Nombres: Julián Felipe Rodriguez Infante, Maria del Mar Moreno Tafurt, Santiago Vega, Dayana Holguín, Marion Vonfeld, Alexis Bernigaud

Cese al fuego, ¿un requisito para la paz?

Introducción

El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar cómo la ausencia de un cese de fuego bilateral, entre los grupos insurgentes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el gobierno, incidió en el desarrollo de los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala entre 1991 y 1992. Para ello, se hará un análisis del inicio, el desarrollo y la culminación de estos diálogos de paz a partir de la comprensión de las categorías proceso de paz y cese al fuego. En un segundo momento se indagará cuáles fueron los factores externos, diferentes a la agenda de negociación, que incidieron en el desarrollo de los diálogos de paz.

Contexto

Los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala, entre 1990 y 1992, son llevados a cabo entre dos actores centrales: el gobierno de César Gaviria Trujillo, quien fue elegido en medio del asesinato de tres candidatos presidenciales, y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar1 (CGSB) que, conformada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un pequeño grupo disidente del el Ejército Popular de Liberación (EPL), buscaba concretar una propuesta de guerra bajo la idea de un ejército único, con una sola estrategia y una línea de mando plural.

Entre agosto y octubre de 1990, se dieron los primeros acercamientos entre el gobierno de Gaviria y la CGSB. Estos fueron impulsados por la desmovilización del M-19, en 1990, y el desarrollo de los diálogos de paz entre el gobierno de Gaviria y el EPL, el PRT y el MAQL. Estos acontecimientos le restaron legitimidad a la lucha armada y se materializaron con el éxito electoral, en las elecciones de 1990, de la Alianza Democrática M-19 (AD M-19)(García, 1992). Por otra parte, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fomentada por el Movimiento de la Séptima Papeleta2, fue un acontecimiento del que se valió el gobierno de Gaviria para acelerar la culminación de los diálogos de paz con las guerrillas mencionadas (Palacios, 1999). Sin embargo también pretendía ejercer presión sobre la CGSB (García, 1992), dado que ésta no ignoraba la importancia política que tenía la Constituyente en el marco socio-jurídico e institucional del país. Pues, era consciente de que su ausencia en la ANC, le restaba legitimidad en sus formas de lucha (García, 1992).

El gobierno de Gaviria caracterizado tanto por su flexibilidad para aceptar las exigencias de los grupos guerrilleros, como por la presión que ejercía sobre éstos, buscó promover las negociaciones con la CGSB (García, 1992). Para ello, propuso como incentivos: a) la participación de los grupos alzados en armas en la ANC; b) la ratificación de los protocolos de Ginebra I y II, la presencia de una veeduría internacional en el proceso de negociación, la generación de un clima de garantías políticas para los desmovilizados, y la creación de una comisión de notables (exploratoria) para la elaboración de la agenda de negociaciones. Para llevar a cabo estas propuestas, las condiciones eran, respectivamente, el hecho de estar en medio de un proceso de paz, y la suspensión de su accionar militar y la liberación de los secuestrados (García, 1992). En tal panorama político, la CGSB

1 La CGSB, nace en 1987, conformada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y Movimiento 19 de abril (M-19) ; el año anterior se había configurado como Coordinadora Nacional Guerrillera, pero sin la participación de las FARC.2 Este fue un movimiento estudiantil que buscaba incluir, en las elecciones de 1990, un séptima papeleta que le permitiera a la ciudadanía convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (Palacios, 1999).

realizó el 1 de septiembre de 1990, la Primera Cumbre de Comandantes, en la cual se aceptó negociar bajo las siguientes condiciones: la participación directa en la ANC; la negociación entre el gobierno y la CGSB en su conjunto; levantamiento del régimen de Estado de Sitio; cese bilateral al fuego; ”la desmilitarización del país, acabar con la guerra sucia y el paramilitarismo, la depuración de las fuerzas armadas, programas de nacionalización de los recursos naturales, y mecanismos para una política económica y una política internacional independiente” (García, 1992: 209). Es importante aclarar que la CGSB aceptó la comisión de notables que propuso el gobierno para mantenerse en el juego político de la constituyente (García, 1992).

En octubre de 1990, se dio el primer encuentro directo entre la CGSB y el gobierno. En el municipio de La Uribe, departamento del Meta, donde la organización guerrillera expresó su voluntad de avanzar en la solución pacífica del conflicto armado. Entre los motivos que tuvo la Coordinadora para aceptar la negociación estaba el deseo de tener una mayor trascendencia en el escenario nacional e internacional (Hernández, 1993) y legitimar su lucha. Pese a esto, la CGSB, siguiendo la lógica de todas las formas de lucha, buscó hacerle sentir al gobierno su capacidad militar, lo que desencadenó un incremento de las acciones bélicas de ambas partes. Para noviembre del mismo año, la GGSB realizó operativos armados en Tarazá, Cáceres (Antioquia) y Algeciras (Huila), lo cual hizo que el gobierno suspendiera los acercamientos y reiterara sus condiciones para dar inicio al diálogo directo. El rechazo del gobierno al cese bilateral, hizo que la CGSB afirmara que “los desacuerdos sobre la clase de tregua que deben adoptarse para dar inicio a las negociaciones han frustrado las posibilidades de diálogo” (García, 1992: 211). Pese a esto, la CGSB no perdió su interés en participar en la Constituyente, manifestando su deseo de entablar diálogos firmes con los constituyentes que fueran elegidos el 9 de diciembre (García, 1992).

Debido a que la GCSB no cumplió con el requerimiento de cese al fuego que había impuesto el gobierno, las fuerzas militares en representación de éste decidieron atacar, el 9 de diciembre de 1990, el estado mayor de las FARC, Casa Verde. Con este acto el gobierno dejó en claro que las reformas institucionales de la constituyente, se harían únicamente con quienes renunciaran a la lucha armada, se ciñeran a las exigencias del gobierno, así se reduciría por la fuerza a quienes no lo hicieran (García, 1992). Como reacción, las FARC asumieron que el gobierno había dado por canceladas las negociaciones y que, por ende, era éste quien debía asumir la responsabilidad. No obstante, el gobierno insistía en que de cumplirse sus condiciones, las conversaciones podrían seguir su curso. De ahí que las guerrillas, aprovechando la propuesta del gobierno y buscando incidir en la ANC, propusieran cuatro puntos para discutir allí. Estos puntos son la soberanía nacional y popular, las fuerzas armadas y la seguridad nacional, la política económica y la justicia social y minorías étnicas. De esta forma ratificaban su interés en una solución negociada al conflicto, pero condicionando esto a una representación de 20 integrantes que, sin ser elegidos democráticamente, serian parte de la constituyente (García, 1992).

Para febrero de 1991, ambas partes incrementaron su accionar bélico a fin de presionar a su contraparte en las negociaciones (García, 1992), lo que motivó a la sociedad civil a presionar al gobierno para encontrar una solución negociada al conflicto. De ahí que el gobierno efectuará, en la política de paz, los siguientes cambios: una reunión directa con la CGSB en el exterior sin los prerrequisitos de cese al fuego y la liberación de los secuestrados (García, 1992). Sin embargo, paralelo a dicha decisión, el gobierno también implementó una estrategia antiterrorista contra la Coordinadora. Ante el cambio de la política de paz, la CGSB aceptó iniciar las conversaciones (Palacios, 1999).

Para Abril, el estancamiento de los diálogos conllevó a que una parte de la población civil viera en las autodefensas una forma de hacer frente a los alzados en armas (García, 1992). Posteriormente, el 30 de abril, tres miembros de la CGSB acompañados de Álvaro Leyva, Jesús Carvajal y Hernán

Motta ingresaron a la embajada de Venezuela en Bogotá. Acontecimiento que dio paso a una primera reunión preparatoria en Cravo Norte (Arauca) donde se definieron las condiciones logísticas de las conversaciones y se estableció el inicio de las negociaciones en Caracas (Bejarano, 1995). Dichas negociaciones constaron de 4 rondas: del 3 al 15 de junio; del 20 al 25 de junio; del 4 al 30 de septiembre; del 30 de octubre al 10 de noviembre (FIP, 2010).

En la primera ronda se presentó una diferencia entre los puntos de la agenda que proponían el gobierno y la CGSB respectivamente. El primero se centró en el cese de hostilidades, la favorabilidad política, fórmulas de reinserción y la desmovilización. El segundo, por su parte, se fundamentó en tratar los temas de: “las fuerzas armadas, los recursos naturales, la soberanía nacional, la guerra sucia, el paramilitarismo y los derechos humanos” (García, 1992: 221). Finalmente, ambos actores lograron converger en los siguientes 10 puntos de la agenda: 1. La fórmula de cese al fuego y hostilidades; 2. Relaciones del proceso con la constituyente, las corporaciones públicas, las organizaciones políticas y sociales; 3. Paramilitares, impunidad y doctrina de seguridad nacional; 4. Derechos humanos y de minorías étnicas; 5. Estado, democracia y favorabilidad política; 6. Elementos que contribuyan a desarrollar la soberanía nacional; 7. Democratización de la política económica y social; 8. Superación definitiva del conflicto armado y garantía en el ejercicio de la actividad política sin el recurso de las armas; 9. Veeduría del proceso de paz; 10. Metodología, procedimientos y reglamentación de las negociaciones y de los acuerdos (García, 1992).

Posteriormente, ambas partes entraron a definir el contenido y alcance de los puntos mencionados, pero como el cese al fuego fue el primer punto de la agenda, el proceso se estancó (Palacios, 1999). Para el gobierno el cese al fuego constaba de: la ubicación de las guerrillas en zonas de distensión delimitadas y verificables; y el cese de hostilidades que abarcaba el secuestro, atentados a la infraestructura y extorsión. Por su parte, la CGSB propuso un cese de fuego que parara la confrontación. Además, ésta consideró que los frentes guerrilleros debían quedarse donde operaban, suspendiendo acciones que afectaran a la población civil, exigiendo la creación de un alto tribunal para investigar secuestros, desapariciones y ejecuciones extra judiciales (García, 1992: 222). Ante esto, la CGSB no aceptó la propuesta del gobierno.

El gobierno y la CGSB, por consiguiente, consideraron que las armas eran un instrumento esencial para presionar al otro y lograr la paz. Siendo esto último una razón que empantanó las conversaciones, conllevando a un receso (García, 1992).

Durante la segunda ronda de negociaciones, ambos actores, al no llegar a un acuerdo respecto al cese al fuego, decidieron trabajar otros temas de la agenda (García, 1992). Simultáneamente, Gaviria propuso incluir en la Constitución artículos transitorios que permitieran la participación de los desmovilizados en el congreso, el indulto y la creación de distritos de paz a fin de generar un clima de confianza (Palacios, 1999). Posteriormente, en la tercera ronda, fue la escalada del conflicto lo que provocó que la reanudación de las conversaciones se diera hasta el 4 de septiembre de 1991 y con esto, la deslegitimación del proceso ante la sociedad civil. Esto motivo al gobierno a crear una comisión asesora de las negociaciones, a fin de generar un espacio para la participación de la sociedad civil en el proceso (García, 1992).

Las partes presentaron nuevas propuestas para el cese al fuego. No obstante, estas no lograron ser conciliadas, pues para la CGSB la propuesta del gobierno era inaceptable en tanto que pretendía reducir a la guerrilla a campamentos aislados de sus municipios de influencia, dejándolos a merced de los grupos paramilitares (García, 1992). Por su parte, el gobierno consideró inviable la propuesta de la CGSB porque de aceptarla, implicaría “el retiro de la presencia militar de más de una cuarta parte del territorio nacional” (García, 1992: 230). De ahí que se generará un nuevo estancamiento en

las negociaciones por la disparidad de criterios de los actores involucrados y por el secuestro de Aurelio Iragorri, que agudizó las tensiones. Esto hizo que el gobierno abandonara la mesa de negociación y que, por ende, la guerrilla cuestionara la falta de seriedad del gobierno (Palacios, 1999).

Después de dicha suspensión, los diálogos se reanudaron tras un mes de intensas gestiones por parte de distintos actores que presionaron al gobierno para seguir con las negociaciones, dando paso a la cuarta ronda de este proceso (García, 1992). En enero de 1992, se nombró a Horacio Serpa como consejero oficial de paz. Quien debió enfrentarse al informe “La Violencia que No se Negó en los Acuerdos de Paz” , y a los acuerdos firmados entre el gobierno salvadoreño y el FMLN (García, 1992). Este último, generó un clima de confianza en el que era posible la negociación entre actores con grandes diferencias. No obstante, también permitió que las guerrillas colombianas vieran en el escalamiento de la confrontación un medio para negociar en condiciones más ventajosas (García, 1992). Estas situaciones, junto con el deterioro interno de Venezuela, provocaron que los diálogos se trasladaran a Tlaxcala, México (Palacios, 1999).

El 10 de marzo de 1992, se reanudaron los diálogos. Durante esta etapa, se intentó oxigenar las negociaciones. Sin embargo, fue la muerte en cautiverio del ex ministro Argemiro Durán Quintero, lo que provocó que el gobierno se parara la mesa de negociación (García, 1992). Posteriormente, el 21 de abril del mismo años, gracias a la influencia de la iglesia católica, los diálogos se volvieron a reanudar. Pese a esto, el proceso volvió a estancarse, tomando otro receso (García, 1992). Ante esta situación, el gobierno insistió en que dicho receso no debía ser largo para procurar un ambiente propicio al reinicio posterior de las negociaciones. Para entonces, el gobierno, consideró que esta fase fue estéril y que, ante el comportamiento de la CGSB, se debía priorizar el cese al fuego (García, 1992).

En un último intento por salvar el proceso, la CGSB invitó al presidente del senado a Tlaxcala. Sin embargo, la situación empeoró, dado que las propuestas planteadas por el grupo guerrillero fueron rechazadas. Posteriormente, fue la auto detención de líderes del M-19 por lo ocurrido en el Palacio de Justicia, la apertura económica y la crisis energética, lo que afianzó el sentimiento de duda sobre el papel del gobierno y, por ende, la validez de las negociaciones. Esto último sumado a la posición de guerra que asumió el ELN en junio de 1992, al “declarar una ofensiva nacional contra la apertura económica y la privatización” (García, 1992: 243) conllevó a que la reacción del gobierno fuese emitir una orden de captura en contra de los representantes de CGSB en México. Esta medida dificultó el regreso de tales personas al país y motivó como detonante, el fin de los diálogos entre el gobierno de Gaviria y la CGSB (García, 1992).

Balance general

Los primeros acercamientos entre el gobierno y la CGSB se dieron entre agosto y octubre de 1990. De manera que fue tras un tira y afloje entre ambos actores que el gobierno, presionado por la sociedad civil, decidió efectuar un cambio en su política de paz. De ahí que la propuesta de una reunión directa con la CGSB en el exterior, sin los prerrequisitos de cese al fuego y la liberación de los secuestrados, hizo que la CGSB aceptará negociar (García, 1992).

En Caracas, las negociaciones se caracterizaron por ser difíciles, lentas y, por materializar el forcejeo entre las partes, punto central para su desarrollo. Tal forcejeo se desarrolló tanto en la mesa de negociación, como en el enfrentamiento armado (García, 1992). Los principales obstáculos que se presentaron en ese momento fueron a) el cese al fuego entendido como un test de confianza, ya que éste fue desde un comienzo débil y vulnerable ante la percepción que cada actor producía respecto a las acciones de su adversario. En este punto es importante aclarar que si bien el cese al

fuego se propuso a inicios de 1991, el ataque a Casa Verde es un precedente destacable. Este ataque se considera la causa principal de la desconfianza que se gestó entre las partes y que, posteriormente, se materializó, a partir de la tercera ronda de negociación, cuando los altos frentes del ELN imposibilitaron la consecución de los acuerdos con el gobierno. b) el punto 8 de la agenda. Ya que si bien la pretensión del gobierno con este punto era comprometer a la CGSB a que la negociación debía conducir a su desmovilización como paso final para la superación definitiva del conflicto armado, el ELN no estuvo dispuesto a aceptar dicho compromiso, aún cuando las FARC sí. C) la propuesta del gobierno de ubicar a las guerrillas en zonas de distensión delimitadas y verificables. Pues, esto para la CGSB era “meterla en una corraleja (...) desconociendo la cobertura nacional de su influjo” (García, 1992: 222) razón por la que ésta rechazó la propuesta y afirmó que los frentes guerrilleros debían quedarse donde operaban.

Finalmente, en Tlaxcala, la CGSB dejó entrever que existían discrepancias internas que, suscitadas durante el desarrollo de los diálogos, amenazaban con romper la unidad militar de la misma (García, 1992). No obstante, fue la posición del ELN, al declarar una ofensiva nacional contra la apertura económica y la privatización, lo que colmó la paciencia del gobierno, dando fin a los diálogos.

Análisis de proceso de paz y cese al fuego

El proceso de paz es un esfuerzo, de los actores presentes en el conflicto, para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que puedan requerir de la mediación de terceros (Fisas, 2010). Dicho proceso consta de a) la fase exploratoria o de pre-negociación. En esta se busca que los actores que intervienen en ella estén convencidos de hacer parte de un proceso de paz y, por ende, de estar dispuestos a ceder algo (Fisas, 2010). Durante esta etapa se ofrecen garantías para el cumplimiento del cronograma y de la metodología a utilizar, se determinan cuales son los puntos del metaconflicto3, se establece el rol de un mediador, se reconoce a la otra parte con la suficiente legitimidad para negociar y, se establecen los puntos de la agenda inicial del diálogo. Todo esto con el fin de generar la confianza en el proceso (Fisas, 2010) B) el proceso de negociación, que surge tras una pre negociación exitosa. En éste se ratifica la validez de los interlocutores, es decir, de los representantes de ambos bandos a fin de que estos puedan dialogar y alcanzar, por ende, un beneficio mutuo. De no encontrar ningún obstáculo, las negociaciones darán paso al establecimiento de una agenda sustantiva para el dialogo. Lo cual, puede verse reforzado por un alto al fuego. C) los acuerdos y su implementación que se establecen, posteriormente, como la última fase en proceso de paz. De ahí que estos dependan de lo que se haya establecido previamente en la agenda para el diálogo (Fisas, 2010) (Massal, 2013).

Las condiciones mínimas para todo proceso de negociación, según lo establece La Escola de Cultura de Pau (ECP) (2010), son: el reconocimiento de los interlocutores, la seguridad, las garantías, el acuerdo sobre el metaconflicto, la disposición a ceder algo, la voluntad de construir, la posibilidad de ganar algo, el saber explicarlo, el disponer de facilitaciones, y el dar la palabra al pueblo.

La categoría de análisis mencionada a la luz de los diálogos de Caracas y Tlaxcala deja entrever ciertas coincidencias y disidencias al respecto. En la fase exploratoria las coincidencias son: en primer lugar, la fase exploratoria, que inició en agosto y octubre de 1990, permite ver que tanto el gobierno de Gaviria, como la CGSB estaban dispuestos, pese a las adversidades del contexto, a ceder en ciertos puntos para reconocer al otro, dándole un status de interlocutor, y dar paso a la

3 El metaconflicto hace referencia a los aspectos conflictivos del desacuerdo básico o de las incompatibilidades

fundamentales (Fisas, 2010).

