boletín informativo no. 284

SEMANARIOSEMANARIONo. 284 | 12 Abril 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

En medio de expectativas y show mediático

Interpelaciones tienen mástinte político que de cambiosEsta semana el Congreso

Nacional puso en el ban-quillo de los acusados a los titulares del aparato

de seguridad y justicia, exigiendo resultados concretos en el proceso de depuración.

Para el abogado Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, es necesa-rio tener una actitud de sospecha y prevención ante lo que acontece, pues la finalidad de estas interpela-ciones es cuestionable por el pro-tagonismo del actual presidente del Congreso Nacional y candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández y el primer mandatario Porfirio Lobo Sosa.

“Lo más grave es que esto será utilizado para levantarle el perfil al candidato del Partido Nacional que quiere hacer de estas interpelacio-nes una plataforma para mejorar su imagen y ganar ventaja política sobre sus contrincantes. Desafortu-nadamente la sociedad civil no ha estado presente en esta coyuntura para hacer propuestas de una inter-pelación seria a estos funcionarios”, expresó Lone.

Estas rendiciones de cuentas se han hecho a petición de la organiza-ción no gubernamental Alianza por la Paz y la Justicia, que nació des-pués del asesinato de dos jóvenes por parte de policías, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH y que ahora exige resultados tras un proceso de depuración ca-talogado como lento.

Excusas

Las exposiciones de los funciona-rios encargados de la seguridad de los hondureños y hondureñas fue-ron una cascada de excusas frente a la ineficiencia y las grandes lagu-nas que tiene el proceso.

Según Ileana Morales del Foro So-cial de la Deuda Externa y desarro-llo de Honduras, Fosdeh, la gran excusa fue la falta de presupuesto y que por eso no se hacen muchas de las acciones que por ley tienen

que cumplirse.

“Es negligencia, una forma de co-rrupción cuando las autoridades terminan diciendo lo que dijo el Fis-cal General (en comparecencia) que no había ninguna ONG que se le hubiera acercado al Ministerio Pú-blico para ofrecerle ayuda, con eso lo que está revelando es la negli-gencia con la que se manejan estas instituciones.

El mismo Fiscal General Luis Rubí, la cabeza del Ministerio Público acep-tó que el 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedan en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación.

Asunto que la noche del martes, Eduardo Villanueva, encargado de la Dirección de Investigación y Eva-luación de la Carrera Policial, DIECP, dejó claro al decir que la demora del proceso se debía a la falta de voluntad del Ministerio Público para ejecutar los expedientes de los po-licías depurados, sumado a esto la falta de presupuesto para la unidad.

En la mira del mundo

Según informes recientes del Comi-sionado Nacional de Derechos Hu-manos cada 87 minutos muere una persona víctima de las armas de fuego en Honduras, esta situación de violencia ha puesto en la mira del mundo a este país en el que además las desigualdades sociales

mantienen al 70% de la población en pobreza extrema.

Un país con la ubicación geográfi-ca como la de Honduras es terreno fértil para la guerra, actualmente la guerra del narcotráfico en la que Estados Unidos es protagonista. Esta potencia del norte ha condena-do a las autoridades sospechosas de coludirse con el crimen, como es el caso del director actual de la po-licía Juan Carlos Bonilla, a quien no le confían el dinero para “fortalecer a la policía”.

Compromisos

La noche del miércoles, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y el director de la policía, comisio-nado Juan Carlos el ‘Tigre’ Bonilla, aseguraron que todo estaba hecho en base a ley y que debe haber re-formas para garantizar la seguridad de los hondureños y hondureñas así como Bonilla aceptó hacerse la tan rechazada prueba de confianza.Ayer jueves, el tema en el Congreso Nacional fue la extradición de na-cionales al extranjero, tema puesto en la mesa por el ministro de de-fensa Marlon Pascua y el presidente la Corte Suprema de Justico, Jorge Rivera Avilés quien pidió protección para los jueces que emitan estas extradiciones al aprobarse la ley. Además informó que al menos 33 mil de 46 mil personas que han sido acusadas ante los tribunales de jus-ticia gozan de medidas sustitutivas

a la prisión preventiva.

