cartilla regimen de transición ley 1996/19 (adjudicación
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Cartilla regimen de transición ley
1996/19 (Adjudicación judicial de
apoyo transitorio)
DAIRO ALBERTO MATEUS ESTRADA
GMH Abogados Primera edición
El presente documento es un fragmento del libro titulado manual
teórico – práctico del ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad (ley 1996/19) creado por el Autor Dairo Alberto
Mateus estrada fundador de web GMH Abogados, el libro completo
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VIII – RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
a- Aspectos generales
El artículo 52 de la ley 1996 del 2019 estableció que la adjudicación
judicial de apoyo contenidos en el capítulo V entrara en vigor 24
meses después de la promulgación de la referida ley, esto es, el 26
de agosto del 2021.
Teniendo en cuenta que la ley 1996 prohibió de manera tajante
iniciar procesos de interdicción o inhabilitación1, y ordeno la
suspensión de forma inmediata de los procesos de interdicción o
inhabilitación iniciados antes de la promulgación de la ley 1996 y que
se encontraban actualmente en curso2 y, además se prohibió exigir
sentencia de interdicción o inhabilitación para iniciar cualquier
trámite público o privado3. La ley 1996 creó un régimen de transición
que estará vigente desde la promulgación de la ley hasta que entre
en vigor el capítulo V de la mencionada ley.
El régimen de transición de que trata el capítulo VIII es de carácter
excepcional, y solo procederá en el evento de que la persona
discapacitada (i) se encuentre absolutamente imposibilitada para
expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio; y (ii)
siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección
de los derechos de la persona titular del acto4.
- Deberes del juez: La ley 1996 del 2019 les ha dado a los jueces de
familia en los procesos de adjudicación de apoyo una gran
discrecionalidad, casi que, a nivel de un juez constitucional. Esta ley
en su artículo 2° exige a los jueces una interpretación acorde con los
instrumentos internacionales aprobados por Colombia, entre ellos,
1 Artículo 53 ley 1996 del 2019 2 Artículo 55 ley 1996 del 2019 3 Artículo 53 ley 1996 del 2019 4 Artículo 54 Ibidem
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
la Organización de las Naciones Unidas, entrada en vigor en 20085.
Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de
convencionalidad sólo en los procesos donde se halla el quebranto
de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es
contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima
trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos
donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales,
así su protección resulte procedente o no. lo aducido porque la
enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber
de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través
de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas
nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su
jurisprudencia6, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte
no sólo a petición de parte sino ex officio7.
Los jueces tiene amplia potestad para decretar pruebas de oficio y
aún más en estos procesos, es importante que los jueces entiendan
que tienen un rol activo y que es su deber usar todas las
herramientas a su alcance para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad absoluta como lo son las pruebas de
oficios y medidas nominadas o innominadas.
Ha dicho la Corte, cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria,
es obligación del juzgador emplear los poderes oficiosos para
decretar todos los elementos de convicción que, a su juicio,
5 CSJ Radicación N° 76001-22-03-000-2019-00325-01 veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020) 6 Ibidem 7 Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C
No. 253, párrafo 330
considere convenientes para verificar los hechos alegados por las
partes, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o
el orden público.
A esa filosofía responde el canon 170 del C.G.P. cuando reza:
“(…) El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades
probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean
necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (…)”.
b. aspectos procesales
- Competencia: La ley 1996 del 2019 no contempló ningún artículo
que estableciera la competencia del proceso judicial de apoyo
transitorio, y como quiera que el artículo 35 de dicha legislación aún
no se encuentra vigente, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el
numeral 14 del artículo 21 del Código General del Proceso, según el
cual es competencia de los Jueces de Familia, en única instancia,
aquellos «asuntos de familia en que por disposición legal sea
necesaria la intervención del juez…»., siendo la adjudicación de
apoyos transitorios uno de ellos.8 La competencia será en virtud de
dos factores: por una parte, el objetivo por la naturaleza del proceso
y por otra parte el factor territorial en virtud del fuero domiciliar para
lo que se tendrá en cuenta el domicilio de la persona titular del acto
jurídico.
- Procedimiento: Por disposición expresa del inciso tercero del
artículo 54 de la ley 1996 del 2019 el proceso de adjudicación judicial
de apoyos transitorio se tramitará por el proceso verbal sumario
consagrado en el artículo 390 y subsiguientes del Código General del
Proceso.
Este proceso es el apropiado por ser el más expedito, de esta forma,
se cumple con el principio de celeridad consagrado en el numeral 7
8 AC253-2020 de 31 de enero de 2020,
del artículo 4 de la ley 1996 del 2019. Esto teniendo en cuenta que
en el proceso verbal sumario solo se realiza una audiencia.
- Determinación de las partes: Al ser un proceso contencioso que se
lleva por la senda del verbal sumario se debe conformar el respectivo
contradictorio, identificando quienes conforman los extremos de la
relación jurídico procesal tanto por activa (demandante) como por
pasiva (demandado).
Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda será iniciada por una
persona con interés legítimo, y que acredite una relación de
confianza con la persona titular del acto, es importante resaltar que
el demandante debe allegar con la presentación de la demanda la
prueba que acredite el interés legítimo que puede ser un registro
civil de nacimiento, acta de matrimonio, declaración jurada entre
otros.
La persona contra quien se dirige la demanda es el titular del acto
jurídico esto es la persona con discapacidad. Esto teniendo en cuenta
lo dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la ley 1996 del 2019
que a su tenor dice:
“La persona titular del acto jurídico podrá oponerse a la adjudicación judicial
de apoyos en cualquier momento del proceso”
Es por ello, que la persona con discapacidad absoluta funge como
demandado, y se le debe notificar según la forma establecida en los
artículos 291 y SS del Código General del Proceso, y el artículo 80 del
Decreto 806 de 2020.
- Demanda: La demanda deberá reunir los requisitos previstos en el
artículo 82 del Código General del Proceso esto es:
1. La designación del juez a quien se dirija: en atención a la
naturaleza del proceso y al factor territorial se deberá dirigir al juez
de familia del lugar del domicilio de la persona con discapacidad.
2. El nombre y domicilio de las partes. Se deberá indicar el nombre
y número de identificación del tercero con interés legítimo que actúa
en el proceso, el del titular del acto jurídico que se encuentra en
imposibilidad absoluta, el del apoderado judicial si fuera el caso, el
de las personas identificadas como apoyo, si estas son diferentes al
tercero que inicio la acción y los familiares más cercanos del titular
del acto jurídico.
3. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. En las
pretensiones es importante identificar claramente y de manera
individual los actos jurídicos que requerirán apoyo, y en el caso que
sean varios actos jurídicos y varios apoyos se deberá especificar de
manera clara y precisa que apoyo le corresponde a cada acto
jurídico.
4. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones,
debidamente determinados, clasificados y numerados.
Es importante resaltar en los hechos que la persona se encuentra
absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad, teniendo
en cuenta que es un proceso excepcional, explicar las razones
urgentes por las cuales se debe asignar un apoyo, esto es, un riesgo
en el patrimonio de la persona,
5. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer. Se deberá
aportar la prueba siquiera sumaria que lleve el convencimiento del
juez que la persona titular del acto jurídico se encuentra en
imposibilidad absoluta, de igual forma la prueba que acredite el
interés legitima de la persona que inicia la demanda, así como
también las pruebas que demuestren que la designación de apoyos
judiciales se hace necesaria “para garantizar el ejercicio y la
protección de los derechos”
6. Medida provisional. Es procedente esta medida cuando se
procura proteger y garantizar los derechos fundamentales de la
persona con discapacidad por encontrarse en riesgo inminente. Un
ejemplo sobre la procedencia de la medida provisional se da en los
eventos en que la persona tenga una falta absoluta de recursos, su
única fuente de ingresos sea una mesada pensional y la familia no
cuente con recursos suficientes para mantenerla, por ello se hace
necesario que, desde la admisión de la demanda, el despacho acceda
a la medida provisional y autorice al demandante a cobrar la mesada
pensional mientras se dicta sentencia y se le nombra Apoyo judicial
transitorio. Esto teniendo en cuenta la falta absoluta de recursos del
titular del acto jurídico y la necesidad imperiosa de que cuente con
ellos para atender sus necesidades básicas, máxime que es una
persona en estado de debilidad manifiesta e indefensión por ende
de especial protección constitucional.
7. Los fundamentos de derecho. Se tomará como fundamento de
derecho la ley 1996 del 2019 y el Código General del Proceso.
8. La dirección física y electrónica donde las partes, y el apoderado
del demandante recibirán notificaciones personales.
- Anexos de la demanda: Con la demanda deberán presentarse los
siguientes anexos:
1- Poder (en los casos que se presente mediante abogado)
2- Las pruebas que se pretendan hacer valer.
