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    Documento de Trabajo No. 01/09Enero 2009

    Caudillos, Estado de Derecho y Constituciones en Bolivia

    por:

    Salvador Romero Pittari

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    Caudillos, Estado de Derecho y Constituciones en Bolivia

    *

    Salvador Romero Pittari**

    Resumen

    El estudio intenta contribuir a esclarecer las razones que contribuyeron adebilitar en el pas el rgimen de derecho que se estableci desde el origen de laRepblica, aunque pronto fue substituido por modalidades de gobierno de tipocaudillista y personalizado con matices propios en diferentes perodos de lahistoria nacional. Se sealan algunos factores socio-culturales que favorecieronla aparicin del fenmeno y sus mutaciones a travs del tiempo. El lapsoconsiderado va, en forma sucinta, desde los inicios de la Repblica hastanuestros das. Se examina asimismo el papel de la propia constitucionalidad enla ruptura de la legalidad.

    Abstract

    The study aims to clarify the reasons that contributed to the weakening of thecountrys state of rights that was established since the beginning of the republic,although it was soon substituted by charismatic leaders type governments andpersonalized with its own character in different periods of national history.Some socio-cultural factors that favored the appearance of the phenomenon andtheir mutations through time are indicated. The considered lapse goes, in briefform, from the beginning of the republic to the present time. Also the role of theown constitutionality in the rupture of the legality is examined.

    * Este ensayo, escrito en el marco de actividades del Instituto para la Democracia de la Universidad Catlica San Pablo, fueinicialmente publicado en una primera versin en la Revista Opiniones y Anlisis, N 96, La Paz, Noviembre 2008.

    **Doctor en Sociologa, E.P.H.E., Paris, Director del Instituto para la Democracia, U.C.B. Autor de varios libros y ensayos.

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    poblaciones que toman tiempo para manifestarse. Ahora mismo, las sociedadescontemporneas buscan zanjar sus diferencias de valores, orientaciones y normas a travs demecanismos no violentos que reposan en modalidades de concertacin, de dilogos. En tal

    perspectiva, resulta difcil aceptar la pureza de la juridicidad y la reduccin del Estado aella.

    La teora de Kelsen podra, pues, admitir, en una interpretacin amplia, no slo que elEstado y el sistema jurdico no son completamente equiparables sino tambin que surealizacin en un determinado espacio y tiempo no es puramente un ideal, procede de losanhelos, de las aspiraciones, de los intereses de los grupos sociales, regionales o tnicos. LaConstitucin no es un producto esttico, final inmodificable, sigue a los procesos detransformacin, de cambio, acelerados o pausados, profundos o superficiales, violentos oconsensuados de los componentes de la sociedad.

    Por su parte, el Estado no es tampoco una suerte de rey Midas, como seala untratadista, que lo que toca lo vuelve milagrosamente derecho, precepto legal, se trata ms

    bien de un conjunto institucional normativo que traduce la sociedad real, con sus quiebres,su cultura, sus saberes y tecnologas, las relaciones con otros Estados y con su medio.

    Dicho esto, no puede desconocerse que el Estado es el creador exclusivo del derechopositivo, es decir de las normas coercibles cuyo incumplimiento o desacato puede ser objetode sancin formal, mas no separado de su fundamento social, del pueblo o del Soberanocomo hoy se complacen los comunicadores en llamarlo. Sera empero caer en posicionesmetafsicas convertirlo en una suerte de ente real, dotado de una voluntad propia, nicacomo lo hicieron los autoritarismos socialistas o fascistas. El Estado histrico, real estconformado por una multiplicidad de voluntades, aqu ms organizadas, all menos, amenudo opuestas, contradictorias, portadoras de inters distintos, pero capaces de alcanzarconvergencias abiertas u ocultas, formales e informales.

    En los sistemas democrticos existen instituciones y mecanismos legales a fin de deque el encuentro de los diversos actores de la sociedad, puedan ser pblicos y transparentes.Adems las democracias modernas buscan no vulnerar los sentimientos de las minoras. Elsiglo pasado y el actual ofrecen numerosos ejemplos de concepciones legales que sirvieron ysirven para dominar, rebajar o eliminar al Otro, al diferente, a los grupos minoritarios.

    De los horrores e injusticias que ah se cometieron surgi una nueva sensibilidad dehombres y sociedades que, sin negar el carcter coercitivo de la norma, que no es equivalentea una exclusiva relacin de violencia policaca o militar, sino el resorte ltimo de lalegalidad, busca reconocer al Otro y su valores, concertar entre mayoras y minoras,desarrollar los espacios discusin, de debate que restrinjan los lmites del poder de lasmayoras, de los que se ocup J. Habermas.3

    Este autor encontr en el dilogo libre las bases del consenso para que lasdiscusiones, que en la vida cotidiana mantienen actores que se consideran iguales, arriben aun entendimiento. La norma legal, en un Estado de derecho democrtico, es, para l, aquellaque conlleva una promesa de emancipacin, fundada en la pretensin de encarnar el derechonatural que todos los hombres deberan aceptar. Ese derecho positivo se concibe como unasuerte de medio institucional que penetra las discusiones de actores sociales, puestos en unaposicin de igualdad, promoviendo, la racionalidad de los argumentos en las controversias,la publicidad, as como la solidaridad y el reconocimiento mutuo de los participantes.Debates cuyos resultados, en ocasiones, pueden incorporarse en la esfera normativa estatal.

    3 J. Habermas, Droit et democratie, Gallimard, Paris, 1997.

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    Se trata para Habermas de promover en las sociedades modernas, que han sufridoguerras, violencia, genocidios como consecuencia del intento de absolutizar una cultura, unanacin nica sobre las dems, un patriotismo constitucional,4 llamado a crear un tipo

    distinto de ciudadana que sin negar el peso de las herencias del pasado, de las tradiciones,de las pertenencias tnicas o regionales, establece una instancia de conciliacin superior,fundada en la adhesin a principios jurdicos y democrticos como el que todos nacen librese iguales en derecho, lo que permite la realizacin de dilogos basados en la argumentacin yla comunicacin libre. Sin idealizar la propuesta, aparece aqu un intento de responder alfraccionamiento valorativo, tico de las sociedades modernas, reconociendo al Estado comoel mbito de la ley comn y pidiendo al ciudadano su adhesin por encima de susparticularismos.

    Un inters semejante ha llevado a D. Schnapper, filsofa francesa, a reflexionar sobreel concepto de Comunidad de Ciudadanos cuyo objetivo es integrar a todos los componentesde una sociedad en un orden poltico, que por encima de los particularismos tnicos,

    regionales, culturales, lingsticos o religiosos, propios de la sociedad civil, funda un vnculosocial democrtico conformado por ciudadanos iguales en derechos jurdicos y polticos,ms all de sus diferencias de origen. Este Orden frgil pero prometedor, nicamente puedefuncionar en la medida en que consigue resolver mediante las leyes y el debate losconflictos entre grupos sociales con intereses opuestos.5

    En el reconocimiento del otro, en las discusiones paritarias se fundara la legitimidaddel actual orden democrtico plural. La leccin de la experiencia histrica recogida de lostotalitarismos excluyentes del siglo pasado en Europa, en Asa, frica es que en un Estadolegal, La constitucin debe forjar instituciones jurdicas que permitan la convivencia deactores cuyos valores y fines no se pueden reducir a los del Otro. Donde esto falla, sostieneH. J. Laski, un politlogo ingls, la estructura constitucional se fragiliza y los movimientos

    hacia la dictadura son rpidos y hallan la va expedita.6Si la Constitucin expresa los valores de grupos sociales en conflicto por la

    historicidad de la sociedad, es decir por controlar las orientaciones de sta hacia la justicia,como forma de reparto del excedente social, hacia las modalidades de preservar o detransformar el orden, de producirlo o reproducirlo, para emplear una expresin de A.Touraine, no cabe duda que la construccin de la opinin pblica es fundamental para laconformacin de un rgimen constitucional. Asimismo la forja de las opiniones requiereahora para desarrollarse de la independencia, transparencia y objetividad de los medios decomunicacin social.

    Los estados de opinin, no meramente reflexivos sino crticos de la situacincristalizan en acciones de las agrupaciones sociales, para cambiar una situacin considerada

    no justo. Sin Embargo, las mismas opiniones se rebelan hoy ante la pretensin de imponer elinters de segmentos sociales sin con conciliar con los de los otros, negando la solidaridadentre los componentes del todo social, actitud que desemboca en la urgencia de impulsar labsqueda de entendimientos, de dilogos, sin los cuales se corre el riesgo de deslegitimar laConstitucin, acrecentado los derechos de unos a costa de los de los dems. La opininpublica local y de afuera no tolera la inequidad manifiesta, capaz de conducir a luchas

    4 J. Habermas, De lthique de la discusin. Ed du Cerf, Paris 1991.5 Cf. D. Schanapper Qu`est-ce que la citoyennete, Folio Actuel, Gallimard, Paris, 2000 e igualmente D. Schnapper La

    communaut des citoyens, Folio Essais, Gallimard, Paris, 2003.6 H. J. Laski, El Estado en la teora y en la prctica, Ed., Revista de Derecho Privado, Madrid, 1936.p.102.

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    abiertas por el cambio de normas que no garantizan el derecho y las demandas de lasminoras.

    El dilogo ha alcanzado en la sociedad boliviana reciente, al igual que en otras, un

    papel casi mgico que en los hechos le ha permitido pasarse de las condiciones mnimas paraalcanzar los objetivos, por lo menos en cuanto a la racionalidad de los argumentos, a lasimetra de los actores, a la publicidad aspectos sobre las cuales J. Habermans insiste.Aunque hay que reconocer que finalmente en los acuerdos ltimos sobre la modificacin dela Constitucin elaboraba por la Asamblea Constituyente, el dilogo ha obtenido resultadospositivos, prueba evidente que los bolivianos, en despecho de nuestras divergencias yoposiciones, tenemos la voluntad de continuar viviendo juntos, que por debajo de lasdiscrepancias, existe un denominador constituido por un radical sentimiento de conformaruna nacionalidad dentro de una legalidad comn, que una historia compartida de ms de 500aos ha creado diferencias, injusticias, pero tambin vnculos de solidaridad, de cooperacin,de afectividad e instituciones que ha permitido abrir el debate, llevar a referndum un texto

    constitucional negociado, aun si todas las partes no se reconocen en l. Cualquiera sea elresultado de la consulta, que el pas espera se realice en forma transparente, la democraciaplural ha pasado una de sus pruebas ms difciles y costosas en trminos sociales y deconvivencia, mostrado que solo el Estado de Derecho, donde se respeta as seaimperfectamente el derecho de los disidentes, de las minoras de oposicin se puedenconstruir arreglos para la convivencia presente, as como para echar las bases de un futurocompartido.

