05marzo/abril2009

www.casaarabe-ieam.es

AnálisisLa nueva administración estadounidense y el mundo árabe e islámico

ISSN

198

9-04

00

En su primer mes de mandato, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ha tardado en dar inicio al cambio de ruta prometido durante la campaña electoral y romper con las herencias de la administración Bush. Los últimos ocho años de gobierno republicano han dejado muchos asuntos internacionales pendientes que la nueva administración deberá intentar resolver para rescatar la imagen de Estados Unidos. Dentro de este marco, Oriente Medio representa uno de los desafíos más complejos a los que la administración demócrata tendrá que enfrentarse y Obama ha demostrado, desde su primer día como presidente, que las relaciones con el mundo árabe e islámico serán uno de los ejes principales de su política exterior. En su campaña hacia la presidencia habló de la necesidad de un enfoque diplomático firme y multilateral y ahora se trata de ponerlo en marcha.

Atalayasociopolítica de Casa Árabe

SumarioAnálisis

1. La nueva administración estadounidense y el mundo árabe e islámico. 2. Piratería, islamismo y elecciones en Somalia. 3. Una nueva hoja de ruta para Mauritania.

Perfiles

1. El sheyj Sherif Sheyj Ahmad: de líder de los Tribunales Islámicos a nuevo presidente de Somalia. 2. Muhammad Uld Abdelaziz: de jefe de la Guardia Presidencial a presidente de la República.

Opinión pública

1. Popularidad del primer ministro turco tras el Foro de Davos. 2. La guerra contra Gaza según libaneses y palestinos. 3. La imagen de Estados Unidos en Oriente Medio y el Norte de África. 4. Estados Unidos en Afganistán. 5. El presidente civil de Pakistán. 6. Terrorismo, al-Qaida y política estadounidense. 7. El proceso de democratización en Jordania

Documenta 1. Acuerdo de Buenas Intenciones entre el gobierno sudanés y el Movimiento de Justicia y Equidad. 2. Cumbre Económica, Social y de Desarrollo de Kuwait. 3. Llamamiento a la unidad palestina. 4. Conferencia euroárabe Europa y el Mundo Árabe: conectando socios en diálogo. 5. Primera Conferencia Árabe de Derechos Humanos. 6. Conferencia del Diálogo Palestino de El Cairo. 7. Conferencia Internacional de Apoyo a la Economía Palestina para la Reconstrucción de Gaza.

Escaparate de libros y revistas

Publicación del IEAM de Casa Árabe

Dirección: Gema Martín Muñoz

Director adjunto: Rafael Ortega Rodrigo

Investigadores: Rocío Vázquez Martí y Amira Kedier

Como cualquier otro candidato, y aún más como presidente, Obama cuenta con un largo listado de asesores, especializados en asuntos exteriores, muchos de ellos colaboradores o miembros de los think tanks americanos más reconocidos. Estos centros constituyen en todo el mundo una herramienta para acercar el conocimiento al poder, son puentes entre la comunidad académica y la política que ofrecen informaciones, investigaciones y análisis útiles para orientar la agenda del gobierno. En Estados Unidos existen más de 1700 instituciones de este tipo y sólo en la capital, Washington, se cuentan 377. En la clasificación mundial de los think tanks realizada por el profesor James McGann de la Universidad de Pensilvania, dentro de los diez mejores centros que se ocupan de asuntos exteriores y temas de seguridad, cinco son estadounidenses y cuatro de ellos son los que posiblemente influyan más en el discurso político actual de la Casa Blanca sobre Oriente Medio. Se trata de la Brookings Institution de donde procede Susan Rice, actual consejera de Asuntos Exteriores del presidente y embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, el Carnegie Endowment for International Peace, el Council on Foreign Relation y la Rand Corporation. En los

últimos meses publicaron numerosos informes y boletines para aconsejar al nuevo presidente y han demostrado estar en consonancia con las propuestas de la nueva administración. Aunque no aparezca en este listado, mención aparte merece el Center for American Progress, think tank políticamente orientado hacia la izquierda y cuyo presidente, John Podesta, fue encargado de liderar el equipo de transición de la nueva administración.

