avances y retrocesos de las políticas ambientales públicas
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Grado en Relaciones Internacionales
Trabajo Fin de Grado
Avances y retrocesos de las políticas
ambientales públicas de los países
andinos entre 1992 y 2012
Estudiante: Mónica Vila Rouco Director: Prof. Pablo Nicolás Biderbost
Madrid, abril de 2017
2
ÍNDICE
1. ÍNDICE DE SIGLAS ........................................................................................... 3
2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 4
3. FINALIDAD Y MOTIVOS ................................................................................. 8
4. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................ 10 4.1 Gobernanza Ambiental .............................................................................................. 10
4.1.1. Evaluación histórica y conceptual mundial........................................................... 10 4.1.2. Evaluación histórica y conceptual en América Latina .......................................... 14
4.2 Enfoques de estudio .................................................................................................... 16 4.2.1. Desarrollo Sostenible ............................................................................................ 16 4.2.2. Neoliberalismo, capitalismo y antropocentrismo .................................................. 17 4.2.3. Buen Vivir ............................................................................................................. 18 4.2.4. Enfoque ecológico ................................................................................................. 18 4.2.5. Economía Verde .................................................................................................... 20 4.2.6. Pobreza y desigualdad social ................................................................................ 20 4.2.7. Democracia ambiental ........................................................................................... 21 4.2.8. Reforma agraria y defensa de la tierra (suelo) ...................................................... 22 4.2.9. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial ................................................ 23 4.2.10. Síntesis .................................................................................................................. 23
5. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 25 5.1. Capitalismo, visión antropocéntrica y extractivismo .............................................. 25
6. OBJETIVOS Y PREGUNTAS ......................................................................... 29
7. METODOLOGÍA .............................................................................................. 30 7.1. Técnicas para recolección de datos ........................................................................... 30 7.2. Técnicas para análisis ................................................................................................. 31
8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 33 8.1. Visión global de la región andina .............................................................................. 33 8.2. Bolivia .......................................................................................................................... 39 8.3. Ecuador ........................................................................................................................ 44 8.4. Perú .............................................................................................................................. 48
9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS .............................................................. 54
10. ANEXO ............................................................................................................... 58
11. REFERENCIAS ................................................................................................. 60
3
1. ÍNDICE DE SIGLAS
BM Banco Mundial
CEDIB Centro de Documentación e Información de Bolivia
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPE Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP Conferencia de las Partes Contratantes
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
FMI Fondo Monetario Internacional
GEI Gases de Efecto Invernadero
IDA Índice de Democracia Ambiental
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
4
2. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas del siglo XX, comenzó a observarse en la agenda de
la política internacional una mayor preocupación, así como un movimiento a favor de la
conservación y protección del medio ambiente. Este interés se proyectó en un primer
momento a través de la organización de varias cumbres internacionales y desde
entonces ha ido en aumento. Como consecuencia de los debates y negociaciones, poco a
poco se creó consciencia y mayor educación sobre este ámbito, y se desarrollaron
medidas legales con el fin de frenar los daños ejercidos sobre la Naturaleza1 y un
marco normativo en el que el medio ambiente estuviese amparado y protegido.
Así, el siglo XXI ha contemplado grandes cambios en lo que se refiere a la
concienciación y adaptación de los ordenamientos jurídicos de numerosos países que
luchan por la disminución de la degradación ambiental. Especialmente, a partir de 1992,
se ha visto como múltiples países han llevado a cabo medidas, acciones y políticas que
han tratado de reducir los impactos ambientales negativos a través del empleo de
nuevas tecnologías, mejores infraestructuras y prácticas menos degradantes. El
desarrollo sostenible se ha convertido en una prioridad y son muchos los países que
han tratado de integrar este concepto, así como las normas acordadas en las distintas
conferencias, dentro de su legislación nacional a modo de políticas públicas. Para ello,
la presión e influencia de los distintos acuerdos y negociaciones internacionales han
sido determinantes (Espinoza y Rodríguez – Becerra, 2002).
Por todo lo mencionado, cada vez se aprecia de forma más clara que entre los
principales retos del presente, que tendrán una repercusión directa en el futuro, el
principal resulta la protección del medio ambiente, que ante todo hace posible la vida
del ser humano en la Tierra. Mientras las políticas ambientales y los cambios
consecuentes se producen en la dimensión teórica, en la dimensión práctica la realidad
1 Se entiende por Naturaleza el conjunto de todo aquello que existe, que posee vida propia, y que está
armonizado por sus propias leyes. También es aquello que el ser humano recibe de la tierra de manera
natural, sin intermediaciones (Real Academia Española, 2017).
5
es muy distinta. El principal inconveniente es que existen muchos obstáculos que sitúan
al reto mencionado en un segundo plano a pesar de su importancia.
En la actualidad, el crecimiento económico2 resulta una prioridad. Como
resultado, el conflicto yace en que la presión que la población humana ejerce sobre el
planeta año tras año, mientras se intenta superar el crecimiento del año anterior,
sobrepasa la capacidad de carga del planeta y consume los recursos naturales a una
velocidad extremadamente alta y completamente ilógica3.
Los países en desarrollo continúan explotando recursos naturales con el fin de
alcanzar un mayor nivel adquisitivo para su población y poder competir dentro del
mercado internacional. Las prácticas neoliberales siguen siendo predominantes, ya que
a pesar de las lecciones aprendidas hasta el momento, la mayoría de los países son
incapaces de salir de este sistema económico y romper con sus reglas y condiciones.
Para los países en desarrollo, aumentar el crecimiento anual y reducir la pobreza siguen
siendo las principales prioridades (Acosta, 2014). Además, todavía existe un gran
número de países en desarrollo incapaces de frenar las prácticas ilegales que tienen
lugar dentro de sus fronteras. En particular, los países latinoamericanos presentan varias
prácticas de esta índole, que como resultado dañan de manera muy significativa al
medio ambiente4. Ambas prácticas han producido un aumento muy relevante de la
emisión de gases de efecto invernadero5.
De manera específica, los países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú) han sido
seleccionados para este análisis debido a la gran encrucijada en la que se encuentran.
Por un lado, los gobiernos de estos países se han mostrado progresistas, con fuerza y
apoyo para implementar políticas medio ambientales a favor de la protección y cuidado
2 Ver Tabla 3 en el Anexo. 3 Según la organización no gubernamental internacional Huella Ecológica, en el presente la humanidad
utiliza el equivalente de 1.4 planetas cada año. Esto significa que ahora la tierra tarda un año y cinco
meses en regenerar lo que se consume y explota en un año. Ver Tabla 1 en el Anexo. 4 Según un informe del Banco Mundial de 2012, en Ecuador la tala ilegal responde al 70% de las
exportaciones netas de madera, mientras que en Bolivia asciende a un 80% (Banco Mundial, 2012). 5 Ver Tabla 4 en el Anexo.
6
de la Pachamama6, y en contra de los sistemas de producción de los antiguos gobiernos
quienes fueron acusados de extractivistas, capitalistas y utilitaristas. Sin embargo, por
otro lado, años después de ser elegidos e introducir las políticas ambientales prometidas,
la realidad apenas muestra resultados distintos o cambios relevantes en cuanto a su
situación ambiental y la reducción de la degradación de la Naturaleza, o de las prácticas
extractivistas (Espinoza y Rodríguez – Becerra, 2002).
En consecuencia, nace el consenso que reconoce que las exigencias ambientales no
se están cumpliendo. Además, se debe tener en cuenta que en los países andinos las
agencias de control y monitoreo son débiles y poco fiables, y la justicia ni sanciona los
actos ilegales de las personas y empresas ni se rige por los acuerdos firmados.
Asimismo, son pocos los políticos con verdadera voluntad de imponer las leyes y
políticas medio ambientales necesarias de manera persistente (Vargas, 2016). Por todo
lo mencionado, la presente coyuntura se percibe a través de manifiestos avances y
retrocesos.
Este trabajo ha sido elaborado para proporcionar una base académica que identifique
dichos avances y retrocesos. A pesar de las mejoras realizadas por los gobiernos de los
países andinos, las lecciones no se han aprendido al completo. Esto se debe a que se ha
retrocedido al empleo de las prácticas de años anteriores; las mismas que fueron
criticadas en el pasado por ser realizadas por los gobiernos de la hoy oposición. Por este
motivo, el presente documento tiene como propósito identificar y reflexionar sobre los
siguientes aspectos:
a) Introducción de cambios e integración de políticas medio ambientales en la
legislación nacional de Perú, Ecuador y Bolivia entre 1992 y 2012.
b) Valoración de la coyuntura actual a partir del estudio de los resultados
obtenidos desde ese periodo.
c) Identificación de casos específicos que muestren la capacidad y alcance de las
6 Término empleado para referirse a la Naturaleza o Madre Tierra. Es especialmente usado en los países
andinos y se refiere al lugar en el que se reproduce y realiza la vida. El ser humano y la naturaleza son un
todo unitario que no puede dividirse (Gudynas, 2014).
7
políticas implementadas para resolver la problemática ambiental y los
problemas relacionados.
Después de introducir el tema y mencionar la Finalidad y Motivos de este trabajo,
realizaré una presentación del Estado del Arte sobre las principales corrientes de
pensamiento que han influenciado a los países de América Latina en sus documentos y
trabajos en materia ambiental. Por un lado, mencionaré la composición de la gobernanza
ambiental y, por otro lado, expondré los enfoques de estudio. A continuación, en el
Marco Teórico analizaré con mayor especificidad la corriente económica neoliberal que
emplearé posteriormente para fundamentar el análisis que haré en el noveno apartado.
Entonces, presentaré los Objetivos y Preguntas y la Metodología para llegar al Análisis
y Discusión. Aquí, primero introduciré la situación general en materia ambiental en
América Latina y después realizaré un análisis más específico para cada país,
comentando la legislación y un caso práctico. Por último, estableceré las Conclusiones
finales. En el Anexo se podrán encontrar gráficos y tablas que apoyan lo defendido en el
trabajo.
8
3. FINALIDAD Y MOTIVOS
Con el fin de solucionar el problema de la protección y conservación del medio
ambiente, se han adoptado muchas políticas y se ha desarrollado una amplia legislación
al respecto, inspirada en los marcos reguladores internacionales. Sin embargo, la
situación ambiental del presente no difiere del escenario observado algunas décadas
atrás. Por ello, resulta necesario analizar qué está fallando y porqué.
Los estudios realizados hasta el momento en este ámbito muestran bastantes
carencias, dado que se trata de un área académica prácticamente nueva. Apenas se están
empezando a obtener los primeros resultados de las políticas introducidas algunos años
atrás y hasta no hace mucho la población mundial tampoco se mostraba realmente
consciente de los problemas que se podrían llegar a observar en el caso de no actuar
para proteger al medio ambiente7.
Además, este tema es importante porque se encuentra rodeado de contradicciones.
Se pide a los países en desarrollo un mayor esfuerzo para lograr más desarrollo y
crecimiento y para aumentar el bienestar de su población. Para ello, estos países
negocian con aquello en lo que tienen ventaja comparativa: la venta de recursos
naturales y comodidades primarias. Sin embargo, para conseguir estos recursos muchos
países en desarrollo deben realizar prácticas extremadamente dañinas y degradantes
para el medio ambiente.
Asimismo, los medios de comunicación, tan importantes en la actualidad para
difundir los sucesos y guiar la atención de la gente hacia problemas específicos, no
prestan la atención que este tema requiere. Son pocas las noticias que aparecen en
7 La encuesta «La Percepción Individual de los Riesgos Climáticos» publicada en 2013 y realizada por
AXA/IPSOS, de manera on-line entre los meses de julio y agosto de 2012, a 13 000 personas mayores de
18 años, en 13 países de tres continentes distintos (Europa, Asia y América), afirma que casi 9 de cada 10
personas manifiestan sentirse preocupadas por el cambio climático. Además, este sentimiento es unánime
en un 97 % de media en las ‘nuevas economías’ (Indonesia, Turquía, Hong-Kong, México) y en un 81 %
de media en las ‘economías maduras’ (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, España, Estados
Unidos y Japón) (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013).
9
comparación con la envergadura de la presente coyuntura. Tras buscar entre varios de
los principales periódicos de estos tres países, se confirma que ninguno tiene una
sección específica sobre noticias medioambientales; solo se observan algunas
informaciones bajo la sección ‘Sociedad’. Los medios de comunicación solo se centran
en transmitir los sucesos del día a día y resulta complicado leer narraciones con relativa
asiduidad que evalúen con un amplio criterio y casos específicos la urgencia de esta
situación. Para los fines de este trabajo la revisión de algunos periódicos, mencionados
en el apartado de Metodología, en la Técnica para Recolección de Datos, ha sido de
vital importancia.
En primer lugar, fundamentado en la revisión de varios documentos realizados por
organizaciones internacionales ligadas a esta disciplina, el presente estudio realizará una
breve síntesis sobre el desarrollo efectuado en esta materia desde el año 1992 hasta el
2012 respecto a la elaboración de textos vinculantes a favor de la protección del medio
ambiente, implementación de políticas ambientales e introducción de derechos de la
Naturaleza.
En segundo lugar, mediante el análisis de varios documentos, libros, artículos y
revistas especializadas se pretende mostrar algunos casos específicos que reflejen la
situación real en la que se encuentran estos países en cuanto a la aplicación y
cumplimiento de las políticas ambientales implementadas. La experiencia personal de
campo también ha resultado determinante para la elaboración de estos ejemplos
específicos.
Por último, esta investigación busca identificar los problemas que han provocado el
estancamiento de los avances iniciales, así como las causas y motivos de los retrocesos.
A partir de esa base se elaborará una conclusión que mencione de manera ordenada
ciertas recomendaciones para continuar con el progreso y el movimiento ambiental de
forma efectiva, con el fin de mejorar el escenario existente.
10
4. ESTADO DEL ARTE
En la primera parte, se analizarán las negociaciones, convenciones y demás
acciones realizadas en cuanto a la gestión ambiental y a la creación y desarrollo de
políticas de conservación y protección del medio ambiente. En la segunda parte, se
mencionarán las distintas teorías y escuelas que han sido importantes en la elaboración
de las políticas ambientales en los países andinos, que también han inspirado al
pensamiento social de este problema.
4.1. Gobernanza Ambiental
Según el documento Gobernanza Ambiental en América Latina, la gobernanza
ambiental se define como «la perspectiva analítica que combina la investigación
socioambiental, que conecta cuestiones de cambio social y ambiental, con la
investigación de la gobernanza que aborda cuestiones de desarrollo» (Baud, Castro y
Hogenboom, 2015). Por tanto, la gobernanza ambiental aborda complejas relaciones
sociales, prácticas y visiones que influyen en cómo las sociedades perciben y usan los
recursos naturales. En ella participan diferentes métodos y teorías pertenecientes a
varios campos de las ciencias sociales. Atañe también a cambios políticos, económicos,
culturales, ambientales y a acuerdos formales e informales. En el caso de América
Latina, su amplia variedad de condiciones locales y nacionales proyectan un rápido
ritmo de cambios que dificulta el estudio de la gobernanza ambiental (Baud, Castro y
Hogenboom, 2015).
