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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de
Crisis Internacional (1931- 1939).
Tema 10. 1: LA SEGUNDA REPÚBLICA.
1. El bienio reformista:
1.1. La Constitución de 1931
1.2. La política de reformas; El Estatuto de Cataluña
1.3. Las fuerzas políticas de la República.
2. El bienio radical-cedista:
2.1. La política restauradora y la radicalización popular
2.2. La revolución de Asturias.
3. El Frente Popular:
3.1. Las primeras actuaciones del gobierno
3.2. La preparación del golpe militar.
TEMA 10.2: LA GUERRA CIVIL.
1. La sublevación y el desarrollo de la guerra
2. La dimensión internacional del conflicto
3. La evolución en las dos zonas
4. Las consecuencias de la guerra.
TEMA 10.3: La Edad de Plata de la cultura española:
1. De la generación del 98 a la del 36.
2. Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista andaluz.
3. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias.
Tema 10. 1: LA SEGUNDA REPÚBLICA.
Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 convocadas por el Gobierno del
almirante Aznar adquirieron un carácter plebiscitario, de apoyo o rechazo la monarquía. Aunque en la
mayoría de los municipios rurales, dominados por caciques, se impusieron las candidaturas monárquicas,
en las capitales de provincia y principales núcleos urbanos triunfó la conjunción republicano-socialista,
partidaria de la instauración de un régimen republicano.
Dos días después, el 14 de abril, Alfonso XIII decidía acatar la voluntad popular, renunciar a la potestad
real y abandonar España. En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San
Sebastián (republicanos conservadores, de izquierda y radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y
gallegos) constituyeron un Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Al margen de la
coalición quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical
(comunistas y anarquistas).
El Gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: la concesión de una amnistía general para
los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales y la designación de altas cargos
de la Administración. También convocó unas nuevas elecciones municipales para finales de mayo, con la
intención de impedir que la Administración local de muchos pueblos siguiese balo el control de las anti-
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guas autoridades monárquicas. Estos comicios concluyeron con una aplastante victoria de los partidos de
la conjunción.
El 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. Concluyeron con una nueva victoria
de la conjunción republicano-socialista, que presentó una única candidatura en la mayoría de las
circunscripciones. Aunque ningún partido consiguió una mayoría para poder gobernar en solitario, el
PSOE, con 116 escaños, se convirtió en el principal grupo parlamentario, seguido por el Partido
Republicano Radical de Lerroux (90 diputados) y por las organizaciones de la izquierda republicana
(radical-socialistas, Acción Republicana de Azaña, ERC y la ORGA gallega). Lo derecha republicana de
Alcalá-Zamora y los monárquicos fueron los principales derrotados.
El ejecutivo quedó en manos de la coalición republicano socialista, que ratificó en sus cargos al jefe de
Gobierno (Niceto Alcalá Zamora) y a los ministros del Gobierno Provisional. La primera tarea de las nuevas
Cortes fue elaborar uno nueva Constitución de carácter republicano.
1. El bienio reformista:
1.1. La Constitución de 1931
Las Cortes Constituyentes inauguraron sus sesiones el 14 de julio de 1931. Tanto en los trabajos de la
comisión encargada de elaborar el anteproyecto como en los debates parlamentarios, quedó de
manifiesto que la nueva Constitución difícilmente sería un texto de consenso, sino que respondería al
criterio de la mayoría parlamentaria, formada por socialistas y republicanos de izquierda.
La Constitución tenía un carácter democrático y progresista: España fue definida como "una república de
trabajadores de todas las clases sociales", al tiempo que se manifestaba la renuncia a la guerra como
instrumento de las relaciones internacionales. El Estado se configuraba de forma integral, pero se
aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
También se establecía el principio de la soberanía popular, la forma de gobierno republicana, unas Cortes
de carácter unicameral y una división de poderes muy acentuada. El poder legislativo residía en el
Parlamento, con una clara preeminencia de este frente al Gobierno y al jefe del Estado. El presidente de
la República, elegido por los diputados y un número idéntico de compromisarios electos por los
ciudadanos, tenía escasas atribuciones y un mandato de seis años.
Se hacía una amplia declaración de derechos y libertades, y se recogía una preocupación por los temas
sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo, y la no discriminación
por razón de origen, sexo o riqueza, y se instauraba la educación primaria obligatoria y gratuita. Se
reconocía la facultad del Gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como
una obligación social. Se establecía el derecho a voto desde los 23 años y, por primera vez, se concedía el
voto a las mujeres. Por último, se declaraba la laicidad del Estado (separación Iglesia-Estado) y se
reconocían el matrimonio civil y el divorcio.
Los debates parlamentarios
La definición y defensa de los derechos sociales e individuales provocó intensos debates entre derechas
e izquierdas. Entre ellos alcanzó una especial relevancia la regulación del derecho de sufragio de las
mujeres, que acabó con la implantación de un auténtico sistema de sufragio universal en España. Por otro
lado, la discusión de los artículos relacionados con la implantación del laicismo, la prohibición a las
órdenes religiosas para impartir enseñanza o la expulsión de los jesuitas también dieron lugar a los más
enconados debates parlamentarios.
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La Constitución, que fue aprobada el 9 diciembre de 1931, obtuvo el rechazo absoluto de los partidos de
derechas y de los sectores católicos. Tampoco contó con el consenso de los grupos republicanos más
moderados. Alcalá-Zamora (que había dimitido de la presidencia del Gobierno por no estar de acuerdo
con el contenido de los artículos sobre materia religiosa) fue nombrado presidente de la República y
Manuel Azaña le sustituyó en el cargo de presidente del Gobierno.
1.2. La política de reformas. El Estatuto de Cataluña
La política de reformas, desarrollada especialmente durante el bienio de izquierdas, fue impulsada por el
Gobierno de Manuel Azaña y se basó en la alianza entre la burguesía republicana de izquierdas y el
obrerismo socialista. Sin embargo, no fue solo obra de un grupo de dirigentes o intelectuales, sino de toda
una generación de políticos, desde ministros a modestos alcaldes y concejales, que pretendían
modernizar y equiparar España a los países europeos más avanzados.
A) Reformas socio-laborales y cuestión agraria
La llegada de la República supuso la aprobación de una nueva legislación socio-laboral, cuyo artífice
principal fue el socialista Largo Caballero. Se concretó principalmente en la Ley de Términos Municipales,
la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Laboreo forzoso y el establecimiento de la jornada máxima laboral de
ocho horas, Estas normas pretendían mejorar y dignificar la situación de los trabajadores y trabajadoras
del mundo rural y el urbano, Junto a estas reformas se emprendieron otras en materia comercial, fiscal,
hidráulica, industrial y, por supuesto, agraria.
La Ley de Reforma Agraria de 1932, el proyecto de mayor envergadura, intentó dar solución al problema
del campesinado sin tierras. Su objetivo era crear una clase media rural, propietaria de sus explotaciones,
y que habría de ser (por su capacidad de ahorro y consumo) la que incentivara la salida del atraso
industrial. Esta ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza
(los grandes de España), mientras que las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o
las que pudiendo ser regadas no lo eran se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.
La aplicación de la ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un
presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba también de facilitar los
asentamientos de familias campesinas. Las complejidades legales y burocráticas y las limitaciones
presupuestarias no tardaron en convertir la reforma en una decepción para el campesinado pobre: a
finales de 1933 solo se habían expropiado unas 24 000 hectáreas y asentado a poco más de 4000
campesinos, frente a los 60 000 previstos, Ello generó frustración entre un campesinado que veía cómo
se alejaba el día del tan ansiado reparto de tierras y, con él, las expectativas de una rápida mejora de sus
condiciones de vida.
La ley contó con la radical oposición de los grandes propietarios agrícolas que, en algunas regiones, como
Andalucía, concentraban más del 50 % de la tierra, y también se mostraron reticentes miles de
propietarios de fincas con menos de 100 hectáreas. Este grupo hizo causa común con los intereses de los
grandes terratenientes, manifestando así su rotunda oposición a la República.
B) Iglesia y laicismo
Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad
española. La Constitución estipuló la no confesionalidad del astado, la libertad de cultos y la supresión del
presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, se retiraron los
crucifijos de las escuelas y se secularizaron los cementerios.
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El temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al Gobierno
republicano a prohibirles dedicarse a la enseñanza. Además, la Ley de Congregaciones (mayo de 1933)
limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de disolverlas en caso de peligro
para el Estado. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas, que profesaban un cuarto voto
de obediencia al Papa. Acusados de depender de un poder extranjero, la Compañía de Jesús fue disuelta,
y sus bienes, nacionalizados.
La puesta en práctica de las políticas laicistas provocó una fuerte polémica en un país con un elevado
número de población católica, La jerarquía eclesiástica, salvando excepciones como la del cardenal Vidal
y Barraquer, no dudó en manifestar su rechazo hacia la República y en movilizar a los católicos en su
contra. La actitud manifiestamente hostil del cardenal Segura y del obispo de Vitoria provocó que el
Gobierno optase por una medida de fuerza y dictase su expulsión del territorio español.