    Los bolivianos no hemos sido afectos a valorar el Estado de derecho, al contrario pordiversas razones que en este artculo intentramos establecer, los partidos, los agentessociales, la opinin lo consider en los orgenes de la Repblica como supeditado a laspersonalidades, a la fuerza de los hombres del destino y luego, en el siglo XX, ganado al

    mito de la Revolucin que se aadi a las inclinaciones polticas precedentes, se concibi lademocracia y sus normas como algo transitorio, que se deba soportar pasajeramente hastaque la utopa de la revolucin se materialice Tales ideas fueron compartidas por muchospartidos, asociaciones sindicales y pensadores del siglo pasado . Su atractivo permanecehasta hoy. El nuevo milenio, a su vez trae otros retos para el Estado de derecho y el sistemarepresentativo, favorecidos por el reconocimiento de la multiculturalidad y etnicidad delpas. La historia de tales desafos no es, empero, nueva.

    La normatividad, su contenido y sus aplicaciones se tomaron como algo que se puedeponer de lado cuando las ambiciones de un poder autoritario, de un caudillo lo requeran oms cerca de nuestros das cuando las necesidades de un proceso revolucionario as loexigen.

    Antes de examinar las concepciones y prcticas que contribuyeron a debilitar elEstado de derecho en el pas conviene clarificar el alcance de esos trminos en el texto. Setrata antes que de una definicin precisa de sealar los criterios mnimos que se debenobservar para considerarlo como vigente en una sociedad:1. El poder del gobernante debe ser legal, vale decir que nace de una eleccin universal

    por voto mayoritario, efectuada por los ciudadanos que emiten el sufragio de maneradirecta, igualitaria y secreta, libres de coacciones fsicas o morales y de acuerdo a lasleyes electorales.

    2. El gobierno se legitima reconociendo y respetando la Constitucin y el ordenamientojurdico, la independencia de los poderes del Estado en cuyo marco sujeta susdecisiones y su actuar.

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    3. Todas las corrientes de opinin y de intereses que existen en la sociedad deben poderorganizarse para par participar en igualdad de condiciones en las elecciones.7El estado de derecho es uno de los tipos de Estado tipificado por el origen del poder

    por la forma de ejercitarlo as como por quienes participan en su conformacin, que secontrapone a los Estados totalitarios, autoritarios o Revolucionarios. En este ltimo el podernace de la revolucin y no de la Constitucin. La llamada Revolucin Nacional en Boliviade 1952, en Bolivia, fue criticada por algunos politlogos por haber basada su legitimidad ysu legalidad en el rgimen anterior en lugar de hacerlo en el acto revolucionario, hecho quetermin, segn esos puntos de vista, por impedir su realizacin completa,8 aunque en loshechos sus polticas nacieron del acto revolucionario.

    En consecuencia, las caractersticas sealadas aluden, antes que al aspecto sustantivode los derechos y de las libertades, a la forma de establecer el gobierno y a sus lmites. Poreso el Estado de derecho significa al mismo tiempo la prevalencia de la Constitucin y delsistema democrtico, si bien la proposicin inversa no es cierta necesariamente, pero ser

    difcil concebir en la actualidad una democracia que en la prctica no sea igualmenteconstitucional y de derecho.9

    2. La Constitucin y los Caudillismos Personalizados del Siglo XIX

    La Republica hered las formas de legitimidad del poder propias de la monarqua espaola.Durante los 15 aos de la Guerra de la Independencia se forj en el territorio de la Audienciade Charcas una cierta conciencia nacional sobre todo entre las elites de las principalesciudades, sin embargo el problema de la legitimidad del poder no fue resuelto. La autoridaddel Rey era concreta y reciba adhesiones fuertemente personalizadas de sus sbditos, ponaen juego lazos emotivos entre estos ltimos y la persona del Rey, representante de una

    dinasta legitima, de acuerdo al modelo jerarquizado y paternalista bien conocido y cercanode la familia y la Iglesia.

    La entronizacin de un nuevo monarca daba lugar a enormes festejos en losvirreinatos, donde se paseaba en las poblaciones la real efigie para reconocimiento de todossus sujetos. En las festividades las lgrimas de emocin se mezclaban con las risas dealegra, de entusiasmo como describe G. R. Moreno en La pompa del retrato. El da sealadopara el acto, un solo impulso de fidelidad a la dinasta y de amor a la metrpoli movaunnimemente a peninsulares y a nativos (Buenos Aires),10 aunque ya se conoca lasnovedades del terrible suceso de la invasin napolenica a Espaa. En Chuquisaca no fuemenos en el orden de los sentimientos de lealtad y de devocin al monarca.11

    Otra ilustracin de la afirmacin se halla en el uso durante la sublevacin de 1780

    por parte de Tupak Katari del ttulo de virrey y de virreina para su acompaante. Unaestratagema, sin duda, pero que no deja de sorprender ya que el lder de la rebelin indgenase presenta ante sus seguidores como representante del rey y no de los reinos o imperiospre-colombinos, lo que prueba la profundidad de la penetracin de la legitimidad de laCorona espaola. Esta no perda su prestigio por las frecuentes violaciones de la norma en los

    7 Cf. A. Romn Armendriz, Poltica. 650 conceptos al alcance de todos, Instituto Ecuatoriano de estudios Polticos,Instituto Latinoamericano de de Investigaciones Sociales, Guayaquil, 1993, p. 82. Ver tambin J. Habermas, op.cit.

    8 J. Malloy, Bolivia: La Revolucin Inconclusa, CERES, La Paz, - Cochabamba, 1989.9 Cf., E. Boelli, Contitucionalismo en N. Bobbio y N. Matteucci, Diccionario de poltica, Siglo XXI, Ed., Mxico,

    1976, Tomo I, p. 388 y ss.10 G. R. Moreno, ltimos das coloniales en Alto Per, Renacimiento, La Paz, 1940, Tomo II, p.10.11 Ibid., p.11.

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    territorios del Imperio en Amrica imputado a la perfidia o incapacidad de los maloscomisionados locales. Aqu no se puede pasar por alto el papel que tuvo la Iglesia en laaceptacin de es a forma de autoridad. Cierto en ese tiempo el poder regio ya estaba puesto

    en entredicho por las ideologas de la ilustracin, por el liberalismo, al cual adheran muchosde los conductores del proceso de la independencia, por la Revolucin francesa y laIndependencia norteamericana.

    Los libertadores Bolvar y Sucre fueron objeto de un culto republicano que no se dioa ningn otro personaje de la independencia. El pas y su capital tomaron el nombre deaquellos. Fueron considerados al instar de Napolen como fundadores de dinastas no comoherederos de dinasta. A su partida los sucesores no lograron obtener el mismo trato ybuscaron una legitimidad ms abstracta en las leyes, en la Constitucin, pero no fuesuficiente. En gran parte, la vieja tradicin popular de fundar el poder en nexospersonalizados, en las cualidades del hombre, del conductor que valan ms que losprincipios abstractos, legales proclamados por la Constitucin, permaneci. Quiz por ello

    ste no senta obligado a cumplirlos, sin olvidar que la propia legalidad nacida con el iniciorepublicano le daba espacio para movidas dejadas a su arbitrio.

    Mientras la lealtad que una a los sbditos de Amrica con la Corona Espaolaencajaba en un modelo de legitimidad tradicional, los vnculos que se forjan en la Repblicaentre el gobernante y sus seguidores, que le permiten hacerse del poder y mantenerlo,corresponden al liderazgo carismtico, en trminos de M. Weber. El caudillo deba mostrarcualidades excepcionales, sobre todo en la fase de adquisicin del mando, in statu nascendidel poder, aunque tenan que continuar manifestndose durante su ejercicio.12

    Fenmenos internos a las sociedades hispanoamericanas acogieron durante laformacin de la Repblica este tipo de conduccin caudillista, tales como el bajo niveleducativo del grueso de la poblacin, las rigideces de la estratificacin estamental, la pequea

    talla de las ciudades en las cuales las interacciones cara a cara predominaban, cobijando elestablecimiento de slidos nexos personales en provecho del caudillo, las rivalidades decampanario que obstaculizaba la formacin de una clase social dominante unificada, tambinjugaba en beneficio de las personalidades de excepcin.

    Sin embargo, una vez logrado el poder, acompaado de los smbolos que lo expresancomo la Casa de Gobierno, los pronunciamientos populares de respaldo, el apoyo del ejrcitoo al menos de sus unidades ms importantes, sin el cual poco se poda hacer, se buscaba lalegalidad formal, tal como la designacin del ttulo de presidente por la Asamblea Nacional,la aprobacin de un texto constitucional, cortado a la medida del detentor del gobierno. Lascualidades carismticas solas no bastaban. Estas se engalanaban adems con la legalidadformal, sin perderse. Esto probablemente se deba al hecho de que el carisma en s mismo

    adolece de una inestabilidad intrnseca, que los beneficiados con l intentaban estabilizar pormedios constitucionales.13

    El equipo administrativo se reclutaba entre los seguidores fieles, antes que entre loshombres con mritos propios. El personalismo de los gobernantes pona en juego complejasinteracciones entre distintas formas de legitimidad que iban del carisma a la legalidad. Elpeso de stas adquira sello propio con cada presidente.

    As en los atributos del lder, que consegua cimentar lealtades, relaciones de apoyode persona a persona radicaron ciertos elementos de la respuesta social a la destruccin y

    12 M. Weber, Economa y sociedad, FCE., Mxico, 2. Ed., 1964, p. 197 y ss.13 M. Weber, op. cit., p.199.

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    el desorden de 15 de guerras por la independencia. Haban urgencias internas, vacos depoder, rivalidades provincianas y externas problemas con los pases vecinos, queaguijonearon el caudillismo impulsado por aspiraciones nobles o por bajas pasiones. A la

    par se estableci el marco legal, que adems de una respuesta a la volatilidad del carisma, eraun ejemplo de la modernizacin del Estado, que anhel la independencia, pero allaparecieron tambin disposiciones que complotaron para apuntalar el ejercicio abusivo delpoder, el rgimen presidencialista casi sin restricciones.

    Pero cules eran las cualidades que se esperaba tuviese un eventual candidato aejercer el mando? La repuesta no es simple. Probablemente se admiraba la valenta, elcoraje, la inteligencia, se reconoca la hombra, las habilidades de comando, la palabrasuelta. Algunos de los militares de la emancipacin ya eran aclamados por esas virtudesheroicas, otros tenan que manifestarlas, ganarlas en la accin. De ah sala el prestigio deljefe que expresaba al mismo tiempo el sentimiento de orgullo de sus seguidores, pero no erasuficiente. Requera asimismo contar con la fuerza, con el ejrcito para alcanzar el cargo y

    mantenerlo. Ese conjunto de rasgos y atributos presentados de manera impresionista ms quesistemtica hacan parte de una cultura local con poco desarrollo educativo, cientfico,tecnolgico, con dbil densidad poblacional y con una carga fuerte de interacciones basadasen el conocimientos personal de la gente. Por su parte los rasgos presumidos de losconductores se hacan evidentes cuando se los ratificaba en los actos, reforzando lasexpectativas de la cultura de origen.