Todos los análisis de estos think tanks invitan al nuevo presidente a alcanzar un equilibro sostenible entre los intereses y los valores estadounidenses, especialmente en política exterior, casi totalmente centrados en Oriente Medio. El fin de la guerra en Iraq, la victoria sobre los grupos calificados como terroristas en Afganistán y Pakistán, el control de la proliferación nuclear, pero sobre todo la renovación de las relaciones diplomáticas para reforzar las alianzas y buscar una paz duradera en el conflicto entre Israel y Palestina, son los temas más analizados y los que más coinciden con las declaraciones de la Casa Blanca. Por otro lado, aunque relacionado con el área, la nueva administración prometió, desde la campaña electoral, el cierre de

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica02

la prisión de Guantánamo y el logro de la independencia energética del país. Es interesante ver cómo los discursos del presidente Obama, del vicepresidente Joe Biden y de la secretaria de Estado Hillary Clinton coinciden en muchos aspectos con las sugerencias aportadas por los analistas y como éstas han podido influir en el trazado de las nuevas políticas estadounidenses hacia Oriente Medio.

El pasado 7 de febrero, en la Conferencia sobre Seguridad de Munich (45th Munich Security Conference), el vicepresidente Biden reiteró en su discurso la voluntad de dar un nuevo rumbo a la política de seguridad estadounidense, que incluye los asuntos de carácter exterior, y resumió las tres herramientas clave con las cuales el gobierno quiere promover un nuevo enfoque diplomático a los desafíos a los que tiene que enfrentarse en Oriente Medio:

Colaboración: como ha señalado Marina Ottaway, directora del programa de Oriente Medio del Carnegie Endowment for International Peace, la nueva

administración puede esperar alcanzar algún resultado en la zona sólo si abandona la visión unilateral de la administración Bush e intenta compartir la carga con otros países, en particular, con los actores regionales.

“Poder inteligente” (Smart power): En su discurso del 13 de enero ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, la actual secretaria de Estado Clinton declaró que el esfuerzo hacia la región será global y que contará con una gama completa de herramientas –diplomáticas, económicas,

militares, políticas, legales y culturales– , seleccionando en cada situación la combinación más adecuada.

Acercamiento: No fue una casualidad que el presidente Obama eligiera un canal árabe, al-Arabiya, para conceder su primera entrevista desde la toma de posesión del cargo. En esta ocasión, como en el discurso inaugural de su presidencia, hablando del mundo árabe-musulmán repitió a menudo la palabra “respeto” y la disponibilidad de “tender la mano a los países que aflojen sus puños”, como él mismo dijo en la entrevista.

Las señales de esta nueva estrategia aparecieron a los dos días de la toma de posesión de los cargos de la nueva administración, cuando el 22 de enero la secretaria de Estado y el vicepresidente nombraron como enviado especial para la paz en Oriente Medio a George Mitchell, y como representante especial para Afganistán y Pakistán a Richard Holbrooke. Se definió así la línea de actuación, es decir, recurrir más al camino diplomático, aunque sin restar importancia a la intervención militar, y a las estrategias integradas prioritarias en la región: por un lado, defender la seguridad de Israel, resolviendo el conflicto palestino-israelí con el objetivo de la creación de dos estados y retomando el proceso de paz entre Israel y sus vecinos árabes; por el otro, llevar a cabo los objetivos de la guerra contra el terrorismo en Afganistán y Pakistán (Af-Pak), considerados como un único campo por sus proximidad geográfica y similitudes étnicas.

En el capítulo dedicado al conflicto árabe-israelí de la obra Restoring the balance: a Middle East strategy for the next President, publicada a finales de 2008 conjuntamente por el Council on Foreign Relations y el Saban Center at Brookings, se sugería al futuro presidente enfocar la cuestión desde múltiples puntos de vista dentro del marco de seguridad y paz en Oriente Medio. Obama, en la entrevista que concedió al canal al-Arabiya, afirmó que es imposible pensar en la paz en la región sólo en términos del conflicto entre palestinos e israelíes sin considerar lo que está pasando en Siria, Irán, Líbano, Afganistán o Pakistán. El nombramiento de un enviado especial con una larga experiencia como mediador en la resolución del conflicto irlandés y de origen libanés parece ser un buen inicio en este sentido y, de hecho, en su primer viaje a Oriente Medio, George Mitchell se entrevistó con los líderes de Israel, Palestina, Egipto, Jordania y Arabia Saudí para demostrar que se quiere contar con los actores regionales e involucrarles en la solución de la cuestión. Según los especialistas del Carnegie Endowment for International Peace, en este momento, los tres factores que podrían concretamente

