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Sentencia C-269/14

(Bogot D.C., Mayo 2 de 2014)

Demanda de inconstitucionalidad contra los artculos XXXI y L de

la Ley 37 de 1961 Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot). Accionante: Juan Manuel Santos Caldern -Presidente de la

Repblica de Colombia-.

Referencia: Expediente D-9907.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artculos II y V

(parciales) y los captulos Cuarto y Quinto de la Ley 37 de 1961 Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot).

Accionantes: Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra

Mancipe Gonzlez y Carlos Eduardo Borrero Gonzlez.

Referencia: Expediente D-9852

Demanda de inconstitucionalidad contra el artculo XXXI (parcial)

de la Ley 37 de 1961 Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot). Acccionante: Oscar Fernando Vanegas vila.

Referencia: Expediente D-9886.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZLEZ CUERVO.

I. ANTECEDENTES.

1. Texto normativo demandado.

Los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra Mancipe

Gonzlez y Carlos Eduardo Borrero Gonzlez demandaron la

inconstitucionalidad de los artculos II y V -parciales- y los Captulos IV y V

de la Ley 37 de 1961 aprobatoria del correspondiente instrumento

internacional. El ciudadano Oscar Fernando Vanegas vila hizo lo propio con

el artculo XXXI -parcial- de la Ley 137 de 1961. Y el ciudadano Juan Manuel

Santos Caldern -Presidente de la Repblica de Colombia- present demanda

de inconstitucionalidad contra los artculos XXXI y L de la Ley 37 de 1961

Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot).

El texto de la Ley 37 de 1961 y del Tratado aprobado por el Congreso de la

Repblica, se transcribe a continuacin, subrayados los enunciados normativos

demandados -artculos o captulos-:

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LEY 37 DE 1961 (Julio 12)

Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas

(Pacto de Bogot).

El Congreso de Colombia,

visto el texto del Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de

Bogot) suscrito por los Delegados Plenipotenciarios de la Repblica de

Colombia el 30 de abril de 1948, en la IX Conferencia Internacional

Americana, y que a la letra dice:

TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS "PACTO DE BOGOT"

Suscrito en Bogot el 30 de abril de 1948

En nombre de sus pueblos, los Gobiernos representados en la IX

Conferencia Internacional Americana, han resuelto, en cumplimiento del

artculo XXIII de la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos,

celebrar el siguiente Tratado:

CAPITULO PRIMERO OBLIGACIN GENERAL DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS

POR MEDIOS PACFICOS

ARTICULO I. Las Altas Partes Contratantes, reafirmando

solemnemente sus compromisos contrados por anteriores convenciones

y declaraciones internacionales as como por la Carta de las Naciones

Unidas, convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de

cualquier otro medio de coaccin para el arreglo de sus controversias y

en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacficos.

ARTICULO II. Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligacin de

resolver las controversias internacionales por los procedimientos

pacficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas.

En consecuencia, en caso de que entre dos o ms Estados signatarios se

suscite una controversia que, en opinin de las partes, no pueda ser

resuelta por negociaciones directas a travs de los medios diplomticos

usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos

establecidos en este Tratado en la forma y condiciones previstas en los

artculos siguientes, o bien de los procedimientos especiales que, a su

juicio, les permitan llegar a una solucin1.

ARTICULO III. El orden de los procedimientos pacficos establecido en

el presente Tratado no significa que las partes no puedan recurrir al que

1 Aparte demandado por los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra Mancipe Gonzlez y

Carlos Eduardo Borrero Gonzlez (Expediente D-9852).

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consideren ms apropiado en cada caso, ni que deban seguirlos todos, ni

que exista, salvo disposicin expresa al respecto, prelacin entre ellos.

ARTICULO IV. Iniciado uno de los procedimientos pacficos, sea por

acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un

pacto anterior, no podr incoarse otro procedimiento antes de terminar

aqul.

ARTICULO V. Dichos procedimientos no podrn aplicarse a las

materias que por su esencia son de la jurisdiccin interna del Estado. Si

las partes no estuvieren de acuerdo en que la controversia se refiere a un

asunto de jurisdiccin interna, a solicitud de cualquiera de ellas esta

cuestin previa ser sometida a la decisin de la Corte Internacional de

Justicia2.

ARTICULO VI. Tampoco podrn aplicarse dichos procedimientos a los

asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por

sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por

acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebracin del presente

Pacto

ARTICULO VII. Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar

reclamacin diplomtica para proteger a sus nacionales, ni a iniciar al

efecto una controversia ante la jurisdiccin internacional, cuando dichos

nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales

domsticos competentes del Estado respectivo

ARTICULO VIII. El recurso a los medios pacficos de solucin de las

controversias, o la recomendacin de su empleo, no podrn ser motivo,

en caso de ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de

legtima defensa individual o colectiva, previsto en la Carta de las

Naciones Unidas.

CAPITULO SEGUNDO PROCEDIMIENTOS DE BUENOS OFICIOS Y DE MEDIACIN

ARTICULO IX. El procedimiento de los Buenos Oficios consiste en la

gestin de uno o ms Gobiernos Americanos o de uno o ms ciudadanos

eminentes de cualquier Estado Americano, ajenos a la controversia, en el

sentido de aproximar a las partes, proporcionndoles la posibilidad de

que encuentren directamente una solucin adecuada.

ARTICULO X. Una vez que se haya logrado el acercamiento de las

partes y que stas hayan reanudado las negociaciones directas quedar

terminada la gestin del Estado o del ciudadano que hubiere ofrecido sus

Buenos Oficios o aceptado la invitacin a interponerlos; sin embargo,

2 Aparte demandado por los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra Mancipe Gonzlez y

Carlos Eduardo Borrero Gonzlez (Expediente D-9852).

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por acuerdo de las partes, podrn aqullos estar presentes en las

negociaciones.

ARTICULO XI. El procedimiento de mediacin consiste en someter la

controversia a uno o ms gobiernos americanos, o a uno o ms

ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano extraos a la

controversia. En uno y otro caso el mediador o los mediadores sern

escogidos de comn acuerdo por las partes.

ARTICULO XII. Las funciones del mediador o mediadores consistirn

en asistir a las partes en el arreglo de las controversias de la manera ms

sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una

solucin aceptable. El mediador se abstendr de hacer informe alguno y,

en lo que a l atae, los procedimientos sern absolutamente

confidenciales.

ARTICULO XIII. En el caso de que las Altas Partes Contratantes hayan

acordado el procedimiento de mediacin y no pudieren ponerse de

acuerdo en el plazo de dos meses sobre la eleccin del mediador o

mediadores; o si iniciada la mediacin transcurrieren hasta cinco meses

sin llegar a la solucin de la controversia, recurrirn sin demora a

cualquiera de los otros procedimientos de arreglo pacfico establecidos

en este Tratado.

ARTICULO XIV. Las Altas Partes Contratantes podrn ofrecer su

mediacin, bien sea individual o conjuntamente; pero convienen en no

hacerlo mientras la controversia est sujeta a otro de los procedimientos

establecidos en el presente Tratado.

CAPITULO TERCERO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN Y CONCILIACIN

ARTICULO XV. El procedimiento de investigacin y conciliacin

consiste en someter la controversia a una comisin de investigacin y

conciliacin que ser constituida con arreglo a las disposiciones

establecidas en los subsecuentes artculos del presente Tratado, y que

funcionar dentro de las limitaciones en l sealadas.

ARTICULO XVI. La parte que promueva el procedimiento de

investigacin y conciliacin pedir al Consejo de la Organizacin de los

Estados Americanos que convoque la Comisin de Investigacin y

Conciliacin. El Consejo, por su parte, tomar las providencias

inmediatas para convocarla.

Recibida la solicitud para que se convoque la Comisin quedar

inmediatamente suspendida la controversia entre las partes y stas se

abstendrn de todo acto que pueda dificultar la conciliacin. Con este fin,

el Consejo de la Organizacin de los Estados Americanos, podr, a

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peticin de parte mientras est en trmite la convocatoria de la Comisin,

hacerles recomendaciones en dicho sentido.

ARTICULO XVII. Las Altas Partes Contratantes podrn nombrar por

medio de un acuerdo bilateral que se har constar en un simple cambio

de notas con cada uno de los otros signatarios, dos miembros de la

Comisin de Investigacin y Conciliacin, de los cuales uno solo podr

ser de su propia nacionalidad. El quinto ser elegido inmediatamente de

comn acuerdo por los ya designados y desempear las funciones de

Presidente.

Cualquiera de las Partes Contratantes podr reemplazar a los miembros

que hubiere designado, sean stos nacionales o extranjeros; y en el

mismo acto deber nombrar al sustituto. En caso de no hacerlo la

remocin se tendr por no formulada. Los nombramientos y sustituciones

debern registrarse en la Unin Panamericana que velar porque las

Comisiones de cinco miembros estn siempre integradas.

ARTICULO XVIII. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo anterior,

la Unin Panamericana formar un Cuadro Permanente de Conciliadores

Americanos que ser integrado as:

a) Cada una de las Altas Partes Contratantes designar, por perodos de

tres aos, dos de sus nacionales que gocen de la ms alta reputacin por

su ecuanimidad, competencia y honorabilidad.

b) La Unin Panamericana recabar la aceptacin expresa de los

candidatos y pondr los nombres de las personas que le comuniquen su

aceptacin en el Cuadro de Conciliadores.

c) Los gobiernos podrn en cualquier momento llenar las vacantes que

ocurran entre sus designados y nombrarlos nuevamente.

