caso granda
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO MILITAR
DE COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA DE LA F.A.N.
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN
COORDINACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
INTEGRANTES: CAP. LUIS REINALDO CHACON COLMENARES CAP. JOSE RAMON GOMEZ RODRIGUEZ
1TTE. JULIANO RODRIGUEZ HERNANDEZ
FUERTE TIUNA, 08 DE FEBRERO DE 2012.
INTRODUCCION
En la presente investigación realizaremos un estudio de un caso de violación de la Soberanía Nacional, el cómo esto influye en la Seguridad y Defensa de la Nación, dejando a los poderes públicos del estado hacer respetar todos los estamento jurídicos de base constitucional e internacional para prevenir la violación de nuestra soberanía.
La Fuerza Armada Nacional, debe ser el garante de hacer respetar nuestra soberanía para que junto al pueblo obtengamos nuestra seguridad y defensa nacional. El Caso Granda desato el conflicto diplomático más importante durante los últimos veinte años entre Venezuela y Colombia, donde se puede observar la intromisión de otras naciones de grandes poderes con el fin de desencadenar conflictos armados que los ayuden a obtener lo que necesitan.
ARTICULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Artículo 1.- La seguridad y defensa nacional son de la competencia y
responsabilidad del estado. Todas las personas venezolanas, naturales o
jurídicas, cualquiera sea el lugar donde se encuentren, son igualmente
responsables por la seguridad y defensa de la República en los términos de la
presente ley. Igual responsabilidad incumbe a las personas jurídicas extranjeras y
a las naturales del mismo origen, domiciliados, residentes o transeúntes en el
territorio nacional con las excepciones que establezcan las leyes.
Artículo 2.- Las previsiones necesarias para la seguridad y defensa de la
República son de carácter permanente.
Artículo 3.- La seguridad y defensa de la República comprenden
fundamentalmente:
1. El estudio, planificación y adopción de las medidas relacionadas con la
preparación y aplicación del potencial nacional para la preservación de su
patrimonio;
2. La garantía y el empleo racional del poder nacional en todo conflicto interior
o exterior, conmoción o catástrofe que puedan perturbar la paz de la
República;
3. El fortalecimiento de la conciencia de todos los habitantes de la Nación,
sobre la importancia de los problemas inherentes a la soberanía e
integridad territorial de la República.
Artículo 4.- Los documentos de cualquier naturaleza y otras informaciones
relacionadas con la seguridad y defensa de la Nación, son de carácter secreto y
su divulgación o suministro y la obtención por cualquier medio ilegítimo
constituyen delito y serán sancionados conforme al Código Penal o al de Justicia
Militar, según sea el caso.
CASO DE VIOLACION A LA SOBERANIA VENEZOLANA POR PARTE DEL GOBIERNO COLOMBIANO
El Caso Rodrigo Granda de las FARC, se refiere al incidente diplomático
sucedido a principios de 2005 entre los gobiernos del presidente venezolano Hugo
Chávez y del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por la aprehensión del
dirigente de las FARC alias "Rodrigo Granda" el 13 de diciembre de 2004.
El incidente diplomático fue resuelto por la mediación de Fidel Castro. El
presidente Chávez exigió al gobierno colombiano una disculpa, por considerar que
el hecho era una "violación de la soberanía venezolana", y acusó a Estados
Unidos de intentar dañar las relaciones entre los dos países. El presidente Uribe,
por su parte, se negó a presentar disculpas argumentando que Colombia era el
país ofendido, ya que el gobierno de Venezuela "daba refugio a „terroristas‟ de las
FARC".
