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Buenos Aires, Santiago 22 de abril de 2019
Excelentísimo señor
Don Haroldo Brito Cruz
Presidente de la
Excma. Corte Suprema de Justicia
Pte.
Ref.: Audiencia. Cumplimiento de sentencia Norín Catrimán y otros vs. Chile
Excelentísimo Sr. Presidente Brito Cruz:
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (“CEJIL”) y Sergio Fuenzalida, en
nuestra calidad de representantes de Víctor Manuel Ancalaf y sus familiares, víctimas
en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, nos dirigimos a Ud., y por su intermedio
a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile (“Excelentísima Corte
Suprema), a fin de aportar nuestras observaciones y sugerencias en el marco de la
audiencia convocada por esta Excelentísima Corte Suprema para el 22 de abril de
2019. Conforme la convocatoria, la finalidad de dicha audiencia será la de evaluar las
formalidades y modo de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) en el caso de referencia,
especialmente en lo que respecta a la reparación que ordena a Chile dejar sin efecto
las sentencias condenatorias de las víctimas.
Asimismo, además de nuestro interés en lograr la reparación integral de las víctimas
del caso, presentamos esta información en línea con uno de los propósitos
fundamentales de CEJIL, que es el de contribuir al fortalecimiento y la consolidación
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (“SIDH”), como
forma de garantizar los derechos fundamentales de los y las habitantes y pueblos de
la región. En este espíritu, ponemos a consideración de esta Excelentísima Corte
Suprema algunas de las discusiones y soluciones que se han dado desde el SIDH, el
derecho comparado y el derecho internacional para el efectivo cumplimiento e
implementación de las decisiones internacionales en el plano local1.
1 Recomendamos también ver las siguientes publicaciones de CEJIL sobre el tema: Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales, disponible en: https://cejil.org/es/implementacion-decisiones-del-sistema-interamericano-derechos-humanos-jurisprudencia-normativa-y; CEJIL, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos, disponible en: https://cejil.org/es/implementacion-decisiones-del-sistema-interamericano-derechos-humanos-aportes-procesos-legislativos; CEJIL, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para la administración de justicia, disponible en: https://cejil.org/es/implementacion-decisiones-del-sistema-interamericano-derechos-humanos.
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Celebramos la decisión de esta Excelentísima Corte Suprema de convocar esta
audiencia, así como el claro mensaje del ministro vocero, su Excelencia Lamberto
Cisternas, en la conferencia de prensa de fecha 14 de marzo de 2019 en el sentido
de que la finalidad e intención de esta Excelentísima Corte y de la audiencia es dar
cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH. Esperamos que las consideraciones y
sugerencias del presente escrito puedan ayudar a orientar a la Excelentísima Corte
Suprema, y al Estado chileno, en esta discusión y sumar recomendaciones para la
evaluación de procesos y medidas para dar cumplimiento a las sentencias
internacionales.
I. Antecedentes relevantes a la discusión.
En el año 2002, se inició contra el Werkén Víctor Ancalaf Llaupe un proceso penal
bajo la Ley Antiterrorista, quien fue finalmente condenado el 4 de junio de 2004 como
autor del delito terrorista establecido en el artículo 2º N° 4 de la ley 18.314 en relación
al artículo 1º del mismo texto legal, cometido el 17 de marzo de 2002, y lo condenó a
la pena de cinco años y un día de presido mayor en su grado mínimo y a las demás
penas accesorias. Su caso, junto con el de otras personas mapuche también
condenadas bajo la Ley Antiterrorista, llegó al conocimiento de la Corte IDH, luego de
haber agotado todas las vías internas para el reclamo de justicia y luego de que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) determinara la
responsabilidad internacional del Estado. Durante el proceso ante el SIDH, el Sr.
Ancalaf y sus familiares fueron representados por CEJIL y por el abogado Sergio
Fuenzalida, quienes suscriben esta presentación y continúan representando a las
víctimas en el proceso de supervisión de cumplimiento.
La sentencia emitida por la Corte IDH el 29 de mayo de 2014 representó la primera
condena del SIDH a Chile por violaciones de derechos humanos cometidas contra
integrantes del pueblo mapuche. La Corte IDH consideró, entre otras violaciones, que
la aplicación de la Ley Antiterrorista en los casos bajo estudio, y la calificación de
"terrorista" aplicada a los líderes indígenas configuró discriminación, violó la
presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas con
precisión y claridad, y resultó de un proceso que violó las garantías del debido
proceso.
Específicamente, la Corte IDH sostuvo que las condenas penales “fueron emitidas
fundándose en una ley violatoria del principio de legalidad y del derecho a la
presunción de inocencia, impusieron penas accesorias que supusieron restricciones
indebidas y desproporcionadas al derecho a la libertad de pensamiento y expresión y
al ejercicio de los derechos políticos”2. Adicionalmente, la Corte IDH estableció que la
2 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279.Párr. 421.
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fundamentación de las sentencias condenatorias incluyó razonamientos que denotan
estereotipos negativos y prejuicios contra personas mapuche, asociándolas con el
terrorismo, violando con ello el principio de igualdad y no discriminación, y el derecho
a la igual protección de la ley3. Aunado a ello, la sentencia estableció que, en el caso
de los señores Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe, se produjeron violaciones al derecho
de la defensa y que, con respecto a siete de las víctimas, se violó su derecho a recurrir
los fallos penales condenatorios4. En función de todo ello, la Corte IDH concluyó que
las condenas fueron arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana de
Derechos Humanos (“CADH”)5.
En consecuencia, y en virtud del artículo 63.1 de la CADH, la Corte IDH ordenó a
Chile el cumplimiento de una serie de reparaciones, incluyendo la de disponer que el
Estado adopte, “en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente
sentencia, todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole
necesarias para dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias penales
condenatorias emitidas en contra de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán,
Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime
Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, José
Benicio Huenchunao Mariñán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles sobre las
cuales la Corte se pronunció en esta sentencia”6.
En particular, según lo estableció la Corte IDH, esta obligación del Estado comprende:
i) Dejar sin efecto la declaración de las ocho víctimas de este caso como
autores de delitos de carácter terrorista;
ii) Dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias,
consecuencias y registros, a la mayor brevedad posible, así como las condenas
civiles que se hayan impuesto a las víctimas; y
iii) Disponer la libertad personal de las víctimas que aún se encuentren sujetas
a libertad condicional. Asimismo, el Estado deberá, en el plazo de seis meses
a partir de la notificación de la presente Sentencia, suprimir los antecedentes
judiciales, administrativos, penales o policiales que existan en contra de las
ocho víctimas en relación con las referidas sentencias, así como la anulación
de su inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que los
vincule con actos de carácter terrorista7.
En los casi 5 años transcurridos desde sentencia, el Estado ha cumplido total o
parcialmente varias de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH. Sin embargo,
algunas de estas aún permanecen sin ser cumplidas a cabalidad, incluyendo la de
dejar sin efecto las sentencias condenatorias de las víctimas, lo cual quedó además
3 Id. párrs. 223 a 228 y 230 4 Id. párrs. 275-291. 5 Id. 6 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. Párr. 422. 7 Id.
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establecido por la Corte IDH en su última resolución de supervisión de sentencia
emitida el 28 de noviembre de 20188.
En esta reciente resolución, la Corte IDH consideró positivas algunas medidas
tomadas por el Estado para impedir que los efectos de las condenas continúen
afectando las vidas de las víctimas, incluyendo el haber eliminado los antecedentes
penales y las referencias a la condena en diversos registros públicos, y haber borrado
las órdenes de captura que permanecían vigentes9. Sin embargo, la Corte IDH
determinó que estas medidas no eran suficientes para dar cumplimiento a la
sentencia, solicitando información al Estado sobre el punto, y haciendo notar que “el
cumplimiento de este extremo de la reparación ordenada depende,
fundamentalmente, de que el Estado cumpla con dejar sin efecto las sentencias
penales que declararon a las víctimas como autores de delitos de carácter
terrorista”10.