La cuestión religiosa alejó de la República a unas derechas que, más que por su identificación con la extinta
monarquía, encontraron en la defensa de su moral, su ética y su fe católica una seña de identidad capaz
de aglutinar a las clases conservadoras contra una república a la que no tardaron en calificar de roja y
atea.
La reforma militar
La República se propuso también reformar las instituciones militares y policiales, desburocratizando una
institución vieja y obsoleta que contaba con un elevado número de oficiales mal pagados, con escasas
posibilidades de promoción y que era excesiva para las necesidades defensivas y estratégicas del país.
Esta reforma pretendía asegurar la obediencia del ejército al poder civil y a la vez modernizar su estructura
y organización.
Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que ofrecía a los oficiales en activo
la posibilidad de retirarse voluntariamente y en óptimas condiciones. Además, se suprimieron algunos
rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la Academia Militar de
Zaragoza, vivero de los sectores más reaccionarios del ejército. Se clausuraron las Capitanías Generales y
desaparecieron los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar, así como la prensa
destinada al ejército.
La reforma militar fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas, como una
agresión a la tradición militar y al poder del ejército.
Quince meses después de la proclamación de la república, algunos militares, con el general Sanjurjo a la
cabeza, se sublevaron en Sevilla y protagonizaron un primer golpe de Estado contra la República. Aunque
el levantamiento fracasó y el Gobierno pudo controlar con relativa facilidad la situación, la "Sanjurjada"
constituyó un serio aviso de que la lealtad del ejército no estaba ni mucho menos garantizada. Sanjurjo
fue condenado en consejo de guerra a la pena de muerte, que le fue posteriormente conmutada a
instancias del ejecutivo por la de prisión.
En materia policial, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República,
especialmente preparada para intervenir en las ciudades y que estaba dotada de medios modernos de
disolución de las concentraciones y manifestaciones obreras.
La política autonómica
Aunque los gobernantes de 1931 defendían un Estado central fuerte y concebían España como una unidad
histórica y cultural, emprendieron una reforma territorial que permitiría a las regiones con sentimientos
nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía.
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En Cataluña, tras un primer intento de Francesc Maciá, dirigente de Esquerra Republicana, de proclamar
la República Catalana, se iniciaron negociaciones con el Gobierno republicano que condujeron a la
formación de un gobierno autonómico, la Generalitat, y a la aprobación por las Cortes de un estatuto de
Autonomía (septiembre de 1932). El régimen autonómico estableció un gobierno y un parlamento
propios, con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y reconoció la cooficialidad
del catalán. Las primeras elecciones legislativas al Parlamento catalán dieron la victoria a ERC y Francesc
Maciá fue elegido presidente de la Generalitat, cargo que ocupó hasta su muerte en 1933, cuando fue
sustituido por Lluís Companys.
En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas redactaron, en junio de 1931, un proyecto de estatuto
(Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retrasó debido a la oposición del republicanismo de izquierdas
y de los socialistas, que consideraban el proyecto en exceso confesional e incompatible con la Constitución
republicana. En octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil se aprobaría un estatuto, fruto de un consenso
político entre nacionalistas, republicanos y socialistas. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV,
fue elegido primer lendakari.
En Galicia, el proceso estatutario fue mucho más lento. En junio de 1936 se sometió a plebiscito un
proyecto de estatuto, pero no llegó a ser aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil.
La promoción de la enseñanza y la cultura
A la reforma de la enseñanza se dedicaron muchos recursos. La República emprendió un plan de
construcción de miles de escuelas e inició la implantación de una reforma basada en los principios
pedagógicos de la escuela única o unificada, con el fin de consolidar una enseñanza pública, obligatoria y
gratuita. Se optó por un sistema de educación laico y se introdujo la coeducación, suprimiendo así la
separación de los alumnos en las aulas por razón del sexo.
La dotación de nuevas plazas de maestros y maestras (más de 3200 por año) multiplicó por tres las creadas
durante la década anterior. En los planteamientos educativos republicanos, los maestros eran un
elemento esencial para extender los ideales del nuevo régimen, porque estaban llamados a ser
orientadores no solo de los escolares, sino también de los adultos (fundando bibliotecas, organizando
cursos y conferencias, solicitando la creación de cooperativas, etc.)
La no obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas y el carácter laico de la reforma
educativa provocó una fuerte reacción entre los sectores políticos y sociales más conservadores, dando
pie a lo que se llamó la guerra escolar. Entidades educativas confesionales y algunas asociaciones de
estudiantes y padres de alumnos católicos impulsaron estas protestas, que se extendieron también a la
enseñanza secundaria y universitaria.
La renovación educativa y cultural impulsada por los primeros gobiernos republicanos se materializó en
iniciativas que pretendían hacer posible el acceso a la cultura a sectores tradicionalmente olvidados por
los poderes públicos. Se impulsaron las Misiones Pedagógicas con la colaboración de intelectuales, como
la filósofa malagueña María Zambrano, se crearon bibliotecas y pinacotecas ambulantes, y se ofrecieron
charlas y conferencias sobre literatura española, teatro, danza clásica, etc.
También se abrieron Casas de la Cultura con bibliotecas estables, se fomentaron las vacaciones y colonias
escolares, se crearon institutos para los obreros y se apoyaron iniciativas como el Teatro Universitario La
Barraca, dirigido por el poeta granadino Federico García Lorca.
1.3. Las fuerzas políticas de la República.
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Entre los grupos de izquierdas, los partidos republicanos (radical-socialistas, azañistas y nacionalistas
catalanes y gallegos), con implantación entre las clases medias e intelectuales, fueron partidarios de
grandes reformas, pero no mantuvieron posturas revolucionarias. El PSOE era el partido más sólido y
estructurado, contaba con el apoyo de la UGT y recogía buena parte del voto obrero, La corriente
socialdemócrata proponía retrasar los planteamientos revolucionarios (Besteiro y Prieto); la corriente
revolucionaria, representada por la UGT, consideraba la República como un camino hacia el socialismo.
Más a la izquierda se hallaba el PCE, surgido de la rama bolchevique del socialismo, y en 1935 se creó el
POUM, de tendencia anti estalinista.
En el sindicato anarquista CNT, que en 1936 ya contaba con un millón de afiliados, se enfrentaron los
trentistas, que defendían una orientación más moderada y mostraban un cierto apoyo a la República, y la
corriente más radical formada por un sector revolucionario alrededor de la Federación Anarquista Ibérica
(FAI), que defendía la vía insurreccional y armada.
Las opciones de centro o centro-derecha estuvieron representadas por los seguidores de Alcalá-Zamora
y, sobre todo, por el Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux, que fracasó como proyecto político a
partir de 1934. En la derecha, el partido fuerte era la CEDA de Gil Robles, que defendía la propiedad agraria
y los intereses de sus propietarios, y el tradicional peso de la Iglesia y del ejército.
Con una actitud claramente hostil hacia la República, existían grupos monárquicos como Renovación
Española, que defendía abiertamente la necesidad de un golpe de Estado y que llegó a acuerdos
electorales con los carlistas agrupados en la Comunión Tradicionalista (CT).
Finalmente, pequeños grupos de corte nacionalsocialista y fascista crearon, en 1931, las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), unidas más adelante a Falange Española, partido fundado en 1933
y dirigido por José Antonio Primo de Rivera. Su ideología era antidemocrática, defendían a ultranza el
nacionalismo español y se organizaron en grupos paramilitares dispuestos a enfrentarse con los militantes
de izquierda.
Las reformas emprendidas por la coalición republicano-socialista fueron contestadas por diversos
sectores sociales. Por un lado, la derecha y los grupos de presión (organizaciones patronales, la Iglesia y
el ejército) mostraron una fuerte resistencia al proceso reformista. Por otro, las reformas le parecían
lentas e insuficientes a la izquierda obrera (anarquistas y comunistas), que defendía la necesidad de llevar
a cabo una revolución social inmediata. En medio, la opinión republicana de centro y de talante moderado
se alarmó por el contenido de algunas de las reformas emprendidas, como la religiosa.
A los ya tradicionales problemas de la economía española (paro agrícola, reparto desigual de la tierra,
escasa competitividad, déficit de balanza comercial, etc.) se unieron las repercusiones de la crisis
económica de 1929. Además, lo República generó desconfianza entre el empresariado industrial y los
grandes propietarios agrícolas, y la inversión privada tuvo un hundimiento espectacular. Por otra parte,
la política de contención del gasto y equilibrio presupuestario adoptada por los gobiernos se tradujo en
un incremento del paro (unos 600000 desempleados en 1932, sin apenas protección social).
El deterioro de la economía hizo aumentar la conflictividad social y las huelgas, que a menudo derivaron
en motines y conatos de insurrección. La conflictividad alcanzó su punto álgido en 1933, cuando a los
intentos revolucionarios de la CNT se sumaron los sectores más radicales de la UGT especialmente a través
de la Federación de Trabajadores de la Tierra, que tenía más de 450000 miembros.
