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Boletín de
Actualización Fiscal
El Gobierno aprueba el plan presupuestario 2019 en un Consejo de Ministros
extraordinario: el 15 de octubre de 2018 se aprobó el borrador de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 en Consejo de Ministros
Extraordinario, en el que se incluyen medidas de importante calado fiscal.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de
2018, asunto C-416/17, Comisión v República Francesa: un órgano
jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial
de Derecho interno, debe plantear cuestión prejudicial con el fin de excluir el
riesgo de una interpretación errónea del Derecho de la Unión
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de julio de 2018, dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 430/2015: la Audiencia Nacional
confirma que los gastos financieros derivados del préstamo participativo
suscrito para restablecer el equilibrio patrimonial de la Compañía no son
deducibles por tener la consideración de retribución de fondos propios.
Consulta V2174-18, de 20 de julio de 2018: calificación de las instalaciones
técnicas (placas fotovoltaicas y soportes) propiedad de sociedades españolas
como bien mueble o inmueble, a efectos de la aplicación del artículo 13 del
CDI España-Luxemburgo
Octubre 2018
Número 80
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 2 de 24
I. Propuestas normativas y
Legislación
El Gobierno aprueba el plan presupuestario
2019 en un Consejo de Ministros
extraordinario
El 15 de octubre de 2018 se aprobó el borrador de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 en
Consejo de Ministros Extraordinario.
En el ámbito fiscal, por medio de estos presupuestos, se
pretende:
• Afianzar la reducción del déficit público,
incorporando ajustes estructurales.
• Reforzar la reducción de la deuda pública, en
particular mediante el logro de un superávit
primario.
• Proteger el crecimiento económico y la creación de
empleo mediante una combinación apropiada de
medidas de ingreso y gasto.
• Contribuir a un crecimiento inclusivo mediante el
refuerzo del Estado de Bienestar y de la capacidad
redistributiva del presupuesto.
Las nuevas medidas tributarias contempladas en el plan
presupuestario anual serán incluidas en tres
anteproyectos de leyes, concretamente se trata de los
anteproyectos de leyes de lucha contra el fraude y
transposición de la Directiva antielusión (ATAD), de
creación del Impuesto sobre determinados servicios
digitales y de creación del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras. El resto de nuevas medidas
tributarias se recogerán en el anteproyecto de ley de
PGE 2019.
A continuación se describen las principales medidas
tributarias que se pretenden introducir para el ejercicio
fiscal 2019:
Impuesto sobre Sociedades
Se señala que tienen como objetivo acercar el tipo
efectivo al nominal, buscando una mayor contribución
de las grandes empresas y grupos consolidados.
• Limitar las exenciones a los dividendos y plusvalías
generados en el exterior. Actualmente se permite
que las sociedades no tributen por los dividendos y
plusvalías generadas por su participación en
sociedades filiales, con el fin de eliminar la posible
doble imposición que podría producirse (están
exentos al 100%). Se pretende reducir la exención
aplicable a los dividendos de un 100% a un 95%
(considerando un 5% en concepto de “gastos
necesarios para obtener el ingreso no deducibles”),
lo que supone una tributación mínima por las
rentas y ganancias derivadas de la participación en
otras entidades.
• Se exige una tributación mínima (cuota líquida
mínima) de un 15% sobre la base imponible positiva
del IS. En el caso de entidades de crédito y
explotación de hidrocarburos, el tipo de tributación
mínima será del 18%. Esta medida sólo afectará a
entidades que tributan en régimen de consolidación
fiscal y a las empresas con INCN igual o superior a
los 20 millones de euros. Con ello, tal y como se
apunta en el plan, se busca que la tributación
efectiva no se vea afectada de una forma excesiva
por el uso de las deducciones y bonificaciones que
reducen la cuota a pagar del IS.
• Se va a producir una rebaja del tipo nominal del IS
para empresas que facturen menos de un millón de
euros del 25% al 23%.
Adicionalmente, pese a no estar incluidos en el Plan
Presupuestario 2019, a continuación se detallan las
siguientes medidas que fueron incluidas en el Acuerdo
de PGE 2019 alcanzado entre el Gobierno y Unidos
Podemos:
• Mayor control sobre las SICAV. Otorgar a los
órganos de inspección de la Agencia Tributaria la
competencia para declarar a efectos
exclusivamente tributarios el incumplimiento de los
requisitos establecidos para las SICAV en la
normativa financiera. Además, se pretende
establecer requisitos adicionales para la aplicación
por las SICAV del tipo impositivo reducido.
• Tributación de las SOCIMIS. Actualmente, las
SOCIMI tienen un tipo de gravamen del 0%. Por las
rentas que perciben en otro tipo de actividades las
SOCIMI tendrán que pagar un tipo de gravamen del
25%. Se pretende aplicar un tipo de gravamen del
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15% sobre los beneficios no distribuidos por este
tipo de entidades.
Impuesto sobre las transacciones
financieras
Se creará un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las
operaciones de compra de acciones españolas
ejecutadas por operadores del sector financiero
(acciones emitidas en España de empresas cotizadas
cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000
millones de Euros). No se gravará la compra de acciones
de PYMES y empresas no cotizadas.
Impuesto sobre determinados servicios
digitales
Con la finalidad de gravar aquellas operaciones de la
Economía digital que actualmente no tributan.
Únicamente tributarán las empresas con ingresos
anuales totales mundiales de al menos 750 millones de
euros y con ingresos en España superiores a los 3
millones de euros.
El Impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de
publicidad en línea, servicios de intermediación en línea
y la venta de datos generados a partir de información
proporcionada por el usuario.
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
Tal y como se incluye en el plan, se pretende adoptar
una serie de medidas que respondan a la justicia social y
a la capacidad contributiva de los ciudadanos:
• Se incrementan dos puntos porcentuales los tipos
impositivos sobre la base general para los
contribuyentes que tengan rentas superiores a
130.000 euros y cuatro puntos para la parte que
exceda de 300.000 euros.
• El tipo estatal sobre la base del ahorro se
incrementa en cuatro puntos porcentuales para las
rentas del ahorro superiores a 140.000 euros.
Impuesto sobre el Valor Añadido
• Se reduce el tipo de gravamen del IVA de los
servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.
• También, se rebaja el tipo en el IVA del 10% al 4%
para los productos de higiene femenina.
En el Impuesto de Patrimonio
Se incrementa un 1% el tipo aplicable a patrimonios
superiores a 10 millones de euros.
Fiscalidad verde
Se incrementa la fiscalidad de los hidrocarburos en
función de sus emisiones. La medida incrementa en
mayor medida el tipo impositivo del gasóleo para
automoción.
Esta medida, tal y como se expone en el plan, se
justifica en el inicio de la senda para equiparar
progresivamente la fiscalidad del combustible diésel y
de la gasolina, en línea con las recomendaciones
internacionales, y sin afectar a transportistas y
agricultores.
Medidas de lucha contra el fraude
Se establecen un conjunto de medidas para reforzar la
lucha contra el fraude fiscal con una finalidad doble. De
acuerdo con lo señalado en el plan, por una parte para
proceder a la incorporación del Derecho de la Unión
Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las
medidas contra la elusión fiscal derivada de la
planificación fiscal agresiva internacional y de los
mecanismos de resolución de litigios fiscales. Por otra,
para introducir cambios en la regulación dirigidos a
asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar
las actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el
fraude reforzando el control tributario, entre las que se
pueden destacar las siguientes:
• Lista de paraísos fiscales. Se reforzará la normativa
tributaria para ser más exigentes. Adicionalmente,
se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con
los estándares y listas adoptados en el marco
internacional.
• Limitaciones de los pagos en efectivo. Se reduce los
límites cuantitativos de la prohibición de pagos en
efectivo tanto el general, pasando de 2.500 euros a
1.000 euros, como el aplicable a los pagos
efectuados por las personas físicas particulares con
domicilio fiscal fuera de España, que pasaría de
15.000 euros a 10.000 euros. No obstante lo
anterior, para minimizar los efectos colaterales de
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la medida en las pequeñas economías domésticas
se seguirá manteniendo el límite de 2.500 euros
para los pagos realizados por las personas físicas
que no actúen en calidad de empresarios y
profesionales.
• Reforzar la lista de morosos de la AEAT. Se
añadirán a la lista los responsables solidarios y se
reducirá el importe de deuda para ser incluido en la
lista a 600.000 euros.
• Adopción de las mejores prácticas internacionales
en la prevención y lucha contra el fraude. Entre
otras, destacamos:
• Estrategia frente a los nuevos contribuyentes
que inician actividades económicas (Right from
the start) para favorecer el cumplimiento
voluntario de sus obligaciones fiscales.
• Medidas normativas contra la fabricación,
distribución y utilización del llamado software
de doble uso con el que se ocultan ventas y
servicios en las operaciones con consumidores
finales (Sales supression software).
