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BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS
NUEVA ÉPOCA
Publicación informativa número 43 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
Enero - Junio 2015
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BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS, NUEVA ÉPOCA, publicación semestral, Número 43, enero-junio 2015, Editor responsable: Lic. Moisés Eduardo Bolaños Bonilla, número del certificado de reserva al uso exclusivo de título: 04-2014-060511261500-106, número del certificado licitud de título y contenido: 15757, Publicado por la Procuraduría General de la República con domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal.
Distribuido por la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal.
ISSN : En trámite.
Los contenidos de los artículos de la publicación periódica BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS son responsabilidad única y exclusivamente de los autores y no representa ningún punto de vista de la Procuraduría General de la República, ni de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio conocido o por conocerse, con fines de especulación comercial.
La presente publicación es de distribución gratuita.
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PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZPROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GRAL. BGDA. J. M. Y LIC. JESÚS GABRIEL LÓPEZ BENÍTEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR
MTRO. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
LCDA. PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVAPROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LIC. ADONAI CARREÓN ESTRADAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
LIC. ARTURO JOSÉ AMBROSIO HERRERAFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
DR. HOMERO RAMOS GLORIAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA
LIC. MARCOS SANTANA MONTESPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA
MTRO. RACIEL LÓPEZ SALAZARPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS
LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁSFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
MTRA. SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSOFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO
LIC. CARLOS ZAMARRIPA AGUIRREPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GODÍNEZ MUÑOZFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
LIC. ALEJANDRO STRAFFON ORTIZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO
LIC. LUIS CARLOS NÁJERA GUTIÉRREZ DE VELASCOFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO
(enero de 2015 a junio de 2015)
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LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. JOSÉ MARTÍN GODOY CASTROPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
LIC. RODRIGO DORANTES SALGADOFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS
LIC. EDGAR VEYTIA FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT
LIC. JAVIER ENRIQUE FLORES SALDIVARPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
MTRO. HÉCTOR JOAQUIN CARRILLO RUÍZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA
MTRO. VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGETPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
LIC. ARSENIO DURÁN BECERRAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
LIC. GASPAR ARMANDO GARCÍA TORRESPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA COVARRUBIASPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA
LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICHPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
DR. FERNANDO VALENZUELA PERNASFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LCDA. ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZPROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
LIC. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERASFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
MTRO. ARIEL FRANCISCO ALDECUA KUKFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
LIC. ARTURO NAHLE GARCÍAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS
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El Boletín Interprocuradurías es una publicación que se distribuye de forma semestral, y contiene la información de los trabajos que realiza la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Se encuentra a cargo de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2009.
La Conferencia Nacional opera mediante su estructura conformada por zonas geográficas y comités técnicos, lo cual concede mayor solidez a los acuerdos adoptados al interior de dicho órgano colegiado.
En esta ocasión se publica el Boletín número 43, correspondiente al periodo enero– junio de 2015.
La instauración de los trabajos estuvo a cargo del maestro Iñigo Fernández Baptista, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional; quien preside y organiza el Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
La integración de los textos y el cuidado de la edición estuvo a cargo del licenciado Moisés Eduardo Bolaños Bonilla, Director de Coordinación Interprocuradurías, el licenciado Félix Arturo Arce Vargas, Subdirector de Intercambio de Información, y la licenciada Dulce Rocío Zamudio Gutiérrez, Jefa de Departamento del Análisis a Compromisos; en tanto que la corrección de estilo estuvo a cargo de la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República.
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Reuniones
Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo para la Recuperación de la Confianza Ciudadana
2ª Sesión Ordinaria 2015 de la Reunión Nacional de Enlaces de la CNPJ
1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Centro
1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente
1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste y Noroeste
1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Sureste
26ª Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses
CONTENIDO
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NUEVOS INTEGRANTE DE LA CNPJ MTRO. JAVIER ENRIQUE FLORES SALDIVARC. Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León
DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTAC. Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas
MTRO. ARIEL FRANCISCO ALDECUA KUKC. Fiscal General del Estado de Yucatán
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ADN
CANIRAC
CAS
CNPJ
CNPP
ENVIPE
FEPADE
IBIS
ICITAP
INE
INEGI
MP
MPEP
MPI
MPJ
MPL
MPS
ONG
PEMEX
PGJEM
PGR
SEIDO
Ácido Desoxirribonucleico.
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.
Central de Atención y Servicio.
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Sistema Integrado de Información Balística.
Programa Internacional de Asistencia para el Entrenamiento en Investigación Criminal.
Instituto Nacional Electoral.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ministerio Público.
Ministerio Público de Estrategias Procesales.
Ministerio Público de Investigación.
Ministerio Público de Judicialización
Ministerio Público de Litigación.
Ministerio Público de Salas Penales.
Organización no Gubernamental.
Petróleos Mexicanos.
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Procuraduría General de la República.
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Glosario Siglas y Abreviaturas
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SEM
SETEC
SIMADEQ
SNSP
SPPA
Semáforo.
Secretaría Técnica.
Sistema de Medios Alternativos de Denuncias y Querellas.
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sistema Procesal Penal Acusatorio.
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REUNIONES
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Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo para la recuperación
de la confianza ciudadana
La mayor parte de entidades del país ya están transitando al Sistema de Justicia Penal Adversarial con el objeto de fortalecer la confianza ciudadana, y recuperar la credibilidad en las instituciones y desde luego en sus funcionarios públicos. Sin embargo, esta confianza ciudadana es en conjunto, ya que las y los funcionarios deben sentirse parte integrante de su institución es necesario incentivarlos y apoyarlos, ya que muchas veces no se les dan oportunidades para mejorar sus labores, entorno y cultura institucional; también es importante dar educación a la ciudadanía para explicar en qué consiste la justicia, los tiempos de las investigaciones y procesos judiciales, hay que analizar el qué se les dice a las personas y cómo se les dice.
Asimismo, hoy el MP en México, a partir de la Reforma Procesal Penal, adquiere un rol clave en el proceso penal; ya que a lo largo de estos años ha tenido que enfrentar múltiples problemáticas, algunas de ellas de creciente complejidad, pero por sobre todo el dilema de cómo vincularse con la población y hacer frente a sus crecientes demandas.
Por lo tanto, no es suficiente asignar más recursos sino generar un camino de trabajo que acerque día a día al
21 de enero de 2015
MP con la ciudadanía, que le dé respuestas mediante su actuación, ayudando a construir confianza en la población. Esto implica que la gente sepa que cuando es víctima de un hecho ilícito o que frente a delitos que ponen el crisis la convivencia social, o que atente contra el estado mismo, el MP tenga la capacidad técnica para abordar la situación con éxito.
Así, en una sociedad que ha enfrentado dramáticos conflictos y donde aún en algunas regiones del país los niveles de violencia son elevados, es necesario demostrar que las instituciones pueden resolver los conflictos, aun los más graves, por lo que resulta indispensable llevar adelante un análisis integral, no basta con algunos indicadores puntuales sino que es necesario examinar los diferentes aspectos que tienen relevancia en su actuación de cara a la comunidad. Se pueden realizar diferentes abordajes sobre esta cuestión, sin que uno implique necesariamente ser más acertado que otro. Ni que priorizar determinados aspectos sobre otros sea más exacto; por ello se debe procurar a partir de un marco lógico que aborde la realidad de las procuradurías y fiscalías para realizar una transformación inicial.
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Buenas prácticas en procuración de justicia
Colima
Ponente: Lic. Marcos Santana Montes,Procurador General de Justicia del estado de Colima
El fenómeno de la inseguridad ha generado una percepción de falta de confianza en la sociedad. En el año 2014, Colima alcanzó niveles de violencia que nunca había tenido en delitos como robo, homicidio, secuestro y extorsión; ante esto, el gobierno del estado implementó una estrategia integral que revirtió paulatinamente la percepción de la ciudadanía en la disminución de los delitos, con lo que en la encuesta ENVIPE 2014 se reportó a Colima como primer lugar en reducción de percepción de inseguridad.
Por su parte, la estrategia integral de seguridad pública y procuración de justicia se basó en la disminución significativa de la incidencia delictiva, principalmente la de alto impacto social en el estado, y la mejora de percepción ciudadana en materia de seguridad pública y procuración de justicia; sin embargo, este logro fue posible involucrando a la sociedad civil organizada y principalmente al sector empresarial en los temas de seguridad y procuración de justicia, también la efectiva coordinación entre autoridades responsables de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno; para ello, se creó:
A. Un acuerdo por la seguridad y la justicia.
B. Un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia.
C. Nuevos roles de la Policía Estatal Preventiva.
D. Se creó un portal de procuración de justicia eficiente y moderno llamado “E-ciudadano”.
ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
1. Disminución significativa de la incidencia delictiva, principalmente la de alto impacto social en el estado de Colima.
2. Mejora de la percepción ciudadana en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
ESTRATEGIA INTEGRAL PARA SALVAGUARDAR
LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD EN EL ESTADO
DE COLIMA
1. Acuerdo por la seguridad y la justicia.
2. Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
3. Nuevos roles de la Policía Estatal Preventiva.
4. Modelo Colima de Comunidad Terapéutica.
5. Procuración eficiente y moderna de la justicia. La procuración de justicia en un solo click:
El nuevo sistema “E- Ciudadano”, es un proyecto que impulsa el gobierno del estado con el objetivo de transparentar la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, mediante procesos que se realizan en línea, de manera más ágil, eficiente y accesible.
Los servicios que ofrece son:
• Citas con el Ministerio Público.• Consulta de expediente
electrónico.• Integrar promociones con
firma electrónica certificada.• Comunicación directa a través
del servicio de chat.• Notificaciones por correo
electrónico y mensaje de texto a celular.
Con ello se logra un ahorro económico y de tiempo, certeza jurídica, procesos ágiles y transparencia.
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Guanajuato
Ponente: Mtro. Carlos Zamarripa Aguirre,Procurador General de Justicia de estado de Guanajuato
En Guanajuato, con la necesidad de mejorar la atención y servicio a la ciudadanía surgió la Campaña de Prevención y Atención Ciudadana, se crearon módulos de atención primaria con la regla universal de que todo usuario debe ser atendido personalmente hasta que se retire, éstos módulos están en León, Irapuato, Silao, Celaya, Salamanca, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y Guanajuato, cada uno sirve de manera inmediata y han recibido a un aproximado de 310 mil personas; también han sido creadas Unidades Especializadas Móviles en delitos como homicidios, atención integral a la mujer, mediación y conciliación penal, tramitación común, delitos patrimoniales y robos a casa habitación, industria y comercio. También cuentan ya con una aplicación “Procurapp: Procúrate y Asegúrate” para tabletas y teléfonos móviles con los servicios de:
• Agencia más cercana para hacer más fácil la denuncia.
• Denuncia fotográfica, que pueden esclarecer un hecho o a identificar un probable responsable.
• Qué hacer en caso de…• Botón de pánico.• Personas desaparecidas.• Servicios de emergencia• Estatus de investigación.
• Reportar robo de vehículo y extorsión, actualmente cuentan con alrededor de cuarenta mil usuarios.
MÓDULOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Con la finalidad de fortalecer el Sistema de Procuración de Justicia y generar certidumbre jurídica se crean los Módulos de Atención Primaria, mismos que tienen el objetivo de garantizar orientación y canalización ágil, calificada y profesional, al minuto del arribo del usuario, conforme a los principios que rigen la labor del MP, a través de espacios dignos y funcionales.
Existen seis tipos de Unidades Especializadas, por cada subprocuraduría de justicia regional:
• Unidad de Investigación de Homicidios.
• Unidad de Atención Integral a la Mujer.
• Unidad Especializada en Mediación y Conciliación Penal.
• Unidad de Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.
• Unidad de Tramitación Común.
• Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales.
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
El objetivo es contar con un nuevo modelo de desarrollo policial y contar con instalaciones de vanguardia que permitan brindar una capacitación integral a los aspirantes y elementos en servicio, fortaleciendo con ello la investigación de delitos, el combate a la delincuencia y la protección de la sociedad.
Se ha desarrollado un conjunto de aplicaciones apoyadas en las nuevas tecnologías, para los usuarios que requieren de un servicio por parte de la Procuraduría General de Justicia de la entidad como lo son:
a. Agencias más cercanas
Esta aplicación ayudará a encontrar la agencia del MP más cercana,
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El grupo de trabajo sesionará y regirá sus actuaciones en términos de lo previsto por los Estatutos y los mandatos de la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Punto de Acuerdo:
sin necesidad de pedir demasiada información, ya que detectará la ubicación y realizará los cálculos para encontrar la oficina, así como la mejor trayectoria para poder llegar a ella.
b. Denuncia Fotográfica
Actualmente se cuenta con dispositivos capaces de fotografiar un hecho o bien a la persona que comete un delito. Así nace la aplicación que permite compartir una fotografía, ayudando en un futuro a esclarecer el hecho o a identificar al probable responsable.
c. Botón de Pánico
La herramienta permite emitir una señal de alarma enviada a la Central de Atención y Servicio
(CAS), la cual deberá confirmar que el usuario se encuentra bien o activar el protocolo para atender la solicitud de ayuda activada.
d. Personas Desaparecidas
En esta sección se podrá publicar de manera rápida el extravío de una persona, con el objetivo de compartir la información con la red de usuarios que tienen esta aplicación.
BUENAS PRÁCTICAS
Basta con tener un completo compromiso hacia estas prácticas para que sigan dando resultados que incentiven a la ciudadanía a involucrarse con temas que afectan a los estados en los que viven y además:
• Visitar y comparar otros modelos.
• Fortalecer el órgano de implementación y mantener una estrecha relación entre los operadores.
• Uso eficiente de las herramientas y saldos del nuevo sistema procesal.
• Contar con áreas de planeación y seguimiento al nuevo sistema.
• Implementación gradual para seguir aprendiendo de las primeras regiones.
• Desarrollo del Sistema Informático de Gestión.
• Reorganización basada en la especialización y flujos del proceso.
• Renovación de la infraestructura.
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Participantes
• La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
• El Procurador General de Justicia del estado de Colima.
