BOLETIN Nº 720

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 11 al 31 de julio 2015

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INDICE

01. RAJOY: “LA RECUPERACIÓN TIENE EL RIESGO DE LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA” 01BIS. EL PP SACA A RAJOY DEL PLASMA 02. RAJOY COLOCA A UNA COMPAÑERA DE UNIVERSIDAD PARA VIGILAR EL DÍA A DÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 02BIS. EL PP ADMITE QUE LA CORRUPCIÓN FRENA SU RECUPERACIÓN ELECTORAL 03. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN POSEE DOS EMPRESAS ACTIVAS, POR LO QUE INCUMPLIRÍA EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 03BIS. CINCO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ESTADO SON ADEMÁS CONSEJEROS DE GRANDES EMPRESAS O BUFETES 04. LAS PUERTAS GIRATORIAS FUNCIONAN SIN DESCANSO A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES 05. ‘EL PAÍS’ TIENE UN TITULAR… Y SI A SORAYA NO LE GUSTA, TIENE OTRO 06. JUSTICIA PERMITE A SANTAMARÍA TRATAR ASUNTOS DE TELEFÓNICA, DONDE TRABAJA SU MARIDO 07. SÁENZ DE SANTAMARÍA SE DESCARTA PARA LIDERAR EL GOBIERNO: "YO NO QUIERO SER PRESIDENTA" 08. HACIENDA INVESTIGA SI LOS EURODIPUTADOS DEFRAUDARON AL FISCO 09. CASO GURTEL / CAJA B PARTIDO POPULAR:

• RECHAZADA OTRA DEMANDA DE AZNAR CONTRA EL PAÍS POR LOS SOBRESUELDOS

• DOS JUECES PRÓXIMOS AL PP JUZGARÁN TAMBIÉN EL ‘CASO BÁRCENAS’

• RAJOY SE HA NEGADO 20 VECES A ACUDIR AL CONGRESO A EXPLICAR SU PAPEL EN LA 'TRAMA GÜRTEL' Y EN EL 'CASO BÁRCENAS'

• BÁRCENAS VUELVE: “ES TANTA LA DOCUMENTACIÓN QUE GUARDAMOS QUE PODÍAMOS

ENTREGAR CADA DÍA UNA BOMBA”

• BÁRCENAS: NI READMISIÓN NI INDEMNIZACIÓN

• EL JUEZ DE LA MATA RECHAZA "DE PLANO" EL INTENTO DE BÁRCENAS DE ANULAR EL CASO DE LA CAJA B

• EL PP ACUSA DE "CORRUPTELA" AL JUEZ DEL 'CASO BÁRCENAS' CON FRASES COPIADAS DE

UN ESCRITO DE LA INFANTA CRISTINA

• TRAMPAS” EN LA DESIGNACIÓN DE JUECES EN EL TRIBUNAL DE LA GURTEL: ESPEJEL CUANDO QUIERE, DELEGA

• LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁ LA SUERTE DE COTINO, COSTA Y RAMBLA

10. LESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS 11. EL SUPREMO ADMITE UNA DEMANDA CONTRA SU PRESIDENTE LESMES 11BIS. JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO

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12. LESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO 13. EL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ‘JUEZ FAES’ AL SUPREMO 14. ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES 15. EL OPUS MANDA SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 16. ARENAS VOLVIÓ A COBRAR DEL PP UN AÑO DESPUÉS DE HABER RENUNCIADO EN PLENA POLÉMICA SOBRE SUS INGRESOS 17. ARENAS DECLARA AL SENADO QUE YA NO COBRA DEL PP Y A LOS 10 DÍAS ANUNCIA UNA RECTIFICACIÓN 18. LA INSPECTORA JEFA DE HACIENDA NO ASUME EL INFORME CONTRA RATO 19. OPERACIÓN PÚNICA

• LUIS DE GUINDOS, SALPICADO POR LAS ESCUCHAS DE LA TRAMA CORRUPTA PÚNICA

• 92 IMPUTADOS Y CUATRO AUTONOMÍAS IMPLICADOS EN LA TRAMA PÚNICA

• SALVADOR VICTORIA SE NIEGA A DECLARAR POR LOS PAGOS A LA PÚNICA 20. WERT, NOMBRADO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA OCDE 20BIS. WERT SE CASA CON GOMENDIO ANTE RAJOY Y EL GOBIERNO… Y TODOS JUNTOS EN UNA FINCA ILEGAL 21. INDIGNACIÓN EN RTVE POR LA “ENTREVISTA PROMOCIONAL” A CARLOS HERRERA 21BIS. LA PREOCUPACIÓN POR LA INDEPENDENCIA DE TVE TRASPASA FRONTERAS 22. C.A.BALEARES. JOSÉ RAMÓN BAUZÁ DIMITE COMO PRESIDENTE DEL PP BALEAR 23. C.A.CASTILLA LA MANCHA. LOS VÍNCULOS ENTRE LOS NEGOCIOS DEL MARIDO DE COSPEDAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO NUCLEAR 24. C.A.CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL LOGRA SU OBJETIVO: CONTROLARÁ LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE (SUS) DATOS 25. C.A.CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL SE LIMITA A CONDENAR LAS PALABRAS DEL ALCALDE DE VILLARES DEL SAZ PERO NO LE EXIGE QUE DIMITA 26. C.MADRID. CIFUENTES PRESIDIÓ EL TRIBUNAL QUE HIZO FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA DE MADRID A LA NOVIA DE SU HERMANO 26BIS. C.MADRID. CIFUENTES SE CARCAJEA DE C’S: COLOCA A UN IMPUTADO EN EL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS 27. C.MADRID. CIFUENTES NOMBRA ALTO CARGO A UN VIEJO AMIGO QUE ESTUVO EN EL TRIBUNAL QUE LA ‘ASCENDIÓ’ A ELLA 27BIS.C.MADRID. CIFUENTES NOMBRA RESPONSABLE DE CULTURA A UN EXPERTO EN MODA Y EXTERTULIANO DE ANA ROSA 28. C.MADRID. CIFUENTES COLOCA A UN MIEMBRO DEL OPUS AL FRENTE DE LA EDUCACIÓN

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28BIS. C.MADRID. EL JUEZ ARCHIVA EL CASO SOBRE EL INCIDENTE DE TRÁFICO DE AGUIRRE 29. C.MADRID. AGUIRRE VE UN "DISPARATE" ELIMINAR EL CALLEJERO FRANQUISTA DE MADRID 30. C.MADRID. EL PADRE DE DANCAUSA FUE UN FALANGISTA QUE SE OPUSO A LA TRANSICIÓN 31.BIS. C.MADRID. IMPUTADOS DEL 'CASO ESPÍAS' RECUSAN A LA JUEZ POR AMISTAD CON GRANADOS 31BIS. C.MADRID. LA JUEZ DENIEGA LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ Y GRANADOS POR EL ESPIONAJE 32. C.MADRID. UN TERCER AGENTE CONFIESA EL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID 33. C.MADRID. LA JUEZA DECIDE JUZGAR A LOS ESPÍAS A SUELDO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 34. C.MADRID. LA JUEZA DEL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ CITARÁ A DECLARAR AL COMISARIO VILLAREJO Y A ENRIQUE CEREZO 34 BIS. EL TESTAFERRO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ DICE AHORA QUE SE LO VENDIÓ UN ARGENTINO QUE FUE “SOCIO” DE ENRIQUE CEREZO 35. C.A.MURCIA. EL SUPREMO ARCHIVA LAS QUERELLAS CONTRA TRES JUECES DEL TSJ POR EL 'CASO AUDITORIO' 36. C.A.MURCIA. LA ASAMBLEA INVESTIGARÁ AL PRESIDENTE POR EL 'CASO AUDITORIO' EN PARALELO A UN JUZGADO 37. EL PRESIDENTE DE MELILLA (PP) DISPONE ‘DESIGNAR A MI MUJER VICECONSEJERA’

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01. RAJOY: “LA RECUPERACIÓN TIENE EL RIESGO DE LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA” "Ningún presidente del Gobierno está dispuesto a que su país deje de ser su país y en Cataluña no va a haber independencia" El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político y ha lanzado un mensaje de firmeza a Artur Mas asegurando que "Cataluña no será independiente de ninguna manera" y ha defendido los Presupuestos aprobados hoy para que sirvan para "resarcir de los sacrificios poco a poco a los españoles". El presidente se ha agarrado a los datos económicos que reflejan que "la cosa va mejor" y a que hay "que mirar el futuro con optimismo" para remachar que en ese escenario de "una recuperación económica que está ahí existen riesgos que no vienen de la economía sino de la incertidumbre política". Rajoy los delimitó a dos: la deriva independentista en Cataluña y la propuestas de otros partidos, fundamentalmente el PSOE y Podemos, que sigue viendo como "ocurrencias". Por su exposición, por el número de preguntas formuladas, por la extensión de sus respuestas y por los avisos que incluyó en ellas está claro que la situación que más inquieta ahora mismo a Rajoy es lo que definió como "el desafío rupturista y soberanista que lleva toda la legislatura en Cataluña". El propio presidente admitió que ese órdago llegará a su "punto álgido" con la convocatoria de las elecciones autonómicas el 27 de septiembre, las terceras en cinco años. Rajoy rechaza que se nomine esos comicios como pleblscitarios "porque no existen en ningún país del mundo" y se extendió sobrel valor intrisenco en todas las democracias "del cumplimiento de la ley". "No va a haber elecciones plebiscitarias porque las prohíbe la ley, como tampoco hubo referéndum, por mucha propaganda que se hiciera. Hay que respetar la ley, la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles", enfatizó en su discurso inicial el presidente. Luego, tras ser interrogado de nuevo por la importancia histórica de esos comicios, que se dilucidarán entre la lista unitaria soberanista y las fuerzas constitucionalistas o españolistas, Rajoy aceptó la trascendencia de la cita pero reiteró que las elecciones serán solo autonómicas, para elegir un parlamento autonómico, aunque aceptó que en esa campaña "se va a hablar de todo y de asuntos importantes que no estaban sobre la mesa". El líder del PP añadió que no le asusta la complicada situación catalana, asumió que el presidente catalán Artur Mas tiene el derecho de ir en una lista de número cuatro detrás de dirigentes comunistas y de Esquerra Republicana, aunque le retó a explicarlo a sus "votantes clásicos" y, sobre todo, le conminó a dedicarse a resolver los problemas de la gente. Rajoy destacó que todos los responsables públicos saben de la importancia de cumplir la ley y alertó de que con los planes de Mas, que aseguró que nunca se llevarán a cabo, lo que se persigue al final es sacar a Cataluña de Europa, de la Unión Europea, del euro y del Banco Central Europeo. Anunció que dará la batalla para que todo eso no suceda. Tras resaltar los datos positivos de la economía española y la importancia de dejar sentadas las bases y la senda del futuro presupuesto para 2016, el presidente ha insistido en el tema catalán. "El Gobierno va a velar por el cumplimiento de la ley y defenderla activamente". También remarcó que "España es un país serio" y que el Ejecutivo no va a permitir "que se prive a los catalanes de su triple condición de españoles, catalanes y europeos porque en ningún país serio se puede permitir violentar la ley y sacar un rendimiento político de ello". En ese punto ha vuelto a destacar el riesgo económico de esa operación política: "Cada cual puede poner en circulación toda seria de ocurrencias, pero no a poner en peligro los pilares sobre los que se asienta la recuperación de nuestro país". Es su rueda de prensa 111 de la actual legislatura. Rajoy había comenzado por explicar las líneas generales de los Presupuestos y ha asegurado que "la recuperación llega cada vez a más gente y nos congratula". Luego ha añadido: "Queremos revertir poco a poco los esfuerzos que pedimos a los ciudadanos". Y ha recordado que con estas cuentas "se cierra un periodo dificilísimo" en el que España ha pasado ser el país de nuestro entorno que más paro creaba a ser ahora el que más empleo genera. El presidente del Gobierno ha confirmado que las

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pensiones subirán un 0,25%. "Pero aún necesitamos muchos más cotizantes en el país", ha dicho. "Lo que quiero subrayar es que hoy las cosas están mucho mejor, que los españoles podemos mirar al futuro con más seguridad y más optimismo que antes", ha asegurado Rajoy. Antes de pasar a otros asuntos, el presidente ha expresado "sus dudas" sobre las posiciones que defiende el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tanto sobre el problema catalán como sobre las recetas económicas para España. Sobre la posibilidad de un pacto poselectoral, en Cataluña o en España, con el PSOE, Rajoy confió en que todos los partidos constitucionalistas al final lleguen a acuerdos y en el ámbito nacional se mostró a favor de ser "razonable" y previsible sobre el tipo de alianzas que podría llegar a fraguar cuando se sepan los "números" y fuerzas de cada uno tras las elecciones. Rajoy no quiso anunciar aún la fecha de las elecciones generales pero reiteró que serán a finales de año y las fijará cuando sepa el momento y tras hablar con el Rey. El presidente ha alertado también del "riesgo" que supone la situación de Grecia y un posible contagio a España. "Los gobernantes estamos para resolver problemas, no para crearlos. Y una forma de crearlos es prometer a la gente cosas imposibles. Hace seis meses Grecia crecía, generaba empleo e iba a pagar su deuda. Voy a trabajar para que aquí no ocurra nada semejante", declara Rajoy. En la última encuesta del CIS se refleja una caída en la estimación de voto al PP, que se sitúa ahora en el 25,6% frente al 44,63% con el que empezó en noviembre de 2011. El sumario del caso Púnica y el conflicto catalán marcan el final de curso para el partido del Gobierno. A preguntas de los periodistas, el presidente se ha pronunciado sobre las revelaciones del sumario del caso Púnica conocidas esta semana. Rajoy ha admitido que el contenido del sumario contiene cosas "absolutamente reprochables" "que no nos hubiera gustado escucharlas nunca. Hay que tratar que no se repitan nunca", se ha limitado a afirmar. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438340068_221237.html 01BIS. EL PP SACA A RAJOY DEL PLASMA Nueva estrategia para que el candidato, los ministros y los vicesecretarios inunden las televisiones con su relato social y de la crisis En la madrugada del 24 de mayo, tras el fracaso electoral del PP en muchas autonomías y capitales, Mariano Rajoy y sus asesores tomaron conciencia de que el hasta entonces presidente del Gobierno se había convertido ya en candidato, desnudo, solo y descubierto ante las inclemencias de esta larga campaña. Ya no habría otras excusas, aunque en el camino están cruzadas unas elecciones catalanas determinantes. En la tarde siguiente, el lunes 25, de forma muy precipitada según consideran ahora muchos dirigentes del PP, Rajoy ofreció una inusual rueda de prensa para intentar decir que no iba a cambiar casi nada. Su querencia al inmovilismo no le salió bien. Hubo conato de rebelión. En las siguientes semanas ha multiplicado su presencia, contestado formalmente a periodistas, improvisado corrillos informales, pronunciado discursos, protagonizado mítines y la Convención del partido y presidido todos los comités de dirección del PP. No descuida su trabajo de despacho en La Moncloa ni sus viajes oficiales, pero cuida más al partido, algo que no había hecho en más de tres años. Ha dejado de aparecer poco y en plasma para salir más y compartir el escenario catódico con más caras del Gobierno y del PP. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido muy cuestionada por sus propios compañeros de gabinete y en el PP porque solo comparece los viernes tras el Consejo de Ministros, concedió una entrevista la semana pasada en televisión a Las mañanas de Cuatro. Habrá más, sobre todo de ministros y en todas las teles. “La idea es ocupar todos los espacios que se nos presten, de todos los ámbitos ideológicos y en todo tipo de formatos”, admite un responsable de la campaña. Eso es justo lo que no se hacía hasta hace un año, cuando el PP empezó a enviar a sus políticos más aguerridos a los

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platós más complicados. Hubo debate. Rajoy, que era reacio, tomó conciencia de que estaba perdiendo votos por el martilleo de la corrupción en las teles En el Comité de Campaña se ha discutido la cuestión y se ha concluido que Rajoy, el Gobierno y sus ministros “han dedicado mucho tiempo a arreglar el país y poco a explicarlo”. Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego al que Rajoy sondeó recientemente para incluir ahora en su mini crisis del Gobierno y del PP, lo expresó a su manera este pasado domingo en una entrevista en Abc: “Hemos gobernado bien, hemos explicado peor de lo que hemos gobernado y hemos implicado peor de lo que hemos explicado”. La falta de piel. “Hay que bajar al candidato a la tierra y eso no quiere decir que hasta ahora estuviera en la luna sino que hasta ahora se ha tenido que dedicar a otras cosas, especialmente a salvar al país de la quiebra, y ahora ha sido él el que ha decidido que hay que hablar de todo, enfrentarse a todos los asuntos, porque tenemos un relato, no solo económico”, explican los estrategas de campaña del PP sobre su ruta social. El nuevo vicesecretario de Acción Sectorial, Javier Maroto, lo expresó este lunes a su manera de exalcalde: “A partir de ahora, nos vais a ver poco en las sedes y mucho en las calles, poco en los coches y mucho en los barrios”. El papel de Casado En la dirección del PP ha desaparecido de la primera línea la secretaria general, Dolores de Cospedal, que no responde a los periodistas en la sede desde el 21 de enero, y se multiplican y compiten los jóvenes vicesecretarios. El portavoz oficial, Pablo Casado, una de las figuras en auge, lo favorece y promueve. Casado convocó ayer por primera vez en esta etapa a todos los jefes de prensa del PP en toda España para coordinar estrategias y mensajes ante la crucial campaña. Cuando acabó la reciente Convención Política, el nuevo jefe de campaña del PP, su jefe de Gabinete en La Moncloa, Jorge Moragas, se acercó a la jefa de prensa del partido para ver cómo podían convencer a Rajoy para que se pasase a saludar a la prensa que había cubierto el evento. Tenían dudas de cómo iba a reaccionar, ante su falta de costumbre, pero aceptó encantado aunque luego los propios periodistas y cámaras no supieran organizarse bien. Ese tipo de charlas, donde el líder del PP comenta aspectos menos formales de la actualidad, se han producido ya tres veces desde el 24-M. No es habitual. Casado se apunta descaradamente el tanto. También el hecho de que el presidente multiplique su presencia en ruedas de prensa. Rajoy lo sabe y ahora le deja. Experiencia o efebocracia Mariano Rajoy tiene varios problemas ante la próxima campaña de las elecciones generales de finales de año y uno de ellos es su edad. Tiene 60 años y no los disimula. Los demás candidatos previstos de otros partidos rondan los 40. El PP quiere convertir esa carencia evidente de su cabeza de cartel "en un valor". Uno de los estrategas populares ensalza ahí "la sabiduría, la sustancia y el conocimiento" del presidente del Gobierno "que ha demostrado saber cómo sacar adelante al país y ganar el futuro" frente a la "efebocracia de los que solo enseñan gente joven en las tertulias". Y agrega: "No es solo experiencia porque sí, es que da seguridad". http://politica.elpais.com/politica/2015/07/21/actualidad/1437506215_974173.html 02. RAJOY COLOCA A UNA COMPAÑERA DE UNIVERSIDAD PARA VIGILAR EL DÍA A DÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL Asunción Mosquera será secretaria de Sala de Gobierno, por lo que conocerá una semana antes cualquier detención por corrupción y un día antes tendrá acceso a las querellas

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Mariano Rajoy se ha salido con la suya. Gracias a la connivencia del Ministerio de Justicia, el puesto clave en la Audiencia Nacional de secretario de la Sala de Gobierno lo ocupará Asunción Mosquera Loureda, compañera de Universidad de Mariano Rajoy. El secretario de Sala de Gobierno conoce cualquier detención o registro con una semana de antelación y ve las querellas que entran en el tribunal un día antes que los demás. La acusación la realizó a finales de junio Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, durante una sesión de control, pero hasta ahora, ya en época de vacaciones, no ha sido confirmada. “En la España de Mariano Rajoy…” En concreto, las palabras de Hernando fueron estas: “En la España de Mariano Rajoy se impide que el Secretario de la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sea el candidato que tenía el aval de la unanimidad de la Sala de Gobierno, para maniobrar desde el Ministerio de Justicia en favor de una candidata que hoy ya sabemos que tenía un currículo muy importante: había sido compañera universitaria del actual presidente del Gobierno, curso 72-77 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela”. Las sospechas empezaron cuando se conoció una ‘rectificación’ que se hizo desde la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia a un correo electrónico anterior que ellos mismos habían dirigido a la Audiencia Nacional, y en el que se trataba del asunto de la renovación del cargo de secretario de gobierno de la Audiencia Nacional. De cuatro posibles candidatos a uno impuesto En ese correo electrónico original la Secretaría de Estado de Justicia pedía “informe para nombramiento de Secretario de Gobierno”, y daba una lista formada por cuatro posibles candidatos “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 464.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”… En su segunda nota a la Audiencia Nacional, la Secretaría de Estado decía haber cometido “un error”, anulaba el correo electrónico anterior y aseguraba que en realidad no había terna que considerar, porque el Ministerio de Justicia se arrogaba la potestad de ser él quien propusiera un solo nombre para el cargo. Y así, de los cuatro candidatos propuestos inicialmente, se pasaba a uno solo: María Asunción Mosquera Loureda. La candidata impuesta, se ha sabido hoy, tiene historia La noticia provocó un cierto revuelo entonces, e incluso el PSOE denunció este cambio estratégico de opinión. Pero el escándalo estalló cuando se desveló que la elegida, fue compañera de promoción de Rajoy. De lo que se deduce que es también alguien http://www.elplural.com/2015/07/28/rajoy-coloca-a-una-companera-de-universidad-para-vigilar-el-dia-a-dia-de-la-audiencia-nacional/ 02BIS. EL PP ADMITE QUE LA CORRUPCIÓN FRENA SU RECUPERACIÓN ELECTORAL Los populares inician la expulsión de todos los implicados en Púnica y se declaran "indignados, abochornados y avergonzados" El PP había empezado a constatar una "tendencia al alza" y una "recuperación" en el análisis de las distintas encuestas de valoración electoral publicadas en los últimos días y semanas y se apresuraba a concluir que a Podemos y al PSOE les pasaba ya factura su "radicalización" y sus errores de gestión en los nuevos ayuntamientos que gobiernan desde el 24 de mayo, cuando de golpe ha llegado otro frenazo. El portavoz oficial del PP, Pablo Casado, no eludió ayer aceptar que los escándalos de corrupción que no les abandonan y casos tan grotescos como Púnica “afectan” y dañan la credibilidad de todo el partido. Casado asumió que en el PP están ahora “abochornados,

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indignados y avergonzados” ante “comportamientos de esa índole” como los que se reflejan en las conversaciones grabadas del caso Púnica. El Comité de Dirección del PP, que ayer presidió de nuevo Mariano Rajoy durante más de dos horas, volvió a analizar la situación en Cataluña, sin decidir nada nuevo sobre recursos o actuaciones del Gobierno o la Abogacía del Estado ante la permanente escalada de declaraciones, ni tampoco sin nominar a su candidato a las futuras elecciones en esa comunidad. El PP es aún el único partido con presencia en el Parlamento catalán sin candidato. Rajoy remitió la semana pasada a lo que dijera al respecto Génova 13 y en la sede central del partido no saben qué decir ni tienen información de primera mano. Por lo tanto, el PP destinó su reunión semanal de estrategia a corroborar cuál es su momento electoral y a planificar algunas acciones para aprovechar desde este próximo viernes la próxima presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado. Las encuestas, de diversos medios de comunicación, sí coinciden en señalar un ligero hundimiento o caída de Podemos sobre sus buenos datos de hace pocos meses pero varían mucho en su consideración sobre Ciudadanos, que es y será el competidor en el mismo ámbito ideológico del PP. Sobre el PP y el PSOE los sondeos recogían una cierta recuperación, que les sitúa a ambos partidos en un escenario de empate aunque con porcentajes muy inferiores a los habituales hasta ahora. El PP, en algunos trabajos demoscópicos, comenzaba a rescatar votantes propios que les habían abandonado en los últimos tiempos camino de la abstención o de Ciudadanos. Los estrategas del PP concluyen que si convencen de nuevo a un millón de esos potenciales abstencionistas que antes les votaban podrían aguantar el tirón y no bajar de 150 escaños en las elecciones generales que Rajoy podría convocar para finales de año. El plan es que Ciudadanos coseche en torno a 30 actas y poder repetir Gobierno. Pero la semana pasada se levantó el secreto del sumario del caso Púnica, se descubrieron conversaciones, grabaciones y charlas muy burdas de dirigentes del PP de Madrid, exalcaldes, implicados en cobros de dinero y adjudicaciones sospechosas, y los electores han vuelto a dudar. Durante el fin de semana, además, los responsables nacionales del partido y el propio presidente han mantenido un clamoroso silencio y este lunes han querido emitir una reacción que sonara contundente. Tanto Casado como el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, portavoz adjunto en La Moncloa, subrayaron que no se había producido estrictamente un silencio del Gobierno y de Rajoy sino un “respeto” por las actuaciones judiciales en marcha. Casado reconoció que la corrupción ha sido uno de los problemas del PP y consideró “evidente” que no les beneficia y que genera “un cierto desgaste”, incluso aunque sea sobre casos del pasado y no se hayan registrado nuevas imputaciones. A ese aspecto se agarró también Ayllón para comentar que el Gobierno prefiere esperar a ver en qué acaban judicialmente los procedimientos iniciados. Los dos portavoces destacaron que en España ahora “no existe impunidad y el que la hace la paga” con las nuevas medidas y reformas legales aprobadas por el ejecutivo, que sin embargo precisaron que aún están en sus primeras fases de aplicación y un poco verdes. Ayllón fue más allá y deslizó varias veces que antes, se supone que con gobiernos socialistas en el poder, “ni se investigaba bien, ni se conocían tantos casos” y supuso que eso era porque “alguien se ocupaba de se taparan y de evitar que hubiera medias para que se conocieran e investigaran y ahora, sin embargo, sí se están investigando”. El portavoz oficial del PP destacó que a la nueva dirección del partido y a la mayoría de sus cargos, “que trabajan 15 horas al día, no tienen fines de semana y apenas ven a la familia”, les molesta más que a nadie la actuación de esos militantes y dirigentes que se aprovechan de las siglas en su beneficio y lamentó su comportamiento como el “sentir general” de toda la formación. Casado anunció que en las próximas horas el PP de Madrid, al que pertenecen o en el que millitaban muchos de esos implicados, les abrirá un expediente y procederá a su expulsión. La reunión se producirá en realidad el miércoles y ni en el PP nacional ni en el de Madrid saben precisar aún a cuántos cargos o afiliados afectará.

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Lo que Casado sí quiso fue aprovechar la ocasión de que las encuestas detectan una mejoría en las posibilidades del PP para relacionarlo con la posición del PSOE y de Podemos tras las elecciones del 24-M. El dirigente popular entiende que la radicalización del PSOE y de Podemos y sus supuestos errores y la “ineficacia de gestión” en los ayuntamientos donde gobiernan o se dejan gobernar “ha vuelto a situar al PP en la centralidad, en la moderación y en el reformismo” frente a las tesis de “la izquierda bolivariana y el nacionalismo excluyente”. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/27/actualidad/1438017050_571039.html 03. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN POSEE DOS EMPRESAS ACTIVAS, POR LO QUE INCUMPLIRÍA EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Una está dedicada a la explotación equina, la otra es de asesoría jurídica... en ambas aparece como socio y administrador único, aunque la asesoría la montó en origen con el ministro de Exteriores Iñigo Méndez de Vigo, barón de Claret, actual ministro de Educación, Cultura y Deportes, según el Registro Mercantil tiene dos empresas activas en las que aparece como socio único y administrador único. El régimen de Incompatibilidades de Altos Cargos vigente prohíbe que los miembros del Gobierno (de Directores Generales a ministros) tengan ninguna actividad económica alguna fuera de sus cargos. Las sociedades del ministro En concreto el artículo 13 de la ‘ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado’, que fue aprobada con fecha de 30 de marzo de este año y actualizaba la anterior ley de 2006, especifica que “los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena”. Iñigo Méndez de Vigo aparece, sin embargo, en el registro como socio único y administrador único de la sociedad Feldstein SL, sita en Madrid, con un capital social de 14.000 euros, y que en su último ejercicio presentado declaró ventas por valor de 41.576 euros. La empresa tiene como objetivo la explotación de caballos y otros equinos. Feldstein SL se fundó en 2007 y en el Registro seguía activa en 2015. Igualmente, el actual ministro de Educación aparece como socio y administrador único de Krainem SL, sociedad que tiene también su domicilio en Madrid, con un capital social de 60.101 euros, y que presentó en su último ejercicio ventas por 20.312 euros. Esta sociedad, de actividades jurídicas, es continuidad de una anterior, fundada en 2005 por el propio Iñigo Méndez de Vigo y el actual ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que este abandonó en 2012 por la incompatibilidad con su cargo. La empresa, según el Registro Mercantil, seguía abierta y activa este año, 2015. El ministro aparece también en otra empresa, Longoria SA, dedicada según el Registro a la promoción inmobiliaria, pero en esta, que tuvo en el último ejercicio declarado unas ventas por valor de 649.381 euros, aparece como apoderado. Incompatibilidades, que no lo son según el Ministerio Su actividad en Feldstein y Krainem serían, como decimos, incompatibles con su condición primero de Secretario de Estado de Exteriores, cargo que pasó a ocupar en diciembre de 2011, al formar Mariano Rajoy el Gobierno del PP, y después, desde el pasado 26 de junio, como Ministro de Educación, Cultura y Deporte. ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con Iñigo Méndez de Vigo a través del Gabinete de Comunicación del ministerio. En su respuesta, el ministro nos ha dicho que en Longoria SA trabajó como abogado hace más de 20 años, pero en ella no tuvo ni una sola acción ni título de propiedad. Sí se reconoce en la contestación, sin embargo, que tiene dos sociedades unipersonales (las citadas Feldstein y

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Krainem), “que -se nos dijo en un primer momento- figuran claramente en su Declaración de Intereses de la Oficina de Conflicto de Intereses y publicada en el BOE cuando fue nombrado Secretario de Estado para la UE”. En la Oficina de Conflicto de Intereses, con la que hemos contactado, no se nos ha facilitado la declaración de bienes, derechos y patrimoniales del ministro. Hemos pedido acceso entonces a esta declaración al propio ministro a través de su portavoz, pero no se nos ha facilitado en ningún momento. En cualquier caso, esto no haría sino confirmar, aunque no es poco, que el ministro ha declarado a la Oficina sus actividades empresariales. Pero es que además, en el BOE donde se nos dice que se hicieron públicas estas declaraciones, como se puede ver en la reproducción del Boletín que acompañamos, no figura ninguna mención alguna a dichas empresas, ya que la información se limita a dar un resumen de sus bienes, que en los conceptos “inmuebles” y “otros” suman un valor de 1.206.000 euros. Igualmente se especifica que el ministro dice no tener créditos, préstamos ni deudas. Lo que dice la ley Pero si la existencia de la declaración de las empresas ante la Oficina de Conflicto de Intereses se resuelve pidiendo un acto de fe, aún menos claras han sido las explicaciones sobre la compatibilidad de las actividades de las sociedades del ministro con su actual cargo y con el anterior, de Secretario de Estado de Exteriores. Sostiene el ministro en su contestación a ELPLURAL.COM, a través de su Gabinete de Comunicación, que las incompatibilidades están perfectamente reguladas en los artículos de la Ley 5/2006 y que en este caso se cumplen. Como decimos, en realidad esta ley fue actualizada por el propio gobierno del PP. Pero se mantiene intacto el contenido del artículo de “compatibilidad con actividades privadas”. Según este artículo, que arguye el ministro, como se ve en la reproducción que incluimos, “el ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible”… con “la mera administración del patrimonio personal o familiar”.., “la producción y creación literaria, artística, científica o técnica…”, y “la participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución”… Parece imposible relacionar las actividades de las empresas Krainem y Feldstein con cualquiera de estas tres excepciones a la incompatibilidad de alto cargo y la realización de una actividad privada. Incluida la última de las excepciones, que por la redacción de la primera contestación que hemos recibido del ministerio de Educación, parece ser que es en la que el ministro considera que podrían ser incluidas; ni tampoco por la primera, la de explicar que se tratara de empresas de patrimonio personal o familiar ¿Cómo pueden serlo una empresa de explotación equina, o aún más incomprensible, una empresa de asesoría legal? http://www.elplural.com/2015/07/28/el-ministro-de-educacion-posee-dos-empresas-activas-incumpliendo-el-regimen-de-incompatibilidades/ 03BIS. CINCO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ESTADO SON ADEMÁS CONSEJEROS DE GRANDES EMPRESAS O BUFETES El Gobierno recurre a este órgano para que se pronuncie sobre las leyes que está elaborando Tres de ellos son exministros de Aznar: Isabel Tocino, Ana Palacio y José María Michavila Entre las grandes firmas que se 'sientan' en el Consejo de Estado figuran Repsol, Banco Santander, BBVA, Enagas o Ence Lo público y lo privado comparten asiento en el Consejo de Estado, el órgano consultivo al que recurre el Gobierno para que informe sobre anteproyectos de leyes en elaboración y otro tipo de asuntos en los que considere necesario un estudio previo antes de tomar una decisión

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definitiva. Cuando el pleno de esta institución se pronuncia, entre los que deciden en favor del interés general hay cinco consejeros con fuertes vinculaciones con el sector privado. La galería de cargos que acumulan es amplia: desde empresas del Ibex 35 –BBVA, Santander, Repsol, Enagás– a grandes bufetes de abogados. Si las empresas en las que participan son conocidas, más conocidos son casi todos sus nombres. Integran el grupo de "consejeros electivos", la cuota de los Gobiernos de turno en el Consejo de Estado, esos que nombran por razón de confianza. Un grupo de nueve a día de hoy –el máximo es diez– en el que destacan exministros de José María Aznar como Isabel Tocino (Medio Ambiente), Ana Palacio (Exteriores) o José María Michavila (Justicia). Todos ellos fueron nombrados el 23 de marzo de 2012 por el Consejo de Ministros, el mismo día que el Ejecutivo de Mariano Rajoy elegía a José Manuel Romay Beccaria presidente de este órgano consultivo. Hombre de su máxima confianza –en él depositó la tesorería del PP tras el escándalo protagonizado por Luis Bárcenas– también había integrado los equipos de Gobierno de Aznar. El grupo de consejeros electivos con intereses en el sector privado se completa con el abogado Manuel José Silva Sánchez y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, según información del Registro Mercantil consultada por este diario. Las retribuciones de los consejeros electivos se limitan a las dietas por asistencia a plenos: un máximo mensual de 974 euros, que no se percibe si no hay sesión plenaria o no se asiste. En este caso, el valor de formar parte de este grupo de altos cargos del Consejo de Estado está en la información que se maneja más allá de la retribución económica. "Hay gente que pagaría por integrar este órgano consultivo", bromea un diputado. ¿ESTÁ GARANTIZADA LA INDEPENDENCIA? Pese a que la legislación actual no establece que este tipo de compatibilidades sean ilegales, expertos en transparencia y sector público consultados por infoLibre ponen el foco en la necesidad de abrir un debate al respecto en un momento en el que la desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones se ha agrandado a raíz de los escándalos de corrupción protagonizados por los grandes partidos. ¿Cómo se garantiza que los consejeros no manejen información privilegiada que puedan usar después para tomar decisiones en su esfera privada? Esa es una de las preguntas clave que se plantean. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, sólo el presidente y los consejeros permanentes "tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración del Estado". La misma ley también establece que el presidente y los consejeros de Estado –este precepto sí afecta a todos, también a los electivos– "tendrán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido, o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran participado ellos mismos o personas de su familia dentro del segundo grado civil por consanguinidad o afinidad". A continuación, se repasa de forma detallada los vínculos de estos cinco consejeros con el sector privado. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con todos ellos, bien a través de los despachos de abogados en los que participan o de las empresas. ISABEL TOCINO El mismo día que Ana Palacio y José María Michavila llegaron a Consejo de Ministros, en marzo de 2012, a Isabel Tocino le renovaron por otro mandato de cuatro años (el máximo de permanencia es de ocho años). En la actualidad, esta consejera de Estado compagina su asistencia a los plenos de este órgano consultivo del Gobierno con funciones en cuatro empresas: Naturhouse, Ence Energía y Celulosa, Enagas y el Banco Santander, según información del Registro Mercantil.

