carreras [in]docentes - historia de una ignominia

5/14/2018 Carreras [In]docentes - Historia de una ignominia - slidepdf.com

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CARRERAS [IN] DOCENTES CARRERAS [IN] DOCENTES

Historia de una ignominia Historia de una ignominia

Plataforma DALE Plataforma DALE

Mayo 2011 Mayo 2011

2 ª E d i c

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R e v i s

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CARRERAS [IN] DOCENTES CARRERAS [IN] DOCENTES Historia de una ignominia Historia de una ignominia

Plataforma DALE Plataforma DALE

Mayo 2011 Mayo 2011



Plataforma DALE, 2011. Bernardino Alonso Miranda, Joaquín Álvarez-Buylla, Fermín

Casatejada Casatejada, Yolanda Díaz Coca, Jacobo Durán Aranda, JoséIgnacio Fernández del Castro, Mª Josefa Fernández Fernández, EmmaGarcía García, Andrés García Martínez, Emilio Julio Goñi Menéndez,Javier López Morales, Dolores Pascual Saldaña, José Mª Rosell Tous,Victoria Valdés González y Cecilia Varela Mud (Recopilación yCoordinación), 2011.

Cualquier parte de esta publicación puede ser reproducida, en cualquier forma o por cualquier medio, haciendo mención a los textos e imágenesreproducidos, a sus autoras o autores y a sus fuentes.

Imágenes de portada: Chiste cedido por Andrés Rábago García (El Roto),publicado originalmente en El País el 22 de Noviembre de 2007.

Depósito Legal: AS/2245-2011



Índice

1. Prólogo...................................................................72. Introducción............................................................93. Evolución legal.....................................................154. Reacciones y situación en los Centros.................235. Epílogo.................................................................576. Anexos..................................................................59



1. Prólogo

Nos presentamos. Somos un grupo de docentes que hemos constituido laPlataforma DALE (Damnificados por la Ley de Evaluación1). Y lo hemoshecho porque consideramos que la denominada Ley de Evaluación

Docente, aprobada por el parlamento asturiano en diciembre de 2009, es laculminación de una de las mayores chapuzas que nuestra clase política hacometido y una de las mayores vergüenzas que pesan sobre nuestro

sistema educativo. Nos preocupa, además, que puede tener consecuenciasirreparables sobre el buen funcionamiento del mismo.

La escandalosa incompetencia puesta de manifiesto por los actualesresponsables de la Administración en el intento de organizar una carrera

profesional en el funcionariado docente, nos ha hecho llegar a una situaciónesperpéntica donde, por razones injustificables, profesionales con idénticasresponsabilidades y las mismas condiciones contractuales perciben

retribuciones salariales diferentes, apoyadas en resoluciones declaradasilegales por los tribunales.

Así que hemos decidido elaborar este pequeño libro para dar a conocer atodo el mundo, docentes y ciudadanía en general, esta pequeña historia quedenominamos “Carreras [In]Docentes. Historia de una ignominia” .Esperamos que os resulte clarificadora.

1 http://nofirmantes140.blogspot.com – [email protected]

http://www.nofirmantes.blogspot.com/

http://www.nofirmantes.blogspot.com/



2. Introducción

“Los racionalistas envejecidos y con una melancolía fin de milenio

comprobamos una vez más que los vicios, como los tópicos,

no por absurdos son menos necesarios: necesitamos jefes para no creer en

nosotros mismos y necesitamos peligros ya conocidos porque presentimos

que son mucho peores los que aún no nos atrevemos a conocer.”

Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN.Barcelona, 27 de Julio de 1939- Bangkok, 18 de Octubre de 2003.

Panfleto desde el planeta de los simios. Crítica, Barcelona, 1995.

Érase una vez... Bueno, en realidad, así empezaban los máshermosos cuentos de nuestra infancia, pero lo que nos disponemos a contar ni es un cuento, ni es infantil, ni es hermoso.

Esta historia, tan real como la vida misma en su propio absurdo,

podría identificarse más bien con el valleinclanesco género del esperpento;aunque, claro, también tiene toques de chusca política-ficción cercanos a lavieja, popular y denostada pulp-fiction. Ya se puede suponer, con talesantecedentes, que la narración, relativa a señoras y señores funcionarios

públicos, sólo puede dirigirse a un público adulto acostumbrado al juego bizarro (léase este adjetivo tanto en su sentido castellano más clásico comoen sus actuales connotaciones más sajonas) que se traen los poderes del

Estado (tan independientes ellos, tan democráticos ellos, tan plurales ellos,tan representativos ellos) en su vertiente autonómica (tan principesca ella).Sobre la hermosura de la trama, ¿qué decir?: ¿queda algo que, siendotocado por “la clase política”, pueda conservar siquiera un atisbo de su

belleza primigenia?

Pero, vayamos al asunto...

En el año 2007, en plena vorágine preelectoral, al entonces Consejero deEconomía, Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno del



10 ● Carreras [In]Docentes

Principado de Asturias, el economista roblano Jaime Rabanal García, se leocurrió que podría resultar rentable en votos anticiparse a todo desarrollo

normativo estatal y auspiciar una especie de pre-carrera profesional del funcionariado. Y algunos corrieron. Por ejemplo, el sindicato del régimenque hizo notar al Consejero que en el borrador del Decreto correspondientese habían olvidado del funcionariado docente. Y, así las cosas, salió elacuerdo del Consejo de Gobierno y el Decreto convocando a las masasfuncionariales a la incorporación voluntaria a una carrera profesionalinexistente que supondría unos pagos a cuenta que deberían ser

consolidados mediante una evaluación con criterios absolutamentedesconocidos... ¿Quién podía fiar la suerte de tan sustancioso caramelo, enforma de complemento salarial, al capricho de presentes y futuros fulleros

profesionales (léase políticos)?... Pues, ¡oiga!, muchas fueron las personasque lo hicieron.

Bien es cierto que el mencionado sindicato del régimen se encargó derepartir, en voz queda, consignas sobre el carácter bienintencionado de la

propuesta, llamándola “pago encubierto” y cosas similares... Pero, ¿quéquieren?, quienes nunca pudimos dejar de ser “racionalistas envejecidos ycon una melancolía fin de milenio”, que diría el llorado Manolo (VázquezMontalbán), tampoco pudimos dejar de considerar esa “incorporaciónvoluntaria” como la firma de un cheque en blanco que malvendía, a bajo

precio y no precisamente al mejor postor, una posibilidad de retrocesosarbitrarios de las condiciones laborales presentes y futuras. Y es que, aún

admitiendo la buena intención del señor Rabanal y sus secuaces (lo que yaes mucho admitir), ¿quién garantizaba lo que la aceptación de posiblesmodificaciones futuras de las condiciones laborales podría suponer enmanos de los gobiernos venideros?... De hecho, los desconocidos criteriosde la futura evaluación del desempeño abrían, fuera de toda negociacióncolectiva, el camino a la introducción de una desregulación de talescondiciones (especial e insolidariamente amenazante, sobre todo, para

quienes no tenían siquiera la posibilidad de decidir sobre su adscripción ono a la carrera: funcionariado reciente, interino o futuro), cosa que derivó



Carreras [In]Docentes ● 11

en un enfrentamiento inter e intrasindical y, a la larga, en la voladura de lasección de educación de alguno de los mayoritarios (léase más

apesebrados).

Al final, el resultado fue que, según palabras del Consejero de Educacióncaído en desgracia, José Luís Iglesias Riopedre, unas mil personas que

podían “incorporarse voluntariamente a la carrera docente” decidieron nofirmar el cheque en blanco. Aparte, por novatos o haber equivocado susubicaciones o accesos, quedaba un colectivo mayoritario al que ni siquierase le reconocía el derecho de incorporación: funcionariado de carrera conmenos de cinco años de servicio en Asturias (con desprecio de los años deservicio prestado en otras comunidades autónomas) o funcionariadointerino, por ejemplo.

Y una verdadera cascada de recursos legales por la falta de coberturanormativa del acuerdo del Consejo de Gobierno y los Decretossubsiguientes o por discriminación salarial, fue llegando a los Tribunales de

lo Contencioso-Administrativo auspiciados por “sindicatos díscolos” ygrupos docentes creados ad hoc. Unas pocas reivindicaciones salarialessobre el complemento fueron atendidas y dieron lugar a que un pequeñocolectivo de profesorado, no habiendo firmado nada, cobre elcomplemento. Mientras, y de forma “curiosa”, la inmensa mayoría de esasreclamaciones caía en otro Tribunal que los desestimaba de formaautomática.

Pero he aquí que la reivindicación de fondo, sobre la carencia de valideznormativa del acuerdo de Consejo de Gobierno y los Decretos vinculados,acabó por ser estimada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Asturias, que declaraba, en un eufemismo

jurídico para “salvar las apariencias”, la nulabilidad de todo el proceso.

¿Consecuencias?... Casi ninguna: Administraciones Públicas se convertiría,

en la nueva legislatura, en Consejería (incorporando también la Portavocía




del Gobierno), y pasaría a ser desempeñada por una política de raza2, AnaRosa Migoya de Diego. Ella desarrollaría el proyecto de unidad de gestión

de toda la administración pública con “mano de hierro” (acaso un pocooxidada) que sembró de recursos los Tribunales asturianos y fueacumulando el mayor volumen de fallos en contra de la historia de laAdministración asturiana.

Pero bueno, ¡sí!, una consecuencia muy importante y que pone demanifiesto el “buen funcionamiento” del engranaje de los tres poderes delEstado... La Consejería de Administraciones Públicas elabora rápidamenteun Proyecto de Ley de ámbito Autonómico para desactivar la sentencia delTSJA, dando cobertura a los pagos efectuados de forma ilegal. Y así la

propuesta del Ejecutivo regional llegó al Legislativo, mediante trámite deurgencia3, con la seguridad de que con el apoyo de los “colegas de laizquierda plural”4, serviría para burlar la sentencia del Judicial...¡Montesquieu removiéndose en su tumba!.

Pero que nadie piense que lo que hacemos, lo que hicimos, fue, es, por uninterés estrictamente personal y egoísta, o motivado por el “temor a que nossuspendan”. Que va, nada de eso: quienes pudiendo firmar no lo hicimos,

pretendíamos y pretendemos impedir que “leyes de conveniencia” comoesta se puedan convertir en la hipoteca del futuro para el profesorado delmañana (docentes mas jóvenes, interinado y víctimas, en general, de la

precarización de lo público); queríamos y queremos evitar que se perpetúe

el proceso de deterioro del funcionamiento de una escuela publica arribada por las administraciones al rincón de los contenedores sociales, cada díamás alejada incluso de cualquier función de reciclaje.

2 Es decir, una de esas a las que no se les conoce en toda su vida empleoremunerado fuera o derivado de la política, pues en 1991, cuatro años despuésde licenciarse en Geografía y dos después de ingresar en el PSOE, ya eraCuarta Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Piloña

3 El último día hábil para que pudiese ser publicada en el Boletín Oficial del

Principado de Asturias antes de finalizar el año 20094 Salvo uno, docente, que “huyó por piernas”, no incorporándose tampoco su

sustituto de la izquierda asturianista




Por encima del interés particular estaba y está el interés colectivo y general:cualquier modificación de la estructura salarial del profesorado, en la línea

de lo que plantea la ley aprobada en forma de un verdadero caos decomplementos, escalas o niveles imposibles de justificar, no sólo perjudicaa quienes voluntariamente no firmamos el “cheque en blanco” de la carrera(hacia ninguna parte) que se nos ofrecía a quienes llevábamos comofuncionarios de carrera mas de cinco años en esta comunidad autónoma,sino, sobre todo, a quienes en un futuro próximo accedan a la tarea deeducar, a los próximos trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

Esta norma, en fin, como algunas de las que, previstas desde hace tiempo,no terminan de cuajar (como el Estatuto Docente), pretende, entre otrascosas, establecer una insana competencia entre docentes, para desdibujar suesencia como parte fundamental de un servicio publico cuyo ejercicio no

puede fundarse sino en la cooperación y la solidaridad. Y es que estasnormas, como otras de distinto rango vienen haciendo desde hace años,relegan, en la práctica, a un segundo plano cuantas actividades se vinculan

directamente a lo que justifica nuestra propia razón de ser: la docencia.

Todo lo que se viene haciendo normativamente desde hace años5 avanzahacia la desaparición de los verdaderos equipos de trabajo docente, tanesenciales en un “despegue educativo” basado en la innovación y laexperimentación durante los años setenta y ochenta del pasado siglo.

Todo, en fin, propicia la ocultación entre colegas de las formas de trabajo

de cada cual, de lo que funciona o no en el aula... Y, paralelamente, aexhibir ufanamente los oropeles vanos del “hacer lo que a uno le mandan”6 según las ceremonias y rituales que valorarán perversos procesos deevaluación, como el presente.

5 Al menos desde la LOPEG -Ley de Participación, Evaluación y Gobierno delos Centros Docentes, 1995- del ministro pixueto Gustavo Suárez Pertierra, que

antes y después de tomar el mando en las aulas lo ejercería en los cuarteles.6 Que “para eso le pagan”, según expresión literal de un Inspector en una

Comisión de Coordinación Pedagógica.




Cabe, pues, preguntarse aún: ¿dónde se quedaron los ideales de la LODE?,¿dónde se fueron las ideas y prácticas de los movimientos de renovación

pedagógica de los 80, que ministros como José María Maravall, Javier Solana o Alfredo Pérez Rubalcaba, e intelectuales orgánicos como ÁlvaroMarchesi, César Coll o Mariano Fernández Enguita, utilizaron (ydesactivaron) sin rubor para redactar la LODE o la LOGSE?.