• El Procurador General de Justicia del estado de Guanajuato.
• El Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
• El Asesor de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
• El Asesor del C. Procurador General de la República.
• La Procuradora General de Justicia del estado de Baja California.
• El Fiscal General del estado de Campeche.• El Procurador General de Justicia del estado de
México.
• El Procurador General de Justicia del estado de Puebla.
• El Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas.
• El Vice Fiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del estado de Durango.
• El Secretario Técnico del Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León.
• El Secretario Técnico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.
• El Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas.
• El Director de Medios Internacionales y Nacionales de la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República.
• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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2ª Sesión Ordinaria 2015 de la Reunión Nacional de Enlaces de
la CNPJ
Los desafíos derivados de un mundo cada vez más interconectado, se pueden transformar en grandes oportunidades para poner a México al día y a la vanguardia. Es apremiante ajustar nuestro reloj a los nuevos tiempos con la participación y cooperación de los diferentes sectores y actores, a través de la construcción de puentes que permitan lograr acuerdos en función de la identificación de nuestros intereses comunes: un país competitivo, incluyente y más justo.
Hoy convive una sociedad real con la virtual; la ciencia y la tecnología como herramientas para la protección ciudadana se traducen en más inteligencia, énfasis
22 de enero de 2015
en la cultura preventiva por encima de la correctiva, investigación y desarrollo de los mecanismos de inteligencia y sistemas de información para el combate a la delincuencia.
En ese sentido, la finalidad de esta reunión es que los enlaces se sientan parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y tener vínculos de interacción para lograr mejores resultados, en busca de una práctica reiterada de este tipo de encuentros; ya que, la CNPJ es una gran oportunidad para crear políticas públicas nacionales en materia de procuración de justicia, y los cimientos son precisamente los enlaces.
Organización y funcionamiento de la CNPJ
Ponente: Lic. Daniel Lozano Sinecio,Integrante del Secretariado Técnico de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia surge en los años noventa en un contexto promisorio para mejorar el futuro y desarrollo democrático de nuestro país, y se constituye en un instrumento del estado que coadyuva al fortalecimiento del Federalismo en los temas de su competencia.
La Conferencia se crea en el contexto de dos procesos que
tuvieron lugar en el país durante la década de los noventas. De un todo, un impulso renovador del federalismo, como parte del esfuerzo para mejorar nuestra democracia, y de otra, la construcción del Sistema Nacional de Seguridad Pública para enfrentar el fenómeno delincuencial.
La actuación de ésta tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y otros ordenamientos legales que orientan sus funciones y la coordinación con sus integrantes, como son sus Estatutos.
DEFINICIÓN
La Conferencia es un órgano público, colegiado, integrante del Sistema Nacional de Seguridad
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Pública; encargado de generar y dar seguimiento a las estrategias, acciones y políticas necesarias para el combate a la delincuencia, la investigación del delito, la seguridad jurídica y demás tópicos materia de su competencia.
FUNDAMENTO
La Conferencia cimenta su actuar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los Estatutos de la propia Conferencia y en el Convenio de Colaboración Interprocuradurías.
MISIÓN
La Conferencia tiene la misión de facilitar, generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia en México, en un ambiente de corresponsabilidad, para ejecutar políticas públicas en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, a la impunidad y corrupción, con estricto apego a la legislación vigente, y con respecto a las garantías individuales y a la soberanía nacional.
VISIÓN
La visión de éste órgano es consolidarse como el canal de estudio, análisis, promoción e implementación de acciones y estrategias integrales a nivel nacional, para fomentar una procuración de justicia efectiva y
pronta, fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, fomentar la cultura de la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
OBJETIVO
Ser el foro generador de acciones innovadoras y mejores prácticas en procuración de justicia; en lo general, impulsar, promover, establecer y difundir programas dirigidos a prevenir, investigar y combatir el fenómeno delictivo.
ESTRUCTURA La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tiene en su Asamblea Plenaria a su Órgano Superior de Gobierno; así, la Asamblea se integra por el Procurador General de la República, los Procuradores de Justicia y Fiscales Generales de las entidades federativas, así como el Secretario Técnico, y como invitados permanentes participan el Procurador General de Justicia Militar y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos últimos con voz pero sin voto. La Presidencia de la Conferencia recae en el Procurador General de la República, en términos de lo previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
ORGANIZACIÓN
El Consejo de Coordinación es el órgano de control de la Conferencia, mismo que sesiona
con carácter ejecutivo y se integra por el Procurador General de la República, los Procuradores y/o Fiscales representantes de zona, el Secretario Técnico y el procurador que ostente la sede de la Asamblea.
El Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, por atribución reglamentaria ostenta la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Para fortalecer el análisis y el trabajo conjunto de las procuradurías, la Conferencia Nacional ha dispuesto su organización por cinco zonas geográficas. (Zona Noreste, Zona Noroeste, Zona Centro, Zona Occidente, Zona Sureste)
En las Conferencias de Zona, el análisis de la problemática delincuencial y de procuración de justicia se realiza desde un enfoque regional, lo que favorece la elaboración de diagnósticos y propuestas de solución de interés común para las procuradurías y fiscalías que conforman las regiones, enriqueciendo así la coordinación y colaboración interprocuradurías.
Se ha dispuesto también la creación de Comités Técnicos y Grupos de Especialistas, encargados de realizar trabajos de investigación y preparación de opiniones, estudios o proyectos en las temáticas de interés para la Procuración de Justicia.
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Por otra parte, la Asamblea Plenaria sesiona semestralmente atendiendo una agenda de temas que son objeto de análisis y debate
abierto. En su caso, también se someten y aprueban acuerdos, mediante voto directo, personal y uninominal de los integrantes,
y por mayoría de votos. En consecuencia, los acuerdos alcanzados son de cumplimiento obligatorio.
Página Web. www.cnpj.gob.mx
Plataforma Web. Seguimiento de Acuerdos.
Ponente: Lic. Dulce Rocío Zamudio Gutiérrez,Integrante del Secretariado Técnico de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia
Ponente: Lic. Adrián Mendoza Bárcenas,Integrante del Secretariado Técnico de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia
En cumplimiento a lo previsto por los artículos 68 y 69 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Secretariado Técnico ha puesto a disposición de los integrantes el sitio web como canal electrónico de intercambio, comunicación electrónica y difusión de los trabajos realizados por este Órgano Colegiado.
ZONA PÚBLICA
En el apartado de zona pública, se puede consultar una breve reseña de los resultados alcanzados en cada sesión celebrada en el marco de la Conferencia Nacional
Es muy importante que los enlaces se sientan parte de la Conferencia ya que ellos son los que directamente buscan dar cumplimiento a cada uno de los acuerdos, son pieza fundamental en la consecución de los mismos y tienen la total confianza de sus
y sus fotografías: asimismo, se ha incorporado una serie de rubros que presenta al público en general los antecedentes, la estructura y la normatividad que rigen a este órgano colegiado.
La zona pública cuenta con un calendario donde se puede consultar las fechas y los lugares en donde tendrán verificativo cualquier reunión que se celebre en el marco de los trabajos de la Conferencia.
Además, en la misma zona a través del apartado “Directorio”, se pueden conocer los teléfonos y ubicación de las distintas
titulares; por ello mediante una ventana emergente, se visualiza el número de acuerdos generados así como la descripción y porcentaje de cumplimiento.
También cuenta con dos vínculos denominados “Mis pendientes” y
procuradurías y fiscalías generales de justicia del país. Se expone una serie de banners y/o vínculos con otras instancias de gobierno, de apoyo ciudadano y de acceso a la zona privada.
ZONA PRIVADA
La zona privada de la página web de la Conferencia es la sección con mayor importancia para los integrantes de la Conferencia Nacional, donde se consultan las minutas, acuerdos, presentaciones y fotografías de las reuniones celebradas en el marco de la Conferencia Nacional.
“Reuniones”, en el que se puede consultar de manera rápida todos los acuerdos con el estatus correspondiente de conclusión o pendiente de resolución.
La columna con el nombre del acuerdo, funge como vínculo para
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Conclusiones
Se tienen algunos proyectos para éste 2015 como fortalecer la cuenta de correo con la nomenclatura @cnpj.gob.mx, con la que cuentan los integrantes y enlaces de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, misma que se encuentra en proceso de reestructuración, con la finalidad
de establecer un medio de comunicación más inmediato, eficaz y funcional. Por lo que se ha elaborado un manual de usuario, con la finalidad de exponer de manera gráfica, puntual y dinámica, el manejo del sistema en todas sus funciones.
Las experiencias que han proporcionado éstas reuniones regionales son gratas, sin importar el mucho o poco presupuesto con el que se cuente, ya que lo principal es el contenido que se genera en las sesiones.
desplegar el número de párrafo, tipo y avances; se debe destacar que todo acuerdo implica una acción de seguimiento, ya sea declarativo o ejecutivo, para este último se expone de manera perceptible algún concepto del acuerdo y el requerimiento de alguna función o acción, mismo que se visualiza en entregables.
El concepto de entregables, es la sección en donde las instancias o unidades administrativas pueden
subir de manera inmediata sus archivos, consultar el documento que ya integraron y visualizar los comentarios emitidos por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como la posibilidad de emitir comentarios, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado.
Es importante tomar en cuenta, que existe una aplicación denominada SEM, cuya función es
mostrar el avance y cumplimiento de los acuerdos, el rojo indica que la instancia o unidad administrativa, no ha integrado el archivo mediante el cual da por cumplida la tarea descrita en el acuerdo, el amarillo indica que la instancia o unidad administrativa ya subió su archivo, pero falta ser validada por la Secretaría Técnica de la CNPJ, y el verde indica que el documento ha sido validado por la Secretaría Técnica y se ha dado cumplimento a la tarea descrita en el acuerdo.
Participantes• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia.• El Director Jurídico de la Procuraduría General de
Justicia del estado de Baja California .• El Agente del ministerio público adscrito a la
oficina de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur.
• El Subdirector adscrito a la oficina del Fiscal General del estado de Campeche.
• La Subprocuradora General de Justicia del estado de Chiapas.
• El Director General de la Subprocuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.
• La Coordinadora General de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
• El Subprocurador Jurídico de Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila.
• La Coordinadora General de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
• La Agente del Ministerio Público Auxiliar y Secretaria Particular del C. Procurador General de Justicia del estado de Colima.
• El Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
• El Director General de Planeación y Coordinación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
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• El Director de Coordinación de Procuración de Justicia adscrito a la Procuraduría General del Distrito Federal.
• El Agente del Ministerio Público adscrito a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del estado de Durango.
• El Asesor adscrito a la Dirección General Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato.
• La Encargada de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves de la Fiscalía General del estado de Guerrero.
• La Coordinadora de Apoyo Técnico y Enlace con la CNPJ adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.
• El Director General de Planeación adscrito a la Fiscalía General del estado de Jalisco.
• La Asesora del Procurador General de Justicia del estado de Michoacán.
• El Secretario Ejecutivo de la Fiscalía General del estado de Morelos.
• El Secretario Técnico del Procurador General del estado de Nuevo León.
• El Asesor del Procurador General de Justicia del estado de Oaxaca.
• El Agente del Ministerio Público adscrito a la oficina del Procurador General de Justicia del estado de Puebla.
• El Subprocurador de Prevención del Delito, Atención a la Víctima y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro.
• El Subprocurador de la Zona Sur de la Procuraduría General del estado de Quintana Roo.
• La Secretaria Particular adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí.
• El Director Jurídico Consultivo del Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa.
• El Director General de Desarrollo y Evaluación Institucional adscrito a la Fiscalía General del estado de Tabasco.
• El Coordinador de Vinculación y Enlace de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas.
• La Jefa de Unidad Jurídica adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala.
• El Secretario Técnico del Procurador General de Justicia del estado de Veracruz.
• La Coordinadora de la oficina de enlace para la Implementación de la Reforma Penal a la Fiscalía General del estado de Yucatán.
• El Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas.
• Los integrantes del Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de
Justicia de la zona centro
La Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, agradeció la
12 de marzo de 2015
hospitalidad a los funcionarios del estado de Puebla y las facilidades brindadas para la realización de la reunión.
La FEPADE y las fiscalías electorales en las entidades federativas
Ponente: Dr. Santiago Nieto Castillo,Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales
Los temas abordados durante la intervención del doctor fueron principalmente:
• Reforma constitucional de 2014, en la cual la ley ordena la coordinación entre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y las fiscalías regionales; señala como principales objetivos de la reforma:
1. Sujetos activos de delitos electorales, que amplía las penas a servidoras y servidores públicos.
2. Nuevo estatuto de responsabilidad para las
servidoras y los servidores públicos.
3. Combate al turismo electoral, donde se planea transitar la persecución de las personas que cambian de domicilio a las personas que proponen dicha conducta.
• Financiamiento ilícito, el cual puede traer como consecuencia responsabilidad penal para los administradores de campaña.
• Sugerencias de canales de colaboración entre la Procuraduría General de la República, la FEPADE y las procuradurías y fiscalías de
los gobiernos locales, con el propósito de facilitar la atención de las denuncias que se formulan por la probable comisión de delitos electorales del fuero federal y del fuero común.
A estas acciones de colaboración se le sumarían actividades de capacitación, intercambio de información, y coadyuvancia con el MP federal con las denuncias que, en su caso, sean competencia del fuero común, con el fin de facilitar su pronta radicación que nos permitan arribar a un escenario de mayor eficacia y alcance en el desarrollo de las funciones ministeriales.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COMÚN
Con los canales de coordinación es importante propiciar el establecimiento y adopción
de un protocolo de actuación común, porque es deseable que las diligencias ministeriales se realicen a partir de un protocolo que permita una estandarización en los procedimientos y que de la
pauta para un desempeño eficaz y eficiente.
El protocolo de actuación común permitirá en todo momento:
Fomentar y privilegiar mecanismos efectivos de coordinación y colaboración entre procuradurías y fiscalías, que permitan potenciar las acciones, proyectos y estrategias acorde a las recientes reformas normativas en materia electoral.