ARTICULO XIX. En el caso de que ocurriere una controversia entre dos

o ms Estados Americanos que no tuvieren constituida la Comisin a que

se refiere el Artculo XVII, se observar el siguiente procedimiento:

a) Cada parte designar dos miembros elegidos del Cuadro Permanente

de Conciliadores Americanos, que no pertenezcan a la nacionalidad del

designante.

b) Estos cuatro miembros escogern a su vez un quinto conciliador

extrao a las partes, dentro del Cuadro Permanente.

c) Si dentro del plazo de treinta das despus de haber sido notificados de

su eleccin, los cuatro miembros no pudieren ponerse de acuerdo para

escoger el quinto, cada uno de ellos formar separadamente la lista de

conciliadores, tomndola del Cuadro Permanente en el orden de su

preferencia; y despus de comparar las listas as formadas se declarar

electo aqul que primero rena una mayora de votos. El elegido ejercer

las funciones de Presidente de la Comisin.

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ARTICULO XX. El Consejo de la Organizacin de los Estados

Americanos al convocar la Comisin de Investigacin y Conciliacin

determinar el lugar donde sta haya de reunirse. Con posterioridad, la

Comisin podr determinar el lugar o lugares en donde deba funcionar,

tomando en consideracin las mayores facilidades para la realizacin de

sus trabajos.

ARTICULO XXI. Cuando ms de dos Estados estn implicados en la

misma controversia, los Estados que sostengan iguales puntos de vista

sern considerados como una sola parte. Si tuviesen intereses diversos

tendrn derecho a aumentar el nmero de conciliadores con el objeto de

que todas las partes tengan igual representacin. El Presidente ser

elegido en la forma establecida en el artculo XIX.

ARTICULO XXII. Corresponde a la Comisin de Investigacin y

Conciliacin esclarecer los puntos controvertidos, procurando llevar a las

partes a un acuerdo en condiciones recprocamente aceptables. La

Comisin promover las investigaciones que estime necesarias sobre los

hechos de la controversia, con el propsito de proponer bases aceptables

de solucin.

ARTICULO XXIII. Es deber de las partes facilitar los trabajos de la

Comisin y suministrarle, de la manera ms amplia posible, todos los

documentos e informaciones tiles, as como tambin emplear los

medios de que dispongan para permitirle que proceda a citar y or

testigos o peritos y practicar otras diligencias, en sus respectivos

territorios y de conformidad con sus leyes.

ARTICULO XXIV. Durante los procedimientos ante la Comisin las

partes sern representadas por Delegados Plenipotenciarios o por agentes

que servirn de intermediarios entre ellas y la Comisin. Las partes y la

Comisin podrn recurrir a los servicios de consejeros y expertos

tcnicos.

ARTICULO XXV. La Comisin concluir sus trabajos dentro del plazo

de seis meses a partir de la fecha de su constitucin; pero las partes

podrn, de comn acuerdo, prorrogarlo.

ARTICULO XXVI. Si a juicio de las partes la controversia se concretare

exclusivamente a cuestiones de hecho, la Comisin se limitar a la

investigacin de aqullas y concluir sus labores con el informe

correspondiente.

ARTICULO XXVII. Si se obtuviere el acuerdo conciliatorio, el informe

final de la Comisin se limitar a reproducir el texto del arreglo

alcanzado y se publicar despus de su entrega a las partes, salvo que

stas acuerden otra cosa. En caso contrario, el informe final contendr un

resumen de los trabajos efectuados por la Comisin; se entregar a las

partes y se publicar despus de un plazo de seis meses, a menos que

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stas tomaren otra decisin. En ambos eventos, el informe final ser

adoptado por mayora de votos.

ARTICULO XXVIII. Los informes y conclusiones de la Comisin de

Investigacin y Conciliacin no sern obligatorios para las partes ni en lo

relativo a la exposicin de los hechos ni en lo concerniente a las

cuestiones de derecho, y no revestirn otro carcter que el de

recomendaciones sometidas a la consideracin de las partes para facilitar

el arreglo amistoso de la controversia.

ARTICULO XXIX. La Comisin de Investigacin y Conciliacin

entregar a cada una de las partes, as como a la Unin Panamericana,

copias certificadas de las actas de sus trabajos. Estas actas no sern

publicadas sino cuando as lo decidan las partes.

ARTICULO XXX. Cada uno de los miembros de la Comisin recibir

una compensacin pecuniaria cuyo monto ser fijado de comn acuerdo

por las partes. Si stas no la acordaren, la sealar el Consejo de la

Organizacin. Cada uno de los gobiernos pagar sus propios gastos y una

parte igual de las expensas comunes de la Comisin, comprendidas en

stas las compensaciones anteriormente previstas.

CAPITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO JUDICIAL3

ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2 del artculo 36 del

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes

Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado

Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningn

convenio especial mientras est vigente el presente Tratado, la

jurisdiccin de la expresada Corte en todas las controversias de orden

jurdico que surjan entre ellas y que versen sobre:

a) La interpretacin de un Tratado;

b) Cualquier cuestin de Derecho Internacional;

c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituira la

violacin de una obligacin internacional;

d) La naturaleza o extensin de la reparacin que ha de hacerse por el

quebrantamiento de una obligacin internacional.4

ARTICULO XXXII. Cuando el procedimiento de conciliacin

anteriormente establecido conforme a este Tratado o por voluntad de las

3 Captulo demandado en su integridad por los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra

Mancipe Gonzlez y Carlos Eduardo Borrero Gonzlez (Expediente D-9852).

4 Artculo demandado en su integridad por el ciudadano Juan Manuel Santos (Expediente D-9907).

El ciudadano Oscar Fernando Vanegas vila lo demanda parcialmente en las expresiones () la jurisdiccin de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurdico que surjan entre ellas y que versen sobre:

a) La interpretacin de un Tratado; b) Cualquier cuestin de Derecho Internacional ().

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partes, no llegare a una solucin y dichas partes no hubieren convenido

en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendr derecho a recurrir

a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artculo

40 de su Estatuto. La jurisdiccin de la Corte quedar obligatoriamente

abierta conforme al inciso 1 del artculo 36 del mismo Estatuto.

ARTICULO XXXIII. Si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de la

competencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidir

previamente esta cuestin.

ARTICULO XXXIV. Si la Corte se declarare incompetente para conocer

de la controversia por los motivos sealados en los artculos V, VI y VII

de este Tratado, se declarar terminada la controversia.

ARTICULO XXXV. Si la Corte se declarase incompetente por cualquier

otro motivo para conocer y decidir de la controversia, las Altas Partes

Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, de acuerdo con las

disposiciones del captulo quinto de este Tratado.

ARTICULO XXXVI. En el caso de controversias sometidas al

procedimiento judicial a que se refiere este Tratado, corresponder su

decisin a la Corte en pleno, o, si as lo solicitaren las partes, a una Sala

Especial conforme al artculo 26 de su Estatuto. Las partes podrn

convenir, asimismo, en que el conflicto se falle ex-aequo et bono.

ARTICULO XXXVII. El procedimiento a que deba ajustarse la Corte

ser el establecido en su Estatuto.

CAPITULO QUINTO

PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE5

ARTICULO XXXVIII. No obstante lo establecido en el Captulo Cuarto

de este Tratado, las Altas Partes Contratantes tendrn la facultad de

someter a arbitraje, si se pusieren de acuerdo en ello, las diferencias de

cualquier naturaleza, sean o no jurdicas, que hayan surgido o surgieren

en lo sucesivo entre ellas.

ARTICULO XXXIX. El Tribunal de Arbitraje, al cual se someter la

controversia en los casos de los artculos XXXV y XXXVIII de este

Tratado se constituir del modo siguiente, a menos de existir acuerdo en

contrario.

ARTICULO XL. (1) Dentro del plazo de dos meses, contados desde la

notificacin de la decisin de la Corte, en el caso previsto en el artculo

XXXV, cada una de las partes designar un rbitro de reconocida

competencia en las cuestiones de derecho internacional, que goce de la

ms alta consideracin moral, y comunicar esta designacin al Consejo 5 Captulo demandado en su integridad por los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra Mancipe Gonzlez y Carlos Eduardo Borrero Gonzlez (Expediente D-9852).

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de la Organizacin. Al propio tiempo presentar al mismo Consejo una

lista de diez juristas escogidos entre los que forman la nmina general de

los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no

pertenezcan a su grupo nacional y que estn dispuestos a aceptar el

cargo.

(2) El Consejo de la Organizacin proceder a integrar, dentro del mes

siguiente a la presentacin de las listas, el Tribunal de Arbitraje en la

forma que a continuacin se expresa:

a) Si las listas presentadas por las partes coincidieren en tres nombres,

dichas personas constituirn el Tribunal de Arbitraje con las dos

designadas directamente por las partes.

b) En el caso en que la coincidencia recaiga en ms de tres nombres, se

determinarn por sorteo los tres rbitros que hayan de completar el

Tribunal.

c) En los eventos previstos en los dos incisos anteriores, los cinco

rbitros designados escogern entre ellos su presidente.

d) Si hubiere conformidad nicamente sobre dos nombres, dichos

candidatos y los dos rbitros seleccionados directamente por las partes,

elegirn de comn acuerdo el quinto rbitro que presidir el Tribunal. La

eleccin deber recaer en algn jurista de la misma nmina general de la

Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no haya sido incluido en

las listas formadas por las partes.

e) Si las listas presentaren un solo nombre comn, esta persona formar

parte del Tribunal y se sortear otra entre los 18 juristas restantes en las

mencionadas listas. El Presidente ser elegido siguiendo el

procedimiento establecido en el inciso anterior.

f) No presentndose ninguna concordancia en las listas, se sortearn

sendos rbitros en cada una de ellas; y el quinto rbitro, que actuar

como Presidente, ser elegido de la manera sealada anteriormente.

g) Si los cuatro rbitros no pudieren ponerse de acuerdo sobre el quinto

rbitro dentro del trmino de un mes contado desde la fecha en que el

Consejo de la Organizacin les comunique su nombramiento, cada uno

de ellos acomodar separadamente la lista de juristas en el orden de su

preferencia y despus de comparar las listas as formadas, se declarar

elegido aqul que rena primero una mayora de votos.

