Julio nº 13, 2ª edición, 2012

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, manifestó hoy su indignación y oposición frontal ante las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el ámbito de las Administraciones Públicas.

En este sentido, anunció la convocatoria de paros parciales en el conjunto de las administraciones durante los meses de julio y agosto, entre otras movilizaciones, y no descarta convocar una huelga en el mes de septiembre. El alcance de estas movilizaciones se decidirá este mismo viernes por la Comisión Nacional del sindicato.

CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que –según CSIF-- no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos de este país.

“Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público, servidores públicos y que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar los servicios públicos”, destacó el presidente del sindicato, Miguel Borra.

Además, para CSI-F las medidas anunciadas por Rajoy no inciden en el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e infraestructuras (aeropuertos y autopistas infrautilizados) o las estructuras administrativas ineficientes (embajadas autonómicas en el exterior). “No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros del Estado, cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo”, aseveró Miguel Borra.

Borra recordó que “llueve sobre mojado” y que los empleados públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5 por ciento (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida de poder adquisitivo del 21 por ciento, así como la amortización de plazas de personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha supuesto la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.

Por otro lado, CSI-F insiste en que en este país “no sobran empleados públicos”. Así, mientras que en España hay un empleado público por cada 15 ciudadanos, en Alemania por cada 18 ciudadanos y en Francia por cada 12. “No

somos muchos. Estamos en la media”, apuntó. Ahora bien, lo que “no tiene ninguna explicación la multiplicación hasta el infinito de empresas públicas que se ha producido en los últimos años para sortear la Ley”.

“Los empleados públicos tienen que saber que CSI-F va a seguir defendiendo sus intereses y sus derechos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años”, recalcó Borra.

En este sentido, el presidente de CSI-F recordó que el Tribunal Constitucional de Portugal determinó la semana pasada que la rebaja de sueldos en el sector público es discriminatoria respecto al sector privado, apuntando la posibilidad de que en España pueda suceder lo mismo.

Ante esta situación, CSI-F reiterará su oferta de pacto de Estado en las Administraciones Pública, que consta de diez puntos fundamentales.

1. CSI-F emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y recuperar el diálogo social como elemento fundamental para conseguir un Pacto de Estado para las Administraciones Públicas.

2. Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de la AGE y de las CC.AA. para vertebrar el Estado, homologar y coordinar los servicios que se prestan en todos los niveles administrativos y evitar duplicidades.

3. Realizar un diagnóstico sobre la estructura administrativa en el conjunto del Estado, evaluando las necesidades, los recursos humanos y elaborar criterios generales para los diferentes sectores.

4. Racionalizar el empleo público y mantener una tasa de reposición que garantice la calidad de los servicios públicos.

5. Consolidación del empleo y reducción de la temporalidad.

6. Delimitar el campo de actuación de los servicios que prestan las administraciones públicas a través de empleados públicos, frente a otro tipo de servicios que prestan empresas públicas.

7. Desarrollo de la evaluación del desempeño (productividad) de los empleados públicos.

8. Avanzar en la configuración de la carrera y promoción profesional.

9. Dotar a las administraciones de instrumentos legales necesarios para que avancen en la prestación de unos servicios más ágiles, más eficaces, más ágiles, más eficaces, más transparentes y responsables.

10. Garantizar el mantenimiento de la calidad en los servicios públicos y los principios sobre los que se sustenta el Estado del Bienestar.

Por otra parte, el Consejo Sindical de CSI-F puso en marcha esta semana su Observatorio para el seguimiento del desarrollo de la reforma laboral y combatir de manera más eficaz los despidos de empleados públicos que se produzcan en todo el Estado.

CSI-F ha creado esta herramienta sindical con la que acudirá a todos las administraciones donde se produzca un ERE para defender los intereses de los trabajadores. El plan de actuación contemplará las tradicionales vías de presión (paros, movilizaciones, etc.), actuaciones en el ámbito jurídico, así como el desarrollo de auditorías públicas, para ofrecer medidas alternativas al despido.

¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, manifestó hoy su rechazo “frontal” a la imposición del Gobierno y promoverá junto al resto de organizaciones sindicales del sector medidas de presión conjuntas contra el decreto de recortes anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

CSI-F, junto al resto de sindicatos de la Función Pública, acordó levantarse esta tarde de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, “ante la imposición y la falta de voluntad de negociación” demostrada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

CSI-F también hace extensiva su oferta de pacto de Estado al resto de organizaciones sindicales para modernizar la Administración, preservando el sistema de Servicios Públicos, nuestro modelo de Estado del Bienestar y la calidad en el empleo público.

CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que -según CSIF- no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos de este país.

“Los empleados públicos tienen que saber que CSI-F va a seguir defendiendo sus intereses y sus derechos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos años. No podemos consentir que la crisis se aproveche para desmantelar los servicios públicos”.

(En cualquier caso una FELONÍA) En el día de ayer, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha anunciado en el Congreso de los Diputados las medidas de ajuste que se van a adoptar para contener el déficit. Estas medidas además de injustas se han demostrado ya claramente ineficaces pues las tomadas anteriormente en el mismo sentido, han sido totalmente inútiles y son la mayor felonía cometida por un Presidente del Gobierno en la joven democracia española. De nuevo, haciendo gala de su talante y voluntad negociadora, estos recortes se deciden sin MANTENER NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES PESE A AFECTAR GRAVEMENTE A LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. EN ESTE CASO NI SIQUIERA NOS LO HAN COMUNICADO PUES LA “REUNIÓN INFORMATIVA” TENDRÁ LUGAR ESTA TARDE ¿ya para qué?. Entre otras, las medidas que más nos afectan son las siguientes: - Suspensión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos. Esta medida supondrá, pese a las promesas anteriores, una nueva reducción de las retribuciones de los trabajadores de la Administración en torno a un 7%. Llueve sobre mojado. - Reducción del número de días de libre disposición. Pese a que estos se fijaron en su día para paliar en parte la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos debido a las insuficientes o inexistentes subidas salariales. - Se equipara las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de los trabajadores. ¿Equiparación? ¿a qué trabajadores? No olvidemos que hay un gran número de empresas que amplían las prestaciones de baja por enfermedad a sus trabajadores. Por lo visto los empleados públicos sólo se pueden equipar a aquellos cuyas condiciones laborales son más precarias. - Se facilita la movilidad de los empleados públicos. Aun no se ha concretado de qué forma se llevará a cabo esta medida ni a quien afectará pero visto lo visto nos esperamos lo peor. - Ajuste del número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. - Incremento del IVA en tres puntos, del 18% al 21%. El tipo reducido, del 8% al 10%. Se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. Es decir, que a los empleados públicos les afectan no sólo las durísimas medidas directas que sobre ellos se toman, además tienen que soportar las medidas generales como el resto de españoles. Suma y sigue.

- Recorte del subsidio de desempleo a partir del sexto mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora, aunque se mantiene durante dos años. - Eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013. Suponemos que para colaborar a que el mercado inmobiliario remonte tras su brutal caída ¿no?. - Reducción del 30% en el número de concejales por tramos de población. - Recorte adicional de un 20% en las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales en los presupuestos de 2013. - Las cotizaciones sociales bajan un punto en 2013 y un punto adicional en 2014. - Supresión de un gran número de las bonificaciones a la contratación. Esta medida como cualquiera puede advertir, contribuirá sin ninguna duda a que el número de parados de este país decrezca rápida y eficientemente ¿verdad?. - Recorte de 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios. Las partidas que hace diez días eran las apropiadas para una situación de crisis, una semana después ya no lo son. En este caso no se puede decir aquello de “larga vida a los presupuestos”. Estas medidas suponen una nueva vuelta de tuerca, una felonía sobre los empleados públicos a los que se responsabiliza de una crisis que en ningún caso han provocado aplicándoles injustas medidas que restringen sus condiciones laborales. No olvidemos que detrás de cada trabajador de la Administración hay una familia, unas necesidades que cubrir con unos sueldos miserables antes ya de los recortes, unas obligaciones adquiridas a las que hacer frente, unas condiciones cada día más difíciles (sube el IRPF y el IVA) y ahora tristemente ni siquiera podremos pedirle a los Reyes Magos que palien un poco esta situación porque los pobres no van a cobrar la extra de Navidad de modo que le traerán a nuestros hijos una cuchara de madera y una tapadera de cacerola para que jueguen.

Aquí va una lista de productos que quizás necesites en breve o tenías en mente comprar y que si adquieres antes de la subida te supondrán el ahorro de unos eurillos. ¡Ayúdanos a completarla en los comentarios!

•Billetes de tren, bus o avión por adelantado... Si viajas habitualmente o te mueves semanalmente entre ciudad y ciudad puedes aprovechar para hacer acopio de billetes. Los servicios de transportes de viajeros y sus equipajes tributan con tipo reducido: su IVA sube del 8 al 10%. Si, por ejemplo, te mueves habitualmente en AVE entre Madrid y Valencia y te suele costar 110 euros sin IVA, ahora te sale por 118,8 euros y va a pasar a costarte 121 euros. Si vas a hacer este viaje 10 veces en los próximos meses, te ahorrarías 22 euros.

•Ordenadores o productos electrónicos. Un ordenador de sobremesa que ahora te cuesta 550 euros sin IVA, al añadirle el 18% se queda en 649 euros. Con la subida -la tasa del 21%-, el nuevo precio es de 665,5. Supone un alza de 16,5 euros.

•Lentillas o gafas graduadas. De momento se mantienen como IVA reducido, es decir, que pasarán a tener un IVA del 8% al 10%. Pero el Gobierno estudia cambiar productos como estos hacia el tipo general, el que pasa ahora al 21%. De ahí que la subida podría ser considerable en productos como estos. Unas lentillas de uso para seis meses que ahora te cuestan 90 euros sin IVA las pagas finalmente a 97,2. Si se queda en tipo reducido, con el IVA al 10% el precio sería de 99. Si esos rumores sobre el cambio de ciertos productos al tipo general se cumplieran, te costarían 118,9: 21,7 euros más de lo que estarías pagando ahora.

•Tu lectura de verano para ebook. Los libros de papel tienen un IVA superreducido y no experimentarán variación. Los electrónicos, en cambio, están en el tipo general. Uno que cueste 5 euros sin el IVA sale ahora por 5,89. Cuando se le aplique la subida, 6,05 euros.

•Tus vacaciones. El IVA al turismo no pasa al general, pero también se resiente de la subida del reducido. Su cambio al tipo más alto habría implicado "directamente dejar de ser competitivos" y la bajada en número de turistas se contaría por millones, según señalaba esta semana el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá. Sí subirá del 8 al 10%, el mismo nivel impositivo que en Italia pero más elevado que en Francia (7%), Turquía (8%), en Portugal (6%) e, inclusive, en Alemania (9%), según El Economista. El IVA del turismo te puede hacer replantearte si es el mejor momento para dejar ya pagado el viaje.