    Tales pretensiones en torno a la figura del gobernante tuvieron gran influencia, noexclusividad, para generar y para consolidar el caudillismo, que no sin razones trat entodos los casos de hallar una justificacin en la legalidad y, en algn grado, la encontr en lasconstituciones, aunque en la prctica busc primero apoyarse en las lealtades personalizadas,en una extensa red de relaciones familiares, de padrinazgo y compadrazgo,14de amistades y

    paisanos. Si bien el caudillismo poltico no es ni ha sido un fenmeno exclusivo de Bolivia,ni siquiera de Amrica Latina.15Tampoco lo fue el rgimen presidencialista fuerte que seimpuso en todas las constituciones del pas hasta hoy da, que igualmente fue comn en elContinente.

    Sera equivocado creer que los textos constitucionales sirvieron nicamente como unmero adorno prescindible, en despecho de su reducida aplicacin que no fue solorepublicana, como atestigua la frase conocida de los encomenderos del periodo virreinal: Seacata pero no se cumple.No carecieron de efectos sociales. Sin duda, poco poda lanormativa legal sola para deshacer la conduccin voluntarista, autoritaria del gobernante,sostenida por la poblacin. Los estados de excepcin o de sitio y algunas otrasprerrogativas contenidos en la Norma Bsica, que componan la institucin delpresidencialismo, constituyeron un til instrumento para operar segn las conveniencias de

    los caudillos, para burlar la legalidad con la legalidad.Sin embargo, la Constitucin, las normas produjeron consecuencias en otros rdenes

    institucionales, conquistaron poco a poco espacios de la vida prctica del ciudadano ,ganando terreno inicialmente en aquellos mbitos que eran los ms distantes del intersinmediato de los gobernantes. Los cdigos legales se tornaron en los usos para eldesenvolvimiento de los negocios ordinarios, Los tribunales de justicia, herederos de laAudiencia de Charcas, se alzaron en todos los departamentos y provincias del pas. Ms an,

    14 J. P. Lavaud, Le comperage a La Paz en Cahiers des Amriques Latines, Paris, 1988, N 13-14, p, 89-113. , para verla continua influencia de esta institucin en el pas.

    15 Cf., G. Soriano de Garca Pelayo, El personalismo Poltico hispanoamericano del siglo XX. Criterios y proposicionesmetodolgicas para su estudio, Monte Avila Ed., Caracas, 1996.

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    con el tiempo, lograron poner coto o atenuar el desempeo del poder personalizado einclusive, cuando la juridicidad tuvo mayor respaldo de la opinin, derrotarlo, como sucedicon los intentos de prorrogas presidenciales en la dcada de los aos 20, donde la

    Constitucin se invoc contra la arbitrariedad.La direccin poltica personalizada, caudillista tom el ejercicio del poder como si

    fuese de su dominio privativo, favorecido por las debilidades institucionales, por el pocoarraigo de las normas,16por la estrechez del medio social y cultural. Pero uno detrs de otro,los presidentes del siglo XIX elaboraron constituciones que no les impidieron gobernarsiguiendo su antojo y sus caprichos, a golpes de estados de sitio. All, como se dijo, seencontraba el manantial que llevaba agua al molino de aquellos. Aunque, al lado de estasdisposiciones exista asimismo el reconocimiento de garantas y derechos ciudadanos comola igualdad legal, la seguridad individual, la inviolabilidad domiciliaria, la abolicin de losprivilegios de nacimiento, la libertad de pensamiento y expresin, los tribunales de justiciacon una vocacin de independencia respecto a los gobiernos, frecuentemente inobservados,17

    pero que pesaban, ya se dijo, en la organizacin de la trama social y hacia las cuales mirabala opinin pblica para hacer los juicios sobre el desempeo de las autoridades.De esta manera, la usanza de elaborar constituciones con cada rgimen era un

    proceso de doble filo, por un lado se inclinaba hacia el inters del detentor del mando, porotro, formaba progresivamente en la ciudadana la conciencia de las prerrogativas que podanampararla y estableca nuevos tipos de relaciones sociales que, no por dbiles, eraninexistentes. Ah estaban y siguen ah.

    Sin descuidar que resulta difcil reducir la prctica constitucional exclusivamente aintereses instrumentales. Hubo algo ms. Los gobernantes de turno buscaban mostrarse conesos textos como iniciadores o reencauzadores de un proceso que se haba extraviado enmanos de su antecesor, generalmente derrocado violentamente a travs de revoluciones,

    cuartelazos o pronunciamientos que en oportunidades aadan un contenido popular, departicipacin del pueblo en el levantamiento.Cada nuevo mandatario sostena que volva a los valores originales de la Repblica,

    si bien resulta difcil saber a qu principios u orientaciones se referan. Probablemente aludaa los ideales de la independencia; libertad, ciudadana igualitaria, progreso que prometi laIndependencia. De all la necesidad de establecer un nuevo texto constitucional, pararecuperarlos y darles vigencia. Y veces se intent cumplir, no todo era farsa.

    A la cada del mariscal Santa Cruz, despus de la Confederacin Per-Boliviana, elgeneral Velasco se hizo del poder. Llam a su rgimen la Restauracin Otro levantamientomilitar entreg el gobierno al general Ballivin, vencedor de Ingavi, el movimiento tom elnombre de Regeneracin y procedi a aprobar una nueva constitucin de carcter autocrtico.Los intentos de golpes de estado y la agitacin popular agotaron a Ballivin quien nombr un

    sucesor provisional que fue rpidamente derrocado. Velasco reasumi la presidencia perovolvi a ser expulsado, esta vez por el general Belz, quien encabez un movimiento militarque llev su nombre y procedi a votar otra Constitucin. su Rgimen tom un carizpopulista.

    16 G. Soriano de Garca Pelayo, op. cit., p. 9.17 Estos derechsos y garantas ya se incorporaron en la Constitucin Boliviarana de 1826 y fueron ampliados y

    perfeccionados en los siguientes textos constitucionales. Ver sobre el tema C.F. Trigo, Derecho constitucionalboliviano, Ed., Cruz del Sur, La Paz, 1952

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    Un observador francs18 refirindose a Santa Cruz, pero su s apreciaciones valenpara los dems, informaba a su cancillera: El gobierno republicano representativo enBolivia es una palabra hueca,: la realidad es un absolutismo puro y mal cifrado bajo libreas

    de libertadYo no podra decir que sea un crimenLo creo hasta til para el pas y acasoindispensable, porque por enojoso y abusivo que sea el gobierno absoluto,es el slosistema a que pueden aspirar por largo tiempo los estados sudamericanos, el solo que puedesalvarlos de una ruina inminente y regenerarlos, porque cuando un pueblo ha tenido ladesgracia de caer en la anarqua o en la completa desmoralizacin no puede salir de eseestado sino echndose en los brazos de uno solo. Ejerce, sobre todo, funestos efectos sobre lamoral pblica. Si bien la legalidad tuvo igualmente su papel en el drama.

    La sucesin de presidentes y constituciones hasta el fin de la Guerra del Pacfico fuede estilo parecido, con alguna excepcin tal el caso de Toms Fras y Adolfo Ballivin,breves interludios, en un mar de revueltas, de estados de sitio que ponan la norma al margeny entregaban casi sin retencin las decisiones al gobernante del momento.

    La Constitucin proclama principios y derechos nobles, instituciones meditadas,frecuentemente vistos como innecesarios por el personaje de turno en el poder, salvo loscaptulos que le daban facultades extraordinarias, juzgadas bien merecidas por aquel quehaba alcanzado el mando por su coraje, perseverancia, por sus habilidades en el manejo de latropa y por el favor de sus camaradas, pronto a cambiar por otro.

    El personalismo del caudillo, que provena en parte de las tradiciones heredadas deEspaa, hall un modelo en Napolen y sus mariscales, que esos hombres en busca de famay poder se apresuraron en hacer suyo e imitar. Santa Cruz, dicen sus bigrafos, molestaba ala aristocracia limea por los aires napolenicos que se daba en el trato con la gente.19En elpas existi un culto popular por el Emperador, manifiesto en grabados, estatuillas de estucoe incluso de bronce o mrmol hasta no mucho vendidas en las ferias como la de alasitas.

    La tirana de Megarejo que dur seis aos en los cuales se cometieron los mayoresatropellos abusos y crmenes contra las personas y su bienes de los que la sociedad tenamemoria, tambin tuvo su Constitucin aunque ella no levant bandera alguna ni defendiprincipios de justificacin, salvo la ambicin del hombre. El rgimen no fue una excepcinaunque probablemente por su duracin y porque condujo al extremo las tendencias ya antesmanifiestas, fue el que el pas sinti ms. Su aparicin dio ms tarde lugar a un debateintelectual, por un lado quienes como A. Gutirrez consideraron a Melgarejo no como unhecho extraordinario ni nico, predecesores lo anunciaron y continuadores lo imitaron., sinocomo la expresin de un fenmeno social, estructural provocado en no poca medida por elapego y sometimiento de la poblacin al caudillo fuerte, osado, temerario, brutal queencarnaba el destino. El melgarejismo, sostuvo Gutirrez, es una enfermedad social. Laprimera de sus condiciones es la sumisin, silenciosa, absoluta, sin veleidades de resistencia

    (del ciudadano). Debe ofrecer ese homenaje a un poder desptico, arbitrario, voluntarioso,fuera de toda restriccin legal.20Quizporque el autcrata, como seal H. Kelsen , era elnico investido de derechos polticos, que conceden al titular el monopolio en la forja de lavoluntad estatal. Ni siquiera es indispensable la conveniencia privada, el melgarejismopuede ser desinteresado, desprendido. Lo fundamental es que apoye al inters del que

    18 M. Bouchet Martigny, Carta citada por A. Arguedas, Los caudillos letrados, Lpez Roberts y Cia, Barcelona, 1923, p.114 y ss.

    19 A. Crespo, Santa Cruz, El cndor indio, F.C.E., Mxico, 1944.20 A. Gutirrez, El melgarejismo antes y despus de Melgarejo, Ed., Populares Camarlinghi, La Paz, 1975, p.274. Esta

    obra, probablemente constituy uno de los primeros trabajos sistemticos sobre el caudillismo personalizado escrito enel pas y tambin en el extranjero (1916, 1ra. ed.).

