CENTRO DE ESTUDIOS DE MÉXICO EN LA UNIÓN EUROPEA Nueva Época Nº 26/XXIII FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET Febrero 2007

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y el Centro de Estudios de México en la Unión Europea presentan la edición correspondiente al mes de febrero de 2007 de DATAMEX. Este número contiene una interesante reflexión sobre la reforma del Estado en México en la que se combinan razonamientos políticos y experiencias históricas, intereses y conveniencias de los partidos políticos, entre otras variables que inciden en la inercia institucional sobre el tema. También se incluyen algunos comentarios relativos a un tema nodal de la discusión política mexicana, que guarda relación con la actuación de las instituciones electorales mexicanas durante las pasadas elecciones federales. En clave miscelánea, el Datamex contiene otros interesantes puntos de vista que nos sirven para entender mejor la realidad política, económica y social de México.

Antonia Martínez, Directora Contenido: • ¿Reforma del Estado o reforma de la sociedad?: Ortega y Gasset. Carlos

Ramírez. • Variaciones sobre el mismo tema: la reforma del Estado en México.

Anselmo Flores Andrade. • ¿Qué esperan los ciudadanos mexicanos del gobierno de Calderón

da Godoy. ?: el

lderón. .

Libro Blanco del IFE. Ernesto Hernández Norzagaray.

empleo y las variables psicológicas y racionales. Marcos Pine• Dinamitaremos al Instituto Federal Electoral. Marcos Marín. • Tiempo y reforma municipal. José Ramón López Rubí Ca• Izquierda, derecha y centro. Armando Román Zozaya•

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¿Reforma del Estado o reforma de la sociedad?: Ortega y Gasset. Carlos Ramírez∗

(Primera de tres partes)

1.- En un sistema político autoritario, la reforma política-reforma del Estado ha sido siempre una coartada. Luis Echeverría la llamó “apertura democrática”, José López Portillo operó una reforma política-electoral, Miguel de la Madrid le dio el apelativo de democratización y Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox hablaron de reforma del Estado. Hoy el PRI lanza la iniciativa de reforma del Estado para diseñarse desde el Congreso.

2.- Se trata, de hecho, de dos cosas diferentes: la democratización es la liberalización de las reglas electorales para la competencia en las urnas. La reforma del Estado consta de modificaciones legales, institucionales y de protocolos para convertir al Estado en el pivote de la actividad nacional. Si las dos pueden ser concurrentes, también se aprecian como excluyentes. En México ha habido reformas políticas sin reforma del Estado. Ahora se busca la reforma del Estado que incluya algunas modificaciones con efectos democratizadores.

3.- Por tanto, el tema central es la reforma del Estado. Y ahí hay que entrar de lleno al punto central: el Estado mexicano. México ganó la independencia pero sin instalar un gobierno consolidado y menos un Estado. El Estado como tal nació con Juárez al restaurar la república en 1867. De 1810 a 1867, México se debatió en la ausencia de un Estado. De ahí las guerras civiles, las pugnas internas y, obvio, la pérdida de la mitad del territorio por una administración que no supo delimitar la nacionalidad ni definir un Estado territorial. El Estado-nación de Juárez delineó el Estado como el marco de referencia de la nación. Porfirio Díaz pervirtió el Estado al darle una noción de autoridad, no de representatividad institucional. La Revolución Mexicana consolidó el Estado-sociedad. La Constitución de 1917 le dio marco jurídico normativo al Estado como proyecto nacional. Lázaro Cárdenas, en 1936, creó el Estado-partido. En 1993 Carlos Salinas modificó el Estado al subordinarlo al mercado: el Estado derrotado por el Consenso de Washington. La tesis de Salinas fue simple: el Estado había logrado margen de autonomía de las clases. La alternancia panista en la presidencia puso al Estado priísta en el eje del debate.

4.- La evolución del Estado mexicano ha sido hacia la consolidación de la sociedad. El Estado ha sido el promotor de la organización pero no un fin en sí mismo:

--Del Estado-nación a la nación-Estado. --Del Estado-sociedad a la sociedad-Estado. --Del Estado-políticas públicas a las políticas públicas-Estado. 5.- De entre todas las definiciones del Estado priísta, la más precisa fue la del

escritor y pensador comunista José Revueltas, en su ensayo México, una democracia bárbara de 1958. En un prólogo de 1976, Revueltas definió al Estado mexicano como un “Estado ideológico total y totalizador”. No totalitario. Para Revueltas, “la ideología es una totalidad concreta operante y activa, que tiene sus raíces sólidamente establecidas en el compuesto social”. El Estado priísta, por tanto, mezclaba su componente social junto al dominio de la burguesía. “El secreto de esta dominación total no se encuentra en otra parte que en la total manipulación, por parte del Estado, del total de las relaciones sociales”. Y en su ensayo daba una explicación más amplia: cómo las estructuras de control y representación social del PRI en el campo vía las

∗ Periodista, escritor político. Su columna política diaria se publica en El Financiero. www.indicador-politico.com.mx. cramirezh@hotmail.com.mx. Este texto forma parte de un libro en corrección sobre la transición mexicana a la democracia.

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organizaciones ejidales operaban también como representación gubernamental del Estado. Era, pues, la fusión de Estado y partido.

6.- El debate en torno a la reforma del Estado gira sobre la encrucijada de un Estado hegemónico por encima de las relaciones sociales, políticas y de clase o un Estado subsidiario que ocupe espacios a la espera de un mejor desarrollo de la sociedad.

7.- Por tanto, el debate de nuevo se abre en términos extremos: Estado o sociedad. Y ahí se localiza el pensamiento de José Ortega y Gasset. En el ensayo “La redención de las provincias”, publicado de noviembre de 1927 a febrero de 1928, el filósofo español puso en la balanza al Estado y la sociedad. Y su razonamiento fue contundente: un Estado perfecto con una sociedad deficiente “marcharía malamente”. En tanto que un Estado defectuoso con una sociedad viva y emprendedora “se mantendría siempre a flote”. El Estado era superficial, escribió, cuando se le compara con la sociedad. Por tanto, “la gran reforma española, la única eficiente, será la que, al reformar el Estado, se proponga no tanto acicalar como reformas, merced de él, los usos y el carácter de la vida española”. Para Ortega y Gasset, el Estado no era para beneficio de los grupos dominantes. “Aspiramos”, escribió en el ensayo “La decencia nacional” de diciembre de 1930, “a instaurar un Estado que lo sea para todos los españoles. Queremos hacer una casa muy grande y generosa, donde quepan todos”.

8.- Pero también alertaba sobre la idolatría del Estado. En su ensayo máximo La rebelión de las masas, publicado como artículos en 1926 y como libro en 1927, el filósofo español definió el contrapunto del Estado como el espacio de los hombres-masa y lo caracterizó como instrumento del fascismo, “un típico movimiento de hombres-masa”. Filósofo del hombre y la libertad, Ortega y Gasset reveló que el peligro mayor que amenaza la civilización “es el estado”. “El hombre-masa ve en el Estado un poder anónimo, y como él se siente a sí mismo anónimo --vulgo--, cree que el Estado es cosa suya”. El hombre-masa descansa en el Estado. “La masa se dice: el estado soy yo”. “El estatismo es la forma superior que toman la violencia y la acción directa constituidas en norma. A través y por medio del Estado, máquina anónima, las masas actúan por sí mismas.

9.- El debate, por tanto, se centra en el Estado. Pero a partir de objetivos claros: un Estado por encima de la sociedad o un Estado sometido a la sociedad. En consecuencia, la reforma del Estado no se concreta a reformas institucionales y de protocolos sino que implica una reorganización del funcionamiento de la sociedad.

10.- El Estado fue perfilado por la clase política priísta: una instancia por encima de la sociedad. Su mecanismo de legitimación fue la Constitución, en cuyo artículo 25 señala que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo”. Por tanto, el Estado se colocó por encima de la sociedad, del gobierno y de las fuerzas políticas. A lo largo de setenta años, el PRI dotó al Estado de funciones específicas que condicionaron el proyecto nacional.

11.- La gran reforma del Estado ocurrió en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas: se disminuyeron funciones del Estado, se modificó la Constitución y se reformaron los documentos básicos del PRI. El primer paso fue la venta de empresas paraestatales. El segundo ocurrió con el fortalecimiento del mercado. Y el tercero se dio con la reforma ideológica del gobierno y sus aparatos de poder. El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 marcó el cambio de rumbo político del Estado. La tesis la fijó Carlos Salinas en un documento de diciembre de 1982 para fundamentar las reformas constitucionales que limitaban el papel del Estado: “la vida política del país no puede reducirse a la dinámica de las fuerzas socioeconómicas. El Estado no es la arena política donde se dirimen los conflictos sociales. Hay una autonomía relativa del Estado respecto a los diversos grupos que actúan y compiten en una sociedad plural. Por ello debe rechazarse la posición reduccionista que considera que las formas

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del Estado varían simplemente en correspondencia con los modos de producción”. Y dijo también: “El ámbito de acción del Estado es el de las relaciones de poder”. A partir de estos criterios, Salinas reformó el Estado en función de la globalización y el tratado de comercio libre que facilitó la integración del mercado común de América del Norte.

12.- El Estado se conformó como una entidad autónoma, siempre amarrada a la conformación política y hegemónica del gobierno. No hubo, en realidad, tal “autonomía relativa”. Las crisis de los gobiernos priístas en el largo periodo 1968-2007 fueron asimismo crisis del Estado: la crisis política de 1968, la crisis económica de la devaluación de 1976, la crisis de los pactos sociales con la expropiación de la banca en 1982, la crisis de legitimidad política en las elecciones polémicas de 1988, la crisis del sistema priísta con la reforma neoliberal del PRI en 1991, la crisis social con el alzamiento indígena de 1994, la crisis del partido hegemónico con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, la crisis de la hegemonía con la alternancia partidista en la presidencia en el 2000, la crisis del gobierno con el resultado electoral del 2006 y la crisis del Estado con un gobierno panista y una oposición PRI-PRD.