Asturias es un “infierno artificial” de malas experiencias en la organizacióndel sistema educativo que merece la atención de otras comunidadesautónomas y del propio Ministerio: el profesorado asturiano tiene uno delos salarios más bajos de todo el Estado y, sin embargo, viene demostrandounos niveles de implicación dignos de ser reconocidos de forma justa.

Pero la única ocurrencia que los sindicatos del régimen y las Consejeríascorrespondientes encuentran para resolver esta situación es una sucesión denormas viciadas, “chapuceras”, injustas e ilegales.

Pero esta es otra historia, y bien merece que la contemos más despacio...



3. Evolución legal

Un acuerdo que aún dura

Cuando, el 27 de diciembre de 2006, en la reunión de la Mesa General de Negociación (la Administración y tres sindicatos, CEMSATSE, sector enfermería, UGT, FETE-UGT y CCOO), se acordó aprobar la carrera

profesional para el personal sanitario, se estableció, además, el compromisode desarrollar una carrera para el resto de los empleados públicos, una vezque se dispusiera de los marcos normativos correspondientes y, mientras

tanto, pagar una cantidad a cuenta a quien tuviera cinco años deexperiencia.

Pero ese compromiso tuvo una historia accidentada, sobre todo en el casode los docentes, cuyo marco normativo, -estatal-, aún está sin desarrollar.

Promesas electorales

Comienza el año 2007, año de elecciones autonómicas.

Un compromiso electoral del Presidente y candidato, Álvarez Areces, sematerializaba el 22 de mayo, (¡¡¡5 días antes de las elecciones¡¡¡ ), en unaResolución de la Consejería de Administraciones Públicas por la que seconvoca el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera ydesarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios

en la Administración del Principado de Asturias… Se abría, pues, la posibilidad de incorporación-adhesión al sistema de carrera profesional,añadiendo que una evaluación negativa traería consigo la devolución deldinero cobrado a cuenta.

[…] El personal que solicite voluntariamente la adhesión al sistema de carrera y desarrollo profesional deberá consignar, en el modelo

normalizado, su compromiso con la Administración de participar en lacarrera profesional, una vez desarrollada. […]




Quedaba claro que la carrera estaba aún por desarrollar y que se planteabasin unas condiciones objetivas. Se pedía, a los trabajadores, que solicitaran

voluntariamente incorporarse a un sistema, que más tarde sería declaradoilegal, sin parámetros previos ni criterios objetivos. Se trataba, por lo tanto,de un cheque en blanco.

Y todo a cambio de una retribución económica que, en realidad, debíahaber sido una subida salarial lineal para todos los docentes, que solicitabanhacía tiempo la homologación con la media del Estado.

El compromiso de pagar con el único requisito de cinco años de antigüedad(no se hablaba de solicitarlo), se desvanecía también en un embrolloadministrativo que tan solo acababa de comenzar.

La Resolución del 22 de mayo es recurrida por la Corriente Sindical deIzquierdas, que pide la suspensión cautelar. La sentencia, contraria a la

Administración, del tribunal nº 5, señala, entre otras cosas, y de maneraexplícita que en el acuerdo inicial del que nace la llamada carrera profesional no figuraban muchos de los aspectos que la Resolución exigía:

a) Si la Administración pretendía que afectara negativamente a laesfera de derechos e intereses de la recurrente, debía notificarse

individualmente.b) No es ajustado a derecho exigir una solicitud formal (de adhesión)

que no figuraba en el acuerdo.c) La evaluación del rendimiento no es una expectativa del

funcionario sino una obligación de la Administración.d) La Administración hace pivotar sobre el hecho simple de una

solicitud el percibir un complemento sustancial .e) El anticipo lo abona como complemento de productividad cuya

naturaleza es distinta de la encaminada a retribuir la carrera

profesional.




El 5 de octubre, el TSJA dicta la suspensión cautelar hasta decidir si eslegal adherirse a algo que no está desarrollado.

Y todo habría sido más fácil para evitar una sucesión de chapuzas si nohubieran intervenido algunos sindicatos. Pero no fue así. A petición deUGT, CCOO y USIPA, el Tribunal levantó esta suspensión cautelar el 12de noviembre basándose en que “generaría una perturbación de losintereses del personal afectado”.

Así pues. al mes siguiente, en diciembre7

, aparece publicada la relación del profesorado que habría de cobrar por su “adhesión” a esa inexistentecarrera profesional. Pero ahora, en su nómina, aparecerá como uncomplemento de productividad por incentivos al rendimiento, a cuenta, que

por la gracia de una firma unos comenzaban a cobrar y otros no.Evidentemente, se vulneraba el principio de igualdad, a igual trabajo no seestaba cobrando igual salario.

Dime en qué juzgado has caído.

2008. La desestimación por parte de la Consejería (o su silencio) de losrecursos presentados por el profesorado no firmante, permite ya iniciar recursos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Unos grupos recurrieron con sus sindicatos. Otros acudieron a abogados particulares. El que, con el tiempo, tendrá mayor fortuna será el llamadode los 140, con el abogado de Pola de Siero, Carlos Álvarez Buylla.

Y aquí es donde el asunto alcanza niveles esperpénticos. Llegamos ya a2009.

Los recursos que caían en algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (como el 1 o el 4) eran desestimados.

7 Resolución de 4 de diciembre de 2007




Diferente suerte esperaba a los que “cayeron” en el nº 5. El primero

favorable es de enero de 20098: un grupo de 9 personas defendidas por CCOO, no firmantes, a quien el juez José Ramón Chaves dio el derecho a

percibir en igualdad de condiciones el complemento de productividad.

¿Por qué, entonces, en otros muchos casos no se pudo extender estasentencia? Para entonces, la mayor parte de la gente había tenido ya su caso

juzgado y desestimado. “Cosa juzgada”, lo llaman.

Ante un mismo caso de discriminación salarial, las soluciones fueronradicalmente diferentes y, como tal, mantenidas hasta la fecha en que estaslíneas se escriben. Unos cobran, otros no. Y ninguno de ellos habíafirmado el cheque en blanco.

Siguiendo la secuencia de acontecimientos, el 10 de junio de ese mismo

2009, el TSJA (11 magistrados) sentencia la disconformidad a derecho dela Resolución del 22 mayo de 2007 y su anulación. La Consejería da palosde ciego durante esos días, decide no recurrir ante el Tribunal Supremo -cosa que sí hacen dos sindicatos- y sigue adelante con la discriminación de,se calculaba entonces, 5000 personas. Sigue pagando los pluses y proyectadar cobertura legal a la situación discriminatoria.

La Plataforma de Los 140

¿Y qué ocurrió con el grupo de los 140? La unidad de este grupo, creadoallá por 2008, se mantuvo ante la lucha judicial. Su recurso también cayóen el Tribunal nº 4. La sentencia (febrero de 2009), un auténticodespropósito, había sido literalmente un corte y pega, supuestamente comorespuesta única a todas las demandas presentadas.

Pero en el caso de los 140, la incoherencia de lo contestado en relación a lo

8 Habrá otro, ese verano, defendido por la Corriente Sindical de Izquierdas




solicitado llegaba a extremos tan ridículos como afirmar que han presentado las solicitudes fuera de plazo. En la relación de profesorado que

percibiría el dinero a cuenta, hay un montón de solicitudes rechazadas,entre ellas las había fuera de plazo (alguien no se enteró, lo pidió fuera de

plazo y ya no pudo cobrar, aunque al día siguiente, como los demás, tuvoque ir a trabajar). Los 140 no habían firmado. La sentencia apenas tiene encuenta todos los fundamentos del recurso.

Algunos ejemplos pueden dar una idea de la diferencia que existe entre

esta sentencia y la del tribunal nº 5, antes mencionada:

Difícilmente se puede impugnar una Resolución, en la cual el interesado ni siquiera ha considerado necesario participar……Solo cuando han visto que se ha concedido a otros han decididoincorporarse.

Se utilizan, pues, en las sentencias, las propias alegaciones de la Consejeríay de algunos sindicatos, subjetivas, populistas y poco razonadas jurídicamente.

E incluso contrastan estos argumentos con los dados a otros por el juez deltribunal nº 1, García López, quien habla constantemente de que sinimpugnar la resolución no puede aceptar la demanda. Y añade “conindependencia de la mayor o menor fortuna en la denominación otorgadaal complemento”.

En cambio, los 140 no pedían en primer lugar reconocimiento económico; pedían que se anulara esa resolución, el origen de todo.

Ante esta sentencia, el abogado, Álvarez-Buylla, presentó un recurso deapelación ante el TSJA. La respuesta del tribunal llegó el 29 de septiembre

de 2009: en esta ocasión, se daba la razón a los 140, declarando que las dosresoluciones, la del 22 de de mayo y la del 4 de diciembre de 2007 eran




nulas; es decir, tanto la que abría el proceso de adhesión, -la firma-, comola resolución por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos

correspondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional de losempleados públicos que prestan sus servicios en la Administración delPrincipado de Asturias y en la que se incluía la relación de cobrantes, por no ser ajustadas a derecho.

Todo se había montado como un castillo de naipes sobre la base de lailegalidad y ahora se desmoronaba. Por eso, la respuesta del Gobierno no

fue ejecutar inmediatamente la sentencia, retrotrayéndose hasta el momentoen que dictó una resolución ilegal y anulando los pagos o reconociendo queesos pagos eran simplemente un complemento que todo el mundo debíacobrar.

A esta última posibilidad la respuesta fue que no había dinero9. ¿No habíadinero para pagar a sus trabajadores? ¿Qué demonios hacían con el dinero?

Durante varios meses hubo una sentencia firme que no se ejecutó. De ellose informó a la Sindicatura, sin haber obtenido a fecha de hoy respuesta.

Una Ley paliativa10

IU-BA-LV dice que las leyes de la carrera solo son "paliativas" 11

Para burlar la sentencia que no quería ejecutar, el Gobierno se puso alegislar. Cumplió, en primer lugar, con la obligatoria redacción autonómica

9 El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, admitió que «no hayretroactividad sobre todo por una cuestión presupuestaria; eso costaría 128millones y es de todo punto imposible de asumir»” (La Nueva España, 22 dediciembre de 2009)

10 R.A.E: PALIATIVO: 1. Que mitiga, suaviza o atenúa. Se dice especialmente delos remedios que se aplican a las enfermedades incurables para mitigar su

violencia y refrenar su rapidez. 2. Capaz de encubrir, disimular o cohonestar algo.

11 http://archivo.lavozdeasturias.es/html/534081.html




de la Ley de Función Pública. Pero para los docentes esto no era marcolegal suficiente. Y legisló una Ley que llamó, con la connivencia por

acción u omisión parlamentaria, Ley de evaluación de la Función docente y sus incentivos. Ley que, en realidad, se la llamara como se la llamara, noera sino una ley que trataba de hacer legales los pagos, como repetidamentese comentó durante esos días. Le cambiaban el nombre, ya no era CarreraProfesional, era otra cosa. En vez de pagar por aquello, pagaban por estootro y lo habían dado como adelanto. Es decir, cuatro años adelantados aunos mientras que los demás se quedaban sin nada. Un disparate.

Ocho días antes de la aprobación de esta Ley, el abogado de los 140, entreotros, acudió al Parlamento, el 21 de diciembre de 2009. En suintervención12 expuso el castigo al que se había sometido a quienes no sehabían adherido: “La Administración, al legislar, se prevale de armassuperiores a las de los ciudadanos”.

Con la Ley aprobada, solo quedaba la difícil vía de tratar de que fuera

declarada inconstitucional. Y así, un amplísimo grupo de no firmantes, eneste caso no solo integrantes del grupo de los 140, enviaron su recurso alDefensor del Pueblo, quien, sin entrar en grandes consideraciones, decidióno interponer el recurso de constitucionalidad.

¿Y cómo ejecutó la Administración esa sentencia de 29 de septiembre de2009 en la que se daba la razón a los 140, declarando que las dosresoluciones, la del 22 de de mayo y la del 4 de diciembre de 2007 eran

nulas? De una manera, cuando menos, curiosa: simplemente publicándolaen el BOPA de 10 de mayo de 2010.

Cuando después se solicitó al Tribunal nº 4 y posteriormente al TSJA, laejecución de la sentencia o que en su defecto instara cuestión deconstitucionalidad de la Ley, su respuesta fue: ya está publicada. Añade el

juez: sin que estemos indicando que dicha Ley no pueda ser contraria a la

Constitución, ...12 Puede leerse la intervención parlamentaria completa en:

http://nofirmantes140.blogspot.com/p/la-carrera-profesional-docente.html




¿Y cuál es la situación actual? Todo está anulado, (salvo el acuerdoinicial), no existe, pero el montaje continúa.

En las disposiciones transitorias de la Ley, se dice:

1. El derecho a percibir el complemento por incentivos al rendimiento derivado del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 demayo de 2007 y de su normativa de desarrollo, anterior a la presente

Ley, se extingue a la fecha de su entrada en vigor.

Se alude una normativa que ya está anulada, sobre la que no podría basarse lo que viene a continuación: que se han hecho anticiposeconómicos, nada menos que durante tres años a los firmantes de algoanulado, y que siguen cobrando sin ninguna diferencia con el resto:

2. ...las cantidades abonadas a los funcionarios docentes de carreraen la Administración del Principado de Asturias, con efectos de 1 deenero de 2007, en virtud del complemento por incentivos al

rendimiento derivado del régimen normativo previsto en el apartado precitado y anterior a la presente Ley, SE CONSIDERAN ANTICIPOS, YA ABONADOS

3. Dichos funcionarios seguirán devengando estas cantidades hastael momento en que se resuelva positivamente el procedimiento deevaluación derivado de los planes de evaluación de la funcióndocente.

A partir de aquí, otros compañeros pueden seguir batallando con otrosabogados. Pero va para largo. Mucha gente pregunta: ¿Cómo es posible quese dé una discriminación salarial tan evidente?

Que no nos vendan humo: en la Administración asturiana, no se publicóuna Ley para evaluar. Se publicó una Ley para perpetuar ladiscriminación salarial. Y ello, sin duda, vulnera el Principio deIgualdad.



4. Reacciones y situación en los Centros

Como ya se ha dicho con anterioridad, queremos dejar claro que noestamos en contra de una evaluación del profesorado. Como todotrabajador, el profesorado tiene que someterse a una evaluación y conmucha más razón, si cabe, al tratarse de salarios que se pagan con el dinero

público, que es de todos. Y es potestad y obligación de la Administraciónque esta evaluación se lleve a cabo de manera clara, transparente y concriterios objetivos.

Aunque algunos tenemos la impresión, como comenta una compañera másadelante, de que “los docentes somos los funcionarios que rellenamos másregistros sobre nuestra actividad diaria en el trabajo” y que ya nos gustaríaque nuestros amados próceres cumplieran en la misma medida, con la

justificación de sus tareas.

Pero lo que no resulta de recibo es esta Ley de Evaluación que no evalúa, niesta carrera profesional que aún no lo es. El único objetivo de esta Ley de

Evaluación de la Función Docente, que consta de un folio escaso a doblecara, es el de dar cobertura legal a algo que era injusto, inmoral y quela justicia ya había declarado ilegal.

La experiencia, hasta la fecha, ha consistido simplemente en un intento deobligar a cumplimentar unos “items” absurdos que, valorando lo que sonobligaciones profesionales, ofenden la dignidad de los docentes hasta

provocar un estupor agraviado o una risa despectiva.Y a nuestro entender aquí hay culpables; no todo vale y hay que pedir responsabilidades. Y los culpables tienen nombres y apellidos: el Sr.Areces como jefe del ejecutivo regional, el Sr. Riopedre como titular deuna consejería de educación a la que se ha vaciado de competencias; y,sobre todo, la Sra. Migoya, consejera de Administraciones Públicas, y elSr. Iturrioz, viceconsejero de Modernización (?) y Recursos Humanos,

como perpetradores de esta chapuza y desaguisado que han sembrado laindignación entre el profesorado y un malestar en los centros educativos




que será difícil hacer desaparecer. Además, lejos de reconocer su error yenmendarlo, se obcecan en él perpetuando una clara discriminación y nos

obsequian con descalificaciones ofensivas. Han contado, por supuesto, conla inestimable colaboración de ANPE y UGT para llevar a cabo sus

propósitos.

El cabreo no es para menos, con la situación esperpéntica y de caos que hanconseguido generar, aplicando el “divide y vencerás”. Veamos: desde elaño 2007, sin evaluación de ningún tipo y a igualdad de trabajo y demáscondiciones laborales, han conseguido establecer cuatro categorías (no es

posible hacer más) de trabajadores entre los docentes: hay quienes firmaronsu adhesión a algo13 y cobran por ello un complemento de productividad(?); hay quienes firmaron y no cobran dicho complemento (por haberlohecho en otro formato, sin cumplir las condiciones, por defectos deforma...); hay quienes no firmaron su adhesión y sí que cobran el citadocomplemento, dado que sus demandas aterrizaron en un determinado

juzgado; y hay quienes no firmaron su adhesión y no cobran dicho

complemento al ser atendidas sus demandas en un juzgado distinto.

Además, un buen número de docentes han pasado, a lo largo de estos cuatroaños, a cumplir las condiciones mínimas para la incorporación voluntaria;mientras otros cuantos se han ido jubilando, habiendo cobrado o no.

Así se mantiene hasta hoy, pese a que la justicia ya se ha pronunciadodefinitivamente sobre la ilegalidad de todo el proceso. Y, tras más de un

año de “aparcamiento por crisis”, con su desarrollo en una normativa sobrela Evaluación que parece se realizará en Mayo de 2011. ¡No es posiblehacerlo peor!

Lo que no podremos perdonar nunca es el deterioro del ambiente de trabajoy la desmotivación que han provocado en los centros educativos asturianosy entre el profesorado. Y como prueba de ello, os ofrecemos una breve

recopilación de opiniones que distintos compañeros han vertido en la13 Adjuntamos en el anexo 1 el modelo de solicitud a firmar para que pueda

comprobarse que se trató de una mera pantomima.




prensa durante estos últimos años:

Uno de los mil...LNE 09-08-2007José Ignacio Fernández de Castro

Sí, lo confieso. Soy una de esas mil personas, docentes acaso (para la Administración) no muy decentes, que no ha firmado su adhesión,incondicional e inquebrantable, a la (desconocida) carrera profesional del

profesorado no universitario que presta sus servicios en el ámbitoadministrativo del Principado de Asturias.

Tras el cierre de dicha convocatoria de adhesión, el señor consejero,renacido como tal después de sus propios anuncios de despedida, queapenas un diez por ciento del profesorado (mil veinte según su valoraciónnumérica precisa) habíamos renunciado voluntariamente a su generosaoferta. Aunque, a renglón seguido, afirmara que aún eran desconocidas lascifras concretas.

¿Cómo puedo, pues, junto a mil diecinueve colegas más, haber cometidotal dislate o, cuanto menos, haber incurrido en tan vergonzantenegligencia?... ¿Cómo podemos, ¡oh, señor de todas las Asturias!,mostrarnos tan esquivos y desagradecidos con la mano que nos alimenta?

Bueno, en primer lugar, es el caso de que el profesorado de nuestracomunidad viene sufriendo, desde el traspaso de las competenciaseducativas a nuestra comunidad autónoma, un importante agraviocomparativo en sus salarios (una media de doscientos euros menos al mes)

con respecto al del resto de comunidades. Y, evidentemente, éste debiera ser un asunto previo al planteamiento de cualquier difusa modalidad decarrera profesional que conlleve condiciones laborales nuevas. El justoreequilibrio salarial debe hacerse desde las condiciones laborales yaestablecidas y, desde luego, con carácter universal y automático; nuncavoluntario y condicionado, como propone la cuitada carrera profesional.

Una vez restablecido ese reequilibrio salarial sobre las condicioneslaborales presentes, estaríamos en situación de empezar a hablar, en los

foros de negociación colectiva pertinentes, de carrera docente o lo que fuere.




Pero hay más, ese diálogo para el entendimiento aún requeriría de unmarco legal específico que lo amparase; de un estatuto de la función

docente, en fin, que, en este momento y después de los últimosdesencuentros estatales, no se presenta como posible en el corto o medio plazo. La normativa asturiana sobre carrera docente nace, así, sin amparonormativo, por simple analogía con otros sectores del funcionariado como

puede ser el de la salud o la Administración. Y de ahí que se hayarecurrido por vía de un contencioso.

Dice el flamante nuevo-viejo consejero de Educación que «estos datos(numéricos) hablan por sí mismos de la aceptación por parte del

profesorado de la carrera profesional, lo que demuestra que responde a sus intereses profesionales y económicos». Pero ¿cómo puede ser así cuando sobre lo que sea la dichosa carrera docente nadie sabe nada y el

propio señor Iglesias Riopedre se apresura a decir que está dispuesto anegociar con los sindicatos su definición?; ¿cómo puede hablarse de una«concordancia de intereses» cuando será fácil comprobar la ampliacoincidencia entre un «profesorado de a pie» que firmó escritos y participóen asambleas y movilizaciones contra esta (nebulosa) propuesta de carrera

profesional y, luego, amedrentado o timorato, firmó también, postreramente (ya en pleno mes de julio, su sumisa adhesión a la misma?;¿cómo puede entenderse que a los «sindicatos críticos» (SUATEA, CC OO

y CSIF, cuyas secciones de enseñanza se adhirieron al contencioso contrael decreto de la carrera docente y recomendaron a sus afiliados la noadhesión a la misma) pertenezca la inmensa mayoría de la representacióndel profesorado en la junta de personal docente?; ¿cómo puedeinterpretarse el hecho, surrealista, de que el sindicato promotor y

animador de ese decreto, UGT, haya decidido enviar, ya en el mes de julio,una carta al Rectorado de la Universidad de Oviedo para que distribuyeseentre el profesorado universitario un escrito titulado «Reclama tu carrera

profesional» (al que se adjuntaba el anexo con la solicitud de adhesión publicado en el BOPA), cuando dicho colectivo tiene definida su carrera profesional hace tiempo y no se encuentra sometido a dicha normativa?...

En fin, fuentes hay para dudar de los datos «previstos» por el Consejero ymuchos más para impugnar su forma de actuar. Podríamos ir, incluso, un

poco más allá, y preguntarnos que ¿a qué colectivo laboral se atrevería su patronal a proponerle un acuerdo salarial donde no se precisan las




condiciones laborales que conlleva?; o ¿por qué determinadas funciones privilegiadas en los centros educativos (de dirección, de tutoría o de

apertura de los centros a la comunidad, pongamos por caso) debenconsolidar niveles o grados profesionales y no suponer, simplemente,complementos salariales (y/o compensaciones horarias) ligados al desempeño?; o ¿cómo se va a articular laboralmente la presencia de

profesorado adherido y no adherido a la carrera docente en los centros?; o¿sobre qué legitimidad la tímida y vergonzante adhesión de quienes temen«perder algo» (que desconocen) si no firman, ya en los últimos años de sucarrera docente, puede configurar las condiciones laborales de todo el

profesorado del futuro?... Pero vamos a dejarlo aquí. Uno no acostumbra a firmar «cheques enblanco». Y mucho menos, a sus años, un poco gordo y con el ligamentocruzado anterior de la pierna izquierda roto, a emprender carreras hacianinguna parte.

Sobre la evaluación de los docentes

LNE 31-03-2009Consuelo Torre García

La consejera de Administraciones Públicas afirma que la evaluación del profesorado es irrenunciable y deja muy claro su objetivo: garantizar laeficiencia de su trabajo, es decir, su capacidad, su competencia en la

función en la que está destinado, ligando esa eficiencia a un incentivoeconómico. Sin embargo, considero, como docente desde el año 1979, queen educación es mejor hablar de eficacia, ya que los efectos, los objetivosa conseguir, son, al igual que en sanidad, el fundamento y horizontes detodo el sistema. En este sentido, para saber lo que es eficaz se deben tener claras las metas: ¿Qué enseñanza queremos conseguir? La enseñanza esun derecho y es al Estado a quien corresponde garantizarlo a toda laciudadanía por igual. Pero la igualdad no significa dar a todos lo mismo,la misma cantidad de recursos humanos y materiales según ratios, porqueentonces en la carrera por la adquisición de las competencias algunos

parten con mucha ventaja y de lo que se trata es de garantizar llegar a la

meta en las mismas condiciones.




La enseñanza pública, que atiende cada vez más a un alumnado con seriascarencias de todo tipo, necesita recursos económicos y humanos, y no que

éstos se despilfarren en evaluaciones de diagnóstico o pruebas Pisa, queno conocemos su eficacia porque no está claro el para qué. O mejor dicho, si está claro: medir la eficiencia, término ligado con la rentabilidad económica y desligado de la educación pública que busca la eficacia.

Aunque los responsables de su desastrosa puesta en escena handemostrado su total no sólo ineficiencia, sino, utilizando un términoeducativo en evaluación, «ineptitud».

Si queremos que los alumnos adquieran unas competencias (otro términoque no encaja con lo público y sí con lo privado), deberíamos plantearnosantes de realizar las pruebas revisar los exhaustivos contenidoscurriculares de todas las materias, imposibles de impartir en seis horasdiarias de clase y ni siquiera adecuados a los exámenes tradicionales.

Parece que es imprescindible que los docentes seamos evaluados. Ante estaafirmación mi reacción es de perplejidad, dejo de lado otros términoscomo indignación, irritación, enfado. No nos manipulen, ni tampoco a laopinión pública con afirmaciones que dejan a quienes las hacen en el más

grotesco ridículo, sobre todo si tienen algo que ver con la enseñanza.

La situación es totalmente esperpéntica, Almodóvar encontraría unmaterial excelente para sus guiones cinematográficos. Parece ser quenuestra eficiencia se va a valorar con un cuestionario que mentes

privilegiadas (por el poco tiempo que parecen haber empleado) adoptaron para aplicar a los docentes.

Voy a permitirme ser atrevida y algo descarada y afirmar que los docentes somos los funcionarios que rellenamos más registros sobre nuestraactividad diaria en el trabajo.

Hacemos una programación de nuestra asignatura a impartir en cadanivel educativo, en la que establecemos los posibles ajustes a realizar en laatención a la diversidad; la atención al alumnado con la materia

pendiente; al alumnado repetidor, al alumnado en aulas hospitalarias,etcétera, que está en la Consejería de Educación desde mediados deoctubre. Al finalizar el curso escolar, elaboramos numerosas memorias:




por profesor, tutores, jefes de departamento, según modelos oficiales, sobreel grado de cumplimiento de los objetivos, es decir, lo eficaz del

medicamento aplicado. ¿Quién analiza todos esos registros que contienenuna importantísima información para evaluarnos?

Lo mismo sucede con numerosos papeles que los docentescumplimentamos diariamente. A veces tengo la sensación de que cada añodedico más tiempo y energías a rellenar papeles, que nadie lee, que a misclases. Puedo enumerar: el cuadernillo de la tutoría, donde quedanreflejadas las actividades que realizamos con el alumnado, las reuniones

semanales con el Departamento de Orientación, las entrevistas con los padres (aquí el evaluador puede comprobar, sin necesidad de cuestionarioalguno, que en muchas ocasiones recibimos a los padres fuera de nuestrohorario de trabajo), etcétera; las actas mensuales de las reuniones deequipos docentes; las actas semanales de las reuniones de departamento,donde el evaluador puede comprobar, sin necesidad de cuestionarioalguno, el seguimiento de la programación y los ajustes o modificacionesque se realizan, así como su causa; actas de las reuniones de evaluación;las adaptaciones curriculares significativas; los permisos y justificantes delas salidas extraescolares; el cuaderno de clase que recoge el trabajodiario con los alumnos; etcétera, etcétera y etcétera. Podría continuar demostrando la ineficacia del cuestionario con el que se pretende evaluar nuestra competencia como funcionarios, pero ya es suficiente y debodedicar mi tiempo y energías a la corrección de exámenes, evaluar al alumnado aplicando rigurosos criterios de calificación, preparar las clases

y plantear planes de trabajo y recuperación para las próximas vacaciones.

Señor consejero: no me niego a que me evalúen, sino que se lo pidoencarecidamente para que todo este papeleo que hacemos sea eficaz. Perono me ofenda con ese improvisado «examen» totalmente ineficaz.

Faltando a la verdad con toda impunidadLNE 01-04-2009José Luis Suárez Pérez del Río (Oviedo)

Señora Ana Rosa Migoya, es indignante observar cómo falta usted a laverdad desde la impunidad que le da su cargo en el Gobierno autonómico. Al día siguiente de la manifestación de docentes contra un modelo de




evaluación, impuesto sin la negociación que preconiza la LOE, se sueltausted en la prensa regional con una perla digna de la peor de las comedias

bufas. Afirma que no hay nada que negociar ya que todos, absolutamentetodos los funcionarios del Principado, estamos cobrando unas cantidadesa cuenta fruto de la adhesión a la carrera profesional. Sé que usted desprecia a quienes en su momento nos negamos a firmar el famosocheque en blanco y le preocupa muy poco nuestros dos largos años derecursos contra su Consejería por la arbitrariedad de dicho pago. Seacomo sea, existimos, y no nos puede borrar del mapa por más que le pese.Somos quienes en nuestra nómina no percibimos entre 138 (Primaria) o

216 (Secundaria) euros cada mes desde enero de 2007 en concepto de«productividad». Su argumento tropieza con el discurso que desdeentonces estamos escuchando en nuestros centros educativos. Usted reconoce que esta evolución es fruto de la firma en blanco, por fin el loboenseña las orejas, y deja sin argumentos a todos y todas los que hastaahora nos querían hacer comulgar con ruedas de molino con el cuento deque este modelo de evaluación no tiene que ver con la carrera profesional

y que por eso se nos aplica a los «no productivos», a los que graciosamente perdonamos todos los meses a la Administración los euroscitados. No lo puedo decir más claro, la firma lleva implícito pasar por el aro. Pero no hay razón alguna para meter en el mismo saco a quienes yaveíamos venir la trampa que ahora usted confirma. No falte al respeto conese término absoluto de «todos».

Por último, una breve alusión a la junta de personal que ahora nosconvoca a la huelga. FETE-UGT y ANPE firmaron en solitario unacarrera profesional (sin definir en absoluto) y cientos de afiliados de los

otros tres firmaron individualmente ese compromiso con la Administración. Ahora vamos de «compañeros de viaje» porque quieren seguir con el engaño de que lo uno (la firma) y lo otro (las consecuencias para todos) notienen nada que ver. ¡Pues escuchen a la señora consejera! A todos y todaslos y las firmantes recordarles que algunos llevamos haciendo una huelgamensual sin faltar a nuestro puesto de trabajo, desde hace más de dosaños, ya que no percibimos las cantidades de esos todos que las cobran sindiferenciar su trabajo del nuestro. Sépanlo ustedes. Y, señora Migoya, ¡su

cargo no da derecho a faltar a la verdad!




¿Tendrán que volver nuestros/as políticos/as a las aulas?LNE 25-04-2009

Ana María Fernández Cebrián y 24 firmas más (Moreda de Aller)

Los docentes estamos cansados de oír mentiras y falsedades sobre laevaluación y la carrera profesional. La realidad, para que se aclare de unavez la opinión pública, es que se nos propuso la firma voluntaria deadhesión a la carrera profesional que conllevaba un aumento salarial.

Pero nada se sabía de cómo, cuándo o qué se iba a evaluar. Buena partedel profesorado firmó sin saber a qué se les obligaría, en qué iba a

consistir y cómo se les iba a evaluar. Una minoría, en señal de protesta por semejante chapuza, se abstuvo de firmar y, por tanto, de cobrar el sueldoque realmente merecen. Ahora, visto el despropósito al que nos someten,todos protestamos.

La protesta del profesorado ya no es sólo por la forma en la que se haestablecido la evaluación, sino también porque nos sentimos maltratados,desprestigiados e insultados por nuestros políticos y gobernantesregionales.

La ilustrísima señora Ana Rosa Migoya hace declaraciones falsas ymaliciosas con la finalidad de poner a la opinión pública en contra de losdocentes. Miente cuando hace referencia a una subida salarial del 38 por ciento desde 2002 y no contenta también proporciona datos sobreabsentismo del funcionariado en los que no se refleja la verdad sobrenuestro colectivo, cuyo absentismo está muy por debajo de la media a laque ella se refería.

El señor Fernando Lastra declaró hace unos días: «hay gente que las está pasando putas para que éstos que cobran todos los meses –en referencia alos profesores– crean que son los únicos que tienen problemas». Queremosdejarle claro que nuestras reivindicaciones no tienen nada que ver con una

subida salarial y que nosotros no tenemos la culpa de la situación actual de nuestra economía. Si hubiera que buscar responsables quizás él y suscompañeros de partido deberían, previamente, cuestionarse su labor y su

contribución al bienestar de los asturianos a lo largo de estos años y no solamente al suyo propio.




Los políticos deberían ser previamente profesionales, trabajadores queconozcan la realidad de nuestra sociedad y no oportunistas con carné de

partido. Debería ser gente que deje su profesión para trabajar en política puntualmente y no se acomode a los cargos de por vida. Gente queconozca y valore el esfuerzo de los trabajadores y que los respete.

A nuestro alumnado tratamos de hacerles pensar y reflexionar antes dehablar, ¿habrá que invitar a estos políticos a nuestras aulas para queaprendan algo?

Evaluación y carrera profesionalLNE 12-05-2009Roberto Conty Gago (Oviedo)

Sorprende el amplio apoyo, casi unánime, del profesorado a la huelgaconvocada por los sindicatos de enseñanza el pasado 1 de abril. Lashabituales diferencias en este colectivo, en parte derivadas de la

pluralidad ideológica que debe exigirse en la escuela pública, parecen, al menos momentáneamente, superadas.

Éste es un mérito que, indudablemente, hay que atribuir a los responsablesde las consejerías competentes en estos asuntos, que hasta el momento han

sido incapaces de presentar al profesorado un modelo aceptable derelaciones laborales, coherente con su pretendido proyecto demodernización de la Administración pública. La repetidamente anunciadaley de la Función Pública asturiana duerme el sueño de los justos, ante laausencia del mínimo consenso político necesario y, en el caso de los

docentes, la carencia del marco estatal que se exige en el Estatuto Básicodel Empleado Público.

Todo ello no ha impedido que a lo largo de los dos últimos años, y sinesperar a los necesarios desarrollos legislativos, se hayan tomadoiniciativas (cuya legalidad deberán decidir los tribunales de justicia)relacionadas con el futuro desarrollo de una desconocida "carrera

profesional" que, sin tener ningún efecto conocido sobre la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, ya ha introducido diferencias

salariales ligadas esencialmente a la aceptación individual de limitacionesen el ámbito de la negociación colectiva, e incluso una renuncia a la




imprescindible seguridad jurídica.

Es en este contexto, de progresivo desarme en lo colectivo, en el que se ha producido la avalancha de exigencias de carácter burocrático al profesorado, por parte de una Administración en el que un grupo detecnócratas acumula cada día más poder. El delirante y polémico plan deevaluación del profesorado, inevitablemente conectado con la "carrera

profesional", ha supuesto la gota que colma el vaso. Nos encontramos anteun sistema de evaluación, obviamente improvisado, que oblliga amaestros/as y profores/as a nuevas e inútiles tareas de registro, ignora el trabajo en el aula, e introduce la subjetividad del superior jerárquico,

amenazando la necesaria pluralidad de la escuela pública. Se trataliteralmente de una estafa a la sociedad que, como bien nos recuerdan losresponsables políticos, es quien finalmente paga, éste y otros excesos.

Nada hay sin embargo, se suele decir, que no pueda resolverse en unamesa de negociación... ¿Cuál o cuáles son las causas del enconamiento del conflicto y de la convocatoria de huelga? ¿Cuál es el innegociable

proyecto político que se esconde detrás del controvertido plan de

evaluación y de la negativa a constituir una mesa sectoral de educación? Desde la Administración se habla de la necesidad de optimizar losrecursos que se dedican a los servicios públicos, de incrementar laeficacia, de claridad y mejora, y de los positivos efectos que la evaluacióndel funcionariado tendrá sobre todo ello. No se habla en cambio de lasinnumerables propuestas (casi siempre ignoradas) que, en ese sentido, serealizan desde los centros de enseñanza, a través de los preceptivosdocumentos de evaluación redactados por el profesorado, las direcciones

de colegios e institutos, y por los servicios de inspección. La evaluaciónorientada a mejora es una tradición en la enseñanza públlica, no es unainnovación que la consejera Ana Rosa Migoya pretenda introducir en una

supuestamente anquilosada administración pública.

La cuestión es que no se trata de eso, de modernizar y de ganar eneficacia, de lo que se trata en realidad es de modificar las condiciones detrabajo del funcionariado en general, y del profesorado en particular, sin

pasar por una mesa de negociación sindical en la que los/as afectados/as puedan participar. Se trata de presionar individualmente a lostrabajadores animándoles a asumir responsabilidades más allá de sus




obligaciones docentes, y desde luego al margen de la normativa laboral vigente. Se trata en definitiva de desrregular las condiciones de trabajo y,

paralelamente profundizar en la división de un colectivo que necesita precisamente lo contrario: estímulos para el trabajo cooperativo y a largo plazo. Es una apuesta en la línea de lo neoliberal, en un tiempo en queestos enfoques no pasan precisamente por su mejor momento.

La última resolución de la Junta General, en la que se traspasa laresponsabilidad a las direcciones de las centrales sindicales"mayoritarias", pretende explotar las contradicciones internas de éstas, así como el control que desde lo político se ejerce sobre ellas, para debilitar la

resistencia del profesorado, enfrentándolo al resto de los empleados públicos. Una peligrosa apuesta, en el que el conjunto de los/astrabajadores/as y sus organizaciones sindicales pueden ser los grandes

perdedores. Podría ser que la cohesión interna de estas organizaciones fuera la siguiente víctia de la, al parecer, irrefrenable ascensión política dela consejera Migoya. Ya van dos, no es mal registro para una "carrera

profesional" que aún está por escribir.

La "carrera profesional" divide al profesoradoLNE 26-06-2009Margarita Álvarez y otros compañeros del CEPA Nalón (Sotrondio)

A raíz de la publicación de la sentencia del TSJA el tema ha vuelto a saltar a los medios de comunicación, y se han podido leer opiniones ycomentarios desde muchos sectores, pero echamos de menos la voz querefleje la postura de los docentes que decidimos no firmar.

En su día los sindicatos que nos asesoraron se contradecían unos a otros,en un espectáculo deplorable que denotaba una absoluta falta de criterio.

Además, se decía que había un número de plazas concretas para adherirsea esta carrera profesional. Nos dijeron que la firma conllevaba laaceptación de una serie de objetivos a cumplir que en ningún lado

figuraban especificados, por lo que los profesores, que solemos tener quemostrar en nuestra práctica diaria actitudes de responsabilidad y de

coherencia, consideramos que se trataba de una firma en blanco; laconsecuencia lógica es negarse a la adhesión.




Pero ahora, ¿Qué sucede? ¡Resulta que se trataba de una "subida

salarial" encubierta! ¿Qué clase de empresa exige a sus empleados que firmen si desean que se les suba el sueldo?

¿Qué clase de empresa paga un complemento de productividad a los primeros empleados que se apunten en una lista?

¿Qué clase de broma es ésta?

Actualmente hay compañeros, que realizando las mismas tareas, estáncobrando mayores sueldos porque en su día firmaron un papel. Losdocentes que no hemos firmado la pantomima denominada "carrera

profesional" queremos manifestar nuestro malestar ante una norma quedivide al profesorado y que ha sido impuesta sin contar con profesorado nicon sindicatos. Cualquier norma que divida a los docentes debilita lacalidad de la enseñanza, entre otras cosas porque desvía la atención al objeto, que es la calidad de enseñanza.

Por otra parte, se trata de una situación que potencia el cambio del perfil de la figura del Director de los centros, que, en el peor de los casos, puedeconducir a eventuales servilismos y enrarecimiento de las relaciones entrelos miembros de la comunidad educativa.

Exigimos que nos igualen el sueldo al de nuestros compañeros, que midanla productividad de todos con las herramientas adecuadas, dado que, dehecho, el proceso de evaluación del desempeño profesional es para todos

por igual.

Los sindicatos y la carrera profesionalLNE 01-07-2009Juan Francisco Cañete Romero (Noreña)

Con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la carrera profesional de los empleados públicos por la que se anula

el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos se ha abierto




todo un cúmulo de opiniones, argumentaciones, posicionamientos,contradicciones, ataques mutuos, responsabilizando unos a los recurrentes,

otros a los recurridos: Gobierno regional y estructuras regionales de CC OO y UGT, sus cúpulas negociadoras y firmantes de la concertación paz social en Asturias.

Lo que, en mi opinión, está detrás del recurso contra la resolución de fecha18 de mayo de 2007 que dispone lo que ahora se anula es la lucha por ladignidad de los trabajadores y trabajadoras, y dejar sin efecto la carrera

profesional, que suponía la dependencia del evaluado al evaluador,

evaluador que a su vez es nombrado en la mayoría de los casos a dedo(nombramientos políticos) y esta «evaluación del desempeño» viene aextender el clientelismo y la sumisión incluso a aquellos puestos que, por

su bajo perfil de responsabilidad y retribución (puestos base), estabanajenos a la vorágine del servilismo decimonónico. Enmascaradas demodernidad, se pretendió extender las relaciones de complicidad, lealtad absoluta de las élites funcionariales a la clase política dirigente a todo el conjunto de la Administración, para poner de forma definitiva la cosa

pública al servicio de la ideología del partido gobernante. Más que un servicio a la ciudadanía, un servil instrumento de los gobiernos de turno.

Naturalmente la mejor manera de sacar adelante un determinado proyectoque tiene como objetivo final la más sutil sumisión, que nada tiene que ver con la subordinación conforme a derecho, que entregar unos dineros paraque individual, que no colectivamente, se asuma la resolución acordada, acosta de la pérdida de los derechos colectivos, de la primacía de lacapacidad o el mérito. Y a quienes deciden el plus salarial, los que

evalúan, no son los representantes políticos, son otros nombrados a dedo por los mismos, a los que nadie evalúa su capacidad o su falta decapacidad.

En la Administración pública, como en otros sectores, es necesaria laexistencia de capacidad negociadora para regular las condiciones detrabajo. Imprescindible la negociación colectiva para impedir laindividualización de las relaciones laborales, que es lo que ha sucedido

con la implantación de la carrera profesional.

El Gobierno asturiano al actuar así introduce modelos de gestión




mercantil y de control empresarial privado en la Administración, dejandoen un plano inferior los intereses generales de la ciudadanía.

El plus salarial relaciona retribuciones con arbitrariedad del evaluador, yacentúa las diferencias retributivas entre los empleados públicos.

La potenciación de lo público frente a la privatización debe guiar a los gobiernos, y entre los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos,deben oponerse a cualquier riesgo de externalización.

Y en vez de decir que «hay que escorrerlos a gorrazos», se supone que lodirigen a los sindicatos recurrentes, se dediquen a defender criterioscolectivos, racionales, hagan prevalecer la dignidad de los y lastrabajadoras, luchen por mejoras salariales en el sector, lo que es justo ylegítimo, pero no a cambio de sometimientos injustificables.

Mi mayor respeto a los trabajadores de la subministración pública, a losde la sanidad y a los de la enseñanza, y, dentro de estos, a la Federaciónde Enseñanza de CC OO, que han demostrado una actitud valiente yhonesta en la lucha por la dignidad en este proceso abierto de la carrera

profesional frente a la cúpula regional de su sindicato.

Y finalmente decirle a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdoanulado, que nadie dice que hay que escorrerlos por aceptar reformaslaborales que más bien favorecen a los grandes empresarios, y que seríanecesario que firmasen con el Gobierno regional la intervención real enlas empresas que cierran pese a tener beneficios, como el caso de Vesuvius,

o en las que recortan sus plantillas, o a los que despidenimprocedentemente a sus trabajadores, o a los que incumplen lalegislación laboral a diario, a los que pasan del cumplimiento de lanormativa en materia de salud laboral y contra la siniestralidad.

En definitiva, es necesario un acuerdo para que de verdad nuestrosrepresentantes políticos y sindicales hagan efectivo el derecho a un puestode trabajo, o, en su caso, a la más amplia protección social.




Justicia frente a políticaLNE 09-07-2009

José Luis Suárez Pérez del Río (Oviedo)

Todo el que siga las reacciones político sindicales emanadas de la sentencia del TSJA sobre la carrera profesional de los funcionarios del Principado de Asturias y no esté en alguna de las partes interesadas puedeobservar objetivamente con estupefacción la falta de criterios objetivos denuestros cargos electos. El señor Areces y la señora Migoya esgrimen conabsoluta desvergüenza el criterio de buena fe a la hora de justificar una

firma que todos los jueces del TSJA declaran ilegal. Las dos grandescentrales sindicales CC OO y UGT, en una muestra más de pesebrismo yestómagos agradecidos, se rasgan las vestiduras ante el hecho de que haya

sindicatos a los que todavía les importe ante todo la ley e, indignados por ello, personajes como el señor Pino proponen correr a gorrazos a dichasorganizaciones. ¿Estamos en una república bananera, en el virreinato del todo vale porque lo digo yo?

Al final hay algo evidente. El anzuelo de un puñado de euros trató decomprar voluntades y en su mayoría el funcionariado picó en el mismo. De

poco sirven las palabras dignidad, ética y coherencia frente al vil metal. Laventa de las mismas por dinero sólo responde a un verbo: prostituirse.¡Qué mal suena! ¿verdad? Sí, pero ése es el verdadero significado, lodemás son eufemismos. Y, ¡ojo!, a los demás también nos interesa mejorar nuestro salario; no somos la madre Teresa de Calcuta, pero queríamos

saber qué firmábamos y, como castigo a esa pregunta, la señora Migoya seha encargado de vender a la opinión pública que ese «reducto» de

funcionarios no cobrantes de su «imaginaria carrera» no existía y esa faltaa la verdad, repetida una y otra vez, nos hizo a todos someternos a unaevaluación que, según ella, todos habíamos pedido al adherirnos a su«carrera». Como colofón, el precio de nuestra insistencia es escuchar cómo se nos tacha en nuestros lugares de trabajo de insolidarios. ¿Alguienlo entiende? Sí, yo, que he cobrado hasta ahora 4.000 euros menos que miscompañeros por el mismo trabajo, ¡yo soy el insolidario!




CreenciasLNE 04-08-2009

José A. Suárez Iglesias (Oviedo)

Yo siempre creí que el colmo de los colmos de cinismo era ventosear en unentierro y echarle la culpa al muerto. Pero está visto que en esta vida atodo hay quien gane. Puesto que este récord de cinismo lo supera concreces el señor Areces. No se puede comprender que este señor diga que el

plus de la carrera profesional no fue un error, por lo cual no exigiráresponsabilidades.

Pero, ¿no se da cuenta de que estas responsabilidades se las tienen que pedir a él? Hay que estar muy seguro, y bien asesorado, antes de tomar una decisión de esta categoría. Pues 52 millones de euros son muchosmillones.

Pero como no quiere pedir responsabilidades, y debido a que el error cometido está fuera de la ley (según sentencia dictada por el Tribunal Superior), lo que procede ahora es crear una nueva ley que ampare esteerror que nadie cometió, puesto que a nadie se puede responsabilizar.

Pero para que esta nueva ley sea aprobada pasará por lo menos un año. Ahora lo que queda por decidir es si habrá que crear otra nueva ley, paracaso de que los 7.000 afectados reclamen este plus con carácter retroactivo...

También creía que las siglas del PSOE correspondían a Partido Socialista

Obrero Español, pero no es así. Puesto que este partido representado por el presidente del Gobierno había acordado subir los impuestos a los ricos,

y los que ganen mucho dinero, pero por no llegar a un acuerdo con no séquién, esto no lleva a efecto. Pero lo que parece que llevará a cabo seráquitar la deducción de 400 euros, estudiar concesión del cheque bebé,

subir la luz un 2%, estudiar una nueva subida en enero...

En otro artículo me entero de que trece diputados aún no se han estrenado

en el escaño, es decir, que no dieron un palo al agua en los 15 meses quellevan en el cargo, y que están cobrando 3.996 euros mensuales.




Viendo todo esto, ahora sí creo que habrá más subidas y nuevos impuestos para poder pagar salarios sin ningún beneficio, plus de carrera

profesional...

A vueltas con la carrera de los «profes»LNE 17-09-2009Javier del Rey Pantín (Gijón)

Se extraña, desde Lugo, en su carta publicada en la edición impresa de La Nueva España del pasado 4 de agosto, la profesora Ana María Cuello

Alonso de la actuación sindical que tuvo como consecuencia reciente la sentencia del TSJA que declara la anulación de la resolución de laConsejería de Economía y Administración Pública del Gobierno asturianoque establecía la carrera profesional para los profes y otros empleados

públicos.

Aunque no pertenezco a ningún sindicato, soy de los que no firmaron en sudía y considero justa la mencionada actuación sindical y, si se me permite,voy a explicar por qué, tratando de ser lo más breve y conciso posible.

Los objetivos sindicales son de dos clases: objetivos de hecho y objetivosde derecho. En los objetivos de hecho se trata de conseguir mejorasconcretas. En los objetivos de derecho se trata de conseguir que la

patronal acepte normas que rijan las condiciones de trabajo.

Por ejemplo: un objetivo de hecho es conseguir que te suban el sueldomensual 200 euros u otra cantidad concreta. Un objetivo de derecho es

conseguir que la patronal se comprometa por una norma de obligadocumplimiento a acordar con los trabajadores las condiciones de trabajo y,entre ellas por ejemplo, las de un proceso de evaluación con su resultadode promoción, complementos de sueldo, etcétera.

Alguien ha dicho que la resolución, que el TSJA declaró no conforme aderecho, era un cheque en blanco para el Gobierno de Asturias. Yo creoque hay que ser más exactos: no era un cheque en blanco, sino un contrato

en blanco que venía a decir lo siguiente: 1.–El abajo firmante va a cobrar x euros más al mes con efectos de enero de 2007; y 2.–Además, va aaceptar un proceso de evaluación de su trabajo que se realizará de la




siguiente manera: (y aquí sigue una docena de líneas en blanco que en sudía rellenará la Administración señalando quién, cómo, cuándo y bajo qué

criterios realizará la evaluación y con qué consecuencias). Y debajo de laslíneas en blanco, el sitio para la firma.

A mí no me extraña nada que hubiera gente que firmara este contrato,debido a las evidentes ventajas del punto 1. Tampoco me extraña nada quehubiera algunos que no firmásemos debido a las no menos evidentesdesventajas del punto 2. Un sindicato reclamó al TSJA y éste vino a decir que este tipo de contrato en blanco no es legal. Que Dios les bendiga.

¿Qué debemos valorar más: las ventajas de alcanzar un objetivo de hechoo las desventajas de perder un objetivo de derecho? ¿Cuál de los dostendrá más trascendencia en el futuro? Para mí la respuesta está clara. Y

para otros que no coinciden conmigo también. En cualquier caso, ladivisión de los trabajadores en la táctica y estrategia de sus justasreivindicaciones está servida, para comodidad de la patronal.

¿Y cómo se puede arreglar todo esto? Ni idea. Desde el 18 de mayo de2007, fecha de la citada resolución, el embrollo jurídico no ha hecho másque aumentar. Nuestros gobernantes afirman que en breve estará listo el desarrollo legal necesario. Desarrollo legal que necesitará consenso y

sentido común. Ojalá estas vacaciones les hayan servido para hacer acopio de ambas cosas.

El gran chantaje en la educación asturianaLNE 29-09-2009

Ismael Almanza Riesco (Pola de Siero)

Una buena parte del profesorado no universitario de Asturias, tras dosaños largos de lucha y de denuncia reivindicativas, seguimos padeciendoel oprobio de una actuación chantajista practicada por el Gobierno del

Principado contra el estamento docente. Como es bien sabido, esaactuación chantajista consistió en: o firmas este papel en blanco, o de locontrario te puedes ir despidiendo del incremento salarial pactado meses

atrás con los sindicatos a fin de homologar nuestras nóminas con las deotras comunidades autónomas (seguimos siendo los peor pagados de todoel Estado). Por si eso fuera poco, la amenaza se redondeaba con: aún en el




caso de que firmes este papel en blanco, si no cumples ciertas condiciones(otro papel en blanco), tampoco tendrás acceso al incremento salarial

pactado, o lo tendrás que devolver en el caso de que ya lo hayas percibido. Hasta la fecha no tenemos noticia de que ninguno de los firmantes hayatenido que devolver ni una peseta, señal de que todos absolutamentecumplen las condiciones que simplemente no existen. Es lo que han dadoen llamar y siguen llamando con todo descaro la carrera profesional,aunque no sea más que un futurible.

Lo más extraño del caso es que, tras una serie de sentencias judiciales por

las que se declara ilegal ese chantaje (no podía ser de otra manera), todo siga como si no hubiera pasado nada: por un lado, las víctimas principalesdel chantaje pidiendo que se cumpla la sentencia y se reparen los daños, y

por otro, el gobierno del Principado (de izquierdas, para más señas)tratando de burlar la ley cada día con nuevas y disparatadas ocurrencias;la última del Sr. Areces proclamando que la puerta (a la ilegalidad) sigueabierta, y que no se puede reparar el daño al completo porque no haydinero. Pero, para pagar esa carrera profesional habría un dinero

presupuestado. ¿Dónde está? Es lo que me gustaría que investigara la justicia

Mientras tanto las víctimas ¿tendremos que seguir gastando nuestraexigua nómina en movilizaciones para exigir que se cumpla una sentencia?

Esto no cabe en un estado de Derecho, es la negación del estado de Derecho.

Profesores: divide y vencerásLNE 17-10-2009Alfonso Álvarez Rodriguez (Oviedo)

En la gran tradición de las repúblicas bananeras, el Principado sigue la gran máxima de «a río revuelto, ganancia de pescadores»; en este caso, deconsejerías. Les explico su estrategia:

Crea una carrera profesional que no convence a todos y que, por lo tanto,

no es firmada por todos los profesores, con lo cual divide al profesoradoentre los firmantes y no firmantes, 200 euros al mes les separan... eso sí,haciendo el mismo trabajo.




La justicia declara ilegal la carrera profesional, con lo cual la paraliza,

aunque sigue pagando a los firmantes, extiende el miedo entre los firmantes y acusa veladamente a los no firmantes de querer quitarles el dinero a los que firmaron (falso).

Al paralizar la carrera profesional, no permite firmar a los profesores quedurante los años 2007, 2008 y 2009 cumplen los requisitos para hacerlo;con lo cual ya tenemos tres tipos de profesores en los centros: los firmantesdel 2007, los que voluntariamente no quisieron firmar y los que sí querían

firmar en los años siguientes pero no pudieron hacerlo... eso sí, todoshaciendo el mismo trabajo, pasando por la evaluación del profesorado,etcétera, y con diferentes sueldos.

Se le abre otro frente al Principado: una sentencia judicial amplía el cobrodel complemento que percibían los maestros adscritos a Secundaria a los

profesores que dan primer ciclo de Secundaria. ¿Qué solución encuentra?Opta por no pagar a nadie: 174.000 euros que quieren ahorrar; con locual ya tenemos enfrentados a los maestros con los profesores, que vencómo se les quita un complemento que llevaban cobrando años. Pues yatenemos dentro de un mismo centro cinco tipos de docentes enfrentadosentre sí: firmantes, no firmantes, los que no pudieron firmar, los maestros ylos profesores que dan primer ciclo de Secundaria. Bravo por la

Administración.

Otra jugada magistral de la Administración es poner en contra a la sociedad, que en época de crisis no entiende que los profesores, aquellos

vagos y peseteros que decía la querida señora Migoya, se peleen por cuatro duros.

Pero la Administración no juega sola este partido: los sindicatos tambiéndeciden apostar por la división; unos apoyan la carrera, otros no, unos ladenuncian, otros denuncian a sus propios compañeros de sindicato; en fin,más división y enfrentamientos.

Y ahora, ¿que hace la Administración para solucionar el problema? Decide que dará opción a acogerse a la carrera profesional a los profesores que quieran a partir del año 2010, pero ¿qué hacer con los años




anteriores de discriminación?, ¿qué hacer con aquellos profesores quecumplían los requisitos y no pudieron firmar, ¿qué hacer con los

profesores, como yo, con dieciocho años de antigüedad, que vinimostrasladados en 2007 desde otras comunidades? La solución del Principadootra vez pasa por la injusticia, la división y el enfrentamiento... eso sí,apoyado por la división sindical, partidista, etcétera. Como ya he dicho:divide y vencerás.

Sólo espero que el sentido común prevalezca sobre el dinero, que los profesores nos unamos todos frente a las injusticias de la Administración y

que los sindicatos vuelvan a la unidad para luchar por lo que es justo.

UGT y la carrera profesionalLNE 10-11-2009Eduardo Carreira López (Gijón)

UGT critica duramente a los demás sindicatos. Les culpa de que aún nohaya acuerdo con la Administración para legalizar el pago de plusesdebidos a la carrera profesional. Los autógrafos que 14.000 funcionariosrubricaron en 2007 se han pagado bien. Hasta 6.000, según el caso. Sinbase legal ni contraprestación alguna. Esto ha llevado al TSJA a invalidar el procedimiento, dándole un tirón de orejas a la Administración y a laUGT, sindicato mayoritario que en su día avaló el proceso ilegalizado.

Lejos de asumir su error, UGT ataca a los demás. Quiere cerrar cuantoantes un nuevo trato con la Administración. Se trata de salvar los pluses delos 14.000 firmantes, y al resto, abrirles la puerta a partir de 2010. Como

si aquí no hubiera pasado nada. Escondamos estos últimos tres años bajola alfombra. UGT acusa a los 2.000 funcionarios que no firmaron de ser

gente caprichosa. No firmaron porque no quisieron, se atreven a afirmar. Y,lo que es peor, encima tienen la desfachatez de criticar a los otros

sindicatos porque éstos defienden una solución definitiva, satisfactoria ylegal para todos, en la que se rectifiquen los graves errores y agravioscomparativos cometidos desde enero de2007.

¡Que se fastidien! No firmaron porque no quisieron, insisten en UGT. Qué fácil sería ponerse a su altura, entonar frases lapidarias y proclamaselocuentes en torno a los 14.000 firmantes y sus motivaciones. Me




aguantaré. Llevó tres años mordiéndome la lengua, consecuente con misdecisiones y respetuoso con las de mis compañeros. Pero aquí hay algunos

que se están pasando de la raya. UGT no puede ofender e insultar de estamanera a los 2.000 funcionarios que en su día tomaron una decisiónmeditada, valiente y desinteresada. Decisión que además ha resultado ser la única ajustada a derecho. Tampoco puede ignorar a los que

progresivamente han ido alcanzando los cinco años de servicio, requisitoque abrió en su día la puerta al club de los aumentos, a los que nunca seles ha dado la oportunidad de decir esta boca es mía.

Lo último que querría es ver a mis compañeros devolviendo los sobresueldos. UGT tiene la obligación de salvarlos. Los aumentos estaban pactados y acordados con la Administración antes del invento de la fallidacarrera profesional, pero a partir de ahí, toca hacer examen de conciencia

y negociar un acuerdo serio sin escurrir el bulto. Un primer paso seríadejar de faltar al respeto a los demás sindicatos y a sus afiliados. También,cómo no, a los que no estamos afiliados ni influenciados por ningún

sindicato, que libremente decidimos en su día cambiar poder adquisitivo por dignidad, a la postre, legalidad. Y no fue precisamente por capricho.

No a la manera actual de hacer política educativaLNE 15-12-2009Ana Isabel López Frechoso (Mieres)

Desde que en diciembre de 2006 organizaciones sindicales suscribierancon la Administración un acuerdo que sentaba las bases, al parecer, parala negociación sobre aspectos relacionados con la carrera y el desarrollo

profesional, las actuaciones que, sobre el citado acuerdo, ha llevado y sigue llevando a cabo el Gobierno inducen a creer que, por un lado, esinquebrantable esa intención suya de que no se salve nada ni nadie en estecada vez más precario laboratorio de ocurrencias y decisiones políticasque es la educación, que ya hace tiempo tiene como blanco de su diana al

profesorado y su labor. Por otro lado, la firma no parece haber hecho másque dar carta de libertad a esa Administración para, de maneraininterrumpida, iniciar un proceso de desmembración y degradación

progresiva de todo un colectivo de sus propios funcionarios y aspirantes a serlo, a los que, por otra parte, hipócrita y puntualmente (en vísperas deelecciones) adula y reconoce como instrumento valiosísimo para el logro




de aspiraciones aún más elevadas, y a quienes, por lo mismo, da las gracias y, si se portan, un dinero para sus gastos, a cuenta.

Volviendo al encabezado del escrito, las actuaciones que siguieron a la firma de diciembre de 2006, resumiendo, se han traducido, en primer lugar, en una resolución que invitaba, al margen esta vez deorganizaciones sindicales, a solicitar voluntaria y personalmente adherirsea una inexistente carrera y a su desarrollo profesional a determinados

funcionarios, excluyendo a otros, ofreciendo por ello un dinero que deberíadevolverse en caso de no superar una evaluación correspondiente tampoco

regulada. En segundo lugar, contra toda lógica, el número de adhesiones a unacarrera que aún no era ni es, fue importante, y supuso con ello laaceptación de que las retribuciones a percibir lo eran con cargo a cuentade esa futura carrera profesional, dejando de considerarse ese dinerocomo lo que realmente era: deuda contraída con todo el colectivo dedocentes, ajena y previa, por tanto, a la aplicación que en concepto deretribuciones pudiera seguirse de la tal carrera profesional.

En tercer lugar, a resultas de esa situación, el paso siguiente dado por la Administración consistió en enviar formularios, cuestionarios (en cuyocontenido, mejor no entrar) e inspectores a los centros, solicitandoinformación y datos sobre los encuestados y entrevistados, esta vez todos,

solicitantes y no solicitantes, que pudieran ser utilizados para su posterior evaluación administrativa, de la cual derivar la continuidad o no en el

pago del dinero de marras, ligando de modo explícito carrera y

evaluación. Este paso, hay que decirlo, supuso momentos de intranquilidad entre aquellos que, no dudando de sus merecimientos retributivos, sí

parecían dudar, en cambio, de estar o no a la altura de lo que la Administración esperaba de ellos.

En cuarto lugar, la vía jurídica, entre tanto, consiguió fallos y sentenciascontrarias a esta normativa y a otras disposiciones, y favorables a losrecurrentes, y culminó con la dictaminada por el Tribunal Superior de

Justicia. Leída esa sentencia, se hace incomprensible la permanencia en sus cargos políticos de quienes fueron y son responsables de estedespropósito, y aún más de que todavía, por vericuetos cada vez más




imposibles (ese último acuerdo firmado con otras fuerzas sindicales),intenten una huida hacia delante, cada vez más injusta, discriminatoria y,

sobre todo, más ajena, cuando no ya, extraña a la profesión, la función, losdestinatarios y el objetivo del genérico «educación».

Por todo ello, y porque ese futuro con etiqueta que se nos asigne a losdocentes está, en el fondo, por decidir (ahí está ese intento de tramitaciónde urgencia), me atrevo a hacer un llamamiento a la movilización de todosaquellos que, de momento, ejercemos como docentes, para que, más alláde gestos, acciones y errores anteriores (supongo que reconocidos), y, por

encima, al margen, o con las propias organizaciones sindicales, cada vezmás confusas, tímidas y vacilantes en sus acciones, y desligadas de sutarea, salgamos a la calle y digamos« no» a esta manera de hacer lascosas, a esta manera de hacer política y a esta manera de hacer políticaeducativa.

¿Qué les pasa a los docentes asturianos?20-12-2009Enrique López de Turiso Sánchez (Cudillero)

¿Qué nos pasa a los docentes asturianos? ¿Qué más nos tienen que hacer para que demos un puñetazo en la mesa y nos plantemos de una vez antetanto despropósito? Con la que nos está cayendo, más lo que se avecina, yel pasotismo es total en los centros. Cuando llega un delegado sindical ainformar se encuentra una generalizada sensación de apatía por parte dealgunos, de ignorancia total ¡con la que está cayendo! por parte de otros,

y un grupo, por desgracia aún minoritario de gente que sabe lo que hay y

en buena medida forma parte de los más perjudicados. Ya me gustaría ver a mí cómo iban a reaccionar otros colectivos, realmente concienciados ycon sus ideas bien claras, si tuviesen que padecer lo que a nosotros nosechan encima Y mientras, muchos compañeros poco menos que se ríen delos que nos opusimos a todo esto y no estamos cobrando, o echan la culpade todo a los sindicatos: que si lo ven todo negativamente, que si no hayunidad sindical, mientras ellos pasan de todo y cuando se convocanmovilizaciones salen a pasar la tarde y a gastar sus nada generosos

sueldos al Carrefour. Aunque no les falta parte de razón, existen sindicatos, especialmente eso a lo que llaman FETE-UGT, que hace muchotiempo perdieron el derecho a denominarse como tales y que no son más




que la quintacolumna de esta Administración empeñada en deshacer desdedentro la educación pública asturiana. Pero no todo el mundo es cómplice

de tan penosa situación. Me consta que algunos sindicatos, como SUATEA y CSIF, se mantienen coherentes y plantan cara dentro de sus posibilidades, pero la pasividad de una mayoría de docentes choca conellos, quizá porque muchos abrieron bien la boca para que les dieran el caramelito envenenado que fue aquel decreto del cheque en blanco demayo de 2007.

Quizás es necesario recordar a los más dormidos de nuestros compañeros

que estamos pasando por la situación más grave de las vividas en losúltimos años. No sólo se discrimina a un número muy importante, ycreciente, de compañeros en virtud de un decreto anulado por los jueces,

sino que se pretende legalizar esa situación e insistir en lo mismo, que esun modelo de carrera ilegal ligado a una evaluación por completodesconocida. Esto aprovechando la apatía y el acomodamiento, por nodecir inconsciencia de muchos, parece ser aceptado por una parteimportante de nuestros compañeros, quienes quizá no sepan que no sólo en

Asturias sufrimos las peores condiciones laborales de todo el estado(incluido el sueldo), sino que con lo que tienen en el horno se consolida enel tiempo. A mí me debe la Administración una cantidad importante dedinero que tengo más que ganada, mientras que compañeros míos la hancobrado haciendo lo mismo que yo, pues nada diferencia el trabajo quehemos tenido que desempeñar. Tengo que aguantarme y encima quierenque me calle. Pero lo que planean perjudica a todos, y mucho. Véase si noen qué condiciones trabajan en otras comunidades y cómo estamos en

Asturias. Salgan, pregunten, interésense y tomen conciencia y actúen.

Y pongan en su sitio a los sindicatos cómplices, coautores ycorresponsables de todo este desaguisado. Espero con interés las próximaselecciones sindicales.

La "lógica" de la señora Migoya22-12-2009Alfonso Alvarez Rodriguez (Oviedo)

Dice la señora Migoya que no ve lógico que se pida por parte de los profesores retroactividad en el cobro de la mal llamada carrera




profesional. La lógica es la siguiente: por un lado, en el año 2007 se ofertóla carrera profesional y se dio la opción de firmar o no firmarla. Algunos

no firmaron porque entendieron que no era legal; a éstos la Justicia les diola razón y ahora usted, en vez de enmendar lo que hizo mal y restituir lalegalidad, se enroca en sus posiciones y les niega el cobro, supongo quecomo rabieta infantil por haberle llevado la contraria. Por otro lado, hubo

gente que sí que quería firmar la carrera profesional en el año 2008 o2009, pero no se les ofreció la posibilidad de hacerlo aún cumpliendo contodos los requisitos para hacerlo. Estas personas, para cuando puedan

firmar ,habrán perdido 6.000 Euros con respecto a sus compañeros, dinero

que nunca van a recibir; esto, señora Migoya es discriminación laboral. Y ahora no me venga con que no hay dinero para pagarlo, y ¿si hubieran firmados todos la carrera profesional?, ¿cómo nos hubiera pagado?,¿dónde está el dinero que se ha ahorrado al no pagar en estos años lacarrera profesional a quienes tenían derecho a cobrarla? Lo que yo no veológico es que quiera mantener esta discriminación para siempre,

sancionándola con una ley injusta; quiero entender que lo que hace no lohace por venganza aunque realmente me cuesta. Sólo espero que las demás

fuerzas políticas y los sindicatos no se cieguen con sus superpoderes,recuperen la visión y velen por los derechos de los trabajadores y digo detodos los trabajadores, incluso de los que le llevan la contraria aSuperwoman, perdon, la señora Migoya.

¡Palo al enseñante!LNE 02-01-2010Bernardo Costales Dindurra (Villaviciosa)

A la vista de las declaraciones hechas a este diario (22-12-09) de los señores Riopedre y Migoya sobre la controvertida carrera profesional (engendro nacido de sus retorcidas y poco iluminadas mentes) y otras

similares aparecidas en otros medios, como parte afectada y no firmantede su mal intencionada chapuza, me veo obligado a contestar a todas ellas.

Allá en el año 2007 sacaron ustedes la carrera mencionada. Era undocumento tan impresentable como obtuso y ladino el pensamiento de sus

hacedores. Fue sacado a finales del curso para evitar reuniones del personal. Los sindicatos se encargaron de complicar más las cosas y crear discordancias entre el profesorado. No me consta que hubiese sido pedido




por la docencia, y menos en aquellos términos abusivos: evaluación yaveremos, devolución de haberes, etcétera. Ustedes eran sabedores de que

nuestros salarios estaban a la cola del país, y en vez de promover unaequiparación justa inventaron la carrerita.

Conocedores igualmente del que «por dinero baila el can», una gran parte firmó, cobró el anticipo condicionado y cobra mensualmente, pero un nadadespreciable 15% se negó al cobro y empezó el follón.

¿Cómo es esto? ¿Criadas protestonas a nosotros? Se dijeron vuesas

mercedes. Palo y castigo, hala, sin cobrar y pa la cama. Estaría bonito. Enel fondo y analizado fríamente, fuisteis unos pardillos. Los firmantes, seguramente, lo hubieran hecho por menos y los díscolos no lo hubiéramoshecho por más. ¡Pródigos, manirrotos!

En esta tesitura sigue el embolado: la chusma da la lata, y el TSJA le da larazón. Apeláis porque tiráis con pólvora del rey y el dinero público no esde nadie, como dijo una entrañable compañera.

Sigue la portavoz dándonos estadísticas de los centenares de pleitoshabidos en su nefasta trayectoria. Debiera esta señora brillar con luz

propia en el «Guinness».

El Consejero, al que no le queda ni una tayuela pa sentase, sale cuando ledejan y, con su querubínica cara nos dice que... no hay dinero.

Acabáramos, señor Riopedre. Con la legión de parásitos asesores de nada

que pululan por esas dependencias estorbándose y los bien cuidados salarios que la clase apesebrada percibe por no hacer nada, ¿cómo va aquedar dinero para la tropa? Caray, consejerín, eso ya pasaba en la milicuando la echamos. ¿Non te acuerdes y non fuiste?

Si a lo anterior añadimos lo confortablemente bien que se sienten algunos sindicatos que comen la sopa boba, la conclusión es que no puede haber liquidez.

Sin duda alguna, este desaguisado no hubiese ocurrido si ustedes fuesenresponsables con su propio peculio de todos sus desmanes y tropelías.




Como no es así, nos conformaremos con su salida en las próximas. Salud

para todos.

Desguace en la EducaciónLNE 03-01-2010Ismael Almanza Riesco y seis firmas más (Pola de Siero)

Mal hace el Gobierno regional del Principado en permitir que el dúo Migoya-Riopedre (tanto monta..., o casi) campe a sus anchas por el

proceloso mar de la educación asturiana, a cuya agitación contribuye demanera esencial ese fatídico dúo con sus disparatadas actuaciones. Disparatadas e injustas por cuanto han conducido a los docentes a una situación de segregación arbitraria, gratuita, ilegítima e ilegal.

No deja de resultar extraño e incomprensible que el señor Riopedre, quetantas veces se ha enorgullecido del sistema educativo asturiano llegandoincluso a declarar que el fracaso escolar no era un problema de aquí, sededique en los últimos tiempos a desguazar ese sistema utilizando comoherramienta fundamental la división, la fragmentación y la atomización delos docentes so capa de un innovacionismo aberrante y totalmenteexperimental. Operación desguace, que afecta además a la estructura de la

propia Consejería, cuyas competencias han sido usurpadas por la señora Migoya en una maniobra de «encantamiento» mediante la cual el edificiode la plaza España y su inquilino quedan reducidos a simple cascarón, y laeducación pública asturiana se convierte en puro mercantilismo, unadesnaturalización al alcance de la señora Migoya, en cuya cabeza parecen

bailar más los números que las ideas.

No se entiende cómo el señor Riopedre, viniendo de donde vieneacadémicamente, puede hacer tales migas con la señora Migoya, dando

por bueno este desprecio general a los docentes y, en definitiva, a laeducación pública asturiana. Las consecuencias de esta situación no son

precisamente halagüeñas; pero una cosa es clara: de aquí solamente puederesultar un beneficiario, la empresa privada.

Confiamos en que el Parlamento asturiano sea lo suficientemente honestocomo para no permitir que este descalabro se consume dando luz verde a




una pirueta legislativa totalmente infumable, cuya finalidad no es otra queburlar a la Justicia. Y si esto vale, entonces todo vale.

IU-LV-BA y la ley de Evaluación DocenteLNE 19-01-2010Manuel García-Morán Escobedo y Segundo García-Valles Fernández (ElEntrego / Salinas)

Hemos decidido esperar varios días antes de escribir esta carta con el objetivo de que nuestros sentimientos se fuesen aplacando y fuesen dejando

hablar a la razón más que al corazón. Fueron sentimientos tristes y duros,no vamos a negarlo; lógico, por otra parte, en personas que siempre sehabían sentido vinculadas a lo que IU representaba, incluso durante losmomentos más bajos y duros de esta organización, cuando machacona eincesantemente se nos bombardeaba, un día sí y otro también, con el temadel voto útil al PSOE. Pero pronto esos sentimientos se fueron convirtiendoen perplejidad, a la vez que cantidad de preguntas se iban agolpando ennuestras cabezas: ¿cómo es posible que esta organización, a la que nuncahemos dejado de votar (hasta hoy, evidentemente), que se presentaba a la

sociedad como un referente moral, pueda aprobar leyes que chocan frontalmente con esos principios éticos fundamentales que dicen defender?¿Cómo pueden aprobar una ley cuyo objetivo fundamental es intentar

paliar una auténtica aberración laboral y jurídica hasta el punto de ser declarada ilegal por el TSJA? ¿No es algo parecido a la prevaricación el andar aprobando leyes con carácter de urgencia para burlar lasresoluciones de la justicia? ¿Dónde queda para IU el Estado de derecho?¿Es que ahora le parece bien a IU ese nuevo modelo de relaciones

laborales consistente en pedir a los trabajadores la firma de un papel enblanco, cual si fuese la Administración una multinacional campando a susanchas en una república bananera? ¿Qué fue de aquello de a igual trabajoigual salario? ¿Le parece a IU muy democrático aprobar urgentementeuna ley que ni ha pasado por el Consejo Escolar, fue rechazada por la

junta de personal docente no universitario, así como por la Mesa Sectorial de Educación? ¿Es ésta la manera que tiene IU de defender la escuela

pública? ¿Son conscientes de que pasarán a la historia como miembros

partícipes de una Administración que sembró la división, la discordia y el enfrentamiento en los centros educativos asturianos?




Por más que buscábamos y rebuscábamos no encontrábamos cuál podría ser la justificación y explicación del grupo parlamentario IU-LV-BA ante

su oportunista y bochornosa posición ante la ley de Evaluación Docente. En éstas estábamos, cuando vino en nuestra ayuda el recuerdo de aquella famosa sentencia de Karl Marx en la que explicaba cómo «las condicionesmateriales de existencia condicionan la conciencia». Y sí, hemos deconfesarlo, la frase en cuestión nos vino a aclarar gran parte de nuestrasdudas. Evidentemente, cuando esas condiciones materiales dependen deestar aferrados al poder a costa de lo que sea y a usar la política comomedio de vida (a muchos y muchas de los que el pasado 29 de diciembre

votaban esta ley no les conocemos profesión otra alguna) en vez de como servicio a la sociedad, pues la conciencia..., ya se sabe, justifica lo quehaga falta.

Esperando que el tiempo y las urnas pongan a cada uno en su lugar,nosotros, por de pronto, volvemos a nuestros respectivos centroseducativos, añoramos aquellos tiempos, recientes aún, en que a losdocentes no se nos había dividido y enfrentado, trabajábamos en paz y contranquilidad sin el mal ambiente que, gracias a las ingeniosas medidas dela Administración de las que formáis parte, se fue introduciendo en loscentros de trabajo. Por nuestra parte, seguiremos explicando a nuestroalumnado, en nuestra condición de profesores de Filosofía, lo que es laética, la autonomía moral, la ciudadanía, el Estado de derecho, ladignidad, la decencia, la coherencia y la existencia de otros valores apartedel valor del vil metal. Eso sí, lo haremos sin tener que sonrojarnos por ello, con la conciencia tranquila y, sobre todo, con la seguridad de que noestamos solos: a pesar de mezquindades, Migoyas, Riopedres y de los

diputados y diputadas de PSOE-IU, seguimos teniendo a nuestro ladocompañeros (15% según el consejero de Educación) que, al igual quenosotros, siguen pensando que otra forma de hacer política, otra forma deeducar, otra forma de trabajar... siguen siendo posibles.

Con la seguridad de que tenemos de nuestro lado el derecho y lasresoluciones judiciales, y no por número, como le gusta señalar a nuestrainestimable patrona, la señora Migoya, sino por fundamentación y

argumentación jurídica: ni una sola de las sentencias, tanto individualescomo generales, que entra a valorar la ley es favorable a la Administración.




Aunque algunos lo hayan olvidado, la discriminación arbitraria, la

vulneración de derechos de los trabajadores y el clientelismo no tienencabida en la estructura lógico-jurídica del Estado de derecho. Es igual que Migoya y sus compañeros de viaje, emulando al señor Berlusconi o al señor Gil, utilicen artificios jurídicos para retrasar el cumplimiento de la justicia, ésta avanzará de manera lenta, pero inexorable, y ya veremosquién responde a la hora de la verdad del desaguisado.

Lo dicho: arrieritos somos...

Carta de un maestro al presidente de ArecesLNE 27-01-2010Alfredo González Álvarez (Mieres del Camino)

Con el debido respeto, señor Areces, jamás creí que pudiéramos llegar aesta situación. Jamás pensé que un maestro vocacional llegara acuestionarse qué profesión tendría si volviera a nacer.

Puede usted hacer cualquier encuesta a pie de calle y verá cómo la mayor parte de la gente se pierde con este tema de la mal planteada carrera profesional. Vamos a tratar de resumir un poco este embrollo.

Terminé Magisterio en junio de 1974; me fui voluntario como interino aTenerife en enero de 1975 y estuve allí un año antes de incorporarme al

servicio militar. Fui de los que decidimos encerrarnos en la Dirección Provincial de Educación en 1983, siendo usted director provincial de Educación. Entonces se dialogaba y se encontraron soluciones. Estuve en Ibias, San Mamés de Blimea, Cabranes, Ventanielles, Avilés, Gijón, Luarca, Cangas del Narcea (8 años en Mieldes), Mieres (7 años enadultos), Turón, Caborana... Cabañaquinta. En total, unos veintitantoscolegios y escuelas rurales. También he estado en equipos directivos. En

fin, creo tener una mínima idea de todo esto.

Con todo lo que acabo de relatar, me puede decir usted cómo es posibleque se les haya ocurrido que unos/as maestros/as ganen más que otros.

¿Cómo puede ser que en el mismo pasillo del colegio un maestro entra enel aula de primero y otro en el aula de segundo y cobran distinto?




¿En qué cabeza cabe que haciendo, a lo largo del curso, las mismas tareas,exactamente el mismo trabajo, tengamos remuneraciones distintas?

¿Qué tiene que ver un funcionario que vigila el monte con el de Sanidad ocon el funcionario de un Ayuntamiento o con la Educación? Mundos tandispares, situaciones tan diferentes. Imposible de verlo como un todo.¿Cómo han organizado esta tremenda chapuza? Y ahora nos castigan a losque no firmamos, pero vamos a ver: ¿no dijo el Tribunal Supremo de

Justicia que teníamos razón al no firmar algo que no tenía ni tan siquieraun borrador de las normas que se iban aplicar?

Y ahora, para arreglar, van ustedes y dicen que nos van a incorporar, peroclaro, será en octubre. Es decir, más discriminación salarial. Segúnustedes, es para evaluarnos. Pero vamos a ver: ¿cuándo evaluaron a loscompañeros que firmaron?

Para más cachondeo, a su consejera de Administraciones Públicas se leocurre decir que no puede ser con carácter retroactivo porque no haydinero. Yo me pregunto: ¿y si hubiéramos firmado todos, a todos se habría

pagado? Supongo, ¿dónde está ese dinero que no se pagó?

Y para ir concluyendo, no sólo nos fallan ustedes, sino que lo hacen el PP y ya no digamos Izquierda Unida. Y encima alguien, y digo alguien porqueno merece ser nombrado, nos quería correr a gorrazos, precisamente losno firmantes, estábamos pensando en lo mismo, pero no, no merece ni un

segundo más mi atención.

Señor Areces, póngase a nuestro nivel, baje a lo que es la vida diaria de uncentro. Piense en por qué al empezar los cursos los no firmantes tenemosque recordar a nuestros compañeros/as de claustro que en todas aquellasactividades voluntarias, que tanto dinamizan la vida de un colegio, no

podemos estar en ellas; es obvio, cobramos menos. El malestar esevidente.

No obstante, señor presidente, no se preocupe, toda actividad reglada yacadémica se cumplirá escrupulosamente. Los chavales no tienen ningunaculpa y ustedes no van a robarme ni un minuto más mi dedicación a ellos.

Mi vocación no la van ustedes a tumbar; mi dignidad va también en ello, yasí lo he tenido que contar.



5. Epílogo

Todas las cartas anteriores son expresiones de compañeros de trabajo que,

con independencia de su militancia política o sindical, han querido dejar constancia en la prensa de su pesar, rechazo o indignación hacia esta malllamada Ley de Evaluación Docente. Hubiéramos podido recoger otrasmuchas más, pero tan sólo pretendemos reflejar el caos y malestar que,innecesariamente, se ha provocado. Agradecemos a todos, los citados y losque no lo han sido, su esfuerzo en conseguir que esta situación injusta,inmoral e ilegal pueda ser más y mejor conocida, no solo entre quienes nosmovemos en el entorno educativo, sino entre la ciudadanía en general.

Y, por último, una petición:

Un reciente librito de Stéphane Hessel titulado “Indignez-vous” haresultado ser un auténtico éxito de ventas en Francia durante el 2010.Hessel tiene 93 años, es un antiguo combatiente de la resistencia francesa,además de actual escritor, militante y político francés.En el citado panfleto hace un llamamiento a la indignación; indignaciónnecesaria como paso previo a la acción que permita construir un mundomás justo y mejor. Y nos dice que, para encontrar motivos que justifiquenesa indignación, basta con que miremos a nuestro alrededor.

Hemos mirado a nuestro alrededor y hay muchas cosas, graves, por las queindignarse. Pero, en nuestro entorno más inmediato, hemos encontrado todolo que os acabamos de relatar. Y a nosotros esto también nos ha indignado.

Indignáos.

Nota Final:La misma semana en que enviamos este escrito a la imprenta ha aparecido

publicado en el BOPA el Primer Plan de Evaluación Docente14. Añadimosen el anexo 3 nuestra posición al respecto.

14 http://www.asturias.es/bopa/2011/03/16/2011-05347.pdf



6. Anexos

Anexo 1

Lo único reseñable del mismo es el pie:

“El/la abajo firmante formaliza su compromiso con la Administración quevalorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajosrealizados, los conocimiento adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, manifestando bajo su responsabilidad que reúne los requisitos

exigidos y que son ciertos los datos y circunstancias que se hacen constar enla presenta solicitud.”



Anexo 2

MANIFIESTO DEL PROFESORADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

Las personas abajo firmantes, profesoras y profesores, quieren manifestar antela opinión pública asturiana que:

1. No son, en absoluto, reacios a cualquier tipo de evaluación de su desempeñoque, participativamente, se ligue a la mejora del servicio público educativo para hacer posible que nuestro alumnado desarrolle al máximo sus propiascapacidades, adquiera un sentido crítico más autónomo, y participe de undesarrollo social más humano y menos separado del contexto en el que vive.

2. Sí están totalmente en contra de seguir el aluvión de ocurrencias eimprovisaciones al que le viene sometiendo la Administración Públicaasturiana en aras de una simple legitimación formal-estadística de su gestión ydel escandaloso engrosamiento de su aparato burocrático (con múltiples yvariopintos asesores que parecen reproducirse a sí mismos).

3. Este enfoque “resultadista” de la improvisada “evaluación del desempeño

docente”, por otra parte, para nada se vincula a los procesos de aprendizaje,que animaron el ideal emancipatorio originario de los sistemas educativosnacionales, y sí al mero afán normalizador que también latía en ese origen. Talafán normalizador llega ahora también al profesorado buscando la merasumisión administrativa a una serie de rituales burocratizados (que son los quese pretenden evaluar), despreciando la verdadera tarea docente en el aula.

4. Esto supone un paso más en la abusiva progresión que, en los últimos años,

se da en el trabajo burocrático del profesorado en detrimento de la actividadespecíficamente docente. Es este un proceso que debe ser frenado si lo que pretendemos es educar y no ceñirnos simplemente a las apariencias.

5. Todo ello parece encontrar su apoteosis en una carrera profesional delfuncionariado docente también diseñada (todavía parcialmente) sin contar conla representación del profesorado (y aún con la oposición frontal de tres de lossindicatos con representación en la Junta de Personal Docente, incluyendo los

dos mayoritarios).

6. Esta vinculación, realizada explícitamente por la propia Consejera de



Administraciones Públicas, desconoce además el hecho de que son miles losmiembros del funcionariado docente que por voluntad propia o por imposibilidad (llevar menos de cinco años como funcionarios de carrera, proceder de otras comunidades autónomas, ser interinos,…) no se han

incorporado a dicha carrera profesional docente.

7. Siempre y en cualquier caso, violentando incluso lo establecido al respectoen la Ley Orgánica de la Educación, la evaluación de la función docente se hahecho sin consultar al propio colectivo docente ni buscar acuerdo alguno conlos representantes del profesorado (ninguneados al dejar sin función la mesasectorial en aras de una mesa general del funcionariado en la que, por ejemploy paradójicamente, no está representado el sindicato mayoritario en

Educación).

8. Por otra parte, el profesorado siempre ha sido evaluado directa (mediante laactuación de la Inspección Técnica Educativa en distintos momentos) eindirectamente (mediante pruebas externas, como las Pruebas de Acceso a laUniversidad, las pruebas diagnósticas, los informes generales sobre elfuncionamiento del sistema como el PISA, etc.).

9. En tal sentido, resulta curioso que siendo el sistema educativo unainstitución con una valoración más que aceptable en los principales estudiossociológicos (como los Barómetros del Centro de InvestigacionesSociológicas) sean sus profesionales los que deben padecer constantes cambiosen el marco legislativo y crecientes presiones burocráticas, mientras lasinstituciones constantemente peor valoradas por la ciudadanía (políticos, jueceso clero) campan a sus anchas.

10. En tal sentido, debe denunciarse, por último, una cierta campaña mediáticaque trata de perfilar el colectivo docente como “privilegiado y quejica” contotal desconocimiento (y hasta desprecio) de los procesos reales que loenvuelven. Ello ha quedado muy patente en las distorsiones, sesgos y hastachanzas con las que los medios, en general, han “adornado” sus informacionessobre la reciente manifestación del 18 de Marzo.

A 20 de Marzo de 2009.



Anexo 3

El colectivo DALE (plataforma de damnificados por la Ley de Evaluación Docente y sus Incentivos), heredero de la Plataforma 140 de no firmantes de la

incorporación voluntaria a la carrera profesional docente, sigue considerando lanorma aprobada en Consejo de Gobierno y publicada en el BOPA comoReglamento por el que se regulan los planes de evaluación docente, comonefasta e inaceptable, y, en consecuencia:

1. Llama a todo el profesorado (firmantes de buena voluntad, nofirmantes y, sobre todo, quienes ni tan siquiera tuvieron ni tienen la

oportunidad de firmar por su condición interina o por tener menos decinco años de servicio a la administración pública asturiana) a superar la actual división, reagrupándose contra un sistema de evaluacióndocente injusto por arbitrario e indefinido a medio plazo (insultante,de hecho, en su primera versión de “bagatela electoralista” que valoralo que son obligaciones laborales), por la defensa y la dignificación dela función docente en una escuela pública verdaderamente al serviciode la ciudadanía.

2. Reclama (y recuerda a la parte más olvidadiza de la representaciónsindical del funcionariado docente) una homologación retributivalineal y universal que ha ido transformándose torticeramente en elactual sistema de “individualización retributiva” en función de puros parámetros de acatamiento juzgados por los “superiores jerárquicosinmediatos”, pareciendo convertir, por añadidura, a todo el que quedafuera de la percepción complementaria correspondiente en “personaque no quiere (no firmantes) o, por definición, no puede (interinado,funcionariado con menos de cinco años de servicio) ser productiva”.

3. Reconoce y afirma la necesidad de que los servicios públicos debanestar sometidos a sistemas de evalución controlados por la ciudadaníasegún criterios estables, públicos y objetivables, y, precisamente por ello, se sigue oponiendo a cualquier sistema de evalución de la funcióndocente que se centre en la sumisión para derivar prebendasretributivas condicionadas por intereses políticos y oportunismos

electorales (máxime cuando derive, como el actual, de ilegalidades deorigen que vician todo el proceso).



Anexo 4

Codex Politicorum: Decálogo perverso para no ejecutar sentencias judiciales – José Ramón Chaves García15

Dicen que los Alcaldes, concejales y otras autoridades locales (aunque algunasveces se suman autoridades autonómicas o estatales), suelen acudir a congresosen lujosos hoteles de la capital del reino. Hacen la maleta para unas jornadas deformación en liderazgo o gestión pública, en Hoteles de muchas estrellas, pocas ponencias, bonitos regalos y abundante tiempo libre con elcorrespondiente programa de ocio. Con cargo al presupuesto, claro. Su preocupación primaria es descubrir los trucos de sus colegas para sortear lacrisis económica. En los pasillos y ágapes no faltan quejas frente a los

empleados públicos, funcionarios de habilitación nacional y otros capaces dedecirle al Rey “que está desnudo”. Y de rebote, protestan por los jueces yotros extraños sujetos que tienen la osadía de intentar controlarles. Y a los postres, sí a los postres, es cuando discretamente se pasan de mano en mano elCodex Politicorum (algo parecido al Código da Vinci de la vida local), queencierra las diez vías para eludir la ejecución de una sentencia firme contraria asus intereses.

1ª Recurrir la sentencia. Hay que plantear recursos de apelación, o de casación,

o al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Noimporta que el recurso no sea admisible o no tenga visos de prosperar, pues lodecisivo es ofrecer la versión al público de que “la sentencia está recurrida” y por eso no se ejecuta. (Mientras va y viene, por el camino se entretiene).

2ª Plantear un incidente de nulidad de actuaciones, por incongruencia de lasentencia o lesión de algún derecho fundamental. No importa que estéinfundado ni que no prospere, ni que los tribunales impongan las costas procesales, pues lo importante es posponer la eficacia de la sentencia.(Mientras va yendo, se sigue entreteniendo).

3ª Ante la sentencia firme, y agotados los recursos imaginables, plantear incidentes de inejecución de sentencia esgrimiendo su imposibilidad, pérdidade objeto o similar. No importa que sea una argumentación inconsistente, pueslo importante es seguir aplazando la puesta en práctica de la sentencia. (Y mientras sigue danzando, el tiempo va pasando).

4ª Agotados los incidentes de la sentencia firme, promover la legalización del

15 http://contencioso.es/2011/03/24/codex-politicorum-decalogo-perverso-para-no-ejecutar-sentencias-judiciales/



acto (aprobando la Ordenanza o reglamento si fuere posible) o incluso promover una ley para que los correligionarios de partido desde el parlamento puedan hacer legal lo que fue declarado ilegal. No importa que la ley seainconstitucional pues lo importante es que la sentencia firme quede desactivaday el juez baraje si debe o no plantear una cuestión de inconstitucionalidad.(Quien hace la trampa, hace la ley).

5ª Si no hay posibilidad de tal Ley-esponja sanadora, encomendar lanegociación con los beneficiarios de la sentencia , confiando en que lasentencia no suele ejecutarse de oficio. (Todos tenemos un precio).

6ª Si falla toda negociación, simular que se acata la sentencia, mediante suejecución aparente o formal y no cambiar nada de nada de la realidad,intentando engañar al juez. (Lo importante es vencer, no convencer).

7ª Si no hay manera de superar la obstinación judicial en que la sentencia seejecute, criticar despiadadamente al juez, y acudir con la artillería de losmedios de comunicación, siendo muy útil recordar que Fuenteovejuna se alzófrente al corregidor (muy útil recordar que, al fin y al cabo, al juez nadie le haelegido). (Los fines justifican los medios).

8ª Como con tantas escaramuzas ha transcurrido mucho tiempo, es hora devolver a plantear el incidente de inejecución por el tiempo transcurrido, para

que el pleito engorde y se barajen sus documentos. (A la tercera, va la vencida… otra vez).

9ª Promover acciones penales de distracción en algún aspecto conexo con losautos para que por la preferencia de las cuestiones penales, la ejecuciónadministrativa quede en vía muerta. (La estrategia del limpiaparabrisas: Si no puedes parar la lluvia, al menos permite avanzar).

10ª Si todo eso falla, romper este decálogo y sencillamente la autoridad debe

mirarse al espejo fijamente y decirse mil veces con voz alta y lenta: “ Tomé posesión y juré acatar la Constitución, mi poder viene del pueblo y debocumplir lo que el pueblo ha querido: que se cumplan las sentencias dictadas por jueces independientes”.

Y no falla. Mientras se lee mil veces esta sencilla frase, la ejecución de lasentencia quedará aplazada pero si todavía no lo entiende, queda claramente elcamino abierto para la incapacitación de la autoridad pues no ha captado algotan elemental como que el poder público no es un juego para niños ni para

sinvergüenzas.



«Los males que no tienenLos males que no tienen

fuerza para acabar la vida,uerza para acabar la vida, no han de tenerla parao han de tenerla para acabar la paciencia.»cabar la paciencia.»

Miguel de Cervantes Saavedra

Alcalá de Henares, 20 de Septiembre de 1547

Madrid, 22 de Abril de 1616.

Don Quijote de la Mancha(1605-1615)

carreras [in]docentes - historia de una ignominia

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