Ello comportó un incremento de la violencia política, con continuos choques con la fuerza pública en
pueblos y ciudades y una escalada de muertos, heridos y detenidos que fue desacreditando a la República
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y erosionando la autoridad de los gobiernos. Azaña se vio obligado a adoptar medidas muy duras para
restaurar el orden público, y en algunas ocasiones, las fuerzas policiales se ensañaron en la represión.
La pérdida de popularidad y el desgaste de la coalición de partidos que respaldaba al Gobierno fueron en
aumento durante la primavera-verano de 1933. Con las derechas en proceso de reorganización, las
repercusiones del escándalo de Casas Viejas, los reveses en las elecciones municipales parciales de abril y
los efectos de la crisis económica, la colaboración entre republicanos y socialistas fue haciéndose cada
vez más difícil. En septiembre, Alcalá-Zamora retiró su confianza al Gobierno y nombró a Diego Martínez
Barrio presidente de un nuevo gabinete con lo finalidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones
generales, Fijados para el 19 de noviembre de 1933
2. El bienio radical-cedista:
Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en que pudieron votar las mujeres en España,
concluyeron con un vuelco en la composición de las Cortes. Las derechas, coaligadas, lograron formar una
única candidatura en numerosas circunscripciones, frente a unas izquierdas que optaron por presentarse
en candidaturas separadas.
La movilización conservadora, iniciada en 1931, y los efectos del sistema electoral mayoritario provocaron
una concentración del voto de centro-derecha y la dispersión del voto de centro-izquierda. La
adjudicación de escaños otorgó a la CEDA de Gil Robles y al Partido Republicano Radical de Lerroux más
de un centenar de diputados a cada uno, insuficientes no obstante para poder gobernar en solitario. La
salida fue la formación de un gobierno sostenido por los radicales y algunos pequeños partidos de centro,
que puso en marcha una política revisionista de las reformas del primer bienio bajo la supervisión de la
derechista CEDA, a cambio de que esta apoyase al Gobierno con sus 115 diputados en las Cortes.
2.1. La política restauradora y la radicalización popular
El nuevo Gobierno inició un viraje en la política reformista del bienio anterior. En el campo frenó la
reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a
los campesinos de Extremadura y se concedió libertad de contratación, lo que supuso una tendencia a la
baja en los salarios de los jornaleros, También intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un
presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede.
En cuanto al ejército, se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932, y el general
abandonó España para instalarse en Portugal. En materia de educación, se redujo considerablemente el
presupuesto. También se inició la destitución de los ayuntamientos en manos de republicanos y
socialistas, que fueron sustituidos por comisiones gestoras formadas por miembros de los viejos partidos
monárquicos, adscritos a Lerroux o a la CEDA.
La cuestión agrícola enfrentó al Gobierno central con la Generalltat de Cataluña, en manos de los
republicanos de izquierda, a raíz de la promulgación, en 1934, de la Ley de Contratos de Cultivo, que
permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas (robassaires) acceder a la propiedad de las tierras
que trabajaban pagando a los propietarios unos precios tasados. El Tribunal de Garantías Constitucionales
determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos, El Gobierno de la Generalitat no aceptó la
anulación y aprobó una nueva ley prácticamente idéntica, dejando el conflicto en una situación crítica.
Por otro lado, el Gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar en las
Cortes la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV.
La radicalización obrera
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El viraje conservador y la obstrucción de las reformas anteriores tuvieron como consecuencia una
radicalización del PSOE y de la UGT, auspiciada por Largo Caballero. En junio de 1934, dos socialistas
declararon una huelga general campesina en defensa de las conquistas legales y de las mejoras socio-
laborales alcanzadas. El movimiento fue reprimido, y se produjo la detención de los dirigentes socialistas
más significados y la clausura de sus locales y de las Casas del Pueblo.
Ante esta situación, la CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de
orden público, exigiendo participar en el Gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. El
jefe del Gobierno, Lerroux, accedió a las peticiones, y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres carteras
ministeriales a la CEDA, lo cual fue interpretado por la izquierda corno una deriva hacia el fascismo.
Al día siguiente de la formación del nuevo Gobierno, por iniciativa de la UGT y con escasa participación de
la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades. Los acontecimientos de
octubre de 1934 fueron graves en Asturias y Cataluña, pero el movimiento fracasó a nivel nacional por la
falta de coordinación y la contundente respuesta del Gobierno, que decretó el estado de guerra.
2.2. La revolución de Asturias.
La revolución de Asturias (octubre de 1934)
De igual forma que la derecha reaccionó contra la República de izquierdas con la sublevación militar del
general Sanjurjo, tras la victoria electoral de la derecha en 1933 los socialistas se plantearon la posibilidad
de una revolución popular, que, salvo en Asturias, no sería secundada por los anarquistas.
Para entender este planteamiento de los socialistas, es necesario considerar también los acontecimientos
que se estaban desencadenando en Europa, en especial la subida al poder de Hitler en Alemania (enero
de 1933) y la prohibición de todos los partidos políticos en Austria por el régimen totalitario de Dollfuss
(febrero de 1934). Estos hechos eran interpretados por amplios sectores de la izquierda como un adelanto
de lo que podría ocurrir en España, dadas las similitudes de la situación política.
El comienzo de la revolución se había fijado para septiembre y después se aplazó a octubre, pero el
detonante fue la formación, el 4 de octubre de 1931, de un nuevo gobierno más de derechas aún que los
anteriores, ya que se incorporaban a él por primera vez tres ministros de la CEDA, aunque la presidencia
del ejecutivo y la mayoría de las carteras las conservaba el Partido Radical.
La UGT convocó la huelga general nacional para el día siguiente, el 5 de octubre. La sublevación fue un
fracaso en la mayor parte del país, porque el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. Solo
adquirió importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, pero en las tres primeras tuvo una corta
duración.
En Barcelona además se proclamó el día 6 de octubre el Estado catalán dentro de la República Federal
Española, que no pervivió ni un solo día porque el ejército dominó la situación y suspendió el gobierno
autonómico, acusado de rebeldía.
El único lugar en que triunfó la insurrección fue Asturias, donde se había firmado un pacto de alianza
regional -la Alianza Obrera- entre socialistas, anarquistas y comunistas, con el fin de «socializar los medios
de producción» en un movimiento revolucionario conjunto. Los obreros consiguieron ocupar por las
armas toda Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros.
El gobierno reaccionó enviando tropas procedentes de Marruecos, al mando del general Franco, y el 18
de octubre la rebelión había sido sofocada. El saldo final de víctimas fue elevado: entre 1.000 y 2.000
insurrectos, según diferentes historiadores; unos 300 miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército;
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y más de 30 sacerdotes y religiosos. A partir de ese momento, se produjo un giro aún más conservador en
la política gubernamental.
La represión posterior se caracterizó no solo por su dureza, sino también por su arbitrariedad. Se
realizaron cerca de 30.000 detenciones y fueron numerosas las condenas a muerte, pero al final se indultó
a los máximos responsables y se ejecutó a dirigentes secundarios.
La descomposición política
Ya en la primavera de 1934, tras la puesta en libertad del general Sanjurjo y en desacuerdo con la tutela
de la CEDA, un sector de los radicales encabezados por Martínez Barrio había abandonado el partido de
Lerroux y formado uno nuevo, Unión Republicana.
En la primavera de 1935 se formó un nuevo gobierno presidido por Lerroux, que incluía a cinco miembros
de la CEDA (Gil Robles era ministro de la Guerra y el general Francisco Franco, jefe del Estado Mayor). El
ejecutivo inició la tan ansiada contrarrevolución que Gil Robles venía anunciando a sus partidarios desde
hacía dos años.
Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló definitivamente la Ley de Contratos de
Cultivo, los campesinos fueron obligados a pagar la totalidad de las rentas, incluidos los atrasos desde
1931, y se devolvieron las propiedades a los jesuitas. En julio de 1935 se presentó un anteproyecto para
modificar la Constitución, que no llegó a ser aprobado, y que recogía una revisión restrictiva de las
autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación de tierras.
A lo largo de 1935 se acentuaron las divisiones entre los partidos que apoyaban a los gobiernos de centro-
derecha, sobre todo a partir los escándalos de corrupción en que se vieron envueltos Lerroux y radicales
(caso del estraperlo relacionado con el juego en los casinos y caso Nombela de malversación de fondos
públicos), que provocaron su descrédito ante la opinión pública. Haciendo uso de sus prerrogativas, el
presidente Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.
3. El Frente Popular:
Las elecciones de febrero de 1936
Las izquierdas acudieron a las elecciones en una gran coalición que Incluía a los republicanos reformistas,
al PSOE e incluso a los comunistas, y adoptó el nombre de Frente Popular. Su programa defendía la
concesión de una amnistía para las personas encarceladas por la revolución de octubre de 1934, la
reintegración en cargos y puestos de trabajo para las represaliadas por razones políticas y la aplicación de
la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto, pero
esta vez no pidió la abstención, lo cual significaba de hecho un apoyo tácito al Frente Popular.
Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones (las llamadas candidaturas antimarxistas)
constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional) y en algunas provincias
se incluyó a los radicales y a la Lliga catalana. Sin embargo, no lograron confeccionar una candidatura
única ni redactar un programa electoral consensuado, aunque en esencia todos pretendían implantar un
régimen católico, centralista, corporativo y autoritario.
El Frente Popular fue la fuerza ganadora, con el 48 % de los votos y 278 diputados. Las derechas obtuvieron
el 46,5% de los sufragios y 124 diputados, mientras que las fuerzas de centro solo un 5,4% y 51 escaños.
El PSOE (99 diputados) y la CEDA (88) formaron las principales minorías parlamentarias, aunque los
republicanos (Azaña y Martínez Barrio) junto a la izquierda catalana sumaban más de 160. El PCE, incluido
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en el Frente Popular, obtuvo 17 escaños. Falange Española ni siquiera consiguió que su líder, José Antonio
Primo de Rivera, revalidase su acta de diputado.
3.1. Las primeras actuaciones del gobierno
De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado
exclusivamente por republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana), mientras que el resto de
partidos de la coalición se comprometieron a darles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado
presidente de la República y Casares Quiroga, presidente del Gobierno,
El nuevo gobierno puso en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía
(unos 30.000 presos políticos fueron excarcelados) y se obligó a las empresas a readmitir a todas las
personas que habían sido despedidas en 1934. El Gobierno de la Generalitat volvió al poder y se
restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se iniciaron las
negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos.
Esperanzados con las perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una
movilización popular. Los anarquistas proponían acciones revolucionarias, y un sector del socialismo se
orientó hacia soluciones radicales cercanas a las del PCE. En las ciudades se convocaron huelgas, y en el
campo, los jornaleros se adelantaron a la legislación y ocuparon las tierras.
En Andalucía, el triunfo del Frente Popular se tradujo en la liberación de presos políticos y sindicales, la
toma de tierras, la reposición de ayuntamientos, la reapertura de las Casas del Pueblo clausuradas, etc.
La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo. Muchos propietarios de tierras se
opusieron a las medidas del Gobierno; algunos empresarios expatriaron capitales y la Iglesia inició nuevas
campañas contra la República.
La situación política y social se hizo muy conflictiva: el número de huelgas laborales se incrementó y la
parte más reaccionaria y fascista de las derechas y los elementos más radicales de las izquierdas
convirtieron la violencia en el instrumento de su política: entre febrero y junio de 1936, unos 66 edificios
religiosos fueron asaltados o destruidos, y 32 personas fallecieron víctimas de atentados o tiroteos.
3.2. La preparación del golpe militar.
La situación política y social fue deteriorándose: los enfrentamientos en las calles proliferaron y la
escalada de huelgas y desórdenes generó un clima de violencia social, Falange Española y otros grupos de
extrema derecha formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra líderes izquierdistas,
y estas fueron respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda, Mientras el
Gobierno trataba de controlar los disturbios y restablecer el orden, una buena parte de las derechas ya
pensaba en un golpe de fuerza para acabar con el Frente Popular.
Hoy sabemos que la preparación del golpe militar se inició incluso antes del triunfo electoral del Frente
Popular. Buena parte de la oficialidad del ejército, convencida de la proximidad de una revolución
bolchevique, comenzó a planificar un levantamiento armado liderado de nuevo por Sanjurjo, refugiado
en Portugal, y organizado desde Pamplona por el general Mola, quien asumió el papel de director. Aunque
carecían de unos objetivos claros, más allá de la restauración del orden y la autoridad, la defensa de la
unidad de España y de la religión católica, y de un marcado carácter antidemocrático y anticomunista, las
ramas de la conspiración fueron extendiéndose,
El asesinato el 13 de julio de 1936 del líder de los monárquicos alfonsinos José Calvo Sotelo a manos de
integrantes de fuerzas policiales, en venganza por el asesinato del teniente Castillo por la ultraderecha,
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aceleró la sublevación militar, que se inició el 17 de julio en Marruecos y dio comienzo a una Guerra Civil
que duraría tres años.
TEMA 10.2: LA GUERRA CIVIL.
1. La sublevación y el desarrollo de la guerra
Los sublevados contra la República habían previsto un pronunciamiento militar para apoderarse de los
órganos de gobierno, decretar el Estado de guerra y sofocar cualquier signo de oposición. Tenía que ser
una operación rápida, pero, al cabo de una semana, el golpe militar no había triunfado y la división del
país en dos bandos originó una larga cruenta guerra civil.
1.1. El levantamiento militar
Desde los inicios del año 1935, grupos de militares se habían reunido para planear un golpe de Estado en
el caso de que los partidos de izquierdas ganaran las elecciones. El general Mola, relegado por el gobierno
de la República al Gobierno Militar de Pamplona, actuó como organizador. Para alcanzar su objetivo,
contaba con muchos oficiales de la UME (Unión Militar Española), que era una asociación clandestina de
oficiales antirrepublicanos, distribuidos por todo el territorio. El general Sanjurjo, entonces exiliado en
Lisboa, tomaría el mando superior.
El pronunciamiento se inició el 17 de julio en los cuarteles de Melilla y al día siguiente había triunfado en
el resto del Protectorado. El mismo día, el gobierno de Casares Quiroga fue informado, pero no se atrevió
a tomar ninguna medida. El día 18 llegó el general Franco desde Canarias y tomó el mando del ejército de
África, el más preparado y mejor armado de la República. El mismo día 18 se sublevaron otros jefes
militares: Mola en Pamplona, Queipo de Llano en Sevilla, Goded en Mallorca y Cabanellas en Zaragoza.
El pronunciamiento triunfó, en líneas generales, en Castilla y León, Navarra, parte occidental de Aragón,
Galicia, Baleares, Canarias, y en algunas ciudades andaluzas. Pero fracasó en Cataluña, la Comunidad
Valenciana, Región de Murcia, la franja cantábrica (Asturias, Cantabria, País Vasco), en Castilla la Mancha
(Castilla la Nueva), Extremadura y gran parte de Andalucía. Fracasó, sobre todo, en la capital, Madrid, y
en Barcelona, que era la ciudad industrial más importante del país.
1.2. Hacia la Guerra Civil
A finales de julio, los sublevados ocupaban una parte del territorio español, pero a diferencia de lo que
probablemente hubiera ocurrido en el siglo XIX, el pronunciamiento militar no había triunfado, aunque
tampoco pudo ser completamente sofocado por el gobierno, y la situación derivó hacia un
enfrentamiento civil armado.
El gobierno de la República tardó en reaccionar al levantamiento. A pesar de las advertencias y de la
gravedad de los hechos, ni el presidente Azaña, ni el jefe de gobierno, Casares Quiroga, tomaron medidas
los días 17 y 18 de julio, perdiendo un tiempo vital para la defensa de la República. Casares Quiroga dimitió
y Azaña nombró a José Giral jefe de gobierno. Su primera medida, el 19 de julio, fue autorizar la entrega
de armas a los sindicatos y a los partidos del Frente Popular (anarquistas, republicanos, socialistas,
comunistas, etc.). Fueron ellos, junto con una parte del ejército leal a la República y la Guardia de Asalto,
los que hicieron frente, especialmente en Madrid y Barcelona, a los golpistas.
De este modo, la República mantenía su dominio sobre los principales centros industriales, dominaba las
zonas de agricultura de exportación (Comunidad Valenciana y Región de Murcia), disponía de la mayoría
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de la flota y de la aviación y de las reservas del Banco de España. No parecía que los militares sublevados
pudieran resistir demasiado si no lograban trasladar rápidamente el ejército de África a la Península y
aumentar su armamento.
Pero los sublevados consiguieron establecer en los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto
un puente aéreo entre Tetuán y Sevilla. Se trataba de aviones alemanes e italianos, los dos Estados
fascistas más importantes de Europa que, además, estaban dispuestos a facilitar armamento, soldados y
técnicos. En consecuencia, los sublevados pudieron continuar las ofensivas militares. Se iniciaba así un
conflicto civil que iba a durar casi tres años.
1.3. La consolidación de los bandos
El hecho incontrovertible de que se estaba ante el inicio de una guerra civil conformó inmediatamente la
formación de dos bandos:
Los sublevados eran militares conservadores, monárquicos de derechas, grupos católicos, falangistas,
tradicionalistas (carlistas) y todos aquellos que se habían opuesto a las reformas de la República. Estaban
apoyados e inspirados por el fascismo y se definían como "nacionales" (por su defensa de la unidad de
España) y católicos. Los organizadores del alzamiento militar manifestaron que su intención inmediata era
"restablecer el orden", a través de una dictadura militar y permitir, tras el tiempo necesario, la
recomposición de un poder civil en forma de monarquía o república. Los falangistas pretendían imponer
un régimen fascista a la italiana y los carlistas esperaban la anhelada instauración de la monarquía carlista.