Tras la acusación de narcotráfico por parte de los Estados Unidos contra José Handal, un empresario y político sampedrano, Pascua dijo en conferencia de prensa que no hay que sorprenderse si “siguen apareciendo personajes conocidos involucrados en el narcotráfico, tan-to en el transporte y venta como en el lavado de activos”, según Pascua esta lista ha sido facilitada por las Fuerzas Armadas nacionales.

Una transición nunca hecha

El Ministerio Público nace diez años después de comenzar una tran-sición hacia la democracia, des-pués de los gobiernos militares en Honduras, en su constitución se cataloga como “un organismo inde-pendiente de los tres poderes del Estado”.

Según el estudio de Instituciones y Gobernabilidad “Mejorando la Rendición de Cuentas en Hondu-ras” realizado en mayo de 2009 por consultores del Banco Mundial, aunque la independencia institucio-nal se asocia en gran medida con el Poder Judicial, las demás institu-ciones del sector (Policía, Ministerio Público, Defensa, abogados en libre ejercicio, procuradurías, etc.) tam-bién requieren su dosis de indepen-dencia, en el sentido de poder ope-rar según las normas oficiales y no en base a intervenciones externas

particularizadas, todos tienen que rendir cuentas a la sociedad civil y a la clase política.

Una segunda evaluación, auspi-ciada por USAID identificó varios problemas sin resolver: la falta de coordinación entre los fiscales e investigadores policiales; y entre éstos y la policía preventiva; la de-legación de funciones judiciales al personal de apoyo; el irrespeto a muchas garantías del debido pro-ceso; las demoras en el procesa-miento de casos y el crecimiento del rezago. Esto debido a las imperfec-ciones e irregularidades en el marco legal, las demoras en aprobar cier-tas leyes claves, la persistencia de actitudes y prácticas tradicionales, pero inconsistentes con los nuevos principios; capacitación insuficiente y recursos inadecuados, especial-mente en el Ministerio Público.

Según estos estudios, y el caso de la independencia del aparato de jus-ticia, la transición tuvo fallas hasta 2009, año en que se perpetró el po-derío militar con el golpe de Estado.

El sistema no las personas

Las expectativas se dirigen a si se estrenará el juicio político con estos personajes después de dar cuentas ante el Congreso Nacional y para López Lone probablemente se des-pidan algunos funcionarios pero hay que preguntarse para qué, en qué contexto y con qué propuesta.

“Pueden despedir al director de la DIECP o al fiscal general pero estas instituciones continuarán a la deri-va, sin que haya tutela de los dere-chos humanos de los ciudadanos y particularmente de las organizacio-nes populares. Los cambios deben iniciar por sanear estas institucio-nes con una depuración real de la policía, el Ministerio Público y el Po-der Judicial pero lo que hemos visto es tolerancia y complicidad, motivos ha habido montones, porque el po-der político solo se ha utilizado para seguir perpetrando grandes atenta-dos a la institucionalidad como lo hemos visto en los últimos años”, manifestó el jurista Guillermo López Lone.

Semanario No. 284 | 12 Abril 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

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Interpelación¿a quiénes y por quiénes?

A pesar de que en tres años se han aprobado una veintena de leyes y decretos para im-

pulsar la seguridad, el país sigue hundido en la mayor de las inse-guridades. Los diputados, inclu-yendo al presidente del Congreso, han pegado el grito al cielo y han decidido interpelar a los más altos funcionarios públicos responsa-bles de dar seguridad y justicia a la sociedad hondureña por parte del Estado.

Está desfilando ante los diputados la crema y nata de los operado-res de justicia: Eduardo Villanue-va, Luis Alberto Rubí, Pompeyo Bonilla, Jorge Rivera Avilés y Juan Carlos Bonilla. La mayor parte de ellos fueron nombrados por los mismos diputados que en esta ocasión los interpelan.

Eduardo Villanueva, titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, oscuro funcionario que ha pasa-do por muy diversas y variadas dependencias del Estado sin haber dejado más huella que su propia mediocridad. Cuentan sus propios colegas en la burocracia estatal que si un presidente o un alto funcionario del Estado quiere que una institución no haga nada y deje las cosas intactas, nombra sin pestañear a don Eduardo Vi-llanueva. Cuando se le nombró, el presidente del Congreso y la ma-yoría de diputados y los políticos que lo propusieron, ya sabían de su incapacidad, ¿por qué ahora se rasgan las vestiduras porque no está dando los resultados es-perados?

