¿brecha o inclusiÓn digital? scott s. robinson...ofrecimiento de contenidos y el desarrollo de...

S. Robinson, UAM Cuerpo Académico

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¿BRECHA O INCLUSIÓN DIGITAL?1

Scott S. Robinson

[email protected]

“Las redes procesan metas que han sido programadas para cumplir.”

Castells 2000:16

“...El proceso de innovación dentro de los nuevos medios esta permeado

de novedosas relaciones de poder.” Mansell 2004:101

“Una política dirigida a la reducción de la brecha digital debe considerar

que las TICs corren el peligro de ser cautivos de las ineficiencias

organizativas existentes.” Mariscal 2005:415

“La Sociedad de la Información tiene paradojas e insuficiencias que

impiden cualquier entusiasmo incondicional ante su imponente oferta

de contenidos” Trejo 2006:14

Durante muchos años han perfilado discursos sobre la “brecha

digital”, sin acertar su referencia empírica y generando la sospecha que su

amplia difusión forma parte de una campaña más de promoción de una

leyenda justificante del consumo de productos de las industrias del

cómputo y los programas de las aplicaciones digitales disponibles en los

“mercados emergentes”.2 En efecto, la preocupación por la “brecha

digital” entre las organizaciones internacionales y grupos civiles coincide

con la dramática expansión del mercado de las nuevas tecnologías de

información y comunicación (TICs) en la región latinoamericana durante

los últimos dos lustros.3 Coincide también con una estrategia y el inicio de

la nueva política económica digital. La “inclusión digital”como discurso y

plataforma justificativa de programas de desarrollo ahora se inserta en un

contexto global y de poder desigual entre los actores, usuarios e


2

instituciones involucradas. La ausencia de acceso a la red de redes por

parte de la mayoría de la población de los respectivos países de la región, a

estas alturas, sí se traduce en una demanda articulada y potencial, anclada

en el derecho humano a la comunicación, que ha requerido y generado su

imaginario con relación a las políticas públicas enfocadas sobre este tema y

conforme se abaratan los insumos de hardware y software. Pero es una

demanda de organizaciones civiles repartidas en muchos países que los

diversos Estados nacionales aún no atienden a profundidad.4

Acompaña este proceso retórico y mercantil un novedoso imaginario

construido para las campañas de la mercadotecnia de la industria digital.

Reza así: la presencia de una computadora personal en casa mágicamente

equivale a un boleto de entrada a la sociedad de la información. El hecho

tiene implicaciones aún no bien comprendidas para los procesos

democráticos de hoy y mañana, últimamente en vías de una amorfa

reconfiguración bajo el rubro resbaloso de “e-gobierno y/o e-gobernancia”.

Esta “brecha digital” refiere al acceso diferenciado que tienen las personas

a las TICs, su habilidad para utilizarlas, el empleo actual que le dan a las

mismas, el impacto que su uso tiene sobre su bienestar personal, familiar y

comunitario, y su participación en las inevitables negociaciones del poder

en sus distintas instancias. Pero no se habla con frecuencia de la “inclusión

digital”, una frase de singular complejidad en el contexto de la economía

política de la expansión de las TICs, la relativa impermeabilidad de los

entes reguladores en esta materia y la evolución de las “democracias

latinoamericanas”.

LA INCLUSIÓN DIGITAL – UN CONCEPTO DENSO5

La “inclusión digital”, en esta acepción, refiere al conjunto de políticas

públicas relacionadas con la construcción, administración, expansión,


3

ofrecimiento de contenidos y el desarrollo de capacidades locales y apoyos

cognoscitivos en las redes digitales PÚBLICAS, alámbricas e inalámbricas,

en cada país y en la región entera. Incluye las garantías de privacidad y

seguridad ejercidas de manera equitativa para todos los usuarios de estas

redes. Abarca el adiestramiento y el incentivo para desarrollar

herramientas nuevas, software de fuente abierta y aplicaciones para los

ahora dominantes teléfonos celulares, por ejemplo. Plantea un objetivo

amplio para los compromisos nacionales, con cargos al presupuesto

público, pero raras veces se puede delinear la ruta presupuestaria para

alcanzar dicho objetivo más allá de una retórica alimentada por y

sincronizada con las declaraciones cíclicas de diversos organismos

internacionales. Las excepciones son contadas. Y lo más importante,

cualquier política de “inclusión digital” también constituye un proceso

continuo de negociación de intereses entre distintas elites, el liderazgo

político, financiero, comercial y a veces, social de las respectivas naciones

del conjunto regional.6 La inclusión digital es simultáneamente un reflejo

de la economía política subyacente de los mercados de servicios de

telecomunicaciones, y un proceso de lucha por su control administrativo,

comercial e ideológico,7 meta políticamente “correcta” e impecable, jugoso

negocio para pocos proveedores de las tecnologías involucradas y

relacionadas entre sí, un reto para los creativos digitales nacionales, y antes

del 9/11, tema de muchos discursos y conferencias internacionales,8

además de ser un nuevo hilo filantrópico procedente de un amplio manojo

de donantes, fundaciones y entes oficiales, con sede en el Norte.

Son pocas las organizaciones de la sociedad civil que manifiestan un

compromiso explícito con la inclusión digital. Menos son los partidos

políticos con referencias en su plataforma de principios o iniciativas

legislativas relacionadas con este concepto, una suerte de imaginario que


4

los intereses comerciales se pueden apropiar para justificar la venta de

equipos y programas, además de las normas de entes reguladores de los

servicios de telecomunicaciones de los mercados sumisos a sus intereses.