Punto de Acuerdo:
Experiencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la implementación del Sistema Penal Acusatorio
Ponente: Lic. Rodolfo Fernando Ríos Garza,Procurador General de Justicia del Distrito Federal
El 20 de agosto de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se declara la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal.
En dicho decreto, se establece que el Distrito Federal incorpora a su régimen jurídico penal, el código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento jurídico que regula la forma y términos
en que se substanciarán los procedimientos penales, en los hechos que ocurran:
1. Los delitos culposos y aquellos que se investigan por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieran autorización previa del juez de control, inherentes a estos delitos.
2. Todos los demás delitos que son competencia de los jueces del Distrito Federal, así como
la aplicación de los actos de investigación que requieran autorización previa del juez.
Además, con este nuevo sistema se han incorporado Módulos de Atención Oportuna, que son el primer contacto con las y los ciudadanos. La primera etapa para el funcionamiento de estos consiste en la instalación de Módulos en las Oficinas Centrales; Fiscalía Central de Investigación para la Atención de niños, niñas y adolescentes y en
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las Coordinaciones Territoriales, cuyas funciones principales se basan en:
• Recibir solicitudes de atención sin detenido.
• Brindar atención sin desplazamiento del usuario.
• Ofrecer información de personas detenidas, a través del MP Transparente.
• Sugerir presentar actas especiales mediante el MP Virtu@l, en el portal de la procuraduría o en el mismo módulo.
• Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.
También se implementaron Unidades de Medición, que tienen como objetivo contribuir a la implementación de los medios alternativos de solución de controversias en la procuración de Justicia, de manera pacífica, pronta y eficaz; basándose en principios legalidad, voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, imparcialidad y equidad. En dichas unidades se tratan hechos posiblemente constitutivos de delito, que se investiguen por querella y que no son graves.
Ministerios Públicos que intervienen en el procedimiento penal
• MINISTERIO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN (MPI):
- Interviene en la investigación inicial. - Solicita la intervención del juez.
- Continúa la realización de diligencias para concluir la investigación. - Dicta el acuerdo de cierre de la investigación complementaria.
• MINISTERIO PÚBLICO DE JUDICIALIZACIÓN (MPJ):
- Conoce del asunto antes que la autoridad judicial. - Interviene en la audiencia inicial, control de la detención, formulación de la imputación, vinculación a proceso y solicitud de la medida cautelar correspondiente. - Solicita el plazo para cierre de la investigación complementaria.
• MINISTERIO PÚBLICO DE ESTRATEGIAS PROCESALES (MPEP):
- Interviene a partir de la formulación de la acusación por escrito o, en su caso, solicita el sobreseimiento o la suspensión del proceso. - Interviene en la fase de preparación del juicio oral, hasta la audiencia y el dictado de sentencia.
• MINISTERIO PÚBLICO DE LITIGACIÓN (MPL):
- Se encarga de intervenir en la substanciación del procedimiento abreviado. - Recibe la propuesta del ministerio público de judicialización sobre la
posibilidad de solicitar el procedimiento abreviado; determina su pertinencia; y realiza su substanciación hasta el dictado de sentencia.
• MINISTERIO PÚBLICO DE SALAS PENALES (MPS):
- Interviene en las imputaciones que deriven de una resolución judicial durante el procedimiento o al momento de dictar la sentencia. - Formula agravios o alegatos correspondientes dentro de la substanciación del recurso.
• COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR:
- Se encarga de aprobar las propuestas de reserva o no ejercicio de la acción penal, y en caso de que éstas sean impugnadas ante el juez de control, intervendrá en audiencia para llevar a cabo la defensa de la decisión ministerial.
Finalmente será el Ministerio Público de Ejecución de Sanciones quien interviene en los procedimientos que se inicien ante el Juez de Ejecución, derivado de solicitudes de beneficios penitenciarios.
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Estrategia de combate a la trata de personasPonente: Lcda. Alicia Fragoso Sánchez,
Procuradora General de Justicia del estado de Tlaxcala
La trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad de las personas, al transgredir derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física y psicológica, y violentar la voluntad de las víctimas; al grado de ser, hoy por hoy, la “nueva forma de esclavitud en el siglo XXI”.
Es un problema que se ha convertido en el tercer negocio ilícito a nivel mundial, en el que México, según datos de diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) tiene el deshonroso quinto lugar en la escala del país con mayor número de víctimas a ese nivel.
Y, dentro de nuestro país, el estado de Tlaxcala está catalogado como punto –lugar- trágico de origen, destino y tránsito de víctimas de este flagelo social. Por ello, dando reconocimiento a la existencia del problema, se creó el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, mismo que se encargará de conducir el Plan Estatal Sexenal contra la Trata, que se encuentra integrado por los siguientes apartados:
• Eje de Prevención.- Que tiene como objetivo específico que dentro de las acciones necesarias para prevenir el delito de la trata de personas, se destaca la detección y reversión temprana de los factores
de riesgo y la promoción de los protectores, las medidas eficaces para atender y proteger interdisciplinaria e integralmente a las víctimas de este delito. Se consideran tres niveles de prevención, correspondiendo a acciones primarias, secundarias y terciarias, cada una de ellas con objetivos específicos.
• Eje de Atención y Protección Integral y Multidisciplinaria.- Que tiene como objetivo específico el brindar atención y protección a las víctimas directas e indirectas del delito de trata de personas de forma multidisciplinaria, con el fin de disminuir el impacto del mismo, desarrollando los mecanismos de protección integral dentro de los sistemas administrativos, asistenciales y judiciales.
• Eje de Investigación y Judicialización.- Que tiene como objetivo específico fortalecer la política de prevención, combate y sanción de la trata de personas y protección de sus víctimas a través de la promoción y desarrollo de acciones, mecanismos y medidas que fortalezcan a las instituciones encargadas de la investigación y judicialización de este delito, a fin de que sean más eficaces y eficientes en la persecución
y sanción de la conducta punible.
• Eje de Coordinación de la Administración Pública.- Que tiene como objetivo específico el impulsar acciones y políticas públicas concretas, complementarias y articuladas entre cada una de las instancias que conforman la administración pública estatal y, consecuentemente, de aquellas que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, tanto en su planeación como en su ejecución, con el fin de lograr una verdadera prevención y combate del delito de trata de personas, la atención y protección a las víctimas directas e indirectas y la investigación y sanción de los tratantes.
El Plan Estatal Sexenal Contra la Trata de Personas incluye líneas de acción y medidas específicas para dar cumplimiento a la estrategia, por consecuencia, cada acción o medida está integrada por nombre de la acción o medida, características especiales, responsables e indicador de cumplimiento.
Por tanto, el Consejo Estatal para la Trata de Personas delinea acciones que inciden en los tres niveles de prevención, tendientes a promover
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Proyectos de protocolos para la investigación ministerial, policial y pericial de desaparición forzada y tortura
Ponente: Eliana García Laguna,Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República
Se ha elaborado proyectos de dos protocolos homologados, que son de aplicación federal y local; y contemplan la aplicación de los dos sistemas penales (inquisitorio y acusatorio).
Las políticas de actuación y los procedimientos contenidos en las propuestas retoman los estándares de derechos humanos, que son quienes construyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse
la validez de todas las normas y actos de autoridad.
La elaboración de estos protocolos, es resultado de un trabajo multidisciplinario entre Ministerios Públicos, Policías, Peritos, y personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, así como del área de Planeación Institucional de la Procuraduría General de la República. El Protocolo Homologado contempla una serie de objetivos, que son principalmente:
• Establecer el procedimiento obligatorio de investigación ministerial, pericial y policial para la investigación pronta, efectiva y eficiente del delito de tortura, la sanción de los responsables, la reparación integral a las víctimas, y la adopción de garantías de no repetición.
• Determinar los principios básicos de actuación de los servidores públicos y personas que sean parte en la investigación, en apego a los
y reforzar, tanto la atención integral e interdisciplinaria y la protección a las víctimas, como los vínculos de actuación entre los cuerpos de seguridad y los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia.
Esto último, a efecto de agotar y aplicar todos los recursos y mecanismos jurídico-legales existentes que garanticen investigaciones y procesos judiciales que concluyan en sentencias de notable competencia, suficiencia, diligencia y prontitud, materializando la sanción penal de los tratantes, así como el respeto, reconocimiento, protección y restitución exacta de los derechos humanos de las víctimas.
En este marco, la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas se construye sobre cuatro enfoques básicos: la protección de derechos, la prevención del delito, la atención y protección integral e interdisciplinaria, y el enfoque de género; los que garantizan el buen trato, la protección y la obtención de justicia a las víctimas, asegurando la investigación, persecución y sanción a los delincuentes, proporcional a la gravedad y riesgo de las conductas y del o los delitos cometidos.
Con la amplia perspectiva de estos enfoques, la estrategia prevé cuatro ejes fundamentales que guiarán la actuación y el quehacer de las instituciones y las
organizaciones de la sociedad civil que conforman el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.
Los cuatro Ejes Fundamentales de la Estrategia son los de: Prevención; Atención y Protección Integral e Interdisciplinaria; Investigación y Judicialización; y, Coordinación de la Administración Pública Estatal. Todos ellos, en su conjunto, tienen como finalidad última establecer acciones, medidas y mecanismos concretos, que reviertan, hasta erradicarla, la dimensión del problema de la trata de personas en el estado de Tlaxcala, preservando la libertad, la seguridad y la protección de las personas, así como el respeto irrestricto de los derechos humanos, favoreciendo un ambiente de legalidad y justicia.
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estándares internacionales en materia de derechos humanos.
• Fijar las directrices para la práctica del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Estambul.
• Implementar procedimientos para la adopción de medidas de protección a las víctimas del delito de tortura durante la investigación ministerial, pericial y policial y evitar su victimización secundaria.
Estos objetivos van alineados al marco jurídico que establece la Constitución en materia de derechos humanos y prohibición de tortura, que explican lo siguiente:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.Queda prohibida y será
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o
tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá
de todo valor probatorio.En los decretos que se expidan por
casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o
conflicto, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos… de prohibición de la
tortura.”
En este tema además, hay actuaciones de órganos nacionales e internacionales los cuales sugieren que se mantenga la práctica de la tortura durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición como mecanismos de castigo o para la extracción de confesiones o información.
También es necesario perfeccionar los registros de detención y los exámenes médicos a fin de que constaten evidencias de torturas y, se requieren mecanismos de control adecuado sobre la legalidad de la detención y del plazo para la presentación ante el MP.
Finalmente, respecto a la propuesta del protocolo para la investigación
del delito de desaparición forzada, el procedimiento que se contempla incluye:
• Fijar para las primeras 24 horas las acciones inmediatas y estratégicas para la búsqueda y localización de la persona desaparecida.
• Establecer el procedimiento obligatorio de investigación ministerial, pericial y policial para la búsqueda y localización inmediata de víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y la sanción de los responsables.
• Fijar los criterios y procedimientos para la reparación integral a las víctimas, y la adopción de garantías de no repetición de hechos similares, de acuerdo a los establecido en la Ley General de Víctimas y en apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
• Construir los vínculos entre las autoridades federales, estatales y municipales a efecto de coordinar los apoyos necesarios para la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, así como para la participación de diferentes sectores de la sociedad civil.
- Se recibieron los proyectos de protocolos de investigación ministerial, policial y pericial en materia de desaparición forzada y de tortura, de aplicación nacional. - En paralelo, se impulsa la participación de los enlaces estratégicos en los mecanismos de intercambio de información que actualmente instrumentan bajo la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal. - Se aprueba una propuesta para realizar un Encuentro Nacional de Analistas de Información, a convocatoria de la Procuraduría General de la República.
Punto de Acuerdo:
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Brigadas de Prevención del Delito y promoción de la denunciaPonente: Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez,
Procurador General de Justicia del Estado de México
La prevención del delito es el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores de riesgo y las distintas causas que las generan, contribuyendo al objeto y fines de la seguridad ciudadana, tendentes a coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por tal motivo, se ha creado un ejercicio por parte del Gobierno para acercar a este con los ciudadanos que consiste en brigadas, pues en materia de seguridad tiene una especial importancia, toda vez que reivindica la relación entre ciudadanía y autoridades.
El objetivo es disminuir la percepción negativa y mejorar las condiciones de seguridad en el estado, establecer canales de comunicación de la ciudadanía con sus autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia, hacer presencia institucional e informar sobre los mecanismos de prevención y denuncia de los delitos, y dar la cara a la ciudadanía mediante reuniones frente a frente.
Este ejercicio se concentra dos temas de prevención:
A. Prevención del delito en general (secuestro, extorsión, robo con violencia, etc.).
B. Prevención de delitos sexuales (violación, trata de personas,
feminicidio, violencia familiar y desapariciones).
Además las brigadas comprenden:
1. Mesas de trabajo entre autoridades y ciudadanía
Consisten en reuniones entre las autoridades y la ciudadanía para escuchar las necesidades en materia de seguridad y procuración de justicia.
Adicionalmente, el Centro de Prevención del Delito impartirá una conferencia sobre la corresponsabilidad de la ciudadanía y del gobierno en materia de seguridad y procuración de justicia (cultura de la paz).
2. Pláticas, conferencias y talleres de prevención del delito
Las pláticas podrán ser impartidas a:
• Ciudadanía en general; • Estudiantes (a partir de
secundaria); • Empresarios, y• Otros grupos objetivo según
lo requiera la dependencia a cargo del Gabinete Regional.
Se considerarán las características particulares del lugar donde se realicen las brigadas, para atender los delitos más comunes en la
región y así tener un mayor efecto en los asistentes. Cada plática se diseñará de conformidad con el auditorio al que se imparta.Se contará con la presencia de personal del Instituto de Atención a Víctimas, que auxiliará en las pláticas y atenderá los casos que sean de su materia. En los temas de violencia de género, se invitará al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
3. Unidades de promoción de la denuncia:
Se establecerán unidades de trabajo (conformadas por agentes del ministerio público) para que se reciban denuncias o querellas e información sobre posible ilícito, y al mismo tiempo se otorgue asesoría respecto de los servicios de la PGJEM.
