balance del Plan Moderniza 7.0

Programa Municipios adheridos

Moderniza 7.0 130

Área (con datos) Municipios beneficiados

Ayto. en nube 52

Admón. electrónica 109

Portales municipales 165 (no diferencia entre aytos. o

mancomunidades y consorcios

provinciales). (*)

Fuente: Diputación de Alicante. Elaboración propia

(*) Según nuestro análisis, 75 Ayuntamientos

El objetivo del Plan Moderniza 7.0 es configurar en la provincia de Alicante una

“Administración Pública eficiente, cercana a la ciudadanía y capaz de atender

satisfactoriamente a sus demandas y peticiones presentes o futuras” (Diputación, 2014a).

Está vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, tras la modificación de junio de este año, y

se prorrogará automáticamente por años sucesivos, salvo acuerdo en contra del Pleno de la

Diputación. Para conseguir su objetivo, el Plan propone una serie de acciones, continuación

del anterior Moderniza:

1.- Ayuntamiento en nube.

La finalidad es generar un ahorro de costes a los ayuntamientos, ya que no se precisa

renovar hardware y directamente los usuarios de los consistorios tienen nuevas versiones de

los aplicativos que la Diputación les ofrece, sin necesidad de desplazamientos para

mantenimiento. Incluye la eliminación de servidores propios. Las copias de seguridad se

realizan en los servidores de la Diputación.

Beneficiarios: ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

2.-Software municipal

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281

La Diputación de Alicante adquiere programas informáticos que, posteriormente, instala en

los ordenadores de los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de reducir sus gastos,

como software de Padrón de habitantes o de Contabilidad.

Beneficiarios: ayuntamientos sin límite de población, mancomunidades y consorcios de la

provincia.

3.-Acuerdos de licencias

Se trata de licencias de programas que se compran mediante el sistema de central de

compras, abaratando costes de adquisición

4.-Administración electrónica

Plataforma que facilita la organización, control y gestión de expedientes, a través de una

tecnología vanguardista. Asimismo, facilita la adaptación de los ayuntamientos a la Ley de

Administración electrónica (Ley 3/2010 de 5 de mayo, de Administración electrónica de la

Comunitat Valenciana), en cuyo artículo 10 se establece que cada entidad local dispondrá

de una sede electrónica institucional donde se integrarán toda la información y los servicios

que ofrezcan y presten a la ciudadanía.

Beneficiarios: ayuntamientos sin límite de población, mancomunidades y consorcios. La

Diputación para el caso de los municipios de menos de 55.000 habitantes, mancomunidades

y consorcios de la provincia sufragará los gastos de implantación del sistema, la consultoría

de la organización y la formación del personal del Ayuntamiento.

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282

Figura 27. Modelo de sede electrónica. Ayuntamiento de Millena

Fuente: http://www.millena.es Fecha de acceso: 16.11.15

5.-Portales webs municipales

El objetivo es dotar al Ayuntamiento de una plantilla tipo, definida en una plataforma de

gestión de contenidos sencilla e intuitiva y una herramienta de mantenimiento de la

información fácil de gestionar por los usuarios. Todo ello alojado en los servidores de la

Diputación de Alicante.

Se configurará como una puerta de entrada a la Sede Electrónica del ayuntamiento desde

donde se ofrecerán los diferentes trámites electrónicos municipales. El problema con otras

iniciativas ha sido la sostenibilidad y el mantenimiento de los portales, para lo cual, en la

propia Diputación habrá personal especializado en el asesoramiento y ayuda en la

sostenibilidad de la información.

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283

Figura 28. Modelo de iniciativa web. Ayuntamiento de Redován.

Fuente: http://www.redovan.es Fecha acceso: 16.11.15

Beneficiarios: ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, así como Mancomunidades y

Consorcios de la provincia.

6.-Firma digital y sello de órgano

Para la adaptación a la Administración electrónica es necesario requisitos en materia de

autentificación electrónica de los usuarios y las entidades. La Diputación de Alicante

cofinanciará anualmente, en función de su presupuesto, un convenio con la Agencia de

Certificación Electrónica Valenciana (ACCV), con el objetivo de rebajar los costes de los

ayuntamientos de la provincia de Alicante que necesitan de estos servicios.

Beneficiarios: ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades y

consorcios de la provincia.

7.-Gestión patrimonial

La Diputación adquirirá un sistema de Gestión Patrimonial integrado con la aplicación de

gestión económico-contable, para los ayuntamientos de la provincia. Para los

ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, la participación en esta acción será gratuita.

Beneficiarios: ayuntamientos de menos de 60.000 habitantes, mancomunidades y

consorcios de la provincia.

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CAPÍTULO 9º

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287

CAPÍTULO 9º. LAS WEBS DE LOS AYUNTAMIENTOS.

El estudio de este apartado se ciñe a un universo determinado, compuesto por los

141 municipios de la provincia de Alicante y las 3 Entidades Locales Menores (E.L.M.) y

al objetivo de analizar sus páginas webs, como herramientas clave del Gobierno electrónico

y de la Transparencia. Nos interesa conocer, por un lado, el grado de avance de la

eAdministración y del Gobierno abierto entre nuestros ayuntamientos; por otro, el grado de

desarrollo entre los pequeños municipios como forma de superar la brecha digital por

tamaño de los municipios y por otro los instrumentos que se muestran en las webs de los

ayuntamientos, para fomentar la participación ciudadana y la cultura de la transparencia.

9.1. Análisis de la Administración electrónica

Tuvimos oportunidad de comenzar este análisis en el año 2006, razón por la que

podemos realizar al mismo tiempo un breve estudio comparativo de la evolución de los

indicadores a lo largo del periodo 2006-2009, hasta la actualidad.

9.1.1. Indicado: brecha digital por población.

9.1.1.1. Según totalidad de Ayuntamientos

Presencia en Internet

A partir de los datos obtenidos en la web de la Diputación de Alicante, hemos

comprobado que de los 141 Ayuntamientos y 3 Entidades Locales Menores (en adelante,

ELM) de la provincia de Alicante61, cuentan actualmente con página web la mayoría de los

municipios, en concreto 143, lo que representa un 99,31 % del total.

61Según directorio de la Diputación Provincial, incluyendo las Entidades Locales Menores de Jesús Pobre, Llosa de Camacho y La Xara. Denominación oficial de los municipios en web Unidad de documentación http://www.dip-alicante.es/documentacion/municom.asp fecha última consulta: 01.01.15

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288

Tabla 27. Presencia en Internet de los Ayuntamientos (provincia de Alicante).

Año E.L con web

% E.L. sin

web

% Entidades Locales sin web

2006 (mayo)

75 52 69 48 Aigües, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Algueña, Almudaina, Alquería d’Asnar (L’), Balones, Beniardá, Beniarrés, Benigembla, Benidoleig, Benifallim, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Benitachell, Bolulla, Busot, Cañada,Castell de Castells, Catral, Confrides, Quatretondeta, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga,Granja de Rocamora, Castell de Guadalest (El), Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Jacarilla, Jesús Pobre (E.L.M.), Jijona, Lorcha, Lliber, Llosa de Camacho (E.L.M.), Millena, Murla, Muro de Alcoy, Parcent, Penáguila, Planes, Rafal, Rojales, Romana (La),Salinas, Sanet y Negrals, , San Isidro, San Miguel de Salinas, Sella, Senija, Tibi, Tollos, Tormos, Torremanzanas, Vall d’Alcalà (La), Vall de Gallinera, Vall de Laguar (La), Verger (El), Xara (La) (E.L.M.)

2009 (julio)

131 91 13 9 Alquería d’Asnar (L’), Benidoleig, Benijófar, Cañada, Lliber, Llosa de Camacho (E.L.M.), Planes, Salinas, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sanet y Negrals, Vall de Laguar (La), Xara (La) (E.L.M.)

2015 (octubre)

143 99,3 1 0’7 Llosa de Camacho (E.L.M.)

Fuente: Diputación Provincial. Unidad de Documentación. Elaboración propia.

Es curioso observar, como en sólo tres años -de 2006 a 2009-, se incrementó la

presencia de webs en los municipios alrededor de un 75%, dado que sólo algo más de la

mitad de las poblaciones alicantinas disponían de web en 2006, lo que pone en evidencia el

apoyo decidido de los Ayuntamientos por modernizar sus canales de comunicación con los

ciudadanos, hasta llegar a la situación actual en la que prácticamente todos, a excepción de

Llosa de Camacho, se encuentran visibles en Internet. Gráfico 21. Evolución del porcentaje de entidades locales con y sin web

Fuente: webs municipales. Elaboración propia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2009 2015

52

91 99,3

48

9 0,7

% sin web

% con web

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289

9.1.1.2. Por tramo de habitantes

En cuanto a la evolución que ha experimentado este parámetro, observamos que en

el año 2006, la mayoría de los Ayuntamientos sin web eran de carácter pequeño, en

concreto 63 correspondían a poblaciones menores de 5.000 habitantes.

Tabla 28: Comparación web por tramos habitantes 2006, 2009 y 2015

Fuente: datos INE, padrón 01.01.2005, padrón 01.01.2008 y padrón 01.01.2014.

Elaboración propia

De ellos, 45 municipios no sobrepasaban los 1.000 habitantes (el más pequeño es

Tollos, situado en la comarca de El Comtat, que contaba con 35 habitantes), si bien en 21

de estos pequeños municipios, ofrecían también e-mail para contactar (la mitad servido por

la Diputación, ej.: [email protected]). Entre las poblaciones del tramo mediano, llamaba

la atención el caso de municipios como Catral (6.642 hab.) Dolores (7.095 hab.), San

Miguel de Salinas (6.620 hab.), Jijona (7.494 hab.), Muro de Alcoy (8.148 hab.) y, sobre

todo Rojales (13.807 hab.), que no disponían de web, cuando eran (y son) municipios con

buenas comunicaciones, y algunos con un importante porcentaje de población foránea.

Por lo que respecta al año 2009, y refiriéndonos al tramo de menos de 5.000

habitantes, se ha pasado de un 28,4 % de Ayuntamientos con web en 2006, al 86 % en la

2009. En el caso del tramo de 5.001 a 20.000 habitantes, el porcentaje es del 97,1% y

alcanza el 100% en los dos tramos de municipios más grandes (más de 20.001 y 50.001

habitantes).

2006 2009 2105

Tramos habitantes(según art.26, Ley 7/1985 RBRL)

total Aytos.

s/ web

c/ web

% c/web

sobre el tamaño

total Aytos

s/ web

c/web % c/web sobre el tamaño

total Aytos

% sobre

el total

Hasta 5.000 88 63 25 28,4 86 12 74 86,0 87 60,41 De 5.001 a 20.000 36 6 30 83,3 35 1 34 97,1 31 21,52 De 20.001 a 50.000 13 0 13 100,0 15 0 15 100,0 18 12,52 Más de 50.001 7 0 7 100,0 8 0 8 100,0 8 5,55 Total 144 69 75 52,0 144 13 131 91,0 144 100

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290

Gráfico 22. Comparación ayuntamientos con web 2006 y 2009 (%)

Asimismo, queremos destacar que en 2009 disponen de web muchos de los

municipios menores de 1.000 habitantes que en 2006 no contaban con esta herramienta

tecnológica. La razón hay que buscarla en el desarrollo de portales municipales a través del

programa Pista Local+, mencionado con antelación en el apartado de la Diputación de

Alicante.

En cuanto a las poblaciones con más de 50.000 habitantes, según datos del Padrón

de habitantes de 2005, son: Elda, Alcoy, Benidorm, Orihuela, Torrevieja, Elche y Alicante.

A ellos se incorpora en el Padrón de 2008, San Vicente del Raspeig, sin que se haya

modificado esta relación hasta ahora.

Hemos de indicar que de la totalidad de municipios de la provincia de Alicante, en

2009 no contaban con página web solamente 13 de ellos, de los cuales sólo 5 cuentan con

una población menor de 1.000 habitantes, siendo Alqueria d’Asnar el más pequeño, con

470 habitantes. El mayor de los Ayuntamientos que no dispone de web continuaba siendo

San Miguel de Salinas. Aun así, la mayoría de ellos dispone de una dirección de correo

electrónico, sea de dip-alicante, gva o empresas privadas.

0

20

40

60

80

100

Menos de5.000

De 5.001 a20.000

De 20.001 a50.001

Más de50.0001

%

Habitantes

2006

2009

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291

Tabla 29: Ayuntamientos sin página web en la provincia de Alicante, año 2009

Municipio/ELM Habitantes

01/01/08 e-mail 2009

Comarca

Alquería d’Asnar (L’) 470 [email protected] El Comtat

Benidoleig 1.221 [email protected] La Marina Alta

Benijofar 3.900 serviciosinformaticos@benijofar

Vega Baja del

Segura

Cañada (La) 1.217 No dispone L’Alt Vinalopó

Llíber 1.062 No dispone La Marina Alta

Planes 839 No dispone El Comtat

Salinas 1.588 No dispone L’Alt Vinalopó

Sanet y Negrals 740 [email protected] La Marina Alta

San Miguel de Salinas 8.056 [email protected] El Baix Segura

San Isidro 1.708 [email protected] El Baix Segura

Vall de L’Aguar (La) 997 [email protected] La Marina Alta

Llosa de Camacho. ELM 198 [email protected] La Marina Alta

Xara (La) . ELM 1.387 [email protected] La Marina Alta

Fuente: Elaboración propia con datos “e-mail” de la Diputación provincial. Habitantes, datos del INE.

9.1.1.3. Por demarcación comarcal

. Tabla 30: Comparación webs por comarcas, año 2006

Comarca

Munic./ELM webs % comarcal Habitantes

Vega Baja del Segura 27 17 62,9 325.276 El Baix Vinalopó 3 3 100 267.954 EL Comtat 24 3 12,5 27.159 El Vinalopó Mitjá 11 7 63,6 165.299 La Marina Alta 36 18 50 177.469 La Marina Baixa 18 11 61,1 166.255 L’Alacantí 10 6 60 443.261 L’Alcoià 8 5 62,5 109.712 L’Alt Vinalopó 7 5 71,4 52.170

Fuente: Elaboración propia con datos de páginas web de la Diputación Provincial de Alicante y

habitantes del INE (Padrón 01.01.05).

En relación al año 2006, nos gustaría destacar el caso de la comarca de El Comtat,

que cuenta con menor número de municipios con web, debido a que es la comarca con

Ayuntamientos más pequeños y de menor población, situados en el interior y sin estar en

zona turística. Por el contrario, la comarca que tiene un 100 % de Ayuntamientos en

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Internet es la del Baix Vinalopó (Elche, Crevillent y Santa Pola), si bien es la que menos

municipios tiene, aunque todos de más de 20.000 habitantes. En el caso de la comarca de El

Baix Segura, si tenemos en cuenta la población y el número de municipios, es donde

encontramos más municipios de carácter mediano y sin presencia de sus Ayuntamientos en

Internet (v.gr. Catral, Dolores, San Miguel de Salinas y Rojales).

Tabla 31. comparación webs por comarcas, año 2009

Comarca Ajuntam. webs % comarcal Habitantes El Baix Segura 27 24 88,8 383.247 El Baix Vinalopó 3 3 100,0 287.767 EL Comtat 24 22 91,6 28.138 El Vinalopó Mitjá 11 11 100,0 171.904 La Marina Alta 36 30 83,3 198.854 La Marina Baixa 18 18 100,0 187.711 L’Alacantí 10 10 100,0 496.676 L’Alcoià 8 8 100,0 112.830 L’Alt Vinalopó 7 5 71,4 53.598

Fuente: Elaboración propia con datos de páginas web de la Diputación Provincial de Alicante y

habitantes del INE (Padrón 01.01.08).

Por el contrario, en 2009 son ya 5 las comarcas que disponen de web en la totalidad

de sus municipios (El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjà, La Marina Baixa, L’Alacantí,

L’Alcoià) y el resto de comarcas cuentan con porcentajes superiores al 70 %. Curioso,

nuevamente, el caso de la comarca de El Comtat que ha pasado de un 12,0% en 2006 de

Gráfico 23. comparación por comarca año 2006

05

10152025303540

mun

icip

ios

Ajuntam. Por comarca

Páginas webs

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293

Ayuntamientos con presencia en Internet, a un 91,7%, debido a la incidencia de la

plataforma Pista Local +, ya mencionada. Las poblaciones sin web pertenecen en su

mayoría a La Marina Alta (6), El Baix Segura (3), L’Alt Vinalopó (2) y El Comtat (2),

según cuadro siguiente:

Gráfico 24: comparación por comarca, año 2009

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

9.1.2. Indicador: estructura.

9.1.2.1. Diferenciación entre web de municipio y web de Ayuntamiento

Como explica el profesor Miquel Salvador y equipo, debemos diferenciar entre

webs de municipio y webs de Ayuntamiento propiamente dichas, de acuerdo con las

características de los contenidos. En el primer caso se trata de páginas web en las que la

información se refiere exclusivamente al municipio: geografía, población, historia, etc.

Mientras que en la web del Ayuntamiento, además del contenido anterior, se añade

información relativa a órganos de gobierno, competencias, equipamiento, servicios

ofrecidos a los ciudadanos, posibilidad de tramitación en línea, entre otros, es decir,

información más relacionada con la administración local (Salvador et al. 2004).

Es importante establecer esta diferenciación porque, como posteriormente

analizaremos, la primera andadura de los Ayuntamientos en Internet se manifestó a través

05

10152025303540

mun

icip

ios

Ajuntam. Por comarca

Páginas webs

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294

de las webs denominadas de municipio. Se plantearon como una ventana que podía

multiplicar los focos más interesantes y atractivos del municipio e incrementar la afluencia

de turistas hacia el mismo. Normalmente eran realizadas por otros organismos distintos al

Ayuntamiento (Diputación, consorcios comarcales, etc.) y alojadas en su dominio de

Internet, como puerta de entrada a la información de la web municipal. Por lo que respecta

a las webs denominadas de Ayuntamientos, se puede encontrar información sobre la

administración local y servicios ofrecidos al ciudadano.

La información mínima que suelen contener estas páginas, es la siguiente:

Tabla 32: diferencias entre web-ayuntamiento y web-municipio

WEB AYUNTAMIENTO WEB MUNICIPIO Corporación Historia

Plenos y Juntas de Gobierno Geografía Áreas y servicios Gastronomía

Teléfonos y webs de interés Alojamiento y restauración

La tendencia en la última década ha sido la de abandonar las páginas webs de

municipio, que se elaboraban en su mayoría por entes supramunicipales y se albergaban en

los portales de éstos, en favor de las webs de los propios Ayuntamientos. La antigua web de

la Diputación Provincial de Alicante disponía de páginas de casi todos los municipios de la

provincia, conteniendo información de carácter turístico, histórico.

9.1.2.2. Portales web: desarrollo en pequeños municipios

Sorprende nuevamente que haya tantos municipios pequeños que dispongan de

portal de Internet, cuando en principio cabría esperar que son los municipios más grandes

los que tienen más posibilidades, recursos económicos, personal, impulso político,

formación, o demanda de los ciudadanos. Una forma de solucionar esta diferencia, ha sido

el desarrollo del Programa Pista Local +, como hemos indicado con antelación, impulsado

desde 2007 por la Diputación Provincial de Alicante e implantado de forma progresiva.

En 2009, 44 municipios se habían adherido a los tipos de portales desarrollados con

Pista Local +. Como ejemplo de ellos, señalaremos las webs de Famorca (figura nº29) y

Quatretondeta (figura nº 30), en las que puede apreciarse la similitud de contenidos

mínimos.

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295

Figura 29.web del Ayuntamiento de Famorca

Fecha de acceso: 15.06.09

Figura 30. web del Ayuntamiento de Quatretondeta, 2009

Fecha de acceso: 15.06.09

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296

Los portales de Pista Local + se estructuraban en cuatro grandes bloques:

1. Ayuntamiento. Puede integrar un saluda y presentación del alcalde, equipo de gobierno,

servicios municipales, ordenanzas publicadas y actas del Pleno, PGOU, y un Perfil del

Contratante, entre otros.

2. Municipio. Normalmente: información general, Historia, turismo, direcciones y

teléfonos de interés, asociaciones y entidades del municipio y galería fotográfica.

3. Últimas noticias.

4. Agenda.

9.1.2.3. Actualización de portales Pista Local+: evolución del modelo hacia Moderniza

Si en 2009, el 30’5% de las entidades locales presentaban las webs con el modelo de

Pista Local + (44 entidades), desarrollado por la Diputación; en 2015, ese porcentaje ha

subido al 52 % de los ayuntamientos con el modelo derivado de Moderniza 7.0 (75

entidades).

Gráfico 25: webs con diseño de la Diputación, 2009-2015

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

La explicación hay que buscarla como hemos indicado en el tamaño de los

municipios (86% de ellos, son menores de 5.000 habitantes en 2009) y en el apoyo a la

modernización de los pequeños municipios, por parte de la Diputación de Alicante (véase

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2015

44

75

100

69

mod.diputación

mod.propio

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297

población de todos los Ayuntamientos de Alicante en anexo 6). Famorca, con 52 habitantes,

Tollos, con 59, Facheca, con 104, o Quatretondeta, con 113, son buen ejemplo de ello.

Tabla 33. Municipios con web Moderniza, 2015.

Ordenados de menor a mayor población

AYUNTAMIENTO

Poblac. 2014

Ayuntamiento Poblac. 2014

Ayuntamiento Poblac. 2014

FAMORCA 52 CASTELL DE CASTELLS 442 XARA (LA) (E.L.M.) (11) 1.593 TOLLOS 59 GAIANES 449 TIBI 1.657 BENILLUP 104 BENIMANTELL 499 BENEIXAMA 1.738 FACHECA 104 BENIGEMBLA 508 DAYA NUEVA 1.765 ALMUDAINA 112 MURLA 509 BENIARBEIG 1.859 BENIMASSOT 113 ALQUERIA D'ASNAR (L') 527 BENFERRI 1.910 QUATRETONDETA 115 SELLA 584 JACARILLA 1.947 BENIFALLIM 121 VALL DE GALLINERA 595 ORBA 2.216 BALONES 139 SENIJA 622 JALÓN/XALÓ 2.793 BENASAU 158 RÀFOL D'ALMÚNIA (EL) 659 BENIJÓFAR 3.791 BENIFATO 168 SANET Y NEGRALS 670 RAFAL 4.138 VALL D'ALCALÀ (LA) 175 LORCHA/ORXA (L') 676

FORMENTERA DEL SEGURA 4.211

ALCOLEJA 191 DAYA VIEJA 681 VERGER (EL) 4.688 MILLENA 210 TÀRBENA 686 MONTESINOS (LOS) 4.966

BENIARDÁ 208 TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA) 743 GATA DE GORGOS 5.985

CONFRIDES 232 BENILLOBA 789 ONDARA 6.632 ALCOCER DE PLANES 238 VALL DE LAGUAR (LA) 872 COX 7.188 GORGA 274 AIGÜES 984 DOLORES 7.237 TORMOS 317 PARCENT 1.020 REDOVÁN 7.623 PENÀGUILA 324 BENIDOLEIG 1.189 MONFORTE DEL CID 7.658 SAGRA 408 CAÑADA 1.242 CATRAL 8.663 ALFAFARA 418 BENIARRÉS 1.254 SAN FULGENCIO 9.237 BENIMELI 419 RELLEU 1.258 MONÓVAR/MONÒVER 12.460 BOLULLA 421 ALGUEÑA 1.457 ROJALES 18.824 BENIMARFULL 431 -- -- NOVELDA 26.292

Fuente población: INE. Elaboración propia tras consulta a cada web entre el 11 y 15 de noviembre de 2015

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Figura 31. web del Ayuntamiento de Quatretondeta, 2015

Fuente: http://www.quatretondeta.esFecha de acceso: 15.11.15

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La presentación de las nuevas webs derivadas del Moderniza 7.0, refleja un diseño

mucho más moderno, atractivo y visualmente más agradable, a nuestro juicio, en donde las

imágenes ocupan un lugar preeminente, en comparación con la anterior arquitectura de los

portales –en esa línea se encuentran también los portales coordinados por la Diputación de

Valencia, a través de la Plataforma de portales municipales creada al efecto,

(http://portalesmunicipales.dival.es), último acceso 15.11.15-. Sin embargo, en opinión de

algunos investigadores de páginas webs, precisamente ése es uno de los errores que

cometen los creadores de las webs: “crear páginas que tengan un aspecto atractivo y que

evoquen sensaciones positivas al ser probadas internamente. En lugar de ello, se debe

diseñar el sitio para que el usuario tenga una experiencia óptima en circunstancias reales,

aunque sus pruebas sean menos atractivas” (Lara, 2004:52). Hay que tener en cuenta que el

usuario de la web no destinará demasiados clicks para encontrar la información, y

abandonará si tiene que buscar demasiado en el entorno. Ése es otro de los inconvenientes

que observamos en estas nuevas webs. El desplazamiento arriba-abajo, resulta más

incómodo para conseguir la información de forma rápida, ya que el usuario prefiere la

presentación a un golpe de vista, independientemente de las pestañas desplegables que

puedan aparecer: “el usuario de Internet, escanea y necesita páginas breves” (Lara,

2004:52).

En cuanto a la estructura, nos parece acertado que en pocos links, se desarrolle la

información. Tres enlaces claves, “El Ayuntamiento”, “El municipio” y “Servicios” (véase,

figura 5), despliegan los siguientes epígrafes mínimos, que se amplían dependiendo de la

cantidad de información a incluir:

El Ayuntamiento: saluda del alcalde, equipo de gobierno, presupuesto municipal,

ordenanzas, datos electorales.

El Municipio: historia, información general, gastronomía, fotos y multimedia,

turismo, fiestas, mapa.

Servicios: directorio.

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300

Figura 32. web del Ayuntamiento de La Vall de Gallinera

Fuente: http://www.valldegallinera.esFecha de acceso: 15.11.15

Finalmente, todas estas webs incluyen enlaces directos a sede electrónica y perfil

del contratante, entre otros, de las que hablaremos más adelante.

