De mis consideraciones: Acudo a usted seora Ministra, en vista de que una gran rea reforestada, que se ha convertido en refugio de muchos animales, est corriendo grave peligro, por la falta de consciencia e irrespeto de ciertas personas sin escrpulos. ANTECEDENTES.- En 1992, mediante Escritura Pblica de Compraventa, Inmobiliaria Tocuyo S.A. adquiri del seor Jons Gonzlez, 149,84 has. que desmiembran del predio rstico de mayor extensin denominado La Esmeralda. Asimismo, en 1993, mediante Escritura Pblica de Compraventa, adquiri del seor Jons Gonzlez, una extensin de 104,4 has. El 31 de diciembre de 2001, mediante Escritura Pblica de Compraventa celebrada entre Inmobiliaria Tocuyo y Comuna Salango, ante el Notario Primero del cantn Puerto Lpez, se adquiri, una extensin de un lote de 34,32 has. Estos terrenos se haban convertido en sitio de corte de madera para la fabricacin de carbn, por lo que para la regeneracin del medio ambiente, se invirti una ingente suma de dinero, y se instalaron sistemas de agua, se abrieron caminos que permitan controlar la propiedad y evitar la cacera indiscriminada, etc. Veinte aos atrs no se vea ni un animal, debido al grado de deforestacin; hoy en da una gran extensin de los terrenos se encuentra constituida por rboles y plantaciones tpicas de la zona, bosque reforestado en su totalidad por Inmobiliaria Tocuyo. En los terrenos se encuentran, entre otros animales, dos tipos de venado, guanta, guatusa, gato de monte (yaguarund), tigrillos, zaino, cabeza de mate, conejos, iguanas, 150 especies de pjaros. Adicionalmente, la playa de La Esmeralda es el sitio con mayor intensidad de anidacin de tortugas de toda la regin. Dentro del terreno comprado a la Comuna, se encuentra el trillo de Los Ostionales. PRIMERA INVASIN.- En febrero de 2002, Jorge Salazar Vacas, Coln Acua Acua, Benito Jaramillo y Maritza Cruz Carvajal, alegando que la intencin de Inmobiliaria Tocuyo era cerrar totalmente el paso a la playa, como Junta Parroquial, solicitaron un tractor al Alcalde para mejorar la va de ingreso a la playa. Causaron enormes destrozos a la propiedad e incalculables daos al medio ambiente. El Alcalde justific los movimientos de tierra con un proyecto de construccin de una carretera de III orden. Est de ms decir que el proyecto careca de estudio de suelo y de impacto ambiental, ni estudio de trfico.

Por esta razn, acudimos al Ministerio de Obras Publicas para solicitar el registro del trillo de aproximadamente dos metros de ancho como camino privado, y el 14 de octubre de 2002, el Juez Nacional de Caminos resolvi disponer el registro como camino privado, mismo que se inscribi en el Registro de la Propiedad del cantn Puerto Lpez el 18 de noviembre de 2002. Cabe sealar seora Ministra, que por este camino privado los moradores y vecinos de la zona han tenido acceso peatonal hacia la playa sin ningn impedimento. En el Informe de Inspeccin se detallan los daos y el resultado futuro de tal destruccin del medio ambiente: amplitudes de cortes indiscriminados desde 19.4 hasta 8.0 metros de ancho, altura de taludes de hasta 7 metros de alto, ngulos de talud de 90 grados, acumulacin indiscriminada de volmenes considerables de escombros, arranque indiscriminado de vegetacin y arboles reforestados, terreno a la merced de la erosin, una plataforma al borde de la playa de 15 por 25 metros (375m2), erosin de la plataforma por la accin del mar, aumento de riesgos de inestabilidad de las laderas en el tramo final de construccin. SEGUNDA INVASIN.