Los leales a la República estaban constituidos por las clases populares: obreros y empleados, pequeña
burguesía y campesinado sin tierras. En su mayoría estaban afiliados o influidos por las organizaciones
socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, y eran definidos por la derecha como "rojos". Junto a ellos,
estaban también las clases medias republicanas y un nutrido grupo de intelectuales y artistas. Todos
defendían la legitimidad republicana y habían dado apoyo al Frente Popular, pero representaban intereses
muy diversos: desde sectores simplemente reformistas hasta grupos revolucionarios deseosos de una
revolución socialista o anarquista.
1.4. LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO BÉLICO
1.4.1. La batalla de Madrid
El primer objetivo de los sublevados era la toma de Madrid, capital y símbolo de la República. Después de
cruzar el Estrecho (julio de 1936), las tropas de África, legionarios y regulares al mando del general Yagüe,
consiguieron el enlace con la zona sublevada del norte, una vez eliminada la resistencia de Badajoz.
En septiembre, Franco, nombrado jefe del ejército del sur tras la muerte de Sanjurjo, ocupó Toledo y puso
fin al cerco de su Alcázar, donde resistían unos centenares de militares sublevados con sus familias. A
finales de octubre, se hallaba a las puertas de Madrid.
La conquista de la capital podía ser inminente por lo que el 29 de octubre el gobierno de la República
decretó la movilización general para salvar Madrid. Miles de hombres y mujeres fortificaron los accesos y
el interior de la ciudad, y mientras se cavaban zanjas, nacían consignas que se hicieron míticas como "No
pasarán" y "Madrid, tumba del fascismo".
El 6 de noviembre, el gobierno republicano se trasladó a Valencia, dejando la ciudad en manos de una
Junta presidida por el general Miaja, mientras que la estrategia de la defensa de la capital quedaba en
manos del entonces comandante Rojo. Pese a los ataques aéreos, Madrid resistió desde noviembre a
enero el ataque frontal, gracias también a la llegada de las primeras Brigadas Internacionales y de una
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columna anarcosindicalista desde Barcelona, la Columna Libertad, al mando del líder sindical
Buenaventura Durruti, que encontró ahí la muerte.
La resistencia de la ciudad de Madrid concluyó la fase de la guerra denominada de "columnas'', en la que
las tropas republicanas estaban principalmente compuestas por columnas de milicias integradas por
voluntarios de partidos y sindicatos.
1.4.2. Las batallas del Jarama y de Guadalajara
Fracasado el intento de entrar en la capital, los sublevados emprendieron dos maniobras envolventes
para aislar Madrid y cortar sus comunicaciones con Valencia. Una primera maniobra produjo la batalla del
Jarama, en febrero de 1937, en la que los sublevados cruzaron el río, pero fueron detenidos por los
republicanos y no consiguieron su objetivo de incomunicar la ciudad.
En la batalla de Guadalajara, en el mes de marzo de 1937, las tropas fascistas italianas, aliadas de Franco,
sufrieron una espectacular derrota a manos del reconstituido Ejército Popular de la República, Fue la
primera victoria republicana de gran resonancia.
1.4.3. La batalla del Norte
Franco decidió cambiar la estrategia de la guerra, abandonando el ataque a Madrid y trasladando la lucha
al norte, a la franja cantábrica. Los combates principales se produjeron entre abril y octubre de 1937, y
los frentes de combate fueron desplazándose de este a oeste: Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria y Asturias. Los
sublevados, al mando del general Mola, desencadenaron un ataque hacia Bizkaia en los últimos días de
marzo. En abril se producía el primer bombardeo aéreo del mundo sobre una población civil, la localidad
de Gernika (Bizkaia), realizado por las aviaciones alemana e italiana por orden del cuartel general de
Franco, y que produjo un gran número de víctimas.
Bilbao fue ocupada en el mes de junio de 1937 gracias a la superioridad en medios, armamento y aviación
de los sublevados. La República, para aliviar la presión militar en el norte, desencadenó el ataque a
Brunete, cerca de Madrid, y más tarde a Belchite, junto a Zaragoza, pero no consiguió evitar que las tropas
de Franco entrasen en agosto de 1937 en Cantabria y luego en Asturias, donde la batalla se llevó a cabo
entre septiembre y octubre del mismo año. Toda la franja norte quedaba en manos de los rebeldes.
1.4.4. La ruptura del territorio republicano
En diciembre de 1937, el ejército republicano había sido reorganizado con la creación de las Brigadas
Mixtas, y tenía a su frente a un destacado general, Vicente Rojo, el defensor de Madrid. Se pretendía
afianzar la organización castrense y dotar al ejército de la necesaria eficacia para dar un giro al desarrollo
de la guerra. A tal fin, el ejército se dotó de mandos profesionales y en él se integraron los cuadros
procedentes de las milicias populares (Juan Modesto, Enrique Líster, Valentín González...).
El nuevo ejército republicano intentó tomar la iniciativa desencadenando diversas ofensivas, la más
exitosa de las cuales tuvo lugar en dirección a Teruel, en torno a cuya capital se dio una gran batalla en el
invierno de 1937¬1938. La batalla de Teruel llevó a la ocupación republicana de la ciudad, que se mantuvo
hasta el mes de febrero de 1938, momento en que los republicanos tuvieron que abandonarla
definitivamente. El ejército de Franco desencadenó entonces la campaña de Aragón, en tierras de Teruel,
atravesando el Maestrazgo y llegando al Mediterráneo por Vinaroz (Castellón) en el mes de abril.
El territorio republicano quedaba dividido en dos zonas, una de las cuales era Cataluña. Franco podría
haber atacado entonces Cataluña y haber acabado con la guerra, pero no lo hizo. Prefirió continuar la
ofensiva hacia el sur, manteniendo fuertes combates en Castellón y Valencia, capital de la República.
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1.4.5. La batalla del Ebro
La última fase de la guerra se inició con la batalla del Ebro y terminó con la derrota definitiva de la
República, en un contexto internacional en el que los representantes de las grandes potencias -el Reino
Unido, Francia, Italia y Alemania- dejaron totalmente abandonada a su suerte a la República española
(Conferencia de Múnich, octubre de 1938).
La batalla del Ebro fue uno de los mayores episodios militares de la guerra. Empezó el día 25 de julio de
1938 con el ataque republicano entre Mequinenza y Amposta. Un primer avance de los republicanos hacia
el sur les llevó a ocupar Gandesa, donde lograron resistir unos meses.
Franco envió grandes refuerzos, incluidas las aviaciones alemana e italiana, y consiguió detener el ataque.
Luego contraatacó y, a principios de noviembre, el ejército republicano tuvo que replegarse en la otra
orilla del río, mientras el ejército de Franco avanzaba ocupando todo el sur de Tarragona y el Ebro en la
zona de su desembocadura. El 16 de noviembre de 1938 se dio por acabada la batalla. El ejército
republicano había quedado gravemente mermado.
Entonces Franco decidió emprender definitivamente la ofensiva sobre Cataluña. El día 26 de enero de
1939 entraba en Barcelona sin lucha. La caída de Girona significó la huida hacia Francia de miles de
refugiados, entre ellos el gobierno republicano, instalado en Barcelona desde octubre de 1937, con el jefe
del gobierno, Juan Negrín, y el presidente de la República, Manuel Azaña. A principios de febrero, toda
Cataluña estaba ocupada y la suerte de la República, totalmente decidida.
1.4.6. El final de la guerra
En febrero de 1939, a la República no le quedaba más territorio que la llamada zona centro, que
comprendía Madrid y toda la región mediterránea desde el norte de Valencia hasta Almería. A pesar de
que el jefe del gobierno republicano, Juan Negrín, había regresado de Francia y quería continuar la guerra,
apoyado por los comunistas, ya no hubo ninguna batalla importante. A finales de este mes, el Reino Unido
y Francia reconocieron al gobierno de Franco y, a primeros de marzo, Manuel Azaña presentó en París su
dimisión como presidente de la República.
A comienzos de marzo se produjo en Madrid una sublevación contra el gobierno de la República dirigida
por el coronel Casado, jefe de la defensa de la capital. El coronel venía preparando este golpe desde hacía
meses, y había entrado en contacto con el servicio de espionaje del enemigo. Casado creía que la
influencia de los comunistas en la República era la causa de la prolongación de la guerra y que sería posible
terminarla mediante una negociación con Franco.
Casado, con el falso pretexto de que el presidente Negrín iba a nombrar, a comienzos de marzo, altos
mandos exclusivamente comunistas para el ejército, se sublevó el día 5 de marzo y controló Madrid, tras
una fuerte lucha con las unidades comunistas. Junto con el socialista Julián Besteiro, entre otros, y el
apoyo de parte de la UGT, se creó una Junta de Defensa, con el objetivo de negociar con Franco una "paz
honrosa' basada en la "generosidad del Caudillo". Franco no aceptó condición alguna y obligó a entregar
las armas. El día 28 de marzo, las tropas de Franco entraron en Madrid sin ninguna resistencia.