Luis Alberto Rubí, Fiscal General

de la República, nombrado por el actual Congreso, tras componen-das entre los altos propietarios de los partidos políticos, y de manera particular sabe defender como su-yos los intereses del expresidente Carlos Flores Facussé. Experto en arreglos sucios para proteger a altos funcionarios públicos y a personajes de la alta empresa privada. Protector de corruptos y promotor de tráfico de influencias. El Congreso lo nombró como parte de estas componendas, ¿por qué ahora los diputados elevan el grito al cielo porque no ha cumplido con su responsabilidad?

Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por el Congreso tras componendas entre los altos pro-pietarios de los partidos políticos. Correa de transmisión del pre-

sidente del Congreso Nacional y decidido a interpretar las leyes y conducir el pleno de la Corte Su-prema conforme a las decisiones e intereses del oficialismo y de aquellos a quienes que manejan la marmaja en los altos poderes empresariales.

Pompeyo Bonilla, militar de con-fianza de don Porfirio Lobo y hombre de confianza del candi-dato oficial del partido Nacional y presidente del Congreso. No tiene interés especial en complicarse la vida en su puesto de Ministro de seguridad, le basta ocupar el cargo y evitar confrontaciones con jefes policiales o jefes del crimen organizado que pongan en riesgo su vida y seguridad particular. Su trabajo y su estilo de trabajo son muy similares a la mediocridad que caracterizan a su amigo, don

Eduardo Villanueva.

Juan Carlos, “el Tigre” Bonilla, aunque es hombre de confianza de don Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández, es el que más cuelga en alas de cucaracha. Tiene más claro su expediente de violador de derechos humanos y se encuentra en la mira del Depar-tamento de Estado del gobierno estadounidense. Es el candidato más firme a “sacrificar” en este entramado teatral que se ha mon-tado, cuando la seguridad y los temas fundamentales del país se han escapado de las manos de los mismos políticos, y en donde los poderes reales, los que de verdad controlan la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, jamás se-rán interpelados.

Durante una audiencia en la CSJ

Como un trámite dentro del recurso de casación que se interpuso en la caso del campesino José Isabel Mo-rales, en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, se desarrolló una audiencia para rati-ficar este último recurso que esta-blece la ley.

Luego de casi 5 años en presión, los abogados del campesino creen que si el caso se desarrollara en base a ley, José Isabel Morales es-tuviera libre, pero las irregularida-des y arbitrariedades han marcado todo el proceso.

Luego de esta audiencia, los tres magistrados de la Sala de los Penal tienen un plazo de 20 días, según ley, para aceptar o rechazar la ca-sación. La abogada Sarah Aguilar espera que la decisión que se dicte sea favorable a Morales, ya que se han presentado diversas pruebas que ratifican su inocencia.

En el desarrollo de la audiencia en

Tegucigalpa las diversas organiza-ciones populares, campesinas y co-munitarias se plantaron en las afue-ra de la Corte de Justicia exigiendo la inmediata libertad de José Isabel Morales.

Jhonny Rivas, del Movimiento Uni-ficado Campesino de Aguán, MUCA

declaró que el caso del labriego Morales es la fiel muestra de la cri-minalización de la lucha por la tierra en Honduras.

Por su parte Rafael Alegría de Vía Campesina manifestó a los me-dios de comunicación que junto al caso de Morales existen unos 3 mil

campesinos y campesinas que han recibido sentencia únicamente por luchar por un pedazo de tierra en el país.

Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRA-NEH, es del criterio que la exigencia de libertad de José Isabel Morales,

es fundamental para marcar la lucha por la tierra y la soberanía nacional.

Las organizaciones aseguraron que seguirán presionando en rechazo a la falta de aplicación de la justicia en el caso de Isabel Morales, quien guarda prisión desde el 2007 en la granja penal de La Ceiba.