- Requisitos para la admisión: Para evitar que la demanda de
adjudicación judicial de apoyo transitorio sea inadmitida, además de
cumplir con lo consagrado en el artículo 82 del CGP y el decreto 806
del 2020 se debe estipular en la demanda lo siguiente:
Hechos:
a) Demostrar la calidad de persona con interés legítimo. Para
demostrar esta calidad se debe anexar la prueba que acredite
ese interés legítimo, entendiendo esta como la razón o causa
que motiva al accionante para acudir en defensa del titular del
acto jurídico, esto en razón a un vínculo de parentesco, de
cónyuge o compañero permanente, relación de amistad, de
cuidado etc. Se puede aportar por ejemplo un registro civil de
nacimiento, acta de matrimonio, un extrajuicio entre otros.
b) Acreditar la relación de confianza con la persona titular del
acto. No basta el vínculo legal o social del punto anterior, es
importante acreditar la relación de confianza, para ello, se
debe relacionar en los hechos por ejemplo el tiempo de
convivencia, vecindad, vínculos de ayuda etc.
c) Se debe demostrar siquiera de manera sumaria que el
demandado se encuentra en discapacidad e imposibilidad
absoluta de expresar su voluntad, para esto se puede aportar
con la presentación de la demanda un dictamen médico,
historia clínica, un certificado del médico tratante que refiera
los padecimientos y complejidad de estos, evaluación
Psiquiátrica o cualquier otro medio de prueba que lleve al
convencimiento que la persona se “encuentra absolutamente
imposibilitado para expresar su voluntad y preferencias por
cualquier medio”; Es importante resaltar que los jueces no
pueden exigir un certificado especifico que establezca esa
imposibilidad absoluta, dado que esto se debatirá en el trámite
del proceso. Lo que se busca con esta prueba no es llevar al
juez a un convencimiento pleno, si no, a un mínimo
convencimiento de su imposibilidad absoluta.
d) Deberá manifestar las razones por las cuales la designación de
apoyos judiciales se hace necesaria “para garantizar el ejercicio
y la protección de los derechos” de aquel. Es decir, determinar
el nexo causal entre la imposibilidad de ejercer la capacidad
legal y la vulneración o amenaza de sus derechos explicando las
circunstancias que así lo ameritan, señalando cuáles serían los
derechos afectados y acompañando las pruebas que así lo
acreditan; Por ejemplo, si se debe adelantar un trámite para la
pensión de sobrevivientes y para seguir el mismo se necesita la
firma de la persona, pero dada su discapacidad esto no es
posible y esta persona no cuenta con más ingresos, solo el de
la mesada pensional, por ende se hace necesario la asignación
de apoyo para seguir dicho trámite, para esto se deberá allegar
documentación que haga constar de este.
e) informar el nombre completo y dirección física y electrónica
(de no conocer la dirección electrónica manifestarlo bajo la
gravedad de juramento) de los parientes cercanos para
vincularlos en el proceso. En caso de que el demandante no
vincule a los parientes cercanos, el despacho para agilizar el
trámite y garantizar los derechos del demandado en lugar de
inadmitir la demanda puede optar por ordenar al demandante
para que indique el nombre de todos los familiares cercanos
para vincularlos al proceso.
f) indicar la dirección de residencia del titular del derecho jurídico
(la persona con discapacidad), expresando además si este
depende para su autocuidado de alguna persona, de ser así
indicar a cargo de quien se encuentra y vincularlo en el
proceso.
g) Es importante resaltar que no es necesario anexar el informe
de valoración o solicitarlo en las pruebas para que sea
decretado por el juez. Esto teniendo en cuenta que aun en el
país no existen entidades habilitadas para realizar la valoración
de apoyos, puesto el gobierno nacional no ha expedido ni el
protocolo ni la reglamentación de este, y el artículo 54 de la ley
1996 no exige el informe de valoración de apoyos para este
proceso transitorio. En este caso, el juez ordenará una visita del
Asistente Social para que realice una valoración que hará las
veces del informe de valoración de apoyo.
h) En la práctica, aunque la ley no lo exige, algunos jueces están
exigiendo que en la demanda se incluya un ítem de juramento,
en el que manifieste no encontrarse incurso en ninguna de las
inhabilidades contempladas en el artículo 45 de la ley 1996 del
2019.
Pretensiones:
i) Determinar cuáles son las clases de apoyos o salvaguardas que
solicita sean designados a la luz del artículo 5 de la ley 1996 de
2019, señalando además cuál o cuáles serán las personas que
darán esos apoyos; Es importante especificar si el apoyo es de
representación o por el contrario no implica representación,
además se debe resaltar que la solicitud de apoyo no debe ser
de manera general por ejemplo “se asigne apoyo al señor x
para asumir la representación del titular del acto jurídico en
cuanto a la administración de sus bienes”. Esto debido a que
la solicitud de apoyo debe realizarse para uno o varios actos
jurídicos específicos, puesto que el fallo en cuanto sea
favorable a las pretensiones, deberá contener cada acto
concreto para el cual se requiere el apoyo, sin que pueda
extenderse a ningún otro que no se encuentre allí citado. En
ese sentido se deberá especificar los bienes que serán
administrados por el apoyo que sea designado.
j) Señalar de manera expresa el tiempo en el que se requiere sea
brindado el apoyo, si son varios apoyos o actos jurídicos
establecer el tiempo para cada uno teniendo en cuenta que el
mismo no podrá superar la fecha final del periodo de
transición.
k) Identificar a la o las personas de apoyo que pretenden brindar
la asistencia de apoyo.
l) Individualizar cada uno de los apoyos formales solicitados,
frente a uno o varios actos jurídicos.
Si la demanda no cumple con los requisitos legales, será inadmitida
por el juez, y le concederá 5 días hábiles al demandante para que
subsane la demanda so pena de rechazo.
- Procedencia del recurso contra el auto que rechaza la demanda:
Con respecto a la procedencia del recurso de apelación del auto que
rechaza la demanda de adjudicación judicial de apoyo transitorio, no
existe clarificación en la norma como tampoco una unificación de
criterio por parte de la corte suprema de justicia existiendo 3
posiciones diferentes a saber:
1- Tribunal Superior de Medellín Familia9: La posición del Cuerpo
colegiado es que no procede el recurso de apelación en este proceso
dado que recae sobre un asunto que asume la senda de la única
instancia, pues se trata de un verbal sumario, situación que impide
su admisión. El tribunal lo fundamenta así:
“En materia adjetiva Civil, los recursos son eminentemente reglados, principio
general al cual no escapa el de apelación, lo cual significa que, en virtud de la
especificidad que gobierna el tema de la alzada, es indispensable que una norma
concrete la procedencia de la apelación de la providencia censurada, o lo que es lo
9 Auto Nº 052663110001 2019-00482 01 del Tribunal Superior de Medellín Familia, 11-12-2019
mismo, que expresamente el Legislador la señale, como susceptible de ser atacada,
por esa vía. De no acaecer ello, el proveído cuestionado no puede ser recurrido, en
apelación, dado que, en ese ámbito no campea la analogía o interpretaciones
extensivas de disposiciones que regulen situaciones semejantes.
El anotado principio tiene por finalidad evitar la dilación de los procesos, mediante
maniobras que pudieran convertirlos en interminables o generadores de extremo
desgaste para los contendientes, que tornarían en ineficaces las decisiones de los
jueces y atentaría contra la economía procesal.
La taxatividad, en materia de apelación, refulge del artículo 321 ídem, contentivo de
una relación taxativa, que no enunciativa, de los actos que son apelables, y de las
demás disposiciones que, regulando dicho recurso, señalan expresamente su
procedencia, siempre que se emitan, en la primera instancia.
En este evento, la apelación, concedida por el señor juez del conocimiento, recae
sobre un asunto que asume la senda de la única instancia, pues se trata de un
verbal sumario, situación que impide su admisión y, por consiguiente, su definición.
En efecto, la Ley 1996, de 26 de agosto de 2019, vigente a partir de esa fecha, dado
que se promulgó, en el Diario Oficial 51.057 de esa data, salva las excepciones que
ese estatuto consagra, en su Capítulo VIII, denominado “Régimen de transición”,
artículo 52, al regular su vigencia, que “Las disposiciones establecidas en esta ley
entrarán en vigencia desde su promulgación, con excepción de aquellos artículos
que establezcan un plazo para su implementación y los artículos contenidos en el
Capítulo V de la presente ley, los cuales entrarán en vigencia veinticuatro (24) meses
después de la promulgación de la presente ley” (Resaltado de la Sala).
La precedente regulación implica que, en la ahora de ahora, no se pueda aplicar, por
no estar vigente, el aludido Capítulo V, llamado “Adjudicación judicial de apoyos”,
comprendido por los artículos 32 a 43, entre los cuales se hallan, el 35 que dispone:
“Modifíquese el numeral 7 contenido en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012,
quedará así.
“Artículo 22. Competencia de los jueces de familia en primera instancia. Los
jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos:
“7. De la adjudicación, modificación y terminación de apoyos adjudicados
judicialmente”.