En ese marco es que esta Excelentísima Corte Suprema ha convocado a una
audiencia, con la participación de varias instituciones públicas y las partes implicadas
en el proceso, explicando en su convocatoria que Chile no cuenta, en principio, con
un mecanismo o procedimiento legal para dar cumplimiento a esta reparación, y que,
de forma más general, el Estado no cuenta con un mecanismo para dar cumplimiento
a las sentencias y decisiones internacionales11. Ante ello, y tal como se ha establecido
en el anuncio de esta audiencia, el objeto es el de evaluar "si se debe cumplir o no
[el fallo de la Corte IDH], cómo debe cumplirse, en qué forma, etc.”12.
La existencia de mecanismos o procedimientos específicos para cumplir con esta
reparación y con la implementación de sentencias internacionales es deseable, y
alentamos al Estado a impulsar esa discusión de manera amplia. Sin embargo, los
principios fundamentales del derecho internacional y la jurisprudencia sostenida del
SIDH evidencian que los mismos no son necesarios para que el Estado pueda, en
este caso a través del Poder Judicial, dar cumplimiento a la reparación ordenada.
Esta conclusión es consistente con el cumplimiento que ha dado Chile a otras
8 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018. 9 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018. Párr. 8 y 9. Hacemos notar, sin embargo, que aún luego de haber anulado
las órdenes de captura, al menos una de las víctimas –Huenchunao Marinan– fue detenida por una orden que seguía vigente, lo cual fue oportunamente denunciado ante la Corte Interamericana por esta representación. Si bien esto parece haber sido resuelto por el Estado, tomando medidas para que no vuelva a suceder, el episodio evidencia que estas medidas no sustituyen la necesidad de dejar sin efecto las condenas. 10 Id. Párr. 7 11 Video conferencia de prensa del ministro vocero Lamberto Cisternas sobre fallo de la Corte Interamericana de Derechos.Humanos en caso lonkos citando a audiencia para el día 22 de abril para analizar opciones de cumplimiento. 14 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=U7pnJgiGMBQ 12 Id.
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reparaciones en este y otros casos (incluso reparaciones de similares características
a la aquí discutida) y con la tradición democrática chilena de respeto a sus
obligaciones internacionales, que resulta, asimismo, del deber de los Estados de
cumplir las decisiones del SIDH. A ello nos referimos en los apartados II y III
siguientes.
Afortunadamente, y como veremos, no se trata de la primera reparación de este tipo
dictada por la Corte IDH, o incluso por otros tribunales internacionales y regionales
de derechos humanos, por lo que existen distintas discusiones y soluciones
comparadas relevantes que pueden informar el camino que ultimadamente
implemente esta Excelentísima Corte Suprema, y el Estado chileno, para dar
cumplimiento a la reparación. Asimismo, mismo en la jurisprudencia de esta
Excelentísima Corte Suprema y en el rico marco constitucional chileno existen
elementos que fundamentan el cumplimiento de la reparación por parte del Poder
Judicial. A estas consideraciones nos referimos en el apartado IV. y V. del escrito.
II. El deber de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Uno de los principios básicos y fundamentales del derecho internacional público es la
obligación de los Estados de cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo
las sentencias y resoluciones de tribunales internacionales respecto de los cuales ha
aceptado su jurisdicción. Esto deriva, fundamentalmente, del principio de pacta sunt
servanda, que establece que los Estados deben cumplir sus obligaciones
convencionales internacionales de buena fe13. En este sentido, siendo que los
tratados internacionales y la aceptación de la jurisdicción de los tribunales
internacionales requieren de la decisión soberana de los Estados de adherirse y
someterse a los mismos, esa expresión de voluntad estatal necesariamente incluye
el deber de actuar en consecuencia y cumplir de buena fe con las normas de esos
tratados y la decisión de esos órganos. Para eso, tal como lo establece el artículo 27
de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, y lo jurisprudencia
constante de la Corte IDH, los Estados no pueden por razones de orden interno dejar
de asumir la responsabilidad internacional ya establecida14.
13 ONU. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, art. 26. Ver también: Corte IDH. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14., prr. 35; Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2013, considerando 4; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de agosto de 2013, considerando 4. 14 ONU. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, art. 27. Corte IDH. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Considerando 4; y Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017, Considerando 15.
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La Corte IDH se refirió expresamente a esto en su Opinión Consultiva 14/94, diciendo
que “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser
cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho
interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho
y han sido aplicadas, aun tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por
la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia
[Caso de las Comunidades Greco-Búlgaras (1930), Serie B, No. 17, pag. 32; Caso de
Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/B, No. 44, pág. 24; Caso de las Zonas
Libres (1932), Series A/B, No. 46, pag. 167; Aplicabilidad de la obligación a arbitrar
bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de la Misión del PLO) (1988),
págs. 12, a 31-2, párr. 47]. Asimismo, estas reglas han sido codificadas en los
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969”15.
Este principio básico de derecho internacional hace parte de los fundamentos del
SIDH16. Así, respecto a la obligatoriedad de las decisiones emitidas por la Corte IDH,
el artículo 68.1 de la CADH establece expresamente que “[l]os Estados Partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que
sean partes”, y el artículo 67 del mismo tratado establece que los fallos de la Corte
IDH son “definitivos e inapelables”. En especial, el art. 63.1 de la CADH determina
que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada”.
Al respecto, la Corte IDH ha establecido que los Estados parte de la CADH que han
aceptado su jurisdicción, como es el caso de Chile, “tienen la obligación convencional
de implementar tanto en el ámbito internacional como interno y de forma pronta e
íntegra, lo dispuesto por el Tribunal en las Sentencias, y de no cumplirse se incurre
en un ilícito internacional”, agregando que “[l]as obligaciones convencionales de los
Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos
los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder
15 Corte IDH. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr 35 16 Corte IDH. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35, Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2013, considerando 4; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de agosto de 2013, considerando 4.
7
público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los
más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir de buena
fe con el derecho internacional”17.
En este sentido, tanto la acción como la inacción de cualquier Poder u órgano del
Estado compromete la responsabilidad internacional del mismo, también cuando
cualquiera de ellos no toma las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
sentencias internacionales. Así, la implementación efectiva de las decisiones de los
órganos del SIDH es una de las aspiraciones y compromisos de la protección regional
de derechos humanos. La reparación de las violaciones de derechos humanos en
virtud de una resolución internacional hace realidad la tutela comprometida por los
Estados de la región al ratificar la CADH y otros tratados interamericanos. Por esto,
sin ejecución de las sentencias en la esfera local, no es posible hablar de verdadera
tutela regional. Su incumplimiento erosiona la autoridad de las decisiones del SIDH y
desprotege a quienes acuden a este ámbito en búsqueda de amparo18.
En lo práctico, en función del principio de subsidiariedad, existen distintos modelos y
procesos que los Estados de la región han diseñado e implementado con el fin de
cumplir con las decisiones internacionales. En el apartado siguiente presentamos
diversos ejemplos comparados, que se encuentran, además, desarrolladas en varias
publicaciones de CEJIL19. Sin embargo, en función de lo dicho hasta acá, lo que todos
estos procesos, políticas y prácticas tienen y deben tener en común es que deben
plasmar el compromiso de implementar las obligaciones y decisiones internacionales
de buena fe y reconocer la imposibilidad de invocar obstáculos del ordenamiento
interno, dificultades de interpretación, o adecuación normativa a nivel local para
excusarse del cumplimiento de aquellas20.