•El corte de pelo, mejor ahora. Los servicios de peluquería y de cuidado personal (depilación, masajes...) están ahora con un IVA del 8%. Si estabas pensando darle un nuevo aire a tu pelo, puede ser el momento. Ponte que tu peluquero te cobra habitualmente 30 euros sin IVA por lavar, cortar y peinar. Ahora habría que añadirle 2,4 y te saldría por 32,4 euros. Si se queda en el reducido, se le aplicará una tasa del 10% y ya te saldrá por 33. En el peor de los casos, si este pasa al tipo general, que va a tener un 21%, el precio final sería de 36,3 euros. •Cajetilla de tabaco. Habrá un alza de los impuestos de tabaco. Siempre es un buen momento para dejar de fumar, pero si quieres seguir con el hábito, al menos puedes ahorrar algo de dinero si haces una compra mayor de lo habitual. Altadis estimó hace días que una subida del IVA al tabaco en tres puntos encarecerá las cajetillas hasta en 40 céntimos.

•Coche. Si estabas ahorrando para un vehículo, en la adquisición después de la subida del IVA también se notará la diferencia. Según Diario Motor, un modelo de coche nuevo que cuesta actualmente -con el IVA al 18%- 21.500€, tras descontar 2.000€ del descuento que ofrece el fabricante, pasará con el IVA al 21% a 22.100 euros: un aumento de 600 euros. Este diario subraya que la subida es más acusada a medida que subimos de gama: para uno de 43.150€ supondrá un aumento de 1.400 euros. Y ojo, que el precio del combustible tampoco se salvará del incremento.

•Celebra tu cumpleaños ahora. Si cumples años en lo que queda de 2012 o tienes algo que celebrar piensa en adelantarlo. En los restaurantes, como en el turismo, pasa del 8 al 10%. Si tenías pensado organizar una cena romántica para dos por 75 euros (sin contar el IVA), ahora te saldría a 81. Cuando el tipo reducido suba, costaría 82,5. Una copa de 7 euros -el alcohol está en el tipo general- (8,26 con IVA) pasará a costar 8,47 euros.

•Cine... sin palomitas. Las entradas serán más caras. Pasa de tener un IVA del 8 al 10%. "Es un empujón más para el cierre de salas", se quejan desde la Federación de Cines de España (FECE). Si hipotéticamente te costara 7 euros, la entrada con el IVA actual sería de 7,56. A partir de ahora será de 7,70.

Los duros tiempos que vivimos hacen que en nuestras acomodadas mentes asomen los fantasmas del pasado. En su momento dije que una mayoría absoluta del PP, dado el contexto económico existente, sería lo peor que le podría pasar a este país. No me equivocaba: el gobierno de Mariano Rajoy se mueve como pez en el agua en su papel de enemigo del pueblo. El programa de máximos que están implementando y que, por supuesto, no figuraba en su programa electoral, va a llevar a buena parte de los españoles a la desesperación y, ciertamente, a un conflicto social de grandes proporciones. La paz social, antaño aparatoso telón de fondo de la dialéctica reivindicativa de los sindicatos, está hoy más en duda que nunca. Un hecho forzado por la generalización (más aún) de la esclavitud laboral que hasta ahora sólo tocaba acatar a los jóvenes. Esto, unido a los recortes en los servicios públicos, asegura el conflicto. No en vano, es en los servicios públicos, y no tanto en las solemnes proclamaciones, donde reside buena parte de la legitimidad de los gobiernos.

El esquema que ha seguido el PP tras tomar el poder fue la previsible acusación a la "herencia recibida". En seguida se echó mano del "todo está peor de lo que nos esperábamos" para rechazar cualquier compromiso electoral asumido. Los cofrades populares que habían sacado en procesión la curva de Laffer durante toda la campaña electoral pronto abjuraron de su fe ante la sorprendente afirmación de que "el déficit es mayor del esperado". Sorprendente, pues si creían en la curva de Laffer la consecuencia lógica de un mayor déficit debiera haber sido una mayor bajada de impuestos. Pero la realidad se presenta tan simple como suele: el PP mintió.

Mariano Rajoy y su gobierno están empeñados en sembrar el odio en el seno de la sociedad española para quebrar cualquier resistencia que sus prácticas puedan generar. La campaña de los medios de comunicación afines (y en plena crisis de publicidad, con todo el poder de España en manos del PP, casi todos son afines) contra los sindicatos y, en general, todos los que plantan cara a las medidas laborales y de recortes sociales, está siendo brutal. Unos estudiantes valencianos pueden ser convertidos en peligrosos "radicales" y los líderes sindicales son zaheridos despiadadamente por el mero hecho de no ser unos sin techo. Los amigos de multimillonarios, banqueros y aristócratas de barrio varios se entretienen estos días señalando como lujos cosas risibles (tomarse una cerveza, por ejemplo) o inventando toda suerte de bulos para sembrar la duda entre la gente. El objetivo siempre es el mismo: que ante la reforma laboral y los recortes sociales sólo quepa la postura del miedo, la del esquirol, nunca la contestación.

Al insulto sistemático de cuantos se oponen a las antisociales medidas del PP se une el recurso fácil al miedo. El miedo que todo lo invade. El miedo que empuja a tantos desgraciados a pensar que si a los demás les va un poco peor a él le irá mejor. Un miedo que obra milagros contra la lógica: como pensar que la salvaje reforma laboral o las medidas del gobierno de Rajoy para frenar el déficit pueden crear empleo. Cuando en realidad la clave está en un crecimiento económico que simplemente no existe. Y mientras la actividad económica esté en coma da exactamente igual que un empleador deba besar los pies a sus subordinados o pueda azotarlos con regularidad, el empleo a crear va a ser el mismo. Pero el miedo todo lo puede, ante las críticas basta sacarle a pasear. "Quejarse no creará empleo".

Buena parte de la opinión pública española ha sido recudida a la nada. El bombardeo mediático que banalizaba la crisis ahora la convierte en algo que todo lo justifica. Un bombardeo mediático no menor ha impuesto entre el populacho las más abyectas jergas y lugares comunes de la explotación del hombre por el hombre. Varias generaciones de jóvenes les ha sido inculcada la mentalidad del banquero de inversión, del fondo buitre, y les podemos ver hoy, desempleados y sin esperanza, confiando en que "toda crisis significa oportunidad" o considerando que su miserable situación es fruto de algún error de su sistema educativo, algún pecado original de su generación, siempre señalado por elementos pertenecientes a generaciones que fueron contemporáneas de un analfabetismo del 10% y el trabajo infantil. No faltan a su cita, claro, los que anuncian solemnemente que a quien no le va bien es porque así lo quiere y que tienen un manual a módico precio para explicarte cómo irte mejor.

Buena parte de la sociedad, pues, ha quedado inevitablemente reducida a esa categoría "desclasada" que se suele denominar "lumpen proletariado". Una masa que ni siente ni padece, que simplemente sirve de promoción a políticos sin escrúpulos. Y el discurso del miedo del PP, este discurso salvaje contra el PSOE, de chantaje hacia el pueblo desesperado, no hace sino traer al recuerdo aquélla frase de Karl Marx en "El 18 de Brumario de Luis Bonaparte":

"Bonaparte quisiera ser también el hombre más obligeant de Francia y convertir toda la propiedad y todo el trabajo de Francia en una obligación personal contra él mismo. Quisiera robar a Francia entera para regalársela a Francia, o mejor dicho, para comprar de nuevo a Francia con dinero francés. El gobierno del PP, en fin, ha decidido aprovechar la crisis para devolver a España al siglo XIX. Siempre fue ése, y no otro, el programa de máximos del PP: que haya señoritos y que haya peones, con el término medio reservado para unos pocos gremios elegidos. ¿Educación pública? ¿Prestaciones por desempleo? ¿Sindicatos? A nada sino algo a prohibir, a evitar, suenan esos términos en los oídos de nuestro decimonónico presidente Rajoy. Un presidente que ya en su día nos aclaró su completo desprecio por cualquier idea de igualdad.

Nos adentramos, pues, en un período oscuro en el que la única esperanza para millones de españoles será caer bajo la servidumbre de un amo bondadoso. De todos modos, la gente no parece darse cuenta de que cuando la economía mejore no cambiarán la ley laboral para mejor: se quedará tal y como está. Porque la reforma laboral, y buena parte de los recortes sociales, no son un medio para llegar al empleo sino que para el Partido Popular son un fin en sí mismos.

Laura Csado Lovut

Qué suponen los recortes para un empleado público Hablamos de servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos. Sufrido varios recortes desde el inicio de la crisis económica que han llevado a que este colectivo sea el grupo de trabajadores más castigados por la crisis, si exceptuamos los que han perdido el empleo. Desde 2010 hemos sufrido tres congelaciones salariales (2010, 2011 y 2012). Además se nos ha recortado el sueldo dos veces. En mayo de 2010 se nos redujo una media del 5% y hoy, en julio de 2012, se suprime la paga extraordinaria de diciembre lo que supone una reducción de alrededor del 7%. Además, se ha reducido el salario en los casos de incapacidad laboral transitoria. Todo esto supone una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30% y serias dificultades para llegar a fin de mes a un gran número ellos. Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones

penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público... servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos.

Los recortes sufridos no sólo suponen pérdidas salariales, ya que también afectan al conjunto de sus condiciones laborales: se aumentan las cargas de trabajo con su consecuente precarización y desmotivación generalizada, se culpabiliza al colectivo al dirigir sobre ellos una campaña de desprestigio, se coloca en situación social muy complicada para llegar a fin de mes a la gran mayoría y se eliminan la práctica totalidad de los componentes sociales salariales como plan de pensiones, acción social o la reducción de los días de libre disposición.

La reforma laboral con su adicional 2ª permite que el Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local puedan despedir al personal laboral que accedió a su plaza mediante proceso selectivo. Con el agravante de que van a ser los trabajadores del sector público los que asuman íntegramente las consecuencias del despilfarro y de la mala gestión de los administradores políticos. Una medida que no va aportar las soluciones necesarias en el medio y largo plazo. ¿Con qué y quién va a decidir lo que es y lo que no es necesario? Antes de aplicar estas medidas a los trabajadores del Sector Público se han quedado en el tintero la supresión de muchas actuaciones innecesarias, que son las que nos han puesto en esta situación y que no aportan nada a los ciudadanos.

Y por último ante la actual situación económica que atraviesa nuestro país, unida a la preocupante sensación de inseguridad que los poderes públicos transmiten a la sociedad sobre la viabilidad de los Servicios Públicos, CSI-F, desde la responsabilidad que supone ser sindicato mayoritario en Administraciones, exige y emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y recuperar el dialogo social como elemento fundamental para conseguir un Pacto de Estado para las Administraciones Públicas.