Tampoco se observa un liderazgo en la materia por parte de los políticos y

funcionarios públicos en cada país. Pocas naciones cuentan con un fondo

de acceso universal en operación, un indicador concreto de un compromiso

del Estado en América Latina con el rubro mínimo de la inclusión: acceso

popular a la red a un costo razonable.9 Y corre el peligro de confundir los

programas oficiales de conectividad a la Internet, en escuelas, bibliotecas y

centros de salud, con un programa sustantivo de inclusión digital. Dicha

inclusión esta amarrada al muelle de la sociedad del conocimiento, otro

imaginario, también proyectado por el sector mercantil,10 que resulta no

mal nombrado, tomando en cuenta la cantidad de cibernautas en el mundo

contemporáneo y las distintas actividades permitidas por el software

desarrollado durante varios años. Pero, al parecer, es una sociedad digna

para muy pocos, y donde los derechos de la comunicación son negociables

a favor de los poderosos.11

EL MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL

La velocidad de la adopción e inserción de estas tecnologías ha sido

en una palabra, asombrosa, pero nuestra percepción analítica necesita

despejar la bruma del discurso de la “brecha digital” para definir los

matices del actual proceso del “cableado” de cada espacio nacional. Esto

transcurre en un contexto internacional donde los diversos tratados del

comercio y la propiedad intelectual, además de la expansión y

consolidación de las empresas multinacionales de las tecnologías digitales

emparentadas,12 en alianzas con minorías nacionales, permite el flujo libre

del capital de inversión y mayormente, especulativo, negando a la vez el


5

flujo libre de la mano de obra. Hoy, la emigración internacional crece en

paralelo con la integración de los servicios digitales en las diversas

economías de la región. La carencia de oportunidades de trabajo en

muchos países impulsa una diáspora de emigrantes hacia los países del

Norte industrial (España e Italia, en Europa), y durante los últimos tres

lustros los envíos de remesas de dinero a sus casas ha crecido tanto que en

muchos países en la primera fuente de recursos, delante de la inversión

económica directa (IED) y “donativos” de la asistencia internacional

(ODA).13 No es un secreto que la economía de las remesas comienza a

reconfigurar distintas dimensiones de los respectivos procesos financieros y

políticos al interior de diversos países (con su notable estratificación

interna).14 Y los aún fragmentados discursos sobre los distintos

componentes de la inclusión digital también ahora toman en cuenta el papel

y las necesidades de las enormes poblaciones de emigrantes en la región.

En pocas palabras, la inclusión digital hoy refiere al complejo

panorama de una economía política de los nuevos medios donde se observa

la adaptación desigual de las tecnologías digitales en una región con

sociedades polarizadas entre ricos y pobres, elites dominantes y

poblaciones subalternas, paupérrimas y dispersas, discursos hegemónicos y

diversos lenguajes de amplias resistencias culturales.15 Hay una atenuación

en la expansión de conexiones domiciliarias a la red, mientras crece el uso

de la telefonía inalámbrica.16 Al tiempo, los medios privados de

comunicación concesionadas por el Estado compiten con proyectos de

organizaciones civiles cuyo dominio y aplicación tenaz de las tecnologías

emergentes permite un impacto, aún limitado, a una escala previamente

inimaginable. La inclusión digital ahora forma parte integral de un proceso

anunciado como democratizador, promisorio en un principio, y ahora

estancado en su desenvolvimiento. Se corre el riesgo de enfocar sobre


6

formas de garantizar el acceso a servicios informáticos sin desglosar las

estructuras y procesos de poder inherentes a las mismas. Se trata de la

emergente economía política de los nuevos medios.17

La inclusión digital en esta perspectiva representa la introducción de

redes de cómputo y los contenidos accesibles por los mismos, a distintas

escalas y dentro de jerarquías de poder, y produce como consecuencia una

reconfiguración de diversas estructuras del poder, local, nacional e

internacional. Pero es notable que las distintas elites con voz y voto en

cada proceso nacional de negociación, se han servido o incluido

digitalmente a sí mismos, antes que los demás.18 En el fondo comparten

los mismos criterios para avalar decisiones de consenso en las coaliciones

contemporáneas de estos grupos con relación al cómo proceder con el

ingreso de las TICs en los espacios nacionales donde su nivel de control es

determinante. El hecho que NO se reproduce en la región severas

restricciones en cuanto a la disponibilidad del acceso a la Internet y sus

contenidos (como se observa en algunos países islámicos y en China, por

ejemplo) es un indicador de un consenso fundamental entre diversas elites

sobre el valor de esta nueva herramienta, pero falta el compromiso entre las

elites para ampliar el acceso para todos. En efecto, la red constituye un

recurso valioso para los que pueden costear la inversión para los

instrumentos necesarios para lograr un acceso a un infinito de información

cuya administración y comprensión también presupone cierto nivel

educativo, una suerte de cultura digital. En una frase, las elites ya se han

equipado y capacitado a ellos mismos, pero el costo es alto aún para la

economía familiar de los que habitan en la enorme base de la pirámide

social y económica.19 Hay indicaciones que las respectivas elites

nacionales ahora aceptan un común denominador de las reglas de

negociación, un pacto acordado, lo cual es un avance sobre una época


7

anterior cuando la política era un drama social entre facciones abiertamente

belicosas entre sí. El libre acceso a los recursos en línea puede ser hoy un

componente compartido por el liderazgo de las democracias

latinoamericanas; sin embargo, el compromiso del Estado y su estímulo a

la inversión privada o el empleo de recursos públicos para ampliar la base

de ciudadanos con acceso y con los incentivos para un uso efectivo de los

contenidos disponibles es un tema postergado.