13.- El Estado no es una entidad autónoma. En su ensayo clásico y fundamental, Arnaldo Córdova estableció en La formación del poder político en México que el Estado fue producto de la debilidad de los grupos hegemónicos hasta convertirse en una fuerza por sí misma. De ahí que el Estado haya sido la única institución capaz de definir y desarrollar transformaciones sociales.

14.- Pero el Estado hubo de llegar a un aparato de dominación social. Octavio Paz, en Posdata y en El ogro filantrópico, explica cómo el Estado se pervirtió para convertirse en un poder por sí mismo, aún en contra de la sociedad. Y como modelo de desarrollo, el Estado terminó al servicio de la burguesía dominante y antidesarrollo y produjo una república dividida en dos México: uno desarrollado y otro subdesarrollado.

15.- La reforma del Estado, por tanto, debe de aclarar si se trata sólo de fortalecer un conjunto de objetivos sociales producto de la historia priísta o si se busca el rediseño del modelo de desarrollo con un Estado con nuevas funciones y metas. Es decir, si se trata sólo de reformar el aparato de poder o si se busca reorganizar la institución social que pudiera conformar un nuevo pacto social definido por Jean Jacques Rousseau, donde “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo”.

16.- La gran reforma política del Estado la instrumentó Jesús Reyes Heroles en 1977-1978, bajo el gobierno de José López Portillo. El Estado garantizó la presencia política y legislativa de las organizaciones ideológicas extremas: la izquierda con el Partido Comunista Mexicano y la derecha con el Partido Demócrata Mexicano. Se terminaba el periodo de dominación estatal de las relaciones políticas, un sistema político que excluyó a la izquierda y a la derecha clerical no panista. La liberalización del registro de nuevos partidos políticos rompió la hegemonía del PRI, sobre todo porque incluía la presencia de fuerzas ajenas a cualquier acuerdo de sumisión al PRI. Se trataba de la oposición no leal que aspiraba a conquistar el poder. El registro del PCM rompió la unidad hegemónica del PRI.

17.- La reforma del Estado ha sido la vaquita intelectual progresista que se ordeña cada sexenio. Salinas. Zedillo y Fox reformaron el Estado para hacerlo funcional al modelo de integración económica globalizada. Felipe Calderón parece considerar que no se necesita de una reforma del Estado --y peor si no cuenta con la mayoría legislativa necesaria-- y que basta con acuerdos plurales en función de reformas de políticas económicas. Fox dispuso que Porfirio Muñoz Ledo --un

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funcionario que ha servido a todas las ideologías, desde avalar y justificar la represión de Díaz Ordaz en 1968 hasta el neopopulismo de López Obrador-- organizara la reforma del Estado. Muñoz Ledo hizo un gran seminario y entregó sus conclusiones. Nada ocurrió.

18.- En el escenario del cambio político, de 1988 al 2007, cuando menos existen veinticinco propuestas formales de reforma del Estado, todas ellas fundamentadas en objetivos de transición democrática. Con la reforma política de 1978-1979 y la reforma económica de 1991-1993, el Estado mexicano ha quedado a la espera de una reforma de objetivos sociales. Pero entre la reforma del Estado y la transición a la democracia se ha olvidado un asunto intermedio que originalmente permitió definir el rumbo del Estado y de la democracia: el modelo de desarrollo, con sus garantías sociales y sus objetivos de equidad. El modelo de desarrollo ha dejado al Estado como el instrumental necesario para funcionalizar las políticas de desarrollo.

19.- El Estado por sí mismo no garantiza el funcionamiento del gobierno. A partir de la última iniciativa del PRI para la reforma del Estado, el tema queda planteado en términos más de dudas que de posibilidades, sobre todo porque la agenda de los cambios habla más de bien de políticas de desarrollo que de definiciones del aparato estatal. ¿Reforma de la política económica o del modelo de desarrollo? ¿Reforma del Estado priísta para reforzarlo o invención de un nuevo paradigma de Estado? ¿Nueva reforma del sistema político o mayores garantías para la pluralidad democrática? ¿Reforma de los ingresos hacendarios o replanteamiento del sustento teórico de la política económica?

20.- Por sí mismo, el Estado es un aparato de ejercicio del poder. Pero su definición requiere del reconocimiento de la nueva pluralidad. Y esa pluralidad no se va a conseguir con leyes parciales que se negocien en los espacios del Congreso, con fuerzas políticas tan dadas a la condicionalidad. El PRD, por ejemplo, ya determinó lo que no va a ceder en reforma del Estado. El PRI ya decidió lo que va a imponer. El equilibrio de fuerzas en el Congreso es coyuntural. Por tanto, se necesita de dos pasos previos: el reconocimiento a la nueva correlación de fuerzas sociales en el congreso y la reforma de la norma jurídica del Estado. Por tanto, el único camino real de reforma del Estado es el de la convocatoria a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución que limite la acción del Estado. Así ocurrió en 1824, en 1847 y en 1917.

21.- La reforma del Estado debe atender cuando menos cinco objetivos: la nueva correlación de fuerzas políticas y sociales, la redistribución del poder político en medio de disputas y jaloneos callejeros, la definición de un nuevo Estado de bienestar que no inhiba la capacidad productiva de la sociedad, la configuración de un nuevo Estado derecho fundado en leyes y no en movilizaciones y la construcción de una nueva hegemonía política y social mayoritaria aún en la pluralidad.

22.- El dilema de fondo entre el Estado hegemónico y el Estado subsidiario --ambos marcados por inclinaciones ideológicas minoritarias-- radica en decidir entre el Estado económico y productivo o el Estado democrático. Regresar al Estado dominante sería provocar desajustes en las relaciones democráticas de poder. De ahí que más que el objetivo no debiera ser el fortalecimiento del Estado como garantía de objetivos de desarrollo sino la definición de políticas públicas que lo mismo cubran el déficit social del desarrollo económico que el superávit democrático que suele olvidar definiciones de fondo.

23.- El debate sobre el Estado tiene un contexto internacional. El paradigma del Estado en América Latina entró en colapso por el saldo económico negativo de las dictaduras militares y de los populismos ineficientes. En diciembre del 2006, en un ensayo publicado en la revista de la Cepal (Comisión Económica para América Latina), su ex presidente Enrique Iglesias delineó el falso dilema entre el Estado populista y el

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Estado del Consenso de Washington. Y propuso diez perfiles del nuevo Estado: impulsar eficiencia del mercado, impulsor de la capacidad productiva, capaz de disminuir las desigualdades sociales, funcional en sus relaciones con la empresa privada, promotor del fortalecimiento de la sociedad civil, promotor de políticas de inserción en la economía internacional, con decisión para la innovación tecnológica, racional en su comprensión de la economía internacional, inclinado a la planificación y sustentado en grandes consensos nacionales. Los requisitos de ese nuevo Estado son dos: un sistema democrático robusto y un servicio civil profesional.

24.- La crisis del Estado en México es parte de una crisis general del modelo de país y de gobierno que fundó el PRI: crisis de los consensos básicos, crisis del modelo de desarrollo, crisis del sistema político, radicalización ideológica excluyente, colapso del triángulo Estado-Constitución-PRI que garantizó la estabilidad y urgencia de nuevos paradigmas. Lo que falla, por tanto, no es solamente el Estado. También el gobierno: por ejemplo, a la estructura administrativa del gobierno central le falta una secretaría para el desarrollo industrial, una secretaría para la programación presupuestal y una secretaría para el desarrollo agropecuario y le sobra la Secretaría de la Reforma Agraria en un sistema en el que el reparto revolucionario de tierras se terminó.

25.- Por tanto, hay que ir más allá de la reforma del Estado. Las seis grandes reformas para la refundación de la república son muy concretas: la reforma constitucional, la reforma del Estado, la reforma del gobierno, un programa de choque heterodoxo para alinear la política económica, un nuevo modelo de desarrollo y la transición integral a la democracia. Variaciones sobre el mismo tema: la reforma del Estado en México

Anselmo Flores Andrade* El pasado 5 de febrero se cumplió el 90 aniversario de la promulgación de la Constitución política mexicana. Como ha sido costumbre dicho evento constituyó una oportunidad para que los actores políticos se pronunciaran sobre la necesidad de la multicitada reforma del Estado, en clave constitucional.

Para unos, reformar nuestra Carta Magna y, para otros, sustituirla por una nueva. Ambas posiciones cuentan no sólo con importantes argumentos a favor y en contra sino también con sólidos apoyos políticos y sociales, sin que hasta el momento se observe un predominio de alguno de ellos en el debate político.

Este año, el presidente Felipe Calderón convocó a los poderes de la unión a renovar la constitución mexicana, es decir, modificar el andamiaje institucional del país para adecuarlo a las nuevas circunstancias del país. Más precisamente señaló: “Renovar el derecho desde el derecho y la constitución desde la constitución, para adecuar los órganos del Estado y la relación de estos con los ciudadanos a las aspiraciones de México y que pueda armonizarse la pluralidad democrática con al gobernabilidad democrática”1. El PRI y el PAN, como siempre, tomaron con cautela las convocatorias del ejecutivo; por el contrario, el PRD mostró su acuerdo inmediato con dicho interés.

