Por: Gonzalo aranGo J. Profesor asociado de la Universidad Tecnológica de PereiraPresidente FEnalProU

Universidad” en su origen no indi-caba un centro de estudios sino una agremiación  o “sindicato” o asociación corporativa que protegía intereses de las personas dedicadas

al oficio del saber.1 Más adelante, en el latín me-dieval, se le agregan al término “universitas” los de “magistrorum et scholarium” para significar un cuerpo dedicado a la enseñanza y a la educación, que es su sentido moderno. “En París, la univer-sitas magistrorum et scolarium, cronológicamente la primera de las universidades europeas con la de Bolonia, reúne a maestros y estudiantes, a los que saben y a los que sabrán”2

Introduzco este artículo con las referencias anteriores con el propósito de mostrar que, des-de sus inicios, el conjunto de personas que han hecho del trabajo con el conocimiento su pro-yecto de vida, son la esencia y el núcleo funda-mental de la universidad. Es necesario recordar-lo hoy, en un contexto de política universitaria que, fundamentada en criterios neoliberales, insiste en concebir a la universidad como una 1http://personal.us.es/alporu/historia/universitas_termino.htm2 Serres Michel, Historia de las Ciencias, Edit. Cátedra, Madrid, España, 1991. Citado por Patricia Linares en LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA EXPRESIÓN ESENCIAL DEL ESTADO DEMO-CRATICO DE DERECHO, Tunja, noviembre 6 de 2009.

empresa de producción, rentable en términos económicos, administrada bajo los cánones de la eficiencia, para producir el “talento humano” que requiere el mercado laboral, al más bajo costo y con la calidad demandada por éste. Así las cosas, el objeto del trabajo universitario no es el conocimiento, sino la producción de distintos niveles de capacitación en personas y de objetos tecnológicos para suplir necesidades específicas del mercado, en entornos y contextos concretos en consonancia con la localización internacional

de la producción de bienes y servicios, incluso de conocimiento científico y tecnológico, que impone la globalización en boga.

La esencia de la universidad es, y debe se-guir siéndolo, la conformación, crecimiento y desarrollo de comunidades académicas organi-zadas en torno al estudio de la realidad material y social, incluyendo dentro de esta última la económica y la cultural, mediante el desarrollo de saberes en torno a disciplinas académicas, derivadas de las ciencias naturales y sociales.

Dichas comunidades se expresan en la sociedad mediante la oferta de programas y proyectos en los ámbitos de la formación, la investigación y la extensión. Ello involucra la sistematización, síntesis y transmisión de conocimientos a los niveles más elevados, así como la eventual ge-neración de nuevo conocimiento, resultado de la experimentación y el análisis mediado por la más rigurosa práctica científica. Esa es su fun-ción social, el quehacer que la identifica y a la vez la diferencia de otras instituciones sociales.

El escenario fundamental del trabajo universi-tario es la cátedra, entendida ésta como el espacio en el cual se produce el encuentro entre quienes aportan su conocimiento y experiencia como do-centes, jerarquizados de acuerdo con criterios rela-cionados con sus niveles de formación, experiencia y producción académica, resultado de su práctica profesional y docente. No en vano el escalafón de la carrera establece sus categorías de auxiliar, asis-tente, asociado y titular, con relación a aquella. Es la existencia de estas comunidades organizadas, con actividad docente, investigativa y de exten-sión permanentes, lo que permite la conforma-ción de escuelas de pensamiento y desarrollo de nuevas disciplinas orientadas a suplir necesidades socialmente determinadas por el avance material y espiritual de la sociedad. Allí radica la esencia de la universidad, es lo que tiene permanencia en el

Federación Nacional de Profesores Universitarios

Año 9 / No. 10 / Febrero de 2011

Recuperar la dignidad del docente universitario: una tarea inaplazable

Tras 18 años de vigencia de la Ley 30 de 1992, el gobierno nacional, por interme-dio de la Ministra de Educación, Dra. Ma-

ría Fernanda Campo, anunció la presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley que la reforma de manera integral.

Es indudable que la Educación Superior en Colombia, en este lapso, ha experimentado transformaciones importantes en todos los órdenes. En ello coincidimos todos los actores universitarios y la opinión pública nacional. En lo que hay divergencias importantes es en la va-loración que se tiene acerca de dichos cambios,

Presentación del Simposio Nacional“Universidad, Estado y Sociedad en la actualidad Colombiana”de sus impactos sobre los estamentos universitarios y de las consecuencias que se han derivado de ellos en relación con el cumplimiento de la función social de la educación superior en el país.

Es por ello que consideramos pertinente y oportu-no generar este espacio de discusión informada, bajo el lema: Universidad, Estado y Sociedad en la actualidad colombiana. Hemos contado para ello con la colabora-ción de destacadas personalidades vinculadas a la vida

universitaria y reconocidos estudiosos de esta temática, quienes, en conferencias magistrales, aportarán impor-tantes reflexiones que alimentarán el necesario debate que debe adelantarse entre la comunidad universitaria y la sociedad, en relación con el contenido de las reformas que demanda este insustituible instrumento del desa-rrollo económico, social y cultural de nuestra nación.