ESTADO, ELITES Y CONVERGENCIA DIGITAL

Cualquier discusión sobre el tema de la inclusión digital en los países

de la región debe partir de un concepto y caracterización del Estado a raíz

de la reciente ola de privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones

y las respectivas políticas de conectividad puestas en práctica. A estas

fechas, pocos Estados en la región NO han privatizado sus empresas de

telecomunicaciones, y el resultado es un cuadro donde unas pocas empresas

multinacionales gozan de un poder de decisión en los diversos rubros de los

respectivos sectores de “telecom”—telefónicas alámbricas, telefónicas

inalámbricas, proveedores de acceso a la Internet, carriers o

transportadores de redes, al interior y hacia el extranjero (vía fibra o

satélite), franquicias de cibercafés, etc., y los marcos regulatorios que fijan

las tarifas y las reglas de operación y competencia en sus mercados de las

empresas involucradas. En gran medida, ha sido una privatización sin

competencia, marcada por un reparto de concesiones de largos años para

muy pocas empresas, y donde los socios de capitales nacionales no siempre

controlan las decisiones de los respectivos consejos de administración. El

perfil de los individuos designados en cada país para los consejos de los

entes reguladores, muchos de creación reciente, indica la influencia de

estas empresas de productos y servicios digitales ejercidas sobre el diseño


8

del marco reglamentario de las concesiones aprobadas y las políticas

digitales específicas implementadas por el Estado respectivo.

La acelerada convergencia entre la televisión, la telefonía y la

distribución de contenidos digitales vía la Internet20, el proceso de triple

play (o cuádruple play si se desglosa aparte la telefonía inalámbrica) en

plena negociación en muchos países al escribir este texto, es otro rubro de

la inclusión digital. La difusión de cualquier contenido, programas de

televisión, cine, música, páginas WWW con animaciones dinámicas, tipo

Flash, ahora constituye un enorme acervo en pleno crescendo al ritmo del

crecimiento de usuarios de la red global que ahora aproximan a 800

millones de almas, consumidores de mensajes spam, promotores

nigerianos, infoadictos, curiosos, tricksters, tele-trabajadores, adolescentes

fascinados, hackers nocivos, proveedores de pornografía y productos

diversos, funcionarios, empleados, migrantes y similares. Esta

convergencia tecnológica, donde los productos en formatos analógicos de

ayer se distribuirán a futuro solamente en formatos digitales, es al parecer

inevitable y muy cercana en tiempo. Marca el hito de una competencia

feroz entre pocas empresas con las patentes, licencias y concesiones

correspondientes, capaces de crear y mantener la escasez en informaciones

y datos, además de ser poseedores del capital suficiente para ofrecer

distintos servicios a la escala de la red internacional. El marco regulatorio

que gobierna este proceso es también parte de la economía política y su

respectivo proceso político que acompaña inevitablemente a la inclusión

digital, y las cuestiones de quienes representan a los distintos conjuntos de

intereses. Además, el nivel de equidad que hoy hay entre productores,

distribuidores y consumidores ahora se relaciona al proceso de la

democratización como nunca antes.21 Al reconocer la ausencia de atención

a esta problemática por parte de los partidos políticos tradicionales, no debe


9

sorprender el creciente pero acotado poder de los organismos no

gubernamentales que sí se enfocan sobre el tema. Estos “cuasi-partidos”

ahora ejercen un liderazgo en las discusiones técnicas pertinentes y

constituyen, como consecuencia, un conjunto de nuevos actores en los

escenarios nacionales y regionales de las políticas públicas en materia de

servicios digitales, pero su capacidad de maniobra es débil por su baja

representatividad, su poder acotado y la limitada difusión de sus

propuestas.

La emergente sociedad del conocimiento en vías de construcción por

encima de la dinámica infraestructura de las sociedades latinoamericanas

cada vez más “cableadas”, nos obliga a repensar en qué consiste o

consistirá la democracia en este nuevo contexto.22 Los ciudadanos tendrán

un enorme acervo de información a su disposición, tanto de hecho que la

comprensión de temáticas complejas requiere de herramientas de apoyo a

la toma de decisiones que al parecer pocos programas de e-gobierno

contemplan, ni el sistema de educación pública actualmente apoye, y

mucho menos en la raquítica red de bibliotecas públicas de la región.

Existe un riesgo que los responsables de los contenidos difundidos en línea,

aunado a la radio y la televisión analógica y pronto digital también, tendrán

un poder y una influencia mayor a los políticos ortodoxos responsables de

la administración e implementación de los marcos regulatorios respectivos.

Existe el riesgo que esta condición ahora sea generalizada en la región,

porque el poder de los dueños y decisivos de los nuevos medios rebasan lo

de las instituciones políticas tradicionales.

ELITES Y NICHOS PROTEGIDOS

Se aprecia un panorama donde las elites nacionales, socios de las

empresas multinacionales de las diversas tecnologías digitales, han


10

encontrado un nicho comercial y financiero cómodo, con un retorno

sustantivo a sus inversiones en mercados locales protegidos, dentro de un

contexto internacional de mercados globalizados y muy competitivos. Es

decir, los capitalistas nacionales quienes realizaron a tiempo inversiones en

productos y servicios digitales (comercialización de computadores y

accesorios, proveedores de servicios de Internet, redes de fibra óptica,

registros de dominios estratégicos, puntos de acceso a servicios satelitales,

telefonía celular y televisión digital, etc.), importados en sus respectivos

mercados, han logrado una privilegiada y bien remunerada condición

oligopólica que se traduce en una política regulatoria de protección de

dichos mercados (son “legacy market players”).23 Estos mercados ahora

sirven a las mismas elites con la requerida capacidad de compra, y a estas

fechas están casi saturadas (menos la telefonía celular de prepago), al

observar el ritmo de crecimiento lento donde el porcentaje de la población

con acceso a la red desde su casa no rebasa el 10% en muchos países.24 La

tabla 1 sugiere el reparto desigual de servicios en distintos rubros. El

motivo de proteger estos mercados, reducidos pero muy rentables, es

sencillo: subir el costo de entrar a estos mismos mercados para otras

empresas que o llegaron tarde u ofrecen nuevas tecnologías que abaratan

los servicios actuales y/o amplían su cobertura a menor costo, representan

una competencia mercantil indeseada en los “mercados imperfectos”. La

manera más efectiva de lograr este objetivo es controlar los entes

reguladores de los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros.