- En noviembre de 2004, el seor Jos Mackay conjuntamente con el seor Robinson Arcos, negoci el alquiler de un terreno dentro de la propiedad de Inmobiliaria Tocuyo S.A., a favor de CLARO (Conecel S.A.), para la construccin de una caseta. En comunicacin del seor Arcos dirigida al Defensor del Pueblo, se indica que reunidos en Asamblea General de Comuneros, autorizamos al comunero Jos Mackay para que arriende un lote de 150 metros cuadrados, ubicado dentro de la propiedad que mantiene en posesin, de la cual la Comuna Salango es legal y absoluta propietaria. El 16 de diciembre del mismo ao, se estableci en el Informe Jurdico de la Gobernacin de Manab que se haba colocado una improvisada puerta de latillas de caa guadua y estacas de madera sostenida con alambre de pas que impiden el paso a esta construccin, hecho ilegal y atentatorio a la propiedad privada. Asimismo, recomiendan garantizar la propiedad privada y otorgar la respectiva proteccin policial a dicho lugar. El 21 de los mismos mes y ao, por orden del Gobernador de Manab, se desalojaron los obstculos que impedan el ingreso a la caseta de CLARO. En el Informe de la Tenencia Poltica de la parroquia, realizado posteriormente, se detalla que la Teniente Poltica indic que quienes esgriman machetes como armas blancas, alicates-playos, se enfrentaron a mi persona, a los policas y fue Jorge Eduardo Salazar Vacas quien encabez a estas personas. A pesar de esto, seora Ministra, increblemente, ese mismo da del desalojo, destruyeron todas las cercas puestas por Inmobiliaria Tocuyo, esto es 433 postes de hormign, 7182 metros de alambre cortados y sustrados, 50 plantas de Neem, Single y Algarrobo destruidas.

TERCERA INVASIN: El 4 de junio de 2009, Jos Vera Arrata, Secretario de Transparencia notific a Inmobiliaria Tocuyo procedera a despejar los caminos pblicos ancestrales que supuestamente existan dentro de los predios. El 19 de junio, a pesar presentar las Escrituras Pblicas que comprobaban que se trataba de un trillo privado, dentro de una propiedad privada, e indicar que los residentes tenan paso peatonal segn lo convenido en la servidumbre, la propiedad fue invadida, sin contar con orden de allanamiento alguna y con ayuda de ms de sesenta policas, destruyendo el trillo privado de Los Ostionales, violando principios constitucionales y garantas del debido proceso. Con amenazas, detuvieron a las personas que se encontraban dentro de la propiedad, y les quitaron las cmaras de fotos para que no quede constancia del abuso. El sbado 20 de junio, con apoyo de la Polica, ingresaron a la propiedad en la que se encuentra la reserva, personas ajenas a la comunidad de Salango, en su mayora empleados del Municipio de Puerto Lpez liderados por Benito Jaramillo Gutirrez, Jorge Eduardo Salazar Vacas y Robinson Germn Arcos. Destruyeron cercas, talaron ms de 200 rboles de forma indiscriminada, quemaron maleza, depredaron el contenido de la poza que sirve como sitio de alimentacin para las aves marinas, extrajeron cangrejos sin boca y hasta hicieron fogatas. A la salida de la trocha, se poda ver a la gente que sala con troncos de madera, caa guadua y hasta arena de la playa La Esmeralda. Ante estos abusos de poder, se entabl una Accin de Proteccin y el 17 de julio de 2009, el Juzgado Segundo de Garantas Penales de Portoviejo resolvi declarar con lugar la Accin de Proteccin propuesta por Inmobiliaria Tocuyo, por ser ilegal e ilegtimo el acto inserto en los Oficios () suscritos ambos por el seor Arq. Alfredo Vera Arrata, mediante los cuales este dispone que se proceda a despejar los caminos pblicos ancestrales que van desde La Canoa a Playa Dorada, Ro Chico a Playa Rio Chico y Ostionales a Playa Rio Chico; por lo que se dispone que las cosas vuelvan a su estado anterior