En los días posteriores a la entrada en la capital, se ocupó toda la zona mediterránea. La resistencia de las
escasas tropas controladas por los comunistas no pudo impedir la ocupación de Albacete, Alicante y
Valencia. El 1 de abril, Franco firmó en Burgos el último parte de guerra, dando por concluido el conflicto.
La guerra había concluido, pero sus terribles consecuencias iban a estar presentes durante decenios en
España. En primer lugar, la guerra dejó un terrible saldo de víctimas: muertos, heridos, mutilados,
desaparecidos, etc. Decenas de miles de personas perdieron la vida en el conflicto, tanto soldados en el
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frente corno civiles por los bombardeos, las penurias y la represión. Además, hacia el final de la guerra,
población procedente de toda España y miles de soldados en retirada se concentraron en Cataluña para
cruzar la frontera francesa. Entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 1939, aproximadamente medio millón
de españoles entraron en Francia. Mientras, otros miles huían en barcos hacia el norte de África y otros
destinos.
En segundo lugar, la guerra arruinó al país: las infraestructuras y las comunicaciones se destruyeron, así
como miles de viviendas afectadas por los bombardeos; la actividad económica se paralizó y la ayuda
recibida por los "nacionales" debía ser pagada ahora, endeudando al país.
Por último, la guerra destruyó la convivencia y el frágil sistema democrático alumbrado por la Segunda
República, y fue sustituido por una dictadura militar, de inspiración fascista, que se prolongará durante
40 años.
2. La dimensión internacional del conflicto
Desde el primer momento, la Guerra Civil española, "la guerra de España", tuvo una gran repercusión
internacional. El conflicto fue visto como una confrontación entre las fuerzas democráticos, y en parte
revolucionarias (socialistas o comunistas), y los regímenes fascistas en ascenso (alemán e italiano). Se
creyó entonces que España era un "microcosmos" en el que se estaba produciendo el enfrentamiento
armado que muchos temían se extendieran a escala mundial.
La opinión democrática progresista del mundo estuvo a favor de la República. Igualmente, los partidos
obreros y la URSS se manifestaron decididamente a favor de la República. Por el contrario, las fuerzas
conservadoras de las democracias (Francia y el Reino Unido) y los gobiernos fascistas (Italia y Alemania)
veían en el alzamiento de Franco un Freno a la expansión del comunismo. También el régimen filo fascista
portugués de Oliveira Salazar fue un fiel aliado de los sublevados. Por último, el catolicismo tradicional
estuvo en general con los rebeldes, y el Papado acabó pronunciándose a favor de Franco.
Los sublevados como el gobierno de la República recurrieron al exterior para buscar apoyos. Los
sublevados enviaron agentes a los países fascistas con el fin de pedir ayuda militar (aviones, armas). El
gobierno republicano pidió colaboración militar y política, en primer lugar, a Francia, que también tenía
un gobierno del Frente Popular.
Pero los gobernantes de las democracias (Francia, el Reino Unido y Estados Unidos) fueron en extremo
prudentes por temor a que el conflicto pudiera extenderse por Europa. El Reino Unido defendía una
política de apaciguamiento ante la Alemania nazi y comunicó a Francia que si intervenía en España
ayudando a la República no apoyaría la política internacional francesa ante la amenaza de Hitler. Francia
se plegó a estas exigencias e impulsó la creación de un Comité de No Intervención (agosto de 1936), con
sede en Londres, al que se adhirieron veintisiete países.
La política de no intervención constituyó uno inmensa injusticia para la República y una de las causas de
su derrota al negar a un Estado soberano y legítimo el derecho a adquirir armas para defenderse de una
insurrección.
3. La evolución en las dos zonas
3.1. El desplome del Estado Republicano
La necesidad de recurrir a las organizaciones políticas y sindicales de izquierda para hacer frente al golpe
de Estado originó la aparición de una estructura de poder popular, única fuerza armada capaz de defender
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la legalidad republicana. El gobierno decretó fa disolución del ejército tradicional y la creación de
batallones de voluntarios, en los que debían integrarse las milicias populares,
Además, en el territorio republicano, en el verano de 1936, el poder del Estado sufrió un desplome casi
total y fue sustituido por organismos dispuestos a imponer un nuevo orden revolucionario: consejos,
comités y juntas. En algunas zonas, los comités se unificaron para formar Consejos Regionales (Consejo
Soberano de Asturias, Consejo de Aragón, Comité Ejecutivo Popular de Valencia, Junta de Defensa de
Madrid o Comité Central de Milicias Antifascistas en Cataluña). Se ocupaban de organizar las columnas de
voluntarios para el frente, del orden público, o de la economía, y un hecho muy significativo de la
revolución social desencadenada fue, sin duda, la colectivización de la propiedad privada.
También se desarrolló un violento movimiento anticlerical y anti-burgués, que se concretó en el saqueo e
incendio de iglesias, en el asalto a propiedades, en detenciones de empresarios o grandes propietarios, y
hasta en el asesinato de religiosos o de "elementos sospechosos" por su filiación política de derechas.
Estas acciones fueron protagonizadas en su mayor parte, por grupos incontrolados de tendencia
anarquista.
3.2. El gobierno de Largo Caballero (1936-1937)
A finales del verano de 1936, los milicianos no conseguían detener el avance de los sublevados, y las
fuerzas republicanas eran conscientes de la necesidad de la formación de un gobierno capaz de aunar
esfuerzos para ganar la guerra, El 5 de septiembre de 1936 se logró formar un gobierno de concentración,
presidido por Largo Caballero, secretario general de la UGT, en el que estaban presentes republicanos,
socialistas y, por primera vez, comunistas. En noviembre, entraron en el gabinete cuatro ministros
anarcosindicalistas, hecho sin precedentes en el mundo.
La etapa de gobierno de Largo Caballero duró hasta mediados de mayo de 1937, y tuvo una gran
importancia en el desarrollo de la guerra. Su proyecto era crear una ''gran alianza antifascista" frente a
los sublevados: recomponer el poder del Estado, eliminando juntas y comités, pero reconociendo los
Consejos Regionales, y dirigir la guerra militarizando las milicias de los partidos y creando el Ejército
Popular.
Pero, Largo Caballero tuvo graves problemas con los comunistas y los anarcosindicalistas. Su empeño en
dirigir la guerra personalmente y la enemistad con los comunistas hicieron que se distanciara de los
partidos. Por su parte, los anarcosindicalistas, a pesar de participar en un gobierno de unidad, no
renunciaban a practicar su propia política insistían en las colectivizaciones y se resistían a integrar sus
milicias en el ejército regular.
Los problemas que debilitaron definitivamente el gobierno de Largo Caballero estallaron en Barcelona a
principios de mayo de 1937 (Hechos de Mayo). En los meses anteriores se habían producido altercados
entre ambos bandos, pero la lucha se desencadenó abiertamente cuando las fuerzas del gobierno de la
Generalitat intentaron desalojar a los anarquistas del edificio de Telefónica que habían ocupado y desde
donde controlaban las comunicaciones. Los hechos derivaron en un enfrentamiento, en las calles de
Barcelona, entre militantes de la CNT y el POUM y militantes del PSUC, ERC y la UGT, que respaldaban al
gobierno. El gobierno central envió fuerzas a Cataluña para controlar el orden público. El conflicto se saldó
con más de 200 muertos, la derrota de los anarquistas y poumnistas y una fuerte crisis de gobierno.
3.3. El gobierno de Negrín. La resistencia a ultranza
Los hechos de mayo restaron influencia a los anarquistas y fortalecieron las posiciones comunistas, que
tenían una gran influencia basada, sobre todo, en la ayuda que la Unión Soviética prestaba a la República.
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De acuerdo con las directrices soviéticas de perseguir a los trotskistas como enemigos de la revolución,
los comunistas españoles exigieron la disolución del POUM y la detención de sus líderes. Largo Caballero
dimitió y se constituyó un nuevo gobierno presidido por el socialista Juan Negrín; de la dirección de la
guerra se encargaría el nuevo ministro de Defensa, el también socialista Indalecio Prieto, En el gobierno
no estarían los sindicatos, CNT y UGT, sino solo los partidos políticos.
El gobierno de Negrín permaneció en el poder hasta el final de la guerra, y propuso una política de
resistencia de la República hasta el fin, aunque no dejó nunca de buscar un acuerdo con el enemigo que
salvaguardara la República y la democracia, Su célebre programa de los Trece Puntos preveía la
permanencia de la República, tras un proceso de elecciones democráticas, cuando cesara la lucha armada.
Franco no aceptó entrar en ningún tipo de negociación e hizo saber públicamente que "solo aceptaría una
rendición sin condiciones".