4.1.2. Evaluación histórica y conceptual mundial
Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a surgir interés en torno a la
protección del medio ambiente a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Conservación de los Recursos Naturales de 1949 para tratar el tema de la
reconstrucción de las áreas devastadas tras la II Guerra Mundial (Espinoza y Rodríguez-
Becerra, 2002). Durante los años 50 y 60, comenzaron a organizarse grupos en distintas
ciudades del mundo, aunque principalmente en Europa y Estados Unidos, con la
intención de expandir la voz y concienciar a la gente de los problemas medio
ambientales. Además, también empezó a observarse una mayor bibliografía que trataba
11
estos temas. Así, en 1972, tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio
Ambiente Humano de Estocolmo. Esta conferencia logró situar la problemática
ambiental en la agenda global como una prioridad, y comenzó un debate sobre los
problemas existentes y sus diferentes líneas de acción (Espinoza y Rodríguez-Becerra,
2002).
Principalmente, se buscaba transmitir a los Estados que ellos eran responsables
de la gestión ambiental que afectaba tanto a sus países como al planeta, debido a la
repercusión a nivel mundial de este problema. En ese momento existía una gran
preocupación por el aumento de la contaminación ambiental como consecuencia del
desarrollo económico, así como por el aumento del uso de pesticidas, mayores
precipitaciones de lluvia ácida y los daños generados por los efluentes industriales
(Espinoza y Rodríguez-Becerra, 2002). Lo más característico de esta Conferencia fue la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA8)
así como el nuevo periodo de debates y negociaciones que se gestó entre 1972 y 1992.
Durante este periodo, las políticas económicas y de desarrollo empezaron a
contemplar la situación ambiental y en muchos países, así como a nivel internacional, se
comenzaron a crear las primeras agencias, ministerios y normativas a favor del cuidado
y conservación del medio ambiente. En los años posteriores, se observaron ciertas
mejoras en la calidad ambiental en los países desarrollados, aunque, por otro lado, en
los países en desarrollo la degradación del medio ambiente aumentó. En consecuencia,
en 1987 se presentó el informe Nuestro Futuro Común9 con la intención de informar
sobre los grandes problemas terrestres que se empezaban a observar y las posibles
futuras repercusiones en caso de no movilizarse. Lo más destacable del informe resulta
el concepto de desarrollo sostenible.
8 Este Programa se ocupa de promover, educar y defender el uso responsable y el desarrollo sostenible del
medio ambiente mundial. Su objetivo es proporcionar liderazgo y alentar la participación en el cuidado
del medio ambiente inspirando. 9 Auspiciado por la Asamblea de las Naciones Unidas, se trata de un informe realizado por la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a propuesta de Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra
de Noruega y presidenta de la Comisión (Moyano y Paniagua, 1998).
12
Este enfoque se convirtió en la meta que todos los países debían intentar
alcanzar y fue el tema central de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992. Esta Conferencia fue la segunda
gran reunión a nivel mundial que trató el medio ambiente como tema central. Durante
esta Conferencia, se trataron los temas prioritarios del momento: reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)10 en los países desarrollados y compartir
información sobre las emisiones para crear políticas nacionales óptimas y eficaces. En
cambio, debido al carácter voluntario y no vinculante de la implementación de los
acuerdos y negociaciones, la Cumbre de Río no resultó tan exitosa como se esperaba en
un principio (Espinoza y Rodríguez-Becerra, 2002).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) surgió de esta Cumbre para hacer frente al creciente problema del
calentamiento global y los cambios negativos que arroja sobre el clima. Entre las
principales acciones de esta Convención, se encuentra el Protocolo de Kioto de 2005
(Mance y Rodríguez-Becerra, 2009). Este Protocolo pretendía solucionar el problema de
la voluntariedad al convertir las metas de 1992 en propuestas específicas y obligatorias.
Estas metas buscaban reducir los GEI en un 5% para los países desarrollados entre
2008-2012 (Mance y Rodríguez-Becerra, 2009). Desde entonces y hasta el presente, la
ONU ha organizado otras reuniones internacionales que han tratado temas más variados,
pero más específicos como, por ejemplo: biodiversidad, desertificación, biotecnología,
derecho de la población a acceso a la información, etc.
En este sentido, también resulta importante mencionar la existencia de la
Conferencia de las Partes Contratantes (COP), el órgano rector de la CMNUCC. La
primera COP se celebró en Berlín en 1995. Los representantes de los gobiernos de las
Partes Contratantes se reúnen cada tres años para recibir informes nacionales sobre el
trienio anterior y para aprobar acuerdos sobre el programa y el presupuesto para los tres
años siguientes (Ramsar, 2014). También examinan qué posibles estrategias ejecutar,
dirigidas a las Partes, respecto de una serie de problemas que se centran principalmente
10 Ver Tabla 5 en el Anexo.
13
en el cambio climático, aunque también está ligado a problemas ambientales
tradicionales y nuevos.
De manera paralela, pero con una trascendencia no menor, se encuentran los
Objetivos del Milenio (ODM) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Respecto
al primero, la Declaración de los ODM tuvo lugar en el año 2000 y busca garantizar la
sostenibilidad para el medio ambiente. Para ello, se propusieron tres metas que debían
cumplirse para el año 2015. Además, cada meta contaba con sus propios indicadores
con el fin de evaluar su evolución, progreso y eficacia (ONU, 2000).
Cuadro Nº1, Metas del Objetivo del Milenio Nº7
METAS ODM 7
7.1. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas
nacionales, además de reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.
7.2. Reducir y ralentizar la pérdida de diversidad biológica.
7.3. Disminuir la proporción de personas que no tienen acceso a agua potable y a servicios
básicos de saneamiento y, por último, la cuarta espera mejorar la vida de las personas
en barrios marginales.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la definición y explicación de los Objetivos del Milenio establecidos por
las Naciones Unidas presentados en su página web, http://www.un.org/es/millenniumgoals/.
En cuanto al segundo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas busca favorecer
la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial mediante la implantación de
diez Principios universales de conducta y acción. Este pacto y sus principios están
dirigidos a las empresas y se centran en los derechos humanos y de empresa; normas
laborales; medio ambiente y lucha contra la corrupción, y en las estrategias para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –hasta el 2015 se centraron en los
ODM– (Pacto Mundial, 2016).
A posteriori, en 2002, se celebró la Cumbre de Johannesburgo, valorada como
la segunda parte de la Cumbre de Rio de 1992. En ella, se estudiaron los avances
realizados hasta el momento y se detectaron los principales problemas (Fergusson y
Szeplaki, 2012). De esta manera, se valoraron las futuras líneas de acción y estrategias y
se presentaron las soluciones más adecuadas para los problemas localizados. Diez años
14
después tuvo lugar la Cumbre Rio+20, El futuro que queremos. Esta cumbre trató de
renovar el impulso hacia el desarrollo sostenible, y además de ratificar los Principios de
Río, inició la aplicación del concepto de Economía Verde como principal herramienta
para su consecución. Además, también fue otra ocasión que sirvió para valorar el
comportamiento y los logros obtenidos en los últimos diez años, y para desarrollar
nuevas estrategias, programas y líneas de acción (Fergusson y Szeplaki, 2012).
4.1.2. Evaluación histórica y conceptual en América Latina
En el caso de la región de América Latina, después de la Conferencia de
Estocolmo se empezó a observar la creación de legislaciones y agencias públicas
especializadas con el objetivo de desarrollar políticas públicas. A pesar de los avances,
los países latinoamericanos y del Caribe necesitaban seguir explotando sus recursos con
el fin de desarrollar sus economías y disminuir la pobreza. En este sentido, el PNUMA
fue de gran ayuda ya que apoyó a muchos países a instalar y fortalecer sus instituciones
y programas ambientales nacionales. Así, con esta colaboración muchos países fueron
capaces de avanzar en pro del medio ambiente y continuar con el desarrollo económico
(Espinoza y Rodríguez-Becerra, 2002).
En general, la creación de agencias, instituciones y programas ambientales en
América Latina y el Caribe estuvo ampliamente influenciada por la presión
internacional de diferentes organizaciones y países como, por ejemplo: el Banco
Mundial, la Unión Europea, Estado Unidos, Greenpeace y otras ONG tanto nacionales
como internacionales (Steinberg, 2001). En este sentido, la evolución de las ONG en
esta región estuvo y está muy influenciada por las dictaduras del pasado y los regímenes
progresistas del presente. En el pasado, estas organizaciones se vieron muy reprimidas
por las dictaduras, quienes no prestaban atención a sus presiones, actividades y
protestas. Los procesos de toma de decisiones se basaban en regímenes autoritarios y
controlados por una elite tecnócrata fundada en un fuerte discurso de soberanía
nacional. En el presente, las decisiones también están significativamente centralizadas y
los gobiernos progresistas siguen controlando a las ONG que trabajan en su territorio
(Espinoza y Rodríguez-Becerra, 2002).
15
En cuanto al desarrollo sostenible, en un principio los países latinoamericanos
mostraron aceptación ya que alcanzar desarrollo y protección ambiental parecía una
posibilidad realista. En cambio, muchos críticos se opusieron y argumentaron que el
libre mercado simplemente degrada el medio ambiente sin opción a la conservación
(Steinberg, 2001). En cuanto al desarrollo sostenible conviene mencionar la Cumbre
sobre Desarrollo Sostenible, que se celebró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en
1996, organizada por las la Organización de los Estados Americanos en el contexto
de las Cumbres de las Américas11. Entre los objetivos de esta reunión de Jefes de
Estado, destaca la voluntad de todos los gobiernos por establecer una perspectiva futura
basada en el desarrollo sostenible. Durante esta Cumbre, se acordaron 98 mandatos que
se centraron en la salud, la educación, la agricultura sostenible, la forestación, las
ciudades y comunidades sostenibles, los recursos de agua y las zonas costeras, y la
energía y los minerales. Es decir, llama la atención el hecho de que se incluyeron los
aspectos económicos, sociales y ambientales en el contexto del desarrollo sostenible de
manera específica para poder ser aplicado en los países latinoamericanos y del Caribe
(Organización de los Estados Americanos, 2016).
Otro acuerdo derivado de esta Cumbre fue la Agenda 21 o Programa de
Acción de las Naciones Unidas. Se trata de un documento político que sigue vigente en
el presente. Es muy importante ya que lidia con los problemas y objetivos a nivel local.
Nació a raíz de la Cumbre de Río y establece una agenda de acción con unas directrices
que se deben seguir para cumplir los objetivos propuestos. Este programa busca
impulsar la sostenibilidad a nivel mundial y orientar la consolidación de un nuevo
modelo de desarrollo para el siglo XXI (Fergusson y Szeplaki, 2012).
Por último, en 2003, de manera específica para América Latina y el Caribe se
presentó el Manifiesto sobre la Ética para la Sustentabilidad, un documento que
11 Las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembro para
debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones
concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que
enfrentan los países de las Américas (Organización de los Estados Americanos, 2016).
16
profundiza en los principios éticos del Plan de Acción Regional de Medio Ambiente y
que pretende servir de referente para las políticas ambientales regionales y de desarrollo
sustentable. La intención fue trabajar en el tema y así preparar propuestas específicas y
útiles con las que poder orientar y contribuir en nombre de la región en la Cumbre de
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Fue un documento redactado por varios
expertos bajo la iniciativa del PNUMA y en el contexto del Foro de Ministros de Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe12 (Leff, 2002).
En el presente el PNUMA continúa siendo de gran apoyo para esta región ya que
la organización ofrece ayuda para implantar todos los programas y políticas estipulados
en las distintas agendas, programas y tratados. Además, la influencia y presión de la
COP13 también es fundamental para seguir trabajando a favor de la protección del
medio ambiente a través de políticas más específicas (a corto plazo) y agencias de
control y monitoreo.
4.2 Enfoques de estudio
4.2.1. Desarrollo Sostenible
Este concepto se presentó en el Informe Brundtland en 1987 y desde entonces se
ha convertido en el principal enfoque en lo que se refiere a estudios de medio ambiente.
Varios movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones internacionales e
instituciones privadas y públicas lo han adoptado como base para la elaboración de
políticas, proyectos y programas (Moyano y Paniagua, 1998). La definición inicial
presentada en el informe es la siguiente:
12 Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe es uno de los principales espacios
de diálogo político y de políticas para establecer e identificar las prioridades regionales en materia de
medio ambiente. Tal y como indica su nombre congrega a los ministros de Medio Ambiente de América
Latina y el Caribe, así como a expertos internacionales y a organizaciones internacionales como el Banco
Mundial o el PNUD (Leff, 2002). 13 La COP es el órgano supremo de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto. Se reúne anualmente con la
función de supervisar y examinar la aplicación de estos acuerdos y desarrollar el proceso de negociación
entre las partes de la Convención ante nuevos compromisos (Finanzas Carbono, 2016).
17
«El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades» (Informe Brundtland, 1987).
Desde su fundamentación, el significado de este concepto ha sufrido una
desviación significativa. El concepto de desarrollo sostenible ha sido modificado por
académicos y opinión pública, quienes han variado su significado haciéndolo menos
preciso. La izquierda, la derecha y otras entidades, públicas y privadas, han reescrito
una definición con sus propias consideraciones. Por ejemplo, se ha llegado a relacionar
con la teoría de la modernización o la keynesiana o la socialista, y en disciplinas
variadas como la producción industrial, urbanismo o agricultura. En consecuencia, cada
vez existen más dudas sobre lo que verdaderamente significa sostenibilidad. En el
presente, los estudios que dicen guiarse por este concepto deben ser leídos con atención
para evaluar a qué tipo de desarrollo sostenible se refieren realmente (Raza, 2000).
En América Latina, este concepto también ha sufrido modificaciones. Existe una
variedad de enfoques que estudian el desarrollo y, en consecuencia, el concepto ha
cambiado «muchas veces de identidad y de apellido, tironeado entre un consistente
reduccionismo economicista y los insistentes reclamos de todas las otras dimensiones
de la existencia social. Es decir, entre muy diferentes intereses de poder» (Quijano,
2000). Sin embargo, tal y como afirma el experto Alberto Acosta (2012), la región fue
importante a la hora de «generar revisiones críticas sobre el desarrollo convencional».
4.2.2. Neoliberalismo, capitalismo y antropocentrismo
La naturaleza ha sido subordinada al proceso de acumulación de capital como
consecuencia de la búsqueda de aprovechamiento y rentabilidad. Para ello, se ha
valorizado la Naturaleza en términos monetarios y modos de producción (Raza, 2000).
Por lo tanto, este concepto se puede ligar a la visión antropocéntrica, aquella que
afirma que el hombre es el centro del universo y el final de la evolución. Así, todo lo no
humano tiene una dimensión de utilidad para el hombre. Como consecuencia de esta
18
explotación, bajo este enfoque, la Naturaleza no puede ser titular de derechos (Gudynas,
2014).
Asimismo, el mercado se encarga de ofrecer las mejores oportunidades para la
gestión esos recursos. Entonces, surge el ambientalismo de libre mercado. Este
concepto se refiere a un tipo de utilitarismo extremo que busca comercializar, privatizar
y mercantilizar el mayor número de recursos naturales que sea posible (Raza, 2000). Por
esta razón, para los defensores de este enfoque los recursos naturales tienen valor
económico y productivo. Esta percepción siempre ha estado acompañada de mucha
polémica en América Latina. Por un lado, los dueños y explotadores de la tierra y de los
recursos la defienden, mientras que, por otro lado, las comunidades indígenas y las
personas afectadas por la explotación en masa se oponen a ella.