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Su vinculación con el Ibex 35 le viene por sus funciones en Enagas y el Banco Santander. A la principal compañía gasista de España llegó en mayo de 2014, cuando fue nombrada consejera. Su relación con la entidad financiera viene de lejos, desde 2007. A día de hoy, es vocal de la comisión ejecutiva, nombramiento registrado en mayo de 2013. Según figura en la página web de la firma y en el registro mercantil, también forma parte del consejo de administración de la papelera Ence. La exministra de Medio Ambiente fue nombrada consejera de Naturhouse Heatlh SA en noviembre de 2014. Una firma que, según su página web, está dedicada "al sector de la dietética y nutrición". Con más de 20 años de historia Naturhouse cuenta hoy con casi 2.000 centros repartidos por 26 países del mundo. Pero el Consejo de Estado y estas cuatro empresas no son la única actividad de esta exdirigente del Partido Popular. Según la web corporativa del Banco Santander, Tocino, doctora en Derecho, es "profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. JOSÉ MARÍA MICHAVILA Conocido por haber representado los intereses legales de conocidos cantantes como Shakira y Alejandro Sanz, el exministro de Justicia se dedica al ejercicio de la abogacía, donde ejerce las especialidades de Derecho Bancario y Administrativo, según refleja su perfil en la página web de MA Abogados, el bufete del que es socio fundador. La información que obra en poder del Registro Mercantil le sitúa, además, como consejero delegado en MDEF Partners SL y presidente de MDEF Private Investments Office. La primera de estas firmas, constituida en Madrid el 30 de julio de 2008, con un capital de 889.999 euros, tiene por objeto social "la prestación de servicios en lo que se conoce como family office o multifamily office". En definitiva, la administración de patrimonios familiares. Su nombramiento como consejero delegado se inscribió el 2 de enero de 2014. La segunda empresa, MDEF Private Investments Office, fue constituida en junio de 2011 con un capital de 88.000 euros y se dedica, igualmente, a la administración de patrimonios. Ese mismo año, en noviembre, se constituyó en Madrid el Grupo MA Abogados Estudio Jurídico SL, con un capital de 30.000 euros. Michavila es consejero de este bufete, cuyo consejo de administración está presidido por otro exministro de Aznar: Ángel Acebes. Desde 2010, Michavila figura como administrador único de una firma de nombre similar a la anterior: Estudio Jurídico M.A. SLP. De hecho, las iniciales "MA" se corresponden con los apellidos de los dos ex ministros del PP. Según figura en el Registro Mercantil, el pasado mes de febrero, Michavila cesó en su cargo de Wolters Kluwer Formación SA. Se trata de un puesto al que llegó en 2010 como presidente del consejo asesor. Esta empresa es la editora de publicaciones como 'La ley', 'Especial Directivo' o 'Estrategia Financiera'. ¿Quiénes son los clientes de Michavila en sus diferentes empresas? Esa información no es pública y, por tanto, tampoco se puede saber en qué medida esos clientes se ven afectados por las leyes sobre las que se pronuncia en el Consejo de Estado? ANA PALACIO Además de coincidir con Tocino en el Consejo de Estado, la exministra de Exteriores lo hace en Enagas, donde es consejera desde mayo de 2014. También figura como consejera en Pharma Mar SA, donde fue nombrada por primera vez en agosto de 2009. Perteneciente al Grupo Zeltia, es una farmacéutica especializada en el

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tratamiento del cáncer "mediante el descubrimiento, desarrollo, producción y comercialización de fármacos innovadores de origen marino", según consta en su página web. Además, hasta abril de 2014 fue consejera en Hidroeléctrica del Cantábrico SA, empresa a cuyo consejo de administración había llegado en 2012. Esto implica que durante dos años, la exministra, que también ejerce la abogacía en el bufete Palacio & Asociados, compatibilizó sus funciones en el Consejo de Estado con tres consejos de administración de grandes empresas. MANUEL JOSÉ SILVA SÁNCHEZ Exdiputado de CiU en el Congreso de los Diputados, llegó por primera vez al Consejo de Estado en septiembre de 2009. Licenciado en Derecho, Manuel José Silva Sánchez es abogado del Estado. En el Registro Mercantil figura como secretario no consejero de varias empresas. Ninguna de ellas está integrada en el Ibex 35. En la actualidad, es socio del conocido despacho de abogados Roca Junyent y, según la página web del bufete, está especializado en las áreas de Derecho Público e Infraestructuras. Se incorporó en 2011. Se da la circunstancia de que es hermano del catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, cuyo bufete, Molins-Silva, tiene un acuerdo de colaboración con Roca Junyent. En base a este acuerdo, en abril de 2013, Jesús María Silva y Miquel Roca fueron elegidos por el rey Juan Carlos para la defensa de su hija Cristina, implicada en el caso Nóos. Fue el monarca el que llamó personalmente a Roca, al que le une una larga amistad, para que se encargara del caso. Pocos meses después del inicio de los trabajos de defensa de la hija del rey, se dispararon los rumores de roces entre Miquel Roca y Jesús María Silva. Y el nombre de este consejero de Estado apareció como factor de equilibrio. Se comentaba que tenía acceso al fiscal general del Estado, por entonces Eduardo Torres-Dulce, y que eso pudo reconducir la relación entre los abogados de Cristina de Borbón. JUAN ANTONIO ORTEGA Y DÍAZ AMBRONA Este abogado fue ministro durante los Gobiernos de UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. En la actualidad, y según figura en el Registro Mercantil, Ortega compatibiliza su actividad de consejero electivo en el Consejo de Estado con su presencia en diferentes consejos de empresas privadas. El principal cargo que ocupa es el de consejero en Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, una de las principales empresas del grupo Repsol, con un capital de más de 330 millones de euros. El mes pasado se inscribió en el Registro la renovación de su puesto como consejero de dicha empresa, en cuyo órgano de administración entró en junio de 2010. Además, está presente en varias sociedades del BBVA que gestionan planes de pensiones. Según la información de esta entidad financiera, integrada en el Ibex 35, Ortega y Díez Ambrona es defensor del partícipe. "El defensor del partícipe tratará las reclamaciones que realicen los partícipes y beneficiarios a la entidad gestora o depositaria, o a la propia entidad promotora de los planes de pensiones", asegura el banco en su portal corporativo. Hasta octubre de 2013 y desde enero de 2002, este abogado fue administrador único de la empresa Campofrío. Su nombramiento en el Consejo de Ministros como consejero electivo fue publicado en el BOE el 23 de diciembre de 2009, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Zapatero, en su calidad de exjefe del Ejecutivo, es consejero nato de este órgano consultivo. La información depositada en el Registro Mercantil también ubica a Ortega y Díaz Ambrona como administrador único de la empresa Talanquera Inmuebles y Explotaciones SL, dedicada a la explotación del patrimonio inmobiliario familiar.

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¿CONFLICTO DE INTERESES? ¿Qué opinan los expertos sobre esta doble faceta, pública y privada, de algunos miembros del Consejo de Estado? Desde Transparencia Internacional, Jesús Lizcano aboga por un mayor control y transparencia en estos cargos y que se estudien a fondo las compatibilidades. Por su parte, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, define al Consejo de Estado como "un gran desconocido". "No se sabe lo que pasa dentro", añade. "Está fallando la Oficina de Conflictos de Intereses, no tiene capacidad de control", dice Villoria sobre este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A su juicio, en algunos de los casos expuestos en este reportaje han tenido que existir "conflictos de intereses", que han tenido que llevar a algunos de los consejeros a abstenerse de votar o a inhibirse. Este catedrático pone también el foco en cómo el Consejo de Estado acaba siendo el refugio de expresidentes y ex altos cargos, un modelo que, sostiene, se repite en los consejos autonómicos. Villoria cita como antecedente el caso del expresidente José María Aznar, que dejó su puesto de consejero nato tras una polémica con sus actividades privadas. En junio de 2006, el presidente de FAES anunció que iba a abandonar sus responsabilidades como consejero de Estado por resultar incompatible con su presencia en el consejo de administración de News Corporation, grupo de comunicación de Rupert Murdoch. La polémica estaba en que al ingresar en este órgano, en abril 2005, Aznar se declaró libre de incompatibilidades y después se supo que la firma Famaztella, perteneciente a la familia Aznar-Botella, ingresó 10.000 euros mensuales, desde septiembre de 2004, en concepto de servicios de asesoría a la firma de Murdoch. El régimen de incompatibilidades para los consejeros natos es diferente al de los electivos. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/13/cinco_miembros_del_consejo_estado_son_ademas_consejeros_grandes_empresas_bufetes_35316_1012.html 04. LAS PUERTAS GIRATORIAS FUNCIONAN SIN DESCANSO A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES El número tres de la Moncloa se va al Banco Santander. El director del Servicio Jurídico de Hacienda se marcha a Deloitte. Abogados del Estado son fichados por fondos extranjeros para pleitear... contra el Estado Los expertos coinciden en que la regulación insuficiente y la falta de independencia de los supervisores impiden cerrar las puertas giratorias En las últimas semanas en España se han conocido los siguientes hechos: Un informe de la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, que no obligaba a la vicepresidenta del Gobierno a inhibirse en los asuntos que el Consejo de Ministros tratase sobre Telefónica, la empresa en la que trabaja su marido como asesor jurídico. Que el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, pasaba al Santander como secretario general del consejo. O sea, como jefe de los servicios jurídicos y de la división de recursos humanos. Se trataba de su vuelta al banco tras tres años y medio en la Moncloa. Que el director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, dejaba el organismo para emigrar a Deloitte Abogados como socio de Fiscal.

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Que abogados del Estado en excedencia son fichados por fondos extranjeros en una docena de arbitrajes planteados contra España por el tajo a las renovables. Todo esto en un lapso muy pequeño de tiempo y cuando se acercan las elecciones generales y, por tanto, la posibilidad de que se produzca un cambio en el poder político. Noticias que se suman a tantas anteriores sobre la regulación de las incompatibilidades de los cargos públicos o las puertas giratorias (revolving doors o pantouflage), y que suelen suscitar una fuerte controversia pública. Baste recordar la presencia de los expresidentes José María Aznar y Felipe González en las cúpulas de las multinacionales Endesa y Gas Natural –el socialista ya salió de él este año–, con jugosos sueldos. La pregunta, de ahora y de antes, es si la legislación española es suficiente o si tiene varias lagunas. Los expertos en la materia se agarran más a esta segunda opción: faltan normas y falta, también, el "compromiso ético" de dirigentes e incluso de empresas, de forma que ni unos ni otros se aprovechen del tránsito por el sector público de una persona. La regulación, recuerda Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no es sencilla, porque hay una frontera difusa, esquinas a la que el Derecho "no puede llegar", porque no puede ir caso a caso. No es fácil porque, por ejemplo, no se puede hilvanar tan fino como para impedir que un ex alto cargo mantenga un encuentro informal o tenga una llamada de teléfono con un contacto del que dispone gracias a su paso por la Administración. Por eso habría que apelar, insiste, al cumplimiento de un código ético. 01. EL CASO DE SANTAMARÍA Y SU MARIDO Por partes. Primero, el informe de la Abogacía del Estado, encargado por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Es de 2012, justo cuando Telefónica fichó para su gabinete jurídico en Telefónica a su marido, Iván Rosa Vallejo, abogado del Estado de profesión (como ella). El documento, de 21 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre señala que la número dos de Mariano Rajoy no tendría por qué inhibirse en los actos administrativos, decretos o proyectos de ley que el Ejecutivo apruebe y que afecten a los intereses de la operadora. La razón es que Rosa presta servicios de asesoramiento "en un tercer nivel", ya que tiene a jefes por encima que supervisan sus labores. Su puesto depende directamente de la Vicesecretaría General de los Servicios Jurídicos de Telefónica, y esta a su vez cuelga del secretario general de los Servicios Jurídicos y del Consejo. El artículo 7. 1 de la Ley de Conflicto de Intereses, aprobada en 2006, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, prescribía que los altos cargos "vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad [...] y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". La Abogacía entendía que cuando en la norma se hablaba de labores de "asesoramiento" se refería a puestos de primer nivel, que no sería el caso de Rosa y, por tanto, no afectaría a Santamaría. Esa ley es la que estaba en vigor cuando los servicios jurídicos del Estado elaboraron el informe. Pero fue reemplazada por la ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto de la Administración General del Estado, que Rajoy incorporó al paquete de regeneración democrática. Sin embargo, la parte análoga al viejo artículo 7. 1 no sufrió muchos cambios. En la nueva norma, que entró en vigor en abril, la cuestión de los conflictos de intereses queda plasmada en los artículos 11 y 12. ¿De quién son las leyes? ¿Qué habría pasado si Rosa fuera un asesor de primer nivel, el máximo responsable? Pues que Santamaría tampoco habría tenido que ausentarse en la deliberación y posterior votación de proyectos de ley que afecten a Telefónica. La Abogacía sostiene que la aprobación de las leyes "escapan" al control del Ejecutivo, ya que son las Cortes –Congreso y Senado– quienes las sacan adelante. Quienes formalmente las aprueban. Un argumento chocante, cuando

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menos, si se tiene en cuenta que la mayor parte de la producción legislativa es impulsada desde el Gobierno (cualquiera que sea). Más aún en este cuatrienio, en el que Rajoy dispone de una holgada mayoría absoluta. La Abogacía, no obstante, ya ha empleado ese razonamiento en otras ocasiones. En concreto, permitió en 2013 a Miguel Arias Cañete votar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Evaluación Ambiental, que sanciona el bunkering o transferencia de crudo en alta mar, de barco a barco. Se lo autorizó pese a que, además de ser entonces accionista minoritario, el entonces titular de Agricultura y hoy comisario europeo había sido presidente de una compañía con intereses en el segmento del bunkering, Petrolífera Dúcar SL. El informe de los servicios jurídicos del Estado, que desveló este periódico, afirmaba que votar un proyecto de ley en el Consejo no implica tomar "decisión alguna sobre ningún asunto", ya que son las Cortes las que fijan el contenido definitivo de las leyes y las aprueban. Cañete tuvo que vender sus participaciones en las petroleras familiares para poder ser responsable de una cartera menor en el Ejecutivo comunitario, la de Energía y Acción Climática. Santamaría, pese a la autorización de la Abogacía del Estado, se inhibió al menos dos veces en 2013, según informó el propio Ejecutivo en respuesta a una pregunta de la entonces diputada de ICV Laia Ortiz. El poder del Gobierno Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional (TI) España, pone el dedo en la primera llaga: la Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia. Es un cuerpo de élite que trabaja, pues, para el Gobierno, que coordina Santamaría. "Es difícil que la Abogacía haga un informe contra el Ejecutivo. No se ha visto en la historia. No es sencillo siquiera que lo haga la Fiscalía". La siguiente razón que sirve para desmontar la argumentación de los letrados del Estado es que los proyectos de ley "pueden ser modificados por las Cortes", pero el jefe del grupo mayoritario "depende de un partido", y este del Ejecutivo, "y con mayoría absoluta, más". "Las cuestiones centrales no cambian con el paso por las Cámaras", aduce. Para Cerrillo, esta es una prueba más de la insuficiencia de la legislación. "El informe se adecua a lo previsto en la ley. Pero la vicepresidenta se abstuvo, pese a todo, una muestra de que el Derecho no puede regular todo. Consideró necesario ausentarse de la reunión, porque que hubiera participado en ella hubiera puesto en entredicho, desde el punto de vista ético, la neutralidad de la decisión", aduce. Este catedrático cree que también flaquea el argumento de que Iván Rosa es un asesor de tercer nivel, porque "puede influir a la hora de tomar una decisión" en los que tiene por encima de él. "Y es evidente que el Gobierno no tiene participación directa en la aprobación de las leyes, pero a fin de cuentas los proyectos salen adelante en las Cortes sin modificaciones sustanciales de su contenido, sobre todo si hay mayoría absoluta", esgrime. La misma opinión comparte Jorge Malem, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF): "Una cosa es el análisis formal de la división de poderes, y otra el anális material. Los miembros del Legislativo son correa de transmisión del presidente del Gobierno a través de la estructura del partido, porque el que se aparte de la consigna oficial queda apartado de las siguientes listas. Se hace difícil pensar que cuando el Ejecutivo formula un anteproyecto [borrador] o un proyecto de ley no cumpla una función legislativa". Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB), insiste, no obstante, en que no hay que fijarse sólo en la labor legislativa, que para un Gobierno "le supone un 3%". "El Ejecutivo central tiene en sus manos toda la potestad reglamentaria, la actividad de control y sancionadora, el poder de adjudicar concesiones. Y eso es una tarea ingente. Un acuerdo de armamento, por ejemplo, lo elabora el Gobierno, no es una ley, y no es un tema menor". Queralt subraya, además, que "el primer contratista del Estado" es, precisamente, Telefónica, de modo que sale una "enorme cantidad" de regulación del Consejo de Ministros que le afecte, "hasta poner un poste". Malem hace ver que incluso el abstenerse en una votación no es garantía de nada. "Si Santamaría se aparta de la deliberación, sabiendo

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sus pares [los ministros] cuál es la solución, da igual que esté o no presente". Y eso sí que es más difícil de impedir legalmente. 02. EL TRÁNSITO DE RENOVALES Y DE HERRERO DE EGAÑA Los casos de Pérez Renovales o de Herrero de Egaña suscitan el debate de la puerta giratoria. El primero, según defendieron en su entorno, se trata más bien de un caso de ida y vuelta. Renovales dirigía la Asesoría Jurídica del Grupo Santander, y era vicesecretario general y del consejo del banco. Y, a partir del 1 de septiembre, será secretario general y del consejo y responsable de la nueva división de Secretaría General y Recursos Humanos de la entidad. Razón por la que no incumpliría la Ley del Alto Cargo. En cualquier caso, no hay que olvidar que Renovales, como subsecretario de la Presidencia, era considerado como el número tres de la Moncloa, uno de los colaboradores más estrechos de Santamaría, como ella misma reconoció cuando su cese, el pasado 19 de junio. Y como tal, tenía acceso a la información más sensible del Gobierno. Para Villoria, puede ser admisible en la medida en que es un movimiento "coherente" en una trayectoria profesional, dentro del gabinete jurídico de la misma compañía. "Otra cosa son los contenidos y temas que aborde, ya que la Oficina de Conflictos de Intereses no analiza con suficiente detalle todos los casos", explica. Queralt no tiene tan claro que sea admisible ese camino de ida y vuelta. Advierte de que las grandes corporaciones no cubren la vacante cuando el afectado marcha a un puesto de alta dirección en el Estado, así que este sabe que su retorno está "asegurado". "Así que muy en contra de su antigua empresa no va a ir", razona. Por la misma regla de tres, sigue Malem, se podría argüir que el titular de Economía, Luis de Guindos, tiene el perfil adecuado para fichar por el sector bancario, del que procedía –fue presidente para España y Portugal de la quebrada Lehman Brothers y responsable del área financiera de la auditora PricewaterhouseCoopers–. "Pero eso hace surgir las dudas de si las medidas que ha tomado como ministro beneficiaron o no al sector, y esta es una cuestión grave". La falta de independencia del supervisor Enseguida se tropieza con una piedra fundamental. La Oficina de Conflictos de Intereses. Tiene un estatus semejante al de 2006. Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –o sea, depende de Cristóbal Montoro– y la lidera un director nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Hacienda. Eso sí, tiene que pasar un examen en el Congreso previo a su ratificación. "Nació mal y sigue mal –opina Villoria–. No tiene independencia de funcionamiento, no dispone de los recursos humanos y materiales necesarios, ni apoyo para desarrollar su labor, y tampoco están bien definidos los procedimientos". Este catedrático se refiere a que la Oficina no tiene los instrumentos necesarios "para analizar caso por caso" de forma exhaustiva, o para requerir información a las empresas privadas que acojan a los ex altos cargos, y sancionarlas si no lo hacen. Cerrillo cree que la dependencia jerárquica de la Oficina respecto del Gobierno es un "hándicap formal que se podría superar con una actividad eficaz", de forma que se impulsase un "seguimiento real de la actividad de los altos cargos". El profesor se queja de que la acción de la Oficina "no es plenamente transparente ni supervisable", algo que también critica Jesús Lizcano, presidente de TI España. Un ejemplo, en el Portal de la Transparencia del Ejecutivo se pueden consultar las autorizaciones de compatibilidad en vigor, pero no el informe emitido por la Oficina. TI ya había reclamado que se garantizase la "independencia suficiente" a este organismo, y para ello debía otorgársele "cierta capacidad presupuestaria, un nombramiento de la dirección basado en criterios meritocráticos y una protección a su dirección frente a ceses políticos". Malem incide en que la configuración de los órganos de control no es una cuestión menor, porque la tendencia natural del Ejecutivo es "colonizarlos". Incluso cuando tienen mayor autonomía. La evolución de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ilustra esa querencia del poder. El organismo goza de autonomía presupuestaria y depende del Parlament. ¿Cómo domesticarla? Reduciendo dinero y competencias o bien ocupándola. Resultado: los actuales

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director y directora adjunta –Daniel de Alfonso y Maite Masià–, son acusados de cercanía al Govern. En resumen, concluye Malem, "no se trata sólo de que un órgano no dependa del Ejecutivo, porque puede acabar igualmente bajo su control". La alianza de políticos y altos funcionarios El pasado 15 de junio el BOE publicó el cese, a petición propia, del que era director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria desde 2010, el abogado del Estado Juan Manuel Herrero de Egaña, que pasó al sector privado, a Deloitte Abogados, el área de la consultora dedicada a diversos temas económicos y legales, como el asesoramiento y la planificación fiscal, fiscalidad internacional o fusiones y adquisiciones, tal y como figura en su web. La compañía aseguraba que el fichaje de Herrero de Egaña suponía el fortalecimiento del "asesoramiento fiscal que ofrece el despacho en el área de contencioso tributario". También es polémico el tránsito de abogados del Estado al sector privado, en muchos casos para asesorar a empresas que litigan contra el Estado y que aprecian de ellos su gran conocimiento del Derecho público y les paga por ello un buen sueldo. Se calcula que un 40% de los 650 letrados del Estado está en excedencia. Villoria detecta en estos casos de puerta giratoria una fisura legal. A los cuerpos de élite del Estado, dice –diplomáticos, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, abogados– debería "exigírseles que para emigrar al sector privado pasen por el examen de una comisión que estudiase caso por caso y diera su autorización", al estilo de lo que ocurre en Francia. También podrían caber sanciones a quien se salte los trámites, o replantear el reingreso. "En algunas ocasiones hablamos de ejemplos escandalosos. Uno no sabe muy bien al final de qué lado están y qué defienden estos servidores públicos", argumenta. Cerrillo coincide: "Cuanto mayor es la preparación y el nivel de influencia, con más intensidad se plantean estas dudas. Quizá no se pueda establecer una regulación específica para estos cuerpos, pero sí un mayor seguimiento de la actividad que llevan a cabo cuando se acogen a una excedencia". ¿Impedir que litiguen contra el Estado? Queralt sube el tono de indignación. Juzga que el compadreo de altos funcionarios y políticos es la madre del desbarajuste. Porque "Mariano Rajoy, o Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, si llegasen a gobernar, no hacen las leyes. Las hacen los técnicos. Para los que elaboran las leyes son sus leyes. Y encuentran el pago en este tipo de cosas. Es una vergüenza absoluta". Villoria lo llama, sencillamente, "corporativismo, apoyo mutuo" entre políticos y funcionarios, ya que a fin de cuentas muchos altos cargos provienen de estos cuerpos de élite, "ya sucedía con Franco y sigue ocurriendo hoy". El catedrático de la UB cree que, si hay voluntad, se podría atajar el problema. Por ejemplo, impidiendo a estos cuerpos de élite pleitear contra el Estado o poniendo bajo la lupa los seis meses anteriores al anuncio de su fichaje. "Es que ese tipo de saltos entre lo público y lo privado se negocian. No es como una mercería debajo de tu casa que pone el cartel de 'Se busca personal'. Son mercados muy complicados y quieren a los mejores. Quieren su agenda y sus contactos. Y el proceso de negociación a veces se alarga meses". Queralt no confía en los códigos éticos, porque si no hay sanción, "no sirve de nada". Malem tacha de "escandaloso" el paso de altos funcionarios a la privada si están en excedencia, porque disponen de mucha y muy buena información, a la que obviamente no pueden renunciar. Distinto sería si renunciasen al cuerpo del que procedían, en cuyo caso la prohibición sería más complicada. 03. LAS LAGUNAS LEGALES La regulación de las puertas giratorias en el caso de los políticos también es mejorable, según el catedrático de la URJC. Los altos cargos "durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado", según explicita la ley. El mismo plazo, dos años, que fijaba la anterior norma, la de 2006. El PP no aceptó las propuestas de otros grupos. El PSOE reclamaba extender la limitación a los cinco años posteriores al cese, e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), a los diez.