9.1.2.4. Portales propios

El resto de webs municipales varían en estilo de unas a otras. Desde las que

conservan la estructura de menús en los banners de la izquierda, o en el frontal, con

desplegables referidos a “ayuntamiento”, “servicios al ciudadano”, “servicios municipales”,

“turismo”, “noticias”, etc. Caso de Absudia, Agost, Agres (figura nº 33), Alfaz del Pí,

Algorfa, Alicante, entre otros. Y otras, también con los enlaces claves indicados, pero con

un estilo de presentación que podríamos denominar más periodístico (figura nº 34) , con

iconos y fotos, puerta de entrada a otros portales propios, o de otros organismos; unido a

“noticias” y última hora, que ocupan también un espacio importante. Albatera, Alcalalí,

Alcoy, Guardamar del Segura, son buen ejemplo de esto. También hay que decir que, en

términos de usabilidad, la profusión de imágenes, o la disposición irregular de elementos,

pueden dar como resultado una web cuya composición no siempre resulta armónica, ni

ordenada para el usuario (Marcos,2005:422 y Jiménez,2013:en línea).

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301

Figura 33: web del Ayuntamiento de Agres

Fuente: http://www.agres.es Fecha de acceso: 5.11.15

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302

Figura 34. web del Ayuntamiento de Guardamar del Segura

F

Fuente: http://www.guardamardelsegura.es Fecha de acceso: 15.11.15

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303

Y las que pueden parecer una simbiosis de ambas, presentación estructurada e imagen:

Figura 35. web del Ayuntamiento de Pilar de Horadada

Fuente: http://www.pilardelahoradada.org Fecha de acceso: 16.11.15

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304

9.1.3. Indicador: contenido.

9.1.3.1. Idiomas.

Como puede apreciarse en el gráfico nº 26, en el año 2009, 73 webs estaban

redactadas en un solo idioma, el 55,72% de las 131 que cuentan con web, que solía ser la

lengua castellana en un 90,4 %. Respecto a las páginas con dos idiomas en ese año, el

28,24% de las webs, hemos de indicar que son el castellano y el valenciano los idiomas más

utilizados, a excepción de Almoradí y Monforte del Cid, que utilizan en sus webs el

castellano y el inglés

Gráfico 26. Idiomas en las webs de los ayuntamientos (%)

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

En el caso del porcentaje de webs redactadas en 3 idiomas (11,45 %), los idiomas

usuales son castellano, valenciano e inglés, en un 80 %; sólo Elda y Castell de Guadalest,

se presentan en castellano, inglés y francés; y, Redován, en la Vega Baja del Segura, lo

hace en castellano, inglés y árabe. Por lo que respecta a páginas webs redactadas en 4 o más

idiomas (4,6%), lo más común ha sido encontrarlas en castellano, valenciano, inglés y

alemán.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

%

Nº idiomas

Serie1 55,72 28,24 11,45 4,58 1 2 3 4 ó más

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305

Por lo que respecta al año 2015, los portales municipales de la provincia de Alicante

están redactados, mayoritariamente en tres idiomas, castellano, valenciano e inglés (57%,

82 ayuntamientos.). En segundo lugar se publican en dos idiomas, en 29 entidades locales

(27 de ellos, en castellano y valenciano; y, en dos municipios, Algorfa y Castell de

Guadalest, en castellano e inglés), lo que representa el 20 %. En tercer lugar, en 17

entidades locales (el 12%), se publica en un solo idioma: 16, en castellano y 1, en

valenciano, correspondiente ésta última a la población de Pego. Y, finalmente, en cuatro o

más idiomas, lo hace el 10% restante, es decir, 14 ayuntamientos (se descarta Llosa de

Camacho, por no dispone de web). Entre estas últimas entidades políglotas destacan Altea,

Calpe y Formentera del Segura, con seis idiomas, uno de ellos, ruso. Gráfico 27. Idiomas en la web de los ayuntamientos, 2009-2015 (totales)

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

Si nos detenemos a analizar los idiomas utilizados en las webs según el tramo de

población que ocupan, se observa que en los municipios menores de 5.000 habitantes, el

monolingüismo (75,7%) es la característica más notoria. De ellas, un 92,8 % utilizan el

castellano y un 7,2 % el valenciano.

Conforme el tamaño de la población se incrementa, lo hacen también las

posibilidades de traducir a otros idiomas el portal del municipio. Así, en el tramo de

población mediano, el bilingüismo ya representa el 44,1 % en el grupo de municipios entre

5.001 a 20.000 habitantes; y, el 60% en el de 20.001 a 50.000 habitantes. En los municipios

mayores de 50.001 habitantes, encontramos que un 75 % de los municipios tienen las webs

traducidas a dos o más idiomas. Es de destacar que existen municipios que han desarrollado

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 ó más

73

37

15

6

17

29

82

14

2009

2015

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306

unas webs complementarias diseñadas con vocación de dar a conocer la oferta turística de

la población, cuya presentación suele realizarse en varios idiomas.

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

Este cambio tan sustancial, de un solo idioma en 2009, al predominio de tres

idiomas en 2015, se explica nuevamente, por el modelo de web Pista Local + y Moderniza,

desarrollado por la Diputación Provincial de Alicante, al que hemos aludido en páginas

precedentes. La estrategia llevada a cabo por la Diputación en el apoyo a la modernización

de los ayuntamientos ha favorecido que, también en la actualidad, poblaciones de menos de

5.000 habitantes presenten un alto número de webs en tres idiomas, tal y como refleja la

tabla resumida nº 34 (en detalle, en el anexo 6).

Gráfico 28. Idiomas portramos de población, 2009 (%)

0 20 40 60 80 100 120

Hasta 5.000

De 5.001 a 20.000

De 20.001 a 50.000

Más de 50.001

4 4,05 8,82 0 0

3 6,7 11,76 20 37,5

2 13,51 44,11 60 37,5

1 75,67 35,29 20 25

Hast a 5.000 De 5.001 a 20.000 De 20.001 a 50.000 Más de 50.001

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Tabla 34.Idiomas por tramos de población, 2015. totales

Nº idiomas

Por tramos de habitantes

Totales Hasta 5.000 De 5.001 a

20.000 De 20.001 a 50.000 Más de 50.001 1

5 7 4 1 17

Campo de Mirra, Cañada, Granja de Rocamora,

Polop, Salinas

Albatera, Benejúzar,

Bigastro, Guardamar,

Pego, Redován, Sax

Aspe, La Nucía, Villena, Pilar de la Horadada

Torrevieja

2

8 7 10 4 29

Agost, Agres, Alfafara, Biar, Guadalest, Sella,

Xara (La), Poblets (els)

Banyeres, Callosa

d’Ensarrià, Cocentaina,

Finestrat, Xixona, Muro,

Onil

Crevillent, Denia, Ibi, Jávea,

Mutxamel,Novelda, Petrer, S.Joan, Santa

Pola, Villajoyosa Alicante, Elche,

Alcoy, S.Vicente 3

67 12 1 2 82

Entre ellos:Alfafara, Benasau,quatretondeta

Almoradí, Benissa,

Castalla, Catral, Cox, Dolores,

Gata, Monforte del Cid,

Monovar, Ondara, Pinoso,

Rojales El Campello Elda, Benidorm 4

5 5 3 1 14

Atzubia,Benitachell, Formentera, Orba,

Verger (el)

Callosa de Segura,

Pedreguer, San Fulgencio, San

Miguel de Salinas, Teulada Alfaz, Altea, Calpe Orihuela

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

Algunas poblaciones en la actualidad, como Alfaz del Pí, Callosa del Segura,

Orihuela, Pedreguer, San Miguel de Salinas y El Verger, utilizan las técnicas de traducción

automática existentes en Internet (traductor de Google, en concreto), para proporcionar a

sus conciudadanos la posibilidad de que realicen ellos directamente la traducción; si bien de

esta manera, lógicamente, no es el propio Ayuntamiento el que presta el servicio

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308

Figura 36. web del Ayuntamiento de Alcalalí, 2009

Figura 37. web del Ayuntamiento de Alcalalí, 2015

Fuente: http://www.alcalali.es Fecha de acceso: 18.11.15

Finalmente, es de destacar que algunos municipios ya habían desarrollado en 2009,

portales turísticos como webs complementarias a la general del Ayuntamiento, con

intención de dar a conocer más en profundidad la oferta turística de la población, cuya

presentación se realiza en varios idiomas. Estas webs turísticas, que permanecen en la

actualidad, pertenecen a los municipios de:

*Benissa, Castilla, La Nucia, Pinoso, Teulada-Moraira (tramo de 5.000 a 20.000 habitantes)

*Dénia, Novelda, Santa Pola, Villena y Xàbia (tramo de 20.001 a 50.000 hab)

*Benidorm, Elx, Orihuela (tramo de más de 50.001 hab)

9.1.3.2. Información general del municipio.

Tras el análisis de las webs principales de los Ayuntamientos y ELM, se observa en

2009 que el apartado dedicado a las fiestas está presente en el 80,9 % de todos ellos; en

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309

segundo lugar figura la agenda de las actividades más destacables de la jornada (79,4 %),

bien sean de carácter general, cultural o deportivo, distinguiéndola del epígrafe “Última

Hora”, o “Noticias”, con el que en algunas localidades se le suele confundir Gráfico 29: Información general del municipio,2009 (%)

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

Un 77,1% de las webs, incluyen un servicio que permite al Ayuntamiento hacer más

accesible el municipio a los visitantes, el callejero o plano de la población, de gran utilidad

para identificar la situación de las instalaciones municipales o empresariales de la

población. El 72,5% presenta el escudo del municipio. Con menores porcentajes, se ofrecen

datos de historia (71,7%), teléfonos de interés (71%), geografía (65,6%), patrimonio rural o

natural (64,9 %), galería de fotos paisajísticas, tanto del núcleo urbano como del entorno

geográfico (63,7%), patrimonio histórico (55,7%) y datos censales del municipio (36,6%).

Son datos básicos que encontrábamos en las antiguas webs denominadas de

“Municipio” y que facilitan un conocimiento rápido y sencillo al ciudadano que acceda por

primera vez a la presentación en Internet de la población. Conocer dónde se encuentra,

llegar a él, e incluso antes, tener información de la historia, población, y características

sociales y geográficas del municipio.

Información general del municipio (%)

71,75

36,64

72,5177,09

65,64

80,91

64,8855,72 52,67

70,9979,38

0102030405060708090

Hist

oria

Pobl

ación

Sím

bolo:

escu

do

plan

o

geog

rafía

Fies

tas

Patri

mon

io n

atur

alPa

trim

onio

hist

órico

Gale

ría fo

togr

áfica

Teléf

onos

inte

rés

agen

da

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310

Figura 38. web de información general. Ayuntamiento de Mutxamel

Fuente: www.mutxamel.org Fecha de acceso: 10.08.09

Figura 39. Ejemplo de sección de fiestas. Ayuntamiento de Orihuela

Fuente: http://www.aytoorihuela.com Fecha de acceso: 19.08.09

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311

9.1.3.3. Entidades, equipamientos y servicios.

Se recogen aquí todos los datos relativos a entidades, equipamientos e información

sobre servicios municipales en 2009 (excepto posibilidad de tramitación administrativa

online), correspondientes a los ámbitos temáticos que presentamos en el gráfico 30. La

razón de presentarla agrupada no es otra que respetar el punto de vista del usuario que entra

a la web en busca de la información correspondiente, y al que le es indiferente que el

equipamiento sea de titularidad pública o privada, sino que lo que necesita es encontrar la

información, de forma ágil y rápida, con los menos clicks posibles. Por este motivo, son

muy útiles las webs que ofrecen la información en bloques muy claros (por ejemplo los

formatos de Pista Local +, que, como ya hemos indicado lo distribuye en: “Ayuntamiento”

–para informar sobre la corporación municipal y cuestiones administrativas-, “Municipio” –

donde se incluye la información general, a la que aludimos en el punto anterior- y

”Agenda”; o, “Ayuntamiento”, “Ciudad”, “Turismo”, como en el caso de Alcoy.

Gráfico 30: entidades, equipamiento y servicios del municipio, año 2009 (%)

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

En el caso que nos ocupa, se observa que hay un grupo de sectores que tienen una

presencia importante en las webs de los Ayuntamientos. Nos referimos a cultura (68,7%),

deporte (62,6%) y turismo (64,9%). La explicación puede deberse a que, en el caso de las

dos primeras, se genera una información atractiva y de interés elevado para la ciudadanía;

y, en el caso de turismo, por la conocida vocación turística de la mayoría de poblaciones de

35,87

29,77

54,19

20,61

64,88

35,87

17,55

68,7

50,38

62,59

51,14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Medio Ambiente

Transporte Público

Urbanismo

Mercado/Comercio

Turismo

Servicios Sociales

Consumo

Cultura

Enseñanza

Deporte

Sanidad

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312

la provincia. En menor medida, figuran las categorías de urbanismo, sanidad, enseñanza,

servicios sociales y medio ambiente. Por último, el grupo con menor presencia en Internet

lo ostenta la información sobre transporte público, mercado/comercio y consumo.

Respecto a la presentación de la información, ésta varía desde: aparecer en el listado

de teléfonos de interés, adscribirla a la concejalía correspondiente, indicar horarios de

apertura y cierre de instalaciones, o indicar información más detallada de las actividades.

Por otro lado, hemos querido analizar de manera diferenciada de los grupos

anteriores, la información relativa a posibilidades de alojamiento, restauración y

asociaciones, ya que en ellos se ofrece información de aquellos equipamientos del

municipio muy utilizados por los vecino y, de esta forma, se evidencia el papel dinamizador

de la web de la entidad local, por cuanto promociona los lugares más emblemáticos y

productivos del municipio. Así, la información acerca de restauración destaca en el 71,7 %

de los portales, apareciendo en forma de listado de restaurantes o sección de gastronomía;

en el 51,9% se ofrecen datos de diferentes alternativas de empresas de hospedaje; y, más de

la mitad de las webs, ofrecen información sobre las asociaciones existentes en el municipio.

Gráfico 31: dinamización y grupos de personas (%)

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

Otro grupo que queríamos destacar, y que aparece también en el gráfico anterior, es

la información dirigida a colectivos específicos de población. En nuestro caso, el colectivo

de jóvenes es el más significativo, con una presencia del 38,9% de las páginas webs

analizadas; en segundo lugar, la categoría de mujeres, con un 28,2% de presencia y tercera

Alojamiento Restauración Asociaciones Juventud Mujer Tercera edadSeries1 51,9 71,75 55,72 38,93 28,24 23,66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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313

edad, con un 23,7%. Nos parece acertado el análisis que hace el profesor Criado,

explicando la orientación de muchos de los servicios de las webs a los jóvenes y las

mujeres. En el primer caso, los jóvenes son los usuarios más activos de Internet, lo que

plantea la necesidad de orientarse a este grupo con amplia experiencia en las relaciones

digitales con personas y organizaciones, aunque son bastante reacios a relacionarse con la

Administración, con lo que el canal web puede ser una buena oportunidad de establecer

cauces de interacción. En el caso de las mujeres, Criado considera la necesidad de que las

Administraciones locales colaboren por intentar superar la discriminación digital asociada

al acceso a Internet.

9.1.3.4. Organización interna e institucional del Ayuntamiento

Respecto a esta dimensión, los apartados con mayor presencia dentro de la

organización interna del Ayuntamiento en 2009, son los relativos a los concejales (74%),

saluda del alcalde (71,7%) y el organigrama del equipo de gobierno (con un 65,6%), –en

escasas ocasiones, Alicante entre ellas, también incluyen el administrativo-, detallando las

respectivas delegaciones de competencias. La información puede recoger desde un listado

de nombres de los miembros del gobierno municipal, descripción de sus funciones, email o

formularios de contacto, hasta histórico de los gobiernos que se fueron sucediendo en el

Ayuntamiento.

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314

Gráfico 32. Organización interna del ayuntamiento (%)

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

Un segundo grupo lo ocupa la información sobre ordenanzas (66,4%), actividad

consistorial (41,2%), ofertas públicas de empleo (30,7%; y, presupuesto (24,4%). La

mayoría de los documentos suelen publicarse en formato pdf, que puede ser descargado

para su consulta y archivo. En el caso de las ordenanzas municipales, fiscales y

urbanísticas, se presentan en algunos municipios como Benimarfull o Quatretondeta, ambos

de Pista Local +, tras el enlace directo desde cada una de ellas al Boletín Oficial de la

Provincia (BOP), para su localización. Respecto a la información sobre la propuesta y

aprobación de presupuestos, puede apreciarse que es un área que apenas tiene reflejo en el

portal web. Del escaso porcentaje de Ayuntamientos que los publican –generalmente en pdf

también-, algo más de la mitad presentan los datos actualizados del presupuesto del 2009.

Otros, aunque no recogen los del año actual, presentan sin embargo, una recopilación de

diversos años62. Algo similar ocurre con la actividad consistorial, o posibilidad de consultar

62 Presupuestos actualizados año 2009: Alfaz del Pí, Almudaina, Altea, Beniarrés, Benidorm, Bigastro, Busot, El Campello, Cocentaina, Elche, Elda, Hondón de los Frailes, Jávea, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pinoso, Torrevieja y Villajoyosa. Histórico: Monforte del Cid, presenta el histórico desde 2003 a 2008; Muro de Alcoy, 2006 a 2008; Ibi, los recoge desde 1999, sin embargo dejó de publicarlos en 2003; Rafal, enlaza a la Generalitat Valenciana, para presentar su resumen de ingresos y gastos, desde 1986.

71,75

74,04

65,64

24,42

39,69

66,41

41,22

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Saluda Alcalde

Corporación

Organigrama

Presupuesto

RRHH/ADL

Ordenanzas

Actividad Consistorial

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315

a texto completo las Actas de los Plenos municipales. Sería recomendable que se diera un

mayor impulso y actualización a estas áreas ya que “la vigorización de este tipo de

información es crucial si los Ayuntamientos pretenden conseguir que las TIC se conviertan

en un eje dinamizador de la democracia local y dejen de ser meras herramientas técnicas

con escaso calado local” (Criado 2004 :99).

Figura 40. Presupuestos participativos. Ayuntamiento de Novelda

Fuente: www.ayto-novelda.es Fecha de acceso: 15.06.09

9.1.4. Indicador: servicios de tramitación en línea

A partir de la popularización de la tecnología web, se abre la posibilidad a la

administración local de una nueva vía de interacción entre la Administración y los

ciudadanos, sea unidireccional (información) o bidireccional (intercambio, tramitación

online), facilitando al usuario la pérdida mínima de tiempo en sus gestiones o, incluso,

eliminando por completo la necesidad de desplazarse al Ayuntamiento para solicitar o

recibir la documentación requerida (Sanromá, 2005).

Grado de madurez

Presupuestos participativos: Figuran en las webs de Elche, Novelda, Petrer, Sant Joan d’Alacant.

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316

¿En qué grado se ha desarrollado esta comunicación Ayuntamiento-ciudadano, en

los ayuntamientos de la provincia de Alicante? Para conocerlo, debemos tener en cuenta los

cuatro niveles, o fases, en consonancia con el Plan Acción eEurope 2002, propuesto por la

UE. Estos indicadores son:

1.-Información: Información en línea sobre el servicio público. En este caso,

sobre tramitación en la web (o, incluso servicio de atención al ciudadano)

2.-Interacción: Posibilidad de descargar documentos en línea.

3.-Interacción bilateral: procesamiento de formularios, incluyendo

autenticación. Permite cumplimentar y transmitir formularios, acceder a bases de

datos, etc. Posibilidad de tramitación completa a través de la web (online).

4.-Transacción: manejo de casos específicos, decisión y entrega (pago). Permite

formalizar y entregar formularios, con justificante de recepción de la Administración y

permite hacer el pago del servicio, si procede.

En líneas generales, los Ayuntamientos han avanzado en el grado de madurez de la

administración online, hasta el punto de que una mayoría de municipios presentan sus webs

con procesos en fase 2 y 4.

En concreto, el 71% de los municipios ofrece la posibilidad de utilizar el certificado

digital para realizar las gestiones o cumplimentar formularios en la administración, es decir,

se encuentran en el nivel 4, de la anterior clasificación. En esta fase la tramitación es

completa, cerrándose el ciclo con el pago del servicio público, o el envío al ciudadano del

justificante de recepción por parte de la Administración. Normalmente se realizan las

gestiones con certificado digital –aunque para algunas no se exige-, expedido por la

Autoridad de Certificación de la Generalitat Valenciana y recogidos en los Puntos de

Certificación, muchos de los cuales se encuentran en los Ayuntamientos que han firmado el

convenio correspondiente. Por otro lado, muchas de las Administraciones Locales de la

provincia de Alicante han decidido dejar la gestión de sus tributos en el Organismo de la

Diputación de Alicante, SUMA, y, aunque no siempre suelen enlazar desde las webs, es un

servicio bastante extendido y consolidado. Otros enlaces que suelen aparecer son el Punto

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317

de Información Catastral, el Portal del Comerciante y, en todas las webs de la provincia, el

Perfil del Contratante. Por otro lado, la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos

del Sector Público, que entró en vigor el 1º de mayo de 2008, establece en su artículo 42 el

llamado Perfil del Contratante, con objeto de asegurar la transparencia y el acceso público

a la información de la actividad contractual. Esta es la razón por la que se incluye este

servicio a través de Internet, en el 100% de las webs municipales.

Por lo que respecta, al nivel 3, o fase de interacción, sólo lo hemos encontrado en

Novelda, con posibilidad también de realizar descarga de documentos en pdf. En esta nivel,

no solamente se descarga un documento, sino que ya hay una interacción en ambos

sentidos: para realizar una solicitud dirigida a la Administración Pública, ésta elabora un

formulario en la web, que rellena el usuario desde Internet y cuyos datos, tras ser

cumplimentado, se transmiten a directamente a la Administración (aunque también se da la

posibilidad de imprimirlo, como justificante de su presentación, independientemente de la

solicitud telemática).

Figura 41. Descarga de documentos. Hondón de los Frailes

Fuente: http://www.hondondelosfrailes.es Consultado el 15.11.15

Y, respecto a la fase 2, descarga de documentos, son 25 los municipios que han

alcanzado este nivel (18%). El usuario utiliza esta sencilla herramienta, para bajar el

documento, normalmente en pdf, imprimirlo y, una vez cumplimentado, presentarlo

físicamente en el registro de la administración correspondiente. Finalmente, en la fase 1, no

hemos encontrado ningún municipio, si bien hay que añadir, que en 16 municipios no

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318

aparece ninguna información al respecto. Estos son: Atsubia, Alcoleja, Benifallim, Campo

de Mirra, Cañada, Jalón, Parcent, Petrer, Ràfol d’Almúnia (el), Sella, Tormos, Vall

d’Alcalà (la), Xara (la), Jesús Pobre, Llosa de Camacho y San Isidro. Gráfico 33. Grado de madurez de la eAdministración

Fuente: webs de los ayuntamientos analizados. Elaboración propia.

9.1.4.1. Sede electrónica

Se constata que de las 144 entidades locales de la provincia, 118 (el 82%) ofrecen

un epígrafe o portal específico, cuya denominación varía desde “sede electrónica”, “oficina

virtual”, “trámites e instancias”, “descarga de documentos”, lo que pone en evidencia que

las administraciones han querido evitar la dispersión a lo largo de la web, de la información

sobre procedimientos y documentos que los acompañan, dado que no siempre es sencillo

encontrarlos en el marasmo que a veces representa la página web. Para ello, lo han agrupar

en un único enlace, que tiene las diversas denominaciones que arriba hemos indicado.

0

20

40

60

80

100

120

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

2015

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319

Figura 42. Sede electrónica del Ayuntamiento de Benidorm

Fuente: http://www.benidorm.org Fecha de acceso: 15.11.15

Hay un modelo que se desmarca del resto de portales y que, además, responde a una

estructura y fisonomía concreta (figura 43). Estas webs llevan una dirección común, a la

que precede el nombre de la población p.ej. (http://xabia.sedelectronica.es). Encontramos

este formato en el 74% de las páginas con eAdministración, en concreto en 87

ayuntamientos. Y, como venimos haciendo notar, en otros apartados de la investigación,

resulta llamativo que dispongan de él municipios de menos de 10.000 habitantes,

precisamente 71 de ellos, cuando es una tecnología que permite el uso de certificados

digitales. Nuevamente debemos hacer notar que son entes supramunicipales, los que han

impulsado la modernización de los pequeños ayuntamientos, consiguiendo aunar esfuerzos

y costes. La Diputación de Alicante contrató esta plataforma de tramitación, para que todos

los ayuntamientos adheridos al programa pudieran gestionar sus procedimientos de forma

electrónica. Los costes para aquellos municipios menores de 55.000 habitantes, los asume

la Diputación, así como la formación del personal del ayuntamiento y la asesoría para su

implantación (Diputación, 2014a).