A partir de marzo de 1938, en el territorio republicano faltaban alimentos y productos básicos, los reveses
militares eran continuos y entre la población empezaba a extenderse el cansancio de la guerra. Negrín,
con casi la única ayuda de los comunistas, insistía en la necesidad de resistir con la esperanza de que el
inicio del previsible conflicto en Europa entre las potencias democráticas y las fascistas aligerara
sustancialmente la presencia alemana e italiana en España. La pérdida de Cataluña entre enero y febrero
de 1939 y el exilio de los gobiernos de la República, de Cataluña y del País Vasco evidenció que la República
tenía los días contados.
3.4 LA ZONA SUBLEVADA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO TOTALITARIO
Militarización y mando único
En la zona dominada por los militares, conocida corno la "zona nacional", hubo, desde el primer momento,
un orden mantenido por la disciplina militar y la proclamación del estado de guerra. Aunque muy pronto
organizaron una Junta de Defensa Nacional, los generales sublevados actuaron como pequeños virreyes
en su territorio (Mola en Navarra; Queipo de Llano en Sevilla y en la parte de Andalucía ocupada...).
La muerte accidental en Lisboa, el 20 de julio de 1936, del general Sanjurjo, considerado como el principal
jefe del movimiento golpista, y el hecho de que la insurrección no triunfase y diera origen a una guerra,
plantearon el problema del liderazgo en la dirección militar y en el gobierno del territorio "nacional".
El 24 de julio se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, integrada por militares (Mola, Franco,
Queipo de Llano...) y presidida por el general más antiguo entre los sublevados, Miguel Cabanellas. La
misión de la Junta era gobernar el territorio ocupado y sus primeras medidas fueron prohibir la actividad
de todos los partidos políticos, suspender la Constitución y decretar la paralización de la reforma agraria.
Para dirigir la guerra fue ganando cada vez más adeptos el general Francisco Franco. Su liderazgo dentro
del ejército se impuso, sobre todo, después de liberar el Alcázar de Toledo y de conseguir que Hitler y
Mussolini lo reconocieran como único interlocutor válido para negociar su apoyo a la sublevación.
Finalmente, el día 30 de septiembre, los militares lo eligieron jefe del Alzamiento. El 1 de octubre de 1936
se publicó el decreto que lo nombraba jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
españoles. La Junta de Defensa Nacional desapareció y se estableció una Junta Técnica del Estado, con
sede en Valladolid y en Burgos, El cuartel general del Generalísimo se trasladó a Salamanca.
3.5. La creación del partido único
A partir de octubre de 1936, a diferencia de la zona republicana, existía en la zona sublevada un mando
militar único e incontestado, pero no una uniformidad política. Los sublevados habían prohibido todos los
partidos políticos que formaban parte del Frente Popular y todos los sindicatos de clase. Solo eran legales
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Falange Española y de las JONS, cuyo jefe fundador, José Antonio Primo de Rivera, había sido fusilado por
los republicanos, y la Comunión Tradicionalista (carlistas), Se toleraban la CEDA y los grupos monárquicos.
En abril de 1932, Franco, inspirándose en el modelo de Estado fascista italiano y alemán de partido único
y con un jefe con plenos poderes, dio a conocer el Decreto de Unificación por el que se creaba un partido
único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, unificando a falangistas y carlistas, y en el que se
integrarían todas las demás fuerzas "nacionales".
Franco sería Jefe Nacional de este partido único, concentrando en sus manos otro poder más. El nuevo
partido adoptó el uniforme con la camisa azul de Falange y la boina roja de los carlistas y el saludo fascista
con el brazo en alto. Las resistencias de algunos carlistas o falangistas a la unificación fueron acalladas con
el destierro o la prisión.
3.6. El gobierno de Burgos
El proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista culminó en enero de 1938 con la
desaparición de la Junta Técnica y la formación, en Burgos, del primer gobierno de Franco, que
concentraba en su persona la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno. El nuevo Estado se
inspiraba en el fascismo y defendía un modelo social basado en el conservadurismo y el catolicismo.
Siguiendo las actuaciones iniciadas por la Junta de Defensa Nacional, se abolió la legislación republicana
en materia económica, social y laboral. Se suprimieron las libertades religiosas, política y sindical y se
impuso la censura en la prensa y en los medios de comunicación. Se suprimieron los estatutos de
autonomía y se restableció la pena de muerte. La construcción del Estado franquista fue acompañada de
una violencia extrema que formaba parte de las directrices fijadas por los dirigentes de la sublevación y
que comportó la aniquilación de los vencidos en los territorios que se ocupaban.
En marzo de 1938 se aprobó la primera de las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo, inspirada en el
fascismo italiano, con un único sindicato que agrupaba a empresarios y trabajadores, y se prohibieron las
huelgas y las reivindicaciones obreras.
Por último, se respetaba la importante influencia de la Iglesia católica, que en julio de 1937 hizo pública
una Pastoral Colectiva de los Obispos en apoyo de los sublevados. El nuevo Estado era claramente
confesional y derogó las leyes del matrimonio civil y del divorcio, estableció el culto religioso en la
enseñanza y en el ejército e instituyó una retribución estatal al clero.
La "zona nacional" se había convertido en un Estado totalitario.
4. Las consecuencias de la guerra.
La guerra había concluido, pero sus terribles consecuencias iban a estar presentes durante decenios en
España. En primer lugar, la guerra dejó un terrible saldo de víctimas: muertos, heridos, mutilados,
desaparecidos, etc. Decenas de miles de personas perdieron la vida en el conflicto, tanto soldados en el
frente corno civiles por los bombardeos, las penurias y la represión. Además, hacia el final de la guerra,
población procedente de toda España y miles de soldados en retirada se concentraron en Cataluña para
cruzar la frontera francesa. Entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 1939, aproximadamente medio millón
de españoles entraron en Francia. Mientras, otros miles huían en barcos hacia el norte de África y otros
destinos.
En segundo lugar, la guerra arruinó al país: las infraestructuras y las comunicaciones se destruyeron, así
como miles de viviendas afectadas por los bombardeos; la actividad económica se paralizó y la ayuda
recibida por los "nacionales" debía ser pagada ahora, endeudando al país.
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Por último, la guerra destruyó la convivencia y el frágil sistema democrático alumbrado por la Segunda
República, y fue sustituido por una dictadura militar, de inspiración fascista, que se prolongará durante
40 años.
TEMA 10.3: La Edad de Plata de la cultura española y la guerra civil en
Andalucía
1. De la generación del 98 a la del 36.
Existe una coincidencia general en considerar que las primeras décadas del siglo xx constituyeron un
periodo de extraordinaria fecundidad cultural en España, conocido como la Edad de Plata de la cultura
española, ya que solo ha sido superado por las realizaciones del Siglo de Oro.
Pero no todos los autores están de acuerdo en sus límites cronológicos: su comienzo para unos coincidiría
con el de la Restauración (1875) y para otros con la crisis de 1898; y en cuanto a su final, unos lo establecen
en 1931 (hundimiento de la monarquía) y otros en 1936 o 1939 (comienzo o final de la Guerra Civil).
Aquí adoptaremos como límites de referencia los años 1898 y 1936, que son los que con más frecuencia
se tiende a utilizar: 1898 porque supuso una ruptura con el pasado y abrió una nueva etapa de reflexión
sobre España; 1936 porque el comienzo de la Guerra Civil subordinó la cultura a sus exigencias.
A continuación, nos limitaremos a dar apenas unas pinceladas sobre el fecundo panorama cultural de esas
cuatro décadas. Seguiremos para ello el sistema de clasificación por generaciones, cuya fecha marca el
momento de eclosión del grupo. El principal problema es el elevado número de figuras destacadas, cuya
fuerte personalidad exigiría un estudio individualizado y no una simple mención dentro de un grupo difícil
de caracterizar.
La Generación del 98: el dolor por España
La Generación del 98 aglutinaba a un importante elenco de escritores (Miguel de Unamuno, «Azorín», Pío
Baroja, Ramiro de Maeztu, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado) nacidos en torno a 1870, que
se mantuvieron como las grandes figuras de la literatura española durante toda la Edad de Plata.
Tenían ideas y estilos muy diferentes, pero compartían una misma inquietud: el dolor por España, que
tras el desastre colonial de 1898 aparecía ante sus ojos en estado de postración.
La situación del país los arrastró a una reflexión, casi siempre ensimismada y pesimista, sobre la realidad
histórica y el problema de España. En este sentido participaban de la sensibilidad regeneracionista de la
época. De todos sus componentes el que mejor refleja ese espíritu angustiado y crítico del grupo fue
Unamuno, cuyas opiniones y actitudes políticas, a menudo muy polémicas, tuvieron tanta resonancia
como su labor literaria.
La Generación de 1914: la europeización de España
La Generación de 1914 agrupaba a intelectuales y escritores que, nacidos en la década de los ochenta del
siglo XIX, estaban en plena madurez al comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Constituían también un grupo muy heterogéneo, en el que la labor como pensadores o ensayistas destacó
sobre la mente literaria.