En las salas temáticas los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ponencias e intercam-

biar visiones y opiniones, en relación con la rea-lidad actual de la educación superior en nuestro país y los enfoques que deben orientar las polí-ticas públicas expresadas en las reformas legales que se avecinan.

Confiamos en que esta iniciativa y esfuerzo de la Federación Nacional de Profesores Universi-tarios tenga la acogida esperada por parte de los miembros de la comunidad educativa a quienes va dirigida: personal docente y administrativo de las universidades públicas y privadas, trabajado-res y estudiantes universitarios, así como padres de familia interesados en la temática.

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Por: lUIS aUrElIo orDÓÑEz B.Profesor Titular-Universidad del ValleVicepresidente FEnalProU

La calidad de la educación depende de un complejo agregado de factores entre los cuales es preciso destacar la labor y el compromiso de los profesores con el cumplimiento de la mi-sión de la universidad y el desarrollo sus funciones básicas:

docencia e investigación. Entre las mejores universidades del mundo so-bresalen aquellas en las cuales sus profesores han obtenido valiosos re-conocimientos académicos, incluido el Premio Nobel, logros que no son concebibles sin una dedicación exclusiva a la academia.

La excelencia académica, como resultado del rigor en la investigación, la creatividad en la producción artística, la solidez de la crítica fundamen-tada, la formación integral y el desarrollo de una docencia actualizada, di-námica y flexible, es totalmente funcional a la dedicación, el compromiso y la disciplina del profesorado.

Desde hace muchos años, el ideal de universidad de excelencia académica ligado a la primacía de la vinculación de tiempo completo y dedicación exclusi-va sobre el tiempo parcial, hora cátedra o el contrato ocasional, ha hecho parte esencial del repertorio de reivindicaciones del profesorado, en defensa de la calidad de la educación superior pública, frente a políticas públicas orientadas con criterios fiscalistas, ajenos al ethos académico; políticas envueltas en un len-guaje aparente técnico para lograr una mayor eficiencia del gasto en educación, que se reduce a aumentar la relación profesor estudiante, para incrementar los indicadores de cobertura, con los mismos o menores recursos, intensificando la exigencia laboral, a expensas de la calidad. Las estadísticas de aumento de cobertura, con los mismos recursos, entre los años 2002-2009, en el marco de la llamada “Revolución educativa”, son elocuentes al respecto.

Las metas de aumento de cobertura, sin más recursos, conducen axio-máticamente al deterioro de la calidad de la educación superior. El conge-lamiento o la disminución de los recursos financieros estimula la tendencia a la nivelación por lo bajo, a la mercantilización y expansión del modelo “garaje”, término con el cual se ha designado el proceso. Paradójicamen-te, si se quiere, las universidades privadas de alta calidad incrementan la planta de tiempo completo y las universidades estatales lo disminuyen, para cumplir las metas oficiales.

La imposición desde arriba de procesos, criterios y normas para la asignación de tiempo a las labores del profesorado, lo que generalmente se conoce con el término, bastante inadecuado por cierto, “la carga acadé-mica”, hace parte de dichas políticas.

En la Universidad del Valle existe una rica tradición de análisis, re-flexión y construcción normativa interna sobre los procesos de asignación académica, tradición que, en los últimos años, se ha intentado contrariar, de manera inconsulta, con propuestas que afortunadamente han sido re-chazadas por la asamblea general de profesores.

El debate está centrado en las características singulares del trabajo in-telectual y su relación con el tiempo, más específicamente con su cuantifi-cación. Si las labores universitarias incluyen docencia, investigación, exten-sión y actividades académicas-administrativas, cada una de ellas tiene una especificidad propia que pude ser o no susceptible de cuantificación, para distribuir de la manera más racional y equitativa una jornada laboral de 40 horas semanales. El referente de la racionalidad debe ser el del cumplimien-to de la misión de la universidad, de manera coherente con el reconocimiento a los principios de la libertad de cátedra, autonomía para el desarrollo del conocimiento, la creación artística y la profusa diversidad de saberes y disci-plinas. El referente no puede estar basado en estándares de “productividad”, entendidos como problema de tiempos y movimientos, despojado de las di-mensiones simbólicas y abstractas de la cultura y del trabajo intelectual que es continuo, indefinido y no encuentra límites en el tiempo.

Asignación académica ycalidad de la educación superior

Si las funciones básicas de la universidad son la docencia y la investi-gación, que se proyectan a la sociedad de múltiples maneras a través de la extensión, se requiere clarificar si un docente puede estar dedicado de manera exclusiva a una de ellas. En la Universidad del Valle se estableció que la dedicación a la investigación no debe superar al medio tiempo en una programación anual, dando flexibilidad para hacer ajustes entre los dos semestres dependiendo de situaciones específicas.