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320

Figura 43. Sede electrónica Ayuntamiento de Beniarbeig

Fuente: http://www.beniarbeig.es/Fecha de acceso. 14.11.15

Esta plataforma consiste en diversos módulos que están completamente integrados

entre sí y que pueden modificarse o reemplazarse por otros, mediante el gestor de servicios:

Tabla 35. Módulos básicos de la plataforma Sede Electrónica

Registro de entrada y salida

Registro de Facturas

Digitalización Certificada

Generador de Informes Catálogo de

Procedimientos Gestión documental

Firma Electrónica Archivo y Conservación Dispositivos Móviles

Cuadro de Mando Perfil del Contratante Tablón de Anuncios

Notificaciones electrónicas

Sede electrónica Adaptación a la Ley de Transparencia y buen gobierno

Fuente: diputación de Alicante (Moderniza 7.0). Elaboración propia

El ciudadano a través de esta plataforma, especialmente mediante el módulo

“Carpeta Ciudadana”, puede conocer el estado de su expediente y realizar un seguimiento

de los trámites, situación, respuesta, así como consultar datos sobre recibos, padrones,

calendario fiscal, solicitar duplicados de recibos, documentos de ingresos y otras

funcionalidades. Los trámites más habituales están relacionados con el Padrón de

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322

9.2. El Gobierno abierto

9.2.1- Indicador: participación ciudadana y redes sociales

La irrupción de las TIC han posibilitado a las Administraciones Públicas contar un

con un instrumento cuya efectividad y connotaciones positivas o negativas, va a depender

de los objetivos a los que se apliquen. En este sentido y en el ámbito de la e-democracia o

democracia participativa, cabría preguntarse si las TICs han servido para contribuir a

mejorar la participación de los ciudadanos en las deliberaciones políticas tal y como lo

plantea Harto de Vera (2006), aunque su respuesta dista mucho de ser optimista; o si las

administraciones locales las utilizan como nuevas formas de consulta al ciudadano. Es

evidente que la situación es muy distinta si echamos la vista atrás y analizamos nuestro

entorno, antes y después de la proliferación de las redes sociales.

Gráfico 34. Participación ciudadana en 2009 (%)

Fuente. Webs Ayuntamientos. Elaboración propia

Según la profesora Rosa Borge “en las últimas décadas, las instituciones políticas de

las democracias representativas han sufrido grandes dificultades para conseguir respeto y

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

E-mail Encuestas Buzón ciudadano

86,2

28,2 35,1

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323

apoyo generalizado entre los ciudadanos. En este contexto de crisis, se han desarrollado

muchas iniciativas de participación institucional, algunas basadas en las tecnologías de la

información y la comunicación, con el ánimo de revitalizar la democracia, incrementar la

transparencia en la gestión pública y crear nuevos espacios políticos de comunicación y

participación” (Borge et al. 2008 :en línea). Borge menciona el desinterés por la política, la

caída de la participación electoral desde los años 80, la desconfianza hacia las instituciones

y autoridades, así como el descenso de la afiliación partidista y sindical, como algunos de

los indicadores de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones y

representantes políticos. En este sentido, la Ley de Modernización del Gobierno Local de

2003-art. 70bis. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del

gobierno local (BOE 17-12-2003)-, en vigor desde el 1º de enero de 2004, ya preveía

incrementar la implicación de la ciudadanía en la vida pública local a través de las TIC, con

objeto de facilitar la participación y comunicación con los vecinos para la presentación de

documentos, realización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso, consultas

ciudadanas. ¿Qué se está haciendo en las webs de los municipios de la provincia de

Alicante para promover la participación ciudadana?

Hemos establecido cinco tipos de recursos para que los ciudadanos puedan

interactuar con los ayuntamientos: email, quejas y sugerencias, encuestas, buzón ciudadano

y redes sociales. Como premisa indicaremos que en la provincia de Alicante todos los

Ayuntamientos disponen de algún elemento de interacción con los internautas, aunque sea

una dirección de e-mail.

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324

Gráfico 35. Mecanismos de participación ciudadana en 2015 (%)

9.2.1.1. Contacto, quejas y sugerencias, encuestas

Los ciudadanos utilizan Internet para contactar con su administración local a través

de varias vías, cuyo objetivo es aumentar los canales de comunicación con el ciudadano,

conocer sus opiniones, permitir que participe en foros o toma de decisiones. El porcentaje

más elevado (un 100%, según fuentes de la Diputación) lo presenta la posibilidad de

contactar a través de una dirección de correo electrónico, bien sea con un mail general, un

e-mail con formulario dirigido a cada uno de los miembros del equipo de gobierno; o

incluso, a algunas dependencias municipales relacionadas, sobre todo, con turismo,

consumo (OMIC), y empleo o desarrollo local (ADL).

En segundo lugar, los gobiernos municipales han puesto a disposición de los

usuarios formularios denominados de sugerencias, quejas, contacto, pregunta al alcalde, o

simplemente de información en el 93 de los ayuntamientos (el 65%). Como en el caso

anterior, pueden ser generales, dirigidos a dependencias administrativas, o al alcalde y

concejales. En la plataforma descrita anteriormente, sobre la sede electrónica, se alberga un

módulo específico sobre quejas y sugerencias. Queremos hacer una mención especial a los

municipios de Bigastro y Redován, que antes de que se hablara de transparencia o de

gobierno abierto de las Administraciones Públicas, o proliferasen las redes sociales, ya

publicaban en 2009 las respuestas de los Alcaldes y el Equipo de Gobierno, permitiendo

conocer a través de Internet, los problemas que acucian a los ciudadanos y la contestación

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

e-mail quejas y sug. encuestas buzón ciud. Redes soc.

100

65

13

38 46

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325

que sus representantes les ofrecían. Fuera de la provincia de Alicante, uno de los casos más

notorios es el del Alcalde de Jun, (http://www.ayuntamientojun.org) municipio de la

provincia de Granada, cuyo alcalde participa activamente en las redes sociales. Figura 45: Pregunta a la alcaldesa. Ayuntamiento. de Redován

Fuente: www.ayuntamientoredovan.com Fecha de acceso. 15.08.09

Tabla 36. Municipios que disponen de sugerencias, quejas, pregunta al alcalde.

ALBATERA BENEIXAMA BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL)

QUATRETONDETA FONDÓ DE LES NEUS

ROJALES

ALCALALI BENEJÚZAR BIAR DAYA NUEVA JACARILLA ROMANA (LA)

ALCOCER DE PLANES

BENFERRI BIGASTRO DAYA VIEJA JÁVEA/XÀBIA(9) SAGRA

ALCOLEJA BENIARBEIG BOLULLA DÉNIA JIJONA/XIXONA SALINAS

ALCOY/ALCOI BENIARDÁ BUSOT ELCHE/ELX LORCHA/ORXA (L') SANET Y NEGRALS

ALFAFARA BENIARRÉS CALPE/CALP FACHECA LLÍBER SAN FULGENCIO

ALFÀS DEL PI (L') BENIDOLEIG CALLOSA D'EN SARRIÀ

FAMORCA MILLENA SANT JOAN D'ALACANT

ALGUEÑA BENIFATO CALLOSA DE SEGURA

FINESTRAT MONFORTE DEL CID

SANTA POLA

ALICANTE/ ALACANT

BENIJÓFAR CAMPELLO (EL) FORMENTERA DEL SEGURA

MONÓVAR/MONÒVER

SAX

ALMORADÍ BENILLUP CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL)

GATA DE GORGOS MURLA TÀRBENA

ALMUDAINA BENIMANTELL CASTALLA GAIANES ONDARA TEULADA

ALQUERIA D'ASNAR (L')

BENIMARFULL CASTELL DE CASTELLS (8)

GORGA PEDREGUER TIBI

ALTEA BENIMASSOT CATRAL GRANJA DE ROCAMORA

PLANES TOLLOS

BALONES BENIMELI CONFRIDES CASTELL DE GUADALEST (EL)

POLOP TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA)

BENASAU BENISSA COX GUARDAMAR DEL SEGURA

REDOVÁN VALL DE GALLINERA

POBLETS (ELS) VERGER (EL) VALL DE LAGUAR (LA)

Elaboración propia. Fecha de consulta 15.11.15

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En la actualidad, una de las webs a destacar en ese sentido, es la web del

Ayuntamiento de Alicante, en el apartado “Espacio de Participación Ciudadana”. Dedicada

a recabar la opinión de los ciudadanos, se ofrece respuesta pública a las consultas de la

ciudadanía.

En tercer lugar, otra de las herramientas electrónicas que han incluido algunos

Ayuntamientos en su web, aunque sólo 19 de ellos (13%), es la consulta a los ciudadanos

mediante encuestas on line. Se trata habitualmente de encuestas sobre Planes de

Participación Pública de carácter paisajístico con objeto de conocer la percepción de los

ciudadanos sobre la zona en la que vaya a desarrollarse un plan de actuación del

Ayuntamiento. Otras consultas versan sobre el PGOU, Internet y presupuestos

participativos. Estos municipios son Alcoy, Algorfa, Alicante, Altea, Aspe, Banyeres de

Mariola, Benidorm, Calpe, Callosa del Segura, Cocentaina, Elda, Muro de Alcoy, La

Nucía, Orihuela, Pego, Polop, San Miguel de Salinas, Villajoyosa y Los Montesinos. Calpe

es uno de los pocos ayuntamientos que publica las encuestas y evaluaciones realizadas

(http://www.calp.es/es/agenda21/participaci%C3%B3n-ciudadana).

9.2.1.2. Buzón ciudadano

El 38% de los ayuntamientos, 55 en total, tienen en su web algún enlace con la

posibilidad de comunicar con la administración, a través de un buzón específico, sea propio

o de otro organismo. Refiriéndonos a este último caso, 42 de ellos enlazan al “buzón

ciudadano” de la Generalitat Valenciana, al que se han adscrito en la provincia de Alicante

los municipios de Agost, Alcoy, Alfafara, Almoradí, Altea, Banyeres de Mariola,

Benidorm, Benisa, Benitachell, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Calpe, Castalla,

Cocentaina, Cox, Crevillent, Dolores, Elda, Guardamar del Segura, Jávea, Ibi, Jacarilla,

Orxa, Monforte del Cid, Monóvar, Muro de Alcoy, Novelda, Ondara, Orihuela, Orxeta,

Rafal, Ràfol d’Almunia, Redován, Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas,Sanet i

els Negrals, Sant Joan d’Alacant, Torrevieja, Villajoyosa y Villena. Esta herramienta fue

creada en el año 2008, como iniciativa de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía, si

bien actualmente se alberga en la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca,

Alimentación y Agua Las distintas posibilidades de contacto (propuestas, consultas

realizadas por particulares y tablón de anuncios), podrían parecer un canal de primera línea

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327

para contactar con el gobierno o dependencias municipales, sin embargo, no es un medio

muy usado, sobre todo, tras la irrupción de las redes sociales, mucho más dinámicas y

visibles. Figura 46: Buzón Ciudadano GVA

Fuente: http://www.buzonciudadano.gva.es Fecha de acceso: 24.11.15

Los más actualizados corresponden a las poblaciones de Alcoy, Muro de Alcoy,

Orxeta, San Fulgencio, Torrevieja y Villena. Las consultas que se realizan deben ser

respondidas en su totalidad. Tabla 37. Buzón sugerencias GVA. Municipios más activos

Municipio Consultas

realizadas

durante

2015

Contestadas No contestada/

en estudio

temática

Alcoy 87 87 -- Arreglar aceras, pistas de fútbol,

señalización…

Muro de Alcoy 13 13 - Farolas en calle peatonal, reparar calle…

Orxeta 1 1 - Iluminación

San Fulgencio 13 13 - Descanso nocturno en urbanización, apertura

comercios, deportes…

Torrevieja 16 6 - Refugio para gatos, inundaciones, faroles…

Villena 9 6 3 Aceras, aguas, pasos peligrosos…

Fuente: GVA. Elaboración propia

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9.2.1.3. Redes sociales

Las Administraciones Públicas han incorporado también en sus webs los nuevos

medios sociales con el objetivo, no sólo de mejorar su conexión con el exterior, sino

también de no quedarse atrás en el proceso de transparencia que demanda la sociedad en

este momento. Los ciudadanos y ciudadanas quieren tener voz en las organizaciones, son

también protagonistas del cambio que se está experimentando hacia los gobiernos abiertos.

Sin embargo, son todavía minoría los ayuntamientos que en la provincia de

Alicante, presentan redes sociales en su página de inicio, sólo en 66 de las webs de los

ayuntamientos analizados (46%). Ello puede explicarse quizás porque es difícil modificar

la cultura de la organización, en la que cambiar de la web 1.0, al entorno 2.0 no es tan fácil

como podría parecer. En el primer caso, los ciudadanos son meros receptores de la

información y servicios que la administración crea. En la administración 2.0, “la innovación

en el sector público está ligada al público que se encuentra fuera de los límites formales de

la organización, que tiene la capacidad, no sólo para generar información y contenidos, sino

también para evaluarlos de manera continua” (Criado, 2013: 4).

En esta tecnología podemos encontrar blogs, conectores de redes sociales (ej.

Facebook o Myspace), comunicación en web (ej. chats), intercambio de fotografías (ej.,

Flickr, Instagram), vídeo (ej. Youtube), microblogging (ej. Twitter), blogs y otras (ej.

Mashup, widgets…).

En los municipios con presencia en redes, el perfil mayoritario se encuentra en

Facebook (100%), seguida de twitter (74%) y, en tercer lugar, de youtube (38%), en

este último caso, habitualmente para la retransmisión de los plenos.

Con sólo un perfil encontramos al 18% de las administraciones, entre ellas Benijófar,

Cox, Villajoyosa. Alrededor del 35% son los ayuntamientos que tienen dos perfiles,

generalmente en Facebook y twitter, entre ellos, por ejemplo, las webs de Elche,

Jacarilla, Rojales. Sobre el 29% tienen participan en tres redes sociales, que suelen

Facebook, twitter y youtube, como Castalla, Guardamar del segura, Orihuela o Pego. Y,

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con cuatro o más, alrededor del 17% de las webs: Alcoy, Alicante, Almoradí, El

Campello, Benidorm, Calpe, Penáguila, Teulada y Jesús Pobre. Gráfico 36. Número de perfiles en redes sociales de los aytos. alicantinos (%)

Fuente: webs ayuntamientos de la provincia de Alicante. Elaboración propia

9.2.1.4. Brecha digital por población y redes sociales

Para fijarnos en el tamaño del municipio, la tabla siguiente nos describe claramente que

conforme el ayuntamiento es más pequeño se complica mucho más el que pueda

disponerse de técnicos o personal del ayuntamiento, para el mantenimiento,

actualización y dinamización continua de la red social. Por esta razón, son mayoría los

pequeños municipios que no participan en redes. Como puede apreciarse, sólo hay

presencia de redes sociales en 23 municipios de los 87 que hay en la provincia con

menos de 5.000 habitantes, lo que representa sólo el 26% dentro de ese tramo de

población. Éstas son: Aigües, Alcalalí, Alqueria D’Asnar (L’), Beneixama, Benferri,

Benifójar, Biar, Busot, Cañada, Formentera del Segura, Castell de Guadalest (El),

Fondó de les Neus, Jacarilla, Penàguila, Polop, Rafal, Ràfol d’Almúnia (El), Sella, Vall

d’Ebo, Verger (El), Xara (La) (E.L.M.), Jesús Pobre (E.L.M), Montesinos (Los), San

Isidro.

Sin embargo, en las poblaciones entre 5.001 a 20.000 habitantes, ese porcentaje sube

hasta el 68%, en el cual encontramos a los municipios de: Almoradí, Benejúzar,

Castalla, Cocentaina, Cox, Finestrat, Gata de Gorgos, Guardamar del Segura, Jijona,

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4

18

35

29

17

Redes sociales %

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330

Monforte del Cid, Monóvar, Muro de Alcoy, Ondara, Onil, Pedreguer, Pego, Redován,

Rojales, San Fulgencio, Sax y Teulada.

Se incrementa hasta el 72% en las de 20.001 a 50.000 habitantes, en las que

encontramos a Calpe, Campello (El), Dénia, Ibi, Jávea, Mutxamel, Novelda, Nucia

(La), Sant Joan d’Alacant, Santa Pola, Villajoyosa, Villena y Pilar de la Horadada.

Y alcanza el 100% en las de más de 50.001 habitantes. Nos referimos a Alcoy,

Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela, San Vicente del Raspeig y Torrevieja.

Tabla 38. Entidades locales con redes sociales, por tramos de habitantes

Por tramos de habitantes

Totales Hasta 5.000

% s/tramo

De 5.001 a 20.000

% s/tramo

De 20.001

a 50.000

% s/tramo

Más de 50.001

% s/tramo

Con redes sociales 24 26% 21 68% 13 72% 8 100% 65

Sin redes sociales 64 74% 10 32% 5 28% 0 0 79

Total 88 100% 31 100% 18 100% 8 100% 144 Fuente: webs ayuntamientos provincia de Alicante. Elaboración propia

9.2.1.5. MunicipApp

La Diputación Provincial ha desarrollado una aplicación para móvil, que a tenor de

la información disponible en la web de descarga permite obtener información ágil y

actualizada de los diferentes municipios de la provincia de Alicante: callejero, puntos de

interés, noticias, eventos, farmacias de guardia, etc. Esta aplicación está disponible par

iPhone y iPad en (https://goo.gl/mz9BTx). Además, la aplicación cuenta además con una

herramienta de participación ciudadana por la que el usuario puede avisar, inclusive

aportando fotografías, de posibles incidencias para que el organismo correspondiente las

atienda. Por el momento, refiriéndonos a la fecha del 25 de noviembre de 2015, sólo

proporcionaba información correspondiente a 81 municipios (56%), como pudimos

comprobar entrando directamente en la aplicación para móviles y como también nos

confirmaron desde el área de Modernización y Asistencia a Municipios de la Diputación de

Alicante, quienes nos proporcionaron amablemente la base de datos disponible al efecto.

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331

Los municipios cuya información se encontraban en la aplicación eran: Atzúbia, Aigües,

Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Algueña, Almudaina, Alqueria D’asnar, Balones,

Benasau, Beneixama, Benferri, Beniarbeig, Beniardá, Beniarrés, Benigembla, Benidoleig,

Benifallim, Benifato, Benifófar, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull,

Benimassot, Benimeli, Bolulla, Castell de Castell, Catral, Cocentaina, Cox, Quatretondeta,

Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Facheca, Famorca, Finestrat, Formentera del Segura,

Gata de Gorgos, Gaianes, Gorga, Granja de Rocamora, Hondón de las Nieves, Jacarilla,

Jalón/Xaló, Lorcha, Millena, Monforte del Cid, Monóvar, Murla Novelda, Ondara, Orba,

Parcent, Penáguila, Rafal, Ràfol d’Almúnia, Redován, Relleu, Rojales, Romana, Sagra,

Salinas, Sanet y Negrals, San Fulgencio, Sella, Senija, Tárbena, Tibi, Tollos, Tormos,

Torremanzanas, Vall d’Alcalá, Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, Verger,

Villen, Xara (La), Los Montesinos.

Figura 47: Aplicación MuniciApp

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332

9.2.2. Indicador: transparencia

Aunque el concepto de Gobierno Abierto es mucho más amplio, no hay que dejar de

reconocer que el término transparencia es el que más ha calado en el sentir popular, tras los

casos de corrupción y mala gestión de fondos públicos en un contexto dramático de la

reciente crisis económica. Como ya hemos comentado, son muchas las administraciones

que han cambiado su color político, tras las últimas elecciones municipales de mayo de

2015 y que están potenciando el fin de la opacidad de muchas casas consistoriales. La

presión de la opinión pública en la crisis, ha sido fundamental para que las administraciones

reconocieran esta necesidad y que, tanto desde Europa, como desde la administración

estatal y autonómica, se plasmara en normativa y medidas concretas para el desarrollo del

Open Government y del control del fraude y la corrupción63. En este sentido, ¿Qué se está

haciendo en los Ayuntamientos de la provincia de Alicante en pro de la transparencia?

Debemos comenzar recordando que, de acuerdo con la ley estatal de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre), las

comunidades autónomas y entidades locales disponen de un plazo de dos años para

adaptarse a los términos que la ley establece. Próximo a cumplirse el plazo indicado en la

norma, sólo en 3164 de las webs de los ayuntamientos de la provincia de Alicante contienen

algún epígrafe en el que se aluda a la transparencia. En las páginas siguientes analizaremos

qué ayuntamientos son éstos, bajo qué formato proporcionan la información y qué

información contienen.

63Precisamente la Consellería de Transparencia acaba de anunciar, en fecha 17.11.15, que se está trabajando en la creación de una oficina o agencia antifraude, con sede probablemente en Alicante, cuyo borrador de trabajo se encuentra ya en la red: http://goo.gl/NxNB6C . Se prodigan también los portales particulares dedicados exclusivamente a la transparencia, como el de Rafael Camacho: http://www.scoop.it/t/transparencia-by-rafa-camacho, donde se recopila información también de los cursos preparatorios a empleados públicos sobre esta área. 64 Fecha último acceso: 14 noviembre 2015

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333

Tabla 39. Portales de transparencia en los ayuntamientos de Alicante

AYUNTAMIENTO

Observaciones web transparencia hab2014

ALBATERA http://www.albatera.es/component/content/article/37-ayuntamiento/985-transparencia-informacion.html Sin contenido 11.767

ALCOY/ALCOI http://www.alcoi.org/ca/transparencia

Epígrafe, en inicio. Información dispersa 59.675 ALICANTE/ALACANT

http://www.alicante.es/es/contenidos/transparencia-municipal IT 2014 332.067

ALMORADÍ http://portaldetransparencia.almoradi.es/

Modelo IT 19.992

ASPE http://www.aspe.es/ayuntamiento/portal-de-transparencia Modelo IT. En su web, indica PORTAL 20.248

BANYERES DE MARIOLA

http://www.portademariola.com/ Modelo IT. Epígrafe, en inicio 7.174

BENEJÚZAR http://benejuzar.es/portal-de-transparencia/ Retrib.y declaración bienes. Inform.económica.En

su web, indica PORTAL 5.394

BENFERRI http://www.benferri.es/ Remite a sede electrónica. Pago medio

proveedores. 1.910

BENIDORM http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/transparencia IT 2014 69.010

CALPE/CALP http://www.calp.es/es/transparencia/portal-de-transparencia

Inform. Institucional y contable. Decálogo de transparencia. 22.437

CAMPELLO (EL) http://fondos.elcampello.es/transparencia/

Modelo IT más seguridad en cifras. 27.081

CREVILLENT http://www.crevillent.es/portal/transparencia-municipal/ Modelo IT 28.328

DÉNIA http://www.denia.es/va/institucion/transparencia/index.aspx

Retrib. y declaración de bienes. Auditoría de regularidad 41.672

ELCHE/ELX http://transparencia.elche.es/

IT 2014. OPENDATA 228.647

FINESTRAT http://goo.gl/aAqS0y Plenos, presup., retrib. y declaración bienes, RPT

e inform. Personal eventual 6.265

GATA DE GORGOS

http://portaltransparenciagata.weebly.com/ Información sobre concejales, Actas JªGº, RPT Sociedad gestión. Además, Concejalía de Gobierno Abierto. 5.985

JÁVEA/XÀBIA(9) http://www.ajxabia.com/ver/5733/portal-de-la-transparencia--ayuntamiento-de-x%C3bia.html Modelo IT 29.067

JIJONA/XIXONA http://www.xixona.es/es-ES/Ayuntamientos/Transparencia

Organigrama. Informac. Económica, presupuestaria y estadística. 7.226

MONÓVAR/MONÒVER

http://www.monovar.es/transparencia/ sin contenido 12.460

MURO DE ALCOY http://www.vilademuro.net/ca/3/oficina-virtual/13/transparencia.html

Actas Plenos, Ordenanzas, Ptos., periodo medio de pago 9.114

NOVELDA http://www.ayto-novelda.es/

gobierno abierto: nóminas corporación 26.292

ONDARA http://www.ondara.org/ajuntament/transparencia/

Retribución y declaración bienes 6.632

ORIHUELA http://www.orihuela.es/?page_id=37230 IT2014 83.417

PENÀGUILA http://www.penaguila.es/trasparencia/

Modelo IT 324

PETRER http://petrer.es/cas/portal_transparencia.html Modelo IT 34.754

RÀFOL D'ALMÚNIA (EL)

http://www.elrafoldalmunia.es/ Acuerdos Pleno junio15, Ordenanzas y PGOU, Pto. Y ayudas concedidas 659

ROJALES

http://www.rojales.es/transparencia-municipal/ Contratos y convenios, normativa municipal, retribución y declaración bienes concejales, inform. económico-financiera 18.824

SAN FULGENCIO http://www.sanfulgencio.es/el-ayuntamiento/transparencia-municipal/

Ptos. Ingresos y gastos, resumen por capít.Pto 2015 9.237

SANT JOAN D'ALACANT

http://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0 Dentro de Sede Electrónica: convoc.y Actas Pleo y Jª Gº,PTo2015,periodo pago, deuda, PGOU 2013. 22.804

SAN MIGUEL DE SALINAS

http://www.ayuntamientosanmiguel.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=231 Perfil del contratante 6.911

TORREVIEJA http://www.torrevieja.es/sal/Ayuntamiento/Documentos/Transparencia/Transparencia/ IT2014 91.415

Elaboración propia. Fecha último acceso: 15.11.15

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En 16 portales (52%), la información que aparece es sobre todo económica,

destacando la relativa a las retribuciones y declaración de bienes de los concejales en 7 de

ellos (Alcoy, Benefúzar, Denia, Finestrat, Novelda, Ondara, Rojales).

Los ayuntamientos hacen pública la información bien como epígrafe en el menú de

la web, como el Ayuntamiento de Benferri, o como portal específico, ejemplo del cual es el

Ayuntamiento de Almoradí.