La crisis en la economía española requiere la colaboración de todas las partes implicadas, pero es imprescindible que la Administración ejerza el liderazgo, retomando la negociación para trabajar en la mejora de unos Servicios Públicos, que son el principal instrumento de cohesión, estabilidad y progreso de nuestra sociedad. Libertad Digital

Miguel Borra es presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)

Rajoy sube el IVA, recorta el paro y quita una paga a los funcionarios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles una serie medidas de ingresos y gastos con los que se asegura una reducción del déficit público de 65.000 millones en los próximos dos años y medio. Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los ajustes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses. En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.

Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. Fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press no precisaron cuánto se espera recaudar con esta medida, pero recordaron que cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros. El Gobierno se había resistido hasta ahora a tocar este impuesto para no agravar aún más la recesión, pero las recomendaciones de Bruselas, "obligaciones" como él mismo las llamado durante el debate, no le han dejado muchas opciones. El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos que conlleva, informaron a Europa Press en fuentes del Ejecutivo. De hecho, éste será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental impulsando en el sistema impositivo el principio de "quien contamina paga". Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes. Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%. UNA MEDIDA MUY RECHAZADA Ésta es una medida muy controvertida que previsiblemente no gustará a los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro supera los 5 millones de personas. En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores. Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE. 4.000 MILLONES POR LA SUPRESIÓN DE LA EXTRA Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los 'moscosos' y el ajuste del número de liberados sindicales. Solo la supresión de la paga extraordinaria permitirá ahorrar 4.000 millones. Rajoy ha pedido un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, pero ha dejado claro que la suspensión de la segunda paga extraordinaria solo será compensada a partir de 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos. Aunque Rajoy no lo ha mencionado en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press que además de reducirse los 'moscosos', se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público, los conocidos como 'canosos'. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente. RECORTA CONCEJALES Y SUBVENCIONES Para ajustar el tamaño de la Administración, el presidente también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones. Con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente ha anunciado un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. RAJOY SE JUSTIFICA Con todas estas medidas, el Ejecutivo se asegura un ahorro de 65.000 millones en dos años y medio y avanza en el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Según el Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta postración y que servirán sin duda para reducir el déficit. A su parecer, se trata de un paquete de medidas "equilibrado", que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo y que se acompañará de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento del país, como la energética o el refuerzo de la unidad de mercado.

10 de julio de 2012 ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación de las actas pendientes.

2. Movilidad al amparo del art. 64 del III CU:

2.1. Información sobre el estado de tramitación de las solicitudes.

2.2. Solicitud de movilidad de:

• Pedro Cisneros Abascal (Demarcación de Costas de Cantabria). Se pospone a la próxima Subcomisión.

3. Desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo profesional (art. 22 del III CU):

• Raúl Sánchez Morido, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, adscrito a la CH Tajo, en el puesto 4925646 de Oficial de Gestión y Servicios Comunes. Acuerdo, cc.oo en contra, cig abstención.

4. Movilidad sin cambio de funciones al amparo del artículo 24 del III CU:

• Mª Eva Ramos Pérez (CH Miño-Sil). Acuerdo.

5. Plan de redistribución de recursos humanos del Parque de Maquinaria.

6. Solicitudes de modificación de la RPT:

6.1. Modificaciones de la RPT (art. 9.2).

• Varios Centros. Baja de los puestos 5075225 (Miño-Sil), 4925642 (Madrid), 4926533 (Cantabria) y 4926877 (Madrid) por promoción interna al Cuerpo Auxiliar AGE. OEP 2010. Informados.

• DG Desarrollo Rural y Política Forestal. Cambio de adscripción del puesto 4901804 ocupado por Rosa María Jerez Zaragoza, de la SG Silvicultura y Montes a la SG Fomento del Desarrollo Rural. Acuerdo.

• CH Miño-Sil. Cambio de adscripción del puesto 5184054 ocupado por Mª Eva Ramos Pérez. Acuerdo.

• CH Miño-Sil. Asignación de especialidad del puesto de trabajo 5159159 ocupado por Oscar Martínez Linares en el marco de la consolidación y supresión de clave 015 “Indefinido por sentencia”. Acuerdo.

6.2. Solicitudes de asignación de complementos.

• DG Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Atribución temporal del complemento 003 B2 al puesto de trabajo que ocupa Ana Brugada Gispert. Acuerdo.

• MC Taibilla. Atribución temporal de los complementos 004B y 005 al puesto que ocupa Antonio Fornet Aguado. Acuerdo.

• DG Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Atribución temporal del complemento 006 al puesto que ocupa José Miguel Álvarez Martín. Acuerdo, otros trabajadores se encuentran en la misma situación y han solicitado el Complemento hace tanto o más tiempo.

• Parques Nacionales. Atribución del complemento de jornadas especiales al puesto de trabajo que ocupa Jesús Gómez San José. Acuerdo, cc.oo en contra.

• DG Servicios. Atribución temporal de varios complementos a los puestos de trabajo que ocupan Mª Luisa García Hornero, Gonzalo Hilario Luque, Ángel Sierra Buendía y Almudena Suárez Vivanco. Acuerdo.

7. Ruegos y preguntas.

CSI·F pregunta por la solicitud de Complemento de Obra efectuada en septiembre de: D. Eduardo López, D. Miguel Ángel Aragón, D. Ramón Gay, CSI·F solicita saber cuál es el criterio que utiliza el Centro Directivo para tramitar unas solicitudes y no tramitar otras. CSI·F solicita información del Complemento de Turnicidad, solicitado por el trabajador D. Juan José Urrea Sánchez, del G.4 A.F. 2, que trabaja en el Centro de Impulsión de Alama de la C.H. del Segura. CSI·F solicita información sobre la falta de Unificación de los vehículos en toda la Confederación del Tajo, algunos usan Nissan Trail y otros Kangoo, furgonetas Citroën, en la Vigilancia Fluvial, con el peligro que eso supone.

CSI·F solicita información sobre el estado de tramitación del art. 64.2 de: José Antonio Donoso Manzanedo (C.H. del Júcar),

Tomas Hurtado Ruiz (C.H. del Guadalquivir).

Emilio Rafael Giner Pérez (C.H. del Júcar).

¡¡¡ MISERABLE !!!

¡ ÉSTA, ES LA CATERVA QUE NOS GOBIERNA Y A LA QUE ENTRE TODOS LE PAGAMOS EL SUELDO ¡

VER VIDEO: http://youtu.be/kDFgr5bQWyo

El día 13 fue un día más de los denominados fatídicos que debemos señalar en rojo dentro del calendario de cualquier Empleado Público que se precie de todo el Estado, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros extraordinario del Real Decreto Ley 20-2012 que ha sido publicado en el B.O.E. en el día de hoy, que viene a restringir y a limitar una vez más los derechos sociales económicos y sindicales, ya maltrechos, de los Empleados Públicos (Funcionarios, Estatutarios, Personal Laboral) definido en el art. 22. Uno de la Ley 2/2012 de 29 de Junio de Presupuestos Generales del Estado de las Distintas Administraciones de toda la geografía del Estado.

Para resumir todo el contenido de las 91 páginas que comprende este R.D.L. en lo relativo a las retribuciones y derechos sociales reconocidos y consolidados de los Empleados Públicos en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto .Básico del Empleado Público y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, se procede de la siguiente manera:

1.- Los Empleados Públicos verán reducidas sus retribuciones anuales del año 2012 mediante la SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA del mes de diciembre de 2012 así como cualquier paga adicional de complemento específico o pagas adicionales a dicho mes. Esta medida se aplica a todos los trabajadores al servicio de la Función Pública incluidos el personal de alta dirección, miembros de las carreras judiciales y fiscales personal estatutario y altos cargos del Gobierno de la Nación y de sus Órganos Consultivos.

Esta supresión se podrá realizar sin cobrar la paga extraordinaria aludida o mediante descuento prorrateado de su equivalencia en las mensualidades comprendidas desde la publicación de este R.D.L y el resto de meses hasta el 31 de Diciembre.

Las cotizaciones por todas las contingencias de los EE.PP. encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social no se verán afectados por esta disminución del haber regulador y les será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado.

2.- Se modifica el Art. 32 de la Ley del E.B.E.P. en lo referente a la negociación colectiva, representación y participación del Personal Laboral, añadiendo un segundo párrafo que permite alterar sustancialmente el contenido de los convenios colectivos por circunstancias excepcionales y económicas por los que se pueden suspender o modificar el contenido de los citados convenios.

3.- Se modifica el Art. 48 del E.B.E.P. que hace referencia a los permisos de los EE.PP. modificando claramente el contenido de la Ley 7/2007 en el apartado k) en el que establece que por asuntos particulares se tendrán derecho

a SOLO TRES DIAS. De esta forma nos restringen el 50% de los “Moscosos” que inicialmente teníamos reconocidos y además nos eliminan los restantes días de permiso por asuntos particulares que se tenían reconocidos como compensación o premio por nuestra constancia o antigüedad en trienios en la Función Pública.

En este apartado aunque hace referencia a la entrada en vigor de esta medida, mi interpretación personal es que durante el año 2012 podremos disfrutar de los que ya teníamos reconocidos anteriormente, según determina la Disposición Transitoria Primera, Igualmente este apartado no será de aplicación a los EE.PP. que a la entrada en vigor de este RDL estén en situación de I.T.

4.- Se modifica el Art. 50 del E.B.E.P. que se refiere a las vacaciones de los EE.PP. dejando claramente que los días de vacaciones retribuidas son de 22 días hábiles anuales, o a los días proporcionales según el tiempo trabajado en el año natural, considerando a los sábados como días no hábiles.

Si observáis este apartado no habla nada de la forma de disfrutarlos, por lo que se podrán coger en periodos mínimos de 5 días, pero si deja claro que ya no deja lugar a dudas en el periodo mínimo de 22 días hábiles reconocidos en la Ley 7/2007.

En este apartado, por aplicación de la Disposición Transitoria Primera, creo que también se podrán disfrutar los que ya tuviéramos reconocidos en este año por la legislación anterior.

5º.- Según el Art. 9 del RDL. También se modifican las prestaciones económicas de los EE.PP. por situación de Incapacidad Temporal (I.T.) cuando esta se derive de Contingencias Comunes, percibiendo las siguientes cuantías:

El 50% de las retribuciones durante los tres primeros días. El 75 % de las retribuciones desde el 4º hasta el 20º día ambos inclusive El 100% de las retribuciones desde el día 21 hasta el nonagésimo. Y días posteriores. Se retribuirá con el 100% de las retribuciones cuando la situación de enfermedad sea derivada de

Contingencias Profesionales. Según la disposición Adicional decimoctava se retribuirá con el 100% en aquellos casos de

enfermedad común que esté justificada la baja por supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica.

6.- Se reducirán los créditos de horarios y permisos sindicales.