4.2.3. Buen Vivir
El concepto de Buen Vivir plantea un modelo radicalmente diferente de
producción y gestión ambiental. Se planteó a nivel político por primera vez en la
Constitución de Ecuador en 2008. Es una filosofía específica de la región
latinoamericana. La mayor parte de las ideas que defiende han sido propuestas por
comunidades indígenas y su línea central de pensamiento relaciona la sociedad con la
Naturaleza. Reivindica el fin del modelo capitalista, considerado el origen de la
degradación ambiental, las desigualdades e injusticias. Este modelo ha sido defendido e
implantado por los gobiernos de Bolivia y Ecuador. El problema es que en la práctica no
es posible desarrollar una economía alejada del mercado. Por lo tanto, Buen Vivir se ha
observado como un pretexto para continuar con el apoyo de la población indígena y la
más desfavorecida, pero al mismo tiempo seguir con el modelo neoliberal y extractivo
(Gudynas, 2014).
4.2.4. Enfoque ecológico
El enfoque ecológico lucha por un paradigma social alternativo. Este término,
ecología, apareció por primera vez en 1869 y desde entonces se ha desarrollado
19
vinculándolo con distintas disciplinas14. Los primeros defensores de esta corriente
defienden la noción de que cada parte de la Naturaleza tiene sus propias
responsabilidades y funciones; unas leyes que el hombre no tiene derecho a violar o
alterar. Cada especie, animal o recurso tiene su espacio y ninguno es reemplazable por
otro. Se trata de una pirámide con distintos niveles que forma una cadena (Gudynas,
2014).
Este enfoque ha demostrado la variedad de bienes y servicios que ofrecen los
ecosistemas a la vida humana, y en contraposición, como los seres humanos alteran el
funcionamiento de los mismos. Por lo tanto, la ecología insiste en que los humanos
deben cultivar un respeto ético por todos los niveles de organización y sus procesos
ecológicos. Se debe desarrollar una nueva relación de respeto con la Naturaleza y la
diversidad. En este sentido, conviene mencionar la influencia de la agroecología, ya que
esta práctica tiene muy en cuenta la tradición y la voz de los indígenas. La agroecología
se refiere a la ciencia que se encarga de estudiar la agricultura sustentable. Entre sus
principales objetivos, se encuentra: reducir drásticamente el uso de fertilizantes
químicos, herbicidas y plaguicidas tóxicos y no biodegradables, y erradicar prácticas
agrícolas de alto costo ambiental. Esta práctica empezó a observarse con mayor
intensidad entre los años 70 y 80. El ambientalismo latinoamericano se ha nutrido de las
propias prácticas agrícolas ancestrales y del respeto al conocimiento indígena (Baud,
Castro y Hogenboom, 2015).
Además, en relación con este enfoque, se han desarrollado dos vertientes de
pensamiento que tuvieron importancia en América Latina: la economía ecológica y la
economía verde. La economía ecológica evalúa los impactos ambientales de la
actividad económica desde un punto de vista físico y monetario, y no desde la visión en
la que predomina el flujo circular de bienes y dinero. Posee un carácter
transdisciplinario, ya que estudia la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema
económico. Por esta razón, necesita la participación de economistas, científicos y otras
14 En 1869, el alemán Ernst Haeckel crea el término Ecología (ökologie), que comprende el estudio de las
relaciones de los organismos con el entorno (Malpartida, 2016).
20
disciplinas. Esta alternativa evalúa también la compatibilidad a largo plazo entre la
economía humana y el medio ambiente. Por último, se preocupa por la escasez en la
Naturaleza y la renovabilidad de los recursos (Cuerdo y Ramos, 2000).
4.2.5. Economía Verde
Este concepto es uno de los más recientes. Fue presentado en 2012 en la Cumbre
Río + 20 y está rodeado de mucha polémica. Se centra en realizar una transición a favor
de la tecnología con el fin de actualizar los procesos en materia de agricultura,
principalmente, pero también en todo lo relacionado con los recursos naturales (Baud,
Castro y Hogenboom, 2015). La principal crítica es que a través de su aplicación tiene
lugar una dependencia continuada hacia los países desarrollados (de donde proceden las
tecnologías), así como una mayor mecanización, desigualdad y pobreza.
Se ha llegado a relacionar con el neodesarrollismo y el neoinstitucionalismo, ya
que considera que una estrategia institucional adecuada puede solucionar las
deficiencias, tales como las relaciones asimétricas, las injusticias y el comportamiento
no sostenible. Sus defensores se centran en incentivos basados en el mercado y en
estrategias de compensación, como mecanismos para reemplazar la regulación estatal y
minimizar los costes derivados de los conflictos que la aplicación del propio concepto
produce (Baud, Castro y Hogenboom, 2015).
4.2.6. Pobreza y desigualdad social
Según el intelectual Mansilla (2011), especializado en ciencias políticas y en la
política boliviana, se puede realizar una reflexión político–filosófica que relaciona la
desigualdad social y los desarreglos ecológicos. El propio autor afirma que las
diferencias sociales han sido acentuadas por las distintas crisis ecológicas a pesar de
las ayudas existentes. El crecimiento comercial se ha desarrollado a una velocidad
mucho mayor en comparación con la educación y la concienciación de la población y
del gobierno en materia de medio ambiente. Además, el gran desarrollo económico
21
tampoco ha mitigado de manera proporcional las desigualdades sociales. Problemas
como la contaminación, la deforestación y la erosión de los suelos no afecta por igual a
todas las capas de la sociedad.
Por otro lado, es importante tener en cuenta la crisis de identidad que tienen
estos países sumergidos en una continua batalla entre prosperar y modernizarse y
mantener sus tradiciones. A raíz de esta situación, se puede llegar a comprender el
rechazo de la población y del gobierno hacia la implementación de nuevas tecnologías y
técnicas (Mansilla, 2011). De manera resumida, se afirma que los últimos años de
aspiraciones modernizadoras han acentuado los problemas de desigualdad y han creado
crisis ecológicas. La occidentalización trajo consigo pautas de consumo masivo y
explotación intensiva de los recursos. Muchas personas se han beneficiado de estos
adelantos, pero muchas otras han visto como su calidad de vida ha disminuido
considerablemente (Mansilla, 2011).
4.2.7. Democracia ambiental
El Índice de Democracia Ambiental (IDA) presentó sus primeras evaluaciones
en 2014. Fue desarrollado por The Access Initiative15 y el World Resources Institute16
con el objetivo de realizar una monitorización sobre el cumplimiento de los países en
cuanto a los derechos de acceso a la información, de manera efectiva y oportuna,
justicia en las decisiones ambientales y participación en la toma de decisiones, que
conciernen al medio ambiente. Los tres derechos mencionados son la base de la
democracia ambiental y están reconocidos por el Principio 10 de la Declaración de Río
de 1992. A través de este indicador, se pueden localizar las brechas existentes en los
derechos medioambientales. De esta forma, se intenta conseguir resultados que puedan
15 The Access Initiative es una organización que lucha por la defensa de los derechos de participación,
conocimiento y justicia en materia de medio ambiente. Está presente en todos los continentes y tiene más
de 250 organizaciones civiles asociadas, con las que trabaja de manera coordinada (World Resources
Institute, 2016). 16 World Resources Institute es un centro de investigación y think tank que busca soluciones para los
problemas del presente en materia de medio ambiente y recursos naturales (World Resources Institute,
2016).
22
mostrar directrices para mejorar y fortalecer el Derecho Ambiental y las políticas
medioambientales (World Resources Institute, 2015).
4.2.8. Reforma agraria y defensa de la tierra (suelo)
La reforma agraria del siglo XX en Latinoamérica fue uno de los cambios
estructurales más relevantes que afectó a los ecosistemas mundiales. Fue un movimiento
autóctono de este territorio que comenzó a raíz de la revolución mexicana de 1910,
donde se reivindicaron las tierras agrícolas. A partir de 1960, se promulgaron diversas
leyes de reforma agraria en toda la región. Lo movimientos sucedieron en el siguiente
orden: Bolivia en 1953, Cuba en 1959, Perú en 1970 y Nicaragua en 1979 (Alegrett,
2002).
Se trata de políticas que se centraron en redistribuir las tierras excesivamente
concentradas en manos de grandes propietarios (Segrelles, 2001). Fue el estado el que
intervino para llevar a cabo la distribución. Al estudiarse este enfoque, el objetivo
resulta mostrar el desgaste y degradación que se produce sobre el medio ambiente como
consecuencia de los cambios. Lo que en un principio son bosques pasan a ser tierras
empleadas para el cultivo y pastoreo. Entonces, el suelo llega a su capacidad de carga
máxima y debido a la presión y manipulación la tierra muere. Entonces, pasa a ser
desierto o se emplea para la urbanización (Segrelles, 2001).
Se aprecia así, el tremendo daño y degradación ejercido sobre la Naturaleza. En
este sentido, la región latinoamericana sufre de la mayor y más rápida conversión en
comparación con otras regiones (Tabla 2 en el Anexo). Muchas de las personas que
recibieron propiedades no supieron gestionar la tierra y simplemente la explotaron
hasta su muerte. Asimismo, aunque la industria y la minería son dos fuentes
contaminantes y de degradación ambiental en Latinoamérica, el sector agropecuario
resulta central ya que estos países siguen siendo exportadores de alimentos y materias
primas agroalimentarias baratas y básicas (Segrelles, 2001).
23
4.2.9. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
El Fondo Monetario Internacional (FMI), organización centrada en asuntos
económicos, ha desarrollado un papel destacado con respecto a las cuestiones
ambientales. Fomenta la puesta en marcha de un desarrollo económico equilibrado y
sostenible, sin que el comercio internacional ponga en peligro al medio ambiente. Para
alcanzar estos objetivos, el FMI ha trabajado en colaboración con el Banco Mundial.
Este último se encarga de las recomendaciones técnicas, mientras que el FMI se centra
en las situaciones en las que los problemas ambientales presentan consecuencias sobre
la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible.
Ambas instituciones apoyan la idea de fomentar el comercio internacional como
principal estrategia para reducir la pobreza y, de este modo, conseguir que la pobreza no
degrade ni dañe al medio ambiente (Banco Mundial, 2009). En cambio, no se valora la
presión que el comercio internacional17 ejerce sobre los recursos naturales y el medio
ambiente. Especialmente, en los países en desarrollo que dependen de las materias
primas.
Así, economía y medioambiente presentan una relación compleja. Mientras
algunas políticas económicas pueden llegar a favorecer la situación ambiental, muchas
políticas ambientales pueden poner en riesgo el crecimiento económico de algunos
países.
4.2.10. Síntesis
Cuadro Nº 2, Resumen de enfoques de estudio
ENFOQUE APARICIÓN CARACTERÍSTICAS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Se dio a conocer en el
informe Un futuro común en
1987.
Hace referencia al desarrollo que no pone en peligro el
medio ambiente, sino que lo respeta, protege y conserva.
NEOLIBERALISMO
Años 30. Sus máximos
representantes fueron Milton
Friedman y Friedrich von
Hayek.
La acumulación de capital y la obtención de beneficios se
relaciona con la explotación de recursos naturales. La
Naturaleza no tiene derechos y es una simple herramienta en
el proceso de producción.
17 Ver Tabla 6 en el Anexo.
24
BUEN VIVIR
Por primera vez expuesto de
manera oficial y a nivel
político en la Constitución de
Ecuador en 2008.
Se presenta como una alternativa a todas las teorías de
desarrollo. Busca recuperar saberes y sensibilidades
propias de algunos pueblos indígenas. Rechaza el modo de
vida occidental y está en sintonía con la Naturaleza.
ENFOQUE
ECOLÓGICO
Años 1869, termino creado
por Ernst Haeckel.
Defiende que cada parte de la Naturaleza tiene sus propias
responsabilidades y funciones; unas leyes que el hombre
no tiene derecho a violar o alterar.
ECONOMÍA VERDE
Presentada en 2012 en la
Cumbre Río + 20, organizada
por la ONU.
Se define como un sistema de actividades económicas
relacionadas con la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios, sin exponer a las generaciones futuras a
riesgos ambientales significativos y escasez ecológica,
protegiendo así del bienestar humano.
POBREZA Y
DESIGUALDAD
SOCIAL
Explotación fomentada por
los países del Norte entre los
años 80/90.
Los problemas ecológicos y de medio ambiente acentúan
las desigualdades sociales.
DEMOCRACIA
AMBIENTAL
Una iniciativa de The Access
Initiative y del World
Resources Institute, que
comenzó su actividad en
2014.
El Índice de Democracia Ambiental monitoriza el
cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de
acceso a la información, transparencia y participación.
REFORMA AGRARIA Y
DEFENSA DE LA
TIERRA
Primera movilización en
México en 1910.
Revoluciones regionales a
partir de 1960.
Redistribución de los latifundios en pequeñas tierras
concedidas a los campesinos y familias. Conversión de
bosques a pequeñas tierras de cultivo y explotación.
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
(FMI) Y BANCO
MUNDIAL (BM)
Instituciones creadas en
1945 en el contexto de los
acuerdos de Bretton Woods.
El FMI ayuda a implementar el desarrollo económico
equilibrado y sostenible sin que el comercio internacional
ponga en peligro al medio ambiente. En cambio, el BM
busca favorecer el comercio internacional como principal
estrategia para reducir la pobreza y, de este modo,
conseguir que la pobreza no degrade ni dañe al medio
ambiente.
Fuente: elaboración propia (2017) en base a la información de los enfoques mencionados en el apartado
anterior.
25
5. MARCO TEÓRICO
La explotación de los recursos naturales refleja la realidad actual de la región
latinoamericana. Cada país posee recursos específicos y todos son de interés para los
países más desarrollados –los países del Norte–. Estos países acuden a esta región para
comercializar y explotar con el fin de obtener las materias primas que necesitan.
Además, a partir de este intercambio América Latina sale beneficiada económicamente.
A partir de esta base, se construirá la tesis de este trabajo que se explicará en detalle a
continuación.
5.1 Capitalismo, visión antropocéntrica y extractivismo
Esta perspectiva es una de la más defendidas por distintos autores y escuelas,
quienes relacionan su pensamiento con el neoliberalismo para explicar la presente
situación: el modelo económico actual fomenta la explotación ilimitada con fines
lucrativos y ofrece a los países en desarrollo la oportunidad de realizar esta explotación,
para así estar presentes en el mercado global. Por lo tanto, las escuelas y teorías que se
explican a continuación denuncian esta práctica, a pesar de que sus aportaciones
muestran diferentes argumentos y perspectivas.
Muchos problemas ambientales aparecen como resultado de la interferencia
humana dentro de la Naturaleza, con el fin de producir y obtener de ella materias primas
y otras comodidades. En el presente, todos los países y regiones buscan crecer más año
tras año y aumentar su PIB. Bajo este contexto, se comprende la presión ejercida sobre
el medio ambiente y los recursos naturales. En la actualidad, la capacidad de carga es
mucho menor que el ritmo de explotación humano, por lo que se sobrepasa cualquier
límite establecido y se ejerce una gran presión sobre la Tierra y sus recursos.
Los Estados también buscan el bienestar de sus poblaciones y la eliminación de
la pobreza. Este crecimiento y aumento del nivel de vida se puede generar de diferentes
maneras, aunque de manera directa o indirecta, al final, el medio ambiente siempre se
ve involucrado en la peor de las formas. El libre mercado favorece el comercio
internacional, aparentemente una de las principales estrategias para alcanzar el
26
crecimiento, pero que a efectos prácticos se presenta como el peor enemigo para la
Naturaleza, debido a las nefastas consecuencias que ejerce sobre la misma. Llevado al
extremo, se habla de ambientalismo de libre mercado. Este concepto se basa en la
asignación de derechos de propiedad de los recursos naturales de modo que se pueda
comercializar, privatizar y mercantilizar con ellos para obtener beneficios (Garrido,
2005). Según esta corriente, el mercado posee la capacidad de ofrecer las mejores
oportunidades para la gestión de esos recursos naturales. En cambio, como se verá a
continuación, esto no tiene porqué ser así.