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La ley, la anterior y la vigente, se aplica a los altos cargos de la Administración General del Estado. "En lo local –advierte Villoria– no hay ningún control, no hay una Oficina de Conflictos de Intereses, con la salvedad de la Oficina Antifrau de Catalunya, que sí ha abierto expedientes. En lo municipal, pues, hay un completo cachondeo. En lo autonómico, las normas están obsoletas, no hay ninguna a la altura de la del Estado, así que no hay verdaderos controles". Y la norma de 2015 contiene aún "varias debilidades", como la ya citada dependencia de la Oficina de Conflicto de Intereses, sus ataduras económicas, o un planteamiento "más ambicioso" para atajar las puertas giratorias, completa Cerrillo. Sí tiene algunos elementos positivos, como una redacción más "sistemática y global" del ejercicio del alto cargo y de su nombramiento, con criterios más exigentes (prevé que no puedan ser nombrados o que deban dimitir los condenados por sentencia firme a prisión, hasta que se cumpla la condena). Con esta ley en vigor, por ejemplo, la exministra Elena Salgado no habría podido irse a los tres meses de dejar el cargo a Endesa Chile (Chilectra), ya que impide pasar tanto a las empresas afectadas por las decisiones en las que haya participado como a sus filiales. Ampliar o no los plazos ¿Son suficientes dos años de limitación? Los expertos aseguran que en otros países hay plazos más o menos cortos. Lo importante, avisan, es que se controle de forma exhaustiva la actividad del ex alto cargo. Así lo expresa Cerrillo: "Más importante que el tiempo es el cómo se integra en la vida profesional fuera del sector público, porque si el afectado quiere vivir de su agenda de contactos conseguida como cargo da igual que hayan pasado tres o cinco años". Malem, en cambio, sí considera que hay que ampliar el veto a, al menos, cinco años, porque los compromisos que pudiera haber contraído el político con una compañía o un sector a tanto tiempo vista correría el riesgo de no poder ser cumplido. Asimismo, defiende que debe prohibirse el trasvase entre la esfera política o judicial para impedir casos como el de Enrique López, un magistrado muy vinculado al PP y a FAES que ahora será el encargado de juzgar una parte de la trama Gürtel. No obstante, el problema de las puertas giratorias no es único de España, apunta Cerrillo. Es un tema de debate recurrente hasta en el mismo EEUU, donde la ida y vuelta entre el Congreso y la calle K de Washington –el emplazamiento de numerosos lobbies– es una constante. La solución, en consecuencia, estriba, primero, en afinar y endurecer la regulación, sin ser asfixiante, sin que se llegue a la muerte civil del político. Los expertos estiman que la legislación española no está muy por detrás de otras de su entorno. Aun así, la norma no lo resuelve todo. Se requiere un mayor "compromiso ético", como incide el profesor de la UOC. Falta, dice, una "infraestructura de ética y seguridad", que asesore a los altos cargos. Aunque esa demanda es igualmente exigible a la otra parte, a las empresas contratantes, de forma que se nieguen a fichar a un ex alto cargo en un plazo corto o a vivir de su agenda. Malem trae a colación los negocios del diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, que él mismo definió legales, pero no éticos. "Ser inmoral no es algo menor", alerta. "Sin sanción social no se puede" Este catedrático de la UPF va algo más allá: es necesario, arguye, "una nueva cultura política". En la Transición se primó armar un modelo que confiriera estabilidad al sistema, y todos los órganos del Estado, añade, estaban enfocados para tal fin. Pero con el tiempo ese diseño se ha vuelto un "obstáculo para la transparencia y el control". Los analistas señalan que el nivel de mentalización y de exigencia de los ciudadanos ha avanzado en los últimos años, como producto de la crisis y de la emergencia de los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que a su vez han hecho ponerse las pilas, en mayor o menor medida, a PP y PSOE. Malem, no obstante, desconfía de la verdadera voluntad de las dos grandes formaciones –"Los creadores de Frankenstein no van a matar a Frankenstein"–, y asume asimismo que los emergentes pueden quedar "absorbidos" en parte por la misma

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dinámica cuando se consoliden en las instituciones. Así que la clave es que se preserve el control ciudadano, que la trampa no sea vista como sinónimo de "éxito". En definitiva, "sin sanción social desde el interior de un país es muy difícil luchar contra la corrupción". El filósofo argentino Ernesto Garzón Valdés diferenciaba entre catástrofes –los desastres provocados por causas naturales– y calamidades –"desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales"–. La lucha contra la corrupción y los abusos de la política se encuentra en este último cajón.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/19/incompatibilidades_puerta_giratoria_legislacion_35558_1012.html 05. ‘EL PAÍS’ TIENE UN TITULAR… Y SI A SORAYA NO LE GUSTA, TIENE OTRO El diario de PRISA realiza un revelador reportaje sobre un informe de la Abogacía del Estado, pero curiosamente cambia su titular dándole el sentido justo contrario pasadas unas horas El diario El País daba una noticia en su edición web de anoche. Una noticia sobre un informe que había realizado la Abogacía del Estado “a medida para este caso concreto”, en el que la finalidad era saber si la vicepresidenta del Gobierno debía o no inhibirse en “los actos, decretos, órdenes ministeriales e incluso leyes” que afecten los intereses de Telefónica donde trabaja el marido de Soraya Sáenz de Santamaría, Ivan Rosa Vallejo, de profesión también abogado del Estado (un dato que no es casual, y menos teniendo en cuenta de que es de la misma promoción a la que pertenecía quien hasta hace días era mano derecha de la vicepresidenta, Pérez Renovales). Un asesor de “tercer nivel” El texto recogía el contenido del informe, según el cual, se venía a decir que la vicepresidenta tan sólo tendría que inhibirse en caso de que “su esposo fuera el jefe de servicio jurídico de la empresa y no un asesor “de tercer nivel”". El impecable reportaje, recordaba cómo la Ley de Conflicto de Intereses establece que “los altos cargos “vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos (…) que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”. Los autores de la información, que han tenido acceso al documento, recuerdan que esta ley ha sido modificada con posterioridad, y que en este caso no aplica el deber de inhibición porque, según la Abogacía del Estado, esto se impone sólo si “el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad”. Nivel que, según el informe de la Abogacía del Estado, “no alcanza ese estatus”. De un informe a un favor Este reportaje mereció en un primero momento el siguiente titular: “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido“. Parecía un titular muy ajustado a la realidad de lo contado. Y en la foto que acompañaba a la noticia se veía al matrimonio Sáenz de Santamaría-Rosa Vallejo durante un desfile del 12 de octubre en lo que era una captura de archivo. En la edición impresa se mantuvo el titular. Todavía, fuera cual fuera la razón para el cambio final de titular, no se había producido… Pero alguien consideró ya que la foto de la vicepresidenta sobraba… Y se sustituía por una en la que aparecía su marido, Ivan Rosa, solo, en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, el día que fue a testificar por el escrache que se hizo frente a su casa. Vicepresidenta ‘ejemplar’ Pero durante la noche se produjo el gran cambio. Nos referimos al titular. Y así, de repente se presentaba como lo más importante de la historia, lo que en el texto era una frase de pasada… Nos referimos a que en el texto, los autores, escriben que “Moncloa afirma que pese a ese

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informe Santamaría se ha ausentado en dos consejos de ministros en deliberaciones que afectaban a Telefónica”. En realidad, ésto, que se ausentara la vicepresidenta cuando se pudiera producir conflicto de intereses parecería la solución ideal, habría evitado realizar una pregunta específica sobre el caso a la Abogacía del Estado. Pero en cualquier caso, este dato, magnificado, era el que permitía a El País decirnos a todos que tenemos que estar agradecidos a nuestra vicepresidenta, porque el titular que sobrevive en la versión de internet (la otra ha sido borrada) es este que puede verse aquí abajo: “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. Ese ‘pese‘, como se ve, se busca que pese. http://www.elplural.com/2015/07/15/el-pais-tiene-un-titular-y-si-a-soraya-no-le-gusta-tiene-otro/ 06. JUSTICIA PERMITE A SANTAMARÍA TRATAR ASUNTOS DE TELEFÓNICA, DONDE TRABAJA SU MARIDO Iván Rosa Vallejo, esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012, tres meses después de que el PP llegara al poder. Sin embargo, esa relación laboral no supone ningún tipo de conflicto de intereses para la número dos del Gobierno de Mariano Rajoy, según un informe de la Abogacía del Estado encargado entonces por la propia Santamaría. El documento, hecho a medida para ese caso concreto, asegura que la vicepresidenta no tiene por qué inhibirse en los actos, decretos, órdenes ministeriales e incluso leyes que afecten a los intereses de esa compañía. Sólo tendría que hacerlo si su esposo fuera el jefe del servicio jurídico de la empresa y no un asesor “de tercer nivel”. Moncloa afirma que pese a ese informe Santamaría se ha ausentado en dos consejos de ministros en deliberaciones que afectaban a Telefónica. El artículo 7.1 de la Ley de Conflicto de Intereses, aprobada en 2006 y vigente en el momento que se redactó el informe, establece de manera literal que los altos cargos “vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos (…) que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”. Ese precepto, sin embargo, no afectaría a Sáenz de Santamaría, según el informe encargado al servicio jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Esa ley fue derogada el pasado 20 de abril con la entrada en vigor de la que regula el Ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, que establece un régimen muy similar en sus artículos 11 y 12. No todo asesoramiento implica conflicto, según la Abogacía del Estado, sólo el asesoramiento de más alto nivel El documento redactado por la Abogacía del Estado concluye que no existe deber de inhibición por parte de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia pese a que la función de su esposo en Telefónica encaja en uno de los supuestos recogidos en la ley, el “asesoramiento”. Y no existe, porque, según la abogacía, “no todo asesoramiento” del cónyuge exige la abstención del alto cargo, “sino solamente el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad”. E Iván Rosa Vallejo no alcanza ese estatus, ya que, según el informe, su puesto en el servicio de asesoramiento legal de Telefónica “es de tercer nivel”, por debajo del secretario general de los servicios jurídicos de la empresa y del vicesecretario. Sólo si el marido fuese el máximo responsable del gabinete jurídico de la compañía, Sáenz Santamaría debería apartarse en temas relacionados con los intereses de aquella. El documento, a pesar del tenor literal de la norma, llega a conclusiones relevantes. Mantiene, por ejemplo, que en caso hipotético de que el esposo de la vicepresidenta sí alcanzara el máximo estatus como asesor de Telefónica, Santamaría tampoco tendría que ausentarse en la deliberación y votación de los proyectos de ley que afectaran a Telefónica. Sostiene la abogacía que como las leyes las aprueba el Parlamento, los ministros están exentos de conflicto de intereses ya que “la fijación o determinación definitiva del contenido de la norma

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legal no corresponde a la Administración sino a los cuerpos colegisladores”, es decir, a las Cortes. El informe asegura que la vicepresidenta no debe abstenerse ni en los proyectos de ley Iván Rosa Vallejo es, como su esposa, Soraya Saénz de Santamaría, abogado del Estado. Él es compañero de promoción de Marta Silva Lapuerta, nombrada abogada general –máxima responsable del servicio jurídico del Estado- por el Gobierno de Mariano Rajoy. Antes estuvo en la empresa privada donde ocupó el cargo de secretaria del consejo de administración de la constructora Sacyr. Ambos –Iván Rosa y Marta Silva- son compañeros de promoción de Jaime Pérez Renovales, hasta hace unas semanas secretario general de Presidencia. Renovales dejó el cargo y 11 días después fue nombrado secretario del consejo de administración del Banco Santander, la entidad en la que había trabajado hasta convertirse en el número dos de Sáenz de Santamaría en Presidencia. El reciente retorno de Renovales al Santander ha contado con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa. Sáenz de Santamaría es de la promoción de 1999, tres años posterior a la de su marido, Pérez Renovales y Marta Silva. Esta última es la responsable del informe que niega el conflicto de intereses de la vicepresidenta. Telefónica fichó a Iván Rosa semanas después de que el PP llegara al poder. Cuando a Sáenz de Santamaría le preguntaron si, llegado el caso, se iba a abstener de los asuntos relacionados con Telefónica, respondió: “Los altos cargos, en determinados supuestos, están sujetos a un régimen, a una obligación, de abstención y que, en su caso, se puede consultar a la Oficina de Conflicto de Intereses cuándo deben abstenerse. Y todos los altos cargos, desde luego, al menos en esta Administración, tienen que cumplir, y así cumplirán, ese deber de abstención, porque así lo establece la Ley”. El esposo de Santamaría es abogado del Estado de la misma promoción que Marta Silva, la autora del documento Aunque la abogacía del Estado consideraba que no debía hacerlo, Sáenz de Santamaría se ausentó del Consejo de Ministros al menos dos veces en 2013, durante el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, la venta de acciones de Telefónica en Hispasat y la aprobación de la llamada Agenda Digital, según una respuesta parlamentaria. El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, también abogado del Estado, defiende por teléfono la gestión de Santamaría: “Para evitar críticas, la vicepresidenta ha sido más pulcra incluso que lo que decía la Abogacía y se ha abstenido en lo relacionado con Telefónica”. Este defiende que el hecho de que el marido sea asesor jurídico de la empresa no implique la inhibición, algo que solo ocurriría si fuese secretario general del Consejo de Administración. Alega que es el director del departamento jurídico el que asume cualquier informe de asesoría, mientras que sus subordinados, como Rosa, trabajan para él. La abogacía del Estado también emitió un informe que no veía conflicto de intereses en la gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente pese a que tenía acciones de una petrolera. Cañete se abstuvo en la aprobación de un decreto que protegía el Estrecho de Gibraltar y en la prórroga de Garoña, porque su hermano había sido responsable de la división nuclear de Endesa. Al ser nombrado comisario europeo de Energía sí tuvo que vender sus acciones por conflicto de intereses. Las causas de abstención que recoge la ley de altos cargos del Estado Artículo 11. Definición de conflicto de intereses. 1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses

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personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos. Se consideran intereses personales (...): a) Los intereses propios. b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente. d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta. e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento. f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración. Artículo 12. Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses. 1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos (...). http://politica.elpais.com/politica/2015/07/14/actualidad/1436886185_467638.html 07. SÁENZ DE SANTAMARÍA SE DESCARTA PARA LIDERAR EL GOBIERNO: "YO NO QUIERO SER PRESIDENTA" La vicepresidenta del Gobierno ha sido entrevistada en Cuatro, donde ha tratado otros temas como la crisis griega o la reforma electoral La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha conversado en 'Las mañanas de Cuatro' sobre temas de actualidad que están sobre la mesa mediática y ha rechazado los rumores que apuntan a su nombre como futura presidenta del Gobierno. "No quiero serlo", ha afirmado dejando claro que no está entre sus aspiraciones liderar el Ejecutivo. Además, la popular también ha tratado la crisis griega y ha aseverado en la que España “está haciendo de nuevo un esfuerzo de solidaridad” aportando el 12% de los 86.000 millones de euros que suman el total del tercer rescate proporcionado al Gobierno heleno. "De Guindos no ha ido al Eurogrupo, pero España ha impedido que venga la Troika a gestionar un rescate", ha afirmado en relación a la difícil situación griega. Preguntada sobre si su formación política está utilizando la identificación de Syriza con Podemos para restarle votos en las urnas, la popular ha insistido en que desde las filas lideradas por Mariano Rajoy se ha explicado a los ciudadanos las consecuencias de una u otra opción. Según Sáenz de Santamaría –que ha dejado claro que no aspira a ser presidenta del Gobierno–, “España no ha tenido que adoptar las medidas de Grecia”, algo que en su opinión resulta claro si se intenta esclarecer qué opción política es más ventajosa para los ciudadanos. “¿Están jugando la carta del miedo?”, se le ha preguntado a la vicepresidenta en el plató de Cuatro. “No, simplemente se explica al ciudadano dónde conducen cada una de las opciones”, ha contestado recordando que desde el Ejecutivo se han hecho reformas que han supuesto un crecimiento económico y mejores tasas de empleo. “Todos estos partidos que proclaman tanto las medidas sociales acaban teniendo que hacer un corralito o recortar pensiones”, ha dicho la compañera de partido de Luis de Guindos. Sobre su no elección como presidente del Eurogrupo ha querido incidir en el hecho de que “los grupos de ideología socialista han elegido

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a alguien afín a su ideología” y por eso han preferido a Jeroen Dijsselbloem al frente de la institución. ¿Por qué ahora la reforma electoral? Regresando de su viaje por los temas de fuera de las fronteras, Soraya Sáenz de Santamaría también ha tratado la actualidad de la política española. En cuanto a la reforma electoral de prima de mayoría, la vicepresidenta asegura que se busca con ella un gobierno estable que beneficie a los votantes. “Los ciudadanos consideran que si han votado a una opción mayoritaria, deber ser esa la que forme gobierno. Además, si no hay estabilidad, al final los que sufren son los ciudadanos”, ha afirmado la popular recordando las dificultades que se están viviendo en Barcelona para aprobar sus presupuestos. “Es bueno que la gente identifique que en la democracia gobierna el más votado”, ha aseverado. Precisamente, las intenciones de voto de cara a las próximas elecciones generales han sido protagonistas de varias preguntas durante la visita de Sáenz de Santamaría a televisión. Entre ellas, la vicepresidenta ha sido inquirida sobre si todas las reformas que está planteando el Gobierno se están haciendo para conseguir mejores resultados en las urnas. La popular ha dejado que esa no es la intención del Ejecutivo, sino “devolver a los ciudadanos” parte del “esfuerzo tremendo” que han tenido que hacer durante los años de crisis. “Luz, que se vea lo que se hace” La corrupción también ha estado presente en los temas del debate sostenido en Cuatro. “Se han tomado unas medidas que no existían en la historia de la democracia”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno en relación a unas declaraciones del presidente del Congreso, Jesús Posada, donde afirmaba que este año había sido el que menos corrupción había registrado “en los últimos 40, 50 ó 100 años”. Sáenz de Santamaría ha admitido que se habían cometido errores que habían sido corregidos gracias a todas las normativas impulsadas por su partido, entre ellas la Ley de Transparencia con la que se pretendía “luz, que se vea lo que se hace” en los diferentes organismos del Estado. A pesar de ello, la popular ha confirmado que la corrupción “es el principal problema que tenemos los que nos dedicamos a la política”. “Es un problema de personas que están en partidos, que no son honestas y que hay que expulsar del sistema”, ha concluido. http://www.elconfidencial.com/espana/2015-07-14/soraya-saenz-santamaria-guindos-troika-reforma-electoral-grecia_927419/ 08. HACIENDA INVESTIGA SI LOS EURODIPUTADOS DEFRAUDARON AL FISCO Entre los investigados están José Manuel García-Margallo y Miguel Arias Cañete La Agencia Tributaria investiga a todos los eurodiputados españoles entre los años 2010 y 2014. Los responsables del organismo hicieron un requerimiento al Parlamento Europeo para tener información sobre los pagos hechos durante ese periodo a los representantes españoles. El pagador, la Eurocámara, informó a los diputados de esa circunstancia, de modo que han seguido las pesquisas con aquellos que no hubieran hecho una declaración de bienes o hubieran incumplido de alguna forma. La investigación afecta, entre otros muchos, al actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, que ocuparon un asiento del Parlamento Europeo en algún momento durante ese periodo y antes. Según una información publicada por el periodista Eduardo Inda en su blog, el ministro supuestamente ha tributado a un tipo inferior al que debería hacerlo según la legislación española durante su etapa de eurodiputado y que Cañete no tributaba en España sus rentas comunitarias. Según fuentes de Hacienda, la investigación comenzó tras conocerse que existía un fondo voluntario de pensiones de la Eurocámara gestionado por una sicav (sociedad de inversión de capital variable) con sede en Luxemburgo. El caso cobró relevancia por la dimisión del

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eurodiputado Willy Meyer, de Izquierda Unida. La participación en dicho fondo no suponía ninguna irregularidad, pero Meyer decidió renunciar al cargo en cuanto tuvo consciencia del mismo "por coherencia". Obligación mayor Precisamente, el candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, manifestó, al conocerse la información, que las cuentas de los cargos públicos deben ser "examinadas con todo lujo de detalles", señalando que si los implicados "no tienen nada que ocultar no deben temer ante la investigación". Montoro, conversa con el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en el Congreso. / EFE García-Margallo, que ayer se encontraba en Barcelona, no quiso contestar ninguna pregunta al respecto. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, explicó que Hacienda "funciona y funciona para todos, sean ministros o no". Hernando hizo hincapié en que la lucha contra el fraude es una constante. El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, aseguró que no todos los españoles son iguales ante la Agencia Tributaria, ya que los políticos y los miembros del Gobierno deben tener una "obligación mayor" y cumplir escrupulosamente con el fisco. Para el diputado, "el ministro de Hacienda tendría que estar siempre del lado de los contribuyentes". http://economia.elpais.com/economia/2015/07/23/actualidad/1437651308_342045.html 09. CASO GURTEL / CAJA B PARTIDO POPULAR RECHAZADA OTRA DEMANDA DE AZNAR CONTRA EL PAÍS POR LOS SOBRESUELDOS La Audiencia de Madrid determina que este periódico acuó con "responsabilidad" para publicar una información veraz La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que el expresidente del Gobierno José María Aznar interpuso contra EL PAÍS por una información en la que se le identifica como el ideólogo del sistema de sobresueldos en el Partido Popular, además de ser uno de los perceptores de los sobresueldos. La Audiencia, que confirma la sentencia que dictó en mayo de 2014 el Juzgado de Primera Instancia de 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), determina que este diario actuó con “diligencia y responsabilidad” para publicar una noticia veraz que prevalece sobre el derecho al honor del expresidente. El tribunal condena a Aznar a pagar las costas del proceso. No es la primera vez que el dirigente del PP pierde en los tribunales en sus reclamaciones contra este periódico. En abril de 2014, el Juzgado de Primera Instancia 4 de Pozuelo desestimó otra demanda interpuesta contra el EL PAÍS y afirmó que el expresidente no acreditó que el sueldo cobrado del PP cuando ya estaba en el Gobierno era un finiquito El expresidente del Gobierno demandó a este diario por una información titulada "Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP". La noticia explicaba que el sistema de sobresueldos, según fuentes del entorno de los extesoreros del PP, fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP. Entonces se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero “que no tributase”. La Audiencia de Madrid recuerda que la información se publicó en un contexto en el que abundaban las noticias sobre la contabilidad del PP y el “destino o distribución de las donaciones recibidas de particulares entre miembros y dirigentes del partido”. “No obstante, intenta aquilatar la noticia llevando a cabo contactos, por un lado, con personas del partido, además de recoger manifestaciones públicas de dirigentes o miembros relevantes. Y eleva la diligencia y responsabilidad hasta el punto de encargar una prueba pericial caligráfica para intentar contrastar, más aún si cabe, la veracidad de la supuesta contabilidad y la posible distribución de las donaciones recibidas por el Partido Popular”, afirma el tribunal. Los jueces recuerdan que no es misión de los medios “acreditar” los hechos presuntamente ilícitos o delictivos (“labor que reside en el ámbito de los tribunales”, señalan), “sino informar sobre los mismos con la celeridad, diligencia y respeto de quien asume la responsabilidad de ser titular de un medio de comunicación”.

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http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438338140_370294.html DOS JUECES PRÓXIMOS AL PP JUZGARÁN TAMBIÉN EL ‘CASO BÁRCENAS’ Los magistrados López y Espejel están recusados por varias acusaciones de Gürtel Dos magistrados vinculados al PP juzgarán el caso Bárcenas, en el que se investiga la supuesta contabilidad b del partido. La causa ha recaído, por turno de reparto, en los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos últimos juzgarán también la primera parte del caso Gürtel y han sido recusados por distintas acusaciones populares por su supuesta afinidad al PP. López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy magistrado del Tribunal Constitucional. Dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba en moto sin casco por el centro de Madrid. Él será el encargado de redactar la sentencia, según informaron fuentes jurídicas. Espejel, que fue nombrada en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, presidirá el tribunal, al ser la presidenta de la Sala. El tribunal lo completará José Ricardo de Prada, miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Por el número que tienen asignadas las diligencias previas del caso Gürtel y todas las piezas derivadas de él, el juicio corresponde siempre a la sección segunda de la Sala de lo Penal, de la que, además de López, Espejel y De Prada, forma también parte el también conservador Julio de Diego. La designación de los miembros del tribunal se produce a través de un procedimiento aleatorio dentro de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que también ha recaído la causa por sorteo. Cada tribunal lo componen tres de los cuatros magistrados de la sección. Ayer se conocieron los nombres a través de la diligencia de ordenación notificada a las partes por la Sala de lo Penal tras recibir del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional la pieza de los papeles de Bárcenas para su futuro enjuiciamiento. La recusación de López y Espejel en el caso Gürtel está pendiente de decisión por parte de la Sala de lo Penal. Si prospera, tampoco podrían juzgar el caso Bárcenas, que sentará en el banquillo a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; los responsables del estudio de arquitectura que reformó la sede del PP; y el partido como responsable civil subsidiario. Las acusaciones populares recusaron a López y Espejel con el argumento de que no cumplen con el criterio de apariencia de imparcialidad, que consiste en que el juez no sólo debe ser ajeno a los intereses de las partes en litigio y estar desinteresado en ellos, sino también parecerlo: que su posición y su actuación no ofrezcan una apariencia razonable de parcialidad. Las acusaciones recuerdan que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que bastaría “la apariencia de parcialidad para aceptar la recusación”. Y sostienen que la apariencia de parcialidad sería un hecho con Enrique López como ponente y con Concepción Espejel como presidenta del Tribunal que juzgará el caso Gürtel. Entre las causas de recusación tasadas en la ley, el escrito destaca dos: “Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” y “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”. La acusación popular recuerda que el PP es “imputado civil” en el caso Gürtel como “beneficiario a título lucrativo” y hay 16 ex altos cargos conservadores que se sentarán en el banquillo acusados de graves delitos de corrupción. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/30/actualidad/1438275608_960188.html RAJOY SE HA NEGADO 20 VECES A ACUDIR AL CONGRESO A EXPLICAR SU PAPEL EN LA 'TRAMA GÜRTEL' Y EN EL 'CASO BÁRCENAS' El PSOE ha vuelto a insistir esta misma semana al presidente del Gobierno a que responda ante el Pleno por las causas judiciales abiertas sobre la financiación ilegal del PP, pero la formación conservadora ha bloqueado una vez más su comparecencia.

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El PSOE ha vuelto a insistir una semana más, y ya van 20 veces, en pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responda ante el Pleno del Congreso por las causas judiciales abiertas sobre la financiación ilegal del PP, los casos 'Gúrtel' y 'Bárcenas', con el objetivo de que aclare, entre otras cosas, si recogió personalmente donativos para el partido procedentes de empresas, pero ajenos a la financiación y la contabilidad oficial de su formación. Los socialistas ha vuelto a presentar un nuevo escrito en el registro del Congreso muy similar al que entregaron en ocasiones anteriores con la intención de poder solicitar el Gobierno satisfaga esa demanda y Rajoy acuda a la Cámara. Eso sí, en la nueva petición de comparecencia, el PSOE alude a las amenazas de extesorero del PP Luis Bárcenas, en las que advertía de que aún tiene muchos documentos de los que "tirar" y que puede hacer públicos "en cualquier momento". Irregularidades desde 1982 En su escrito, el PSOE vuelve a referirse al escrito de defensa del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, un documento en el que el también exsenador del PP reitera y detalla "sistema de financiación irregular" que atribuye al PP desde 1982. En concreto, destaca que los presidentes y los secretarios generales del partido "recogían donativos de empresas ajenos a la financiación y contabilidad oficial" y que posteriormente, "los gerentes y tesoreros recibían el dinero y la orden de repartirlo en sobresueldos y otros gastos". "En concreto, asegura que entre junio de 2008 y 2009, no sólo informaba de esas operaciones a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y al actual presidente del Gobierno Mariano Rajoy; sino también que el propio Rajoy recogió 'algunos donativos importantes'", remarcan los socialistas en el escrito que han registrado. 'No, no y no' Los socialistas vienen solicitando la comparecencia de Rajoy cada vez que hay una resolución judicial o información relevante sobre los casos que le afectan, pero no llega a concretarse porque sistemáticamente es rechazada por el PP pese a recabar el apoyo del resto de la oposición. En todas ellas pide formalmente su comparecencia para que informe "de sus actuaciones y responsabilidades en relación con las causas judiciales que afectan al Partido Popular". En esta, además de hacer referencia al escrito de defensa de Bárcenas también insiste en que ya hay dos autos de apertura de juicio oral contra el PP: "En el denominado 'caso Gürtel', en su condición de partícipe a título lucrativo, y en la pieza separada 'papeles de Bárcenas/Caja B del PP', en la que se atribuye a este partido la comisión de delitos electorales y contra la Hacienda Pública y se acredita que dispuso de una caja B durante diecinueve años. "Sus responsabilidades" El PSOE ha insistido que en dichas causas el Partido Popular aparece como responsable civil a título lucrativo. Así, en la petición de comparecencia, el grupo parlamentario socialista subraya que el auto de apertura de juicio oral del caso Gürtel incluye al PP y a la exministra Ana Mato en su condición de partícipes a título lucrativo, y en la pieza separada de los llamados "papeles de Bárcenas" se atribuye al partido "la comisión de delitos electorales y contra la Hacienda Pública y se acredita que dispuso de una caja B durante años". Los socialistas señalan que desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar estos casos la explicación de Rajoy ha pasado de afirmar que "los investigados eran personas honorables de los que no podía probarse su culpabilidad" a asegurar que el PP "no podía ser considerado como participante de esas actividades delictivas o beneficiario de esa trama, sino como víctima del mismo". El PSOE recuerda también que el extesorero del PP Luis Bárcenas ha reiterado y detallado por escrito al juzgado su "sistema de financiación irregular desde 1982", y ha desvelado que los presidentes y los secretarios generales del partido "recogían donativos de empresas ajenos a la financiación y contabilidad oficial". A pesar de ello, continúa el grupo socialista, "el Gobierno y el PP siguen rechazando semana tras semana" las comparecencias del presidente del Gobierno solicitadas por el PSOE cuando, a su juicio, "cada vez es más inexcusable" que Rajoy comparezca para dar explicaciones sobre sus actuaciones "y responsabilidades políticas".

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http://www.publico.es/politica/rajoy-negado-20-veces-acudir.html BÁRCENAS VUELVE: “ES TANTA LA DOCUMENTACIÓN QUE GUARDAMOS QUE PODÍAMOS ENTREGAR CADA DÍA UNA BOMBA” El extesorero "merienda" con Raúl del Pozo y le cuenta que tiene 20 veces más grabaciones de las que dio a Ruz Luis Bárcenas ha vuelto… y no lo ha hecho solo. Le acompañan varias cajas llenas de grabaciones, talones, recibís… y hasta dos nuevos SMS que darían tanto de que hablar como los que le envió Mariano Rajoy pidiéndole aquello de “Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos”. “Es tanta la documentación que guardamos que podíamos entregar cada día una bomba. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que entregué al juez Ruz“. Una vez más, el encargado de transmitir las amenazas o los avisos de Bárcenas ha sido el periodista Raúl del Pozo, esta vez en formato merienda con el extesorero y su mujer, Rosalía de Castro, que ha sido trasladada a una largo artículo que utiliza toda la contraportada de El Mundo y parte de la portada. Una décima parte En dicha merienda, compuesta por “mini-bocadillos” y una botella de vino, Bárcenas asegura a Del Pozo que “los documentos que se conocen hasta la fecha son apenas una décima parte de los que conserva” y que “guarda la contabilidad total del PP de Madrid y de otras comunidades”. Sin embargo, el extesorero ya no habla, “contra el criterio de Rosalía”, de cómo “recibía la tela, siempre con políticos -ahora amnésicos- delante de la caja”. “Aquellos nombres que te sorprendieron y que estremecerían al país, posiblemente salgan durante el juicio y también podrían salir las pruebas de la contabilidad paralela y los sueldos en negro”, avisa Bárcenas. “Cada día, una bomba” “Es tanta la documentación que guardamos que podíamos entregar cada día una bomba. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que entregué al juez Ruz”, calcula Bárcenas. De hecho, reconoce que “en los meses anteriores a su entrada en Soto, grabó a todos los enviados, incluidos ministros y compañeros, porque ya no se fiaba de nadie”. “Te doy mi palabra: hay SMS nuevos, hay cuatro cajas de documentos; tú lo explicaste literariamente con el piolet y el saco de montañista. No hay saco, pero sí hay cajas con grabaciones, correos, teléfonos, talones, recibís”, explica Bárcenas a Del Pozo, haciendo mención a uno de sus famosos artículos sobre el caso. Nuevos SMS Antes del juicio, Bárcenas tiene una cita literaria. Prepara un libro que sale en septiembre y que incluye dos nuevos SMS en la línea de los ya conocidos que le envió Rajoy. ” Nosotros -responden- no queremos más que defendernos, no queremos derribar al Gobierno. Si entregamos aquellos SMS era porque nos atacaban. Nos echaron a los leones. Si dije que los papeles de Bárcenas eran falsos, aunque no lo eran, fue por indicaciones del partido. Lo que más les ha perjudicado a Génova ha sido la torpeza para gestionar el caso”, analiza el extesorero. De hecho, Bárcenas cree que “si Javier Arenas [con el que mantiene una relación de amistad] hubiera llevado el asunto se habría salido del problema”. También cree que “si Gallardón no se hubiera cegado por la ambición las cosas no habrían llegado al extremo que llegaron”. Es decir, le reprocha que no hubiera utilizado su poder como ministro de Justicia para intervenir en la Fiscalía y darle un poco de oxígeno judicial. La discreción con Rato “No supieron, no quisieron llevar el asunto con la discreción que se ha llevado lo de Rodrigo Rato, no tuvieron los reflejos de hacer una comisión, de explicar lo del dinero negro como es la práctica habitual de todos los partidos”, añade el extesorero, que no da puntada sin hilo. http://www.elplural.com/2015/07/20/barcenas-vuelve-es-tanta-la-documentacion-que-guardamos-que-podiamos-entregar-cada-dia-una-bomba/ BÁRCENAS: NI READMISIÓN NI INDEMNIZACIÓN