En este apartado se ajusta a lo establecido en la Ley de Libertad sindical en cuanto a adquisición de crédito de horario, cesión de horas sindicales y liberaciones totales o parciales de los Delegados de Juntas de Personal, Comités de Empresa, Delegados de Personal y de Secciones Sindicales, entrando en vigor esta medida a partir del 1 de Octubre de 2012.

También se van a ver disminuidas sensiblemente, las circunscripciones electorales, dejando UNA JUNTA DE PERSONAL POR PROVINCIA para el personal laboral y UN SOLO COMITÉ DE EMPRESA POR PROVINCIA para el personal laboral, extendiendo estos criterios a cada Ministerio con todos sus Organismos Autónomos. En la provincia de Madrid (Por ejemplo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con todos sus Organismos Autónomos y EE. GG. de la Seguridad Social solo tendrá una Junta de Personal y un solo Comité de Empresa)

No se sabe ni mienta nada sobre los liberados institucionales. Pensamos que se abrirá un periodo de negociación en la Mesa General de Función Pública para deliberarlo antes del 1 de Octubre.

En este apartado también deja constancia de la creación de un Registro de Órganos de Representación de personal al servicio de las AA.PP. que estará integrado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas donde serán registradas las actas electorales de las Administraciones Públicas, los Delegados elegidos, distribución de créditos horarios y permisos sindicales así como de los delegados componentes de los distintos Comités de Seguridad y Salud Laboral.

Se reúne la Subcomisión Delegada de la CIVEA en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus OO.AA. se aprueba el acta anterior y a continuación se debaten los siguientes temas: FORMACIÓN PERSONAL. Plan de Formación en la Inspección de Trabajo Punto propuesto por CSI-F denunciado la demora en la negociación del Plan de Formación. No asiste ningún representante de Inspección como se nos prometió en la reciente reunión mantenida con el Director General de ITSS. Es la Subdirección de RR. HH. la que nos comunica que se reúne la Comisión de Formación de Inspección el día 16 de julio con la asistencia del Director de la Escuela de Inspección. RETRIBUCIONES DE CARÁCTER PERSONAL Y COMPLEMENTOS ITSS. Productividad. Sin incidencias, se abona este mes de julio con la misma cuantía. Se solicita el montante global de la productividad y del Personal Laboral para conocer el porcentaje que tienen asignado cada colectivo. FOGASA. Productividad. Se ha enviado informa a la CIVEA para el pase de horas extras a productividad. DEPARTAMENTO. Productividad. Nos comunica la representante de RR.HH. que en la productividad del Departamento no hay incidencias y se abonará en la misma fecha de años anteriores. INSHT. Productividad. Por parte de CSI-F se le requiere a la representante del Instituto nos informe sobre la marcha de las gestiones realizadas con el Subsecretario del Departamento para crear el concepto de horas extraordinarias en la masa salarias que permitiría reconvertir las horas extras en productividad, actualmente las horas extras se están compensando con días de descanso. Nos comunica que se están realizando las gestiones, desconocemos en qué situación se encuentran dichas gestiones y le recordamos a la representante del Instituto que en su día se perdió un Plan de Formación por una mala gestión. INSHT. Complementos. A propuesta de CSI-F se le requiere a la representante del Instituto la posibilidad de asignación de complementos de prolongación de jornada y mayor responsabilidad. Nos comunican que es en el seno del Comité de Empresa donde se resuelven dichos temas y no hay petición individualizada de dichos complementos. ROPA DE TRABAJO Ante el informe de la Parte Social de que todo el Personal Laboral tenga derecho a utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad como lo recoge el Convenio Único, la Administración contesta que está de acuerdo en parte y añade propuesta como la centralización de la compra de la ropa de trabajo algo a lo que no estamos de acuerdo por la diversidad de ropa a utilizar. CSI-F propone Grupo de Trabajo para temas concretos como la ropa de trabajo y denuncia que el CAR de Alcobendas solo se facilita los zapatos. SELECCIÓN DE PERSONAL Creación de una bolsa de empleo tras los últimos procesos. Se solicita la creación de una bolsa de empleo en la que podría participar el Personal Laboral que ha quedado fuera en los procesos selectivos, pues es un Personal con experiencia que puede sustituir en las bajas de IT y maternidad. CSI-F solicitó en las últimas Subcomisiones una solución para este Personal que no ha aprobado ya que en ocasiones anteriores se les ha recolocado, sin que hasta la fecha tengamos contestación positiva, por lo que una bolsa de trabajo sería conveniente. La Administración contesta que se requiere autorización de Función Pública y queda en estudio. Gestiones realizadas para llevar a cabo un concurso de traslados. La Presidencia de la Subcomisión nos informa que se ha enviado informe a Función Pública para llevar a cabo un concurso de traslados, que Función Pública se ha interesado por el asunto y está en fase de negociación con Hacienda.

MOVILIDAD Criterios de movilidad en un mismo ámbito geográfico. Se le requiere a la Administración los criterios que se está aplicando para la movilidad, contesta que lo primero la voluntariedad y menor antigüedad, por lo que surge la duda en cuanto que antigüedad, en el Centro o en la Administración. CSI-F denuncia que los casos de movilidad no se han comunicado al Comité de Empresa conforme al art. 24 del Convenio Único por lo que así se comprobaría los casos. Cuestiones en relación con el funcionamiento de Grupo de Trabajo de CETI y CAR. La Presidencia de la mesa comunica que las incidencias de CETI y CAR deben ser tratadas en el Grupo de Trabajo y se compromete a denunciar si llegara el caso, el mal funcionamiento de este Grupo de Trabajo. CSI-F denuncia que es impresentable que el próximo Grupo de Trabajo de CETI y CAR sea en noviembre pues la última reunión fue en noviembre del año pasado siendo el Personal Laboral el 85% de la plantilla. CSI-F solicita que los temas se sigan tratando en la Subcomisión pues hay temas importantes como la Productividad que está atascada y no se consigue el listado de dicha Productividad.

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo y asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga general. Ha llegado la hora de reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Meckel, y admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana, o en tres o cuatro años, sino que es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, porque son de los nuestros. Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura. Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o tuviera mínimos conocimientos sobre política internacional.

Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo trece veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro que sin embargo encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.

Es mediocre un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada -cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada. Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que se insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

Mediocre es un país que ha permitido, fomentado, celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.

AHÍ QUEDA ESO. y aquí nosotros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha convocado a los empleados públicos del conjunto del Estado a secundar una huelga en la Función Pública, a finales del próximo mes de septiembre.

CSI-F ha decidido convocar huelga, tras conocer los detalles de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, en el ámbito de las AA.PP. y concretará la fecha en los próximos días, con el resto de las organizaciones sindicales representativas en el sector.

Esta convocatoria se sumará a las diferentes actuaciones, movilizaciones, concentraciones, paros parciales etc., que convocaremos con el resto de sindicatos, como los paros convocados y la gran manifestación del próximo día 19.

CSI-F, CC.OO. y UGT han trasladado esta misma mañana al resto de sindicatos con representación en el sector público (CGT, USO, CIG, ELA, LAB, SL, STAJ, SATSE, CESM, USAE, ANPE, STEs-i, UFP, CEP, SUP, UGC, AUGC y AEGC) a que se sumen a las movilizaciones en el marco de una Plataforma Sindical.

La convocatoria de huelga responde a la indignación y el profundo malestar de un colectivo maltratado, una vez más, con una nueva rebaja de sueldo, después de la bajada que sufrimos en 2010 y dos congelaciones consecutivas en 2011 y 2012, que se suman a las rebajas realizadas por parte de las comunidades autónomas. De esta manera, en los últimos años, hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 30 por ciento.

CSI·F considera que las medidas aprobadas por el consejo de ministros son injustas, ineficaces y además tendrán consecuencias nefastas para la economía porque va a estrangular el consumo de un sector significativo de la sociedad española. CSI·F considera además que los recortes son injustos, porque se aplican a los trabajadores del sector público con la carga de un rescate financiero en el que no han tenido ninguna responsabilidad. Además, los recortes del Gobierno nos afectan en nuestra doble condición de ciudadanos y empleados públicos.

CSI·F cree que la medida es ineficaz, porque como en el pasado, bajarnos el sueldo, ni calma a los mercados ni combate el problema estructural de este país: exceso de altos cargos, infraestructuras inútiles, duplicidades administrativas….

Por último CSI·F, agotará todas las vías judiciales posibles para declarar la nulidad del Decreto, además instará a los órganos pertinentes para incoar un recurso de inconstitucionalidad.

Los empleados públicos de este país hoy nos sentimos atacados, desanimados y traicionados: los médicos, los policías, los docentes, los soldados, los bomberos, los carteros, el personal de la administración general…, personas que todos los días trabajamos para mantener la calidad de los servicios públicos y atender con garantía a los ciudadanos de este país.

Estamos hartos ya de que los diferentes gobiernos nos conviertan en paganos, cabezas de turco y la caja del Estado con la que hacer frente a los pagos cada vez que se registra un mal dato económico.

· El artículo 2 suprime la paga extraordinaria de diciembre.

· El artículo 8 da nueva redacción a los artículos 48 y 50 del Estatuto Básico del Empleado Público en lo referente a permisos, vacaciones y días de asuntos propios. También anula cualquier acuerdo sindical en contrario.

· El artículo 9 modifica las prestaciones por incapacidad temporal.

· El artículo 16 recalca la anulación del acuerdo sindical contrario a las medidas anteriores

· La disposición adicional 18ª modifica las prestaciones por incapacidad temporal en la Administración del Estado.

¡¡¡¡¡ NO DEJES DE ACUDIR PARAR ESTO DEPENDE DE TÍ !!!!

Ante las medidas aprobadas, como señal de protesta, y muestra de la gran indignación de los funcionarios, CSI·F os invita a la gran manifestación que tendrá lugar el próximo Jueves día 19 a las

20:30 horas

Toni Cantó es la excepción en el Congreso. No porque el diputado sea actor, sino porque ha decidido renunciar a las dietas a las que tiene derecho por haber sido elegido en una circunscripción diferente a la madrileña. Los motivos se deben a que Cantó (UPyD de Valencia) posee domicilio particular en la capital por lo que no precisa de hotel alguno para alojarse.

Sin embargo, lo que debería ser norma de obligado cumplimiento no lo es. 62 diputados de la actual legislatura cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención pese a poseer una residencia en la capital. En palabras de Toni Cantó: "Se trata de un timo". Pero un timo permitido.

Los 'timadores', como dice Cantó, son 34 diputados del PP, 25 del PSOE, uno de CiU y uno de Coalición Canaria. Eso de los que se sabe porque aún hay señorías que no han presentado su declaración de bienes, por lo que se desconoce si alguno posee un domicilio en Madrid.

Los diputados del PP no están conformes con la actitud de Toni Cantó, a quien le acusan de "demagogia" a través de las redes sociales. Creen que es de recibo cobrar las dietas, ya que muchas veces deben desplazarse fuera de Madrid por motivos laborales.