Arresto de Granda en Colombia
El gobierno colombiano inicialmente anunció la captura de Granda en
Cúcuta el 4 de enero del 2005 sin hacer referencia a los hechos ocurridos en
Caracas. El ministerio del Interior de Venezuela inició una investigación al
respecto cuando surgieron las primeras denuncias, entre ellas las de la diputada
Iris Varela y del diputado Luis Tascón, referente a que Granda habría sido
secuestrado en complicidad con funcionarios policiales venezolanos que habían
sido sobornados, en violación de la soberanía del país. El ministerio de Defensa
de Colombia reconoció el 12 de enero que se había pagado una recompensa por
capturar al miembro de las FARC, pero negó que se hubiera violado la soberanía
venezolana. El 13 de enero Venezuela llamó a consultas a su embajador, mientras
que el vicepresidente José Vicente Rangel expresó que Colombia, en lugar de
realizar secuestro y una violación de la soberanía, debería haber pedido a Granda
en extradición.
Reacción de las FARC
Mediante un comunicado las FARC calificaron el caso Granda como "un
precedente lamentable del gobierno venezolano" y pidieron al presidente Chávez
"dar garantías a organizaciones bolivarianas", a raíz de la captura de Granda.
“Ante lo ocurrido en Caracas por el secuestro de Rodrigo solicitamos al gobierno
Bolivariano de Venezuela fijar una posición frente a las garantías a las demás
organizaciones bolivarianas que eventualmente visiten su país". El comunicado
dice que Granda fue "secuestrado" en Caracas por los servicios de inteligencia
colombianos y de inmediato deportado "con la asesoría gringa y el apoyo cómplice
de los sectores corruptos de la policía venezolana"
Crisis diplomática
El incidente desató una crisis que llevó al rompimiento de las relaciones
comerciales mediante el cierre de la frontera a partir del 14 de enero según fue
anunciado por el presidente de Venezuela, además de la retirada de los
embajadores de ambos países. La tensión aumento aun más cuando el gobierno
Estados Unidos apoyó explícitamente a Colombia en el conflicto, llegando los
voceros estadounidenses a acusar abiertamente a Venezuela de apoyar a las
FARC.
La crisis se resolvió cuando se realizó una reunión presidencial bilateral de
carácter privado el 15 de febrero de 2005, a continuación del cual se realizara un
acto conjunto de reconciliación pública. Durante la reunión ambos presidentes
agradecieron la mediación de los gobernantes de Cuba, Brasil y Perú.
El conflicto de Venezuela con Colombia disminuyó, pero aumentó el de Venezuela
con Estados Unidos, ya que el gobierno de este país acusó al gobierno
venezolano de desestabilizar a los países de Latinoamérica, mientras que
Venezuela acusó al gobierno norteamericano de querer profundizar la crisis.
Liberación de Granda
Existen informaciones de que Rodrigo Granda, para la época en que fue detenido,
mediaba al parecer un acercamiento entre las FARC y el y Colombia.
El 4 de junio de 2007, Granda fue excarcelado por la intermediación del presidente
francés Nicolás Sarkozy, que acababa de asumir el puesto, frente al presidente
Uribe. Días antes, este último propuso sorpresivamente una excarcelación de
guerrilleros argumentando "razones de estado" no reveladas inicialmente, y
también afirmó que con esto buscaba propiciar un acuerdo humanitario con las
FARC. Las FARC han rechazado la propuesta que calificaron de "engaño"
aduciendo que con esto Uribe pretende gobierno de Francia con el propósito de
restablecer relaciones entre el grupo armado y tres países europeos (España,
Francia y Suiza) que dialogaban por la liberación de Ingrid Betancourt y otros
secuestrados del "intercambio humanitario" y sin el consentimiento del gobierno
colombiano. Dicha información provocó roces entre los gobiernos de Francia
Ocultar el escándalo de la Para política y el de las interceptaciones ilegales.
Mientras tanto los insurgentes siguen exigiendo como condición para el
intercambio que este se haga por medio de una zona desmilitarizada en los
municipios de Pradera y Florida, propuesta que ha sido rechazada en varias
ocasiones por el gobierno.
Aún no está claro si la organización armada avaló la liberación de Granda pero
algunos analistas y el propio gobierno francés consideran la liberación como
clave para que la estrategia del gobierno funcione y se pueda lograr el acuerdo
humanitario.