• Creación de una unidad de control de
contribuyentes con patrimonios relevantes
(High Net Worth Individuals).
• Optimización en las actuaciones de control de
la información obtenida mediante el
Suministro Inmediato de Información y la
procedente del Common Reporting Standard
para el intercambio automático de información
(Big data y Data analitycs).
Anteproyecto de Ley de Medidas de
Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal
El Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y
Lucha contra el Fraude Fiscal contiene el texto por el
que se procederá a la transposición de parte del
articulado de las Directivas 2016/1164 y 2017/1852,
al tiempo que introduce mecanismos para prevenir el
fraude fiscal y reducir la litigiosidad. En términos
generales de dicho Anteproyecto se habían incluido
previamente en el Plan Presupuestario 2019 según lo
comentado anteriormente.
Debe anotarse no obstante que no todas las
disposiciones de la Directiva UE 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del mercado interior
(en lo sucesivo ATAD – Anti Tax Avoidance Directive-)
son objeto de transposición. Tanto las disposiciones
relativas a la limitación de deducibilidad de intereses (se
hace uso de plazo de transposición hasta 2024 de
acuerdo con la Comisión de la UE) como las asimetrías
híbridas (2019 y 2021) son excluidas del Anteproyecto
dada su complejidad.
Entre otras medidas, el Gobierno propone modificar el
tratamiento de las inversiones en determinadas
instituciones de inversión colectiva (IIC), conocidas
como fondos y sociedades de inversión cotizados
(exchange trade fund, ETF, por sus siglas en inglés).
Para más detalle, se han elaborado las siguientes
alertas informativas:
18 10 24 Alerta Informativa_Anteproyecto de Ley de
Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude
Fiscal
18 10 24 Alerta Informativa_Cambios
propuestos_ETFs y régimen de traspasos
Anteproyecto de Ley regulador del nuevo
Impuesto sobre Servicios Digitales
El pasado viernes 19 de octubre el Consejo de Ministros
presentó el Anteproyecto de Ley regulador del
impuesto sobre determinados servicios digitales (DST,
por sus siglas en inglés), en adelante, el Anteproyecto y
cuyos términos generales se habían incluido
previamente en el Plan Presupuestario 2019 según lo
comentado anteriormente.
Este nuevo impuesto, de ser aprobado, podría resultar
de aplicación a partir de 2019 y se configuraría como
un impuesto indirecto cuyo tipo de gravamen sería del
3% aplicable sobre los ingresos brutos derivados de
determinados servicios digitales en los que existe una
participación esencial de los usuarios en el proceso de
creación de valor de la empresa. De esta forma,
únicamente deberían quedar gravados servicios que no
podrían existir sin la implicación de los usuarios.
Así, con algún matiz, el ámbito de aplicación y, en
particular, los hechos gravados por el DST español,
coincidirían en esencia con lo previsto en la propuesta
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de Directiva presentada por la Comisión Europea el 21
de marzo de 2018.
Para más información puede acceder a la siguiente nota
informativa:
18 10 24 Alerta Informativa_Aprobado el Anteproyecto
de Ley regulador del nuevo Impuesto sobre Servicios
Digitales
Anteproyecto de Ley sobre el Impuesto a
las Transacciones Financieras
El 19 de octubre de 2018, el Consejo de Ministros
anunció la elaboración de un Anteproyecto de Ley del
Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF)
cuyos términos generales se habían incluido
previamente en el Plan Presupuestario 2019 según lo
comentado anteriormente.
El Gobierno español ha decidido presentar un
Anteproyecto para la posible implantación del ITF de
forma unilateral, al margen del procedimiento de
cooperación reforzada que están llevando a cabo desde
el año 2013 España y un grupo de países de la UE
(Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia,
Eslovenia, Grecia, Italia y Portugal) para la adopción de
una Directiva sobre la implantación de un Impuesto
sobre Transacciones Financieras. La Directiva fue
adoptada por la Comisión el 14 de febrero de 2013 y se
encuentra desde entonces en proceso de elaboración y
discusión en el ECOFIN con varios puntos clave
pendientes de acuerdo. En cualquier caso, el impuesto
se deberá adaptar, en su caso, al impuesto que
finalmente se apruebe en el marco de la Directiva.
El texto del Anteproyecto se encuentra ahora en fase de
trámite de audiencia e información pública cuya fecha
límite para la presentación de aportaciones es el 15 de
noviembre de 2018.
Para más información se ha publicado puede acceder a
la siguiente alerta informativa:
18 10 25 Alerta Informativa_España publica el
Anteproyecto de Ley sobre el Impuesto a las
Transacciones Financieras
Proyecto de Orden por la que se modifica
la Orden EHA/1881/2011, de 5 de Julio,
por la que se aprueba el Modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto Sobre
Actividades de Juego en los supuestos de
Actividades Anuales o Plurianuales, se
determina la forma y plazos de su
presentación y se regulan las condiciones
generales y el procedimiento para su
presentación telemática y se modifica la
Orden EHA/2027/2007, de 28 de Junio,
por la que se desarrolla parcialmente el
Real Decreto 939/2005, de 29 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en relación con
las Entidades de Crédito que prestan el
Servicio de Colaboración en la Gestión
Recaudatoria de La Agencia Estatal de
Administración Tributaria
En relación al Impuesto sobre actividades de juego en
los supuestos de actividades anuales o plurianuales, por
medio de esta Orden, se modifica la base imponible
sobre los que se aplica un tipo de gravamen único,
quedando constituida por los ingresos netos, definidos
como el importe total de las cantidades que se dediquen
a la participación en el juego, así como cualquier otro
ingreso que puedan obtener, directamente derivado de
su organización o celebración, deducidos los premios
satisfechos por el operador a los participantes.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOE y será de aplicación para las
autoliquidaciones correspondientes al cuarto trimestre
del año 2018 y siguientes.
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Corrección de errores de la Orden
HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la
que se modifican la Orden HFP/227/2017,
de 13 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 202 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia
en territorio español, y el modelo 222 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades en régimen
de consolidación fiscal y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, la Orden
HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que
se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio
español, para los períodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017, y la Orden
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por
la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país
El 17 de octubre de 2018 se publicó la corrección de
errores de la Orden que aprueba los nuevos modelos
202 y 222 de pagos fraccionados de IS e IRNR y el
modelo 231 de declaración de información país por país
(publicada en el BOE de 14 de septiembre de 2018).
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los
consumidores
El pasado 6 de octubre (corrección de errores 18 de
octubre) se publicó en el BOE el Real Decreto-ley
15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los
consumidores, persiguiendo ofrecer una mayor
cobertura a los ciudadanos en situación de
vulnerabilidad e incrementar la protección de los
consumidores.
Asimismo, la norma adopta medidas para acelerar la
transición hacia un modelo energético basado en
energías renovables. Entre otras, se elimina el
denominado "impuesto al sol" (derogando el cargo que
se imponía al autoconsumidor por la energía generada y
consumida en su propia instalación), se reconoce
legalmente el autoconsumo compartido y se flexibiliza la
actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminado
la figura del gestor de carga.
Proyecto de Orden por la que se modifican
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo
309 de declaración-liquidación no periódica
del impuesto sobre el valor añadido, la
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril. por
la que se aprueban los modelos 036 de
declaración censal de alta, modificación y
baja del censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 de
declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores y
la Orden HAP/1751/2014, de 29 de
septiembre, por la que se aprueba el
formulario 034 de declaración de inicio,
modificación o cese de operaciones
comprendidas en los regímenes especiales
aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de
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televisión y a los prestados por vía
electrónica en el impuesto sobre el valor
añadido y se regulan distintos aspectos
relacionados con el mismo
El 4 de octubre, se publicó en la página de la AEAT este
Proyecto de Orden por la que se modifican los
siguientes modelos:
• Modelo 309 “Declaración-liquidación no periódica
del impuesto sobre el valor añadido” (aprobado
por la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre). Se amplían los supuestos en los existe
la obligación de presentar el modelo.
• Modelo 306 “Declaración censal de alta,
modificación y baja del censo de empresarios,
profesionales y retenedores” (aprobado por la
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril). Se
modifica para habilitar el ejercicio de las opciones
de tributación en destino de los servicios prestados
por vía electrónica, de telecomunicaciones y de
radiodifusión y televisión.
• Modelo 034 “Declaración de inicio, modificación o
cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y a los prestados por vía electrónica en
el impuesto sobre el valor añadido” aprobado por
la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre. En
concreto, se modifica el apartado 5 de la
declaración de inicio o modificación del régimen
exterior de la Unión.
Proyecto de Orden por la que se aprueba el
modelo 233, “declaración informativa por
gastos en guarderías o centros de
educación infantil autorizados” y se
determinan el lugar, forma, plazo y el
procedimiento para su presentación, y se
modifica la orden HAP/2194/2013, de 22
de noviembre, por la que se regulan los
procedimientos y las condiciones generales
para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones
informativas, declaraciones censales,
comunicaciones y solicitudes de
devolución, de naturaleza tributaria
La LGPE aprobada para el ejercicio 2018, incrementa la
deducción por maternidad modificando la redacción del
artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre
el Patrimonio.