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    manda, a su voluntad. Hubo melgarejismo antes de Melgarejo, lo hay despus de l.21 Porotra, quienes lo consideraron un accidente desgraciado de la historia, no parte de la culturapoltica nacional, tal A. Guzmn, destacaron la naturaleza singular del rgimen.

    Lo cierto es que Melgarejo constituy el ejemplo ms trgico de esa legitimidad delpoder que se apoyaba en los lazos y lealtades personalizadas, exigidas por la naturalezadel liderazgo, en una sociedad pequea, desconfiada de las abstracciones y generalizacionesdel derecho, como la igualdad jurdica del ciudadano.

    Desde la proclamacin de la independencia hasta 1880, fin de la guerra con Chile, sepromulgaron 11 constituciones. Santa Cruz (1831) (1834), Velasco (1839), J. Ballivin(1843), Belz (1851), Ach (1861), Melgarejo (1868), Morales (1871), Daza (1878). Unasms autoritarias, otras ms liberales pero todas poco observadas. nicamente el lder delcivilismo J. M. Linares se sac la careta y se proclam dictador, lo que haban sido en granmedida los presidentes que lo antecedieron. Sin embargo, su abierta ruptura con la legalidadle acarre desde el primer momento resistencias. La opinin, en particular ilustrada, aspiraba

    tener la norma bsica de la Repblica, aunque en la prctica fuese aplicada muyimperfectamente y en escasa medida. Nunca desaparecieron los sentimientos ambivalentesrespecto a ella, al mismo tiempo de respeto y de desconsideracin, a veces en la mismapersona. Ms an, a travs de su vigencia, ya se seal, se fueron desarrollando, vulneradaspor los desbordes de los mandones de turno, las instituciones republicanas. El propioparlamento que, a pesar de su servilismo hacia los caudillos, no falt jams en su seno de unncleo respetable de oposicin, vctima de todos los atropellos y abusos, pero comprometidocon la ley.

    Los partidos tardaron en aparecer y jams superaron del todo, especialmente enaquellos aos, el apego al mando de los caudillos. Las ideologas cedan frente a las personasalrededor de las cuales se organizaban las posiciones. Ni la izquierda ni la derecha eran

    entidades fijas, polos claros de referencia. Sin duda, el liberalismo de los libertadores consus ataques a la Iglesia, a las aosas tradiciones pudo ser considerado como de izquierda ysus adversarios, reclutados entre lo que quedaba del antiguo rgimen, como de derecha. ConJ. Ballivin apareci, tal vez no voluntariamente, un embrin de un partido aristocratizante alcual se opuso el populismo cholo de Belz. Pero el carcter estamental de la sociedadboliviana, apenas tocado por la Independencia, no favoreca la polarizacin derecha/izquierda, poco utilizada por aquel tiempo.

    El ballivianismo, a la cada de Linares, tom el nombre de partido Rojo, con un tintede legalismo y democracia que intentaron imponer durante los breves gobiernos de T. Fras yA. Ballivin Coll, presidente que fue elegido por voto directo, como antes lo fue Crdoba.Los enemigos del rojismo continuaron tomando el nombre del lder que seguan.

    3. Los Partidos Doctrinarios y sus Conductores

    Despus de la Guerra del pacfico aparecieron dos grupos los conservadores, tipificadoscomo de derecha, aunque en verdad eran distintas agrupaciones partidarias, no siempre enbuenas relaciones entre ellas, mas resultaron unidas bajo la mima etiqueta, por los retospolticos e ideolgicos que les lanz liberalismo. ste encarn la izquierda en la posguerradel Pacfico. Durante los aos de su gobierno el partido liberal se fue fraccionando y resultempujado hacia la derecha por el surgimiento de posiciones ms de avanzada en la izquierda.Los partidos frecuentemente crecan o se forjaban con los transfugios que venan del partido

    21 Ibid.

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    que se desgastaba. A pesar de su mayor contenido doctrinario, los partidos de la poca noescaparon del todo a modalidades de caudillismo.

    Con el tiempo, la etiqueta de derecha, no fue una auto-nominacin, se la reciba de

    los oponentes. El espectro poltico boliviano llegaba hasta el centro izquierda. As Lamecnica del juego de partidos condujo hacia la derecha a formaciones que nacieron en laizquierda, pero por la renovacin de de su ala extrema, que se radicalizaba, aparecan en laotra banda.22As ocurri con el liberalismo a partir de la segunda dcada del siglo XX. Elmismo camino fue seguido luego por varios otras agrupaciones polticas, como el M.N.R..

    La legalidad en general encontr mayor atencin en los partidos de derecha. Mas noes difcil sealar casos en contrario sobre todo cuando esta orientacin poltica tom la formade una dictadura. Mientras las formaciones radicales o de izquierda marxista, cuando seorganizaron, imbuidas de la idea de revolucin se caracterizaron por un desapego o ms bienrechazo de la constitucionalidad vigente, tildada de formalista y parcializada. .

    La derecha nacional, que tard en aparecer y asumirse como tal, perdi sus races

    originales aristocratizantes y catlicas, que fueron la de los partidos rojo y las de aquellosformados en el perodo conservador, para desde la dcada de los 40 encarnar una posicinopuesta sobre todo al socialismo, al marxismo, al radicalismo guerrillero, y ms cerca denuestros das inclinada hacia el mercado, a la reduccin del Estado, defendiendo lainstitucionalidad legal y el pluralismo. Partidos como ADN o el MNR y sus conductoresilustran esta evolucin. Como en otras sociedades, parte de la izquierda moderada se deslizhacia la derecha desplazada por la dinmica de la radicalizacin del polo extremo. Dinmicaque se acentu desde el ltimo tercio del siglo pasado.

    La derrota del pacfico sacudi profundamente al pas. La certeza dolorosa desentirse por primera vez sin atenuantes del lado perdedor, la ocupacin del litoral por loschilenos produjo en los bolivianos un estado de nimo frustrado, crtico, deseoso de superar

    los errores del pasado que dio lugar a una auto-reflexin que se volc hacia el estudio de lageografa, del territorio, de la historia y de la cultura nacional.De esta manera, se puso el dedo acusador sobre la debilidad institucional del Estado,

    debida a los permanentes cuartelazos, a las autocracias individualizadas que pasaban porencima de toda legalidad, a la falta de concepciones ideolgicas de los partidos, aldiletantismo de la tirana, segn la sentencia de A. Gutirrez y en fin a la poca instruccinde la poblacin, a su reducido nmero. Durkheim hubiese aadido a estas tendencias ladensidad moral, entendida como la preferencia por los contactos cercanos, ntimos entrepersonas que daban a cada interlocutor un amplio conocimiento prctico del otro, generadorde simpatas y antipatas durables, predominante en los pueblos y ciudades del pas, dereducida dimensin.

    Se convoc a la Asamblea de 1880 que vot una nueva Constitucin que rigi por

    ms de 40 aos. All aparecieron en accin partidos como el liberal, dirigido por el generalE. Camacho, opuesto a la paz con Chile y al pragmatismo de quienes buscaban un prontoacuerdo con el vencedor.

    La Asamblea design presidente al general Campero, quien a pesar de serconsiderado el iniciador del perodo conservador, era ideolgicamente cercano alliberalismo. La primera eleccin popular despus del conflicto (1884), en la que el gobiernomantuvo una posicin neutral, opuso a G. Pacheco con su partido Demcrata alConstitucional de Arce y a los liberales con Camacho. Gan el primero, por estrecho margen

    22 Cf. Sobre el tema en Francia, M. Winock, Mcanique du glissement a la droite, In Les droites en France 1789-2007,Nouvel Observateur, Hors Serie N &7. Ver tambin J.F.Sirenelli, et al, La droite en france, Gallimard, Paris, 2006.

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    de votos, y fue designado presidente constitucional. En la siguiente eleccin (1888) volvicorrer E. Camacho por los liberales contra A. Arce, del constitucionalismo, que ya habahecho suyo los planteamientos de M. Baptista, su correligionario, de combatir por la

    religin, el orden, la moral, la familia y la buenas costumbres, a la empresa jacobina enBolivia, que no era otra que la ideologa del Liberalismo. Los constitucionales ganaron lajusta electoral y Arce se posesion como presidente. En la nueva elecciones (1892), Baptista,a pesar de obtener una muy corta ventaja sobre Camacho y no contar con seguridad con elrespaldo congresal, fue proclamado presidente e inaugur su periodo con un Estado de sitiopara dispersar la oposicin de la cmaras legislativas.

    En el acto electoral de 1896, S. Fernndez Alonso por el partido constitucional vencia J. M. Pando que represent al grupo liberal. Camacho ya no se present probablementecansado de sus anteriores derrotas y distanciado de los jvenes de su partido. Alonso fue elltimo gobernante conservador, cay vencido por la llamada Revolucin Federal, propiciadapor el liberalismo que desde su fundacin haba proclamado su oposicin a las tomas del

    gobierno por la violencia.Los conservadores manejaron el pas con continuas suspensiones de los derechosconstitucionales. El rgimen presidencialista de la Constitucin con algunos retoquesrespecto al pasado continu. Tampoco se distinguieron por su limpieza en las elecciones,gobernaron con su gente, excluyendo a la oposicin.

    Sin embargo, ya no se trat totalmente de la arbitrariedad caprichosa, voluntarista ypersonal de los caudillos de la poca precedente. Las luchas polticas se despersonalizaron enalguna medida y haba que contar con las elecciones y con el respaldo de la opinin, de loselectores, adems del propio partido para alcanzar el Gobierno. Lo que no impidi, laaparicin de hombres fuertes, enrgicos, caudillos a su manera, no siempre seguidores de laley, de actos electorales amaados y de gobiernos donde los amigos personales cercaban el

    despacho presidencial.El partido liberal fue el ms doctrinario de la poca, enrol a gran parte de la juventudnacida en el momento del conflicto con Chile. Se trat de un liberalismo ms poltico ylibertario que econmico y de mercado.

    B. Saavedra, en un libro escrito cuando ya se haba alejado del liberalismo de susaos mozos, record los ideales de esa agrupacin: que propugnaban: la libertad comolegitima expansin de las actividades personales, la bsqueda del progreso, la soberana delpueblo, el sufragio popular consciente y depurado, la instruccin bsica obligatoria y gratuita,la libertad de palabra, prensa y asociacin.23 Empero una vez llegado al poder se mostrgradualistas en la implantacin de derechos y partidarios de controlarlos desde arriba.Asimismo, no consigui escapar al fenmeno del personalismo poltico calificado por algnautor como una inmunodeficiencia de las sociedades hispanoamricanas,24 particularmente

    grave en entre nosotros.La revolucin liberal, que asent en La Paz el poder judicial y legislativo, trajo

    cambios en las relaciones de los departamentos del pas, en la estratificacin social ensentido de una apertura en beneficio del sector tipificado como medio, en particular delcholo, que los propios revolucionarios miraron frecuentemente con temor, como unasubversin de rangos.