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La justicia da la razón al Partido Popular en el conflicto laboral contra el extesorero y no tendrá que readmitirlo ni indemnizarle por despido porque Bárcenas reclamó fuera de plazo la reincorporación tras su excedencia forzosa La titular del juzgado de lo social número 31 de Madrid, Carmen López, ha dado la razón al PP en la segunda demanda laboral presentada por el extesorero, Luis Bárcenas, quien reclamaba su readmisión en el cargo o ser indemnizado con 905.000 euros por despido improcedente. La juez atiende el argumento fundamental del partido respecto a que la petición de reingreso de Bárcenas tras su excedencia forzosa fue "extemporánea". Según la sentencia, emitida un solo día después del juicio celebrado este miércoles, Bárcenas tenía que haber reclamado su reincorporación cuando dejó de ser senador en 2010, y no ahora, cinco años después, con lo que ha expirado de forma sobrada el plazo de un mes establecido por la ley para reclamar la readmisión. El PP tampoco tendrá que indemnizar por despido improcedente a Bárcenas porque en ningún momento existió despido, sino una "simulación contractual" entre abril de 2010 y enero de 2013, tal y como ha quedado probado en dos sentencias anteriores -dictadas por el juzgado de lo social número 16 de Madrid y el TSJM-, sin trabajo conocido por la que el extesorero percibía 21.300 euros mensuales con dos pagas extra, además de otras prebendas. Esta "simulación contractual" no puede considerarse una "relación laboral" por lo que no cabe una indemnización por despido. En cualquier caso, esta supuesta irregularidad cometida por el Partido Popular, tal y como ya han sentenciado dos tribunales, es susceptible de sanción por parte de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. En este sentido, tanto el juzgado número 16 en 2014, como el Tribunal Superior de Justicia en mayo pasado, instaron a la Fiscalía, a la Inspección de Trabajo, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, que investigasen el supuesto fraude cometido por el PP, sin que de momento conste acción alguna al respecto. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. http://cadenaser.com/ser/2015/07/16/tribunales/1437049725_299342.html EL JUEZ DE LA MATA RECHAZA "DE PLANO" EL INTENTO DE BÁRCENAS DE ANULAR EL CASO DE LA CAJA B Niega que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales y que IU deba ser expulsada porque presentó su escrito de acusación a tiempo De la Mata reprocha a la defensa de Bárcenas que utilice una argucia para intentar rebatir los indicios contra el extesorero sin esperar al juicio Bárcenas se quejaba de los "excesos" de la acusación popular en sus escritos y comparaba el supuesto error de IU con el que cometió Falange con Garzón El juez del caso de la financiación irregular del PP, José de la Mata, ha rechazado “de plano” la petición de la defensa de Luis Bárcenas de anular la causa, vinculada a la supuesta presentación fuera de plazo del escrito de acusación de Izquierda Unida. En su escrito, los abogados del extesorero acusaban a las acusaciones de cometer "excesos" y alegaban que se habían vulnerado los derechos fundamentales de su defendido. Ahora, el sucesor de Pablo Ruz explica a la defensa de Bárcenas que se ha dejado llevar por un error de interpretación de sus ‘oponentes’. Fue la propia Izquierda Unida la que solicitó al juez presentar su escrito, una vez subsanados errores, en las horas posteriores a que finalizara el plazo. De la Mata asegura en su último auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que Izquierda Unida no estaba fuera de plazo porque tenía un día para volver a presentar un escrito y éste empezó a contar al día siguiente de ser notificado el auto del juez a través de la plataforma digital habilitada para los procuradores. Por tanto, y en contra de lo que pensaba la propia IU, el escrito se presentó a tiempo. Los abogados de Bárcenas habían sido especialmente duros en la presentación del incidente de nulidad. Aseguraban que Izquierda Unida había incurrido en el mismo error que Falange en el proceso que se siguió en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por querer investigar el genocidio franquista. “Debe advertirse en este punto la paradoja de que, dos partidos políticos tan antagónicos, en ejercicio del derecho a la acusación popular, hayan incurrido en el mismo vicio procesal”, se podía leer. El sucesor de Ruz también fue objeto de sus críticas. La defensa de Bárcenas exigía al juez que corrigiera “una serie de excesos y defectos” en los que incurrirían los escritos en los que las acusaciones realizan la solicitud de condena para el extesorero del PP y el resto de imputados en la pieza denominada ‘papeles de Bárcenas’. Como si echaran de menos a Ruz, los abogados escribían: “El cambio de magistrado al

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frente del Juzgado Central de Instrucción no puede romper la unidad de criterio ni la unidad de actuación, por cuanto que ello conduciría a la inseguridad jurídica de las partes”. De la Mata, un juez con fama de garantista y pulcro en sus resoluciones, explica a los abogados de Bárcenas que el incidente de nulidad es un mecanismo previsto en la ley si hay indicios de que se han vulnerado los derechos fundamentales del acusado “siempre que no haya podido denunciarse antes” de que una resolución ponga fin al proceso y siempre que ésta no pueda ser objeto de recurso. “No es el caso”, concluye el juez. Primero, porque el auto de apertura de juicio oral que se recurre no es el final del proceso. Y segundo, porque la cuestión siempre puede plantearse en la primera jornada del juicio oral, en el apartado dedicado a las cuestiones previas, como el propio auto de apertura de juicio ya indicaba. En cuanto a la tercera cuestión, la diversidad de acusaciones populares, De la Mata dice a los abogados de Bárcenas, en consonancia con el fiscal, que han tenido tiempo para plantear esa cuestión, pero lo han hecho en el momento equivocado, al recurrir un auto que no aborda tal cuestión. "Soslayar una prohibición" De la Mata no deja pasar la oportunidad para devolver el golpe: la intención última de la defensa del abogado de Bárcenas es rebatir los hechos que se presentan contra su acusado en el auto de apertura de juicio oral, a pesar de que la ley no prevé recurso alguno en ese sentido. “La representación del promotor pretende simplemente soslayar esta prohibición legal articulando por esta vía excepcional su disconformidad con los pronunciamientos nucleares de esta resolución, tanto fácticos como jurídicos. La pretensión tampoco por esta razón puede admitirse a trámite”, escribe el juez De la Mata. El fiscal Antonio Romeral solicita cinco años de cárcel para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental en el caso de la 'caja B' del partido, así como otros 18 meses para el exgerente, Cristóbal Páez. Las acusaciones populares contra las que cargaba el escrito de la defensa de Bárcenas elevan bastante esa petición: Adade solicitaba 25 años de cárcel para el extesorero; IU, 19; y Observatori Desc, 31 años. Pero sobre los escritos de acusación flota otra cuestión que ha estado presente durante toda la instrucción, la implicación de altos dirigentes del PP. Izquierda Unida debió reformar su escrito porque pedía sentar en el banquillo a Ángel Acebes, a pesar de que Ruz había levantado la imputación al exsecretario general. De la Mata reprendió a IU y le dio un día para que reformara su escrito de acusación ajustándose a los “términos legales”. La formación política también pide la declaración como testigos de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Observatori Desc optó por pedir que se cite como testigos a Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, a los que califica como “los máximos responsables” de la caja B. De aceptar la Audiencia Nacional su testimonio, los tres podrían incurrir en falso testimonio ante las evidencias de la existencia de una financiación irregular en el partido durante al menos dos décadas. Ninguno de ellos puede sentarse en el banquillo porque el juez no encontró indicios suficientes para imputarlos durante la instrucción. http://www.eldiario.es/politica/Mata-rechaza-intento-Barcenas-anular_0_409109623.html EL PP ACUSA DE "CORRUPTELA" AL JUEZ DEL 'CASO BÁRCENAS' CON FRASES COPIADAS DE UN ESCRITO DE LA INFANTA CRISTINA Argumentos parecidos, idénticas frases. El Partido Popular (PP) ha presentado en el 'caso Bárcenas' un recurso de queja a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la última decisión del juez José De la Mata de mantener la fianza civil de 1,2 millones de euros que le impuso el pasado mes de mayo como responsable civil subsidiario de las actividades del extesoreroy de los otros dos empleados de la formación procesados, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz. Para ello, el abogado de los 'populares' esgrime los mismos argumentos que el pasado mes de enero utilizó otra imputada célebre: la infanta Cristina de Borbón. Génova 13 llega a usar las mismas frases de un escrito presentado el pasado mes de enero por la hermana del Rey ante la Audiencia Provincial de Palma. Entre ellas, algunas literales con las que la esposa de Iñaki Urdangarín acusaba de "corruptela" al magistrado José Castro. El abogado del PP utiliza para cargar contra De la Mata las mismas palabras que emplearon los defensores de la hermana del Rey para atacar al juez Castro en el 'caso Nóos' El recurso de queja de los 'populares', que firma como abogado el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, es uno de los últimos cartuchos de la formación política para evitar tener que sentarse en el banquillo como responsable civil subsidario por el supuesto pago en negro de las obras de remodelación de su sede central en Madrid. El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es, de hecho,

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un duro ataque contra el magistrado De la Mata, cuyos conocimientos jurídicos pone en duda al no permitir recurrir el auto de apertura de juicio oral en el que se le impuso la millonaria fianza. En este sentido, el PP considera que el juez ha cometido "una 'corruptela' de la interpretación del ordenamiento jurídico", grave acusación que copia literalmente del recurso que los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva presentaron en su día contra el instructor del 'caso Nóos'. No es la única coincidencia entre ambos textos. En el mismo párrafo, el abogado del PP acusa al sustituto de Pablo Ruz de "vedar la posibilidad de recurso" a la fianza civil mediante "una interpretación contraria a la tutela judicial efectiva, al derecho de de defensa (al vulnerarse los principios de audiencia y contradicción) y a la propia coherencia y finalidad del ordenamiento jurídico procesal", con palabras que reproducen casi milimétricamente el texto de los defensores de la hermana del Rey. Una similitud que refleja la coincidencia de ambas defensas en la principal línea argumental esgrimida por una y otra, ya que coinciden en que los autos de apertura de juicio oral tanto del 'caso Bárcenas' como del sumario de Nóos, en los que se fijaron las millonarias fianzas para PP y la infanta, son recurribles en cualquier momento procesal. De la Mata y José Castro niegan esa posibilidad legal. La 'confusión' del juez No obstante, no todo es un calco del texto de defensa de la infanta. Así, el letrado de los 'populares' llega a afirmar que el sustituto de Pablo Ruz "se confunde" en el auto con el que echó por tierra el primer recurso que el partido presentó ante la imposición de la fianza de responsabilidad civil, a la vez que presume del "conocimiento que esta representación letrada ostenta del derecho aplicable, tanto material como procesal" en comparación con el propio magistrado. De hecho, los quince folios del recurso de queja, dirigido a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que éstos rectifiquen la decisión de De la Mata, son una sucesión de citas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de pronunciamientos de otros tribunales que, en opinión del defensor del PP, respaldan su posición. El letrado de Génova 13 vuelve a esgrimir la 'doctrina Botín' para evitar el juicio y la fianza civil de 1,2 millones de euros que le impuso el magistrado en mayo Los 'populares' también aprovechan el escrito para reiterar brevemente los argumentos jurídicos que utilizaron en su primer recurso para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados y que rechazó el juez De la Mata en el auto que ahora ha provocado el nuevo escrito. Entre ellos, se encuentra la 'doctrina Botín' que, aunque el PP no menciona expresamente en esta ocasión, ocupa otra vez un lugar destacado en su línea de defensa. Al igual que en su día hizo la infanta Cristina, el PP considera que el fallo del Tribunal Supremo que en 2008 evitó que el banquero fuera juzgado debe servir para rechazar las petición de pena que sólo defienden las acusaciones populares por el impago del Impuesto de Sociedades de 2008 correspondientes a las donaciones ilegales de aquel ejercicio. En este sentido, también recuerda que allí donde primero Ruz y luego De la Mata vieron una infracción penal por no declararlas, la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, otro organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) no vieron ninguna irregularidad entre otros motivos porque pusieron "fuertemente en entredicho" la veracidad de los llamados 'papeles de Bárcenas' que destaparon la supuesta caja B del partido. http://vozpopuli.com/actualidad/65250-el-pp-acusa-de-corruptela-al-juez-del-caso-barcenas-con-frases-copiadas-de-un-escrito-de-la-infanta TRAMPAS” EN LA DESIGNACIÓN DE JUECES EN EL TRIBUNAL DE LA GURTEL: ESPEJEL CUANDO QUIERE, DELEGA A la magistrada no le interesó presidir el lunes el juicio contra un presunto etarra y lo hizo otro juez Concepción Espejel, presidenta de la Sección II de la Audiencia Nacional ejerce su autoimpuesta potestad de presidir todos los juicios de su sala cuando le parece bien y así lo hizo el pasado lunes en la causa contra el presunto etarra José Antonio Ayestarán. La magistrada que estableció la norma de presidir personalmente todos los casos, delegó en otro juez, Ángel Hurtado, para que ocupara su puesto en este juicio. Fuentes jurídicas comentaban a ELPLURAL.COM que ante las recusaciones presentadas por el caso de corrupción que tiene conmocionado al PP, “bien podría Espejel delegar también. Si se hace “trampa” en un caso, en los demás también se puede”. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lo dejó claro a principios de esta semana: “no se puede ser recusado por haber sido vocal”, dijo. Ante estas palabras, no es probable que ni Concepción Espejel, que fue vocal del Consejo por decisión del Partido Popular en el Senado, ni su compañero de Sala y también designado para el TC y el CGPJ por los parlamentarios del PP, Enrique López López, abandonen, por causa de la recusación presentada, la posibilidad de juzgar a los imputados de la Gürtel.

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Aviso a navegantes judiciales Esta declaración del presidente de todos los jueces fue realizada en un desayuno convocado por la agencia Europa Press. Para las diversas fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM, sus palabras vienen a ser “un aviso a navegantes”, es decir a otros magistrados. “Una forma de ‛sugerir’, digamos, un punto de vista a la hora de tomar una decisión sobre la recusación solicitada”. Lesmes les reafianza ¿No sería más sencillo que Espejel, ante las críticas suscitadas si no desea abstenerse delegase en otro juez como hizo en el caso Ayestarán, evitando en su caso la recusación? Probablemente las palabras de Lesmes reafiancen tanto a la presidenta de la Sección II como al juez Enrique López López para continuar en el tribunal de la Gurtel. Los criterios de designación No se puede olvidar que una de las primeras cosas que cambió Espejel cuando llegó a la presidencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue el sistema de normas de reparto de su sala. Ese método marca los criterios con los que se decide qué tres jueces formarán cada tribunal. La “ley” de Espejel Antes de Espejel los tribunales se presidían de forma rotatoria y quien fuera el presidente de la sección no tenía como obligación presidir todos los juicios. Los cinco miembros del tribunal rotaban. Si le tocaba al presidente, presidía él, si no lo hacía él, le correspondía al magistrado más veterano. Espejel cambió este protocolo decidiendo presidir en persona todos los casos. Con la Gurtel al fondo Casualmente, ya se sabía que a la sección de la magistrada, para quien la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal solo tiene palabras de afecto y publico elogio, iba a corresponder el caso Gurtel. Sin duda esta condición garantizaba que la propia Espejel presidiría el juicio. También se puede hacer “trampa” Sin embargo, quien hizo la ley, también puede hacer “la trampa”, como se vio en el juicio de Ayestarán. Así pues, las opciones para Concepción Espejel si no se admite la recusación, que Lesmes parece no considerar, se amplían: abstención o delegación. En cualquier caso, dos buenas salidas. http://www.elplural.com/2015/07/11/trampas-en-la-designacion-de-jueces-en-el-tribunal-de-la-gurtel-espejel-cuando-quiere-delega/ LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁ LA SUERTE DE COTINO, COSTA Y RAMBLA El Tribunal Supremo devuelve la rama valenciana de Gürtel al juzgado que ocupó Garzón La rama valenciana del caso Gürtel, la causa judicial que forzó la salida de la política de la cúpula que dirigía el PP valenciano en la etapa del expresidente autonómico Francisco Camps, se juzgará en la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha zanjado en una resolución conocida este lunes el último enfrentamiento que mantenían el Tribunal Superior valenciano y la Fiscalía Anticorrupción. El único juicio que se verá en Valencia será el que ya ha comenzado, referido a las adjudicaciones a empresas de la trama de Francisco Correa relacionadas con la feria Fitur. Entre las cinco piezas separadas que se verán en la Audiencia Nacional están las dos centradas en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decidió enviar hace unos meses a la Audiencia Nacional las otras cinco piezas separadas que componen la rama local de Gürtel. Los jueces consideraron que al no quedar ningún diputado imputado (llegaron a ser ocho de la bancada popular solo en este caso), no podían seguir manteniendo la causa. La competencia del TSJ valenciano sobre un asunto se basa en que alguno de los implicados sea aforado, una figura reservada principalmente a diputados autonómicos y miembros del Consell. La Fiscalía Anticorrupción se opuso y recurrió al Supremo. El ministerio público alegó que al haber empezado ya el juicio de Fitur (pieza número 3) en el TSJ, el resto de piezas quedaban ancladas al mismo órgano judicial al considerar que se trataba de un "único procedimiento". El alto tribunal desestima ahora el argumento al pronunciarse sobre otra de las piezas (la 5, que ha investigado contratos presuntamente fraccionados para adjudicarlos a dedo). Y establece un razonamiento que se aplicará a todas las demás. El Supremo recuerda en la resolución hecha pública este lunes que el caso Gürtel ya se encuentra dividido, principalmente entre la Audiencia Nacional y el TSJ valenciano después de haber recalado, entre otros tribunales en el Superior de Madrid. "Nada pues aconseja vincular la suerte de la competencia a la

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inicial conjunta incoación de un único procedimiento. Ni nada aconseja mantener la unidad de éste", indica el alto tribunal. Las piezas separadas vuelven al juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Garzón inició las pesquisas judiciales El TSJ valenciano ha instruido en los últimos años seis piezas separadas del caso Gürtel, además del llamado caso de los trajes en el que Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa fueron exonerados por un jurado, y el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret condenados por cohecho impropio tras admitir los hechos. La presunta actividad delictiva de la trama Gürtel en Valencia, en connivencia con varios consejeros de Camps y la dirección del PP regional, incluyó supuestamente el amaño de un contrato de 7,4 millones de euros de Canal 9 vinculado a la visita del Papa; la financiación irregular del partido; el fraccionamiento artificial de contratos, y delitos fiscales de empresas y cabecillas de la trama. El juez instructor del caso en Valencia, José Ceres, ha concluido la investigación de todas las piezas confirmando los indicios contra los imputados, salvo la del Papa, que sigue abierta. La responsabilidad de acabar de instruir esta pieza y la decisión de abrir o no juicio oral contra los imputados recaerá en el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Este ha ocupado la plaza de Baltasar Garzón, instructor inicial del caso. Principales cargos valencianos implicados en Gürtel

• Francisco Camps. Expresidente valenciano. Absuelto. • Vicente Rambla. Exvicepresidente de la Generalitat. Procesado. • Juan Cotino. Expresidente de las Cortes Valencianas. Imputado. • Milagrosa Martínez. Ex presidenta de las Cortes. Está siendo juzgada. • Ricardo Costa. Ex secretario general del PP valenciano. Procesado. • Angélica Such. Exconsejera. Está siendo juzgada. • Manuel Cervera. Exconsejero. Procesado. • Alicia de Miguel. Exconsejera. Procesada. • Luis Rosado. Exconsejero. Procesado. • Yolanda García. Extesorera del PP valenciano y exdiputada. Procesada. • Cristina Ibáñez. Exgerente del PP valenciano. Procesada. • David Serra. Exvicesecretario de Organización del PP valenciano y exdiputado. Procesado. • Víctor Campos. Exvicepresidente de la Generalitat. Condenado. • Rafael Betoret. Ex jefe de protocolo de la Consejería de Turismo. Condenado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/27/valencia/1438001770_010525.html 10. LESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS Sólo ha habido dos personas que no han querido hablar con la prensa durante el mes de julio en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Una de ellas fue la ministra de Empleo Fátima Báñez y la segunda ha sido Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así, el magistrado no ha querido atender a los medios de comunicación ni hacerse fotos en el ‘photocall’ durante la última intervención de estas jornadas. Sin dejar siquiera que nadie se acercase a él, la directora de Comunicación del Poder Judicial, Cristina Ónega, se ha mostrado tajante ante las preguntas de los periodistas, que querían saber su opinión acerca de la elección del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez , y sobre el informe para la ONU que magistrados progresistas del TS, y vinculados a asociaciones judiciales, están preparando sobre las presiones dirigidas a propiciar este nombramiento. “Ya he dicho que no va a hacer declaraciones, dejadnos pasar”, decía la responsable de prensa con altivez mientras le acompañaba en todo momento. La falta de independencia en el Supremo y la cercanía de Lesmes tanto al Partido Popular como a los círculos de Mariano Rajoy a la hora de proponer y colocar a Díez-Picazo son dos de las noticias que más han destacado en la prensa durante los últimos días. Colocar a un presidente afín en la sala tercera, encargada de controlar los actos del Ejecutivo y del propio CGPJ, es decisivo para que el PP dejase todo atado en el TS antes de las elecciones generales.

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Las asociaciones de jueces progresistas como Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ya venían denunciando el “presidencialismo” del juez. "Un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo", señalaban preocupados. El último de ellos en hablar del “interés extraño” en torno al Supremo fue el inhabilitado Baltasar Garzón durante estos mismos cursos de la UCM el pasado jueves. "El problema no es que se cambie a un presidente por otro sino que se suscite una polémica de que esto se hace por un interés extraño a lo que es el propio mérito y funcionamiento del Tribunal", criticaba frente a los medios de comunicación. http://www.publico.es/politica/lesmes-huye-periodistas.html 11. JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO José Manuel Sieira se plantea recurrir la votación que otorgó la presidencia de la Sala Tercera a Díez-Picazo El conflicto por la elección de Luis Díez-Picazo como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a llegar a Naciones Unidas. Un grupo de magistrados progresistas del alto tribunal y asociaciones judiciales van a presentar un informe ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas (ONU), un organismo creado en 1994 y que depende del Consejo de Derechos Humanos. El escrito se presentará el lunes y según han adelantado los magistrados que lo están elaborando tratará de convencer al organismo internacional de que la sustitución de José Manuel Sieira al frente de la sala que revisa los recursos contra el Gobierno ha estado precedida por presiones a los vocales del Poder Judicial que participaron en la votación. La denuncia se presentará como un complemento a la que en noviembre pasado llevaron a Naciones Unidas las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain. En aquella ocasión, el escrito se centró en advertir al relator sobre diversas iniciativas del Gobierno español, como la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político. El informe sobre la elección del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo detallará el proceso por el que se llegó este miércoles a la designación de Díez-Picazo durante el que, según han denunciado en las últimas semanas magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial, se han producido presiones para que saliera elegido la candidatura preferida de presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes. El informe lo está preparando un reducido grupo de jueces que intentará que en los próximos días sea suscrito por más magistrados antes de remitirlo a la ONU. En la votación del pleno del órgano de gobierno de los jueces, Díez-Picazo obtuvo 12 de los 21 votos: el del presidente y los de los 11 vocales del Consejo nombrados a propuesta del PP. El actual presidente de la sala, José Manuel Sieira obtuvo ocho ( de seis vocales del PSOE, la de IU y el del PNV), y el magistrado Eduardo Calvo Rojas, uno (de la vocal a propuesta del PSOE Mar Cabrejas). Según fuentes judiciales, Sieira se plantea recurrir la votación que le dejó fuera de la presidencia. Si da el paso, sería la propia Sala de lo Contencioso del Supremo la que tendría que resolverlo, ya que es la encargada de los recursos contra actos del Poder Judicial, pero los dos implicados (Sieira y Díez-Picazo) tendrían que abstenerse. El nuevo presidente sí podría decidir si el recurso se ve en la sección primera de la sala o en el pleno, en cuyo caso todos los magistrados participarían en la deliberación. La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es considerada un puesto estratégico del alto tribunal porque en ella se resuelven los recursos que se presentan en el

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Supremo contra las decisiones del propio Lesmes y del Poder Judicial, además de todos los litigios planteados contra el Gobierno por las Comunidades Autónomas o cualquier empresa o ciudadano. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/23/actualidad/1437650263_121194.html 11BIS. JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado en marzo de este año por cuatro vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión de no renovar las comisiones que integran la institución aprobada a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes. En concreto, los vocales progresistas recurrieron el acuerdo adoptado el 29 de enero de 2014, sobre la propuesta de composición de las comisiones del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) para el año 2015 y que suponía la no renovación de sus componentes, cuando el preámbulo de la ley que lo regula establece que tiene que existir una renovación anual. Días después, los vocales progresistas presentaron un escrito en el que concretaban que el recurso que interponían ante el Tribunal Supremo lo realizaban contra "los acuerdos del presidente de dicho órgano" y no contra los del Pleno del CGPJ. En un auto hecho público este martes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las alegaciones de la Abogacía del Estado, que había indicado que las cuatro miembros del CGPJ carecían de legitimación para recurrir las decisiones de un órgano colegiado al que pertenecen. La Sala acuerda, por tanto, continuar con la tramitación para resolver el asunto en sentencia. No obstante, rechaza el segundo escrito respecto a los acuerdos de Lesmes al considerar que, además, de ser extemporáneo, "altera el objeto del recurso". Renovación anual La no renovación de las comisiones se formalizó en el Pleno del 29 de enero. La única novedad se produjo en la poderosa Comisión Permanente, desde donde Lesmes gobierna todo el CGPJ. En la Permanente se cubrió el puesto vacante por la "renuncia forzada" de la vocal de CiU Mercé Pigem, tras descubrirse que entró desde Andorra junto a su hermana con 10.000 euros en el coche, renuncia que fue forzada por el propio Lesmes cuando no constituía falta administrativa. Es más, el equipo de Lesmes filtró a la prensa dicha renuncia mientras se producía la reunión entre ambos para abordar el incidente en la frontera. Pigem fue sustituida por la conservadora Nuria Abad en la Permanente. En el recurso se señalaba que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sometió únicamente su propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo". El recurso fue elaborado sin conocer los argumentos de la mayoría porque carecían del acuerdo escrito. http://www.publico.es/politica/supremo-admite-demanda-presidente-lesmes.html 12. LESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO

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El pleno del órgano de gobierno de los jueces elige a Díez-Picazo por doce votos a favor. Por primera vez en la historia, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Sieira, no es renovado en un segundo mandato al obtener sólo ocho votos. Los vocales conservadores ceden a las presiones del entorno del Gobierno y de Carlos Lesmes Díez-Picazo es un catedrático de Derecho Civil de Castilla-La Mancha que fue nombrado hace siete años por el llamado quinto turno magistrado del Supremo. El actual presidente, José Manuel Sieira, sólo ha obtenido ocho votos del pleno del CGPJ. Sieira es juez de carrera y ejerce de magistrado del Supremo desde hace 21 años. Al cargo también aspiraba Eduardo Calvo, quien ha obtenido un único voto, el de la vocal Mar Cabrejas, nombrada a instancia del PSOE. El cuarto candidato, el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, no ha logrado ningún apoyo. Todos los vocales de la mayoría conservadora del CGPJ han votado a favor de Díez-Picazo. En cambio, los siete vocales de la minoría progresista han apoyado a Sieira, al igual que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas. Por primera vez en la historia, se ha saltado una norma no escrita según la cual el presidente de una sala es renovado para un segundo mandato. El CGPJ deberá motivar este nombramiento en favor de un amigo del presidente del órgano constitucional y de su programa, frente a un Sieira con más antigüedad, que tenía la Sala Tercera casi al día y cuyo cese estaba cantado por el enfrentamiento que mantiene con Lesmes a cuenta del control de sus actos, de los del CGPJ y del Gobierno. Lesmes se movió en los círculos cercanos a Mariano Rajoy para conseguir que el Gobierno enviara un mensaje a los vocales del CGPJ más díscolos, los juristas nombrados a instancias del PP, y forzar así el nombramiento de Díez-Picazo, hecho que se ha producido este jueves. Las discrepancias entre Lesmes y Sieira son profesionales y personales. Sieira defiende la función de control de los actos del Gobierno y del CGPJ que ha ejercido su Sala, y que ha llevado a la anulación de algunos nombramientos de altos cargos judiciales impulsados por Lesmes. Esta función de contrapoder molesta al actual presidente Lesmes, Sieira fue quien avocó al pleno de la Sala el famoso indulto del Gobierno a favor de un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por matar a otro conductor. Lesmes era el ponente de la sentencia y partidario de que el Ejecutivo pudiera indultar. En cambio, el Pleno de la sala acordó que el Ejecutivo no podía otorgar esta medida de gracia sin motivación alguna, y anuló el indulto. Otro de los enfrentamientos entre Lesmes y Sieira fue la sentencia del Supremo que amparaba la indemnización millonaria a Florentino Pérez y su plataforma Castor, que causó más de mil terremotos frente a las costas de Castellón. Sieira impulsó el párrafo de la sentencia del Supremo que permitía al Gobierno no indemnizar con 1.400 millones de euros por el fiasco de Castor en caso de que se demostrara dolo o negligencia en la gestión de este proyecto. El Ejecutivo no utilizó este párrafo, sino que pagó a Florentino y los consumidores españoles tendrán que afrontar este coste en las próximas décadas a través de la factura de la luz. Su cese implica además una patada en la distancia a Margarita Robles, magistrada de la Sala III del Supremo, ex vocal del CGPJ, amiga de Sieira y enemiga personal de Lesmes. El presidente del Supremo llegó incluso a exigir a Sieira que renunciara a esta amistad si quería seguir en su cargo, según fuentes jurídicas. Han votado a favor de Díez-Picazo los vocales nombrados a propuesta del PP Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, así como el presidente, Carlos Lesmes.

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Por su parte, han votado a favor de Sieira los vocales progresistas María Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, además de Enrique Lucas, propuesto por el PNV. http://www.publico.es/politica/lesmes-coloca-diez-picazo-frente.html 13. EL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ‘JUEZ FAES’ AL SUPREMO Luis Díez-Picazo Giménez elegido por el CGPJ para presidir la Sala Tercera del Alto Tribunal El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha dejado lugar a la sorpresa. Otro juez muy cercano al PP pasa a ocupar una de las presidencias de la Sala del Supremo. Esta mañana se presentaban cuatro candidatos a la plaza para presidir la Sala Tercera…, y los miembros del Consejo han elegido al más conservador y cercano al partido del Gobierno: Luis Díez-Picazo Giménez. En la carrera judicial a la hora de valorar al nuevo presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo han dado a ELPLURAL.COM dos conceptos.., eso sí, por este orden: “PP puro” y “buen profesional”. Lo cierto es que en seguida se añade, con placer o con fastidio, dependiendo de la ideología de las fuentes: “se están haciendo (el PP) con toda la justicia”. Novedad en el tribunal Hay un dato que debe valorarse a la hora de la elección de Díez-Picazo. Entre los cuatro jueces que se presentaban para el cargo, estaba el actual presidente, José Manuel Sieira, que aspiraba a repetir mandato. El hecho de que no haya sido reelegido en un segundo mandato, nos dicen en fuentes judiciales, es la primera vez que sucede en la historia de este tribunal. El ‘pecado’ de Sieira, ser un ‘neutral’, al que incluso algunos tildan de ‘ligeramente progresista’. Mala cosa en estos tiempos en los que Carlos Lesmes preside el CGPJ y desde el Gobierno En cambio, Díez-Picazo Giménez, abogado del Estado, y juez por cuarto turno (los magistrados que no son jueces de carrera), ha dejado a lo largo de su trayectoria huellas claras de su adhesión al PP. Quizás las más claras, sus participaciones en el gran ‘think tank’, el motor ideológico, de los ‘populares’, FAES. Cursos FAES Hemos localizado su participación, de hecho, al menos en tres cursos. Uno sobre ‘El modelo de organización territorial en la perspectiva de la reforma constitucional”, que presidía Javier Zarzalejos, uno de los aznaristas más aznarista que Aznar. Otro sobre la “Reforma del Senado”, en este caso con el ministro Rafael Arias-Salgado de coordinador. Y aún un tercero sobre el Presente y Futuro de la Constitución, de nuevo con Zarzalejos, Javier, al frente. Pero quizás, para dar buena idea de lo integrado que Luis María Díez-Picazo es visto en el PP, lo mejor sea señalar quienes le acompañaban en los cursos.., insistimos, donde se madura y ‘escribe’ el pensamiento del PP. En el primero de ellos coincidió no sólo con destacados ‘populares’ como Arias Salgado, Fenández-Lasquetty o Pio García-Escudero, sino con ‘padres’ del partido como Manuel Fraga y Romay Beccaria. En el segundo le acompañaron buena parte de esta lista, con un añadido, el de, así viene en la memoria de la FAES, María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, entonces aún en promoción dentro de Génova. Con la que también coincidió en su tercera participación en la Fundación PP. http://www.elplural.com/2015/07/22/el-gobierno-no-falla-otro-juez-faes-al-supremo/ 14.ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ejerce "un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo".