Figura 48. Inicio web Ayuntamiento de Benferri, con epígrafe de transparencia

Fuente: http://www.benferri.es Fecha de acceso: 17.11.15

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335

Figura 49. Portal de Transparencia, Ayuntamiento de Almoradí

Fuente: http://www.almoradi.es Fecha de acceso: 15.11.15

La información que contienen los Portales de Transparencia, sigue en 13 de los

municipios, el formato y modelo de los indicadores establecidos por la organización

Transparencia Internacional España (IT-España), de la que ya hemos hablado en el apartado

3.6.5. Estos Ayuntamientos son Alicante, Almoradí, Aspe, Banyeres de Mariola, Benidorm,

El Campello, Crevillent, Elche, Jávea, Orihuela, Penáguila, Petrer, Torrevieja. El modelo al

que nos referidos se agrupa en seis áreas de transparencia, a su vez subdividida en

apartados, que contienen en total 80 indicadores baremables, cuyo contenido puede leerse

íntegro en anexo 6:

A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (18

indicadores)

1. Información sobre los cargos electos y el personal (6)

2. Información sobre la organización y el patrimonio (6)

3. Información sobre normas e instituciones municipales (6)

B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD (16

indicadores)

1. Características de la página web del ayuntamiento (2)

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336

2. Información y atención al ciudadano (9)

3. Grado de compromiso para con la ciudadanía (5)

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (11 indicadores)

1. Información contable y presupuestaria (5)

2. Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales

D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES Y COSTES DE LOS

SERVICIOS (4 indicadores)

1. Procedimientos de contratación de servicios

2. Suministradores y costes de los servicios

E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS

PÚBLICAS Y MEDIOAMBIENTE (15 indicadores)

1. Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos

2. Anuncios y licitaciones de obras públicas

3. Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones

4. Obras públicas, Urbanismo e Infraestructuras

F) INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA (16 indicadores)

1. Planificación y organización

2. Contratos, convenios y subvenciones

3. Altos cargos del Ayuntamiento y entidades participadas

4. Información económica y presupuestaria

El mayor o menor grado de cumplimiento del número de indicadores, sirve para

evaluar el índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), permitir la comparación

entre unos y otros, de forma más cómoda y con la información centralizada en un epígrafe o

portal; y, para establecer un ránking de transparencia global. En los objetivos y

características básicas del ITA-2014, se presentan los aspectos positivos de esta evaluación

y se insiste en que, además de fomentar la cultura informativa de los ayuntamientos, por

cuanto les anima a publicar en sus webs la información solicitada por TI-España,

fundamentalmente contribuye “a lograr un aumento del nivel de la información útil e

importante que estas corporaciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad”

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337

(Transparencia Internacional, 2014). Aunque no todos los municipios aludidos más arriba,

cuya web de transparencia se estructura como el modelo IT, han pasado una evaluación, el

hecho de tener la información bajo este formato, facilita la comparación y los exámenes

para los próximos años. Desde el año 2008 hasta el momento, cinco poblaciones se han

sometido al análisis de Transparencia Internacional España, para medir el nivel de

transparencia ante los ciudadanos: Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela y Torrevieja, cuya

evolución se presenta en el gráfico siguiente:

Gráfico 37. Evolución ránking de Transparencia

Fuente: IT-España. Elaboración propia

Resalta de forma notable, los datos correspondientes al Ayuntamiento de Elche. De

2008 a 2012, ha conseguido situarse en el ránking por encima de los otros municipios; sin

embargo, en el último IT de 2014, ocupa la última posición. Caso diametralmente opuesto

al de Torrevieja, que partiendo de posiciones más bien modestas, lleva las dos últimas

evaluaciones consiguiendo ser el que mejor resultados ha conseguido. Alicante se sitúa

siempre en un discreto segundo (2008, 2009), tercero (2014), e incluso cuarto puesto (2010,

2012).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2012 2014

59,4

73,8

57,5 52,5

73,8

31,3

63,8

33,8

67,5 64,1

93,8 96,3

77,5

47,5

12,5

55 51,3

56,3

81,3

15 17,5

76,3

82,5 85

Alicante

Benidorm

Elche

Orihuela

Torrevieja

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Figura 50. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Torrevieja

Fuente: http://www.torrevieja.es Fecha de acceso: 17.11.15

Figura 51. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Orihuela

Fuente: http://www.aytoorihuela.com Fecha de acceso: 17.11.15

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339

Figura 52. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alicante

Fuente: http://www.alicante.es Fecha de acceso: 17.11.15

Figura 53. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Benidorm

Fuente: http://www.benidorm.org Fecha de acceso. 17.11.15

Comparados con los resultados de los 110 ayuntamientos evaluados en toda España

en 2014, Torrevieja ocupa la 69º posición; Orihuela, la 80º; Alicante, la 89ª; Benidorm, la

95ª y Elche, la 103ª

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340

9.2.3. Indicador: la composición política y el interés por Internet y el Gobierno abierto.

La composición política de los gobiernos municipales en aquellos municipios que

disponían de web en 2006, 2009 y en 2015, es la siguiente:

Tabla 40: composición política de los aytos. con web, años 2006,2009 y 2015

GOBIERNO

AÑO

PP PSOE Compromís Ciudadanos

Coalición

derechas

Coalición

Izquierdas Otros Total

2006(*) 33

(44%)

22

(29,3)

--- 5

(6,6%)

9

(12%)

6

(8%)

75

2009 (**) 75

(57,2%)

23

(17,6%)

--- 14

(10,7%)

9

(6,9%)

10

(7,6%)

131

2015 (***) 44

(31%)

40

(28%)

7

(5%)

2

(1%)

3

(2%)

34

(24%)

13

(9%)

143

Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia

(*) Gobiernos resultantes tras las elecciones municipales de 2003.

(**) Gobiernos resultantes tras las elecciones municipales de 2007.

(***) Gobiernos resultantes tras las elecciones municipales de 2015

Tras la observación de la tabla anterior se deduce que ha sido notable el incremento

producido a lo largo de esos años en la utilización de Internet como ventana de

presentación de los servicios del ayuntamiento y como estrategia comunicativa con los

ciudadanos por parte de los distintos gobiernos municipales. Es fácilmente deducible que se

ha consolidado un cambio de estrategia acerca de la importancia y potencialidad de esta

herramienta y que presta un apoyo decidido para su implantación independientemente de la

opción política que gobierne el municipio, siempre con un claro interés por permanecer

imbatible en la carrera de la modernización de las Administraciones Públicas. Por tanto, no

parece que el factor político sea determinante para incorporarse al mundo de las TICs, sino

que otros factores, como la falta de recursos materiales y técnicos, habrán incidido más en

su desarrollo o freno.

¿Por qué es importante que exista una apuesta de los equipos de gobierno

municipales y un compromiso por consolidar la Administración electrónica? Puede parecer

que está de moda y que hay que estar en la cresta de la ola, pero -tal y como indica

Liikanen- la Administración electrónica “es un medio para prestar servicios públicos de

mayor calidad, reducir el tiempo de espera, mejorar la rentabilidad, aumentar la

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341

productividad y mejorar la transparencia y la responsabilidad” (Liikanen 2003: en línea). Es

decir, puede atender a dos exigencias aparentemente contrapuestas: prestar más y mejores

servicios, con menos recursos. Esto último supone un cambio de mentalidad y cultura

organizativa, pasar de la cultura del papel orientada al procedimiento administrativo, a la

administración orientada hacia el ciudadano. Supone preparación de los empleados públicos

en el uso de las TICs, mejora de la accesibilidad y confianza de los ciudadanos en las

Nuevas Tecnologías, participación de los ciudadanos en las políticas públicas, colaboración

entre administraciones, transparencia en la gestión, entre otras cosas. Todo ello necesita de

políticos que sean capaces de liderar, motivar y comprometerse con la mejora de las

Administraciones Públicas y abanderar los cambios desde dentro de la organización e

impulsarlos desde fuera, desde el usuario de los servicios públicos, el ciudadano, quien

cada vez más asume el papel de consumidor activo, conocedor no sólo de sus derechos,

sino de las posibilidades de obtener servicios y de exigir que sean mejores y, además,

eficientes.

Respecto al Gobierno abierto, no basta con analizar los grupos que lideran las

corporaciones municipales, sino que debemos utilizar la variable de las iniciativas de

participación y transparencia que han puesto en marcha y si tienen relación con los niveles

de abstención que en procesos electorales ponen en evidencia. Cabe preguntarse qué

gobiernos han hecho más por promover la participación y si ello tiene relación con los

resultados abstencionistas obtenidos en sus respectivos municipios.

En este sentido, una de las hipótesis de estudio que Rosa Borge ha desarrollado para

los Ayuntamientos catalanes, “una de las comunidades autónomas con más iniciativas

electrónicas y en la que diferentes gobiernos apoyan la participación ciudadana desde la

década de los ochenta” (Borge et al. 2008:en línea), ha sido ver la conexión existente entre

el tamaño de la población del municipio y la actividad participativa, pues se parte del

supuesto de que a mayor población, mayor probabilidad de municipios con actividades

participativas; entre la composición política del Gobierno municipal –“habitualmente los

municipios con más iniciativas son gobernados por la izquierda”, nos indica Borge-; y,

entre el porcentaje de abstención electoral de cada municipio en las elecciones locales y las

iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos correspondientes, como fundamento de que a

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342

mayor tasa de abstención, más iniciativas existen “probablemente porque el Gobierno

municipal o el alcalde pretenden regenerar la cultura participativa del municipio”. Tabla 41: Iniciativas participativas por nivel de abstención, 2009

Menos de 5.000 habitantes <23% 23% a 34% >34% Total

0 iniciativas 2 0 1 3 1 iniciativa 50 3 0 53 2 iniciativas 12 1 3 16 3 iniciativas 0 2 0 2 total 64 (86,5%) 6 (8,1%) 4 (5,4%) 74*

Entre 5.0001 y 20.000 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 0 iniciativas 0 0 0 0 1 iniciativa 7 5 2 14 2 iniciativas 6 6 0 13 3 iniciativas 3 2 2 7 total 15(44,1%) 13 (38,2%) 4 (11,8%) 34*

Entre 20.001 y 50.000 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 0 iniciativas 0 0 0 0 1 iniciativa 0 5 1 6 2 iniciativas 1 1 3 5 3 iniciativas 0 2 2 4 total 1(6,7%) 8(53,3%) 6 (40%) 15*

Más de 50.001 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 0 iniciativas 0 0 0 0 1 iniciativa 0 0 1 1 2 iniciativas 0 0 6 6 3 iniciativas 0 0 1 1 total 0 0 8(100%) 8*

Total por % abstención 80 (61,1%) 27(20,6%) 22(16,8%) 131

Fuente: Ministerio del Interior (elecciones 2007). Elaboración propia

(*) Ayuntamientos con web en cada sector de población

En el primer corte temporal que hemos seleccionado, de 2009, refiriéndonos a las

iniciativas participativas tipo email, encuestas y buzón ciudadano y las elecciones

municipales (tabla nº 41), observamos que no existe una relación significativa entre el

porcentaje de abstención en los comicios municipales con las iniciativas interactivas y

participativas desplegadas por los Ayuntamientos. Hemos escogido hasta tres iniciativas,

porque ésas son fundamentalmente las que los municipios ponen en sus webs (véase gráfica

34). De los datos obtenidos, se desprende que sólo un 16,8% de los municipios con una

abstención mayor del 34%, tiene algún canal interactivo, mientras que llega al 61,1% en el

caso del tramo de población inferior a 5.000 habitantes. Esto puede explicarse porque la

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343

mayoría de los municipios pequeños disponen al menos de una iniciativa en su página web,

que suele ser, en la mayoría de los casos, el e-mail de contacto. No obstante, sí parece haber

una mayor conexión entre tamaño de la población e impulso de la participación: en los

municipios intermedios, iguales o mayores de 20.001 habitantes, los porcentajes varían

entre el 53,3% -para municipios con un nivel medio de abstención- y 40% -para municipios

con abstención superior al 34%-; y llega al 100% de Ayuntamientos con despliegue de

iniciativas de carácter comunicativo o de consulta, entre los municipios con más de 50.000

habitantes y un nivel elevado de abstención. Tabla 42: Iniciativas participativas por nivel de abstención, 2015

Abstención en las elecciones locales del 2015 Menos de 5.000 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 1 iniciativa 7 6 1 14 2 iniciativas 29 8 4 41 3 iniciativas 12 8 3 23 4 iniciativas 3 3 0 6 5 iniciativas 0 0 0 0 total 51 (60,8%) 25 (29,7%) 8 (9,5%) 84*

Entre 5.0001 y 20.000 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 1 iniciativa 0 1 0 1 2 iniciativas 2 2 1 5 3 iniciativas 3 7 4 14 4 iniciativas 2 8 1 11 5 iniciativas 0 0 0 0 total 7 (22,5%) 18 (58,1%) 6 (19,4%) 31*

Entre 20.001 y 50.000 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 1 iniciativa 0 1 0 1 2 iniciativas 0 2 2 4 3 iniciativas 0 2 3 5 4 iniciativas 0 1 6 7 5 iniciativas 0 1 0 1 total 0 7(38,9%) 11 (6,1%) 18*

Más de 50.001 habitantes

<23% 23% a 34% >34% Total 1 iniciativa 0 0 0 0 2 iniciativas 0 0 0 0 3 iniciativas 0 1 4 5 4 iniciativas 0 1 1 2 5 iniciativas 0 1 0 1 total 0 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8*

Total por % abstención 58 (41,1%) 53 (37,5%) 30 (21,2%) 141

Fuente: Ministerio del Interior (elecciones 2015). Elaboración propia

(*) Ayuntamientos con web en cada sector de población (exceptuando la tres ELM, ya que no figura la abstención, por ello, el total es de 141 municipios)

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344

Respecto a las elecciones municipales del año 2015, es interesante conocer si esta

variable ha experimentado algún cambio, dado el profundo malestar social que ha generado

la crisis económica de la última década. ¿Hay alguna relación entre abstención e iniciativas

potenciadas según ayuntamientos divididos por grupos de población? Incluimos todos los

ayuntamientos, dado que todos cuentan, como hemos mencionado, con un email. En este

caso, las iniciativas que hemos manejado son: email, quejas/sugerencias, encuestas, buzón

ciudadano y redes sociales. Al entrar a analizar los datos, vemos que se ha incrementado el

porcentaje de municipios que proporcionan iniciativas participativas para sus ciudadanos,

en el segmento de abstención más alta, es decir mayor del 34%, en el que se ha pasado del

16,8% al 21,2%. No obstante, el segmento donde las iniciativas son más abundantes es el

que tiene una abstención menor: la correspondiente a menos del 23% de abstención, que

cuenta con un porcentaje de iniciativas del 41,1%. Por tanto, dichos datos corroboran

nuevamente que no es la abstención un factor relevante para que las corporaciones

municipales promuevan en sus webs diferentes acciones de carácter participativo.

Por otro lado, también para los datos de 2015, nos hemos fijado también la meta de

conocer si la tendencia política, conservadora o progresista, influye en las iniciativas

participativas. Como en el supuesto anterior, son cinco las iniciativas que hemos elegido

dado que son las más representativas y las que aparecen registradas en las webs de los

municipios en ese momento (véase gráfico 36). Y, también, como en el caso anterior, son el

email, las quejas/sugerencias, las encuestas, el buzón ciudadano y las redes sociales. En este

sentido, los datos se han separado por opción más conservadora (PP, Ciudadanos y

coaliciones con el PP como partido mayoritario) y progresista (PSOE, Compromís,

coaliciones con partidos de izquierdas) y dejando en la categoría de “otros”, aquellos de

difícil adscripción, o las opciones muy localistas. Asimismo, ha sido relevante tener en

cuenta los porcentajes que fomentan la participación con 3, 4 y hasta 5 iniciativas. Tras el

análisis de los datos obtenidos en las elecciones municipales de 2015, reflejados en la tabla

43, podemos deducir que hay una conexión entre la opción política más progresista y el

fomento de la participación, como seguidamente exponemos:

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345

Opción conservadora: 23 de dichos municipios han fomentado la

participación a través del portal de Internet, con la incorporación de 3 o más

iniciativas (39%, 3 iniciativas y el 8%, 4 iniciativas), con un porcentaje total

de 47%. El 45%, facilita 2 iniciativas y un 8% cuenta con sólo una,

normalmente el email.

Opción progresista. En este caso son 48 los municipios que tienen 3 o más

iniciativas en la web, lo que representa un total del 58%, desglosado en :

29%, 3 iniciativas; 27%, 4 iniciativas y 2%, 5 iniciativas. Los dos

municipios más preocupados por la participación de sus ciudadanos y que

disponen de email, formulario de quejas/sugerencias, buzón ciudadano y

redes sociales, son Elche y San Juan de Alicante.

Tabla 43: Ideología política e iniciativas participativas, 2015

GOBIERNO

iniciativas CONS. PP Coalic. dchas.

Ciudada

nos SUBT. Otros SUBT

1 4 - - 4 (8%) 2

2 19 2 1 22 (45%) 7

3 18 1 - 19 (39%) 4

4 3 - 1 4 (8%) -

5 - - - -

TOTAL 49

(34% s/144 munic.)

100%

(s/49)

13

GOBIERNO

PROGRES.

iniciativas PSOE Compromís

Coalic.

Izq. SUBT.

1 4 5 2 10 (12%)

2 17 1 5 23 (28%

3 10 1 13 24 (29%)

4 9 - 13 22 (27%)

5 - - 2 2 (2%)

TOTAL 82

(57% s/144 munic.)

100%

(s/82)

Fuente: webs ayuntamientos. Elaboración propia

Al respecto, es preciso conocer también algunas voces discordantes con las

experiencias de democracia participativa digital en el ámbito local. Así, por ejemplo, el

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346

profesor de la Universitat Pompeu Fabra, José Luis Martí (Martí, 2008: en línea), cuestiona

la falta de reflexión en el diseño de los mecanismos institucionales de deliberación o

participación digital, e indica que “la mayoría de las instituciones políticas que se

encuentran detrás de gran parte de las experiencias que se realizan se suman al movimiento

global a favor de este tipo de mecanismo, más por una obligación mediática que por

genuino convencimiento, y que cuando lo hacen su apoyo es, en el mejor de los casos,

ambiguo”. Analiza brevemente la campaña de participación democrática que el

Ayuntamiento de Barcelona impulsó para aprobar un nuevo Plan de Actuación Municipal

(PAM, para 2008 a 2011), con el lema “¿Y tú qué harías?”, en el que los canales de

participación eran: 1.-Un cuestionario electrónico en la web del PAM), 2.-Un blog de los

ciudadanos, para pequeñas aportaciones limitadas por el espacio, 3.- Teléfono del civismo,

gratuito y atendido por un contestador automático, 4.-Un número para mandar SMS, 5.-

Correo ordinario. Martí se sorprende precisamente de que no se utilice el correo

electrónico, que es la forma más habitual de comunicar electrónicamente con la

Administración, concluyendo que la única interpretación que puede hacerse es que se trata

de una “acción deliberada del Ayuntamiento o de las personas que hayan diseñado la

campaña de participación de impedir las argumentaciones largas y los documentos cargados

de razonamiento”. En definitiva, según el profesor, de privilegiar los aspectos cuantitativos

por encima de los cualitativos.

Finalmente, respecto de la composición política y los portales de transparencia,

como hemos indicado en el apartado correspondiente, 31 ayuntamientos habían publicado

sus datos de forma abierta en noviembre de 2015. El interés es conocer en cuáles de ellos

se ha potenciado la transparencia, como forma de comprometerse con los ciudadanos y, una

vez más, observamos que los resultados no sorprenden. Como vemos en el gráfico nº 38,

los partidos de izquierda (PSOE, Compromís, coalición de izquierdas), son mayoritarios

entre los que han actualizado las webs de sus ayuntamientos y han incorporado portales de

transparencia, hasta alcanzar el 70,9 % de ellos, con un porcentaje de 19,3%, 3,2% y

48,4%, respectivamente; mientras que las opciones conservadoras sólo son el 25,9%, lo que

pone en evidencia que los ayuntamientos de tendencia progresista están más concienciados

para promover esta nueva cultura del Gobierno abierto y transparencia en sus instituciones.

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347

No obstante, a lo largo de los próximos meses esta diferencia se irá obviando, con el

cumplimiento general de la normativa estatal sobre portales de transparencia.

Tabla 44. Transparencia, por composición política, 2015 (% y totales)

PP PSOE Compromís Coalic. Izq. Otros Total

8

(25,9%)

6

(19,3%)

1

(3,2%)

15

(48,4%)

1

(3,2%)

31

100%

25,9% 70,9% 3,2%

Fuente: webs ayuntamientos. Elaboración propia

Gráfico 38. Transparencia, por composición política, 2015 (totales)

Fuente: web ayuntamientos. Totales. Elaboración propia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PP PSOE Coalic.izq Compromís Otros

8

6

15

1 1

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CONCLUSIONES

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351

CONCLUSIONES

Tras las bases teóricas y metodológicas y los objetivos propuestos en la presente

tesis doctoral, se ha llegado a las conclusiones detalladas a continuación. Recordemos que

la hipótesis clave de esta investigación era averiguar si el Gobierno abierto y la

transparencia han surgido como evolución de la Administración electrónica, o

eAdministración, y si han sido favorecidos por la presión social ante la situación de crisis

económica, los casos de corrupción política y empresarial y la aparición del fenómeno de

las redes sociales en Internet.

Esos objetivos se han presentado en dos apartados. Por un lado, se ha estudiado, en

la segunda parte de la tesis, las acciones más relevantes impulsadas por los diversos agentes

públicos, europeos, estatales, autonómicos y locales para el fomento de la Administración

electrónica y del Gobierno abierto; y, por otro, en la tercera y última parte, se ha efectuado

la observación de la situación actual de dicha eAdministración y del Gobierno abierto,

especialmente en lo referente a la participación ciudadana y la transparencia, a través de las

web de los municipios de la provincia de Alicante. Conviene señalar que nuestros

veinticinco años de ejercicio profesional en una Administración Pública, en este caso, la

universitaria, han aportado un prisma práctico y de cercanía a la temática. Así pues,

corresponde ahora, para finalizar nuestra investigación, abordar en el presente capítulo la

presentación de las principales conclusiones a las que se ha llegado una vez analizados los

capítulos precedentes, al tiempo que se realiza una recapitulación, a manera de resumen,

para destacar las ideas más relevantes que componen el grueso de la tesis.

1ª. La Administración electrónica es considerada un sistema para mejorar los

servicios públicos prestados a los ciudadanos en el que las TIC, Internet y las páginas

web constituyen herramientas clave que han supuesto una revolución de la

información y de la comunicación de la Administración Pública hacia la sociedad.

Como se ha visto en el apartado 2.2.1 de la tesis, la Comisión Europea entiende la

Administración electrónica, también conocida como eAdministración, eGovernment o

Gobierno electrónico, como “el uso tecnología de la información y de las comunicaciones

(TIC) en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas

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352

aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y

reforzar el apoyo a las políticas públicas”. La Administración electrónica no es, por tanto,

sólo la mera introducción de las TIC en la organización, sino que va unida al objetivo de

una mejora de la calidad de la gestión y de la calidad de los servicios públicos que se

prestan a los ciudadanos, basada en los principios de la necesidad de un cambio

organizativo, de la cooperación entre las Administraciones Públicas, de la seguridad en el

acceso a los datos, de la igualdad y, sobre todo, de la orientación al ciudadano.

Dicho de otro modo, se trata de repensar la Administración, los procedimientos, los

documentos solicitados a los ciudadanos repetidas veces aun estando en poder de la propia

organización pública, permitir la tramitación y la gestión de los procesos online para evitar

las colas innecesarias a los ciudadanos, colaborar entre las administraciones para favorecer

la eficacia y la eficiencia, trabajar para el fácil acceso a la eAdministración

independientemente de cualquier condicionante geográfico, de edad o sexo, en definitiva,

mejorar los servicios públicos a los ciudadanos a través del empleo de las herramientas

facilitadas por las tecnologías de la información y de la comunicación.

En este sentido, si las TIC han tenido desde mediados del siglo XX un papel

relevante en el proceso de modernización administrativa, no cabe duda de que la irrupción

de Internet en los años 90 ha marcado un hito muy significativo en la evolución de la

eAdministración y en el cambio de comportamiento de la sociedad actual. En efecto,

Internet y el desarrollo de las webs han supuesto una revolución en la apertura de la

información y del conocimiento de las organizaciones, así como en el reciclaje y en el

cambio de cultura tanto para el personal que trabaja en ellas como para el resto de los

ciudadanos, ya que ha permitido una mejora en la comunicación con otros agentes externos

como la sociedad civil u otras organizaciones, públicas o privadas y ha hecho evolucionar

las estrategias de interacción con la ciudadanía. Al respecto, no hay que olvidar que las

Administraciones Públicas son reacias a sufrir cambios sustanciales en sus procesos

internos, en muchas ocasiones arcaicos, por lo que las transformaciones tecnológicas

suponen un revulsivo para mejorar el rendimiento y para adaptarse a las necesidades

sociales. Lo cierto es que el uso masivo de Internet ha desbancado cualquier previsión. En

casi veinte años se ha pasado de 9 millones de usuarios en 1995, a 3.000 millones en 2014,

sobre una población mundial de 7.300 millones de habitantes según la ONU. Según Manuel

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353

Castells, uno de los sociólogos más reconocidos en el estudio de la red de redes y al que

hemos hecho alusión en el apartado 2.1 de la presente investigación, Internet no sólo es la

base material y tecnológica de la sociedad en red, sino también “el medio de comunicación

que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue

la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era industrial. Internet es el

corazón de un nuevo paradigma socio-técnico que constituye en realidad la base material de

nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación”.

En el caso concreto de las webs de los ayuntamientos de la provincia de Alicante,

hemos podido comprobar en la tesis cómo se materializa la eAdministración en dichos

portales y, además, se ha podido realizar la evolución de esta información en el espacio

temporal de la última década. Así, siguiendo las cuatro fases propuestas por la UE, los

datos recabados en 2006 (parcialmente), 2009 (para los ayuntamientos de más de 20.000

habitantes) y 2015 (todos los ayuntamientos), apuntan a:

Fase 1.-La información en línea sobre el servicio público. Se han duplicado, en

2009, los Ayuntamientos que ofrecían información sobre el procedimiento a seguir para

realizar gestiones administrativas, normalmente presentados en documento pdf. Uno de los

Ayuntamientos que lo presenta con más claridad es el de San Vicente del Raspeig, en

formato BD alojado en su servidor. Por otra parte, no es significativa esta fase para 2015,

puesto que los Ayuntamientos han alcanzado otros niveles (la mayoría, en la fase 2 y 4).