ARTICULO XLI. Las partes podrn de comn acuerdo constituir el

Tribunal en la forma que consideren ms conveniente, y aun elegir un

rbitro nico, designando en tal caso al Jefe de un Estado, a un jurista

eminente o a cualquier tribunal de justicia en quien tengan mutua

confianza.

ARTICULO XLII. Cuando ms de dos Estados estn implicados en la

misma controversia, los Estados que defiendan iguales intereses sern

considerados como una sola parte. Si tuvieren intereses opuestos tendrn

derecho a aumentar el nmero de rbitros para que todas las partes

tengan igual representacin. El Presidente se elegir en la forma

establecida en el artculo XL.

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ARTICULO XLIII. Las partes celebrarn en cada caso el compromiso

que defina claramente la materia especfica objeto de la controversia, la

sede del Tribunal, las reglas que hayan de observarse en el

procedimiento, el plazo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo y

las dems condiciones que convengan entre s.

Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso dentro de tres meses

contados desde la fecha de la instalacin del Tribunal, el compromiso

ser formulado, con carcter obligatorio para las partes, por la Corte

Internacional de Justicia, mediante el procedimiento sumario.

ARTICULO XLIV. Las partes podrn hacerse representar ante el

Tribunal Arbitral por las personas que juzguen conveniente designar.

ARTICULO XLV. Si una de las partes no hiciere la designacin de su

rbitro y la presentacin de su lista de candidatos, dentro del trmino

previsto en el artculo XL, la otra parte tendr el derecho de pedir al

Consejo de la Organizacin que constituya el Tribunal de Arbitraje. El

Consejo inmediatamente instar a la parte remisa para que cumpla esas

obligaciones dentro de un trmino adicional de quince das, pasado el

cual, el propio Consejo integrar el Tribunal en la siguiente forma:

a) Sortear un nombre de la lista presentada por la parte requiriente;

b) Escoger por mayora absoluta de votos dos juristas de la nmina

general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no

pertenezcan al grupo nacional de ninguna de las partes;

c) Las tres personas as designadas, en unin de la seleccionada

directamente por la parte requiriente, elegirn de la manera prevista en el

artculo XL al quinto rbitro que actuar como Presidente;

d) Instalado el Tribunal se seguir el procedimiento organizado en el

artculo XLIII.

ARTICULO XLVI. El laudo ser motivado, adoptado por mayora de

votos y publicado despus de su notificacin a las partes. El rbitro o

rbitros disidentes podrn dejar testimonio de los fundamentos de su

disidencia.

El laudo, debidamente pronunciado y notificado a las partes, decidir la

controversia definitivamente y sin apelacin, y recibir inmediata

ejecucin.

ARTICULO XLVII. Las diferencias que se susciten sobre la

interpretacin o ejecucin del laudo, sern sometidas a la decisin del

Tribunal Arbitral que lo dict.

ARTICULO XLVIII. Dentro del ao siguiente a su notificacin, el laudo

ser susceptible de revisin ante el mismo Tribunal, a pedido de una de

las partes, siempre que se descubriere un hecho anterior a la decisin

ignorado del Tribunal y de la parte que solicita la revisin, y adems

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siempre que, a juicio del Tribunal, ese hecho sea capaz de ejercer una

influencia decisiva sobre el laudo.

ARTICULO XLIX. Cada uno de los miembros del Tribunal recibir una

compensacin pecuniaria cuyo monto ser fijado de comn acuerdo por

las partes. Si stas no la convinieren la sealar el Consejo de la

Organizacin. Cada uno de los gobiernos pagar sus propios gastos y una

parte igual de las expensas comunes del Tribunal, comprendidas en stas

las compensaciones anteriormente previstas.

CAPITULO SEXTO

CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES

ARTICULO L. Si una de las Altas Partes Contratantes dejare de cumplir

las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de

Justicia o un laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, antes de

recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promover una

Reunin de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de que

acuerde las medidas que convenga tomar para que se ejecute la decisin

judicial o arbitral.6

CAPITULO SPTIMO

OPINIONES CONSULTIVAS

ARTICULO LI. Las partes interesadas en la solucin de una controversia

podrn, de comn acuerdo, pedir a la Asamblea General o al Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas que soliciten de la Corte Internacional

de Justicia opiniones consultivas sobre cualquier cuestin jurdica.

La peticin la harn por intermedio del Consejo de la Organizacin de

los Estados Americanos.

CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO LII. El presente Tratado ser ratificado por las Altas Partes

Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El

instrumento original ser depositado en la Unin Panamericana, que

enviar copia certificada autntica a los gobiernos para ese fin. Los

instrumentos de ratificacin sern depositados en los archivos de la

Unin Panamericana, que notificar dicho depsito a los gobiernos

signatarios. Tal notificacin ser considerada como canje de

ratificaciones.

ARTICULO LIII. El presente Tratado entrar en vigencia entre las Altas

Partes Contratantes en el orden en que depositen sus respectivas

ratificaciones.

6 Artculo demandado por el ciudadano Juan Manuel Santos Caldern (Expediente D-9852).

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ARTICULO LIV. Cualquier Estado Americano que no sea signatario de

este Tratado o que haya hecho reservas al mismo, podr adherir a ste o

abandonar en todo o en parte sus reservas, mediante instrumento oficial

dirigido a la Unin Panamericana, que notificar a las otras Altas Partes

Contratantes en la forma que aqu se establece.

ARTICULO LV. Si alguna de las Altas Partes Contratantes hiciere

reservas respecto del presente Tratado, tales reservas se aplicarn en

relacin con el Estado que las hiciera a todos los Estados signatarios, a

ttulo de reciprocidad.

ARTICULO LVI. El presente Tratado regir indefinidamente, pero podr

ser denunciado mediante aviso anticipado de un ao, transcurrido el cual

cesar en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los

dems signatarios. La denuncia ser dirigida a la Unin Panamericana,

que la transmitir a las otras Partes Contratantes.

La denuncia no tendr efecto alguno sobre los procedimientos pendientes

iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.

ARTICULO LVII. Este Tratado ser registrado en la Secretara General

de las Naciones Unidas por medio de la Unin Panamericana.

ARTICULO LVIII. A medida que este Tratado entre en vigencia por las

sucesivas ratificaciones de las Altas Partes Contratantes cesarn para

ellas los efectos de los siguientes Tratados, Convenios y Protocolos:

Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos

del 3 de mayo de 1923;

Convencin General de Conciliacin Interamericana del 5 de enero de

1929;

Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo Adicional de

Arbitraje Progresivo del 5 de enero de 1929;

Protocolo Adicional a la Convencin General de Conciliacin

Interamericana del 26 de diciembre de 1933;

Tratado Antiblico de No Agresin y de Conciliacin del 10 de octubre

de 1933;

Convencin para Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumplimiento de los

Tratados Existentes entre los Estados Americanos del 23 de diciembre de

1936;

Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediacin del 23 de

diciembre de 1936;

Tratado Relativo a la Prevencin de Controversias del 23 de diciembre

de 1936.

ARTICULO LIX. Lo dispuesto en el artculo anterior no se aplicar a los

procedimientos ya iniciados o pactados conforme a alguno de los

referidos instrumentos internacionales.

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ARTICULO LX. Este Tratado se denominar "Pacto de Bogot".

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo

depositado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida

forma, firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en

las fechas que aparecen al pie de sus firmas.

Hecho en la ciudad de Bogot, en cuatro textos, respectivamente, en las

lenguas espaola, francesa, inglesa y portuguesa, a los 30 das del mes de

abril de mil novecientos cuarenta.

2. Demandas: pretensiones y cargos de inconstitucionalidad.

2.1. Expediente D-9852.

Los ciudadanos Juan Carlos Moncada Zapata, Jssica Alejandra Mancipe

Gonzlez y Carlos Eduardo Borrero Gonzlez, demandaron los artculos II y V

(parciales), Captulo Cuarto y Captulo Quinto de la Ley 37 de 1961.

2.1.1. Pretensin.

Se declare la inexequibilidad retroactiva (ver C-923 de 1999, C-333 de 2010 y

C-979 de 2010) de las normas demandadas, es decir, a partir de la expedicin

de la Constitucin de 1991. A su juicio, las decisiones que han sido proferidas

en virtud del Pacto de Bogot, especficamente las derivadas de las normas

objeto de cuestionamiento, fueron expedidas sin competencia y en contra del

orden constitucional desde entonces vigente.

2.1.2. Competencia de la Corte Constitucional

Fundamento: (i) el reconocimiento que ha hecho la propia Corte Constitucional

de su competencia para examinar tratados internacionales; (ii) haberse

configurado una inconstitucionalidad sobreviniente (ver sentencias C-027 de

1993, C-176 de 1994 y C-400 de 1998).