El reconocimiento de tiempo para la docencia requiere desagregarla en actividades de docencia directa e indirecta. La directa implica una rela-ción presencial o virtual, en tiempo real, con los estudiantes, que incluye: clase magistral, seminario, curso dirigido, taller, dirección y asesoría de trabajos de grado, laboratorio, trabajo de campo, práctica supervisada y tutoría académica. La indirecta: diseño de cursos, preparación de clases y evaluación de los estudiantes.

La pregunta es: ¿Cuántas horas de docencia indirecta se pueden reco-nocer por cada hora de docencia directa? ¿Cuántas horas se requieren para preparar una hora de clase? ¿Qué hace un docente entre los espacios de creación, consulta y actualización?

La respuesta es compleja, contiene elevados niveles de relatividad y sub-jetividad, que no son susceptibles de un tratamiento meramente cuantitati-vo y menos aún milimétrico. En la Universidad del Valle, desde hace muchos años, se recurrió a un factor de ponderación, denominado multiplicador, que en la mayoría de los cursos que se dictan implica entre 12 y 16 horas semana-les de dedicación a las diversas modalidades de docencia directa. Un multipli-cador basado en un referente básico que no es el resultado de una encuesta, imposible de llenar y mucho menos cuantificar de manera coherente. La verdad es que ese tiempo no es el mismo para un curso en todos y cada uno de los temas; puede variar de manera indefinida y a lo sumo ser captado en una abstracción del tipo: “tiempo de trabajo socialmente necesario para una actividad intelectual sin límites definidos de duración”.

El manejo del tiempo asignado y la calidad de la docencia, necesita un ambiente autónomo y democrático en la relación profesor-estudiante para que fluya libremente un control intersubjetivo del saber, al igual que la crítica de los pares en las comunidades académicas nacionales e interna-cionales, para evaluar la producción intelectual. La calidad de la docencia y la investigación, es decir de la universidad, no puede dejarse al libre juego del mercado como si la educación fuera una hamburguesa McDonald; ni su control a un aparatoso sistema burocrático y punitivo, esa especie de panóptico que subyace en normas burocráticas, códigos disciplinarios,

indicadores y cifras supuestamente técnicas y neutrales; el control debe estar a cargo de la mano visible de la ética del docente, la exigencia de los estudiantes y la crítica de los pares.

El rango entre 12 y 16 horas de docencia directa, en la mayoría de los casos, de una clase magistral, se traduce en 3, 4 o 5 cursos, a un docente dedicado exclusivamente a la docencia, es decir, sin proyecto de investiga-ción, extensión o responsabilidades académico administrativas. Al ser un referente, la dedicación a otras actividades disminuye el tiempo asignado a la docencia y aumenta, por ejemplo, el asignado a la investigación. Un ejemplo referencial sería el de medio tiempo a la investigación, un semi-nario en un doctorado o maestría y un curso en pregrado. Hay que insistir en que se trata de referentes, no de números mágicos o arbitrarios. El mul-tiplicador varía dependiendo de las modalidades pedagógicas y las formas de la docencia directa: clases, talleres, laboratorios, prácticas clínicas, etc.

En la propuesta de modificación a la norma, la disminución del multi-plicador, implicaba que cada docente debería dictar más de 5 cursos, lo cual podría aumentar la dedicación semanal a la docencia directa a más de 20 horas. Por eso, el enfático rechazo del profesorado en Asamblea General.

En la mayoría de las universidades públicas, la dedicación promedia, utilizando otros mecanismos, como el reconocimiento por parte del Jefe inmediato, el Decano y los cuerpos colegiados pertinentes de tiempo para las diversas actividades, puede también fluctuar entre las 12 y 16 horas; como también es cierto que hay presiones por aumentarlas a 20 o más. Igualmente, que en las instituciones privadas y públicas, a los profesores de hora cátedra se les reconoce únicamente el tiempo de docencia directa y este parece ser el modelo que se quiere imponer en las universidades estatales al profesorado de planta.

Desde luego, una cuantificación mínima es necesaria para asignar el tiempo a las labores universitarias, de manera racional y equitativa, con base normas muy claras y flexibles. En el caso de la Universidad del Valle, cerca de diez años de aplicación de la Resolución 022 de 2001, le ha permitido superar la más grave crisis de su historia, lograr la acreditación institucional y recuperar la senda de la excelencia que la ha caracterizado a lo largo de sus 65 años de existencia. La Resolución tiene inconsistencias evidentes que deben ser corregidas, con base en una evaluación seria y responsable; ante todo, de manera abierta, par-ticipativa y democrática, como corresponde al manejo de un tema que es crucial para el profesorado y la defensa de la calidad académica de la educación superior.