Fase 2.-La interacción, o la descarga de documentos, para cumplimentarlos y

presentarlos en la administración. En 2009, se puede realizar en 20 de los Ayuntamientos

analizados, mayoritariamente en pdf. Respecto a 2015, 25 de los municipios han

conseguido llegar a esta fase (el 18%).

Fase 3.-La tramitación online, o la posibilidad de tramitación completa a través de la

web, bajo la vía de formulario que puede ser cumplimentado y cuyos datos se transmiten

directamente a la Administración actuante. Esta acción se puede ejecutar, en 2009, en 8 de

los 24 Ayuntamientos, tratándose en su gran mayoría de la autoliquidación de tasas

municipales, de los derechos de examen y de otras solicitudes. Por lo que respecta a 2015,

esta función sólo la hemos encontrado en Novelda.

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354

Fase 4.- La transacción está más desarrollada ya en 2006 en las poblaciones de

Alicante y Elche, dado el avance tecnológico de ambos Ayuntamientos. En 2009, se

incorporaron además Alcoy, Calpe, Dénia, Jávea, San Vicente del Raspeig y Villajoyosa.

La mayoría dispone de “Carpeta ciudadana”, a través de la cual la tramitación es completa,

cerrándose el ciclo con el pago del servicio público o el envío al ciudadano del justificante

de recepción por parte de la administración. Por otro lado, muchas de estas gestiones se

autentifican con el certificado y la firma digital que pueden ser expedidos por la Autoridad

de Certificación de la Generalitat Valenciana. En 2015, el 71% de los municipios ofrece la

posibilidad de utilizar el certificado digital para realizar gestiones o cumplimentar

formularios en la administración. Es importante señalar aquí que, en el 82% de las

entidades locales de la provincia se ofrece un portal específico bajo la denominación de

“sede electrónica”, “oficina virtual”, “trámites e instancias” o “descarga de documentos”, lo

que pone en evidencia que las administraciones han querido concentrar la información

sobre los procedimientos y los documentos que los acompañan, dado que no siempre es

sencillo encontrarlos en el caos informativo que en ocasiones representan las páginas web.

En ese formato destaca el modelo de “sede electrónica”, el cual se encuentra en el 74% de

las webs con portal específico para la tramitación electrónica, es decir, en 87

ayuntamientos, y responde a una estructura y una fisonomía concreta procedente de la

plataforma impulsada por la Diputación de Alicante.

2ª.- La Administración electrónica como premisa de la transparencia y el Gobierno

abierto.

Las distintas iniciativas de carácter supramunicipal destinadas a potenciar la

adopción de la Administración electrónica en los Ayuntamientos, junto con los diversos

programas de fomento de la eAdministración como Moderniza, Ciudades Digitales,

Infoville, Pista Local+, han supuesto un acicate para la implantación de la eAdministración

local en la última década. La mentalidad ha ido cambiando a lo largo de este período tanto

por parte de los ciudadanos como por parte de los equipos de gobierno, de los trabajadores

públicos y de la propia organización administrativa. Y es que los ciudadanos desean que los

servicios que la Administración les presta no les impidan seguir desarrollando su actividad

cotidiana, pues conocen sus derechos y exigen que sus impuestos sirvan para mejorar los

servicios públicos. Pero la corriente a favor llega también a la propia Administración que,

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355

aunque con reticencias, está dispuesta a facilitar el acceso a la información y a la prestación

de dichos servicios. Ésta es la razón de que, en los Ayuntamientos que hemos estudiado en

la provincia de Alicante, cada vez ha existido más interés por interactuar con los

conciudadanos a través de la web.

Los datos vienen a corroborar estas afirmaciones, pues se ha pasado de contar con

alrededor del 50% de municipios con página web, en 2006, a más del 90% en 2009 y a casi

la totalidad en 2015 –a excepción de la ELM , Llosa de Camacho-. Se constata, así, el

apoyo decidido de los ayuntamientos por modernizar sus canales de comunicación con los

ciudadanos, al incrementarse en sólo tres años -de 2006 a 2009- la presencia de webs en los

municipios alrededor de un 75%, hasta llegar a la situación actual con casi el 100% de los

ayuntamientos visibles en Internet. También sorprende que los municipios menores de

5.000 habitantes que disponen de web hayan pasado de un 28,4%, en 2006, a un 86%, en

2009. Como después destacaremos, la razón hay que buscarla en los programas de la

Diputación de Alicante (Pista Local +, Moderniza, etc) para el apoyo de la modernización

de los municipios más pequeños y con menos recursos, lo que ha permitido que presenten

en la actualidad sus portales web la práctica totalidad de los ayuntamientos de menos de

20.000 habitantes.

Respecto a la información que transmitían los Ayuntamientos en su portal

institucional en el año 2009 y de qué manera lo hacían, hemos de indicar que, a pesar del

carácter turístico de nuestra provincia, las páginas web se presentaban en un 55,7% en un

único idioma, mayoritariamente el castellano, aparte de las web específicas de Turismo.

Sólo un 28,24% son bilingües, castellano y valenciano en su mayoría, a excepción de

Almoradí y Monforte del Cid que utilizan castellano e inglés. Y un porcentaje pequeño

(11,4%), presenta la web traducida a tres idiomas, castellano, valenciano e inglés, en su

mayoría. A destacar también el municipio de Alcalalí, uno de los pocos con su web

traducida a cuatro idiomas. En 2015, el 57% de las webs se publican en tres idiomas,

castellano, valenciano e inglés, el 20% en castellano y valenciano, el 12% en un solo

idioma y sólo el 10% en cuatro o más idiomas, destacando Altea, Calpe y Formentera del

Segura entre estos últimos

No sólo se trata de tener una página web, lo cual puede obedecer a seguir la

tendencia del momento, sino que lo importante es conocer qué información ofrece el

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Ayuntamiento al ciudadano y qué servicios pueden utilizar a través de ella. En este sentido,

y por lo que respecta a la información general del municipio, en 2009 un 80,9 % es

información sobre fiestas, le sigue la agenda de actividades más destacables de la jornada

(79,3%) y del callejero. Desde el punto de vista del receptor de la información, en el

apartado de Entidades, equipamientos y servicios, destaca el área de cultura (68,7%), de

deportes (62,5%) y de turismo (64,8%). Ello puede ser debido a que, en el caso de las dos

primeras, se genera una información atractiva y de interés para la ciudadanía y, en el caso

de turismo, por la conocida vocación turística de la mayoría de poblaciones de la provincia.

Respecto a otros sectores dinamizadores del municipio, más del 70% de las web presentan

información de restauración o de gastronomía y, alrededor del 50%, de asociaciones y de

restauración. Por colectivos, es el de jóvenes el que cuenta con más número de páginas con

un epígrafe o información dedicada a ellos. Por otro lado, la información sobre la

Corporación es mayoritaria en las web alicantinas, seguida de la presentación de la web o

del Saluda del Alcalde, con un 71,7%, y la publicación online de las ordenanzas

municipales, fiscales o urbanísticas (66,4%). En este apartado, queremos indicar que se

echaba de menos la actualización de la información sobre las ordenanzas, los presupuestos

o la actividad consistorial. Y precisamente esta última información es la que ha ido ganando

terreno con el paso de los casos de corrupción y el azote de la crisis económica, hasta el

punto de que en la tesis nos hemos centrado, para el año 2015, en los aspectos que poco a

poco van introduciéndose en las webs: el Gobierno abierto y la transparencia.

3ª.- El Gobierno abierto no sólo es tecnología, constituye un paso más para dar mayor

participación a los ciudadanos y una oportunidad de exigir que los gobernantes

rindan cuentas.

Aunque el término “Gobierno abierto” surge en la década de los 70, se ha

popularizado con la promulgación del Memorandum del Presidente Barack Obama, el 21 de

enero de 2009, a través del cual se instaba a su Administración a poner en marcha medidas

a favor de la transparencia, la participación y la colaboración en sus relaciones con los

ciudadanos, lo que se reflejó en la puesta en marcha del portal de datos abiertos

(http://www.data.gov), al que le siguieron otros en otros países y organizaciones. Además,

en el Memorandum se define al Gobierno abierto como aquél que impulsa la transparencia,

la colaboración y la participación y el que tiene como principales pilares la apertura de

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datos (open government data), entendida como el libre acceso a los datos y a la información

pública; y la acción abierta (open action), representada por la participación y colaboración

con la ciudadanía y otros actores, especialmente a través de las redes sociales. También de

él se desprenden los tres principios fundamentales del Gobierno abierto como son la

transparencia, la participación y la colaboración, unido al hecho de que, para su

funcionamiento, necesita apoyarse en las TIC aprovechando las oportunidades que éstas

ofrecen en la mejora de los sistemas democráticos.

El Gobierno abierto supone, por tanto, una evolución del concepto de la

Administración electrónica o Gobierno electrónico, en el que las TIC también juegan un

papel fundamental, tanto que sin ellas no existiría. Pero no hay que olvidar que se aboga

por la apertura del Gobierno y de las Administraciones Públicas a la ciudadanía haciéndolas

más transparentes, fomentando la participación de los ciudadanos en la definición de las

políticas públicas, así como en el control de las decisiones y responsabilidad de los

gobernantes y elaborando un marco de colaboración con todas las organizaciones de la

sociedad civil. Y, sobre todo, cabe tener en cuenta que el objetivo final es la mejora de la

democracia. Y es que representa un paso más en la reflexión sobre la organización y la

orientación de los fines y de las actividades pensando en el ciudadano, haciendo que éste

sea más partícipe. Aun así, esto no quiere decir que ambos sistemas se excluyan

mutuamente; todo lo contrario, conviven sin excesivas contrariedades en infinidad de

administraciones.

Para algunos autores, Álvaro V. Ramírez entre ellos, la Administración electrónica

se circunscribe a la aplicación de las TIC a los procesos administrativos, sin que exista un

compromiso por replantear la administración ni tampoco obligue a generar cambios

radicales en su gestión o en su cultura organizativa, mientras que el Gobierno abierto lleva

implícito un cambio de valores, de transformación de la sociedad para conseguir una

democracia más madura y sana. Por ello, ellos aluden a que la Administración electrónica

es más técnica, mientras que el Gobierno abierto es más político. Aun estando de acuerdo

con este planteamiento, nuestra experiencia de más de dos décadas como empleada en una

Administración Pública, hace que podamos mirar con cierto escepticismo la filosofía con la

que se envuelve el Gobierno abierto, ya que algunos de los principios con los que se

implantó la Administración electrónica coinciden con los del Gobierno abierto. Entre ellos,

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se encuentra la necesidad de cambios organizativos, la orientación al ciudadano y, por

supuesto, el aumento de la participación a través de los canales que las TIC posibilitaron.

En todo caso, entendemos que la presión que la ciudadanía ejerce ahora hacia sus

gobernantes, en aras de la transparencia y de la mejor gestión, no se ejercía en el momento

de implantar la Administración electrónica y ahí, como hemos indicado en otro apartado,

las redes sociales y los casos de políticos y empresarios corruptos han tenido mucho que

ver. Ahora bien, ¿hasta dónde llegará el Gobierno abierto? A nuestro juicio, hasta donde los

ciudadanos estén dispuestos a llegar y los políticos a ceder.

De hecho, la transparencia empieza con la Administración electrónica. Las

Administraciones se muestran en las webs institucionales. Son la primera ventana al

exterior y por la que se conoce su estructura, sus competencias, sus actividades y, cada día

más, las decisiones y obligaciones de los miembros de los gobiernos y del personal de

confianza. Posteriormente, con el Portal específico de transparencia, se ha dado

cumplimiento al principio de publicidad activa y al derecho de acceso. Tanto el Portal como

los datos abiertos deben ser accesibles, interoperables y reutilizables, conceptos éstos

fácilmente intercambiables al tratar sobre la transparencia o sobre la Administración

electrónica. Y no podemos olvidar al procedimiento administrativo electrónico, pues nada

hay más transparente que este procedimiento, en tanto que no puede esconderse, ni

traspapelarse en cualquier cajón. También es electrónico el derecho de acceso a la

información que se ejercerá fundamentalmente por este medio, y, evidentemente, el archivo

electrónico.

4ª.- El Gobierno abierto y, especialmente, la transparencia se ve favorecida por la

situación de crisis actual y la presión de las redes sociales.

En efecto, hay determinados factores que en la actualidad han impulsado el

Gobierno abierto y la transparencia. Por un lado, la crisis económica y financiera que ha

azotado duramente la economía de muchos países y la vida de los ciudadanos y cuyas

consecuencias deben afrontar los gobiernos democráticos (los altos índices de desempleo,

el aumento de la pobreza y de la malnutrición, el débil o nulo crecimiento económico…).

En este escenario de crisis, no es de extrañar que se plantee la cuestión sobre la eficiencia y

la eficacia de las Administraciones Públicas, relacionado además con el déficit público y

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los escasos márgenes para dicho déficit establecido por la UE. Y que cualquier decisión

adoptada por los representantes políticos que suponga un despilfarro de dinero público

quede grabada intensamente en el imaginario de la población, lo que ha provocado una

profunda brecha entre la ciudadanía y sus representantes y, en consecuencia, un desinterés

evidente por los asuntos públicos.

Por otro lado, la corrupción política y empresarial es otro factor que ha influido

negativamente en la confianza de los ciudadanos en su clase política. Casos como el de

Bárcenas, Puyol, los ERES, la trama Gürtel, el Palma Arena o Nóos, han puesto de relieve

la impunidad con la que los corruptos actuaban. Por ello, es muy significativa la última

encuesta del CIS de 2 de septiembre de 2015, en la que la corrupción y el fraude siguen

situándose como uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos españoles.

Y, además, todos estos casos de corrupción detectados en distintos niveles de la

Administraciones Públicas han originado una profunda desconfianza de los ciudadanos en

sus gobiernos, tal y como refleja el estudio de ONTSI sobre demanda y uso del Gobierno

abierto en España para el año 2012. Y, finalmente, Internet y las redes sociales han venido

a sumarse a esta presión casi global, con la que los ciudadanos demandan a sus gobiernos

más transparencia. ¡Luz y taquígrafos!, exclaman muchos.

En este contexto, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestiona el dinero

público, a controlar la legalidad y la oportunidad de las decisiones que se adoptan, a tener

una participación activa y a no ser unos meros espectadores que, a lo sumo, reducen su

acción al hecho de votar cada cuatro años. Si esto es evidente en situaciones normales, en

un momento de crisis como la actual la exigencia hacia los poderes públicos aumenta de

forma exponencial.

Pero también las instituciones son conscientes de que la única manera de conseguir

respeto y de recuperar la confianza y el apoyo de sus ciudadanos es incrementando la

transparencia de la gestión pública y creando nuevos espacios de deliberación y

participación. En el momento crucial de la crisis económica y financiera se promulga el

Memoradum de Obama del año 2009 y también en este año se publica la Declaración de

Mälmo donde los Ministros con competencias en la Administración Pública de la UE

coinciden en afirmar que los ciudadanos y las empresas han de ser empoderados por “el

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acceso creciente a la información pública, a una mayor transparencia y a métodos más

efectivos para la implicación de los participantes interesados en el proceso político”. Es

también a partir de esa época cuando se empieza a prestar más atención a los organismos

que pasaban desapercibidos hasta entonces. Uno de ellos es Transparencia Internacional

de España (TI-España), constituida en 2006 como rama en nuestro país de International

Transparency. Su principal objetivo es fomentar la apertura informativa de las distintas

instituciones públicas españolas para lo cual publicó, en 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, el

Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA); en 2010, 2012 y 2014, el Índice de

las Comunidades Autónomas (INCAU); en 2010, 2011, 2013 y 2015, el de la Gestión del

agua (INTRAG); en 2012, 2013 y 2015, de las Diputaciones (INDIP); y, en 2014, el Índice

de los Parlamentos (IPAR), además del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el

cual viene publicando a nivel internacional desde 2002. Los índices constan de indicadores

(en el caso del ITA y del INCAU, 80 en cada índice), relativos a información sobre el

equipo de gobierno, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, la transparencia

económico-financiera, las contrataciones y los costes de los servicios, el urbanismo e

indicadores de la ley de Transparencia (Véase íntegros los relativos a ayuntamientos, en

anexo 3). A través de estos índices, que son seguidos cada día por más instituciones, se

pueden comparar los niveles alcanzados por cada una de ellas. Así y por lo que respecta a

las comunidades autónomas, la máxima puntuación en la última baremación de 2014 la

consiguieron las comunidades de Castilla-León, Cataluña y País Vasco; y por lo que

respecta a los 110 ayuntamientos analizados en 2014, los más transparentes fueron Alcalá

de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Badalona, Barcelona, Bilbao, Getxo, Guadalajara,

Lérida y Móstoles. Para la provincia de Alicante -sólo participaron en la evaluación cinco

ayuntamientos-, Torrevieja ocupa la 69º posición, Orihuela la 80º, Alicante la 89ª,

Benidorm la 95ª y, Elche, la 103ª.

También es a partir de ese momento cuando empieza a publicarse la mayoría de la

normativa específica sobre transparencia, tanto en el Estado (Ley 19/2013, de 9 de

noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -LTBG-)

como en la mayoría de las CCAA, a excepción de la Comunidad de Madrid, de Cantabria y

de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (véase tabla 24). En ellas, se recogen las

bases establecidas en la LTGB relativas a la publicidad activa, al derecho de acceso a la

información y al buen gobierno.

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Respecto a los portales de Gobierno abierto y de transparencia, todas disponen en la

actualidad de un Portal (excepto la Ciudad Autónoma de Ceuta). De entre ellos debemos

destacar el Portal Irekia (http://www.irekia.euskadi.eus/es), inaugurado en 2010, y el Open

Data (http://opendata.euskadi.eus/w79-home/es), ambos del País Vasco, comunidad que

fue pionera tanto en la eAdministración como en las ideas del Open Government. Es más, el

portal Irekia fue acreedor del Premio de la ONU al Servicio Público dentro de la categoría

de “Fomento de la Participación ciudadana en las decisiones políticas a través de

mecanismos innovadores”, concedido el 25 de junio de 2015 en el Foro Anual para la

celebración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.

5ª.- Internet ha motivado cambios sociales y nuevas maneras de comunicarnos e

interactuar, lo que ha propiciado la aparición de espacios virtuales y de ciudadanos

que se relacionan de forma digital.

Las TIC han traído una nueva forma de entender las relaciones entre los ciudadanos

y entre éstos y los poderes públicos, hasta el punto de que muchos autores hablan de un

nuevo ciudadano, el digital. Por ejemplo, JM Robles, al que aludimos en el apartado 4.1,

propone una definición de ciudadano/a digital como “aquel individuo, ciudadano o no de

otra comunidad o estado, que ejerce la totalidad o parte de sus derechos políticos o sociales

a través de Internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia a una

comunidad virtual”. Dejando de lado el uso individual de la red de redes, sí se extraen tres

condiciones básicas: la comunidad, Internet y los usos políticos o sociales.

En efecto, la ciudadanía digital precisa de una comunidad con una connotación

especial, la comunidad virtual, cuyos usuarios se relacionan de forma no presencial y en la

que se mantienen algunos de los códigos de la comunidad real, como el respeto a sus

miembros. Esta comunidad ha venido para quedarse, según el profesor de la Universidad de

Alicante, Francisco Yus, ya que tanto el espacio virtual como las TIC vendrían a sumarse a

nuevas vías para interactuar socialmente, pues no tienen por qué colisionar necesariamente

con las comunidades tradicionales. De hecho, para él, la controversia que hoy día provoca

esta forma no presencial de comunicación no será tal en el futuro por cuanto las nuevas

generaciones verán como algo natural la convivencia entre la relación “física” y la

“virtual”. Ambos medios coexistirán, complementándose y enriqueciéndose. Además,

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Robles distingue dos tipos de comunidades virtuales, las que se generan a partir de una

comunidad real y física, que utiliza Internet como un canal más de interacción y que, por

tanto, son comunidades ya establecidas que se apoyan en Internet y son más estables y

resistentes (p.ej. Cruz Roja). Y, las comunidades virtuales “geográficamente dispersas”,

cuyo lazo de unión está forjado por intereses en común que se refuerzan mediante el

contacto con Internet, y que son, en consecuencia, más endebles (p.ej. las comunidades en

torno a un pasatiempo). Además, señala que lo habitual es que se configuren comunidades

del primer tipo y, además, en coincidencia con otros autores, indica que Internet no origina

nuevas comunidades virtuales de carácter político sino que “los ciudadanos que utilizan

Internet para realizar actividades políticas también realizan actividades fuera de línea”.

Asimismo, interesa también conocer qué derechos surgen con este nuevo ciudadano

inmerso en Internet y, más específicamente, los derechos de los ciudadanos en sus

relaciones con la Administración, para lo cual hemos acudido, entre otras leyes, a la Ley

orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales (LOPD) y la ley

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen

Gobierno (LTBG).

De ellas, cabe destacar el derecho a la intimidad y a la protección de datos

personales (recogido en la LOPD), como uno de los derechos más vulnerables en Internet al

convertir también a las personas en datos, los cuales pueden tener un especial valor, y no

precisamente desinteresado, para los gobiernos y para los agentes económicos. La LOPD

protege este derecho con el establecimiento de unos principios básicos para el tratamiento

de los datos de carácter personal: deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos respecto

de la finalidad para la que se obtienen, exactos y actualizados, asegurando la veracidad y la

exactitud de los datos obtenidos y tratados. Además, es necesario el consentimiento

inequívoco del interesado, quien puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de

los datos, así como hay datos especialmente protegidos –el origen racial, la salud, la

sexualidad- para los que es obligatorio el secreto en el tratamiento.

Otro de especial relevancia, puesto de manifiesto por la Ley de Transparencia

(LTGB), es el del derecho de acceso a la información pública dentro de los límites

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establecidos por la norma, el cual puede ser ejercido por cualquier persona sin necesidad de

motivar la solicitud, aunque no debe colisionar con el de protección de datos personales.

En cuanto a las limitaciones o las barreras, referidas en concreto a esta última

norma, hemos de indicar que, precisamente a efectos de agilizar el procedimiento de acceso

a la información de las Administraciones Públicas, algunas organizaciones sin ánimo de

lucro abrieron portales con el objetivo de centralizar las solicitudes de los particulares y de

evitarles la indefensión en la que podrían encontrarse. Nos referimos a Access Info Europe

(http://www.access-info.org) y Tu derecho a saber (http://www.tuderechoasaber.es).

Ambas tuvieron que cerrar sus portales transitoriamente por la falta de colaboración de la

Administración con sus pretensiones, según refieren ellas mismas. La Administración,

presumiblemente electrónica y abierta, dejó de permitir el contacto a través de email,

además de exigir la identificación por DNI electrónico, por certificado digital o por clave a

través del móvil, entre los mayores inconvenientes. Aunque sí es verdad que a la

información del Consejo General del Poder Judicial se puede acceder realizando la solicitud

por aquélla sencilla vía de comunicación, el correo electrónico, por entender que prevalece

el derecho a la información pública frente al de la identificación de la solicitud. Por tanto,

no es óbice plantear la necesidad de cambio en nuestra cultura administrativa para dejar de

tratar a los ciudadanos como sospechosos o como distorsionadores de la tarea

administrativa cotidiana.

Por otro lado, no podemos dejar de referirnos a las redes sociales, las cuales

aparecen como una revolución de la información y de la comunicación con la sociedad.

Efectivamente, la “filosofía de lo abierto”, asociada a la nueva generación de herramientas

tecnológicas de la web 2.0, ha irrumpido con fuerza en los últimos años. Esta tecnología

incluye blogs, wikis, los conectores de redes sociales (por ej, Facebook o Myspace), los

modos de comunicación basados en la web (por ej., chats), el intercambio de fotografías

(por ej. Flickr, Instagram),el vídeo (por ej., YouTube), etc. Todas estas redes sociales han

revolucionado la forma de comunicarnos en sociedad y son una herramienta cada vez más

utilizada por las Administraciones Públicas y los gobiernos como vías facilitadoras de la

participación de los ciudadanos en los asuntos que le son más cercanos o le preocupan del

entorno público.

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Si bien la extensión de las redes sociales es mayoritaria entre la Administración

Pública, es notorio que hay que seguir avanzando en el modo en que se usa. No responder a

los mensajes en Facebook o twitter, por ejemplo, o no actualizar la información, sólo

beneficia a la imagen de innovación que la Administración quiera ofrecer, pero no al uso

adecuado de la red social. Una de las instituciones que ha entendido que responder con

inmediatez incrementa el feedback –conoces lo que ocurre, a través de los propios

ciudadanos-, y aviva el interés por la participación, ha sido el twitter de la Policía Nacional

en España. Con el objetivo de establecer unas recomendaciones básicas y dar unos criterios

de uso, se publicó la Guía de Comunicación Digital:

(http://administracionelectronica.gob.es/PAe/guia_comunicacion_digital).

6ª.- Los portales webs como herramientas para favorecer la transparencia y los

mecanismos de participación de la ciudadanía.

En nuestra investigación hemos estudiado la evolución y la situación actual de las

webs de los ayuntamientos de la provincia de Alicante con respecto a la participación

ciudadana y la transparencia.

Por lo que se refiere a participación ciudadana, en 2009, en un 86,2 % de los

ayuntamientos se oferta el contacto con la corporación municipal o servicios a través de

mail; un 35,1%, a través de formularios de sugerencias, quejas, o generales; y sólo un

28,2% de ellos se plantea consultas a sus conciudadanos a través de encuestas

(normalmente, relativas a Planes de Participación Pública de carácter paisajístico). Al

respecto, destacan las poblaciones de Bigastro y Redován, que publican las consultas de los

ciudadanos y las respuestas de los Alcaldes y el Equipo de Gobierno. Finalmente, siguiendo

a algunos autores, hemos intentado relacionar el porcentaje de abstención en los comicios

electorales municipales de 2007 y casi 10 años después, en 2015, y las iniciativas llevadas a

cabo por los gobiernos correspondientes, llegando a la conclusión de que no existe una

relación significativa en cuanto a abstención –mayor abstención, más grado de iniciativa-,

pero sí parece existir mayor conexión entre tamaño de la población e impulso de la

participación.