Las elites correspondientes, entonces, comparten otro punto

estratégico de consenso en cuanto a la conveniencia común de tener sus

representantes en posiciones claves dentro del reducido aparato del Estado

neoliberal. La reciente reconfiguración del Estado provocado por la ola de

privatizaciones de las empresas y activos antes en manos del mismo,


11

implica conceder mayor poder de facto a los entes reguladores, las agencias

del Estado encargados con la reglamentación de las telecomunicaciones, la

máxima autoridad de facto en materia de las reglas del juego mercantil y el

reparto de recursos públicos escasos (como p. ej. el espectro

electromagnético) en cada país. Es necesario reconocer la debilidad

mostrada últimamente por parte de los respectivos poderes legislativos ante

la marcada renuencia de los representantes de los partidos para enfrentar

los complejos temas de la regulación financiera y tele comunicativa.25 Esta

situación complace a las respectivas elites, asiduos defensores de su status,

licencias, concesiones y privilegios, históricos y logros del juego

contemporáneo, grupos quienes comparten otro punto más de consenso al

interior de las democracias endebles: la conveniencia de controlar un nuevo

mercado de contenidos donde la producción simbólica merece

sincronizarse lo más posible con un proyecto ideológico de “libertad

individual y de mercados”, cercano a sus valores públicos, pero no

necesariamente coherente con su discreto juego voraz y la administración

del enorme poder privado que ejercen.

SERVICIOS DIGITALES Y REMESAS

No hay suficiente retorno sobre la inversión para extender los

servicios a una población pobre que requiere precios mucho menores que

los actuales para adquirir productos y servicios digitales.26 Así rezan los

defensores del modelo de desarrollo en base a la expansión de los

mercados. Al tiempo, en varios países el flujo de las remesas de los

migrantes ahora provee un recurso de supervivencia para una proporción

creciente de familias cuyos hijos e hijas trabajan en el extranjero y en el

mismo país, pero el costo de estas transacciones sigue siendo francamente

usurero.27 Observamos dos patrones en paralelo: no sólo no se extienden


12

los servicios digitales a menor costo y en todos los rincones de los países,

sino estas poblaciones, los “excluidos digitales”, tampoco gozan de una

reducción en las tarifas y comisiones que pagan por el traslado de los

envíos de las remesas, recibidas desde Estados Unidos, Canadá, o Europa.28

Mientras sí hay más competencia en el mercado de las remesas, contrario a

lo observado en el mercado de productos y servicios digitales, las

autoridades financieras, designadas por las respectivas elites en la materia,

NO actúan para reglamentar un tope en las tarifas y comisiones cobradas, al

tiempo que se registra un aumento anual en el flujo de estos recursos, y los

instrumentos digitales son cada vez más utilizados para comunicar a las

familias de cada diáspora.29 Los migrantes y sus familias siguen pagando

un “impuesto de la pobreza”, y además, el flujo de remesas en cada sistema

financiero produce beneficios externos para las elites, ajenas a los

emigrantes, que aprovechan la disponibilidad de los dólares.

Hace falta etnografías a detalle de esta novedosa figura del Estado

neoliberal cuyas elites dominan los entes reguladores y sus mercados

protegidos en por lo menos dos sectores estratégicos, las

telecomunicaciones y las finanzas. Es donde las herramientas digitales son

cada vez más predominantes. Se protegen a los mercados de servicios

digitales y en menor grado, a los contenidos distribuidos por los “portales”

de los mismos, y de manera simultánea, se cobra una especie de “derecho

de piso” a las poblaciones pobres, los emigrantes de sus países, al permitir

mercados oligopólicos y al no imponer topes a las tarifas y comisiones por

las transacciones de las remesas enviadas, recursos vitales para la seguridad

alimentaria y sanitaria entre cada vez más sectores populares en muchos

países. El marco regulatorio en materia de las telecomunicaciones y los

servicios financieros son cuellos de botella, hábilmente administrados por

representantes de los reducidos grupos involucrados, quienes actúan para


13

afianzar sus mercados donde hay pocos ofertantes de estos servicios cada

vez con mayor valor estratégico—los medios de comunicación y la entrada

de recursos monetarios vitales a la seguridad familiar en el respectivo

espacio nacional. Y en ambos rubros, las tecnologías digitales ahora

predominan mientras su administración queda en pocas manos.

LA INCLUSIÓN DIGITAL YA LLEGÓ

En esta lógica de los intereses de los grupos del poder, las elites en

cada país, la inclusión digital es una política pública realizada al interior de

esta distinguible capa social dominante. Pero sí es anunciada como

evangelio público para el consumo interno y quizás de mayor relevancia,

para proyectar un supuesto acuerdo con un imaginario en boga en el actual

discurso filantrópico internacional: la sociedad de la información. La

inclusión digital es una política implementada de facto, cuyas reglas de

negociación están ancladas en los usos y costumbres entre las elites

relevantes en cada país, pero no para servir a los excluidos, sino a las

mismas elites en los sectores de los medios de comunicación, los diversos

servicios vinculados con la Internet, entre la banca comercial, la industria

nacional (que sobrevive) y las empresas remesadoras. La distribución

sesgada de servicios de banda ancha en la región es testimonio del hecho

(ver Tabla 1). Esta versión de la inclusión digital es distinta a la retórica de

los que abogan para mayor conectividad a la Internet con el uso efectivo de

los recursos disponibles. Para los grupos cupulares, la inclusión digital ya

se está consolidando, por medio de su control sobre las diversas figuras

administrativas del Estado que regulan diversos sectores de actividad

económica y del empleo del espectro electromagnético. Al ser

tecnológicamente dependientes del extranjero, no invierten en el desarrollo

de capacidades más allá del uso de hardware y software importado. Su


14

patrón de dominio incluye normas, trámites y concesiones al servicio de los

intereses de una reducida cantidad de socios, y no de los excluidos que

siguen siendo los mismos de siempre.30 Es un fenómeno que al parecer

pasa desapercibido por los partidos políticos tradicionales, y entre los

nuevos “cuasi-partidos”,31 fragmentados entre sí, y como consecuencia, son

pocos que enfocan sus limitados recursos de cabildeo sobre este tema. Al

tiempo, las universidades públicas no perciben la importancia del tema; al

contrario, las privadas sí y han acaparado el mercado emergente de la

“educación a distancia”.

