carta iberoamericana de gobierno electronico
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Universidad Fermín toro
Vice rectorado académico
Facultad de ciencias jurídicas y políticas
Escuela de Derecho
Análisis de la carta Iberoamericana de gobierno electrónico
Alumna:
Sánchez Yulexi
Barquisimeto, 13 de julio de 2015
La Carta Iberoamericana entiende al Gobierno Electrónico como el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de
la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los
ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e
incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la
participación de los ciudadanos.
En este sentido, los primeros pasos comunes emprendidos por los
gobiernos de Iberoamérica en gobierno electrónico han sido el dictado de
normativa sobre criterios rectores, la elaboración paulatina de una agenda de
gobierno, la designación de órganos encargados de la guía e
implementación, el nombramiento de referentes y el estímulo de iniciativas
en los organismos públicos.
Por esta razón, los valores centrales predicados por esta Carta son:
igualdad, legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad, seguridad,
responsabilidad y adecuación tecnológica. También hay coincidencias en
que se debe poner el foco en los destinatarios del gobierno electrónico: el
ciudadano y la sociedad.
De esta manera, luego de esas primeras iniciativas se presentan, a
nuestro juicio, dos prioridades que deben atenderse:
El primer reto es lograr la plena accesibilidad al gobierno electrónico.
¿Por qué es imperioso disminuir la brecha digital? Porque atenta contra el
derecho de igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Paulatinamente
esta brecha se achica dentro del gobierno argentino y el 50% de la población
tiene algún modo de conexión a Internet. A pesar que la brecha digital y de
alfabetización se acorta, persiste la exclusión en la población de menores
ingresos y por razones geográficas, ya que la mayor concentración de
servicios presenciales y disponibilidad de redes y computadoras se da
paradójicamente en los centros más poblados y que gozan de mayores
ingresos y de nivel educativo.
El segundo reto es homologar la información que se brinda a
distancia para acceder a los servicios con la información que se provee en
forma presencial: la normativa, los procedimientos, los requisitos. Los
ciudadanos son cautivos del sector público en tanto tienen obligación de
concurrir a sus oficinas para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones. No
conocen toda la legislación ni el alcance de los programas y servicios que se
diseñan en la Nación y que tienen alcance regional y local. Desean perder el
menor tiempo posible ante el arduo proceso: ubicar los puntos de contacto
de la organización, horarios de atención, recibir información clara sobre
requisitos, resolución de dudas, sus aranceles, tiempo de demora durante el
trámite. No les interesan tanto los procesos internos de los trámites como el
resultado obtenido.
Es importante resaltar que la Carta subraya que la perspectiva desde
la que se tiene que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la
del ciudadano y sus derechos. A los efectos de esta carta se entiende por
ciudadano cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse
con una Administración Pública y se encuentre en territorio del país o posea
el derecho a hacerlo aunque esté fuera de dicho país. Por lo tanto, de una
parte, la presente Carta Iberoamericana reconoce un derecho al ciudadano
que le abre múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las
Administraciones Públicas
Se trata, por otra parte, no sólo de facilitar al ciudadano sus relaciones
con las Administraciones públicas y con eso igualar sus oportunidades en
ese aspecto, sino también de aprovechar el potencial de relaciones de las
Administraciones Públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la
información y del conocimiento.
En otro sentido, los esfuerzos de los gobiernos de la Región en el
desarrollo de Gobierno Electrónico conllevan su deber de involucrarse en el
debate global sobre la gobernanza de Internet. A tal efecto la participación en
los foros y reuniones sobre gobernanza de es clave. Los signatarios de la
Carta deberán realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los
principios democráticos de esta carta se traduzcan en acciones concretas,
dirigidas a que en el desarrollo de Internet se respeten los derechos de
participación de todos los actores involucrados en el tema en las decisiones
sobre las políticas públicas que se relacionen con el uso de la red.
Por esta razón, se insta a los Estados que, en la construcción de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento eviten adoptar medidas y
decisiones unilaterales contrarias al Derecho Internacional, realizando
acciones tendentes a contribuir a la plena consecución del desarrollo
económico y social de la población de los países afectados y al bienestar de
sus ciudadanos.