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tiempo, es un continuo que trasciende a los indi-viduos, es un patrimonio cultural de los pueblos y las naciones.

Es esa esencia lo que ha determinado históri-camente las modalidades de selección y contrata-ción de los docentes, para vincularlos a la carrera: el concurso por oposición entre pares, para suplir necesidades académicas concretas que se expresa en un “perfil”, en términos de nivel de formación y dominio sobre conocimientos disciplinares y ex-periencia académica y profesional, así como la exi-gencia de resultados, mediadas por evaluaciones periódicas, en función de los cuales se determina el ingreso, permanencia y evolución en el escalafón de la carrera docente.

Es más, los parámetros establecidos para eva-luar la calidad de las universidades, con propósitos de su jerarquización en relación con la excelencia académica, están referidos a los niveles de forma-ción, capacidad y productividad de su cuerpo do-cente. Ello es lo universalmente reconocido.

El modelo de educación superior impuesto en nuestro país bajo los postulados y preceptos del neoliberalismo, ha sido nefasto en términos de la consolidación y el avance de sus comunidades aca-démicas, en la mayoría de universidades públicas. Durante los 18 años de aplicación, paulatinamente se ha venido estableciendo la contratación tempo-ral como la forma preponderante de vinculación de los docentes. Las modalidades de profesores oca-sionales o transitorios y de hora cátedra alcanzan niveles insospechados, mientras que las plantas de

personal docente de carrera, permanecen estáticas y en muchos casos disminuyen. La proporción entre los profesores de planta y los docentes temporales es del orden de 1 a 5, en el conjunto de las universi-dades públicas. En la mayoría de las universidades privadas, esta proporción puede ser más alta.

Gradualmente se han venido modifican-do los estatutos docentes en las universidades para derribar las barreras que daban protección a la carrera docente y facilitar la contratación a destajo. En algunas universidades se limitaba el número de horas de clase que podría cubrir un catedrático a 9 por semana, en razón a que un número mayor de horas correspondía a una vinculación como docente de medio tiempo o tiempo completo. Dicha norma se ha eliminado y encontramos hoy docentes a quienes se remu-nera a destajo con una carga horaria superior a las 25 horas semanales.

Para llegar ello se pasó por un período en que la modalidad de contratación era la de profesores “transitorios” u “ocasionales”, los cuales se con-trataban con asignaciones laborales similares a las contempladas para los docentes de planta en los estatutos, pero contratados por períodos aca-démicos, que no superaban las 18 semanas por semestre, en algunos casos y debido a la presión ejercida por estos se consiguió en algunas univer-sidades que se les remunerara por 11 meses. Hoy día esa tendencia se revierte. Así las cosas estos

docentes, que tienen las mismas obligaciones que los de planta, sólo reciben remuneración du-rante 36 de las 52 semanas del año y carecen de cualquier tipo de estabilidad. Dicha modalidad de contratación, aún subsiste en algunas universida-des, pero en una proporción menor puesto que en términos económicos es más rentable para las universidades contratar catedráticos que los mal llamados transitorios, puesto que lo eran tanto. Hay casos de docentes que han sido contratados bajo esta modalidad por décadas.

La inestabilidad laboral ha llevado a que se presente una especie de esclavización de los docentes transitorios, pues la contrata-ción para nuevos períodos depende del com-portamiento que exhiban ante sus jefes. Los “colaboradores”, que aceptan asignaciones de trabajo académico exageradas y exte-nuantes, tendrán mayor posibilidad de ser reenganchados en los próximos períodos. También se establecen relaciones de padri-nazgo por parte de directivos universitarios para quienes sin chistar, sean incondiciona-les seguidores y adeptos de los administra-dores académicos de turno, conformándose clientelas que manejan a su antojo.

Mientras las direcciones universitarias les nie-gan sus derechos económicos y laborales que des-aparecen como consecuencia de la modalidad de contratación a estos docentes sometidos al salario

del miedo, se convierten en adalides de sus “de-rechos políticos”, como el de votar en los comicios para elegir autoridades académicas, en los pocos resquicios de participación que perviven en los claustros universitarios y para la elección de repre-sentantes profesorales a los órganos de dirección universitaria. Abundantes son los casos en que son manipulados, usando el halago o el chantaje, para conseguir que sufraguen por los candidatos favo-ritos de las administraciones. Hay casos extremos en los cuales se va más allá: se promueven organi-zaciones gremiales de bolsillo de las rectorías, para confrontar a los profesores de planta a quienes señalan como poseedores de “privilegios odiosos”.

Es urgente que emprendamos la recupe-ración de la dignidad del trabajo docente y defendamos la existencia de condiciones que hagan posible la conformación y consolida-ción de la comunidad académica, condición indispensable para construir universidades de excelencia, al servicio del desarrollo económi-co y social del país. Para ello debemos forta-lecer la unidad del cuerpo docente y construir un movimiento nacional reivindicativo, en el entendido que no es sólo la suerte de los do-centes la que está en juego, sino la existencia misma de un patrimonio cultural en riesgo de desaparecer bajo los criterios mercantilistas y economicistas y la indolencia de las políticas gubernamentales y sus agentes.