2.1.3. Cargo: violacin de los fines esenciales del Estado, la soberana nacional,

la autodeterminacin de los pueblos y la conveniencia nacional.

Las normas demandadas desconocen los fines esenciales del Estado, entre los

que figura la participacin de los colombianos en las decisiones que los afectan

y el principio de autodeterminacin de las comunidades tnicas (CP, artculo 2,

329 y 330), la integridad territorial (CP, artculo 2), la soberana nacional (CP,

artculo 3, 9), la autodeterminacin de los pueblos (CP, artculo 9) y la

conveniencia nacional (CP, artculo 226), por lo siguiente:

Los procedimientos de resolucin de conflictos establecidos en las normas

demandadas no contemplan ningn mecanismo de participacin ciudadana en

las decisiones que puedan afectarlos, tales como la definicin de los lmites del

territorio o aquellas que puedan perturbar el ambiente sano. Solo formas de

14

participacin indirecta de los ciudadanos a travs de los representantes de

eleccin popular.

Cualquier decisin de la CIJ sobre el territorio y sus lmites afecta los derechos

de las comunidades asentadas en las zonas afectadas, y la obligacin de cumplir

una orden sobre esta naturaleza se expide de manera absolutamente inconsulta

con los nacionales afectados. Las disposiciones acusadas desconocen que las

relaciones internacionales de los Estados se fundamentan en la integridad

territorial, la soberana y la conveniencia nacional, los cuales se encuentran

ntimamente ligados con el derecho a la autodeterminacin de los pueblos. De

acuerdo con el desarrollo jurisprudencial, la autodeterminacin implica el

derecho general a la participacin, el derecho a participar en la toma de

decisiones polticas y el derecho al autogobierno de las comunidades tnicas.

De esta manera, se debe garantizar el derecho de las comunidades tnicas a

conservar su cosmologa mediante el mantenimiento de sus propias

instituciones, autoridades, normas y costumbres. Una decisin de cualquier

rgano judicial internacional, que implique la modificacin o alteracin de

alguno de los elementos esenciales en la identificacin y reconocimiento de los

grupos tnicos y no sea consultada con los afectados, implica una vulneracin a

la autodeterminacin de los pueblos. Y en general, cualquiera de los

mecanismos de solucin de controversias de las normas demandadas, en tanto

no se contempla la consulta a la poblacin.

As mismo, se atenta contra la soberana nacional, toda vez que la

autodeterminacin encuentra plena relacin con el principio de no injerencia de

la comunidad internacional.

2.1.4. Cargo: violacin de la integridad territorial y de los lmites

constitucionalmente reconocidos al Estado colombiano.

Los lmites del Estado colombiano se encuentran incorporados al texto

constitucional por expresa decisin del Constituyente, en artculo 101 de la

Carta estableci que stos son los establecidos en tratados aprobados por el

Congreso de la Repblica. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha

reconocido que los tratados de lmites forman parte del bloque de

constitucionalidad lato sensu. As mismo, de acuerdo con el postulado

constitucional en mencin, su modificacin slo puede realizarse a travs de la

aprobacin por parte del Congreso de otros tratados.

Por lo tanto, aceptar, reconocer o mantener la competencia de una autoridad

judicial internacional o un tribunal de arbitramento que pueda eventualmente

modificar los lmites del territorio establecidos en la Constitucin de 1991,

atenta contra el expreso y nico procedimiento que se seala en la norma

superior para tal fin. Dicha situacin puede presentarse en el evento en que la

Corte Internacional de Justicia -a quien Colombia reconoce plena jurisdiccin

para resolver cualquier asunto de derecho internacional a travs de las normas

demandadas- asuma el conocimiento de un eventual litigio fronterizo en el que

tenga la capacidad de desprender o modificar una porcin del territorio

nacional.

15

2.1.5. Cargo: violacin de las obligaciones constitucionales del Presidente de la

Repblica.

El artculo 189 constitucional seala las funciones del Presidente de la

Repblica como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad

Administrativa, entre las cuales se encuentran la direccin de las relaciones

internacionales (num. 2), la defensa de la independencia y la honra de la

Nacin y la inviolabilidad del territorio (num. 6). Por expreso mandato

constitucional, el Presidente no puede llevar a cabo ninguna actuacin que

atente contra sus funciones; por lo tanto, ninguna autoridad judicial

internacional puede obligarlo a cumplir una orden que implique el

desconocimiento de las mismas. Una orden de modificacin de los lmites

territoriales, basada en el Pacto de Bogot, atentara contra las obligaciones del

Presidente de velar por la independencia y honra de la Nacin y en especial, la

inviolabilidad del territorio. Por lo tanto, cualquier decisin en este sentido

sera inaplicable.

2.1.6. Cargo por desconocimiento de la conveniencia nacional.

De conformidad con lo sealado en el artculo 226 de la Constitucin, las

relaciones internacionales de Colombia se basan en los principios de equidad,

reciprocidad y conveniencia nacional. La posibilidad de que mediante la

activacin de alguno de los mecanismos de solucin de conflictos, entre los

cuales se encuentra la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia, se

desprendan o arrojen resultados adversos a los intereses nacionales, implica una

violacin al mandato de respeto y garanta de la conveniencia nacional. Tal

situacin ocurrira en el caso en que los rganos internacionales, por ejemplo,

alteren los lmites terrestres o martimos previamente delimitados por tratados

internacionales, lo cual no sera de manera alguno provechoso para los

intereses nacionales.

2.1.7. Cargo: violacin al artculo 59 transitorio constitucional.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sealado que, de conformidad

con la prohibicin establecida en el artculo 59 transitorio de la Carta, los actos

de la Asamblea Nacional Constituyente no se encuentran sujetos a control

jurisdiccional alguno. De esta forma, el mximo tribunal constitucional ha

sealado su falta de competencia en situaciones en las que se han demandado

normas constitucionales. Dicha prohibicin de control jurisdiccional no

distingue entre autoridades judiciales nacionales o internacionales, por lo que

resulta perfectamente aplicable para cualquiera. As, ninguna jurisdiccin

puede alterar el orden constitucional establecido en 1991, como son los lmites

establecidos por tratados anteriores a 1991, los que se encuentran cobijados por

la prohibicin de control jurisdiccional del artculo 59 transitorio. Permitir que

la Corte Internacional de Justicia o un tribunal de arbitramento, eventualmente,

pueda modificar los lmites que fueron establecidos en tratados anteriores a la

Constitucin constituye una forma en la cual se admite el control jurisdiccional

16

de los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, situacin que se presenta

contraria al artculo 59 transitorio de la Carta.

2.1.8. Cargo: violacin del ius cogens y tratados parte del bloque de

constitucionalidad.

La normas demandadas vulneran tratados que hacen parte del bloque de

constitucionalidad como la Convencin de Viena sobre el Derecho de los

Tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, el Pacto

Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, la Declaracin

Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta

mundial de la naturaleza de Naciones Unidas de 1982 y el Protocolo relativo a

las reas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para

la proteccin y el desarrollo del medio marino de la regin del gran caribe

Naciones Unidas.

Dentro de la normas de ius cogens debe considerarse el principio de la libre

determinacin de los pueblos, el cual se encuentra estipulado en el artculo 25

del Pacto Internacional de Derecho Econmicos Sociales y Culturales, el

artculo 47 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, el artculo

55 de la Carta de las Naciones Unidas, el artculo 2 del Convenio 169 de la

OIT y la Declaracin Universal de los Derechos Humanos. El amplio espectro

de jurisdiccin que se le reconoce a la Corte Internacional de Justicia en el

captulo V del Pacto de Bogot, puede implicar decisiones que afecten la libre

autodeterminacin. Idntica situacin ocurrira en relacin con la proteccin al

medio ambiente, obligacin reconocida por el Estado colombiano en mltiples

instrumentos internacionales como la Carta Mundial de la Naturaleza de

Naciones Unidas de 1982 y el Protocolo relativo a las reas y flora y fauna

silvestres especialmente protegidas del convenio para la proteccin y el

desarrollo del medio marino de la regin del gran caribe Naciones Unidas.

De otro lado, mltiples Estados -al igual que el colombiano- han reconocido la

competencia en sus rganos legislativos para definir los lmites de sus

territorios. Esta aceptacin hace que tal regla de competencia sea considerada

como de ius cogens, y por lo tanto, la opcin de que sea la Corte Internacional

de Justicia la que defina asuntos limtrofes la vulnerara.

Derivado de la violacin a la autodeterminacin de los pueblos, se atenta contra

otros derechos de la comunidades como la subsistencia, la alimentacin, la

vivienda y el desarrollo econmico y social, los primeros vinculados al

concepto de dignidad humana. Las decisiones que la Corte Internacional de

Justicia adopte al amparo de la competencia otorgada por el Pacto de Bogot en

materia limtrofe y de soberana, ocasionarn sobre la poblacin indgena o

afrodescendiente asentada en un territorio particular, una afectacin de un

elemento propio de su cultura ocasionando perjuicios relativos a la

subsistencia, trabajo, alimentacin y vivienda. Una decisin en dicha direccin

resulta inaplicable, en tanto se debe cumplir con el mandato de que la

Constitucin es la norma de normas.

17

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, esto implicara una

vulneracin al principio internacional de pacta sunt servanda, en tanto se

vulneraran varios compromisos internacionales de Colombia que hacen parte

del orden interno a travs de lo dispuesto en los artculos 2 y 93 de la

Constitucin. La aceptacin de la competencia de la Corte Internacional de

Justicia o de tribunales de arbitramento impide el cumplimiento de otras

obligaciones internacionales ya asumidas por el Estado colombiano.