Reconstrucción de los hechos que suscitaron la crisis diplomática
En la capital de Venezuela, Caracas están convencidos de que la crisis entre
Colombia y Venezuela estalló cuando el presidente Hugo Chávez se enteró de que
miembros de la Guardia Nacional o grupos policiales recibieron una recompensa por
ayudar en la 'captura' del guerrillero de las Farc Rodrigo Granda.
Y así lo habría ratificado el hecho de que durante un mes -desde el 13 de diciembre,
día de los hechos, hasta el 13 de enero- las autoridades del entorno del gobierno del
presidente Chávez, mantuvieron su silencio.
"El ministro de la defensa colombiano, ha calibrado la gravedad de su declaración al
asumir públicamente que pagaron un soborno por secuestrar a una persona en un
país extranjero -denunció Rangel- (...) es extremadamente grave porque entre los
sobornados están efectivos de la Fuerza Armada Venezolana"
Hasta ese momento, la parquedad de Caracas para hacer cualquier tipo de reclamo
sobre el episodio provocó interrogantes. Surgieron hipótesis a manera de respuesta y
todas ellas asumían que de una u otra manera ambos presidentes sabían que la
'captura' de Granda se había dado en Caracas y para evitar complicaciones lo
estaban 'manejando'.
Algunos aseguraban que la actitud del gobierno de Venezuela tenía que ver con las
renovadas buenas relaciones personales entre los dos presidentes; otros, sostenían
que a ninguno de los dos gobiernos les convenía hacer bulla porque de fondo estaba
la ilegalidad de una captura sin mediar la orden de Interpol, e incluso hubo quienes
dejaron entrever que era un procedimiento ya probado.
De hecho, el ex ministro de Interior y Justicia de Colombia, Fernando Londoño,
reconoció que el procedimiento era el mismo utilizado en el caso 'Tyson'. La Policía
de Colombia detuvo a este guerrillero del ELN en abril del 2003 y lo mostró como
detenido en Puerto Santander (Norte de Santander) a pocos metros de la línea
fronteriza y desde ese momento se expresaron las dudas de si su captura se había
producido en Venezuela.
La estrategia entonces, en el caso Granda, parecía ser la de que las dos partes
guardaban silencio. Tanto así que el 15 de diciembre -un día después de que la
Policía de Colombia lo presentó como si hubiera sido capturado en Cúcuta-, EL
TIEMPO publicó un artículo advirtiendo que podía haber sido detenido en Caracas el
13 de diciembre. Pero tras la denuncia, los dos gobiernos guardaron silencio.
Lo que no contaban era que el caso se podía complicar porque ya desde el 13 de
diciembre distintas entidades del Gobierno filtraron a los medios la captura de un 'pez
gordo' de las Farc, el mismo presidente Uribe en por lo menos dos reuniones privadas
comentó con orgullo que la captura se produjo en Venezuela y las Farc no querían
desaprovechar la oportunidad de poner en aprietos a los gobiernos.
Luego, cuando grupos "bolivarianos" y "revolucionarios" comenzaron a agitar las
aguas alegando por distintos medios en Caracas que se había violado la soberanía
venezolana, también se tuvo la impresión de que los dos gobiernos estaban
sintonizados.
En ambos países salieron a hablar los ministros encargados de la Policía, no le dieron
tratamiento diplomático al episodio y cada capital exponía unos argumentos mínimos
para explicar su actuación. Bogotá decía que ellos lo habían capturado en Cúcuta y
Caracas que estaban investigando.
En cuestión de días la publicación de más detalles sobre el 'secuestro' de Granda -y
el comunicado de las Farc en el que se quejaban y solicitaban explicaciones al
gobierno venezolano- provocó la primera declaración del ministro del Interior de
Venezuela, Jesse Chacón, el 6 de enero.
El domingo 9, habló por primera vez del caso el presidente Hugo Chávez más para
salirles al paso a las insinuaciones de que su gobierno había nacionalizado a un
guerrillero de las Farc. Con el viejo pasaporte de Granda en su mano, aseguró que el
llamado "canciller" parecía haber hecho una vida normal y legal casi todo el tiempo,
incluso ante los ojos de las autoridades colombianas.