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En un comunicado conjunto, las tres asociaciones judiciales reconocen que miran "con preocupación algunas de sus decisiones y su enfrentamiento con parte de la Carrera Judicial y con el más alto Tribunal de Justicia de la nación, como cuando despreció la queja de 13 Magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo". Las tres asociaciones han reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que elija "con las máximas garantías de independencia" al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ante las informaciones sobre supuestas presiones a los vocales para que designen a un candidato determinado. El pleno del órgano de gobierno administrativo de los jueces tiene previsto elegir este miércoles al presidente de la Sala Tercera, encargada de controlar los actos del Gobierno y del propio CGPJ. Carlos Lesmes se niega a renovar a su actual presidente, José Manuel Sieira, ya que rechaza el control que sobre sus actos se ha realizado desde la sala tercera del Supremo. Además, fue quien llevó al pleno de esta sala la anulación del indulto al kamikaze, en 2013, cuyo ponente era el propio Lesmes. En un comunicado conjunto, las tres agrupaciones muestran su "profunda preocupación" y advierten que "cualquier interferencia del poder político en este proceso contribuiría una vez más al deterioro de la credibilidad de nuestras instituciones judiciales". JpD, FdV y FJI recuerdan que la Sala Tercera del Tribunal Supremo es la que controla los actos del Gobierno. "Con más razón cabe reclamar que esta designación sea efectuada de forma que asegure las máximas garantías de independencia, imparcialidad y profesionalidad del presidente de la Sala", dicen. "Esperamos que las informaciones [difundidas] sean falsas y que sean desmentidas por el presidente del CGPJ y deseamos que en modo alguno se ceda a la tentación de promover, mediante un inadecuado uso de la política de nombramientos discrecionales, a candidatos que puedan ser más cómodos para el poder político o para el órgano de gobierno de los jueces", concluyen. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/22/la_juez_convierte_irreversible_decision_juzgar_los_espias_sueldo_comunidad_madrid_35741_1012.html 15. EL OPUS MANDA SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El exdiputado del PP y magistrado Andrés Ollero impone sus tesis para permitir que un farmacéutico se niegue a suministrar la píldora del día después Auténtico golpe de mano el que ha dado el Opus Dei en el Tribunal Constitucional por medio del magistrado Andrés Ollero, ex–parlamentario del PP, conocido militante de esa organización y activista antiaborto. Ollero ha sido el magistrado ponente que ha redactado la sentencia en la que se reconoce la objeción de conciencia de un farmacéutico de Sevilla que había por medio Europeoiterios nideolò del Medicamemnto, a preponderancia que ha impuesto el magistrado Ollero de los criterios Nideol sido multado con 3.000 euros por la Junta de Andalucía por negarse a disponer en su establecimiento de la píldora del día después. Una sentencia que ha causado estupor por la clara preponderancia que ha impuesto el magistrado Ollero de los criterios ideológicos sobre los puramente científicos y médicos y por las interpretaciones jurídicas a las que abre la puerta. Carga de prejuicios Un estupor que se inicia en el hecho de que un magistrado con esa carga de prejuicios aborde una cuestión tan trascendental como la objeción de conciencia en un asunto como los anticonceptivos, lo se considera una falta previa de equidad en el propio procedimiento judicial.

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La sorpresa continúa ante el desprecio por los argumentos científicos que recoge la sentencia del TC y que son la base para avalar la objeción del conciencia del farmacéutico. El TC se limita va decir que hay “dudas razonables suficientes” sobre el posible efecto abortivo de la píldora del día después como para respaldar la postura del farmacéutico sevillano. Evidencia científica El TC parece despreciar la evidencia científica más que comprobada por la OMS y la Agencia Europea del Medicamento, que señala sin lugar a dudas que la píldora del día después es un método anticonceptivo y nunca un método abortivo. Hay unanimidad científica al señalar que la píldora del día después actúa retrasando la ovulación y, por lo tanto, su efecto tiene lugar mucho antes de que se produzca el embarazo y resultaría ineficaz una vez constatado el embarazo. En medios jurídicos se estima que la sentencia del TC abre un abanico de opciones de objeción de conciencia difíciles de delimitar y controlar en el ámbito constitucional. Derecho a la salud Permitir a los farmacéuticos decidir libremente qué medicamentos expenden y cuáles no, dejaría desprotegido inconstitucionalmente el derecho a la salud y al bienestar físico y mental de los particulares. La protección de este interés exige que exista un régimen sancionador para los farmacéuticos que se niegan, por cualquier razón, a disponer de los medicamentos aprobados y respaldados por evidencias científicas. Hay consenso jurídico al señalar que la libertad ideológica del farmacéutico no cubre sus juicios morales acerca de los efectos que los medicamentos aprobados por la administración pública puedan tener. Ni le corresponde efectuar tales juicios ni puede aducir su libertad ideológica para decidir qué medicamentos despacha. Obligación de venta El régimen jurídico vigente de la actividad de farmacia, que impone la obligación de venta de todos los medicamentos aprobados, es conforme con la Constitución. Medios jurídicos estiman que la sentencia del TC puede servir de base para conductas sorprendentes en el ámbito farmacéutico. En base a la libertad ideológica del farmacéutico, avalada ahora por el TC, éste puede negarse a dispensar medicamentos que considere tienen un precio exagerado; o que se elabora en condiciones que no considere aceptables o que crea, por pura ideología, que pueden ser nocivos, como podría ser el caso de la vacunas. Al parecer, el TC no ha tenido en cuenta que la implicación personal del farmacéutico en la selección de los productos que vende en su establecimiento es tan liviana que no puede medirse bajo el prisma del ejercicio de su libertad ideológica. http://www.elplural.com/2015/07/17/el-opus-manda-sobre-el-tribunal-constitucional/ 16. ARENAS VOLVIÓ A COBRAR DEL PP UN AÑO DESPUÉS DE HABER RENUNCIADO EN PLENA POLÉMICA SOBRE SUS INGRESOS La nueva declaración de bienes del dirigente del PP como senador saca a la luz su camino de ida y vuelta con los "gastos de representación" del partido, más conocidos como sobresueldos Renunció en julio de 2011 pero en septiembre de 2012, tras cesar como líder del PP andaluz, pidió a la tesorería del partido que volviera a pagarle El vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, renunció en 2011 y en plena polémica sobre sus ingresos a los pagos que año tras año había recibido de su partido. Pero lo que hasta ahora había pasado inadvertido es que esa renuncia apenas duró 14 meses. En septiembre de 2012, tras haber abandonado la presidencia andaluza del PP, con el gobierno de la Junta de Andalucía de nuevo en manos del PSOE y ya orgánicamente dedicado en exclusiva a su cargo en la ejecutiva nacional, Arenas le pidió a la tesorería del partido que volviera a pagarle.

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Su nueva declaración de bienes presentada ante el Senado ha sido el hilo que ha sacado a a la luz el camino de ida y vuelta recorrido por Arenas con los “gastos de representación” abonados por el PP. O, lo que es lo mismo, con los sobresueldos con que sus dirigentes completan las retribuciones públicas que ya reciben como diputados, senadores o parlamentarios autonómicos. Solo en 2010, el PP dedicó 1,2 millones de euros a los sobresueldos de 20 dirigentes, todos ellos integrantes de la ejecutiva nacional. Arenas renunció a cobrar “gastos de representación” del PP exactamente en julio de 2011. Justo entonces confluyeron dos factores: se habían conocido sus ingresos de 2010 –178.000 euros brutos- y la clase política esperaba que las elecciones andaluzas coincidieran con las generales de noviembre, aunque finalmente se celebraron en marzo de 2012. La renuncia de quien entonces optaba con inmejorables expectativas a la Presidencia del Gobierno andaluz duró poco más de un año. En septiembre de 2012, con los socialistas de nuevo al frente de la Junta de Andalucía gracias a su pacto con IU y una vez que había cesado como líder regional del PP para “dedicarse en exclusiva” a su cargo como vicesecretario general, Arenas pidió a la tesorería del partido que volviera a abonarle “gastos de representación”. Y así, hasta hoy, aunque no ha sido hasta esta semana cuando su nueva declaración de bienes y rentas ha desvelado la secuencia de hechos expuesta en los párrafos anteriores y confirmada oficialmente a infoLibre por el PP. Fechada el pasado 6 de julio y presentada en su calidad de senador por designación autonómica, la nueva declaración de Arenas refleja el cobro en 2014 de 22.192 euros netos por el siguiente concepto: “Gastos representación Grupo Popular”. Esa cifra representa menos de la mitad de lo que Arenas declaró haber cobrado en 2011: 54.534 euros netos. El miércoles, infoLibre hizo dos preguntas al PP. La primera fue si la redacción elegida por Arenas significaba que había dejado de cobrar del partido los “gastos de representación” que tenía asignados como vicesecretario de Política Local y Autonómica para, de forma alternativa, recibir un complemento mucho menor del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En segundo lugar, este diario inquirió al PP si, por el contrario, los términos empleados por Arenas debían interpretarse como que el partido había dejado de pagar gastos de representación o sobresueldos a todos los dirigentes que los habían percibido al menos hasta 2011. La única declaración de bienes de miembros de la ejecutiva del PP que contiene datos posteriores a 2011 es justamente la de Javier Arenas, lo que le confiere un valor añadido: permite vislumbrar qué hizo el partido de Mariano Rajoy tras verse golpeado durante meses por el escándalo de los sobresueldos. La respuesta del PP fue esta: que los “gastos de representación” atribuidos por Arenas al “Grupo Popular” son en realidad los que abona el partido pero que, como dictó por teléfono los datos de su declaración, “la secretaria lo puso así”. Finalmente, las fuentes consultadas agregaron que el vicesecretario de Política Autonómica modificaría su declaración para “añadir una observación” que hiciera constar lo siguiente: que no le paga el Grupo Parlamentario sino el partido. Pero recalcaron que nada de lo anterior implicaba “una rectificación” sino solo un añadido. El viernes por la mañana, tras comprobar que el PP andaluz había confirmado en febrero de 2012 la renuncia de Arenas a cobrar del partido, infoLibre se puso de nuevo en contacto con los portavoces del vicesecretario de Política Autonómica para conocer su versión. Arenas corroboró que su renuncia se mantuvo entre julio de 2011 y septiembre de 2012. Las fuentes del PP no explicaron por qué Arenas consideró conveniente rehusar el cobro de “gastos de representación” en julio de 2011, cuando aunaba en su persona dos cargos de gran

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dedicación –el liderazgo del PP andaluz y la vicesecretaría de Política Autonómica y Local– y entendió en cambio que podía volver a cobrarlos cuando pasó a ejercer solo un puesto de responsabilidad. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/18/arenas_volvio_cobrar_del_ano_despues_haber_renunciado_plena_polemica_sobre_sus_ingresos_35577_1012.html 17. ARENAS DECLARA AL SENADO QUE YA NO COBRA DEL PP Y A LOS 10 DÍAS ANUNCIA UNA RECTIFICACIÓN La nueva declaración del dirigente andaluz, fechada el 6 de julio, refleja el cobro de "gastos de representación" pero atribuye su procedencia al grupo parlamentario El vicesecretario general "añadirá una observación" para especificar que la cantidad reflejada, menos de la mitad que la anotada en 2011, es la que le paga el partido por su cargo interno Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, modificará su recién presentada declaración de bienes como senador para “añadir una observación” en la que se especifique que donde escribió que en 2014 cobró “gastos de representación” del “Grupo Popular” se refería al partido y no al grupo parlamentario. Aunque el grupo del PP en el Senado está indisolublemente unido al partido a efectos políticos, a efectos contables cada uno de los dos posee perfil propio. Es el PP como partido el que en una práctica que, según sus portavoces, se mantiene vigente hoy ha pagado durante años sobresueldos a los miembros de su ejecutiva nacional bajo la fórmula de "gastos de representación". La rectificación, anunciada a través de sus portavoces oficiales y que según Arenas no es tal, se produce después de que infoLibre formulase el miércoles por la tarde al PP las siguientes preguntas: si el dirigente andaluz ha pasado a recibir un complemento del grupo parlamentario del Senado porque, en una excepción a la norma interna, ya no cobra del partido como vicesecretario general; o si, en realidad, su declaración de bienes indica que el partido ha suspendido el pago de “gastos de representación” –los ya célebres sobresueldos– a todos los dirigentes que los percibían. El jueves por la tarde, es decir, 24 horas después de formuladas esas preguntas, los portavoces consultados en el PP aseguraron lo siguiente: primero, que la declaración de Arenas menciona el grupo parlamentario porque dictó por teléfono su contenido “y la secretaria lo puso así”, de forma que ahora “añadirá” la referencia al partido; segundo, que el PP no ha modificado el sistema de pago a sus dirigentes en concepto de "gastos de representación", y tercero, que las cantidades abonadas bajo ese epígrafe “se han minorado para adaptarlas a las actuales circunstancias”. O sea, para adaptarlas a la crisis económica. 22.192 euros netos A última hora de la tarde del jueves y al persistir la duda de si lo que realmente planeaba Arenas era “añadir” la referencia al partido pero manteniendo la mención al Grupo Popular del Senado, las fuentes del PP hicieron una última precisión: “Javier Arenas no va a modificar nada, sino que añadirá una observación para especificar que esos gastos de representación son los del Partido Popular”. Más allá de mostrar a cuánto ascendieron en 2014 sus percepciones del PP –22.192 euros netos, menos de la mitad que los 54.534 reflejados en noviembre de 2011–, la declaración de bienes de Javier Arenas posee un valor adicional: de todas las presentadas esta legislatura por miembros de la ejecutiva del PP, es la única fechada después de la intensa polémica que en torno a los sobresueldos desató en 2013 el estallido del caso Bárcenas. Es, por tanto, la única que incorpora información posterior a ese año. A comienzo de la legislatura distintos miembros de la cúpula del PP ya reflejaron en sus respectivas declaraciones de bienes elevadas al Congreso o el Senado el cobro de complementos retributivos abonados por el partido: eran los famosos sobresueldos, cuya

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existencia ya trascendió en 2011. Entonces se supo que en solo un año el PP había gastado 1,2 millones en complementos retributivos para 20 dirigentes. La formación conservadora se negó en todo momento a conceder a esos complementos el rango de sobresueldos. Luego, la contabilidad oficial que el partido entregó al juez Pablo Ruz al desencadenarse la investigación sobre los papeles de Bárcenas constató que parte de esos pagos tenían periodicidad mensual. Al presentar sus declaraciones, otros dirigentes, como el actual presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, también declararon cobros adicionales a los estrictamente vinculados a su condición de diputados o senadores. Pero atribuyeron su procedencia al “grupo parlamentario” del PP al que permanecían adscritos. Y otros, y es el caso de la catalana Alicia Sánchez-Camacho, anotaron retribuciones procedentes de hasta tres pagadores ligados a la formación conservadora pero con personalidad jurídica propia: el Grupo Gopular del Senado, el Partido Popular de Cataluña y el Partido Popular. El político andaluz mejor pagado en 2010 Fechada el 6 de julio y firmada electrónicamente, la declaración de bienes de Javier Arenas como senador designado por la comunidad andaluza cifra los gastos de representación abonados en 2014 por el “Grupo Popular” en 22.192 euros netos. Ese montante representa, menos de la mitad que el anotado (54.534 euros netos) en su anterior declaración de bienes, la de noviembre de 2011 y que se correspondían con los 95.674 euros brutos que el PP le abonó en 2010 como “empleado por cuenta ajena”. La declaración de Arenas figura tradicionalmente entre las más esperadas por cuanto quien hoy es diputado autonómico por Almería y durante lustros fue líder histórico del PP andaluz se erigió aquel año de 2010 en el político mejor pagado de esa comunidad. Su declaración de IRPF, divulgada por él mismo en julio de 2011, acreditó que sus ingresos totales habían superado el año anterior la barrera de los 175.000 euros: exactamente, alcanzaron los 178.179 euros brutos. Esa cifra incluía las indemnizaciones del Senado y las dietas del Parlamento andaluz por desplazamiento, categorías exentas de tributación en ambos casos. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/18/arenas_volvio_cobrar_del_ano_despues_haber_renunciado_plena_polemica_sobre_sus_ingresos_35577_1012.html 18. LA INSPECTORA JEFA DE HACIENDA NO ASUME EL INFORME CONTRA RATO El exvicepresidente económico del Gobierno comparecerá el próximo miércoles Margarita García-Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), aseguró al juez que ella se limitó, “como es habitual”, a firmar el informe de los funcionarios que motivó la denuncia de la fiscalía contra el exvicepresidente del PP Rodrigo Rato, su detención e imputación por tres delitos fiscales, uno de alzamiento de bienes y otro de blanqueo. El juez Antonio Serrano-Artal ha citado el miércoles a Rato para preguntarle por los tres delitos que le atribuye la ONIF, y que suman un fraude de 1.039.741 euros. El juez preguntó esta mañana a García-Valdecasas sobre el informe de su departamento que atribuía a Rato hasta cinco delitos, y la inspectora jefe lo definió como “una denuncia temprana sobre posibles riesgos”. Los abogados de Rato, presentes en la declaración, insistieron en preguntar a García-Valdecasas si las acusaciones del informe eran suficientemente sólidas, a lo que la inspectora jefe respondió reiteradamente que las conclusiones de los funcionarios se basaban en los datos que figuraban en los ficheros de la ONIF. La base de datos de la Agencia Tributarias es el soporte documental en el que se apoya la ONIF para sus investigaciones.

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El juez Antonio Serrano, preguntó a García-Valdecasas si conocía la diferencia existente entre “indicios” y “sospechas” y la inspectora jefe contestó que no y aclaró que no era una experta judicial, según fuentes conocedoras del interrogatorio. Los abogados del exvicepresidente pidieron al juez el archivo de la causa al escuchar las explicaciones “endebles” de la inspectora jefe. La Fiscalía se opuso porque aún falta por conocer el segundo informe de la ONIF, elaborado con los datos obtenidos en el registro de la vivienda y de la oficina de Rato. El magistrado decidió citar al exvicepresidente tras interrogar como testigo a la inspectora jefe. Tres meses después de su detención y del registro de su casa y su despacho, Rato comparecerá el miércoles para dar las primeras explicaciones ante un juez sobre su comportamiento fiscal en relación con sus actividades profesionales y sus empresas dentro de la causa en la que el investiga su patrimonio y sus actividades económicas. La Fiscalía le atribuyó en un principio fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes. El juez, sin embargo, ha limitado por ahora la investigación al fraude fiscal. El exvicepresidente tiene tres causas abiertas en los juzgados. Dos de ellas están relacionadas con su efímero mandato en Caja Madrid y Bankia. La primera investiga el supuesto fraude a accionistas por la salida a bolsa de Bankia. La segunda analiza el supuesto uso indebido de tarjetas de crédito por parte de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia durante el mandato de Rato. El tercer procedimiento afecta a sus negocios particulares. Kradonara es la empresa de Rodrigo Rato con la que, según la Agencia Tributaria, el exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar hizo maniobras irregulares por las que ahora está imputado por delito fiscal. Según Hacienda, Rato usaba Kradonara para facturar sus servicios de asesoramiento a Telefónica, algo irregular que suponía un ahorro importante de los impuestos que debía pagar el exvicepresidente. Además, Rato recibía a través de Kradonara ingresos del extranjero con la “finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”. El instructor no ve el alzamiento de bienes que denunció Hacienda La Agencia Tributaria analizó un extraño movimiento patrimonial de Rodrigo Rato y concluyó que estaba ocultando sus propiedades poniéndolas a nombre de otras personas para evitar el pago de una fianza lo que se podía interpretar como un alzamiento de bienes. Así lo escribió en el informe que remitió a la Fiscalía para que presentara una denuncia contra Rato. La operación sospechosa se produjo en 2013 cuando Rato donó a sus hijos “sin que haya quedado acreditado que los mismos conocieran el propósito del denunciado” participaciones de cuatro empresas por 2.594.348 euros. Cuando Rato llevó a cabo estas operaciones, aún no se le habían impuesto fianzas relacionadas con el caso Bankia. La primera, de tres millones de euros por la supuesta administración desleal en la concesión de tarjetas de crédito a consejeros y directivos, la depositó mediante un aval bancario en octubre de 2014. La segunda fianza, relacionada con la salida a Bolsa de Bankia, de 800 millones, rebajada luego a 34, fue consignada por la entidad financiera en marzo de 2015, aunque posteriormente se le iba a reclamar al expolítico. La Audiencia Provincial analizó el caso e interpretó que los hechos investigados por la Agencia Tributaria y las pruebas aportadas no demostraban la existencia de un delito de alzamiento de bienes pues Rato pagó la fianza sin problemas. Tres delitos fiscales por 1.039.741 euros Rodrigo Rato recibió entre 2012 y 2013 “importantes transferencias de dinero en cuentas corrientes de las que tiene el efectivo poder de disposición” procedentes de Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica. El exvicepresidente recibió de esta forma el dinero "con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales pues no

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fueron incluidas por el mismo en las correspondientes declaraciones de su IRPF”, según la Agencia Tributaria. A mediados de 2012, con Bankia al borde de la quiebra, el Gobierno le despidió de la presidencia de la entidad bancaria y Rato pasó a trabajar de asesor para otras empresas y bancos, con los que obtuvo ingresos declarados a Hacienda de manera supuestamente irregular. La Agencia Tributaria sostiene que el vicepresidente facturó sus trabajos de asesoramiento para Telefónica (307.627 euros) a través de la empresa de su propiedad Kradonara, en lugar de hacerlo como persona física. Con esa operación, Rato se ahorró mucho dinero en impuestos y defraudó al fisco, según denunció la Fiscalía de Madrid. Además, la sociedad Kradonara ocultó a Hacienda sus ingresos procedentes del extranjero "con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, según la Agencia Tributaria. El fraude fiscal que calcula Hacienda por todos estos hechos alcanza los 445.649 euros en 2011; 350.000 euros en 2012 y 244.092 euros en 2013. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/20/actualidad/1437397240_966565.html 19. OPERACIÓN PÚNICA

LUIS DE GUINDOS, SALPICADO POR LAS ESCUCHAS DE LA TRAMA CORRUPTA PÚNICA El ministro de Economía ayudó a Granados cuando ya había dimitido por su cuenta secreta en Suiza para que participara en la privatización de AENA, cenó con el líder de la Púnica y hasta le invitó a la boda de su hija poco antes de su detención, según las escuchas que constan en este sumario sobre la trama corrupta crecida entorno al PP El ministro de Economía, Luis de Guindos, es uno de los políticos más comprometidos en las escuchas a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y presunto líder de la trama Púnica. Las grabaciones realizadas por la Guardia Civil a instancias del juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción 6, revelan hasta qué punto ambos políticos mantenían una buena relación a pesar de la retirada de Granados de la vida pública, en teoría. Luis de Guindos aportó a Granados una persona de contacto para que el banco para el que trabajaba participara en la privatización de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea (AENA). Y, aunque más adelante, revela el afectado que no lo logró, las escuchas revelan su cordial relación. Cenaron juntos y hasta el ministro le invitó a la boda de su hija, en julio de 2014. Granados trabajaba para el banco Société Générale, una vez dimitido como senador y diputado autonómico en febrero de 2014, tras descubrirse que había mantenido una cuenta secreta en Suiza, según transmitieron las autoridades judiciales helvéticas a las españolas. Y, aunque le habían dado el chivatazo de que estaba siendo investigado, el presunto líder de la Púnica siguió hablando de sus negocios por teléfono hasta el final. Privatización de AENA Las escuchas comienzan el 2 de julio de 2014. Seis días después, el 8 de julio, a las 18:17 horas, Granados llama a Luis de Guindos, ministro de Economía, quien le dice que acaba de llegar de Bruselas. Granados le pregunta “quién Ileva en su ministerio lo de Ia privatización de AENA y este le dice que INIGO FERNANDEZ DE MESA el Secretarlo del Tesoro, que le llame que él le dirá que le vas a llamar”, según consta en el informe de la Guardia Civil. Al día siguiente, Granados llama a Iñigo Fernández de Mesa. Un minuto después, recibe la llamada de vuelta del director general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, a las 17:57 horas. El hermano del director general de la Guardia Civil, quien le confirma que ha recibido instrucciones de De Guindos para hablar con él. “IÑIGO dice que llame a NACHO VICENTE que es el jefe de su gabinete que coordinen una reunión con él y ya le explican sus credenciales y como están etc. GRANADOS le dice que perfecto”.

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Granados empieza a llamar a su entorno para decir que está en contacto con Economía con el fin de participar en la privatización de AENA. Al primero que llama es a su jefe, el director general de Société General en España, Donato González-Sánchez. Al día siguiente, su mujer, Nieves Alarcón le advierte de que tienen a un hombre frente de su casa metido en un coche negro, haciendo como el que lee una revista y que le ha dado muy mala espina. Él le comenta que va a comer con “alguien del aeropuerto (pudiera ser Carlos Salamanca, el comisario de Barajas)”, expone el informe de las escuchas remitido al juzgado. El 24 de julio Granados recibe una llamada de Javier López Hierro. Le dice que va a ir a ver al director general del Tesoro “a ver si les meten en Ia privatización de AENA”. También le da las gracias por haberle ayudado y López Hierro le comenta que “con ese asunto había un tapón, pero al final se ha solucionado”. Granados llama después a Cristiane Jucar Guimares, su amiga íntima según se deduce de las conversaciones. Le dice que Javier López Hierro le ha dicho “que todo muy bien con ella, que encajaba perfectamente en el equipo”. Le cuenta la conversación anterior y le dice a su amiga “que no se puede notar que es la enchufada del PRESIDENTE”. Invitado a la boda de la hija de De Guindos El sábado 26 de julio vuelve a hablar con Cristiane Jucar de “temas personales”, dice el informe de la Guardia Civil. Granados le dice que va a asistir a la boda de la hija de Luis de Guindos y ella le responde que está muy bien que vaya, para que le vean y se relacione. También le comenta que no tiene dinero, y Granados le responde que en casa no hay dinero, pero sí en la empresa. Ella le dice “que eso no se puede tocar”. La Guardia Civil comienza a confirmar que Granados maneja un dinero paralelo, entre otras cosas porque ha pagado la decoración de la casa de su amante en el barrio de Salamanca. Domingo, 28 de julio. Granados le cuenta la boda de la hija de De Guindos a Donato González-Sánchez y las personas con las que se ha relacionado en ella. Tuvo “un par de conversaciones interesantes” y le dice literalmente: “gue te lo quiero contar pero no por teléfono. FRANCISCO dice textualmente Y SOBRE TODO, QUE ESTE ME PREGUNTO, LE TENGO QUE DAR UNA EXPLICACIÓN, DE HECHO ME DIJO, OYE A VER SI CENAMOS EN MARBELLA JODER Y VA ME EXPLICARAS PORQUE NO OS HABÉIS PRESENTADO. DONATO dice que él se lo explica. Es algo relacionado con un tema bancario. FRANCISCO Ie comenta el asunto de Ia citación de los espías que le han citado como Testigo, que esta mañana le ha Ilamado ESPERANZA y han hablado sobre ello. Se despiden”. [El 16 de septiembre está citado a declarar como testigo en el sumario sobre el espionaje a altos cargos en la Comunidad de Madrid durante su etapa como consejero de Presidencia y Justicia. La jueza instructora, Carmen Valcarce, le recibió con dos besos y diciéndole que estaba "para servirle" por lo buen consejero de Justicia que había sido]. Cena con el ministro de Economía en Marbella Viernes, 15 de agosto de 2014. Granados habla con su jefe, Donato González-Sánchez, y le dice que ha quedado a cenar con Luis de Guindos, ministro de Economía. El director general de SG le dice seguramente De Guindos “está muy preocupado por Ia economía” y que la información que maneja SG de AENA es que en el Gobierno “no han elegido nada, que hasta septiembre no hay nada y que "los globales coleadores" no quieren”. Al día siguiente, 16 de agosto, Granados habla con su exasesora en la Comunidad de Madrid María Victoria Cristóbal, concejal de Majadahonda (Madrid) sobre la cena con el ministro en Marbella: “Ha estado muy simpático ya que no lo tiene que colocar a trabajar en ningún sitio”. Le va a echar una mano “en una cosa”, que no especifica a su excolaboradora. AENA, Bankia…. Y, antes de irse, una Caja Granados le cuenta a su exasesora que “están interesados en comprar BANKIA y que ese tema lo tiene que ver con Donato [su jefe] ya que De Guindos Ie ha dicho una de Murcia que no sabe especificar bien GRANADOS. Hablan de Ia situación de DE GUINDOS. Que van a cambiar Ia Ley de los Ayuntamientos antes de las elecciones. Luego hablan temas orgánicos de partido político". En un momento de Ia conversación "dice MARIA VICTORIA que alguien Ie ha jodido a FRANCISCO GRANADOS y éste responde que sí. Que GRANADOS dice que ha sido un tal NACHO y CASIMIRO. Que si le han preguntado alguien o algún inspector de hacienda o si le había Ilamado fiscalía, FRANCISCO dice que no le ha Ilamado nadie”.

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En una nueva llamada inmediatamente posterior, Granados explica a su exasesora que De Guindos quiere dejar el Gobierno. En concreto, dice que “quiere salir de ahí como sea. MARIA VICTORIA le dice que si antes de salir de GUINDOS le da Ia oportunidad de comprar una caja o asi”. Ese mismo día, Granados mantiene una conversación con otra persona, a quien asegura que se iba a reunir “ahora” con el director general del Tesoro, “a ver si nos meten en la privatización de AENA”. "El tema de BMN" El jueves 9 de octubre, Granados vuelva a llamar a Luis de Guindos. Granados pregunta ese día a Luis de Guindos “por el tema de BMN” [acrónimo del Banco Mare Nostrum, creado en 2010 como Sistema Institucional de Protección (SIP) del negocio financiero de cuatro cajas de ahorros: Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra]. El ministro de Economía, Luis de Guindos, le responde “que no hay nada decidido. Que hay varias posibilidades pero que hay que esperar a finales de mes porque no hay nada de nada”. No podrá esperar a fin de mes para hacerse con una caja. Tan sólo 18 días después, Francisco Granados es detenido en su casa de Valdemoro (Madrid), como supuesto cabecilla de la trama Púnica por orden del juez Eloy Velasco. http://www.publico.es/politica/guindos-salpicado-trama-punica.html 92 IMPUTADOS Y CUATRO AUTONOMÍAS IMPLICADOS EN LA TRAMA PÚNICA La red corrupta Púnica, especializada en el cobro de mordidas para favorecer desde distintas instituciones a empresas privadas, tiene ya 92 imputados y salpica a cuatro autonomías (Madrid, Valencia, Murcia y Castilla-León) y una decena de ayuntamientos, según el auto dictado ayer por el juez instructor, Eloy Velasco, donde decreta el levantamiento del secreto de sumario tras nueve prórrogas dictadas desde octubre pasado, cuando estalló el escándalo. La supuesta trama delictiva, cuyos dos principales cabecillas eran Francisco Granados, exconsejero autonómico, exsenador y ex secretario general del PP de Madrid; y su amigo constructor David Marjaliza, tiene tantas derivadas que muchos de los negocios ilegales destapados por la investigación judicial se hicieron al margen de estos dos supuestos cerebros. La investigación avanzó y descubrió la mayor parte de las irregularidades a raíz de la intervención secreta de las comunicaciones de Granados y Marjaliza. La construcción de colegios; la organización de fiestas populares; la recalificación de suelos; la venta de parcelas públicas; la adjudicación de servicios de eficiencia energética; o la contratación de propaganda institucional permitió a diversos empresarios enriquecerse a costa del trato de favor que, a cambio de regalos o dinero, les daban políticos que gobernaban en las instituciones. El juez Velasco resume así en su último auto la estructura de la última trama de corrupción política conocida en España, que salpica mayoritariamente a instituciones gobernadas por el Partido Popular: 1.- El origen de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción presentó en junio de 2014 una querella contra Francisco Granados y David Marjaliza donde denunciaba que ambos y sus respectivas mujeres tenían varias cuentas en un banco suizo con dinero de origen no justificado, un indicio suficiente de un delito de blanqueo de capitales. En esa querella se detallaban movimientos sospechosos de dinero desde una cuenta de Singapur que se justificaban como operaciones de exportación de obras de arte. Anticorrupción llevaba seis meses investigando el caso tras recibir de la Fiscalía suiza los datos de las cuentas bancarias de Granados y Marjaliza. En su querella, Anticorrupción explicaba que había "constatado" la existencia de "dudosas actuaciones y contrataciones" llevadas a cabo en Valdemoro, el municipio donde Granados había sido alcalde a finales de los años noventa del siglo pasado. Granados, que luego fue consejero de Transportes en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, para desempeñar diversos cargos institucionales en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2011, había favorecido a los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza y a la promotora Dico a cambio del cobro de comisiones ilegales. La querella detallaba que durante el "boominmolibiario" se vendieron parcelas de suelo municipal muy por debajo de su valor a los amigos de Granados, y se amañaron contratos de servicios públicos a favor de determinadas empresas privadas. Entre

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los cohechos que se apuntaban en la querella destacaban chalets en Marbella o una vivienda unifamiliar en Valdemoro para el matrimonio Granados. El escrito de Anticorrupción incorporaba una denuncia anónima sobre el pago de sobreprecios a la empresa Waiter Music para la organización de fiestas en municipios madrileños. 2.- Primeros pinchazos telefónicos. El juez admitió a trámite la querella e inició la investigación ordenando la intervención de las comunicaciones de los principales implicados. Así descubrió una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valdemoro de la que participaban supuestamente el alcalde, José Manuel Boza, su jefe de gabinete, el concejal de Hacienda e incluso el arquitecto municipal. Todos trabajaban para beneficiar a determinadas empresas privadas, entre ellas las de David Marjaliza. 3.- Construcción y gestión de colegios privados. Marjaliza no sólo recibió trato de favor de Valdemoro, sino que se convirtió en intermediario para facilitar negocios públicos a otras empresas, para las que trabajaba a cambio de una "una comisión pactada". La investigación "detectó este tipo de comportamiento en relación con la sociedad ALFEDEL para conseguir la adjudicación de la construcción y gestión de colegios privados y concertados". 4.- El negocio de la eficiencia energética. Marjaliza, según el relato del juez Velasco, intermedió para lograr que los ayuntamientos de Móstoles, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado-Villalba, Serranillos del Valle y Parla y Moraleja de Enmedio adjudicaran contratos millonarios de eficiencia energética a la empresa Cofely del grupo internacional GDF Suez. 5.- El pago con dinero público de la reputación en Internet. Las intervenciones telefónicas condujeron a Alejandro de Pedro, un empresario que mantenía contactos con políticos autonómicos de Madrid, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. "En la Comunidad de Madrid se conocieron contactos entre De Pedro y funcionarios y autoridades" entre los que cita a dos exconsejeros, Lucía Figar (Educación) y Salvador Victoria (Presidencia), "para conseguir adjudicaciones de nuevos contratos de reputación en la red o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos relacionados con la mejora de su imagen en Internet". El juez Velasco sostiene que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba en parte los servicios de De Pedro con dinero de empresas privadas a las que adjudicaba contratos, por lo que ha imputado, entre otros a exdirectivos de Indra entre los que estaba Javier de Andres, consejero delegado de la compañía. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/23/actualidad/1437635543_821898.html

SALVADOR VICTORIA SE NIEGA A DECLARAR POR LOS PAGOS A LA PÚNICA Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y número dos en el Gobierno de Ignacio González, se ha negado este lunes a declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Victoria estaba citado para explicar los pagos realizados durante su mandato a las empresas de Alejandro de Pedro, especializado en vender a las instituciones servicios de reputación en la red de políticos del PP que, según la investigación, se hacían pasar por simples seguimientos de noticias. El exconsejero de Presidencia ha comparecido ante el juez, pero le ha comunicado que se iba a acoger a su derecho a no declarar. Velasco estudia ahora si le impone alguna medida cautelar. El juez había solicitado su comparecencia para profundizar en los pagos hechos por la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid a las sociedades Eico y Madiva, propiedad de Alejandro de Pedro. Victoria ha justificado hasta ahora que todos esos pagos, adjudicados a dedo y sin concurso porque sus cantidades no excedían las previstas en la Ley de contratos, se corresponden con servicios que prestaban estas empresas a la Comunidad de Madrid para hacer un seguimiento diario de las noticias sobre la administración regional que aparecían en internet. El juez sospecha, tomando como base las declaraciones de algunos empleados de Eico y Madiva, que lo que en realidad hacían estas empresas era generar noticias positivas de los consejeros autonómicos, colocarlas en decenas de diarios digitales que creaba el propio De Pedro, e intentar así que en los buscadores de noticias se situarán por encima de informaciones negativas que pudieran perjudicar a los políticos del PP. El juez Velasco sostiene que esas conductas entrañarían una malversación de fondos públicos y por esa razón ha imputado no sólo a Victoria sino también a la que fue consejera de Educación, Lucía Figar, quién ya declaró hace dos semanas en la Audiencia Nacional y sostuvo que el dinero adjudicado a las empresas de De Pedro se destinaba a difundir noticias de servicio público de su consejería.