Y el 36 que dicta:
“ADJUDICACIÓN DE APOYOS SUJETO A TRÁMITE DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA. Modifíquese el numeral 6 del artículo 577 de la Ley 1564 de
2012, así: “Artículo 577. Asuntos sujetos a su trámite. Se sujetarán al
procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes casos: “6. La
adjudicación, modificación o terminación de apoyos en la toma de decisiones
promovido por la persona titular del acto jurídico”. La precedente situación
impedía que el señor juez, apoyándose en una norma que no está vigente
(artículo 35 citado), concediera la alzada, a lo cual se añade que el 38 ídem,
que tampoco está vigente, le atribuyó, como senda para su tramitación, a la
“Adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovida por persona
distinta al titular del acto jurídico”, como aquí acontece, la del verbal
sumario, al incorporarlo en el C G P, artículo 396, previa su modificación.
Súmese a lo anterior que la Ley 1996 memorada, al prohibir, por medio de su artículo
53, “iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de
interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a
partir de la promulgación de la presente ley”, y con el fin de evitar que esas personas
quedasen desprotegidas, mientras entra a regir integralmente sus normas, reguló,
en su artículo 54, al establecer un régimen de transición, el “Proceso de adjudicación
judicial de apoyos transitorios”, fijándole el camino del verbal sumario,
Como se colige de su inciso tercero, el cual establece que “El juez, por medio de un
proceso verbal sumario, determinará la persona o personas de apoyo que asistirán
a la persona titular del acto jurídico, teniendo en cuenta la relación de confianza,
amistad, parentesco o convivencia entre estos y la persona titular. La sentencia de
adjudicación de apoyos fijará el alcance de los apoyos teniendo en cuenta las normas
establecidas en la presente ley, al igual que el plazo de este, el cual no podrá superar
la fecha final del periodo de transición”.
A su vez, por mandato del C G P, artículo 390, “Parágrafo 1º. Los procesos verbales
sumarios serán de única instancia”.
De manera que, si este asunto, obedece a la vía de la “única instancia”, como lo
había estimado inicialmente el señor juez y la accionante, el referido proveído, en
atención a lo dispuesto por el C G P, artículo 321 inciso primero, no es susceptible
de apelación, ya que se emitió en un asunto que no discurre por la ruta de la primera
instancia, motivo por el cual la alzada no podía concederse y, menos aún admitirse,
razones por las cuales se inadmitirá, trasunto de lo cual será la devolución del
expediente a la dependencia judicial de origen (artículo 326, inciso segundo ídem).
2- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales Sala Civil-
Familia10: La posición del Cuerpo colegiado es que procede el recurso
de apelación en este proceso dado que el artículo 321-1 del Código
10 Sentencia Nº 17001-31-10-006-2019-00367-02 del Tribunal Superior de Manizales Sala Civil - Familia, 17-10-2019
General del Proceso, admite que la providencia que rechace la
demanda sea susceptible del recurso vertical. El tribunal lo
fundamenta así:
“sé memora que son susceptibles del recurso vertical, las providencias
frente a las cuales lo establezca el legislador, con sus correspondientes
modificaciones y vigencias. Así, ha de señalarse que el artículo 321-1 del
Código General del Proceso, admite que la providencia que rechace la
demanda sea susceptible del recurso vertical,”
3- El Tribunal Superior de Cali Sala de Familia11: La posición del
Cuerpo colegiado es que procede el recurso de apelación en este
proceso dado que, si bien es un proceso de única instancia al ser un
verbal sumario, el art 35 de la ley 1996 establece que el proceso de
adjudicación judicial de apoyo es Competencia de los jueces de
familia en primera instancia, Es decir, que aunque el trámite a
impartir es un verbal sumario de única instancia el legislador ha
permitido excepcionalmente la doble instancia en este especial
asunto. El tribunal lo fundamenta así:
“el asunto asume la senda de la única instancia al tratarse de un proceso verbal
sumario lo que impediría la admisión de la alzada y en consecuencia su definición;
pero, el artículo 35 ibidem reza:
“Modifíquese el numeral 7 contenido en el artículo 22 de la Ley 1564 de
2012, quedará así.
"ARTÍCULO 22. Competencia de los jueces de familia en primera instancia.
Los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes
asuntos: 7. De la adjudicación, modificación y terminación de apoyos
adjudicados judicialmente".
Es decir, que aunque el trámite a impartir en el sub judice es un verbal sumario, el
cual según el parágrafo 1º del artículo 390 del C.G.P, es de única instancia (“Los
procesos verbales sumarios serán de única instancia”), el legislador ha permitido
excepcionalmente la doble instancia en este especial asunto, como lo ha hecho en
otros de aquel mismo linaje ( a guisa de ejemplo, las controversias que se susciten
11 Auto Nº 760013110009201900501-01 del Tribunal Superior de Cali Sala de Familia, 05-08-2020
respecto del ejercicio de la patria potestad –numeral 3º artículo 390 en armonía con
el artículo 22 del C.G.P-). Ahora, no puede perderse de vista que la ley 1996 de 26
de agosto de 2019, en su Capítulo VIII, denominado “Régimen de transición”,
artículo 52, al regular su vigencia, consagra que “Las disposiciones establecidas en
esta ley entrarán en vigencia desde su promulgación, con excepción de aquellos
artículos que establezcan un plazo para su implementación y los artículos contenidos
en el Capítulo V de la presente ley, los cuales entrarán en vigencia veinticuatro (24)
meses después de la promulgación de la presente ley”, lo que podría suponer que la
regulación precedente no se pueda aplicar por no estar vigente el capítulo V llamado
“adjudicación judicial de apoyos”. Sin embargo, como ya se dijo, tales disposiciones
no se encuentran vigentes, pero el legislador dispuso en su artículo 54, un proceso
provisorio para el caso específico de las personas que se encuentran en incapacidad
absoluta de comunicarse y expresar sus preferencias:
“Proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio. Hasta tanto entren en vigor
los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente ley, el juez de familia del
domicilio de la persona titular del acto jurídico puede determinar de manera
excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando se
encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias
por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la
protección de los derechos de la persona titular del acto.
El proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio será promovido por una
persona con interés legítimo y que acredite una relación de confianza con la persona
titular del acto.
El juez, por medio de un proceso verbal sumario, determinará la persona o personas
de apoyo que asistirán a la persona titular del acto jurídico, teniendo en cuenta la
relación de confianza, amistad, parentesco o convivencia entre estos y la persona
titular. La sentencia de adjudicación de apoyos fijará el alcance de los apoyos
teniendo en cuenta las normas establecidas en la presente ley, al igual que el plazo
de este, el cual no podrá superar la fecha final del periodo de transición. La persona
titular del acto jurídico podrá oponerse a la adjudicación judicial de apoyos en
cualquier momento del proceso”. (Subrayado fuera del texto)
Es decir, que, en aplicación de esta disposición transitoria, el procedimiento a
impartir en este asunto sigue siendo el verbal sumario con la posibilidad de la doble
instancia, en garantía de los derechos de las personas titulares del acto jurídico,
quienes también pueden oponerse y eventualmente recurrir la adjudicación judicial
de apoyos.
¿Quién tiene la razón?
Para establecer que tribunal tiene razón es importante tener en
cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en AC253-2020 al
dirimir un conflicto de competencia entre dos juzgados de diferentes
circuitos judiciales al respecto dijo:
“El artículo 35 de la ley modificó el numeral 7 de la regla 22 del Código General del
Proceso para establecer que le compete a los Jueces de Familia, en primera
instancia, los procesos de «adjudicación, modificación y terminación de apoyos
adjudicados judicialmente»; sin embargo, como lo señala el artículo 52 de la ley, esa
regla de competencia aún no se encuentra vigente, por lo que, por el momento,
debe aplicarse el numeral 14 del artículo 21 del Código General del Proceso, según
el cual es competencia de los Jueces de Familia, en única instancia, de aquellos
«asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria la intervención del
juez…». (negrita fuera de texto)
De lo anterior se colige que la tercera postura asumida por El
Tribunal Superior de Cali Sala de Familia es errada, teniendo en
cuenta que el artículo 35 de la ley 1996 bajo el cual funda sus
supuestos de derecho aún no se encuentra vigente, según la Corte
Suprema para dirimir la competencia se da aplicabilidad numeral 14
del artículo 21 del CGP, en razón a ello, la competencia para conocer
los procesos de adjudicación judicial de apoyo transitorio es de los
Jueces de Familia en única instancia. Esto significa que la senda del
proceso transitorio es de un verbal sumario de única instancia, y no
de doble instancia como lo considero el tribunal, es por ello por lo
que no procede el recurso de apelación contra el auto que rechace
la demanda del Proceso de adjudicación judicial de apoyos
transitorio.
No obstante, se debe aclarar, que cuando el capítulo V de la ley 1996
del 2019 entre en vigencia es factible asumir la posición de este
tribunal para los procesos de adjudicación judicial de apoyo
permanente interpuesto por persona diferente al titular del acto
jurídico esto es que el procedimiento a impartir en ese asunto sigue
siendo el verbal sumario con la posibilidad de la doble instancia.