beneficiar al proceso de paz son las negociaciones entre Siria e Israel, guiadas por Turquía, un dialogo reconciliador entre Hamás y Fatah, en el cual Egipto está jugando el papel principal, y la Iniciativa Árabe propuesta por Arabia Saudí en 2002 y apoyada por la Liga Árabe para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. La anterior administración no se mostró favorable a estas iniciativas, mientras que la nueva tendría, según ellos, que fomentarlas. Un acuerdo de paz entre Siria e Israel, impensable sin el apoyo estadounidense, sería beneficioso para los objetivos que la nueva administración se ha puesto en la región, contribuyendo a la estabilidad de Líbano y de Iraq, al progreso del proceso de paz árabe-israelí y a debilitar las influencias iraníes en la región. El camino hacia la paz entre Israel y Palestina es mucho más complejo y no se puede pensar en lograr algún avance con una posición extrema de exclusión de Hamás. El presidente y su equipo, mostrando la misma postura de la administración Bush, han expresado en varias ocasiones que el Movimiento de Resistencia Islámica entrará en las negociaciones sólo cuando renuncie al uso de la violencia, reconozca al Estado de Israel y cumpla con los acuerdos pactados entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel, es decir, que de momento no se propone la instauración de un diálogo directo con Hamás. En este sentido, los especialistas del Council on Foreign Relations y el Saban Center at Brookings creen que la manera para resolver la cuestión sería que EEUU deje la carga de las responsabilidades a Hamás, es decir, que el presidente apoye el dialogo, pero dejándolo en las manos de Palestina, Egipto e Israel, para que los progresos en el proceso de negociaciones creen sus propias dinámicas y que Hamás se vea presionado por los propios palestinos para no perder la posibilidad concreta de lograr la paz. De momento, el gobierno estadounidense se ha comprometido a escuchar a los actores regionales para aprender de ellos y, conjuntamente, encontrar el camino para resolver las cuestiones.

Más concretas han sido las acciones en el contexto “Af-Pak”, como ha sido denominado el segundo asunto regional

El vicepresidente Biden en la conferencia de Munich Foto: Sebastian Zwez

El presidente Obama durante la entrevista que concedió a la cadena árabe al-Arabiya.

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 03

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, con los ministros de Asuntos Exteriores de Afganistán, Rangin Dadfar Spanta, y de Pakistán, Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, el 25 de febrero.

central para la administración Obama en la lucha contra al terrorismo. La frontera montañosa que separa Afganistán de Pakistán se ha transformado en el “paraíso de los terroristas”, como dijo el vicepresidente Biden, y para poder acabar con la guerra en Afganistán es necesario replantear la estrategia hacia la región y contar con la colaboración de Pakistán. Los problemas de seguridad relacionados con el aumento de grupos radicales islamistas en los dos países no han sido resueltos por la intervención estadounidense. Los talibán, además de fortalecer su control en algunas áreas de Afganistán, han echado profundas raíces en Pakistán donde, junto con otros grupos islamistas radicales, desafían el poder y el control territorial del gobierno. Ejerciendo por primera vez su cargo de comandante en jefe, a mediados de febrero, el presidente Obama ordenó el envío de nuevas tropas a Afganistán para que antes de finales del verano se incremente en un 50% el despliegue militar. Además, declaró que se procederá a una revisión de las políticas hacia Afganistán, invitando a que colaboren en ella los países aliados de la OTAN y también los otros países no alineados. Este nuevo plan, que tardará aproximadamente dos meses en completarse, servirá para delinear “una estrategia global para perseguir objetivos claros y alcanzables” y posiblemente cuente con los recursos que se recuperen de la anunciada retirada de tropas de Iraq. Sobre estos temas, los analistas tienen diferentes posturas respecto al uso que se tiene que hacer de estas tropas y si, por un lado, todos evidencian como objetivos generales la victoria en el conflicto contra los grupos terroristas que actúan en la región y el establecimiento de un gobierno capaz de sobrevivir a la retirada de las fuerzas extranjeras, por otro, las estrategias que proponen para alcanzarlos son muy distintas. Los análisis más significativos sobre el asunto son los realizados por los especialistas de Rand Corporation y Carnegie Endowment for International Peace que plantean, y parece que han sido tomados en consideración, en primer lugar una reevaluación de los objetivos basada en los recursos