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Victoria también tendrá que contestar a las preguntas sobre una supuesta intermediación del director general de la empresa de informática de la Comunidad de Madrid para que Indra, empresas contratista de la administración regional, pagase con sus fondos servicios contratados por el Gobierno regional del PP con las firmas de reputación de Alejandro de Pedro. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/20/actualidad/1437376109_815131.html

20. WERT, NOMBRADO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA OCDE El exministro podrá trabajar en París con su exsecretaria de Estado, con la que se casó hace semanas El exministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha sido nombrado embajador jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Se da la circunstancia de que hace dos semanas Wert se casó con Montserrat Gomendio, exsecretaria de Estado de Educación, que desde hace meses está destinada en la OCDE, con sede en París. Es decir, que con el nombramiento del Consejo de Ministros de este viernes, los dos ya trabajarán juntos en la capital francesa. Wert fue sustituido recientemente por Íñigo Méndez de Vigo al frente del ministerio. Wert había pedido el relevo a Rajoy hace meses por motivos personales y había solicitado este puesto que ahora se le da. La embajada de la OCDE en París es una de las mejor remuneradas de la representación exterior de España, con residencia oficial en Avenue Foch (una de las calles más caras de París), con piso de 500 metros cuadrados, alquiler de 11.000 euros al mes, dos personas de servicio pagadas por el Estado y coche oficial con chófer, además de un sueldo de 10.000 euros al mes más gastos de representación. En 2008 fue nombrada para ese cargo por el Gobierno de José Luis Rodríguez zapatero la que había sido ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. También ha sido nombrada embajadora en la UNESCO con sede en París Teresa Lizaranzu, directora general de políticas del libro con Wert y esposa de Alvaro Nadal, director de la oficina económica de Rajoy. Según la referencia del Consejo de Ministros de este viernes Wert "ha sido director técnico del Centro de Investigación Sociológicas, vocal del Consejo de Administración de RTVE, concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado al Congreso de los Diputados por A Coruña, consejero delegado y presidente de Demoscopia, director general de Relaciones Corporativas del Grupo BBVA, y presidente de Kantar Media y de Inspire Consultores, así como de la Asociación Profesional Global de Investigadores de Opinión y Mercado. Profesor de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. En diciembre de 2011 fue nombrado ministro de Educación, Cultura y Deporte". Todos los partidos han criticado el nombramiento. Así, el candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha criticado que se recompense la "pésima" gestión educativa de José Ignacio Wert nombrándole embajador de España ante la OCDE. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438353428_687250.html 20BIS. WERT SE CASA CON GOMENDIO ANTE RAJOY Y EL GOBIERNO… Y TODOS JUNTOS EN UNA FINCA ILEGAL La Camarga, un espléndido recinto en Colmenar Viejo, cuenta con una Orden de Cese de Actividad por no tener los permisos adecuados

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La etapa de José Ignacio Wert y la exsecretaria de Estado de Educación Montserrat Gomendio al frente del Ministerio, que ha coincidido con su relación sentimental, ha estado llena de polémica, y ésta les acompaña hasta el final de su noviazgo. La pareja contraerá matrimonio este sábado en la finca La Camarga, en Colmenar Viejo, un magnífico enclave, en el que les acompañarán los miembros del Gobierno, incluido el propio Rajoy , pero que carece de los permisos adecuados para realizar este tipo de actividad. Empresarios de Restauración denuncian a La Camarga La Camarga no tiene las licencias, según adelanta El Mundo y lo confirma la organización empresarial en la que están representadas 350 compañías de Restauración de la Comunidad de Madrid. Según explica esta organización en su web, La Camarga está incluida entre los recintos que celebran bodas a pesar de contar con una “Orden de Cese de Actividad”. Usuarios también le denuncian En otra web, Bodas.net, son los usuarios los que denuncian la ilegalidad de La Camarga, como unos novios que celebraron su boda el año pasado y cuentan su experiencia: “Nosotros confiamos en las buenas palabras y ‘supuestos documentos’ de alta de actividades que nos enseñaron y nos equivocamos. Tres días antes de nuestra boda cuando íbamos a cerrar los detalles de la boda, nos dicen que tienen la carpa clausurada y no pueden realizar el evento dentro de la carpa, opcionalmente proponen montar una carpa en medio del jardín, en alto, con escaleras para entrar, una autentica chapuza. Finalmente montaron un cenador sin suelo ni aire acondicionado en medio del jardín para salir al paso, pero el calor fue insoportable”, explica esta pareja. 100 euros el cubierto La Camarga, con 500 hectáreas de campo y jardines de estilo francés, recibirá este sábado a los más de 100 invitados de Wert y Gomendio, que disfrutarán de un catering de 100 el cubierto. Todos los ministros están invitados, aunque aún no es público quiénes asistirán. Quien sí ha confirmado su presencia es el presidente, Mariano Rajoy, que estará acompañado de su esposa, Elvira Fernández. El cargo de embajador para Wert La ilegalidad de la finca en la que celebrarán la boda se suma a una lista larga de polémicas que han envuelto a la pareja. La última, la referida al posible nombramiento de Wert como embajador de España ante la OCDE, después de que Gomendio haya sido elegida directora general adjunta de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si Rajoy se decide a nombrar a Wert, la pareja habitará en la residencia del embajador español de la OCDE, ubicada en la Avenida Foch, cerca del Arco del Triunfo y de los Campos Elíseos. Wert, que ha roto récord como el ministro peor valorado en el sondeo del CIS, deja así incompleta su labor al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para marcharse a París junto a su novia, que ha sido la mujer más rica del Gobierno con su patrimonio declarado de 14,5 millones de euros. “Hartazgo” en el Ministerio Wert y Gomendio han intentado llevar con discreción los preparativos de su boda, muy distinto de lo que fue su relación en sus inicios, a tenor de lo publicado por algunos medios, que recogieron el “hartazgo” en el Ministerio por las “interferencias en lo laboral” del noviazgo. Según esas informaciones, Gomendio empezó a robar terreno al secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y a la directora de Comunicación del Ministerio, Margarita Mayoral, quien terminó dando un portazo y se marchó, harta de las injerencias de la prometida del ministro. La relación amorosa provocó, según fuentes citadas en esas informaciones, un ambiente enrarecido en el Ministerio y momentos de embarazo, como cuando los funcionarios eran testigos, “con perplejidad” de cómo el ministro y su número dos se “encerraban a cal y canto” en algún despacho o se exhibían “haciendo manitas por los reservados de algunos restaurantes”.

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En todo este tiempo se han ido conociendo detalles de la pareja, como la problemática ruptura de Gomendio con su marido, Eduardo Roldán, tras más de 20 años de relación; un duro litigio dado el abultado patrimonio de la secretaria de Estado. Por su parte, Wert venía de una relación de seis años con la periodista Edurne Uriarte, colaboradora de ABC y Los Desayunos de TVE. Críticas de los artistas y del sector educativo Wert y Gomendio han vivido su amor en medio de un rechazo generalizado a las polémicas decisiones tomadas por su Ministerio, tanto en el mundo estudiantil como en el cultural. El ministro no es querido por los artistas del cine, que le reprocharon su desplante en la gala de los Goya de 2014, ni por los estudiantes y profesores, que han organizado huelgas y movilizaciones contra los recortes en becas, la subida de tasas o el 3+2, que encarecerá las carreras al recortar grados e imponer caros másteres. Gomendio, contra el sistema igualitario Por la comunión de ideas que han mostrado Wert y Gomendio podría decirse que están hechos el uno para el otro. La secretaria de Estado ha defendido con vehemencia los recortes y la polémica reforma educativa impulsados por el Ministerio y ha criticado el modelo educativo actual, con una de las mayores tasas de acceso a la universidad de toda la Unión Europea y una de las tasas más bajas de matrícula e impuestos bajos, según ha dicho. “Es un sistema que no es sostenible y, por lo tanto, tendremos en algún momento que iniciar el debate sobre qué tipo de sistema queremos”, advirtió la multimillonaria Gomendio. La secretaria de Estado de Educación, que ya tiene un puesto asegurado tras su salida del Gobierno en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como directora adjunta de Educación, ha propuesto, además, que la Universidad evolucione de un sistema de becas hacia otro de préstamos, y que la financiación universitaria tenga un componente privado mayor. Gomendio criticó el actual sistema de becas donde los estudiantes reciben unas cuantías importantes de dinero que no tienen que devolver y defendió que se vaya a un sistema de préstamos http://www.elplural.com/2015/07/11/wert-se-casa-con-gomendio-ante-rajoy-y-el-gobierno-y-todos-juntos-en-una-finca-ilegal/ 21. INDIGNACIÓN EN RTVE POR LA “ENTREVISTA PROMOCIONAL” A CARLOS HERRERA Carlos Herrera ha sido el invitado estrella de Los desayunos de TVE este viernes. El hecho de que la cadena pública de televisión ofreciera al conductor de las mañanas en la Cope esta tribuna para promocionar un espacio que es competencia directa de la radio pública ha causado estupor en medios profesionales. Así, Maurizio Carlotti, vicepresidente de Atresmedia, escribía en su cuenta de Twitter: "¡Qué bonito! @La1_tve, editora de Radio Nacional de España, entrevistando a @carlosherreracr nuevo locutor de @cope_es Tierno e imparcial". Y añadía: "Impresionado por la 'fair competición' de corte exquisitamente british de TVE con la @cope_es. Que haga lo mismo con @OndaCero_es y @La_SER" . Mientras, las redacciones de Radio Nacional y TVE se llenaban de comentarios indignados con la entrevista: "Impresentable. Nos impiden a los profesionales hacer buena rtv pública y publicitan a la emisora de los obispos" o "Mucha sorpresa e indignación entre los trabajadores de TVE por la entrevista de @losdesayunos al periodista de Cope Carlos Herrera". Otros periodistas se refugiaban en el sarcasmo al escribir que "Los desayunos de TVE entrevista a Carlos Herrera, fichaje estrella de la Cope, competencia de RNE. Hará lo mismo con la SER?". Trabajadores de RTVE destacaban el hecho de que desde la cuenta de Twitter de la emisora se estuvieran comentando los titulares de su nuevo fichaje, al tiempo que

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enlazaban por streaming para que los espectadores de las redes sociales pudiesen ver la intervención del próximo conductor de las mañanas en la emisora. Comunicado de los Consejos de Informativos Por su parte, los Consejos de Informativos de RNE y TVE han hecho público un comunicado en el muestran "su estupor" y demandan a la dirección de la emisora una defensa pública de RNE. Esto es el texto completo: "Los Consejos de Informativos de TVE y RNE manifiestan su estupor ante la entrevista realizada esta mañana en Los Desayunos de Televisión Española al periodista Carlos Herrera. Consideramos que está absolutamente injustificada y no entendemos cómo RTVE puede ceder uno de sus espacios de mayor audiencia para dar publicidad a una emisora de radio que es competencia directa de RNE (y más cuando la emisora pública no está, precisamente, en sus mejores cotas de audiencia). Entendemos que al entrevistado le avala una trayectoria profesional suficiente, pero criticamos lo que consideramos un desprecio por parte de la dirección de TVE y, a su vez, exigimos a la de RNE una defensa pública de Radio Nacional de España en un momento en el que se cuestiona su independencia. De nuestra credibilidad y nuestra audiencia depende el futuro de esta casa". http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/07/17/indignacion_rtve_por_quot_entrevista_promocional_quot_carlos_herrera_35559_1027.html 21BIS. LA PREOCUPACIÓN POR LA INDEPENDENCIA DE TVE TRASPASA FRONTERAS El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) ve "intencionalidad política" en el cambio legislativo promovido por el PP para permitir la elección del presidente de RTVE sin consenso El IPI considera "preocupante que la concesión [de seis nuevas frecuencias de televisión] esté vinculada tan claramente al calendario electoral" El Instituto Internacional de la Prensa (IPI por sus siglas en inglés) critica en su último informe el cambio legislativo que hizo en 2012 el Gobierno de Rajoy para elegir por mayoría simple al presidente de RTVE. "La intencionalidad política tras la modificación estaba clara", explica Stephen Whittle, miembro de esta organización y ex director de Política Editorial en la BBC. Según Whittle, "Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, explicó que ese cambio se tuvo que llevar a cabo dado que la información que RTVE estaba proporcionando era 'claramente en contra del Gobierno'". Para el IPI, el nuevo sistema de elección "sienta un precedente peligroso", entre otras cosas porque "los decretos ley que invalidan leyes ya existentes deberían ser usados solo en casos de urgencia, no para alterar un principio fundamental del buen gobierno de la corporación pública". El IPI –que es desde 1950 una institución formada por periodistas, editores y ejecutivos de la comunicación de 120 países dedicados a la protección de la libertad de prensa– ha recogido este y otros comentarios en un informe elaborado tras su visita a España el pasado diciembre para analizar cómo se ejerce aquí la libertad de información. Como conclusión de su experiencia, el IPI "remarca las preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad en RTVE ", que "crecen a medida que el país se adentra en un año crítico por las elecciones". El PSOE se compromete a recuperar la anterior ley La delegación del IPI se reunió con la Comisión Mixta que supervisa a RTVE. "La derecha niega que haya un problema o que la libertad de expresión esté bajo amenaza; la izquierda ve los mismos hechos pero extrae la conclusión opuesta", sugiere el informe. En reuniones posteriores con los partidos, el PSOE se comprometió ante los miembros del IPI a recuperar la anterior ley que regulaba el nombramiento del presidente de RTVE, y aseguró también que "recomendaría los candidatos usando un sistema de convocatoria pública con un proceso de selección llevado a cabo por una comisión independiente antes de proponerlos al Congreso".

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"Desde el PP no surgió ningún compromiso parecido", confiesa Stephen Whittle, aunque "estuvieron de acuerdo con que podría ser beneficioso un intercambio de visitas entre RTVE y la BBC en el periodo anterior a las elecciones y compartir experiencias en la cobertura de campañas muy reñidas". El informe se refiere también a que el nuevo presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, "ha alardeado de su afiliación al PP". Y es más, le señala directamente como "supervisor" de un proceso "a través del cual conocidos simpatizantes del Gobierno han sido incoporados a la sala de prensa y en la elaboración de artículos clave". Precisamente por la deriva del enfoque informativo y los casos objetivos de manipulación, el IPI anima a que la radio y televisión públicas expliquen a los ciudadanos el porqué de sus decisiones editoriales: "Un canal público debe dar ejemplo sobre los asuntos de los que informa, cómo y por qué", subraya el informe. Echa en falta un organismo independiente de supervisión La delegación del IPI se fue de España con la impresión de que es necesario crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para garantizar los derechos y obligaciones de las empresas de la comunicación. "Otros países europeos ven el valor de tener un organismo independiente (...) que puede trabajar con flexibilidad y rapidez; tener credibilidad y estabilidad ya que están aislados de las influencias políticas". Además, añade el informe, "nos preocupó saber que se iba a conceder seis nuevas licencias de televisión digital en noviembre, justo un mes antes de las elecciones nacionales". Desde el IPI ven "inusual que eseas licencias sean concedidas directamente por el Gobierno en lugar de ser concedidas por un organismo regulador independiente" y advierten que "es incluso más preocupante que la concesión esté vinculada tan claramente al calendario electoral y que deje al Gobierno la posibilidad de premiar a los propietarios de los medios por su servicio político". http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/07/30/el_ipi_quot_intencionalidad_politica_quot_eleccion_del_presidente_rtve_sin_consenso_que_promovio_pp_36086_1027.html 22. C.A.BALEARES. JOSÉ RAMÓN BAUZÁ DIMITE COMO PRESIDENTE DEL PP BALEAR José Ramón Bauzá, presidente del PP de Baleares desde septiembre de 2009, presentó este viernes su dimisión como anunció que haría hace unas semanas, tal como explicó en una carta remitida al partido. En la misiva, el también expresidente del Govern manifestó el "orgullo y honor que ha representado para él ser el presidente de la formación durante el periodo que ha asumido esta responsabilidad". Bauzá explica que dimite "entendiendo que da por cumplido su compromiso adquirido" en el Comité de Dirección, celebrado el 25 de junio de 2015, en el sentido de que haría efectiva su dimisión tras presentarse un candidato que "cumpliendo los requisitos acordados en la citada reunión, quisiera optar a la presidencia". http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/17/jose_ramon_bauza_dimite_como_presidente_del_balear_35549_1012.html 23. C.A.CASTILLA LA MANCHA. LOS VÍNCULOS ENTRE LOS NEGOCIOS DEL MARIDO DE COSPEDAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO NUCLEAR Según informa la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha colocado a la institución que preside en una difícil situación de falta de credibilidad. “Su trayectoria profesional y personal lo deslegitiman como servidor público independiente”, han denunciado. En estos momentos, la empresa pública Enresa, responsable de construir el ATC, está en las primeras fases para licitar el servicio para la caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la Instalación Nuclear y complemento del análisis

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hidrogeológico en el ATC. Una concesión que tendrá un importe de unos 1.174.552,50 millones de euros (IVA no incluido) y cuyas ofertas se pueden presentar hasta el 18 de agosto, con un periodo de ejecución de 8 meses. Este estudio, que implica sondeos de hasta 200 metros, es la respuesta de Enresa a la petición de información adicional del CSN ante sus dudas sobre los terrenos. Pero según ha explicado, el emplazamiento "tiene al menos tres problemas": el primero de ellos, la presencia de un acuífero "muy superficial y muy dinámico" que supone un "peligro de inundación" en la zona y de "extensión de la contaminación", en caso de producirse un escape en el almacén; el segundo, el hecho de que es un terreno "yesífero" en el que se pueden producir oquedades; y, en tercer lugar, la presencia de "arcillas expansivas" que, con la lluvia, aumentan de volumen y modifican el terreno. Además, según indican también, este miércoles estaba prevista la reunión entre el Ministro de Industria, José Manuel Soria y el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En el orden del día figuraba el ATC, pero Soria, de forma unilateral, ha aplazado la reunión hasta septiembre. De esta manera, Soria desprecia las pretensiones de los castellano-manchegos, puesto que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, elegido por las urnas, ha expresado su rechazo a que se instale en su territorio el ATC. Para este colectivo, en caso de que se apruebe el informe que daría luz verde a la ubicación del ATC en Villar de Cañas, llevaría aparejado un enorme descrédito del organismo público, quedando su presunta neutralidad por los suelos. Y señalan como principal responsable de la caída de credibilidad del CSN a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen. Martí y sus negocios con López del Hierro Sobre Martí, hay varios hechos que establecen dudas sobre su imparcialidad para evaluar la idoneidad del ATC. El primero de ellos es que Martí firmó en diciembre de 2011, como Secretario de Estado de Industria, la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC. Por tanto, no parece adecuado que sea a la vez juez y parte. El otro hecho destacable es que Comfia-CCOO interpuso en abril de 2014 una querella a varios directivos de Liberbank, entre los cuales se encuentran Fernando Martí, e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, por cobrar del banco asturiano sin mediar contrato. No hay que olvidar que la empresa de López del Hierro (Iberinco), ha recibido de Enresa varios contratos relacionados con el ATC, directamente o de forma participada, por valor de más de 34 millones de Euros, durante la presidencia de Gil-Ortega, hombre de confianza de Cospedal. Por otro lado, Liberbank es propietario de Banco CCM. Este banco, fruto de la reconversión de la Caja Castilla-La Mancha, tuvo en su directiva a López del Hierro antes de su intervención por el Banco de España. En todo este entramado, tampoco se pude obviar que el presidente del Liberbank, Manuel Menéndez, lo es a su vez de "HC Energía", importante compañía eléctrica y gasística que posee numerosas centrales hidroeléctricas y una participación del 15,5% en la central nuclear de Trillo. http://www.periodicoclm.es/articulo/politica/vinculos-negocios-marido-cospedal-y-construccion-cementerio-nuclear/20150722172239002437.html 24. C.A.CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL LOGRA SU OBJETIVO: CONTROLARÁ LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE (SUS) DATOS Y uno de sus hombres, Arturo García-Tizón, será el encargado de dar el visto bueno en la Comisión Constitucional del Congreso

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Lo advertimos el pasado mes de junio: María Dolores Cospedal estaba maniobrando para colocar a una persona de su máxima confianza al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Dicho y hecho. El Consejo de Ministros comunicaba este viernes al Congreso de los Diputados su propuesta de nombramiento de Mar España Martí, vocal del Consejo Consultivo de la AEPD, como nueva directora de este organismo. ¿Quién es Mar España? Fácil: una de las colaboradoras más fieles y serviles que ha tenido Cospedal estos últimos cuatro años en su Gobierno de Castilla-La Mancha, donde ha ocupado la secretaría general y viceconsejería en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, respectivamente. Ahora, entre otras cosas, se “ocupará” de que la intimidad de su jefa de filas no sea publicitada por ningún medio de comunicación y que los tejemanejes dinerarios, inmobiliarios y de otros negocios de la secretaria general del PP permanezcan el tiempo más posible en el anonimato, a pesar de ser la político española que más veces ha tenido que corregir su obligada declaración de bienes y patrimonio, bien por “olvidar” importantes propiedades inmobiliarias; bien por no dar a conocer todos sus ingresos. ¿Por qué quiere Cospedal controlar la AEPD? ELPLURAL.COM recordaba en su información del pasado junio que la Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Decíamos que garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, decide lo que pertenece al ámbito personal y lo que se puede o no publicar de los datos correspondientes a una persona. Aún es más, la que será directora dentro de unos días tendrá, entre otras competencias, la capacidad de resolver las inscripciones que deban practicarse en el Registro General de Protección de Datos, la procedencia o improcedencia de la denegación, total o parcial, del acceso a los ficheros policiales o tributarios automatizados, recabar de las distintas Administraciones Públicas la información necesaria e iniciar, impulsar la instrucción y resolver los expedientes sancionadores. O lo que es lo mismo, juez y parte en todo lo referente a “la intimidad” administrativa de las personas, incluida, cómo no, Cospedal, que con su “amiguita del alma” llevando las riendas del organismo podrá descansar más tranquila en su lujoso y millonario cigarral toledano, causa supuesta, por cierto, de los deseos de la neocon por hacerse con el control de la agencia. Cospedal utilizó la AEPD contra ELPLURAL.COM Una agencia, como no podía ser de otra forma, relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que Cospedal ha utilizado en varias ocasiones para proteger su “intimidad” dineraria y patrimonial. Tanto es así, que denunció a ELPLURAL.COM ante la AEPD porque publicamos la nota simple de su mansión-búnker valorada en 2,3 millones de euros, construida sobre un terreno de 12.000 metros cuadrados que, una vez más, “olvidó” registrar en su declaración de bienes. La agencia nos dio la razón a través de una amplia sentencia donde recriminaba a María Dolores Cospedal su argumentario y exceso de celo, al mismo tiempo que le recordaba su condición de persona pública sujeta a una mayor transparencia que el resto de los ciudadanos (Ver sentencia del 30-06-2014). Pronunciamiento que tal vez no hubiera sido posible de estar al frente de este organismo la amiga y compañera de Cospedal, que si el Congreso de los Diputados no lo impide dirigirá en breve. En manos de García-Tizón y del PP Y no lo impedirá por dos básicas razones. La primera y más importante es que el Partido Popular cuenta con una amplia mayoría absoluta en el pleno del Congreso de los Diputados y en la totalidad de las comisiones parlamentarias, como la Comisión Constitucional que preside Arturo García-Tizón, uno de los hombres de la máxima confianza de Cospedal y hasta hace unos días presidente de la Diputación de Toledo, “expulsado” de la presidencia de esta institución por Ciudadanos, partido que descartó la idoneidad de García-Tizón para seguir al frente de la corporación provincial, no así de esta importante comisión, encargada de dar el visto bueno al nombramiento de Mar España como directora de la Agencia de Protección de (sus) Datos. El resultado ya lo sabemos todos. ¿Gobierno, o una agencia de colocación de Cospedal?

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Pero Mar España no será el único exalto cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que aterrice en el Gobierno de Mariano Rajoy, convertido, según la oposición socialista, en “una agencia de colocación de Cospedal”, como lo prueba la recolocación en la Secretaría de Estado de Educación del exconsejero de Educación del Ejecutivo castellano-manchego, Marcial Marín, que desde el más profundo desconocimiento dirigió durante cuatro años la docencia castellano-manchega con un resultado considerado por los sindicatos de nefasto, a la vez que catalogan como “un insulto a la comunidad docente” el nombramiento de Marín, “el gran recortador y benefactor de la enseñanza privada”. Un tanto de lo mismo sucede con la nueva directora general del Ministerio de Trabajo, Carmen Casero, hasta hace unas semanas consejera del ramo con Cospedal, puesto al que accedió desde su humilde concejalía de la localidad de Tomelloso. El balance de Casero no puede ser más triste: Más paro, menos protección y menos planes de empleo. Pero estos contrastados antecedentes parecen no haber influido en Rajoy, más preocupado en consentir parcelas de poder de Cospedal en su Gobierno para contrarrestar la pérdida de decisión de ésta en la dirección del partido, cuya función es, hoy por hoy, más testimonial que efectiva. http://www.elplural.com/2015/07/19/cospedal-logra-su-objetivo-controlara-la-agencia-de-proteccion-de-sus-datos/ 25. C.A.CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL SE LIMITA A CONDENAR LAS PALABRAS DEL ALCALDE DE VILLARES DEL SAZ PERO NO LE EXIGE QUE DIMITA "No se puede insultar a las mujeres que estamos en política por el hecho de ser mujeres", dice la presidenta del PP regional El Comité de Derechos y Garantías del partido abre un expediente al regidor que llamó "puta barata podemita" a una dirigente socialista La presidenta regional del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, condenó este lunes las declaraciones del alcalde del municipio conquense de Villares del Saz, José Luis Valladolid, que llamó "puta barata podemita" a la portavoz de los socialistas castellano manchegos. No obstante, Cospedal no exigió su dimisión. "No se puede insultar a las mujeres que estamos en política por el hecho de ser mujeres", dijo Cospedal tras un acto celebrado en Guadalajara, y recordó que ella misma había sufrido muchas veces "ese tipo de insultos por el único hecho de ser mujer". "No vamos a consentir que a ninguna mujer que esté en política, sea del partido que sea, se la critique por el hecho de ser mujer o vapulee". Cospedal recordó que, pese a las disculpas del alcalde, "está reunido el Comité de Derechos y Garantías del PP y se le impondrá la sanción correspondiente". "Desde el PP de Castilla-La Mancha hemos dicho alto y claro que condenamos y reprobamos este tipo de declaraciones", apostilló. La presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos, suscribió las palabras de Cospedal. Javier Maroto, vicesecretario Sectorial del PP, avanzó en la mañana del lunes que el partido ya había abierto un expediente a José Luis Valladolid, que se niega a dimitir porque tiene que defender a su pueblo "hasta siempre". http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/20/cospedal_condena_las_palabras_del_alcalde_villares_del_saz_pero_pide_que_dimita_35666_1012.html 26. C.MADRID. CIFUENTES PRESIDIÓ EL TRIBUNAL QUE HIZO FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA DE MADRID A LA NOVIA DE SU HERMANO Cristina Cifuentes firmó el acuerdo que resolvía la oposición el 20 de diciembre de 2002 Su hermano Santiago y Eva María González Molina, que sacó una de las 17 plazas para trabajar en la Asamblea, se casaron el 3 de julio de 2004

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"En aquel momento no eran novios formales y Cifuentes no podía imaginar que se convertiría en su cuñada", defiende una portavoz de la presidenta madrileña En 2002, Cristina Cifuentes era secretaria de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Un puesto que le llevó a presidir el tribunal calificador que decidió la oposición convocada por la Asamblea madrileña para la cobertura de 34 plazas del cuerpo de administrativos. Entre las opositoras figuraba Eva María González Molina, que en aquel momento era novia de Santiago Cifuentes, uno de los hermanos de la política del PP. Cristina Cifuentes no se abstuvo y tampoco informó al resto de miembros del tribunal de dicha circunstancia, según ha podido comprobar infoLibre. González Molina aprobó la oposición y entró a trabajar en la Asamblea. Año y medio después se convirtió en cuñada de Cristina Cifuentes. La convocatoria de aquellas oposiciones se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 9 de abril de 2002. De las 34 plazas convocadas, 17 se reservaron para promoción interna y las otras 17 se sacaron para opositores por el turno libre. La actual cuñada de Cifuentes se presentó al turno libre. Las pruebas selectivas constaron de tres ejercicios. Eva María González Molina quedó en cuarto lugar entre todos los aspirantes y obtuvo por tanto la plaza de funcionaria. En las bases de la convocatoria se especifica que la actuación del tribunal calificador deberá atenerse a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo 28 de dicha norma establece las normas de abstención y recusación. Entre los motivos de abstención figuran, entre otros, "tener parentesco de afinidad dentro del segundo grado" o "tener amistad íntima" con cualquiera de los interesados. El cuerdo del tribunal calificador fue firmado por Cristina Cifuentes, en su calidad de presidenta de dicho órgano, el 20 de diciembre de 2002. Y se publicó en el BOCM el 12 de febrero de 2003. Finalmente, el nombramiento como funcionaria de Eva María González Molina y los otros 16 aspirantes que superaron la oposición por el turno libre se publicó en el BOCM el 10 de abril de 2003. Al año siguiente, González Molina entró a formar parte oficialmente de la familia de la política del PP. Ella y Santiago Cifuentes contrajeron matrimonio el 3 de julio de 2004. La versión oficial infoLibre se puso en contacto con una portavoz de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid para conocer su versión sobre estos hechos. "En aquel momento su hermano Santiago y Eva María no eran ni siquiera novios formales y Cifuentes no podía imaginar que se convertiría en su cuñada", destacó dicha portavoz, quien además puso especial énfasis en negar que entre Cristina Cifuentes y la opositora "existiese entonces amistad de ningún tipo". "Cifuentes tenía siete hermanos y, como es lógico, por aquella casa pasaron muchos novios y novias. Ella no entabló amistad con todos", añadió. La ausencia de amistad entre la presidenta del tribunal y la opositora es lo que explica que a Cifuentes "ni se le pasase por la cabeza la posibilidad de abstenerse", tal y como señala la ley para los supuestos de "amistad íntima". Por el mismo motivo, Cifuentes tampoco consideró necesario comunicar al resto de miembros del tribunal que una de las opositoras tenía relación con su hermano Santiago. "Por supuesto, Cifuentes no hizo nada para que aprobase la oposición aquella chica que ahora es su cuñada, quien por cierto es una persona que trabaja de maravilla como puede atestiguar cualquiera a quien se le pregunte en la Asamblea de Madrid", añadió la portavoz. Además, insistió en que a lo largo de su carrera profesional Cifuentes "estuvo en muchos tribunales y jamás influyó para ayudar o perjudicar a un opositor. Si Eva María González Molina aprobó aquella oposición fue porque se lo merecía".