Siguiendo la misma línea de lo establecido por la Corte Suprema en
la providencia AC253-2020 es factible deducir que la segunda
postura, es decir, la asumida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales Sala Civil-Familia también es errada, dado que
el artículo 321 del CGP bajo el cual fundamenta su posición a su tenor
dice:
“Artículo 321. Procedencia: Son apelables las sentencias de primera instancia,
salvo las que se dicten en equidad.” (Negrita fuera de texto”
Como bien lo definió la Corte Suprema de Justicia en el proceso de
adjudicación judicial de apoyo transitorio el competente es el juez
de única instancia, es por ello, que no es dable aplicar lo reglado en
el numeral 1 del artículo 321 CGP al proceso en mención.
Desvirtuada la segunda y tercera postura, podemos afirmar que la
postura correcta es la numero uno, asumida por el Tribunal Superior
de Medellín Familia, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que
el proceso de adjudicación judicial de apoyo transitorio es un
proceso de única instancia, que se adelanta ante el juez de familia de
única instancia, se puede afirmar que contra el auto que rechace la
demanda solo procede el recurso de reposición. Si resuelto el
recurso de reposición el juez confirma el rechazo de la demanda, el
tercero legitimo interesado puede incoar una acción de tutela si
considera que con la decisión se le están violando las garantías
constitucionales a la persona con discapacidad12.
- Admitida la demanda:
Una vez admitida la demanda, el juez ordenara realizar la
notificación y enviar los anexos a las personas identificadas en la
demanda, esto incluye a la persona con discapacidad absoluta que
en estos casos es el demandado. Esto teniendo en cuenta lo
12 Para ampliar información con respecto a este punto leer sentencia STC16189-2019
dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la ley 1996 del 2019 que
a su tenor dice:
“La persona titular del acto jurídico podrá oponerse a la adjudicación judicial
de apoyos en cualquier momento del proceso”
Es por ello, que la persona con incapacidad absoluta funge como
demandado, y se le debe notificar según la forma establecida en los
artículos 291 y SS del Código General del Proceso, y el artículo 80 del
Decreto 806 de 2020.
En aras de la protección de los derechos de la persona en situación
de discapacidad, Algunos jueces están designando un Curador ad
Litem conforme al artículo 55 del CGP. En mi opinión, dado que estas
personas no son incapaces conforme a la ley, no es procedente la
asignación de un Curador ad Litem. Contrario sensu el despacho
puede optar, para efectos de la representación judicial, por oficiar a
la Defensoría Regional del Pueblo para que designe un abogado,
quien deberá comparecer junto con el documento que acredite la
designación a la sede judicial para recibir notificación personal de la
providencia, a quien se le correrá traslado de la demanda y sus
anexos por el término de diez (10) días para que con la debida
defensa técnica, ejerza el derecho de defensa de la persona en
condición de discapacidad absoluta. El defensor asignado deberá
verificar la situación de imposibilidad absoluta de la persona.
De igual forma el despacho deberá dar aviso al Ministerio Publico.
El demandante tiene 10 días para contestar la demanda, por obvias
razones, a la persona que se encuentra en imposibilidad absoluta no
le será posible dar contestación a la misma. En ese evento como se
mencionó anteriormente tras la designación de un defensor este
contestará la demanda. Si el juez no designa un defensor puede
ordenar a un funcionario del juzgado en este caso la asistente social,
para que realice una visita y en el informe deberá establecer si existe
la incapacidad absoluta de la persona y de esta forma garantizar el
debido proceso agilizar el mismo tomando esta visita como una
notificación.
El despacho ordenara realizar una visita al hogar de la persona con
discapacidad absoluta por parte del o la trabajador/a social del
Juzgado con el objeto de constatar la información dada por la
demandante. Este informe obrara en calidad de VALORACIÓN DE
APOYO. En tal sentido, el asistente social deberá entrevistarse con el
discapacitado y determinar de acuerdo con su edad, grado de
instrucción, comprensión, su nivel de comunicación y
entendimiento, y demás aspectos personales lo siguiente13:
✓ Qué clase de apoyos requiere para la comunicación y la toma
de decisiones;
✓ Si se necesitan ajustes para que la persona pueda participar
activamente en el proceso;
✓ Formular las sugerencias que estime necesarias, en la adopción
de mecanismos que permitan desarrollar las capacidades del
citado, con relación a la toma de decisiones para alcanzar
mayor autonomía en las mismas;
✓ Hay que indicar que personas de las que rodean a la persona
con discapacidad son las que tienen mayor cercanía, trato y
comunicación con él e igualmente un mayor nivel de confianza
con el fin de que puedan actuar como apoyo en la toma de
decisiones
13 JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA POPAYÁN – CAUCA, agosto once de dos mil veinte. Auto de Sustanciación No. 559 Radicado: 19-001-31-10-002-2019-00449-00
✓ Presentar un informe general sobre el proyecto de vida del
discapacitado frente al acto jurídico concreto expuesto en la
demanda.
El despacho en auto que cite para la audiencia decretara las pruebas
pedidas por las partes y la que de oficio considere, entre ellos
tenemos la visita del asistente social al hogar de la persona con
discapacidad absoluta, el interrogatorio a la parte demandante y
demanda y el testimonio de los familiares más cercanos y de los
vecinos de ser necesario.
AUDIENCIA: En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el
termino de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia
practicara las actividades previstas en los artículos 372 y 373d del
CGP.
INSTALACION: Una vez abierta la audiencia de que trata los artículos
372 y 373 del C.G.P, se deberá dejar constancia la comparecencia a
la diligencia el representante del Ministerio Público, la parte
demandante debidamente representada, el defensor de la parte
demandada y la parte demandada que es la persona con
discapacidad absoluta, dada la condición de incapacidad el juzgado
deberá contactar virtualmente a la persona durante la audiencia.
II.INTERROGATORIO A LA PARTE: Se recepciónara la declaración de
la parte demandante en el proceso. Así como el de la parte
demandada, en caso de incapacidad absoluta se dejará constancia
que se hace imposible practicarle el interrogatorio por su condición.
III. FIJACIÓN DE LITIGIO. Se le concederá la palabra al ministerio
público, al representante de la parte demandada y a la parte
demandante. Se deberá fijar litigio con relación a lo siguiente:
Determinar si la persona con discapacidad necesita Apoyo Judicial
para realizar los actos jurídicos relacionados en la demanda. En caso
afirmativo, determinar quién es la persona idónea para ejercer ese
apoyo judicial que requiere la demandada.
IV. CONTROL DE LEGALIDAD. El despacho dejara constancia que,
reviso el trámite del proceso y no observó actuación alguna que
pueda acarrear causal de nulidad u otras irregularidades, de ser así,
declarara saneado y libre de cualquier vicio el litigio.
IV. PRACTICA DE PRUEBAS: establecer las pruebas que fueron
decretadas y practicadas entre ellas los testimonios de los familiares
cercanos, vecinos, la persona que cuida al titular del acto jurídico de
existir y el informe realizado por el asistente social del juzgado.
V. ALEGATOS DE CONCLUSION: Finalizada la etapa probatoria se
escucharon los alegatos de conclusión presentados por el apoderado
de la parte demandante, el representante de la parte demandad y el
representante del Ministerio Público.
VI. SENTENCIA: Concluida la etapa probatoria, se procederá a dictar
la sentencia que en derecho corresponde. Es deber del juzgado
verificar que se logre demostrar de manera efectiva que el trámite
transitorio sea necesario “para garantizar el ejercicio y la protección
de los derechos de la persona titular del acto”. Para ello se soportará
en el informe rendido por el asistente social enviado por el
despacho, además de recaudar el testimonio de los familiares más
cercanos y vecinos de ser necesario.
- Tramite a seguir según el estado del proceso: Del régimen de
transición estipulado en el capítulo VIII se deducen 3 procedimientos
según el estado del proceso (i) nuevo, (ii) en curso y (iii) concluidos.
El trámite por seguir para cada uno es el siguiente:
1) nuevos: Como no se pueden iniciar nuevos procesos de
interdicción porque fueron prohibidos y a su vez no se puede iniciar
los procesos de apoyo judicial, teniendo en cuenta que no ha
entrado en vigor el capítulo V de la ley 1996 de 2019, se previó para
estos casos, el proceso de adjudicación judicial de apoyos
transitorios.
Lo primero que se debe decir, es que el proceso de adjudicación
judicial de apoyos transitorios es de carácter excepcional, solo aplica
en los eventos de imposibilidad absoluta. Para que la demanda
contemplada en el artículo 54 salga avante es indispensable que se
cumplan dos requisitos a saber:
i)- Acreditar que la persona titular del acto jurídico se encuentre
absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y
preferencias por cualquier medio.