Respecto de la forma de interactuar con la ciudadanía en 2015, los ayuntamientos

cuentan en un 100% de los casos con un mail de contacto con los internautas. En segundo

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lugar, en un 65%, disponen de formularios denominados de “sugerencias”, “quejas”,

“contacto”, “pregunta al alcalde” o, simplemente, de “información”. Una de las webs a

destacar es la del Ayuntamiento de Alicante, en el apartado de “Espacio de Participación

Ciudadana”, en el cual se recaba la opinión de los ciudadanos y se ofrece respuesta pública

a sus consultas. En tercer lugar, un 7% de los ayuntamientos han incluido consultas a los

ciudadanos mediante encuestas en Internet, habitualmente acerca de Planes de Participación

Pública de carácter paisajístico, el PGOU, o Internet y los presupuestos participativos.

Calpe es uno de los pocos ayuntamientos que publica las encuestas y las evaluaciones

realizadas. De especial interés es el buzón ciudadano y las redes sociales. En el primer caso,

un 38% de los ayuntamientos, 55 en total, disponen de un buzón específico, sea propio o de

otro organismo para contactar con la Administración y en el que se muestran las consultas

realizadas. En este sentido, 42 de ellos enlazan al “buzón ciudadano” de la Generalitat

Valenciana (figura 46), al que se han adscrito en la provincia de Alicante municipios como

Dolores o Villajoyosa. Aunque los más actualizados y activos corresponden a las

poblaciones de Alcoy, Muro de Alcoy, Orcheta, San Fulgencio, Torrevieja y Villena. Y,

refiriéndonos a las redes sociales, sólo el 46 % de las webs de los ayuntamientos analizados

presentan redes sociales en su página de inicio, en el que Facebook es la red mayoritaria

(100%), seguida de twitter (74%) y youtube (38%). El hecho de que menos de la mitad de

los ayuntamientos no tengan redes sociales, puede explicarse porque no es fácil cambiar la

cultura de la organización. En la web 1.0, los ciudadanos son meros receptores de la

información y de los servicios que la administración crea, mientras que en la administración

2.0, la ciudadanía no sólo genera información y contenidos, sino que además la evalúa de

manera continuada. En aquéllos que cuentan con redes, un 35% disponen de dos perfiles

(Facebook y twitter), como Elche, Jacarilla o Rojales; un 29%, cuentan con tres (Facebook,

twitter y youtube), como Castalla, Guardamar del Segura, Orihuela o Pego; el 18% tiene

sólo una, como los municipios de Benifófar, Cox o Villajoyosa; y, el 17%, cuatro o más

perfiles, entre ellos, Alcoy, Alicante, Almoradí, El Campello, Benidorm, Calpe o

Penáguila. Los municipios pequeños no suelen participar en redes sociales, ya que es difícil

disponer de técnicos o de personal del ayuntamiento para el mantenimiento y la

actualización continua de la red social.

Finalmente, en cuanto a la transparencia y su incidencia en las webs de la provincia,

tras la promulgación de la ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

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(Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE 14.12.13), las comunidades autónomas y las

entidades locales disponían de un plazo de dos años para adaptarse a los términos que la ley

establece. Sin embargo, próximo a cumplirse el plazo indicado en la norma, sólo 31 de las

webs de los ayuntamientos de la provincia de Alicante contienen algún epígrafe en el que se

aluda a la transparencia, a fecha 14.11.15, los cuales se detallan en la tabla 39.

A modo de resumen, en 16 portales (52%), la información que aparece es sobre todo

económica, destacando la relativa a las retribuciones y a la declaración de bienes de los

concejales en 7 de ellos (Alcoy, Benejúzar, Denia, Finestrat, Novelda, Ondara, y Rojales).

Asimismo, en 13 de esos municipios (42%) se sigue el formato y el modelo de los

indicadores establecidos por la organización Transparencia Internacional España (IT-

España). Estos Ayuntamientos son Alicante, Almoradí, Aspe, Banyeres de Mariola,

Benidorm, El Campello, Crevillent, Elche, Jávea, Orihuela, Penáguila, Petrer, Torrevieja.

Como se ha mencionado, dicho formato se agrupa en seis áreas de transparencia, las cuales

se subdividen en apartados, que contienen, en total, 80 indicadores baremables (véase

anexo 3). Estos indicadores sirven para conocer su mayor o menor grado de cumplimiento

y para evaluar, así, el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), con lo que se

puede comparar la situación entre unos y otros y establecer un ránking de transparencia

global, aparte de fomentar la cultura informativa y de transparencia de las instituciones

hacia la ciudadanía.

Aunque no todos los municipios indicados con el modelo IT-España han pasado una

evaluación, el tener la información bajo este formato, facilita la comparación y los

exámenes para los próximos años. Así, desde el año 2008 hasta la actualidad, sólo cinco

poblaciones se han sometido al análisis de Transparencia Internacional España: Alicante,

Benidorm, Elche, Orihuela y Torrevieja. La evolución de la transparencia de estos

ayuntamientos se presenta en el gráfico nº 37, en el que destaca el Ayuntamiento de Elche,

el cual ocupa la primera posición en el ránking de 2008 a 2012, para ocupar la última

posición en la última evaluación de 2014. Caso diametralmente opuesto al de Torrevieja,

que partiendo de posiciones más bien modestas, lleva las dos últimas evaluaciones

consiguiendo ser el que mejor resultados ha conseguido. Alicante se sitúa siempre en un

discreto segundo (2008, 2009), tercero (2014), e incluso cuarto puesto (2010, 2012).

Comparados con los resultados de los 110 ayuntamientos evaluados en toda España en

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2014, como ya hemos indicado, Torrevieja ocupa la 69º posición, Orihuela la 80º, Alicante

la 89ª, Benidorm la 95ª y, Elche, la 103ª.

Como última referencia, hemos de indicar que, al estudiar si hay una opción política

que potencie más que otra la participación y la transparencia, al menos por lo que a la

presentación en las webs se refiere, los resultados ponen de manifiesto que las opciones

progresistas son más proclives a ofertar estas posibilidades en el portal web del municipio.

En este sentido, los datos se estudiaron incluyendo como opción más conservadora a PP,

Ciudadanos y coaliciones con el PP como partido mayoritario; y como opción progresista a

PSOE, a Compromís y, a coaliciones con partidos de izquierda. A tal efecto y tal y como

hemos podido comprobar, en los resultados obtenidos tras las elecciones municipales de

2015, el 48 % de los municipios gobernados por partidos progresistas, ofertan 3 o más

iniciativas participativas (sea el e-mail, las quejas/sugerencias, el buzón de ciudadano o las

redes sociales), mientras que esto sólo lo facilitan el 29% de las opciones calificadas como

más conservadoras. Respecto al portal de transparencia, de los 31 ayuntamientos que lo

habían creado en noviembre de 2015, en un 70% de los casos se trata de municipios

gobernados por partidos de corte progresista.

7ª.- Las acciones institucionales procedentes de agentes europeos, estatales,

autonómicos e incluso locales, han sido relevantes para el fomento y el desarrollo de

la eAdministración y del Gobierno abierto.

Las distintas instituciones, tanto comunitarias como estatales y autonómicas, han

tenido un papel activo en el desarrollo de la sociedad de las TIC. Por lo que respecta a

Europa, nos hemos detenido, por un lado, en las distintas acciones surgidas de la Agenda

de Lisboa 2000, como son el eEurope 2002, 2005, 2010, cuyo objetivo estratégico

primordial se resumía en hacer de la Unión Europea, antes de 2010, “la economía basada en

el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente

de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”. Y, por otro

lado, se debe resaltar también la iniciativa denominada Agenda Digital, 2010, enmarcada

dentro de la estrategia Europa 2020, con la que se propone convertir a la UE en una

economía “inteligente, sostenible e integradora” como forma de salir de la crisis económica

y financiera que ha estrangulado el modelo económico europeo en la última década. Para

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conseguirlo, se plantea que serán las TIC, y especialmente Internet, el principal motor de la

vida económica y social de los próximos años, dado que el sector de las TIC es

directamente responsable del 5% del PIB europeo y contribuye al crecimiento de la

productividad en general con un 20% directo y un 30% de inversiones en TIC.

Precisamente, para la Agenda Digital, juega un papel primordial el desarrollo de la

Administración electrónica, ya que es una opción rentable para prestar un mejor servicio a

los ciudadanos y las empresas, “propiciando una administración participativa, abierta y

transparente” a través del segundo Plan europeo de Administración electrónica (2011-

2015).

En cuanto a España, debemos destacar los acciones integradas en el Plan InfoXXI

(2001-2003), y el España.es (2003) -con el Plan de choque para el Impulso de la

Administración electrónica en España-, que siguieron la estela de los eEurope y que

potenciaron las mejoras electrónicas de la Administración General del Estado, entre ellas, el

desarrollo del Portal del Ciudadano, la Seguridad Social (www.seg-social.es), el Tesoro

Público (www.tesoro.es), el DNI electrónico, etc. Asimismo, también hay que reseñar, por

un lado, el plan Avanza I (2006-2010), con el que se pretendía poner a España al mismo

nivel de la UE en aspectos como la cobertura y la conectividad y con el que se consiguió la

conectividad, en 2010, de la banda ancha para el 99% de la población, la cobertura de

telefonía móvil también al 99% de las áreas -iniciativa pionera para la UE al mejorar la

calidad de las redes en zonas rurales-, impulsar Internet en el aula, ocupar el segundo lugar

en la UE en cuanto al porcentaje de empresas que usan firma electrónica (el 49%) y ser un

país de referencia en la aplicación de las TIC en el sistema sanitario. Y, por otro lado, el

Avanza II (2011-2015), con el cual se quería contribuir a la recuperación económica de

España a través del uso intensivo y generalizado de las TIC y continuar con el impulso de

los proyectos de éxito (Administración electrónica, eDNI, Sanidad en línea, Justicia en red,

dotación de centros escolares, contenidos digitales…). Estas iniciativas junto a la Agenda

Digital para España (2013) han permitido que, en la actualidad, España lidere el ránking de

uso de telefonía móvil en Europa, que el 58,8% de la población mayor de 14 años use el

ordenador (aunque la diferencia de más de un 40% pone en evidencia que existe una

importante brecha digital en nuestro país, y en consecuencia, que hay que responder a las

necesidades de la población sin acceso a Internet), y que se sitúe en la posición número 14

del desarrollo del Índice Europeo de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI),

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(http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi), que valora factores de conectividad, de capital

humano en TIC, de uso de Internet, de integración de tecnología digital y servicios públicos

digitales, por encima de la media europea y de países como Francia o Italia; y el 6º lugar,

en 2015, respecto del indicador específico denominado “Servicios Públicos digitales”, con

un porcentaje del 65,13% y casi 20 puntos por encima de la media europea. Este indicador

refleja la digitalización de los servicios públicos de los Estados miembros, con especial

referencia para la eAdministración y la eSanidad.

Por lo que se refiere a la Comunitat Valenciana, también sigue las directrices

europeas y estatales para promocionar y desarrollar la Sociedad de la Información y la

Administración electrónica en su territorio. Al respecto, cabe destacar las acciones

impulsadas por el tercer plan de modernización administrativa, el AVANTIC (2004-2010),

la Agenda Digital para la Comunitat Valenciana (2014) y el Plan de Innovación y

Modernización de la Administración de la Generalitat, Gobernanza 2013, aprobado por el

Gobierno Valenciano el 5 de febrero de 2010, dirigido a transformar la Administración.

Algunos hitos relacionados con esta última acción son la promulgación de la Ley de

Administración electrónica de la Comunitat Valenciana (Ley 3/2010, de 5 de mayo), que ha

hecho efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse electrónicamente

con las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, el Registro Telemático en

todas las Consellerías y la creación de la sede electrónica de la GVA. En definitiva, estas

acciones han permitido que la Comunitat Valenciana llegue a la media nacional de servicios

públicos ofertados online, si bien respecto a los que se ofrecen a la ciudadanía no alcanza la

media (68% , frente al 78%), mientras que, en los servicios ofrecidos a las empresas,

mejora la media nacional (95%, frente a 82%).

Mención especial merecen los esfuerzos dedicados por la Diputación de Alicante, a

través del Plan Moderniza, para conseguir suplir la falta de recursos en innovación

tecnológica de los pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes, un 82% del total de

los 141 municipios y 3 ELM con que cuenta la provincia de Alicante. Ello para disminuir la

brecha digital por población y para que los vecinos de esos términos municipales no puedan

sentirse discriminados respecto de los servicios digitales que cualquier otro organismo

ofrece, con independencia de su tamaño o de los recursos económicos disponibles.

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En concreto, interesa destacar que, desde la popularización de Internet, la

Diputación ha sufragado diversas iniciativas para dotar a los municipios de página web a

través de la cual se pueda presentar toda la información municipal de tipo cultural,

deportiva, histórica o patrimonial. Una de ellas fue el Programa Pista local+ de

Administración Local, promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -

mediante la Dirección General para la Sociedad de la Información- y la Federación

Española de Municipios (FEMP) y dirigido a promover la implantación efectiva de los

servicios en línea. Y, más recientemente, la Diputación ha impulsado el Plan de

modernización de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, Moderniza 7.0, aprobado

en mayo de 2012 y vigente hasta diciembre de 2015, prorrogable automáticamente,

pudiendo disponer de programas como el “Ayuntamiento en la nube”, “Software municipal,

“Acuerdos de licencias”, “Administración electrónica”, “Portales webs municipales”, o la

aplicación para móvil, MunicipApp.

En resumen, en la tesis hemos podido comprobar el alcance del apoyo de la

Diputación al analizar la estructura de los portales webs de los ayuntamientos alicantinos y

observar el importante número de poblaciones pequeñas que disponían de web, así como de

sede electrónica y la aplicación para móviles (véase apartado “Dimensión: estructura) y

cómo ha ido incrementándose el número de municipios que se incorporan a la tecnología

que la Diputación les proporciona. Así, en el año 2009, 44 municipios (30,5%) se habían

adherido a los tipos de portales webs desarrollados con Pista Local +, cuyo ejemplo es el de

las webs de Famorca y Quatretondeta (figuras 29 y 30), estructuradas en cuatro grandes

bloques: Ayuntamiento, Municipio, Últimas noticias y Agenda. Años después, en 2015, el

porcentaje se había incrementado a algo más del 52% de los Ayuntamientos, teniendo en

cuenta que el modelo elegido es el básico del Plan Moderniza y que hemos encontrado en

75 de las poblaciones, entre ellas Quatretondeta (con 115 habitantes, según el censo del

2014). Esta nueva presentación, más moderna y atractiva, es, sin embargo, menos operativa

e induce al usuario a abandonar si tiene que moverse excesivamente por la página (figura

31).

Por otro lado, en 87 Ayuntamientos, se detecta un modelo específico para la gestión

de la Administración electrónica de los municipios y que responde a una estructura y una

fisonomía concreta (figura 43). Estas webs llevan una dirección común a la que precede el

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nombre de la población p.ej. (http://alcalali.sedelectronica.es). La Diputación de Alicante

contrató esta plataforma de tramitación para que todos los ayuntamientos adheridos al

programa pudieran gestionar sus procedimientos de forma electrónica (véase capítulo 8).

Los costes para aquellos municipios menores de 55.000 habitantes los asume la Diputación,

así como la formación del personal del ayuntamiento y la asesoría para su implantación.

En cuanto al Gobierno abierto, las iniciativas son lógicamente menores porque es

un modelo todavía incipiente y en evolución. Por lo que respecta a la Unión Europea, la

Declaración de Mälmo de 2009 ya mencionada, además de establecer pautas para la

Administración electrónica, también recomienda que, para conseguir el empoderamiento de

los ciudadanos y las empresas, las Administraciones Públicas deben, entre otras

indicaciones, reutilizar la información, reforzar la transparencia e incrementar la

participación de los ciudadanos. Asimismo, conviene señalar el Plan Europeo de acción

sobre la Administración electrónica para 2011-2015, por cuanto incide en la necesidad de

apoyar la denominada “transición” desde una Administración electrónica actual y moderna,

a otra de nueva generación, con servicios más abiertos, flexibles, colaborativos, que

permitirán la capacitación de ciudadanos y empresas. Con antelación, se había publicado la

Directiva 2003/98/CE de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización de la

información del sector público, a través de la cual se alienta a los Estados miembros a que

publiquen los datos en posesión de cualquier organismo público para que pueda ser

reutilizado, y el Libro Verde en favor de la Transparencia de 2006, por el que se establecen

ámbitos de acción relacionados con ella, como es la deontología de las instituciones

europeas, o el marco en el que deben ejercer sus actividades los grupos de presión y las

organizaciones de la sociedad civil. La UE cuenta con un portal de la transparencia,

(http://ec.europa.eu/transparency), creado con el objetivo de proporcionar más información

a la ciudadanía acerca de cómo se toman las decisiones en las instituciones europeas, quién

influye o participa en las mismas, o quién recibe financiación del presupuesto de la UE, así

como un portal de datos abiertos, Open data (https://open-data.europa.eu/es/data),

Por lo que respecta a España, en la Ley sobre Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre), se estipula el

refuerzo de la transparencia en la actividad pública, se regula el derecho de acceso a la

información en poder de las instituciones públicas y se potencia el concepto de “publicidad

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activa”, como obligación de publicar periódicamente los datos institucionales, económicos,

de relevancia jurídica, etc. Además, obliga a que dispongan de portal de transparencia las

distintas administraciones, antes de transcurridos los dos años de vigencia tal (la cual se

extinguía el 10 de diciembre de 2015). A tal efecto, en diciembre de 2014, el Gobierno de

España puso en marcha su Portal de Transparencia en (http://transparencia.gob.es/.

Asimismo, también se cuenta con un portal de datos abiertos (http://datos.gob.es), accesible

desde octubre de 2011, anteriormente integrado en el Proyecto Aporta, como forma de

poner a disposición de la sociedad la información pública para que pueda ser reutilizada,

siguiendo la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público (Ley 37/2007 de 16

de noviembre). Es curioso señalar que el 87% de los países europeos tienen creado un

portal de datos nacional y, entre ellos, destacan por el alto número de visitantes, Reino

Unido, seguido de Francia, Grecia y España (tal y como indicamos en el apartado 5.2.5).

Por otro lado, nuestro país entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno

Abierto (OGP) en abril de 2012, cuya misión principal se centra en conseguir que los

gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia

sus ciudadanos, para cuyo acceso firmó la correspondiente “Declaración de Gobierno

Abierto” (véase completa en el anexo 5) y se obligó a cumplir los compromisos incluidos

en el I y II Plan de Gobierno abierto, en 2012 y 2014, respectivamente, detallados en el

punto 6.2.4. En este sentido, es interesante destacar, como uno de los compromisos

adquiridos, la rendición de cuentas de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), para cuya

estadística denominada “info@OD”, todas las instituciones perceptoras de la misma,

vuelcan datos anuales al Ministerio de Asuntos Exteriores, incluida la Universidad de

Alicante, para analizar y exponer los datos. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones,

los resultados –al menos, reflejado en el Informe del avance 2012-2013 que recogemos en

la tesis en el apartado referido anteriormente, respecto del I Plan-, indican que la Ley de

Transparencia (LTBG) es el logro gubernamental más notorio, no pareciendo que exista

mucho interés en el cumplimiento del resto de compromisos.

Finalmente, refiriéndonos a la Generalitat Valenciana, hemos de indicar que el 8

de abril de 2015, esta administración autonómica publicó en el DOCV su correspondiente

Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, LTBGP (Ley 2/2015, de

2 abril), efectivamente, antes de finalizar los dos años de plazo estipulados por la ley de

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Transparencia estatal. Para dar cumplimiento al acceso a la información de publicidad

activa prevista en la LTBGP, se creó el portal GVA Oberta (http://www.gvaoberta.gva.es),

cuya versión más actualizada se puso en marcha con el nuevo gobierno de la GVA, el 27 de

enero del presente año (según figura 25). En este portal de transparencia se publica aquella

información que el art. 9 de la Ley 2/2015 requiere y que se distribuyen en seis bloques

principales: información económica, presupuestaria y estadística; información de relevancia

jurídica; información institucional, organizativa y de planificación; información relativa a

altos cargos y asimilados; información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente y

otros contenidos objeto de publicación. También provisionalmente incluido en el portal

GVA Oberta, se puede acceder a los datos en formato abierto, u Open data de la GVA.

A mayor abundamiento, para reforzar esta tendencia de la transparencia y buen

gobierno se confeccionó un borrador de “Código de Buen Gobierno” de la GVA, expuesto

en información pública para la presentación de alegaciones hasta el 10 de noviembre de

2015, y el cual deben observar todas las personas que acceden a un cargo. Nos sorprende,

por un lado, el artículo relativo a la “aconfesionalidad” (cap.I, art.10), por la confusión de

muchos representantes políticos en torno al hecho de ser o no obligatorio acudir a los actos

religiosos, lo que motivó la comparecencia del Conseller Manuel Alcaraz en la prensa del

28 de octubre de 2015, aclarando la aconfesionalidad del Estado y la presencia a título

individual en cuantos actos se deseen asistir. Y, por otro lado, el artículo 27, referido a

“regalos u obsequios”, y el art. 35, relativo a la “gestión austera”, ambos necesarios

lamentablemente en una sociedad como la valenciana, cuya clase política ha dado muestras

de mal uso y poca diligencia frente a los caudales públicos. Queremos finalizar este

apartado haciendo referencia en primer lugar, al ránking de Transparencia Internacional

España (ap. 7.2.7) en el que la Comunitat Valenciana ha participado en las últimas

ediciones del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU),

obteniendo uno de los primeros puestos para 2014 (por detrás de Castilla-León, Cataluña y

País Vasco (100 puntos c/u) como las más transparentes, La Rioja (96), Galicia (94) y

Baleares y C. Valenciana (ambas con 93 puntos), frente a las últimas posiciones que había

logrado en las ediciones de 2010 y 2012.

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Limitaciones de la investigación y futuras líneas de trabajo

En este estudio, hemos analizado el desarrollo de la Administración electrónica y el

Gobierno abierto en las Administraciones Públicas a través de las webs de los

ayuntamientos de la provincia de Alicante, relacionándolo con el fomento de la interacción

y de la participación ciudadana, al tiempo que hemos estudiado la acción de los agentes

supramunicipales en dicho desarrollo. Sin embargo, por la propia naturaleza del objeto de

estudio, las limitaciones con las que nos hemos encontrado se refieren precisamente al

carácter dinámico y en evolución de estas herramientas internáuticas -los portales en

Internet relativos a la eAdministración, a la transparencia y al Open data en el que las TIC

juegan un papel significativo-. Por otra parte, paradójicamente, las últimas leyes

promulgadas sobre transparencia obligan a adaptar los portales de todas las instituciones

públicas a los requisitos establecidos en las normas, por lo que la actualización de la

investigación se hace imprescindible.

En todo caso, las conclusiones obtenidas en la tesis que presentamos abren una línea

de investigación relacionada con la evolución y la consolidación del Gobierno abierto y de

la transparencia, lo que profundiza en los factores políticos o sociales que favorecen su

adopción, por parte de las administraciones, y su uso, por parte de los ciudadanos. En

definitiva, si la percepción que la ciudadanía tiene de este nuevo modelo de interacción

digital es positiva, le permitirá volver a confiar en la gestión pública de sus gobernantes.

En este sentido, consideramos que se está en el camino correcto y que las

administraciones son conscientes de que se debe seguir haciendo un esfuerzo de

sensibilización para que la cultura de la transparencia cale en todos los niveles de la

organización. Y, al mismo tiempo, la sociedad civil se encuentra en un estado general de

exigencia de apertura y de claridad en la actuación de los poderes públicos. Este factor será

determinante en los próximos años y será una parte importante de nuestra línea

investigadora. Sin olvidar, que no hay nada peor que un nuevo converso y que, en este

sentido, el Gobierno abierto tampoco es la panacea universal frente a la corrupción, pero, al

menos, supone un gran paso. O, quizás obedezca, como sugiere Manuel Alcaraz, Conseller

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat

Valenciana:

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En parte en buscar respuestas en una época de confusión, cuando se desmorona la

credibilidad de las instituciones (…), [y en la que] una respuesta racional pero algo mágica -

se convierte en un fin en algunas opiniones- a los problemas existentes. En parte, también,

es una expresión particular de expresiones culturales de nuestro tiempo: el exhibicionismo,

el narcisismo, el neopuritarismo... Una rendición de cuentas adecuadas exige buscar

equilibrios, dejar claro lo posible, para no incrementar la frustración (anexo 4).

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- (2014) Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA-2014).[En

línea]Obtenido el 15 de diciembre de 2015 (http://transparencia.org.es/ita-2014) - (2015a) Índice de transparencia de las Comunidades Autónomas.Obtenido el 2

de diciembre de 2015 (http://transparencia.org.es/indice-de-transparencia-de-las-comunidades-autonomas-incau-2014-objetivos-y-caracteristicas-basicas)

- - (2015b) Índice de percepción de la corrupción, 2015. Aspectos destacados.

Obtenido del 2 de diciembre de 2015 (http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/aspectos_destacados_ipc-2015.pdf)

TRATADO DE LISBOA (2007) por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, [DOUE (2007/C 306/01)], de 17 de diciembre de 2007.

