burguete cal mov indigena en méxico

12 I MOVIMIENTOS INDGENAS EN AMRICA LATINA RESISTENCIA Y NUEVOS MODELOS DE INTEGRACIN

Movimiento indgena en Mxico

El pndulo de la resistencia: ciclos de protesta y sedimentacin

Araceli Burguete Cal y Mayor

Introduccin: movimientos sociales y movimiento indgena

Estudiosos en Mxico coinciden en ubicar a las dcadas de los setenta y ochenta como el perodo del surgimiento del movimiento indgena. Este irrumpe cuando grupos que a s mismos se definan indgenas, comenzaron a construir su propia agenda, marcando distancia de las organizaciones cam-pesinas (Bonfil, 1978; Meja y Sarmiento, 1987; Stavenhagen, 1997; De la Pea, 1995; Dietz, 1996; Barabas, 1996; Daz Polanco, 1997; Snchez, 1999; Velasco, 2003; Lpez Brcenas, 2006; Valladares, 2007; Prez Ruiz, 2010)1.

Desde su fase muy temprana, esas organizaciones surgen situadas en tres campos diferenciados: a) el gubernamental, ligadas a la accin indigenista (como el Consejo Nacional de Pueblos Indgenas -CNPI- y la Asociacin Nacional de Profesionales Indgenas Bilinges, A. C., Anpibac); b) organi-zaciones aliadas o aupadas por la Iglesia catlica progresista (como el Primer Congreso Indgena en Chiapas, en 1974); y, c) las organizaciones indgenas llamadas independientes, ligadas a organizaciones y/o partidos de izquierda, o bien movilizadas en alianza con otros sectores de la sociedad civil.

Esos tres campos permanecen vigentes. En ciertas coyunturas se han uni-do (como la protesta de 1992 y la de 1994-2001), minimizando los lmites que las separan para articular una nica fuerza. Estas articulaciones han sido los momentos cumbres de la protesta indgena; despus de la cual, las alian-zas se rompen, las organizaciones vuelven a actuar por separado y en muchas ocasiones compiten o disputan entre s. Cuando baja la protesta, es el mo-mento de la latencia, del reflujo y tambin de la sedimentacin, para ir hacia abajo, hacia las regiones y comunidades.

Los movimientos sociales surgen como nuevas formas de hacer po-ltica, cuestionando los lmites de la poltica institucional. Sus dinmicas incluyen interaccin horizontal, esfuerzo coordinado, redes compactas y estructuras de conexin de personas. De ellos forman parte lites que comparten objetivos comunes y solidaridades desde donde mantienen su posicin opositora.

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En su accin poltica, hay ciclos de protesta. Segn Sidney Tarrow (2004:263-264), los ciclos de protesta son fases de intensificacin de los conflictos y la confrontacin, que incluyen una rpida difusin de la accin colectiva de los actores ms movilizados a los menos politizados. Es un mo-mento de innovacin acelerada en las formas de confrontacin. La protesta se logra al combinar la participacin organizada con la no organizada, y unas secuencias de interaccin intensificada entre los disidentes y las autoridades. De esa interaccin pueden resultar reformas, o puede darse la represin y conducir a la radicalizacin de los disidentes, hasta llegar a una revolucin.

La protesta se sita en un contexto histrico especfico, cuando se pre-sentan cambios en las pautas de las oportunidades y restricciones polticas. En la perspectiva de Tarrow (2004) la irrupcin de un ciclo de protestas est directamente relacionada con una coyuntura del entorno poltico nacional (e internacional), a la que ha llamado Estructura de Oportunidades Polticas, que facilita su activacin. El nfasis de la explicacin se pone en los factores externos. En cierta coyuntura concreta, los actores encuentran aliados po-tenciales, con lo que reducen los costos de la accin colectiva, radicalizan sus demandas y ponen en evidencia la vulnerabilidad de las autoridades para responder a sus demandas y presiones.

Alberto Melucci (2001:222, 296), por su parte, distingue dos niveles de existencia de los movimientos sociales. Un nivel de visibilidad (la fase de protesta de Tarrow) que se expresa en la movilizacin colectiva de actores sociales durante un tiempo determinado, cuando despliegan sus demandas. Y un nivel de latencia, que es una suerte de redes subterrneas, donde se cons-truyen cdigos culturales alternativos. En la perspectiva del autor, latencia no significa inactividad, sino potencial de resistencia. La vida cotidiana es el terreno de la latencia.

Ambos niveles tienen igual importancia. Las manifestaciones pblicas y las redes subterrneas son dos componentes de las formas alternativas de organizacin de la vida social. En la perspectiva de Melucci, los movimientos sociales operan mediante un sistema bipolar compuesto por un elemento latente, que son las redes inmersas en la vida cotidiana, y otro visible, enten-dido como la expresin manifiesta del movimiento. En este sistema, la accin colectiva puede entenderse nicamente como la interrelacin de esos dos mbitos (Melucci, 1999:74). En los momentos de latencia, los movimientos mantienen un perfil bajo o de existencia prcticamente invisible, hasta que un nuevo ciclo de protesta los reanima.

El periodo de latencia o reflujo, es una fase importante en la vida de los movimientos sociales. Al analizar el reflujo de los movimientos sociales eu-ropeos, ngel Calle observa que si bien la fase de visibilizacin de esos movi-

MOVIMIENTO INDGENA EN MXICO


mientos se ha agotado, ellos permanecen realizando la revuelta cotidiana en espacios locales y vuelven a irrumpir en coyunturas como la protesta del 13 de marzo de 2004, contra del gobierno espaol, demandando transparencia en la informacin frente al atentado en contra de cuatro trenes el 11 de mar-zo, en Madrid. Describe el fenmeno de la siguiente manera:

En comparacin con aos previos el ciclo de protesta habr dismi-nuido (colectivos o redes que desaparecen, menor capacidad de de-safo en la calle, menores sinergias entre movimientos sociales y cier-tos sectores de la cclo de movilizacin que le da vida (la revolucin de las formas de hacer y decir). Incluso protestas como las del 13 de marzo slo podrn ser explicadas, a mi juicio, desde la sedimentacin que se est produciendo de nuevas formas de protesta y de represen-tarse el mundo [] (Calle, 2005).

De igual forma, en el curso de dos dcadas en Mxico se observan cambios en el ciclo del movimiento indgena. ste se ha expresado mediante protestas muy visibles que adquieren carcter nacional, en el ao 1992 y en el perio-do comprendido entre 1994-2001. Despus, sigue un periodo de reflujo o latencia, durante el cual, sin liderazgo de organizaciones que se presuman nacionales, la accin poltica se desarrolla en los mbitos regional, munici-pal y comunal, a veces articuladas a lo global, buscando resolver problemas concretos, construyendo proyectos propios de incidencia local y articulando redes y esfuerzos contra las polticas neoliberales. Simultneamente, la resis-tencia permanece en escalas ms pequeas, hasta abajo y hacia adentro. De esta forma, despus de 1992 el proceso de sedimentacin se produjo al ex-pandir la noticia de los derechos indgenas y formar organizaciones regiona-les. En la ltima dcada, se produce un proceso de sedimentacin de la pro-puesta autonmica, mediante algunas experiencias de autonomas de facto, y, sobre todo, mediante procesos de expansin de la conciencia de los pueblos por ejercer el control de sus espacios comunales (Dietz, 1996).

Es por ello que la mayora de las luchas indgenas contemporneas en Mxico, aunque dispersas y atomizadas y sin liderazgos nacionales, emiten reclamos en una gramtica de autodeterminacin, en una exigencia de dere-chos. As, ocurre la paradoja de que mientras las organizaciones indgenas de presencia nacional entraron en un periodo de reflujo crtico, en los espacios regionales, municipales y comunales, se recrean los derechos autonmicos en su fase de sedimentacin. All se construyen intersticios autonmicos, donde se anida la resistencia potencial y permanece la latencia, esperando irrumpir en una nueva coyuntura de protesta nacional.

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En suma, sedimentar forma parte del proceso del movimiento indgena y es un extremo necesario del pndulo protesta-sedimentacin. Es una fase imprescindible porque en esos espacios se piensan y se ejercitan nuevas for-mas de hacer poltica, que van ms all de los lmites puestos por los marcos normativos en materia indgena. Son espacios para la construccin de nuevos discursos y de nuevos liderazgos; aquellos que estarn listos para protagoni-zar nuevas protestas, cuando una nueva coyuntura lo haga posible. En este mismo orden de ideas, en un balance sobre la situacin del movimiento ind-gena en Mxico, Guillermo Almeyra (2008:100) escribi lo siguiente:

El aparente reflujo de los movimientos sociales (muy espectacular en el caso del EZLN) esconde en realidad un proceso ms complejo, ya que las luchas sociales son como ros crsticos, que a veces dejan la superficie y parecen hundirse en la arena para aparecer algunos ki-lmetros ms abajo, reforzados por otras surgientes y por las aguas subterrneas, y proseguir su camino hacia el mar. Slo en la visin anrquica, los trabajadores, obreros o campesinos pueden estar cons-tantemente movilizados y en la calle. En particular cuando carecen de direccin poltica que d sentido y perspectivas a sus luchas.