    La Asamblea nacional instalada en Oruro despus de la victoria Liberal (1899)design presidente a J. M. Pando. Al cual sucedieron por voto popular cuatro otros

    23 B. Saavedra, La democracia en nuestra historia, Gonzles y Medina, La Paz, 1921, p.75.24 G. Soriano de Garca Pelayo, op. cit., p.11.

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    gobiernos liberales: I. Montes (1904), E. Villazn (1909), I. Montes (1913), J. GutirrezGuerra (1917), faltaba algo ms de un ao para concluir el mandato de este ltimo (1920)cuando fue derrocado por un golpe civil- militar promovido por los republicanos, partido

    formado por los disidentes del liberalismo, los restos de los viejos conservadores y algunosjvenes.

    Los gobernantes liberales, en su mayora, tampoco dejaron de lado los conocidosestados de sitio, los confinamientos y destierros de sus adversarios y se volvieron igualmenteculpables de manipular las elecciones para sacar vencedores a sus candidatos. Las polticasde conceder prebendas a los fieles y alejar a los menos dispuestos a inclinarse ante elmandatario terminaron por fraccionar el partido, los disidentes engrosaron la oposicin yhastiados de las prctica abusivas recurrieron al golpe de Estado.

    No todos los presidentes conservadores y liberales cayeron en el caudillismopersonalista, donde confluan, tal como record C. Schmitt, uno de los tericos de este tipode gobierno, dos componentes: el gobernante, dotado de una personalidad dominante y la

    situacin de las cosas,25

    es decir las circunstancias en las cuales se mova, que obligaron amenudo a los gobernantes a continuar con prcticas ilegales mutuo propio y tomas dedecisiones de mutuo propio, atropelladoras e inconsultas.

    En el caso boliviano no hay duda que adems de los factores sealados quealimentaron el fenmeno del caudillismo poltico del siglo XIX y que no terminaron dedesaparecer en la siguiente centuria, pese al relativo progreso social, la amenazante situacinde las cosas internacionales, las divisiones internas crearon una situacin difcil quecomplot para el resurgimiento de la conduccin caudillista, considerada como la nicaposible e indispensable a fin de evitar el desastre. Arce, entre los conservadores y Montes,entre los liberales, constituyeron una ilustracin del modelo. El ltimo concentr el poder nosolo de su presidencia, sino tambin del manejo del partido a su gusto. Control la prensa y

    el Ejrcito.La substitucin del liberalismo, que en sus aos de gobierno haba llegado aconformar una oligarqua, tal vez ms unificada que la de la plata, pero no cerrada, porosa, norompi el estilo, fuertemente personalizado que fue corriente en la etapa de losconservadores y pas a la Revolucin Federal. Si bien ya no se cambiaba nicamente decaudillo, se cambiaba de partido, de gente beneficiada por las prebendas del poder, lo queimplicaba, en opinin de E. Finot, introducir una alternabilidad en el gobierno, sobre todocuando las elecciones se traficaban para guardar el poder.26

    La alianza poltica que reemplaz a los liberalismo, coloreada de tintes socialistas,desplaz definitivamente a stos a la derecha, iniciando un ciclo poltico distinto, inclinadohacia la izquierda. La Guerra del Chaco dio un empujn al proceso conformandoagrupaciones de tono ms radical que dominaran la escena de la posguerra. Por las nuevas

    tomas de posicin, las distintas formaciones vinculadas al republicanismo acabaronigualmente a la derecha, al lado de sus antiguos compaeros de ruta: los liberales.

    4. De las Nuevas Orientaciones Ideolgicas del Chaco a la Revolucin Nacional

    Los revolucionaros republicanos establecieron una junta de gobierno compuesta por BautistaSaavedra, Jos Mara Escalier y Jos Manuel Ramrez que convoc a una convencin parala reforma de la Constitucin. Saavedra, un poltico experimentado, rpidamente mostr su

    25 C. Schmitt, La dictadura, Rev. de Occidente, Madrid, 1968.26 E. Finot, Nueva Historia de Bolivia, Fundacin Universitario Patio, Lpez, Buenos Aires 1946, p. 358.

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    carcter dominante y su habilidad de maniobra hacindose elegir presidente de la Repblicapor la Convencin, que no estaba facultada para ello. La oposicin rechaz la movida y seretir formando el partido Republicano Genuino. Saavedra condujo el pas con puo de

    hierro, exil a sus adversarios, censur la prensa y volvi corriente el excepcional estado desitio. Transmiti, concluidos cinco aos de gobierno, el poder a H. Siles, despus de haberhecho anular en el Congreso la eleccin del anterior candidato oficial a la presidencia, decuya lealtad dud. Siles se lig a Saavedra por un acuerdo denominado mandatoimperativo, pero aquel una vez asumida la presidencia se deshizo del saavedrismo.Igualmente condujo el pas con mano firme. Cre su propio partido poltico: el Nacionalista,compuesto sobre todo por jvenes que luego tuvieron un desempeo importante en laposguerra del Chaco. El intento de prorroga de su gobierno desemboc en un golpe delEjrcito, encabezado por el general Blanco Galindo y una junta militar, quienes llamaron alprimer referndum donde se aprob el Habeas Corpus, la autonoma universitaria yorganizaron las elecciones nacionales donde se impuso el binomio: Daniel Salamanca del

    partido Republica genuino como presidente y Jos Lus Tejada Sorzano, del liberalismo,como vicepresidente.

    En este periodo se produjo la Guerra del Chaco en la cual Bolivia perdi una granparte del territorio en disputa, pero salv el rea petrolfera. Durante el conflicto Salamancafue forzado por el Alto Mando militar a renunciar. Ocup la presidencia Tejada Sorzano,quien firm el cese de fuego con el Paraguay. Tejada a su vez fue derrocado por un golpemilitar dirigido por el coronel David Toro (1936) con el que se inaugur el socialismo deEstado, poco interesado en la normatividad democrtica.

    Al ao, Toro fue reemplazado por el Coronel Busch, hroe del Chaco, quien llam auna convencin nacional que no concluyo y termino declarndose dictador. El rgimen fue decorta duracin pues el presidente Busch se suicid. Luego de su muerte, siguieron gobiernos

    militares designados por la fuerza de la accin del Ejrcito o por las elecciones: el generalQuintanilla, sucesor de Busch fue impuesto por sus colegas de armas, El general Pearandaresult elegido en elecciones nacionales y cay de la presidencia por un movimiento dejvenes militares nacionalistas al que se sum el Movimiento Nacionalista Revolucionario)M.N.R.), partido de reciente conformacin. El coronel W. Villarroel tom el mando de lanacin.

    Los resultados de la Guerra del Chaco frustraron a los combatientes, jvenes declase medias urbanas, obreros, campesinos, estos ltimos por primera vez, convivieron consus compatriotas citadinos y sufrieron la misma dolorosa experiencia. Juntos encontraron enlas ideologas nuevas una manera renovada de mirar a las sociedades, de donde surgieronpartidos, movimientos, contra el pasado. Hubo un anhelo generalizado de crear un orden

    distinto, que supere los errores de antes. Todo ello se tradujo en un clima de efervescencia yagitacin poltica y social que fragiliz la democracia en la posguerra del Chaco y alent lasexperiencias nuevas.

    Las dictaduras nazi-fascistas y socialistas de Europa se convirtieron en los modelosque mayor influencia alcanzaron en las acciones e ideas de aquella juventud revolucionaria.

    El gobierno de Villarroel se hizo culpable del fusilamiento de un grupo deimportantes polticos de oposicin, que la poblacin consider un asesinato porque no huboni sombra de juicios o procesos legales de respaldo. Se trat de crmenes parecidos a los queeran frecuentes en los regimenes totalitarios europeos de entonces. El hecho produjo temor yespant en el pas originando la Revolucin de Julio de 1946, donde fueron victimadossalvajemente el presidente y varios de sus colaboradores. Vino luego un gobierno de civiles

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    elegido por voto directo: E. Hertzog y M. Urriolagoitia. Este ltimo que ocup la presidenciapor la renuncia de Hertzog, enfrent conflictos sindicales, campesinos y una corta guerracivil, presidi asimismo las elecciones nacionales en las cuales sobre varias candidaturas se

    impuso el M:N.R., pero el gobierno se neg entregar el poder y form una junta militar quefue acabo derrotada por una insurreccin popular, la Revolucin Nacional)9 de Abril de(1952) que abri una etapa distinta de la poltica en Bolivia, basada en la legitimidadconferida por el acto revolucionario.

    Ah pareci cobrar realidad el mito de la revolucin propugnado por los partidosradicales, por los intelectuales, gremios y sindicatos de orientaciones nacionalistas,marxistas, socialistas, anarquistas, que se desarrollaron despus del Chaco y para quienes laDemocracia y el Estado de Derecho, no constitua un fin en si mismo, tolerados, en el mejorde los casos, como un momento transitorio de la historia que se encamina hacia metasdeterminadas por su propia evolucin.

    Cierto existan matices, en las diferente agrupaciones, as como en las actitudes

    respecto al personalismo poltico, que variaban de una a otra formacin. Estas en su accinya haban relegado hacia los confines de la derecha al antiguo liberalismo y a los otrospartidos de la pre-guerra con el Paraguay, inclusive a los que invocaron el socialismo en sussiglas.

    Con la Revolucin de 1952 el mito de la legitimidad revolucionaria se enraiz en lasociedad. Aunque no faltaron quienes juzgaron la Revolucin traicionada, su prestigiopermanece hasta hoy. Sin duda para muchos, tampoco fue una verdadera revolucin cuyallegada an esperan.

    Conviene retomar el hilo que qued a principios de la dcada del 20. Momento enque el marxismo, el socialismo y el anarquismo en sus distintas vertientes, superaron elestado embrionario que tuvieron a finales del siglo XIX y comenzaron tomar cuerpo en

    organizaciones obreras, gremiales y movimientos sociales. Su aparicin result algo tardacon relacin a otros pases del rea, pero atraparon el tiempo perdido.

    El comunismo y, en menor grado, el socialismo compartieron la visin de larevolucin como un parteaguas de la historia y la sociedad. Estuvo claro desde los inicios delmarxismo que par ellos el nuevo mundo de justicia e igualdad humana solo podraconvertirse en realidad tras la destruccin del viejo y de los grupos sociales que lorespaldaban. No cupo duda que el terror, como sucedi en La Revolucin Francesa con lasangrienta dictadura de los jacobinos, constituira un componente indispensable de larevolucin. Tendra que ejercerse implacablemente, sin contemplaciones legalistas, ni falsoshumanismos contra sus adversarios, sus instituciones y aparatos ideolgicos.