En este sentido, con la publicación de la Orden se
aprobará el nuevo modelo 233 que presentarán las
guarderías y centros infantiles de forma electrónica por
internet, para cumplir con su obligación de información
recogida en el apartado 9 del artículo 81 de la citada
Ley modificada, como se ha indicado, por la LGPE.
Orden HAC/994/2018, de 17 de
septiembre, por la que se establece la
relación de municipios a los que resultarán
de aplicación los coeficientes de
actualización de los valores catastrales
que establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019
En el BOE de 29 de septiembre de 2018 se ha publicado
la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre que
recoge los municipios a los que serán de aplicación los
coeficientes de actualización de los valores catastrales
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2019 para dicho ejercicio.
Proyecto de Real Decreto xx/2018, de xx
de xx, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por
el Real Decreto 1619/2012, el Reglamento
general de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el
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Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el
Reglamento de los Impuestos especiales,
aprobado por el real decreto 1165/1995,
de 7 de julio y el Real Decreto 1075/2017,
de 29 de diciembre, por el que se modifican
diversos reales decretos de índole
tributaria
El 21 de septiembre de 2018 se publicó en la página
web de la AEAT este Proyecto de Real Decreto por el
que se informa de las diferentes modificaciones
relacionadas con las obligaciones de IVA y que se
describen a continuación las más relevantes:
Con efectos desde el 1 de enero de 2019, se ha
establecido un umbral a escala comunitaria de hasta
10.000 euros anuales para que las microempresas
establecidas en un único Estado miembro que prestan
estos servicios de forma ocasional a consumidores
finales, si así lo deciden, tributen por estas prestaciones
en el Estado miembro de establecimiento.
Para un mayor detalle, acudir a la alerta informativa
“Modificación de los Reglamentos del IVA, de
facturación y de gestión e inspección tributaria.
Digitalización y SII”.
Proyecto de Real Decreto xx/2018, de xx
de xx, por el que se modifica el reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en
materia de deducciones en la cuota
diferencial por circunstancias familiares,
obligación de declarar, pagos a cuenta,
rentas vitalicias aseguradas y obligaciones
registrales
El pasado 19 de septiembre de 2018, se publicó por el
Ministerio de Hacienda el Proyecto de Real Decreto
xx/2018, de xx de xx, por el que se modifica el
reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30
de marzo, en materia de deducciones en la cuota
diferencial por circunstancias familiares, obligación de
declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y
obligaciones registrales.
A través del presente Real Decreto, se persigue adaptar
la normativa vigente a las modificaciones que
introducirán la LPGE en el ámbito del IRPF.
En concreto, los principales cambios son:
• Se describe cómo el contribuyente debe calcular
incremento de la deducción por maternidad que le
resulta aplicable.
• Se redefinen los umbrales determinantes de la
obligación de retener.
• En relación con la deducción por las rentas
obtenidas en Ceuta y Melilla, se rebaja el tipo
mínimo de retención.
Reglamento (UE) 2018/1541 del Consejo
de 2 de octubre de 2018, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) nº
904/2010 y (UE) 2017/2454 en lo que
respecta a las medidas para reforzar la
cooperación administrativa en el ámbito
del Impuesto sobre el Valor Añadido
El 16 de octubre de 2018, se publicó en el BOUE el
Reglamento (UE) 2018/1541 del Consejo de 2 de
octubre de 2018, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) nº 904/2010 y (UE) 2017/2454 en
lo que respecta a las medidas para reforzar la
cooperación administrativa en el ámbito del impuesto
sobre el valor añadido.
El objetivo de este Reglamento es establecer medidas a
corto plazo para combatir el fraude transfronterizo del
IVA, habida cuenta de que la plena aplicación del
sistema definitivo del IVA aplicado a los intercambios
dentro de la Unión podría llevar varios años.
Para combatir el fraude se han adoptado diferentes
medidas en relación con:
• Investigaciones administrativas.
• Comunicación de información sin solicitud previa a
las autoridades competentes de otros Estados
miembros de conformidad con el Reglamento (UE)
nº 904/2010 del Consejo.
• Exención del IVA en las importaciones de bienes
previstas en el artículo 143, apartado 2, de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo.
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• Doble régimen del IVA aplicable a los vehículos.
• Comunicación y acceso a la información.
• Tratamiento de datos: el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo se
aplica al tratamiento de datos personales a efectos
del Reglamento (UE) nº 904/2010.
El presente Reglamento entrará en vigor a los 20 días
de su publicación. No obstante, las disposiciones sobre
el acceso automatizado a los datos recabados por las
autoridades aduaneras y a los datos de matriculación
(concretamente, las disposiciones del artículo 1, punto
3, letras a), b) y c), punto 4, letras a), c) y e), y puntos
5, 6 y 14) se aplicarán a partir del 1 de enero de 2020.
II. TJUE
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 4 de octubre de 2018, asunto C-
416/17, Comisión v República Francesa: un
órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son
susceptibles de ulterior recurso judicial de
Derecho interno, debe plantear cuestión
prejudicial con el fin de excluir el riesgo de
una interpretación errónea del Derecho de la
Unión
En el asunto C-416/17, la Comisión Europea solicita al
TJUE que declare que la República Francesa ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
del Derecho de la Unión, y en particular la obligación del
Conseil d’Etat (Tribunal superior francés en todos los
órdenes contra el que no cabe ulterior recurso posible)
de plantear cuestión prejudicial en caso de existir una
duda razonable de Derecho de la UE.
La presente sentencia, parte de la Asunto Accor
(sentencia del TJUE de 15 de septiembre de 2011,
asunto C-310/09, del, donde el TJUE declaró que la
diferencia de trato entre los dividendos distribuidos por
una filial residente y aquellos distribuidos por una filial
no residente, resultaba contraria al Derecho de la UE.
Tras dicha sentencia, el Conseil d’État francés, dictó dos
sentencias que dieron lugar a que se presentaran varias
denuncias ante la Comisión al haberse pronunciado
éste, sobre un punto que no se había abordado en la
sentencia del asunto Accor: el tratamiento fiscal
aplicable a los dividendos recibidos por las sociedades
residentes de filiales de ulterior nivel (sub-filiales) no
residentes.
El Conseil d’État, sin plantear cuestión prejudicial ante
el TJUE, consideró que la recepción de dividendos por
parte de sub-filiales residentes y no residentes no eran
situaciones comparables y, señaló, que el impuesto
pagado por una sub-filial no debía tenerse en cuenta al
determinar la cuantía de las retenciones practicadas a la
empresa matriz.
A raíz de lo anterior, y tras el incumplimiento de un
dictamen motivado enviado por parte de la Comisión
Europea a la República Francesa, la Comisión interpuso
un recurso por incumplimiento de Derecho de la UE ante
el TJUE.
En la presente sentencia de 4 de octubre, el TJUE
declara que la República Francesa ha incumplido el
Derecho de la Unión Europea por dos motivos:
• Incumplimiento de la Libertad de Establecimiento y
de la Libre Circulación de Capitales al dar un trato
discriminatorio a los dividendos percibidos por
sociedades residentes de aquellas no residentes en
la aplicación del mecanismo fiscal destinado a
evitar la doble imposición económica de los
dividendos distribuidos. En este sentido, Francia
estaba obligada a tener en cuenta la tributación a la
que ya habían sido sometidos los dividendos en su
país de origen con independencia de que la
tributación se hubiera soportado por una filial o una
sub-filial.
• Por otro lado, mediante el segundo motivo de
incumplimiento de Derecho de la Unión, el TJUE
declara por primera vez, que un Estado miembro,
en este caso la República Francesa, ha incumplido la
obligación de planteamiento de cuestión prejudicial
por parte de sus órganos jurisdiccionales (el Conseil
d’Etat) cuyas decisiones no sean susceptibles de
ulterior recurso judicial de Derecho Interno.
Por último, y en relación con el segundo motivo de
incumplimiento, recuerda el TJUE que el órgano
jurisdiccional solamente estará eximido de plantear
cuestión prejudicial en el caso de que (i) la cuestión no
sea pertinente, (ii) la disposición de Derecho de la UE ya
ha sido objeto de interpretación por el TJUE o que (iii) la
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 10 de 24
correcta aplicación del Derecho de la UE no deja lugar a
duda razonable alguna sobre la solución de la cuestión
suscitada.
Este sentido, el Conseil d’Etat, antes de dictar las
sentencias que dieron lugar a las denuncias ante la
Comisión, debió haber planteado cuestión prejudicial
ante el TJUE, puesto que en el momento de dictar
sentencia, no podía excluir la existencia de una duda
razonable en cuanto a la interpretación del Derecho de
la Unión.