a la ejecucin del acto impugnado. Se dispuso asimismo, que la autoridad de Polica correspondiente deber otorgar las garantas y seguridades necesarias para el cumplimiento y ejecucin de esta sentencia. El 20 de Julio de 2011, una vez ms, el seor Jorge Salazar Vacas, presenta un Oficio en la Gobernacin de Manab, solicitando que se acte de inmediato para la apertura de los caminos pblicos, estero y playa que hasta la actualidad se encuentran cerrados y privatizados, a pesar de que meses antes, el Intendente General de Polica de Manab, haba sealado que mientras subsista esta garanta constitucional (Accin de Proteccin) que se encuentra ejecutoriada y ratificada por una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia de Manab, la competencia se encuentra ratificada en la justicia ordinaria y por la tanto la

Intendencia General de Polica de Manab, ni la Gobernacin de Manab, no son competentes para resolver dicho conflicto... El 29 de agosto de 2011, la Gobernadora se inhibe y dispone el archivo del expediente. CUARTA INVASIN.- El 31 de mayo de 2012, aparecieron Policas acompaados de tractores para destruir una vez ms el trillo de Los Ostionales. La maquinaria ech abajo una cerca y se destruyeron rboles sembrados por Inmobiliaria Tocuyo. Una vez ms, el acto fue liderado por los seores Robinson Arcos, Jorge Salazar y el Alcalde de Puerto Lpez. No hubo participacin de los habitantes de la regin. Presentaron fue un Oficio suscrito por el Alcalde de Puerto Lpez, de fecha 30 de mayo de 2012, dirigido al Ministro del Interior, en el cual solicitaban la ayuda de la fuerza pblica para la apertura de los caminos y se mantenga un operativo de control para evitar cierres posteriores de las vas. El estero La Canoa, donde se abrieron las tronchas de dos km de largo, nunca ha sido un paso, como lo pueden atestiguar los mismos habitantes de la zona. Con estas trochas abiertas, esta reserva natural que se ha logrado rescatar y que ha tomado aos en regenerarse, dejara de existir, puesto que la presencia de carros, cazadores y el acceso sin control de las personas, depredara el lugar. Tal es as, que despus de la primera invasin a la reserva, se encontr en la playa de Rio Chico, un venado muerto, que haba sido herido dentro de la reserva. Hemos tenido conocimiento, tambin, de que se est extrayendo arena. El 4 de junio de 2012, 240 habitantes de Salango enviaron una comunicacin al Ministro del Interior, informando sobre los acontecimientos e irregularidades que estn teniendo lugar en Ro Chico. Claramente indican que el estero de La Canoa, que llega hasta la Playa Dorada o Esmeralda, donde se abri la trocha, nunca ha sido un paso y se encuentra en el ncleo de la reserva natural. Consideran que la resolucin mencionada en la solicitud de asistencia por parte del Alcalde, se aleja de la realidad por cuanto en el estero La Canoa nunca existi camino. Los que habitamos en esta zona nunca fuimos consultados y ni siquiera informados. Solicitan, entre otras cosas, que se paralice cualquier trabajo en el sitio para evitar mayores daos, que se realice un estudio sobre la reserva natural y su proteccin, y que se estudie la posibilidad de apoyar el sitio de la reserva como lugar para estudios biolgicos y visitas de estudiantes. LA EXCUSA PARA SEGUIR INVADIENDO.- Los mencionados lderes de las tantas invasiones que han sido identificados en prrafos anteriores, alegan que las escrituras de compraventa de estos terrenos a la Comuna Salango, son nulas, sin embargo, seora Ministra, se ha comprobado hasta la saciedad que los predios en referencia son de absoluta y legtima propiedad de Inmobiliaria Tocuyo S.A.