2.2. Expediente D-9886.

El ciudadano Oscar Fernando Vanegas vila, demanda parcialmente el artculo

XXXI de la Ley 37 de 1961 por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot).

2.2.1. Pretensin.

Solicita declarar inexequible la norma demandada de la ley la 37 de 1961 y, en

subsidio, que se condicione la competencia de la Corte Internacional de Justicia

en lo relativo a las controversias sobre lmites. Adicionalmente, la Corte debe

declarar la inexistencia de dicho tratado desde 1991 en atencin al trnsito

constitucional disponiendo, asimismo, la nulidad de las actuaciones que hubiera

realizado el Gobierno Nacional con fundamento en dicho tratado y, en

particular, la aceptacin de la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia

a la demanda presentada por Nicaragua el 6 de diciembre de 1991. Finalmente

la Corte debe advertir al Gobierno Nacional que el acatamiento del fallo de la

Corte Internacional de Justicia de fecha 19 de noviembre de 2012 en que fueron

redefinidos lo lmites de Colombia y se dio a Nicaragua cerca de 75.000 km2

de nuestro mar, viola el artculo 101 de la Constitucin y, en esa medida, es necesario buscar otros mecanismos para solucionar el litigio.

2.2.2. Cargo por violacin del artculo 101.

El captulo cuarto del Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot) obliga al Estado a someterse a la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia, en oposicin a lo establecido en el artculo 101 de la

Constitucin, en tanto la habilita para adelantar la revisin de los tratados de

delimitacin territorial y cambiar los lmites martimos y territoriales.

2.3. Expediente D-9907.

El ciudadano Juan Manuel Santos Caldern -Presidente de la Repblica de

Colombia-, formula demanda los artculos XXXI y L de la Ley 37 de 1961

por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot).

2.3.1. Pretensin.

Solicita sea declarada la inexequibilidad de las normas demandadas, por

vulnerar la Constitucin Poltica. Adems, sugiere que la Corte precise los

18

efectos del fallo, advirtiendo que si una sentencia de la Corte Internacional de

Justicia afecta los lmites territoriales o martimos reconocidos por la

Constitucin en virtud de tratados vigentes, se deber celebrar un nuevo tratado

el cual habr de ser aprobado mediante un acto legislativo que modifique el

artculo 101.

2.3.2. Imposibilidad de formulacin de reserva.

Parte de considerar que no es posible aplicar la regla de la Carta segn la cual

el Presidente de la Repblica slo podr manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva, en la medida en que el Tratado fue ratificado por la Repblica de Colombia hace varias dcadas y, por tanto, ya no

es posible formularlas.

2.3.3. Competencia de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional es competente, a su juicio, para conocer la demanda,

en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artculo 241 de la Constitucin

Poltica, por tratarse de disposiciones que hacen parte de una ley de la

Repblica (ver sentencias C-027 de 1993 y C-400 de 1998 -en la que se

refut la tesis C-276 de 1993-, as como el Auto 288 de 2010). Adicionalmente, si bien Colombia denunci el Pacto de Bogot el 27 de

noviembre de 2012 -no pudiendo ya ser invocado para interponer una nueva

demanda contra el Estado colombiano-, las obligaciones adquiridas por

procesos anteriores siguen vigentes: en tal sentido, las normas demandadas

siguen produciendo efectos por el hecho de un fallo en un proceso contra la

Repblica de Colombia que modific los lmites martimos en aguas del

Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina -afectando la unidad

del mismo-, junto con otro proceso anunciado para reclamar que se le

reconozca una plataforma constitucional extendida a otro Estado, que recortara

la extensin de la plataforma continental derivada de las costas continentales de

la Repblica de Colombia.

2.3.4. Cargo nico por violacin de los artculos 2 y 101 de la Constitucin.

Los lmites del Estado colombiano se encuentran incorporados al texto

constitucional, por expresa decisin del Constituyente, a travs del artculo 101

de la Carta. La disposicin constitucional en mencin estableci que tales

lmites slo pueden modificarse por medio de un tratado. Por consiguiente, el

contenido de las normas demandadas, al permitir que la Corte Internacional de

Justicia modifique los lmites terrestres y martimos de la Repblica de

Colombia mediante sentencia, contradice la clusula constitucional.

Tambin el artculo L del Pacto de Bogot, aprobado por el artculo nico de la

Ley 37 de 1961, contraviene la Constitucin: al crear un procedimiento para

hacer cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia que realmente permite la modificacin de lmites territoriales y martimos del Estado colombiano, sin que medie un tratado aprobado por el Congreso de la

Repblica.

19

2.3.5. Modificacin de lmites: solo por tratado internacional y reforma

constitucional.

Las normas demandadas permiten la modificacin ipso facto de los lmites

territoriales y martimos. Tal modificacin automtica es inadmisible porque la

Constitucin Poltica eleva a rango constitucional los lmites trazados en virtud

de tratados anteriores a 1991. En ese sentido, para modificar un lmite del

Estado colombiano, de acuerdo con la interpretacin de la Corte

Constitucional, se requiere la celebracin de un tratado, seguido de una reforma

constitucional. En ese mismo sentido se encuentra la decisin de la Asamblea

Nacional Constituyente de no aceptar que las sentencias fijaren los lmites de la

Repblica de Colombia.

Por consiguiente, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia no puede

ser incorporada, de manera automtica, al ordenamiento jurdico interno, si

cambia los lmites establecidos antes de 1991 y afecta reas martimas del

Estado colombiano y del Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina. Aceptar ipso facto sus efectos implica reconocer que la Constitucin misma fue modificada por un fallo, lo cual sera adems violatorio del artculo 374 de la Carta.

2.3.6. Obligacin de respeto del artculo 101 de la Constitucin.

Las normas demandadas, obligan al Estado colombiano a (i) someterse ipso

facto a la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre

cualquier cuestin de derecho internacional -lo que comprende controversias de

lmites- y a (ii) ejecutar el fallo sin acudir a un procedimiento adicional, as la

sentencia modifique lmites pactados en un tratado.

Con todo, dos tratados de lmites han sido sometidos al control constitucional

previo y automtico. De las sentencias de tales tratados se desprende una

obligacin de respeto de lo previsto en la Constitucin Poltica, que recae en el

tratado de asuntos limtrofes. Ese tratado deber celebrarse en consonancia con

el principio de la autodeterminacin de los pueblos (artculo 9), sobre bases de

equidad y conveniencia nacional (artculo 226). Es de anotar que en tales

decisiones la Corte Constitucional constitucionaliz el Tratado Esguerra-Brcenas y su Canje de Notas, incorporndolos al bloque de constitucionalidad.

2.3.7. Procedencia de un tratado internacional para modificacin de lmites, tras

fallo modificatorio de la CIJ.

Despus de proferido el fallo de la Corte Internacional de Justicia que modifica

los lmites de la Repblica de Colombia, las normas demandadas no prevn

ningn mecanismo para resolver la situacin generada por el cambio de lmites

y no admiten, por ejemplo, que los Estados celebren un tratado para resolver

sus diferencias con posterioridad al fallo. El artculo L aprobado por el artculo

nico de la Ley 37 de 1961 ordena que la sentencia de la Corte Internacional de

20

Justicia sea ejecutada automticamente, contrariando la posibilidad -admitida

por el derecho internacional- de celebrar tratados que versen sobre asuntos

decididos o conexos con lo resuelto en un fallo de la Corte Internacional de

Justicia.

2.4. Sntesis de los cargos de las demandas.

2.4.1. La demanda correspondiente al expediente D-9852 argumenta que las

normas acusadas desconocen la Constitucin, dado que violan: (i) las

disposiciones que establecen los fines esenciales del Estado (art. 2), el derecho

a la participacin (arts. 3, 79, 329 y 330), la soberana nacional (art. 9) y la

autodeterminacin de los pueblos (art. 9); (ii) las normas referidas a la

integridad territorial y a los lmites constitucionalmente reconocidos al Estado

Colombiano (art. 101); (iii) las normas que le asignan al Presidente de la

Repblica la obligacin de defender la independencia y la honra de la Nacin

as como la inviolabilidad de su territorio (art. 189, 2 y 6); (iv) las normas que

establecen la conveniencia nacional como una de las bases que orientan la

internacionalizacin de las relaciones econmicas, sociales y ecolgicas del

Estado Colombiano (art. 226); (v) la norma que prohbe el juzgamiento de la

Constitucin de 1991 y de los dems actos promulgados por la Asamblea

Constituyente (art. 59 transitorio); y (vi) las normas constitutivas de ius cogens

e integradas a los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de

constitucionalidad.

2.4.2. La demanda integrada al expediente D-9886 sostiene que las normas del

Pacto de Bogot que se acusan, vulneran el artculo 101 de la Carta, en cuyo

texto se dispone que los lmites sealados en la forma dispuesta en la

Constitucin solo pueden ser modificados en virtud de tratados aprobados por

el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la Repblica.

2.4.3. La demanda que corresponde al expediente D-9907 seala que las

disposiciones cuestionadas vulneran los artculos 3, 9 y 101 de la Carta al

desconocer las condiciones constitucionales para la fijacin o modificacin de

los lmites de Colombia. En particular, el Pacto de Bogot (i) permite que los

lmites territoriales y martimos sean modificados ipso facto por un fallo de la

Corte Internacional de Justicia, (ii) desconoce el sentido del artculo 101 y la

decisin constituyente de no aceptar que las sentencias fijen los lmites de

Colombia ni su incorporacin automtica, y (iii) se opone a la jurisprudencia

constitucional que ha exigido que los tratados relativos a los lmites martimos

de Colombia respeten lo previsto en la Constitucin, en cuyo artculo 101 se

dispone la integracin, al bloque de constitucionalidad, del Tratado Esguerra-Brcenas con su Canje de Notas.

3. Intervencin de expresidentes de la Repblica.

3.1. Belisario Betancur Cuartas.

El seor expresidente de la Repblica se abstuvo de emitir una opinin en este

asunto, materia del derecho internacional pblico, considerando que su

21

condicin de miembro de la Comisin Asesora de Relaciones Exteriores, a la

que concurre con el encargo legal de expresar opiniones y conceptos al

Presidente de la Repblica en materias como la que ahora examina la Corte, no

hace procedente la formulacin una intervencin como la solicitada.

3.2. Ernesto Samper Pizano -expresidente de Colombia 1994-1998-.

3.2.1. La Corte Constitucional es competente para examinar la

constitucionalidad del Pacto de Bogot: desde la sentencia del ao 1993,

relativa a la validez constitucional del Concordato, este Tribunal ha ejercido

control constitucional de los tratados aprobados antes de la vigencia de la

Constitucin de 1991, cuando se constata que los acuerdos pueden encontrarse

afectados por una forma de inconstitucionalidad sobreviniente. La denuncia formulada por Colombia no deja ninguna duda sobre su inaplicabilidad futura a partir del mes de Noviembre del 2013, lo cual resulta particularmente

importante en momentos en que Nicaragua ha reiterado la pretensin de

extender su plataforma continental ms all de las 200 millas. En cualquier caso cabe sealar que no resulta clara una eventual aplicacin retroactiva de la inexequibilidad del Pacto y sus posibles efectos sobre la reciente sentencia

de la Corte que defini nuestros lmites martimos con Nicaragua.

3.2.2. El Pacto de Bogot, asumido como un importante avance en la solucin

de controversias en el orden regional, no fue objeto reserva alguna, y en

vigencia de dos constituciones Colombia acept la competencia de la Corte

Internacional de Justicia sin excluir la posibilidad de fijacin de lmites

internacionales. Por su parte, el artculo 101 estableci que los lmites de

Colombia solo pueden ser fijados por tratados pblicos y laudos. Sobre ello,

no se incluyeron las sentencias porque hasta ese momento ningn lmite haba sido fijado por decisiones judiciales. Ahora bien, lo sealado no se opone a que la Corte reitere el principio de que solo los tratados y los laudos son fuentes modificatorias normativas de los lmites internacionales

colombianos.

3.2.3. El Tratado Esguerra Brcenas se ha examinado para establecer si es o no un tratado de lmites martimos o nicamente, segn lo sostuvo el

expresidente Alfonso Lpez Michelsen, como un reparto de islas alrededor del meridiano 82 acordado como lnea divisoria entre Colombia y Nicaragua. Cabe advertir que al momento de suscripcin del referido tratado no estaba vigente el concepto de lmites submarinos que vino a reglamentarse, varias

dcadas despus, con la expedicin de la normatividad del derecho del mar

expedida en los aos 50. La posicin segn la cual el tratado haba establecido los lmites y, en esa medida, el meridiano era intangible, implic: (i) la

desautorizacin de negociaciones sobre los lmites martimos; y (ii) en una

posicin simplista concentrar la defensa jurdica colombiana durante el proceso de la Haya en la reivindicacin de nuestra propiedad sobre las islas,

islotes y cayos del archipilago de San Andrs y Providencia ya que, segn los

dogmticos del meridiano 82, nuestra titularidad martima haba sido

acordada y asegurada desde los aos 20. De esta manera el vaticinio del Expresidente Lpez Michelsen segn el cual podramos quedar en el peor de

22

los mundos si la Corte reconoca las porciones terrestres insulares de

Colombia para quitarnos parte del ocano, se concret, dado que la defensa de Colombia asumi que sobre el mar ya todo estaba acordado.

3.2.4. Siguiendo la sentencia de la Corte Constitucional, C-1022 de 1999, si se

considera que el Tratado Esguerra-Brcenas haba definido los lmites

martimos con Nicaragua, podra concluirse que estos quedaron incluidos en la

denominada imagen maestra que sobre el particular se tena al momento de aprobarse la Constitucin de 1991. Si se asume que en 1928 solo haban

quedado definidos los lmites territoriales, resultaba necesario completar la negociacin martima con Nicaragua, aprobarla legalmente y luego entrar a

constitucionalizarla para que ella entrara a formar parte del ncleo duro de la

Constitucin.

3.2.5. La Corte Constitucional debe sealar al Gobierno Nacional el

procedimiento a seguir en este caso a fin de normalizar esta situacin, antes de que se convierta en un conflicto bilateral de impredecibles y dolorosas

consecuencias. En esa direccin es necesario, de forma compatible con los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y con su deber de

cumplir la Convencin de Viena sobre el derecho de los tratados demandar el reconocimiento, por parte del gobierno, de la Sentencia de la Haya,

reconocimiento que no se opone a que el gobierno ejercite todas las acciones

que considere necesarias para defender nuestra soberana y los intereses

archipielgicos de la poblacin islea y solicitar que se abra un espacio de negociacin diplomtica sobre nuestras diferencias limtrofes con el vecino

pas que luego debera ser sometida a los trmites que la Corte estime

convenientes para su legalizacin y constitucionalizacin.

3.3. lvaro Uribe Vlez -expresidente de Colombia 2002-2006-2010-.

3.3.1. La fuente de la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia frente a

la demanda de Nicaragua fue el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot)7. Por consiguiente, la nica forma de oponer la denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot) a la activacin de dicha jurisdiccin, hubiere sido el acatamiento de lo dispuesto

sobre el particular en el Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot), que seala que los efectos del mismo cesaran en el trmino en que hubiere de operar la denuncia. En cualquier caso, y a pesar de actuaciones

antecedentes de Nicaragua desconociendo la soberana de Colombia -y que

auguraban un litigio que tal vez podra haberse evitado con la denuncia

oportuna del Pacto de Bogot-, dicha denuncia no se realiz por los gobiernos

del momento seguramente por la razn respetable de que el Pacto de Bogot protega el Tratado de 1928, es decir, el Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, tambin conocido como Tratado

7 Tambin hizo alusin al retiro de la declaracin de aceptacin de la jurisdiccin de la Corte Internacional de

Justicia (Art. 36-2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), que evit pronunciamientos de este tribunal sobre el Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, preservando con ello la soberana colombiana sobre el Archipilago.

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Esguerra-Brcenas.

3.3.2. Estando el proceso en curso con Colombia, como Parte en el litigio para

el ao 2002, era improcedente el retiro del Pacto y la dejacin del proceso, pues

se hubiera podido dar aplicacin al Art. 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia segn el cual [c]uando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte

podr pedir a la Corte que decida a su favor, situacin que hubiera dado lugar a una interpretacin del Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, tambin conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, abiertamente inconveniente para Colombia. As, hubiere sido posible una

decisin de la Corte Internacional de Justicia que ni siquiera aceptara lo que

efectivamente declar, que fue el reconocimiento por parte de la Repblica de

Nicaragua de la completa y entera soberana de la Repblica de Colombia

sobre las islas de San Andrs, Providencia y Santa Catalina y sobre las dems

islas, islotes y arrecifes que forman parte del Archipilago de San Andrs8. Se

destac que la decisin, a pesar de haber sido un verdadero fallo de despojo

para Colombia pues desconoci muchos de los alcances del Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua tambin conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, como el lmite martimo del Meridiano 82 y el

concepto de Archipilago histrico e intangible (entre otros), hubiera podido

ser mucho peor en caso de que no se hubiera ejercido la defensa y evitado la

fijacin de la jurisdiccin sobre asuntos anteriores a 1948.

3.3.3. Los gobiernos que intervinieron de una u otra manera en el caso

cumplieron sus deberes con esmero, cuestin que debe ser analizada a la luz de

la defensa de la soberana de la Patria y necesidad de buscar una solucin

decorosa a un asunto en el que Colombia debera proceder sin temor ni actitud

belicista, buscando salvaguardar los derechos de los compatriotas del

Archipilago como nacionales de la Repblica de Colombia. En el marco de

estas soluciones decorosas, se resalta que hay experiencia sobre mediaciones,

incluidas aquellas encomendadas por Naciones Unidas, que han permitido

superar controversias emanadas de rechazos de Estados a fallos proferidos por

la Corte Internacional de Justicia.

3.3.4. En cuanto a las actuaciones del Estado colombiano producto de la

activacin de la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia, record que

frente a la admisin del caso se opusieron excepciones previas relacionadas con

el hecho de que dicho Tribunal no poda pronunciarse sobre un tema ya

resuelto por las partes, en virtud del artculo VI del Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot)9, que indicaba la falta de competencia

8 Corte Internacional de Justicia, Sentencia de noviembre 19 de 2012 Territorial and Maritime Dispute: The Republic of Nicaragua recognises the full and entire sovereignty of the Republic of Colombia over the islands

of San Andrs, Providencia and Santa Catalina and over the other islands, islets and reefs forming part of the

San Andrs Archipelago"

9 Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot), ARTICULO VI: Tampoco podrn aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o

por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la

fecha de la celebracin del presente Pacto".

24

de la Corte Internacional de Justicia en virtud del Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, tambin conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, tratado que fue declarado vlido y estaba vigente. A partir

de este instrumento internacional y de su canje de ratificaciones respectivo10, es

claro que el Meridiano 82 fue definido por las partes como lmite martimo

integral y tenido por la defensa de Colombia como como lnea mxima del

oeste del Archipilago colombiano de San Andrs y lmite general entre los dos

Estados. Esta definicin del lmite, a pesar de no haberse dado en vigencia de la

Convencin del Mar de 1982, refleja la aplicacin de la costumbre vigente en

su momento sobre la materia, en virtud de la cual se aplic desde 1928 el

Meridiano 82 como lmite acordado.

3.3.5. Frente a los cayos del norte, Quitasueo, Roncador y Serrana, estos

fueron excluidos del Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, tambin conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, no porque se dudara que pertenecen al Archipilago colombiano de San Andrs, sino porque

en su momento, se encontraban en litigio con los Estados Unidos, litigio que

posteriormente se super en favor de Colombia. La manera como estos cayos

se mencionaron en el Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, tambin conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, demuestra que Nicaragua no tena ni reclamaba derechos sobre ellos. Estas cuestiones se

alegaron por Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

3.3.6. Frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las

excepciones preliminares, del 13 de diciembre de 2007, se destac que el fallo

desconoci el Meridiano 82 como lmite entre Colombia y Nicaragua, y se

declar competente para definir ese lmite y para pronunciarse sobre la

soberana de un total de siete cayos. Producto de lo cual ratific la validez del

Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, tambin conocido como Tratado Esguerra-Brcenas, e hizo una reiteracin de la

soberana colombiana sobre el resto del Archipilago. De esta sentencia se

inform al Pas11 y a cada institucin del Estado, y se cit en cuanto a los pasos

a seguir a la Comisin Asesora de Relaciones Exteriores. En tanto el retiro del

Tratado Americano de Soluciones Pacficas (Pacto de Bogot) se vislumbraba inviable e inconveniente para los intereses de Colombia, se

continu con el proceso, aprovechando los espacios procesales para alegar las

effectivits, que no se reconocen de oficio por la Corte, y que finalmente fueron

la razn para reconocer la soberana de nuestra Patria sobre los cayos.

4. Intervencin del Gobierno Nacional - Ministerio de Relaciones

Exteriores.

10 La Corte neg que las partes, en el Canje de Notas de Ratificacin del Tratado de 1928, hubieran tenido la intencin de definir el lmite martimo. Lo obvio era lo contrario: decir, como qued de manera expresa, que

San Andrs se extiende al oeste hasta el Meridiano 82 significa que las dos partes, Colombia y Nicaragua,

aceptaron en el Tratado de 1928 que ese era el lmite integral, por supuesto lmite martimo. Y esto no se

opona a la costumbre marina de 1928, que deba entenderse como el derecho consuetudinario del Mar de la

poca.

11 Cfr. Alocucin presidencial de diciembre 7 de 2007 y al conversatorio pblico de diciembre 13 del mismo

ao.

25

4.1. La Corte es competente para conocer demandas contra tratados y sus leyes

aprobatorias, aun si fueron perfeccionados antes de la vigencia de la

Constitucin de 1991 -Corte Constitucional, sentencias C-027 de 1993 y C-400

de 1998, y Auto 288 de 2010-. Adems, pese a que el Pacto de Bogot fue

objeto de denuncia, no existe carencia actual de objeto, pues aquella no genera

la inexistencia automtica del Tratado frente a quien la ha efectuado -Pacto,

artculo LVI-, y al continuar produciendo efectos puede la Corte adoptar una

decisin de fondo -Corte Constitucional, sentencias C-505 de 1995 y C-774 de

2001-.

4.2. La violacin del artculo 101 de la Constitucin se produce como

consecuencia del reconocimiento general e irrestricto de la competencia ratione materiae de la Corte Internacional de Justicia en el artculo XXXI del

Pacto de Bogot. El referido artculo constituye una consagracin convencional, a modo de clusula compromisoria, de la denominada optional clause of compulsory jurisdiction establecida en el artculo 36 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pese a que el contenido de esta ltima

disposicin indica que es restringido el reconocimiento de la jurisdiccin de la

Corte Internacional, con fundamento en su numeral 2 puede decirse que la

norma acusada es una clusula compromisoria general, ilimitada e irrestricta que le reconoce competencia a dicha Corte para ocuparse de cualquier cuestin de derecho internacional y en esa medida para avocar conocimiento y decidir sobre el establecimiento y modificacin de los lmites

territoriales y martimos de los Estados partes de un procedimiento

contencioso tramitado ante ella. Esta afirmacin se apoya en los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia producidos en 20

decisiones que comprenden, entre otros, controversias entre Nicaragua y

Honduras as como entre Nicaragua y Colombia; en este ltimo caso, la Corte

modific los lmites establecidos entre Honduras y Colombia en el Tratado sobre Delimitacin Martima de fecha 2 de agosto de 1986, aprobado mediante la Ley 539 de 1999 y en vigor internacional.

4.3. Segn el artculo 101 de la Constitucin, el establecimiento de lmites y la

modificacin de aquellos ya fijados, solo resulta posible mediante tratados

debidamente aprobados y ratificados o mediante laudos arbitrales en los que

Colombia sea parte. Ello excluye las sentencias de la Corte Internacional de

Justicia como mecanismos para la fijacin y modificacin de lmites martimos,

y as, el artculo XXXI del Pacto de Bogot resulta contrario a la Carta

Fundamental. Y la ausencia de referencia a las sentencias judiciales no

constituy una exclusin involuntaria o accidental, en tanto fue el resultado de los debates y deliberaciones adelantados por la Asamblea Nacional

Constituyente: el texto finalmente aprobado como artculo 101 tuvo variaciones

a lo largo de los debates, concluyendo en la no incorporacin de las sentencias

judiciales como procedimiento para la fijacin de lmites -Gacetas de la ANC,

Nos. 21, 68, 80, 83, 89, 97, 105 y 117 e informe del delegatario Plazas Alcid-.

4.4. La jurisprudencia constitucional ha concluido que el establecimiento o la

modificacin de los lmites de Colombia solo es posible mediante tratados

aprobados y ratificados segn las disposiciones vigentes o mediante laudos

26

arbitrales -Corte Constitucional, C-045 de 1994, C-396 de 2002 y C-1022 de

1999-, monismo moderado que contribuye al adecuado cumplimiento de los

compromisos internacionales y al otorgamiento de seguridad jurdica respecto

de las obligaciones de Colombia. En tal contexto, y ante la improcedencia de

que la Corte ordene la formulacin de reservas -el Pacto no la prev con

posterioridad a la ratificacin, consonante con el artculo 19 de la Convencin

de Viena sobre el derecho de los tratados-, lo que procede es declarar la

inexequibilidad del artculo XXXI y lo pertinente de la ley aprobatoria. Ello

har posible que el Gobierno Nacional adelante el proceso para la celebracin

de un tratado con Nicaragua que garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales, al tiempo que permitir abordar los

compromisos internacionales vigentes. La declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado se justifica como ltima ratio -Corte Constitucional, -C-378 de

1993, C-176 de 1994 y C-121 de 2008-, siendo solo procedente cuando no sea

posible adoptar una decisin menos grave para la existencia del vnculo

internacional, como declaraciones interpretativas o reservas. As, considerando

la oposicin manifiesta del artculo XXXI del Pacto Bogot con el artculo 101

de la Constitucin y la improcedencia de adoptar medidas menos graves como

las antes citadas, se impone la inexequibilidad de la norma demandada.

Conforme a lo sealado a la luz del derecho internacional aplicable, la Corte Constitucional se encuentra desprovista de la posibilidad de ordenar la

formulacin de una reserva con fundamento en la cual, el estado Colombiano

adecue el contenido de su vnculo internacional con el Pacto de Bogot para

de esta forma ajustarlo al contenido del artculo 101 de la Constitucin

Poltica de 1991.

4.5. La armonizacin del derecho internacional con el derecho interno se logra

-por ejemplo en el caso del asunto suscitado entre Colombia y Nicaragua- si la

Corte declara la inexequibilidad del artculo XXXI del Pacto de Bogot. En

efecto, una decisin en esa direccin asegura que, no obstante la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia, el Estado colombiano solo

pueda modificar o establecer los lmites martimos en disputa, a travs de la

celebracin de un tratado con la Repblica de Nicaragua, de conformidad con

lo previsto en el artculo 101. Esta decisin, adicionalmente, permite armonizar de manera adecuada los compromisos internacionales adquiridos con

las disposiciones de derecho interno relevantes.

4.6. La celebracin de un tratado de lmites, a pesar de la existencia de la

decisin de la Corte Internacional de Justicia, no se opone a las normas del

Estatuto de ese Tribunal: ni el Estatuto de la Corte Internacional ni la Carta de

las Naciones Unidas -artculo 94-, exigen una implementacin inmediata de las

decisiones de la CIJ que impida negociar acuerdos que hagan posible su

aplicacin.

5. Intervencin de organizaciones acadmicas invitadas.

5.1. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Seora del Rosario -facultad

de Jurisprudencia-.