III. Tribunales Nacionales
Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de
septiembre de 2018, dictada en el recurso
de casación número 1246/2017: es posible
aportar nuevas pruebas en vía económico-
administrativa salvo que medie una actitud
abusiva o maliciosa, lo que debe constar
justificado en el expediente
El Tribunal Supremo declara haber lugar el recurso de
casación interpuesto por la sociedad actora contra la
Sentencia de la Audiencia Nacional y estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por ésta contra
la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Central (TEAC) desestimatoria de las reclamaciones
económico-administrativas deducidas contra las
resoluciones desfavorables de los recursos de
reposición deducidos frente a los acuerdos denegatorios
de las solicitudes de devolución de cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido soportadas por empresarios no
establecidos presentadas por la sociedad
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.
En el caso enjuiciado, los acuerdos denegatorios de las
peticiones de devolución así como los acuerdos
desestimatorios de los recursos de reposición se
fundamentaron en la falta de atención por parte de la
recurrente de los requerimientos de documentación
solicitados (facturas y aclaración de las operaciones
realizadas en España) que justificaban su derecho a la
devolución.
La actora interpuso sendas reclamaciones económico-
administrativas, en las que acompañó diversa
documentación. El TEAC desestimó las reclamaciones
señalando que las pruebas relevantes para la adecuada
regularización de la situación tributaria han de
aportarse ante el órgano de gestión competente,
manteniendo el criterio de que el procedimiento de las
reclamaciones económico-administrativas no es el
momento procedimental oportuno para aportar las
pruebas, aportación que debió efectuarse en el
procedimiento de aplicación de los tributos; este criterio
fue acogido por la Audiencia Nacional en la sentencia de
instancia, que desestimó íntegramente el recurso
contencioso.
La Audiencia Nacional fundamentó su decisión en la
aplicación supletoria de la Ley común a los
procedimientos administrativos, concretada en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 que señala que “no se
tendrán en cuenta en la resolución de los recursos
hechos, documentos o alegaciones del recurrente
cuando, habiendo podido aportarlos en el trámite de
alegaciones, no lo haya hecho”.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza el criterio de
la Audiencia Nacional siguiendo con su jurisprudencia
reciente (Sentencia de 20 de abril de 2017) de acuerdo
con la cual se pueden aportar nuevos elementos de
prueba en vía de revisión económico-administrativa y
precisa además que la regulación del procedimiento de
las reclamaciones económico-administrativas es
completa, por lo que no cabría la aplicación supletoria
de otra ley.
Así, el Alto Tribunal concluye que es posible que quien
deduce una reclamación económico-administrativa
presente ante los tribunales económico-administrativos
aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de
gestión tributaria que sean relevantes para dar
respuesta a la pretensión ejercitada, sin que el órgano
de revisión pueda dejar de valorar tales elementos
probatorios. A su juicio, la una única excepción tiene
lugar cuando la falta de aportación en sede de gestión
responda a una actitud abusiva o maliciosa, la cual debe
constar justificadamente en el expediente y con una
intensidad tal que justifique la “sanción” consistente en
dejar de analizar el fondo de la pretensión que se
ejercita.
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 11 de 24
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
septiembre de 2018, dictada en el recurso
de casación número 3527/2015: los
efectos de la escisión quedan supeditados
a su inscripción en el Registro Mercantil,
siendo esta la fecha en que se produce la
transmisión del patrimonio a la entidad
escindida y cuando se devenga el impuesto
derivado de la transmisión de los bienes a
la entidad beneficiaria, sin que las
plusvalías que se ponen de manifiesto en la
operación queden afectadas por la
retroacción contable
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación
interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a
su vez desestimatoria del recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la Resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Central relativa a la
liquidación del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio 2002, confirmando la
resolución judicial impugnada en todos sus
pronunciamientos.
En el caso enjuiciado, la entidad tributó en el ejercicio
2002 bajo el régimen de transparencia fiscal,
realizando además una escisión en el citado ejercicio. La
Inspección consideró que no era de aplicación el
régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones
de activos y canjes de valores recogido en el Capítulo
VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, a la escisión total de la entidad, por incumplir
el requisito de proporcionalidad así como por
inexistencia de motivo económico válido.
El Alto tribunal considera que debe descartarse que
cualquier operación de reestructuración que pueda
calificarse como tal desde el punto de vista mercantil
deba aceptarse sin más en el ámbito tributario, debido a
la validez e independencia de la calificación que pueda
llevar la Administración a los solos efectos tributarios.
El Alto Tribunal precisa que la denegación de la
aplicación del régimen especial requiere que se acredite
una de las siguientes circunstancias: que la operación,
bien ha tenido como principal objetivo el fraude o la
evasión fiscal, bien no se ha hecho por motivos
económicos válidos. En este sentido, el Tribunal
Supremo considera que el tribunal de instancia cumple
con su función de valoración probatoria mencionando y
razonando inequívocamente que la operación no se ha
hecho por motivos económicos válidos distintos del
ahorro fiscal que se pretende obtener, por lo que no
resulta aplicable el régimen fiscal objeto de
controversia.
En este sentido, tanto la Administración como los
tribunales entendían la operación de escisión no
respondió a una reestructuración empresarial, sino a
una atribución parcial del patrimonio de la entidad
escindida a dos de sus socios.
Por otra parte, la recurrente alegaba que se acordó la
retroacción contable en la operación y que, por tanto,
no procedía la regularización de la operación
(tributación de la renta generada en la escisión) en sede
de la escindida en el ejercicio cuestionado en la medida
en que —en virtud de la retroacción contable a fecha 1
de enero de 2002— la renta puesta de manifiesto como
consecuencia de la escisión debería regularizarse en
sede de la entidad beneficiaria de la escisión
(regularización que no fue llevada a cabo por la
inspección). Adicionalmente, la recurrente sostenía que
la regularización en sede de la entidad escindida daría
lugar a un enriquecimiento injusto de la administración,
puesto que los ingresos y gastos se entienden
realizados por cuenta de la entidad beneficiaria desde el
inicio del ejercicio.
El Tribunal Supremo, con referencia a otras sentencias
suyas y en particular a las sentencias de 5 de noviembre
de 2015 (RCA 774/2015) y 20 de diciembre de 2016
(RCA 2298/2015), considera que (i) los efectos de la
escisión quedan supeditados a su inscripción en el
Registro Mercantil, y más concretamente al momento
de su presentación en el Registro, (ii) que la fecha de la
inscripción es el momento en el que se produce la
transmisión del patrimonio a la entidad escindida y
cuando se devenga el impuesto derivado de la
transmisión de los bienes a la entidad beneficiaria (y no
la escritura d efusión o de retroacción) y (iii) que ”una
cosa es la contabilización de los ingresos y gastos y otra
la tributación de las plusvalías que se ponen de
manifiesto en la operación “de escisión que no quedan
afectadas por la retroacción contable.
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 12 de 24
El Tribunal Supremo, con remisión al literal de su
sentencia de 23 de enero de 2014, señala que en una
operación de escisión el hecho imponible se produce
con la inscripción registral de la escisión y solo entonces
surgirá la renta que, en su caso, se integre en la base
imponible y puede dar lugar a la deuda tributaria. Y, en
efecto, en el caso enjuiciado considera que la renta que
se producía en la escisión (que se correspondía con un
fondo de comercio) no procede de un elemento
patrimonial que deriva de las operaciones mercantiles
de la entidad que se escinde y recogido en su
contabilidad, sino una consecuencia fiscal de la
operación societaria en sí misma, por lo que no se ve
afectada por la retroacción contable.
Por otra parte, en lo que respecta a la alegación de
enriquecimiento injusto que se produciría en caso de
regularización de la situación fiscal de la entidad
escindida sin modificar las liquidaciones de las entidades
beneficiarias (con base en la jurisprudencia relativa a
regularización de retenciones no practicadas por el
retenedor en el IRPF), el Alto Tribunal no entra a su
valoración sobre la base de que se trata de un tema
novedoso no sometido a discusión en la instancia y
sobre el que la entidad recurrente ni siquiera acredita ni
describe el potencial efecto que la regularización en la
entidad escindida supone en las declaraciones de las
entidades beneficiarias.
Sentencia de la Audiencia Nacional de 20
de julio de 2018, dictada en el recurso
contencioso administrativo número
538/2016: la Audiencia Nacional
desestima el recurso interpuesto por la
entidad recurrente declarando que las
operaciones de financiación llevadas a
cabo por la misma, tienen carácter habitual
y no accesorio y constituyen una actividad
económica sujeta y exenta a efectos del
IVA
La entidad recurrente tiene como objeto principal la
obtención de licitaciones. Para realizar dicha actividad
constituye entidades que se encargan de la ejecución de
los diferentes proyectos y asimismo realiza una
actividad de obtención y suministro de financiación a las
entidades que crea.