    El mito de la revolucin, cuyo origen remonta a las tradiciones judeocristianas,27

    parta la sociedad, al igual que la historia, en mitades antagnicas, una que encarnaba el idealpor llegar, la otra las resistencias del pasado. Las concepciones de Marx, Engels, Lenin,Trotsky aspiraron a crear por medio de las revoluciones, adems de un orden poltico ysocial distinto al heredado, un nuevo tipo de hombre, de humanidad. La violencia y susentido exclusivamente terrenal distanciaron esta visin de la revolucin de sus lejanosorgenes cristianos.28

    Qu contribuy al surgimiento de tales orientaciones en la sociedad boliviana?

    27 Sobre el tema y sus repercusiones en el mundo actual ver; J. Gray, Misa negra, Paids, Barcelona, 2008, Cap., II y ss.28 Cf., L. Trotsky, Literatura y Revolucin, El Yunque, Buenos Aires, 1974.

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    Uno de los acontecimientos que acapar la imaginacin de las incipientesagrupaciones laborales y de los intelectuales fue en el mbito internacional el triunfo de laRevolucin Rusa y en el local las primeras huelgas de mineros, probablemente iniciadas en

    Huanuni, por la reduccin de la jornada de trabajo y la represin que sigui. El desarrollo dela minera del estao, con sus importantes concentraciones de trabajadores en campamentosrelativamente aislados de los centros urbanos, result un caldo de cultivo propicio para laorganizacin de actividades reivindicativas.

    Por aquellos aos se fundaron tambin las universidades populares que difundieronlas ideas socialistas. Pero adems y no de poco inters para la implantacin de esa corrientesen la poltica nacional fue la publicacin de obras de marxistas, socialistas y anarquistas atravs de editoriales argentinas y espaolas, como Claridad, Aguilar, que pusieron al alcancedel pblico los principales textos de autores de esas corrientes. No que antes no existiesentraducciones por ejemplo de Proudhon, Bakunin, Marx, Engels u otros, sino que la calidaddejaba mucho que desear, de manera que algunos importantes socialistas o anarquistas de

    antes apenas tuvieron un conocimiento muy aproximativo de las fuentes. La primera versincompleta y cuidada del Capital en castellano apareci en Espaa debida al profesor M.Pedroso, 1933.29

    En 1914, se funda el primer partido socialista en Bolivia. En su Programa de accin,firmado por intelectuales como Jaime Mendoza, Alberto Mendoza Lpez, EzequielSalvatierra, llama la atencin la radicalidad de las propuestas entre las cuales se destacan laidea de revolucin as como la de integracin continental.30 Luego hubo muchas otrastentativas de establecer partidos, asociaciones socialistas o comunistas hasta la Guerra con elParaguay, a partir de la cual las agrupaciones partidarias van a establecerse y consolidarse,dando un giro diferente a la poltica nacional.

    Las corrientes anarquistas se introducen sobre todo en las asociaciones obreras y

    artesanales, en las cuales se producen choques fuertes entre militantes anarquistas ysocialistas. Lo mismo sucede en los primeros congresos obreros, a principios de los aos 20en Oruro, La Paz, Potos, donde se hacen planteamientos tan radicales como los que mstarde cristalizaron en la en la Tesis de Pulacayo (1946) y en la poderosa Central ObreraBoliviana (C.O.B.)de 1953.

    En las conclusiones de los congresos ya se entrega el papel de actor privilegiado delas transformaciones y de la Revolucin por venir al proletariado, particularmente a suvanguardia minera.31 La sociedad reconoci de inmediato que en la escena haba surgido unactor protagnico. Con el tiempo el mito ha persistido pero los llamados a ejecutarla ysufrirla han cambiado de clase o de origen social.

    Data de ese tiempo el mito de la revolucin contrapuesto al ideal de la democracia y

    del estado de derecho, vistos como una farsa burguesa o con cierto pragmatismo como unaetapa histrica destinada a ser superada.

    El mito gan terreno con la Revolucin Rusa conquistando a intelectuales,sindicalistas y polticos. La Revolucin Francesa fue menos invocada porque se considerque la independencia nacional haba sido uno de sus frutos que, no consigui vencer elpredominio del criollismo local, ni liberar al indio y a los proletarios de sus sujeciones, ni al

    29 Antes, en 1918 apareci la primera versin castellana del Capital K. Marx de Juan Justo, en Buenos Aires, pero estabaincompleta, faltaban los ltimos libros.

    30 G. Lora, Historia del movimiento obrero boliviano, 1923-1933, Ed. Amigos del Libro, La Paz, Cochabamba, 1970, vol.III, p. 132. Resulta muy importante para examinar el desarrollo de las ideas y organizaciones socialistas en el pas estaobra de G. Lora, especialmente el volumen IV.

    31 G. Lora, op. cit., pp. 11-56.

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    pas de su dependencia, lacras que la revolucin socialista prometa acabar. La promesa, quese tom como moneda constante y sonante, de cumplimiento inexorable, fundada en las leyescientficas de la historia, segn sus seguidores, iba en los aos del Chaco a difundirse en la

    gran masa de combatientes. Pero tambin sufri el enfrentamiento y la contaminacin deotras ideas tan prometedoras y autoritarias como ella: los nacionalismos despticos que ya sehaban instalado en Alemania e Italia.

    En el pas, el periodo blico y su fatal desenlace hicieron estallar toda la tradicinacumulada por los conservadores y liberales, incluida la de los regimenes de cariz inicialsocialista o nacionalista como el de Saavedra o Siles relegndolos hacia una derechaestigmatizada de obsoleta. El descalabro militar erosion la moral cvica democrtica yrepublicana impulsando la aclimatacin de vanguardias polticas e intelectuales socialistas,comunistas. Pero en el mismo perodo, se manifestaron igualmente las corrientes rivales queensalzaron el nacionalismo, los mitos originarios y la necesidad de un conductor enrgico delpueblo, ingredientes de una ideologa autoritaria, antidemocrtica visible en las experiencias

    del nazismo y del fascismo. Ni stos ni los socialismos se interesaban por la suerte de lasinstituciones libres y legales.

    El fin de la dcada de los treinta e inicios de los 40, constituy un hervidero departidos polticos inspirados ideologas extremas y adaptadas a las realidades locales . SeFormaron el Partido Revolucionario obrero(1935), Falange Socialista Boliviana(1937), elPartido de Izquierda Revolucionario(1940), El Partido Comunista, desprendido del PIR(1950), Partido Socialista Obrero(1940), el Movimiento Nacionalista Revolucionario(1941)y otras agrupaciones menores. Viejos temas y enfoque nuevos sobre el indio, las tierras, lapropiedad de las grandes empresas mineras, el sindicalismo, ocuparon el debate poltico queculmin con la Revolucin Nacional de 1952 del M.N.R.

    Ese hecho escindi la historia nacional en un antes y un despus. En despecho que

    los lderes del movimiento arrancaron su legitimidad en las elecciones de 1950, que ganarony les fueron escamoteadas. Sin embargo, las medidas revolucionarias que ejecutaron sebasaron en el mandato del pueblo que tom el poder, derrocando al Ejrcito, en las calles deLa Paz y Oruro, en las minas. As se dictaron los decretos de nacionalizacin de las grandescompaas mineras, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa.

    El MNR opuso el nacionalismo revolucionario a la anti-nacin, a la Rosca, valedecir a la burguesa minera, a los grandes propietarios de tierras y sus beneficiados,intentando forjar una nacin unitaria proyectada al futuro, en el sentido francs del trmino.Mientras los partidos socialistas idealizaban la lucha de clases, el MNR se form en unaalianza de clases medias, obreras y campesinos para alcanzar sus propsitos. El impulso de larevolucin sobre todo en los primeros aos arroll a los todos los partidos opositores,

    relegndolos a los mrgenes extremos de la derecha y la izquierda. Muchas personas salidasde las agrupaciones socialistas desarrollaron la tesis del entrismo ingresando al partidogobernante, con la idea que una vez cumplidos dentro del rgimen movimientista losobjetivos de la Revolucin Nacional, ms de carcter pragmtico- burgus que socialista, sedaran las condiciones para efectuar una autentica revolucin proletaria.

    El primer gobierno revolucionario de V. Paz Estensoro fue un rgimen de facto que almargen de la legalidad y sin respetar los derechos y garanta constitucionales ejecut ampliastransformaciones sociales. H. Silez Zuazo, elegido en la primera eleccin con sufragiouniversal (1956), apabull a sus contendientes, si bien la eleccin pec de manipulacin,quiz innecesaria. Busc consolidar las conquistas populares de la primera fase, en medio deuna inflacin galopante que forz la toma medidas resistidas por una parte del M.N.R y los

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    sindicatos que hacan parte del gobierno. Paz Estensoro ocup por segunda vez la presidencia(1960), al fin de su mandato intent prorrogarse. Lder indiscutido del Partido monopolizel poder en el gobierno, en el parido y en las asociaciones sindicales afines, lo que produjo

    oposiciones dentro del MNR que se fraccion en faccciones desprendidas que iban de laderecha a la izquierda.

    Su vicepresidente, el general R. Barrientos, lo derroc al poco tiempo de iniciado eltercer periodo. Se form un co-gobierno con el general Ovando y se decidi retomar la vademocrtica. Barrientos se present a elecciones generales con parte del MNR, grupos de supropia creacin y aliado con los restos de los partidos tradicionales que lo llevaron a lapresidencia. Tuvo la pretensin de reencaminar la Revolucin del 52 que sostena habaperdido sus metas originales, creando la II Repblica. El Congreso nacional que loacompa voto la Constitucin actualmente vigente, con algunas modificacionesintroducidas en 1994 y 2004.

    Durante su gestin se firm el Pacto Militar-Campesino que sustent su gobierno y

    los dems regimenes militares que le siguieron hasta 1982.En 1967, estall la guerrilla de E. Che Guevara qu cost la vida a su comandante y a

    otros integrantes del grupo. Se trat de un primer intento de ganar por las armas el poderpara establecer un rgimen socialista.

    Barrientos muri en un accidente de helicptero y le sucedi su vicepresidente, L. A.Siles que fue vctima de un golpe Estado dirigido por el general Ovando (1969), inicio devarias dictaduras militares de derecha e izquierda, con un fuerte sello estatista. Lo que noimpidi la aparicin de un segundo brote guerrillero que fue reducido pronto.

    El Coronel Bnzer, ante caos generado en la breve presidencia del general Torrez,por las fuerzas izquierdistas que condujeron a un casi gobierno dual con la Central obreraBoliviana, convencidas que la revolucin socialista estaba a la vuelta de la esquina, se hizo

    del poder apoyado por el grueso del ejercito, adems de partidos civiles. Durante su largorgimen racionaliz y moderniz el Estado Boliviano, con un cariz centralista y planificador.Se proclam dictador y prohibi los partidos polticos y sindicatos. Sin embargo, laspresiones sociales y obreras obligaron a convocar elecciones (1977), que fueron ganadas porel candidato oficial General Pereda Asbun, acompaado por la Accin DemocrticaNacionalista (ADN), organizacin partidaria donde se agruparon los simpatizantes ypartidarios de Bnzer, que represent la derecha, frente a varias otras formaciones que seproclamaban de centro o de izquierda. La ADN estuvo ms tarde entre las formacionespartidarias que buscaron el establecimiento del Estado de Derecho en el perodo de la vueltade la democracia.