Organizaciones exigen libertad de José Isabel Morales

De diferentes partes del país llegaron organizaciones a exigir justicia. La juventud organizada también llegó a apoyar a Isabel Morales.



En diálogo Convocado por Diócesis de Atlántida

Comunidades de Atlántida aclaranque no aceptan concesionesEl alcalde de la ciudad de

Tela, departamento de Atlántida, David Zacaro expresó que las concesio-

nes son tramitadas por el gobierno central y después vienen a nivel de gobierno local. Asimismo se com-prometió a respetar los derechos de la mayoría de los ciudadanos.

“Si las comunidades no quieren inversión, desarrollo, no quieren prosperidad, también se los vamos a respetar, pero quiero ser claro, las decisiones van a ser tomadas por los ciudadanos vecinos del municipio de Tela en función de un cabildo abierto se hace el respeto de las mayoría del pueblo”, dijo el alcalde durante un diálogo convo-cado por la Diócesis de Atlántida, con representantes de comunida-des, empresarios mineros y otras autoridades.

Uno de los pobladores de Nueva Esperanza indicó que en su lugar nunca han estado necesitados de proyectos mineros, pues lo que ne-cesita la gente es que les respeten sus tierras, su agua y sus derechos para poder trabajar con tranquili-dad y que desean que los mineros no sigan quitándoles sus riquezas naturales.

En la parte alta del municipio de Tela, se ubican 16 comunidades que rechazan las concesiones mineras porque van a acabar con sus fuen-tes de agua y todas sus riquezas. Y para defender sus bienes naturales, estas comunidades se han organi-zado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

“En las oficinas de Defomin hay

permisos de exploración pero no de explotación”, confirmó otro de

los pobladores, quien pidió que se respete al pueblo.

El empresario Lenir Pérez, quien está interesado en explotar un ma-terial que se llama óxido de Zinc de los terrenos del municipio de Tela, cree que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia se está opo-niendo a que él explote la mina.“Propongo que una comisión visi-ten las minas de Honduras y que se den cuenta de las comodidades s y el desarrollo que traen las minas a los lugares” dijo con mucha seguri-dad Pérez.

El abogado Martín Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y asesor legal de las comunidades que rechazan la ex-plotación minera, indicó que si los mineros hablan de desarrollo de las

comunidades, por qué no ofrecen a las comunidades ser socios en la explotación de la mina?

Fernández aclaró que como Movi-miento Amplio las denuncias siem-pre van bien documentadas y que varias veces no se les toma la de-claración. “Le pedimos al alcalde David Zacaro que ponga al servi-cio de la gente su buena gestión, poniendo la información precisa a las comunidades de las empresas que están llegando, eso significa que usted debe darle autoridad al pueblo para que sea el pueblo que tome la decisión, pues usted es solo un servidor del pueblo”.

Para el ingeniero ambientalista Juan Mejía, las comunidades organiza-das en el Movimiento Amplio no se oponen a la producción de energía limpia. Las comunidades se oponen a que esa energía limpia de carbo-no esté manchada con sangre de los pobres, pues ya conocen lo que ha pasado en otros proyectos del empresario Fredy Nasser, donde han afectado a muchas poblaciones y las comunidades se han quedado hasta sin agua.

Por su parte, la Iglesia Católica de la Diócesis de la Ceiba que dirige Mon-señor Miguel Lenihan expresó que el objetivo del diálogo era para que los representantes de las comuni-dades, empresarios mineros, el al-calde de Tela, la Policía Nacional, las autoridades de Derechos Humanos y los representantes de la Dirección de Fomento de la Minería, Defomin aclararan dudas, escuchar las opi-niones y dejar claro lo que quieren las comunidades.

DENUNCIAN REPRESIÓN POLICIAL

Los pobladores denunciaron que la Policía Nacional está coludida con los empresarios interesados en explotar las minas en el sector. Mencionaron que en un cabildo abierto quedó claro que la gente no quiere ningún tipo de proyecto de explotación minera y que la policía solo llegó a cuidar lo que quieren explotar los empresarios y no a la comunidad.