17 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Considerando 3 y 4, y Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017, Considerando 14. Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 193. 18 KRSTICEVIC Viviana, “Reflexiones sobre la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos” en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales. Krsticevic y Tojo editoras, CEJIL, 2007, pág. 15. 19 CEJIL, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales, disponible en: https://cejil.org/es/implementacion-decisiones-del-sistema-interamericano-derechos-humanos-jurisprudencia-normativa-y; CEJIL, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos, disponible en: https://cejil.org/es/implementacion-decisiones-del-sistema-interamericano-derechos-humanos-aportes-procesos-legislativos; CEJIL, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para la administración de justicia, disponible en: https://cejil.org/es/implementacion-decisiones-del-sistema-interamericano-derechos-humanos. 20 ONU. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, art. 27. ONU. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos AG/56/83, art. 32; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) v. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de 23 de noviembre de 2012. Serie C No. 182. Párr. 23. Véase, asimismo: Cançado Trindade, Antonio. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI. Editorial Jurídica de Chile, 2001.
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La implementación de decisiones en el ámbito interno puede igualmente presentar
diversos desafíos para el Estado, incluyendo la necesidad de convocar a diálogos y
audiencias para evaluar los caminos adecuados para cumplir una reparación, tal y
como lo está haciendo esta Excelentísima Corte Suprema. Sin perjuicio de eso, cabe
destacar que han sido excepcionales los casos en que el cumplimiento se vio
obstaculizado por decisiones judiciales internas que ignoraron las facultades de la
Corte IDH para ordenar dejar sin efecto un acto lesivo de los derechos
convencionales.
Uno de los casos paradigmáticos se ha dado a raíz de la decisión de la Corte IDH en
Apitz Barbera v. Venezuela21. En su sentencia de agosto del 2008, la Corte IDH
ordenó a Venezuela “adoptar dentro del plazo de un año (...) las medidas necesarias
para la aprobación del Código de Ética” de modo tal que garantice la imparcialidad e
independencia del órgano con potestades disciplinarias22. El Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela declaró que el fallo de la Corte IDH resultaba “inejecutable” en
el ámbito interno, en tanto avanzaba sobre competencias exclusivas del Tribunal
Supremo de Justicia y sobre directrices para el Poder Legislativo, en violación a la
soberanía del Estado venezolano de organizar el funcionamiento de los poderes
públicos. A su vez, identificó que la sentencia de la Corte IDH afectaría “principios y
valores esenciales del orden constitucional de la República”23. Ante ello, la Corte IDH
destacó los principios enunciados más arriba, determinando la obligación del Estado
de cumplir de buena fe con sus obligaciones convencionales, y la imposibilidad de
invocar normas constitucionales o legales, u otros aspectos del ordenamiento interno
como obstáculos para el cumplimiento24.
Más recientemente se presentó una situación similar en el caso de Fontevecchia y
D’Amico vs Argentina, donde, entre otras reparaciones, la Corte IDH ordenó al Estado
la misma reparación que ordenó a Chile en el caso que nos convoca. En este sentido,
la Corte IDH ordenó a Argentina “dejar sin efecto la condena civil impuesta a los
señores Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico[,] así como todas sus consecuencias”
en función de que esas condenas violaban los derechos a la libertad de expresión de
las víctimas25. Para ello, determinó que el Estado debía “adoptar todas las medidas
judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias” 26.
21 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182 22 Id. Punto Resolutivo 19. 23 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2012. Párr. 13. 24 Id. 25 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238. Punto Resolutivo 2. 26 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238. Párr. 105.
9
En este caso, la Corte IDH ratificó la obligación estatal de cumplir las decisiones
internacionales en función del principio de pacta sunt servanda27, y afirmó que, “en lo
concerniente al cumplimiento de las sentencias de la Corte, no se trata de resolver el
problema de la supremacía del derecho internacional sobre el nacional en el orden
interno, sino únicamente de hacer cumplir aquello a lo que los Estados
soberanamente se comprometieron”28. En este sentido, la Corte IDH ratificó que
ningún órgano o poder del Estado, tampoco el Poder Judicial, tienen competencia
para determinar cuándo debe cumplirse una reparación ordenada por la Corte IDH,
ya que esa obligatoriedad surge de la CADH y de la aceptación de la jurisdicción del
Tribunal Interamericano por parte de los Estados29.
En particular, la Corte IDH destacó que es un deber de los Estados asegurar que la
efectividad del SIDH no se torne ilusoria, al someter a las víctimas a un complejo
proceso subsidiario a nivel internacional, para que después del mismo, “quede al
arbitrio de órganos del Estado cuándo deben ser cumplidas las reparaciones
ordenadas para subsanar la violación en su perjuicio. La ejecución de las Sentencias
de la Corte Interamericana es parte fundamental del derecho de acceso a la justicia”30.
En este sentido, resulta evidente que Chile tiene el deber de dar cumplimiento íntegro
a la sentencia en el caso Norín Catrimán y otros, y en concreto a la reparación de
dejar sin efecto las condenas emitidas contra las víctimas, las cuales originaron y
concretaron múltiples violaciones de derechos en su perjuicio. Ante ello, nos resulta
extremadamente positivo el compromiso de esta Excelentísima Corte Suprema de
cumplir con esta obligación y la apertura de un diálogo tendiente a ese fin.
III. Las reparaciones de violaciones a la CADH y otros tratados
interamericanos en el marco del SIDH.
Como referimos antes, el artículo 63.1 de la CADH constituye la base convencional
para que la Corte IDH pueda determinar en sus decisiones las medidas que el Estado
debe adoptar para dar cumplimiento a dicha obligación de reparar las violaciones a
los derechos humanos. La propia Corte IDH ha establecido que “[d]icho artículo,
además de recoger una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios
fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad
internacional de un Estado, también otorga a la Corte Interamericana un amplio
margen de discreción judicial para determinar las medidas que permitan reparar las
consecuencias de la violación. La Corte Interamericana ha optado por garantizar a
las víctimas de violaciones a derechos humanos una concepción de reparación
integral, la cual va más alla de las consecuencias pecuniarias de una violación, y no
27 Id. Párr. 13. 28 Id. Párr. 14. 29 Id. Párr. 23. 30 Id. Párr.34.
10
se limita por los mecanismos disponibles en el derecho interno de los Estados para
ejecutar las reparaciones ordenadas.”31
Esta interpretación tiene sustento en principios fundamentales de derecho
internacional. Así, los “Draft Articles of Responsibility of States for International
Wrongful Acts” aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas establecen
que, frente a la violación de una obligación internacional, los Estados deben reparar
integralmente el prejuicio32. El principio es procurar la “reparación integral” del
perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito, el cual debe adoptar la
forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o
combinada33. La restitución implica “restablecer la situación que existía antes de la
comisión del hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esa restitución: a) No
sea materialmente imposible; b) No entrañe una carga totalmente desproporcionada
con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización”34.
Este principio general sobre las consecuencias de la comisión de un hecho
internacionalmente ilícito fue establecido por la Corte Internacional de Justicia en el
caso Factory at Chorzów35. Allí, esta Corte estableció que “es un principio de derecho
internacional que el incumplimiento de un compromiso implica la obligación de reparar
adecuadamente”36. “[P]lena reparación” –prosiguió- “implica que el Estado
responsable debe tratar de “limpiar todas las consecuencias del accionar ilegal y
restablecer la situación que más probablemente hubiera existido si el acto no hubiera
sido cometido”37.
Por su parte, la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 2005 sobre “Principios y directrices basicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones”, establece que, conforme al derecho
interno e internacional, se deberá dar a las víctimas de violaciones de normas
internacionales de derechos humanos una “reparación plena y efectiva[...] en las
formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición”38. Prosigue esta resolución definiendo a la “restitución” como aquella
que “siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la
31 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 2017. Párr. 28. 32 ONU. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, AG/56/83 33 ONU. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, AG/56/83, art. 34. 34 ONU. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, AG/56/83, art. 35 35 P.C.I.J. Factory at Chorzow, Jurisdiction, Judgement No. 8, 1927, Series A, No. 9, pag. 21 y Factory at
Chorzow, Merits, Judgement No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pag. 29 36 Id. Factory at Chorzow, Merits. 37 Id. Factory at Chorzow. 38 ONU. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, párr. 18.