Esa fue la primera vez que el presidente Chávez aseguró que la policía de Colombia
estaba mintiendo sobre la captura de Granda en Cúcuta y sugirió su participación en
el secuestro, a espaldas del presidente Uribe.
El tratamiento que Chávez le ha dado a Uribe en el episodio ha sido una constante: lo
ha eximido de culpa. Solamente, este viernes en la noche, y al comentar la respuesta
dada por el mandatario colombiano a su exigencia de una rectificación, el venezolano
"ojalá el presidente de Colombia reflexione y no termine apoyando el delito que
cometieron aquí".
Destapan las cartas Luego, el parlamento venezolano, liderado por la diputada Iris
Varela, anunció la creación de una comisión para investigar las circunstancias del
secuestro. Varela advirtió que podría tratarse de una operación encubierta en la que
participaron funcionarios colombianos.
Pero fue el miércoles de esta semana cuando se produjo un hecho que calentó los
ánimos de las autoridades venezolanas: el reconocimiento, por parte del ministro de
Defensa colombiano, Jorge Alberto Uribe, de que el Gobierno pagó recompensa por
obtener información para capturar a Granda.
Al día siguiente, tomó el micrófono el vicepresidente venezolano, José Vicente
Rangel, y advirtió que "la pelota estaba del lado colombiano". Chávez ya había
llamado a consultas al embajador en Bogotá, Carlos Santiago Ramírez, quien
amaneció el jueves en Caracas.
Ese día, hubo cruce de declaraciones entre los vicepresidentes de los dos países.
Mientras Rangel aseguró que el ministro de Defensa colombiano y su gobierno
formaron parte de un "soborno" y, por lo tanto, estaban involucrados en el "secuestro",
Francisco Santos defendió el pago de recompensas y dijo que los cazar recompensas
del mundo eran bienvenidos en Colombia para capturar a los bandidos de los grupos
armados ilegales.
Por su parte el ministro del Interior de Venezuela, Chacón, dio una rueda de prensa
en la que quedaron claros dos propósitos: uno, tratar de librar al Gobierno de
Venezuela del señalamiento de ser refugio de guerrilleros -insistió en que Granda
había utilizado documentos falsos y que no existía orden de captura en su contra- y
dos, trasladar la culpa a la cancha de Colombia acusando al Gobierno del presunto
secuestro.
En ese momento se hizo evidente la falta de tratamiento diplomático entre los dos
países. Y en particular, el hecho de que Colombia no tiene técnicamente embajador
en Caracas, pues tras cuatro meses en esa capital Chávez no le ha recibido las cartas
credenciales.
Esa noche, el gobierno venezolano reveló que fue un grupo de militares venezolanos -
del Ejército y la Guardia Nacional- quienes, en contacto con el Gaula y la Dijín,
concretaron el pago de la recompensa y el secuestro del "canciller".
Hasta ese momento la cancillería venezolana estuvo relativamente en calma. El
llamado a consultas al embajador no produjo la típica nota de protesta, por lo que todo
parecía indicar que el gobierno venezolano no daría otros pasos.
Ese jueves, en la Casa de Nariño se dieron cuenta de que la temperatura subía y ante
la posibilidad de que Chávez se viniera con todo, sacaron de la gaveta varias
resoluciones de la ONU para defenderse. Las cartas que Uribe se podía jugar eran las
de ratificar el compromiso de todo el mundo de luchar contra el terrorismo y las
normas que prohíben expresamente que un país -como en este caso sería
Venezuela- fuera refugio de terroristas.
La jugada sería interesante en la medida en que trata de centrar el debate sobre la
necesidad de combatir de manera conjunta el terrorismo, para tratar de bajarle el perfil
al debate de si Colombia violó o no la soberanía de un país vecino.
Por eso, si bien hasta esta semana no existía ninguna investigación contra Granda
distinta a rebelión (la orden de captura es de agosto del 2004), en la mañana del
viernes el fiscal general Luis Camilo Osorio anunció que le iniciaron investigación por
su supuesta participación en el lío de las armas de la conexión Montesinos-Farc. Es
decir, se le da a Granda un estatus de investigado por terrorismo -que justifica el
argumento del gobierno Uribe- y ya no solo por rebelión.