Primer ciclo de protesta indgena: movimiento 500 aos de resistencia indgena, negra y popular

Antecedentes

En Mxico, la emergencia del movimiento indgena y el ciclo de protestas arti-culadas al Movimiento 500 Aos de Resistencia Indgena, al final de la dcada de los ochenta y en los primeros dos aos de los noventa del pasado siglo, se sitan en un contexto de cambios profundos en el sistema econmico y po-ltico del pas, acompaado por un rediseo del Estado, que progresivamente se ajustaba a los requerimientos del modelo neoliberal. De hecho, los dos mo-mentos de irrupcin de los ciclos de protesta indgena (1992 y 1994) se produ-cen durante el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), presidente que ejerci el poder en medio de crisis polticas; primero por la in-certidumbre sobre los resultados del proceso electoral en el que sali electo, y luego por los cambios radicales que promovi en la organizacin del Estado.

Salinas recibi el pas con una fuerte inestabilidad econmica. Las medi-das de ajuste estructural y el pago de la deuda externa, lo haban conducido a una profunda crisis con un fuerte desempleo, inflacin, devaluacin de la moneda, y con problemas de corrupcin en la administracin pblica.



La poblacin sufra en partida doble las consecuencias. Las medidas de ajuste, como el adelgazamiento del Estado, condujeron a cambios drsticos en la organizacin de las instituciones estatales, muchas de las cuales fueron privatizadas, y se abandonaron las polticas de apoyo y subsidio al campo, lo que contribuy a profundizar la pobreza y la exclusin social en el medio ru-ral. Para enfrentar esta situacin, Salinas apost por medidas modernizado-ras, dirigidas hacia la integracin de Mxico a la economa de libre mercado. Pero, por su falta de legitimidad tuvo que implementar polticas que parecan contradictorias entre s. Mientras apostaba por medidas neoliberales y priva-tizadoras, aprob decretos a favor de los derechos de los pueblos indgenas, aunque ciertamente, con un propsito simulador.

La contemporaneidad entre neoliberalismo y derechos de los pueblos indgenas ha constituido la arena en donde los indgenas mexicanos han li-brado sus principales batallas en los ltimos aos.

En 1989 Salinas inicia el proceso de discusin del Tratado de Libre Co-mercio con Estados Unidos de Norteamrica y Canad cuya negociacin concluye con la firma del Tratado el 17 de diciembre de 1992. En 1993 las asambleas legislativas de los tres pases aprueban el TLC y ste entra en vigor el 1 de enero de 1994, junto con la rebelin del Ejrcito Zapatista de Libera-cin Nacional (EZLN).

Para ir dando pasos concretos a favor del libre mercado, Salinas promo-vi diversas reformas, una de las ms importantes al artculo 27 constitucio-nal cancelando el reparto agrario y abriendo paso a la privatizacin de ejidos y tierras comunales. En un ejercicio comn en la poltica mexicana de ace-lerar los tiempos legislativos para minimizar el costo poltico de las decisio-nes, el 1 de noviembre 1991 el presidente envi al Congreso legislativo la propuesta de reforma, que fue aprobada un mes despus y publicada el 6 de enero de 1992, para entrar en vigor al da siguiente. La ley reglamentaria (Ley Agraria), se public el 26 de febrero del mismo ao.

Al tiempo que empez la negociacin de tratados neoliberales y antes de firmar decretos privatizadores, Salinas haba promulgado el instrumento de ratificacin del Convenio 169 de 1989 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), y haba enviado al Congreso legislativo una propuesta de reforma al artculo 4 constitucional para reconocer la diversidad cultural en Mxico y los derechos culturales de la poblacin indgena. El Convenio 169 fue aprobado por la Cmara de Senadores del Honorable Congreso de la Unin, el 11 de julio de 1990, y publicado en el Diario Oficial el 3 de agosto del mismo ao (CDI, 2003).

La reforma al artculo 4 no tuvo, sin embargo, la misma celeridad que se le dio despus a la del Artculo 27 cancelando la reforma agraria. En abril

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de 1989 Salinas instal la Comisin de Justicia para los Pueblos Indgenas, encargada de elaborar y promover el texto constitucional, liderado por el en-tonces Instituto Nacional Indigenista (INI). La propuesta, enviada el 7 de diciembre de 1990, fue aprobada el 3 julio de 1991 y publicada el 28 de enero de 1992, ya cuando estaba promulgada la reforma al artculo 27 cuyo trmite haba empezado dos meses antes (Burguete, 1991). Y, tambin a diferencia de la reforma agraria, la reforma indgena no goz de la voluntad guberna-mental para su implementacin. El artculo 4 nunca se reglament y el Con-venio 169 de la OIT careci de aplicacin.

La contrarreforma agraria

Desde 1989 cuando se anunci la reforma al artculo 27, hasta la publicacin del decreto en 1992, se presentaron intensos debates pblicos y diversas ma-nifestaciones de inconformidad de parte de las organizaciones campesinas de raigambre de izquierda, como la Central Independiente de Obreros Agrco-las y Campesinos (Cioac). El 21 de noviembre de 1991, junto con otras seis organizaciones regionales y un contingente de 1.500 campesinos, la Cioac realiz un plantn frente a la Cmara de Diputados, para manifestar su recha-zo a las reformas.

En torno a esas movilizaciones, el 30 de noviembre se constituy el Mo-vimiento de Resistencia y Lucha Campesina, en el que participaron 11 or-ganizaciones agrarias que suscribieron el Plan de Anenecuilco buscando sumar al resto de las organizaciones campesinas nacionales. Pero no todas respondieron. Las principales organizaciones que integraban el Congreso Agrario Permanente (CAP), como la Central Nacional Campesina (CNC), brazo corporativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), operaban a favor de la reforma, debilitando la posibilidad de detenerla o de conjuntar una gran protesta campesina en contra de ella. El presidente goz, entonces, de la venia de varias organizaciones agrarias para impulsar la reforma.

A diferencia de sus lderes corporativizados en el CAP, el grueso de los cam-pesinos pobres (mayora indgena), vea la (contra) reforma como una gran trai-cin. El reparto agrario histricamente haba sido ledo como un pacto que ligaba a los campesinos con el sistema poltico, que se asuma heredero de la Revolucin de 1910. El rgimen del PRI haba tenido en los campesinos sus aliados incondi-cionales, de los que reciba votos cautivos mientras ellos a cambio reciban trato poltico preferencial. Fueron los hijos predilectos del rgimen, segn reza el ttu-lo de un texto clsico de Arturo Warman (1972). Pero, en sus privilegios estaban sus limitaciones, pues sus liderazgos fueron permanentemente cooptados.2



Antes de la (contra) reforma agraria de 1992, el presidente haba prepa-rado el terreno. En 1989, el propio Salinas promovi la formacin del CAP, que aglutinara a las principales organizaciones campesinas del pas, asegu-rndoles, de esta manera, recursos permanentes para su operacin y garantas en la gestin de sus proyectos. sta fue la pinza que se activ para evitar la protesta campesina de 1991, que hubiera sido inminente ante la cancelacin del reparto agrario; pero que no ocurri (Brunt, et al., 1996).

En 1992 y 1994 fallaron los controles. Inesperadamente, la pinza corpo-rativa no alcanz a amarrar a los indgenas, que ya haban construido sus pro-pios liderazgos fuera de las centrales campesinas.

El indigenismo intent en distintos momentos corporativizar a los in-dgenas. En la dcada de los setenta promovi la formacin de la figura de Consejo Supremo por cada uno de los grupos lingsticos en el pas, bus-cando disciplinar a la poblacin, aunque no siempre lo consigui:

Se supona que el Consejo iba a estar subordinado al Estado, pero pronto comenz a agitarse. En 1976 el CNPI exigi el desmante-lamiento del INI y durante la presidencia de [ Jos] Lpez Portillo (1976-1982) critic la Ley de Fomento Agropecuario, utilizada como lo era, para desarrollar el capitalismo agrario por la va de empresas conjuntas entre capitalistas y ejidatarios, usando tierra de ejido. Cuan-do el Consejo llam a su tercer congreso en contra de la voluntad presidencial, [el presidente] trat sin xito de liquidar al Frankestein emancipado. Esta tarea finalmente, fue lograda por su sucesor, el presi-dente Miguel de la Madrid (1982-1988) en 1985, cuando el CNPI fue transformado en la sumisa Confederacin de Pueblos Indgenas que se afili al PRI gobernante (Bartra y Otero, 2008:413).

Los disidentes del Consejo integraron la Coordinadora Nacional de Pueblos Indgenas (CNPI), que mantuvo su independencia durante varios aos. De tal forma que cuando el presidente Salinas promova la reforma del artculo 27, no contaba con una contraparte con liderazgo y legitimidad en el campo indgena que le operara el control poltico que requera para realizar reformas sin protesta social. Para ello, en 1990, la CNC progubernamental, a peticin del presidente Salinas, promovi la formacin del Congreso Indgena Per-manente (CIP). Pero el esfuerzo no logr su propsito, y sin plan previo de por medio, en 1992 se desataron las mltiples protestas. En varios lugares del pas, los indgenas que continuaban demandando tierras ejidales y la restitu-cin de sus territorios comunales, abandonaron las centrales campesinas y formaron sus propias organizaciones, reconfigurando sus identidades etno-polticas y dando lugar a nuevos liderazgos.