Tendrá también como función dar a conocer los sistemas de denuncia con los que cuenta la Institución y generar una base de información respecto de los datos criminales que se proporcionen en los eventos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México cuenta con un Sistema de Medios Alternativos de Denuncias y Querellas (SIMADEQ), el cual tiene como objetivo que la ciudadanía pueda denunciar de manera rápida y sencilla, y con un servicio accesible, amable y eficaz.
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Seguimiento a compromisos con el INEGI
Ponente: Mtro. Adrián Franco Barrios, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública
y Justicia del INEGI y Secretario Técnico del CTEIPJ
CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA ESTATAL
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal es una herramienta que permite generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la procuraduría o fiscalía general de justicia en cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa; con la finalidad de que dicha información, se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de interés nacional.
GRUPO DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ESTADÍSTICAS
Para este grupo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizó un acuerdo para designar a un representante de la zona que participe en un grupo de trabajo que pueda analizar y emitir recomendaciones para la mejora y fortalecimiento de los sistemas de información estadística en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia. (CNPJ 2013).
Este proyecto se intercepta en muchos puntos con la Agencia de Investigación Criminal, y busca acciones coordinadas para este tema.
El propósito del grupo se basa en:
• Emitir recomendaciones para la mejora y fortalecimiento de los sistemas de
información estadística en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
• Diagnóstico de la situación actual de generación de información para fines estadísticos.
• Identificación de fortalezas y ausencia de capacidades, así como áreas de oportunidad.
• Definir estrategias generales de acción para el fortalecimiento de capacidades.
• Monitorear y dar seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades.
Y sus acciones son:
• Llevar a cabo los trabajos de diagnóstico.
• Acordar la estructura temática a diagnosticar (100%).
• Generar el instrumento para operar diagnóstico (100%).
• Reuniones zonales para iniciar diagnóstico.
• Integrar documento de diagnóstico.
4. Capacitación a los ayuntamientos en relación con los sistemas de denuncia y atención a víctimas:
Los ayuntamientos son las autoridades de mayor proximidad al ciudadano. Es fundamental que estas autoridades tengan la capacidad de asesorar
correctamente a las víctimas del delito y que conozcan el funcionamiento de la procuraduría.
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- Completar el levantamiento del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015, conforme agenda y tareas establecidas por el INEGI. - Integrar el diagnóstico regional e individual que elaborará el Grupo de Trabajo para Fortalecimiento de Capacidades Estadísticas de la Conferencia Nacional.
Punto de Acuerdo:
Participantes
• El Gobernador Constitucional del estado de Puebla.
• La Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• El Procurador General de Justicia del estado de Puebla.
• El Encargado de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.
• La Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.
• El Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
• El Asesor de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
• El Coordinación de Supervisión y Control Regional de la Procuraduría General de la República.
• El Procurador General de Justicia del Distrito Federal y Representante de la Zona Centro.
• El Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo.
• El Procurador General de Justicia del estado de México.
• La Procuradora General de Justicia del estado de Tlaxcala.
• El Fiscal Regional Metropolitano de la Fiscalía General del estado de Morelos.
• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de México.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Hidalgo.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Morelos.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla.
• La Delegada de la Procuraduría General de la República en el estado de Tlaxcala.
• El Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI y Secretario Técnico del CTEIPJ.
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1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente
Protocolo de coordinación MP-Policía: detención en flagrancia; preservación y procesamiento del lugar de intervención; y actos de investigación
Ponente: Lic. Rommel Moreno Manjarrez,Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Acusatorio
de la Procuraduría General de la República
El Protocolo de coordinación MP-Policía, es un tema que ya cuenta con avances a nivel nacional y se refiere más allá de la capacitación en cuanto al Sistema Penal Adversarial o la articulación de comunicación entre las instituciones policiacas y las procuradurías. Estos protocolos, aclaran en dónde recae la conducción de la Investigación y facilitan los procesos de colaboración entre el Ministerio
Público con las policías en las entidades y municipios.
A partir de la reforma en materia de seguridad y justicia a nivel constitucional de junio de 2008, se plantea un servicio de justicia transparente y evaluable que genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de
la Institución encargada de la investigación de los delitos y la persecución penal se ve impactada, haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación.
A lo anterior se suman, las instituciones policiales que con motivo de su participación en una detención en flagrancia, en la preservación o procesamiento del lugar de intervención, o en la realización de actos de
En estos espacios de articulación y coordinación entre los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se deben generar consensos indispensables para fortalecer las políticas para hacer más eficaz la investigación y persecución de los delitos, combatir la impunidad y así contar con instituciones confiables, transparentes y cercanas a la gente, en cumplimiento al mandato constitucional de procuración de justicia, bajo el marco del Estado de Derecho.
Serán los resultados, el marco idóneo para una renovada relación con la sociedad que esté
26 de marzo de 2015
fundamentada en el diálogo abierto y los resultados, pues la confianza de los ciudadanos se logra acercando las instituciones a las personas y cumpliendo con las exigencias legales de los servidores públicos.
Finalmente es importante señalar que estas acciones se encuentran integradas dentro de los cuatros ejes rectores de nuestra gestión que son la transparencia, procuración de justicia eficaz, implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y especialmente en el respeto y la defensa de los derechos humanos.
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investigación bajo el mando y conducción del MP participan activamente en el procedimiento penal. Así, la coordinación interinstitucional se convierte en el mejor instrumento para garantizar investigaciones sólidas, suficientes y de calidad.
Por tanto, esquemas y protocolos de actuación homologados en la investigación de los distintos actores que convergen en la misma permiten establecer claramente las funciones y competencias de cada uno de ellos con el objetivo de generar información de calidad que permita al MP una persecución penal acorde a las exigencias del sistema acusatorio.
Dentro del procedimiento penal, las instituciones policiales, intervienen en al menos tres procesos: el primero relacionado con su participación en detenciones en flagrancia; el segundo dentro de la preservación y procesamiento de indicios; y el tercero respecto a la realización de actos de investigación a solicitud del MP.
Bajo esa premisa, se define la actuación de las instituciones policiales dentro del procedimiento penal y su interacción con el MP, esto a fin de homologar a partir de una metodología clara y específica, las actividades que estos realicen bajo los estándares que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, y partir del cual se identifican las funciones y competencias por perfil:
• Ministerio Público: Le corresponde la investigación de los delitos a través de la
policía, la cual actuará bajo su mando y conducción. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano jurisdiccional.
• Policía: - Adscrito a instituciones de Procuración de Justicia: Es quien bajo el mando y conducción del MP realiza los distintos actos de investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades realizadas con motivo de la investigación del delito. - No adscrito a Instituciones de Procuración de Justicia –instituciones policiales-: Es quien dentro del procedimiento penal acusatorio participará como primer respondiente en el lugar de los hechos/hallazgo, en detenciones en flagrancia o, a solicitud del Ministerio Público bajo su mando y conducción.
• Perito: Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación, en coordinación con la Policía y bajo la conducción del MP. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Bajo este contexto, las bases para la coordinación entre el MP e instituciones policiales se dividen en tres secciones:
1. Detención en flagrancia: que comprende la explicación de los actos necesarios que el agente aprehensor debe realizar motivo de la misma y todo lo relativo a la puesta a disposición del detenido ante la autoridad ministerial.
2. Preservación y procesamiento del lugar de intervención: se detallan los pasos a seguir cuando el elemento policial se encuentra en presencia de indicios y/o elementos materiales, objetos, instrumentos o productos del delito para su preservación y en su caso procedimiento a través de esquemas conjuntos de comunicación y coordinación interinstitucional.
3. Actos de investigación: se establecen los pasos mínimos para su realización respecto de aquellos que se establecen en el CNPP, siempre en el caso de Instituciones Policiales no adscritas a procuradurías y fiscalías a solicitud del MP acorde a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. En razón de lo anterior, para la elaboración del protocolo se señalan los objetivos, definiciones, límites, responsables, actividades relevantes, así como los documentos requeridos (registro de información/actas policiales) que permitan homologar la actuación policial dentro del procedimiento
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Proyectos de protocolos para la investigación ministerial, policial y pericial de desaparición forzada y tortura
Ponente: Eliana García Laguna,Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República
Dichos protocolos son el resultado de un trabajo multidisciplinario entre ministerios públicos federales, policías, peritos médicos personal de la Procuraduría General de la República. Entre los objetivos del Protocolo de Tortura está el establecer el procedimiento obligatorio de investigación ministerial, pericial y policial para la investigación pronta, efectiva y eficiente del delito, la sanción de los responsables, la reparación integral de las víctimas, y la adopción de garantías de no repetición.
Acerca del protocolo de delito de desaparición forzada, se busca establecer el procedimiento obligatorio de investigación ministerial, pericial y policial para la búsqueda y localización inmediata de víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y la sanción de los responsables, criterios y procedimientos para la reparación integral a las víctimas, y construir vínculos entre autoridades para la búsqueda y localización de
las personas reportadas como desaparecidas, así como para la participación de diferentes sectores de la sociedad civil.
Propuesta de Protocolo Homologado para la
Investigación del Delito de Tortura
• Objetivos del Protocolo Homologado
- Fijar para las primeras 24 horas las acciones inmediatas y estratégicas para la búsqueda y localización de la persona desaparecida. - Establecer el procedimiento obligatorio de investigación ministerial, pericial y policial para la búsqueda y localización inmediata de víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y la sanción de los responsables. - Fijar los criterios y procedimientos para la reparación integral a las
víctimas, y la adopción de garantías de no repetición de hechos similares, de acuerdo a los establecido en la Ley General de Víctimas y en apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. - Construir los vínculos entre las autoridades federales, estatales y municipales a efecto de coordinar los apoyos necesarios para la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, así como para la participación de diferentes sectores de la sociedad civil.
• Recomendaciones de organismos nacionales e internacionales
- Garantizar la búsqueda de oficio y sin dilaciones de modo de acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida y sin demora una investigación exhaustiva e imparcial.
penal y que la misma sea útil, legal, pertinente y suficiente garantizando así, mayor efectividad de las investigaciones.
Por último, el protocolo establece los estándares de operación
y metodología dentro de la investigación con el fin de generar una constante de calidad y solidez en la misma. En este sentido, el protocolo no valida procesalmente la actuación de Instituciones policiales al realizar un acto de investigación, sino que a través
de su observancia se garantiza la calidad en la información obtenida por ellas.
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- Contar con un registro único y exhaustivo de personas desaparecidas a nivel nacional. - Asegurar la operatividad de la Base de Datos Ante Mortem –Post Mortem en todas las entidades federativas y fortalecer la Base de Datos Genéticos de la PGR. - Garantizar la efectiva coordinación y cooperación de las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. - Fomentar y facilitar la participación de los allegados de la persona desaparecida en las investigaciones. - Asegurar que la Ley General de Víctimas sea plenamente implementada en todo el estado parte a la mayor brevedad posible.
• R e c o m e n d a c i o n e s retomadas en el proyecto.
- En las primeras 24 horas, se activa el mecanismo de
alerta inmediata en la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para la búsqueda exhaustiva y obligatoria. - Dentro de las primeras 12 horas, las autoridades deberán solicitar la preservación de toda la información que ayude a documentar el caso. - En las primeras horas, se recaba la información del cuestionario ante mortem a fin de contar con la información de la víctima directa que permita orientar la investigación y la búsqueda. - Las autoridades aplicarán técnicas, métodos y herramientas de análisis de información y tecnológicas, que garanticen rapidez, pertinencia y confiabilidad. - Los datos se ingresarán desde el reporte de la desaparición al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
el cual será actualizado a lo largo de la investigación. - Se propone la coordinación ágil entre las distintas autoridades federales, estatales y municipales a fin de reaccionar de manera inmediata y eficaz frente a una desaparición. - Las víctimas indirectas podrán aportar información que sea útil para la investigación. Se les brindará la atención inmediata que requieran y se les apoyará para su atención en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatal.
Se recibieron los proyectos de Protocolos de investigación ministerial, policial y pericial en materia de desaparición forzada y de tortura de aplicación nacional.
Punto de Acuerdo:
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Colaboración para la investigación y persecución del delito de robo a hidrocarburos y relacionados
Ponente: Mtro. Gilberto Higuera Bernal,Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo de la Procuraduría General de la República
El robo de hidrocarburos, en cualquiera de sus formas, es un problema que se ha venido acrecentando en todo el país; en el que la extracción ilegal de gasolinas, diesel, gas, combustóleo, ha ocasionado un menoscabo considerable en la economía de PEMEX; además, representa más ganancias que el narcotráfico.
PROBLEMÁTICA
La Zona Occidente los últimos años, la incidencia delictiva en este tema se ha incrementado, lo que genera una problemática social asociada al propio delito, encontrando como uno de los principales daños colaterales el desbordamiento del hidrocarburo en los campos agrícolas, afectando en forma amplia los ciclos de cultivo en esas tierras, además del peligro que acarrea la posible explosión o quema del producto. El robo de combustible en las zonas es tan grave, que en fechas recientes se ha llegado a provocar la escasez de productos en algunos lugares de abastecimiento al público, ocasionando grandes pérdidas económicas en la región.
En algunos casos existe conexión con otros ilícitos, donde se
presenta una sucesión de delitos del orden común y del orden federal, que involucran a los tres órdenes de gobierno y que obligan por lo mismo, a una coordinación interinstitucional para su mejor combate. El delito puede crecer en el efecto social, y aumenta el riesgo de que incremente la impunidad pues entre los casos más preocupantes es que se han identificado casos de robo, ordeña, comercialización, diversas conductas relacionadas con la ilicitud de los hidrocarburos e incluso “adulteraciones”.
Asimismo, el manejo y venta ilícita del producto ha generado contaminación en drenajes. La comercialización al menudeo de combustible alterado, provoca también daños en la economía de los propietarios de vehículos automotores.
Obtención ilícita del producto y
transportación del producto
Por las características de peso y dimensiones, así como por lo peligroso de los materiales que transportan, estos vehículos
tienen prohibido transitar por caminos de terracería o vecinales, debiéndolo hacer por las carreteras federales de conformidad con la reglamentación y disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que autoriza y regula los permisos para la prestación de estos servicios.