“Aquí la policía no ha respetado a la población, llegaron unos policías a nuestro lugar Nueva Esperanza a hacer disparos en horas de la madrugada y a reventar una cadena que la misma gente había puesto para que otras personas extrañas no pasaran al territorio y la policía quitó la cadena con una almágana. Eso es no respetar la decisión de la comunidad, porque la puesta de esa cadena se decidió en un cabildo abierto donde asistieron más de 500 personas”, dijo Adolfo Castillo, de Nueva Esperanza.

Uno de los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza dijo que se debe hablar con la verdad a la gente.

Al dialogo llegaron defensores ambientales y de derechos humanos.

Lenir Pérez empresario minero habló de las bondades de su proyecto.

Abogado Martín Fernández, del MADJ.



Ayudados por la fuerte brisa marina y al ritmo de las olas, un grupo de hombres y mujeres se transportaban en una pequeña lancha recordando el 12 de abril de 1797 cuando por primera vez pisaron suelo hondureño.

Las mujeres y hombres de Triunfo de la Cruz vistieron hoy sus trajes típicos y se concentraron a la orilla del mar, luego en el centro básico del lugar donde explicaron la historia del héroe Joseph Satuyé, primer garífuna que opuso resistencia a los ingleses que trataban de mancillar la libertad de su pueblo en San Vicente.

La historia tambien cuenta que cuando Satuyé es asesinado, los garífunas fueron deportados. Finalmente se establecen en la costa de Honduras iniciando una lucha contra la discriminación, marginación y despojo de su territorio ancestral.

Cuando los garífunas escuchan un tambor, no sólo están escuchando un sonido percutido, sino que está percibiendo la vibración de una cultura que se lleva en la sangre, explica Cruz Castillo.

La wanarauga es un caso especial. Los hombres garífunas la tocan y bailan vestidos de mujer. Esta tradición no es casual ni caprichosa. Nació a partir de una necesidad bélica.

Garífunas celebran 216 años en HondurasCon bailes, música de tambores y otras actividades, los garífunas de la comunidad Triunfo

de la Cruz, Tela, Atlántida conmemoraron hoy viernes 216 años de su llegada a Honduras.



Tras 5 años de surgimiento

Según Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios

Movimiento Amplio por la Dignidady la Justicia exige alto a la corrupción

Investigación en muerte de mujeres es “el talón de Aquiles”

Ante los altos índices de corrupción e impunidad que imperan en Hon-duras, el Movimiento

Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, urgió intervenir el Ministerio Público, MP, destituir a los fiscales generales y depurar la institución y todo el sistema de administración de justicia.

La exigencia se hizo en el marco del quinto aniversario de la Huelga de Hambre de los Fiscales contra la corrupción y la impunidad, y el na-cimiento del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, entre abril y mayo del 2008, donde Fiscales del Ministerio Publico denunciaron la olla de corrupción a lo interno de las instituciones operadoras de justicia.

Miembros del MADJ realizaron esta semana una conferencia en las ins-talaciones del MP en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Hon-duras, donde cuestionaron que las transformaciones de sistemas de justicia en el país estén siendo

impulsadas por el Congreso Nacio-nal, CN, poder del Estado al que calificaron en un comunicado como “maestro en corrupción y experto en derrochar los recursos del Esta-do y sobresaliente en el tráfico de influencias entre muchas otras ma-nifestaciones de corrupción”.

Víctor Fernández, coordinador del

MADJ, y participante de la Huelga de Hambre de los Fiscales, afirmó que un sistema de justicia eficaz a los primeros que debería perseguir es a los Diputados, a quienes hoy el sistema político hondureño les da la facultad de impulsar y canalizar estas iniciativas, porque es absurdo pensar que el corrupto va a querer a un funcionario eficiente para que

lo investigue y lo meta preso”.

“La realidad del sistema de justicia del país ha empeorado en relación a como estaba en el 2008, y esta situación tiene que ver con decisio-nes que la clase política no quiso tomar antes para sanear el mal crónico de la corrupción y la impuni-dad”, enfatizó.

Ya en el informe “Índice de Percep-ción de la Corrupción” presentado por Transparencia Internacional en diciembre del 2012, ubica a Hon-duras entre los países con más corruptos de América Latina, princi-palmente en el sector público.