La imposibilidad absoluta se da en los casos que la persona se
encuentra en un período prolongado de inconsciencia provocada por
enfermedad o lesión (coma); con una disfunción cerebral crónica en
la que la persona no muestra signos de conciencia (estado
vegetativo), con una discapacidad cognitiva grave, un trastorno
demencial, secuelas neurológicas por TCE (Traumatismo
Craneoencefálico), u otra clase de discapacidad que le imposibilite
expresar su voluntad o preferencia.
Esa acreditación se puede hacer por cualquier medio de prueba
como por ejemplo un dictamen médico, historia clínica, un
certificado del médico tratante que refiera los padecimientos y
complejidad de estos, evaluación Psiquiátrica etc.
Es importante resaltar que si bien se debe acreditar la imposibilidad
absoluta de la persona titular del acto jurídico, la ley 1996 no
condiciono la admisión de la demanda a una prueba específica, por
lo que bastaría con allegar cualquier medio probatorio en el que se
pueda evidenciar la imposibilidad absoluta, además el juez por
disposición normativa tiene amplias facultades probatorias para
decretar las que considere necesarias y en el trámite del proceso se
dará el debate probatorio para acreditar la existencia de la
imposibilidad absoluta análisis que deberá realizar el fallador y que
dejara plasmado al momento de emitir el fallo.
Si no se cumple el requisito de imposibilidad absoluta, el proceso a
seguir debe ser el de jurisdicción voluntaria estipulado en el artículo
37 de la ley 1996 del 2019 (Adjudicación de apoyos en la toma de
decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico) el cual
entra en vigor a partir del 27 de agosto del 2021
ii)- Que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de
los derechos de la persona titular del acto.
Solo será procedente la demanda en el evento que se pretenda
garantizar algún derecho de la persona titular del acto, por ejemplo,
en los eventos en los que la persona le fue reconocida una pensión y
no posee una cuenta de banco a su nombre, por lo que se debe
acercar personalmente al banco a retirar su pensión. Pero debido a
que se encuentra en un estado de imposibilidad absoluta, y se
necesita de la pensión para pagar su cuidado, alimentación
medicamentos entre otros gastos y dado que no tiene otra fuente de
ingresos, es factible adelantar el proceso de adjudicación judicial de
apoyo transitorio para salvaguardar su derecho al mínimo vital y a su
integridad física.
En resumen, se debe encontrar demostrada una afectación a los
derechos patrimoniales de la persona titular del derecho.
2) En curso: El artículo 55 de la ley 1996 del 2019 suspendió de forma
inmediata los procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan
iniciado con anterioridad a la promulgación de la ley.
De manera excepcional la ley permitió que el juez decretara el
levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas
cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere
pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos
patrimoniales de la persona con discapacidad.
En estos eventos una persona con interés legítimo (hijo, hermano
etc.) puede solicitarle al juez del despacho donde se está tramitando
el proceso de interdicción que ordene levantar la suspensión del
proceso de interdicción y como medida cautelar autorice de manera
provisional a esa persona con interés legítimo como apoyo para
ejercer labores de cuidado personal y de acompañamiento en la
atención de las necesidades básicas y de salud, o designar de manera
transitoria una persona de apoyo para la administración de los
bienes, administración de la pensión etc.
Una vez reanudado el juicio, los juzgadores naturales tendrán que
adoptar sus decisiones bajo los lineamientos de la nueva regulación,
dada su consabida vigencia general inmediata, lo que se ratifica con
la prohibición de regresión en materia de derechos humanos,
derivada doctrinariamente del principio de progresividad, cuyo
fundamento normativo tiene génesis en los artículos 2º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966- y 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos -suscrita el 22 de noviembre de 1969-14.
Competencia: La ley 1996 del 2019 no contempló ningún artículo
que estableciera la competencia del proceso judicial de apoyo
transitorio, y como quiera que el artículo 35 de dicha legislación aún
no se encuentra vigente, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el
14 Stc16821/2019
numeral 14 del artículo 21 del Código General del Proceso, según el
cual es competencia de los Jueces de Familia, en única instancia,
aquellos «asuntos de familia en que por disposición legal sea
necesaria la intervención del juez…»., siendo la adjudicación de
apoyos transitorios uno de ellos.15
La competencia recae sobre el juez que conocía del proceso de
interdicción judicial cuando entro en vigor la ley 1996 del 2019. Por
lo anterior la solicitud de levantamiento de esa suspensión o el inicio
de un nuevo proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorios
para que se adopten medidas necesarias para garantizar los
derechos patrimoniales del titular del derecho se debe hacer ante el
juez de familia donde cursaba el proceso de interdicción.
3) Concluidos: Para los procesos en los que ya existe sentencia de
interdicción existen dos posibilidades:
(a) la declaración misma de interdicción o inhabilitación se
mantendrá incólume, salvo que se inicie un trámite de
rehabilitación, el cual se conserva en vigor hasta el año 2021, y
a partir de esta fecha y hasta el 2022 deberá procederse a la
revisión oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de
considerarse que «las personas bajo interdicción o
inhabilitación... requieren de la adjudicación judicial de
apoyos», se sustituyan aquéllas por medidas de apoyo o,
simplemente, se entienda habilitado el referido
«reconocimiento de la capacidad legal plena» {artículo 56 ) ; y
(b) los actos de ejecución de las determinaciones judiciales
previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo
cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus
facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos
15 AC253-2020 de 31 de enero de 2020,
que se promuevan contra las decisiones de la ejecución,
incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoción, designación de
curador, rendición de cuentas, etc., posibilidad que encuentra
apoyadura en los cánones 306 y 586 numeral 5°- del Código
General del Proceso, el último en su texto original, con
antelación a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley
1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas
las medidas necesarias para la ejecución de sus
determinaciones y, tratándose de guardadores, extiende su
competencia a todos los actos tendientes a su designación.
¿Cuándo se puede solicitar remover el curador?
Se puede solicitar al despacho remover el guardador y nombrar un
apoyo judicial en los siguientes eventos:
- El guardador en su rendición de cuentas no logre justificar la
totalidad del costo de las inversiones.
- Exista una falta de conocimiento en el manejo financiero que
conlleve un detrimento patrimonial.
- El guardador designado está administrando los bienes y cobrando
dinero, pero no entrega dineros a favor del interdicto.
- No se tiene conocimiento del paradero del guardador.
- El guardador enferme de manera grave o fallece.
Dada la aplicación ultra activa de la Ley 1306 de 2009 Cualquier
persona puede promover el respectivo proceso verbal de remoción
de guardador por intermedio de un profesional del derecho o del
ministerio público si lo considere procedente y que se ordene la
rendición de cuentas
- Competencia: Es importante resaltar que cualquier actuación
judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado
apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso
de adjudicación de apoyos.
c. Aspectos Prácticos
a. Modelo de poder para adjudicación judicial de apoyos
transitorio: EL Modelo se encuentra en formato Word editable en
la carpeta enviada al correo.
b. modelo para presentar demanda de adjudicación judicial de
apoyos transitorio: EL Modelo se encuentra en formato Word
editable en la carpeta enviada al correo.
c- modelo proceso adjudicación judicial de apoyo transitorio
(existe proceso de interdicción en curso): EL Modelo se encuentra
en formato Word editable en la carpeta enviada al correo.
Preguntas de los seguidores de la fan page GMH Abogados
• GMH Abogados, usted cree que pude un juez promiscuo
municipal conocer de este tipo de proceso por tratarse de un
verbal sumario?
Rsta: No, este proceso debe tramitarse ante un juez de familia.
• Buenas noches apreciados. En caso de ser una persona ya
mayor (78 años) que sea ella misma la que solicité que uno de
sus familiares sea designado como su persona de apoyo, sobre
todo para trámites legales como compraventas, celebración de
contratos de arriendo, cobro de pensión, en fin, trámites
legales, ¿qué se debe demostrar? Partiendo de la base que la
señora no tiene ninguna discapacidad física o mental, solo que
por su avanzada edad quiere que se le designe una persona de
confianza (familiar) para esos trámites.
Rsta: Para estos casos la ley 1996 del 2019 en su capítulo III previo
una herramienta denominada acuerdo de apoyo para la celebración
de actos jurídicos, es muy importante resaltar dos cosas:
1. Para que el apoyo pueda realizar actos jurídicos en
representación de la persona titular del acto jurídico debe
existir acorde al artículo 48 de la citada ley un mandato expreso
de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos
en su nombre y representación.
2. Los trámites legales por realizar deben estar especificado, no
pueden ser general, es decir no se puede adjudicar un apoyo
para realizar los trámites que se presenten. Si se pretende
realizar un trámite legal de compraventa sobre un bien
especifico, celebración de contrato de arriendo y cobro de
pensión, cada uno de esos trámites deberá ser identificados
con datos puntuales, es decir, se debe establecer un apoyo
para vender el bien inmueble ubicado en la dirección x con
matrícula inmobiliaria x y demás datos de individualización.
• ¿Podría explicar respecto a las pensiones de sobreviviente, El
acuerdo de apoyo se necesita solo en caso de que sea
discapacitada?