El académico Michael J. Lynch (2013) defiende que ni la tecnología ni las
distintas posibilidades de gobernanza existentes, que generalmente apoyan al mercado
libre de una forma u otra, podrán frenar o reducir los problemas ambientales. En
cambio, este autor presenta su teoría alternativa conocida como green criminology.
Desde su presentación en 1990 su estudio y empleo como teoría se ha desarrollado y
ampliado. Así, se entiende por green criminology: los actos que producen daños o
deterioro significativo al medio ambiente y que tienen como finalidad sustentar o
incrementar la producción (industrial en la mayor parte de los casos). Es decir, se trata
de estudiar los daños relacionados con la Naturaleza; un análisis del deterioro ecológico,
entendiendo por ecología el estudio del organismo y su relación con el medio ambiente.
Con esta definición como base, conviene especificar los dos tipos de conductas
que se pueden advertir. Por un lado, se observa un comportamiento delictivo que está
castigado por legislación. Por otro lado, resaltan aquellas acciones que no se consideran
delitos pero que, según estudios científicos, poseen una repercusión negativa sobre el
medio ambiente como, por ejemplo: las extracciones y otras formas de producción
(Stretesky, Long y Lynch, 2013).
En el caso latinoamericano, además de situarse inmersa en el círculo vicioso de
los crímenes verdes descritos anteriormente, la región también se ve envuelta en lo que
Schnaiberg (2013) denominó como teoría de la desorganización de los ecosistemas.
En esta teoría el autor estudia los problemas medioambientales originados por la
27
producción económica. El pensamiento central de este autor afirma que el capitalismo y
la producción siempre se van a expandir, ya que están en continuo aumento. Así, la
extracción de materias primas también continuará expandiéndose y, en consecuencia,
empeorará la situación ambiental. Este círculo vicioso tiene como resultado la
desorganización de los ecosistemas. Bajo esta situación no solo se crean daños medio
ambientales, sino también sociales, ya que se daña el bienestar de las personas, así como
su calidad de vida debido a la degradación medioambiental.
Otro hecho que se debe tener en cuenta es que a medida que se aumenta la
producción, la mayoría de los beneficios materiales acaban en los países desarrollados
con altos ingresos per cápita –acumulación de capital–. En cambio, la población de los
países con ingresos per cápita bajos sufren las consecuencias económicas y medio
ambientales de este sistema productivo. Además, las regulaciones ambientales de estos
países, conocidos también como la periferia, son débiles y no se ejecutan con
rigurosidad, lo cual es un gran problema ya que incentiva a prácticas ilícitas. Como
resultado, observar la continua extracción de recursos naturales se convierte en un
escenario común (Mansilla, 2009).
De hecho, la realidad demuestra que pocos grupos sociales defenderían los
ecosistemas andinos si ese movimiento implicase una desaceleración del proceso
modernizador. Por desgracia, los movimientos que buscan proteger al medio ambiente y
que han ganado reconocimiento e influencia política y social desempeñan en realidad un
rol secundario. Se trata de un enfoque pragmático que busca aceptación y financiación,
pero que a la hora de la verdad se ve vencido por otras prioridades (Mansilla, 2009).
Es entonces cuando aparece la postura antropocéntrica en la que solo se piensa
en los deseos y necesidades de los seres humanos. Así, los derechos y las obligaciones
solamente les concierne y favorece a ellos (Gudynas, 2014). El antropocentrismo, que
afirma que el hombre es el centro del universo y el final de la evolución, define con
precisión las prácticas realizadas hasta el momento en los países andinos, en lo que se
refiere al medio ambiente. Este concepto es sinónimo de aprovechamiento, apropiación
28
y explotación. Esto implica que la Naturaleza se puede poseer, manipular y controlar y,
especialmente, otorgarle valor económico. Este es el punto de inflexión que genera
disputas y que se encuentra en el centro del conflicto ambiental.
Los países andinos de la mano de Humala (Perú), Morales (Bolivia) y Correa
(Ecuador) introdujeron nuevas legislaciones de índole progresista respecto a la ética
ambiental. Durante los primeros años existía esperanza generalizada en cuanto a su
cumplimiento, pero con el paso del tiempo llegó la desilusión. Con el aumento de precio
de las materias primas y de la demanda internacional los tres países acentuaron la
extracción y exportación, lo que incrementó la presión sobre los recursos naturales y el
medio ambiente (Gudynas, 2014).
29
6. OBJETIVOS Y PREGUNTAS
El objetivo general del presente trabajo es analizar la realidad en los países andinos
(Bolivia, Ecuador y Perú) en el contexto de la implementación de políticas medio
ambientales nacionales entre 1992 y 2012. Es decir, se pretende exponer los avances y
retrocesos realizados en esta materia durante el periodo de tiempo especificado y exhibir
los resultados para valorar en qué se puede mejorar para continuar con el progreso.
Este objetivo general se divide en los cuatro objetivos específicos siguientes:
1) Analizar el proceso de integración de políticas ambientales en los documentos
legales nacionales de Perú, Ecuador y Bolivia.
2) Valorar los comportamientos y actuaciones de los gobiernos e instituciones
indicadas después de su puesta en marcha.
3) Analizar casos específicos con el fin de presentar de manera práctica y realista
las afirmaciones realizadas en apartados anteriores, así como los avances y
retrocesos generados.
4) Establecer conclusiones que muestren patrones similares de manera que se
exponga la presente coyuntura.
Así, este trabajo se propone responder a la siguiente pregunta:
¿Cuales han sido los avances y retrocesos a nivel de incorporación de legislación,
diseño e implementación de políticas públicas en el terreno medioambiental en Bolivia,
Ecuador y Perú entre 1992 y 2012?
30
7. METODOLOGÍA
7.1 Técnicas para recolección de datos
La técnica principal para la recolección de información ha sido la lectura de
libros especializados e informes de evaluación. Los informes realizados por las
organizaciones internacionales (ONU, PNUMA, FMI, Banco Mundial, FAO y CEPAL)
enfocadas en este tema han servido de gran apoyo para establecer el contexto. Con
respecto a los casos específicos, los libros especializados han proporcionado una visión
más completa sobre el conflicto. Estos libros presentan un estudio fundamentado y
documentado que favorece la correcta elaboración de las conclusiones finales. El
material y la documentación periodística también han sido de gran ayuda, en particular
la sección de Planeta Futuro del periódico español El País, así como otros periódicos
de los países andinos: Gestión (Perú), Perú21 (Perú), Latina.pe (Perú) y El Universo
(Ecuador).
Además, desde un principio se han realizado entrevistas que han servido para
definir las directrices generales de este trabajo. Esta actividad ha sido esencial, ya que
sin esta investigación in situ este trabajo no hubiese alcanzado la profundidad con la que
pretende tratar este tema. Se trata de entrevistas realizadas durante el verano de 2016 en
la selva amazónica de Bolivia, en particular en la zona del Parque Nacional Madidi y de
Las Bambas. Durante esta travesía, se recogieron declaraciones de primera mano,
realizadas a personas que se ven directamente afectadas por esta situación, que trabajan
directamente con la Naturaleza18.
Además de libros e informes, también ha sido de gran ayuda el análisis
documental realizado a través de artículos científicos y divulgativos, así como revistas
especializadas. Mediante estos documentos se ha obtenido información más precisa y
resumida gracias a las distintas perspectivas presentadas.
18 Estas personas son los guías del Parque Madidi y de las Bambas, quienes viven en la región
boliviana donde se encuentra el Parque Madidi y han trabajado en estos parques durante más de diez
años.
31
7.2 Técnicas para análisis
Antes de comentar los métodos analíticos elegidos conviene resaltar ciertos
aspectos aclaratorios sobre el trabajo y la acotación del tema.
Por un lado, se ha decidido elegir a los países andinos por tres distintas razones.
• Lugar geográfico: países fronterizos entre sí y con territorio amazónico dentro
de sus fronteras.
• Semejanzas sociológicas: debido a su cercanía regional y geográfica los países
andinos presentan muchas similitudes sociológicas. En los territorios cercanos y
fronterizos se observan tradiciones, dialectos, costumbres y cultura compartida.
Esta situación se extrapola también al ámbito medio ambiental y así se observan
acciones y procedimientos similares.
• Sistema gubernamental: los tres países retomaron la democracia
aproximadamente en el mismo periodo histórico. 19
• Posición internacional: varios países de América Latina han conseguido tener
una presencia constante y sólida en la agenda y actualidad internacional, como
por ejemplo Brasil, mientras que los países andinos se encuentran en segunda
fila, a pesar de su importancia e influencia para el medio ambiente, y su
situación geopolítica crucial respecto a la región y el Amazonas.
Por otro lado, los años entre 1992 y 2012 son cruciales debido a la importancia
de la Cumbre de Río de Janeiro y las revisiones posteriores: Cumbre de Johannesburgo
en 2002 y Cumbre Rio+20 en 2012.
El propósito analítico se centrará en presentar las políticas ambientales de
Ecuador, Bolivia y Perú, así como casos reales de interés para este trabajo que sustenten
la presente situación. Además, al referirse a avances y retrocesos se pretende hacer
énfasis sobre los obstáculos, problemas e incongruencias que se encuentran alrededor de
19 Los tres países retomaron la democracia en la tercera ola (años 70 y 80) y este hecho les ha dado
la oportunidad de apoyarse mutuamente. Además, a pesar de que cada país ha tenido distintos
regímenes políticos en su historia reciente, durante los años estudiados en este trabajo el populismo y
las ideas progresistas y de izquierdas han prevalecido.
32
las políticas medioambientales adoptadas, como, por ejemplo: corrupción, falta de
presupuesto, negación del Derecho, etc.
Se analizarán tres casos específicos con profundidad, uno por cada país, aunque
también se mencionarán otros casos y problemas relacionados. Para ello se empleará la
metodología de estudio de casos (Ramil y Stott, 2014). El objetivo es proporcionar
datos concretos para reflexionar sobre la situación, analizar los hechos y discutir la
aplicación de lo teórico en la práctica. Se trata de realizar una evaluación de la
información a través de la investigación de conflictos específicos que expongan
situaciones contradictorias entre las políticas implementadas y las acciones
desarrolladas por el país en cuestión. El análisis está compuesto por ciertos parámetros
que ayudarán a la elaboración y planteamiento de los conflictos:
➢ Contexto histórico
➢ Evolución de la legislación y las políticas
➢ Problemas y conflictos observados
➢ Cuentas pendientes a futuro
Por último, la prosa estará acompañada de cuadros y gráficos. Estos documentos
visuales ayudan a fundamentar y sustentar las afirmaciones realizadas, de manera que el
lector consigue realizar una mejor comprensión del mensaje que se pretende transmitir.
Estas fuentes se obtendrán de sus autores originales o se elaborarán personalmente.
33
8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
8.1 Visión global de la región andina
La influencia exterior es fundamental para que los países latinoamericanos
implementen y actualicen sus leyes y políticas en materia de medio ambiente. Es decir,
todos los movimientos, tanto gubernamentales como no, realizados desde 1972 han sido
de vital importancia, ya que han actuado como centros de presión y control. Sin esta
influencia exterior probablemente muchos países todavía no tendrían ninguna
legislación en materia de medio ambiente, y en caso de existir sería bastante precaria.
Por otro lado, aparte de la importancia de la influencia y presión exterior, también
resultan esenciales los cuerpos de trabajo internos, es decir, los políticos nacionales y
los movimientos sociales de cada país (Steinberg, 2001).
Según Gudynas (2012), el problema de base es que en América Latina todavía
existe «la antigua herencia cultural basada en la explotación de la naturaleza, que
entiende el territorio como repleto de riquezas». Se refiere al mito del Estado mágico
que para mantener el crecimiento tan solo debe explotar las riquezas que provee su
territorio. Esta mentalidad ha ido cambiando, pero hasta cierto punto continua bastante
arraigada, especialmente en las zonas rurales. Además, es una perfecta justificación para
las acciones de índole neoliberal de los gobiernos.
Hasta los años 80, los países de la región latinoamericana observaron cómo poco
a poco se fueron creando varios movimientos sociales y ONG que se posicionaban a
favor de la protección del medio ambiente y exigían cambios respecto de la legislación
y políticas nacionales. En estos años, se pudo avanzar en algunos aspectos al iniciarse la
concienciación de las elites políticas y de la sociedad. En cambio, durante los años 80
con la llegada de las dictaduras el avance se complicó y todos los logros obtenidos
hasta el momento se paralizaron, al igual que las iniciativas relacionadas con esta
disciplina. Estos años significaron un gran retroceso ya que las dictaduras generalmente
optaban por una economía de mercado que explotaba los recursos nacionales y no
prestaban atención a ningún aspecto relacionado con la protección del medio ambiente
(Rodríguez, 2002). Además, durante este tiempo los movimientos sociales y ONG que
34
abogaban a favor de políticas y legislación medio ambiental vieron como su trabajo se
minimizó o desapareció debido a la represión por parte del Estado y el fin de la
financiación. Por esta razón, con la llegada del final de las dictaduras poco a poco estos
países fueron restableciendo sus actividades. Entonces, el medio ambiente pasó a un
segundo nivel y no formaba parte de las prioridades gubernamentales. Los esfuerzos en
esta materia comenzaron a llegar en los años 90 y, en especial, después de la Cumbre de
la Tierra de 1992 (Rodríguez, 2002).
A partir de la Conferencia de Río de Janeiro, la situación medio ambiental se
modificó en América Latina. En especial, cambió la actitud y el pensamiento hacia las
políticas ambientales, así como el comportamiento de los políticos y la población a
favor de la protección y conservación del medio ambiente20, fruto de un extenso debate
sobre la ética medio ambiental. Se observaron transiciones y reformas de las normas y
ordenamientos legales. También se crearon instituciones y organizaciones
gubernamentales específicas para tratar estos temas.
Los avances que se introdujeron en América Latina a partir de 1992 hasta la
primera década del siglo XXI fueron impulsados por los gobiernos progresistas que
ganaron los gobiernos de varios países latinoamericanos: Hugo Chávez en Venezuela,
Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva y Dilma Rouseff en Brasil, Mujica en Uruguay,
el Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. En
mayor o menor medida, estos gobiernos articularon estrategias sobre conservación y
desarrollo sostenible (Gudynas, 2014). Estos movimientos se beneficiaron del fuerte
apoyo de las organizaciones civiles ambientales, con las que hubo estrechos vínculos,
y de las organizaciones internacionales, en especial las agencias específicas de la
ONU como por ejemplo el PNUMA.
El siguiente cuadro muestra los ordenamientos jurídicos y derechos de la
20 Se trata de un problema relacionado con el medio ambiente, con la biodiversidad y con el ser humano.
Una catástrofe ambiental generalizada puede tener repercusiones desastrosas para la seguridad y bienestar
del ser humano. Para proteger la vida de todo ser viviente, la mejor manera de abordarlo es a través del
derecho ambiental, que se formaliza en las leyes civiles y constitucionales. Estas regulaciones también
ayudan en caso de disputas de conflictos no previstos y para elaborar estrategias para la gestión ambiental
(Gudynas, 2014).