Sin embargo, al tratarse de producto obtenido ilícitamente, no se cumple con los ordenamientos legales establecidos; al contrario, para evitar ser detectados circulan de manera oculta por caminos locales y rurales, evadiendo la supervisión por parte de autoridades federales y por lo mismo, sólo es posible ubicarlos, detectarlos, revisarlos y en su caso detenerlos, con la intervención y apoyo de autoridades locales.
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Procedimientos de identificación del transporte de hidrocarburos de procedencia ilícita
Es muy importante tener en cuenta y verificar lo siguiente para la detección de personas que se aprovechan de este recurso para generar ganancias:
• El certificado de verificación de capacidades.
• Documentación del producto (factura o conocimiento de embarque, sellos de seguridad, etc.)
• El número económico que se cita en el certificado de verificación debe coincidir con los datos del tipo de vehículo que establece la factura.
• Las placas del tractor y el autotanque deben coincidir con los datos asentados en el certificado de verificación de capacidades y factura o conocimiento de embarque.
• Los datos del conductor asentados en los documentos mencionados deben coincidir con la licencia del conductor.
• Los sellos deben ir bien colocados sin señales de haber sido violados.
• Los números de serie de los sellos deben coincidir con los asentados en el certificado de verificación de capacidades, factura o conocimiento de embarque.
• Verificar la fecha, hora y lugar en que se abasteció el autotanque, en relación con el lugar donde es detenido para su inspección.
• Falta de sellos oficiales en los documentos expedidos o que el autotanque carezca de logotipos o razón social.
• La actitud del conductor y sus acompañantes y el intento de soborno al personal que realiza la inspección.
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Conformar un grupo de trabajo que analice los medios para generar colaboración en la investigación y persecución de los delitos relacionados con el robo a hidrocarburos.
Punto de Acuerdo:
Participantes
• El Gobernador Constitucional del estado de Michoacán.
• La Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• El Procurador General de Justicia del estado de Michoacán.
• El Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.
• La Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
• El Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.
• El Coordinador de Supervisión y Control Regional PGR.
• El Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
• El Procurador General de Justicia del estado de Guanajuato y Representante de Zona Occidente.
• El Procurador General de Justicia del estado de Colima.
• El Fiscal General del estado de Jalisco.• El Fiscal General del estado de Nayarit.• El Procurador General de Justicia del estado de
Querétaro.• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Aguascalientes.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Colima.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Guanajuato.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Jalisco. • La Delegada de la Procuraduría General de la
República en el estado de Michoacán. • El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Nayarit.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Querétaro.• El Coordinador Nacional Antisecuestros de la
Secretaría de Gobernación.• El Director General Adjunto de Políticas de
Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno del INEGI.
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1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las zonas noreste y
noroeste
Fundación “Lazos Ciudadanos con la Seguridad” A.C.
Ponente: Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich,Procurador General de Justicia del estado de Sonora y
Representante de la Zona Noroeste
“Lazos Ciudadanos con la Seguridad”, es una sociedad civil cuyo modelo es identificado por la ciudadanía y surge por la creencia de que el policía no es reconocido por su trabajo; ejemplo de ello es que un elemento de seguridad no tiene acceso a las mismas prestaciones que cualquier otro trabajador debido al riesgo laboral que implica su labor.
Por ello, en esta fundación se debe tener un modelo de compromiso y agradecimiento que sea recíproco entre sociedad y cuerpos policiacos; además que vaya dirigido a todos los policías estatales de seguridad pública e investigadora, ministerios públicos, peritos y sus familias.
Programa de apoyo e incentivos
El programa se divide en cuatro áreas:
• Sector salud. Se da apoyo en medicamentos, medicina alternativa, tratamientos especializados, psicólogos, nutriólogos, dentistas, pediatras, ortopedistas y trabajadoras sociales para asuntos familiares.
• Sector educativo. Ofrece becas de desempeño a los hijos, apoyo de útiles escolares, becas en escuelas particulares, clases de inglés o computación, apoyos de equipo de cómputo, cursos de primeros auxilios, clases
de arte y cultura, deporte y apoyo educativo con el uso de la web.
• Sector financiero. Brindan créditos para ampliar o adquirir vivienda, para compra de autos, a tiendas de servicio y comercio, bono de antigüedad y desempeño, vales de despensa, tarjeta de descuentos para comercio y servicios.
• Corporación. Cuenta con doctor las 24 horas en corporación, ambulancia permanente, apoyos financieros para procedimientos especializados, gimnasio y guardería para niños de mujeres policías.
Nuevo León fue sede de la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Durante la inauguración se agradeció al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional de la entidad; así como, al licenciado
9 de abril de 2015
Javier Enrique Saldívar, Procurador General de Justicia del estado, por las atenciones, hospitalidad y esmero para llevar a buen término los trabajos realizados durante esta reunión.
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Trabajos y Proyectos Actuales
Existen proyectos en conjunto con Infonavit y el gobierno del estado de Sonora; servicio funerario gratuito para elementos de la Estatal Investigadora; apertura de una tienda de equipo táctico para policías en donde las utilidades van directamente al beneficio de la corporación; respaldo económico a elementos que han requerido de procedimientos médicos que no cubre su seguro en salud, descuentos y promociones especiales para todos los elementos y familiares directos en restaurantes miembros de la CANIRAC Sonora, acuerdo de becas y descuentos para elementos y sus hijos.
La FEPADE y las fiscalías electorales en las entidades federativasPonente: Dr. Santiago Nieto Castillo,
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República
Los cambios en los modelos de coordinación entre el INE con las entidades federativas, implican cambios en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y coordinación con las procuradurías y fiscalías locales; esto significa suscribir un acuerdo de colaboración institucional entre la Procuraduría General de la República, con la intervención
de la FEPADE, y las procuradurías y fiscalías de los gobiernos locales con el propósito de facilitar la atención de las denuncias que se formulen por la probable comisión de delitos electorales del fuero federal y del fuero común.
A estas acciones se deben agregar actividades de capacitación, formación y desarrollo;
intercambio de información, coordinación y coadyuvancia del Ministerio Público Federal con las denuncias que, en su caso, sean competencia del fuero común, con el fin de lograr su pronta radicación que permita arribar a un escenario de mayor eficacia y alcance en el desarrollo de las funciones ministeriales.
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Protocolo de Actuación Común
La finalidad es propiciar el establecimiento y adopción de un Protocolo de Actuación Común para que las diligencias ministeriales se realicen mediante una estandarización en los procedimientos y que dé la pauta para un desempeño eficaz y eficiente.
El Protocolo de Actuación Común permitirá en todo momento:
• Abrevar en las buenas prácticas reconocidas en la función ministerial.
• Coadyuvar a la construcción de parámetros mínimos de valoración, que darán pie a la mejora continua.
• Constituirse como una herramienta fundamental para la estandarización de las prácticas en los sistemas inquisitivo y adversarial.
Despliegue Ministerial
Con motivo de la próxima jornada electoral, el despliegue ministerial surge para asuntos que se susciten a lo largo del territorio nacional, con
la intención de generar una pronta respuesta a las denuncias y, en su caso, el inicio inmediato de las investigaciones correspondientes.
Características Principales del Despliegue
• FEPADE
- Representar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. - Atender las demandas ciudadanas en materia penal electoral. - Contar con una fuerza ministerial especializada y capacitada en delitos electorales. - Actuación con criterios, protocolos y procedimientos. - Disponer de sistemas de comunicación eficientes. - Generar un flujo de información en tiempo real. - Propiciar la comunicación con organismos y dependencias.
• CIUDADANÍA
- Disponer de mayores alternativas para, en su caso, denunciar.
- Contar con mayor seguridad para emitir su voto al percibir la presencia de instituciones federales.
• INFORMACIÓN ELECTORAL
- Mantener contacto con las autoridades electorales para conocer e informar del desarrollo de la jornada electoral. - Establecer vínculos de comunicación con autoridades de gobierno para informar las incidencias que se presenten en la jornada electoral y que se puedan derivar en denuncias en materia de delitos electorales.
La Ley Federal Electoral se aplica para las fiscalías locales y la FEPADE, siendo la Fiscalía la que se encuentra a disposición para todas las fiscalías para consultas u otros intereses y para cualquier consulta respecto a los proyectos de colaboración.
- Actualizar el contenido del acuerdo de colaboración institucional que se ha suscrito, entre la Procuraduría General de la República, con la participación de la FEPADE, y las procuradurías y fiscalías integrantes de la CNPJ. - De la suscripción del convenio, derivará la integración del protocolo de actuación y el manual de diligencias básicas en la atención de los delitos electorales que construirá la FEPADE.
Punto de Acuerdo:
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Ponente: Mtro. Tomás Zerón de Lucio,Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la
Procuraduría General de la República
Es indispensable que cada una de las procuradurías y fiscalías inicien acercamientos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para solicitar el presupuesto aprobado para el desarrollo del proyecto de Unidades de Análisis de Información.
El modelo conceptual de coordinación favorece el intercambio de información e inteligencia criminal entre la federación y las entidades federativas. A través de unidades de análisis, altamente especializadas y sensibles, su impacto corresponde a los nuevos retos del MP; ya que provee un análisis estratégico para la toma de decisiones, efectiva coordinación institucional, líneas
de investigación efectivas, fortalecimiento de la teoría del caso, entre otros.
El propósito de estas unidades es el intercambio de información, homologación de criterios en el tratamiento de información, estandarización para la búsqueda de la misma, creación de líneas estratégicas, compartir plataformas y bases de datos, entre otros.
La estructura de las unidades de análisis se divide en cuatro áreas:
• Área de tratamiento a la información.
• Área de tecnología.• Área de apoyo, investigación y
persecución penal.• Área de análisis y política
criminal.
Entre las experiencias comentadas, el maestro César Augusto Peniche Espejel hizo referencia que hace medio año se conformó un grupo táctico especializado entre la AIC y la policía estatal única donde se trabaja casos de alto impacto, lo que ha permitido el acceso de información de la delegación de Procuraduría General de la República con la fiscalía del estado.
Mencionó que falta mucho por hacer en este rubro, por ejemplo la disociación entre la información que genera la PGR y la información que generan los estados. Por ello, este proyecto permitirá que efectivamente se genere información no sólo a nivel central, sino que se genere también a nivel regional que permitirá una mejor atención del problema.
Unidades de Análisis de Información
- Impulsar la participación de los enlaces estratégicos en los mecanismos de intercambio de información que actualmente se instrumenten bajo la coordinación de la AIC. - Fomentar la vinculación institucional y generación de conocimiento en materia de inteligencia criminal.
Punto de Acuerdo:
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Ponente: Eliana García Laguna,Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República
La investigación del delito de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los principales retos que aún prevalecen en el Sistema de Justicia de la Nación y demanda el fortalecimiento de capacidades institucionales en el marco del cambio del sistema jurídico mexicano y de la transición del sistema penal mixto inquisitorio hacia el acusatorio adversarial y oral.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó el 19 de diciembre de 2014, la elaboración del Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura, de aplicación nacional, mismo que contempla las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial, así como los principios de una atención digna y respetuosa de la víctima.
El Protocolo asume los compromisos adquiridos por el estado mexicano al ratificar las dos Convenciones Internacionales en la materia, y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recomendaciones y sentencias en materia de tortura pronunciadas por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Se establecen pautas de actuación para que los agentes del ministerio
público, los policías ministeriales y los peritos se ajusten a los estándares y mejores prácticas en la aplicación del manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”.
El Protocolo retoma preocupaciones nacionales e internacionales relativas a la necesidad de investigar eficazmente y lograr reducir los niveles de impunidad, lo traduce en elementos de políticas de actuación y procedimientos para la investigación de la tortura, con el fin de asegurar una investigación exhaustiva de los hechos y evitar la re victimización de la persona. Un punto esencial en este documento es la atención a las víctimas independientemente de la identificación y castigo de los responsables del delito, tomando en consideración las circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentren.
Criterios para su Elaboración
• Construcción a partir de experiencias exitosas y buenas prácticas de las procuradurías generales de justicia locales y de la PGR.
• Apego a los estándares de derechos humanos
establecidos en normatividad y jurisprudencia nacional e internacional.
• Cumplimiento del principio pro persona establecido en la Constitución, como elemento armonizador para la interpretación y aplicación de normas que resulten más amplias para los derechos de las personas.
• Aplicación de los controles de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos.
Equipos que trabajaron los proyectosde
Protocolos Homologados
• Ministerios Públicos Federales.• Policías Federales
Ministeriales.• Peritos Médicos.• Personal de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos.• Personal del área de Planeación
Institucional de la PGR.
En materia de tortura, el procedimiento que contempla el protocolo incluye una estrategia de investigación ministerial, un examen de integridad física, investigación de la Policía Ministerial, localización de la víctima, valoración de riesgo y medidas de protección, dictamen médico/psicológico especializado y medios de prueba.
Proyectos de protocolos para la investigación ministerial, policial y pericial de desaparición forzada y tortura
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Respecto al protocolo de desaparición forzada, el objetivo del mismo es establecer el procedimiento obligatorio de investigación ministerial, pericial y policial para la búsqueda y localización inmediata de víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y la sanción de los responsables; fijar los criterios y procedimientos para la reparación integral a las víctimas, y la adopción de garantías de no repetición de hechos similares, de acuerdo a los establecido en la Ley General de Víctimas y en apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, construir los vínculos entre las
autoridades federales, estatales y municipales a efecto de coordinar los apoyos necesarios para la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, así como para la participación de diferentes sectores de la sociedad civil.
Principales Instrumentos Internacionales
• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
• Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Marco Normativo
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
• Leyes para Prevenir y Sancionar la Tortura de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
• Códigos Penales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas.
Llevar a cabo reuniones con el personal especializado de las instancias de procuración de justicia, expertos y organizaciones de la sociedad civil para enriquecer los protocolos de investigación.
Punto de Acuerdo:
Ponente: Lic. Ismael Quintanilla Acosta,Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas
Al ser almacenada de forma ordenada y clasificada la información que se ha generado con relación a las muestras de ADN extraídas de cadáveres no identificados, se ha dado lugar a la creación de la base de datos de perfiles genéticos, con la finalidad de resolver la identidad de cadáveres y restos óseos obtenidos en distintos hallazgos de una manera rápida, segura y eficiente.