Tras actuaciones de comprobación e investigación de
los ejercicios 2003, 2004 y 2005, se limita la deducción
de IVA soportado por razón de la actividad financiera
realizada por la recurrente. La recurrente, defiende la
deducibilidad de dichas cuotas soportadas en base a los
siguientes principios:
• La gestión de tesorería no constituye una actividad
económica y por ello está excluida del ámbito de
aplicación del IVA.
• Respecto de la gestión de excedentes mediante la
concesión de créditos no constituye una actividad
empresarial principal sino accesoria.
A juicio de la inspección, no debe hacerse distinción
entre otorgamiento de préstamos y gestión de tesorería
ya que ambos actos integran una misma actividad a
efectos de IVA, la financiera. Asimismo, la Inspección
considera que dicha actividad financiera realizada por la
recurrente no va implícita ni resulta inevitable o
inherente a la actividad de gestión de infraestructuras,
con lo que no es una actividad accesoria respecto de la
actividad principal. Por tanto, la inspección entiende
que son operaciones exentas de IVA que no originan
derecho a deducción, resultando aplicable la regla de
prorrata.
La AN, en el mismo sentido que la Inspección, concluye
que la actividad financiera desarrollada por la
recurrente, consistente en operaciones de cartera, de
concesión de préstamos y gestión de tesorería,
constituye una actividad económica a efectos del IVA
que no origina derecho a deducir por aplicación de las
exenciones reguladas en el artículo 20 de la Ley del IVA.
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 16
de julio de 2018, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número
430/2015: la Audiencia Nacional confirma
que los gastos financieros derivados del
préstamo participativo suscrito para
restablecer el equilibrio patrimonial de la
Compañía no son deducibles por tener la
consideración de retribución de fondos
propios
Durante la tramitación de actuaciones de comprobación
e investigación en concepto del Impuesto sobre
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 13 de 24
Sociedades relativo a los ejercicios 2008, 2009 y 2010
se analiza, entre otras cuestiones, la procedencia de la
deducibilidad de los gastos financieros derivados de un
contrato de préstamo participativo.
Tal y como queda acreditado en el procedimiento, a
causa de la reducción de capital de la recurrente
mediante adquisición de acciones propias, el patrimonio
neto de la misma devino negativo en 548 millones de
euros, lo que hizo necesario suscribir un préstamo
participativo para restaurar el equilibrio patrimonial de
la compañía y no incurrir en causa de disolución
obligatoria.
En base a los anteriores hechos comprobados, la
Inspección entendió que los intereses de los pasivos
financieros imputables a los fondos propios negativos
no son deducibles por aplicación de los previsto en el
artículo 14.1.a) del TRLIS, esto es, por representar una
retribución de los fondos propios.
La AN aplica de nuevo el criterio mantenido en la
sentencia de 26 de marzo de 2018, confirmando el de
la Inspección de los Tributos, y señala que los recursos
retirados por los socios como consecuencia de la
operación de reducción de capital social mediante
adquisición de acciones propias para su amortización
(que causó que los fondos propios de la compañía
pasasen a ser negativos), tienen la calificación de
distribución de resultados a generar en el futuro. De
esta forma, considera que los intereses imputables a los
fondos propios negativos no son deducibles conforme a
lo establecido en el art. 14.1.a) del TRLIS.
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 29
de junio de 2018, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número
169/2015: la Audiencia Nacional concluye
que no procede la deducción del 100% de la
cuota íntegra correspondiente a la base
imponible del dividendo recibido por la
entidad recurrente, al referirse la norma al
porcentaje de participación en los fondos
propios y capital social, y no a la
participación en otros derechos
económicos y políticos
En 2011, la entidad recurrente solicita la rectificación
de la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2008, al entender procedente
la deducción del 100% de la cuota íntegra
correspondiente a la base imponible del dividendo
recibido por una entidad residente en Reino Unido, y no
únicamente el 50%, como se dedujo originalmente en
aplicación del artículo 24.2.b) del CDI suscrito con el
Reino Unido. Dicho precepto establece que cuando en
los beneficios de una entidad española se incluya el
importe de un dividendo pagado por una entidad
residente en Reino Unido, la entidad española tiene
derecho a aplicar la misma deducción que habría
resultado si ambas sociedades hubieran sido españolas.
La recurrente alega que, a pesar de que no ostenta una
participación “en el capital y fondos propios” del 5%
(requisito que posibilita la deducción por doble
imposición interna del 100% de la cuota íntegra prevista
por el art. 30.2 TRLIS), al tratarse la entidad que
reparte los dividendos de una sociedad personalista, el
derecho a su percepción se determina según lo previsto
en los estatutos de la Sociedad, los cuales determinan
que los derechos económicos derivados de la
participación de la entidad recurrente ascienden a un
porcentaje del 5,18%.
La Audiencia Nacional, siguiendo el mismo criterio que
la Administración tributaria, desestima la solicitud de
rectificación y concluye que el concepto de
“participación” solo puede referirse a los fondos
propios, puesto que, el elemento de referencia para
calcular el porcentaje de participación es aquél que
genera el derecho a la percepción del dividendo, que no
es otro que el del capital social y los fondos propios,
excluyéndose, por tanto, otros derechos de carácter
económico que en virtud de un contrato u otro título
puedan detentarse.
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 14 de 24
IV. TEAC
Resolución del TEAC de 18 de septiembre
de 2018 (R.G. 01433/2015): en el caso de
una fusión por absorción no acogida al
Régimen Especial Del Título VII del Capítulo
VIII del TRLIS, no se admiten los efectos
fiscales de la retroacción contable pactada,
ya que la sociedad absorbida mantiene su
personalidad jurídica hasta que la fusión se
inscribe en el Registro Mercantil, por lo que
debe declarar como base imponible la renta
obtenida hasta ese momento
En el caso de la resolución la entidad (Z) es absorbida
por su socio único la entidad (X). En la escritura de
fusión se establecía que las operaciones de la sociedad
extinguida se entenderían realizadas, a efectos
contables y fiscales, por la absorbente desde el día
01/01/2006.
La citada operación de fusión no se acogió al régimen
especial del Cap. VIII del Título VII del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Como paso previo a la fusión, (Z) vendió a (X) una finca
urbana, por la que obtuvo una importante plusvalía.
Dada la retroacción contable y fiscal que se había
establecido, las rentas obtenidas por (Z) en el ejercicio
2006, entre las cuales se incluía la obtenida por la venta
de la finca urbana a (X), fueron incorporadas al
resultado contable del ejercicio 2006 de (X),
incluyéndose en la base imponible de dicha entidad. Por
su parte, (Z) no llego a presentar la declaración-
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de ese
ejercicio 2006.
La Inspección dicta Acuerdo de liquidación en el que
lleva a cabo un ajuste a fin de incluir en la base
imponible de (Z) la plusvalía generada por la venta de la
referida finca, considerando que no cabe atribuir
consecuencias fiscales a la retroacción contable
establecida en la escritura de fusión, al no haberse
acogido la fusión al Régimen especial.
El TEAC confirma el criterio de la Inspección, afirmando
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 del
TRLIS, la retroacción contable sólo tiene efectos
fiscales si la operación de que se trate se ha acogido al
régimen especial.
Por consiguiente, la entidad (Z) ha de incluir en su base
imponible las rentas obtenidas en el ejercicio hasta la
fecha de su extinción.
Resolución del TEAC de 18 de septiembre
de 2018 (R.G. 2162/2015): si no resulta de
aplicación el Régimen Especial establecido
en el Título VII del Capítulo VIII del TRLIS,
la subrogación de las entidades
beneficiarias de la escisión no alcanza a la
continuidad en el disfrute de los beneficios
fiscales, como la Reserva por Inversiones
en Canarias
En el caso analizado, se lleva a cabo una operación de
escisión total no proporcional de la entidad (C), de la
que resultaron beneficiarios sus tres socios.
El TEAC considera que dicha operación de escisión total
no puede acogerse al régimen especial de neutralidad
fiscal, dado que no se cumplen los siguientes requisitos:
• En el proyecto de escisión no se indica que la
operación se acoja al régimen especial (artículo
96.1.a) del TRLIS).
• Los elementos transmitidos no constituyen ramas
de actividad (artículos 83.2.2ºTRLIS).
• No hay motivos económicos válidos para la
realización de la operación (artículo 96.2 TRLIS).
Dado que la operación no se acogió al régimen especial
de neutralidad, la cuestión controvertida consiste en
determinar si es posible que las entidades beneficiarias
de la escisión llevada a cabo pueden gozar del beneficio
fiscal de la Reserva de Inversión Canaria (RIC), del que
venía disfrutando la entidad extinguida en la operación.