De hecho, la Interpol había rechazado la orden de captura internacional contra
Granda, al parecer por tratarse de un delito que como la rebelión no es aceptado en
las circulares rojas.
Curiosamente, y como si fuera parte de una sola estrategia, ese mismo viernes dos
de los periódicos más importantes de Washington coincidieron en arremeter contra
Chávez con argumentos muy similares. Un editorial del Washington Post señaló que
Venezuela dio "santuario" al guerrillero Rodrigo Granda pese a pertenecer a una
organización catalogada por E.U. como "terrorista", criticó las leyes de mordaza a la
prensa y expropiación de tierras, y los esfuerzos por distanciarse de Estados Unidos y
"otros países vecinos" y de las medidas tomadas luego de los ataques del 11 de
septiembre.
Y de otro lado el Washington Times en un artículo reveló que la Casa Blanca
endurecería su posición frente a Venezuela por su actitud hostil hacia Estados Unidos
y acusó a Chávez de "apoyar grupos radicales" de otros países de la región como las
Farc y "minar los gobiernos democráticamente elegidos". Y menciona en particular la
necesidad de cooperación de antiterrorismo y antinarcóticos.
Ese mismo viernes, y como lo presagiaba Bogotá, la crisis estalló en Caracas.
Chávez, aprovechando el solemne discurso de rendición de cuentas anual ante la
Asamblea Nacional, anunció que el embajador Carlos Santiago no regresaría a
Bogotá y que los negocios entre los dos gobiernos quedaban suspendidos si no había
una disculpa colombiana a la violación de la soberanía venezolana.
El discurso de Chávez interrumpió el Consejo de Ministros de dos días que había
iniciado Uribe en Bogotá. El Presidente se encerró en una sala de la Casa de Nariño
con el Vicepresidente, la Canciller, los Ministros de Interior y Defensa, la ex
embajadora María Angela Holguín, el Alto Consejero presidencial y sus dos
consejeros de comunicaciones a redactar una respuesta, que fue consultada con
varios ex presidentes.
En un comunicado de nueve puntos, no pidió disculpas, dijo que los miembros de la
ONU no pueden albergar a terroristas de manera "activa" o "pasiva" y afirmó que
Granda es un miembro de una organización terrorista y que en esa condición participó
en el Congreso Bolivariano de diciembre en Caracas.
Además, respaldó a la Policía Nacional, negó que Colombia hubiera violado la
soberanía venezolana y le pidió al gobierno de Chávez activar un mecanismo para
resolver las diferencias entre los dos países.
Antes de acabar ese viernes crítico, Chávez volvió a responder a Uribe y dijo estar
"preocupado" por la respuesta de su homólogo, le pidió 'reflexionar' e insistió en que
"un delito -el terrorismo- no se combate con otro delito -el supuesto secuestro-".
Ayer sábado, sin embargo, aunque la tensión no cedía, se sintieron ciertos aires de
calma. El presidente Álvaro Uribe dijo a sus ministros -en la continuación del Consejo
interrumpido- estar dispuesto a discutir cara a cara con su colega venezolano.
Sobre el tema conversaron los cancilleres de los dos países. El viernes en la noche la
ministra Carolina Barco llamó a su colega venezolano Alí Rodríguez para comentarle
el interés de Colombia en crear un mecanismo de mayor jerarquía de los que hoy
existen para abordar la crisis. Rodríguez, con la parquedad que lo caracteriza, dejó
entrever que no habría problema.
A todas estas, según fuentes del alto gobierno, durante todo el episodio los dos
presidentes no se han puesto en contacto. "Solo conversaron por teléfono el 2 de
enero, se dieron el feliz año, pero no hablaron nada del tema", dicen.
El presidente Álvaro Uribe ha decidido que donde se puede jugar su suerte con
Venezuela es pidiéndole ayuda a la comunidad internacional con el argumento de la
obligación de la lucha contra el terrorismo del mundo entero.