disponibles para luego trazar la estrategia más eficaz. Seth Jones y Christine Fair de Rand Corporation coinciden en que la solución de la cuestión reside en las áreas rurales y ahí es donde se ganará o perderá el conflicto. De hecho, proponen una estrategia ascendente (bottom-up) centrada en los actores locales para complementar los esfuerzos realizados desde arriba por parte del gobierno que, por su parte, tendría que apoyar la legitimación de las instituciones locales existentes conectándolas directamente con las instituciones centrales y ofreciendo servicios a la población. Para que esto sea posible, hay que potenciar a las fuerzas afganas para que puedan garantizar la seguridad en las aldeas. Se sugiere que EEUU aumente el despliegue de tropas sólo si el fin es el entrenamiento de las fuerzas locales, o que cuenten con el apoyo de los aliados europeos para que se encarguen de esta tarea, y pasen de dirigir las acciones a colaborar en ellas como apoyo al ejército nacional afgano. Según Gilles Dorronsoro, del Carnegie, al contrario, hay que redimensionar la importancia que se le otorga a los asuntos locales, porque eso debilita a las instituciones centrales y a los actores políticos nacionales que son los elementos clave. Además, para centrar la atención donde todavía se pueden cambiar las dinámicas, hay que reducir de forma progresiva y selectiva las tropas lanzando así una señal política clara que neutralice el llamamiento al yihad contra las fuerzas extranjeras invocado por los talibán. Para crear instituciones que sean duraderas hay que dejar de lado los objetivos que no son prioritarios, como por ejemplo la lucha contra la corrupción y el narcotráfico –que no son realizables con los recursos disponibles que, por otra parte, tampoco permiten el control total del territorio. Este analista define su estrategia como “Focus and Exit” (Enfocar y salir) y propone la reducción de los enfrentamientos militares y la definición de tres zonas de acción, cada una con sus propias políticas de actuación: unas áreas estratégicas controladas por los aliados que incluyan los centros urbanos, las carreteras principales y las regiones

donde los talibán tienen poca influencia, esencialmente el centro y la parte del noroeste del país, donde se puedan reforzar las instituciones nacionales; unas áreas tapón para proteger las primeras de las infiltraciones de los talibán y donde se propone el uso de milicias, aunque estrictamente controladas y sin afiliaciones tribales; y las zonas restantes son las que quedarían bajo el control de la oposición, principalmente la parte meridional y oriental del país, donde las intervenciones militares tendrían como objetivo limitar y prevenir las reagrupaciones de los talibán solamente con una estrategia defensiva. Los esfuerzos, entonces, se focalizarían en las zonas estratégicas para desarrollar el núcleo de la estructura institucional del país. La cuestión del uso de milicias es muy delicada, de hecho fuertemente desaconsejada por otro colaborador del Carnegie, el profesor William Maley, quien propone a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN que cuenten con el apoyo militar de países islámicos para desacreditar la propaganda talibán y subraya la necesidad de unas reformas del sistema implantado por la Constitución de 2004, sobre todo respecto al sistema presidencial y al tipo de sistema electoral para la elección de los representantes de la cámara baja del Parlamento que con el voto único no transferible desanima la creación de partidos con bases nacionales, favoreciendo las redes regionales o étnicas y la dispersión del voto. De la misma manera que el gobierno de Obama aborda esta cuestión, también los analistas consideran que la solución debe pasar por Pakistán, pero recuerdan al nuevo presidente que este país tiene sus propios problemas de inestabilidad interna y que no puede considerarse sólo como una herramienta más para acabar con la guerra en Afganistán, sino que hay que elaborar una estrategia propia para apoyar al gobierno civil de Islamabad pero reduciendo, al mismo tiempo, sus posibilidades de jugar un doble papel en las cuestiones regionales.