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GRÁFICOS, TABLAS Y FIGURAS

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GRÁFICOS, TABLAS Y FIGURAS

Figura 1. Esquema de desarrollo del Gobierno abierto. ................................................. 58 Figura 2. Mapa Mundial de la Corrupción (IPC 2015). ................................................. 71 Figura 3. Portal de datos abiertos. Open data Euskadi. .................................................. 79 Figura 4. Portal vasco Irekia (abierto, en euskera). ........................................................ 79 Figura 5. Apartado de participación ciudadana en el Portal Irekia ................................ 80 Figura 6.Blog del alcalde de Jun. .................................................................................... 90 Figura 7. Foro de discusión en E-Democracy.org .......................................................... 90 Figura 8. PIP 2014-2016 Gobierno Vasco. .................................................................... 95 Figura 9. Aplicaciones realizadas con datos abiertos de la Generalitat de Cataluña...... 96

Figura 10. Xarxa d’Innovació Pública ............................................................................ 97 Figura 11. Plataforma Ciutadania4.0 ........................................................................... 115 Figura 12. Decálogo de Derechos de la Ciudadanía ..................................................... 117 Figura 13: eAdministración. Comparación entre países europeos, 2014. .................... 147 Figura 14. Nuevo perfil de la A.Pública orientada al usuario ...................................... 169 Figura 15. Hogares con acceso a Internet, 2014 ........................................................... 193 Figura 16. Portal Administración electrónica, AGE. ................................................... 205 Figura 17. Portal de la Transparencia, AGE ................................................................. 208 Figura 18. Reclamaciones presentadas ante el CTBG .................................................. 209 Figura 19. Portal datos.gob.es ...................................................................................... 213 Figura 20. web Corporativo de la Generalitat Valenciana, 2009 ................................. 236 Figura 21. Nivel de ejecución del Gobernanza, diciembre 2012 ................................. 240

Figura 22. web de la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana .............................. 242 Figura 23. Plan Estratégico de eAdministración, GVA 2004-2020 ............................. 251 Figura 24. GVA Oberta. Portal de Transparencia de la GVA ...................................... 257 Figura 25. Nuevo Portal de Transparencia GVA ......................................................... 260 Figura 26. Anexo al convenio entre la GVA y TI-España ........................................... 267 Figura 27. Modelo de sede electrónica. Ayuntamiento de Millena .............................. 282 Figura 28. Modelo de iniciativa web. Ayuntamiento de Redován. .............................. 283

Figura 29.web del Ayuntamiento de Famorca.............................................................. 295 Figura 30. web del Ayuntamiento de Quatretondeta, 2009 .......................................... 295 Figura 31. web del Ayuntamiento de Quatretondeta, 2015 .......................................... 298 Figura 32. web del Ayuntamiento de La Vall de Gallinera .......................................... 300 Figura 33: web del Ayuntamiento de Agres ................................................................. 301

Figura 34. web del Ayuntamiento de Guardamar del Segura....................................... 302 Figura 35. web del Ayuntamiento de Pilar de Horadada .............................................. 303

Figura 36. web del Ayuntamiento de Alcalalí, 2009 .................................................... 308 Figura 37. web del Ayuntamiento de Alcalalí, 2015 .................................................... 308 Figura 38. web de información general. Ayuntamiento de Mutxamel ......................... 310 Figura 39. Ejemplo de sección de fiestas. Ayuntamiento de Orihuela ......................... 310 Figura 40. Presupuestos participativos. Ayuntamiento de Novelda ............................. 315

Figura 41. Descarga de documentos. Hondón de los Frailes ....................................... 317 Figura 42. Sede electrónica del Ayuntamiento de Benidorm ....................................... 319 Figura 43. Sede electrónica Ayuntamiento de Beniarbeig ........................................... 320 Figura 44. Carpeta ciudadana. Ayuntamiento de Beniarrés ......................................... 321 Figura 45: Pregunta a la alcaldesa. Ayuntamiento. de Redován .................................. 325

Figura 46: Buzón Ciudadano GVA .............................................................................. 327

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Figura 47: Aplicación MuniciApp ................................................................................ 331 Figura 48. Inicio web Ayuntamiento de Benferri, con epígrafe de transparencia ........ 334 Figura 49. Portal de Transparencia, Ayuntamiento de Almoradí ................................. 335 Figura 50. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Torrevieja........................... 338 Figura 51. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Orihuela ............................. 338 Figura 52. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alicante .............................. 339 Figura 53. Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Benidorm ........................... 339

Tabla 1. Índices de transparencia. .................................................................................. 69 Tabla 2. Índice de Percepción de la Corrupción 2015. ................................................... 72 Tabla 3. Países integrantes OGP-2015 ........................................................................... 75 Tabla 4. Bloques participación ciudadana en Irekia....................................................... 77 Tabla 5. Servicios básicos eEurope2002 ...................................................................... 126 Tabla 6. Indicadores Agenda Digital para Europa 2020. ............................................. 137 Tabla 7. Resumen medidas España.es ......................................................................... 168 Tabla 8: Iniciativas del Plan de Choque ....................................................................... 170 Tabla 9. Resumen Metaproyectos, proyectos y coste del Plan Conecta 2005.............. 173 Tabla 10. Logros Plan Avanza I, datos 2010 ................................................................ 175 Tabla 11. Objetivos específicos Plan Avanza II ........................................................... 179 Tabla 12. Indicadores Plan Avanza II. Administración sin papeles en 2015 ............... 181 Tabla 13. Planes específicos Agenda Digital España ................................................... 184 Tabla 14. Indicadores clave sobre Serv.Digitales y A. Electrónica ............................. 188

Tabla 15. Disponibilidad de servicios electrónicos ...................................................... 197 Tabla 16. Uso de la eAdministración por ciudadanos y empresas. .............................. 200 Tabla 17. Portales relevantes relacionados con la eAdministración. ............................ 203 Tabla 18. Iniciativas de datos abiertos en España. ....................................................... 213 Tabla 19. Análisis del cumplimiento de los compromisos OGP España ..................... 219 Tabla 20. Hogares conexión Banda Ancha .................................................................. 245 Tabla 21. Viviendas que disponen de acceso a Internet por CCAA. ........................... 247 Tabla 22. Servicios Públicos medidos en 2014 ............................................................ 248

Tabla 23. Resultados globales por CCAA (%), 2014. .................................................. 249 Tabla 24: Normativa y Portal de Transparencia en CCAA. ......................................... 270 Tabla 25: Enlaces a Portales de Open data en autonomías. ......................................... 273 Tabla 26. Balance del Plan Moderniza 7.0 ................................................................... 280

Tabla 27. Presencia en Internet de los Ayuntamientos (provincia de Alicante)........... 288 Tabla 28: Comparación web por tramos habitantes 2006, 2009 y 2015 ...................... 289 Tabla 29: Ayuntamientos sin página web en la provincia de Alicante, año 2009 ........ 291

Tabla 30: Comparación webs por comarcas, año 2006 ................................................ 291 Tabla 31. comparación webs por comarcas, año 2009 ............................................ 292 Tabla 32: diferencias entre web-ayuntamiento y web-municipio ................................ 294 Tabla 33. Municipios con web Moderniza, 2015. ........................................................ 297 Tabla 34.Idiomas por tramos de población, 2015. totales ............................................ 307

Tabla 35. Módulos básicos de la plataforma Sede Electrónica .................................... 320 Tabla 36. Municipios que disponen de sugerencias, quejas, pregunta al alcalde. ........ 325 Tabla 37. Buzón sugerencias GVA. Municipios más activos ...................................... 327 Tabla 38. Entidades locales con redes sociales, por tramos de habitantes ................... 330

Tabla 39. Portales de transparencia en los ayuntamientos de Alicante ........................ 333

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Tabla 40: composición política de los aytos. con web, años 2006,2009 y 2015 .......... 340 Tabla 41: Iniciativas participativas por nivel de abstención, 2009 ............................... 342 Tabla 42: Iniciativas participativas por nivel de abstención, 2015 ............................... 343 Tabla 43: Ideología política e iniciativas participativas, 2015 ..................................... 345 Tabla 44. Transparencia, por composición política, 2015 (% y totales) ..................... 347

Gráfico 1. Evolución de España en el IPC, 2007-2015 .................................................. 73 Gráfico 2. Uso de la eAdministración por nivel estudios, 2010-2012. ......................... 100 Gráfico 3.Uso de la eAdministración por edad, 2010-2012. ........................................ 101 Gráfico 4. Brecha digital de género, 2012-2015 .......................................................... 102 Gráfico 5: Grado de madurez eAdministración Estados miembros, 2001-2002 .......... 131 Gráfico 6. Madurez Portales Open data ....................................................................... 156 Gráfico 7. Índice europeo de Economía y Sociedad Digitales (DESI), 2015. ............. 188 Gráfico 8. Particulares que usan ordenador .................................................................. 190 Gráfico 9. Frecuencia de acceso diaria a Internet ......................................................... 191 Gráfico 10. Hogares con acceso a Internet, 2014 (%) .................................................. 194 Gráfico 11. Índice DESI por Servicios Públicos Digitales, 2015 ................................. 196 Gráfico 12. Disponibilidad de procedimientos y servicios electrónicos, 2012 (%). .... 198 Gráfico 13. Niveles de desempeño en eAdministración en España y UE28 ................ 199 Gráfico 14. Uso de la eAdministración s/ forma de contacto, 2010-2015 (%). ........... 202 Gráfico 15. Viviendas con teléfono móvil, 2006-2015. ............................................... 243 Gráfico 16. Viviendas con banda ancha por CCAA 2007, 2010 y 2015 (%) ............... 244

Gráfico 17. Viviendas con acceso a Internet por CCAA 2007-2010-2015 (%) ........... 246 Gráfico 18. Viviendas acceso Internet C.Valenc-España, 2006 a 2015 (%) ................ 246 Gráfico 19: Evolución INCAU 2010, 2012 y 2014 ...................................................... 269 Gráfico 20: Índice de Transparencia de las CCAA (INCAU-2014) ........................... 270 Gráfico 21. Evolución del porcentaje de entidades locales con y sin web ................... 288 Gráfico 22. Comparación ayuntamientos con web 2006 y 2009 (%) ........................... 290 Gráfico 23. comparación por comarca año 2006 .......................................................... 292 Gráfico 24: comparación por comarca, año 2009......................................................... 293

Gráfico 25: webs con diseño de la Diputación, 2009-2015 .......................................... 296 Gráfico 26. Idiomas en las webs de los ayuntamientos (%) ......................................... 304 Gráfico 27. Idiomas en la web de los ayuntamientos, 2009-2015 (totales).................. 305 Gráfico 28. Idiomas portramos de población, 2009 (%) .............................................. 306

Gráfico 29: Información general del municipio,2009 (%) ........................................... 309 Gráfico 30: entidades, equipamiento y servicios del municipio, año 2009 (%) ........... 311 Gráfico 31: dinamización y grupos de personas (%) .................................................... 312

Gráfico 32. Organización interna del ayuntamiento (%) .............................................. 314 Gráfico 33. Grado de madurez de la eAdministración ................................................. 318 Gráfico 34. Participación ciudadana en 2009 (%) ....................................................... 322 Gráfico 35. Mecanismos de participación ciudadana en 2015 (%) .............................. 324 Gráfico 36. Número de perfiles en redes sociales de los aytos. alicantinos (%) .......... 329

Gráfico 37. Evolución ránking de Transparencia ......................................................... 337 Gráfico 38. Transparencia, por composición política, 2015 (totales) .......................... 347

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GLOSARIOS

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401

GLOSARIO

DE TÉRMINOS

Brecha digital. Distinción entre los que tienen acceso a las TIC y pueden hacer uso de

los servicios del www y aquéllos que están excluidos.

eGovernment. Administración Pública en línea

Interoperabilidad. Capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a

los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información

y conocimiento entre ellos (PAe)

Información pública. Conjunto de contenidos o documentos que obren en poder de

cualquiera de los sujetos obligados al cumplimiento de la ley y que hayan sido

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Transparencia. Derecho de los ciudadanos a acceder a la información que produce y

gestiona la Administración. Se manifiesta en el derecho de la ciudadanía a la publicidad

activa y derecho de acceso a la información.

Publicidad activa. Información que la Administración pone a disposición de todos los

ciudadanos sin necesidad de que éstos lo soliciten, fundamentalmente a través de

Internet.

Derecho de acceso a la información pública. Derecho de cualquier ciudadano o

ciudadana al acceso a la información pública, a título individual o en representación de

cualquier organización legalmente constituida, mediante solicitud previa y sin más

limitaciones que las contempladas en la ley.

Datos abiertos (Open data). Datos de carácter estadístico, científico o técnico que la

Administración pone al servicio de los ciudadanos en formatos accesibles y

reutilizables.

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402

DE ACRÓNIMOS AAPP Administraciones Públicas AGE Administración General del Estado CCAA Comunidades Autónomas CE Comisión Europea CIS Centro de Investigaciones Sociológicas DOCV Diario Oficial de la Comunitat Valenciana eAdministración Administración electrónica EELL Entidades Locales ELM Entidades Locales Menores INCAU Índice de Transparencia de las CCAA INDIP Índice de Transparencia de las Diputaciones INE Instituto Nacional de Estadística INTRAG Índice de Transparencia del Agua IPAR Índice de Transparencia de los Parlamentos IPC Índice de Percepción de la Corrupción IT-España Transparencia Internacional España ITA Índice de Transparencia de los Ayuntamientos LOPD Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de Datos Personales LRJPAC Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo

Común OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos OGP Open Government Partnership ONTSI Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información PAe Portal de Administración electrónica de la Administración General del Estado. RISP Reutilización de la Información del Sector Público SI Sociedad de la Información TIC (TICs) Tecnologías de la Información y la Comunicación UE Unión Europea WWW World Wide Web

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ANEXOS

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405

ANEXO 1. Enlaces sobre transparencia Referencias de páginas webs más destacadas • Portal de Administración electrónica AGE https://administracionelectronica.gob.es • En laces de transparencia

- Casa de Su Majestad El Rey:

www.casareal.es/ES/Transparencia/Paginas/subhome.aspx

- Congreso de los Diputados:

www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Transparencia

- Senado:

www.senado.es/web/relacionesciudadanos/transparencia/index.html

- Tribunal Constitucional:

www.tribunalconstitucional.es/es/LeyTransparencia/Paginas/default.aspx

- Consejo General del Poder Judicial:

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia

- Consejo de Estado: www.consejo-estado.es/transparencia

- Defensor del Pueblo: www.defensordelpueblo.es/transparencia/sobre-la-

transparencia/

- Tribunal de Cuentas: www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/transparencia/

- Banco de España:

www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/

- Consejo Económico y Social: www.ces.es/web/guest/trans-intro

- Comisión Europea: ec.europa.eu/transparency/index_es.htm

Espacios en la red para debates y colaboración en el ámbito del Gobierno Abierto: Linkedin:

- Gobierno Abierto, Transparencia y Redes Sociales

www.linkedin.com/groups?gid=4470694

- INprendedores Públicos www.linkedin.com/groups?gid=4327005

- Administración electrónica y Función Pública 2.0

www.linkedin.com/groups?gid=2335011

- Administración Inteligente www.linkedin.com/groups?gid=2090222

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406

- 180grados. El Cambio en la Administracion

www.linkedin.com/groups?gid=4282801

- La comunicación interna en la A.Pública

www.linkedin.com/groups?gid=3571396

NovaGob, la red social de la Administración Pública: www.novagob.org/

Xarxa IP – Xarxa d’Innovació Pública: www.xarxaip.cat/

Globonet, gobiernos locales en red. Creado por la FEMP: www.goblonet.es/

Club de Innovadores Públicos: www.clubdeinnovacion.es/ Un instrumento de apoyo

a los responsables de las diferentes Administraciones Públicas para difundir las

mejores experiencias innovadoras y casos de éxito.

Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas

(GIGAPP): www.gigapp.org. Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito

internacional cuyo principal propósito es contribuir al debate y a la generación de

nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, de

gestión y de políticas públicas.

Listado de blogs relacionados con la administración pública

administracionbeta.blogspot.com.es/2012/12/un-buen-pedazo-de-la-blogosfera-

publica.html

Blog de Victor Almonacid: https://nosoloaytos.wordpress.com

Blog "Transparencia y gobierno abierto" de Miguel A. Blanes:

https://miguelangelblanes.com

Artículos con la etiqueta "transparencia" en el blog de Rafael Jiménez Asensio:

https://rafaeljimenezasensio.com/category/transparencia-2/

"Gobierno Transparente" (transparencia, OGov y tecnología):

http://gobiernotransparente.com

-Scoop.it sobre Transparencia en España de Rafa Camacho:

http://www.scoop.it/t/transparencia-by-rafa-camacho

Plataformas y proyectos en pro de la Transparencia

Para que la información que las administraciones vuelcan revierta en una fluida

democracia participativa en la que los ciudadanos sean parte activa en el desarrollo de

las políticas públicas y para que, además, la transparencia no sea sólo un concepto de

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407

moda sino que ayude a prevenir situaciones de corrupción, es necesario que los

ciudadanos comprendan esos datos compartidos en red. Para facilitar esta ingente tarea,

han surgido colectivos e iniciativas, tanto nacionales como internacionales:

Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural

(http://labcompublica.info),de la Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo

de investigación cuyo proyecto más emblemáticoMapa de les bones pràctiques

de la comunicació pública local, creado en 2012,da visibilidad a los

ayuntamientos catalanes que reflejan mejor en sus webs los indicadores de

transparencia, a travésde la concesión de los premios anuales denominados

SelloinfoParticipa.

Dentro del periodismo de datos: The Upshot, http://www.nytimes.com/upshot, en

el The New York Times. FiveThirtyEight.com, o Vox www.vox.com, En España,

El confidencial tiene también una sección dedicada al periodismo de

investigación. Diario de Navarra: http://laboratorio.diariodenavarra.es.

Fundaciones: Fundación ciudadana Civio http://www.civio.es/, en cuya web

puede leerse “datos accesibles para todos. Transparencia para una democracia

más fuerte”. Su última campaña fue, “¿quién cobra la obra?”, sobre la

contratación de obra civil en España. Fundación Compromiso y

Transparencia http://www.compromisoytransparencia.com/, constituida en el

año 2007 por un grupo de profesionales procedentes del mundo de la empresa, la

academia y el sector no lucrativo para impulsar el buen gobierno, la

transparencia, la rendición de cuentas y el impacto social de las instituciones.

Proyectos como “¿Dónde van mis impuestos?” http://dondevanmisimpuestos.es/

o El Indultómetro” http://www.elindultometro.es/index.html

Iniciativas como el buzón https://xnet-x.net/buzonx/, para denunciar casos de

corrupción.

ePolitic www.epolitic.org, plataforma por la que se puede acceder al CV de los

políticos españoles.

Poletika (Política+ética= Poletika), www.poletika.org. Su objetivo consiste en

«vigilar y presionar a los candidatos y a los partidos políticos para que las

personas estén en el centro de las políticas y para alcanzar una sociedad más

justa y menos desigual», además cuenta con el apoyo y la implicación de más de

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150 organizaciones y movimientos de la sociedad civil que trabajan en distintos

ámbitos, como Oxfam Intermón.

En el entorno de las instituciones de la UE: Access Info Europewww.access-

info-orgAsí como la plataforma que unifica las consultas de particulares a la

UEwww.asktheEU.orgY también la página www.integritywatch.eu,relacionada

con el control de las decisiones y datos de la UE.

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409

ANEXO2. Cronología destacable sobre la eAdministración y el Gobierno abierto. ES 26.11.1992

Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimientos administrativo Común (LRJPAC). Vigente hasta el 2.10.16

GVA 5.02.1996

I Plan de Modernización, PEMAV 1996-1999

ES 13.12.1999

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)

UE 23 .03.2000 (fecha del consejo Europeo de Lisboa)

Iniciativa eEurope (y sus acciones siguientes:eEurope2002, eEurope2005 y Plan Europa i2010)

GVA 22.12.2000

II Plan de Modernización y Racionalización de la Administración Pública valenciana (Moderniza).

ES mayo/2003

Plan de choque para el impulso de la Administración electrónica en España

UE 17/11/2003

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la Reutilización de la Información del Sector Público (revisada por la Directiva 2013/37/UE)

ES 19.12.2003

Ley 59/2003 de firma electrónica (BOE 20.12.2003).

GVA 12.05.2004

III Plan de Modernización administrativa (AVANTIC), 2004-2010

ES 04.11.2005

I Plan Avanza 2006-2010

UE 25.04.2006

Plan de Acción sobre la Administración electrónica (dentro del i2010)

UE 03.05.2006

Libro Verde de Iniciativa Europea a favor de la Transparencia [COM (2006) 194 final – Diario Oficial C 151 de 29 de junio de 2006]

ES 22.06.2007

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP)

ES 16.11./2007

Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público (BOE 17.11.07). Trasposición Directiva UE 2003/98/CE de 17 de noviembre de 2003

INT 21.01.2009

Memorándum Barack Obama

ES 30.01.2009

II Plan Avanza 2011-2015

UE 18.11.2009

Declaración de Mälmo sobre Administración electrónica

GVA 5.02.2010

Plan de Innovación y Modernización administrativa, Gobernanza 2013

UE Mayo-2010

Agenda digital para Europa (Estrategia 2020)

ES 16.07.2010

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410

II Plan Avanza. Estrategia 2011-2015

UE 15.12.2010

Segundo Plan de Acción Europeo sobre la Administración electrónica 2011-2015

INT 20.09.2011

Creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, Open Government Partnership (OGP)

ES Octubre-2011

Lanzamiento del portal de datos abiertoshttp://datos.gob.es, evolución de proyecto aporta.es

ES Abril-2012

España se une al Open Government Partnership (OGP) y publica el “I Plan de Acción OGP”

UE Diciembre-2012

Puesta en marcha portal de datos abiertos de la UE https://open-data.europa.eu/es/data

ES 15.02.2013

Agenda Digital para España

ES 9.12.2013

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE 10/12/13)

ES Julio-2014

II Plan de Acción OGP

GVA 4.12.2014

Agenda Digital de la Comunitat Valenciana

ES diciembre-2014

Portal de Transparencia del Gobierno de España: http://transparencia.gob.es

GVA 2.04.2015

Ley de la Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana (DOGV, 08/04/2015)

ES 02.10.2015

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (entró en vigor parcialmente el 02.10.15)

GVA 9.12.2015

Firma del convenio entre Transparencia Internacional-España (IT-España) y la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (GVA)

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ANEXO 3. Indice de transparencia de los ayuntamientos (ITA)

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413

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415

ANEXO 4. Entrevista al Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz (fecha 10.12.15)

1.- Se atribuya a Jeremy Benthem la frase “cuanto más te observo, mejor te comportas”.

¿Es necesario vigilar a la Administración, partidos políticos, etc, para que su máxima

sea realmente el interés público?

Más que “vigilar” es mejor interpretarlo como un marco de seguridad compartido, una

red disuasoria de comportamientos ilegales e inmorales.

2.- ¿Qué fue primero el huevo o la gallina, si me permite la expresión? ¿Los ciudadanos

demandan más transparencia, o las Administraciones pueden poner a disposición

información gracias, entre otros factores, a las tecnologías de la Información y

Comunicación? No hay que olvidar que fue Obama, con su famoso Memorandum de

2009, el que da el pistoletazo de salida más reciente a las ideas del Gobierno Abierto.

Hay numerosos precedentes en la filosofía occidental: la idea de luz como razón es

clave en la ilustración. Crece la demanda en situaciones agudas de crisis -económica

o/y política- y cuando hay importantes innovaciones en tecnologías informativas -TV,

internet....-

3.- ¿Por qué cree Vd. que ha calado tan hondo la necesidad de transparencia en la

opinión pública, crisis económica, corrupción…? ¿Se traduce al final en exigir

rendición de cuentas?

En parte obedece a buscar respuestas en una época de confusión, cuando se desmorona

la credibilidad de las instituciones: la transparencia es, a la vez, una respuesta racional

pero algo mágica -se convierte en un fin en algunas opiniones- a los problemas

existentes. En parte, también, es una expresión particular de expresiones culturales de

nuestro tiempo: el exhibicionismo, el narcisismo, el neopuritarismo... Una rendición de

cuentas adecuadas exige buscar equilibrios, dejan claro lo posible, para no

incrementar la frustración.

4.- La ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

establece que las CCAA y EELL disponen de 2 años para adaptarse a sus

estipulaciones. Sin embargo, a mediados de noviembre de este año, sólo 1/4 de los

ayuntamientos de la provincia de Alicante, tenían algún epígrafe o Portal de

Transparencia en su web ¿Es una obligación por ley, o las Administraciones Públicas

están convencidas de los beneficios de la transparencia? ¿o, es mera fachada de cara a

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416

no quedarse atrás en la nueva onda? ¿se cuenta con medios materiales y humanos para

ponerla en marcha?

La verdad es que el Estado de Derecho no necesita indagar en las intenciones: basta

con el sometimiento a la norma. Otra cosa es que, junto a portales, hay que desarrollar

una “cultura de la transparencia como parte de la cultura democrática”. No me

interesan las intenciones, pero me gustaría que las instituciones se abran a la nueva

realidad, sin reticencias.

5.- Relacionada con la anterior, la Diputación de Alicante ha colaborado en la

modernización de los Ayuntamientos, a través de convenios específicos para desarrollar

la Administración electrónica incluso en pequeños municipios de la provincia. En

relación al Gobierno abierto, ¿es factible la colaboración entre Administraciones

gobernadas por grupos políticos de signo dispar, si uno de los objetivos, o de los

primeros, es precisamente contribuir a desarrollar los portales de transparencia en los

municipios, es decir, una colaboración técnica?

Tiene que existir, en lo político, técnico, formativo, intercambio de experiencias.......

6.-La Ley de Transparencia de la GVA tiene corta existencia, pero también es

consecuencia de la evolución democrática de los ciudadanos, que exigen participar en

política de forma adicional a la representación parlamentaria clásica, junto con el

desarrollo de las TIC y redes sociales. ¿Se cuenta con datos actualizados de incremento

de la participación? ¿hay estadísticas en ese sentido?

El único dato, por ahora es que en el primer mes del Portal de Transparencia-

provisional, hubo más de 20.000 visitas.