Fernández dijo que el primer paso para comenzar a ver resultados concretos en la lucha contra la co-rrupción y la impunidad es que los funcionarios deben reconocer que el problema se les salió de las ma-nos y que ellos como juez y parte son incapaces de resolverlo.

El MADJ, además planteó como necesario facilitar la más amplia participación de la ciudadanía en el control y supervisión del sistema de justicia y sobre todo detener el desangramiento de la sociedad hondureña parando la violencia que se ampara en la corrupción e impunidad asegurando el derecho a la vida, la justicia y la rendición de cuentas.

Casi tres años han pasado desde que asesinaron a Elsa Mariana Can-tarero. Todo este tiempo su caso se suma a la interminable lista de muertes de mujeres que siguen en impunidad en el país. Fue en el año 2010 que le arrebataron la vida dentro de su casa de habitación, junto a su hijo de apenas 11 años de edad.

Su hermano Norberto Hernández, sigue exigiendo justicia y exponien-do a las diversas organizaciones este caso para evitar que la violen-cia siga cobrando la vida de más mujeres, quienes son doblemente asesinadas, ya que los responsa-bles de tales crímenes siguen en libertad.

El informe “Como se tejen los hilos de la impunidad en Honduras”, ela-borado por la Tribuna Nacional Con-tra los Feminicidios refleja que la gravedad de los femicidios en Hon-duras no sólo se refleja en el au-mento de los casos cada año, sino también en el grado de violencia y ensañamiento ejercido contra las víctimas: violación sexual, tortura y, en algunos casos, mutilaciones.

Estadísticas de femicidios

De acuerdo al Observatorio de la violencia, entre el año 2005 al 2012, se registra la muerte violen-ta intencional de mil 733 mujeres, lo que representa un crecimiento del número de casos de un 120 por ciento. Datos que nos indican que cada 24 horas mueren dos mujeres víctimas de la criminalidad y la ma-yoría de los casos se mantiene en la impunidad.

Y la población femenina más sus-ceptible a estos crímenes son prin-

cipalmente mujeres jóvenes entre 20 y 24 años de edad.

El documento de la Tribuna contra los Feminicidos presentado esta semana en San Pedro Sula revela que la investigación es el “Talón de Aquiles” en estos asesinatos, ya que hay ausencia de una poli-cía técnica judicial y de una policía técnica de investigación que traba-je coordinadamente con la entidad acusadora. De no existir investiga-

ción, no hay acceso real a la justicia. Otro elemento clave es el interés de la persona destinada a la investiga-ción, su motivación y la conciencia del papel que desempeña.

Para hacerle frente al grave proble-ma de violencia contra las mujeres, la investigación dejan una serie de recomendaciones que van desde el trabajo para una conceptualización de seguridad desde las mujeres, la impostergable tarea de avanzar

en políticas efectivas de control de tenencia y uso de armas de fuego. Otras van destinadas a la despoliti-zación del Poder Judicial y analizar la posibilidad de tipificar la violencia doméstica como un delito y crear unidades especiales de delitos con-tra la mujer en todo el país.

A nivel local se ve la instalación de centro de refugio en los diferentes municipios para salvaguardar la vida de las mujeres.

El MADJ continúa documentando casos de corrupción y denunciando.Abogado Victor Fernández, coor-dinador del MADJ.

Código procesal penal

La tipificación de la figura de feminicio fue aprobada por el Congreso Nacional el 21 de febrero de este 2013. Con esta reforma al Código Procesal Penal se establece penas entre 30 y 40 años contra los autores de muertes violentas contra mujeres.

Las organizaciones de mujeres en Honnduras siguen haciendo esfuerzos para el cese de la criminalidad.



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Este día a las seis y media de la mañana unas siete patrullas policiales con elementos antimotines

desalojaron a decenas de pobla-dores que desde hace 12 días se encontraban en una toma pacífica en la carretera que da acceso al sector de Río Blanco exigiendo el retiro del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, donde tiene intereses puestos el Sr. Camilo Atala, el Ban-co FICOHSA, DESA, SINOHYDRO y COPRECA.

“Los policías revisaron maletas y mochilas manifestando que busca-ban armas y decomisaron cámaras fotográficas. Poco después proce-dieron a tirar el agua potable que estábamos consumiendo y a des-montar el lugar donde descansába-mos”, contaron los manifestantes.