El TEAC considera que, en aquellos casos en que un
obligado que hubiera disfrutado del beneficio de la RIC,
cesara en su actividad y la traspasa a otro operador
económico, las obligaciones que tenga pendientes, ya
sean de materialización o de mantenimiento de la
inversión (que es la que consolida el disfrute de tal
beneficio fiscal), se entenderán incumplidas desde ese
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 15 de 24
momento, salvo que la operación con la que se traspasa
la actividad se haya acogido régimen especial.
Por tanto, de no resultar de aplicación el régimen
especial de neutralidad, la subrogación de las entidades
beneficiarias de la escisión no alcanza a la continuidad
en el disfrute de los beneficios fiscales, entre los que se
incluye la RIC, que venía disfrutando la entidad
extinguida ni, por ende, en el cumplimiento de los
requisitos que aquellos requiriesen.
Resolución del TEAC de 15 de octubre de
2018 (R.G. 07336/2015): naturaleza
esencial del plazo establecido para
presentar la solicitud del reconocimiento
previo de la deducción por gastos de
publicidad y propaganda de los programas
de apoyo a acontecimientos de excepcional
interés público
El procedimiento para la aplicación de la deducción por
gastos de publicidad y propaganda de los programas de
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
prevista en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se
encuentra regulado en el art. 9.1 del Real Decreto
1270/2003 (Reglamento para la aplicación del Régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
incentivos fiscales al mecenazgo).
De acuerdo con el precepto anterior, para la aplicación
de la referida deducción es preciso que se reconozca
previamente el derecho a su aplicación. Además, la
solicitud para la aplicación del beneficio fiscal debe
presentarse al menos 45 días naturales antes del inicio
del plazo reglamentario de declaración-liquidación
correspondiente al periodo impositivo en que haya de
surtir efectos el beneficio fiscal.
En el caso de la Resolución el contribuyente incumple el
plazo reglamentario establecido para la solicitud de la
aplicación del beneficio fiscal alegando que se trata de
un requisito formal, y que la presentación
extemporánea de la solicitud es imputable a la
Administración.
El TEAC señala que cumplir con el plazo de solicitud
establecido reglamentariamente es un requisito esencial
para la aplicación del beneficio, y que su incumplimiento
determina la imposibilidad de aplicar la pretendida
deducción. Señala asimismo que corresponde al
obligado tributario que pretende la aplicación de un
beneficio fiscal, probar que el incumplimiento del plazo
es imputable a la Administración, circunstancia que no
se da en este caso.
Resolución de 25 de septiembre de 2018
(R.G. 04515/2015/00/00): en los
procedimientos expropiatorios de urgencia,
si el justiprecio recibido es objeto de
recurso, y se resuelve el litigio
determinando que el importe se
incremente, la diferencia entre el importe
recibido al tiempo de la ocupación de la
finca y el fijado definitivamente debe
imputarse fiscalmente al período en que se
dicta la resolución
En 1997 se procede a expropiar por el procedimiento de
urgencia un terreno a la entidad recurrente, por el que
se le paga un justiprecio. La entidad recurre el precio
pagado y en 2008 queda definitivamente fijado un
justiprecio superior al percibido en 1997.
En el caso de la resolución, el obligado tributario
presenta rectificación de autoliquidación respecto del
ejercicio 2008 al entender que ya había prescrito el
derecho de la Administración para liquidar la deuda
tributaria en cuanto al ingreso/incremento de
patrimonio derivado de la expropiación que tuvo lugar
en 1997.
En particular, se alegaba que según la doctrina del TEAC
y el TS en el supuesto de expropiación por el
procedimiento de urgencia, la ganancia patrimonial se
entiende producida cuando se procede a la ocupación
de la finca, 1997, y no en el año en que se fija
definitivamente el justiprecio, 2008.
El TEAC señala, en línea con la sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de mayo de 2017, que en los
procedimientos como el descrito, en los que la cantidad
recibida inicialmente sea objeto de recurso y su
posterior resolución determine que el importe del
justiprecio debe de incrementarse, la diferencia entre el
valor admitido por la Administración al tiempo de
ocupar el bien expropiado y el importe recibido a cuenta
deberá entenderse obtenida en el período en que sea
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 16 de 24
firme la resolución que determine el importe definitivo,
desestimando la solicitud de rectificación de
autoliquidación.
V. Consultas DGT
Destacamos las siguientes consultas emitidas por la
Dirección General de Tributos (DGT):
Consulta V2174-18, de 20 de julio de
2018: calificación de las instalaciones
técnicas (placas fotovoltaicas y soportes)
propiedad de sociedades españolas como
bien mueble o inmueble, a efectos de la
aplicación del artículo 13 del CDI España-
Luxemburgo
La entidad consultante, con residencia fiscal en
Luxemburgo, tiene la condición de socia única de tres
sociedades limitadas constituidas en España, que son
propietarias de plantas fotovoltaicas instaladas en
terrenos arrendados a terceros. Dichas instalaciones
son susceptibles de ser montadas y desmontadas, sin
menoscabo alguno.
La consultante plantea la tributación en el IRNR de las
ganancias derivadas de la transmisión de
participaciones en las sociedades españolas,
considerando la calificación del activo de las entidades
españolas a efectos de determinar la sujeción en España
de dichas ganancias.
La DGT, en primer lugar, analiza la calificación de las
placas fotovoltaicas y sus soportes como bien mueble o
inmueble de acuerdo con (i) el artículo 6.2 del CDI
España-Luxemburgo y (ii) la normativa española, en
particular, el artículo 334 del Código Civil, teniendo en
cuenta que conforme al CDI España-Luxemburgo la
expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que
le atribuya el derecho del Estado contratante en el que
los bienes se sitúen.
A esos efectos, la DGT resalta que el Código Civil
considera como bienes inmuebles toda una serie de
bienes muebles por naturaleza pero que, por razón del
vínculo con otro bien (éste, inmueble) o su destino son
considerados inmuebles. En ese sentido, la DGT hace
alusión a los requisitos adicionales establecidos
jurisprudencialmente para que se adquiera la naturaleza
de bienes inmuebles por incorporación o por destino de
determinados bienes muebles, destacando:
• la posibilidad técnica de una real y efectiva
desvinculación del suelo de las placas solares sin
quebrantamiento de la materia o deterioro del
objeto y
• la necesidad de consentimiento por parte de los
dueños de los muebles y los inmuebles en la
incorporación de los primeros a los segundos,
existiendo, además, constancia de la verdadera
intención de las partes en el contrato con la
finalidad de que los bienes muebles pasen a formar
parte de esa industria y explotación, que constituye
una unidad o conjunto, económica y/o
tecnológicamente, vinculados.
En relación con el segundo requisito, la DGT recuerda
que en determinadas circunstancias se deberá valorar si
la ausencia de identidad de propietarios no impide que
pudiera apreciarse la existencia de un control efectivo,
total o parcial, directo o indirecto, de las personas
jurídicas que sean jurídicamente las propietarias, a
través de una voluntad rectora común o cualquier otro
elemento que revele el consentimiento por parte de los
dueños de los muebles y los inmuebles en la
incorporación de los primeros a los segundos. De
concurrir tal voluntad rectora, la DGT opina que podría
producirse la circunstancia del artículo 334.5º del
Código Civil cuando pueda demostrarse la existencia de
la vinculación a la unidad económica que constituye la
industria.
La DGT concluye que las placas solares deben calificarse
como bienes muebles, teniendo en cuenta que las
mismas están instaladas en terrenos arrendados a
terceros, siendo además sus soportes susceptibles de
ser montados y desmontados, sin menoscabo alguno.
En consecuencia, la ganancia derivada de la
enajenación de las participaciones en las sociedades
limitadas españolas, titulares de las plantas, estará
exenta del IRNR, de acuerdo con el artículo 13 del
CDI España-Luxemburgo.
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Consulta V2037-18, de 9 de julio:
Tributación en España de sociedades
civiles francesas dedicadas al
arrendamiento de bienes inmuebles
La entidad consultante, con residencia fiscal en Francia,
pertenece a un grupo que está considerando invertir en
el mercado inmobiliario español a través de una Société
Civile de Placement Immobilier (SCPI) y/o una Société
Civile Immobilière (SCI). Dichos vehículos serán
gestionados por la consultante.
La inversión consistiría en la adquisición de la propiedad
de uno o varios inmuebles en España que, acto seguido,
se explotarían en régimen de arrendamiento.
Desde un punto de vista fiscal francés, tanto la SCPI
como la SCI, son sociedades de personas que no son
sujetos pasivos en Francia en un impuesto sobre la
renta. Las rentas obtenidas se imputan directamente a
sus socios y tributan en sede de los mismos. Las rentas
tienen la consideración en Francia de rentas
procedentes de arrendamientos.
La operativa de inversión será la siguiente:
• Ni la SCPI ni la SCI, tendrán medios personales o
materiales de ningún tipo en España. Tampoco la
entidad gestora o los vehículos que participan en la
SCI.
• Los contratos de arrendamiento serán firmados en
Francia.