35
Naturaleza y medio ambiente implementados por Bolivia, Ecuador y Perú. Los criterios
seleccionados en el cuadro responden a los principales tipos de derechos ambientales
constitucionales, ya que engloban los derechos presentados en las constituciones.
Conviene explicar los dos primeros; por derechos ambientales sustantivos se entiende
las normas y reglas implementadas que deben cumplir los individuos de la sociedad en
cuestión respecto a aspectos medioambientales, mientras que derechos sobre
procedimientos atañe al desarrollo de las actividades extractivas y de explotación.
Cuadro Nº3, Derechos ambientales
PAÍS DERECHOS AMBIENTALES SUSTANTIVOS
DERECHOS SOBRE
PROCEDIMI-ENTOS
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL SOBRE MEDIO AMBIENTE
OBLIGACIONES GUBERNAMENTA-LES SOBRE MEDIO
AMBIENTE
DERECHOS DE LA NATURALEZA
Bolivia + + + + -
Ecuador + + + + +
Perú + - - + -
Fuente: Elaboración propia (2016) a partir del libro Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales de Eduardo
Gudynas, (2014).
En cambio, este impulso inicial se ralentizó con el paso del tiempo. La
innovación normativa dejó de producirse y en algunos casos comenzaron a observarse
actividades en sentido contrario. El enfoque de sostenibilidad y desarrollo ambiental
comenzó a estar fuertemente influenciado por las prácticas económicas tradicionales. El
neoliberalismo y utilitarismo retomó su posición en la sociedad y en la política
económica, motivado especialmente por el alto precio de las materias primas y la gran
demanda internacional (Gudynas, 2014). Los beneficios de producción se antepusieron
a la ética ambiental que fue vista como una utopía. El retorno a las actividades
extractivas y a la exportación de materias primas reanudaron los conflictos sociales
nacionales debido a los grandes impactos medio ambientales que se generaron como
consecuencia de la vuelta a estas actividades.
Así, los gobiernos progresistas de izquierdas comenzaron a parecerse a sus
36
antecesores debido a las prácticas económicas adoptadas, basadas en el extenso
aprovechamiento de los recursos, las exportaciones y las inversiones extranjeras.
Además, el progresismo optó por reducir los controles y exigencias ambientales a la
hora de autorizar emprendimientos mineros, petroleros y agroindustriales (Geo Ecuador,
2008). Otra característica de estos gobiernos es la resistencia a los controles
ambientales sobre inversores y exportadores, ya que los considera un freno para la
recaudación estatal. Según el experto Gudynas (2014), en realidad este comportamiento
fomenta la mala gestión ambiental, poca seriedad gubernamental y mayor inestabilidad
estatal. No se trata de la vuelta al neoliberalismo, sino de un progresismo caracterizado
por aceptar un aspecto del capitalismo con consecuencias ambientales y sociales
significativas, donde los avances son parciales y lentos. Así, en lugar de alejarse de la
dependencia y del neo imperialismo se vuelve a este inicio, limitando al mismo tiempo
el desarrollo de la ética ambiental.
Según el experto Alberto Acosta (2015), pesar de los avances realizados en
términos teóricos respecto a las políticas, en el ámbito práctico todavía no se han
mostrado grandes avances, sino al contrario, se han observado diversos retrocesos. En
especial, en los países andinos la normativa resulta, en general, parcial e incompleta.
Existen numerosos vacíos y hay códigos que nadie respeta. La falta de cumplimiento y
la insuficiente fiscalización de la ley son un problema. Además, los gobiernos temen
aplicar normas muy severas debido a las presiones de los sectores empresariales, en
particular debido a la pérdida de inversiones e ingresos tributarios. Acosta (2015) añade
que con el coste económico de los impactos sociales, ambientales y productivos de las
prácticas extraccionistas desaparecen muchos de los beneficios económicos de estas
actividades: «pero estas cuentas completas no son realizadas por los diversos
gobiernos, que confían ciegamente en los beneficios de estas actividades primario-
exportadoras» afirma Acosta (2015).
En contraposición a la perspectiva defendida hasta este momento se encuentran
los que la critican al acusarla de limitada, reduccionista, sin contexto y romántica
(Romero, 2016). Defienden que, al inicio de la era petrolera, a finales de los sesenta e
inicio de los setenta, no se contaba con las regulaciones sociales y ambientales que
37
existen en el presente. Entonces, las empresas tenían total libertad para sus operaciones.
En cambio, en la actualidad se cuenta con una amplia normativa ambiental que sirve de
barrera y freno para las empresas y operadoras, y para el desarrollo y beneficio
económico menos comprensivo con el medio ambiente (Romero, 2016). Así, la presente
configuración institucional y el poder de la burocracia ambientalista intentan reducir
los intereses del extractivismo, y restringen el campo de acción de las empresas, así
como los proyectos y la totalidad de las actividades. El ámbito medio ambiental cuenta
con una red institucional organizada que no existía antes. Por ello, los expertos que
defienden esta idea aseguran que las burocracias ambientales actúan como filtros,
observadores de las acciones de los actores involucrados en el extractivismo. Las
normas e instituciones funcionan como mecanismos de observación y los
procedimientos han evolucionado con el fin de no reincidir en los mismos errores
(Romero, 2016).
La teoría denominada la tragedia de los bienes comunales, defendida por
Hardin (1968), es consecuencia de una ineficiente gestión de los derechos de propiedad
de los recursos por parte del Estado (Ramírez y Yepes, 2011). La mala regulación del
uso de recursos comunes genera que el bien en cuestión se use excesivamente hasta que
los rendimientos de este sean nulos. Cada agente económico busca maximizar su
beneficio, pero no tiene en cuenta que los demás actores a su alrededor también
comparten su objetivo. Por lo tanto, la solución pasa por frenar la explotación absoluta y
evitar que el recurso sea utilizado hasta que los beneficios sean nulos. Esto implica que
la contaminación y explotación no deben ser superiores que la propensión de renovación
(Ramírez y Yepes, 2011). De esta manera, el recurso no llegará a agotarse.
En este sentido, Hardin (1968) plantea la privatización como solución a la
tragedia de los bienes comunales. En cambio, el propio autor considera que esto no es
correcto ya que el ser humano no es dueño de los bienes proporcionados por la
Naturaleza. Otras soluciones presentadas son los impuestos, que afectarían
principalmente a los agentes económicos, o una mayor seriedad a la hora de
implementar leyes tanto respecto de la población como de las empresas extranjeras
inversionistas (Ramírez y Yepes, 2011). Esta opción solo sería viable si existe un
38
sistema jurídico que exija el cumplimiento de esas normas. Sin embargo, como ya se ha
mencionado y se demostrará a continuación, en los países de estudio en este trabajo en
la actualidad la ley es ambigua, hay poca voluntad política para implementarla con
severidad y rectitud, y las decisiones de carácter legal están en manos de agentes
corruptos, lo que fomenta el surgimiento de la tragedia de los bienes comunales
(Ramírez y Yepes, 2011).
El caso particular de América Latina está marcado por la presencia de factores
como: una gran parte de la población viviendo bajo la línea de pobreza, falta de
infraestructuras, analfabetismo, etc. Esta situación presenta tres consecuencias negativas
para el medio ambiente. Por un lado, impide que formular estrategias de desarrollo
sustentable o invertir en energías renovables sea una prioridad. Por otro lado, significa
que estos países optarán por continuar con prácticas económicas históricas y
rudimentarias que fomentan la contaminación y degradación del medio ambiente. Por
último, la falta de desarrollo y la renta per cápita baja fomentan las prácticas ilegales
que son perjudiciales para la Naturaleza como, por ejemplo: la deforestación, la minería
ilegal y el tráfico de animales exóticos (Rivera y Baeza, 2012).
Desde las organizaciones internacionales se ha tratado de dar una solución a
este problema. Por un lado, están los programas implementados por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial y, por otro lado, los mecanismos de desarrollo limpio
establecidos en el Protocolo de Kioto, que han conseguido generar un cambio en la
región a través del programa de conversión de deuda externa para la protección
ambiental. Se trata de perdonar ciertas cantidades de deuda y a cambio, con ese dinero,
realizar actividades a favor de la conservación del medio ambiente (Rivera & Baeza,
2012).
La inversión extranjera también aparece como un aspecto esencial que debatir.
El impacto ambiental de la inversión extrajera relacionado con las áreas industriales es
difícil de cuantificar. En 2010, los países latinoamericanos recibieron 85 000 millones
de dólares en concepto de inversión extranjera. El principal destino de esta cifra fueron
los recursos naturales: un 43% del total (Gudynas, 2012). Son muchos los países que
39
invierten y las formas en las que se realizan las inversiones. Sin duda, de todos, llama la
atención el caso de China.
Las inversiones de China en América Latina no son homogéneas. La diferencia
depende del interés de China en el producto y comercio que obtiene de cada país. Para
China esta actividad económica es una oportunidad de inversión y de negocio para sus
compañías. Su principal interés son los proyectos energéticos y de infraestructura
(Molina, 2016). El problema de esta dependencia es el endeudamiento que genera para
los países. En el pasado se criticó el intervencionismo de EEUU en esta región, pero la
situación que se observa con China en el presente no es diferente; se trata de una nueva
forma de intervencionismo, pero con otra cara y otras condiciones (Molina, 2016).
Algunos ejemplos que demuestran esta situación se mencionan a continuación.
Primero, Ecuador firmó con China en abril de 2016 un crédito de 2.000 millones de
dólares con un interés del 7,2 %. Además, Petroecuador, la compañía estatal ecuatoriana
encargada de explotar hidrocarburos, suscribió un contrato comercial de compra-venta
de crudo con Petrochina, ídem, pero en el caso chino (El Universo, 2015). Segundo, las
grandes corporaciones mineras chinas planean invertir en Perú alrededor de 7.500
millones de dólares estadounidenses durante los próximos cinco años para explotar estas
reservas (Gestión, 2016). Tercero, Bolivia, el último país en asociarse con China, firmó
a principios de 2016 un crédito de 10 000 millones de dólares para financiar proyectos
de distinta índole. Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
del total exportado a China en 2015 (466 millones de dólares), 312 millones eran por
minerales (67 %) (Gestión, 2016).
8.2 Bolivia
Este país al sur de la Amazonía está dotado por un vasto territorio natural. Su
orientación económica se ha heredado de los tiempos coloniales y en el presente está
orientado hacia el mercado mundial a través de la exportación de materias primas (Raza,
2000). En Bolivia la situación de contrariedad respecto a sus políticas es bastante clara.
Fundamentalmente, Bolivia ofrece productos agrícolas como, por ejemplo, la
40
soja y la quínoa, y recursos energéticos, con especial énfasis en los hidrocarburos y
recursos minerales. En este sentido, a partir de 2002 la exportación de hidrocarburos,
minerales y manufacturas no ha hecho más que aumentar (Vargas, 2016).
Por lo tanto, se puede afirmar la dependencia del Gobierno boliviano de la renta
y beneficios provenientes de los recursos minerales. Entre las prioridades del Gobierno
están las actividades extractivas. Esto se justifica ya que en el presente el Gobierno tiene
varios proyectos pendientes de iniciar su explotación enfocados en dos recursos: litio e
hidrocarburos. En cuanto al litio, Bolivia cuenta con la mayor reserva mundial pero no
la ha podido explotar hasta el momento por falta de infraestructura. Por ello, en los
últimos años el Gobierno ha firmado contratos con distintas compañías extranjeras para
la construcción de infraestructura con el fin de explotar este mineral (CEDLA, 2016). El
valor económico de estos proyectos es muy significativo para este país y como resultado
directo las consecuencias ambientales también lo serán.
Respecto a los hidrocarburos, el Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) y el CEDIB afirmaron que:
«La privatización de la industria petrolera boliviana fue posible por una inocultable
victoria ideológica del neoliberalismo que pregonó, y aún lo sigue haciendo, las bondades de
la inversión extranjera, y paralelamente denigró el rol del Estado en las actividades
productivas, particularmente en las actividades de extracción de recursos naturales;
sancionando su “intrínseca ineficiencia” y su “congénita corrupción”» (CEDIB & OMAL,
2012).
Bolivia ocupa el tercer lugar en extracción de hidrocarburos entre los países de
América Latina y sus reservas son muy prometedoras (Gazprom Internacional, 2015).
Ante este escenario es difícil creer que el medio ambiente se está protegiendo y
que las políticas ambientales, así como el Buen Vivir, están siendo implementadas. Las
inversiones en este sector y en proyectos de exploración están en aumento año tras año,
así como los proyectos que finalmente se realizan (Gazprom Internacional, 2015). Esta
situación también justifica el brutal incremento de CO2 observado en este país entre
41
2010 y el presente (Tabla 5 en el Anexo).
➢ Contexto histórico
Evo Morales llegó al gobierno de Bolivia en 2006. Anteriormente, desde 1997
fue diputado en Cochabamba del Movimiento al Socialismo (MAS). Para las elecciones
de 1997 el MAS se alió con otros partidos indígenas. Esta alianza ha sido determinante
en sus políticas a lo largo de su gobierno.
La diferencia entre Bolivia respecto de Ecuador y Perú es que en Bolivia el
movimiento indígena es mucho más fuerte y organizado. En parte, el interés de Evo
Morales por introducir ordenamientos de protección al medio ambiente provenía de la
presión recibida de los grupos indígenas. En su elección, su mayor apoyo vino de este
sector de la sociedad, y debía mantenerlo, por lo que cumplir con sus expectativas, en
un principio, resultaba fundamental (Gudynas, 2014).
➢ Evolución de la legislación y las políticas
En Bolivia también se redactó una nueva Constitución bajo el gobierno de Evo
Morales en 2009. Si bien es cierto que se incluyen algunas consideraciones respecto al
derecho a un medio ambiente «saludable, protegido y equilibrado», en realidad lo que
se reconoce son derechos de tercera generación y no derechos de la Naturaleza21 como
tal (Gudynas, 2014). La base de la Constitución reconoce los derechos y obligaciones de
la población boliviana a un medio ambiente saludable, al aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y a la biodiversidad mediante un sistema económico plural
(SGCA, 2012).
21 Derechos de tercera generación se refiere a los derechos de los pueblos como integrantes de una
comunidad con conciencia de identidad colectiva. Surgen como respuesta a la necesidad de cooperación
entre las naciones y los distintos grupos que las integran, y hacen referencia a tres tipos de bienes: paz,
desarrollo y medio ambiente. En cambio, los Derechos de la Naturaleza posicionan a la Naturaleza
como sujeto jurídico que reconoce que hay un valor intrínseco, mas alla de la utilidad para los seres
humanos o del valor que el ser humano le otorgue. Mediante estos derechos, se pretende proteger al
medio ambiente de forma más específica y eficaz (Gudynas, 2014).
42
Cuadro Nº5: Artículos destacados
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída de la propia Constitución:
http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
En 2012 se introdujo la Ley Nº 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Bien Vivir. Esta ley sí refleja algunos derechos específicos para la Naturaleza y
establece directrices para la política y gestión ambiental. Sin embargo, en cuanto al
problema de aprovechamiento y explotación no realiza ninguna aclaración específica.
En realidad, se centra más en el Bien Vivir; cómo integrarlo en la sociedad y cómo
desarrollar una sociedad acorde a esta alternativa, y en medidas para prevenir el cambio
climático.