¿Qué es la Base de Datos?
La base de datos es un conjunto organizado y sistematizado de perfiles genéticos, obtenidos de los resultados de los procesos de extracción de ADN, amplificación de cadenas de ADN y secuenciación de la amplificación del ADN.
Dicha base cuenta con distintos rubros, los cuales son:
• Número de folio.• Número de expediente.• Municipio.• Agencia.• Observaciones.• 16 marcadores genéticos para
realizar comparaciones.• Descripción.• Archivos fotográficos.
Se acordó intercambiar la información de la base de datos con otras procuradurías para
Bases de Datos Estatal de Personas Desaparecidas
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Las zonas Noreste y Noroeste, se compromete a designar un enlace especializado para formar una Comisión de Trabajo, que analice y proponga mecanismos de colaboración para el combate a delitos relacionados con hidrocarburos, con el objetivo de elaborar un proyecto de protocolo de actuación para el combarte a delitos en materia de hidrocarburos; y someta las propuestas de mecanismos y protocolo a la aprobación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para que en su momento la procuraduría General de la República; y las Procuradurías y fiscalías estatales apliquen mecanismos y protocolo de actuación para el combate a delitos en materia de hidrocarburos.
Punto de Acuerdo:
Ponente: Mtro. Anselmo Mauro Jiménez Cruz,Coordinador de Supervisión y Control Regional
de la Procuraduría General de la República
Este tipo de ilícitos repercuten económicamente en las entidades y dan pauta para otros delitos del orden común, por lo que se requiere de coordinación entre entidades para la atención de los mismos; también trae consigo riesgo a las personas que viven cerca de las tomas clandestinas por la exposición que presentan estos ilícitos.
En los estados de Nuevo León y Sinaloa se presenta la mayoría de los casos, considerando las averiguaciones previas
iniciadas y consignadas. Como acciones pertinentes para la mitigación de este problema se debe estrechar la coordinación entre PEMEX y la Procuraduría General de la República para, fortalecer la coordinación entre las procuradurías y las fiscalías de las entidades con la PGR; e impulsar la expedición de la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, y se encuentra en proceso de estudio en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, hay que tomar en consideración que se trata de delincuencia organizada, que ha tomado la actividad como negocio y por esta misma situación PEMEX no se debe limitar a denunciar cuando haya disminución en presión, ductos, etc. Es la atención al problema que se debe dar con un uso de fuerza para combatir y reducir el robo de hidrocarburo y extracción de ductos.
Colaboración para la investigación y persecución del delito de robo a hidrocarburos y relacionados
realizar comparaciones de los marcadores genéticos, con la finalidad de localizar coincidencias y establecer la identidad de los cadáveres. En caso de encontrar alguna coincidencia, se solicitará mayor información sobre el
registro para tener certeza de que se trate de la misma persona.
Aunque es sabido que la problemática está concentrada en la frontera, la información se pone a disposición de la Procuraduría
General de la República para que sea compartida con las instancias a las que pueda ser de utilidad. Además, parte de la propuesta para el sistema de búsquedas de personas es la creación de un banco genético.
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Participantes
• El Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.
• El Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León.
• La Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
• El Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.
• El Coordinador de Supervisión y Control Regional PGR.
• El Fiscal Coordinador Mixto del Grupo de Fiscales Especializados en Sistema Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
• El Procurador General de Justicia del estado de Coahuila y Representante de la Zona Noreste.
• El Procurador General de Justicia del estado de Sonora y Representante de la Zona Noroeste.
• La Procuradora General de Justicia del estado de Baja California.
• El Procurador General de Justicia del estado de Baja California Sur.
• El Fiscal General del estado de Chihuahua.• La Fiscal General del estado de Durango.• El Procurador General de Justicia del estado de
San Luis Potosí.• El Procurador General de Justicia del estado de
Sinaloa.
• El Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas.
• La Procuradora General de Justicia del estado de Zacatecas.
• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Baja California.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Baja California Sur.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Chihuahua.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Coahuila.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Durango.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Nuevo León.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de San Luis Potosí.
• La Delegada de la Procuraduría General de la República en el estado de Sinaloa.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado Sonora.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Tamaulipas.
• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Zacatecas.
• El Director General Adjunto de Políticas de Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno del INEGI.
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1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de
Justicia de la Zona Sureste
23 de abril de 2015
Unidades de Análisis de Información
Ponente: Mtro. Tomás Zerón De Lucio,Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal
de la Procuraduría General de la República
El modelo de las Unidades de Análisis de Información propuesto en el marco del Consejo Nacional de Seguridad favorece el intercambio de información e inteligencia contra la criminalidad; pero para que esto ocurra, las unidades deben ser homologadas en coordinación con la Procuraduría General de la República.
El éxito en su implementación impactaría en el análisis estratégico para la toma de decisiones; en la generación de lineamientos de política criminal; en la coordinación interinstitucional; en la generación de líneas de investigación; en el
fortalecimiento de la Teoría del Caso; en el tratamiento del archivo temporal; así como, resolver casos con imputado desconocido. Los propósitos de las Unidades de Análisis radican en:
A. El intercambio de información;B. Homologar criterios en el
tratamiento de información; C. Estandarizar criterios para la
búsqueda de información;D. Creación de líneas estratégicas;E. Compartir plataformas y bases
de datos:F. Análisis interdisciplinarios.
El licenciado Rommel Moreno Manjarrez, Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, mencionó que para legitimar al Sistema desde un principio se le debe asignar a casos de delitos de alto impacto, delitos del fuero común y delitos patrimoniales, como se está haciendo en el caso de robo de hidrocarburos. Refirió, que estas unidades pueden ayudar a temas de archivo temporal, del imputado desconocido, y a la racionalización de la investigación.
Como cierre del primer ciclo de Conferencias de Procuración de Justicia 2015, y teniendo de escenario la capital de Xalapa, Veracruz, los integrantes de la Zona Sureste llevaron a cabo su primera sesión ordinaria 2015, donde la Procuradora General de la República durante su intervención en el acto inaugural recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya opera en cuatro entidades del país:
Durango, Puebla, Zacatecas y Yucatán, ésta última forma parte de la Zona Sureste, así también menciono que hace unos días, el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en cuatro estados más: Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
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-En la Zona Sureste se propuso analizar la posibilidad de generar un acuerdo de permanencia para los funcionarios que integrarán las Unidades de Análisis de Información y ser sometido ante la Asamblea Plenaria.-La Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, llevará a cabo un taller de Criterios Homologados y Funcionamiento de las áreas de Información de las instancias de Procuración de Justicia.
Punto de Acuerdo:
Vinculación de la Fiscalía General con el Sector Educativo para Proyectos de Laboratorios Forenses y Profesiones de Informática Forense
Ponente: Lic. José Arturo Ambrosio Herrera,Fiscal General del estado de Campeche
La Fiscalía General del Estado de Campeche en trabajo académico conjunto con el Instituto Tecnológico de Chetumal está logrando la acreditación y certificación de estudiantes de Ciencias forenses de la entidad, mediante un proyecto de vinculación con el sector educativo.
Tanto el Instituto como la Fiscalía han visualizado un trabajo conjunto que concebirá y generará los valores necesarios, relacionados con el activo intelectual para instaurar y participar activamente en los procesos de procuración e impartición de justicia, aplicando la gestión de las secuencias de operaciones y la metodología científica.
A la fecha no existe ninguna institución que esté desarrollando este campo de operación y mucho menos en carácter científico, por eso esta alianza estratégica dará
el empuje necesario y requerido a la parte toral del proceso de administración de justicia acusatoria adversarial, alternativa y restaurativa, así como a las secuencias de operaciones implicadas, destacando la transversalidad de las tecnologías de información y comunicación, incluyendo el desarrollo de tecnología propia.
Sentando las bases sin precedente alguno para la creación y desarrollo de la policía científica acreditable de campo y de gabinete, el trabajo conjunto entre la Fiscalía del estado de Campeche y el Instituto Tecnológico de Chetumal, hará extensivo todos los procesos de certificación y acreditación, también a quienes actualmente se encuentran laborando en las diferentes procuradurías y fiscalías, así como los poderes judiciales del país.
Objetivos de los Acuerdos
1. Implementar especialidades
¿Qué es una especialidad?: Es el espacio dentro de un plan de estudios constituido por un conjunto de asignaturas diseñadas por competencias, que complementan la formación profesional. Los contenidos de las asignaturas atienden necesidades predominantes y emergentes de las prácticas profesionales.
2. Diseño, desarrollo e instalación de un laboratorio de cómputo forense
Que tenga como funciones primordiales:
• Garantizar la autenticidad de los indicios y elementos materiales asegurados.
• Aplicar procedimientos
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Perspectiva regional de desarrollo e implementación de los estándares básicos de actuación policial
Ponente: Dr. Fernando Valenzuela Pernas, Fiscal General del estado de Tabasco
El Programa Internacional de Asistencia para el Entrenamiento en Investigación Criminal (ICITAP), es un programa que forma parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que busca, entre otras cosas, un estándar de las policías; por ello, se trabaja con los gobiernos de las naciones para ayudarles a desarrollar Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia transparentes y profesionales.
ICITAP, cuenta con una amplia experiencia en áreas del desarrollo de la seguridad pública como:
• Desarrollo Organizacional. • Crimen Organizado.• Tácticas Especiales.• Administración de
Instituciones de Seguridad Pública.
• Desarrollo de Academias e Instructores.
• Investigación Criminal.• Ciencias Forenses.• Servicios Básicos de Policía. • Policía Comunitaria.• Sistema Penitenciario. • Sistemas de Información.
Este programa también contempla un programa de institucionalización de estándares
policiales, cuyos componentes son el desarrollo de estándares mínimos; la elaboración de una estrategia de implementación que contemple el desarrollo del estándar; construcción curricular y el desarrollo de instructores; la construcción de capacidades y un marco legal. La función de la entidad reguladora es el Desarrollo e Implementación de Estándares Profesionales; la Auditoría de Cumplimiento de Estándares; y la Certificación Policial.
especializados para detectar, preservar, conservar y recuperar información de dispositivos digitales.
3. Generar bases para:
•Crear una nueva especialidad
orientada al combate de los recursos financieros de procedencia ilícita.•La unidad de inteligencia financiera para el combate de dinero de procedencia ilícita, unidad que será instalada inicialmente en la
Fiscalía General del estado de Campeche.• Promover la formación y generación de cuadros para darle cobertura a las unidades de investigación financiera.
![Page 48: BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS - cnpj.gob.mxn 43.0.pdf · MPI MPJ MPL MPS ONG PEMEX PGJEM PGR SEIDO Ácido Desoxirribonucleico. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos](https://reader030.vdocuments.co/reader030/viewer/2022020317/5bb48c2809d3f2c0138d32bf/html5/thumbnails/48.jpg)
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ESTRATEGIA REGIONALIZADA
El programa se ha dividido en regiones para un mejor resultado en la proyección de sus trabajos las cuales constan en:
Región 1. Noroeste
• Baja California Norte• Chihuahua
Región 2. Noreste
• Durango• Coahuila
Región 3. Occidente
• Querétaro• Guanajuato
Región 4. Centro
• Morelos• Puebla• Estado de México• Distrito Federal
Región 5. Sureste
• Campeche• Yucatán
A. PLAN DE ACCIÓN
Reunión informativa.
• Programa, objetivos, alcances.• Modelo de entidad reguladora.• Resultados esperados.• Estrategia.• Cronograma propuesto.• Perfil de grupo de trabajo.
Grupos de trabajo.
– Responsables de Equipos.– Viajes de transferencia de conocimientos.– Entregables y reportes de avances.
Sesiones de trabajo.
• Análisis de Puesto.• Catálogo de competencias.• Construcción del estándar.
Implementación.
• Diseño curricular.• Sistema de evaluación.• Desarrollo de instructores.• Desarrollo institucional.
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B. RESULTADOS ESPERADOS
Se pretende que con este programa exista un análisis del
perfil del puesto, con un catálogo de competencias; además, que exista un estándar policial básico y un estándar para instructores,
así como también un estándar para Oficial de Entrenamiento en Campo y finalmente un estándar para supervisores.
La prueba y los criterios de los juzgadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Ponente: Mtro. Héctor Joaquín Carrillo Ruíz,Procurador General de Justicia del estado de Oaxaca
A siete años de venir implementando gradualmente un Sistema de Justicia Penal Adversarial, y a un año de que concluya el plazo Constitucional para la implementación de este sistema en nuestro país, resulta de suma importancia realizar una pausa, para reflexionar sobre la relevancia y complejidad de “La prueba y los criterios de los Juzgadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”. Resulta pertinente tener presente que el sistema de valoración de la prueba cambia en el Sistema Adversarial, así nuestro Código Nacional establece un sistema de valoración libre; y en el caso de Oaxaca, el Código prevé que el Tribunal debe apreciar la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, imponiendo a los juzgadores la obligación de sólo valorar y someter a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporado a debate conforme a las disposiciones legales.
La experiencia indica, que durante las primeras etapas del proceso penal, el órgano jurisdiccional exige un bajo estándar probatorio que se reduce a “datos de prueba”, para obsequiar un auto de vinculación a proceso; resulta relativamente fácil vincular a proceso a los imputados, y en la etapa complementaria de investigación la actividad ministerial no se optimiza para alcanzar los estándares que exige la etapa de juicio o debate, que es aquella en donde se debe producir las pruebas que acrediten la teoría fáctica, y donde se desnudan las deficiencias que en materia de investigación no han superado las instituciones ministeriales, y por ende viene traduciendo en sentencias absolutorias que impactan negativamente.
Tales deficiencias en materia de investigación, pueden agruparse en tres rubros, el policial, el pericial y el de información de inteligencia.
En el ámbito policial, es de suma urgencia contar con mayores recursos económicos para incrementar el estado de fuerza de las procuradurías o fiscalías, con el objeto de conformar grupos especializados de investigación
policial con habilidades y destrezas en técnicas de investigación que permitan recabar datos de prueba que sustenten las acusaciones que se lleguen a realizar; dividiendo la actividad de investigación científica de aquellas que tienen carácter preventivo o reactivo, así como de aquellas que tienen que ver con la ejecución de órdenes de aprehensión, de patrullaje ordinario, custodia y administrativas, entre otras.