salida negociada del conflicto. En ese sentido, el gobierno accedió, en ese momento, a la participación de los grupos que hacían parte de la CGSB en la ANC, la ratificación de los protocolos de Ginebra, la veeduría internacional en la negociación y el cambio de su política de paz (García, 1992). Por otro lado, la CGSB aceptó la comisión de notables que propuso el gobierno como respuesta a su buena disposición y accedió a iniciar las negociaciones con el cambio de política de paz del gobierno. En segundo lugar, la reunión de ambas partes, en Cravo Norte (Arauca), permitió definir y establecer las condiciones logísticas de las negociaciones. En tercer lugar, el proceso de negociación tuvo como actores mediadores a Venezuela, a México y a la iglesia Católica. Esta última de forma intermitente.

Entre las disidencias se encuentra que los puntos de la agenda no fueron pactados en la etapa de pre negociación, sino que se dieron, posteriormente, en la primera ronda de las negociaciones en Caracas. Por otra parte, el hecho de que la confianza, durante la fase de pre-negociación, no fuera plena es otra disidencia. Pues, los operativos de Cáceres, Tarazá y Algeciras realizados por la CGSB, en noviembre de 1990, y el operativo a Casa Verde, realizado por el gobierno, en diciembre del mismo año fueron sucesos que quebrantaron la confianza entre las partes. Y que, posteriormente, con el escalamiento del accionar bélico de ambas partes, en 1991, agravó la situación.

La fase de la negociación, descrita por La Escola de Cultura de Pau, difiere del proceso que se dio en Caracas. Pues, pese a que durante las 4 rondas de negociación se presentaron múltiples obstáculos, que llevaron a las suspensión del proceso en múltiples ocasiones, se logró establecer una agenda sustantiva para el diálogo. Cuyo principal obstáculo fue el cese al fuego en términos de su alcance y contenido. A tal punto que, aun cuando se buscó avanzar en otros temas de la agenda para agilizar el proceso, la no resolución del cese dio pie para que se dieran momentos de tensión que, junto con otros acontecimientos externos a la negociación, resquebrajaron la confianza entre ambos actores, poniéndole fin al proceso.

El proceso de paz de Caracas y Tlaxcala analizado desde las condiciones que, según la ECP, debe tener todo proceso de negociación cumple con 5 de las 10 condiciones mencionadas. Entre las condiciones que se cumplen se encuentran: el reconocimiento de los interlocutores como actores políticos que buscan la solución negociada del conflicto. Siendo en este caso la CGSB y el gobierno de Gaviria los actores centrales; el acuerdo sobre el metaconflicto. Ya que ambos actores reconocen que tienen un problema que los une y que debe ser abordado en la mesa de negociación. Este problema es el conflicto armado, pues si bien el gobierno ejercía la guerra a fin de garantizar la gobernabilidad, la guerrilla lo hacía buscando generar representación e incidencia política; la disposición a ceder algo. Pues como se mencionó anteriormente, ambos actores generaron incentivos a fin de lograr el inicio y desarrollo de las negociaciones; la posibilidad de ganar algo, también, se presentó en ambas partes, debido a que el gobierno buscaba acabar el conflicto armado por medio del diálogo, favoreciendo la gobernabilidad, y con esto el modelo económico neoliberal. La guerrilla, por su parte, pretendía alcanzar representatividad política, legitimidad social y visibilidad nacional e internacional; por último, la disposición de facilitaciones externas se presentó durante todo el proceso de negociación. Ya que la veeduría externa, aceptada por ambas partes, fue en un primer momento el gobierno venezolano, posteriormente, el Mexicano y de forma intermitente, durante el diálogo, la iglesia católica.