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Desde 1989, aunque dbiles, las organizaciones indgenas que se asu-man independientes (fuera del control corporativo del PRI) haban co-menzado a articular el descontento rural y adquirieron una cierta legitimi-dad. Pero fue la contra-celebracin del Encuentro de dos Mundos, en 1992, la que abri una coyuntura de extraordinaria importancia para visibilizar su presencia a nivel nacional y mostrar el descontento social contenido. Fue un momento cumbre que articul a los ms diversos actores sociales organiza-dos y no organizados de la ciudad capital de Mxico, y a comunidades y orga-nizaciones indgenas, desde la frontera norte hasta el sur del pas.

La protesta contra la celebracin de los 500 Aos, fue la arena en donde diversos actores manifestaron su rechazo a las polticas salinistas. Tambin don-de surgieron reclamos de justicia y por la realizacin de los derechos de los pueblos indgenas, que haban quedado en la Constitucin como letra muerta.

Marcha por la paz y los derechos humanos de los pueblos indgenas Xinich (Hormiga): Bienvenidos a la historia

El msculo que fue desarrollando el movimiento indgena para hacer del ao 1992 un momento de protesta importante, dio su primer campanazo ese ao con la Marcha por la paz y los derechos humanos de los pueblos indgenas Xinich (Hormiga). Una caminata de ms de mil kilmetros que siete cen-tenas de indgenas tsotsiles, tseltales, choles, tojolabales y zoques, realizaron desde Chiapas hasta la ciudad de Mxico.3

La protesta inici el 28 de diciembre de 1991, como reaccin a un violento desalojo policaco de un plantn que la poblacin Tseltal del municipio de Pa-lenque realizaba en la plaza central contra un presunto fraude electoral y contra la reforma al artculo 27 constitucional. Las comunidades inconformes demanda-ban adems obras pblicas, traductores indgenas en los ministerios, disminucin del impuesto predial, respeto a las libertades polticas, reconocimiento y vigencia de los derechos de los pueblos indgenas y un alto a la corrupcin.

El desalojo dej un saldo de diez heridos y alrededor de 108 detenidos. El Centro de Derechos Humanos y el Comit de Defensa de la Libertad In-dgena (CDLI) asumieron la defensa del caso. Los inconformes tenan mili-tancia con races en el Congreso Indgena de 1974, y el Centro de Derechos Humanos estaba ligado a la Iglesia Catlica progresista. Los tseltales reinsta-laron el plantn y realizaron gestiones para lograr la libertad de los detenidos, uno de los cuales era sacerdote.

Una accin conjunta de veinticinco centros de derechos humanos presio-n la liberacin de los presos y la mayora obtuvo su libertad el 2 de enero de



1992. Pero diez de ellos permanecieron detenidos, acusados de delitos graves. Las denuncias alcanzaron dimensin nacional. Se solicit la intervencin de la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se demandaron modi-ficaciones a la legislacin chiapaneca y la eliminacin de los delitos de motn, sedicin, asonada y dao al patrimonio estatal, bajo los cuales se reprima la inconformidad ciudadana. La CNDH recomend liberar a los presos y nueve de ellos obtuvieron su libertad. Pero uno qued preso por el delito de homi-cidio, dando inicio a una nueva fase de lucha por su liberacin.

Luego de 71 das de plantn en Palenque, el 7 de marzo de 1992 unos 700 indgenas provenientes de ms de un centenar de comunidades tzotzi-les, choles y zoques, iniciaron la Marcha por la paz y los derechos huma-nos de los pueblos indgenas Xinich (Hormiga) buscando dialogar con las autoridades federales ante la falta de respuestas del gobierno del estado de Chiapas. Su pliego de demandas inclua, adems de la libertad de los presos polticos, la resolucin de aejos problemas agrarios y mejoras en la justicia, entre otros reclamos. Durante los cincuenta das que dur, la marcha reci-bi la simpata y acogida en los distintos poblados que cruzaba y grupos de campesinos e indgenas se sumaban a la travesa, aumentando el nmero de marchistas. Todos protestaban contra el TLC, la modificacin del artculo 27 y la celebracin de la invasin europea, y reclamaban la dignificacin de los indgenas.

La marcha campesina del 10 de abril, que histricamente se realizaba en la ciu-dad de Mxico conmemorando la muerte de Emiliano Zapata, asesinado a traicin por el gobierno, fue ms concurrida y combativa que nunca. En sus consignas se lea que con la reforma salinista al artculo 27 Zapata volvi a morir. Otras mar-chas, igualmente significativas se realizaron en diversos puntos del pas.

Ante el apoyo a la marcha Xinich, la presin adquiri carcter nacional y el gobierno federal intervino para liberar al ltimo preso, al tiempo que peda a los marchistas que retornaran a sus lugares de origen. Pero la respuesta era tarda. Miles de personas esperaban a los marchistas en la ciudad de Mxico y al momento de entrar triunfantes, en una manta de recibimiento se lea: bienvenidos a la historia.4

Contra la celebracin del Quinto Centenario: reencuentro y movilizacin

La organizacin popular en contra de la celebracin festiva del quinto cen-tenario del llamado descubrimiento de Amrica, parti de las resoluciones del Encuentro latinoamericano de organizaciones campesinas e indgenas, 500 aos de resistenciaindgenay popular, realizado en Bogot, Colombia,

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en octubre de1989. Organizaciones de diversos pases de Amrica Latina all representadas se comprometieron a impulsar la formacin de instancias nacionales para organizar la contra celebracin.

La constitucin del Consejo Mexicano 500 Aos de Resistencia, Indge-na, Negra y Popular (CM-500 Aos), en agosto de 1990, fue resultado de un laborioso proceso de coordinacin en eventos realizados en varias regiones del pas, convocados con temas y propsitos diferentes. Uno de los objetivos del CM-500 Aos era la conformacin de consejos a nivel regional, pero la cifra de los que se crearon en realidad no alcanz la decena. Se conformaron consejos en la Pennsula de Yucatn, en Puebla, en Morelos, en Guerrero y en Ciudad de Mxico, lo que da cuenta tambin de las dificultades para la cons-titucin formal de organizaciones indgenas amplias. Precisamente, el CM-500 Aos aspiraba a formar una organizacin indgena nacional, y en agosto de 1991 se constituy el Frente Nacional de Pueblos Indgenas (Frenapi), pero su vida no lleg ms all de 1992.5

La limitante de no contar con una organizacin indgena amplia fue sin embargo superada ampliamente con otras adhesiones menos formales que funcionaron como red o coordinacin de acciones. Durante su auge, el CM-500 Aos alcanz a coordinar acciones de ms de 350 organizaciones y pro-pici la coordinacin regional entre organizaciones y comunidades, siendo sta una de sus principales contribuciones (Flores, 2005:74).

La promocin de la contra-celebracin dio lugar a numerosos encuentros, foros y congresos y a mltiples encuentros y reencuentros de pueblos ind-genas, en los cuales se conoci, celebr y debati sobre la noticia del recono-cimiento de sus derechos como pueblos, tanto del Convenio 169 de la OIT, como del artculo 4 constitucional, de limitado alcance.6 Las reuniones ms emotivas fueron las de encuentro o reencuentro regional. Los pueblos indios del Noreste del pas celebraron dos encuentros en territorio del pueblo Yaqui, en Sonora, los cuales permitieron juntar a las autoridades de los siete pueblos yaquis de Mxico con las autoridades del mismo pueblo de los Estados Unidos, adems de convocar a autoridades y representantes de otros pueblos, como los Cucap, Guarijio, Kikapoo, Mayo, Ootam, Pima y Raramuri, algunos de ellos binacionales. Todos ellos compartan agendas y preocupaciones por sus territo-rios, lenguas, cultura e identidad. Les preocupaban profundamente el despojo y la creciente amenaza sobre sus territorios comunales y de empobrecimiento, los fenmenos de cambio cultural en los jvenes y los retos de la vida en la frontera norte. En los encuentros sellaron compromisos de acompaamiento mutuo y de hacer una sola fuerza para enfrentar sus problemas.7

Pese a los ms de tres mil kilmetros que separan a la ciudad de Mxico con la frontera Norte del pas, representantes de estos pueblos solan asistir



a las reuniones de coordinacin del CM-500 Aos, y se sumaron a la magna concentracin en el zcalo de la ciudad de Mxico, el 12 de octubre de 1992. Se hicieron presentes tambin, dos aos despus, en los procesos de acom-paamiento a la rebelin armada zapatista, sumando ms de mil kilmetros a su travesa.

El ao de 1992 posibilit conquistas indgenas. Una de las ms contun-dentes fue el logro de los nahuas del estado de Guerrero que lograron detener la construccin de una nueva presa en su territorio. El Proyecto Hidroelctrico San Juan Tetelcingo de la Comisin Federal de Electricidad (CFE) planteaba construir una presa en el ro Balsas, lo que implicaba inundar una considerable parte del territorio de los nahuas del Alto Balsas, incluyendo tierras de culti-vo, viviendas y lugares sagrados. Para resistir contra la presa, los nahuas haban conformado en octubre de 1990 el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas. A travs de ste se incorporaron a la contra-celebracin para visibilizar su lucha, y fueron los ms activos promotores del Consejo Guerrerense 500 Aos de Resistencia Indgena, Negra y Popular. Una nutrida marcha parti desde Gue-rrero para arribar a la ciudad de Mxico el 12 de octubre de 1992 portando una manta por delante que deca Nunca ms un Mxico sin nosotros!. Al da siguiente, el Presidente Salinas recibi al CM-500 Aos en audiencia y en ella, el Congreso Guerrerense logr arrancar la firma a Salinas de Gortari, compro-metindolo a cancelar la obra hidrulica (Daz y De Jess, 1999).

Pero no todos los convocados por la protesta llegaron a la ciudad de Mxico; de hecho fueron la minora. La gran protesta fue a nivel nacional. Prcticamente en todas las plazas de las capitales del centro y sur del pas hubo manifestaciones de inconformidad. Ms de nueve mil personas, aglu-tinadas por el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH), por ejemplo, participaron en la marcha en San Cristbal de Las Casas. All esta-ban presentes los todava clandestinos miembros del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN), algunos de ellos portando arcos y flechas con sus rostros pintados de colores. En esa ocasin, un grupo se separ de la co-lumna principal para derribar con marro, piedras y palos, la estatua del con-quistador Diego de Mazariegos. En una pancarta se lea: Hoy se cumplen quinientos aos de robo, muerte y destruccin del pueblo indgena. Cosa similar ocurri en Morelia, Michoacn, donde una concurrida marcha de co-muneros y profesores indgenas llen la plaza principal, y un grupo de ellos derrib la estatua del clrigo Vasco de Quiroga. En la ciudad de Oaxaca, cerca de 25 mil profesores disidentes de la seccin XXII, tomaron las calles para protestar por los 500 aos de opresin.

En suma, la coyuntura de los 500 aos del encuentro de dos mundos, fue el escenario en el que campesinos comuneros indgenas y una multifac-

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tica sociedad civil, tomaron las calles y las plazas para rechazar la celebracin festiva de ese evento histrico, pero tambin para plantear demandas concre-tas y para rechazar la firma del TLC y la reforma al artculo 27.

La semilla sembrada en estos eventos sedimentara para formar organi-zaciones, procesos y liderazgos indgenas de carcter local. Fueron tantos y tan importantes los nuevos liderazgos, que uno de los participantes en las movilizaciones, miembro de la directiva del Consejo Guerrerense 500 Aos de Resistencia, los identific como la generacin del V Centenario.8 Fue esta generacin de liderazgos la que se hizo presente con los zapatistas en el proceso de negociacin en San Andrs Larrinzar, cuando el EZLN nombr a una larga lista de asesores para que lo acompaaran en el dilogo con el gobierno federal, poniendo sobre la mesa la agenda indgena y el reclamo del derecho a la autodeterminacin.

Segundo ciclo de protesta indgena:el levantamiento armado del EZLN

La rebelin del EZLN el primero de enero de 1994, da en que el TLC en-traba en vigencia, tuvo un fuerte contenido simblico, de rechazo al neoli-beralismo salinista y contra la reforma al artculo 27, as como de cuestiona-miento al sistema corporativo del PRI. El levantamiento armado contribuy de manera decisiva a colocar a los indgenas en el centro del inters nacional. Durante siete aos, desde 1994 hasta 2001, el EZLN acapar la atencin na-cional e internacional y fue el actor ms importante del pas, desplazando a los partidos polticos.

El movimiento indgena tuvo en este proceso una oportunidad privile-giada para constituirse tambin como sujeto poltico, al articularse alrededor de una agenda comn. En efecto, los Acuerdos de San Andrs, emanados de la mesa de dilogo de los rebeldes con el gobierno federal y el Estado de Chiapas cumplieron el papel de articuladores del movimiento indgena. El documento en el que constaban los acuerdos, ms all de las limitaciones de stos, fue durante casi una dcada base de consenso de todas las organizacio-nes indgenas, que lo asumieron y defendieron como propio.

El levantamiento zapatista estuvo acompaado por una protesta indgena en prcticamente todo el estado de Chiapas. A pocos das del acontecimien-to, varios cientos de hectreas haban sido tomadas por grupos de campesi-nos, cuyas solicitudes de tierra haban quedado congeladas desde 1992 por la cancelacin del reparto agrario. De la misma forma, casi medio centenar de palacios municipales fueron tomados por ciudadanos inconformes con



sus ayuntamientos, los cuales fueron acusados de corrupcin o de ascenso al poder en elecciones fraudulentas. La protesta incluy la instauracin de demarcaciones rebeldes en resistencia, como gobiernos autnomos de facto, desconociendo a los ayuntamientos constitucionalmente electos. En estas ac-ciones participaron organizaciones sociales y los propios rebeldes zapatistas, quienes compartieron agendas durante los primeros aos del levantamiento (Garca, et. al., 1998).

Alrededor de la rebelin se cre un clima nacional de protesta, en el que irrumpieron diversas iniciativas de democratizacin y floreci un amplio de-bate sobre los derechos de los pueblos indgenas en Mxico, en el que par-ticiparon acadmicos y distintos sectores de la sociedad nacional. Las orga-nizaciones, los comuneros y las autoridades locales tambin debatieron sus aspiraciones y el alcance de sus derechos.

Una de las discusiones ms importantes gir en torno a la construccin de una propuesta legislativa autonmica nacional. Para debatir sobre ella, en abril de 1995 las organizaciones indgenas independientes se auto convoca-ron a una asamblea nacional, que se realiz en la sede de la Cmara de Dipu-tados en la ciudad de Mxico. De esta asamblea surgi una primera versin para la propuesta legislativa que se planeaba llevar a la mesa de dilogo en Chiapas. En ella se contemplaba un rgimen autonmico en tres niveles de gobierno: comunitario, municipal y regional. Con el propsito de incorpo-rar las distintas perspectivas indgenas, desde el norte hasta el sur del pas, y construir de manera colectiva la propuesta final, la asamblea se constituy como asamblea itinerante, a realizarse en distintas partes del pas. A este dilogo entre pueblos indios se le denomin Asamblea Nacional Indgena Plural por la Autonoma (Anipa) y entre abril de 1995 y noviembre de 1998 se realizaron siete asambleas en todo el pas (Ruiz, 1999).

Adems, organizaciones, comuneros y autoridades indgenas acompaa-ron de manera constante el proceso de dilogo entre el EZLN y el gobierno, desde el primer da del levantamiento armado en 1994. Para darle estructu-ra y organicidad a esa presencia, se integr el Congreso Nacional Indgena (CNI) por un resolutivo del Primer Congreso Nacional Indgena, celebra-do del 8 al 12 de octubre de 1996, en San Cristbal de Las Casas, Chiapas. El propsito inmediato del CNI era dar seguimiento a los Acuerdos de San Andrs, suscritos el 16 de febrero del mismo ao, as como manifestarse en contra de la militarizacin en las regiones indgenas.

Para entonces el contexto era de incertidumbre sobre el desenlace de los dilogos, y se perciban cambios en la estrategia gubernamental, pues el go-bierno comenz a actuar de manera unilateral, ignorando al EZLN. Desde 1996 hasta 1998, la agenda del CNI se centr, entonces, en la exigencia de

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cumplimiento de los Acuerdos y en trazar estrategias para una mejor coor-dinacin del movimiento nacional indgena, al tiempo que avanzar en pro-cesos de autonomas de facto y de reconstitucin de los pueblos. Pese a la voluntad de los actores polticos indgenas, quienes estuvieron movilizados desde 1996 hasta el 2001, el quehacer del CNI tuvo grandes dificultades por la actitud del gobierno, que ignoraba el dilogo tanto con zapatistas como con organizaciones indgenas, en una clara apuesta por el desgaste (Anzal-do, 1998).

En respuesta a la indiferencia gubernamental, y contra el cerco y la mi-litarizacin en las regiones indgenas, el EZLN volvi a sorprender con una nueva movilizacin, la Marcha del color de la tierra, otro momento cumbre de la protesta. Con esta marcha, iniciada el 25 de febrero de 2001, los zapa-tistas recuperaron protagonismo y convocaron a multitudes, indgenas y no indgenas, organizadas y no organizadas, durante su recorrido en forma de caracol hacia la ciudad de Mxico.

La decisin de marchar fue anunciada por los zapatistas el 2 de diciem-bre de 2000, un da despus de la toma de posesin del nuevo presidente, Vicente Fox, como una manera de exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrs. Se trataba de que el nuevo congreso y el nuevo presidente, aceptaran la propuesta de reforma constitucional preparada por la Comisin de Concordia y Pacificacin (Cocopa), que era la ms cercana al espritu de los acuerdos firmados.

Alrededor de la marcha y de los eventos, comunicados y declaraciones, se fue armando una gran protesta. Fueron miles los que salieron a recibir a los 23 comandantes y al Subcomandante Insurgente Marcos, en su recorrido por trece estados de la Repblica entre febrero y marzo de 2001. Uno de los eventos ms emotivos fue la presencia del EZLN en el recinto legislativo en Ciudad de Mxico. El 28 de marzo de 2001, la comandante Esther, una pe-quea mujer Tseltal, tom la palabra en la tribuna de la nacin, para deman-dar al Congreso la aprobacin de la propuesta de ley sobre derechos y cultura indgena elaborada por la Cocopa. El pas entero se paraliz para escuchar su mensaje. Con su voz suave reclam a la nacin el reconocimiento de los de-rechos de los pueblos indgenas, y el cumplimiento de la palabra empeada. Termin su intervencin con las siguientes palabras:

Seoras y seores legisladoras y legisladores: soy una mujer indgena zapatista. Por mi voz hablaron no slo los cientos de miles de zapa-tistas del sureste mexicano. Tambin hablaron millones de indgenas de todo el pas y la mayora del pueblo mexicano. Mi voz no falt el respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino



a pedir Justicia, Libertad y Democracia para los Pueblos Indios. Mi voz demand y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes, los que estn y los que no estn, van a estar de acuerdo: con los pueblos indios, viva Mxico, viva Mxi-co, viva Mxico! Democracia, libertad, justicia! (Causa Ciudadana, 2001:396-397).

Al da siguiente el EZLN inici su retorno a la selva de Chiapas a donde arri-b el 1 de abril.

Concluido el recorrido zapatista, los congresistas hicieron caso omiso al propsito de la marcha y a la peticin de la comandante Esther. Diputados y senadores procedieron a legislar, elaborando un documento distinto y dis-tante de la iniciativa de la Cocopa, y el 25 de abril de 2001, el Senado de la Repblica por unanimidad aprob la reforma constitucional que modificaba los artculos 2 y 115 constitucionales.

La reforma fue recibida como una afrenta, tanto por el EZLN como por el movimiento indgena. El 29 de abril de 2001 los zapatistas emiten un co-municado en el que desconocen la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unin, argumentando que:

no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de Mxico, del Congreso Nacional Indgena, del EZLN, () traiciona los Acuerdos de San Andrs en lo general y, en lo particular, toma distancia de la iniciativa elaborada por la Cocopa en puntos sustan-ciales como: autonoma y libre determinacin, los pueblos indios como sujetos de derecho pblico, tierras y territorios, uso y disfru-te de los recursos naturales, eleccin de autoridades municipales y derecho de asociacin regional, entre otros, y porque, en lo general, impide el ejercicio de los derechos indgenas.9

Haciendo odos sordos de las protestas, tanto del EZLN como de las orga-nizaciones indgenas y de organismos civiles, el 18 de julio la Comisin Per-manente del Congreso de la Unin declar consumada la reforma y el 14 de agosto el presidente Fox la promulg.

En un ltimo esfuerzo, organizaciones, comuneros, autoridades, con-gresistas y organismos de derechos humanos, presentaron controversias constitucionales (272 controversias interpuestas por municipios de Chia-pas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos y Oaxaca); dos acciones de incons-titucionalidad interpuestas por los Congresos de Tabasco y Tlaxcala, y 14 amparos interpuestos por comunidades indgenas del Distrito Federal, y de

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los estados de Mxico, Chihuahua, Jalisco y Chiapas. El proceso para su reso-lucin dur alrededor de un ao, y en septiembre de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nacin se declar incompetente para conocer de las materias impugnadas (Carrillo, 2009).

Es importante mencionar que en la elaboracin y aprobacin de la re-forma participaron de manera activa los diputados de los partidos polticos de izquierda, entre ellos el Partido de la Revolucin Democrtica (PRD), lo que signific un duro golpe para su militancia, para el zapatismo y para el mo-vimiento indgena. A partir de entonces el EZLN rompi de manera radical con ese partido, y en general con el sistema poltico mexicano.

El reflujo y sus alcances

A partir de 2001, el movimiento indgena con presencia nacional entr en un fuerte reflujo, del que an no ha salido. El EZLN dio un giro a su estrate-gia, dejando de ser un movimiento indgena para regresar a su origen, de Movimiento de Liberacin Nacional, con posiciones anti sistmicas y anti neoliberales (Prez Ruiz, 2006). En este perfil, la autonoma dej de recla-marse como un derecho, exigible al Estado en cumplimiento del artculo 2 constitucional, para convertirse en una estrategia de resistencia y de combate al Estado neoliberal (Mora, 2010).

En su nueva estrategia, el EZLN rompe alianzas con los partidos polti-cos, pero tambin con todas aquellas organizaciones, comunidades y auto-ridades indgenas vinculadas con la organizacin estatal. Esta ruptura ha sig-nificado la disolucin de las articulaciones polticas del movimiento indgena chiapaneco y ha conducido al aislamiento de los zapatistas, con altos costos para su militancia. Su nmero ha disminuido drsticamente, quedando en gru-pos minoritarios dentro de las comunidades indgenas, que sobreviven hosti-gados y permanentemente amenazados; lo que alienta el gobierno mediante la intimidacin, la cooptacin y la aplicacin de polticas asistenciales. Cuando el EZLN dej de ser la fuerza poltica que reclamaba el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrs, la agenda de derechos indgenas qued a la deriva.

Por otro lado, la Anipa perdi liderazgo, cuestionada por los zapatistas y por sectores del movimiento indgena cuando sus principales lderes dis-putaron espacios de poder a nivel legislativo y ejecutivo, tanto en el mbito federal como en las entidades federativas, y finalmente se disolvi. El CNI tambin perdi capacidad de convocatoria y liderazgo y en la actualidad la parte ms activa, en la regin Centro-Pacfico, impulsa la defensa de territo-rios y recursos naturales con incidencia solo local.



El pulso del debilitado movimiento indgena se percibi en la coyuntura de las celebraciones del Bicentenario, frente a las cuales su voz estuvo ausen-te. Algunos eventos intentaron construir una oposicin, pero fueron aisla-dos y, contrario a la expectativa, la efemride no result propicia para una nueva articulacin de la protesta indgena. Otros esfuerzos por reactivar una organizacin de carcter nacional no han logrado resultados. Algunos de los principales lderes de la disuelta Anipa han convocado a eventos buscando la rearticulacin del movimiento indgena nacional y la conformacin de una nueva organizacin a la que han nombrado Movimiento Indgena Nacional (MIN). Aunque se han realizado dos reuniones nacionales concurridas (en febrero y septiembre de 2010), enfrentan dificultades para la coordinacin nacional y el seguimiento.

En sntesis, el movimiento indgena en su dimensin nacional ha perdido convocatoria y ha dejado de estar en el centro del inters pblico. Una de las principales consecuencias del reflujo del movimiento indgena y la ausen-cia de liderazgos nacionales, es que la lucha por los derechos autonmicos y los derechos indgenas, qued sin un sujeto que la asuma. Despus de 2001, el gobierno federal ha realizado una interpretacin unilateral de la reforma constitucional; ha ignorado el Convenio 169 y la Declaracin de la ONU sobre derechos indgenas, y ha operado prcticamente sin oposicin.

Aunque ciertamente nuevas luchas indgenas emergen de manera cons-tante en los mbitos regional, municipal y comunal, como se ver lneas aba-jo, lo que hace que el movimiento indgena se mantenga activo y dinmico, los valiosos esfuerzos, sin embargo, no logran movilizar lo suficiente o no encuentran eco a nivel nacional para alcanzar un mayor impacto, por carecer de referentes nacionales que construyan las sinergias necesarias para ampli-ficar las luchas locales. La ausencia de ese sujeto nacional que reclame los derechos conquistados, ha conducido a retrocesos en la poltica pblica, que ha regresado a las viejas prcticas indigenistas (en combinacin con un neo indigenismo) sin que haya voces fuertes y contundentes que puedan dar un golpe de timn al estado de cosas.

En el corto plazo no se anuncian cambios sustanciales. Siguiendo a Ta-rrow (2004), es probable que sea hasta otro momento del entorno poltico nacional/internacional (Estructura de Oportunidades Polticas, EOP), que genere una nueva coyuntura y facilite la activacin y articulacin de la protes-ta, cuando las voces regionales, municipales y comunales, que hoy estn acti-vas (en la latencia del movimiento nacional, de acuerdo con Melucci, 1999), puedan actuar alrededor de una misma causa, como ocurri en la contra-celebracin del V Centenario y con el zapatismo.

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Dimensiones locales y regionales de las luchas indgenas

No obstante el reflujo del movimiento nacional, la resistencia indgena per-manece activa y es muy dinmica en los mbitos regional, municipal y comu-nal; y en muchos casos se articula a procesos globales. Aunque en este texto, por convencin, se refiere el movimiento indgena, en realidad ste se integra por muchos movimientos indgenas, varios de ellos locales, por lo cual resulta adecuado referirse al movimiento indgena chiapaneco, o a los movimientos indgenas michoacano, guerrerense, veracruzano, mexiquense u oaxaqueo, entre otros, pues en las ltimas dos dcadas ha sido ms reducido el tiempo de coordinacin y accin conjunta a nivel nacional, que el de distanciamien-to y desencuentro entre luchas locales.

En sntesis, lo que se denomina movimiento indgena en Mxico, se inte-gra por la accin poltica segmentada que en ciertos momentos, cuando se configura un ciclo de protesta, se constituye en movimiento nacional, pero ste se dispersa o se disuelve cuando pasa la coyuntura y llega el reflujo. Esta dinmica segmentada es consustancial a su existencia. Los extremos protes-ta-reflujo, nacional-local, son parte constitutiva de un mismo proceso y del movimiento indgena. Por ello, resulta importante visibilizar las luchas ind-genas de menor escala geogrfica en el momento de reflujo nacional, para lo cual se puntualizan algunas de las ms relevantes de la primera dcada en el nuevo milenio.

Dimensin regional: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

En el ao 2006 el Estado de Oaxaca, en el sur de Mxico, caracterizado por la fuerte presencia de poblacin indgena, fue escenario de una gran pro-testa que adquiri una dimensin de revuelta ciudadana. Inici como una movilizacin de carcter gremial. La Seccin 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Oaxaca, tiene una larga tradicin de ms de dos dcadas de resistencia a la imposicin de cuestionados liderazgos nacionales. En mayo de 2006, como lo haban hecho durante varios aos, los trabajadores del sector educativo iniciaron sus movilizaciones que incluan un plantn en el centro histrico de la ciudad capital. En la madrugada del 14 de junio y sin que mediara dilogo alguno, los manifestantes fueron sorprendidos a golpes y gases por parte de la polica que intentaba desalojarlos, dejando un saldo de 92 heridos y varios cientos de personas intoxicadas. La noticia del atropello



policial se propag en el Estado y la solidaridad fue inmediata. Era el lmite de lo que la ciudadana estaba dispuesta a aceptar.

El PRI continuaba en el poder despus de 78 aos y el gobernador, Uli-ses Ruiz, haba establecido un gobierno autoritario y violento y se serva de grupos caciquiles y del uso clientelar de los programas pblicos como instru-mentos de control poltico. La represin al plantn de profesores era parte de sus prcticas de gobierno. Del rechazo a la represin a los docentes se pas a la solidaridad y luego a la accin poltica organizada, cuando docenas de organizaciones sociales, comunales y de autoridades, fueron arribando a la capital. En una semana, ms de trescientas organizaciones sindicales, indge-nas, estudiantiles y de campesinos, as como un variopinto mapa de actores civiles, iglesias y grupos sectoriales se congregaron para debatir sobre el sis-tema poltico local y para cuestionarlo como un todo. El debate tom forma de asamblea permanente bajo la denominacin de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Durante los meses siguientes, la ciudad se con-virti en una gran comuna, con barricadas en los cuatro puntos cardinales. Lleg un momento en que la movilizacin haba rebasado tanto al sindicato de profesores como a la misma APPO, logrando concentraciones de ms de 500 mil ciudadanos en la calle, en una ciudad de cerca de un milln de habi-tantes (Beas, 2006).

Pese a esa gigantesca accin colectiva y a las muchas voces nacionales que demandaban la destitucin del gobernador, el gobierno federal, la C-mara de Diputados y la directiva nacional del PRI, lo sostuvieron en el poder. La represin a los lderes fue feroz, varios de ellos fueron a la crcel y se inti-mid a los participantes. En los aos subsiguientes, los ciudadanos dejaron de participar de manera activa, y la protesta se debilit. Pero dej una huella memorable en la historia oaxaquea y sedimentos de autodeterminacin en los municipios y comunidades de esa entidad federativa.

Dimensiones municipal y comunal: las autonomas de facto

La instauracin de demarcaciones, instituciones y autoridades paralelas a las del Estado, como estrategia de resistencia de las comunidades y pueblos indgenas, constituye lo que se ha llamado autonomas de facto (Burgue-te, 2002). stas son muestras de rechazo a la institucionalidad del Estado-nacin por su falta de reconocimiento a la autodeterminacin de los pueblos. Las autonomas de facto se instituyen para desafiar al Estado, para rechazar el indigenismo, el asistencialismo, las prcticas corporativas y la subordinacin burocrtica. Se asumen como alternativa a la imposicin de decisiones, a los

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programas y polticas pblicas clientelares y a los partidos polticos, y consti-tuyen un ejercicio del derecho de autodeterminacin, cuyas prcticas e insti-tuciones se caracterizan por estar adelante de los limitados reconocimientos legales a los derechos indgenas. Son una manera de recordar al Estado y a la sociedad que hay una agenda pendiente a su pleno reconocimiento.

Entre las autonomas de facto estn las promovidas por los zapatistas como municipios autnomos y Juntas de Buen Gobierno en el Estado de Chiapas, pero tambin se presentan en otros estados, como en el caso de Oaxaca, como respuesta a la disolucin de municipios para subordinar co-munidades indgenas a cabeceras municipales mestizas. Adicionalmente est el caso de la Polica Comunitaria de Guerrero, que adems ha desarrollado su propio sistema de justicia.

Las autonomas zapatistas en Chiapas

Estas autonomas, promovidas por los zapatistas en una treintena de munici-pios autnomos y cinco Juntas de Buen Gobierno, se han ido construyen-do progresivamente en un proceso acumulativo iniciado en 1994. Su impulso ha sido la principal estrategia del EZLN para desafiar al Estado, construyendo el nicho desde donde se expresa la rebelda zapatista. En estos espacios las bases civiles del EZLN han creado un sistema de gobierno propio y polticas sociales para su membreca (Burguete, 2004).

Las autonomas zapatistas se diferencian de otras experiencias de auto-nomas de facto en Chiapas (como la organizacin civil Las Abejas, en el municipio de Chenalh), y se caracterizan por lo siguiente: i) Los munici-pios autnomos son parte de una lgica poltico-militar de control territo-rial; ii) La autonoma opta por el camino rebelde, en oposicin al gobierno y no dialoga con l; no aspira a su reconocimiento, sino que exige su respe-to, en ejercicio de su autonoma; iii) La fundacin de los municipios aut-nomos contiene un rechazo implcito a las instituciones estatales y una sus-pensin casi definitiva de negociaciones con los gobiernos federal y estatal; iv) En los espacios autnomos se crea una identidad poltica colectiva entre sus miembros; v) Han establecido sus propias instituciones de educacin, salud y produccin agrcola, paralelas a las estatales, motivo por el cual han restringido la entrada a representantes de los gobiernos locales y estatales; vi) Los organismos autnomos incluyen comisiones tcnicas y administra-tivas que disean propuestas sociales alternativas; vii) La filosofa poltica zapatista no aspira a tomar el poder, sino a crear espacios autnomos de resistencia (Mora, 2010).



Mediante esta estrategia, los zapatistas, desde sus espacios de resistencia con una identidad poltica colectiva, refuerzan las identidades tnicas y sedi-mentan nuevas prcticas y proyectos polticos de futuro.

El municipio autnomo de Copala, Oaxaca

Una de las demandas ms recurrentes en las ltimas dos dcadas en Mxico, ha sido la de creacin de nuevos municipios y la restitucin de poderes municipa-les a aquellas comunidades que les fue retirado ese rango. En Chiapas, varias de las declaratorias de municipios autnomos zapatistas, contenan ese reclamo, pues ms de cincuenta municipios haban sido desaparecidos por la Constitu-cin local de 1921. Aunque luego se inici un proceso de re municipalizacin, ste fue lento durante todo el siglo XX. Precisamente como respuesta a la con-formacin de los municipios autnomos zapatistas, y sin que los rebeldes lo aceptaran, el gobierno del Estado implement, a partir de 1999, una poltica para la creacin de una treintena de nuevos municipios; pero despus de un complicado proceso, solo se crearon siete (Leyva y Burguete, 2007).

Esta prctica de desaparecer municipios indgenas para subordinar a las comunidades a cabeceras municipales mestizas, tambin estuvo presen-te en Oaxaca y el pueblo Triqui fue vctima del despojo de su derecho al autogobierno, mediante decretos gubernamentales. Como resultado de su participacin en las luchas de Independencia, y como respuesta a un re-clamo de ese pueblo, dos cabeceras triquis fueron reconocidas con rango de municipio en los aos 1825 y 1826 (Chicahuaxtla y San Juan Copala). Sin embargo, la categorizacin como municipio fue usada por el gobierno tambin para dividir y subordinar a los triquis. Fue as como en 1844 erigi en municipio a San Martn Itunyoso, que hasta entonces formaba parte de Chicahuaxtla, produciendo una fractura en la integridad territorial y polti-ca de ese pueblo. Un siglo despus, en 1940, fue suprimido el municipio de San Andrs Chicahuaxtla y en 1948 ocurri lo mismo con San Juan Copala, cuyas comunidades fueron repartidas y subordinadas en los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario.