Lo anterior, traerá como consecuencia que los agentes investigadores comprometidos con esta actividad en los que el estado invierte en su orientación y capacitación, reflejen un mejor cumplimiento de sus objetivos y no se sujeten a cambios administrativos que posteriormente los ubiquen en áreas de mero trámite o ajenas a la propia investigación.
Es importante mencionar que quienes conocen en primer término de los hechos delictivos y en consecuencia desahogan generalmente con desacierto las primeras diligencias de investigación, son precisamente agentes de otras corporaciones
![Page 50: BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS - cnpj.gob.mxn 43.0.pdf · MPI MPJ MPL MPS ONG PEMEX PGJEM PGR SEIDO Ácido Desoxirribonucleico. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos](https://reader030.vdocuments.co/reader030/viewer/2022020317/5bb48c2809d3f2c0138d32bf/html5/thumbnails/50.jpg)
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policiacas, como las policías estatales o preventivas y las municipales, que generalmente carecen de la capacitación encaminada a la investigación de los delitos, de ahí la relevancia de instrumentar un Programa Nacional Integral de Capacitación en Técnicas de investigación que integre a todas las corporaciones policiacas del país.
En el otro rubro de la actividad pericial, en donde a pesar del trabajo y apoyo obtenido para la dignificación y fortalecimiento del servicio pericial, a través de la mejora en su infraestructura y dotación de herramientas acordes al avance tecnológico, es importante continuar con la inyección de recursos suficientes en este ámbito, ya que para la preparación de una acusación penal fortalecida, sin duda, la actividad pericial resulta pieza fundamental, pues los dictámenes que exponen los profesionales en las diversas materias, son sometidos al sistema de la libre valoración por parte del órgano jurisdiccional.
Por ello, el experto debe contar con los conocimientos necesarios para explicar fehacientemente la metodología, los principios científicos, el desarrollo y las conclusiones obtenidas, en cada caso, lo que revelará al órgano jurisdiccional el conocimiento y grado de confiabilidad en su actuar.
Lo anterior denota la imperiosa necesidad de fortalecer las áreas periciales de las procuradurías y
fiscalías del país continuando con la capacitación en cada una de las materias periciales y la dotación de los instrumentos científicos indispensables para este quehacer; y aunque se ha mencionado anteriormente que no son suficientes los conocimientos, se debe reconocer que la Procuraduría General de la República ha alcanzado un alto prestigio en el ámbito pericial por el amplio conocimiento de sus peritos y los significativos avances que en equipamiento científico se ha alcanzado, ello debe servir de ejemplo, motivación y apoyo para que las procuradurías y fiscalías del país alcancen un desarrollo similar.
Finalmente, en materia de investigación delictiva se tienen las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal con que cuenta el Sistema Nacional en Materia de Detenciones, información criminal, huellas dactilares, teléfonos celulares, entre otros, para el combate eficaz de la delincuencia.
En ello, estriba la importancia de fortalecer las bases de datos y establecer protocolos de consulta que sin demora permitan incorporar a los expedientes de investigación los resultados obtenidos, para que en consecuencia se actúe con inmediatez fortaleciendo la teoría del caso con bases sólidas para la acusación o en su caso para determinar el no ejercicio de la acción penal como una decisión basada sobre resultados objetivos.
Tratándose de delitos de alto impacto especialmente, es fundamental que los informes que
derivan de estas bases de datos sean expuestos correctamente ante el órgano jurisdiccional, por quienes operan las mismas, y tienen conocimiento de los protocolos que las resguardan, para generar convicción en el juzgador, fortaleciendo la comprobación de la teoría del caso del MP. Por ello, es primordial que las procuradurías y fiscalías del país refrenden el compromiso de intercambio oportuno de información entre sí y con la federación, a lo que nos obliga el contenido de los artículos 109 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo así el Sistema de Procuración de Justicia.
Por último, es importante resaltar la relevancia que adquiere el criterio jurisdiccional a la luz de la reforma constitucional del pasado 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pues se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro personas”, conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir
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aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
Ello implica una amplia garantía de los imputados en el proceso penal, razón por la cual los actos de investigación, de ofrecimiento y de producción de la prueba de parte del MP y sus órganos auxiliares, deben cubrir los estrictos parámetros que imponen los criterios jurisdiccionales ampliamente garantistas y los textos normativos que apuntan a consolidar una cultura protectora de los derechos humanos, lo que sin duda, implica un reto para las instituciones ministeriales y desde luego las jurisdiccionales.
Actualmente, ante una detención por cumplimiento de orden de aprehensión, el órgano jurisdiccional, ha establecido el criterio de llevar a cabo la audiencia de Control de Detención, a efecto de analizar la constitucionalidad de la misma, con lo que se está completamente de acuerdo; sin embargo, cuando advierten que en la detención existió violación de derechos del imputado como la no lectura de sus derechos, exceso en el uso de la fuerza o retraso en la puesta a disposición del Juez, estos vienen determinando dejar sin efecto la detención, poner en libertad al imputado e incluso dejar sin efecto la propia orden de aprehensión, lo que a todas luces
ejemplifica un criterio jurisdiccional desatinado.
Al respecto se ha sostenido que en tales casos el juez debe dar vista al ministerio público de los excesos cometidos por el personal que ejecutó el mandamiento a efecto de que se investigue y se impongan las penas correspondientes, pero debe calificarse la legalidad de la detención dado que esta se realizó en cumplimiento a un mandamiento jurisdiccional, más allá de los excesos cometidos en su ejecución.
- Instrumentar un Programa Nacional Integral de Capacitación en Técnicas de Investigación que integre a todas las corporaciones policiacas del país. - Todas las procuradurías y fiscalías se sumen al compromiso de mantener actualizadas las bases de datos criminalísticas del Sistema Nacional.
Punto de Acuerdo:
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Colaboración para la investigación y persecución del delito de robo a hidrocarburos y relacionados
Ponente: Mtro. Gilberto Higuera Bernal,Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo de la Procuraduría General de la República
Problemática Zona Sureste
En Oaxaca, debido a que la gran mayoría de las tomas clandestinas han sido localizadas en puntos geográficos de difícil acceso, existe gran complejidad para la detención en flagrancia de los responsables.
En cuanto a Tabasco para el ejercicio de la acción penal, es necesario obtener dictamen químico para precisar de qué tipo de hidrocarburo se trata; dicho dictamen no es posible elaborarlo por personal de servicios periciales de la institución, puesto que no cuentan con el equipo necesario; por consiguiente se solicita el apoyo a PEMEX.
En Veracruz ocurre una situación similar, las denuncias son presentadas hasta con dos meses de retraso. Otros problemas son:
• Falta de actas de trasiego del producto y que se presente el encargado de realizar las mismas para su ratificación.
• No existe contestación oportuna de los informes solicitados.
• En los casos de posesión ilícita de hidrocarburo, en días inhábiles, se dificulta la realización del trasiego de hidrocarburo, debido la falta de personal en las terminales de PEMEX.
• No es posible recibir vehículos conteniendo hidrocarburo
en las instalaciones debido al riesgo que representa para la población, al estar ubicadas las oficinas en zonas residenciales.
Iniciativa de Ley en Materia de Hidrocarburo
Este año comenzó la iniciativa hacia la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, la cual prevé delitos y actúa de manera eficiente hacia el robo, tráfico o venta de combustibles. Esta ley fue aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2015 y por ahora la Cámara de Diputados se está encargando de estudiarla.
La Zona Sureste se comprometió a designar un enlace especializado para formar una Comisión de Trabajo que analice y proponga mecanismos de colaboración para el combate a delitos relacionados con hidrocarburos, con el objetivo de que la comisión de trabajo elabore un proyecto de protocolo de actuación para el combate a delitos en materia de hidrocarburos y someta las propuestas de mecanismos y protocolo para la aprobación de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Punto de Acuerdo:
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Participantes
• El Gobernador Constitucional del estado de Veracruz.
• El Fiscal General del estado de Veracruz.• La Procuradora General de la República y
Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• El Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.
• La Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.
• El Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República.
• El Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
• El Procurador General de Justicia del estado de Quintana Roo y Representante Interino de la Zona Sureste.
• El Fiscal General del estado de Campeche.
• El Procurador General de Justicia del estado de Chiapas.
• El Fiscal General del estado de Guerrero.• El Procurador General de Justicia del estado de
Oaxaca.• El Fiscal General del estado de Tabasco.• El Fiscal General del estado de Yucatán.• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Campeche.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Chiapas.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Guerrero.• La Delegada de la Procuraduría General de la
República en el estado de Oaxaca.• La Delegada de la Procuraduría General de la
República en el estado de Quintana Roo.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Tabasco.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Veracruz.• El Delegado de la Procuraduría General de la
República en el estado de Yucatán.• El Coordinador Nacional Antisecuestro de la
Secretaría de Gobernación.• El Director General Adjunto de Políticas de
Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno del INEGI.
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26ª Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses
28 y 29 de mayo de 2015
Evolución de la Red Nacional IBIS
Ponente: Ing. Jorge Mario Pérez Flota,Gerente Corporativo de TEACORP
La red nacional IBIS es la administrada por expertos en balística, cuyos beneficios se reflejan en:
• Mayor estabilidad en cuanto a comunicación entre diferentes sitios remotos.
• Hay una comunicación constante entre los sitios remotos y el Servidor Central.
• Incorporar un nuevo sitio es un proceso maduro que se completa en unos días.
• Los sitios incorporados a la red PGR cuentan con un sistema de monitoreo automático.
RETOS Y OBJETIVOS
• Alcanzar el intercambio de correlaciones a nivel nacional.
• Preservar la inversión realizada, mediante el soporte continuo al equipo.
• Más procuradurías, fiscalías se anexen a una red de huella balística liderada por la PGR y procuradurías estatales.
• Promoción e implementación de un sistema de intercambio de réplica de evidencia entre procuradurías estatales.
Reunidos en Boca del Río, Veracruz, los Directores Generales de Servicios Periciales de diversos estados del país se congregaron en un foro nacional para realizar actividades enfocadas a abordar problemáticas y retos de las ciencias forenses en México.
La reunión se suscitó con la firme convicción de buscar la homologación de mejores prácticas en la actuación pericial, y encontrar una solución en el caso del dictamen médico- psicológico para el caso de posibles torturas o maltrato, además de conocer los últimos avances de los equipos que están a la vanguardia en ciencia y tecnología forense.
Implementar nuevas prácticas en el intercambio de información en las diversas áreas de las ciencias forenses a nivel nacional.
Punto de Acuerdo:
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Protocolo de Necropsia Médico Legal
Ponente: Dr. Alberto Eugenio Lugo Pérez,Perito Médico Forense de Coordinación General de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de la República
En nuestro país, no existe una guía con criterios homologados para la realización de la necropsia médico legal, por lo tanto, se requiere generar un documento que plasme el proceso sistemático que garantice el no omitir información valiosa durante el desarrollo de la necropsia de ley.
El objetivo de este protocolo, es dar los elementos macroscópicos que orienten a su identificación, causa de muerte y mecanismo de muerte; porque contar con una herramienta resulta indispensable con la finalidad de proporcionar los lineamientos y criterios técnicos homologados que garantice la competencia del profesional y de esta manera facilite la investigación de acuerdo a cada caso para emitir un dictamen de calidad.
Los lineamientos cuentan con las características del médico legista, la infraestructura, el procedimiento único e individualizante, así como coordinar la investigación, preparar el oficio de solicitud y una bitácora o libro de Gobierno, asimismo las etapas a seguir son: prendas y objetos personales, sexo, somatometría, señas particulares externas e internas, condición de
salud, información dental, cuarta o quinta costilla, toma de muestras, ficha necrodactilar, fotografía y la causa de muerte.
La visión de este protocolo es que se garantice la competencia del profesional y facilite la investigación de acuerdo a cada caso y se emita un dictamen de calidad.
Plan de Replicación
“Formador de formadores postmortem”
Tiene como principales objetivos:
• Formar grupos multidisciplinarios (Médico, Odontólogo, Antropólogo).
• Se propone regionalizar (Grupos de formadores) Distrito Federal, Estado de México y Puebla.
• Si iniciará con los estados de la república con alto impacto en delincuencia y en personas desaparecidas.
Además pretende:
• Dar mayor importancia en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
• Conocer y aplicar el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
• Conocer y aplicar el Protocolo Homologado para Necropsias.
• Conocer y aplicar el Protocolo de Bioseguridad.
• Conocer y aplicar Técnicas para Necropsia.
• Técnicas de disección especiales.
• Odontología Forense. Necropsia oral y Técnica de Lamendini.
• Antropología Física.• Arqueología. (Recuperación
de cadáveres inhumados clandestinamente).
• Toma de muestra para Necrodactilia y Genética.
• Difusión de la Guía y el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
• Difusión al Protocolo Homologado para Necropsias.
Cabe señalar que el protocolo se maneja con dos fines: uno establecer la causa de la muerte y por otro lado el reconocimiento del cadáver.
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Dictamen Médico – Psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato
Cadena de Custodia
Ponente: Mtro. Daniel Ricardo Jaramillo Vela, Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses
del estado de Chihuahua
Ponente: Técnico Esteban Enrique Peña Vélez,Subdirector de Criminalística de la Coordinación General de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de la República
La interposición formal de denuncia por hechos de posible comisión del delito de tortura se puede ejercer en cualquier momento.
En cuanto ocurre la tortura es pertinente presentarla a la Audiencia de Control de Detención en términos de flagrancia y/o al ejecutarse la orden de aprehensión.
Cadena de Custodia
La cadena de custodia es un sistema de control y registro.
Tendrá en cuenta los siguientes factores:
• Identidad.• Estado original.
Si ocurre al estar recluido en el Centro Provisional de Detención debe hacerse del conocimiento del Ministerio Público de manera inmediata.
Protocolo de Estambul
Puede ser solicitado por:
• Condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado.