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Por último, la portavoz de la presidenta madrileña recordó que se trata de una oposición" realizada hace casi 15 años. Los mismos hechos se pueden ver ahora de forma muy diferente a como se hacía entonces". Las reglas de la ética Cristina Cifuentes es ahora la persona con más poder en el PP de Madrid y uno de los valores ascendentes del partido. En su discurso intenta pasar página de la gestión de sus antecesores en la Presidencia de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, marcada por escándalos de corrupción como Gürtel y Púnica. O por la investigación judicial que intenta averiguar de dónde sacó el dinero González para comprarse un ático de lujo en Estepona. En un reciente artículo publicado en El Mundo, Cifuentes proclamaba: "Debemos reflexionar sobre el modelo de Partido Popular que la España del futuro necesita. Un partido honesto en el que no queremos a quienes se corrompen vulnerando las normas de la ley, pero tampoco a quienes se corrompen saltándose las reglas de la ética". El acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos, que permitió a Cifuentes convertirse en presidenta madrileña, también está marcado por las medidas contra la corrupción. Entre ellas se incluye la promesa de separación inmediata de cualquier cargo público que "haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política" o que "haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica". http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/27/cifuentes_presidio_tribunal_que_aprobo_novia_hermano_oposicion_funcionaria_asamblea_madrid_35937_1012.html 26BIS. C.MADRID. CIFUENTES SE CARCAJEA DE C’S: COLOCA A UN IMPUTADO EN EL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS El pacto de investidura con Ciudadanos impide contar con imputados para responsabilidades públicas; el organismo, que decidirá entre cosas sobre Las Ventas, ha contado este año con un presupuesto de casi 1,4 millones de euros El primer punto del acuerdo de investidura de Ciudadanos con Cristina Cifuentes para apoyar su nombramiento como presidenta es tajante sobre las líneas rojas de la legislatura: “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. Este punto era vital para la formación naranja como mensaje de regeneración entre sus bases y votantes ya que muchos no entendieron el apoyo a una formación carcomida por las tramas Púnica y Gürtel en la Comunidad de Madrid. Un organismo que mueve cerca de 1,4 millones anuales El hecho de estar imputado no es sinómimo de culpabilidad, pero el texto es inequívoco y está encaminado a alejar cualquier sombra de sospecha sobre los cargos públicos de la Comunidad de Madrid al excluir a los procesados. Pues bien, la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes no es que no aparte a dirigentes de sus cargos cuando son imputados, es que no tiene inconveniente en promoverlos a responsabilidades públicas a pesar de estarlo ya. Este viernes se ha difundido con profusión que entre los nuevos integrantes del Centro de Asuntos Taurinos del Gobierno regional estará María Dolores de Cospedal y que no cobrará por ello. Pero este Centro no es algo decorativo, este año cuenta con un presupuesto de de 1,38 millones de euros (se puede consultar aquí en la página 32 de los Presupuestos de Presidencia, organismo del que depende el Centro, y donde por cierto se incluye una partida para remunerar a los altos cargos) y entre sus responsabilidades figuran entre otras la de “dirigir la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas”. ¿Un pacto es un pacto? Además de Cospedal, entre los nuevos vocales nombrados para gestionar el dinero público de los madrileños en asuntos taurinos figura el de Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde popular de Colmenar Viejo. Santamaría cuenta con dos curiosidades recientes: fue el alcalde

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que casó a José Ignacio Wert en una finca ilegal y está imputado por un posible delito de prevaricación urbanística. A instancias de una investigación del Fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid, el juzgado de instrucción número tres ha llamado a declarar como imputado el próximo 30 de septiembre a Santamaría junto al resto de la Junta de Gobierno municipal que le secundó en la aprobación de una licencia de obras para construir casas en contra de informes técnicos y jurídicos. ¿Ciudadanos sabe que se están tomando este tipo de medidas en el Gobierno regional dejando en papel mojado su acuerdo de investidura? La formación naranja también ha permitido con su abstención que Santamaría siga siendo alcalde de Colmenar ya que el 24-M no obtuvo mayoría absoluta. http://www.elplural.com/2015/07/31/cifuentes-se-carcajea-de-ciudadanos-coloca-a-un-imputado-en-el-centro-de-asuntos-taurinos/ 27.C.MADRID. CIFUENTES NOMBRA RESPONSABLE DE CULTURA A UN EXPERTO EN MODA Y EXTERTULIANO DE ANA ROSA Jaime de los Santos es el nuevo Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, extertuliano en el programa de Ana Rosa Quintana y asistente personal y de imagen de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Fernández, y de algunas políticas como Soraya Sáenz de Santamaría En su currículum, expuesto en la red social LinkedIn, se deduce que no tiene ningún tipo de experiencia a cargo de la gestión cultural, ya que está más centrado en el mundo de la publicidad y las relaciones públicas La Comunidad de Madrid acaba de nombrar Director General de Promoción Cultural a Jaime de los Santos. Durante la mañana de ayer se estaba rumoreando el tema, con ciertas dosis de incredulidad ante la falta de confirmación oficial. Pero fue el mismo Jaime de los Santos quien se encargó de disipar las dudas por medio de una actualización en su perfil de LinkedIn. De este cargo depende una tupida red de centros y actividades de todo tipo por la Comunidad y cuenta con instituciones de porte como los teatros del Canal, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, la sala de Alcalá 31 o la Sala de Arte Joven de Avda. de América. Estas dos últimas salas están directamente controladas desde la Dirección General y el CA2M tiene su dirección vacante, ya que su hasta ahora director, Ferran Barenblit, ha sido nombrado director del MACBA de Barcelona. Se espera que su reemplazo sea realizado según el Código de Buenas Prácticas. Aunque no se sabe. Así las cosas cabe preguntarse por la personalidad del recién nombrado, dado que es una persona básicamente desconocida en los medios culturales madrileños. No es tan fácil explicarla. Según su propio LinkedIn, Jaime de los Santos (35 años) es licenciado en Historia del Arte por la Complutense de Madrid y participó en unos Cursos en el Prado y del Programa Liderazgo para la Gestión Pública dela IESE Business School - University of Navarra. Su trayectoria profesional, según el mismo LinkedIn, se resume a seis años de actividad en la agencia Replica, encargada de representar publicitariamente a firmas de moda o joyería, por lo general de muy alto standing. Durante más o menos esos años fue profesor asociado en el Instituto Europeo de Diseño (IED) donde enseñaba dentro de Técnicas de Comunicación e Historia del Arte del S. XX, más en concreto Moda. Últimamente era Consejero Técnico (sin definición de competencias) en Moncloa. Este es el CV expuesto por el propio Jaime de los Santos. Como conclusión objetiva, de él se deduce una absoluta inexperiencia en gestión cultural. Tertuliano, 'personal manager', asistente de imagen... Pero la vida de las personas no finaliza en sus currículos y en el caso presente se hace mucho más extensa en internet. Allí puede uno enterarse de que ha sido frecuentemente invitado al programa de Ana Rosa y según numerosos artículos, su función en Presidencia de Gobierno

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vendría a ser la de personal manager de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Fernández. Ya metidos en el cotilleo, se supone que Jaime de los Santos es muy cercano a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a quien también asesoraría en cuestiones de imagen. Hay poco más. La persona encargada de dirigir la cultura contemporánea en la Comunidad de Madrid nunca ha trabajado en ese terreno y no tiene ninguna experiencia en gestión. Como a todo recién nombrado, se le desea lo mejor, que también lo sería para los ciudadanos, pero es lícito preguntarse si Cristina Cifuentes no conoce a nadie entre los 6,5 millones de madrileños que se acercara un poco al perfil que se espera de un alto responsable cultural. Hace apenas unos días una gran parte del sector cultural madrileño pedía a la presidenta de la Comunidad el restablecimiento de la Consejería de Cultura, suprimida cuando su titular, López Viejo, se vio implicado en la trama Gürtel. Igual sí que es necesario. http://www.eldiario.es/cultura/nuevo-responsable-Cultura-CM-experto_0_414709260.html 27BIS. C.MADRID. CIFUENTES NOMBRA ALTO CARGO A UN VIEJO AMIGO QUE ESTUVO EN EL TRIBUNAL QUE LA ‘ASCENDIÓ’ A ELLA La presidenta de Madrid nombra Gerente del Boletín Oficial a un viejo amigo de la Universidad, que después fue vocal en el jurado que aprobó su pase a Técnico de Categoría A de la Administración Este miércoles, el Gabinete de Comunicación de la Comunidad de Madrid hacía pública una serie de decretos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos decía: “Decreto por el que se nombra Gerente del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a don José Francisco Otero Ferrero”. Lo que podría parecer un hecho sin mayor importancia, esconde, sin embargo, una historia reseñable. Amigos en el Tribunal En la edición de ELPLURAL.COM del pasado dos de junio, antes de que se cerrara el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que permite a Cristina Cifuentes presidir la Comunidad de Madrid, publicamos lo que parecían graves irregularidades en su promoción dentro de la función pública. En concreto informábamos cómo dos de los miembros del tribunal que evaluó su ascenso a Técnico de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un cuerpo del Grupo A de la Administración, debieran haberse abstenido en su caso, por mantener una manifiesta relación de amistad con ella. Esas dos personas eran uno, Dionisio Ramos, entonces Gerente General de la UCM, y el otro José Francisco Otero Ferrero, él mismo miembro de la Escala de Técnicos de Gestión. Los dos, como informábamos en el artículo, eran amigos desde la juventud de Cristina Cifuentes, con la que coincidieron a partir de su llegada a la Complutense. Esta relación de amistad, según se recogía en las mismas bases de la oposición, era causa de abstención y recusación: Amigos en la boda Como ejemplo de esa amistad personal, explicábamos cómo Cifuentes y el propio Otero habían sido testigos en la boda de Dionisio Ramos. Una relación que se había mantenido a lo largo del tiempo… En realidad los tres, junto a otro pequeño grupo de personas, formaron un núcleo de miembros del Partido Popular y simpatizantes, que les llevó, por ejemplo, a estar en el equipo de personas que impulsó la candidatura de Gustavo Villapalos. Las carreras de Cifuentes y Otero en la Complutense se puede decir que en gran manera fueron paralelas. Incluso, cuando ambos ingresaron, tras sus estudios, en la escala de funcionarios de la Universidad, lo hicieron en la misma oposición. Entonces, año 1990, como miembros de la Escala de Gestión Universitaria, como lo prueba el resultado publicado en el Boletín correspondiente. Amigos en la Presidencia

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Las carreras profesionales paralelas, como se ve, continúan. Si en 2001 fue Cristina Cifuentes la posible ‘beneficiada’ de su amistad con José Francisco Otero Ferrero, ahora es la presidenta de Madrid la que nombra a su viejo amigo y compañero de Universidad para un alto cargo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid. http://www.elplural.com/2015/07/24/cifuentes-nombra-alto-cargo-a-uno-de-sus-amigos-que-formaba-el-tribunal-que-la-ascendio-como-funcionaria/ 28. C.MADRID. CIFUENTES COLOCA A UN MIEMBRO DEL OPUS AL FRENTE DE LA EDUCACIÓN El nuevo director general de Educación de Madrid, Juanjo Nieto, al frente del dinero para la educación pública ¿cómo lo repartirá dada su pertenencia a 'la obra'? “En el Opus Dei he aprendido a esforzarme por hacer bien mi trabajo, y ahora desde la dirección del centro es lo que intento. Para un cristiano corriente como yo, el trabajo es camino para conseguir la felicidad aquí en la tierra y después en el cielo”. Son palabras de Juan José Nieto (Juanjo Nieto para quienes le rodean) para la revista Opusdei cuando dirigía un instituto en Leganés… El hombre que ahora acaba de ser nombrado director general de Educación de Madrid. Y lo sorprendente es que lo haya sido por alguien que hace profesión personal de laicismo, Cristina Cifuentes. El Opus Dei y la repercusión en el trabajo diario En aquella entrevista Juanjo Nieto no dejaba lugar a dudas sobre su pertenencia a ‘la obra’.., y cómo su creencia la lleva a su trabajo diario. “El Opus Dei me ayuda a vivir una vida cristiana seria y esto repercute claramente en mi trabajo”, decía el ahora director general de Educación de la CAM. La misma en la que reconocía que en sus relaciones personales “hay muchas situaciones en las que sólo nos queda rezar e intento que cuenten con mi oración y mi cercanía”. La cuestión está en cómo aplicará esta filosofía quien ahora, como director general, va a tener que priorizar el dinero público, unos 4.300 millones de euros nada menos, que tiene la Consejería de Educación de Madrid (como el estado, una Comunidad, lógicamente aconfesional) ¿Cuáles serán sus prioridades en ese reparto dada su ferviente pertenencia a una secta del cristianismo? ¿Qué opinión tendrán, por ejemplo, los pocos colegios laicos concertados que hay en la Comunidad de Madrid? El nombramiento de este segundo nivel del poder en Madrid, que se encuentra generalmente más fácilmente fuera del foco de los medios, no deja de ser significativo, porque es el director general el que canaliza los proyecto. Cifuentes laica, Cifuentes religiosa… Un salto sin problemas entre las dos Especialmente difícil de entender es el nombramiento cuando se tiene en cuenta que Cristina Cifuentes ha hecho su perfil político diferenciado dentro del PP, por sus opciones personales. Una de ellas, sin duda, había sido el laicismo. Incluso, en el último congreso de Sevilla presentó una propuesta para que su partido excluyera su condición de “partido cristiano”, entre sus valores. Que para hacer “del PP un partido mejor”, se separara política y religión. Y durante la reciente campaña electoral, no pocos medios recordaron esta característica como uno de sus valores como representante del ‘nuevo PP’. Quizás se entiende mejor su decisión si se recupera también una entrevista que, precisamente durante la pasada campaña, hizo Cifuentes en el programa El gato al agua, donde reconoció que “soy agnóstica, pues sí, pero yo a mis hijos les he educado en un colegio religioso y me siento muy satisfecha de la educación que han recibido… Entiendo que ese tipo de cosas entran dentro del ámbito de lo personal y de las elecciones personales”. En concreto, sus hijos fueron a un colegio regido por ‘Los legionarios de Cristo”.

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Lo que puede cuestionarse ahora es si esa frontera entre lo personal y lo público la ha cruzado la presidenta de Madrid al poner frente a la Educación a alguien que reconoce que “considero mi trabajo como un servicio a toda la comunidad educativa y por supuesto a Dios”. Por cierto, para preocuparse aún más, la viceconsejera de Educación, la jefa de Juanjo Nieto, es una vez más Carmen González. Una mujer que ya como viceconsejera de Educación no Universitaria, Juventud y Deportes, cuando Aguirre presidía Madrid, no tuvo problemas en defender “el derecho a la ignorancia” de los jóvenes inmigrantes (“un alumno que ha cruzado en patera no ha venio a estudiar 3º de ESO”) y gitanos (el niño (gitano) lo que quiere es ir con su padre en la ‘fregoneta’ al mercado a vender fruta”). Declaraciones que fueron calificadas de filofascistas.., y por las que se vio obligada a pedir perdón. Un perdón que,a lo que se ve, le ha sido concedido por la gracia de Cifuentes. http://www.elplural.com/2015/07/20/cifuentes-coloca-a-un-zorro-para-cuidar-las-gallinas-un-miembro-del-opus-al-frente-de-la-educacion/ 28BIS. C.MADRID. EL JUEZ ARCHIVA EL CASO SOBRE EL INCIDENTE DE TRÁFICO DE AGUIRRE La política no va a ser juzgada por los cambios introducidos con el nuevo Código Penal El juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha acordado el archivo y el sobreseimiento del juicio sobre la falta de tráfico que la presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, cometió en julio del año pasado, al entender que ya no puede ser juzgada por los cambios introducidos con la aprobación del nuevo Código Penal. La decisión del juez Ángel Luis Ortiz González “deja sin efecto el señalamiento del juicio de faltas [contra Aguirre] previsto para el próximo 6 de octubre”, según se lee en el auto. La reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, prevé que ciertos tipos de faltas pasen a tramitarse como delitos leves y otros como sanciones administrativas, como en el caso de la presidenta del PP madrileño. El juez subraya en su auto que la Ley Orgánica 1/2015 despenalizó la falta de desobediencia del antiguo artículo 634 del Código Penal. Menciona también un informe del pasado jueves en el que el Ministerio Fiscal indicó que “no se opone” al archivo del juicio “al haber quedado despenalizada la falta” contemplada en el artículo en cuestión. El magistrado cita en su auto también a la Audiencia provincial de Madrid, que se pronunció dos veces sobre el caso de Aguirre. El pasado 4 de mayo, ordenó la tramitación del accidente como juicio de faltas, reservado para las infracciones penales más leves, en contra de la decisión anterior del juez instructor, Carlos Valle, que había decidido archivarlo. En esta última resolución, la Sección Sexta de la Audiencia aclaró que los hechos podrían “constituir la base objetiva de una infracción penal-desobediencia” y que la única opción que cabía en el procedimiento era “la continuación por los tramites del juicio de falta”. Teniendo en cuenta estas premisas, el juez entiende que "el posible ilícito penal que podría haber cometido Esperanza Aguirre" es el de "una desobediencia leve", es decir, una falta prevista en el artículo 634 del Código Penal. Por ello, procede al archivo del juicio ya que “ni siquiera es posible tras la celebración de un juicio de faltas hacer un pronunciamiento sobre las responsabilidades civiles”. Para motivar su decisión, el magistrado se apoya en una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en abril de 2008 “declaró que la infracción penal de desobediencia carece por definición de un perjudicado concreto”. El magistrado subraya también que el mismo auto de la Audiencia Provincial especifica que Antonio Rafael Alarcón, uno de los dos agentes de movilidad involucrados en accidente, “no tenía ningún signo objetivo de lesión alguna”, lo cual impide que el juicio pueda continuar "por una posible falta de lesiones y limita por ello su objeto, tal y como se ha indicado en una posible falta de desobediencia leve”.

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El auto, por fin, menciona una circular de Fiscal General del Estado del pasado 22 de junio que define como “deseable” por “razones de economía procesal y para evitar molestías innecesarias a los testigos” en causas “seguidas exclusivamente por hechos despenalizados […], solicitar el sobreseimiento libre retirando la acusación sin esperar al juicio oral”. El incidente de tráfico onbjeto del juicio ocurrió el 3 de abril de 2014 cuando dos agentes de movilidad quisieron imponer una multa a Aguirre, que había parado su coche en el carril bus de la Gran Vía —en el corazón de Madrid— para sacar dinero de un cajero. Los agentes que denunciaron a Aguirre señalaron que la política les dio parte de la documentación que le habían solicitado y tras haber entrado el coche para recoger el resto arrancó el vehículo y derribó una de las motos. La presidenta del PP madrileño, sin embargo, mantuvo que ya había entregado todo los papeles necesarios. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/30/madrid/1438247892_512440.html 29. C.A.MADRID. AGUIRRE VE UN "DISPARATE" ELIMINAR EL CALLEJERO FRANQUISTA DE MADRID La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, considera "un disparate" la propuesta de eliminar los nombres franquistas de las calles de la capital que anunció esta misma semana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en cumplimiento la Ley de Memoria Histórica. Aguirre ya ha avanzado que el PP se opondrá si sale adelante la propuesta. "A mí me parece que todo eso que se ha dicho es un disparate, pero la propia alcaldesa ayer dijo que eso no sería así", indicó Aguirre preguntada por la eliminación del callejero franquista de la capital. En ese sentido Carmena no ha dicho que vaya a dar marcha atráss Aguirre, que ha sostenido que para ella "lo importante" es que se haga lo que los ciudadanos quieren que coloquen como prioritario, ha añadido que, además, hay algunos de los nombres que se quieren suprimir, como Santiago Bernabéu, Manolete o Concha Espina, es algo "absolutamente disparatado". Pero Carmena tampoco ha dicho eso. No obstante, ha insistido en que la alcaldesa lo negó y "es un papel que circula por ahí", al que espera que se haga caso. Si lo hacen, ha avanzado que ellos se opondrán. Concepción Dancausa: "La historia es la que es" La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, también ha expresado este viernes su rechazo a la medida: dice que le parece un "error" ya que cree que no hay que "ignorar lo que ha pasado". "Si no aprendemos de lo que ha pasado, volvemos a caer en los mismos errores", ha señalado. Dancausa ha recalcado que "la historia es la que es y no se puede cambiar". Así, ha señalado que la historia española ha tenido "periodos extraordinarios y periodos probablemente más oscuros, pero ignorar lo que ha pasado, ignorar los símbolos o tratar de borrarlos es un error". http://www.publico.es/espana/aguirre-ve-disparate-eliminar-callejero.html 30. C.MADRID. EL PADRE DE DANCAUSA FUE UN FALANGISTA QUE SE OPUSO A LA TRANSICIÓN ¿Será por eso que la delegada del Gobierno en Madrid no quiere retirar los nombres de franquistas de las calles? La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, consideró un “error” cambiar los nombres de algunas calles de Madrid que recuerdan a personajes relacionados con el franquismo, como propuso el nuevo Ayuntamiento de la capital. Una postura que podría estar justificada por el pasado falangista de su padre, quien llegó a ocupar cargos institucionales

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durante la dictadura. Fue, además, fundador de la Fundación Francisco Franco, que tiene como objetivo difundir el conocimiento de su figura. Intolerante con la Unión General de Trabajadores Fernando Dancausa de Miguel, ya fallecido, ocupó la Alcaldía de la ciudad de Burgos entre 1965 y 1973. Según puede leerse en la Wikipedia, Fernando Dancausa suscribió en 1976 “El escrito de los 126″ que denunciaba la tolerancia hacia la Unión General de Trabajadores. En ese escrito se identificaba así mismo como “falangista”. Se opuso a la Transición José Utrera Molina, entonces gobernador de la provincia de Burgos, le nombró director general de la Vivienda y, posteriormente fue designado subsecretario del Ministerio de la Vivienda de España. Procurador en las Cortes durante varias legislaturas, entre 1960 hasta 1977, fue uno de los 13 procuradores que el 18 de noviembre de 1976 se abstuvieron en la votación de la Ley para la Reforma Política que dio paso a la Transición. http://www.elplural.com/2015/07/11/de-tal-palo-tal-astilla-el-padre-de-dancausa-fue-un-falangista-que-se-opuso-a-la-transicion/ 31.BIS. C.A.MADRID. IMPUTADOS DEL 'CASO ESPÍAS' RECUSAN A LA JUEZ POR AMISTAD CON GRANADOS Tres de los seis imputados en el caso del espionaje político ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre y financiado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid han presentado escrito de recusación ante la Audiencia Provincial contra la juez Carmen Valcarce, que instruye esta causa desde hace seis años y ha intentado archivarla en tres ocasiones. Los imputados justifican la recusación en la supuesta amistad de la juez con Francisco Granados, exconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, y en la falta de imparcialidad de la instructora en este proceso. Entre abril y mayo de 2008, asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid siguieron supuestamente desde la mañana a la noche al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Ambos eran adversarios de Esperanza Aguirre en la lucha por el poder dentro del PP tras la segunda derrota electoral consecutiva de Mariano Rajoy. Los asesores de seguridad, según la investigación judicial y los testimonios de algunos implicados, habrían recibido la orden de seguir a estos políticos de su inmediato superior, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, a quien había fichado personalmente para el cargo Esperanza Aguirre. Los tres imputados que han recusado a la juez, los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, y el empleado autonómico José Manuel Pinto niegan haber realizado los seguimientos que les ordenaron. El abogado Ramón González Bosch, que defiende a los tres imputados, fundamenta la recusación en el contenido del sumario de la Operación Púnica, que incluye conversaciones grabadas a Francisco Granados, que fue consejero de Justicia e Interior y jefe político de los implicados en el caso del espionaje. En esas conversaciones, Granados comenta con políticos, periodistas y amigos, su citación en el juzgado para que declare como testigo en el caso. El abogado de los imputados recuerda que en una de las conversaciones que mantiene Granados con José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro y exdiputado autonómico, el ex consejero comenta que la citación no le preocupa: "Esas cosas las hace [la juez] para archivar". Unas semanas después de interrogar a Granados, en septiembre de 2014, la juez

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archivo por tercera vez la causa aunque la Audiencia Provincial corrigió a la instructora y la obligó a continuar con el procedimiento. El abogado de los imputados cita en su escrito de recusación algunos diálogos de Granados en los que apunta un trato de favor hacia él de la juez instructora del caso. Conversación con su mujer: "Le dije a la jueza que se cortara un poco". Granados habla con su esposa Nieves Alarcón, momentos después de terminar su declaración ante la juez Carmen Valcarce. "La jueza se ha acercado a mí en el pasillo antes de tomarme declaración. Delante de los ocho abogados personados en la causa ha dicho: "Paco Granados ha sido el mejor consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid" y me ha dicho que allí me tenía para lo que quisiera y que allí estaba para servirme. Yo le dije que se cortara un poco delante de esas personas". La juez rechaza grabar la declaración. Granados habla con una excolaboradora y le cuenta su experiencia en el juzgado. "He hablado con la jueza de la despedida de José Luis Sánchez Armengol [antiguo decano de los juzgados de Plaza de Castilla]. La jueza me recomendó que mi abogado pidiera que no se grabara la declaración y que ella lo apoyaría". Y así se hizo. Esperanza Aguirre llama a Granados. No hay transcripción. El abogado de los imputados recuerda que horas después de hacerse pública la citación de Granados por el caso del espionaje, éste recibe una llamada de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero en el sumario del caso Púnica no aparece el contenido de esa conversación, tan sólo una frase: "Hablan sobre varios temas, sin ser ninguno de interés para la investigación". El abogado de los imputados reclama a la Audiencia Provincial que reclame al instructor del caso Púnica la grabación de esa conversación. Los tres imputados que piden la recusación entienden que la juez, en función de estas pruebas del sumario del caso Púnica, "es parcial en su actuación ante el exconsejero Granados". El abogado de los implicados en el caso recuerda que solicitó la imputación de Granados el 27 de diciembre de 2012 y la instructora ni le contestó. Y que ahora ha solicitado nuevas pruebas antes de que se juzgue el caso por el tribunal del jurado y la instructora ha rechazado todas. El escrito se basa en dos causas tasadas en la Ley para que prospere una recusación: "Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes; y tener interés directo o indirecto en el pleito o causa". http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438358901_126047.html 31BIS. C.MADRID. LA JUEZ DENIEGA LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ Y GRANADOS POR EL ESPIONAJE Carmen Valcarce también cierra la puerta a que presten testimonio tres policías que habrían participado en la 'gestapillo' financiada con fondos públicos. Antonio Coronado, agente de la Guardia Civil, lleva seis años imputado por el espionaje en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Junto a él se sentaran en el banquillo tras el verano otros dos guardias civiles, José Luis Caro y José Oreja; dos ex directores de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón y Miguel Castaño, y un funcionario autonómico, José Manuel Pinto. Todos están acusados de malversación de fondos públicos por utilizar medios de la CAM para espiar al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al número dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo. El pasado viernes, Coronado dio un paso más. Su abogado presentó un escrito en el que relata cómo Ignacio González, vicepresidente de la CAM en ese momento, ordenó crear la “gestapillo” y espiar a los oponentes dentro del PP de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Por eso también se solicitó la declaración del propio González y de Francisco Granados, ahora en prisión por la Operación Púnica.