Rsta: El artículo 15 de la ley 1996 establece que los acuerdos de
apoyo son un mecanismo de apoyo formal “por medio del cual una
persona, mayor de edad” SIC. El artículo en mención no especifica
que la persona debe tener una discapacidad, la razón de ser de esto,
es precisamente que esta herramienta sea usada también por
personas de edad avanzada que no tienen ninguna discapacidad,
pero por su avanzada edad se le hace complejo estar desplazándose
para realizar diferentes tramites, para ello, es importante que
además del acuerdo de apoyo, exista el mandato expreso de la
persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su
nombre y representación
• Dr. para poder obtener una pensión de sobreviviente y el
beneficiario es una persona en condición especial, se requerirá
un acuerdo de apoyo o iniciar como tal el proceso de
adjudicación judicial de apoyo transitorio para que se nombre
un apoyo judicial?
Rsta: Si la persona tiene una discapacidad absoluta, es decir que se
encuentre por ejemplo en estado de coma, o sufra de una demencia
que le impida hacer uso de su capacidad legal, es necesario que se
inicie la adjudicación judicial de apoyo transitorio, si su discapacidad
no es tan severa y se puede comunicar y expresar su capacidad legal,
es suficiente con el acuerdo de apoyo y el mandato expreso de la
persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su
nombre y representación.
• Buenas noches aun por vía de excepción los jueces están
negando los procesos de adjudicación de apoyo transitorio.
Rsta: Al ser un proceso tan nuevo en el ordenamiento colombiano,
algunos jueces aún no han entendido la dinámica del proceso, pero
sobre todo, no han entendido que ellos tienen un rol activo en este
proceso casi como el de un juez constitucional, pues deben velar por
proteger los derechos de eta comunidad que cuenta con protección
constitucional, en los casos que estos procesos sean rechazados por
los jueces de instancia y es evidente la vulneración de los derechos
de la persona con discapacidad absoluta, se puede iniciar una acción
de tutela.
• ¿En la actualidad toca adelantar proceso de adjudicación de
apoyo transitorio? ¿Para solicitar dicho proceso se debe
acompañar informe de valoración de apoyo? ¿Se requiere
concepto médico que indique su capacidad cognitiva?
Rsta: Para la persona con discapacidad absoluta si, se debe iniciar
este tipo de procesos. No, Gobierno Nacional aún no ha expedido los
lineamientos y la reglamentación de la valoración de apoyos, por
ende es imposible anexar el informe de valoración de apoyo, además
que la ley no previo este requisito de procedibilidad para el régimen
de transición, en estos caso el despacho debe ordenar al asistente
social del juzgado, realizar una visita a la persona con discapacidad
absoluta y verificar todos los datos de la demanda y demás datos que
ordene el juez, este informe hará las veces de la valoración de apoyo.
Se puede anexar cualquier documento donde se pueda colegir que
la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar
su voluntad y preferencias por cualquier medio, esto puede ser un
dictamen médico, historia clínica, un certificado del médico tratante
que refiera los padecimientos y complejidad de estos, evaluación
Psiquiátrica etc. Es tarea del asistente social del despacho verificar la
información suministrada para establecer si la persona se encuentra
absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y
preferencias por cualquier medio.
• ¿Qué autoridad se encuentra haciendo la valoración de apoyo?
Rsta: A la fecha, (15 de enero 2020) El gobierno nacional no ha
expedido los protocolos ni la reglamentación para la valoración de
apoyos, por ende, en estos momentos ninguna entidad público o
privada lo está haciendo, es de resaltar que para el régimen de
transición esta valoración de apoyo no es un requisito de
procedibilidad, en estos casos los jueces están ordenando al
asistente social del despacho realizar una visita a la persona con
discapacidad absoluta y rendir un informe, este informe hará las
veces de valoración de apoyo.
• ¿Una persona que no tiene interdicción declarada pero no
tiene las capacidades de comprender con claridad lo referente
a una solicitud de pensión de sobrevivencia durante el término
de transición se hace sólo por el verbal sumario o ya están las
notarías y centros de conciliación realizando los procesos de
apoyos?
Rsta: El gobierno nacional ya expidió el decreto de reglamentación
para que las notarías y centros de conciliación puedan realizar los
acuerdos de apoyo, pero muchas notarias aun s están rehusando a
realizar este trámite porque no los han capacitado como lo ordena
la ley 1996 del 2019.
• Para realizar el trámite de Apoyo, y a quien se representa, ya
goza por un concepto por la Junta regional de invalidez, el
mismo que acredita su grado de discapacidad, pero esta
discapacidad no es Verbal o Auditiva, ¿puede adelantar el
proceso?
Rsta: El proceso de adjudicación judicial de apoyo transitorio solo se
puede adelantar si la persona se encuentra absolutamente
imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por
cualquier medio. Si la incapacidad es solo física, pero puede expresar
su voluntad y preferencia, se debe hacer uso de los acuerdos de
apoyo.
• Sufre un accidente y lleva meses en estado de coma, ¿qué debe
hacer el juez?
Rsta: Se debe adelantar el proceso si se determina que es necesario
para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de la
persona titular del acto. Ordenara una visita del asistente social del
despacho a su entorno familiar y de amigos cercanos para establecer
so proyecto de vida, esto mientras se reglamenta la valoración de
apoyos, cuando la valoración de apoyos este reglamentada, en este
informe debe existir un informe sobre el proyecto de vida de la
persona titular del acto jurídico, y el juez debe guiarse por el informe.
• ¿Pese a la entrada en vigor del cap. 5 de la ley 1996 de 2019, al
día de hoy, puedo iniciar un proceso de adjudicación judicial de
apoyo solicitado por un tercero, para que sea este declarado
como apoyo de judicial de la persona en condición especial?
Rsta: El capítulo V aún no se encuentra vigente, el mismo entra en
vigor el 26 de agosto del 2021. Iniciar un proceso por un tercero
puede hacerse tanto en el régimen de transición que es el que se
encuentra vigente, como a partir de la entrada en vigencia del
articulo V, la procedencia del proceso estará sujeta a que se cumplan
los requisitos en el establecidos esto es “la persona titular del acto
jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar
su voluntad y preferencias por cualquier media, modo y formato de
comunicación posible, y b) que la persona con discapacidad se
encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve
a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero.”
• Como se puede proceder cuando una persona tiene una
discapacidad absoluta, no tiene lenguaje ni tampoco puede
tomar sus propias decisiones.
Rsta: Se puede iniciar el proceso de adjudicación judicial de apoyo
transitorio en estos momentos, y partir del 26 de agosto del 2021
cuando entre en vigor el Capítulo V de la ley 1996 se puede iniciar el
proceso de adjudicación de apoyo iniciada por tercera persona con
interés legítimo.
• ¿Quién ejerce la representación de la persona discapacitada
dentro del proceso verbal sumario?
Rsta: La ley 1996 del 2019 establece la participación del ministerio
público o el defensor de familia según el caso. La mayoría de los
despachos están asignando un curador Ad Litem conforme al artículo
55 del CGP para que represente a la persona con imposibilidad
absoluta, es de anotar que la ley 1996 del 2019 no hizo alusión a la
procedencia o no del curador. En mi opinión, dado que estas
personas no son incapaces conforme a la ley, no es procedente la
asignación de un Curador ad Litem. Contrario sensu el despacho
puede optar, para efectos de la representación judicial, por oficiar a
la Defensoría Regional del Pueblo para que designe un abogado,
quien deberá comparecer a la sede judicial para recibir notificación
personal de la providencia, a quien se le correrá traslado de la
demanda y sus anexos por el término de diez (10) días para que, con
la debida defensa técnica, ejerza el derecho de defensa de la persona
en condición de discapacidad absoluta
• ¿Cuáles son los terceros que deben vincularse dentro del
proceso de adjudicación de apoyos?
Rsta: Aunque la ley no los menciona directamente, se deben vincular
a todos los familiares cercanos (hijo, padres, hermanos) esto en aras
de garantizar sus derechos, así como también se debe vincular a
cualquier tercero con interés legítimo, por ejemplo, si la persona con
discapacidad tiene un cuidador, se debería vincular al proceso a este
en calidad de testimonio.
• ¿cuál sería la persona que se demanda en proceso verbal
sumario cuando, quien instaura el proceso de asignación de
apoyos es un tercero distinto de la persona con discapacidad?
Rsta: El demandado siempre será la persona con discapacidad, esto,
teniendo en cuenta que esta persona se puede oponer a este
proceso, en el momento que la persona se opone, el proceso debería
terminarse por carecer del presupuesto exigido para el proceso.
• ¿Cuáles eran las excepciones en las que se puede levantar la
suspensión de los procesos de interdicción?
Rsta: cuando sea necesario para garantizar la protección y disfrute
de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad, por
ejemplo, si la persona con discapacidad no tiene ninguna entrada
económica, y necesita agilizar el trámite de la pensión de
sobreviviente, en estos eventos el juez puede levantar la suspensión
y ordenar las medidas nominadas o innominadas necesarias para
proteger los derechos patrimoniales.