En su momento, el ex presidente Vicente Fox, propuso también una revisión integral a la Constitución, que respondiera a los cambios ocurridos en el país, y para ello convocó a un debate nacional. Sin embargo, el “Pemexgate” y posteriormente el caso “Amigos de Fox” se convirtieron en los motivos para posponer la discusión sobre

* Doctor en Ciencias Políticas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, México. 1 El Universal 6 de febrero de 2007.

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la reforma a nuestro marco jurídico-político.2 De hecho, en todos estos años, cada manifestación de renovación constitucional se ha encontrado con un ambiente de confrontación, de fricciones entre los partidos (como al interior de ellos) y escenas de ruptura entre los actores involucrados. Situaciones que se tornaron insuperables ante las necesidades coyunturales y prioridades de corto plazo de todos los partidos políticos.

Nadie en su sano juicio rechaza el desfase en que se encuentra nuestra Constitución respecto de la situación política actual, ni el rezago que presenta en ciertas esferas. Sin embargo, se reconoce que a pesar de ello funciona; esto es, no es totalmente inoperante.

Como se sabe, de los 136 artículos que integran la Constitución sólo 38 permanecen con la redacción original de 1917. El resto ha sufrido modificaciones en diversas ocasiones, contabilizando un total de 420 modificaciones en su conjunto (el artículo 73 constitucional, que señala las facultades del congreso mexicano, es el más modificado). Por sólo mencionar un dato, en el periodo 1970-2000, se han realizaron 255 modificaciones constitucionales. El número de ellas por sexenio son las siguientes: Ernesto Zedillo realizó 78; Miguel de la Madrid 61; Carlos Salinas 49; Luis Echeverría 35; y José López Portillo 32 reformas.

Gran parte de estas reformas han contribuido a que nuestro ordenamiento constitucional presente contradicciones entre sus artículos, sea muy detallada en ciertos aspectos, pierda coherencia con el espíritu original, y por la ambigüedad de algunos cambios provoque lagunas y conflictos en su estructura interior. Por ello, es necesario detener la dinámica de modificaciones coyunturales (y al “vapor”) e instrumentales del proceso de reformas y abocarse a la tarea de dotar a nuestra incipiente democracia mexicana de un eficiente y efectivo entramado jurídico-político.

Hace unas semanas, el senado de la república aprobó por unanimidad una Ley para la reforma del Estado (y posteriormente enviada a la cámara baja para que la discuta y, en su caso, la apruebe) mediante la cual se obliga a los legisladores, dirigentes de los partidos y a un representante del Ejecutivo, negociar y acordar en el lapso de un año las iniciativas que deberán transformar las instituciones del país. La Ley señala seis áreas de negociación: a) régimen de Estado y gobierno; b) democracia y sistema electoral; c) federalismo; d) reforma del poder judicial; e) reforma hacendaria y, f) garantías sociales.

La discusión de esos temas, de acuerdo con la ley, se realizarán a través de seis etapas: i) consultas públicas; ii) negociación y construcción de acuerdos; iii) redacción de los proyectos; iv) aprobación y firma; v) presentación de iniciativas; y vi) proceso legislativo (dictamen y votación en las cámaras). Dichos trabajos serán conducidos por una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de las cámaras de diputados y senadores; por los representantes de los partidos políticos nacionales y un representante del poder ejecutivo federal). La ley, por cierto, no prevé sanciones a los legisladores si después de un año no logran acuerdos para reformar al Estado mexicano.3

El sin sentido de esta Ley es que resulta chocante que los legisladores se den leyes para realizar sus tareas naturales: legislar. En fin, lo único positivo es que tomando en cuenta los agravios y desencuentros políticos generados por el pasado

2 Un año después de lanzar la convocatoria para la revisión integral de la constitución y en referencia a la controversia generada por el financiamiento ilícito (dinero proveniente de la paraestatal PEMEX) en al campaña presidencial príista, Vicente Fox, en el marco de otro aniversario de la Carta Magna, señaló: “No aceptaremos una transición pactada, ni apoyos al gobierno a cambio de un olvido selectivo del pasado” El Universal 6 de febrero de 2002. 3 La ley establece que la presidencia será rotatoria, cada cuatro meses. Los primeros cuatro meses será presidida por el presidente del Senado de la República, luego por el presidente de la Comisión para la Reforma del Estado del Senado, y finalmente por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. www.senado.gob.mx

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proceso electoral presidencial, exista aún voluntad política para realizar un trabajo conjunto.

Por mi parte, considero que ha habido un gran número de sesiones y debate público acerca de lo que es posible y deseable en torno a la reforma del Estado. Por sólo mencionar algunos, los foros más importantes realizados en la última década son: el “Seminario de Chapultepec” de 1996; la “Comisión de Estudio para la reforma del Estado” del 2000; el “Foro para la revisión integral de la Constitución en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana”; y las “Mesas del Diálogo para la reforma del Estado”, en la Secretaría de Gobernación.

La primera de ellas convocó a especialistas y a dirigentes partidistas importantes. En dicha ocasión se estudiaron alrededor de 70 propuestas divididas en 14 temas: derechos políticos, autoridad electoral, Tribunal Federal Electoral, Fiscalía Especial para Delitos Electorales, Condiciones de Equidad en los medios de comunicación, integración de partidos políticos, coaliciones electorales, programas gubernamentales y campañas electorales, candidaturas comunes, cédula de identidad ciudadana, padrón electoral, calificación de las elecciones, condiciones de la competencia electoral, representación nacional y procesos electorales.

El segundo foro funcionó en torno a seis mesas de trabajo: a) derechos humanos y libertades públicas, en donde se abordaron 21 aspectos relacionados con ese tema; b) representación política y democracia participativa, con 26 temas vinculados; c) poderes públicos y forma y régimen de gobierno, en esta mesa se abordaron 22 temas; d) órganos e instancias públicas, federalismo y procesos de descentralización, en donde se discutieron 17 temas relacionados con el tema principal; e) objetivos económicos y sociales del Estado, con 23 temas a discusión; finalmente, f) relaciones de México con el exterior, Constitución y globalidad, con 23 temas.

Los foros del INEHRM se dividieron en dos etapas. La primera contó con cinco foros realizados en las instalaciones del Instituto: 1) autonomías indígenas, bajos los siguientes temas-ejes: ley sobre derechos y cultura indígena, autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, orden jurídico nacional y prácticas jurídicas indígenas, justicia indígena y el municipio indígena; 2) derechos fundamentales, bajo cuatro ejes: generación de derechos humanos y fundamentales, libertades públicas, derechos sociales, y derechos de tercera generación; 3) órganos electorales e instituciones democráticas, bajo los siguientes temas: partidos políticos, calendarios electorales, órganos electorales e instituciones democráticas, voto de los mexicanos en el extranjero, y fórmulas electorales; 4) división de poderes, con los temas: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y órganos autónomos constitucionales o de Estado; y 5) federalismo, con los temas: entidades federativas, y municipios. La segunda etapa, contó con cuatro foros estatales: en Querétaro se discutió bajo el tema genérico de división de poderes; Zacatecas, juventud para la revisión integral de la constitución; Monterrey, Federalismo; Sonora, órganos electorales e instituciones democráticas.

El último foro importante, se realizó de manera más institucionalizada ya que a lo largo del 2002, se reunieron funcionarios del gobierno, representantes de los partidos y algunos académicos, para discutir sobre tres grandes apartados temáticos: mesa de desarrollo social, finanzas públicas y reforma política, una amplia cantidad de académicos, dirigentes partidista y legisladores de la mayoría de los partidos políticos con representación en el congreso.4

Además de estos ejercicios de amplia convocatoria, en la última década han tenido lugar un sinnúmero de seminarios en varias instituciones académicas del país,

4 Estos temas pueden consultarse en la página de la Secretaría de Gobernación. www.segob.mx

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especialmente la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en distintas sedes del Tribunal Electoral del país, para abordar algunos de los grandes temas-ejes en relación con la reforma del Estado, la reforma Constitucional o la reforma Electoral. En todos ellos han surgido un grupo abundante de iniciativas, propuestas y recomendaciones sobre nuestro andamiaje constitucional que es abrumadora la cantidad.5

Por lo anterior, consideró que más que reactivar la fiebre de “comisiones”, “foros”, “consultas públicas”, “encuentros”, etcétera, para debatir sobre la reforma del Estado, se debe retomar la agenda producida. Es decir, existe una agenda (no exhausta ni totalmente legitimada) pero si amplia y suficientemente debatida para tomarla como base para que las distintas fuerzas políticas con representación en el congreso se “pronuncien” y actúen en consecuencia.

Nadie sugiere que la reforma del Estado sea fácil, ni mucho menos que dejará satisfechos a todos. Pero igualmente es cierto que de no realizarla continuaremos acumulando problemas que en una coyuntura específica hará trizas el inestable equilibrio político y social actual.

Las prioridades partidistas, y los riesgos que los líderes de los partidos observan, han hecho que la discusión sobre una reforma del Estado se posponga. A pesar de los pronunciamientos a favor, la verdad es que ninguno de los actores políticos tiene en su horizonte inmediato la modificación de nuestro andamiaje jurídico-político. Las estrategias y acciones seguidas hasta el momento por los partidos y sus dirigentes sólo han provocado que el debate sobre la reforma del Estado, en clave constitucional, se haya postergado.

Nadie (ni el presidente de la república, ni los partidos, ni la sociedad, ni el congreso) ha sabido administrar el tiempo político ni mucho menos aprovechar los apoyos políticos y sociales para empujar la reforma. Pareciera que la actual estructura jurídico-política del país, a pesar de sus defectos e insuficiencias, permite obtener ganancias aceptables para los involucrados en el juego político; de ahí que las oportunidades se hayan dejado pasar.