Este panorama contradictorio tampoco ha sido debatido en la agenda

de las políticas públicas. La versión ortodoxa de la inclusión digital apunta

hacia un futuro donde la mayoría de la población tendrá acceso a los

instrumentos y recursos informativos y educativos de la red, algo que es

una ilusión conveniente y justificativa para las mismas empresas del sector

que desean inducir la demanda para sus productos, administrar una escasez

de datos con valor, y realizar donativos de alto relieve para la imagen

corporativa. La inclusión digital es también una inducción digital, una

suerte de profecía que se cumple por si misma, apuntalando hacia un

imaginario que moviliza una demanda para una gama de productos y

servicios a futuro. La dichosa “sociedad del conocimiento” ya llegó para

algunos pocos, quienes no están dispuestos a sacrificar sus recursos

privados o su proporción tradicional de la renta de los respectivos

presupuestos nacionales para invertir recursos públicos en lograr dicho

objetivo para la mayoría. Para estas elites, el discurso de la inclusión

digital constituye un imaginario útil en varios escenarios a la vez: los foros

internacionales, valores justificativos de la intensa mercadotecnia

observada, y un ejemplo de la supuesta nueva sinergia entre el Estado y la

iniciativa privada. Si estos grupos poderosos ya lograron su dominio de los


15

recursos digitales en sus espacios nacionales, no les conviene admitirlo,

sino más bien seguir proyectando la ilusión de la utopía digital popular en

campañas publicitarias y discursos presidenciales. Es el flamante

imaginario de los poderosos en la economía política de los nuevos medios.

IMPACTO SOBRE PROCESOS DEMOCRÁTICOS

Esta situación indudablemente afectará a los procesos democráticos

en la región. En la medida que hay una marcada concentración de los

medios de telecomunicaciones en las manos de pocas empresas, quienes

influyen en las reglas de la operación de sus negocios, habrá una restricción

en los contenidos de la programación, en el sesgo de los noticiarios de la

radio y la televisión, además de los portales de la Internet que administran

y almacenan en sus servidores. Esta situación no augura un futuro

promisorio para la difusión masiva de opiniones diversas y plurales sobre

cuestiones públicas, ahora relegadas a las páginas WWW de ONGs y

contados programas de televisión y radio en horarios que no son de la

categoría mercantil triple A. Ya se perfila una novedosa condición de

apartheid en los medios, incluyendo los servicios digitales de origen

nacional, donde las elites políticas, financieras y mercantiles, los actores

hoy hegemónicos, “fijan” los parámetros de los contenidos “permitidos”

para su difusión masiva por medio del recurso público del espectro

electromagnético concesionado, mientras un reducido grupo de

organizaciones civiles intentan ganar espacios en la torre de Babel

comercial con mensajes difundidos en espacios marginales, por ejemplo,

páginas WWW no anunciadas en los mega portales. Sin duda, hay

obstáculos que impiden analizar la gama de temas pertinentes al amplio

menú de las políticas públicas por negociarse en cada país.


16

Uno de los efectos de la inclusión digital ya implementada y al

servicio de las diversas elites, se refleja en el diseño de los programas de

conectividad apoyados con recursos fiscales. La mayoría de estos

programas han transformado de manera perversa el concepto de subsidio

justificado en vil oportunidades de negocio. Suelen partir de la premisa

que se requiere adquirir enormes lotes de computadoras, instalarlas en

instituciones escolares y bibliotecas, por ejemplo, a veces en locales

propios, y conectarlas a la Internet sobre la base de la táctica de “sí lo

construimos, el público vendrá”. Son programas muy costosos sin una

adecuada rendición de cuentas. Muchas veces estos “telecentros oficiales”

compiten con un universo de cibercafés, previamente establecidos como

pequeños comercios de servicios digitales que representan un recurso

humano y tecnológico instalado y subutilizado, y los proyectos oficiales

representan una suerte de competencia desleal con estos negocios en

funciones, ofreciendo acceso y un mínimo nivel de capacitación a sus

clientes jóvenes. En estas fechas, muchos de los sitios que corresponden a

estos programas languidecen por falta de un compromiso local, el

mantenimiento problemático, pocos incentivos para su uso efectivo y el

desarrollo de capacidades, además de una marcada rotación de su personal

operativo. El caso del programa eMéxico es ejemplar. Estas fallas en el

diseño de una política pública costosa son de origen y no de una

negligencia casual. Las elites no comparten un cabal compromiso para

capacitar y educar a sus pueblos, mucho menos por medio de las nuevas

tecnologías digitales.32 El hecho representa un enorme costo de

oportunidad perdida, un rubro no contabilizado como tal en los informes

oficiales y cuentas alegres sobre la “inclusión digital en proceso”.