11
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la
violación grave del derecho internacional humanitario...”39
En forma consistente, la Corte IDH ha afirmado desde hace casi 30 años que, “toda
violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el
deber de repararlo adecuadamente”40, y que, en el orden de lo posible, siempre debe
procurar ordenarse medidas de reparación orientadas a lograr la plena restitución a
la situación anterior a la comisión de la violación (restitutio in integrum)41.
En aplicación de estos principios, a lo largo de toda su jurisprudencia, la Corte IDH
ha adoptado medidas de reparación diversas, incluyendo indemnizaciones y medidas
de restitución y reparación, en el entendimiento de que “ademas de las
compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de
no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados”42. Pese a esta
diversidad, estas medidas de reparación han guardado una estricta relación con las
violaciones declaradas y el daño ocasionado, sin descuidar las causas últimas de la
vulneración de derechos a fin de evitar la repetición de graves violaciones a los
derechos humanos43.
En este sentido, siendo que toda autoridad y poder público compromete la
responsabilidad internacional, frecuentemente la Corte IDH debe ordenar
reparaciones ante violaciones que derivan de la actuación del Poder Judicial. Así,
cuando es la propia sentencia judicial local, o la actividad deficiente u omisa del Poder
Judicial la que causa la violación del derecho humano sometido a juicio del tribunal
internacional, el cese de los efectos de la decisión, la reapertura de causas judiciales,
o la reactivación de las investigaciones, pueden constituir medidas necesarias para
restituir a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos o para
reparar los daños infligidos44.
Esto, en efecto, ocurre en una gran mayoría de los casos decididos por la Corte IDH
porque, en virtud del principio de subsidiariedad de la protección internacional, es
necesario el agotamiento de los recursos internos para poder acceder al SIDH. Por
39 ONU. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, párr. 19. 40 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Series C
No.9. Parr. Parr. 25. 41 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.Párr. 221. 42 Corte IDH. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
septiembre de 2018. Serie C No. 362. Párr. 269. 43 KRSTICEVIC Viviana, “Reflexiones sobre la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos” en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales. CEJIL, 2007, pág. 25. 44 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 2017. Párr. 29-30.
12
esa razón, en la inmensa mayoría de los casos bajo examen del SIDH existe como
antecedente un pronunciamiento judicial interno que, en tanto acto estatal que
compromete la responsabilidad internacional del Estado, ha sido insuficiente para
garantizar los derechos conculcados. La obtención de un pronunciamiento judicial
que agote las vías procesales internas (o la demora o imposibilidad en obtenerlo) es
así la llave de acceso al SIDH, lo que a la vez genera la posibilidad de que sea la
propia sentencia de agotamiento de los recursos en sede local la responsable de
confirmar la violación de un derecho, como sucedió en el presente caso.
Ante esto, es usual que las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH
requieran actividad jurisdiccional, y, como veremos, también es frecuente que en los
casos – como en el presente – que existe un claro nexo causal directo entre la
decisión judicial y la violación de derechos, se ordene dejar sin efecto esa decisión
judicial, ya que ello permite cumplir con el principio de la restitutio in integrum45.
Este tipo de reparación es, además, perfectamente consistente con el principio de
subsidiariedad, ya que, al pronunciarse sobre decisiones judiciales de un Estado, la
Corte IDH no actúa como entidad revisora de las mismas, sino que evalúa si los
tribunales que la dictaron incurrieron en violaciones de derechos humanos protegidos
por los tratados bajo su jurisdicción46. En este sentido, en el marco de su capacidad
de fijar su propia competencia y determinar las reparaciones que considere
adecuadas47, si la Corte IDH encuentra que una decisión del Poder Judicial de un
país violó un derecho, entonces no queda otra opción, en virtud del principio de
reparación integral, que dejarla sin efecto.
Ante ello, y como vimos, el Estado no puede hacer otra cosa que cumplir, teniendo
para ello distintas opciones de acuerdo a su legislación interna, siempre que garantice
los efectos propios de la reparación48. Ello es “razonable teniendo en cuenta la
diferencia que tiene la protección internacional respecto de la búsqueda de soluciones
a nivel local, así como cuestiones de orden práctico, relativas a las diversas
estructuras jurídicas, de jurisprudencia y doctrina de cada país y la variedad de las
45 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 2017. Párr. 29-30. 46 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrs. 16 y 19, y Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017, párr. 55. 47 Ver aplicación del principio Kompetenz-Kompetenz en: Corte IDH. Caso J. v Peru. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Consid. 18. Ver asimismo, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros v. Trinidad y Tobago. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrs. 16 y 17; Caso Masacres de Río Negro v. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 35. 48 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros (270 Trabajadores) Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2005.Parr. 6.
13
medidas ordenadas por la Corte, considerando la especificidad en cada caso, entre
otras”49.
Teniendo esto en cuenta, en el acápite siguiente sistematizamos algunos ejemplos
comparados similares que pueden orientar al Estado chileno y a la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia para dar cumplimiento a la reparación.
IV. La reparación de dejar sin efecto sentencias judiciales: experiencias
comparadas y caminos posibles para la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia de Chile.
Como vimos, la Sentencia del caso Norín Catrimán y otros no es la primera decisión
del SIDH que prevé como reparación dejar sin efecto una condena. De hecho, existen
numerosos ejemplos de casos, tanto en el SIDH, como en el Sistema Europeo y en
países de esa región en los que se establecieron reparaciones similares, y que sirven
para ejemplificar diversas vías tomadas por los Estados para poder cumplir con la
obligación internacional respectiva.
Así, por ejemplo, en el Caso Kimel vs Argentina - en el que se condenó a Argentina
por violaciones a la libertad de expresión y otros derechos por haber condenado al Sr.
Kimel a un año de prisión en suspenso y al pago de 20 mil pesos por el delito de
calumnias e injurias- la Corte IDH ordenó como reparación: “dejar sin efecto [la]
sentencia en todos sus extremos, incluyendo los alcances que ésta tiene respecto de
terceros a saber: 1) la calificación del señor Kimel como autor del delito de calumnia;
2) la imposición de la pena de un año de prisión en suspenso, y 3) la condena al pago
de $ 20.000,00 (veinte mil pesos argentinos). Para ello, el Estado cuenta con un plazo
de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado
debe eliminar inmediatamente el nombre del señor Kimel de los registros públicos en
los que aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente caso”50.
El Estado argentino dio cumplimiento a esta medida hacienda lugar, a través de la
Sala III de la Cámara de Casación, al recurso de revisión presentado por la hija de la
víctima y resolviendo dejar sin efecto la condena impuesta al Sr. Kimel51.
Otro de los precedentes que cabe mencionar es el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica,
en el cual la Corte IDH ordenó al Estado “dejar sin efecto, en todos sus extremos, la
sentencia [penal condenatoria] emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal
Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en perjuicio del señor Mauricio Herrera
49 KRSTICEVIC Viviana, “Reflexiones sobre la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos” en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales. Krsticevic y Tojo editoras, CEJIL, 2007, pág. 31. 50 Corte IDH. Caso Kimel v. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Punto Resolutivo 7. 51 Camara Nacional de Casación Penal, Sala III, Causa Nº 13.272, “Kimel, Eduardo Gabriel s/ Recurso de revisión”, Registro número 1718/11, disponible en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/05/SentenciaKimelCNCP.pdf
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Ulloa”52. En este caso, el mismo tribunal penal que dictó la sentencia violatoria de
derechos, en “estricto acatamiento a lo ordenado por la Corte Interamericana”, emitió
una nueva sentencia mediante la cual dejó sin efecto en todos sus extremos la
sentencia condenatoria53. Además, se emitió una sentencia en la jurisdicción
contencioso administrativa para ordenar al Estado la restitución de lo que pagó la
víctima de este caso como consecuencia de dicha condena54.