[Relacionado: La bajada de un 5% del salario en el Parlamento canario deja el coste por diputado en más de 3.600 euros mensuales]

Sin embargo, esa explicación tiene algunas fisuras, ya que el Reglamento de la Cámara Baja incluye otra partida de retribuciones que cubre los gastos de transporte en medio público de sus señorías (0,25 euros por kilómetro en caso de usar el propio automóvil y una tarjeta con un límite de 3.000 euros al año para moverse en taxi por Madrid).

Otro de los destacados en este asunto es Jorge Fernández, ministro de Interior, quien es diputado por Barcelona y tiene derecho a los 1.823 euros de la dieta por alojamiento pese a que en su declaración de bienes afirma ser dueño del 50% de una vivienda unifamiliar en Barcelona y de otra en Madrid.

Algo similar ocurre con la titular de Fomento, Ana Pastor, quien se presentó por la circunscripción de Pontevedra, donde tiene dos casas además de un piso en Madrid de 63 metros cuadrados, o con el socialista Alfredo Pérez-Rubalcaba, cántabro de nacimiento.

En este sentido, UPyD ha decidido que su ejemplo sea norma y ha registrado una proposición de ley para reformar el Reglamento de la Cámara Baja. Dicha propuesta incluiría, entre otros aspectos, la retirada de la paga por los gastos de alojamiento y manutención a los diputados elegidos fuera de Madrid que no obstante residen en ella, aunque los principales partidos (PP y PSOE) ya han anunciado que tumbarán la propuesta.

Como consecuencia de las declaraciones del Ministro Montoro relativas a que los empleados públicos de cualquier administración pública que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) bruto, concretamente 962 euros, no verán suprimida la paga extra de Navidad, pretendiendo dar a entender de que existe un número determinado de personal funcionario y laboral, que sí va a percibir dicha paga extra. Ante estas declaraciones, tenemos que decir que Montoro pretende confundir a los empleados públicos. NINGUN EMPLEADO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO COBRARÁ LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE. Si tomamos como referencia el sueldo más bajo de Personal Laboral del III Convenio Único de la Administración General del Estado, sin trienios, sin complementos, sin productividad, y con jornada completa, la retribución bruta supera dicho límite, puesto que el salario base mínimo es de 978 euros y faltan por añadir retribuciones complementarias. En el caso de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), los últimos que han ingresado en los puestos de menor retribución han percibido alrededor de 1.000 euros brutos, también una cantidad superior a la determinada por Montoro. Por tanto, todas los empleados públicos de la Administración General del Estado verán minoradas sus retribuciones por la eliminación de la paga extra de Navidad, al no serle aplicable una excepción que “con tanto bombo” ha mencionado el Ministro de Hacienda y que es absolutamente inoperante y demagógica.

Se puede concluir, que la medida de mantener la paga extra a un determinado número de funcionarios en virtud de su renta, carece de efectos y solo pretende crear distorsión y confusión en el conjunto de los empleados públicos que, en su práctica totalidad, verán reducidos sus ingresos injustamente por una crisis que no han provocado.

Córdoba, a 18 de julio 2012 Estimados compañer@s: De todos es conocido la felonía que el gobierno ha cometido con los Empleados Públicos haciéndonos paganos, una vez más, de una crisis que nosotros no hemos provocado y de la que, los verdaderos culpables se van de rositas. Por ello, CSI•F/ CÓRDOBA SE MOVILIZA MAÑANA JUEVES 19 CONTRA EL REAL DECRETO DE RECORTES.

ENTRE TODOS VAMOS A DARLE LA VUELTA, AHORA SOLO FALTAS TU, MAÑANA UNETE A NOSOTROS, DEFIENDE TU PRESENTE Y EL FUTURO DE TUS HIJOS.

He de significaros, que vamos juntos, pero no revueltos, con otros sindicatos, por lo que CSI-F, TU SINDICATO, NUESTRO SINDICATO TIENE QUE DAR LA TALLA. Para ello, es imprescindible tu asistencia, como afiliad@ y simpatizante, que cojas nuestra bandera y te unas a nuestras pancartas, entre todos conseguiremos apagar con nuestros colores de la independencia verde y blanco, el color rojo de sus banderas, símbolo de la sumisión política. No quiero entretenerte más, en este Sector A.G.E. de CSI-F Córdoba ¡ TE ESPERAMOS Y CONTAMOS CONTIGO !. Te ruego, que ¡ NO FALTES A LA CITA ¡. Juntos lo conseguiremos, solos no. Un cordial saludo, Presidente del Sector A.G.E. de CSI-F/Córdoba.

MANIFESTACION, JUEVES 19 DE JULIO, EN

CONTRA DE LOS RECORTES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

¡¡¡¡¡ ASISTE, PARAR ESTO DEPENDE DE TÍ !!!!

Ante las medidas aprobadas, como señal de protesta, y muestra de la gran indignación de los Empleados Públicos, CSI·F os invita a la gran manifestación que tendrá lugar el próximo Jueves día 19 a las 20:30horas.

¡Te esperamos en la Plaza de las tres Culturas (junto estación Renfe) ¡NO FALTES! La gravedad de la situación requiere tu apoyo y tu esfuerzo para secundar esta y todas las movilizaciones que están por venir, y de las que os iremos informando puntualmente.

MANIFESTACIÓN DÍA 19 EN CÓRDOBA

Empleados públicos y el conjunto de la ciudadanía, unidos

contra los recortes Las víctimas de la crisis no podemos ser los culpables

¡ROTUNDAMENTE NO!

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha salido esta tarde a las calles de las principales ciudades de toda España, junto CC.OO., UGT y el resto de organizaciones sindicales del conjunto del Estado, para dirigir al Gobierno un NO rotundo a los recortes, avalados por el Congreso de los Diputados, con el único voto del Partido Popular. El Gobierno se ha quedado solo.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, representó a CSI-F en la cabecera de la manifestación de Madrid, para defender los intereses de los empleados públicos que hoy han salido, codo con codo, con el resto de la ciudadanía a decirle al Gobierno “BASTA ya de medidas injustas e ineficaces”.

Para CSI-F, hoy es el día en el que los ciudadanos y los empleados públicos salimos juntos a la calle a decir basta, a defender nuestra dignidad, la calidad en el empleo, a defender los servicios públicos y en definitiva, el Estado del Bienestar, que hoy es cuestionado por los mercados y las actuaciones irresponsables de políticos de uno y otro signo político.

CSI-F quiere agradecer, hoy más aún si cabe, para agradecer las muestras de apoyo ciudadano a la situación de los empleados públicos. A su juicio, las manifestaciones de los últimos días responden a la indignación y el profundo malestar de un colectivo que se siente maltratado y traicionado por sus gobernantes por su retroceso generalizado en sus derechos laborales: médicos, docentes, personal de juzgados, carteros, bomberos, policías y militares, entre otros.

CSI-F recuerda que a lo largo de los últimos años, Gobiernos de todos colores y en los diferentes ámbitos de la Administración han congelado y recortado varias veces los sueldos de los empleados públicos, que ya han perdido un 30 por ciento de su poder adquisitivo.

Los empleados públicos, además, están sufriendo campañas de desprestigio en las que se les cuestiona su trabajo, su profesionalidad e incluso su volumen de efectivos. “Se nos ha utilizado como cortinas de humo para que la sociedad nos perciba como los culpables de la situación del país”, añade CSI-F.

“Se nos dice que no se pueden mantener los servicios públicos y nosotros respondemos que lo que no se puede mantener son los gastos superfluos, innecesarios y el despilfarro de algunas administraciones”, asevera. Por eso, CSI-F advierte de que la crisis no puede ser una excusa para privatizar los servicios públicos. Las víctimas no pueden ser los culpables.

Pacto de Estado

CSI-F ha ofrecido un Pacto de Estado a todas las fuerzas políticas y sindicales, para modernizar y racionalizar las estructuras de las Administraciones Públicas, ganar en eficacia y eficiencia, eso sí, sin mermar la calidad de los servicios públicos. Para ello, CSI-F emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y a recuperar el diálogo social como elemento fundamental para conseguir ese pacto, porque en esta crisis, o salimos todos o no saldrá nadie.

Por último, recuerda que el Comité Nacional del sindicato ha anunciado una huelga para el próximo mes de septiembre y coordinará con el resto de organizaciones sindicales una actuación concertada para hacer frente a los recortes. El sindicato llevará a cabo, además, diferentes actuaciones jurídicas contra el decreto, entre ellas, promover un recurso ante el Tribunal Constitucional.

CSI·F Andalucía considera un éxito las movilizaciones del 19 de julio y anuncia que no cesará en su defensa de la Función Pública

La Central Sindical, que estuvo presente en todas las ciudades andaluzas, anuncia que seguirá defendiendo los Servicios Públicos y denunciando los recortes ejecutados por los diferentes gobiernos, sean cuales sean sus siglas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI·F, en Andalucía considera que las manifestaciones en las que participó ayer, día 19 de julio, en todas las ciudades andaluces fueron un rotundo éxito y anuncia que no cesará en su defensa de la Función Pública y de los Servicios Públicos.

CSI·F Andalucía, como era conocido públicamente, se manifestó ayer en todas las capitales andaluces de forma conjunta con todos los sindicatos presentes tanto en Mesa General como en las diferentes mesas sectoriales de ámbito andaluz contra unas medidas, aprobadas por el Gobierno Central, que vulneran de forma directa los derechos básicos de los Empleados Públicos andaluces y también contra las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno Autonómico de la Junta de Andalucía.

Para el presidente de CSI·F Andalucía, José Luis Heredia, presente en la manifestación de Sevilla, la de ayer fue “una demostración más del hartazgo que sufren los Empleados Públicos, que ven cómo los diferentes gobiernos siempre recurren a sus bolsillos para solucionar sus problemas de déficit y para rendir cuentas tanto con Madrid como con Bruselas”.

Para Heredia, los Empleados Públicos “no podemos consentir que tanto los gobiernos del señor Rajoy como del señor Griñán sigan haciendo del salario de los Empleados Públicos su hucha particular en la que meter la mano cuando necesiten rendir cuentas con Europa o con Madrid. Existen muchas alternativas donde recortar, como sus salarios, sus privilegios, los de los altos cargos, los gastos de protocolo, de representación o de las embajadas en el extranjero… ¿Por qué siempre se ataca a los Empleados Públicos?”.

En este sentido, explicó que CSI·F Andalucía estuvo en todas las manifestaciones andaluzas porque “creemos en la Función Pública profesional e independiente, porque creemos que se siguen vulnerando los derechos de los Empleados Públicos y porque la ciudadanía debe saber que con estos recortes no sólo se están dañando los derechos de los Empleados Públicos, sino los de toda la ciudadanía al recortar en los servicios públicos básicos y esenciales”

No obstante, aclaró por qué no estaba en las cabeceras. “No compartimos que los políticos recortadores que han dañado en tantas ocasiones los derechos de los Empleados Públicos se manifestaran para intentar sacar rédito político de la unión de todos los Empleados Públicos y de todas fuerzas sindicales, una unión que es ahora más necesaria que nunca”.