Sin embargo, aunque la administración Obama ha centrado, de momento, la atención en esos dos focos regionales, para muchos analistas uno de los puntos de partida para resolver los problemas en la región es la cuestión iraní. De hecho, en la introducción de la obra citada anteriormente, Restoring the balance: a Middle East strategy for the next President, se invita al presidente a volver la atención hacia Irán, a su programa nuclear y a su influencia en la región y le sugieren dos estrategias para establecer un dialogo con Teherán. La primera prevé el trato directo con el gobierno iraní para atraer a Irán al nuevo orden regional a través de la aceptación de algunas normas internacionales, entre ellas el cumplimento de los tratados internacionales y la no injerencia en los asuntos de otros países.

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica04

También los analistas de la Rand, que reúnen sus sugerencias en el artículo “A better deal. Twelve suggestions for the new U.S. President”, plantean este modelo comentando que el mejor medio para negociar con el gobierno iraní es la comunicación, fomentando los contactos y las relaciones entre estadounidenses e iraníes. La segunda estrategia propone un acercamiento indirecto, lanzando la iniciativa arabe-israelí y tendiendo la mano a Irán al mismo tiempo para normalizar las relaciones entre el país y la comunidad internacional, por ejemplo abandonando la política de sanciones económicas. En cualquier caso, según estos analistas, antes de enfrentarse a la cuestión, el gobierno estadounidense tiene que contar con el apoyo de turcos, israelíes y árabes, en particular de Egipto, Jordania y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, y tratarles como miembros integrantes de la iniciativa. Ninguno de estos países está interesado en enfrentarse directamente con Irán, por eso su inclusión en un proyecto regional alteraría posiblemente su papel en la región y podría prevenir el desarrollo de armas nucleares. En la publicación conjunta del Saban Center y Council on Foreign Relations se aconsejaba el nombramiento de un enviado especial responsable de las iniciativas hacia este país y efectivamente, el 23 de febrero el Departamento de Estado nombró a Dennis Ross consejero especial para el Golfo Pérsico y el suroeste asiático. El que fuera director de Planificación del Departamento de Estado con el ex-presidente Bush, en septiembre de 2008 publicó, en el Center for a New American Security, un artículo sobre las posibles estrategias para tratar con Irán. En primer lugar, fijó los objetivos que la administración de entonces tenía que perseguir: primero, controlar la proliferación nuclear del país, para que no aumente sus capacidades coercitivas en la región y no empuje a otras potencias, como por ejemplo Egipto o Arabia Saudí, a desarrollar sus propias armas disuasorias; segundo, alterar las políticas desestabilizadoras iraníes en Oriente Medio. Considerando que la situación regional heredada por la nueva administración no ha cambiado respecto a entonces, es posible que el consejero especial proponga, de nuevo, las mismas opciones para cambiar la conducta iraní y todas juegan con la fuerte vulnerabilidad económica que sufre Irán en los últimos años. La producción de petróleo está disminuyendo y el consumo interno ha aumentado rápidamente; si el 85% de los ingresos del país provienen de la exportación de crudo y constituyen la mitad de las rentas del gobierno, es evidente que las relaciones con el extranjero tienen una importancia vital para el sistema, ya fuertemente afectado por las sanciones unilaterales impuestas por EEUU. Así, Ross propuso tres posibles opciones