Se inicia el presente semestre académico, bajo la expectativa gene-rada por el gobierno de Juan Manuel Santos de presentar un pro-yecto de reforma integral de la Ley 30 de 1992, cuya entrega a la comunidad universitaria para su estudio, por parte de la Ministra

de Educación María Fernanda Campo ha sido postergada en dos ocasiones. De acuerdo con lo informado por el representante profesoral en el CESU, Prof. Juan Carlos Yepes, “la Señora Ministra María Fernanda Cam-po ha manifestado la necesidad de apoyar una reforma integral a la Ley. El proyecto inicial sigue en curso, pero se dará más tiempo (hasta julio) para que el sector haga discusión sobre la propuesta.”

De acuerdo con lo adelantado por el viceministro Bote-ro en el CESU, los ejes alrededor de los cuales se adelantará la reforma son los siguientes: 1) Mejor y mayor oferta en Educación Superior. 2) Más graduados de Educación Su-perior. 3) Armonizar el Sistema de Educación Superior con tendencias regionales e internacionales. 4) Fortalecer la transparencia, eficiencia y buen gobierno del sector.

En concordancia con lo planteado en el las bases para el Plan de Desarrollo 2010-2014, “prosperidad para Todos”, en el articulado del Proyecto de Ley del Plan, y en múltiples intervenciones de la Ministra de Educación, la política en materia de educación superior no presentará modificaciones sustanciales. Se profundizara en entregarle al sector financiero la financiación de las matrículas mediante el crédito educativo, que se cen-tralizará en el ICETX, el cual será fortalecido (Art.22 del proyecto de Ley del Plan de Desarrollo), a la vez que se abren las compuertas para el endeuda-miento directo de las universidades como ocurre hoy con el empréstito que avanza para la Universidad Nacional. También se insistirá en “promover desarrollos normativos que permitan la asignación de recursos de acuer-do con indicadores de gestión conforme a las directrices del ministerio de

Educación Superior y el apoyo del Sistema de universidades Estatales” (Art. 81 del proyecto de Ley del Plan de Desarrollo).

No obstante la Ministra de Educación insiste en señalar que el énfasis de la polí-tica estará en el mejoramiento de la calidad, las metas están planteadas en relación con el incremento de la cobertura, como reza en el proyecto de reforma de la Ley 30, presentado por la Ministra anterior al Congreso, y con el énfasis en los niveles técnico y

tecnológico, así como en la modalidad virtual.En el entretanto, la situación de crisis financiera del sec-

tor se profundiza y la ofensiva de las direcciones universitaria contra las condiciones de contratación y remuneración así como en la asignación de actividades académicas a los do-centes se hace más recia. Cómo decía el representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad de Lla-nos, en el pasado Encuentro, “las administraciones universi-tarias han optado por sacrificar la calidad para garantizar la sostenibilidad” y agregaríamos nosotros, que también se ha sacrificado el trabajo digno para los docentes y perseguido el cumplimiento de las metas de ampliación de cobertura impuestas desde el ministerio.

En consecuencia con lo anterior es necesario que el pro-fesorado universitario cierre filas en torno a sus organizacio-nes gremiales, profundice en el estudio y análisis crítico de las reformas propuestas, levante las banderas contra la priva-tización de la educación superior y su degradación académica y por la defensa de la carrera docente y condiciones dignas de

trabajo, confrontando, en cada caso, las medidas que les sean lesivas.El Simposio Nacional Universitario, “Universidad, estado y sociedad

en la actualidad colombiana”, que realizaremos durante los días 24, 25 y 26 de los corrientes, en Bogotá, con la participación de una nómina de especialistas de las mayores calificaciones, será un escenario excepcional para avanzar en este propósito. Esperamos una nutrida concurrencia de la comunidad universitaria.

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ta ha hecho de las suyas en las universidades y ni siquiera se mantienen las formas para garantizar la continuidad de rectores, vicerrectores, decanos y todo tipo de directivos afectos a las políticas del régimen. En la universidad Tecnológica de Pereira, por ejemplo, el rector fue reelegido por el Consejo Superior, tres meses antes de terminar su período y sin que mediara proceso alguno para el estudio de otras alternativas y propuestas de otros aspi-rantes. Sencillamente uno de sus áulicos pidió que en el orden del día de una reunión ordinaria del Consejo Superior se tratara el tema y sin que me-diara “cambio de articulito” alguno, el rector salió ungido de dicha reunión para su cuarto período.