Heredia, por último, indicó que el rotundo éxito de CSI·F Andalucía en todas las manifestaciones de ayer será “un acicate más para seguir defendiendo y luchando por lo que realmente interesa a los Empleados Públicos, que es no perder más derechos y que los Servicios Públicos sigan siendo de calidad”.

Más de 10.000 personas se manifestaron ayer 19 de Julio de 2012 en Córdoba en protesta por los recortes tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía.

Enfermeros, maestros, bomberos, policías, médicos, personal de administración, funcionarios de prisiones, etc., …salimos a la calle para protestar contra los últimos recortes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha salido esta tarde a la calle en Córdoba, para dirigir al Gobierno de España un NO rotundo a los recortes,

La presidenta del sindicato en Córdoba, Francisca Carretero, representó a CSI-F en la manifestación, para defender los intereses de los empleados públicos que hoy han salido, codo con codo, con el resto de la ciudadanía a decir “BASTA ya de medidas injustas e ineficaces”.

Para CSI-F, hoy es el día en el que los ciudadanos y los empleados públicos salimos juntos a la calle a decir basta, a defender nuestra dignidad, la calidad en el empleo, a defender los servicios públicos y en definitiva, el Estado del Bienestar, que hoy es cuestionado por los mercados y las actuaciones irresponsables de políticos de uno y otro signo político.

CSI·F abre un Buzón de Consultas sobre Prevención de Riesgos Laborales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), ha abierto un Buzón de Consultas sobre Prevención de Riesgos Laborales. Se puede acceder a través de nuestra página web en el banner que encontraréis en el espacio de la Secretaria de Prevención de Riesgos Laborales.

A partir de este momento, podréis comunicarnos vuestras consultas, dudas o sugerencias relacionadas con vuestro puesto de trabajo, sector o CCAA, que serán respondidas por nuestros profesionales, prestando así un asesoramiento rápido y eficaz.

CSI-F APUESTA POR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y TRABAJAREMOS JUNTOS POR ELLO.

Estimados compañeros:

Debido a la eliminación de la Paga Extra de Navidad para el ejercicio 2012 para todos los Empleados Públicos adjunto os remito la solicitud para la revisión de retención del I.R.P.F.

El/La abajo firmante, D/D.ª ______________________________________________________, con DNI-NIF_________________ y con Número de Registro de Personal ______________________, Empleado/a Público/a con destino en (indicar Administración/ organismo / etc. que Vd. dirige,

EXPONE Que, por medio del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el “BOE” del 14-07-2012 y que ha entrado en vigor el 15-07-2012, el Gobierno ha dispuesto reducir las retribuciones del Empleado Público que suscribe en el presente año 2012 en las cuantías que en el mismo precepto se especifican.

Que el artículo 87.2.3.º del vigente Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, establece que “procederá regularizar el tipo de retención (…) cuando en virtud de normas de carácter general (…) se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de las retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta para la determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento”.

Que el apartado 4 del mismo precepto reglamentario dispone que “los nuevos tipos de retención se aplicarán a partir de la fecha en que se produzcan las variaciones a que se refieren los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del apartado 2 de este artículo (…)”,añadiendo en el siguiente párrafo que “la regularización a que se refiere este artículo podrá realizarse, a opción del pagador, a partir del día 1 de los meses de abril, julio y octubre, respecto de las variaciones que, respectivamente, se hayan producido en los trimestres inmediatamente anteriores a estas fechas”.

Por lo anteriormente expuesto, y en su virtud, el/la Empleado/a Público/a que suscribe,

SOLICITA

Que por esa (Adminsitración/organismo/etc.) sean cursadas las instrucciones conducentes al puntual y exacto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias anteriormente mencionadas, de forma que, dicho sea lisa y llanamente, se proceda de inmediato, o a más tardar en la nómina del mes de octubre, a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF que se le ha venido aplicando hasta este momento al Empleado/a Público/a que suscribe.

Lo cual se solicita en evitación de que, llegado el citado mes de octubre sin haberse efectuado la preceptiva regularización del tipo de retención, y resultando por ello afectados sus intereses legítimos, el Empleado/a Público/a que suscribe se vea en la necesidad de interponer, al amparo de lo previsto en los artículos 227.4.b) y 232.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones concordantes, reclamación económico-administrativa contra las retenciones practicadas por la entidad de su digna dirección en la nómina de dicho mes y, en su caso, de los meses sucesivos, sin perjuicio de su derecho a instar, desde luego, la rectificación de las autoliquidaciones, modelo 111, presentadas por esa misma entidad en las que se hubiesen ingresado las retenciones indebidamente soportadas, de conformidad con los artículos 221.4 y 120.3 de la citada Ley General Tributaria, 14.3 del Reglamento General de desarrollo de dicha Ley en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 129 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, normas todas ellas de las que supongo a Vd. sobradamente conocedora como corresponde a la alta dignidad del cargo que desempeña.

En ___________, a ___ de julio de 2012

Firmado: _____________________________

((( INDICAR ORGANISMO Y DIRECCION A QUIEN VA DIRIGIDO )))

AL MINISTRO DE ____________________________________ AL DIRECTOR GENERAL DE _______________________ D/Dª _____________________________________________, mayor de edad, con DNI _______________, contratado/a laboral, con la categoría de __________________________________________________, destinado/a en _______________________________________________, donde ocupa el puesto de trabajo _________________________________________________ ____________________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en ________________, c/ __________________________________________ ( ), DICE: Que en fecha 14 de julio de 2012 se ha publicado el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que entró en vigor el 15 de julio de 2012. Que los artículos 2 y 3 del citado Real Decreto-Ley establecen para el personal al servicio del sector público y para el personal del sector público estatal, entre ellos, el personal laboral, respectivamente, que no percibirán las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Que esta medida contradice y modifica lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, publicada en el BOE del 30 de junio de 2012, especialmente sus artículos 22.Cuatro y 27, que establecen para el año 2012 la misma masa salarial que durante el ejercicio 2011. Que esta medida también es contraria a lo dispuesto con carácter general para todos los trabajadores en el art. 31 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a que los trabajadores cuya relación se regula en el mismo perciban dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones. El hecho de que se suprima una de las dos pagas extraordinarias a las que todos los trabajadores tienen derecho únicamente para un sector de los trabajadores, precisamente el que presta sus servicios a la Administración, supone una discriminación con respecto al resto de los trabajadores y una vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, consagrado en el art. 14 de la Constitución Española. Por otro lado, esta medida de suprimir la paga extraordinaria del mes de diciembre a todos los empleados públicos se adopta escasamente 14 días después de publicarse la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, por lo que no existen razones de urgencia que la justifiquen, dado que la mala situación económica actual del país ya existía en el momento de aprobarse los citados Presupuestos. También es contraria a lo dispuesto en el art. 72 del III Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, que establece dos pagas extraordinarias, que se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre en la cuantía de una mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento personal de antigüedad consolidada, con referencia a la situación y derechos del trabajador en dichas fechas. La supresión de la paga extraordinaria prevista en el Real Decreto-Ley es contraria al derecho de libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva, consagrado en el art. 28 de la Constitución Española y vulnera el principio de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, recogida en el art. 37 de la Constitución Española y en el art. 82 del Estatuto de los Trabajadores, y los Convenios de la OIT aplicables suscritos por España, especialmente el número 154, sobre la negociación colectiva, el número 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y el número 95, sobre la protección del salario. Además, al tratarse de una medida adoptada sin negociación previa con los representantes de los trabajadores, vulnera los principios que inspiran la negociación colectiva, principalmente el de buena fe negociar, rompiendo el equilibrio que debe presidir las relaciones laborales y rompiendo igualmente el principio de paz social. De esta forma, la supresión, que no suspensión, tal como literalmente la denomina el Real Decreto-Ley cae en la arbitrariedad prohibida a los poderes públicos en el art. 9.3 CE y causa inseguridad jurídica en el firmante y en el colectivo afectado, que no puede disponer de la totalidad de las retribuciones anuales a las que tiene derecho. El mismo artículo 2.4 del Real Decreto Ley 20/2012, prevé que las cantidades que se dejen de percibir por la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Que esta previsión, aparte de ser incierta, carece de cobertura legal y supone en la práctica la transferencia de una parte de las retribuciones del firmante a las gestoras privadas de los planes de pensiones implantados en las Administraciones Públicas, destinando fondos públicos a una finalidad distinta a la que por Ley corresponde. Por todo lo expuesto, SOLICITA: Que dé las instrucciones precisas para que se le abone la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012. Es Justicia que pide en Madrid, a ______ de ___________________ de 2012.

Fdo. _______________________________

AL MINISTRO DE ____________________________________ AL DIRECTOR GENERAL DE _______________________ D/Dª _____________________________________________, mayor de edad, con DNI _______________, funcionario/a del Cuerpo/Escala __________________________________________________, destinado/a en _______________________________________________, donde ocupa el puesto de trabajo _________________________________________________ ____________________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en ________________, c/ __________________________________________ ( ), DICE:

Que en fecha 14 de julio de 2012 se ha publicado el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que entró en vigor el 15 de julio de 2012. Que los artículos 2 y 3 del citado Real Decreto-Ley establecen para el personal al servicio del sector público y para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, respectivamente, que no percibirán en el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de complemento específico o equivalente, viendo reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes. Que esta medida contradice y modifica lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, publicada en el BOE del 30 de junio de 2012, que desarrolla para el año 2012 lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Que esta medida también es contraria a lo dispuesto con carácter de básico en el art. 22.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, precepto que no ha sido derogado o suspendido de forma expresa ni tácita, y que establece las retribuciones de todos los funcionarios públicos de todas las Administraciones Públicas, fijando dos pagas extraordinarias anuales, por importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias. La medida se adopta escasamente 14 días después de publicarse la Ley de Presupuestos Generales del Estados para 2012, por lo que no existen razones de urgencia que la justifiquen, dado que la mala situación económica actual del país ya existía en el momento de aprobarse los citados Presupuestos. De esta forma, la supresión, que no suspensión, tal como literalmente la denomina el Real Decreto-Ley cae en la arbitrariedad prohibida a los poderes públicos en el art. 9.3 CE y causa inseguridad jurídica en el firmante y en el colectivo afectado, que no puede disponer de la totalidad de las retribuciones anuales a las que tiene derecho. Además, esta medida de supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 se ha llevado a cabo de forma unilateral por parte del Gobierno de la nación, incumpliendo también lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, ya que se trata de una de las materias sujetas a negociación colectiva a través de los mecanismos y en el seno de las Mesas de Negociación previstas en dicha Ley. Por ende, es contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en relación con el derecho fundamental a la libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva, consagrado en el art. 28 de la Constitución Española y vulnera igualmente lo dispuesto en el Convenio 151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, ratificado por España el 18 de septiembre de 1984 y la Recomendación 159 sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública. El mismo artículo 2.4 del Real Decreto Ley 20/2012, prevé que las cantidades que se dejen de percibir por la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Que esta previsión carece de cobertura legal y supone en la práctica la transferencia de una parte de las retribuciones del firmante a las gestoras privadas de los planes de pensiones implantados en las Administraciones Públicas, destinando fondos públicos a una finalidad distinta a la que por Ley corresponde. Por todo lo expuesto, SOLICITA: Que dé las instrucciones precisas para que se le abone la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012. Es Justicia que pide en Madrid, a ______ de ___________________ de 2012.