• Qué va a pasar con el patrimonio de una persona cuando sufre
un accidente que le impide comunicarse (ni por lenguaje de
señas)
Rsta: Se debe asignar un apoyo judicial para que administre el
patrimonio de la persona acorde a su proyecto de vida, este proyecto
de vida se determinara en la valoración de apoyo.
• ¿Si con la ley 1996 queda abolida totalmente la interdicción de
nuestro ordenamiento jurídico?
Rsta: La interdicción como palabra, quedo abolida del ordenamiento
jurídico, pero la figura como tal, en la práctica se seguirá usando así
les cambien el nombre a apoyos, esto teniendo en cuenta su
definición: La interdicción judicial se entendía como la limitación o
pérdida de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad
mental. Esto implicaba para el interdicto, no poder tomar decisiones
sobre asuntos relativos a su vida personal y patrimonial.
Según la nueva ley, todas las personas tiene capacidad legal sin
excepción, pero cuando su incapacidad es absoluta se le asignara un
apoyo que al final lo que hace es tomar decisiones por la persona en
esa condición.
Lo que realmente hizo la ley fue restringir el espectro de la
Interdicción con otro nombre, esto es, los apoyos judiciales para la
persona con discapacidad absoluta.
• ¿Cómo se puede llegar a garantizar realmente la voluntad de
una persona impedida para comunicarse o que cuente una
enfermedad mental severa en la celebración de un negocio
jurídico?
Rsta: Es una pregunta muy interesante, a mi juicio es algo que en la
práctica será muy difícil de lograr, como dice un dicho cada cabeza
es un mundo diferente, es muy difícil que un apoyo garantice
realmente la voluntad de otra persona. La ley contemplo para ello la
herramienta denominada valoración de apoyo, en esta valoración, el
profesional que la realice debe ahondar en el proyecto de vida de la
persona con discapacidad, entrevistar a sus parientes cercanos y
vecinos para tener una idea del proyecto de vida y la voluntad de la
persona, para que el apoyo la lleve a cabo.
• ¿Tendrá el estado la disposición presupuestal y técnica que
permita la atención de personas con capacidades especiales?
Rsta: No, un no rotundo y sin pensarlo, es por ellos que el estado no
estableció más garantías para velar por los ajustes razonables que es
realmente el sentir de la convención. En Colombia no existe una
política de discapacidad seria, que realice inversión en la
infraestructura del estado, y demás herramientas para poder brindar
a esta población un acceso completo.
• Los poderes otorgados por los curadores para procesos
judiciales quedan en firme o habría que iniciar un proceso de
apoyos para otorgar nuevamente personería jurídica.
Rsta: Los procesos judiciales de interdicción que quedaron en firme
con la entrada en vigor de la ley 1996 del 2019, no serán modificados,
los curadores seguirán actuando con todas sus facultades hasta que
el juez de oficio revise el proceso para determinar si requieren de la
adjudicación judicial de apoyos.
las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán
solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez
de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación
• ¿Quién se encargará de vigilar estos acuerdos de apoyo?
Rsta: Para los acuerdos de apoyo que se formalicen ante notaria y
centros de conciliación no se estableció vigilancia alguna, contrario
sensu, Cuando la adjudicación es vía judicial, cada año el juez
ordenara una audiencia para evaluar el desempeño de los apoyos
adjudicados judicialmente. La persona o personas de apoyo deberán
realizar un balance en el cual se exhibirá a la persona titular de los
actos ejecutados y al Juez, quienes estén interesados en ser citados
a participar de la gestión de apoyos deberán informar al Juez a más
tardar diez (10) días hábiles antes del cierre del año, a efectos de que
el Juez les comunique la fecha de la audiencia.
• Como es el trámite de las medidas cautelares en registro. Uno
por que los oficios quedan en el juzgado y dos para la
inscripción.
Rsta: El juzgado deberá enviar la medida a la entidad para que la
registre, la puede enviar a la entidad vía correo electrónico para
agilizar el trámite.
• ¿Qué pasa si una persona decide desistir de los apoyos que
menciona esta ley, quedarían sin validez los actos jurídicos que
estos hagan?
Rsta: No, los actos tendrán plena validez, la persona deberá solicitar
la terminación del apoyo, y los tramites anteriores realizados con
este apoyo no perderán efectos.
• ¿Las personas iletradas y analfabetas deben ser declaradas
como incapaces?
Respuesta: No, estas personas pueden formalizar un acuerdo de
apoyo que le ayudara a comprender los diferentes actos jurídicos
que realicen.
• Lo que antes era una remoción de guardador; ¿hoy cómo se
tramita a efectos de lograr la remoción y un nuevo
nombramiento de apoyo?
Rsta: El trámite es similar al de remoción de guardador, en este
evento se debe solicitar la terminación de la adjudicación de apoyos
ante el mismo juez que designo el apoyo y en cualquier momento,
podrán solicitar la modificación o terminación de los apoyos
adjudicados:
a. La persona titular del acto jurídico;
b. La persona distinta que haya promovido el proceso de
adjudicación judicial y que demuestre interés legítimo podrá
solicitar;
c. La persona designada como apoyo, cuando medie justa causa;
d. El juez de oficio.
• En el caso de que una persona interdicta con anterioridad por
sentencia judicial su curador(a) principal fallezca y esta sea la
titular de una pensión de vejez, ¿cómo se tramita o que trámite
se requiere para acceder a la pensión de sobrevivientes? ya que
el fondo de pensión va a solicitar el nuevo "dictamen" o
"curador" y este trámite "no es posible"...
Rsta: En este caso se le debe solicitar al juez de familia que declaro
la interdicción, que designe un apoyo judicial, se deberá adelantar el
trámite de apoyo judicial transitorio oficiará a la Oficina de Registro
del Estado civil para que anule la sentencia de interdicción o
inhabilitación del registro civil correspondiente.
• Se parte en dicha ley, del supuesto de que el apoyo emerge de
la voluntad de la parte que lo necesita, para tal fin, debe
expresar su voluntad ante notario o conciliador. No obstante,
uno se pregunta ¿cómo es eso de la manifestación de voluntad
de una persona por ejemplo esquizofrénica, o con retardos
mentales serios?
Rsta: Si la persona con esquizofrenia o retardos mentales serios
tiene momentos de lucidez que en los que puede manifestar su
voluntad, esos instantes de lucidez son los momentos propicios para
expresar su voluntad ante un notario, pero si su discapacidad
cognitiva es tal que no puede expresar su voluntad, deberá realizarse
el proceso de adjudicación por vía de un proceso sumario y deberá
ser adelantado por tercera persona con interés legítimo.
• En los procesos transitorio de apoyo, al tramitarse como un
proceso verbal sumario (Art. 54), debe haber demandante y
demandados o es un proceso sin demandados tal como los de
jurisdicción voluntaria, ¿pero se tramita como un verbal
sumario?
Rsta: El demandante es el tercero con interés legítimo y el
demandado s la persona con discapacidad absoluta.
• Se puede entrar en litigio con la ley 1996 respecto al curador
antes designado en una sentencia de interdicción (con persona
discapacidad absoluta), para ahora designar a otro curador*
(adjudicador de apoyo)
Rsta: si, pero para ello se debe demostrar que se debe retirar el
curador designado para proteger el patrimonio de la persona en
interdicción, esto es porque se pueda demostrar que el curador está
malversando el patrimonio de la persona con incapacidad declarada
interdicta.
• Según la ley 1996 de 2019 las gobernaciones y alcaldías cuando
van a implementar la valoración de apoyos, para que estas no
tengan que ser asumidas por la persona que presenta dicha
demanda.
Rsta: La valoración de apoyo les corresponde a entidades públicas
como personería o defensoría de familia, según lo establecido en la
ley 1996 del 2019 los protocolos y reglamentación deben estar
expedidos a más tardar el 26 de febrero del 2021.
• ¿Qué va a pasar con las pensiones y el reconocimiento que se
les hacía a los interdictos? ¿Como puede una persona que era
cubierta por esa ley cobrar la pensión? ¿Queda esta persona
desprotegida?
Rsta: Va a seguir funcionando como venía, al menos hasta que el juez
de oficio revise el proceso de interdicción, lo cual sucederá antes de
los 36 meses siguientes de expedida la ley, luego de esa revisión el
juez debe establecer si asigna apoyos judiciales o si no los necesita,
si se decide asignar apoyos, este cumplir la misma función del
guardador.
• ¿Los interesados o vinculados a ese tipo de procesos como se
notifican? Lo anterior ya que en el auto admisorio sólo ordenan
notificar al demandado, es decir a la persona que requiere el
apoyo.
Rsta: depende la forma como se vincule, lo que se recomienda es
que vincule como testigo, en ese evento se le avisara el día de la
audiencia para que comparezca, cuando exista disputa se le puede
vincular como demandado en este vento se deberá notificar
conforme lo establecido en el CGP y el decreto 806/2020, si está
vinculado como demandante por obvias razones no se debe
notificar.