Las condición que es parcial, en este proceso de paz, es dar la palabra al pueblo. Pues aun cuando, en un primer momento, el gobierno no aceptaba que la población civil interviniera en las negociaciones, la posición a favor de la CGSB junto con la presión ejercida por la ciudadanía permitió un cambio en la posición del gobierno, y por ende, la participación sutil, paulatino y no tan directa de ésta en las negociaciones. Por ultimo, la condición de las garantías no se cumplió en los

diálogos. Pues entendiendo por garantías el cumplimiento de lo que se acuerde en las negociaciones, puede afirmarse que la ausencia de cese al fuego (primer punto de agenda) imposibilitó que se llegara a un acuerdo entre las partes. De ahí que no hubiera un acuerdo que garantizar.

La categoría de análisis de cese al fuego es un concepto que surge a partir de un acuerdo negociado entre las partes dentro de un conflicto. Éste designa la suspensión inmediata o definitiva de las hostilidades, es decir, de la confrontación armada, del secuestro, del hostigamiento a la población civil y de las amenazas (Berna, 2014). Además, porta un carácter que puede ser unilateral, bilateral o multilateral. Todo esto en un periodo de tiempo y en un área determinada (Berna, 2014; FIP, 2013).

Los diálogos de Caracas y Tlaxcala, analizados desde el concepto de cese al fuego, dejan entrever como dicho concepto sufrió transformaciones a lo largo del proceso. En la primera etapa, es decir, la etapa de pre negociación, el cese al fuego aparece como una condición que el gobierno de Gaviria le impone a la CGSB. Siendo dicho cese de carácter unilateral. Sin embargo, la CGSB propone, a modo de respuesta, el 1 de septiembre de 1990, el carácter bilateral del cese al fuego como una condición para la negociación. Pues, ésta consideraba que este punto de negociación no se debía basar en el esquema de paz de las negociaciones anteriores que el gobierno había tenido con otras guerrillas. Por lo que éstas, según los representantes de la CGSB, se habían desmovilizado anteriormente a costa de sus ideales (García, 1992). Pese a las disidencias sobre al cese al fuego y a los golpes militares que se dieron entre ambos actores, a finales de 1990, los acercamientos siguieron su curso. A tal punto que, en los primeros meses de 1991, el gobierno de Gaviria buscando ante todo la salida negociada del conflicto, efectuó un cambio en su política de paz, logrando con esto que la coordinadora aceptara negociar. Este cambio establecía una reunión directa con los representantes de la CGSB en el exterior, sin los prerrequisitos de cese al fuego y la liberación de los secuestrados.

En junio de 1991 inician las negociaciones en Caracas. Durante la primera ronda de negociaciones se establecieron los puntos de la agenda, siendo el cese al fuego el punto número uno. Lo cual deja entrever como ambos actores, al proponer y aceptar el cambio de la política de paz, eran conscientes de que si bien el cese al fuego era un obstáculo para las negociaciones, éste debía ser resuelto para el éxito del proceso. Pese a esta situación, el proceso se estancó. Pues, para el gobierno el cese al fuego constaba de dos puntos: la ubicación de las guerrillas en zonas de distensión delimitadas y verificables; y el cese de hostilidades que abarcaba atentados a la infraestructura, el secuestro, y la extorsión. Por su parte, la CGSB proponía un cese al fuego que parara la confrontación, dejando en claro que no aceptaría la propuesta de las zonas de distención (García, 1992). Debido a que no se logró conciliar las perspectivas de ambos actores sobre el cese al fuego, estos decidieron pasar a otros puntos de la agenda, buscando evadir el obstáculo.

En la tercera ronda de las negociaciones ambas partes presentaron propuestas respecto al cese al fuego, a fin de conciliar. Ya que la escalada del conflicto, y las tensiones que de ahí se generaron evidenciaban cada vez más la necesidad de darle solución a dicho punto. No obstante, las propuestas que el gobierno y la CGSB acentuaron la disidencia. Pues para la CGSB la propuesta del gobierno era inaceptable en tanto que pretendía reducir a la guerrilla a campamentos aislados de sus municipios de influencia, dejándolos a la merced de los grupos paramilitares. Por su parte, el gobierno consideró inviable la propuesta de la CGSB porque de aceptarla, implicaría el retiro de la presencia militar de más de una cuarta parte del territorio nacional (Durán, 1992: 230). De ahí que se generará un nuevo estancamiento en las negociaciones.