Además de las evasivas respuestas y de los sofismas con que el gobierno nacional preten-de escamotear su obligación de incrementar los recursos para las universidades en concordancia con las necesidades reales de éstas, por orden de la Presidencia de la República y, en ocasiones en contra del parecer de las autoridades universita-rias, se ha procedido a la ocupación militar de los claustros con el propósito de ahogar la protesta estudiantil. Un caso a reseñar es el de la Univer-sidad Tecnológica de Pereira, el día miércoles 14 de octubre, cuando el campus universitario fue invadido por efectivos policiales y del ESMAD, con el pretexto de controlar un reducido grupo de encapuchados que lanzaban bombas explosivas, usando estos mismos artefactos y gases lacrimó-genos, así como agrediendo a los estudiantes que pacíficamente deliberaban en Asamblea General

sobre la crisis universitaria, hasta disolverla, y luego proseguir en “una operación rastrillo” hasta obligar a la evacuación total de estudiantes, pro-fesores y empleados administrativos, de las insta-laciones de la universidad.

Similar despliegue militar precedió la visita del presidente Uribe a la Universidad Nacional el viernes 16, para desde expresarle al país que el plantón que hicieron alrededor del vehículo del rector Wasser-man, varios centenares de estudiantes, profesores y trabajadores, como medio de presión para que asis-tiera a un foro que se adelantaba en el auditorio León de Greiff a presentar un informe sobre la situación fi-nanciera de la universidad, se trató de un “secuestro” y que los responsables serían juzgados por tal delito y por “intento de homicidio”, porque según su versión, desde la multitud de manifestantes se escucharon frases amenazantes contra el rector.

El martes 20, como estaba previsto, se aprobó en el Congreso de la República la Ley del Presu-puesto General de la Nación. Más de 12.000 estu-diantes, profesores y trabajadores, que incluyeron delegaciones que se desplazaron desde distintas regiones del país, marcharon hacia la plaza de Bo-lívar para respaldar con sus consignas las peticio-nes expresadas en las comunicaciones del Consejo Nacional de Rectores del SUE, para “compensar” los efectos que sobre el presupuesto de las uni-versidades habían tenido decisiones legales sin que se apropiaran las partidas para cubrirlos, así

Comité EjECutivo dE la FEdEraCión naCional dE ProFEsorEs univErsitarios

Gonzalo Arango JiménezPresidente

Luís Aurelio Ordoñez Burbanovicepresidente

Oscar Zapata Ocamposecretario

Rubén Darío Arroyo Osoriotesorero

Rodrigo Buelvas Acostasubsecretario

Diego Fernando BolañosComisión de Política universitaria

Jesus Emel Amaranto CantilloComisión Capacitación

Gloria Cecilia Arboleda FernándezComisión de asuntos laborales

Isnardo Grandas RincónComisión académica Ciencia tecnología y Cultura

Jorge Aristizábal OssaComisión de Comunicación y divulgación

Carlos Antonio Julio ArrietaFiscal

Comité EditorialGonzalo Arango J.

director

Rubén Darío arroyo Jorge Aristizábal

A. Milena Murillo Fdez.Asesora en Comunicaciones de FENALPROU

como los efectos que sobre el presupuesto tiene el costo de lo que podríamos llamar “la canasta universitaria”, cuyo valor crece por encima del IPC. No obstante los estudios demostraron que dicho valor equivalía al 9% del presupuesto, la petición rectoral fue del 5%, con la demanda expresa de que la asignación adicional fuera al presupuesto de las universidades, convirtiéndose así en base presupuestal y garantizar su permanencia.

Contrario a lo esperado, la presidencia de la Cámara de Representantes sometió a votación en primer término la propuesta del gobierno, la cual fue aprobada por la aplanadora uribista, no obstante la propuesta de las universidades había logrado conseguir una mayoría considerable de firmas de respaldo de Representantes y Senado-res. En la cuenta que presentan ante los medios de comunicación como la atención a las justas aspiraciones de la comunidad universitaria se tie-nen las siguientes partidas: 70 mil millones que se entregarán al ICETEX, para ser distribuidos entre las universidades de acuerdo con indicadores de cobertura; 30 mil millones que van a Colciencias para la financiación de proyectos de investigación universitarios mediante concurso, para los cuales las universidades deberán aportar recursos de contrapartida; 19 mil millones que corresponden a la deuda que tiene el Gobierno con las univer-sidades por el descuento del 10% en el valor la matrícula para quienes votaron (sólo cubre lo

Estalla la crisis universitaria/ Viene página 1 / causado desde 2.008 y no desde 1.998 que entró en vigencia la norma); y 44 mil millones que son los recursos que se le quitaban al presupuesto de las universidades (2%) para financiar el ICFES, que debe retornar a las universidades en tanto que la reforma del dicha institución lo convirtió en un ente especializado en evaluaciones, dejando de lado las funciones de inspección y fomento de la educación superior que antes tenía a su cargo.