Las comunidades que defienden

los bienes naturales ya han parti-cipado en Cabildos Abiertos, Asam-bleas Indígenas, manifestaciones públicas en la ciudad de La Espe-ranza y en Tegucigalpa, han hecho en varias ocasiones denuncias en la Fiscalía de Etnias, a la SERNA e inspecciones ambientales junto con la misma, así como denuncias al Congreso Nacional por otorgar estas concesiones.

Sin embargo, no se ha respetado la decisión de las comunidades que es el rechazo total y reiterado a este proyecto que privatiza el sa-grado Río Gualcarque, el territorio y energía, que significa además da-ños ambientales, desplazamiento de población, daños al patrimonio cultural y económico, militarización de la zona y amenazas contra va-rios miembros de las comunidades y del Comité de Organizaciones In-dígenas de Honduras, COPINH.

Los pobladores de las comunida-des del departamento de Intibucá consideran que la lucha que están haciendo en defender los bienes naturales es justa y que con las acciones están tocando intereses privados, sin embargo ellos van a seguir resistiendo amparándose en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que protege a las poblaciones origina-rias.

El desalojo de este día se produjo sin ninguna orden judicial, dijeron miembros del Comité Cívico de Pue-blos Indígenas de Honduras, Cop-inh y exigen la intervención del Pre-sidente Porfirio Lobo Sosa y de los secretarios de Estado Cesar Ham, Rigoberto Cuellar, Ana Pineda, Luis Green, José Trinidad Suazo y Pom-peyo Bonilla, a fin de garantizar el derecho de los pueblos.

La Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) denuncian que nueva-mente están siendo víctimas de acoso por parte de miembros de la Policía Nacional. Uno de los hechos recientes fue la captura de José Sixto Rivera, el miércoles 10 de abril en la ciudad de San Lorenzo, Valle. José Sixto Rivera es tesorero de la organización ADEPZA y la po-licía lo detuvo mientras caminaba por las calles conocidas como el mercado viejo.

Los campesinos organizados en ADEPZA indican que una patrulla formada por 4 agentes policiales y uno de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC inter-ceptó a José Sixto Rivera dándole la orden de manos arriba y pidiéndole sus documentos personales, en el momento que mostraba se le calló la identidad de su mamá y un agen-te de la policía puso su bota en la cédula, después le dijeron que se subiera a la patrulla si no quería ser encachado.

Luego fue llevado a la posta policial sin decirle el motivo de su arresto. Ellos le preguntaron de donde era y si tenía problemas y una agente le dijo que tenía medidas cautela-res.

José Sixto Rivera respondió que sí tenía medidas pero que solo no podía salir del país pero que podía circular libremente.

José Sixto se comunicó por teléfo-no con el Presidente de ADEPZA Pedro Canales diciéndole lo que le estaba pasando. Un soldado le preguntó con quien estaba hablan-do y él respondió: con mi abogado y le dijo que por esta llamada lo podían llevar a la granja penal de Nacaome.

Los miembros de Adepza creen que fue por la llamada que hizo José Sixto que los policías lo deja-ron libre pero le advirtieron no al-borotar la gente de Puerto Grande.Los miembros de Adepza indica-ron que José Sixto tiene medidas cautelares junto con otros 30 com-pañeros por usurpación y daños al medio ambiente, acusación inter-puesta por el Terrateniente Miguel Facussé Barjum.

“Denunciamos una vez más el hos-tigamiento y acoso por parte de la policía que sigue actuando con de-tenciones ilegales en contra de los dirigentes de ADEPZA por el hecho de luchar por la defensa del territo-rio y la liberación de las Playas en Zacate Grande”, dijeron.

Pobladores de Zacate Grande Hoy en el departamento de Intibucá

Denuncian persecución policial

Por defender las playas acaparadas por los empresarios, muchos de los pobladores de Zacate Grande son perseguidos.

Desalojan pobladores que rechazan proyecto hidroeléctrico

A pesar del desalojo de hoy los pobladores afirman que no dejarán que les quiten sus bienes naturales.

boletín informativo no. 284

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