Las comunidades afectadas mantuvieron la lucha por la restitucin de sus municipios durante ms de medio siglo. Ante la negativa de su recons-titucin, las comunidades que integraban el antiguo municipio de San Juan Copala, bajo el liderazgo de actores que haban participado en la APPO, de-cidieron en el ao 2007 auto restituirse de facto sus poderes municipales y declarar el Municipio Autnomo de San Juan Copala (Lpez Brcenas, 2009:302).

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La decisin ha sido sumamente compleja por diferencias internas entre las varias organizaciones que disputan el liderazgo local, generando una alta conflictividad. Los autnomos acusan a una faccin de recibir fondos gubernamentales y operar mediante prcticas caciquiles y paramilitares, para evitar la autonoma de los triquis. Los otros por su parte, acusan a los autnomos de excluir y negar el reconocimiento de derechos a todos sus habitantes.

La intervencin de muchos actores en el conflicto ha radicalizado la po-sicin de los autnomos de Copala, quienes rechazan la presencia de todos los partidos polticos en el municipio e incluso plantean como sana la des-aparicin de las organizaciones indgenas formadas en los ltimos cincuenta aos para recuperar sus propias instituciones de gobierno local y de eleccin y nombramiento, eliminando las mediaciones partidarias y corporativas. Al concluir el ao 2010, la continuidad del Municipio Autnomo de Copala se encontraba en riesgo por falta de pleno consenso entre todos sus habitantes, y no se avizoraba an la voluntad gubernamental para restituir los poderes municipales y reconocer el autogobierno a San Juan Copala.

La Polica Comunitaria de Guerrero

La Polica Comunitaria de Guerrero es el resultado de la iniciativa de comu-nidades situadas en una inhspita y aislada regin, en la Montaa de Guerre-ro, caracterizada por bajos ndices de Desarrollo Humano y el abandono de las instituciones del Estado, donde la violencia y la inseguridad eran cosa de todos los das. Asaltos, violaciones, robos, secuestros y asesinatos ocurran con frecuencia en total impunidad. Abrumadas por este problema y defrau-dadas por el alcance de las reformas sobre derechos y cultura indgena en Mxico, cuarenta comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas, de la Montaa y de la Costa Chica de Guerrero, inspiradas en los derechos indgenas reco-nocidos en instrumentos internacionales (especialmente el Convenio 169 de la OIT) fueron alentadas por las luchas autonmicas que se daban en el pas a promover su propia experiencia.

En 1995 iniciaron un proceso de discusin, anlisis y reflexin tendiente a establecer un sistema de vigilancia comunitaria, que dio nacimiento a la Polica Comunitaria (CRAC, 2009:58-59). Los liderazgos haban participa-do en distintos procesos organizativos, como parte del Consejo Guerrerense 500-Aos, de la Anipa y del CNI, y tambin algunos de ellos fueron asesores del EZLN en el proceso de dilogo con el gobierno federal, todo lo cual les dio experiencia y certidumbre sobre sus derechos.



Integrada por vecinos, la Polica Comunitaria comenz a ganar acepta-cin regional y al paso de los aos fue ampliando su jurisdiccin y el mbito de intervencin hacia la administracin de justicia, para lo cual se conform la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (Crac), como rgano separa-do. Para el ao 2009, este sistema alternativo de justicia involucraba a ms de 50 mil habitantes de la regin. Los principios sobre los que se imparte justicia son los de reeducacin, sancin moral, servicio social, asesora del consejo de ancianos, trabajo comunitario y participacin activa de las comunidades en la gestin de la justicia. Cuando el delito es grave, es la Asamblea de la Crac la encargada de su atencin. En la prctica de justicia, se retoman principios ancestrales que son actualizados ante el crecimiento de la poblacin y la com-plejidad de los problemas contemporneos.

La efectividad del sistema se puede demostrar con datos duros: los deli-tos han disminuido en un 95%, cifra reconocida por las autoridades del Es-tado (Sierra, s. f). El xito de esta experiencia ha alcanzado repercusiones regionales y nuevas comunidades se han sumado a la iniciativa, concitando el celo gubernamental. En el ao 2002, se produjo el conflicto ms grave con el Estado. Los coordinadores regionales fueron encarcelados, acusados de violaciones a los derechos humanos en el desempeo de sus funciones por privacin ilegal de la libertad. Al da siguiente de la aprensin, cerca de 4 mil personas se manifestaron en la Agencia del Ministerio Pblico, logrando su liberacin.

Igual que los zapatistas, la Crac no reclama reconocimiento legal sino que demanda del Estado el respeto a sus instituciones como instituciones ind-genas, protegidas por la legislacin internacional. La fuerza de este proceso oblig al gobierno del Estado a establecer un acuerdo informal de respeto y cooperacin con las instancias judiciales de la Polica Comunitaria (Crac, 2009:60).

Luchas indgenas en gramtica autonmicaEl signo de los tiempos le ha dado nuevos contenidos a las luchas indgenas en Mxico. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, la lucha por la defensa y recuperacin de la tierra y los bienes comunales ha estado en el centro de sus movilizaciones. Desde la pequea comunidad hasta los movimientos nacionales, y an el levamiento armado zapatista, contenan los histricos reclamos agrarios. Pero hoy, las luchas indgenas van ms all de la demanda agraria. El movimiento indgena contemporneo se caracteriza por haberse diversificado y muchas organizaciones, que se asumen indgenas, han sur-gido politizando su etnicidad. En efecto, en las ltimas dos dcadas se ha

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producido una ampliacin de las luchas argumentadas en una gramtica de autodeterminacin, y entre stas se destacan los procesos organizativos de las mujeres indgenas y los de articulacin de organizaciones contra el modelo neoliberal.

Organizacin y lucha de las mujeres indgenas

La organizacin y las organizaciones de mujeres indgenas es un fenmeno nuevo en Mxico. Fue hasta la rebelin zapatista, con el ejemplo y la fuerza de figuras emblemticas como la comandanta Ramona y el impacto de la Ley Revolucionaria de las mujeres emitida desde el corazn zapatista, que las mujeres indgenas comienzan a construir su propia historia organizativa. En los inicios dentro de las organizaciones indgenas, y ms recientemente, construyendo organizaciones de mujeres indgenas.

El movimiento de mujeres indgenas ha tenido que enfrentar diversos obstculos para su construccin. Primero dentro de sus propias organiza-ciones, comunidades y pueblos, que no vean con buenos ojos la agenda de gnero. Tambin dentro de las organizaciones feministas que, con una visin etnocntrica del feminismo, han debido comprender y apoyar la mirada de las mujeres indgenas y la forma especfica cmo construyen su propia agenda.

En este escenario comienza a esbozarse un movimiento indgena de mujeres de carcter nacional. En 1997 se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres Indgenas Construyendo nuestra Historia, al que asistieron ms de 700 mujeres pertenecientes a ms de una veintena de pueblos indgenas de diferentes lugares del pas. En este encuentro se conform la Coordinadora Nacional de Mujeres Indgenas, con participantes de los estados de Chiapas, Michoacn, Morelos, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de Mxico, Puebla, Quertaro, San Luis Potos, Sonora, Veracruz y Oaxaca (Hernndez, 2001).

Pero, como ocurre con el movimiento indgena mexicano, la organiza-cin nacional de mujeres enfrenta retos para alcanzar una slida articula-cin. Su desarrollo ms importante es en las entidades federativas pero se presentan contradicciones. En el estado de Chiapas, por ejemplo, existen numerosas organizaciones en las que participan mujeres indgenas, pero la mayora de ellas funcionan como Organismos No Gubernamentales (ONG), lo que implica que no se pueda hablar de un movimiento de mujeres indge-nas chiapanecas. No sucede igual en Guerrero, donde las organizaciones de mujeres indgenas lograron articularse y constituir en 2004 la Coordinadora



Guerrerense de Mujeres Indgenas (Espinosa, et. al., 2010). Sus liderazgos, provenientes de organizaciones mixtas del movimiento indgena nacional y estatal, en su mayora, participaron en el Consejo Guerrerense 500 Aos de Resistencia Indgena, Negra y Popular, en el CM-500 Aos, en la Anipa y en el CNI, y fueron asesoras del EZLN en el proceso de paz.

En el ltimo lustro la mayora de las organizaciones de mujeres se han articulado en diversas redes a nivel continental e internacional.

Defensa de territorios y resistencia contra el neoliberalismo

Tambin en el curso de las dos ltimas dcadas, la resistencia indgena y su confrontacin al gobierno federal y a los estados y municipios, se ha incre-mentado con motivo de la imposicin de diversos proyectos que suponen el despojo de territorios y el desplazamiento de la poblacin. Sin consul-ta previa, a lo largo y ancho del pas se realizan supercarreteras, parques industriales, proyectos tursticos, represas, explotaciones petroleras y de minas a cielo abierto, y otros proyectos extractivistas que, privilegiando intereses particulares de unos cuantos, modifican radicalmente la vida de la gente sencilla.