La principal carta en la que se apoya Colombia es la resolución 1373 de la ONU,
expedida el 28 de septiembre del 2001 como reacción a los ataques terroristas del 11
de septiembre en E.U. La norma obliga a todos los países de Naciones Unidas a
cooperar en la lucha antiterrorista, a negarles refugio a terroristas, a controlar las
fronteras -incluyendo la revisión exhaustiva de documentos de migración y a extraditar
o a perseguir a los terroristas en cada país.
El documento sirve, según analistas consultados, a manera de argumento para exigir
a otra nación ciertos comportamientos, sin embargo, en la práctica al que lo incumple
no le pasa nada.
"El mecanismo de auditoría, principal instrumento antiterrorista del Consejo de
Seguridad, muestra señales de fatiga. Está basado en la presentación de informes de
los Estados. El Comité contra el Terrorismo que los analiza no tiene capacidad de
sancionar y, debido a que los Estados están presentando su segundo o tercer
informe, su poder recomendatorio está agotado", explica Laura Gil, internacionalista y
experta en el tema ONU.
En vista de sus limitaciones, el Consejo de Seguridad expidió otra resolución, la 1566
del 2004, con la cual pide al Comité contra el terrorismo de la ONU que empiece a
visitar a los países y crea un grupo de trabajo para que se empiecen a discutir
medidas para darle más dientes a la 1373.
Otra carta que se juega Colombia es la posibilidad de llevar la diferencia con
Venezuela a la OEA.
Las 'metidas de pata' La crisis desatada entre Colombia y Venezuela habría podido
reducirse -incluso después de conocerse la detención de Granda en Caracas de
manera irregular- si varios funcionarios públicos colombianos hubieran medido el
alcance de sus declaraciones.
Las explicaciones iníciales y contradictorias de la Policía y las reacciones de alto
voltaje del alto gobierno, encabezadas por el Vicepresidente y el Ministro de la
Defensa, atizaron la hoguera y le dieron insumo a grupos de presión del vecino país.
Esta es una colección de las declaraciones que se escucharon en distintos medios de
comunicación en la última semana:
Martes 13 de diciembre: "Cayó un pez gordo de la guerrilla", dijo un alto funcionario
del Gobierno en una reunión privada.
"Granda cruzó la frontera, en la calle, en un operativo relámpago, fue capturado por la
Policía", general Jorge Daniel Castro, director de la Policía. Otras versiones de la
Policía: "Captura fue en hotel de Cúcuta", "Fue en una calle, cuando iba a entrar a un
hotel", "Captura se hizo en La Prada, corregimiento de Cúcuta".
"Autoridades colombianas capturaron a través de su Policía y en territorio colombiano
a un ciudadano colombiano que forma parte de un grupo narcoterrorista", "Policía no
ha violado ni el territorio ni la soberanía venezolana, eso queda ratificado por mí",
"Recompensa la pagamos una vez lo recibimos en Cúcuta.
¿Quiénes lo entregaron? No es del caso dar esa información", Ministro de Defensa.
"Ojalá vinieran todos los caza recompensas del mundo a capturar a estos bandidos, la
plata está ahí para ellos y las recompensas son bastante buenas", vicepresidente
Francisco Santos.
• Texto del comunicado de la casa de Nariño (14 de Enero de 2005)
1. El pueblo colombiano tiene el derecho de liberarse de la pesadilla del terrorismo.
2. La política de recompensas es un instrumento legítimo de los Estados, que ayuda
en el proceso de derrotar el terrorismo.
3. Las Naciones Unidas prohíben a los países miembros albergar terroristas de
manera “activa o pasiva”.
4. El señor Granda es reconocido y notorio vocero e integrante del grupo terrorista de
la FARC.
5. El señor Granda participó en un Congreso Bolivariano realizado en Caracas los
días 8 y 9 de diciembre de 2004, en representación de la FARC.
6. La Policía de Colombia ha explicado de manera clara y contundente que no ha
violado la soberanía de Venezuela.
7. El Gobierno de Colombia reitera al mundo entero la necesidad de ayudarnos en la
captura de los terroristas que han secuestrado, masacrado y empobrecido al pueblo
colombiano.