    Pereda tomo el poder por la fuerza, pues su eleccin fue anulada por fraude. Otro

    golpe militar cort su gobierno, en sus comienzos. El fin de esta accin del Ejrcito fuellamar a elecciones, que no dieron un resultado definitivo. Las agrupaciones con mayorvotacin, fueron ambas facciones del MNR, encabezadas por sus dirigentes histricos: V. Pazy H. Siles, que se empantanaron en el Congreso, de donde sali designado presidente, parasalvar el impasse, W. Guevara, otro de los fundadores del MNR, que form su propiatienda: el Partido Revolucionario Autntico (PRA), en esa oportunidad aliado del MNRpazestenssorista.

    Guevara ocupaba el cargo de presidente del Senado, razn por la que se le designpara desempear interinamente la presidencia. Una intervencin militar dirigida por elgeneral Natusch Busch interrumpi su gestin, sospechosa para el Ejrcito de prorroguismo.Sin embargo, los militares, debido a la oposicin vigorosa de la sociedad, no lograron

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    quedarse en el poder, se volvi al rgimen constitucional eligiendo en el Congreso a laprimera mujer presidente de la Repblica Lydia Gueiler, a la sazn presidente de la Cmarade Diputados, que tambin fue vctima de otro brutal y crapuloso golpe militar, dirigido por

    el general Garca Mesa. No sin antes haber efectuado elecciones nacionales que dieron eltriunfo al MNR de Izquierda conducido por H. Siles.

    Se sucedieron 3 cortos gobiernos militares de facto de los generales Garca Mesa,Torrelio y Vildoso. Este ltimo comprendi la inutilidad y el alto para el pas, las fuerzasArmadas de los gobiernos de fuerza y devolvi la presidencia al ganador de las elecciones de1980 as como al congreso electo. De esta manera, retorn la democracia hasta hoy.

    5. La Vuelta de la Democracia

    H. Siles sufri la arremetida de organizaciones sociales y sindicales que reivindicabanderechos conculcados por los autoritarismos militares, en una situacin de caos econmico,

    nuevamente con una inflacin desbocada. Se vio obligado a acortar de un ao su mandato yllamar a elecciones que dieron la presidencia de la Repblica a V. Paz Estensoro.

    La administracin de Paz E. tom con xito drsticas medidas que cortaron lainflacin y estabilizaron la economa. La legislacin laboral sufri una modificacinsignificativa a fin de facilitar la libre contratacin laboral, que caus el decidido rechazoen las organizaciones sindicales. Cerca de 25000 trabajadores fueron despedidos de laempresa minera estatal. Ante las huelgas laborales, el gobierno recurri al Estado de sitiopara recuperar el orden.

    Por primera vez, un juicio contra un ex-presidente, Garca Mesa, concluy,condenndolo junto a algunos de sus colaboradores, entre ellos al coronel Arce Gmez, yapreso por delito de narcotrfico en E.E.U.U., a 30 aos de prisin que cumple hasta hoy.

    En las elecciones siguientes (1989) gan el general Bnzer con ADN y sus aliados,Sin embargo en aras de la paz social tuvo que ceder la presidencia a la tercera fuerzaelectoral: El MIR. As lleg al gobierno J. Paz Zamora que hizo una alianza con su antiguoadversario: Bnzer. El gobierno de Paz Zamora y ADN logr implantar instituciones,mediante acuerdos polticos con los partidos que tenan representacin congresal, que altiempo que modernizaron el estado y la democracia, ampliaron la vigencia de legalidad.

    De esta suerte se estableci La Corte Nacional Electoral, independiente, cuyosmiembros se eligen por 2/3 de votos del Congreso, igual que los vocales de la Corte Supremade Justicia, Acuerdos inditos en Bolivia y el Continente. Se separ el Ministerio Pblico delgobierno, se promulg la ley SAFCO de la Contralora General de la Repblica, la ley INRApara el saneamiento y titulacin de tierras. Pero la poltica de alianzas polticas fue mal vista

    por la sociedad que la consider inmoral, fuente de corrupcin y nepotismo. Durante elrgimen de Paz Zamora se inici una marcha indgena por la tierra y el territorio que trajo elreconocimiento de las naciones originarias, mostrando las nuevas sensibilidades quemarcaran los cortes futuros de la sociedad boliviana.

    En junio de 1993 se realizaron las elecciones presidenciales que otorgaron un cmodotriunfo a G. Snchez de Lozada y V. H. Crdenas (36%), seguidos por la Alianza patriticaliderada por H. Bnzer y O. Zamora de ADN y el MIR, CONDEPA con C. Palenque e I.Kuljis ocup el tercer lugar (14%), delante de otro frente populista de M. Fernndez y E.Talavera que obtuvo algo menos del 14%, revelando ya la aceptacin de las agrupacionesneo-populistas en la sociedad.

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    El rgimen de Snchez de Lozada tom un giro abierto hacia el mercado y lacapitalizacin de las empresas estatales con recursos extranjeros, que las controlaron. Lainclinacin liberal de tales disposiciones fue motivo de conflicto con las organizaciones

    populares, que forz un nuevo Estado sitio. Algunos contratos negociados con compaasextranjeras fueron observados en su legalidad, en despecho de la atencin que el gobiernointentaba conceder a los aspectos jurdicos de sus acciones internacionales.

    Se vot la ley de Participacin popular que municipaliz y descentraliz el poder enel territorio nacional, dando recursos a las alcaldas, intentando cerrar la brecha campo ciudad e impulsado el desarroll rural, con evidentes diferencias entre municipios en elmanejo de fondos. Se trat de una medida de enorme alcance que tuvo efectos positivos enlos bajos indicadores sociales que afligen al pas, adems de provocar el retorno a sus lugaresde origen de algunos emigrados rurales que obtuvieron ya una educacin superior. Muchosde ellos, conocedores de los planteamientos modernos acerca de los derechos de los pueblosindgenas trabajaron, entre sus coterrneos, para afincarlos con xito. De Ah proviene en

    parte la actual participacin en la poltica de los sectores, llamados indgenas, que decidieronactuar con colores propios, descartando la mediacin de los partidos polticos.Al trmino del periodo, ocurri la toma de las minas de Capacirca y Amayapampa

    por los trabajadores, propiedad de una empresa extranjera. La recuperacin ordenada por lasautoridades gubernamentales ocasion un nmero importante de muertos, que la oposicincarg al gobierno. Ms fue el sistema democrtico que sufri con los hechos un enormedesgaste.

    En esas condiciones se efectuaron las elecciones generales de 1997, que permitieronel retorno democrtico al poder del general Bnzer secundado por el vicepresidente J.Quiroga, con 22% del voto. El MNR lleg en un segundo lugar con un 18%, el tercero lecorrespondi a CONDEPA, 17%, cuyo lder, C. Palenque, ya haba muerto. El MIR obtuvo

    un cuarto sitio con 16.7%.y UCS ocup el quinto puesto. Las bajas proporciones de sufragiosde las agrupaciones polticas y su corta diferencia descubrieron ya las fragilidades del sistemade partidos.

    Bnzer para poder gobernar form una gran coalicin poltica: El Compromiso porBolivia con el MIR y 6 otras formaciones partidarias. Inici un amplio dilogo nacional afin recoger sugerencias para la reforma del la Constitucin.

    En Cochabamba sindicatos, asociaciones de vecinos iniciaron la denominada Guerradel Agua, con objeto de impedir el cumplimiento del contrato firmado con una compaaextranjera de concesin de aguas. Un clima de agitacin social se apoderaba de lasprincipales ciudades y del rea rural que dificultaba la toma de decisiones polticassignificativas. Las lneas de ruptura social del nuevo milenio, construidas alrededor de lasetnias y las identidades locales se tornaron crticas en ese momento.

    Bnzer, gravemente enferm, entreg el poder a su vicepresidente Quiroga, faltandoun ao para terminar su periodo. Falleci poco despus. Bnzer condujo el pas en momentosde graves crisis. Su paso de la dictadura a la democracia fue sincero, sin su intervencinresulta difcil pensar que la democracia hubiese subsistido. Su partido form una derechamodernizadora y plural que combati por consolidar el Estado de derecho, al cual las fuerzasde izquierda radical, ganadas al mito de la revolucin conceden un inters secundario o talvez ninguno.

    Quiroga asumi el mando en agosto de 2000, tratando de establecer una modalidadde conduccin poltica diferente de la de los liderazgos fuertes, personalizados del estilo deH. Siles, V. Paz E., H. Bnzer, Busc fijar polticas econmicas y sociales en consulta conorganizaciones de la sociedad civil. Su corto paso por la presidencia trab la posibilidad de

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    iniciar acciones de largo plazo lidiando, adems, con una persistente agitacin socialheredada de los anteriores regimenes. Efectu el censo de poblacin en 2002 una de cuyaspreguntas, planteada por los tcnicos sobre identidades de los bolivianos en trminos

    equvocos deslegitim los gobiernos y la poltica desde el nacimiento de la Repblica,vistos, sobre todo desde afuera, como secularmente interesados en preservar tan solo elprivilegio de las minoras en perjuicio de las grandes masas indgenas originarias. Unalectura sin duda deformante de la sociedad boliviana y su gente, de sus cruces y vnculos, desus encuentros y desencuentros forjados desde hace ms de 500 aos de relaciones dediversa naturaleza entre los hombres y los pueblos del pas. Las miradas desenfocadas demuchas asociaciones civiles y partidarias pretenden ignorar los reales esfuerzos de distintaspolticas por incorporar los grupos desfavorecidos a la educacin, la salud, la tierra, eltrabajo, por superar las diversas formas de exclusin basadas en el sexo, la etnia, quizlentos, no inexistentes.

    En 2002, una nueva eleccin devolvi el poder a Snchez de Lozada, acompaado

    por el periodista C. Mesa Gisbert por el MNR. En esta oportunidad el segundo grupoelectoral fue el Movimiento hacia el Socialismo (MAS) de Evo Morales. Entre el primero yel segundo la diferencia apenas fue de un 1%. Sigui la Nueva Fuerza Revolucionaria de M.Reyes Villa y luego el resto de formaciones con porcentajes ms reducidos.