La ausencia del cese al fuego provocó, por ende, un aumento de las confrontaciones. Razón por la cual la ciudadanía presionó al gobierno para seguir con las negociaciones, dando paso a la cuarta ronda. En ésta, ambos autores lograron conciliar que el cese al fuego hacía referencia a “una suspensión de la confrontación militar entre la guerrilla y la fuerza pública, que permita continuar las negociaciones y obtener finalmente la paz” (García, 1992: 234) cuyo carácter bilateral fue entendido como “una situación que no implique ventajas estratégicas ni militares para ninguna de las partes” (García, 1992: 234).

Pese a dicha conciliación, siguieron existiendo otros puntos de discrepancia que, relacionados con la lógica de guerra, imposibilitaron el cese al fuego. Estos eran: los paramilitares, los secuestros, la localización de la guerrilla y la presencia de la fuerza pública. Ante esta situación, se puede afirmar que el hecho de que ambas partes no cedieran en estos puntos era consecuente de que ambos actores seguían apostándole a la guerra. Más aun, cuando la experiencia salvadoreña le dio a entender a la CGSB que el escalamiento de la confrontación era un medio para negociar en condiciones más ventajosas.

Ya en Tlaxcala, tras diferentes suspensiones de las conversaciones, el gobierno consideró que se debía volver a priorizar el cese al fuego. Pues para Gaviria, la guerrilla estaba incurriendo en la bandolerización y criminalización. Por su parte, la CGSB parecía no estar dispuesta a dejar las negociaciones. Esto último según sus condiciones. De ahí que ésta hiciera un llamado al presidente del senado Carlos Espinoza a fin de revivir las negociaciones. Siendo esto una apuesta que no tuvo éxito. Finalmente, fue tras un tire y afloje de las partes que el ELN asumió una posición de guerra, declarando una ofensiva nacional contra la apertura económica y la privatización. Lo cual se agravó con la orden de captura que emitió el gobierno contra los representantes de la CGSB, poniendo fin a las negociaciones (García, 1992).

Conclusiones

El éxito de cualquier negociación de paz, no depende únicamente de los diálogos como tal, sino que también está condicionada a la existencia de un ambiente político y militar que promueva la distención entre las partes para hacer más llevadera la negociación (Velásquez, 2006). En ese sentido, es el contexto lo que promueve la voluntad política y, por ende, la intención de llegar a un acuerdo (Velásquez, 2006).

Teniendo presente lo anterior, puede afirmarse que los diálogos de Caracas y Tlaxcala, pese a no lograr el cese al fuego, estuvieron cargados por una intención de solución al conflicto. Empero, diferentes acciones de cada parte (como el bombardeo a Casa Verde por parte del gobierno y la negativa de los bandos más radicales de la coordinadora frente a una posible solución), tuvieron como resultado la pérdida de confianza entre las partes. De ahí que la ausencia de cese al fuego bilateral se presentara como un impedimento durante todo el proceso. Pues aun cuando las partes buscaron evadirlo y seguir con los diálogos, el incremento del accionar bélico produjo rupturas en la negociación. Rupturas que junto con los acontecimientos del contexto4 imposibilitaron el éxito de los acuerdos.

Bibliografía

Bejarano, J. (2011). Estudios de Paz Volumen 2. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

4 En el caso de los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala fueron las negociaciones con el PRT, el EPL, el MAQL y, especialmente, con el M-19, La Asamblea Nacional Constituyente, eventos del plano internacional como el final de la guerra fría y la experiencia de los acuerdos con el FMNL, la apertura de la económica neoliberal y la presión de la ciudadanía lo que conformó el contexto en el que se desarrollaron los diálogos.

Bejarano, J. (1995). Una Agenda Para la Paz: Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos. Primera edición, Tercer Mundo Editores. Bogotá, Colombia.

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