Por otro lado, en el caso Tristán Donoso vs Panamá, la Corte IDH ordenó a Panamá
”dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Santander Tristan Donoso y todas
las consecuencias que de ella derivaron”55. En virtud de ello, el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia panameña emitió un acuerdo mediante el cual resolvió remitir el
fallo en cuestión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “a fin que se
revis[ara] la sentencia penal de 1 de abril de 2005, mediante la cual se condenó al
señor Tristán Donoso”. Dicha Sala resolvió dejar sin efecto la referida sentencia y
todas sus consecuencias56.
La experiencia en la implementación de decisiones del Tribunal Europeo – pese a las
diferencias sustantivas en las facultades de reparación y la institucionalidad de
supervisión de ambos sistemas - ha seguido un camino similar al de la Corte IDH,
alentando de modo general los mecanismos de reapertura de procesos,
especialmente cuando se trata de decisiones judiciales que violan la Convención
Europea de Derechos Humanos.
Cabe destacar que, en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el encargado de
velar por la ejecución de las sentencias es el Comité de Ministros (órgano de
supervisión del Consejo de Europa compuesto por representantes de los Estados
miembros). Bajo ese sistema, depende en gran medida de este órgano la elección de
las medidas necesarias para cumplir con las decisiones y el monitoreo de las
mismas57. En el marco de estas facultades, el Comité de Ministros emitió una
recomendación promoviendo mecanismos de implementación efectiva58. Allí, alentó
a los Estados Partes de la Convención Europea a revisar sus sistemas legales
nacionales a fin de asegurar que existan posibilidades de re-examinar un caso o
52 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. IX. punto 4. 53 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, 9 de julio de 2009 y 22 de noviembre de 2010. 54 Id. 55 Corte IDH. Caso Tristan Donoso Vs. Panama. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27de enero de 2009. Serie C No. 193. Punto Resolutivo 14. 56 Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1 de septiembre de 2010. Párr. 13. 57 Ver, por ejemplo, TEDH, "Case of Marckx v. Belgium". 13 June 1979 párr. 58. 58 No. R (2000) 2, Sobre el re-examen o reapertura de ciertos casos a nivel local en consecuencia de
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa el 19 de enero del año 2000 en ocasión a su reunión número 694. disponible en:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06
15
reabrir procedimientos judiciales cuando la Corte Europea haya establecido una
violación a la Convención Europea. El Comité consideró que ello es fundamental
especialmente en “aquellos casos en los que la Corte establezca que la decisión es
en sus méritos contraria a la Convención”59. Adicionalmente, el Comité afirmó que la
necesidad de reapertura no esta limitada a procesos de carácter penal, sino que
comprende procesos de tipo administrativo y de otro carácter que incurran en estos
supuestos excepcionales planteados y que justifican que la decisión de la Corte
Europea prevalezca sobre los principios en los que se sustenta la cosa juzgada, en
particular el de certeza legal60.
En efecto, existen diversos ejemplos de estados europeos que habilitaron la
reapertura de casos a los efectos de modificar aspectos del proceso o las decisiones,
o dejarlas sin efecto61.
En ese sentido, Austria, por ejemplo, permitió la reapertura del procedimiento penal
luego de la sentencia en el caso Unterpertinger, mediante la cual la Corte Europea
condenó al Estado por violar los derechos de debido proceso de la persona
condenada62. En principio, ello se logró a través de la presentación, por parte del Fiscal
General, de una nulidad en interés de la ley bajo el artículo 33 del Código de
Procedimiento Penal. Con posterioridad, Austria introdujo una provisión que permite
la reapertura de los procedimientos como consecuencia de una sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que determine una violación de derechos63. Varios
otros países, incluyendo Turquía, Grecia, Bulgaria y Luxemburgo han incorporado
causales específicas en sus normativas penales para proceder efectivamente a
revisar o dejar son efecto sentencias64. Otros países, aun sin contar con legislación
59 Id. 60 Id. 61 Algunos ejemplos que ilustran esta tendencia han sido resumidos por el Consejo de Europa. Véase, Council of Europe. Reopening of cases following judgments of the Court. Disponible en: https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/echr-system/implementation-and-execution-judgments/reopening-cases; ver también, Council of Europe. Round Table on “Reopening of proceedings following a judgment of the European Court of Human Rights”. Conclusions. Strasbourg, 5-6 October 2015. disponible en: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805921a0; Council of Europe. Steering Committee for Human Rights. Committee of Experts on the Reform of the Court. Overview of the exchange of views held at the 8th meeting of DH-GDR on the provision in the domestic legal order for the re-examination or reopening of cases following judgments of the Court. 12 February 2016. Pág 4. disponible en: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680654d5a 62 TEDH, Case of Unterpertinger v. Austria, Application n 9120/80, Judgment of 24.11.1986, Resolution DH (89) 2 63 Ver: Polakiewicz, Jorge and Jacob-Foltzer, Valerie. “The European Human Rights Convention in Domestic Law: The impact of Strasbourg case-law in states where direct effect is given to the Convention”; en Human Rights Journal, Vol. 12, No 4. pag. 12. 64 Ver por ejemplo, TEDH. Case of Sadak, Zana, Dicle and Dogan v. Turkey (No. 1), Applications nos. 29900/96, 29901/96, 29902/96 and 29903/96. Judgment of 17.07.01, Interim Resolution DH (2002) 59); Ley No. 4793 entró en vigor el 4 de febrero de 2003. Ver también, Informe del Comité de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa sobre implementación de decisiones por parte de Turquía, disponible en: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10553&lang=EN; TEDH. Case of Serif v.
16
dieron lugar a mecanismos judiciales específicos que permitieron revisar, anular o
revocar total o parcialmente las sentencias65.
Un estudio realizado en 2015 por el Comité para la reforma de la Corte Europea de
Derechos Humanos sobre buenas prácticas en la implementación de sentencias66, y
especialmente en la revisión y revocación total o parcial de decisiones como forma de
cumplir con la restitutio in integrum, se concluyó que, en el caso de procedimientos
penales:
i. 33 Estados del Consejo de Europa han habilitado procesos para la
reapertura de procesos y revisión o revocación de sentencias locales luego
de que las mismas hayan sido halladas contrarias (total o parcialmente) a
la Convención Europea;
ii. Una mayoría de estos Estados lo hacen a través de leyes específicas, y en
al menos dos de ellos la práctica fue precedida por decisiones de tribunales
nacionales a través de interpretaciones dinámicas de las normas ya
existentes;
iii. Los obstáculos principales identificados son la cosa juzgada, el principio de
legalidad y los principios como el non bis in idem, la prescripción, etc, pero
en varios casos han podido superarse con interpretaciones judiciales
dinámicas de las normas existentes67, o con la invocación de la aplicación
directa de la Convención Europea en la normativa interna. En particular, en
Moldova, por ejemplo, las decisiones de la Corte Europea han sido
consideradas por los tribunales como órdenes de ejecución (“writ for
execution”) o “circunstancias excepcionales”.
iv. En varios casos se contempla que los procesos pueden ser iniciados por
las partes, sus familiares o por el Estado de oficio.
Greece, Application n. 38178/97, Judgment of 14/12/99. Article 525§5 of the Code of Criminal Procedure was amended by Act; Legislación de Bulgaria, 231, paragraph 1, (h) of the Code of Civil Procedure, para Luxembrugo ver: Polakiewicz, Jorge and Jacob-Foltzer, Valerie. “The European Human Rights Convention in Domestic Law: The impact of Strasbourg case-law in states where direct effect is given to the Convention”; en Human Rights Journal, Vol. 12, No 4. pág. 126. 65 Ver, por ejemplo, el caso de Finlandia, donde luego del caso Z. v. Finland, en el que se estableció que una sentencia que ordenaba desclasificar información médica violaba los derechos de la víctima, se logró la revocación parcial de la sentencia y la emisión de un nuevo fallo a través de un pedido extraordinario por parte del “Deputy Chancellor of Justice” a la Corte Suprema del país. Council of Europe. Round Table on “Reopening of proceedings following a judgment of the European Court of Human Rights” Strasbourg, 5-6 october 2015. disponible en: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805921ca 66 Council of Europe. Steering Committee for Human Rights. Committee of Experts on the Reform of the Court. Overview of the exchange of views held at the 8th meeting of DH-GDR on the provision in the domestic legal order for the re-examination or reopening of cases following judgments of the Court. 12 February 2016. disponible en: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680654d5a 67 Spain, judgment 245/1991 of 16 December 1991 and Italy, judgment No. 113 of 4 April 2011.
17
v. Al menos Estonia, Francia, Polonia, Rusia, y Slovakia refirieron casos
exitosos de reapertura de procesos, donde las decisiones que habían
violado derechos fueron revocadas o anuladas.
Lo anterior evidencia que, inspirado en los principios descritos arriba, existen diversos
caminos que los Estados han implementado para superar obstáculos de orden interno
y poder dar cumplimiento a reparaciones internacionales que requieren la revisión,
revocación, o cese de efecto de sentencias judiciales firmes. Muchas de estas
opciones tienen cabida en el ordenamiento jurídico chileno, y han sido incluso, como
veremos, utilizadas por el Estado en varias oportunidades.
V. Experiencias y normas relevantes en Chile.
En el caso chileno, es menester destacar que esta Honorable Corte ya se ha
manifestado en una ocasión anterior respecto de una sentencia de la Corte IDH que
contenía una reparación similar a la ordenada en el caso Norín Catrimán y otros. Se
trata del caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile, en el cual la Corte
IDH estableció que el Estado chileno había violado el artículo 25 y el artículo 2 en
relación con el artículo 1.1 de la CADH por la ausencia de un recurso efectivo para
anular las sentencias dictadas durante el proceso 1-73 en perjuicio de las víctimas del
caso68.
En consecuencia, la Corte IDH ordenó al Estado chileno a “que dentro del plazo de un
año […] adopte las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que
sean adecuadas para poner a disposición de las personas condenadas por los
Consejos de Guerra durante la dictadura militar chilena un mecanismo que sea
efectivo para revisar y anular las sentencias de condena que fueron proferidas en
procesos que pudieron tomar en cuenta prueba y/o confesiones obtenidas bajo
tortura”69.
Tal y como informó el Estado a la Corte IDH en el proceso de supervisión de la
sentencia, para el cumplimiento de esa reparación “se creó un [s]ubcomité liderado
por la Secretaría General de la Presidencia, encargada de evaluar la mejor manera
de proceder”, identificando, además que “[l]os representantes de las víctimas
sugirieron una propuesta mediante la cual el Estado, a través del Consejo de Defensa,
solicitara al Fiscal Judicial de la Corte Suprema presentar un recurso de revisión para
anular las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra”70. En acogimiento de esta
propuesta, en abril de 2016 “se presentó dicho requerimiento por parte del Consejo
de Defensa” y en mayo de 2016 “el Fiscal Judicial de la Corte Suprema presentó el
recurso de revisión sugerido por [dicho] Consejo”, el cual fue resuelto positivamente
68 Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015. Serie C No. 300., Párr. 170 69 Id. 70 Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017. Párr. 25.
18
el 3 de octubre de 2016 por “sentencia definitiva” de la “Segunda Sala de la Corte
Suprema”71. Para la resolución afirmativa de dejar sin efecto las condenas, la Segunda
Sala tuvo en cuenta diversos “elementos de convicción presentados para configurar
la causal de revisión planteada”, entre ellos, lo resuelto en el 2015 por la Corte IDH en
la Sentencia del presente caso72.
Para impulsar estos recursos de revisión, la Excelentísima Corte Suprema se amparó
en el inciso cuarto del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal, según el cual
“[l]a Corte Suprema podra rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se
haya condenado a alguien por un crimen o simple delito, para anularlas en los casos
siguientes: [...] 4° Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurriere o
se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el
proceso, que sean de naturaleza tal que basten para establecer la inocencia del
condenado”73.
Lo anterior es un precedente para la discusión que la Excelentísima Corte Suprema
se ha planteado, el cual podría servir como antecedente de mínima para que el Estado
pueda resolver este caso, y como una oportunidad para impulsar una discusión más
amplia sobre las posibilidades de determinar las medidas o mecanismos, dentro del
marco de competencias de la Excelentísima Corte Suprema, que le permita dejar sin
efecto las sentencias que son objeto de pronunciamientos internacionales. En
cualquier caso, el punto fundamental es que dicho proceso o mecanismo se realice
de forma expedita, persiga la finalidad útil de la reparación, y cumpla con el deber
internacional de cumplir de buena fe con las decisiones internacionales para evitar la
responsabilidad internacional del Estado.
Esto de hecho fue en gran medida el fundamento de la decisión de esta Excelentísima
Corte en el caso Maldonado, donde expresó que:
No debe olvidarse que, como es propio del derecho del derecho
internacional, los Estados deben cumplir con sus compromisos de buena fe,
es decir, con la voluntad de hacerlos efectivos (este principio de derecho
internacional emana de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, artículo 26) y que ademas –o como consecuencia de lo anterior-,
el incumplimiento del fallo trae consigo la responsabilidad internacional del
Estado de Chile, conforme a los artículos 65 y 68 N° 1 de la Convención, por
lo que todos sus órganos –incluyendo ésta Corte, huelga senalar –en el
ambito de sus competencias– deben tener en consideración dichas
obligaciones, para no comprometer la responsabilidad del Estado. Así, en la
interpretación y aplicación de las normas que tratan la acción de revisión, en
especial la causal de invalidación invocada, no debe preterirse que lo que
71 Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017. Párr. 25. 72 Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017. Párr. 34. 73 Id. Párr. 29.
19
esta en juego no es sólo la resolución de un caso concreto, sino que la
responsabilidad del Estado de Chile en caso de optar por una lectura
restrictiva de los derechos humanos y, en particular, del derecho a un
mecanismo efectivo y rapido para revisar y poder anular las sentencias
dictadas como corolario de un proceso injusto […]
Empero, conviene resaltar que, aún de no haberse dictado en el
pronunciamiento referido por la C[orte Interamericana] en el caso ‘Omar
Humberto Maldonado Vargas y otros versus Chile’, igualmente esta Corte
Suprema debe procurar adoptar una interpretación de las normas
procesales nacionales que conduzca al resultado indicado en ese
pronunciamiento, dado que lo resuelto por la C[orte Interamericana] no
busca sino hacer realidad el derecho a un recurso efectivo y rapido que
consagra la Convención Americana de Derechos Humanos que fue suscrita
y ratificada por Chile y, por tanto, derecho vigente en nuestro ordenamiento
de rango constitucional conforme al artículo 5, inciso 2°, de la Carta
Fundamental. En ese orden, los tribunales tienen la obligación de intentar
una interpretación de las normas nacionales que afecten derechos humanos
que sea armónica con las obligaciones internacionales del Estado en este
campo, aun cuando dichas normas internas en sí mismas no se ajusten a la
Convención [...], a lo que cabe agregar que, atendidas las particularidades
de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho Constitucional
como el nuestro, dichos derechos deben interpretarse de acuerdo a ciertos
criterios, y uno de éstos, es el principio pro persona, de acuerdo al cual debe
preferirse aquella norma o interpretación que d[é] mayor efectividad a la
protección de los derechos humanos.