Fdo. _______________________________

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Historia de los Moscosos. No fueron un privilegio sino un timo a los funcionarios

Javier Moscoso del Prado y Muñoz, Ministro de Presidencia de Felipe González. Aprobó los “días Moscosos” el 23 de diciembre de 1983 a cambio de no incrementar los sueldos según el IPC que era del 12,2%

Los funcionarios (y estatutarios) perderemos tres días de los seis de libre disposición -los llamados ‘moscosos’- y se quedarán también sin los días libres adicionales en función de su antigüedad -los ‘canosos’-, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los Moscosos no son un privilegio de los funcionarios y estatutarios en relación al resto de los trabajadores sino que se trata de una compensación que se hizo en el año 1983 por no subir el sueldo.

IPC del año 1983 según el INE

El Ministro socialista de Presidencia era Javier Moscoso del Prado y Muñoz. Se reunió con los sindicatos, por orden de Felipe González, para negociar una compensación en “tiempo” a cambio de no incrementar las retribuciones en una cantidad equivalente al IPC que era un 12.2%. La negociación sindical de aquel año la realizó personalmente Moscoso y uno de los sindicatos que negociaron con Moscoso fue la CESM. El encuentro se realizó en el edificio Semilla del palacio de La Moncloa durante el mes de diciembre de 1983. Por parte de Cesm asistieron el Secretario General Juan Blázquez Sánchez, Eduardo de Porres Vicesecretario General, el letrado Andrés Salcedo de Mingo y las dos personas que durante años negociaron las subidas salariales: el Cántabro José Manuel Rubín de Celis y el Aragonés José Luis Ansón. En la reunión el Ministro explicó la pésima situación económica de aquel año que impedía el incremento y la propuesta que era comenzar la pérdida del poder adquisitivo del 12,2% mediante una compensación de seis días de dispensa, es decir los “Mocosos”.

Hubo otras reuniones con otros sindicatos en las que los representantes de CC.OO quizás eran Fernando Pérez Iglesias y José María Fidalgo, traumatólogo de La Paz.

Para legitimizar los Mocosos se publicó en el BOE del 22 de diciembre de 1983 la Instrucción de 21 de diciembre de 1983 (Moscosos) de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.

La propuesta de los “Moscosos” era un timo para los funcionarios

La propuesta de dar seis días a cambio de no incrementar un 12,2% los sueldos no era proporcional y el número de días que correspondían a la perdida porcentual era de 30,5; es decir perdimos 24,5 días. Pero aquellos años eran especiales. Todos los españoles remábamos en la misma dirección y los pactos de estado eran una realidad. El resultado fue que Cesm, CC.OO y UGT aceptamos aquella perdida adquisitiva parcialmente compensada en días y “nos tragamos a sabiendas el timo”. Los funcionarios, los médicos y resto de profesionales de la sanidad lo comprendieron y aunque más pobres lo aceptaron.

Clausula secreta que se incumplió

Para no mentir entre Moscoso y la Cesm hubo una “cláusula secreta” que no se cumplió y que consistía en la desaparición de la Colegiación Obligatoria para los médicos que trabajábamos en la Sanidad Pública. Para comprender este acuerdo hay que tener en cuenta las ideas de la OMC en aquellos tiempos. El Presidente era Ramiro Rivera que protagonizó un intento involucionista, denominado “Operación Primavera, en la época del Ministro Ernest Lluch.

El Gobierno de Rajoy se salta el acuerdo de los “moscosos” a la torera

Ahora años después, el Gobierno se olvida de aquello y nos quita además de la paga extra nuestros seis mocosos. Aquellos que nos dieron a cambio de no incrementar nuestro sueldo en un 12,2%

Por si fuera poco los “canosos” también fuera

Por si fuera poco quita los llamados “canosos” lo que constituye otra modificación en las condiciones laborales y que tumben puede traducirse a términos monetarios. Para más inri, el gobierno castiga más aquellos con más antigüedad. Invitamos desde aquí Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios de CESM-Granada y experto en cálculos salariales en estimar el dinero perdido con el pacto de los mocosos y su traducción a Euros.

Le decimos al Ministro Cristóbal Montoro aquella frase de Fernando Fernán Gómez ¡Váyase a la mierda!

Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de

fomento de la competitividadReal Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (BOE núm. 168, de 14/7/2012).

Las principales reformas introducidas por esta disposición afectan a los siguientes ámbitos: • Reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas. • Medidas en materia de Seguridad Social y Empleo. • Medias de racionalización del Sistema de Dependencia. • Medidas Fiscales. • Medias en materia de infraestructura, transporte y vivienda. • Medidas para la supresión de desajustes entre los costes e ingresos en el sector eléctrico. Siguiendo el esquema del RD-ley, este estudio pretende resaltar esquemáticamente las principales modificaciones y novedades introducidas en las materias que son específicas del ámbito socio-laboral (empleados públicos, seguridad social y dependencia). I. Reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas. - Se regula con carácter básico la incompatibilidad de las cesantías que perciben determinados altos cargos con cualquier retribución pública o privada, incluidas pensiones de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. De esta manera la cesantía sólo se percibirá en el supuesto de que el ex alto cargo no realice ninguna otra actividad remunerada pública o privada. - Se suprime la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mismo mes. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. Esta supresión no es aplicable a los empleados públicos cuya retribución por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcance en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, previsto en 641,40 euros/mes para el 2011. - Con carácter excepcional se posibilita la suspensión o modificación de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, sólo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Este mecanismo ya estaba previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y la modificación que ahora se introduce no hace sino aclarar su ámbito de aplicación y homogeneizar su tratamiento, con independencia de que los acuerdos hayan sido adoptados en el ámbito de las mesas generales de negociación o a través de la negociación colectiva de personal laboral. En todo caso, se entenderá, entre otras causas o circunstancias, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. - Se reducen los días de libre disposición y los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares. Con arreglo a la nueva regulación los empleados

públicos contarán únicamente con tres días de libre disposición tras la decisión del Gobierno de suprimir los llamados canosos (por antigüedad) y reducir a la mitad los moscosos (hasta ahora de seis días jornadas anuales). Se homogeniza, asimismo, el régimen de permisos y vacaciones para todas las Administraciones Públicas y se suspenden los pactos y acuerdos que contradigan estas disposiciones. - En materia de tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindicales, dispensas de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se limitan los actualmente existentes a los estrictamente previstos por la normativa laboral, favoreciendo el incremento de los tiempos de trabajo destinados directamente al servicio público. - Determinación de las unidades electorales en la Administración General del Estado. Esta medida supondrá, entre otras adaptaciones, que existirá una sola junta de personal y un solo comité de empresa por Departamento Ministerial, desapareciendo las de sus organismos autónomos que se integran en las de ámbito departamental. La simplificación de los órganos de representación se irá produciendo conforme venzan los actuales mandatos y se inicien los nuevos procesos electorales. - Se modifica temporalmente el régimen retributivo del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal, sin perjuicio de que se establece un mandato dirigido a las Administraciones Públicas a adoptar medidas para reducir el absentismo de su personal. Así, cada Administración Pública determinará, respecto del personal a su servicio, los complementos retributivos que correspondan en concepto de mejora voluntaria de la incapacidad temporal. En todo caso, cuando se trate de una incapacidad temporal por contingencias comunes, durante los tres primeros días, tanto para el personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social como para el personal laboral, el complemento retributivo que con carácter de mejora voluntaria se pueda establecer no podrá superar el cincuenta por ciento de las retribuciones. Asimismo, desde el cuarto día de la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes y hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento retributivo que con carácter de mejora voluntaria se pueda establecer no podrá superar el setenta y cinco por ciento de las retribuciones. - En estos mismos términos se modula la plenitud retributiva de la prestación económica del personal integrado en el Régimen de Funcionarios Civiles del Estado y el personal integrado en el régimen especial de seguridad social de las fuerzas armadas, en caso de incapacidad temporal. - La edad de jubilación forzosa de los funcionarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, será la que prevean en cada momento las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación ordinaria, en su modalidad contributiva, es decir, sin coeficiente reductor por razón de la edad. Las medidas anteriores se extienden a todos los servidores públicos con independencia de la naturaleza de la entidad de la que dependen y de su estatuto, a fin de evitar la discriminación entre grupos y sectores. En cumplimiento con lo previsto en el artículo 37.1 del EBEP, las medidas incluidas en el Título I este Real Decreto-ley han sido llevadas para su negociación a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. II. Medidas en materia de Seguridad Social y Empleo. A) Seguridad Social - Se simplifica el régimen de recargos de manera que tras la vigencia de la norma, sólo se prevé el recargo del 20 % cuando los sujetos responsables hubieran presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario y se abonan las cuotas debidas tras el vencimiento de dicho plazo. - En relación con las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena homogeneiza la normativa en materia tributaria y de Seguridad Social, de tal manera que aquellos conceptos que son considerados como renta en la normativa tributaria, y como tal tributan a efectos del IRPF, sean incluidos también en la base de cotización. También se modifican los límites establecidos en la regulación actual con respecto a los conceptos excluidos de la base de cotización. A estos efectos se establece un tope máximo de los conceptos que pueden ser objeto de exclusión de la base de cotización, respecto del conjunto de percepciones salariales que individualmente consideradas se encuentran excluidas total o parcialmente. Dicho tope máximo se deberá determinar reglamentariamente por parte del Gobierno. - En el ámbito de la prestación por desempleo se adoptan las siguientes medidas: -- En el supuesto de que en la situación de desempleo se mantenga algún contrato a tiempo parcial, se precisa, a efectos de acreditar el período de carencia, que sólo se tendrán en cuenta los períodos de cotización en los trabajos en los que se haya perdido el empleo o reducida la jornada de trabajo. --Se establece un nuevo porcentaje del 50% de la base reguladora (desde el 60%) a partir del séptimo mes y en caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, las cuantías máximas y mínimas se determinarán con cargo al IPREM calculado en función del promedio de horas trabajadas durante los últimos 180 días cotizados. -- Se elimina la contribución a la seguridad social por parte de la entidad gestora de parte de la cotización que le corresponde al trabajador en situación de desempleo. --Se posibilita al SPEE que acuerde la suspensión cautelar de la prestación hasta que los beneficiarios presenten los documentos que les sean requeridos por haber incumplido la obligación de presentarlos.