diplomáticas. La primera invita a “apretar el lazo” aún más, incluyendo, por ejemplo, a los aliados europeos en el sistema de presión y sanciones económicas. Pero esta estrategia, adoptada por el gobierno Bush, no ha llevado a grandes resultados. No funcionaría a corto plazo, así que no afectaría a la proliferación nuclear, y se corre el riesgo de que el liderazgo iraní, viéndose humillado y acosado, opte por seguir con las confrontaciones convencido que no tiene nada que perder. La opción opuesta es la de “dialogar sin condiciones”, y sus resultados serían que a cambio del reconocimiento, por parte de EEUU, de la legitimidad del gobierno iraní y de la reanudación de los lazos económicos entre los dos países, Irán aceptaría interrumpir el abastecimiento militar a Hamás y Hizbullah y se comprometería públicamente a alcanzar una solución de dos estados para Israel y Palestina y colaborar con sus vecinos para crear un sistema de seguridad regional. EEUU, además, apoyaría el programa nuclear civil de Irán que tendría entonces que aceptar el régimen de inspecciones. Dada la situación actual, es bastante improbable que ésta pueda ser la solución; el presidente Obama ha declarado en varias ocasiones que su gobierno está dispuesto al diálogo pero que las condiciones son muy claras, y este planteamiento se acerca mucho a la tercera opción, “híbrida”, propuesta por Ross. En su campaña electoral, durante el foro político del lobby pro-israelí American Israel Public Affaire Comité (AIPAC), Obama declaró que su planteamiento hacia Irán sería la búsqueda de un diálogo, pero dejando muy claros los principios y los intereses estadounidenses en la región, en primer lugar la seguridad de Israel. En la práctica, establecer unas relaciones sin condiciones pero con presiones, apretando al gobierno iraní con sanciones más duras, para evitar que se interprete la falta de condiciones al diálogo como debilidad, pero ofreciéndole una posibilidad concreta de evaluar costes y beneficios de su programa de enriquecimiento nuclear. Para que esto fuera posible, Obama propondría incluir a la Unión Europea en el juego de sanciones económico-financieras, posiblemente contando con el apoyo de Israel para convencer a los países miembros, y a los países del Golfo que proporcionan a Irán recursos energéticos. Para Obama, es evidente que EEUU puede mucho más si cuenta con los apoyos de otros países, y mejor si esos países son de la región, porque sólo en este caso las sanciones contra Irán serían efectivas. La estrategia sugerida por Ross era establecer tratos directos, pero primero a través de un canal extraoficial secreto para explorar las posibilidades de construir una agenda común entre los dos países y evaluar si existen posibilidades concretas para un acercamiento. De

momento, el presidente Obama declaró, en una rueda de prensa el 9 de febrero, que su equipo de seguridad nacional estaba examinando las políticas actuales hacia Irán, buscando áreas donde se pueda establecer un diálogo constructivo, donde se pueda tratar directamente con el gobierno de Teherán en un contexto de apertura diplomática. Evidentemente, es un proceso que llevará tiempo, pero el objetivo es dar a las políticas hacia Irán una nueva dirección a cambio de que Teherán entienda que para Washington es inaceptable que siga financiando “movimientos terroristas” y que tiene que permitir un control internacional, previsto por los tratados, sobre su programa nuclear. En dicha rueda de prensa, Obama afirmó lo siguiente: “Ahora es el momento para Irán de enviar una señal de que quiere actuar de otra forma, y reconocer que aunque tenga derechos como miembro de la comunidad internacional, estos conllevan también responsabilidades”.

Evidentemente el enfoque propuesto por Obama está relacionado con el objetivo, a largo plazo, para EEUU de disminuir y diversificar la dependencia del petróleo que, según las palabras del presidente, “financia dictadores, paga la proliferación nuclear y sufraga ambos frentes de nuestra lucha contra el terrorismo”.

Si en estas cuestiones no se ha definido todavía cuál será la estrategia de EEUU, el planteamiento hacia Iraq de Barack Obama es claro desde antes de su campaña electoral. Como senador se opuso desde el principio a la intervención militar estadounidense y en su carrera hacia la Casa Blanca prometió al electorado la retirada de las tropas y es lo que ha reiterado como presidente. Cree firmemente que la guerra en Iraq no tiene una solución militar y que una reorganización de las tropas será la mejor manera de presionar al gobierno iraquí para que alcance un acuerdo político entre las partes en conflicto que reduzca los enfrentamientos y promueva la estabilidad. Como argumentan los analistas del Saban Center y del Council on Foreign Relations en su obra conjunta, aunque ahora haya disminuido mucho la atención hacia Iraq, la situación sigue siendo frágil y requiere todavía la presencia de las tropas estadounidenses, por eso la retirada tiene que ser gradual a lo largo de, por lo menos, unos dos años para evitar la desestabilización del país y de la región del Golfo. La retirada tiene que ser equilibrada, para que las tropas de combate no se queden sin tropas de apoyo, y viceversa. El objetivo es, claramente, pasar la responsabilidad al gobierno iraquí, pero es importante que las tropas sigan desempeñando tareas de segundo nivel, como vigilar el cumplimiento de las treguas o mantener el orden en los procesos electorales,