8. El Gobierno de Colombia reitera su propósito de tener constructivas relaciones con
el Gobierno y el Pueblo de Venezuela.
9. También propondremos nuevamente al Gobierno de Venezuela la creación o
activación de un mecanismo binacional para examinar los hechos que los gobiernos
estimen conveniente.
Casa de Nariño
Bogotá, enero 14 de 2005
Fuente: eltiempo.com
• Texto del comunicado de la casa de Nariño (16 de Enero de 2005)
1. El derecho de los pueblos a liberarse de los terroristas necesita la cooperación
eficaz y resuelta de todos los gobiernos democráticos.
2. Colombia paga recompensas a informantes que permitan la captura de terroristas.
No soborna. Venezuela debe presentar las pruebas sobre el supuesto soborno a
funcionarios.
3. No se puede caer en el cínico engaño de la FARC que presenta como secuestro la
captura de los secuestradores.
4. Colombia entregará pruebas al Gobierno de Venezuela sobre la protección que
funcionarios de ese país le otorgaban al señor Granda. El albergue de terroristas viola
la soberanía de Colombia, país ofendido, por cuanto aumenta el riesgo de terror
contra su ciudadanía.
5. Colombia no acepta que representantes de grupos terroristas sean admitidos en un
evento político patrocinado por instituciones oficiales de Venezuela. Una cosa es la
oposición política y otra muy diferente es el terrorismo.
6. Con extrañeza se lee en el Comunicado de la Cancillería de Venezuela que en el
caso Granda se quiere involucrar a 4 policías colombianos. Las autoridades de
Venezuela oportunamente conocieron que se trataba de otro operativo anti
narcotráfico. Fueron investigados y liberados.
7. Colombia ha acudido a los canales diplomáticos y oficiales. Lo que se reclama es
que esos canales operen y sean eficaces. Una vez más se entregarán a dicho
Gobierno informaciones sobre presencia de terroristas colombianos en el territorio de
Venezuela.
Se incluirá el nombre de 7 cabecillas del terrorismo y la localización de varios
campamentos.
8. Se reitera la voluntad del Gobierno Colombiano de trabajar en armonía con el
Gobierno de Venezuela, y de acuerdo con el procedimiento que definan las
cancillerías.
9. El terrorismo no puede maltratar la unidad de nuestros pueblos.
• Recopilación de Artículos
Caracas.- La secretaria de Estado designada de los Estados Unidos, Condoleza Rice,
instó hoy a los países latinoamericanos a observar "lo que está ocurriendo" con la
democracia en Venezuela, reiterando así -en su segundo día de audiencia ante la
comisión del Senado que debe ratificarla en el cargo- las observaciones contra el
gobierno del presidente Hugo Chávez.
"En este momento preciso, tenemos a un Gobierno en Venezuela que no ha sido
constructivo en varias importantes maneras", dijo Rice que ayer lo calificó como una
"fuerza negativa en la región"
"Instaría a los vecinos en su conjunto y al Gobierno venezolano que observen lo que
está ocurriendo con la democracia venezolana", explicó. "Se trata de una cuestión de
tristeza y no de enojo", agregó en declaraciones que recogió.
"Creo que en estos momentos debemos considerar al gobierno venezolano como una
fuerza negativa en la región. Negativa en cuanto el efecto que tiene sobre sus
vecinos, negativa al acoger al único país no democrático de la región (Cuba), y
negativa en lo que está haciendo dentro de su país, de suprimir la oposición", señaló
Rice ayer y agregó: "Es un tema muy, muy delicado".