Esto sucede especialmente a partir de la firma por el presidente Salinas de Gortari de algunos decretos que reconocan los derechos de los pueblos indgenas mientras se abran las puertas a la inversin de capital, al libre mer-cado y la privatizacin de las tierras y territorios, haciendo nugatorios los de-rechos que se reconocieron, pues en Mxico el Convenio 169 de la OIT no se aplica y las polticas gubernamentales operan a favor del capital, an en contra de aquellos derechos y de la vida misma de las comunidades. Esta es la principal contradiccin al finalizar la primera dcada del siglo XXI, y pue-de tener consecuencias insospechadas, pues la resistencia y la confrontacin parecen ser la nica opcin para los indgenas.

Es por ello que en los ltimos aos la tendencia que se observa es al in-cremento de los conflictos entre el Estado y los pueblos indgenas por este tipo de proyectos al mismo tiempo que se incrementa la criminalizacin de la resistencia. Para enfrentar estos proyectos se han formado espacios de co-ordinacin y frentes de resistencia que articulan y amplifican la voz de los pueblos amenazados. Es el caso de la Alianza Mexicana por la Autodetermi-nacin de los Pueblos (Amap), constituida en marzo de 2002 para dar cober-tura a las denuncias de las comunidades indgenas y los pueblos campesinos de diversas regiones por este tipo de proyectos que afectan directamente sus derechos econmicos, laborales y sociales; propician migracin forzada o im-

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plican el despojo de tierras, territorios, recursos naturales y biodiversidad o del acervo cultural.

Los casos que enfrentan las comunidades son variados. La tribu Yaqui, en Sonora, denunci la amenaza que se cierne sobre sus recursos hdricos por la construccin de un acueducto para drenar la presa El Novillo. La obra pre-tende llevar las aguas del ro del mismo nombre al municipio de Hermosillo, para favorecer intereses inmobiliarios, tursticos y agroindustriales, despo-jando a los indgenas del agua con que riegan sus cultivos. Los pueblos del Istmo de Tehuantepec, por su parte, rechazan la creciente ocupacin de sus territorios por el establecimiento de parques elicos, con inversin de capital espaol. Se prev que para el ao 2014 funcionen un total de 18 parques. La Coordinadora de Pueblos en Resistencia, que agrupa a lderes indgenas de la regin, denuncia que dicho proyecto despoja a las comunidades de sus re-cursos naturales, divide a las comunidades, corrompe a autoridades y genera poco empleo. En el ao 2002, el presidente Fox promovi la construccin de un aeropuerto sobre territorios del pueblo de Atenco sin haber consultado a la poblacin. sta, inconforme, resisti y logr impedir la obra por la fuerza de los machetes.

A manera de conclusin

La mirada realizada sobre el movimiento indgena en Mxico en las dos lti-mas dcadas, identificando sus dimensiones nacional y local y sus ciclos de protesta y reflujo, pone en evidencia que son principalmente los ciclos de protesta desarrollados en el mbito nacional, los que han visibilizado a los actores indgenas logrando protagonismo y reconocimiento. Evidencia tam-bin que despus de cada ciclo de protesta, el movimiento indgena nacional entra en una fase de reflujo pero en su lugar las dinmicas se desarrollan en el mbito local.

Al concluir la primera dcada del siglo XXI, el movimiento nacional ca-rece de actores fuertes para hacer valer los derechos conquistados como pue-blos indgenas, pues no existen sujetos ni articulaciones en tal mbito que asuman su defensa y pugnen por su aplicacin en momentos en los que se encuentran ms amenazados tales derechos, pues en los ltimos aos se han registrado retrocesos que implican el retorno o restauracin del indigenismo, que ya se crea superado.

Sin embargo, en medio de esta situacin de debilidad del movimiento indgena nacional, tambin se presentan oportunidades y se verifican fortale-zas. Los pueblos indgenas se mantienen movilizados, pasando de la revuelta



nacional a la revuelta cotidiana, volviendo hacia abajo y hacia adentro, en las regiones y comunidades. En este periodo de latencia, las autonomas de facto resguardan su voluntad de resistir y animan las luchas regionales y nue-vas articulaciones por la defensa de territorios frente a megaproyectos que los amenazan gravemente en sus vidas. Muchas de estas luchas se realizan, ade-ms, articulando las problemticas locales en una perspectiva global contra el modelo de desarrollo.

Es en estos espacios donde se produce la sedimentacin. Sedimentar es la otra cara de la protesta, extremo necesario del pndulo protesta-sedimen-tacin. All se piensan y se ejercitan las nuevas formas de hacer poltica que superan los lmites del sistema dominante que se expresa en marcos norma-tivos y reformas constitucionales, mientras se omite la aplicacin prctica de los derechos reconocidos, como es el caso del Convenio 169 de la OIT y de la Declaracin de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

Estas dinmicas que se generan en la sedimentacin y las organizaciones que las impulsan son las llamadas a irrumpir en un nuevo ciclo de protesta indgena. Los sujetos estn en construccin.

Notas

1 Los textos publicados por Bonfil (1978), De la Pea (1995) y Stavenhagen (1997), no mencionan la existencia de un movi-miento indgena en Mxico, sino nica-mente la presencia de organizaciones indgenas. Meja y Sarmiento son inclu-so precavidos al aclarar que las luchas indgenas de los aos setenta a 1984 que ellos documentaron , no integraban, en sentido estricto, un movimiento indgena movilizador de utopas o proyectos, sino una convergencia de organizaciones que buscaban, cada una de ellas, sus propias reivindicaciones especficas: En el mo-vimiento confluyen diversas expresiones organizadas y espontneas, atomizadas y desemejantes, en las que puede identifi-carse un hilo conductor, una tendencia general que las unifica, aunque esto no se exprese en un objetivo comn reco-nocido abiertamente por los actores del movimiento (). Pero este tipo de mo-vimiento dista mucho de ser El Movi-miento Indgena en tanto que una sola y gran corriente de masas. Tal movimiento

significa la coordinacin persistente de las movilizaciones emprendidas por los ind-genas, tendientes al logro de reivindicacio-nes especficas () (Meja y Sarmiento, 1987:14).

2 Gerardo Otero y Armando Bartra, lo dicen de la siguiente manera: Si los campesi-nos mexicanos se inventaron a s mismos durante la revolucin, permanecieron eventualmente oprimidos por el Estado durante el siglo XX. Pero los campesinos tambin recibieron una serie de concesio-nes del Estado, que en la mayora de los casos result en su cooptacin poltica. De aqu que el ganador mexicano del premio Nobel, Octavio Paz, caracterizara al Esta-do [mexicano] como el ogro filantrpico: oprime y reprime a aquellos que disien-ten, al mismo tiempo que recompensa la lealtad. Para los campesinos, entonces, la tensin entre rebelin y cooptacin ha marcado su historia (2008:407).

3 No era la primera vez que los indgenas chiapanecos caminaban hasta la capital del pas para clamar justicia. Entre septiembre

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y octubre de 1983, un centenar de ellos, miembros de la Cioac, tambin haba mar-chado hacia la ciudad capital, en la llamada Marcha de la Dignidad Indgena, para exigir al gobierno federal la cancelacin de la presa Itzantn, que inundara su territorio (Renard, 1997). La memoria de su triunfo, sigue toda-va viva.

4 La crnica de esta marcha puede leerse en el texto de Rosa Rojas (1995:201-216).

5 Documentos del Frenapi pueden verse en Sarmiento (1998:135-137).

6 Un voluminoso libro compilado por Sergio Sarmiento (1998) recoge casi medio cen-tenar de relatoras y declaraciones de esos eventos.

7 II Encuentro de Pueblos Indios del No-roeste, celebrado entre el 7 y el 9 de agosto de 1992 (Sarmiento, 1998:91-120).

8 Respecto a la importancia de estos conse-jos regionales, Sarmiento pondera el caso del Estado de Guerrero: Despus de estas experiencias [en los aos ochenta], los ind-genas perdieron visibilidad en el escenario poltico estatal hasta que en la coyuntura del V Centenario hallaron una nueva opor-

tunidad. Parte importante de los procesos sociales de los pueblos indgenas conflu-y en el Consejo Guerrerense 500 aos de Resistencia Indgena, Negra y Popular, (CG500-aos), que sintetiz aos de lucha de los indios guerrerenses y que adquiri dimensiones nacionales e internacionales.

Parecera exagerado decir la gran impor-tancia que alcanz el CG500-aos en la vida poltica estatal y nacional, pero coin-cidimos con Gaudencio Meja, uno de sus fundadores, cuando asegura que los lderes del Consejo eran parte de la generacin del V Centenario, como declar en el foro so-bre Alcozauca:Entre la resistencia y la espe-ranza, realizado el mes de mayo. La mayora de los que impulsaron el CG500-aos en-contraron en esa coyuntura una veta nueva a sus procesos de organizacin, pero sobre todo elaboraron un discurso poltico no-vedoso de grandes alcances. (Sarmiento, 2004).

9 Comunicado del Comit Clandestino Re-volucionario Indgena- Comandancia Ge-neral del Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional, 29 de abril de 2001.

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