➢ Problemas y conflictos observados
C o ns t i t uc i ó n de l a R e p úb l i c a P l ur i na c i o n a l de B o l i v i a 2 0 0 9
Art.9 Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Art. 351 El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley.
Art. 352 La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.
Art. 355 La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por la ley. Los procesos de industrialización se realizarán con preferencia en el lugar de origen de la producción y crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional.
43
En Bolivia, el caso donde más se profundiza la problemática medioambiental es
a través de los actuales conflictos en materia de recursos naturales en relación a la
minería. Por un lado, se sitúa la actividad minera y, por otro lado, el gran conflicto de
las cooperativas. A continuación, se analizará el fragmento presentado por los expertos
Diego Andreucci y Helga Gruberg (2016):
«Las actividades mineras conllevan serios impactos sociales y ambientales, que
son bien conocidos por las comunidades locales en Bolivia. Es por ello que muchos
estaban ilusionados con la adopción de los derechos indígenas y comunitarios,
principios de protección ambiental y uso prioritario del agua para la vida, en la
nueva Constitución boliviana de 2009 […] Pero a pesar de todos los cambios
políticos, la gestión de los impactos socio-ambientales de las actividades mineras no
ha mejorado. Tras varios años, ahora es posible analizar el desempeño del sector
minero en Bolivia, y con ese fin un caso destacado es observar la situación en las
comunidades de la cuenca Uru-Uru Poopó, en el corazón del altiplano. Es una región
ahora muy conocida por la desaparición del espejo de agua del Lago Poopó, el
segundo de Bolivia y uno de los más grandes de América del Sur, a fines de 2015. Las
comunidades que viven en esa región han denunciado los graves efectos sociales y
ambientales de la minería por años».
De este fragmento se extrae una idea clara que también justifica una reflexión
mencionada anteriormente, además de la tesis que se defiende en este trabajo.
Asimismo, las políticas implementadas no siempre son efectivas ni solucionan los fines
para los que se diseñan.
Asimismo, la minería es un problema que nunca se ha llegado a solucionar. Los
conflictos aparecen por varias razones: reducción de vegetación como consecuencia de
su quema, agua contaminada, explotación insostenible, pérdida de biodiversidad,
conflictos con las cooperativas, etc.
El problema de las cooperativas surge porque estas tienen muchas facilidades
y formalmente no trabajan para ningún «patrón», ni para el Estado ni para las grandes
empresas privadas, sino para ellas mismos. En consecuencia, estas organizaciones se
han convertido en semi-empresas privadas ilegales en las que un grupo «fundador»
explota a decenas de trabajadores, quienes reciben una paga diaria mínima, y no tienen
44
ni seguridad social ni licencia ambiental. Como solución el gobierno trató de regular la
situación a través de sindicatos pero las cooperativas se negaron absolutamente y el
conflicto continua en el presente. La situación es muy precaria pero muchos
trabajadores la prefieren antes de trabajar para empresas privadas (Molina, 2016).
➢ Cuentas pendientes a futuro
Con vistas hacia el futuro la situación no parece que vaya a cambiar. Al
contrario, la explotación tiene previsto aumentar, por lo que la presión sobre el medio
ambiente también lo hará. Como resultado, se obtendrá una mayor degradación de la
Naturaleza. Bolivia se encuentra en estos momentos en plena expansión con muchos
proyectos en marcha. Litio, hidrocarburos, así como proyectos hidroeléctricos y de gas
natural encabezan esta lista de empresas. Por lo tanto, negar el sistema neoliberal como
motor de su economía resulta una falacia. Retomando el fragmento anterior se afirma lo
siguiente:
«A día de hoy, a pesar de la centralidad de las temáticas del Vivir Bien, Pacha
Mama o el ambiente en los discursos gubernamentales, esos impactos se mantienen. En
efecto, el estudio sobre la gestión socio ambiental minera en la cuenca del Lago Poopó
que se acaba de divulgar, muestra que si la situación actual es comparada con los
anteriores gobiernos de inspiración neoliberal, no se observan grandes avances.»
(Andreucci y Gruberg, 2016).
Así, a pesar de las quejas locales y de las normas promovidas para implementar
el Buen Vivir como alternativa al desarrollo, la realidad muestra una dirección
completamente contraria.
8.3 Ecuador
Este país andino presenta los mayores y más completos avances teóricos en
cuanto a legislación y normativa. En cambio, en la práctica, su actividad contradice
todos los documentos que defienden la protección del medio ambiente: ni se ha
respetado la doctrina Pachamama ni se ha escuchado a la voz del pueblo. Al contrario,
se está llevando a cabo uno de los proyectos más dañinos de toda la región latina: el del
45
Parque Yasuní22.
➢ Contexto histórico
El caso de Ecuador aparece como el más esperanzador y decepcionante al
mismo tiempo. Por un lado, desde 1992, cuando Ecuador participó en la Conferencia de
Río de Janeiro, el país se mostró proactivo y enérgico en la elaboración de políticas y
creación de instituciones en apoyo a la conservación del medio ambiente. De esta
manera, en 1993 se creó la Comisión Asesora Ambiental, se establecieron políticas
ambientales generales en 1994 y se creó el Ministerio de Medio Ambiente en 199623.
Sin duda, este país latinoamericano demostró verdadera voluntad por cambiar la
situación respecto de la Naturaleza. La dimensión ambiental se introdujo en el proceso
de planificación del desarrollo y la nueva estrategia introdujo un equilibrio que buscaba
la sostenibilidad del desarrollo, en lugar de centrarse simplemente en lo relativo al
capital natural (Geo Ecuador, 2008).
El nuevo enfoque planteó dificultades que Ecuador ha sorteado de forma
irregular. La sostenibilidad del desarrollo implica un desembolso financiero
significativo que no siempre estuvo disponible para, por ejemplo: el desarrollo de
capacidades para la gestión del medio ambiente y el análisis e investigación; la
tecnología punta, un obstáculo en términos económicos; la incorporación de la
participación civil en su totalidad, independientemente de su estrato social; el esfuerzo
nacional y estatal continuado; la consolidación de instituciones y una transición
efectiva hacia un modelo en el que se reduzca el consumo y desperdicio, alejado de la
extracción de recursos naturales (Geo Ecuador, 2008).
Este esfuerzo económico por parte del gobierno de Ecuador, en distintas
disciplinas, fue positivo en un principio, pero perjudicado por la situación internacional
y posteriormente nacional, ya que a principios del siglo XXI América Latina sufrió una
22 El Parque Nacional Yasuní se extiende sobre un área de 9820 kilómetros cuadrados en Ecuador
continental. El parque, fundamentalmente selvático, fue nombrado reserva de la biosfera en 1989 por la
UNESCO. Dentro del Parque habitan varias comunidades indígenas en aislamiento voluntario. 23 Creación de Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia en 1996 (el primero), Ecuador el segundo en
1996 y Perú el último en 2008.
46
crisis. A esta crisis le siguió la de Occidente de 2008, que de manera indirecta también
afectó a esta región.
➢ Evolución de la legislación y las políticas
Entre los países andinos Ecuador, seguido de cerca de Bolivia, aparece como el
más comprometido en términos jurídicos en la implementación y reconocimiento de los
Derechos de la Naturaleza dentro de sus textos jurídicos nacionales. Lo más
sorprendente es que fue el primero en incluir normas que protegen al medio ambiente
dentro de su Constitución de 2008. Así, la ley suprema establece entre sus derechos y
deberes defender el ambiente e impulsar el desarrollo sostenible.
Cuadro Nº6: Artículos destacados
Constitución de Montecristi, 2008
Art. 71 La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos.
Art. 73 EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales
Art. 57 Impide la explotación de los territorios en donde se encuentren pueblos libres en aislamiento voluntario.
Art. 23 Obliga al Estado a garantizar a las personas «un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación».
Art. 86 al 91
Están relacionados con la protección ambiental y responsabilidad por daños al medio ambiente.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída de la propia Constitución.
➢ Problemas y conflictos observados
El caso que demostrará y profundizará en los problemas y conflictos
medioambientales de Ecuador es el del Parque Nacional Yasuní. Una forma fácil de
obtener beneficios es la explotación de recursos naturales. En Ecuador la explotación
se ha realizado con el crudo. La justificación de la explotación intensiva refleja una
estrategia que busca reducir la pobreza y promover la equidad social. La realidad
muestra que, durante el Gobierno de Correa, el extractivismo petrolero fue la base de la
economía nacional. Mientras en 2007 el petróleo representó un 52 % del total de
exportaciones, en 2014 su peso fue del 51 %. Por lo tanto, Ecuador no ha superado la
47
dependencia petrolera; en su lugar, se ha consolidado esa dependencia al ampliar la
frontera petrolera buscando las últimas reservas disponibles (Guijarro, 2015). En este
sentido se observa el problema del Parque de Yasuní, declarado reserva mundial de la
biosfera por la ONU en 2008.
En 2006 Rafael Correa ganó las elecciones, a través de un fuerte discurso que
criticaba y renegaba el sistema político internacional, con el apoyo de organizaciones
ambientalistas y movimientos sociales (Gudynas, 2014). En cambio, un año después, en
2007, el mandatario cometió una violación de los Derechos de la Naturaleza recogidos
en la Constitución cuando se contradijo a sí mismo y a su plan del Buen Vivir, al decidir
explotar las reservas de petróleo existentes en el territorio yasuní y no respetar el medio
ambiente.
El plan inicial de Correa era pedir a la comunidad internacional, a través de la
creación de un fideicomiso con las Naciones Unidas, 3.600 millones de dólares a
cambio de no explotar el mencionado territorio, para compensar la pérdida de los
ingresos y no dañar la vegetación del Parque, imprescindible para el equilibrio CO2 en
el aire (Mena, 2013). La propuesta fue un fracaso y después de años de debates y
negociaciones en 2013 Rafael Correa inició la explotación del Parque. Ahora, la
explotación incurrirá en una emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y
pondrá en peligro no solo a la biodiversidad, sino también a las comunidades indígenas
de la zona y a sus derechos (Constante, 2016). Este es un claro ejemplo de la teoría de la
negociación. Según esta teoría, los países presentan quejas y problemas para la
implantación e integración de los objetivos con el fin de obtener ventajas por parte de
las organizaciones y ayuda internacional (Steinberg, 2001).
Correa utilizó el plan del Buen Vivir para justificar la explotación, ya que el país
necesita inversiones superiores a los 70.000 millones de dólares para erradicar la
pobreza y alcanzar el bienestar de las comunidades más desfavorecidas. Pero a la
población no le sirve este argumento, ya que parece estar concienciada de los daños y
problemas que causa esta actividad, tal y como se observa en una encuesta realizada en
junio del 2013, que afirma que un 92,7 % de la población apoya la iniciativa de
48
mantener el petróleo bajo tierra (Constante, 2016). Es una situación llena de
contradicciones. Durante años se ha trabajado para concienciar a las personas de la no
explotación y del cuidado, respeto y conservación del medio ambiente. En cambio,
ahora, cuando ya se ha conseguido, parece que hay que cambiar de actitud y modificar
las convicciones de la población para hacerla creer que la explotación sí es positiva.
Ante esta situación, también queda claro que las consultas populares son reales
en la teoría pero inexistentes en la práctica. Muchas veces las consultas no llegan a
efectuarse y en caso de hacerlo, si el resultado es contrario al pensamiento del gobierno,
entonces no se escucha la voluntad de la sociedad civil: se desatienden las advertencias
y demandas de la población afectada (Romero, 2016).
➢ Cuentas pendientes a futuro
Por un lado, respecto al Parque Yasuní, la explotación continuará ya que el
beneficio económico que se obtendrá prima sobre el daño que se le causará a la
Naturaleza a lo largo de los años de explotación. Además, el contrato de explotación es
vigente hasta el 2035.
Por otro lado, como recomendaciones para la gestión de estos conflictos,
algunos expertos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), han
propuesto adoptar un sistema de responsabilidad extracontractual en la legislación
ecuatoriana. Este marco legal permitiría la reparación de daños ambientales por parte de
las empresas explotadoras al aplicar herramientas económicas de internalización de
externalidades (FLACSO-Ecuador, 2007). Resulta determinante ser más severos con la
actividad y comportamiento de las empresas extranjeras que explotan los recursos en
Ecuador: deben cumplir sus promesas y corregir los daños que causan a la población.
Por último, lo más necesario resulta escuchar a la población a través de los resultados
de las consultas y actuar en concordancia.
8.4 Perú
Entre los países andinos, Perú es el que menos implicación ha mostrado a la
49
hora de implementar políticas que favorezcan la conservación del medio ambiente.
Como ya se mostró en un cuadro superior, este país solo concede derechos ambientales
sustantivos y obligaciones gubernamentales (Gudynas, 2014).
➢ Contexto histórico
En el 2005 Perú introdujo la Ley General del Ambiente en la que se define la
protección del medioambiente y se acuerdan derechos ambientales que se deben
proteger. En general, las políticas ambientales de este país son muy recientes. Sorprende
el hecho de que Perú creó el Ministerio del Ambiente en 2008 como condición para
firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos24.
➢ Evolución de la legislación y las políticas
En 2011 Ollanta Humala se convirtió en Presidente del gobierno de Perú. En un
principio ganó las elecciones con una agenda entendida como progresista que defendía,
entre otras cosas, la recuperación de los recursos naturales y un acercamiento a los
temas sociales y ambientales (Gudynas, 2014). Se destaca aquí el Plan Nacional del
Ambiente entre 2011 y 2021. Este plan tiene por objetivo alcanzar la Meta 2021 que
busca conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad de los ecosistemas y de los
recursos (Gestión Ambiental en los Países de la Comunidad Andina, s.f.).
En cambio, su gobierno resultó un fracaso, aunque esto no quiere decir que
Humala fuese el principal culpable. En ocasiones, se tiende a responsabilizar al líder por
ser el representante, cuando en realidad son otras personas del grupo político las que
realizan los fallos o toman las decisiones equivocadas. Un ejemplo de esta situación es
la que se observa en el territorio de Madre de Dios (Perú) respecto a la minería
informal. Aquí, hay 250 000 mineros que trabajan de forma ilegal, mientras que solo
2300 lo hacen legalmente. En esta ocasión, se culpa directamente al gobernador de la
24 Con el fin de llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio Perú–EEUU, firmado en 2008, Perú tuvo que
crear el Ministerio de Ambiente. El Tratado demandaba la existencia de un ministerio en esta materia por
varias razones. Por ejemplo: poder denunciar ante un órgano el incumplimiento de las normas
internacionales relacionadas con el comercio y medio ambiente y disponer de una institución que se
preocupe de cumplir con los estándares medioambientales internacionales, así como de gestionar la
cooperación ambiental que incluía el Tratado de Libre Comercio con EEUU.
50
región, ex minero de profesión, por no ser más contundente con las sanciones hacia los
mineros y por no incentivarlos a que tramiten los papeles para trabajar de manera legal
(Latina.pe, 2016).
Sin embargo, es un hecho que durante su gobierno Humala implementó un
paquete de medidas para alentar la inversión privada y el crecimiento. Estas medidas
acarreaban consecuencias negativas para el medioambiente ya que debilitan las normas
ambientales de varias formas. Entre otras, estas medidas redujeron de manera temporal
las sanciones, aceleraron el proceso de aprobación de permisos y fomentaron los
proyectos mineros (Latina.pe, 2016). En general, la crítica afirma que este gobierno
quiso asegurar las inversiones enfocándose en el valor económico de los recursos e
ignorando a las voces locales e internacionales que advertían los retrocesos en materia
ambiental (Gudynas,2014).