Entonces, ya que se ordena por la Corte [Interamericana] que el mecanismo
para revisar las sentencias que se ponga a disposición de quienes
comparecieron ante dicho tribunal y los demas sentenciados por Consejos
de Guerra sea ‘efectivo’, ello implica que el estudio de los extremos de la
causal de revisión invocada del artículo 657 N°4 del Código de
Procedimiento Penal, debe efectuarse por esta Corte Suprema de manera
de no sujetar la procedencia de esa causal a condicionamientos excesivos,
lo que, por ende, conducira a rechazar interpretaciones de los requisitos
legales para su admisión o estimación que sean poco razonables o restrinjan
injustificadamente dicho acceso o sus posibilidades de ser acogido. Ello en
armonía con la jurisprudencia de la misma C[orte Interamericana] [...]74
En la implementación de las decisiones del SIDH, algunas sentencias a nivel local
merecen ser destacadas ya que dan luces acerca de cómo los juristas de distintos
países de la región han enfrentado los obstáculos para ejecutar las decisiones
74 Sentencia emitida por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema de Chile el 3 de octubre de 2016 en la causa Nº 27543/2016 (Revisión); Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017. Párr 39.
20
internacionales. Esta es una de ellas y, por ende, consideramos que la Excelentísima
Corte Suprema puede tener en cuenta este precedente y los estándares establecidos
como un piso mínimo al momento de resolver cómo proceder con el cumplimiento del
punto resolutivo 16 del caso Norín Catrimán y otros.
Sin perjuicio de esto, teniendo en cuenta las obligaciones detalladas en el presente
escrito y en el caso Maldonado, y los diversos ejemplos comparados anteriormente,
la Excelentísima Corte Suprema tiene también a disposición la posibilidad de explorar
otros mecanismos dentro de sus facultades, como puede ser la decisión de ordenar
directamente y de oficio el cese de efectos de las sentencias objeto de reparaciones
internacionales, o la posibilidad de dictar Autos Acordados para establecer criterios y
mecanismos que puedan generar mayor garantía y previsibilidad para el cumplimiento
efectivo de las reparaciones internacionales que estén dentro de sus competencias,
u otras medidas que por vía directa cumplan los efectos de la reparación75.
Un caso importante que evidencia la capacidad de la Excelentísima Corte Suprema
de ejecutar las decisiones internacionales que le competen a sus facultades por vías
de interpretaciones dinámicas y aplicabilidad directa de las normas del SIDH, es la
decisión dictada el 2 de octubre de 2017 por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema,
a través de la cual se resolvió cumplir con lo ordenado por la CIDH, y disponer la
reapertura en sede ordinaria de la causa penal contra un carabinero por la muerte del
joven mapuche Alex Lemun Saavedra, que tenía un sobreseimiento temporal luego
de un proceso violatorio de derechos ante la jurisdicción militar. Dicha intervención
oportuna, de oficio y directa de la Excelentísima Corte Suprema para dar
cumplimiento a lo ordenado por la CIDH en su informe de fondo, garantizó el
cumplimiento de esa reparación internacional a la familia.
A los ejemplos comparados presentados en el acápite anterior, y las experiencias
relevantes que ya existen en la jurisprudencia chilena, cabe además sumar varias
normas y principios de orden constitucional que avalan las facultades de esta
Excelentísima Corte Suprema para dar cumplimiento a lo ordenado a través de
diversos mecanismos.
Cabe recordar que, según la Corte IDH, para cumplir con su deber de dejar sin efecto
en todos sus extremos las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de
las víctimas, el Estado debe realizar varias acciones, incluyendo:
i) “dejar sin efecto la declaración de las ocho víctimas de este
caso como autores de delitos de caracter terrorista”;
75 Ver Viviana Krsticevic, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Aportes para los procesos legislativos, CEJIL, 2009, que incluye ejemplos de diversos mecanismos implementados desde distintos espacios estatales para garantizar el cumplimiento de las reparaciones. Disponible en https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/implementacion_aportes_para_los_procesos_legislativos_2.pdf
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ii) “dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas
accesorias, consecuencias y registros, a la mayor brevedad posible,
así como las condenas civiles que se hayan impuesto a las
víctimas”;
iii) “disponer la libertad personal de las víctimas que aún se
encuentren sujetas a libertad condicional”, y
iv) “suprimir los antecedentes judiciales, administrativos,
penales o policiales que existan en contra de las ocho víctimas en
relación con las referidas sentencias, así como la anulación de su
inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que
los vincule con actos de caracter terrorista”76.
Como hemos dicho, lo que convoca principalmente a la audiencia fijada por esta
Excelentísima Corte Suprema es el cumplimiento de lo relativo a “dejar sin efecto la
declaración de las ocho víctimas en este caso como autores de delitos de carácter
terrorista”. Ello por cuanto las víctimas condenadas en este caso cumplieron
íntegramente sus respectivas sentencias y se encontraban en consecuencia libres al
momento de dictarse la sentencia ante la Corte Interamericana, por lo que la condena
internacional no ha tenido un efecto práctico en este punto. En cuanto a la supresión
de los antecedentes, esta obligación se encuentra prácticamente satisfecha.
El cumplimiento de la obligación indicada, sobre dejar sin efecto la declaración como
autores de delitos terroristas, compete en principio al Poder Judicial como órgano
jurisdiccional por excelencia. Esa competencia está indicada en nuestra Constitución
Política, en su artículo 76, cuando dispone que “la facultad de conocer de las causas
civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Y agrega que “ni el Presidente
de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales,
avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus
resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Al respecto, uno de los principios fundamentales que ordena la actuación de los
tribunales en Chile es el principio de inexcusabilidad que dispone expresamente que
los tribunales de justicia “reclamada su intervención en forma legal y en negocios de
su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley
que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión”77.
En la especie, al Poder Judicial chileno, a través de su máxima autoridad, la
Excelentísima Corte Suprema en Chile, se le ha requerido su intervención para dejar
sin efecto las sentencias locales que declararon como autores de delitos de carácter
terrorista a las ocho víctimas de este caso.
76 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. Párr. 422 77 Constitución Política de Chile, artículo 76
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Esto aparece así desde el momento que la Resolución de Supervisión de
Cumplimiento dictada por la Corte Interamericana el 28 de noviembre de 2018, solicita
que el Estado de Chile presente información que acredite “que haya sido dejada sin
efecto la declaración de ocho víctimas como autores de delitos de caracter terrorista”,
dando en consecuencia por incumplida hasta la fecha ese aspecto de la sentencia.
Así lo ha puesto de relieve también los oficios de la Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Internacionales dirigidos a esta Excelentísima Corte a
raíz de este caso. Esta misma audiencia es prueba de que la Corte Suprema se ha
sentido interpelada para hacerse cargo del cumplimiento de este aspecto de la
sentencia internacional.
Por otra parte, el artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales de Justicia dispone que
los tribunales tienen facultades conservadoras. Estas facultades son definidas por el
profesor Mario Verdugo como “aquéllas que tienen por objeto velar por los límites
funcionales de todos los poderes públicos, evitando desviaciones o abusos de poder
a fin de proteger en esta forma los derechos garantizados en la Constitución”78
En la especie, la sentencia dictada por la Corte IDH da cuenta de un proceso seguido
en contra de las víctimas, que ha violado importantes garantías fundamentales,
reconocidas tanto por nuestra Constitución Política como por tratados internacionales
de derechos humanos, que, según jurisprudencia asentada de esta Excma. Corte
Suprema, forman parte material de la propia Carta Fundamental. Ello naturalmente
es constitutivo de un abuso o desviación de poder y que ha generado violaciones a
los derechos humanos, en este caso de los ocho condenados en la causa que motivó
el proceso internacional.