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Los dos intelectuales más representativos de esta generación. eran José Ortega y Gasset, filósofo cuyo
pensamiento ejercería una gran influencia en las jóvenes generaciones.
En el campo de la literatura destacaron Juan Ramón Jiménez y, como genuino representante del espíritu
de vanguardia artística, Ramón Gómez de la Serna.
En general, sus reflexiones giraban en torno a la modernización de España y su necesidad de asimilarse a
una Europa que, a sus ojos, era ante todo ciencia. Ortega había escrito: «necesitamos ciencia a torrentes,
a diluvios».
En definitiva, si para la Generación del 98 España era un problema, para la Generación del 14 Europa era
la solución.
Las generaciones de los años veinte: el espíritu de vanguardia
La cultura española de los años veinte se caracterizó por una acentuada voluntad de renovación, que se
apreciaba em todos los campos de la literatura y el arte: la Generación del 27 en la literatura, el Grupo de
los Ocho en la música -con los hermanos Halffter-, el primer cine surrealista de Luis Buñuel, la arquitectura
racionalista del Grupo de Arquitectos Españoles para la Arquitectura (GATEPAC), etc.
España era en el ámbito cultural un fiel reflejo de la modernidad europea, cuyas manifestaciones se
conocían perfectamente a través de publicaciones como la Revista de Occidente creada por Ortega y
Gasset en 1923.
Las vanguardias de los años veinte representaban, por tanto, la superación definitiva del espíritu del 98,
pesimista y obsesionado con la idea de España.
De todas ellas, la literaria Generación del 27, cuyo nombre se debe a que sus principales integrantes
conmemoraron en 1927 el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, es probablemente el grupo
más conocido. Aunque formaban de él también algunos prosistas, como José Bergamín, su renombre se
debe a la extraordinaria calidad de la obra poética de figuras corno Federico García Lorca, Gerardo Diego,
Dámaso Alonso. Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda o Jorge Guillén.
Los años 30: la politización de la cultura
La República fue el marco en el que culminó la extraordinaria evolución cultural de las generaciones
anteriores.
A demás el nuevo régimen, en sus comienzos, no solo contó el apoyo de lo mejor de la intelectualidad
española -Ortega había creado en marzo de 1931 la Agrupación al Servicio de República con un nutrido
grupo de intelectuales de primera categoría-, sino que entre sus dirigentes más destacados había figuras
tan relevantes como el propio Manuel Azaña, cuya vertiente de escritor es menos conocida, pero no
menos importante que la de político.
Es lógico, por tanto, que la República impulsase ambiciosos programas para llevar la cultura al pueblo,
como las ya mencionadas Misiones Pedagógicas o el grupo de teatro universitario Barraca.
Como afirma el historiador Juan Pablo Fusi, «la Segunda República fue, en suma, sobre todo en los años
1931-1933, algo parecido a un Estado cultural. Pero los años treinta fueron también los años en los que
los intelectuales se politizaron».
En efecto, la radicalización política de la sociedad alcanzaba a los intelectuales y artistas, en una época en
que el compromiso político parecía ineludible en toda Europa: Antonio Machado, Ramón María del Valle-
Inclán o Rafael Alberti, otros muchos, se orientaron hacia la izquierda; Ramiro Maeztu o Eugeni D’Ors,
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hacia la derecha monárquica e, incluso, el fascismo. Cada grupo o corriente ideológica tenía sus propias
editoriales y publicaciones periódicas, cuya producción fue incesante en estos años.
Para concluir esta breve exposición, debemos mencionar al más joven grupo de intelectuales que cierra
la Edad de Plata:
La generación del 36, profundamente marcada por la Guerra Civil. Sus integrantes se vieron obligados a
elegir entre la fidelidad a la República o el apoyo al bando militar sublevado: del bando republicano
destacan las figuras más sobresalientes fueron el poeta Miguel Hernández, el dramaturgo Antonio Buero
Vallejo y filósofos José Ferrater Mora y Julián Marías; en el bando sublevado destacaban los poetas
Dionisio Ridruejo, Leopoldo Luis Felipe Vivanco, el novelista Gonzalo Torrente Ballester, el filósofo José
Luis López Aranguren y el médico Pedro Lain Entralgo.
3. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias.
El enfrentamiento político e ideológico que condujo a la Guerra Civil se plasmó de manera profunda y
rotunda en Andalucía, donde la población y el territorio se dividieron entre los partidarios de la República
y los sublevados contra el gobierno legítimo.
1. El estallido del conflicto
El golpe militar y la trama civil que le daba apoyo tenían sólidas bases en Andalucía. Gran parte de los
mandos militares de las guarniciones andaluzas o estaban en el complot o se adhirieron rápidamente al
levantamiento. Entre el 18 y el 19 de julio en las ciudades con guarniciones militares de cierta importancia,
como en Sevilla, Jerez, Algeciras, San Fernando, Cádiz, Córdoba, Écija o Granada, el golpe triunfó a pesar
de las barricadas con que apresuradamente intentaron defenderse en los barrios obreros.
El golpe fracasó en Málaga, por la decisión del general Patxot de regresar a los cuarteles tras dialogar
telefónicamente con el político sevillano Martínez Bardo, que convenció a los insurrectos de que no
siguieran adelante con la sublevación. También fracasó en las ciudades de Almería, Jaén y Huelva, bien
por la ausencia o escasez de tropas, bien por la oposición de los mandos militares o de la Guardia Civil.
Así, en los últimos días de julio, los militares sublevados tan solo controlaban las ciudades en las que
disponían de tropas y que, como islotes, aparecían rodeadas de amplias zonas rurales manifiestamente
hostiles a la sublevación. Fue la rápida llegada de fuerzas pertenecientes al ejército de África, gracias al
puente aéreo que hizo posible la ayuda militar alemana e italiana, lo que permitió al bando sublevado
extenderse y ocupar rápidamente la mayor parte de las provincias de la Baja Andalucía.
De ese modo, antes de que finalizase el mes de julio, los sublevados habían trasladado ya al sur de la
Península dos banderas completas de la legión y tres tábores de regulares (las temidas tropas moras). Se
trataba de más de tres mil soldados profesionales, adiestrados y bien equipados, que iban a ocupar
rápidamente, sembrando el terror a su paso, amplias zonas de la Andalucía "roja".
2. La división de Andalucía: la zona republicana y la "nacional"
Queipo de Llano fue el general en jefe de la zona donde triunfó la sublevación y Sevilla, el principal centro
de operaciones, suministro y reclutamiento. De Sevilla, dominada a sangre y fuego por el general,
partieron las columnas militares, comandadas por oficiales africanistas, que utilizarían las tácticas
empleadas en el Rif.
En poco tiempo conectaron entre sí las ciudades bajo su control, ocuparon gran parte de la provincia de
Huelva, rompieron el cerco al que se hallaban sometidas Córdoba y Granada, y penetraron hacia el norte
por Mérida y Badajoz. Su objetivo final era lanzarse rápidamente a la conquista de Madrid.
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A las pocas semanas de iniciarse la insurrección militar y por la propia dinámica de los acontecimientos,
Andalucía quedó dividida en dos zonas. A finales de 1936, la zona controlada por las milicias del Frente
Popular había quedado reducida a la parte oriental de Andalucía. En febrero de 1937, tras la caída de
Málaga, tan solo Jaén y Almería, el norte de Córdoba y parte de Granada permanecían en manos del
Gobierno. A partir de entonces, los frentes de combate, a pesar de algunas ofensivas del Ejército Popular
de la República, quedaron estabilizados prácticamente hasta el final de la guerra.
3. La dinámica de la represión
Desde el inicio del conflicto, la represión y la violencia ejercidas contra el enemigo alcanzó en Andalucía
unos niveles sobrecogedores. En la zona bajo control republicano, las colectivizaciones agrícolas se
extendían por provincias como Jaén, al tiempo que se intentaba erradicar las creencias religiosas
destruyendo los símbolos católicos y se perseguía, se detenía y en ocasiones se fusilaba a los elementos
más relevantes de la derecha.
No obstante, la represión desencadenada en la zona bajo control de Queipo y sus colaboradores hizo
palidecer, por su volumen, a la que tuvo lugar en la Andalucía republicana. La toma y ocupación de pueblos
y ciudades por las tropas sublevadas se llevó a cabo mediante centenares de asesinatos, palizas,
violaciones y robos, al estilo de la guerra en Marruecos. Más brutal todavía fue la represión generada por
los bandos militares de Queipo de Llano, que ordenó fusilar a miles de hombres y mujeres en una
operación de depuración de toda persona que simpatizara con la causa republicana. A partir de 1937,
eliminado todo movimiento opositor en la zona controlada por los sublevados, la represión tomó ya una
forma más judicializada, por medio de los consejos de guerra.
En paralelo a la violencia represiva, las nuevas autoridades anularon las reformas republicanas,
imponiendo el culto católico y restableciendo a marchas el viejo orden de los propietarios.