Así las cosas, se incremento el presupuesto para la educación superior pero no el de las univer-sidades. Es por ello que tanto los rectores cómo el movimiento universitario no vacilamos en señalar que no fueron atendidas nuestras peticiones y que, no obstante, llegarán algunos recursos nuevos a las universidades, ellos no podrán aplicarse a la resolver los acuciantes desequilibrios en el funcionamiento de las instituciones. Es evidente que los “aportes” anunciados no pasan de ser un ligero paliativo y en nada resuelven la crisis financiera de las universida-des. Esta nueva astucia gubernamental demuestra su falta de interés en atender las necesidades de la educación superior pública y merece todo el recha-zo de la comunidad universitaria.

Con base en lo anterior podemos decir que la crisis que estalla en la universidad no es sólo financiera. Es una crisis en todos los órdenes, en el académico, en el democrático, en el ejercicio de la autonomía, en el humanitario, la que se pone al descubierto. Al profesorado universitario le co-rresponde profundizar en el análisis de sus cusas y participara activa y organizadamente en la bús-queda de soluciones.

Luego de múltiples valoraciones sobre la aguda crisis de la universidad pública colombiana, los universitarios, asumimos con coherencia y dig-nidad, la preparación de un escenario de levantamiento que se configu-ró en cuatro días de movilizaciones en 18 universidades públicas y en

más de 8 universidades privadas del país. Del 13 al 16 de Octubre, desde la Costa Norte Colombia hasta el sur del país, las asambleas, marchas, pupitrazos, cadenas humanas, carnavales por la vida y diversas formas de resistencia, agitaron las ban-deras del movimiento estudiantil y universitario.

Sin vacilación alguna, las calles y los claustros ventilaron lo justo de la movi-lización de miles de jóvenes, que no pretende limitar la defensa de la educación superior pública a quienes hoy se encuentran en las universidades, sino que, es-pera sumar a otros sectores sociales y populares.

El martes 20, en Bogotá se realizó la formidable, multitudinaria y exitosa Marcha, con la participación unitaria y combativa de universitarios de diversas instituciones de educación superior de Bogotá y otras regiones del país, en me-dio de la lluvia inclemente, hasta llegar a la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional en el momento en que la Cámara de Representantes daba el aval para la aprobación del Presupuesto nacional del año 2010.

Una movilización que llena de aliento y perspectiva la continuidad de la lucha de los universitarios colombianos por la defensa de la educación superior pública de excelencia académica, autónoma, democrática y pluralista.

La partida para las universidades estatales, como se ha informado exhaustiva-mente, es un una cifra muy distante de las necesidades reales de la educación superior pública, estimadas en cerca de $ 600.000.000 .000, incluso del 12.8% solicitado por los rectores del SUE, partidas que deben ser adicionadas al presupuesto global de las universidades públicas, de alrededor de 1.8 billones de pesos, del año 2009. El monto total para el año 2010, cercano a los 2 billones de pesos, para la educación superior pública representa una suma exigua en el presupuesto total de la Nación ($148.293 billones para el año 2010), más aún si se compara con el presupuesto de seguridad y defensa ($20.9 billones de pesos) o con lo que invierten en educación superior pública otros países de América Latina de igual o menor desarrollo relativo.

De todas maneras, lo más negativo, es observar nuevamente la desaforada

obstinación de la Ministra de Educación, contra la universidad estatal. Su conoci-do estilo “gerencial”, que aplica verticalmente a los colegios, pretende ejercerlo contra las universidades haciendo caso omiso de su calidad y su importancia es-tratégica para el futuro del país, como lo hizo notar en las reunión internacional del CRES, en Cartagena/2008, en contravía de las tendencias mayoritarias de América Latina y el Caribe, que se manifestaron en defensa de le educación supe-rior como un derecho inalienable.

Sin ningún pudor, la Ministra pretende desviar el presupuesto de las universidades públicas, para subsidiar la educación privada, buscando canalizar los recursos públicos hacia los sectores privados a través del ICETEX (Subsidio a la Demanda), olvidando, de paso, que los aportes por la vía de Colciencias requieren contrapartidas que vulneran el presupuesto de las universidades publicas.

Con la desfachatez de siempre y su visión minimalista de la dimensión cul-tural de la educación superior, reitera su afán perverso de enfrentar a las uni-versidades “grandes” con las “pequeñas “ manipulando indicadores como instru-mentos de premio y castigo para someter a las universidades a sus delirios de marchitamiento académico y asfixia presupuestal, como lo venimos denuncian-do de tiempo atrás, en particular desde el tristemente célebre Decreto 3545 de 2003, contra el cual nos movilizamos en todo el país, Decreto que finalmente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

En consecuencia, lo que sigue, de inmediato es exigir un incremento real que se incorpore a la base presupuestal de las universidades, para aplicación del Artículo 86 de la ley 30, y se respete la Autonomía Universitaria para orientar los recursos que por ley le transfiere la nación, en beneficio de la excelencia académica de las universidades estatales. Una autonomía de carácter democrático que reside en la comunidad univer-sitaria y en sus cuerpos colegiados internos.