• Lugares y fechas de permanencia.
• Cambios que en cada custodia se hayan realizado.
• Se registrará el nombre y la identificación de todas las
• Imputado/procesado.• Ofendidos (familiares del
imputado).• Ministerio Público.• Defensor.• Órgano Judicial.
personas que hayan estado en contacto con esos elementos.
La preservación del lugar de la intervención se puede manejar por medio de fotografías, en cuanto a las técnicas de recolección, empaque y/o embalaje es actividad meramente del perito.
Se reconoce que el Protocolo de Necropsia Médico Legal, como una herramienta indispensable para la homologación en la actuación penal, el grupo de trabajo se compromete a robustecer el documento y remitir aportaciones y comentarios.
Solicitar la aplicación de la capacitación, acreditación y operación del Dictamen Médico- Psicológico, como un compromiso internacional del Protocolo de Estambul, para determinar en los casos que se realizan, y en las que no se presentan, de un modo metodológico y homólogo.
Punto de Acuerdo:
Punto de Acuerdo:
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Unidades para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Estrategia Nacional
Software Cadena de Custodia
Ponente: Lic. Rommel Moreno Manjarrez,Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal
Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República
Ponente: Ing. Óscar Guerra,Desarrollador de Software- Forensics
Existe un énfasis en la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de manera eficaz y eficiente; sin embargo, ha sido bastante complicado lograr esta eficacia y eficiencia, ya que inclusive la ciudadanía ha perdido la motivación y disposición para trabajar con estos temas.
CHAIN-C
La Suite de Cadena de Custodia Chain- C es una plataforma tecnológica unificada de programas de cómputo y dispositivos electrónicos para la adquisición y administración de procesos forenses; diseñado con la experiencia de expertos forenses, la observación de los estándares internacionales y las leyes mexicanas.
Con este tipo de tecnología es posible concentrar imágenes, fotografías, cartografía, posición global, orientación, temperatura, humedad, fecha y hora; así como el aseguramiento de los metadatos de cada uno de los equipos que el criminalista usa para documentar el lugar de los hechos, los cuales Chain- C MAX valida e integra una
Alcance de la Procuración de Justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio:
1. Las funciones centrales del Ministerio Público de la Federación son investigar y litigar bajo los principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
carpeta cifrada bajo el número de asunto, así como los datos de la autoridad responsable, autoridades involucradas en los formatos electrónicos integrados en el sistema para su correcto llenado. El Chain- C MAX acompaña al criminalista de campo en el proceso de fotodocumentación, levantamientos de cadáver y fijación de indicios según los protocolos establecidos en México. Asiste en el llenado de formatos, croquis, embalaje, impresión de código de barras, descripción de lesiones y reporte cadena de custodia con firma electrónica.
Sistema Central CHAIN- C
El Sistema de Control de Cadena de Custodia Chain- C es un conjunto de soluciones que integra procesos
2. Las estructuras destinadas a la función del proceso deben estar organizadas por región, tipo penal o función, sin separar la responsabilidad de investigar y actuar frente al juez; y contar con áreas independientes de gestión administrativa.
validados y seguros de solicitudes de dictamen, entrega-recepción de indicios y/o evidencias (oficialía de partes) para ser derivados a las áreas de análisis y a peritos de cada especialidad forense para su estudio, controlado en una línea de tiempo. El estatus del indicio sujeto a estudio, garantiza una correcta cadena de custodia al interior de la institución pericial.
Asimismo, controla expedientes, documentos, fotografías, copias controladas, bodega de evidencias y repositorios, depósito de valores, alertas de término constitucional, estadísticas, almacén de suministros, tiempos de entrega, trazado de evidencias y la gestión e impresión de la respuesta de dictamen.
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3. Todas las actividades del Ministerio Público de la Federación tienen como función transversal el respeto a los derechos humanos y garantías para hacerlos efectivos, y en última instancia se cumpla como el debido proceso.
4. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio parte de una eficiente y eficaz actividad policial de inteligencia y de investigación (científica) bajo la dirección del Ministerio Público de la Federación.
5. Con el objetivo central de controlar la sobrecarga de trabajo sin perjuicio de la protección de los derechos de las víctimas, ofendidos o denunciantes, se deberán diseñar estructuras interdependientes encargadas de gestionar la atención y orientación a personas, así como unidades de decisión temprana de casos y de justicia restaurativa.
Semejanzas entre el Fuero Federal y el Fuero Común
• Reducir en los tiempos para la atención a la ciudadanía y la integración de la investigación.
• Generar investigaciones de mayor calidad, con base en el trabajo eficaz de la trilogía investigadora acorde a la pretensión de la procuración de justicia.
• Utilizar mecanismos de solución de controversias mediante el perdón de la persona ofendida.
• Redefinir los criterios de competencia con la reorganización de las unidades administrativas.
• Introducción de tecnologías de la información.
• Creación de nuevas competencias y habilidades de los operadores (policía y peritos).
La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la PGR se ha enfocado en:
• Cantidad de usuarios.La naturaleza de los asuntos que se investigan en el fuero federal representa una cantidad muy baja de usuarios en contraste con el fuero común.
• Medios Alternativos de Solución de Controversias. Se ha observado que de los asuntos que ingresan al área de mecanismos alternativos del fuero federal en la mayoría de las víctimas u ofendidos son personas morales, distinto del fuero común, lo que conlleva a que se tengan menos asuntos, sin embargo, los montos que se recuperan por reparación del daño son mayores.
• Cargas de trabajo. La dinámica de trabajo en el fuero penal federal se
basa principalmente en la atención de tipos penales de alta complejidad con una incidencia delictiva mucho menor en relación a la que se atiende en el fuero común.
Estrategía Nacional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Como parte de la estrategia nacional para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se han desarrollado entre otras; las siguientes acciones relevantes para su despliegue:
• La elaboración de protocolos de actuación pericial con el objetivo de estandarizar y evitar la discrecionalidad en el desempeño de las actividades.
• La actualización de las Guías Metodológicas del Servicio Pericial.
• Cursos de capacitación a personal sustantivo de la Procuraduría General de la República en temas relacionados intrínsecamente con los servicios periciales.
• La elaboración de proyectos normativos en materia de servicios periciales.
• Capacitación específica en las materias periciales relacionadas con delitos de mayor impacto social.
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Compromiso de impulsar la Estrategia Nacional analizando la viabilidad de sumarse con responsabilidades en el Proyecto de las Unidades de implementación.
Punto de Acuerdo:
Apoyo de la SETEC a los servicios periciales del paísPonente: Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel,
Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación parala Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)
Para que los principios de Sistema de Justicia Penal sean plenamente garantizados es necesaria la aportación de la trilogía investigadora para obtener datos que establezcan un hecho que la ley señale como delito, la probable intervención delictiva del sujeto y optar por formular imputación o no; además. se debe auxiliar de los conocimientos de las ciencias auxiliares del Derecho Penal como la Medicina Legal, Criminalística, la Estadística Criminal, la Psiquiatría Forense, entre otras para la profesionalización de esta trilogía; asimismo, se deberán instrumentar mecanismos y sistemas de investigación científicos ya que el correcto desempeño de ésta es fundamental en la construcción de la teoría del caso.
El perfeccionamiento de la investigación criminal en el SPPA implica que el investigador participe en un modelo de justicia que busca acceder a mayores niveles de racionalidad; por lo tanto la SETEC brinda asistencia técnica
permanente a las entidades federativas para el mejoramiento de sus servicios periciales.
Actualmente se cuenta con un catálogo de equipamiento pericial para que los operadores sustantivos cumplan con sus funciones, incluye también un listado de referencia, entre los que destacan: laboratorios de balística, documentoscopía, genética, entre otros.
En definitiva resulta trascendente impulsar los servicios periciales para incrementar las capacidades de los servicios médicos y de otras ciencias y técnicas aplicables al ámbito forense.
El SPPA representa para los diversos operadores del Sistema de Justicia Penal una gran oportunidad para desarrollar su actividad forense en un modelo de justicia criminal que se aprecia de mayor calidad, transparente, garantista y humano.
Para la profesionalización de esta trilogía, se deberán instrumentar mecanismos y sistemas de investigación científicos de vanguardias medibles y cuantificables, que permitan la supervisión y evaluación constante de resultados.
El perfeccionamiento de la Investigación Criminal en el SPPA implica que:
• El investigador participa en un modelo de justicia que busca acceder a mayores niveles de racionalidad.
• El cambio de sistema procesal exige la mejora de procedimientos, técnicas y protocolos de actuación; en consecuencia, una mayor profesionalización.
• La coordinación institucional tendrá que ser más estrecha y efectivamente coordinada.
• Se generan retos en materia de investigación criminal, prueba, intervención del lugar de los hechos, recolección
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y manipulación del material probatorio, así como una correcta cadena de custodia.
El diagnóstico tiene por objeto:
Conocer de cada entidad federativa la potencialidad de cambio en los inmuebles existentes, sus necesidades de construcción de edificios nuevos, requerimientos de mobiliario, tecnologías de la información y de servicios periciales para las instituciones operadoras del SPPA en el corto, mediano y largo plazo.
Se trabaja arduamente con la PGR para definir las principales necesidades de servicios periciales en los estados, así como homologar sus criterios para fortalecer a los servicios médicos forenses y diversas áreas de la criminalística, con el objeto de que todas las
entidades federativas cuenten con herramientas que faciliten el intercambio de información, se abaraten los costos de operación y se facilite la investigación científica del delito.
En el marco del programa Iniciativa Mérida, se ha generado el “Proyecto de Equipamiento Pericial para el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, el cual tiene como objetivo principal dotar de equipamiento pericial básico a las áreas de servicios periciales de las procuradurías generales de Justicia y defensorías públicas de las 32 entidades federativas del país.
Principales retos de los Servicios Periciales
Es trascendente impulsar los servicios periciales para:
• Incrementar las capacidades de los servicios médicos y de otras ciencias y técnicas aplicables al ámbito forense.
• Profesionalizar a los intervinientes en la investigación del delito y capacitarlos en el sistema acusatorio para su participación en el desahogo de las audiencias.
• Incentivar el uso de herramientas científicas para el esclarecimiento de los hechos.
• Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y evitar impunidad.
• Al final del proceso, generar sentencias justas y basadas en la ciencia para evitar violaciones a los derechos de las partes.
Participantes
• El Gobernador Constitucional del estado de Veracruz.
• El Fiscal General del estado de Veracruz.• El Director de Servicios Periciales del estado de
Veracruz.• El Director General de Ingenierías Forenses y
Representante de la Coordinadora General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.
• El Coordinador General de Asesores de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.
• El Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
• La Coordinadora del Comité Nacional de Genética.• El Subdirector de Criminalística de la Coordinación
General de Servicios Periciales de la República.• El Perito Médico Forense de la Coordinación
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.
• El Director General de Servicios Periciales del estado de Baja California.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Baja California Sur.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Campeche.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Chiapas.
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• El Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del estado de Chihuahua.
• El Director General de Servicios Periciales del estado de Coahuila.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Colima.
• El Coordinador General de Servicios Periciales del Distrito Federal.
• La Directora de Servicios Periciales del estado de Durango.
• El Director General del Instituto de Servicios Periciales del estado de México.
• El Director General de Servicios Periciales del estado de Guerrero.
• El Director General de Servicios Periciales del estado de Hidalgo.
• El Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
• La Directora General de Servicios Periciales del estado de Morelos.
• El Director del Centro Científico de Comprobador Criminal Certificador del estado de Nayarit.
• El Coordinador General del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales del estado de Nuevo León.
• El Director del Instituto de Servicios Periciales del estado de Oaxaca.
• La Directora de Servicios Periciales del estado de Puebla.
• El Director de Servicios Periciales del estado de San Luis Potosí.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Tabasco.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Tamaulipas.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Tlaxcala.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Yucatán.
• El Director de Servicios Periciales del estado de Zacatecas.
• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• La Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
• El Presidente del CONEBAL.• El Vocal para Relaciones Internacionales de la
Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses.
• El Gerente Corporativo TEACORP.• El Desarrollador de Software, IVG Forensics.
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NUEVOS INTEGRANTES DE LA CNPJ
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Javier Enrique Flores SaldívarProcurador General de Justicia del estado de
Nuevo León
Fecha de inicio del encargo: 23 de febrero de 2015
Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León con mención honorífica, en esa misma institución académica, cursó la Maestría en Ciencias Penales.
Trayectoria Profesional
• Abogado postulante con una experiencia de más de 30 años en las diversas áreas que abarca el derecho.
• En octubre de 2009 fue designado como Subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León.
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Leticia Catalina Soto AcostaProcuradora General de Justicia del estado
de Zacatecas
Fecha de inicio del encargo: 5 de marzo de 2015
Licenciada por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Facultad de Derecho, aprobada en examen de grado con mención honorífica, Maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aprobada con mención especial y Doctorado por el Instituto Internacional del Derecho y del estado de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Trayectoria Profesional
• Consejera Presidenta en el Instituto Electoral del estado de Zacatecas.• Directora de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativos en el Poder Legislativo del estado.• Directora Jurídica en la Secretaría General de Gobierno.• Abogada postulante en el Bufete Soto Acosta.• Abogada en el Bufete Carrillo Gamboa.• Coordinadora Nacional de Promotoras Sociales Voluntarias en el Instituto Mexicano del Seguro Social.• Secretaria Ejecutiva en el Comité Nacional de Desarrollo Comunitario.• Directora General en el Sistema D.I.F. Estatal.• Subdirectora Operativa en el Sistema D.I.F. Estatal.• Presidenta en el Consejo Tutelar para Menores del Gobierno del estado.
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Ariel Francisco Aldecua KukFiscal General del estado de Yucatán
Fecha de inicio del encargo: 10 de marzo de 2015
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán; y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Modelo del estado de Yucatán.
Trayectoria Profesional
• Presidente interino por Ministerio de Ley de la Comisión de Derechos Humanos.• Secretario Técnico del Consejo Electoral en el Instituto Electoral.• Asesor de la Presidencia del Consejo Electoral en el Instituto Electoral.• Consejero Electoral en el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana.