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Bases para un desarrollo ambientalmente sustentable. Propuesta política PDC.

Entre los 8 ejes que definió el V Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana se encuentra “un desarrollo sustentable: energía y medio ambiente”. Este eje, sostiene que la fuente moral de nuestro respeto al ambiente y al patrimonio natural descansa en el principio de la creación como una obra de Dios y en el destino universal de los bienes. La Tierra y sus recursos son un bien común, regalado a todos los seres humanos de todos los tiempos, que nos ha sido entregado en usufructo, no como propiedad irrestricta, que puede ser dominada y usada sin reparos, sino como un patrimonio para ser administrado solidaria y responsablemente para beneficio de ésta y de las futuras generaciones. La creación es una obra de Dios, el ser humano es co-creador y los bienes de la creación tienen un destino universal .La protección del ambiente por lo tanto debe ser una dimensión fundamental en las decisiones de política.

1. La política ambiental vigente. El resguardo y cuidado del medio ambiente se funda en la protección de la salud y calidad de vida de la población y en la protección del patrimonio ambiental de un territorio y sus recursos naturales para un uso sustentable. Desde el orden institucional en Chile, se ha buscado compatibilizar la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación con el derecho de emprender actividades económicas y el derecho de propiedad. El desarrollo sistemático de las políticas públicas en medio ambiente comenzó en 1994 mediante la promulgación de la ley general de bases del medio ambiente que reconoce a una autoridad con facultades para administrar instrumentos de gestión ambiental y con competencias de coordinación de los servicios sectoriales con competencias ambientales. Dicha ley, tiene dos virtudes relevantes que la hacen trascender. Primero, reconoce la participación insustituible de un variado conjunto de servicios públicos que detentan facultades y competencias sectoriales en la administración y regulación de componentes ambientales, y por tanto, reconoce una condición trasversal en la gestión y en el marco normativo, por lo que estableció en la Comisión Nacional del Medio Ambiente la coordinación de dichos servicios y en un cuerpo colegiado de ministros, la dirección superior de las políticas ambientales. Segundo, reconoce en los principios de gradualidad y realismo, que la institucionalidad que se implementa tendrá efectos en el mediano y largo plazo, y que el nivel de comprensión y atención del problema ambiental variará. El mensaje presidencial respectivo, señaló que “en esta etapa del problema ambiental, de definiciones, diagnósticos y acciones coordinadas iniciales, debemos contar antes que nada, con un gran marco de referencia que siente los criterios básicos y fundamentales que sustentarán las acciones futuras. Este es precisamente el objetivo del proyecto”1. Valga tal reflexión, no sólo para las materias o componentes específicos que se norman y regulan -con un incremento importante de complejidad por los avances científicos y tecnológicos que la acompañan-, sino también para la propia institucionalidad.

1 Mensaje del Presidente de la República con que se envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de Bases del Medio Ambiente (Mensaje N°387-324, del 14 de Septiembre 1992)

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Sin embargo, de no tener un correlato material en la gestión ambiental, ambos principios se desvirtúan, y en efecto, la capacidad coordinadora es limitada y se aleja de la cultura organizacional del Estado, reacia a la cooperación interinstitucional y altamente jerarquizada. Por otra parte, no son pocos los servicios públicos y ministerios con competencias ambientales que tienen un doble rol en cuanto a promover el desarrollo productivo de su sector e implementar al mismo tiempo, las regulaciones de dicho sector. Esta dualidad ha significado falta de coherencia y rigurosidad en la oportunidad de regular el crecimiento de determinados sectores o actividades productivas, inclinándose no pocas veces la balanza al crecimiento cuantitativo y no cualitativo de las actividades productivas. Nuestro proceso de desarrollo ha implicado una continua presión sobre los recursos naturales que tradicionalmente se explotan en los sectores mineros, silvoagropecuarios y pesqueros, a los cuales se han incorporado la explotación de nuevos recursos, todo esto en un marco regulatorio incompleto y de bases técnicas limitadas.

2. El nuevo escenario institucional. No obstante, la insuficiencia del diseño institucional y el diagnóstico coincidente de distintos sectores políticos en materia institucional, ha otorgado el marco para una reformulación que se materializó en diciembre del 2010, con la dictación de la ley N° 20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y compromete la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la creación de un Tribunal del Medio Ambiente para el pleno ejercicio de las instituciones creadas. Este nuevo escenario institucional ha puesto énfasis en dotar de mayor jerarquía y autonomía a las instituciones con competencia ambiental, consolidando los actuales instrumentos de gestión ambiental y supliendo las carencias fiscalizadoras y sancionatorias en caso de incumplimiento de regulaciones generales y específicas. A través de este arreglo institucional y mediante la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se consolida como el principal instrumento de gestión ambiental en el país. Su perfeccionamiento permite disminuir las asimetrías de información que existen entre el Estado, la comunidad y las empresas que presentan proyectos a evaluación ambiental, fortaleciendo, entre otros, los procesos de participación ciudadana. La mayor innovación en materia de instrumentos de gestión ambiental es la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que obliga a los ministerios sectoriales a considerar las variables ambientales relevantes en los procesos de dictación de sus políticas y planes. En materia de fiscalización del cumplimiento de la normativa e instrumentos de gestión ambiental no hay dos opiniones. Es un déficit reconocido de la gestión ambiental la incapacidad institucional de proveer capacidades y facultades para la fiscalización y sanción oportuna de las normas, decretos y resoluciones que se dictan. A través de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Estado procura dotarse de una institucionalidad que tiene en lo fundamental la facultad de fiscalizar la correcta aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. No obstante, el pleno ejerció de sus atribuciones está supeditada a la creación de los tribunales ambientales.

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Igual importancia estratégica posee la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que promueva el conocimiento e importancia de éstas y se espera que posea las atribuciones y recursos suficientes que le permitan cumplir su rol. Por lo tanto, si bien existe un diseño acabado, los desafíos para su implementación son mayores, muy probablemente de lento desarrollo y que requerirá de nuevos consensos políticos.

3. Cinco propuestas para la próxima década.

Junto a la maduración de la nueva institucionalidad, se espera que la evaluación ambiental estratégica, la generación y difusión de información ambiental relevante, la planificación territorial, el uso de las áreas de valor natural y los procesos de certificación ambiental del país y sus sectores productivos, sean los temas del nuevo debate que requerirá de nuevos consensos políticos para su implementación. Evaluación Ambiental estratégica El desarrollo de la evaluación ambiental estratégica presenta un desafío y una oportunidad para mejorar el nivel de las políticas públicas, y medir las consecuencias a largo plazo del modelo de desarrollo y crecimiento, en sectores que basan su actividad en el uso de recursos naturales renovables y no renovables y activos naturales. Las políticas que guían la actividad forestal, pesquera y minera requieren ser evaluadas ambientalmente. El crecimiento de las ciudades y la planificación territorial deben ver en la evaluación ambiental estratégica una oportunidad y la industria turística nacional, basada en las bondades de nuestro territorio, no podrá ser sustentable en el tiempo si no es capaz de levantar sus riesgos ambientales en el largo plazo. Información ambiental estratégica La caracterización y catastro de componentes ambientales y recursos naturales que realizan centros de estudios y universidades, nos sorprenden ingratamente de vez en cuando. Chile no dispone de datos, estudios e información oficial y sistemática que nos permita concluir si el crecimiento del país o el crecimiento de un sector, ha sido a costa de depredar un recurso natural o de mermar las bondades o alterar las características de nuestros componentes ambientales. Se requiere de manera oportuna y transparente un sistema de cuentas ambiéntales, de un sistema contable que sea una contra cara de nuestras estadísticas económicas. El programa de gobierno de Piñera señalaba incluso explícitamente de la creación de un “IPOM ambiental”. Planificación territorial La planificación territorial en Chile sólo se asemeja modestamente a un ordenamiento urbano. Los principales instrumentos de planificación territorial se enfocan fundamentalmente a regular el uso de suelo urbano y la incompatibilidad entre actividades. La planificación territorial debe ser un proceso que permita relevar la vocación de cada territorio, potenciar sus ventajas comparativas y resguardarlo que amenazas que desvaloricen sus atributos. Es el caso de nuestro borde costero, las cuencas hidrográficas y sus territorios con valor natural, entre otros.

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Uso y goce de nuestras áreas de valor natural Que un territorio posea un área con valor natural debe ser una bendición y no una maldición. Las regulaciones especiales que se establecen para las áreas protegidas deben explicitar el carácter de la protección y deben distinguir entre usos que son permitidos y actividades que son incompatibles con las características de cada categoría de protección. Se debe fomentar su ocupación, su conocimiento y la administración de éstas áreas por parte de las comunidades vecinas o los gobiernos locales. Las áreas de valor natural tienen ser parte de la identidad de las comunidades. Certificación ambiental país La participación activa del país en tratados, acuerdos y convenios que promuevan el desarrollo sustentable y el cumplimiento de los compromisos que de estos emanan, es un camino sin retorno a la certificación ambiental sustentable de Chile. La protección de la biodiversidad, certificación de emisiones, huella de carbono y eficiencia energética, entre otros, son compromisos ineludibles que distinguirán al país. De la misma manera, cada sector, industria y unidad productiva tendrá esta oportunidad para mejorar sus procesos y controlar sus externalidades. Al respecto, deben generarse los incentivos correctos que permitan su implementación.