A pesar de las aspiraciones estatales, las presiones internacionales sí han
producido consecuencias sobre la legislación medioambiental en Perú. Aunque la
explotación de los recursos se continúa realizando, y, por supuesto, esta actividad
presenta consecuencias negativas sobre el ambiente, al menos en la actualidad las
prácticas están más reguladas y controladas. Así, se observa que se ha empezado a
cuidar más la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente, y la seguridad
industrial. Esto se refleja, en especial, en el ámbito minero en el que se destacan los
siguientes documentos reguladores.
Cuadro Nº 7, Ejemplos de regulación minera
Año Documento Finalidad
1993 Reglamento sobre Protección Ambiental en la
Actividad Minero Metalúrgica.
Responsabilizar al titular de la actividad minera
por las emisiones, vertimientos y disposición de
desechos.
2005 Reglamento de Cierre de Minas, Decreto Supremo
Nº 033-2005-EM.
Prevenir, minimizar y controlar los riesgos y
efectos sobre la salud, la seguridad de las
personas, el ambiente, el ecosistema circundante
y la propiedad, que pudieran derivarse del cese
de las operaciones de una unidad minera.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída de Gudynas, 2014.
La Constitución de Perú muestra normativas muy diferentes, en comparación
51
con las de Ecuador y Bolivia, en cuanto al manejo y gestión de los recursos naturales.
Mientras que en los otros países los gobiernos se mostraban más colaborativos e
integraban a la población en el manejo de los recursos, en Perú el gobierno se identifica
como soberano sobre sus recursos y no apela a la población para llevar a cabo una
gestión conjunta y participativa.
Cuadro Nº 8: Artículos destacados
Constitución de Perú Art. 66 Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El
Estado es soberano en su aprovechamiento.
Art. 67. El Estado determina la política nacional del ambiente.
Art. 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
Art. 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída de la propia Constitución.
➢ Problemas y conflictos observados
Perú es un país muy rico en recursos mineros y esta actividad sigue siendo uno
de los pilares de su economía. La década de los noventa fue un período de resurgimiento
de la minería, gracias, principalmente, a la inversión extranjera, proveniente en su
mayoría de Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Otros factores determinantes fueron: la
pacificación del país tras años de violencia terrorista, la estabilización de la economía,
la recuperación de la minería a nivel internacional y la aprobación de una legislación
minera moderna (ProInversión, 2005).
En la década de los 90 el 49 % del total de productos de exportación
correspondieron a la minería. Así, entre 1994 y 2004 la producción minera creció a una
tasa anual del 12 %, aproximadamente. Las exportaciones de este sector se elevaron
desde 2.615 millones de dólares estadounidenses en 1995 a 6.953 millones de dólares en
2004, es decir un incremento del 165 % (ProInversión, 2005).
Ante este panorama tan positivo económicamente para Perú resulta lógico, en
términos económicos, que el país quiera explotar sus recursos, a pesar de las presiones
exteriores y de los riesgos medioambientales. No sorprende entonces el megaproyecto
52
que se está llevando a cabo en la región de Apurímac de la mano de un consorcio chino,
liderado por China Minmentals: el proyecto Las Bambas. Se espera que represente un
incremento del 30% de las exportaciones mineras actuales y un crecimiento del 1% del
PIB de Perú (Salud Publica, 2010).
También es importante mencionar la importancia que se le otorgó en un
principio a la población que vive en los alrededores y en la región del yacimiento. En
este caso, se llevó a cabo un estudio en el que se valoró el nivel de pobreza de la región
y a partir de ahí se llevaron a cabo distintas actividades para mejorar el nivel de vida de
la zona (Tabla 8 en el Anexo). Este proyecto fue considerado una gran posibilidad de
desarrollo económico y social para la región de Apurímac, una de las más pobres de
Perú. Sin embargo, desde el inicio se sabía que existía la posibilidad de que la actividad
minera ocasionara graves consecuencias para el medio ambiente y para la salud de la
población. Finalmente, esto se convirtió en la realidad. Los principales impactos se
reflejaron en el aire, el agua, la sociedad, la flora y fauna, la contaminación, el tráfico y
en consideraciones geológicas (Astete, 2010).
A lo largo de la historia en Perú se han vivido varios conflictos con la
población a causa de la minería. En este caso, el conflicto difiere de los anteriores en
que en un principio la población local había aceptado tanto al proyecto como a la
empresa encargada de realizar la explotación, ya que a cambio esta había prometido tres
elementos fundamentales: trabajo, dinero y mejor calidad de vida (Salud Publica, 2010).
En cambio, en la actualidad la situación se ha revertido. El consorcio explotador ni ha
realizado las obras de mejora de infraestructura ni ha creado el número de puestos de
trabajo acordados ni ha cumplido ninguno de los demás pactos (Pérez, 2016).
Respecto a los problemas de contaminación, la población ha reclamado falta de
agua potable y de agua empleable para el regadío (Pérez, 2016). Además, el plan inicial
contemplaba transportar el mineral en bruto a través de un mineroducto hasta las plantas
de otro proyecto situado en un distrito cercano. En cambio, el consorcio chino decidió
que el mineral se transportaría por la carretera y en consecuencia el polvo que levantan
los camiones destroza la agricultura, daña las cosechas, el pasto de los animales, los
53
huertos y todo lo que haya a los lados de las carreteras por las que pasa. También se
introduce en los domicilios privados, en las escuelas y en los hospitales. Por lo tanto, en
la actualidad la población se queja de un peor nivel de vida que antes de la llegada de
las explotadoras, a pesar de las promesas realizadas (Pérez, 2016).
➢ Perspectiva a futuro
No parece que las obras se vayan a detener ya que el proyecto tiene fecha de
explotación hasta el 2035. Sin embargo, el Estado tiene la oportunidad de mejorar la
situación a través de distintas estrategias.
En la mayoría de los conflictos ocurridos el Estado ha actuado de manera
reactiva y tardía. En general solo interviene una vez la crisis ha escalado y los actores
sociales han adoptado medidas de fuerza. Por lo tanto, primero, el Estado debe
desarrollar una estrategia de prevención de conflictos, además de ser más ágil y
resiliente en la resolución de disputas. Segundo, para este problema ayudaría el hecho
de fortalecer los canales institucionales con el fin de hacerlos más transparentes y
cercanos a la población. Tercero, el Estado debe mostrar su soberanía y no dar
preferencia a las demandas de las empresas privadas. Cuarto y último, el Estado debe
defender sus intereses económicos pero también los del pueblo.
54
9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
La región andina posee una larga historia de dependencia hacia el Norte, los
países que durante la época colonial eran la metrópoli, para aumentar su economía y
llevar a cabo su desarrollo. Esta característica quedo arraigada en la cultura y en el
modelo de desarrollo de estos países y a pesar de la descolonización e independencia, en
estos territorios todavía se observa cierta dominación, especialmente a través de
mecanismos de influencia económicos, mediante multinacionales y comercio.
Como resultado de esta situación, se observan ciertos patrones comunes para los
países andinos. En primer lugar, los hábitos y costumbres no han cambiado como
tampoco lo han hecho las actividades económicas, en este caso, caracterizadas por el
daño que causan al medio ambiente. En el siglo XX, y en especial en el XXI, estas
actividades se han convertido en un problema tanto para las economías, dado que ya no
sirven ni ayudan al desarrollo, como para la conservación del planeta y la Naturaleza.
Segundo, a partir de una serie de eventos ocurridos a finales del siglo XX, en el
siglo XXI se introdujeron nuevas políticas con la esperanza de cambiar estas malas
costumbres, de mejorar la conservación y la sostenibilidad, y de crear nuevos hábitos
que ayudasen a mantener el estado de la Naturaleza, incluso mejorarlo, pero jamás
empeorarlo. Por desgracia, estas nuevas políticas medioambientales no tuvieron el éxito
esperado en ninguno de los tres países andinos.
Tercero, las instituciones específicamente diseñadas para la implementación de
estas políticas no han sabido imponerse dentro de la política nacional y también han
fracasado. Cuarto, la transformación de los gobiernos progresistas, quienes en un
principio articularon discursos antiimperialistas, nacionalistas y populistas, enfocados
hacia el consumo interno de sus respectivas sociedades, ha sido clave y característico
para esta zona geográfica, y, en particular, para los países andinos. Se renegaba en
contra del mercado mundial y la exportación a países del primer mundo. Sin embargo,
el continente, incluidos los países andinos, continuó siendo un territorio estratégico para
la economía global al incrementarse su potencial como proveedor de recursos; tal y
como refleja el experto Acosta (2012): «para el conjunto de gobiernos progresistas
55
latinoamericanos el crecimiento se ha logrado a través del extractivismo –en todas sus
vertientes: minería, petróleo y productos para la industria agropecuaria–.» (Acosta,
2012).
Quinto, las consecuencias de esta coyuntura se han visto reflejadas en la
sociedad a través del desplazamiento de comunidades, aumento de la desigualdad y peor
calidad de vida; y en el medio ambiente, causando mayor degradación y escasez,
pérdida de la biodiversidad, quiebra de los ciclos productivos y contaminación.
Para solucionar esta coyuntura, a continuación se van a enumerar algunos
parámetros que se deben tener en cuenta para mejorar la presente situación. Primero,
resulta esencial cambiar el modelo de consumo mundial. A partir de este cambio de
base, que fundamenta estas actividades, se lograría una disminución global de los
efectos perjudiciales para la Naturaleza, ya que los elementos y materiales explotados y
extraídos dejarían de interesar. Mientras no se modifiquen los hábitos de consumo, los
países menos desarrollados continuarán estando subordinados a los países desarrollados.
La gran parte de su producción es exportada, por lo tanto, se debe reducir el consumo
para que de manera consecuente se reduzca la explotación y extracción.
Segundo, es importante reducir la dependencia respecto de las distintas
industrias que conforman el producto interior bruto e impulsar nuevas estrategias
centradas en mercados más próximos, como los mercados regionales. Asimismo,
también sería óptimo invertir en nuevas tecnologías, especialmente las renovables.
Aunque en el presente representan un gran gasto, a largo plazo, en el futuro, marcarán la
gran diferencia respecto al desarrollo.
Tercero, los denominados países del Norte deben cumplir sus promesas. De
nada sirve desviar la explotación y la extracción hacia estos países si al final los
resultados ambientales a nivel mundial no mejoran y la Naturaleza sigue deteriorándose.
No tiene sentido invertir en estos países para realizar aquí las actividades y después
comprar sus bonos de emisión de carbono; ¿cómo se pueden realizar exigencias a los
países menos desarrollados si los desarrollados ni siquiera cumplen sus promesas y
56
objetivos?
Cuarto, los países andinos deben centrarse en fortalecer sus instituciones y
burocracias encargadas de la protección del medio ambiente. En la actualidad se
observa que estas son bastante frágiles, lo que impide una aplicación eficaz de las leyes
y reglamentaciones de protección del medio ambiente. A este problema se añaden los
problemas del gobierno, la insuficiencia de capacidad técnica-humana y tecnológica-
material, la escasa dotación de personal, una justicia ineficaz y los problemas
presupuestarios.
También se debe mejorar la transparencia y la responsabilidad, así como la
atención hacia la sociedad civil y el cumplimiento de sus decisiones, tomadas de manera
democrática. Es decir, resulta necesario aumentar la participación de la población, así
como verdaderamente atenderla. Asimismo, resulta fundamental reducir cualquier
oportunidad o incentivo relacionado con la corrupción. En este sentido, se debe aclarar
que en muchas ocasiones no es el presidente de un gobierno el culpable de una
determinada situación, aunque así se refleje a través de los medios de comunicación,
sino sus asesores, consejeros y demás personas involucradas en el gobierno y en la
política nacional. Por lo tanto, conviene desviar la atención única hacia el líder y
centrarse en todos los políticos, ya que todos poseen la capacidad de llevar a cabo y
apoyar actividades degradantes, en sus múltiples variantes.
Quinto, un gran inconveniente de la inversión extranjera y de las empresas
transnacionales, que se encargan de la explotación y exportación de estos materiales, es
que consolidan y profundizan la concentración y centralización de los ingresos y de la
riqueza en pocas manos, así como el poder político. Por lo tanto, se debe luchar contra
esta situación y buscar una redistribución del poder y la riqueza, justa y óptima.
En este sentido, el desarrollo ya no sirve para justificar la ejecución de estas
actividades. Se ha comprobado que existe mucho dinero extraviado e incorrectamente
repartido, que si fuese controlado y empleado de manera racional favorecería el
desarrollo. Por ello, resulta determinante implementar medidas y normas tangibles y
57
verosímiles. No obstante, la voluntad política es necesaria y esta no siempre está
presente.
El problema de la situación presentada en este trabajo yace esencialmente en que
estas acciones locales tienen repercusiones globales. En consecuencia, los problemas
medioambientales de un país determinado afectan al deterioro ambiental global y
presionan sobre las reservas de los recursos naturales mundiales. Por lo tanto, este
problema localizado en los países andinos constituye, en realidad, una amenaza que
afecta a la población mundial y al propio planeta Tierra.
En síntesis, los futuros estudios deben centrarse en crear conciencia mundial
sobre esta situación y en denunciar con mayor intensidad y difusión la falta de
transparencia, las prácticas ilegales y las devastadoras consecuencias de esta coyuntura.
En cuanto a las políticas, estas deben diseñarse pensando en el largo plazo y de forma
más específica y determinante que las actuales. También deben ser meditadas con
cautela, teniendo en cuenta la capacidad de cada país. Sin embargo, lo más importante
es que estas nuevas políticas luchen contra los cinco grandes conflictos mencionados en
la página anterior. El fracaso o éxito relativo de las políticas ambientales públicas de los
países andinos entre 1992 y 2012 fue debido, principalmente, a los cinco conflictos
recién mencionados. Por lo tanto, para que el futuro sea más exitoso, en cuanto a
política ambiental pública, resulta imprescindible corregir y solucionar los problemas
planteados.
58
10. ANEXO
Tabla 1
Capacidad de carga de la Tierra
Este gráfico elaborado por la organización internacional Huella Ecológica
muestra como en el presente la humanidad utiliza el equivalente a 1.4 planetas cada año.
Esto significa que ahora la tierra tarda un año y cinco meses en regenerar lo que se
consume y explota en un año. Por lo tanto, a lo largo de los años la explotación y la
presión que se ejerce se va acumulando y la situación solo empeora más y más.
Fuente: recuperado en noviembre de 2016 de http://www.footprintnetwork.org/
59
Tabla 2
Variación de área de bosques
Este gráfico refleja la evolución del territorio de bosque entre 1990 y 2012. Es
decir, se observa la reducción de porcentaje de bosque. Llama la atención el caso de
Ecuador, donde desde 1998 la situación ha empeorado de forma significante, cuando en
realidad debería haber sido al contrario, ya que a partir de 1992 se empezaron a
introducir las normas para proteger al medio ambiente.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída del PNUMA y recuperada de
http://geodata.grid.unep.ch/#.