• El cambio de paradigma respecto a la capacidad, ¿fomenta la
desigualdad social e instruye a la Sociedad a un abandono de
los antes, incapaces?
Rsta: La ley estableció suficientes herramientas para proteger a esta
comunidad, acuerdos de apoyo, directiva anticipada, adjudicación
de apoyos, si la persona no cuenta con alguien de confianza, puede
acudir a la jurisdicción y se le será asignado un defensor de familia.
En mi concepto en lo que la ley se quedó corta fue en la herramienta
que de hecho debió ser la principal, los ajustes razonables, debe
existir más obligatoriedad para las entidades públicos o privadas
para realizar todos los ajustes razonables necesarios.
• ¿Qué sucede con los declarados interdictos con anterioridad a
la ley?
Rsta: Seguirán con esa condición al menos hasta el 26 de agosto del
2022, tiempo límite para que los jueces revisen de oficio las
sentencias de interdicción y decidan si la persona necesita un apoyo
judicial o necesita de ellos.
• ¿Como se clasifican los niveles de discapacidad, sus
características y los parámetros legales a aplicar?
Rsta: Según el documento borrador que tiene el gobierno nacional
la discapacidad debe ser bajo las siguientes categorías:
• Física
• Visual
• Auditiva
• Sordoceguera
• Intelectual – Cognitiva
• Mental – Psicosocial
• Múltiple
Las características y parámetros serán reglamentados por el
gobierno nacional, a la fecha no se ha expedido de manera oficial
dichos lineamientos.
• ¿La interdicción se levanta inmediatamente con la entrada en
vigor de la ley? O se debe iniciar algún procedimiento.
Rsta: No, cuando exista sentencia de interdicción, la misma seguirá
incólume hasta el 26 de agosto del 2021, tiempo máximo para que
el juez revise la sentencia decida si asigna apoyos o no. No obstante,
la persona titular del acto jurídico, el guardador o un tercero con
interés legítimo puede solicitar revisar la sentencia para asignar un
apoyo judicial cuando pueda estar en riesgo el patrimonio de la
persona con discapacidad, esto es, que fallezca el guardador, que el
guardador este dando un mal manejo al patrimonio o no este
entregando cuentas entre otros.
• En qué casos concretos las entidades de pensiones exigirán
fallos sobre la capacidad de las personas declaradas interdictas
antes de la mencionada ley.
Rsta:
• la demanda debe llenar los requisitos de una demanda
ordinaria. pero como quedaría respecto de enunciar
demandante y demandado
Rsta: Correcto, debe cumplir con los requisitos contemplado en el
CGP y el decreto 806 del 2020, el demandante es el tercero con
interés legítimo, pueden ser todos los familiares o solo el familiar que
desea ser designado como apoyo judicial, y el demandado es la
persona con incapacidad absoluta, e incluso los demás familiares
cercano cuando exista discrepancia en elegir el apoyo judicial.
• ¿Qué pasa con los procesos que quedaron suspendidos con
ocasión a la entrada en vigor de esa ley?
Rsta: Seguirán suspendidos hasta el 26 de agosto del 2021, desde
esa fecha se retomará el procedimiento bajo la nueva ley, esta
suspensión puede ser levantada cuando se debe garantizar los
derechos a la persona con incapacidad. En este evento se le solicitara
al juez que tome las medidas nominadas o innominadas a las que
haya lugar.
• ¿Aplican medidas cautelares para procesos de apoyo judicial
transitorios?
Rsta: si, cuando existe un riesgo demasiado inminente que sea un
riesgo para los derechos de la persona con discapacidad absoluta, se
le puede pedir al juez que ordene asigne a la persona como apoyo
judicial en la admisión de la demanda para ese trámite en concreto.
Ejemplo, un caso de pensión de sobreviviente, donde existan pago
acumulados, porque la persona no puede cobrar, y esta es su única
fuente de ingresos, en la demanda se puede solicitar como medida
cautelar al juez que autorice a la persona para que cobre las mesadas
mientras en el proceso se decide si se asigna como apoyo, el juez
puede ordenar al banco que le entregue las mesadas mensuales a
esa persona, y ya en le sentencia si lo designa como apoyo ordena
que se le entreguen también las mesadas acumuladas.
• ¿Cómo se elabora el acta del acuerdo de apoyo?
Rsta: el acta lo elabora el notario y conciliador y debe contener lo
establecido en la ley 1996 del 2019 y el decreto 1429 del 2020.
• Que sucede con un negocio que realice el interdicto después
de la entrada en vigor de la ley.
Rsta: Si lo hace bajo los parámetros de la sentencia de interdicción
tiene plena validez, de lo contraria el acto jurídico será nulo
relativamente.
• ¿Solo es para personas incapaces por enfermedad, o también
se aplica a los incapaces por edad?
Rsta: No son incapaces por edad, son personas mayores de edad, y
pueden usar los acuerdos de apoyo si así lo desean, si la persona de
edad avanzada desea que otra persona realice los actos jurídicos en
su representación deberá existir un mandato expreso de la persona
titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y
representación
• con la nueva ley el ICBF sigue haciendo las demandas de
manera oficiosa o pueden los jueces de manera oficiosa
declarar medidas para protección del incapaces?
Rsta: La ley no menciona nada al respecto, pero en aras de garantizar
los derechos de una persona que se encuentra en imposibilidad
absoluta para manifestar su voluntad y preferencias, y no tenga un
familiar que lo asista, salvo un mejor criterio, en mi opinión es
factible que el ICBF de oficio pueda realizar la demanda, y el apoyo
serio designado como en la jurisdicción voluntaria, es decir un
abogado de la defensoría del pueblo.
• los apoyos judiciales se asignarán mediante un proceso de
"jurisdicción voluntaria", pero esto solo sucederá si y solo sí, la
persona que requiere el apoyo lo decide, entonces hasta dónde
llega esa capacidad de decisión y si la misma se prestará para
crear confusiones o fraudes en grandes dimensiones?, pues
también se requeriría de un gran equipo de profesionales para
determinar tal situación.
Rsta: En efecto, en ese sentido en mi concepto la ley se está
quedando corta, puesto designa a un solo profesional para realizar
la valoración de apoyo que es la herramienta encargada de verificar
que no exista ningún tipo de fraude o coacción, la ley debió crear un
equipo interdisciplinario para realizar esa valoración de apoyo
mínimo de 3 profesionales conformado por un trabajador social, un
psicólogo y un abogado u otro profesional.
• Cuando haya un acuerdo de voluntades entre una parte sin
ninguna discapacidad física o mental con otra que, si padece de
una discapacidad, ¿El elemento intuito personae se verá
afectado en la celebración de dicho contrato?
Rsta: El sentir de la ley es precisamente lo contrario, lo que busca es
mantener incólume el elemento intuito personae, es por ello por lo
que la ley les dio capacidad jurídica a todas las personas incluyendo
los que tiene una discapacidad, la herramienta predilecta para
mantener el elemento en mención, son los acuerdos de apoyo, dado
que quien firmara el contrato es precisamente la persona con una
discapacidad, el apoyo solo esta para comunicar los efectos de ese
contrato. Ahora, debido a que la misma ley en su artículo 48 permitió
que el apoyo firme en representación de la persona con
discapacidad, entonces en ese evento y solo en ese, se puede decir
que el elemento intuito personae se puede ver afectado.
X - BIBLIOGRAFÍA
Normas
- Ley 1996 del 2019
- Decreto 1429 del 2020
- convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Textos
- abecé de la ley 1996 de 2019 "por medio de la cual se establece el
régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad" - Min justicia
- Cambio de paradigma Ley 1996 de 2019 Corte Suprema de Justicia
Sala casación civil
- Capacidad legal de las personas con discapacidad – Ministerio de
justicia
- Cartilla de discapacidad modelos de conceptualización de la
discapacidad – Ministerio de justicia.
- el ejercicio de la capacidad jurídica: guía práctica para su aplicación
- Asdown Colombia, Nodo Comunitario de Salud Mental, PAIIS
- Capacidad jurídica y derechos de las personas con discapacidad en
el marco del derecho notarial – Ministerio de Justicia.
- El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad - Agustina Palacios
- Historia de las deficiencias - Antonio León Aguado Diaz.
- convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
Guía de formación – Naciones Unidas.
- Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la
justicia – Min justicia
Sentencias
- AC253-2020
- AC290-2020
- AC921-2020
- AC1941-2020
- AC2803-2020
- AC2957-2019
- STC2070-2020
- STC2079-2020
- STC3720-2020
- STC3886-2020
- STC4635-2020
- STC4959-2020
- STC6669-2020
- STC16189-2019
- STC16392-2019
- STL4080-2020
- C-046A-19
- C-182-16
- C-293-10
- T-185-18
- T-447-19
- T-509-16
- T-525--19