--Se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan su prestación contributiva, afectando esta medida exclusivamente a los potenciales nuevos entrantes. La eliminación de este subsidio no supone una desprotección para los desempleados, que pueden acogerse al subsidio ordinario. --Se eleva la edad para acceder al subsidio por desempleo de prejubilados que pasa de los 52 a los 55 años. Esta modificación se aplicará a las solicitudes de nacimiento del derecho presentadas a partir de la entrada en vigor del RD-ley. --Se refuerza la vinculación entre el derecho de acceso a los subsidios y el patrimonio personal de los beneficiarios. En la actualidad, el patrimonio del solicitante del subsidio sólo se tiene en cuenta de forma indirecta, a través de la imputación de rentas al patrimonio a una tasa del 50% del interés legal del dinero, ahora se eleva al 100 %. -Se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción (RAI) para reforzar su vinculación con el empleo y garantizar una mayor efectividad en la utilización de los recursos públicos. Se exige para el acceso a la Renta Activa de Inserción que previamente se haya agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo para aquellas personas que tiene más de 45 años y son parados de larga duración y que durante el periodo de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo (1 año mínimo) no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. B) Empleo - Se rebaja la protección del FOGASA, al tomarse como salario regulador de la prestación el doble del salario mínimo interprofesional. En la actualidad era el triple del salario mínimo interprofesional. - Se modifica el régimen de responsabilidad del Estado por salarios de tramitación en los casos de despido declarado nulo o improcedente por sentencia judicial firme, que ahora surge cuando la resolución judicial se dicte transcurridos noventa días hábiles desde el momento en que se presentó la demanda y por el tiempo que exceda de ese plazo. El nuevo régimen se aplica a los procedimientos en los que no haya recaído sentencia firme de despido a la entrada en vigor de este RD-ley. - Supresión de todas las bonificaciones a la contratación, mantenimiento del empleo y autoempleo a excepción de las destinadas a la contratación de personas con discapacidad, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres. Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a trabajadores en baja por maternidad y a víctimas de violencia de género. En paralelo con las medidas anteriores se modifica la Ley de Infracciones y sanciones y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para adecuarlas a las modificaciones efectuadas en la prestación por desempleo y en la responsabilidad del Estado por los salarios de tramitación, respectivamente. III. Medias de racionalización del Sistema de Dependencia. Las reformas en esta materia afectan a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se revisa el baremo actual, el procedimiento para su calificación y las prestaciones económicas que se conceden a los enfermos dependientes: - Se establece una nueva estructura manteniendo los tres grados en los que se clasifica la situación de dependencia, pero sin niveles. - Se incluye una reducción del 15% de la prestación por cuidado familiar, una figura que la Administración va a mantener, pero que al mismo tiempo va a controlar con más rigor para asegurarse de que la persona dependiente recibe una asistencia adecuada y profesionalizada. - Se establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia. - Se revisa el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. No obstante, los cuidadores que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo Régimen. - Se amplía a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de Dependencia, o no perciben aún la prestación, reciban dicha cuantía. - Se definen unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio. - A partir de ahora se trazarán otros parámetros de aportación del beneficiario al Sistema, de acuerdo con el nivel de renta del dependiente. Aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del IPREM (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90% del coste del servicio. - Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que surge de la refundición de dos órganos anteriores: el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Este Real Decreto-ley entró en vigor el día 15 de julio de 2012.

POR EL DERECHO A UNA SONRISA DIARIA (como mínimo)

Reunidos en el Ministerio de Trabajo e Inmigración el día 16 de julio la Comisión de Formación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, compuesta por la Subdirección General de RR.HH., el Director de la Escuela de Inspección, Consejero Técnico y Equipo de la Escuela de Inspección, junto con CSI-F y los Sindicatos más representativos.

Empieza la reunión con la presentación del nuevo Director de la Escuela de Inspección D. Ángel Luis Sánchez Iglesias. El Director nos informa del recorte presupuestario en la Formación que es del 67% para el año 2012 y que la Escuela de Inspección sigue adelante a pesar de la situación económica. Durante el año 2011, se ha formado un total de 3.332 alumnos todos ellos efectivos de las Inspección de Trabajo y Seguridad Social, distribuidos de la siguiente forma: - Inspectores de Trabajo y Seguridad Social: 1.264, equivalente a un 38% del total de alumnos formados durante

2011. - Subinspectores de Empleo y Seguridad Social: 882, equivalente a un 26% del total de alumnos formados durante

2011. - Personal de Estructura: 1.186, equivalente a un 36% del total de alumnos formados durante 2011.

La participación por género refleja que 1.939 son mujeres y 1.393 son hombres, lo que equivale a un 58% y un 42% respectivamente. Nos informa que la formación para 2012 se compone: - Cursos en la Escuela de Inspección o por delegación en todas las Provincias. - Territorializados, en las provincias. - On line, se potencian estos cursos con una plataforma. - Para mantener la formación se ha optado por reducir los cursos presenciales con una formación escalonada o piramidal en la que el curso está colgado en el Portal y se realiza con la entrega de material. Se potencian los cursos on line con una plataforma tecnológica, es la opción más ventajosa pues los cursos pasan a ser propiedad de la Escuela por lo que el gasto está amortizado.

Estos cursos on line serán interactivos con una evaluación obligatoria y un mínimo de horas de conexión y contarán con tutoría. Los cursos on line de inglés cuentan con profesores que tendrán conversaciones en ingles vía telefónica a cualquier hora del día. Otra novedad son los “itinerarios”, cursos para cada puesto de trabajo que serán obligatorios. Los itinerarios son para todo el personal, se estudiará por una empresa de consultoría para efectuarlos en 2013-2014 y servirán para la promoción interna, traslados.

CSI-F reconoce el esfuerzo de la Escuela de Inspección para adecuarse a la reducción presupuestaria y le muestra al Director su preocupación de que esta formación llegue al Personal de Estructura con las debidas garantías de publicidad e igualdad pues en años anteriores este Personal ha estado discriminado en el acceso a la formación, ya sea por no contar con suficiente número de alumnos por ser Inspecciones pequeñas o simplemente no solicitar ningún curso de los programados. CSI-F le solicita al Director de la Escuela que los cursos programados se publiciten en el Portal como medida útil y no discriminatoria. El Director nos contesta afirmativamente. CSI-F considera que es positivo que parte de la programación sea on line pues así ayuda a la conciliación.

La formación tiene previsto su comienzo en septiembre finalizando en noviembre, con un seguimiento trimestral en el que esperamos nos comuniquéis cualquier incidencia.

En ruegos y preguntas se trataron varios temas:

Nos informan de las condiciones para ascender a la promoción interna que ha tenido cambios en su asignación, por lo que se solicita que en dichas ayudas pueda participar todo el Personal.

Se solicita cursos para el Personal Ordenanza, de atención al público y que se les facilite ordenador. El Director comunica que se procurará que tengan ordenador a ser posible de una manera permanente.

También el ya consabido dilema de que si el Personal de Estructura pertenece a la Inspección o no, con la nueva Ley de la Inspección en estudio se solicita que se integren en la nueva Ley como parte de la Inspección. El Director hace suya la propuesta y reconoce el trabajo de este Personal, y manifiesta que sin su labor, la Inspección no podría llevar a cabo su cometido.

MANDA COJONES Y ESTE ES EL QUE PIDE AUSTERIDAD Y ESFUERZO AL PUEBLO PARA SALIR DE LA CRISIS, MIENTRAS EL SIGUE VIVIENDO (Y FORRANDOSE) DE LA SOPA BOBA. http://vistoenlaweb.wordpress.com/ (sin desperdicio alguno)

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante, tal y como había informado Atlántica XXII en su número 17, el pasado mes de noviembre. El presidente del Gobierno capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, que ha conseguido mantener privilegios de la época franquista, únicos en Europa. El “clan” registral une y defiende intereses de políticos de todo pelaje: ministros, rotarios, aristócratas y hasta ultraderechistas. Desde 1981, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros, según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros.

Rajoy y el lobby de los registradores (I): El multimillonario que quiere ser presidente Publicado por ATLÁNTICA XII en su número 17 (noviembre 2011) Por Fernando Romero, periodista

¿Recuerdan cuando en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en marzo de 2009 María Violeta Aranguren, de cincuenta y tres años y vecina de Ansoáin (Navarra), visiblemente nerviosa le preguntaba a Mariano Rajoy un poco cortada: “¿No será mucha molestia que me diga cuánto gana usted?”. El líder del PP quedó traspuesto y, para ganar tiempo y pensar la respuesta, haciendo gala de sus tablas como hombre público, le contestó que no le había oído y que le volviera a preguntar. Una vez recuperada la compostura tras la “insolente” pregunta, Rajoy no le dijo lo que ganaba. Tan solo un escueto “bastante más que usted” e irse, seguidamente, por peteneras. Hoy, a las puertas del 20-N (convocatoria electoral, que no concentración en la Plaza de Oriente), ATLÁNTICA XXII puede darle esa información a la señora Aranguren : un millón de euros al año.

Un millón de euros al año es la estimación (a la baja) de sus ingresos por su actividad política y por su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante) de la que, según la Asociación de Usuarios de Registros, ha percibido desde 1981 unos 20 millones de euros y a la que nunca ha renunciado. El registro de Santa Pola le reporta entre 800.000 y un millón de euros al año. A ello hay que añadir los cerca de 100.000 euros que recibe del PP en concepto de dietas y gastos más los 72.000 euros que cobra por su trabajo como diputado en el Congreso. ATLÁNTICA XXII trató de ponerse en contacto por escrito con Rajoy para recabar su opinión al respecto, aunque sin éxito. El multimillonario Rajoy es presidente tras las elecciones generales del 20-N. Llegará al poder político pero no al poder económico porque ya lo detenta desde hace años como uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales). En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria… La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. ¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí. Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.

Mariano Rajoy lleva veinte años en excedencia y tiene la reserva de plaza del Registro de la Propiedad de Santa Pola, plaza que está en régimen de interinidad permanente. Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola a Francisco Riquelme, su amigo y compañero de promoción desde 1977, denunciado por diversas irregularidades en fincas de su propiedad. La operación es posible por una norma del Colegio de Registradores, a la que se acogió el político gallego, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso. La Asociación considera que esta peculiar opción constituye “un privilegio inaudito y único en el mundo” y fue un logro de Rajoy en su época de ministro. El 50% de las ganancias que se lleva Rajoy se justifica como cuota colegial, aunque para esta Asociación es una falsa cuota “que compone un inevitable rosario de fraudes fiscales”.

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