Para desarrollar este objetivo es necesario exigir en todas las universidades pro-nunciamientos nacionales e internacionales en contra de la política de asfixia presu-puestal a las universidades públicas, el rechazo contundente al alza de matrículas, al aumento de cobertura sin adición presupuestal y a los convenios de Concurrencia.

COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONALBogotá, octubre de 2009.

E d i t o r i a lEDITORIAL

Recuperar la dignidad del docente.../ Viene página 1 /

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Es necesario que el profeso-rado universitario cierre filas en torno a sus organizacio-nes gremiales, profundice en el estudio y análisis crítico de las reformas propues-tas, levante las banderas contra la privatización de la educación superior y su degradación académica y por la defensa de la carrera docente y condiciones dignas de trabajo, confrontando, en cada caso, las medidas que les sean lesivas.

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Fuentes modificadas para el logotipo: Futura Book y Helvetica.Fuente usada en el slogan: Gill SansFuente usada para la URL: Futura BookFuente corporativa para textos: Helvetica, Arial, Swis721

Versión sólo identidad en negativo1 tinta

Versión sólo identidad en positivo2 tintas

ColorRojo

PantoneRed 032 C Solid Coated

CMYK0,91,87,0

RGB236,46,56

Hexadecimal#FF0000

Versión principal. Es la que debe usarse en las piezas promocionales de eventos. Nunca se debe omitir el rectángulo rojo, ya sea sobre fondos blancos, de color o sobre fotografías. Sólo se puede omitir si el fondo o soporte es rojo.

Puede ser una alternativa en fondos o sustratos blancos de difícil manejo. Si el fondo es de color, debe usarse la versión principal con letras blancas.

JUEVES 24 DE FEBRERO9:00 a 12:00 Inscripción y registro de participantes.12:00 a 14:00 Almuerzo (LIBRE)14:00 a 15:00 Instalación del SIMPOSIO. ING. GONZALO ARANGO J.

DEMOCRACIA, AUTONOMÍA Y GOBIERNO UNIVERSITARIO.15:00 a 16:00 DR. LEOPOLDO MUNERA16:00 a 17:00 DRA. LUZ TERESA GÓMEZ17:00 a 17:15 REFRIGERIO.17:15 a 18:30 Conformación de las SALAS TEMÁTICAS e inicio de su trabajo

VIERNES 25 DE FEBREROCONTEXTO ECONÓMICO COLOMBIANO.8:00 a 9:00 ING. AURELIO SUAREZ MONTOYA

BIENESTAR UNIVERSITARIO.9:00 a 10:00 DR. CARLOS ALBERTO REVERÓN 10:00 a 10:15 REFRIGERIO10:15 a 12:00 Trabajo en las SALAS TEMÁTICAS12:00 a 14:00 Almuerzo (LIBRE)

CALIDAD ACADÉMICA Y PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.14:00 a 15:00 DR. GUILLERMO HOYOS15:00 a 16:00 DR. JORGE E. ROBLEDO16:00 a 16:15 REFRIGERIO

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA.16:15 a 18.30 DR. RODRIGO UPRIMNY DR. GUILLERMO PÁRAMO DR. ANDRE-NOEL ROTH DR. GABRIEL MISAS

SABADO 26 DE FEBRERO8:00 a 10:30 Trabajo en las SALAS TEMÁTICAS10:30 a 11:00 REFRIGERIO11:00 a 12:00 Clausura.

REGISTRO DE PONENCIASLas ponencias se podrán registrar hasta el día 21 de febrero del presente año, enviando al correo simposio2011@fenalprou.org.co, un escrito referente al contenido de la misma no mayor a 10 cuartillas, en fuente Arial 12, con interlineado 1.5. Cada ponente dispondrá de 20 minutos para presentarla, en la sala de trabajo del área temática correspondiente. Los textos recibidos serán publicados en las memorias del Simposio y en nuestra Página Web.

VALOR DE INSCRIPCIÓN PARTICPANTES Profesores: $80.000Trabajadores: $60.000Madres y Padres: $40.000Estudiantes: $20.000

CONSIGNACIÓNA nombre de la Federación Nacional de Profesores Universitarios - Cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá - Número: 051116382.En la consignación se deberá especificar los nombres y apellidos del participante con su número de indentificación.Enviar copia de la consignación al fax (571) 2436911 O escaneada al email: simposio2011@fenalprou.org.co

INFORMACIÓNwww.fenalprou.org.co

simposio2011@fenalprou.org.coTels: (57-1) 2437911 - 2437913

HOTELES Y DESCUENTOS DE AEROLINEAconsultar: www.fenalprou.org.co

PROGRAMACIÓN

Organiza:

Apoyan:

(571) 2437911 y 2437913