    Snchez de Lozada form otro amplio acuerdo de partidos, pero enfrent desde elinicio de su administracin una conflictividad social que creci. La bandera de losmovimientos contra el rgimen fue la salida del gas por Chile, tema que oficialmente no fuetratado por el gobierno. La agitacin popular cobraba las facturas de las polticas neo liberaldel pasado. Snchez de Lozada tuvo que resignar su mandato en el vicepresidente C. MesaGisbert.

    El nuevo mandatario jur ante el Congreso comprometindose a cumplir una agenda

    poltica denominada de Octubre, por la fecha de su posesin. All figur un referndum parazanjar el problema del gas que se realiz. El referndum tambin sirvi para legitimar elgobierno. Sin embarg, falto de apoyo poltico real, no pudo conseguir la aprobacin de laley de hidrocarburos.

    Un ambiente de intranquilidad, de rumores de conspiraciones se apoder de lasociedad que finalmente llevaron a su renuncia definitiva en junio de 2005, entregando elmando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, J. Rodrguez Veltze, cuya misin fuela de llamar a elecciones de donde sali como claro vencedor el MAS y sus candidatos E.Morales y C. Garca Linera, con un programa de transformaciones revolucionarias demarcada inclinacin indigenista y popular.

    Los principales partidos contendores aparecieron como de viejo cuo, acusados decorrupcin, nepotismo, incompetencia y fueron colocados en los confines de la derecha. Sin

    duda, ellos hicieron mucho por merecer las crticas, pero su actuacin tambin tuvo muchode positivo para enmarcar el pas en instituciones modernas, plurales. La incorporacin de laidea de la multiculturalidad en el texto constitucional reformado fue resultado de susacuerdos, idea que reemplaz la concepcin del MNR de la nacin unitaria abierta a unfuturo compartido.

    Tres generaciones de partidos actuaron en el periodo democrtico, como recuerdaRomero Ballivin.32Democracia que hace poco festejo 25 aos de sucesiones presidencialessegn las reglas legales. La primera generacin vio la sociedad y sus problemas desde losngulos del nacionalismo y el socialismo, a ella pertenecen el POR, PIR, MNR, FSB. La

    32 S. Romero Ballivin, Reformas, conflictos y consensos, Fundacin H. Seidel, Fundemos, La Paz, 1999, p. 101 y ss.

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    segunda apareci en los 70, comprometida con una perspectiva revolucionaria que nodesde la guerrilla o el foco como vas para tomar el poder. Ah estuvo el MIR y el PartidoSocialista 1 de M. Quiroga Santa Cruz, aunque poco a poco entraron en el juego

    democrtico, por cuya consolidacin lucharon. ADN tambin surgi en ese entonces, pero suposicin fue de derecha, igualmente adopt la democracia a la que contribuy a estabilizaren ese largo periodo.

    La tercera generacin conformada por CONDEPA y la Unin Cvica Solidaridad(U.C.S) tuvieron una ideologa y organizacin de corte populista, el primero ms inclinado ala izquierda con ribetes nacionalistas, el segundo de corte ms moderado, aunque igualmenteinclinado al populismo. . Una novel formacin apareci con el nuevo milenio, el MASaunque sus races son viejas y tuvo predecesores en el campo de la etnicidad, la conformanagrupaciones con un fuerte contenido tnico popular, desconfiadas y opuestas a losmecanismos de mercado, a la globalizacin y hasta a la legalidad constitucional, lo que noimpidi su participacin en los actos electores, y sus repetidas victoria en las urnas.

    Los 25 aos de democracia no han pasado en vano. Las instituciones legales se hanarraigado en una gran parte de la poblacin, pero nuevos peligros las amenazan, surgidos delas sensibilidades posmodernas, favorables a la pluralidad valorativa del multiculturalismo.Si bien el riesgo no est all sino en el relativismo que lo acompaa que, en situaciones enque la sociedad se divide alrededor de debates cruciales, puede empujar hacia eldecisionismo arbitrario y extremo del lder en ejercicio del poder, aun constitucional.

    El fenmeno halla el terreno preparado por una parte por el mantenimiento deprcticas acarreadas del viejo caudillismo que la democracia no consigui desterrar, ahoraplebiscitado y respaldado en el voto y por otra por las particiones de la sociedad, antes msde contenido poltico e ideolgico, hoy con un mayor ingrediente tnico, regional.Finalmente, la oposicin democrtica es minoritaria en el Congreso pero con capacidad de

    bloquear iniciativas de la mayora, tentada de superar las dificultades refirindose a la fuerzadel liderazgo. As se une a las seculares tendencias, que obstaculizaron en el pasado elasentamiento vigoroso de la democracia y el Estado de derecho en Bolivia la atraccin deldecisionismo del jefe.

    La idea de revolucin que ha retornado y cobrado vigor, renovada con objetivostnicos antes que proletarios, da otra vez pie para realizar actos contrarios al rgimenconstitucional, justificados en la necesidad de materializar las propuestas electorales degobernar con los movimientos sociales y tnicos, de acuerdo con sus deseos de cambiorevolucionarios, promesa del nuevo rgimen en el poder. La excusa para quebrar la ley. Aello se suma, acentuando la tendencia, otro componente de la cultura poltica del pas, yaconocido, el culto al liderazgo mesinico, que en la democracia puede darse al ganador

    indiscutido en las urnas, admitiendo la posibilidad de definir por decisin propia lairresolucin social y poltica del momento.

    C. Schmitt, jurista alemn que se comprometi con el nacional-socialismo, reflexionsobre este decisionismo puro en la dcada del 20, retomndo la frmula de T. Hobbes deque es la autoridad no la verdad la que hace la ley. Y fue por referencia a ella que lleg a suconcepcin de la decisin ltima del conductor que caracterizara la autntica soberana quese ejerce en despecho de la legalidad jurdica. Potestad proclive a manifestarse, comoentrevi M. Weber, en un mundo de las mltiples culturas admitidas como iguales.33Un

    33 Cf., S. Mesure, Nationalime et faillibilisme en A. Renaut (Dir.), Les Philosophies politiques contemporaines, CalmanLevy, Paris 1999, Vol. V, p. 149 y ss. El artculo ofrece una valiosa consideracin sobre la radicalizacin de algunosplanteamientos weberianos en Schmitt.

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    valor legitimo, pero que en casos de conflicto social dificulta encontrar soluciones racionales,democrticas pues cada actor se encapsula en su reino valorativo, inconmensurable con el delotro, dejando el camino abierto para que el lder, plebiscitado en una eleccin, tome las

    medidas finales de acuerdo con su juicio y arbitrio, por encima de las oposiciones y hasta dela norma.

    El sistema jurdico y el caudillismo autoritario en Bolivia han guardado y guardanentre ellos relaciones forjadas en la historia larga, sin duda con cambios en uno y otro. Loscaudillos salidos de los partidos polticos no eran los mismos del militarismo del sigloanterior, aunque la esencia del vnculo se preserv. El caudillismo, un estilo de gobernar,presente en distintos momentos de la vida nacional tuvo sus especificidades en cada poca,que no rompan la nota dominante de pretender concentrar el poder en una persona y que enlo tocante a las leyes buscaba supeditarlas apoyarse en ellas para sus fines.

    Al mismo tiempo en el sistema legal fuera de las personalidades que ejercan el poderdiscrecional y ponan todo de su parte por cuidarlo, la propia constitucionalidad, como se

    seal, estableca mecanismos que fortalecan los estilos de manejo gubernamental de lospolticos, creando complicidades entre stos y aquel sistema, con distintos grados deautonoma y de sumisin. Hasta cierto punto han sido las prcticas, ms estables que laopinin, que han amparado el complejo de vnculos perjudiciales para la democracia. Lo quepide una revisin de las prcticas que cada cierto tiempo parecen hallarse en retroceso, peroque para sorpresa de la opinin demcrata vuelven a levantar cabeza y se refuerzan connuevos aliados e ideologas.

    Bolivia ha aceptado su carcter multicultural y multitnico, mas la definicin no estreida con la democracia y la normatividad. Al contrario, obliga al Estado, a la sociedad y alas personas a buscar instituciones adecuadas para la convivencia de todos, para construir unaComunidad de Ciudadanos, todos iguales ante la ley e integrados al quehacer poltico comn

    a travs de la democracia.Los debates actuales sobre el reconocimiento de derechos culturales sirven para

    recordar que la ciudadana legal se desenvuelve en un espacio pblico, que no podra existirsi no es capaz de trascender las divisiones y desigualdades de la sociedad civil.34 La utoparevolucionaria crey en el derrocamiento de una minora por una mayora para conseguir lajusticia y la libertad, pero el reino que cre fue el del un totalitarismo cruel. Las vctimas delas revoluciones histricas contemporneas suman varios millones y los frutos esperados delcambio jams los justificaron.

    Invocar nuevamente la revolucin para cortar la legalidad, para no pagar el costo delas transformaciones, para castigar a segmentos sociales a los cuales se carga con elsanbenito de ser conservadores, negndoles el derecho a participar con sus valores en la

    nueva construccin, fuera de carecer de valor argumental emprico, atenta contra lasconcepciones de un orden plural, contra los derechos humanos proclamados y sostenidos porlos mismos revolucionarios y aceptados mayoritariamente por la sociedad.

    En el momento actual, los bolivianos estn en procura de edificar una sociedadabierta al Otro, al diferente, a las minoras, pero stas y las mayoras solo pueden encontrarseen el respeto recproco, en el derecho y la democracia, que son la garanta de una vidapacfica y prometedora. Los ciudadanos de todas las regiones y culturas aspiran a participaren la vida poltica nacional, a solucionar en la legalidad los conflictos nacidos de intereses

    34 Cf., D. Schnapper, La communaut op.cit. y Qu`est.ce la citoyennet op. cit.

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    diferentes, y no parecen dispuestos ceder ante la violencia del poder de uno o de unsegmento de la sociedad sus prerrogativas.

    Cmo marchar juntos, evitando estos escollos? Los modelos autoritarios del pasado,

    sin duda, no desaparecidos, no son la respuesta apropiada para los tiempos que corren.Igualmente resulta inapropiado el intento de entregar la conduccin de las transformaciones,que el pas demanda, a un movimiento o a un actor social privilegiado, pocos creensinceramente en la vocacin histrica de una clase o de un grupo tnico o regional, menos deuna persona. La historia ha desmentido esa pretensin Para seguir conviviendo juntos, connuestras diferencias, anhelo compartido por una inmensa masa de bolivianos, respetar lasgarantas legales, las reglas del juego democrtico, reforzar la ciudadana legal, comn parecefundamental. Pero no basta, los desafos de la modernidad no se pueden ignorar. Comprendersu naturaleza, sus posibilidades y sus lmites, a fin de definir nuestras opciones polticas conellos, resulta otra exigencia insoslayable. Vivir la poca sin dejar bailar nuestro folklore noparece ser propsitos incompatibles.