A pesar de que el terreno en cuestin era claramente de propiedad de la Comuna Salango, para evitar futuros problemas o dudas que se pudieran suscitar con respecto a la legalidad de la compraventa, se insisti ante el Ministerio de Agricultura y Ganadera que pida un pronunciamiento por parte del Procurador General del Estado con respecto a la aplicacin de los artculos 83, 84 y 85 de la Constitucin. El 28 de agosto de 2001, el Procurador General del Estado absuelve la consulta planteada, indicando que los pueblos montubios son una realidad social distinta de los pueblos indgenas, por lo tanto las normas contenidas en los artculos 83 y 84 de la Constitucin Poltica no le son pertinentes, por lo que las tierras comunitarias de propiedad de las comunas de pueblos montubios pueden ser objeto de divisin o enajenarse (Las negritas no son del original). A pesar de que el pronunciamiento del Procurador General del Estado es vinculante y obligatorio para la Administracin Pblica, el Ministerio hizo caso omiso de ste y mediante Oficio de fecha 20 de noviembre de 2001, y habiendo operado ya el silencio administrativo positivo, el Director Nacional de Desarrollo Campesino niega la solicitud de autorizacin de venta del terreno. Esta negativa oblig a la Comuna Salango a presentar un Recurso de Amparo Constitucional contra el Ministro de Agricultura y Ganadera. El Juez resolvi aceptar el Recurso de Amparo disponiendo la suspensin del Acto Administrativo contenido en el Oficio No. DDC/DGOC del 20 de noviembre de 2001. Esta ltima resolucin, es apelada por el Ministerio de Agricultura y Ganadera ante el Tribunal Constitucional, que sin embargo, resolvi confirmar la Resolucin del Juez de instancia. El 31 de diciembre de 2001 se otorgan las escrituras de compraventa por parte de la Comuna Salango, a favor de Inmobiliaria Tocuyo S.A., debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantn Puerto Lpez. En dicho predio, Inmobiliaria Tocuyo S.A., deja un camino peatonal que permita el acceso a la playa por parte de los residentes de Salango y Ro Chico, as como el acceso de vehculos o equipos que fueren necesarios para faenas de pesca de arrastre o rescate en caso de varamiento de alguna embarcacin, como se estipul en dicho documento. Cabe destacar que esta servidumbre siempre se respet, y jams se obstruy el paso de personas a la playa de Rio Chico, como se ha demostrado por dems en fotos y testimonios. SOLICITUD.- Desde su llegada a Salango hace 16 aos, Robinson Arcos y Jorge Eduardo Salazar, no han hecho ms que traer problemas y lucrar a costa de los habitantes. Tomaron posesin de la Comuna Salango y con artificios cambiaron su nombre y crearon una Comunidad de Salango, para no estar sujetos a ningn tipo de control, y hacer caso omiso de los deberes democrticos.

Acudo a usted, seora Ministra, en vista de que durante aos se han interpuesto incontables acciones judiciales que sin embargo, han demostrado no tener valor alguno ante gente inescrupulosa e inconsciente. Dejando de lado por un momento los derechos constitucionales a la propiedad privada, y olvidando las interminables instancias que se han agotado en el campo judicial, mismas que han concluido siempre a favor de Inmobiliaria Tocuyo, vale la pena invertir tiempo y dinero en cuidar y defender la naturaleza para que de un da para otro sea destruida con ayuda de la misma Polica y el aval de un Alcalde? Dnde queda la seguridad jurdica de este pas? No es acaso deber moral y constitucional, tanto de ecuatorianos como de extranjeros que residan en este pas y en el mundo, cuidar nuestro patrimonio natural y velar por la biodiversidad, para que sta pueda ser gozada por las generaciones futuras? Usted, seora Ministra, quien ha demostrado durante todos estos aos su genuina preocupacin por la conservacin, es nuestra ltima esperanza para resolver un problema que se ha venido alargando durante aos. Hoy ms que nunca, es necesario que se cumplan los principios ambientales estipulados en la Constitucin y que el Estado, por medio de las instituciones correspondientes, garantice la conservacin y la regeneracin natural de los ecosistemas, como se establece en el artculo 395 de la Carta Magna. Se ha demostrado claramente la violacin de principios fundamentales y derechos consagrados en los artculo 66, numerales 22, 26 y 27 y artculos 71, 72, 73, 74 de la Constitucin, en los cuales se enumeran los DERECHOS DE LA NATURALEZA, entre los cuales se encuentra el respeto a su existencia, su mantenimiento, la regeneracin de sus ciclos vitales, restauracin, etc. Es inconcebible seora Ministra, que siendo la naturaleza sujeto de derecho para nuestra Constitucin, sta quede en total indefensin frente a atropellos como los relatados. Aydenos a protegerla. Le hacemos una invitacin formal para que visite los terrenos en cuestin, vea lo que se ha hecho, y juzgue por usted misma. Le ruego que de existir cualquier reunin programada para tratar este tema, se me otorgue un espacio para mi defensa, y la defensa de la reserva. Atentamente, Patrick Bredthauer Backhoff Representante Legal TOCUYO S.A.