60
Tabla 3
PIB procedente de la minería, manufacturas y otras utilidades
En este gráfico se observa la importancia de la actividad minera y manufacturera
para estos países, en relación a su PIB anual. Se afirma que desde 1970 estas actividades
han recibido una importancia cada vez mayor dentro del crecimiento económico anual
de estos tres países. El caso más destacable es el de Perú debido a su brutal aumento
desde 1992. A continuación, le sigue Ecuador y por último Bolivia que es el que se ha
mantenido más estable.
De este gráfico se obtienen dos conclusiones. Primero, las políticas
medioambientales no generaron el efecto esperado –reducción de la extracción total–,
sino al contrario, ya que los niveles de explotación aumentaron. Segundo, este gráfico
no contabiliza las prácticas ilegales; solo refleja los resultados oficiales. A esto habría
que añadirle la explotación ilegal. Entonces, muy probablemente los resultados serían
todavía peores.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída del PNUMA y recuperada de
http://geodata.grid.unep.ch/#.
61
Tabla 4
Extracciones domésticas
A continuación, se observa la extracción doméstica de Bolivia, Ecuador y Perú
entre 1970 y 2010. Así, se aprecia como la extracción ha ido en aumento. En especial
llama la atención el caso de Perú. A partir de 1994 la extracción aumenta de manera
exponencial. Como justificación se encuentra la recuperación de la crisis económica y la
entrada al gobierno de Alberto Fujimori, quien liberó la economía e incentivó el
liberalismo a través del impulso de la privatización, la competitividad y la participación
en el comercio internacional.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída del PNUMA y recuperada de
http://geodata.grid.unep.ch/#.
62
Tabla 5
Variación de gases de efecto invernadero
En este gráfico se observa el total de GEI emitidos por Perú Ecuador y Bolivia.
Los dos primeros países muestran una actividad bastante constante. Sin embargo,
sorprende el caso de Bolivia, especialmente a partir del 2010. Esta situación contradice
lo que se espera de manera lógica, una reducción de los GEI, como consecuencia de la
implantación de nuevas políticas ambientales y cambio de normativa de la Constitución.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída del PNUMA y recuperada de
http://geodata.grid.unep.ch/#.
63
Tabla 6
Exportaciones
Las medidas introducidas por algunas organizaciones internacionales que
incentivan el comercio internacional pueden verse reflejadas en el siguiente gráfico. Los
países andinos han respondido de manera positiva ante esta demanda y como resultado
se observa un aumento muy significativo de las exportaciones a partir de 1990. Esta
actividad es fruto del presente sistema neoliberal integrado a nivel mundial.
Se deben considerar también las múltiples consecuencias ambientales de este
aumento de las exportaciones, que coincide con la implementación de las políticas
ambientales y con el inicio de la lucha por la protección del medio ambiente por parte
de las organizaciones internacionales. Así, una vez más, con este gráfico se justifica el
poco éxito de las políticas ambientales.
Fuente: elaboración propia (2016) en base a la información extraída del PNUMA y recuperada de
http://geodata.grid.unep.ch/#.
64
Tabla 7
Proyectos de ayudas sociales en las comunidades próximas a Las Bambas
Este cuadro muestra los proyectos que se debían haber efectuado en la región en
la que se está realizando el proyecto de Las Bambas. Los proyectos debían ser
implementados en acción conjunta entre el Estado y la empresa explotadora, aunque
financiado solo por la empresa.
Fuente: (ProInversión, 2005)
65
11. REFERENCIAS
Acosta, A. (2014). La difícil construcción de la utopía. Rebelión. Recuperado el 01 de
septiembre de 2016 de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180285
Acosta, A. (2015). La maldición de la abundancia. Revista Brecha. Recuperado el 10 de
noviembre de 2016 de http://brecha.com.uy/la-maldicion-de-la-abundancia/
Alegrett, R. (2002). Reforma Agraria: Evolución y tendencias de las reformas agrarias
en América Latina. FAO, Economic and Social Development Department. Recuperado el 10 de
noviembre de 2016 de http://www.fao.org/docrep/006/J0415T/j0415t0b.htm
Andreucci, D y Gruberg, H. (mayo, 2016). La minería en Bolivia sigue siendo
irresponsable. Rebelión. Recuperado el 01 de noviembre de 2016
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212256&titular=la-miner%EDa-en-bolivia-sigue-
siendo-irresponsable-
Astete, J. (2010). Enfermedades transmisibles, salud mental y exposición a
contaminantes ambientales en población aledaña al proyecto minero las bambas antes de la fase
de explotación, Perú 2006. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salúd Pública, 27(4),
512-19. Recuperado en 2016 de http://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/v27n4/a04v27n4
Banco Mundial. (5 de agosto, 2009). Estrategia Del Banco Mundial Para El Medio
Ambiente. Nota Conceptual. Environmental Strategy Consultations: Departamento De Medio
Ambiente Red Para El Desarrollo Sostenible. Recuperado el 29 de septiembre de 2016 de
siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/.../ENV-Strategy-2010-CN-SP.pdf
Baud, M., Castro, F. y Hogenboom, B. (2015). Gobernanza Ambiental en América
Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Recuperado el 31 de septiembre de 2016 de
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150318053457/GobernanzaAmbiental.pdf
Bunge, V. (2010). La capacidad de carga en la planeación territorial: una propuesta para
su analisis. Documento de Trabajo de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico y
Conservación de Ecosistemas. Instituto Nacional de Ecología. Mexico. Recuperado el 10 de
noviembre de 2016 de
http://www.ine.gob.mx/descargas/ord_ecol/2010_doc_trabajo_capacidad_carga.pdf
CEDIB y OMAL. (2012). El caso de los hidrocarburos en Bolivia. Cuaderno: Mitos de
la inversión extranjera. Observatorio de las Multinacionales en América Latina & Revista
Pueblos. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de
http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article2322
66
CEDLA. (2016). Con la pasividad del gobierno, Sinohydro viola los derechos de los
trabajadores. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. La Paz, Bolivia.
Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de https://cedla.org/content/51029N 8, NUMERO 1, P.
26-33, 2012 INTERAMERICAN
Constante, S. (2013). Ecuador abre la reserva de Yasuní a las petroleras ante la falta de
apoyo. El País. Madrid, España. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/16/actualidad/1376649554_989809.html
Cuerdo, M. y Ramos, J.L. (2000). Economía y naturaleza: Una historia de las ideas.
Madrid, España: Síntesis.
Espinoza, G. y Rodríguez-Becerra, M. (diciembre, 2002). Gestión ambiental en
América Latina y el Caribe: Evolución, tendencias y principales prácticas. Banco
Interamericano de Desarrollo: Departamento de Desarrollo Sostenible División de Medio
Ambiente. Washington. Recuperado el 20 de septiembre de 2016 de
http://cebem.org/cmsfiles/publicaciones/gestionambientalLACaribe.pdf
Fergusson. A. y Szeplaki., E. (2012). La Cuestión Ambiental en la Agenda 21: América
Latina y el Caribe 20 Años después de la Cumbre de la Tierra. Parlamento latinoamericano.
Recuperado el 29 de septiembre de 2016 de
http://www.parlatino.org.ve/images/documentos/acuerdos/cuestion_ambiental.pdf
Finanzas Carbono. (2016). Conferencia de las Partes (COP). Recuperado en noviembre
de 2016 de http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-multilaterales-de-
financiamiento/cmnucc/cop/
FLACSO-Ecuador. Fontaine, G y Narváez, I. (2007). Yasuní en el siglo XXI: El Estado
ecuatoriano y la conservación de la Amazonía. Iconos, Revista de Ciencias Sociales. Ecuador:
Foro.
Garrido, F.J. (2005). Desarrollo sostenible y Agenda 21 local: prácticas, metodología y
teoría. Madrid, España: IEPALA Editorial.
GeoEcuador. (2008). Informe sobre el estado del medio ambiente. GeoEcuador,
PNUMA. Recuperado en noviembre de 2016 de
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/Ecuador%20pdf/01.%20indice%20y%20prologo.pdf
Gestión. (noviembre, 2016). Mineras chinas invertirán US$ 7,4M. Gestión. Recuperado
en noviembre de 2016 de http://gestion.pe/noticia/285165/mineras-chinas-invertiran-us-7400-
millones-peru
Gudynas, E. (2012). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como
alternativa. Rebelión. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146873
67
Gudynas, E. (2014). Derechos de la Naturaleza y Políticas ambientales. La Paz,
Bolivia: Plural Editores.
Gudynas, E. (2015). Derechos de la naturaleza. Ética biocéntrica y políticas
ambientales (pp. 317). Buenos Aires, Argentina: Editorial Tinta Limón.
Guijarro, J. C. (2015). La herencia económica del correísmo. Una lectura frente a la
crisis. Rebelión. Recuperado el 1 de noviembre de 2016 de
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204109
Hyderabad. (17 de octubre, 2012). Financiar la conservación de la naturaleza en tiempos
difíciles: Informe del Banco Mundial destaca enfoques exitosos en América Latina.
Comunicado de Prensa. Banco Mundial. Recuperado el 1 de noviembre de 2016 de
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/10/17/financing-successful-nature-
conservation-in-lean-economic-times-world-bank-report-highlights-latin-americas-successes
Latina.pe. (septiembre de 2016). Ollanta Humala: qué medidas implementó para
defender el medioambiente. Latina.pe. Recuperado el 01 de noviembre de 2016 de
http://www.latina.pe/noticias/90/ollanta-humala-que-medidas-implemento-para-defender-el-
medioambiente-34312/
Leff, E. (2002). Ética, vida y sostenibilidad. PNUMA, Red de Formación Ambiental
para América Latina y el Caribe. México. Recuperado el 31 de septiembre de 2016 de
http://myslide.es/documents/la-etica-de-la-tierra-etica-y-medio-ambiente.html
Malpartida, A. (2016). Orígenes y bases de la ecología. Ambiente ecológico.
Recuperado el 31 de septiembre de 2016 de http://www.ambiente-
ecologico.com/revist31/AlejandroMalpartida031.htm
Mance, H. y Rodríguez-Becerra, M. (noviembre, 2009) Cambio climático: lo que está
en juego. Foro Nacional Ambiental. Colombia. Recuperado el 29 de septiembre de 2016 de
www.foronacionalambiental.org.co
Mansilla, H. C. (2011). Los problemas de la democracia y los avances del populismo.
Paradojas de la modernidad incompleta. La Paz, Bolivia: El País.
Mena, P. (2013). ¿Por qué fracasó el proyecto ambiental de Yasuní en Ecuador? BBC
Mundo. Ecuador. Recuperado el 17 de febrero de 2017 de
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador_yasuni_causas_fracaso_lps
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. (2013). El cambio
climático se ha convertido en una realidad para la opinión pública mundial. Carpeta informativa
del CENEAM. Recuperado el 17 de febrero de 2017 de
68
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/cambio-
climatico-opinion-publica-mundial.aspx
Molina, S. (junio, 2016). La presencia de China en Bolivia: ¿Porqué el interés en una de
las economías más pequeñas de la región? Cuaderno de Coyuntura 15. Plataforma Energética.
Grupo de Política Fiscal y Desarrollo. Recuperado el 31 de septiembre de 2016 de
http://cedla.org/blog/grupopoliticafiscal/?p=9517#sthash.QqBWrp2T.dpbs
Moyano, E. y Paniagua, A. (1998). Medio Ambiente, Desarrollo Sostenibley Escalas
De Sustentabilidad. Dialnet. Madrid. Recuperado el 31 de septiembre de 2016 de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/757748.pdf
Organización de los Estados Americanos. (diciembre, 1996). Cumbre de las Américas
sobre Desarrollo Sostenible. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Recuperado el 31 de septiembre
de 2016 de http://www.summit-americas.org/defaults.htm
Organización Naciones Unidas. (2000). Objetivo 7: Garantizar La Sostenibilidad Del
Medio Ambiente. Objetivos de Desarrollo del Milenio y más allá de 2015. Recuperado el 31 de
septiembre de 2016 de http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtml
Pacto Mundial. (2016). 10 Principios. Pacto Mundial, Red Española. Recuperado el 2
de noviembre de 2016 de http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
Pérez, P. (2016). Indígenas peruanos sofocados por el polvo. Periódico El País.
Recuperado el 17 de noviembre de 2016 de
http://elpais.com/elpais/2016/11/07/planeta_futuro/1478517137_056984.html
ProInversión. (2005). La Bambas: Un modelo de desarrollo sostenible. Agencia de
Promoción de la Inversión Privada. Recuperado en noviembre de 2016 de
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/LASBAMBAS_OTROS/OLasBamba
s.pdf
Quijano, A. (2000). El fantasma del desarrollo en America Latina. Revista Venezolana
de Economía y Ciencias Sociales, 6(2), 73-90. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas_Archivos/Quijano%20El%20fantasma%20del%2
0desarrollo%20en%20AL.pdf
Ramírez, Mª. F y Yépes, Mª. J. (2011). Geopolítica de los recursos estratégicos:
conflictos por agua en América Latina. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y
Seguridad, 6(1), 149-165. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-
30632011000100008&lng=en&tlng=es.
69
Ramsar. (2014). La Conferencia de las Partes Contratantes. The Ramsar Convention
Secretariat. Recuperado el 31 de septiembre de 2016 de http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-
conferencia-de-las-partes-contratantes
Raza, G. W. (Febrero, 2000). Desarrollo Sostenible en la Periferia neoliberal: Una
mirada a Bolivia desde fuera. La Paz, Bolivia: Plural Editores.
Rivera y Baeza. (2012). Desarrollo sustentable en Latinoamerica. Revista
Interamericana de Ambiente y Turismo, 8(1), 26-33. Recuperado el 10 de 11 de 2016 de
http://riat.utalca.cl/index.php/test/article/viewFile/53/pdf
Romero, R. (2016). Actividades hidrocarburíficas en el Parque Nacional Yasuní.
¿Fracaso de la utopía o reajuste con la realidad? Apuntes para una gestión reflexiva de segunda
modernidad. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 48. Ecuador.
Recuperado el 01 de 10 de 2016 de
https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/viewFile/53301/48913
Segrelles, J.A. (01 de julio, 2001). Problemas Ambientales, Agricultura Y Globalización
en América Latina. Scripta Nova, Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales, (92).
Universidad de Barcelona. Recuperado el 29 de septiembre de 2016 de
http://www.ub.edu/geocrit/sn-92.htm
Steinberg, P. (2001). Environmental Leadership in Developing Countries.
Transnational Relations and Biodiversity Policy in Costa Rica and Bolivia. London, United
Kingdom: MIT Press.
Stott, L y Ramil, X. (junio, 2014). Metodología para el desarrollo de estudios de caso.
Centro de Innovación en tecnología para el desarrollo. Universidad Politécnica de Madrid.
Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de http://www.itd.upm.es/wp-
content/uploads/2014/06/metodologia_estudios_de_caso.pdf
United Nations. (2016). Report of the World Commission on Environment and
Development: Our Common Future. Recuperado en noviembre de 2016 de
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Docu
ments/Informe%20Brundtland%20(En%20inglés).pdf
Vargas, C. A. (2016). Una decada de gobierno: ¿Construyendo el Vivir Bien o un
capitalismo salvaje? Revista del Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo (GPFD), (17).
Recuperado el 1 de septiembre de 2016 de
https://www.cedla.org/sites/default/files/revista_gpfd_17_una_decada_de_gobierno_carze_opt_
0.pdf
70
World Resources Institute. (2015). Medir, trazar y fortalecer derechos. El Índice De
Democracia Ambiental. Recuperado el 29 de septiembre de 2016 de
www.environmentaldemocracyindex.org