”La cifra oficial que se maneja por el pago de la recompensa que permitió la captura
de Granda es de 350 mil dólares, dinero que fueron entregados a las personas que
facilitaron la captura del guerrillero de las Farc, así quedó oficializado el documento
confidencial sobre el pago de la recompensa”,
Precisamente, el reconocimiento del pago de la recompensa fue el detonante de la
crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, que implicó desde el viernes pasado el
retiro del Embajador de Venezuela en Bogotá y la suspensión de las relaciones
económicas entre los dos gobiernos.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo hoy que se debe diferenciar a los
dirigentes de izquierda de los terroristas, al hacer referencia a las guerrillas
izquierdistas, y reiteró que "el problema de Colombia no es con Venezuela sino con
las FARC", "Una cosa es la oposición política y otra es el terrorismo, una cosa es un
dirigente supuestamente de izquierda, autoproclamando de izquierda, que sea
dirigente de oposición y otra cosa es un terrorista", aseguró.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez Frías; afrontan la crisis más grave que se ha presentado entre los dos países
desde 1987. El caso ha centrado la atención informativa de lado y lado de la frontera.
Gobierno colombiano asegura que Venezuela alberga terroristas y viola su soberanía
(17 de Enero de 2005) y dice que entregará al gobierno de Hugo Chávez "el nombre
de 7 cabecillas del terrorismo y la localización de varios campamentos".
"El albergue de terroristas viola la soberanía de Colombia, país ofendido, por cuanto
aumenta el riesgo de terror contra su ciudadanía", dice el texto.
Estados Unidos respalda al presidente Uribe y exige a Chávez definir postura frente a
Farc (15 de Enero de 2005)
En la tarde del sábado, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood,
comunicó que su país respalda las declaraciones del presidente Alvaro Uribe en torno
a la crisis diplomática con Venezuela por la captura en Caracas del líder rebelde
Rodrigo Granda, el 'canciller' de las Farc.
"Compartimos y apoyamos 100 por ciento la declaración (de Uribe). Desde el punto
de vista nuestro era una declaración moderada, muy analítica, de importancia
trascendental no sólo para Colombia sino para la lucha antiterrorista en la región
andina. No criticaba a nadie ni se quejaba de nada", dijo el Embajador en Bogotá.
"Por primera vez y, probablemente por última vez, nosotros estamos de acuerdo con
las Farc en su declaración del 30 de diciembre pidiendo que el gobierno venezolano
fije su posición. Si las Farc tienen dudas sobre la posición del gobierno venezolano,
me puedo imaginar cómo es que otros también tengan dudas", enfatizó.
“Colombia no ha violado la soberanía de Venezuela” (15 de Enero de 2005)
“Las Naciones Unidas prohíben a los países miembros albergar terroristas de manera
„activa o pasiva‟”, le recordó el Ejecutivo colombiano a su similar venezolano. Anoche,
el presidente Chávez dijo que la respuesta dada por Colombia es “preocupante” y
advirtió al gobierno de Uribe que “el delito no se combate con más delito”.
CONCLUSION
Para culminar esta pequeña pero muy interesante investigación para
nuestro conocimiento tanto en el área militar como Venezolano que tenemos el
deber de defender nuestra patria, ante cualquier amenaza interna o externa que
quiera violar nuestra soberanía y transponer nuestra seguridad y defensa.
Podemos decir que en el caso GRANDA existió una clara violación a
nuestra soberanía por parte del gobierno colombiano al realizar operaciones de
secuestro, inteligencia, soborno a integrante de las Fuerzas Armadas Nacional,
permitir que funcionarios no autorizados den declaraciones diplomáticas sin el
debido conocimiento de los estamentos internacionales y sobre todo realizar
operaciones en secreto dentro del territorio nacional.
También se puede decir que existió violación a nuestra Seguridad y
Defensa en el momento en que el gobierno de los Estados Unidos califica a
nuestro país como santuario de guerrilleros sin tener las mínimas pruebas posibles
para dar tal afirmación.
El Gobierno de los Estados Unidos mantiene el apoyo al gobierno
Colombiano en todas sus acciones, con el fin de mantener la cooperación de este
país ante los ojos de Suramérica.
En tal sentido creeremos que las acciones tomadas por el gobierno
Venezolano fueron las más acertadas con el fin de hacer respetar nuestra
soberanía y hacerle saber al mundo que somos un país democrático pacifista pero
que estamos entrenados y capacitados para defendernos ante los ataques de
cualquier patencia extranjera.