Tampoco se contabiliza el costo de la entrega de servicios

gubernamentales por medio de la red donde es evidente que hay economías


17

de escala que representa enormes ahorros para el Estado y ganancias para

los usuarios. Hay menos énfasis sobre la calidad de los servicios ofrecidos

en línea, ventanillas virtuales para un amplio menú de trámites

administrativos, donde el telecentro comunitario, por ejemplo

(administrado por una ONG), o la amplia red de cibercafés en todos los

países, no reciben ningún beneficio al estar ofreciendo un servicio del

gobierno a sus usuarios.33 Estos clientes suelen no recibir una capacitación

adecuada en el uso efectivo de los trámites y servicios informativos

ofrecidos últimamente por agencias del Estado, y el mismo no logra

ampliar la base de sus “clientes en línea” por falta de una promoción y

adiestramiento en las “ventanillas virtuales” disponibles vía los muchos

puntos de acceso que hoy día se encuentran en casi todos los pueblos de la

región. Este modelo de “e-gobierno”, con su enfoque vertical sobre

trámites obligatorios, y no sobre mecanismos de negociar las políticas

públicas, también es producto de la visión miope (y astuta) de los

funcionarios superiores responsables de estos programas. Son los que ya

lograron la inclusión digital para sí mismos, pero muestran una incapacidad

de reconocer una obligación del Estado de apoyar con incentivos fiscales,

contenidos culturalmente apropiados y otros instrumentos, la consolidación

y expansión de la red de telecentros comunitarios y cibercafés y su amplia

clientela juvenil existentes en su espacio nacional.

CONCLUSIÓN

El escenario actual donde las elites se han “autoincluido” o insertado

de manera efectiva y audaz en los controles políticos de los diversos

códigos simbólicos transmitidos hacia y para la citada sociedad del

conocimiento, con las tecnologías digitales a su alcance y servicio, y sin


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invertir en la inclusión de los demás, es producto, al final de cuentas, de

una economía política emergente en los nuevos medios entre los países del

Sur, y una crisis de la representatividad de los intereses populares en

democracias no consolidadas, acotadas o tuteladas.34 Hay indicios de

cambios recientes en el perfil de la participación electoral,35 un proceso

cada vez más influido por la propaganda de los partidos y el respectivo

ejecutivo del Estado en las cadenas nacionales e internacionales de radio y

la televisión. Esto acontece en ambientes de luchas por poder en la región

latinoamericana, y lo acompaña una marcada concentración del control de

los medios de comunicación, tradicionales y nuevos, Estados nacionales

atenuados en su poder e influencia por el embate ideológico del

neoliberalismo, una juventud enajenada de los partidos que monopolizan el

rito electoral, una proliferación de ONGs sin vasos comunicantes eficaces

con representantes partidarios, en ambientes políticos nacionales donde

estas organizaciones civiles, muy fragmentadas entre sí, con frecuencia

actúan como partidos virtuales y opositores, generando propuestas e

iniciativas en una gama de políticas públicas pendientes de negociar los

consensos sobre su forma legislativa y su reglamentación posterior.36 La

acelerada convergencia en la difusión de noticias, entretenimiento,

servicios educativos, música y video sobre demanda, llamadas telefónicas,

etc., en formatos digitales que se transmiten por canales alámbricos e

inalámbricos requiere de inversiones cuantiosas donde los socios, grupos

reducidos, desean proteger y ampliar su negocio aprovechando sus

licencias y un recurso público, el espectro electromagnético, con una venia

garantizada por acuerdos fundamentales entre los grupos que hoy

constituyen las fuerzas vivas de los diversos Estados latinoamericanos. Las

fuerzas innovadoras en materia de políticas digitales, que incluye un

llamado a democratizar el acceso a la información y el domino de las

herramientas para su misma difusión, en su mayoría quedan excluidas de


19

los espacios de negociación y consenso de las elites, los poderes fácticos

que controlan las políticas culturales y la transmisión de palabras e

imágenes en los medios, nuevos y tradicionales. El hecho puede ser el eje

de una contradicción estructural clave para comprender las luchas por el

poder en las democracias emergentes.

En este contexto de las respectivas economías políticas nacionales en

el rubro de las telecomunicaciones, las tecnologías digitales emergentes, y

las reglas financieras vigentes, apreciadas de esta manera, no es

sorprendente que los grupos de poder tradicionales han encontrado la

brújula del camino táctico para mantener su poder de antaño. El enfoque

de ahora es sobre contenidos digitales, sus instrumentos de difusión, y el

flujo de remesas, los espacios simbólicos y de supervivencia material de los

pobres. El hecho tiene implicaciones radicales para las políticas culturales

y públicas ante la observada resistencia de elites para ampliar la inclusión

digital con sus inversiones, y menos aún con recursos fiscales salvo cuando

representa ganancias para los mismos, o reducir las tarifas de las

transacciones financieras. La coyuntura genera la sospecha que la brecha

digital es a propósito y debe sostenerse. Estamos ante un futuro predecible

donde la impunidad del Estado en relación a la oferta y difusión de

información estratégica será un patrón probable, los marginados cada vez

más excluidos y sus opciones limitadas a un modelo de darwinismo social

autogestionario (¡Salsipuedes!). Al tiempo, las economías serán

subvencionadas por la emigración y el ingreso de las remesas, mientras las

elites comerciales explotan los reducidos mercados de consumidores con

suficiente capacidad de compra para adquirir la nueva generación de

productos y servicios digitales que la inexorable evolución tecnológica y

mercadotécnica hoy generan.