El país necesita un nuevo pacto social en el que se reconozcan todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Una renovada estructura jurídico-política que genere un sentimiento innato de respeto hacia ella (y por tanto acabe con la inobservancia de la ley por parte de autoridades y ciudadanos). La democracia mexicana para afianzarse requiere instituciones legítimamente diseñadas y construidas, que garanticen el respeto de ganadores y perdedores del juego político.

Asimismo, para garantizar la gobernabilidad y sobre todo consolidar la democracia, es necesario renovar los procesos, normas y mecanismos del actual sistema político; para con ello garantizar un efectivo Estado de derecho y rendición de cuentas, por parte del poder público; un auténtico federalismo; una relación ejecutivo-legislativo más efectiva. Por otra parte, los problemas estructurales del país requieren de instrumentos jurídicos para solucionarlos; el problema de recursos del Estado y financiamiento a programas sociales encuentra ahí un camino.

Todo mundo sabe de la probable parálisis de las agendas legislativas y políticas de los actores en el marco actual de nuestro ordenamiento jurídico; todo mundo reconoce las previsibles consecuencias políticas y económicas que generarían ausencias de mayoría o bloqueos permanentes de un grupo parlamentario sobre otros. Y a pesar de ello, la coyuntura y lo inmediato se impone en el horizonte de los

5 De acuerdo al periódico Reforma, de agosto del 2000 a la fecha se han realizado 13 foros sobre reforma constitucional en el país, 109 mesas temáticas han discutido aspectos relevantes del proceso de reforma institucional, 255 iniciativas sobre reforma constitucional se han presentado en el congreso mexicano. Además, en las últimas tres legislaturas se han creado seis comisiones especiales sobre la materia. Periódico Reforma 18 de febrero 2007.

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partidos y fuerzas políticas involucradas. Además, las prioridades del ejecutivo y los partidos de oposición no logran conciliarse.

Por ello, las convocatorias, desde la perspectiva de la sociedad, provocan desanimo y pesimismo. Si en estos últimos seis años las fuerzas políticas del país no han podido ponerse de acuerdo en aspectos puntuales de la agenda legislativa, no se observa como, en un contexto de mayor diversificación política, puedan lograr acuerdos en temas realmente críticos y polémicos. De entrada no existe consenso algunos sobre cómo realizar esa gran reforma: ¿a través de los mecanismos que la propia Constitución requiere o mediante otros procedimientos? ¿Qué se propone: una nueva o una revisión de la Constitución? Además, la distribución de escaños en el actual congreso mexicano constituye un factor importante y constriñe las posibilidades de que una operación de ese calado tenga éxito en el corto plazo.

Pero, por otra parte, la excusa de que no están dadas las condiciones para una reforma de esta magnitud no es totalmente aceptable, porque siempre han existido, y es probable que continúen en el horizonte mediato del país, un escenario de fricción, desconfianza y pugnas entre los actores involucrados. Las resistencias siempre estarán.

Además, el amplio calendario electoral del país, las crisis de representación que padecen los partidos, la presencia de gobiernos sin mayorías calificadas, no desaparecerán en el corto plazo.

Lo más viable, son reformas graduales, cuidadosamente acordadas y legitimadas. El avance por niveles y ámbitos permitirá afinar y mejorar los procedimientos de negociación y aprobación que requieren ciertos artículos o temas polémicos de nuestro orden jurídico.

Asimismo, desde ya debemos dejar en claro que no por tener una nueva Constitución se resolverán los problemas sociales y políticos del país. Esto es, la Constitución por si misma no resolverá los problemas del país. Nada más alejado de la realidad.

Lo que si es cierto es que con una nueva Constitución, la correlación de fuerzas políticas actualmente existentes y la pluralidad política y social del país contaría con cauces más actuales y eficaces para su expresión e interacción. Con la Constitución pasa como con la democracia, no es posible esperar de ellas más de lo que ofrece. ¿Qué esperan los ciudadanos mexicanos del gobierno de Calderón?: el empleo y las variables psicológicas y racionales.

Marcos Pineda Godoy∗

Introducción Esta es la segunda parte del artículo publicado en la edición de Datamex6 correspondiente al mes de enero de 2007. Las pruebas estadísticas, las referencias a

∗ Politólogo egresado de la UNAM, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Loyola de América, México. Actualmente lleva a cabo una investigación en la Universidad Autónoma de Madrid sobre la elección presidencial del 2 de julio de 2006. 6 Agradezco al Mtro. Isidoro Guerson Osuna los comentarios hechos a la primera parte de este artículo. Por un lado, en efecto, en la actualidad la ocupación que genera recursos para un individuo se llama empleo y éste puede ser tanto por cuenta ajena (empleado) o por cuenta propia (autoempleo), aunque también existe la ya muy extendida categoría del empleo informal en relación de dependencia. Y por otro lado, es un asunto delicado en el sentido en que resultaría fácil que se deteriorase. Para los efectos de este artículo la consideración por parte de los entrevistados del empleo y la generación del mismo son tratados como una sola variable dependiente, en virtud del tipo de respuestas que arrojó la encuesta de referencia, quedando claro que el estudio sobre el empleo como categoría de análisis y la situación específica del empleo en México corresponden a otros estudios.

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la matriz de datos y las advertencias sobre qué resultados se incluyen son las mismas, sólo que ahora dedicadas al análisis de las variables psicológicas y racionales, acerca del tema más importante tratado en las elecciones presidenciales de México en 2006, considerado así por los entrevistados en la Cuarta Encuesta Nacional Electoral (CIDE-CSES 2006). Resulta claro que la clase política mexicana sabe de la importancia de este tema. Recientemente hubo declaraciones de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México, quien “… dijo a cientos de jóvenes… que el empleo y el crecimiento económico no los genera el gobierno, sino la sociedad. Y en este objetivo al gobierno sólo le toca poner las condiciones y apoyar a quien se arriesga a abrir una empresa”7. Los empresarios, en voz del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dicen: “… Calderón ha trabajado bien en cuanto al empleo… (Más delante acota)…debe trabajar en nuevas reformas… (Y pone como ejemplo que)…se puede subsidiar a la gente de menos recursos generando empleos, no es posible encontrar un desarrollo social, sino propiciamos nuevos trabajos…”8. Aparte de los dislates argumentativos del empresario referido, la Confederación Regional Obrera Campesina sostiene que “… el desempleo, seguido de la inseguridad y el narcotráfico, es el problema más grave que vive el país”9 y señala contrariamente a lo declarado por el ejecutivo y los empresarios que el gobierno federal “debe tomar urgentemente en sus manos el problema”10. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional organiza en sus instalaciones una feria del empleo en la que una veintena de empresas ofertan ocupaciones de baja remuneración. Aunque haya divergencias sustantivas entre los diferentes miembros de la clase política y empresarial, sus pronunciamientos corroboran la afirmación que hicimos, con base en la evidencia empírica que mostramos en el artículo anterior: el empleo es, hoy por hoy, el tema que más preocupa a los mexicanos. 1. La democracia da igual, la ideología no: las variables psicológicas.

1.1. Empleo y satisfacción con la democracia Las categorías de la variable independiente (“satisfacción con la democracia”) son

cuatro: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas no arrojan evidencia empírica que nos permita rechazar la hipótesis nula de independencia entre estas variables. De esta manera lo único que podemos inferir es que la consideración del empleo como el tema más importante tratado en las elecciones es independiente de si se está o no satisfecho con el funcionamiento de la democracia en México.

1.2. Autoidentificación ideológica. La autoidentificación ideológica es la ubicación que el propio entrevistado hace de

sí mismo en una escala que va de 0 a 10, en la que 0 significa izquierda y 10 derecha.

7 Herrera Beltrán, Claudia y David Carrizales. “Calderón pide a la población estar unida ante 'cualquier amenaza’'', La Jornada, 16 de febrero de 2007. 8 Macías, Héctor. “Hay que dar oportunidad a Calderon (sic) de que muestre mejoras al empleo: Terrazas Seyffert”, Omnia, 15 de febrero de 2007, http://www.omnia.com.mx/noticias/40144/chihuahua/. 9 El Financiero en línea. “Llama CROC a un diálogo nacional pro empleo”, El Financiero en línea, 16 de febrero de 2007, http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=43669&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 10 “Ídem”.

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La media de autoidentificación ideológica fue de 6,91 en las elecciones de 200611. Debido a que en este caso la variable dependiente es de carácter nominal y la independiente es cardinal y ambas son mutables y latentes, es decir, cambian al paso del tiempo y no pueden ser observadas directamente, optamos por recodificar la variable independiente para transformarla en una variable binominal que nos separe a los entrevistados que se consideran del centro hacia la derecha, es decir del valor 6 al 10, (68.9%), de los que se consideran ubicados del centro hacia la izquierda, es decir del valor 0 al 5, (31,1%), excluyendo al mismo tiempo, como valores perdidos, al 21,3% de la unidad de análisis original, que respondieron no saber o simplemente no contestaron a la pregunta. De 100% de los entrevistados que se autoidentificaron del centro hacia la izquierda el 40,3% consideraron al empleo como el tema más importante tratado en las elecciones de 2006, el 33,3% a la seguridad pública/delincuencia y el restante 26,4% el apoyo a los pobres. Del lado del 100% que se autoidentificaron del centro a la derecha, el 55,4% consideró al empleo el tema más importante, el 31,1% a la seguridad pública y el 13,5% el apoyo a los pobres. Llama la atención que es superior la cantidad de observaciones encontradas en quienes se autoidentifican con la derecha respecto al tema del empleo que en su contraparte ideológica. Sin embargo, la evidencia empírica que resultó de las prueba estadística de la V de Cramer (0,172) apoya la hipótesis de la relación entre las variables solamente en algunas casillas, es decir, la relación entre ideología y preocupación por el empleo se haya entre quienes se ubican más a la izquierda y más a la derecha que entre quienes se acercan más al centro. El nivel de confianza para estas inferencias resultó del 99,9%, es decir, un 0,001 de significación asintótica (bilateral). 2. Las variables racionales.