• Determinadas funciones estarán externalizadas a
un proveedor externo, tales como la búsqueda y
selección previa de inmuebles y arrendatarios
(aunque la decisión definitiva se tomará desde
Francia por la consultante), y la gestión diaria de
los arrendamientos.
• Los contratos de adquisición de los inmuebles serán
firmados en España, para lo que cabe la posibilidad
de que se apodere expresamente al proveedor
externo, que firmaría en nombre y por cuenta de la
consultante. El alcance de ese poder se referirá a
cada adquisición específica, sin tener en ningún
caso el carácter de poder general para adquirir
inmuebles en nombre de la sociedad consultante.
Se plantea si la operativa descrita determina la existencia
en España de un establecimiento permanente de SCPI o
SCI.
En primer lugar, la DGT establece que la SCPI y la SCI
tienen la consideración de residentes fiscales en Francia
a los efectos del Convenio de Doble Imposición entre
Francia y España.
En segundo lugar, la DGT establece que, teniendo en
cuenta el artículo 5 del CDI entre España y Francia, la
actividad económica podrá realizarse en España a
través de establecimiento permanente en la medida que
toda o parte de esta actividad se desarrolle, de forma
continuada o habitual, mediante instalaciones o lugares
de trabajo, o que la entidad actúe en él a través de un
agente autorizado para contratar, en nombre y por
cuenta de la entidad.
Por tanto, se determina que para concluir la existencia
de establecimiento permanente se debe precisar si la
entidad realiza una actividad económica en España.
No existe en el convenio una definición de actividad
económica por lo que habrá de acudir a lo dispuesto en
la normativa interna. En este sentido, el artículo 27.2
de la Ley del IRPF establece que se entenderá que el
arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad
económica, únicamente cuando para la ordenación de
esta se utilice al menos, una persona empleada con
contrato laboral y a jornada completa.
Por tanto, en la medida en que, de acuerdo con los
hechos descritos, la SCPI y SCI (además de la gestora
y las entidades que invierten en la SCI), no disponen
de medios personales ni materiales en España, puede
concluirse que la operativa descrita no determina la
existencia de establecimiento permanente.
Consulta V2102-18, de 16 de julio:
existencia de Establecimiento Permanente
en España derivado del arrendamiento de
una oficina por parte de una federación
internacional
La consultante es una federación internacional que
tiene como objetivo organizar y gestionar, de forma
directa o indirecta, todos los aspectos relativos al baile
deportivo a nivel mundial. Dicha federación es una
entidad privada sin ánimo de lucro, debidamente
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 18 de 24
constituida de conformidad con las leyes vigentes en la
Confederación Suiza, y legalmente domiciliada en dicho
país.
Actualmente, dicha federación internacional es
arrendataria de unas oficinas sitas en España en las que
trabajan tres empleados, con residencia fiscal en
España, contratados en régimen laboral de dependencia
y que no tienen poderes para contratar en nombre y por
cuenta de la consultante.
Las principales funciones que realizan dichos empleados
son: la prestación de asistencia a los cargos relevantes
de la entidad, coordinación y asistencia al director
deportivo en el control de arbitraje, gestión del
calendario de las competiciones, aspectos relativos al
control de la asistencia a congresos organizados por la
entidad, gestión de las tarjetas de identificación de los
participantes en las competiciones y funciones de cobro
de las cuotas y comisiones exigibles por varios
conceptos a los miembros, participantes en
competiciones, árbitros o terceros organizadores de
competiciones.
La DGT analiza la posible existencia de un
establecimiento permanente en España derivado de las
actividades que realiza la federación.
Teniendo en cuentas las funciones descritas
anteriormente, la DGT concluye que la federación
dispondría de un lugar fijo de negocios en España, en el
que la misma efectúa toda o parte de su actividad. Por
ello, la oficina en cuestión, con el personal de la misma,
constituiría un establecimiento permanente en territorio
español a efectos del Convenio España-Suiza.
Además, se analiza la posibilidad de que dicho
establecimiento permanente pueda acogerse a las
exenciones parciales previstas en el artículo 9 de la LIS
para entidades sin ánimo de lucro.
La DGT concluye que al establecimiento permanente no
le son de aplicación en principio estas exenciones en la
medida en que no es contribuyente del IS sino del IRNR.
Sin embargo, en aplicación del principio de no
discriminación recogido en el artículo 24 del citado
Convenio, siempre que la actividad que realiza sea en
beneficio público y cumpla los requisitos exigidos en
el artículo 3 del a Ley 49/2002 para ser considerado
como una entidad sin fin lucrativo, se entiende que el
establecimiento permanente, encontrándose en las
mismas circunstancias que una entidad española de
la misma naturaleza, tendría derecho a disfrutar de
los mismos privilegios fiscales que puedan disfrutar
éstas.
Consulta V2009-18, 5 de julio:
consideración de un fondo de capital riesgo
como "institución financiera" a efectos de
la aplicación del artículo 13.4 del CDI
España-México
El consultante es un fondo de capital riesgo, constituido
conforme a la normativa española y residente fiscal en
España, que se está planteando iniciar una actividad
productiva en México a través de la toma de una
participación sustancial en una sociedad residente en
ese país.
La DGT analiza si dicho fondo puede ser considerado
como una “institución financiera” a efectos del artículo
13.4.a) del CDI España-México, de forma que, tal y
como allí se establece, las ganancias de capital que
pudieran generarse en sede de la consultante como
consecuencia de la desinversión futura en el capital de
la sociedad mexicana no estuviesen sujetas a
tributación en México.
En la medida en que el término “institución financiera”
no se encuentra definido en dicho Convenio, la DGT, se
remite a la regulación tributaria y financiera española
para concluir que los fondos de capital riesgo tienen la
consideración de “instituciones financieras”.
Sin embargo, la DGT indica que es a México al que le
correspondería la aplicación del Convenio en este
caso por lo que se debe atender a la interpretación
que, a estos efectos, tengan las autoridades de
México de la expresión “instituciones financieras”.
Consulta V2196-18, de 24 de julio.
Cumplimiento requisitos para la aplicación
de la exención del apartado 3 del artículo
21 de la LIS en la transmisión una entidad
de nueva creación dentro de un proceso de
venta de la división de negocio
La entidad consultante forma parte de un grupo de
consolidación fiscal de uno de los mayores fabricantes
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 19 de 24
de automóviles a nivel global. En el proceso de venta de
su división de asientos a una multinacional
estadounidense, para dar cumplimiento a varios de los
términos establecidos en la negociación, la consultante
aportó las participaciones correspondientes a la división
de asientos a una entidad de nueva creación (M)
adquirida previamente por la consultante.
Desde 1 de diciembre de 2016, momento de aportación
de las acciones, hasta el 28 de abril de 2017, día en el
que la consultante transmite las participaciones de M a
una entidad del grupo estadounidense, se produce en M
un incremento del valor de las participaciones relativas
a la división de asientos.
La consultante plantea la posibilidad de aplicar la
exención del apartado 3 del artículo 21 de la LIS sobre
la renta generada en la transmisión de las
participaciones de la entidad M, la cual se corresponde
con el incremento de valor generado en las
participaciones correspondientes a la división de
asientos durante el periodo de negociación y
perfeccionamiento del contrato.
Al respecto, la DGT considera que pese a que M es una
entidad de nueva creación y que las participaciones de
M se transmiten en un plazo inferior a un año desde su
constitución, dado que las participaciones
correspondientes a la división de asientos se poseen por
el grupo desde 2010, parece razonable entenderse
cumplido el requisito de tenencia de la participación.
Por tanto, la entidad consultante podrá aplicar la
exención a la renta obtenida de la transmisión de la
participaciones de en la medida en que se cumplan
los requisitos de antigüedad y participación.
VI. BEPS
El Instrumento Multilateral (MLI) ha sido
firmado por Arabia Saudí y ratificado por
cinco nuevas jurisdicciones
Arabia Saudí ha firmado el MLI por lo que a partir de
este momento comenzará su proceso de ratificación
doméstica. Por otro lado, durante el último mes
Australia, Francia, Israel, Japón y Eslovaquia han
depositado los instrumentos de ratificación del MLI ante
la OCDE.
La ratificación del MLI por parte de las distintas
jurisdicciones supone la modificación parcial de su red
de Convenios para evitar la doble imposición a partir del
1 de enero de 2019, siempre que exista “simetría” con
otros países que también hayan ratificado el MLI.
Con esta nueva ronda de ratificaciones, el número total
de jurisdicciones respecto a las cuales el MLI empezará
a surtir efectos a partir de 2019 asciende a 15 a fecha
de redacción de esta alerta
VII. Convenios y otras cuestiones de
interés
Japón firma una versión revisada del
Convenio de Doble Imposición (“CDI”)
acordado con España
El día 16 de octubre de 2018 representantes de Japón
y España firmaron un nuevo CDI y protocolo. Este nuevo
CDI viene a sustituir el actual convenio de 1974 y tiene
por finalidad fomentar la inversión y actividad
económica entre Japón y España, eliminando barreras
importantes a la colaboración transfronteriza.