NOTAS


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1 Una versión preliminar de este argumento fue publicada en la revista NUEVA SOCIEDAD, Número 195, Caracas, 2004. Tengo que agradecer a dos dictaminadores anónimos cuyas críticas provocaron un replanteamiento y el descubrimiento de la perspectiva de la economía política de los nuevos medios. 2 Ofrezco estas ideas, pintadas con una brocha gorda con miras a perfilar un escenario regional complejo pero con un denominador común como eje transversal. No puedo negar que muchas afirmaciones nacen de mi mirada sobre el contexto mexicano. Sin embargo, las palabras de Castells (1998:340) siguen vigentes: “A new society emerges when and if a structural transformation can be observed in the relationships of production, in the relationships of power, and in the relationships of experience.” 3 Consulta el estudio de la CEPAL, marzo 2006: Centros de acceso público a las tecnologías de información y comunicación en América Latina: características y desafíos http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/26273/P26273.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xslt 4 Como indica Mansell, 2005: “Durante estos años pasados las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), también Internet han penetrado con fuerza en las vidas de las personas que disponen de los recursos suficientes. Demasiados aspectos, no obstante, siguen igual. Las contradicciones subyacentes que impiden que se reduzcan sin más dilación las divisiones y las diferencias dentro de las sociedades de la información de hoy se encuentran aún bien instalados entre nosotros”. 5 Las raíces conceptuales (la palabra teoría sería presumida) del argumento en este texto proviene de varias fuentes: el “procesualismo”, corriente ahora tradicional en la antropología política (Swartz, Turner y Tuden 1966), perfiles genéricos de la globalización digital (Castells 2001), el enfoque sobre el control de los nuevos medios de la economía política aplicada al sector de las telecomunicaciones (Mansell), y una etnografía de casos y contextos durante una larga fase de activismo en proyectos de redes y telecentros comunitarios en México (Robinson 2004abc ). Este perfil cualitativo de un proceso regional y complejo aspira afinar la etnografía de un fenómeno empírico multidimensional. 6 Mi argumento se ancla en parte en la tesis desglosada en el libro de Higley y Gunther. Los autores ofrecen (pág. 9) una doble caracterización de elites: afectan a las “soluciones políticas” de manera continua en el sentido que sus opiniones individuales y acciones posibles son percibidas y tomadas en cuenta por otros lideres de opinión, además de subalternos, cuando sopesando los beneficios y costos de alguna política específica, hasta cambios de régimen. Las elites también afectan las soluciones de manera sustantiva en el sentido de que una propuesta que no cuenta con su apoyo decidido tiene pocas posibilidades de ser aprobada y/o puesta en práctica, siempre y cuando haya consenso en torno al posible objetivo común. Sin embargo, estas elites no son homogéneas entre sí, ni monolíticas en sus arenas del poder, y se pueden diferenciar según el nivel y espacio social donde se desarrollan y actuen. 7 Donde los comisionados designados para dirigir los diversos entes reguladores no tienen que rendir cuentas ni directa-, ni indirectamente al electorado, ni a veces al respectivo poder legislativo. 8 Fue notable la baja participación de las delegaciones de los Estados latinoamericanos en la primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. www.wsis.org 9 Brasil, Colombia, Chile, y Perú tienen tales fondos en operación; México lo autoriza, pero las reglas todavía no son transparentes. 10 Surge la pregunta: ¿y porqué el imaginario de la Sociedad de la Información y el Conocimiento es tan ampliamente asumido como meta valiosa por los sectores de educación, cultura, salud, bibliotecas y políticas públicas pertinentes a que va dirigido? Supongo porque el concepto provoca una resonancia con diversos discursos de corte utópico donde se aprecia como la información y el conocimiento generado catalizan mejoras en los distintos rubros del desarrollo, la pobreza, analfabetismo, lo insalubre, la injusticia y la explotación humana hoy evidente en muchas latitudes. 11 Este tema provocó mucho debate en ambas cumbres internacionales de la sociedad de la información. 12 La convergencia entre la radio, telefonía, televisión e Internet que la tecnología digital hoy permite moviliza muchos recursos en pro del control de mercados cautivos y potenciales. 13 El tema es candente por el crecimiento insólito del flujo de remesas en toda la región en el último lustro. Ver, por ejemplo, http://www.nytimes.com/2005/07/07/business/worldbusiness/07peso.html , July 7, 2005 “Study Challenges Assumptions About Money Being Remitted to Mexico”. 14 Hay pocas excepciones: solamente Panamá y Venezuela no registran un ingreso a sus cuentas nacionales procedentes de las remesas enviadas por sus conciudadanos en el extranjero. En cambio, las ciudades del sur son receptores de mano de obra boliviana, ecuatoriana, paraguaya y peruana, mientras el rubro de las remesas es importante, pero al parecer no determinante en Uruguay. 15 El término elites aquí refiere a grupos minoritarios que monopolizan el poder, capital, status y cargos dentro de sus respectivos gremios en espacios nacionales. En muchos casos, estos grupos son el producto