2.1. Percepción de la situación económica general. Excluyendo como valores perdidos al 2% que bien declararon no saber o no

contestaron a la pregunta sobre su percepción de la situación económica del país, el 26,5,% declaró que la situación económica del país es muy buena/buena, el 33,8% ni buena ni mala y el 39,7% mala/muy mala. Sin embargo, las tablas de contingencia y las pruebas de la V de Cramer (0,086) y los indicadores en valores Z revelan que la consideración del empleo como el tema más importante solamente podría estar relacionada en el caso de quienes perciben una situación económica en México Mala/muy mala, pues se supera en negativo el umbral del (+/- 1,96). En otras palabras, resulta más probable considerar al empleo como el asunto más importante cuando se percibe a la situación económica del país como mala o muy mala. Pero es importante señalar que el nivel de confianza derivado de la significación asintótica bilateral es muy bajo (89%), por lo que se corre un riesgo muy elevado si se intenta inferir los resultados a la población de referencia.

2.2. Percepción de la situación económica personal. Del 100% de los entrevistados 49% respondió a la pregunta sobre si su situación

económica personal en el último año había mejorado, se había mantenido igual de 11 A finales de junio de este año publicaré un estudio pormenorizado sobre la importancia que la ideología tuvo en las elecciones de 2006. Contrario a lo que intuitivamente cabría esperar en México, el hecho de que la media de autoidentificación ideológica se sitúe más hacia la derecha es un hallazgo que ya se ha señalado con anterioridad por otros investigadores de la Universidad de California y del ITAM, aunque no mucho más allá de su comprensión descriptiva. La media de autoidentificación ideológica ha pasado de 5,98 a 6,91 de las elecciones de 1997 a las últimas elecciones federales. Al respecto, hay mucho que investigar.

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bien o igual de mal o si había empeorado. Del 100% de los que respondieron, el 26,4% declaró que había mejorado, el 46,5% que se había mantenido igual de bien o de mal, y el restante 27,1% que había empeorado. En los tres casos, el porcentaje de los que declararon sobre su situación económica personal son superiores o cercanas al 50% las respuestas que consideran al empleo como el tema más importante. Los resultados reflejan que no existe evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula de independencia entre las variables, por lo que lo único que se puede inferir es que la consideración del empleo como tema principal es independiente de la situación económica personal.

2.3. Nivel de ingresos. Los propios porcentajes acerca del nivel de ingreso familiar de los entrevistados

llaman la atención. Hablando de los niveles más elevados a los más bajos, encontramos que el 8,5% declaró tener percepciones económicas de 30 o más salarios mínimos, es decir, superiores a los 43 mil pesos mensuales –nivel entre los que se encuentran los empresarios, diputados, senadores, consejeros electorales, el presidente Felipe Calderón y hasta Andrés Manuel López Obrador– que contrasta con el 5,8% que declara un ingreso familiar de entre 10 y 30 salarios mínimos, con el 3,2% que dicen percibir entre 7 y 10 salarios mínimos y el 9,9% que gana entre 5 y 7 salarios mínimos. Pero el contraste más agudo se da con las demás franjas de ingreso familiar: el 23,1% declaró un ingreso de entre 3 y 5 salarios mínimos, el 38% de entre 1 y 3 salarios mínimos y un 10,8% de entre 0 y 1 salario mínimo. Para establecer un punto de comparación –porque a un lector europeo podría parecerle que si se gana más del salario mínimo la cosa no está tan mal– cualquier trabajador mexicano sabe que el salario mínimo en México es realmente tan mínimo que sólo sirve para subsistir en medio de una situación miserable y que quienes pueden considerarse en la clase media son aquellos que cuentan con percepciones salariales de entre 7 y 30 salarios mínimos, que en su conjunto representan solamente al 9% de la muestra en cuestión, mientras más del 50% de los entrevistados declaran vivir en la pobreza, si no en la miseria. Las pruebas estadísticas aportan evidencia empírica para afirmar, con un nivel de confianza del 99,4% que existe relación entre la consideración del empleo como el asunto más importante y el nivel de ingresos familiar de entre cinco y siete salarios mínimos, es decir, de entre 7.300 y 10.220 pesos mexicanos. El indicador en valores Z es superior al umbral mencionado más arriba y la V de Cramer (0,175) nos indica que la relación se concentra solamente en algunas casillas de la tabla, como la que destacamos en este párrafo. Sólo para mencionar otro de los resultados significativos, digamos que también encontramos una relación similar –un valor Z significativo, la misma V de Cramer y la misma significación asintótica bilateral (0,016)– entre quienes declaran tener ingresos iguales o menores a un salario mínimo y su consideración del apoyo a los pobres como el tema más importante.

2.4. ¿Institución, organismo o empresa?: da igual. Los resultados de las pruebas estadísticas nos revelan que la consideración del

empleo como tema más importante no depende del tipo de institución, organismo público o privado o empresa pública o privada en la que laboran. Aunque la mayoría de los entrevistados declaró trabajar para una empresa privada (34,7%) no deben desestimarse las franjas de quienes se dedican a un ejercicio o práctica independiente (como los abogados y los médicos, por ejemplo) y quienes adujeron tener un negocio propio (24,2%). Tanto para ellos, como para los que trabajan para alguna institución

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bien del gobierno federal, o de los gobiernos estatales o municipales (9,5%) o para alguna empresa paraestatal u organismo descentralizado (3,8%) la preocupación por el empleo es porcentualmente superior con mucho a los otros temas contenidos en la misma unidad de análisis.

A manera de conclusiones:

1. A reserva de que posteriores investigaciones, con base en datos agregados (la presente se basa en datos individuales solamente de la Cuarta Encuesta Nacional Electoral de 2006) puedan corroborar la evolución de las relaciones, es decir, las medidas de relación o no de las variables sociodemográficas, psicológicas o racionales, podemos presumir que existen entre la consideración del empleo como el asunto más importante tratado en las elecciones y otras variables ya señaladas. Por lo pronto queda muy claro, con un 99% de nivel de confianza en esta inferencia, que el empleo es, desde muchos ángulos, la principal preocupación de los mexicanos.

2. Poco importa si se tiene o no trabajo, la edad, el género, el nivel de ingresos, la ideología o si se está satisfecho con la forma en la que funciona la democracia en México, entre otras de las variables que hemos analizado. El empleo es el tema más sobresaliente.

3. Podemos aventurar una hipótesis susceptible de ser estudiada a profundidad posteriormente, de que el comportamiento electoral podría verse influido por los issues respecto al tema del empleo, valdría investigar qué tanto influyeron en la decisión de voto, al menos en la última elección.

Dinamitaremos al Instituto Federal Electoral

Marcos Marín Amezcua El título del presente artículo es, a propósito, provocador. Sólo refleja lo que sucedería si se admite destituir por cualquier pretexto a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE), que afrontaron la elección presidencial del 2 de julio de 2006, donde las urnas no dejaron claro lo que después sí confirmó un tribunal: Felipe Calderón es presidente electo de México (Y constitucional desde el 1 de diciembre pasado).

Las instituciones democráticas mexicanas están amenazadas. En efecto, proviniendo de los sectores más reaccionarios del centro y de la izquierda, circulan insistentes propuestas concretas para remover a los consejeros del IFE y someterlos, si cabe, a juicio político. La prensa proclive a esos grupos, ha dirigido sus acciones “periodísticas” para demostrar lo inocuas y malsanas que sus personas resultan, para la democracia verdadera que dicen representar los intereses que pagan espacios en sus, también, cada vez más desacreditadas páginas.

Colocarlos a tales consejeros del IFE en la lista de plagas bíblicas, apenas sería poco para expiar sus pecados casi inconfesables, como tal resulta ser la intención de sus verdugos; en tanto, se busca generar en la sociedad mexicana, un desbordado odio público hacia ellos. Pero ya se advierte con mucha claridad, que todo esto encierra una trampa.

¿Qué esconden tales propuestas de remoción? ¿Qué puede haber detrás de un incendiario discurso dirigido a ningunear y desprestigiar la tarea de los consejeros que convalidaron, en primera instancia, la elección de 2006 y de paso atacar veladamente el carácter ciudadano del IFE?

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La Historia exige no ser olvidada. Y es lo más conveniente en casos como éste. La creación de un órgano electoral “autónomo ha sido costosa para los mexicanos, en muchos sentidos. Para que exista se ha tenido que luchar contra viento y marea. Pero allí está el IFE, afrontando los vericuetos por los que se conduce la democracia mexicana. Destacan en él sí, la ñoñez de su titular y sus elevados costos económicos (Resultan escandalosas las partidas asignadas a ese instituto electoral, tanto como las que reciben los partidos políticos); empero, su mejor acierto político lo es en concreto, el quitarle al gobierno de turno la capacidad de ser juez y parte en la materia electoral.

El gobierno priista, organizador de amañadas elecciones y patrocinador de su propio partido, dejó a regañadientes ese papel para ciudadanizar las elecciones bajo presión de la sociedad, permitiendo la salida del gobierno de los órganos que componían al IFE. La consecuencia inmediata: El PRI perdió de manera paulatina el voto popular y con ello los cargos de elección popular de mediana importancia y, finalmente, perdió la Presidencia de la república. Lleva dos elecciones en que no accede a ella. ¿Casualidad al ya no detentar el poder ni las arcas del Estado ni su capacidad organizativa para una elección? Se dice que en política no hay casualidades.

El IFE afrontó con éxito para la oposición las elecciones de 1997, acotadas por el albazo priista de la reforma política parcial de 1996, que mayoriteó y que, si bien tuvo avances, también frustró algunos otros impulsados desde 1988; con todo, desde 1997 esos avances le permitieron avanzar en cifras al voto contrario al PRI.

Además, el IFE asistió a la derrota del PRI en 2000 a manos del conservador Partido Acción Nacional con su candidato Vicente Fox, denostado desde un primer momento. Cuando se haga el recuento de la importancia real de Fox en la historia de México, convendrá partir de una premisa que parece sencilla pero asaz de complicada de entender para el priismo: Fox sacó al PRI del poder, mismo que había detentado como coto personal durante siete décadas. Punto. Suficiente razón para nunca perdonarle en lo personal y en lo político, su acción memorable de no poco mérito, a la luz de recordar las palabras lapidarias del viejo líder obrero Fidel Velázquez, rancio símbolo del decadente priato: “No nos dejaremos quitar con los votos lo que ganamos con las armas”. Es decir, los priistas no pensaban dejar el poder por las buenas. ¿Cómo perdonarle a Fox su pacífica osadía? Logró la alternancia en 2000 sin derramarse sangre, y defenestró a toda una clase política que se decía “heredera de la Revolución Mexicana”, sin serlo ya.

Un partido que por setenta años gobernó México de manera continuada, un día se amaneció fuera del poder que explotó por tanto tiempo. Entiéndase que era un golpe mortal que orillaba a no perdonar a quién se lo propinó. Y el IFE parece que se le ve como un causante directo de tal derrota, una vez que se afianzó con su carácter ciudadano y se alejó de ser el vehículo para organizar elecciones y garantizar resultados desde el gobierno (priista) de turno. Lo dicho, la ciudadanía garantizó triunfos contrarios al PRI, a través de los esquemas ciudadanos del IFE.

¿Un instituto electoral autónomo propició el derrumbe del PRI? Sí, al romper los amarres, los contubernios y los manejos de las elecciones organizadas por y desde el poder mismo, ciudadanizándolas y cerrando así la posibilidad de una manipulación desde el poder, independientemente de que los consejeros del órgano rector del IFE fueran neutrales o amigos de o proclives a un partido político. Su fuerza no es la suficiente para que por ser amigos de un cacique político, pudieran desvirtuar el resultado de las urnas. Y esto no conviene a veces y suele olvidarse por los analistas políticos.

Por supuesto, la tentación de influir en los consejeros, por parte de todos los actores políticos es incuestionable, en aras de alcanzar el poder. Pero al mismo tiempo

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es pertinente no perder de vista que arriesgarían a la institución misma, si esos actores tuvieran la posibilidad de combatirla o mediatizarla con las mismas herramientas democráticas que representa; como también supone un riesgo las propuestas de ley en la Cámaras legislativas, para “reventar” su desempeño y cobrarles su carencia de colaboración a tales consejeros, no prestándose a la corrupción y a los fines perseguidos por cada partido político. Eso es justo lo que está sucediendo a inicios de 2007: Deberán pagar los consejeros del IFE por legitimar la elección de 2006 a favor de Felipe Calderón, amparada en la participación ciudadana que coordinó el IFE y no por intereses de los partidos, como habrían querido algunos, recurriendo a la vieja usanza.

La campaña orquestada en contra del IFE y sus consejeros parece decirle a los mexicanos: Basta de independencia del órgano que patrocina y organiza elecciones. Hay que crear algo controlable por nosotros, gobernemos o no. Ergo, volver al IFE nuevamente, juez y parte, mediatizándolo además. Sería un retroceso atroz.

Siendo el IFE hoy por hoy una institución ciudadanizada, a la que se le ha golpeado acusándola de legitimar a Calderón cuando no le correspondía, lo verdaderamente importante es que en realidad, el manotazo va dirigido a su ya, por lo visto, inadmisible (y valiosísimo) carácter ciudadano, ya no controlado al antojo de una elite que se eternizó en el poder gracias a que controlaba el proceso electoral.

Para esas elites representadas en el PRI y el PRD, es hora de dar marcha atrás haciendo gala de sus escasos anhelos democráticos a los que obedecen, pues de ellos deriva su propia supervivencia política. No es extraña la severa campaña en contra del IFE, que va desde acusarlo de ser artífice de un fraude electoral (No probado), hasta cuestionar cada semana sus gastos más ínfimos, como el costo de ceniceros dentro de la institución. Nada se le perdona. Nunca una institución pública, la más ciudadana de todas, cabe reiterar, ha recibido tal andanada de reportajes “especializados”, que miran con lupa su proceder. Todo ello se torna muy sospechoso a la luz de lo mencionado párrafos arriba.

Empero, es fácil decir que la remoción de los consejeros del IFE no obedece a que apoyaron como presidente electo a Calderón, y mejor es decir que actuaron en contubernio y son ilegítimos. Es clara la idea que subyace en la intentona primero, por desacreditar y después por hundir a una institución que retiró al PRI del poder y no dejó llegar al PRD. Si se permitiera la remoción de los consejeros, tal crimen estaría permitiendo que, ahora sí, un instituto autónomo pierda definitivamente su libertad, sujeto a los caprichos partidistas. Costó casi veinte años que la alcanzara y ahora, de golpe, perdería esa calidad. De un plumazo se pretende deslegitimar a esta institución que ha sido garante de procesos electorales en que la democracia efectiva ha resaltado y no han sido rehenes de iluminados ni de caudillos ungidos de supuesta (pero carente) santidad o legitimidad. Allí radica pues, el meollo del asunto.

Resulta grotesco para la democracia mexicana, la muy orquestada campaña de desprestigio contra el IFE. Un discurso tras otro, todos tirando en dirección a un descrédito público contra ese árbitro. Un descrédito plantado a tambor batiente desde el PRI y el PRD, alejados del poder por las acciones del IFE (Ya no se diga por las severas carencias propositivas de cara al electorado). Desde el dos de julio las acusaciones no han cesado y tampoco el discurso furibundo que exige descabezar a los consejeros protagonistas de enderezar el proceso electoral e imponer las reglas jurídicas por encima de las políticas, a riesgo de no darle, y dicho así, lo que quería López Obrador o por refrendar el alejamiento del poder por segunda vez al PRI, que gobernó 71 años.

Hoy se piden sus cabezas ¿Que seguirá? Mañana ¿Qué los partidos se roten su presidencia? Pasado mañana ¿Qué desaparezca la credencial de elector o cancelar el voto del exterior? Bueno, tal vez no, pues una vez que los partidos puedan meter

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mano en el proceso político que hoy está ciudadanizado, lo demás tendrá muy escasa importancia, pues todo dependerá de la pieza clave: Saber quién y cómo controlaría al instituto electoral.

La incipiente pero segura democracia mexicana ha luchado por contar con instituciones fuertes en materia electoral y lo ha conseguido, ciudadanizando las elecciones. Más aun, en 2006 se impuso un criterio legal cuando el criterio político amenazó con arrastrar al país a una severa crisis política con tintes de guerra civil, que hubieran querido que fuera de dimensiones incalculables. No sucedió así gracias a una intervención en pro de la institucionalidad. Imperdonable para corrientes políticas de escasa o nula tradición democrática.

Es oportuno decir a quienes nos leen en Europa, que en las últimas semanas han corrido versiones tanto en libros que desglosan el proceso electoral, como en los corrillos políticos, de que López Obrador no sólo perdió las elecciones, sino que lo sabía desde un primer momento, perfectamente bien. Si esto resultase ser verdad, entonces sería una verdad que haría aún más grotesco e inadmisible su proceder a partir del 2 de julio: Su lucha y descrédito contra las instituciones, el bloqueo a las avenidas de la capital, su proyecto paralelo de partido respecto a sus siglas patrocinadoras (El PRD), llamar pelele a Calderón en programas semanales de televisión y radio y al proclamarse presidente legítimo con un sueldo de 50 mil pesos mensuales, obtenidos entre otros, de los sueldos de los diputados federales de su partido. (A 14.60 pesos el euro).

Junto con el discurso y propuesta de cambiar a los consejeros del IFE, el suyo se muestra entonces no como un discurso contra el sistema sino antisistema, y ello marca ineluctablemente, una diferencia abismal con respecto a la institucionalidad necesaria para la paz social y el futuro democrático de México, que ya se vive hoy. Ergo, la permanencia de los consejeros protagonistas de la elección del 2006 resulta necesaria para la salud democrática del país. Tiempo y reforma municipal

José Ramón López Rubí Calderón∗

De hacerse una reforma a la Constitución General mexicana, ¿sería imprescindible la ampliación de los periodos de gestión municipal de 3 a 4 años?

Abandonar los gobiernos municipales trienales no es gran cosa. Por supuesto, no sería, de ninguna forma, muestra de un “pensamiento revolucionario”, como dijo algún columnista local. Aislada, no es gran cosa ni es revolucionaria la medida porque, simple y llanamente, obvia la verdadera transformación del gobierno municipal: su sometimiento a la evaluación, calificación y control reales de los ciudadanos por medio de la reelección continua, la cual -como siempre lo preciso porque nadie entre sus defensores suele hacerlo- no es más que una regla que da a los políticos la posibilidad de volver a competir electoralmente por la conservación de un cargo y a los electores el poder de tomar una decisión al respecto. No se trata sólo de que los alcaldes tengan más tiempo para trabajar sino que, además, los ciudadanos puedan decidir con su voto si los alcaldes merecen seguir trabajando. Y, para tales políticos, ambiciosos como son, el mero hecho de saber que no podrán mantener los cargos si no dan resultados socialmente satisfactorios que les permitan regresar sin interrupciones temporales a pedir el voto les obligará -o, al menos, motivará- a

∗ Director de la revista académica mexicana Estudios de Política y Sociedad (BUAP).

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buscar dichos resultados. La continuidad como reconocimiento y premio ciudadanos y, por lo mismo, como reto gubernamental y meta electoral.

No nos hagamos tontos: más tiempo por decreto para gobernar no hace mejores gobiernos. Los mexicanos podemos hacer muchos ejercicios contrafácticos que arrojan luz sobre el punto: ¿qué hubiera pasado si Luis Paredes, en Puebla, o José Antonio Ríos Granados (el “alcalde actor”), en Tultitlán, hubiesen gozado de 4 años de gobierno? ¿Sus gobiernos habrían mejorado, sus obras habrían sido mejores? No. ¿Es deseable que un presidente municipal irresponsable y ocurrente, como Luis Paredes o José Antonio Ríos Granados, gobierne más tiempo pero siga sin tener que rendir cuentas –lo que, por cierto, no es igual a dar un discurso como informe? No. Lo que es necesario y, por tanto, también deseable es algo diferente: que los buenos gobiernos democráticos puedan mantenerse legal y legítimamente por más tiempo. Y los contextos locales mexicanos son un foco de atención particular: ¿qué pasaría con los muchos presidentes que sin falta destruyen cada tres años sus pequeños municipios, sobre todo financieramente? Sin la regla de reelección continua, los ciudadanos no pueden despreciar con su voto a ese tipo de gobernantes despreciables. Lo único que les queda es esperar a que se vayan y tragarse el coraje. He aquí la razón por la que la reelección continua no es aprobada en México: los políticos –sobre todo los priistas- tienen miedo de los millones de ciudadanos que no se cansan de hacer saber a sus amigos, vecinos, colegas, familiares y encuestadores que desconfían profundamente de ellos.

Conservar el principio de no reelección continua a nivel municipal, así como en el campo legislativo, no es un mérito ni un éxito. Democráticamente, es una aberración de efectos nocivos sobre la ciudadanía/electorado. Aprobar los periodos de 4 años es ocioso si no se aprueba la regla de reelección consecutiva. Tomemos sólo el caso de América Latina, política, institucional y culturalmente el más cercano a México: la gran mayoría de los países con periodos de 4 años cuenta con el permiso constitucional a la búsqueda inmediata de la reelección: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Venezuela, entre otros. Las excepciones relevantes son Colombia y Nicaragua, si bien debe tenerse en cuenta que en la primera sigue en curso un fuerte debate para cambiar el estado de cosas, mientras que en la segunda, los “concejales” (regidores) pueden ser reelectos sin restricciones. ¿Queremos gobiernos de mayor calidad o, antes, que los gobiernos de baja calidad rindan cuentas y, por tanto, sean sancionados? Que se apruebe la regla reeleccionista –no importa si con periodos de 3 o 4 años. Lamentablemente, ningún político mexicano es tan “revolucionario”. Izquierda, derecha y centro

Armando Román Zozaya∗

Izquierda y derecha son inseparables: si proclamamos que somos de izquierda, la única forma de entender a plenitud lo que queremos decir es teniendo claro qué es la derecha, y viceversa. Pero aunque vinculadas, derecha e izquierda están en conflicto. Por eso, el centro del espectro político es esencial: constituye el espacio para la negociación y los acuerdos. Veamos.

∗ Lic., CIDE; MPhil, Oxford; Candidato a Dr., Instituto Ortega y Gasset, Madrid; autor de Desde la tribuna, editorial publicado todos los miércoles en “Diario Monitor,” México. http://arzdesdelatribuna.blogspot.com aromanz@gmail.com

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A riesgo de que Usted, estimado amigo lector, tenga una mejor opinión, nos parece que al día de hoy –con el paso del tiempo los significados han cambiado– ser de izquierda se traduce en lo siguiente: 1) Atribuir a las “cosas,” es decir, al orden social, un papel de gran relevancia a la hora de explicar lo que los individuos hacen, logran o sufren. Así, quienes son de izquierda suelen enfatizar los argumentos de carácter estructural. Por ejemplo, no es raro que sostengan que el crimen es producto más de la falta de oportunidades que de la voluntad de las personas que delinquen. 2) Mostrar aversión a la desigualdad e intentar eliminarla: a la gente de izquierda le disgusta que haya ricos y pobres. Por lo tanto, anhelan que con parte de –si no es que con toda– la riqueza de los primeros se mejore la situación de los segundos: hay que cambiar las “cosas”. En otras palabras, ser de izquierda es darle prioridad a la igualdad sobre la libertad pues, incluso si es con fines loables, tomar forzosamente lo que es de los ricos para dárselo a los pobres no deja de ser una violación a la libertad de aquéllos respecto a qué hacer con lo que poseen. En clara oposición a lo anterior, ser de derecha consiste en: 1) Enfatizar el papel del individuo con relación a su propio destino: si uno es un criminal no es por falta de oportunidades sino porque está optando por hacer el mal. Paralelamente, las “cosas” no son responsables de que haya gente en la miseria sino las personas mismas: si éstas se esforzaran más, saldrían adelante. 2) Favorecer el status quo: las “cosas” son adecuadas. De hecho, está de más tomar riqueza de los más favorecidos para ayudar a los necesitados puesto que lo correcto es que los pobres –libremente y por sus propios medios– trabajen, como cualquier otra persona, y se creen un futuro. La derecha le da prioridad, entonces, a la libertad sobre la igualdad. Eso es lo que, en esencia, significa ser de izquierda y ser de derecha: a partir de lo explicado es que surgen todas las diferencias entre los dos bandos. Por ejemplo, dado que la economía de mercado favorece a la libertad económica, la derecha la prefiere. Mientras tanto, la izquierda se inclina por limitarla: genera desigualdad.

Ambas posturas tienen algo de razón y, al mismo tiempo, son riesgosas: la izquierda es capaz de matar con tal de cambiar las “cosas”. Cuando esto sucede, hablamos de una “revolución”. La derecha también puede llegar a matar, pero, para evitar modificaciones que afecten sus intereses. Cuando esto ocurre, hablamos de un “golpe de estado”. Así, aunque sus fines son distintos –la “revolución” pretende transformaciones para bien de “las masas” y el “golpe de estado” se da para evitar los “abusos” de éstas– revolución y golpe son similares: suelen ser violentos, cuestan vidas y destruyen el orden establecido. Dicho sea de paso, si Usted celebra las brutalidades de los revolucionarios, es de izquierda (radical). Y si le dan alegría las de los golpistas, es de derecha (también radical).

Ahora bien, decíamos que tanto izquierda como derecha tienen algo de razón: las estructuras importan, como apunta la izquierda, pero los individuos y sus decisiones también, como lo señala la derecha. Asimismo, la desigualdad no es deseable, sobre todo si está exacerbada. Sin embargo, la libertad es igualmente crucial. Aunado a ello, la economía de mercado permite libertad, sí, pero puede resultar en desigualdades abismales.

Dado que las dos partes defienden puntos clave es difícil que logren acuerdos, a menos de que estén dispuestas a flexibilizar sus posturas, lo cual sucede cuando cuentan entre sus filas con individuos más, digamos, de centro: es hacia la mitad del

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espectro donde se ubican quienes consideran que tanto izquierda como derecha tienen qué aportar. Por eso, y porque son las personas más proclives al diálogo y a la negociación, son individuos esenciales. Y por eso mismo, sin centro el espectro político es peligroso: tiende al conflicto.

De esta manera, es una lástima que en México no haya gente de centro: ¿dónde están los políticos de centro? De hecho, ¿dónde están los individuos de centro? ¿Dónde están los que creen que privatizar PEMEX no es un tabú, pero, tampoco la única opción? ¿En dónde se reúnen quienes piensan que sí hay que cobrarles impuestos a los ricos y dar apoyos a los pobres, pero, que eso no es todo lo que se requiere? Etcétera.

Evidentemente, la ausencia de centro está vinculada a la falta de auténticas derecha e izquierda: ¿en dónde se esconde la derecha seria y de mente abierta que el país reclama? ¿Dónde está la izquierda que nos urge, la que debería pensar y proponer de acuerdo a los tiempos?

Por el bien del país, ojalá que izquierda, derecha y centro aparezcan ya. Libro Blanco del IFE

Ernesto Hernández Norzagaray∗

A principios de febrero se me invitó en Culiacán (Sinaloa, México) para presentar en público uno de los seis cuadernillos del llamado libro blanco del IFE. En estos documentos el instituto informa con cifras sobre lo sucedido en las elecciones presidenciales y legislativas de 2006. Expusimos en esa oportunidad algunas ideas propias y ajenas sobre este libro fundamental, en clave de blanco y negro, lo que existe bajo el título sugerente de equidad y transparencia en el 2006. Equidad y transparencia El proceso electoral que inició en octubre de 2005 y culminó el pasado 5 de septiembre, con la declaratoria de validez de la elección presidencial y el reconocimiento de Felipe Calderón como presidente electo, está plagado de activos que no debemos regatearle al IFE, pero de igual forma es muy importante, para la salud de la institución, analizar eso que José Antonio Crespo llamó las opacidades de los consejeros electorales y argumentó bajo la triada de: Partidos, propaganda y votos (Excélsior, 27 enero); además, el cambio en la percepción positiva que tenía la sociedad respecto al instituto hasta antes de la jornada electoral y que le llevó caer del tercer al decimoprimer lugar en confianza una vez transcurrido el 2 de julio (Consulta Mitofsky, Agosto de 2006).

En esa lógica, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis para que podamos tener mayores elementos de juicio y apuntar verdaderamente al análisis de unos acontecimientos que siguen provocando frustración y discusiones vehementes, incluso suspicazmente en el ámbito internacional como sucedió con el intercambio mediático de Calderón y Chávez. Expresión, todo ello, de que una vez concluido los comicios en la sociedad mexicana afloraron las voces de profundas desigualdades, donde lo político fue un eslabón más de nuestros problemas irresueltos. Desarrollo institucional

∗ Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. México. norzagaray@mzt.megared.net.mx

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En este renglón interesa abordar dos aspectos que constituyen piezas medulares de este cuaderno: el de las reglas de la competencia y el esfuerzo, no menor, por lograr acuerdos políticos que permitieran llenar vacíos y un mayor protagonismo del IFE, en perspectiva de contar con mayores recursos para garantizar que las contiendas se condujeran sin mayores sobresaltos y pudieran poner en duda la calidad de la elección.

En el primer renglón es evidente que las reglas de la competencia no cuenta con facultades legales para atender aspectos medulares que garanticen la calidad electoral: esto es, entre otros, actos anticipados de campaña, la organización de los debates presidenciales, la injerencia de autoridades gubernamentales en las campañas electorales, las campañas negativas, la utilización de programas sociales en beneficio de algún partido político o candidato, y las campañas de candidatos no registrados ante el IFE.

No obstante, estos vacíos notorios en la ley fueron cubiertos con una serie de medidas preventivas que presentaron a un Consejo General capaz de construir acuerdos y permitir en esa fase mínimos de equidad en la competencia. Entre éstas destacan: el acuerdo para evitar las campañas anticipadas mediante la “tregua navideña”; el acuerdo de neutralidad para poner freno a la intervención de autoridades gubernamentales, lo cual se logra parcialmente dado el activismo abierto del Presidente Fox; o, el freno a la utilización de los programas sociales en beneficio de partidos, coaliciones o candidatos.

Más aun, el cuaderno registra acciones que son de singular importancia, como son las medidas preventivas confiscatorias contra los partidos que no habiendo alcanzado el umbral electoral ahora tienen mecanismos para la disolución, liquidación y destino de bienes, lo que constituye una respuesta a la ciudadanía que no daba crédito por la impunidad con que se movían los líderes de los llamados partidos franquicia o frenos a los candidatos independientes. Asimismo, los convenios de colaboración con la empresa Televisa y con la CIRT, que entregarían copias de las facturas de los contratos que pactan con los partidos lo que será una herramienta de primer orden para la fiscalización de los gastos de campaña de partidos y sus candidatos. Compromiso que, de último momento, sabemos incumplió el llamado Canal de las Estrellas (El Universal, 16 de Febrero). De igual manera, para las sanciones que muy próximamente veremos se aplicarán a los partidos políticos que superaron los topes de campaña, que evidentemente se los llevaran en términos absolutos los partidos de las coaliciones electorales; sin embargo, tendremos que ver los gastos que cada uno de los partidos realizó en las diversas elecciones, con sus cuotas de financiamiento público.

Dos últimos temas del cuaderno son los correspondientes a los resultados de los monitoreos de promocionales que se llevaron a cabo entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, y noticiarios en televisión y radio. Vamos a circunscribirnos, por razones de espacio, a los correspondientes a la elección presidencial:

En el primer caso, con respecto a los promocionales de televisión el candidato del PAN alcanzó 11904; el de la CAPM, 10425; el CPBT, 16316; PASC, 206 y PNA 1454. Indica el cuadernillo, cómo el candidato del PAN mantuvo la delantera hasta mayo, luego lo rebasaría la CPBT, pero el albiazul se mantuvo delante de la CAPM. Aquí cabe una pregunta que el IFE debería resolver a favor de la claridad respecto a cuántos promocionales pagó la Presidencia de la República, el Gobierno del DF y el Consejo Coordinador Empresarial en los meses de mayo y junio. Sólo así podremos tener una visión más completa en este tipo de gastos que si bien sucedieron fuera del sistema de partidos, no cabe duda que estaban en el ambiente de la competencia. En cuanto al monitoreo en radio, celebrado en las mismas fechas, los resultados arrojan

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la siguiente información: PAN, 106960; CAPM 59414; CPBT 60410; PASC 3199 y PNA 3368 promociónales. En suma, como se puede apreciar en este documento es evidente que el candidato del PAN fue el que estuvo más en radio, muy por encima del resto de los candidatos.

En el segundo caso, correspondiente al monitoreo sobre el tratamiento dado a las campañas de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, los resultados indican que el candidato de la CPBT fue el que tuvo el mayor número de las menciones con 51318; el de la CAPM 43467 y el del PAN 39243. Los partidos pequeños no superaron las 10000 menciones. Sin embargo, ese predominio del candidato de la CPBT es mayor en radio que en televisión, pues en televisión fue el de la CAPM y en un tercer nivel el del PAN. Ahora bien, el candidato que tuvo más menciones negativas es el de la CPBT con un 5%; seguido por el de la CAPM con 4% y el del PAN con 3%. En suma, lo que podemos desprender de esas cifras es que todos los candidatos recibieron más menciones positivas que negativas. Salvo que haya un problema de interpretación, lo anterior llevaría a cualquiera a pensar que el trato que dieron los medios a los candidatos fue para decirlo de una manera sutil sin mayores sobresaltos. Lo que según vimos no fue la constante en los medios de comunicación, especialmente en los de alto rating. Triada Hablar de partidos, propaganda y votos nos lleva no sólo al plano de los discursos que ponen énfasis en ese señalamiento que empieza a tomar vuelo sobre el dinero de los partidos. Se ha dicho con insistencia que en política deben prevalecer las ideas sobre el dinero y al final sucede que el dinero se impone a las ideas. Quien es capaz de lanzar más spots al aire tiene al parecer mayor posibilidad de ganar una elección, nos diría cualquier mercadólogo. En esos mensajes los candidatos presidenciales habrían reportado gastar un aproximado de 1120 millones de pesos del 19 de enero al 28 de junio. De los cuales el PAN habría gastado 258 millones de pesos; la CAPM, 445; la CPBT, 384; PNA, 26 y Alternativa Socialdemócrata, 7.

Además, de ese dato colateral que son los gastos del Presidente Fox y los de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, que tuvieron seguramente un efecto en la decisión del voto en franjas de la ciudadanía y hasta llevó a la frase por demás inoportuna de “he ganado dos elecciones presidenciales”, existen dos observaciones que se le han hecho a este cuaderno y que recogemos aquí en aras de la difusión de información académica y mediática.

Una que recientemente presentó la empresa privada de Verificación y Monitoreo-El Universal (El Universal, 30 de Enero), donde los gastos de los partidos conforme a tarifas públicos serían de aproximadamente de 1,442,303 millones de pesos. Y estos estarían distribuidos de la siguiente forma: El PAN, según el monitoreo del IFE, habría erogado 617 millones 109 mil 873 pesos. Casi tres veces más que lo reportado por el IFE; la Coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), hubiera pagado 357 millones 794.73 mil pesos y no 290 millones 50 mil 386 pesos; la CAPM (PRI-PVEM), invirtió 346 millones 933.92 mil. Sin embargo, la coalición habría pagado 452 millones 989 mil 182 pesos; Nueva Alianza, según los datos del IFE, erogó 22 millones 69.65 mil pesos y Alternativa Socialdemócrata, pagó sólo 6 millones 633.51 mil en medios electrónicos. El monitoreo de spots de este diario reportó que del 19 de enero al 28 de junio de 2006, Patricia Mercado habría invertido 52 millones 820 mil 621 pesos; y Campa 29 millones 333 mil 167. La otra observación crítica es la del politólogo José Antonio Crespo, con datos declarados por el IFE al Trife para su sentencia, los candidatos gastaron en total más de 1,500 millones de pesos del 19 de enero al 15 de junio en radio y televisión, lo que

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supone un promedio de 10.4 millones de pesos diarios. En este renglón, el PAN gastó más en términos absolutos: 538 millones de pesos (35%), casi lo mismo que el PRI, 537 millones (34.9%). Y en tercer sitio aparece el PRD, con 396 millones de pesos (26%), 142 millones menos que el PAN, sin embargo, no olvidamos que este partido fue en coalición lo que agrega recursos.

A partir de esos datos es posible calcular cuánto costó cada voto captado por los distintos contendientes, según Crespo. En general, el costo por cada voto válido fue de 37 pesos. El más caro fue el de Nueva Alianza, 86; seguido por el PRI, 58. Cada sufragio por el PAN costó 36. Más barato fue el recibido por Alternativa, a razón de 28, y un poco menos caro fue cada voto emitido por el PRD: 27. De lo cual concluye Crespo que, en términos absolutos, el PRD gastó menos en propaganda electrónica que sus dos contendientes más fuertes y, en términos proporcionales, cada voto recibido por el sol azteca fue el menos caro de todos. Son los fríos números del IFE, que conviene incorporar para tener una visión más completa y precisar lo que verdaderamente pasó en esta controvertida elección.

Ahora esperemos los resultados del análisis de los informes financieros de los partidos y podremos tener una visión más acabada de la lluvia de cifras preliminares.

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