7.- Viendo el mapa sobre la distribución de la corrupción en el mundo, que en la

Conferencia del pasado día 10 de diciembre en Alicante, nos mostraba el Presidente

Mundial de Transparencia Internacional, Sr. José Ugaz, por lo que respecta a Europa,

los países nórdicos son más transparentes que los países mediterráneos. ¿Qué sucede

con, entre otros, España, Italia, Grecia? ¿Lo llevamos en nuestro ADN?

No, rotundamente. Hay factores histórico-culturales, por supuesto y, entre ellos, la falta

de arraigo de la democracia. Pero también determinadas concepciones de la familia, el

papel de la Iglesia Católica y su gestión del perdón y permisividad ante vicios públicos,

etc. Pero seguramente la clave está en los modelos de desarrollo económico y en la

falta de una cultura de independencia de las Instituciones.

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417

8.- Por último, ¿cuál es su impresión general? ¿Es Vd. escéptico? ¿Confía en que la

Transparencia sea un instrumento que va a hacernos descubrir al ciudadano y sus

circunstancias, o va a quedarse en un nuevo lavado de cara de las Administraciones?

Habrá de todo. “La esperanza nunca es vana” dijo Borges. En todo caso seguro que

existirán muchos avances parciales que, al acumularse, podrán freno a la corrupción y

facilitarán la confianza en las instituciones.

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419

ANEXO 5. Declaración de Gobierno abierto

Septiembre de 2011

Como integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, comprometidos con los

principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos

internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno:

Reconocemos que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el

gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la

forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces.

Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por

promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros busca un planteamiento

coherente con nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las aspiraciones de

nuestros ciudadanos.

Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros

compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción,

empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el

gobierno sea más eficaz y responsable.

Defendemos el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para

mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear

comunidades más seguras. Adoptamos los principios de transparencia y gobierno

abierto para que haya más prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros

propios países y en un mundo cada vez más interconectado.

Juntos, declaramos nuestro compromiso a:

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. Los

gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de las personas, y los

ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre las actividades

gubernamentales. Nos comprometemos a promover un mayor acceso a la información y

divulgación sobre las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno.

Nos comprometemos a esforzarnos más para recoger y publicar de forma sistemática

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datos sobre el gasto público y el rendimiento de las actividades y los servicios públicos

esenciales. Nos comprometemos a proporcionar activamente información de alto valor,

incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda

encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización.

Nos comprometemos a proporcionar acceso a recursos eficaces cuando la información o

los registros correspondientes sean retenidos indebidamente, incluso mediante una

supervisión eficaz del proceso de recurso. Reconocemos la importancia de los

estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad civil a los datos públicos, así

como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del gobierno.

Nos comprometemos a solicitar comentarios del público para saber cuál información le

es más valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor

medida posible.

Apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación de todas las personas,

por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas.

La participación del público, incluida la participación plena de las mujeres, hace

aumentar la eficacia de los gobiernos, que se benefician de los conocimientos, las ideas

y la capacidad de la gente para proporcionar supervisión. Nos comprometemos a hacer

más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el

establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la

participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las

actividades gubernamentales. Nos comprometemos a proteger la capacidad de las

organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para que su funcionamiento sea

coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de

opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos que permitan una mayor

colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las

empresas.

Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos.

Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para sus

funcionarios públicos. Nos comprometemos a tener políticas, prácticas y mecanismos

sólidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de las

finanzas públicas y las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley.

Nos comprometemos a mantener o establecer un marco jurídico para hacer pública la

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421

información sobre los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos nacionales.

Nos comprometemos a promulgar y aplicar normas que protejan a los denunciantes.

Nos comprometemos a poner a disposición del público información sobre las

actividades y la eficacia de nuestros organismos encargados de aplicar las leyes contra

la corrupción y de evitarla, así como los procedimientos de recurso a esos organismos,

respetando la confidencialidad de información específica relativa a la aplicación de las

leyes. Nos comprometemos a aumentar el número de elementos disuasivos contra el

soborno y otras formas de corrupción en los sectores públicos y privado, así como a

intercambiar información y experiencia.

Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la

participación del público y la colaboración. Tenemos la intención de aprovechar estas

tecnologías para hacer pública más información de maneras que permitan a la gente

entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones. Nos comprometemos a

crear espacios accesibles y seguros en línea como plataformas para la prestación de

servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas.

Reconocemos que el acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto y nos

comprometemos a buscar una mayor conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo

que identificamos y promovemos el uso de otros mecanismos para la participación

ciudadana. Nos comprometemos a hacer que participen la sociedad civil y la comunidad

empresarial para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores para aprovechar

las nuevas tecnologías a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en

el gobierno. Reconocemos también que un mayor acceso a la tecnología implica apoyar

la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos para su uso. Nos comprometemos a

apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por parte de los empleados

públicos y los ciudadanos. También entendemos que la tecnología es un complemento y

no un sustituto de una información clara, aprovechable y útil.

Reconocemos que gobierno abierto es un proceso que requiere un compromiso

permanente y sostenible. Nos comprometemos a informar públicamente sobre las

medidas tomadas para hacer realidad estos principios, a consultar con el público sobre

su aplicación y a actualizar nuestros compromisos a la luz de nuevos desafíos y

oportunidades.

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422

Nos comprometemos a dar el ejemplo y a contribuir en el avance de un gobierno abierto

en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas y experiencia y mediante

la realización de los compromisos expresados en la presente Declaración, sobre una

base no vinculante, con carácter voluntario. Nuestro objetivo es fomentar la innovación

y estimular el progreso, y no definir los estándares que han de utilizarse como condición

previa para la cooperación o asistencia ni para clasificar a los países. Para fomentar la

apertura, destacamos la importancia de un enfoque integral y la disponibilidad de

asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de la capacidad y de las instituciones.

Nos comprometemos a adoptar estos principios en nuestro compromiso internacional, y

trabajar para fomentar una cultura mundial de gobierno abierto que empodere a los

ciudadanos y les cumpla, y avance los ideales de un gobierno abierto y participativo en

el siglo XXI.

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423

ANEXO 6. Ayuntamientos provincia Alicante (11 a 20 noviembre 2015) A.-webs con portal sede electrónica.. B.-Fases eAdministración C.-Idioma . c:castellano,d: alemán, e:inglés, fr:francés,nl:holandés,,gt: google translator. r:ruso,v:valenciano D.-Redes sociales. fb:facebook. fl:flick. fq:foursquare. g+:google. i:instagram. p:pinterest. tu:tuenti. tw: twitter. y:youtube E.-Quejas/sugerencias F.-Encuestas G.-Buzón GVA/propio H-app MunicipApp I.-Transparencia. E:epígrafe en la web. p: portal específico

Ayuntamiento www (fuente Diputación) A B C D E F G H I

Hab 2014

Elecc. 2015 %

abst.

Partido del

Alcalde

Partido gobern

ante

ATZUBIA

http://www.atzubia-forna.org/actualitat/noticia.jsf - - d,e,v,c - - - - si - 627 18,24 IAF IAF

AGOST http://www.agost.es/ SEDE 4 v,c - - - GVA - - 4.752 26,56 PSOE

PSOE-Compromís

AGRES http://www.agres.es/ - 2 v,c - - - - - - 583 14,56 Comprom

ís Compromís

AIGÜES http://www.aigues.es/ - 2 e,v,c fb,tw - - - si - 984 21,24 PSOE PSOE

ALBATERA http://www.albatera.org/ SEDE 4 c - si - - - E 11.767 25,72 PSOE PSOE-UPyD

ALCALALI http://www.alcalali.es/ SEDE 4 e,v,c fb,tw,fl si - - - - 1.350 26,95

Compromís

Compromís-PSOE-

EU ALCOCER DE PLANES

http://www.alcocerdeplanes.es/ SEDE 2 e,v,c - si - - si - 238 18,89 PP PP

ALCOLEJA http://www.alcoleja.es/ SEDE - e,v,c - si - - si - 191 10,86 PSOE PSOE

ALCOY/ALCOI http://www.alcoi.org propia 4 v,c

fb,tw,fl,y si Si GVA - E 59.675 31,12 PSOE PSOE

ALFAFARA http://www.alfafara.es/ SEDE 4 e,v,c - si - GVA si - 418 13,98 PSOE PSOE ALFÀS DEL PI (L') http://www.lalfas.com/ propia 4 gt - si - propio - - 21.357 42,39 PSOE PSOE

ALGORFA http://www.algorfa.es trámites 2 c,e - Si propio - - 3.799 40,75 PSOE PSOE

ALGUEÑA http://www.alguenya.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 1.457 11,76 PP PP

ALICANTE/ALACANT http://www.alicante.es propia 4 v,c

fb,tw,y,g+,p si Si propio - E

332.067 36,72 PSOE

PSOE-Compromís-Guany

ar

ALMORADÍ http://www.almoradi.es/ SEDE 4 e,v,c

fb,tw,y,i,p si - GVA - P 19.992 27,48 PSOE

PSOE-EU

ALMUDAINA http://www.almudaina.es/ SEDE 4 e,v,c - si - GVA si - 112 19,79 PP PP

ALQUERIA D'ASNAR (L')

http://www.lalqueriadasnar.es/ SEDE 4 e,v,c fb,y si - - si - 527 18,57 PSOE PSOE

ALTEA http://www.altea.es/es SEDE 4 c,v,e,fr,d,r - si Si propio - - 22.518 34,80

Compromís

Compromís-PSOE-AAT

ASPE http://www.ayto-villadeaspe.es

trámites 2 c - - Si propio - E 20.248 29,20 EU

EU-PSOE

BALONES http://www.balones.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 139 12,07 PSOE PSOE

BANYERES DE MARIOLA

http://www.portademariola.com/

CARPETA CIUDADANA 4 v,c - - Si GVA - E 7.174 18,92

Compromís

Compromís-PSOE

BENASAU http://www.benasau.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 158 14,69 FPFB:AC FPFB:

AC

BENEIXAMA http://www.beneixama.es SEDE 4 e,v,c fb si - - si - 1.738 13,69 PSOE

PSOE-JPB

BENEJÚZAR http://www.benejuzar.es/ SEDE 4 c fb,fl si - - - E 5.394 15,37 PP PP

BENFERRI http://www.benferri.es/ SEDE 4 e,v,c fb,t si - propio si E 1.910 20,23 PSOE PSOE

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424

w,fl

BENIARBEIG http://www.beniarbeig.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 1.859 23,21 PP PP

BENIARDÁ http://www.beniarda.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 208 9,24 PSOE PSOE

BENIARRÉS http://www.beniarres.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 1.254 11,40 PP PP

BENIGEMBLA http://www.benigembla.es/ - 2 e,v,c - - - - si - 508 28,49 PSOE PSOE

BENIDOLEIG http://www.benidoleig.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 1.189 25,00 PSOE

PSOE-PP

BENIDORM http://www.benidorm.org propia 4 e,v,c

fb,tw,y,i,tu,g+,fq - Si GVA - E 69.010 42,82 PP PP

BENIFALLIM http://www.benifallim.es/ - - e,v,c - - - - si - 121 19,63 PP PP

BENIFATO http://www.benifato.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 168 19,84 PP PP

BENIJÓFAR http://www.benijofar.es/ SEDE 4 e,v,c fb si - - si - 3.791 40,73 PP PP

BENILLOBA http://www.benilloba.es/ - 2 e,v,c - - - - si - 789 13,04 Comprom

ís Compromís

BENILLUP http://www.benillup.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 104 14,61 PP PP

BENIMANTELL http://www.benimantell.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 499 18,70 PSOE PSOE

BENIMARFULL http://www.benimarfull.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 431 18,62 PSOE PSOE

BENIMASSOT http://www.benimassot.e-s/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 113 26,09 PSOE PSOE

BENIMELI http://www.benimeli.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 419 23,27 UpB UpB

BENISSA http://www.ayto-benissa.es/ SEDE 4 e,v,c - si - GVA - - 11.572 45,46 PP PP

BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL)

http://www.elpoblenoudebenitatxell.org/ SEDE 4 d,c,v.e - si - GVA - - 4.659 47,74

Movimiento Red

Movimiento

Red-PP

BIAR http://www.biar.es/ SEDE 4 v,c

fb,tw,tu si - GVA - - 3.670 17,45 PSOE

PSOE-Compromís-EU

BIGASTRO http://www.bigastro.es/ SEDE 4 c - si - GVA - - 6.762 21,25 PP PP

BOLULLA http://www.bolulla.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 421 18,90 PSOE PSOE

BUSOT http://www.ebusot.com/ayto/ SEDE 4 e,v,c fb si - - - - 3.138 31,70 PP PP

CALPE/CALP http://www.calp.es/

propia.oficina virtual 4

c,v,e,fr,nl,d

fb,tw,g+,y si si GVA - P 22.437 45,77 PP PP

CALLOSA D'EN SARRIÀ http://www.callosa.es/ propia 4 v,c - si - - - - 7.370 22,62

Compromís

Compromís-PSOE

CALLOSA DE SEGURA

http://www.callosadesegura.es/ayto/ propia 2 c,gt - si Si GVA - - 18.079 24,96 PSOE

PSOE-EU

CAMPELLO (EL) http://www.elcampello.es/ SEDE 4 e,v,c

todas si - propio - P 27.081 37,08

Compromís

Compromís-

EUPV:AC-

PDC-Centro Moder

ado CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL) http://www.almirra.com/ - - c - si - propio - - 437 6,93 PP PP

CAÑADA http://www.canyada.net/ - - c tw,fl - - - - 1.242 21,78 PP PP

CASTALLA http://www.castalla.org/ SEDE 4 e,v,c fb,tw,y si - GVA - - 10.143 27,55

Ciudadanos

Ciudadanos

CASTELL DE CASTELLS (8)

http://www.castelldecastells.es/ SEDE 4 e,v,c - si - si - 442 11,67 UPC UPC

CATRAL http://www.ayuntamientocatral.com/ SEDE 4 e,v,c - si - propio si - 8.663 25,37 APC

APC-PSOE

COCENTAINA http://www.cocentaina.es SEDE 4 v,c fb,tw - si GVA si - 11.519 29,29 PSOE PSOE

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425

CONFRIDES http://www.confrides.es SEDE 4 e,v,c - si - - - - 232 18,87 Ciudadan

os Ciudad

anos

COX http://www.cox.es/ SEDE 4 e,v,c fb si - GVA si - 7.188 19,18 Ciudadan

os

Ciudadanos-

PSOE-EU

CREVILLENT http://www.crevillent.es propia 4 v,c - - - GVA - E 28.328 30,01 PP PP QUATRETONDETA

http://www.quatretondeta.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 115 19,13 PP PP

DAYA NUEVA http://www.dayanueva.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 1.765 19,87 UPDN UPDN

DAYA VIEJA http://www.dayavieja.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 681 39,80 PP PP

DÉNIA http://www.denia.es propia 4 v,c fb,tw,y si - - - E 41.672 36,35 PSOE

PSOE-Compromís

DOLORES http://www.dolores.es/ SEDE 4 e,v,c - - - GVA si - 7.237 24,83 PSOE PSOE

ELCHE/ELX http://www.elche.es propia 4 v,c fb,tw si - propio - P

228.647 33,51 PSOE

PSOE-Compromís-

Ilicitanos

ELDA http://www.elda.es propia 4 e,v,c fb,tw,y - Si GVA - - 53.540 33,39 PSOE

PSOE-Compromís

FACHECA http://www.facheca.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 104 7,22 PP PP

FAMORCA http://www.famorca.es SEDE 4 e,v,c si - - si - 52 14,29 PP PP

FINESTRAT http://www.finestrat.es SEDE 4 v,c fb,tw,y si - - si E 6.265 39,51 PP PP

FORMENTERA DEL SEGURA

http://www.formenteradelsegura.es SEDE 4

d,nl,fr,e,v,c

fb,tw si - - si - 4.211 29,91 PP PP

GATA DE GORGOS

http://www.gatadegorgos.es SEDE 4 e,v,c

fb,tw si - - si P 5.985 26,48

Compromís

Compromís-PSOE-JuGa

GAIANES http://www.gaianes.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 449 9,63 Comprom

ís Compromís

GORGA http://www.gorga.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 274 12,99 PSOE PSOE GRANJA DE ROCAMORA

http://www.aytogranja.com SEDE 4 c - si - - si - 2.417 13,78 IGR

IGR-PSOE

CASTELL DE GUADALEST (EL) http://www.guadalest.es SEDE 4 c,e

fb,tw si - - - - 226 32,31 PP PP

GUARDAMAR DEL SEGURA

http://www.guardamardelsegura.es/ SEDE 4 c

fb,tw,y si - GVA - - 15.599 31,01 PSOE PSOE

HONDÓN DE LAS NIEVES

http://www.ayto-hondondelasnieves.es propia 4 e,v,c

fb,tw si - si - 2.632 23,86 PSOE PSOE

HONDÓN DE LOS FRAILES

http://www.hondondelosfrailes.es

descarga de docs 2 e,v,c - - - - - - 1.095 31,01 PP PP

IBI http://www.ibivirtual.com

descarga de docs 2 v,c

fb,tw,y - - GVA - - 23.456 28,41 PP PP

JACARILLA http://www.jacarilla.es/ SEDE 4 e,v,c fb,tw si - GVA si - 1.947 23,56 PSOE PSOE

JALÓN/XALÓ http://www.jalon.es/es/ - - e,v,c - - - - si - 2.793 29,41 Comprom

ís Compromís

JÁVEA/XÀBIA(9) http://www.ajxabia.com/ SEDE 4 v,c fb,tw,y si - GVA - P 29.067 41,38 PSOE PSOE

JIJONA/XIXONA http://www.xixona.es ofic 4 v,c fb si - - E 7.226 32,01 PSOE PSOE LORCHA/ORXA (L') http://www.lorcha.es SEDE 4 e,v,c - si - GVA si - 676 7,21 TPL TPL

LLÍBER http://www.lliber.org/ SEDE 4 e,v,c - si - - - - 1.080 44,21 PP PP

MILLENA http://www.millena.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 210 18,79 PSOE PSOE

MONFORTE DEL CID

http://www.monfortedelcid.es SEDE 4 e,v,c

fb,tw,y si - GVA si - 7.658 29,53 EU

EU-PSOE

MONÓVAR/MONÒVER http://www.monovar.es SEDE 4 e,v,c

fb,tw si - GVA si E 12.460 28,71 PSOE PSOE

MUTXAMEL http://www.mutxamel.org propia 2 v,c

fb,tw,y - - - - - 24.232 34,77 PP PP

MURLA http://www.murla.es SEDE 4 e,v,c si - - si - 509 27,32 PP PP

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426

MURO DE ALCOY

http://www.vilademuro.net SEDE 4 v,c

fb,tw,y,i - si GVA - E 9.114 25,44 EU

EU-Compromís

NOVELDA http://www.ayto-novelda.es propia 3 v,c y - - GVA si E 26.292 30,89 PSOE

PSOE-UPyD

NUCIA (LA) http://www.lanucia.es propia 2 c fb,tw - si - - - 20.029 43,12 PP PP

ONDARA http://www.ondara.org SEDE 4 e,v,c fb,y si - GVA si E 6.632 21,83 Comprom

ís

Compromís-PSOE

ONIL http://www.onil.es propia 4 v,c fb,tw - - - - - 7.565 28,58 PSOE PSOE

ORBA http://www.orba.es trámites 2 d,e,v,c - - - - si - 2.216 30,04

Compromís

Compromís

ORXETA http://www.orxeta.es/ - 2 e,v,c - - - GVA - - 875 33,28 PSOE PSOE

ORIHUELA http://www.aytoorihuela.com SEDE 4 gt

fb,tw,y - si GVA - E 83.417 37,38 PP PP

PARCENT http://www.parcent.es - - e,v,c - - - - si - 1.020 17,45 CDP CDP

PEDREGUER http://www.pedreguer.es SEDE 4 gt fb,tw,y si - - - - 7.438 27,89

Compromís

Compromís-PSOE

PEGO http://www.pego.es SEDE 4 v

fb,tw,g+ - si - - - 10.144 22,81 PSOE PSOE

PENÀGUILA http://www.penaguila.es trámites 2 e,v,c

fb,tw,g+,i - - - si E 324 13,33 PVV PVV

PETRER http://www.petrer.es - - v,c - - - - - E 34.754 32,08 PSOE

PSOE-Compromís-EU

PINOSO/PINÓS (EL) http://www.pinoso.org - 2 e,v,c - - - - - - 7.663 24,50 PSOE PSOE

PLANES

http://www.ajuntamentdeplanes.es/web_ajuplanes/html/principal.php SEDE 4 e,v,c - si - - - - 778 15,31 PP PP

POLOP http://www.polop.org SEDE 4 c fb si si - - - 4.313 34,77 PSOE PSOE

RAFAL http://www.rafal.es - 2 e,v,c fb,tw - - GVA si - 4.138 18,72 PSOE PSOE

RÀFOL D'ALMÚNIA (EL) http://www.rafol.org - - e,v,c

fb,tw,fl - - GVA si E 659 25,78

Compromís

Compromís

REDOVÁN http://www.ayuntamientoredovan.com SEDE 4 c

fb,tw si - GVA si - 7.623 27,87 PP PP

RELLEU http://www.relleu.org - 2 e,v,c - - - - si - 1.258 26,47 PP PP

ROJALES http://www.rojales.es SEDE 4 e,v,c fb,tw si - - si E 18.824 43,30 PSOE PSOE

ROMANA (LA) http://www.ayto-laromana.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 2.465 23,91 PSOE PSOE

SAGRA http://www.sagra.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 408 15,00 XSAGR

A XSAGRA-PP

SALINAS http://www.salinas.es/ SEDE 4 c - si - GVA si - 1.583 21,08 PP PP

SANET Y NEGRALS

http://www.sanetynegrals.es/ SEDE 4 e,v,c - si - GVA si - 670 15,43 I-SANET

I-SANE

T

SAN FULGENCIO http://www.ayto-sanfulgencio.es SEDE 4

d,f,e,v,c

fb,y,fl si - GVA si E 9.237 53,84 PP PP

SANT JOAN D'ALACANT

http://www.santjoandalacant.es SEDE 4 v,c

fb,tw si - GVA - E 22.804 32,79 PSOE

PSOE-Decido

-Compromís

SAN MIGUEL DE SALINAS

http://www.ayuntamientosanmiguel.com/

trámites 2 gt - - si GVA - E 6.911 37,25 PP PP

SANTA POLA http://www.santapola.es trámites 2 v,c

fb,tw,y si - - - - 31.529 37,43 PSOE

PSOE-COMPROMI

S-SSPSP

-EUPV:

AC-2NA

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SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG http://www.raspeig.es propia 4 v,c

fb,tw,y,i - - propio - - 55.946 35,93 PSOE

PSOE-Guany

ar-Compromís-SSP

SAX http://www.sax.es SEDE 2 c fb,tw si - propio - - 9.741 29,42 SI

SI-PSOE

SELLA http://www.sella.es -

v,c fb - - - si - 584 9,09 ES ES

SENIJA http://www.senija.es - 2 e,v,c - - - - si - 622 15,67 Comprom

ís Compromís

TÀRBENA http://www.tarbena.es SEDE 4 e,v,c si - - si - 686 19,32 PP PP-

PSOE

TEULADA http://www.teuladamoraira.org/ SEDE 4 d,e,v,c

fb,tw,y,i si - - - - 11.824 54,41 PP PP

TIBI http://www.tibi.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 1.657 19,78 PP PP

TOLLOS http://www.tollos.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 59 37,50 PP PP

TORMOS http://www.tormos.es - - e,v,c - - - - si - 317 27,66 PP PP TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA)

http://www.torremanzanas.es/ SEDE 4 e,v,c - si - - si - 743 18,68 PP PP

TORREVIEJA http://www.torrevieja.es - - c fb,tw - - GVA - E 91.415 49,39 LV

LV-PSOE-SUEÑ

A-APTCe

-IU VALL D'ALCALÀ (LA)

http://www.lavalldalcala.es - - e,v,c - - - - si - 175 13,07 PSOE PSOE

VALL D’EBO http://www.lavalldebo.org

trámites 2 e,v,c fb - - - si - 254 21,67 PSOE PSOE

VALL DE GALLINERA

http://www.valldegallinera.es SEDE 4 e,v,c - si - - si - 595 14,81 GPV GPV

VALL DE LAGUAR (LA)

http://www.lavalldelaguar.es/ sede 4 e,v,c - si - - si - 872 25,03 PP PP

VERGER (EL) http://www.elverger.es sede 4 c,v,e,fr,d (gt) fb si - - si - 4.688 27,03 PSOE

PSOE-Compromís-I. Verger

VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)

http://www.villajoyosa.com propia 4 v,c fb - si GVA - - 33.951 36,12 PSOE

PSOE-GPV CS

VILLENA http://www.villena.es SEDE 4 c fb,tw - - GVA si - 34.530 31,58

Los Verdes

Los Verdes

LLOSA DE CAMACHO (E.L.M.) (10)

no web - - - - - - 203 NO

EUPV:AC

EUPV:AC

XARA (LA) (E.L.M.) (11)

http://www.eatimlaxara.es/ - - v,c fb - - - si - 1.593 NO PSOE PSOE

JESÚS POBRE (E.L.M.) (12) http://www.jesuspobre.es - - e,v,c

fb,tw,g+,i - - - - - 718 NO PSOE PSOE

POBLETS (ELS) http://www.elspoblets.es trámites 2 v,c - si - - - - 3.350 44,49

Compromís

Compromís-PSOE-Piree

PILAR DE LA HORADADA

http://www.pilardelahoradada.org

trámites 2 c

fb,tw - - propio - - 21.588 35,81 PSOE PSOE

MONTESINOS (LOS)

http://www.losmontesinos.es/ SEDE 2 e,v,c

fb,g+,y - si - si - 4.966 28,59 PSOE PSOE

SAN ISIDRO www.sanisidro.es 2 gt

fb,tw,g+,i - - - - - 1.891 25,56 PSOE PSOE