Las modificaciones a destacar del CDI revisado son las
siguientes:
• Se introduce el concepto de entidad transparente a
efectos fiscales (artículo 1 del CDI).
• Se introduce una regla de desempate para la
determinación de la residencia fiscal de entidades
con residencia fiscal dual (artículo 4 del CDI).
• Se aumenta el alcance y definición del
establecimiento permanente para incluir una regla
de anti-fragmentación y la inclusión de los agentes
dentro del concepto del establecimiento
permanente (artículo 5 del CDI).
• Se modifica el artículo 7 del CDI (beneficios
empresariales) para alinear la atribución de
beneficios con el enfoque autorizado de la OCDE.
• Se establecen tres tipos de retención aplicables a
dividendos según el cumplimiento o no de ciertos
requisitos: (i) un tipo gravamen de 0% para aquellos
dividendos distribuidos al beneficiario efectivo de
los mismos siempre que haya mantenido un
porcentaje de participación de al menos el 10%
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 20 de 24
durante los 12 meses previos al reparto; (ii) un tipo
de gravamen del 10% aplicable a los dividendos que
son gasto deducible para la entidad que los
distribuye; y (iii) un tipo de gravamen de 5%
aplicable en todos los demás casos (artículo 10).
• Se establece una exención plena para ciertos tipos
de intereses (artículo 11).
• Se establece tributación exclusiva en el Estado de
residencia para cánones.
• Se establece una exención plena para las ganancias
de capitales derivadas de la enajenación de
acciones siempre y cuando el activo de la entidad
participada no sea principalmente (más de 50%)
inmobiliario (artículo 13); y
• Se incorpora tanto una cláusula de limitación de
beneficios como una cláusula del propósito
principal.
Acuerdo del ECOFIN de 2 de octubre de
2018 sobre el sistema de IVA
El 2 de octubre de 2018, en una reunión de los
ministros de Finanzas de la UE celebrada en
Luxemburgo se han alcanzado acuerdos sobre una serie
de asuntos en la reforma del sistema actual de IVA de la
UE.
Entre las medidas adoptadas, se destacan las
siguientes:
• Nuevas normas a fin de mejorar la gestión cotidiana
del sistema actual del IVA hasta la ejecución de la
estrategia de reforma general del IVA.
• Una nueva medida para permitir a los Estados
miembros hacer coincidir los tipos del IVA que
aplican a las publicaciones electrónicas, cuyo tipo
impositivo actual es el general en la mayoría de los
Estados miembros.
• Adopción oficial de nuevas normas para
intercambiar más información e impulsar la
cooperación contra el fraude en materia de IVA
entre las autoridades tributarias y policiales
nacionales.
Por último, el Consejo ha acordado una propuesta que
permitirá que los países más afectados por el fraude
apliquen un mecanismo generalizado de inversión del
sujeto pasivo de IVA. Este mecanismo generalizado de
inversión traslada la responsabilidad de informar sobre
una operación de IVA del vendedor al comprador de un
bien o servicio. Los Estados miembros podrán utilizar el
mecanismo solo para suministros nacionales de bienes y
servicios por encima de un límite de 17.500 euros por
transacción, solo hasta el 30 de junio de 2022 y en
condiciones técnicas muy estrictas.
Acuerdo del ECOFIN de 2 de octubre de
2018, revisión de la Lista Pan-UE de
jurisdicciones no cooperativas en materia
fiscal
La lista de la UE de países y territorios no cooperadores
a efectos fiscales se ha modificado teniendo en cuenta
los compromisos contraídos por países y territorios
incluidos en la lista y una evaluación de los países y
territorios para los cuales aún no se había adoptado una
decisión.
Así, el 2 de octubre de 2018, el Consejo suprimió de la
lista negra (Anexo I) a Palau al suscribir compromisos
de alto nivel político para atender a las preocupaciones
de la UE y las trasladó a la lista gris (Anexo II) donde se
recogen los países y territorios que se han
comprometido a reformas sus políticas fiscales y que
son objeto de estrecho seguimiento.
Por otro lado, el Consejo suprimió de la lista gris a
Liechtenstein y Perú por haber cumplido todos los
compromisos en materia de cooperación fiscal.
Tras el acuerdo, se mantienen en la lista de la UE seis
territorios: Samoa Americana, Guam, Namibia,
Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos.
El Parlamento Suizo aprueba un paquete
de reformas fiscales
El 28 de septiembre de 2018 el Parlamento Suizo
aprobó la Ley Federal sobre Reforma Fiscal y la
Financiación de Seguros de Ancianos y Supervivientes
(en adelante, el “TRAF”). Dicha norma tiene la finalidad
de promover el atractivo del país como centro de
negocios y asegurar un nivel apropiado de ingresos
fiscales.
Boletín de Actualización Fiscal | Octubre 2018| Número 80 Página 21 de 24
Las principales medidas fiscales previstas en el TRAF
son:
• Abolición de regímenes fiscales preferenciales a
nivel cantonal para sociedades holding, sociedades
con domicilio fiscal en los cantones y sociedades
mixtas.
• Régimen de patent box, conforme al estándar del
OCDE, que supone la aplicación de una reducción
máxima del 90% del ingreso neto derivado de
patentes nacionales y extranjeras y otros derechos
similares.
• “Súper” deducción de I+D en un 50% de los gastos
personales asociados con el desarrollo de I+D.
• Posibilidad de establecer una deducción de
intereses nocionales (en principio, solamente el
cantón de Zúrich cumpliría con los requisitos para
poder implementar dicha deducción).
• Aumento del tipo de gravamen aplicable a los
dividendos de un tipo de gravamen del 50% y 60%
(para dividendos derivados de inversión comercial
y de inversión privada, respectivamente) a un tipo
de gravamen estándar de 70%; y
• Posibilidad de aplicar créditos fiscales “tarifa
plana” a los establecimientos permanentes en
Suiza de sociedades extranjeras.
Si no se convoca un referéndum, las primeras medidas
de la reforma fiscal entrarán en vigor en 2019
mientras que el grueso de la reforma entrará en vigor
en 2010.
Tailandia introduce un régimen de centro
de negocio internacional para reemplazar
los regímenes de incentivos existentes
El día 9 de octubre de 2018, el gobierno tailandés
aprobó la abolición de los regímenes de incentivos
(regional and international headquarters regimes) y su
reemplazo con un régimen único: el régimen de centro
de negocio internacional (“IBC”).
Esta reforma se ha implementado con el fin de adaptar
el régimen fiscal tailandés a los estándares BEPS dado
que los regímenes de incentivos aplicables a sedes
centrales de empresas (tanto regional como
internacional) y a hubs fueron identificados como
fiscalmente perjudiciales.
China extiende el alcance del régimen de
diferimiento de retenciones en
reinversiones directas realizadas por
inversores extranjeros
Hasta ahora, el régimen de diferimiento de retenciones
sólo era aplicable a inversores extranjeros que
reinvirtieran directamente los beneficios distribuibles
por entidades chinas participadas en determinadas
industrias.
A partir de ahora, este régimen de diferimiento se
extiende a todas las reinversiones directas realizadas
en inversiones no prohibidas para inversores
extranjeros.
Puede consultar las últimas alertas fiscales y legales en
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ABREVIATURAS
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
AN Audiencia Nacional
BEPS Base Erosion and Profit Shifting
BIN Base imponible negativa
BOICAC Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
CbCR Country-by-Country Reporting
CDI o Convenio Convenio para evitar la Doble Imposición
CE Constitución Europea
DGT Dirección General de Tributos
DGRN Dirección General de los Registros y del Notariado
EEE Espacio Económico Europeo
EP Establecimiento Permanente
ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS Impuesto sobre Sociedades
ISyD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
LGT Ley General Tributaria
LIS Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades
LISyD Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
LIVA Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
MC Modelo de Convenio
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
RIS Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
SOCIMI Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario
TEAC Tribunal Económico-Administrativo Central
TGUE Tribunal General de la Unión Europea
TFF Tasa sobre las Transacciones Financieras
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLIRNR Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
TRLIS Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
TS Tribunal Supremo
UE Unión Europea
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Acerca de EY
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad,
asesoramiento en transacciones y consultoría. Los
análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan
a crear confianza en los mercados de capitales y las
economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes
destacados que trabajan en equipo para cumplir los
compromisos adquiridos con nuestros grupos de
interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en
la creación de un mundo laboral mejor para nuestros
empleados, nuestros clientes y la sociedad.
EY hace referencia a la organización internacional y
podría referirse a una o varias de las empresas de
Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una
persona jurídica independiente. Ernst & Young Global
Limited es una sociedad británica de responsabilidad
limitada por garantía (company limited by guarantee) y
no presta servicios a clientes. Para ampliar la
información sobre nuestra organización, entre en
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