El carácter materialmente constitucional de los tratados internacionales ha llevado a
esta ilustrísima Corte a aplicar directamente sus disposiciones, aun por sobre
legislación de origen nacional. En el caso del Decreto Ley de Amnistía, por ejemplo,
respecto de la última jurisprudencia emanada desde el año 2005, la profesora Miriam
Henríquez ha constatado que “la tendencia de los tribunales superiores de justicia, ya
sea en los fallos con decisión de mayoría o en los votos de minoría, a reconocer la
preeminencia de la aplicación de los tratados de derechos humanos ante un conflicto
normativo con la legislación interna. Las expresiones que dan cuenta de ello son los
términos reiterados: “prevalencia”, “preeminencia”, “primacía”79.
Por otro lado, la Corte IDH después un juicio seguido en contra del Estado de Chile,
ha declarado, de forma definitiva e inapelable, que la sentencia nacional dictada en
contra de las víctimas violó garantías fundamentales, y ha ordenado en consecuencia
dejarla sin efecto en todos sus extremos. Esta orden emanada del Tribunal
Interamericano, a lo que se agrega facultades conservadoras de los tribunales
nacionales, más el deber de cumplir de buena fe los tratados y decisiones
78 Verdugo, Mario. “Vigorización de las facultades conservadoras de los Tribunales de Justicia” en Cuadernos de análisis jurídico de la Universidad Diego Portales, n°31, 1996, p. 337 79 Henríquez Vinas, Miriam Lorena “Jerarquía de los tratados de derechos humanos: analisis jurisprudencial desde el método de casos”, Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Santiago, v. 6, n. 2, 2008
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internacionales, ofrecen fuertes fundamentos para la facultad del máximo órgano
jurisdiccional chileno para dejar sin efecto las sentencias por vía directa y de oficio.
Los jueces como órganos del Estado se encuentran obligados a respetar y promover
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la
Constitución y lo tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes (Art. 5 inc. 2° CPR), lo que implica implementar activamente aquellas
resoluciones internacionales que tienen por objeto reparar íntegramente las
violaciones cometidas internamente. Aquello es una emanación, asimismo, del deber
de garantizar el orden institucional de la República, el que incluye implementar los
fallos de la jurisdicción internacional a la que el país sea ha sometido voluntariamente
de un modo expedito y eficaz.
VI. Conclusión.
La falta de implementación de las sentencias dictadas por la Corte IDH, implica una
nueva violación de derechos en contra las víctimas de violaciones de derechos
humanos, un quiebre de la promesa de protección judicial interamericana, y una
expresión de la debilidad del Estado de derecho. En ese sentido, fortalecer la
implementación de las sentencias del SIDH exige considerar una estrategia que
comprenda a varios actores claves en la ejecución de las decisiones y que, de este
modo, facilite las acciones propias de quienes tienen a su cargo aspectos del
cumplimiento80.
Todos los poderes e instituciones estatales tienen un rol clave en garantizar el
cumplimiento de las decisiones. En el caso del Poder Judicial, destacamos, además
de sus facultades para emitir pronunciamientos judiciales que cumplan con las
sentencias, su papel protagónico en la posibilidad de desarrollar y contribuir a la
definición de políticas, expresada en la elaboración de directrices, acordadas,
jurisprudencia, que permita resolver algunos dilemas que se presentan al ejecutar las
decisiones del sistema, como por ejemplo, la definición de competencias,
procedimientos aplicables, alcance de institutos jurídicos fundamentales, etc.
En el caso concreto, y como ha quedado demostrado, el Estado chileno debe cumplir
a cabalidad con la sentencia del caso Norin Catriman y otros, incluyendo con la
reparación de dejar sin efecto las condenas contra las víctimas. Tal como lo ha
expresado la Corte IDH en su última resolución de cumplimiento, las medidas
implementadas hasta la fecha, que incluyen haber eliminado los antecedentes
penales y dejado sin efecto las órdenes de captura, no son suficientes, ya que
permanecen vigentes las sentencias condenatorias, y las declaraciones de
80 KRSTICEVIC Viviana, “Reflexiones sobre la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos” en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales. Krsticevic y Tojo editoras, CEJIL, 2007,
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responsabilidad penal de las víctimas como terroristas. Ante esto, la falta de
mecanismos internos, o las dificultades de interpretación normativa no pueden
convertirse en obstáculos para el cumplimiento. Como dijimos, si bien el Estado – y
en este caso la Excma. Corte Suprema – tiene un margen de discrecionalidad para
evaluar cómo cumplir dicha medida, debe garantizar su ejecución. Para ello, no solo
Chile cuenta ya con antecedentes relevantes en la jurisprudencia de esta
Excelentísima Corte Suprema, sino que puede apelar también a los diversos ejemplos
comparados que hemos presentado, y a las facultades que la Excma. Corte tiene bajo
el control de convencionalidad y la obligación de cumplir las sentencias
internacionales de buena fe para impulsar medidas y mecanismos que garanticen el
cumplimiento de esta y otras reparaciones similares.
Ha quedado demostrado, además, que no existe una imposibilidad jurídica de dejar
sin efecto las sentencias. De hecho, la posibilidad de dejar sin efecto una sentencia,
aun cuando haga cosa juzgada, se encuentra en la base del sistema recursivo en
general. Este principio no es absoluto, ya que cede en el ámbito penal y en el civil
frente a diversas situaciones, como el error, la arbitrariedad, la prueba nueva que
demuestre que no hubo delito o que excluya la responsabilidad del condenado, el
cohecho, el prevaricato, etc. Para superar este y otros posibles obstáculos,
destacamos también lo que establece el artículo 29 de la CADH, en el sentido de que
un conflicto de preeminencia entre disposiciones de derecho interno e internacional
en el ámbito de la protección de los derechos humanos debe resolverse vía una
interpretación que amplíe y no restrinja el goce de los derechos garantizados en la
CADH81.
Recordamos, por último, que la sentencia en cuestión representa un precedente
importante para Chile y para las comunidades mapuche, cuyos integrantes siguen
enfrentando muchas veces discriminación en los procesos judiciales iniciados en su
contra, incluyendo con la aplicación de la Ley Antiterrorista. En ese marco, la
satisfacción de la reparación integral de las víctimas de este caso, y en particular el
dejar sin efecto sus condenas como terroristas, cobra una mayor importancia y
constituye un paso relevante para el reconocimiento de los derechos de las
comunidades afectadas.
Esta audiencia convocada por la Excelentísima Corte Suprema representa un
adecuado ejercicio de la discrecionalidad que tiene el Estado para garantizar el
cumplimiento de las sentencias buscando las vías adecuadas en el ordenamiento
interno para ello. Esperamos que la misma pueda impulsar discusiones sobre el
cumplimiento de sentencias internacionales en Chile que trasciendan incluso este
caso concreto. Sin perjuicio de esto, para el cumplimiento concreto de la reparación
81 Ver, Antonio Cançado Trindade, "La Interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en la Protección de los Derechos Humanos" en El derecho internacional de los derechos humanos en el S.XXI, Ed. Jurídica de las Américas, 2009.
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de dejar sin efecto las condenas en el caso que nos compete, la Excelentísima Corte
Suprema ya cuenta con las herramientas suficientes como para poder ejecutarla, y
esperamos pueda considerar los argumentos aquí esbozados y los diversos ejemplos
presentados como guías para ello.
Sin otro particular y aguardando que nuestra intervención resulte de utilidad para la
discusión de la audiencia y el cumplimiento íntegro de la sentencia,
Saludamos cordialmente,
Maria Noel Leoni
Directora
Programa para el Cono Sur y Bolivia
CEJIL
Sergio Fuenzalida Bascuñán
Profesor
Facultad de Derecho y Humanidades
Universidad Central