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de “criollos”, vinculados por enlaces del matrimonio, aliados con técnicos y empresarios nuevos nacidos en la época Prebischiana de la sustitución de importaciones. 16 En México, 47 de cada 100 habitantes tienen un teléfono celular, Hoy en Telecomunicaciones, 4 julio 2006, pág. 11. La empresa Nokia anuncia que hay 3 mil millones de usuarios de teléfonos celulares en el mundo, y desea vender a los 2 mil millones que aún faltan adquirir su aparato y servicio. “Por cada punto porcentual que crece el número de celulares, solo crece PIB per capita usd $240 dólares, mientras por cada punto en usuarios de banda ancha crece entre usd $660 y $1000 dólares. La diferencia en la aportación de riqueza de las líneas telefónicas fijas y de banda ancha tiene que ver con la productividad que generan.” Ramiro Tovar, ITAM, dijo que la productividad de la tecnología se mide según su capacidad de transmitir contenidos y su eficiencia. "...la banda ancha aportará más a la economía dado que la cantidad de información que se puede transmitir será mucho mayor..." REFORMA, sección NEGOCIOS, pág 1, 22 junio 2006. 17 Mansell, 2005:99: “A political economy of new media insists on examination of the circumstances that give rise to any existing distribution of power and of the consequences for consumers and citizens…..A political economy of new media World enquire into what gives rise to newly-emergent power structures. It would ask about the consequences for the capacity of the new media to mediate people’s lives in ways that recreate social and economic inequality.” 18 Cabe señalar que estas elites tienen profundidad histórica en muchos países, pero incluye a empresarios de nuevo cuño también. Suelen ser parentelas traslapadas, donde el matrimonio endogámico refuerza la solidaridad de clase. Con pocas excepciones (Brasil?), no generan tecnología propia, y actúan sin escrúpulos para proteger sus privilegios y mercados donde muchas veces son socios de proveedores internacionales. 19 Este concepto de la base de la pirámide (bottom of the pyramid) es instrumental en la reconfiguración de estrategias de inversión, nuevas alianzas empresariales, diseños de productos digitales, microfinanzas, etc. Por parte de empresas multinacionales, el gobierno de los EE.UU. y algunos donantes. Consulta la agenda de una conferencia realizada en San Francisco, California, 12-14 dic., 2004. Véase: http://povertyprofit.wri.org/ 20 Nominativo femenino por su fecundidad. 21 En 2005 se ha acelerado el debate internacional sobre distintas dimensiones del control y contenidos de la Internet: http://www.itu.int/wsis/newsroom/eflash/latest.html ; http://lac.derechos.apc.org ; www.wgig.org . 22 Consulta la Tabla 1 anexa. 23 Pero las condiciones de sus licencias con proveedores internacionales inhibe el desarrollo de una tecnología propia, y el hecho los condena a defender propiedad intelectual ajena, sin fomentar algún desarrollo nacional. 24 En Costa Rica, que se jacta de ser un país líder en la materia, ahora crece 1.8% al año las conexiones. Ver Ricardo Monge G. y John Hewlitt, "Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y el futuro desarrollo de Costa Rica: El desafio de la exclusión". En todos los países, se observa una competencia feroz en la telefonía celular donde nuevos servicios amplía el mercado de clientes. www.caatec.org/publicaciones/COSTA_RICA_DIGITAL_3.pdf 25 La historia de la aprobación e impugnación de la “ley Televisa” en materia de telecomunicaciones en México en el año 2006 es un caso ejemplar del argumento aquí presentado. 26 México ocupa el último lugar de acceso digital de los países de la OCDE, número 77 en una lista de 180. Hoy en Telecomunicaciones, 6 de julio, 2006, pág. 7. 27 Las mismas empresas remesadoras a escala mundial admiten que el costo marginal de estos envíos electrónicos a través de sus redes es hoy día marginal. 28 Hay notables excepciones; por ejemplo, el Banco Solidario del Ecuador ofrece una tarifa gratuita para el envío de las remesas de los ecuatorianos en España.

http://www.banco-solidario.com/noticias.php?id=11 29 Véase S. Robinson, “After Calculating Opportunity Costs, the Remittance Development Fund”, www.ssrc.org/programs/itic/publications/knowledge_report/memos/robinsonmemo3.pdf 30 En México existe una "pequeña elite económica que vive como los maharájas (príncipes de la India), y también hay una elite política que los protege. Nuestra frontera se convierte en una válvula de escape a los inmigrantes, lo que deja a los políticos mexicanos y a la cúpula económica fuera de cualquier compromiso para proveer oportunidades a su propio pueblo", señaló George Grayson, College de William and Mary, EE.UU., a la cadena CNN. http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041219/023n1eco.php 31 Consulte la tesis de maestría de Israel Palma, Redes de Poder y Organizaciones Civiles--Antropología Política de las Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa, 2004. www.uam-antropologia.info


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32 El perfil regional de los programas oficiales que ofrecen una capacitación en el empleo y programación en software de fuente abierta, no propietaria, es un indicador más de esta condición. 33 El tema de la sostenibilidad de los telecentros últimamente ha recibido mucha atención. Las dimensiones socio-culturales, financieras, tecnológicas y administrativas han sido en gran medida ignoradas por las agencias del Estado, limitando de esta manera no sólo su sobrevivencia, sino también la escalabilidad de modus operandi probados en contextos populares, un activo en sí mismo, y una retroalimentación del discurso técnico sobre el modelo genérico apropiado para la entrega de servicios digitales en puntos de acceso colectivo. 34 Higley y Gunther, Introducción. El concepto de “democracia acotada y tutelada” viene de la declaracion A LAS REDES INTERNACIONALES DE EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD, 19 agosto 2006, México, D.F. 35 “Grupos ciudadanos triunfan en las municipales de Bolivia en detrimento de los partidos”, http://www.uimunicipalistas.org/actualidad/numero42.htm 36 Llama la atención la afirmación relevante de un periodista respetable: “Civil society in Mexico and Latin America has shown a notable lack of interest in the migrants’ situation.” Luis Hernández Navarro, “To Die a Little: Migration and Coffee in Mexico and Central America,” special report, Americas Program (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, December 13, 2004). http://www.americaspolicy.org/reports/2004/0412coffee.html BIBLIOGRAFÍA Castells, M. 1998. END OF MILLENIUM. THE INFORMATION AGE: ECONOMY, SOCIETY AND CULTURE, vol 3, Oxford, Blackwell Publishers. --------, 2000, “Materials for an Exploratory theory of the Network Society,” BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY, 51(1):5-24. --------, 2001, THE INTERNET GALAXY: REFLECTIONS ON THE INTERNET, BUSINESS AND SOCIETY, Oxford, Oxford University Press. Higley, J. y R. Gunther, compiladores (1992) , ELITES AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN LATIN AMERICA AND SOUTHERN EUROPE, Cambridge University Press. Mansell, Robin (1993), THE NEW TELECOMMUNICATIONS—A POLITICAL ECONOMY OF NETWORK EVOLUTION, Sage Publications, London. -------, (2004a) 'The Internet, Capitalism and Policy', en M. Consalvo, S. Jones, et al. (eds), Research Annual of the Association of Internet Researchers (AoIR) International Conference Internet Research 3.0: NET/WORK/THEORY Conference, New York: Peter Lang Publishers, pp. 175-184. --------, (2004b) “Political Economy, Power and New Media”, NEW MEDIA AND SOCIETY 6(1)96-105. -----, (2005a) 'Social Informatics and the Political Economy of Communications', Information Technology and People, Special Issue on Information, Technology and People, Festschrift en honor a Rob Kling, Vol 18(1): 21-25. http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Publishe dEmeraldFullTextArticle/Articles/1610180102.html


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