27

5.1.1. La Corte Constitucional es plenamente competente para pronunciarse de

fondo sobre la constitucionalidad de un tratado perfeccionado antes de la

vigencia de la Constitucin de 1991, pero solo con efectos jurdicos en el

derecho interno y nunca en el derecho internacional. Por consiguiente, no

puede declarar la nulidad de un tratado -slo es predicable por violacin

evidente y objetiva, para cualquier estado, de una norma de importancia

fundamental sobre la competencia para celebrarlos- ni la terminacin de un

tratado -ya fue denunciado por el Gobierno Nacional y, por tanto, est llamado

a dejar de producir efectos jurdicos-.

5.1.2. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia pueden, entre otras,

imponer obligaciones de hacer o de no hacer en la parte resolutiva de la

decisin, reconocer derechos, fijar lmites fronterizos y establecer la

responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de obligaciones

internacionales. Independientemente de si una sentencia de la Corte

Internacional de Justicia impone o no obligaciones, existe per se, la obligacin

de cumplirla, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y su Reglamento. Colombia, Estado Parte de la Carta de las Naciones Unidas, tiene una obligacin internacional cierta de cumplir las decisiones de la Corte Internacional de

Justicia; actuar en sentido contrario, generara responsabilidad internacional. La

celebracin de un nuevo tratado para establecer lmites facilitara la

incorporacin del fallo al derecho interno, ms no es un requisito sine qua non para cumplirlo.

5.1.3. La acusacin formulada por el accionante no es clara, cierta, especfica,

pertinente ni suficiente: el artculo L del Tratado prev un mecanismo para

garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia que no

necesariamente implica la ejecucin automtica de la sentencia. Se trata por tanto de una inferencia del demandante. En consecuencia, la Corte

Constitucional debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre este

aspecto de la demanda.

5.1.4. De haber pronunciamiento de fondo, debe ser para declarar exequibles

las normas acusadas, ya que una interpretacin sistemtica evidencia la

compatibilidad de las mismas con la Constitucin, a saber: el prembulo

prescribe como fin la integracin de la comunidad latinoamericana; el artculo

2 consagra la obligacin de garantizar la convivencia pacfica; y el artculo 9

estatuye que las relaciones internacionales se rigen por los principios de

derecho internacional -incluidos el pacta sunt servanda y la resolucin de

conflictos por medios pacficos-.

5.1.5. No es acertada la interpretacin del artculo 101 que efecta el

accionante, al pretender excluir las sentencias de la Corte Internacional de

Justicia como mtodo para fijar lmites, ya que el contenido material de las

decisiones arbitrales y las judiciales son similares. La aparente diferencia entre la posibilidad de escogencia del tribunal de arbitramento por las Partes y

la eleccin de los magistrados por la Corte Internacional de Justicia, se resuelve

28

al mediar -en los dos eventos- una expresin de voluntad de los Estados de

querer ser parte.

5.1.6. Los mtodos para la fijacin de lmites no se restringen al inciso primero

del artculo 101de la Constitucin. De acuerdo con el artculo 9, Colombia

acogi los principios generales de derecho internacional, siendo el principal el

pacta sunt servanda; adems, no hay prohibicin expresa en el artculo citado

que permita inferir que el Constituyente quiso proscribir la fijacin de lmites

por medio de sentencias judiciales. As, no es correcto afirmar que la

adjudicacin, por parte de la Corte Internacional de Justicia, no es una de las

formas previstas por el ordenamiento constitucional para el establecimiento de

sus lmites.

5.1.7. El Tratado Esguerra-Brcenas no fij un lmite martimo entre los dos

Estados; y el Acta Complementaria, firmada durante el Canje de Instrumentos

de Ratificacin, no constituye un tratado. En consecuencia y considerando que

el supuesto del inciso primero del artculo 101 se refiere a lmites definidos,

ciertos e indiscutibles -y no a los inciertos-, no deben prosperar los cargos de la

demanda, toda vez que el lmite no exista y no poda constitucionalizarse.

Colombia acept someterse a la Corte Internacional de Justicia y particip de

manera activa durante el proceso, aceptando, por tanto, que se trataba de un

lmite incierto y no de un asunto ya resuelto.

5.2. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Seora del Rosario -facultad

de Relaciones Internacionales-.

5.2.1. En fallo de 2007, la Corte Internacional de Justicia asumi competencia

con fundamento en el Tratado Americano de soluciones pacficas para definir la frontera martima, partiendo de que el Acta de Canje de Instrumentos

de Ratificacin del tratado con Nicaragua de 24 de marzo de 1928, respecto al

meridiano 82, no poda ser interpretada como si establecieran una delimitacin martima entre Colombia y Nicaragua; Nicaragua invoc tambin las declaraciones de aceptacin de la jurisdiccin formuladas en 1937

(Colombia) y 1929 (Nicaragua), sobre las que no se pronunci la CIJ. Afirm

que el Tratado de 1928 era vlido y vigente, pero que tena competencia para

definir cules eran todas las dems islas, islotes y cayos que hacen parte dicho archipilago de San Andrs (sic). Hasta la culminacin del proceso, con la sentencia de noviembre de 2012, Colombia no controvirti la competencia

de la Corte Internacional de Justicia.

5.2.2. Ningn tratado ha previsto el meridiano 82 como frontera martima, no

siendo posible encontrar, hasta ahora, la fuente normativa que defina

exactamente su extensin hacia el norte y hacia el sur. As, dicha frontera no figur como lmite con Nicaragua ni el (sic) Acto Legislativo del 5 de agosto de

1936, ni el (sic) Acto Legislativo N 1 de 1968, no obstante que en ellos se

enuncian especficamente los tratados de lmites con todos y cada uno de

nuestros pases vecinos.

29

5.2.3. La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2012, seal la frontera

martima entre los dos pases: rechaz la tesis de Nicaragua de que el lmite deba seguir una lnea trazada entre la costa continental colombiana y San

Andrs; confirm la soberana colombiana sobre los siete cayos del Archipilago; y rechaz la indemnizacin que Nicaragua haba pedido por la

actitud de Colombia de impedir las labores de embarcaciones pesqueras al

oriente del meridiano 82.

5.2.4. Al haber sido denunciado el Tratado, y dado que el 27 de noviembre de

2013 se cumple un ao desde la denuncia del mismo, se impone su

inaplicabilidad total, para todos los efectos, en nuevos casos respecto de los intereses de nuestro pas.

5.3. Universidad Externado de Colombia: facultad de Derecho.

5.3.1. La Corte Constitucional debe declarar la constitucionalidad de las

normas acusadas. La Carta de las Naciones Unidas consagra normas cuyo cumplimiento no puede soslayar Estado alguno, entre otros, el arreglo pacfico

de controversias, la buena fe y el principio pacta sunt servanda. Esas normas se

establecieron con posterioridad a la Convencin de Viena sobre el derecho de los tratados y explican que los constituyentes de 1991 hubieran incluido en el artculo 9 de la Constitucin que reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia como uno de los fundamentos de las relaciones exteriores de Colombia. Al ratificar la Carta de las Naciones Unidas el Estado colombiano acept subordinar su poltica exterior a los principios de derecho internacional y, en este sentido, asumi la obligacin de

someterse a la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia, en los trminos

de su propio Estatuto.

5.3.2. El fallo de la Corte Internacional de Justicia del caso Colombia-

Nicaragua, encontr que el Tratado Esguerra-Brcenas era derecho aplicable

pero que, de acuerdo con lo probado por los Estados en el proceso, no era un

tratado de lmites. En consecuencia, el derecho que deba aplicarse era el

derecho consuetudinario del mar y, por tanto, la Corte Internacional de Justicia

no cre derecho sino que declar el derecho que las partes probaron.

Considerando que la zona del caribe occidental no estaba delimitada de manera adecuada, lo que hizo la Corte Internacional de Justicia fue un

llamado para que los Estados involucrados en el diferendo establezcan sus

lmites de manera definitiva con base en una negociacin y acuerdo fundados

en los criterios propuestos en su sentencia. En ese sentido, no se contraran las disposiciones del artculo 101 de la Constitucin Poltica. Y, en aras del respeto

de los principios internacionales y con el objeto de cumplir a cabalidad un

compromiso internacional, la Corte podra propiciar que se adelante una

negociacin que termine con la firma de un acuerdo.

5.3.3. La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley aprobatoria como la

del Tratado no genera ningn efecto en el orden internacional, pues las

obligaciones derivadas de un tratado, as como las derivadas de una sentencia

de la Corte Internacional de Justicia, estn amparadas por el principio de buena

30

fe. Adicionalmente, los Estados no pueden invocar disposiciones de su derecho

interno para excusarse de cumplir una obligacin internacional.

5.4. Universidad Sergio Arboleda: facultad de Derecho.

5.4.1. La Corte Constitucional no debe declararse inhibida para proferir un fallo

de fondo: el Tratado contina produciendo efectos jurdicos, en razn de la

sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia y a la nueva demanda

presentada por Nicaragua ante ese mismo rgano judicial. Y debe declarar

exequible de manera condicionada las normas acusadas en el entendido: que una sentencia de la Corte Internacional de Justicia puede decidir asuntos

limtrofes, bien territoriales bien martimos, cuando estos no han sido

previamente establecidos por un tratado o laudo arbitral.

5.4.2. El Tratado no es violatorio de los artculos 2, 3 o 9 de la Constitucin.

El principio de la autodeterminacin de los pueblos no puede extenderse a la

determinacin proprio motu por parte de un pueblo, de su territorio y lmites

martimos, en tanto el ejercicio de soberana no es un poder para desconocer el

derecho internacional. Y una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que

establezca los lmites de Colombia con otros Estados, no es contraria a los

artculos 3 y 9 de la Constitucin Poltica, pues en el establecimiento de

di