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“El señor Gamón [director general de Seguridad en el momento de los hechos] y el señor Castaño [subdirector de Seguridad] nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas”. Así de explícito es el documento que no ha investigado la jueza, Carmen Valcarce. No es el único testimonio por el que la instructora se ha visto obligada a reabrir la causa archivada en dos ocasiones, los otros dos guardias civiles y la mujer del ex director de seguridad, Sergio Gamón, también han apuntado directamente a que las órdenes sobre el espionaje las daba el propio ex presidente. “Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”, añade Coronado. Pero Granados tampoco hizo nada. Policías implicados Según el testimonio aportado por Coronado y sus compañeros guardias civiles, al menos tres policías también estaban al tanto de lo que ocurría en la CAM y participaron en los espionajes, al igual que eran conocedores de lo que ocurría, presuntamente, el jefe de la UDEF José Luis Olivera y el ex jefe Jaime Barrado. Defensas y acusaciones populares y particulares sí se mostraron favorables a que prestasen testimonio y se quejan “de la inactividad de la fiscalía encabezada por Manuel Moix para que este caso se investigue”. El más esperado hubiera sido el testimonio del comisario Jaime Barrado quien, como adelantó Público, fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana debido a una investigación interna abierta tras haber denunciado que en varias investigaciones, incluida esta de los espías de la Comunidad de Madrid, se habría visto envuelto el comisario José Manuel Villarejo Pérez. Sin embargo, la jueza Valcarce denegó la declaración de todos los policías y aclaró al abogado, según cuentan a Público algunos de los presentes en la sala, que “al final querrá que venga a declarar hasta el comisario Villarejo, que está todos los días en los medios”. La ex mujer de Gamón Quién sí declarará será la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón. Según manifestó en diversas ocasiones, su marido recibía constantes llamadas de Ignacio González preguntando por los seguimientos a Alfredo Prada y a Manuel Cobo. Además ha puesto en conocimiento de las partes y del juzgado que está siendo amenazada desde que dio su testimonio. Según lo expuesto, Gamón tiene una orden de alejamiento que “incumple de manera continua”. La mujer ha advertido de que también “está siendo seguida y de que, en una ocasión, las personas que la seguían han intentado provocarla un accidente sacándola fuera de la carretera”. http://www.publico.es/politica/juez-deniega-declaracion-gonzalez-y.html 32. C.MADRID. UN TERCER AGENTE CONFIESA EL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID Antonio Coronado, uno de los tres guardias civiles imputados desde 2009 en el caso del presunto espionaje pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, confesó ayer por escrito a la juez que la orden de los seguimientos ilegales a políticos partió del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tres de los seis imputados en la causa han reconocido ya la existencia del espionaje ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre contra los adversarios de la presidenta dentro del propio PP. La juez de esta causa tiene encima de su mesa una nueva confesión del presunto delito que apunta a la responsabilidad directa de varios políticos del PP que gobernaban en la Comunidad de Madrid cuando se produjo el espionaje político. Ninguno de esos políticos está imputado. La

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instructora se negó ayer durante la vista previa a la celebración del juicio con jurado a investigar las nuevas denuncias y a citar a los señalados por el guardia civil Antonio Coronado. "Por especial interés del vicepresidente primero..." El guardia civil Antonio Coronado, imputado como autor de los seguimientos ilegales, entregó la siguiente confesión a la juez: “El señor Gamón (director general de Seguridad en el momento de los hechos) y el señor Castaño (subdirector de Seguridad) nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas (...) Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”. El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo hace siete años, entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre, quien coqueteaba entonces con la idea de presentar su candidatura a liderar el partido. En ese contexto de tensión política máxima en el seno del PP se produjo el presunto espionaje: tres guardias civiles y un policía nacional, todos ellos fichados a dedo como asesores por el Gobierno de Madrid presidido por Aguirre, realizaron decenas de seguimientos a Prada y Cobo. De esos seguimientos quedó constancia por escrito en unos partes mecanografiados que hizo públicos EL PAÍS. Como consecuencia de aquellas informaciones, la juez abrió una causa en marzo de 2009 e imputó a los supuestos autores de los seguimientos ilegales. La Asamblea del Madrid creó una comisión de investigación sobre el escándalo y el PP nacional abrió una información interna. El Parlamento regional madrileño apenas trabajó unas semanas: el grupo popular bloqueó la mayoría de comparecencias pedidas por la oposición y la comisión se cerró sin resultados. El PP nacional también abandonó su investigación interna tras interrogar a miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre sin consecuencias políticas. Tres intentos de archivo La juez instructora, Carmen Valcarce, intentó archivar la causa en tres ocasiones. La Audiencia Provincial de Madrid halló suficientes indicios de malversación de fondos públicos en lo investigado como para rectificar a la instructora y ordenar que continuara la causa. La juez encara ahora el final de la instrucción para someter el caso a juicio con jurado. Hay seis imputados: los tres guardias civiles que participaron en los seguimientos; un empleado autonómico al que se atribuye la letra manuscrita que aparece en los partes del espionaje, y los dos jefes en el departamento de Seguridad. Dos de los imputados han denunciado ahora a la juez que fueron presionados y amenazados para guardar silencio. Durante los cuatro primeros años de instrucción, los tres guardias civiles negaron haber hecho los seguimientos ilegales a Prada y Cobo. En 2013, el guardia civil José Oreja Sánchez y el empleado autonómico José Manuel Pinto declararon ante la juez que Sergio Gamón ordenó el espionaje ilegal a políticos. Otro guardia civil, Antonio Coronado, ha confesado ahora lo mismo. La juez se niega a citar al Gobierno de Aguirre El abogado de los tres imputados en el caso del presunto espionaje político en Madrid que han reconocido los hechos ante la juez solicitó ayer que sean llamados como testigos varios miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre que según ellos ordenaron el espionaje o lo conocieron sin hacer nada para evitarlo. La juez se negó a practicar esta prueba. Las partes ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial para que se cite al expresidente Ignacio González, los exconsejeros Salvador Victoria y Francisco Granados, y el

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exdirector general Agustín Carretero. Sostienen que esa es la única forma de conocer quién dio la orden y determinar quién debe asumir la responsabilidad. Según los tres imputados que han confesado, el entonces presidente Ignacio González fue la persona que ordenó los seguimientos ilegales: transmitió la orden, afirman, a Sergio Gamón cuando este era director general de Seguridad Ciudadana de Madrid. Gamón había sido contratado personalmente por Esperanza Aguirre cuando estaba casado con una de las secretarias de la presidenta. La defensa de los tres imputados pidió ayer, y la juez aceptó, citar como testigo a la exesposa de Gamón, quien declaró a EL PAÍS que su exmarido hablaba por teléfono con Ignacio González sobre el espionaje a adversarios de Aguirre. Granados era el consejero de Interior de Madrid cuando ocurrieron los hechos. Los guardias civiles aseguran que le avisaron de que Gamón les había ordenado seguir a políticos. En una conversación grabada en el chalé de Granados en 2012 y publicada por el diario El Mundo se escucha al exconsejero asumir que el espionaje se produjo. http://politica.elpais.com/politica/2015/07/10/actualidad/1436553223_626013.html 33. C.MADRID. LA JUEZA DECIDE JUZGAR A LOS ESPÍAS A SUELDO DE LA COMUNIDAD DE MADRID La instructora pone en marcha el contador hacia la vista oral al seguir con la tramitación tras la comparecencia que celebró el día 10: ahora, abortar el juicio se perfila poco menos que imposible La magistrada Carmen Valcarce confirma que llamará a declarar a la exmujer del antiguo jefe de los agentes que supuestamente vigilaron a cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre Seis años después de que estallase el escándalo del espionaje a cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre, la jueza Carmen Valcarce, que investiga el caso ha dado el paso que, en la práctica, pone en marcha de forma irreversible el contador hacia el juicio con jurado para los seis imputados en la causa. Y lo pone en marcha de una forma en apariencia prosaica: rechazando varias diligencias y confirmando otras. Si la magistrada, titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, hubiera decidido abortar el procedimiento, como ya intentó en tres ocasiones anteriores que le costaron otras tantas reaperturas forzadas por la Audiencia Provincial, tendría que haberlo hecho de inmediato tras la comparecencia o vistilla que celebró con todas las partes el 10 de julio. Ahora, una vez ha optado por continuar los trámites del procedimiento y tal como prevé el artículo 26 de la Ley del Jurado, el juicio se perfila imparable. Salvo que los inculpados lleguen a un acuerdo -la Fiscalía no acusa y el peso de la acusación lo lleva el letrado Wilfredo Jurado, que representa a los socialistas-. Ese hipotético acuerdo, sobre el que no ha sido posible recabar la opinión de los socialistas madrileños, implicaría un reconocimiento de culpa y la devolución del dinero presuntamente malversado a cambio de una condena mínima para los seis inculpados. Supuestamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González: el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz Gallardón figuraba entre los espiados. En aquella declaración, Oreja dio un giro copernicano a la versión que había mantenido hasta entonces y enfatizó que sometían a vigilancia a aquellos políticos en los que Ignacio González tenía "especial interés". Durante la comparecencia del 10 de julio, el letrado de los socialistas madrileños (PSM) recalcó su convicción de que el caso iría finalmente a juicio sin que se

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hubiera despejado "la equis", por cuanto considera a los seis imputados -incluido el jefe de los otros cinco, Sergio Gamón- meros ejecutores de un plan trazado por un tercero. El PSM cree que esa equis es Ignacio González, pero la juez se ha negado en todo momento a llamarle a declarar. La juez cruza el Rubicón con Yolanda Laviana El paso que convierte en irreversible el camino hacia el juicio está contenido en un auto donde, con fecha de 17 de julio, la magistrada Carmen Valcarce confirma una de las diligencias -llamar como testigo a Yolanda Laviana, exmujer de Gamón, exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid- solicitadas en la comparecencia del día 10. Al llamar a Laviana, la magistrada cruza el Rubicón que marca la Ley del Jurado: porque si tras la citada vistilla sigue adelante con el caso, ya no hay en la práctica marcha atrás en el camino hacia la vista oral. La jueza llama a la exesposa de Gamón porque fue quien en 2010 declaró que ya cuatro años antes su marido había espiado a Alfredo Prada para Ignacio González. En efecto, el juicio parece ya imparable en esa accidentada causa que en 2009 provocó un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la Alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo". No obstante y aunque, según las fuentes jurídicas consultadas, la posibilidad de un nuevo parón se erige en remota, aún caben sobresaltos. El abogado de los tres guardias civiles imputados, que son los que señalan al expresidente Ignacio González como el verdadero beneficiario de la trama de espionaje, ha pedido ahora la nulidad de todo lo investigado. El letrado, Ramón González Bosch, lo hace en un escrito fechado antes de la vistilla mencionada en el párrafo anterior. Pese a ello, y como recuerda la juez en su auto, ni mencionó en esa comparecencia la petición de nulidad. Tampoco citó, ni siquiera de paso, un segundo escrito en el que mezcla el caso del espionaje con el del ático de Estepona por el que otra jueza investiga a sus propietarios: justamente, el matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero. Y, por último, tampoco citó un tercer escrito que Valcarce le devuelve sin ni siquiera admitirlo tras abroncar al letrado porque el papel acabó en manos de un periódico antes de que llegara a las suyas-. En ese escrito, uno de sus defendidos, el guardia civil Antonio Coronado, acusa a Ignacio González. Ese tercer escrito va datado el 10 de julio, el día de la vistilla, pero llegó al juzgado el 13. En el acto del día 10, Bosch no dijo nada sobre su existencia. A la mañana siguiente, su contenido fue publicado por el diario El País. El abogado traza una suerte de teoría de la conspiración en la que habrían participado el ya célebre comisario José Villarejo y el exjefe de la unidad de delincuencia económica de la Policía, José Luis Oliveras, entre otros. En el papel de testigo clave, Bosch sitúa a otro personaje controvertido: Francisco Marco, cabeza visible de la agencia de detectives Método 3 y autor del libro El Método. La juez reprocha con dureza al abogado que en uno de esos escritos, cuyo hilo argumental resulta difícil de seguir por momentos, señale a otro exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón, como la persona que "entregó papeles a la prensa" para hacer saltar el caso y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Manuel Moix, como quien ordenó "de forma ilegal" una investigación sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de quienes acabaron imputados. Los informes de posicionamiento, ordenados por la juez, fueron determinantes en los primeros momentos de la instrucción: permitieron constatar la cercanía física de los presuntos espías respecto de los políticos que tenían como objeto de seguimiento. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/22/la_juez_convierte_irreversible_decision_juzgar_los_espias_sueldo_comunidad_madrid_35741_1012.html

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34. C.MADRID. LA JUEZA DEL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ CITARÁ A DECLARAR AL COMISARIO VILLAREJO Y A ENRIQUE CEREZO La titular del Juzgado que investiga la compra del dúplex de lujo en Estepona pide a la Policía Judicial que le comunique el domicilio de los testigos reclamados por Anticorrupción También tendrán que prestar testimonio el ex comisario general de Policía Judicial que cesó en su cargo tras abrir la investigación y un periodista La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, citará a declarar como testigos del caso del ático de González al comisario José Manuel Villarejo y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, según se desprende de una providencia de 15 de julio a la que ha tenido acceso infoLibre. En la resolución, la jueza solicita a la Policía Judicial de Estepona que le comunique la identidad y domicilio de los testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, que en concreto son el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta; los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. La jueza de Estepona ordena estas diligencias después de que el fiscal Juan Carlos López Caballero reclamara, en un escrito de 29 de mayo adelantado por infoLibre, que prestaran testimonio los supuestos protagonistas de una conversación mantenida entre los comisarios Villarejo y García Castaño con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y que fue grabada. Según el audio difundido por el rotativo madrileño, el entonces número dos de Esperanza Aguirre expresó a los agentes su deseo de que no trascendiera información sobre que él era el inquilino de un dúplex de lujo propiedad de una sociedad offshore de Estados Unidos. Conversación entre Villarejo y Cerezo En las grabaciones difundidas, tambien se incluye una conversación mantenida entre Cerezo y Villarejo en la que el presidente del Atlético de Madrid pidió al mando policial que pusiera punto y final a la investigación sobre el ático, y se ofreció para evitar que el PP destituyera al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, que al final fue trasladado al distrito madrileño de Usera. En este sentido, la jueza pide al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en la providencia que reclame el auxilio técnico preciso: "Designando a funcionarios especializados en la materia, a fin de que efectúen las comprobaciones necesarias para verificar la integridad y autenticidad de las grabaciones aportadas por el entidad editora del diario El Mundo, así como el modo de asegurar su conservación y custodia". La empresa offshore que compró el dúplex en 2008 fue la sociedad del Estado de Delaware (EEUU) Coast Investors, cuya matriz es la panameña Walfort Overseas Investments. Esta firma comparte como suscriptoras en su constitución a dos empresas, Dulcan INC. y Winsley INC. que también aparecen en la creación de la sociedad Golden Chain Properties, propiedad del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa. Exhorto a la Audiencia Nacional La jueza incluye entre las diligencias a practicar que se libre un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que el magistrado José de la Mata instruye el caso Gürtel, para que aporte toda la información que obra en el sumario sobre las entidades panameñas Dulcan y Winsley. Precisamente, la acusación compuesta por los extrabajadores de Telemadrid acudió en el verano de 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga para apuntar la posibilidad de que el

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ático de González fuera en realidad una dádiva abonada a cambio de los numerosos contratos vinculados a la cadena pública madrileña de los que se habría beneficiado el presidente del Atlético de Madrid. En este sentido, la denuncia interpuesta por el propio comisario Villarejo ante el Tribunal Supremo contra González, el agente implicaba en la compra del ático al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En concreto, el comisario llegó a afirmar que las comisiones rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona "acreditarían que el día de antes de enviar al fiduciario el dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol", en referencia a Cerezo. A instancias de las acusaciones, la jueza acuerda también recibir declaración testifical al comisario Enrique Rodríguez Ulla, que cesó en su cargo de comisario general de Policía Judicial tras la apertura de la investigación sobre el ático de González. Cese de Rodríguez Ulla El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le había "retirado la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de las pesquisas, una vez que la Fiscalía Anticorrupción había decidido su archivo: "De la misma manera que se les nombra porque se les considera las personas más idóneas para esas responsabilidades, cuando circunstancias diferentes lo aconsejan los relevos se hacen", explicó Fernández Díaz. Esta no es la primera vez que aparece el nombre de Cosidó en el caso del ático de González, ya que tal y como publicó infoLibre el 6 de marzo pasado, en abril de 2012 el propio Cosidó celebró una comida con el entonces líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet. Durante el encuentro, según indicó Fornet, Cosidó intentó convencerle para que el sindicato policial frenase las denuncias sobre el ático de González. Comunidad de propietarios La jueza también requiere al presidente de la comunidad de propietarios de la urbanización Alhambra del Golf, en la que está encuadrado el ático que desde diciembre de 2012 es propiedad de González y de su mujer, para que aporten todos los justificantes del pago de los gastos de comunidad efectuados por Coast Investors respecto de los inmuebles de los que fue propietaria en esa urbanización. Y con respecto a la información publicada también por infoLibre sobre el error en los datos suministrados a Estados Unidos en la comisión rogatoria a este país, en el que se habían intercambiado los números de las cuentas bancarias desde las que se habían pagado los 750.000 euros para comprar el ático en 2008, la jueza acuerda que se remitan a las autoridades de Estados Unidos los documentos en los que aparecen las transferencias del dinero desde el US Bank. En este sentido, la acusación de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña también ha reclamado, en un escrito de 18 de julio pasado, que se enmendara el error. Coast Investors pagó en 2008 en dos transferencias 750.000 euros al anterior propietario del ático, el empresario vasco Francisco Javier Villate, para adquirir un ático de lujo en Estepona. El representante de la firma norteamericana, el mexicano Rudy Valner, abonó tal cantidad de dinero sin visitar el inmueble. Y según los testigos, lo hizo después de que la mujer de González, Lourdes Cavero, visitara al menos en dos ocasiones la vivienda. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/22/la_jueza_del_caso_del_atico_gonzalez_cita_declarar_como_testigos_comisario_villarejo_enrique_cerezo_35705_1012.html 34 BIS. EL TESTAFERRO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ DICE AHORA QUE SE LO VENDIÓ UN ARGENTINO QUE FUE “SOCIO” DE ENRIQUE CEREZO

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Rudy Valner, gestor de la empresa panameña que primero alquiló y luego vendió a González un ático en Estepona, dice que el dueño de dicha sociedad era el productor de cine argentino Repetto infoLibre contactó con Repetto, quien admitió ser "socio" de Enrique Cerezo Rudy Valner, el presunto testaferro mexicano que compró el ático que alquilaron en 2008 el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, asegura ahora que el dueño de la empresa panameña utilizada para adquirir el dúplex de lujo era el empresario Luis Osvaldo Repetto. Este productor de cine de nacionalidad argentina reconoce haber sido socio del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El propio Luis Osvaldo Repetto ha confirmado a infoLibre el contenido de la declaración realizada en calidad de testigo del testaferro: "Tuve un ático, pero ahora ya no", explicó este empresario argentino, que al ser interrogado por este diario sobre si había sido propietario con la empresa Coast Investors, respondió con un escueto "sí", para añadir: "Eso se vendió y ya se fue...". No obstante, Repetto negó haberse relacionado con Ignacio González y su mujer. A la pregunta de si conocía a Cerezo, este productor argentino respondió: "Sí, claro", refiriéndose al presidente del Atlético de Madrid como "conocido". Al ser interpelado por este diario de nuevo sobre si habían sido socios, contestó de forma inequívoca: "Exacto". infoLibre ha podido corroborar que Repetto, que es vicepresidente de la firma Aries Cinematográfica Argentina, fue socio de Cerezo al menos en 2001, fecha en la que produjeron la película hispanoargentina Antigua vida mía. El testaferro Rudy Valner, que se publicita en internet como creador de empresas, ha tardado más de tres años en dar el nombre del productor argentino que adquirió el ático de lujo de Estepona (Málaga) en 2008 al primer propietario, el empresario vasco Pedro Javier Villate. Y lo hace al contestar en calidad de testigo a las preguntas realizadas por las acusaciones populares del caso del ático de González. Implicación de Cerezo Precisamente, en la denuncia interpuesta por el comisario José Manuel Villarejo contra González en el Tribunal Supremo, el mando policial implicaba en la compra del ático, aunque sin citar su nombre, a Enrique Cerezo. Villarejo había denunciado a González tras difundirse la grabación de una conversación en la que el expresidente madrileño indicaba su deseo de que no trascendiera a la opinión pública que era inquilino de una sociedad offshore. En concreto, el comisario afirmaba en la denuncia, que fue finalmente archivada, que las comisiones rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona para determinar el origen de los fondos empleados "acreditarían que el día de antes de enviar al fiduciario el dinero, justo la misma cantidad, la habría recibido de otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol", en referencia a Cerezo, a quien la Fiscalía Anticorrupción ha citado como testigo en el caso. Un año antes, los extrabajadores de Telemadrid ya habían apuntado a la posibilidad de que el ático de González se tratara en realidad de una dádiva a cambio de las diferentes adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a las empresas de Cerezo. infoLibre ha tenido acceso a la comisión rogatoria enviada por las autoridades de Estados Unidos, en la que se incluye las contestaciones de Valner, en las que aporta nuevos datos a la investigación. Como por ejemplo que fue el propio productor argentino el que le contrató para crear la empresa Coast Investors, encargada de comprar el ático de lujo. Egeda, uno de sus clientes Además explica que la empresa Egeda, vinculada con el propio Cerezo, es una de sus clientes. El asesor mexicano también confirma su relación con Enrique Cerezo, al que ha representado

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en sus negocios de Estados Unidos, asegurando que lo conoce desde hace aproximadamente 20 o 25 años. El testaferro explica en su testimonio por escrito que fue el argentino Repetto el que eligió la vivienda, y que el propio Valner se encargó de negociar el precio de la compra, aunque lo hizo siguiendo las instrucciones del propietario de Coast Investors. Sobre quién fue la persona que alquiló el dúplex a González, Valner dijo que fue él mismo el que negoció con Lourdes Cavero. Nuevamente, Valner dice que lo hizo siguiendo las instrucciones de Repetto. Una llamada de Cavero En este sentido, Valner sostiene que recibió una llamada de teléfono de la mujer de González, "en respuesta al anuncio que Valner había publicado en un diario local". Este asesor mexicano asegura que después acordaron bajar el precio del alquiler a González "por las condiciones del mercado y por la petición de Cavero". Llama la atención que el contrato de alquiler lo recibiera de la propia mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid, y no del dueño de la empresa que representaba. Y según Valner, Cavero también era la que se encargaba de realizar las transferencias electrónicas por el alquiler a la cuenta de Coast Investors en Estados Unidos: "Según el acuerdo original el pago era de 6.000 dólares [5.449 euros] cada tres meses, aunque tras ser revisado pasó a ser de 4.200 dólares [3.814 euros] cada tres meses". Oferta de Lourdes Cavero Sobre la venta a González en diciembre de 2012 de la vivienda, el presunto testaferro relata que la operación se llevó a cabo por las condiciones del mercado y tras recibir una oferta de Lourdes Cavero, a la que niega haber conocido antes de que le llamara por teléfono para alquilar el inmueble. En relación al precio de la operación, de 770.000 euros, aseguró también haber seguido las instrucciones del propietario argentino del ático de lujo. En su declaración, Valner también rechaza haber tenido relaciones profesionales con el bufete panameño Mossack y Fonseca, cuyo nombre aparece vinculado a la creación de la empresa Coast Investors, así como a múltiples casos de corrupción, como por ejemplo el caso Gürtel en España. Al ser interpelado sobre su relación profesional o de negocios con el expresidente madrileño, Valner explica que su única vinculación con el mismo se produjo con la venta en diciembre de 2012 del inmueble. Su respuesta fue similar en relación con la mujer de González, con la que sólo estuvo en contacto, asegura, para alquilar y vender el ático. En proceso de constitución También se refiere Valner al motivo por el que se pagó el ático con dos transferencias, siendo la primera de ellas una señal de 100.000 euros. Este envío se realizó desde su propia cuenta personal. En este sentido, el testaferro mexicano asegura que previamente el dinero lo había recibido de una cuenta del productor argentino Repetto. Al ser preguntado en este punto por el motivo por el que el abono no se había hecho de forma directa desde la cuenta de Coast Investors, Valner relata que la empresa se encontraba en proceso de constitución. El resto del pago, 650.000 euros, fue abonado por el propio Repetto. Valner también reconoce haber mantenido una relación profesional "desde hace 15 años" con dos abogados del bufete madrileño Suárez de la Dehesa, también vinculado con Cerezo. Estos letrados fueron los encargados de asesorar en la compra del ático en 2008 y también de la regularización de los impuestos que no se pagaron hasta que no saltó el escándalo en los medios de comunicación. Estos impuestos fueron regularizados, tal y como publicó infoLibre, justo un día antes de que González y su mujer adquirieran el ático de lujo en Estepona en diciembre de 2012.

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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/30/el_testaferro_del_atico_gonzalez_dice_ahora_que_vendio_argentino_socio_cerezo_36046_1012.html 35. C.A.MURCIA. EL SUPREMO ARCHIVA LAS QUERELLAS CONTRA TRES JUECES DEL TSJ POR EL 'CASO AUDITORIO' Podemos, el abogado José Luis Mazón y Antonio Salvador López acusaban de prevaricar a tres magistrados de la Sala de lo Civil por remitir al juzgado de Lorca la instrucción El Tribunal Supremo archivó este jueves las querellas presentadas por Podemos, el abogado José Luis Mazón y Antonio Salvador López contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a los que acusaban de prevaricar al remitir a un juzgado ordinario, en vez de tramitar directamente, una querella por el 'caso Auditorio' que la Fiscalía presentó contra el candidato del PP Pedro Antonio Sánchez para evitar que fuera imputado en plena campaña electoral. Las querellas se dirigían contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya, quien también es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pascual de Riquelme. En un auto hecho público este jueves, el alto tribunal las inadmite y archiva al concluir que los autos que dictaron los magistrados no constituyeron prevaricación. Asegura que en la fase embrionaria de la instrucción contra aforados es conveniente que sean los jueces ordinarios los que investiguen a los imputados "cuando los indicios se muestren débiles o inconsistentes" o si existe un número elevado de acusados. Las querellas explicaban que la Fiscalía presentó en febrero una querella dirigida, entre otros, contra Pedro Antonio Sánchez, por entonces consejero de Cultura, Educación y Empleo, así como diputado de la Asamblea Regional de Murcia, en relación con la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, del que era alcalde el mandatario popular. Dichas obras fueron abonadas por más de 5,5 millones de euros y sin embargo, continúan sin terminar en la actualidad. En dicha querella se le imputaba al candidato popular la posible comisión de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, si bien el TSJ, pese a reconocer el carácter de aforado de Sánchez, decidió remitir el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Lorca. Voto discrepante Esta decisión contó con el voto discrepante de otro magistado, Manuel Abadía, que afirmó que la decisión carecía de sentido puesto que la competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado. Ante el recurso de la Fiscalía la Sala dictó un nuevo auto argumentos muy similares a los del primero, y volvió a remitir a los juzgados de instrucción de Lorca, a pesar de la existencia de indicios de criminalidad relacionados con la actuación del aforado, según detalla la querella presentada este jueves. Para entender la justificación de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente según Podemos, hay que saber en qué momento se producen. El primer Auto es de 2 de marzo, cuando se están decidiendo los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, con lo que esa resolución dejaba al candidato en un limbo judicial, evitando su imputación directa por el TSJ, según Podemos. El segundo auto, el que resuelve el recurso contra el primero, tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se aseguraba una campaña electoral tranquila, evitando la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya proclamado candidato del Partido Popular.

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El Supremo considera que el criterio utilizado por la mayoría de los magistrados contra los que se dirigían las querellas "no se apartó de los cánones y los métodos de interpretación a los que se ajusta la labor de un jurista en casos similares". http://www.laverdad.es/murcia/201507/23/supremo-archiva-querella-podemos-20150723152204.html 36. C.A.MURCIA. LA ASAMBLEA INVESTIGARÁ AL PRESIDENTE POR EL 'CASO AUDITORIO' EN PARALELO A UN JUZGADO PSOE y C's apoyan la iniciativa de Podemos para aclarar el uso de los 6 millones destinados al teatro de Puerto Lumbreras; el PP lo ve como un segundo juicio El nuevo Gobierno regional se acostumbra a padecer desde el minuto uno de legislatura. El primer pleno ordinario celebrado en la Asamblea Regional tras la investidura y toma de posesión como presidente de Pedro Antonio Sánchez fue ayer un reflejo de lo que le espera durante los próximos cuatro años: una de cal y otra de arena. El Partido Popular (PP) no tuvo dificultades para sacar adelante su propuesta de un plan integral de apoyo a las familias y una moción conjunta con Ciudadanos (C's) para constituir una comisión especial sobre financiación autonómica. Pero no pudo impedir que prosperaran la petición del PSOE de aplicar al mínimo la Lomce el próximo curso y, lo más doloroso para sus intereses, la moción de Podemos para constituir una comisión de investigación sobre el auditorio de Puerto Lumbreras, que afecta de lleno al presidente y caminará en paralelo a la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca. Sánchez tendrá que dar explicaciones en la Cámara probablemente antes que a un magistrado, si prospera la querella de la Fiscalía contra él y es imputado. El Grupo Popular se quedó solo defendiendo la inconveniencia de analizar en la sede parlamentaria si hubo irregularidades políticas en la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras del edificio cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de su pueblo. La iniciativa de Podemos fue apoyada por el PSOE y también por C's, que en este asunto se mostró distante del PP. «Queremos transparencia y regeneración democrática», advirtió su portavoz, Miguel Sánchez. Esa comisión tratará de depurar posibles responsabilidades políticas en un asunto en el que la Comunidad Autónoma tiene intereses, pues concedió una subvención de 6 millones de euros al Ayuntamiento lumbrerense para hacer esa obra. El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, se mostró partidario de «dejar claro que esto no se puede repetir a partir de ahora en la Región». La iniciativa de Podemos encontró rápido apoyo en el Grupo Socialista. Su diputado Joaquín López reclamó analizar todas las aristas de este asunto vinculadas al apoyo económico de la Comunidad. En su opinión, tendría que haber reclamado sus aportaciones porque el edificio está inacabado y propuso, como primera medida, visitarlo. «Dentro no hay nada, pero se ha pagado íntegramente», dijo. La representación popular se mostró muy molesta con las dudas de la oposición. Su portavoz, Víctor Manuel Martínez, la acusó de faltar el respeto a la Justicia por las interferencias que esa comisión puede ocasionar, así como por cuestionar la presunción de inocencia del presidente. Martínez señaló a Urralburu por atribuirse competencias que la Constitución otorga a la Fiscalía, dijo, y de montar un juicio paralelo con un veredicto predeterminado. «Con su iniciativa desnaturaliza la función de control político y se convierte en lo peor de la vieja política», le dijo antes de llamarle «inquisidor». La comisión, este mes Previamente, su compañero Domingo Segado advirtió de que la comisión perjudicará el trámite judicial en curso y censuró que la Cámara haya habilitado un periodo extraordinario de sesiones pero no aborde asuntos, según él, más importantes. «Este tipo de iniciativas

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enrarecen la vida política. Es un paso más en la estrategia de perversión de la izquierda en esta Región», dijo. La Junta de Portavoces deberá decidir en su próxima reunión la composición de la comisión y sus plazos de actuación. Será el martes, el mismo día que Sánchez debe acudir al juzgado de Lorca para ser informado de la querella de la Fiscalía. Urralburu está convencido de que podrá ser constituida este mismo mes, abriendo camino a otras solicitadas después, como las de la desalinizadora de Escombreras y Novo Carthago. También de que el presidente tendrá que comparecer en ella para explicarse. «Es muy probable que venga antes de declarar ante un juez», subrayó. Pero descartó interferir en el otro proceso porque lo que pretende la Asamblea, insistió, es fijar responsabilidades políticas. http://www.laverdad.es/murcia/201507/10/asamblea-investigara-presidente-caso-20150710004754-v.html 37. EL PRESIDENTE DE MELILLA (PP) DISPONE ‘DESIGNAR A MI MUJER VICECONSEJERA’ En su primer día de nombramientos, Juan José Imbroda no se corta, y mete a su esposa a la carrera en un gobierno con ¡9 consejeros y 14 viceconsejeros! para 85.000 habitantes Los melillenses se llevaron la sorpresa este lunes al leer el Boletín Oficial de su ciudad. En él se recogía la creación del nuevo gobierno del ‘popular’ Juan José Imbroda. Aunque el PP había prometido en campaña que el gobierno sería reducido, Melilla, con una población de menos de 85.000 habitantes, mantenía un ejecutivo con un presidente, dos vicepresidentes y siete consejeros… Pero es que además, se añadían 14 viceconsejeros.., con una guinda añadida, visto el propio Boletín, a última hora: el nombramiento de la propia mujer de Imbroda como viceconsejera. Melilla, 85.000 habitantes, gobierno de 24 personas… Extremadura, 1.1o0.000, seis De entrada, merece la pena poner en valor (ELPLURAL.COM irá con más detalle a este asunto en próximos días), el número de miembros de este gobierno. Y para ello basta comparar la ‘corte de Imbroda’ con el Gobierno de alguna comunidad autónoma. Elijamos, por ejemplo, Extremadura, que tiene 1.100.000 habitantes. Es decir, unas 20 veces más que Melilla… Y donde el Gobierno se reduce a un presidente, cinco consejeros… y ¡cero viceconsejeros!. Es decir, Melilla tiene para sus 85.000 ciudadanos, un gobierno seis veces más grande que el de Extremadura para 1.100.000. Pero lo que queremos llamar la atención en esta crónica es un nombramiento.., el que ‘remataba’ la corte de este macrogobierno, y que parece, leyendo el Boletín Oficial de la ciudad autónoma, un ‘añadido’ a la carrera: el nombramiento de Francisca Conde Ramírez como Viceconsejera de Acción Social. Quizás fuera de Melilla no sea muy conocido, pero sucede que Francisca Conde es la actual esposa de Juan José Imbroda. Captura Melilla Nombramiento Nombramiento de último momento Y decimos lo de cargo decidido, da la impresión, en último momento, porque se puede ver cómo se suceden los decretos, el primero y el segundo para cesar a los consejeros y viceconsejeros del gobierno anterior, el tercero y el cuarto para nombrar a los nuevos consejeros y viceconsejeros…, y por fin, un quinto, hecho específicamente para el nombramiento de una sola viceconsjera, la de Acción Social, la señora Conde ‘de Imbroda’. Quienes conocen la política melillense aseguran a ELPLURAL.COM que este nombramiento viene en realidad a desvelar mucho más claramente el enorme peso que tiene Francisca Conde en la vida política de la ciudad. Y como ejemplo, recuerdan cómo varios diputados autonómicos de la lista del PP fueron dejando su cargo, alguno compensado con el nombramiento para alto cargo, hasta que Francisca Conde ascendió en la lista y se hizo hueco en la Asamblea local, donde ocupaba un escaño hasta ahora.., donde al escaño suma un cargo en el Gobierno

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http://www.elplural.com/2015/07/21/imbroda-presidente-de-melilla-dispone-designar-a-mi-mujer-viceconsejera/