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 05

asegurar el reparto de los beneficios derivados del petróleo, facilitar el regreso de los millones de refugiados y la entrada de las milicias sunníes, que se constituyeron para frenar los ataques organizados por grupos terroristas no iraquíes, en el ejército nacional. De hecho, Obama prevé autorizar la permanencia en el país de un limitado número de tropas tras la retirada masiva.

La cuestión del cierre de la prisión de Guantánamo había sido tratada durante la campaña electoral y, dos días después de la toma de posesión, el presidente Obama firmó su primera orden ejecutiva para el cierre de la prisión en el plazo de un año, lo que suscita, a su vez, muchas otras cuestiones. Dentro del marco de la lucha contra el terrorismo, el cierre de la prisión, la liberación de los presos arrestados por error y el desarrollo de un proceso justo para los demás detenidos representan, según el presidente, una estrategia coherente con los valores de EEUU. Pero la orden firmada no responde directamente a la cuestión, sino que ofrece unas pautas a seguir en el proceso de toma de decisiones posteriores. Para los analistas del Center for American Progress, el plazo necesario para cerrar la cárcel es de 18 meses, mientras tanto debe desarrollarse un proceso, lo más transparente posible, que lleve a parte de los prisioneros, aquellos que estén acusados de cometer un crimen concreto que se pueda demostrar con pruebas admisibles, a juicio ante una comisión,

tribunal militar o una corte federal civil en EEUU. Los prisioneros que todavía podrían representar una amenaza para la administración estadounidense, como por ejemplo los que han sido arrestados en Afganistán y que constituyen la mayoría de los 250 presos que siguen en Guantánamo, podrían ser repatriados o trasferidos a terceros países y continuar allí su detención siempre y cuando, respetando la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, EEUU se asegure de que en dichos países los presos no “estén en peligro de ser sometidos a torturas”. En caso contrario, otra opción podría ser enviarles a cárceles en Afganistán controladas por la OTAN, como se ha hecho hasta el momento en muchas ocasiones, aunque la mayoría de ellos no sea de nacionalidad afgana. Los analistas se interrogan sobre estas posibilidades y los destinos de los presos, sobre todo de los que no entran en los casos mencionados. Para ellos, las opciones que quedan son su puesta en libertad, y en ese caso se propone la creación de un programa de reinserción y rehabilitación en sus países de origen en colaboración con los países aliados y las organizaciones internacionales, o la reclusión preventiva en algún centro penitenciario estadounidense, donde no es seguro que las condiciones sean mejores que en Guantánamo. Según los comentarios de Benjamín Wittes, recogidos por Brooking Institution, ninguna de las soluciones propuestas

tendría que ser aceptada por el presidente. En su opinión, hay que aprobar una nueva ley de detención que permita una flexibilidad ejecutiva y garantice a los acusados unos derechos de procedimiento que les protejan de detenciones erróneas. De momento, la orden firmada por el presidente representa simplemente un marco normativo dentro del cual hay que definir todavía muchos detalles de actuación.

Otros asuntos relacionados con el mundo árabe e islámico, como por ejemplo la situación en la provincia occidental sudanesa de Darfur o en Mauritania, han pasado desapercibidos por parte de los analistas que todavía no han expresado en profundidad sus recomendaciones al nuevo presidente. Este planteamiento sigue las directrices de la nueva administración, que ha dado prioridad desde el principio a otros temas como los expuestos previamente, pero es bastante sorprendente si se considera que, como senador, Obama dedicó mucha atención a la crisis de Darfur. Constituyó un grupo de trabajo sobre el tema con otros senadores y declaró en varias ocasiones que la situación en Darfur tenía que considerarse como una de las prioridades para la administración y que sus políticas no eran suficientes para garantizar la seguridad de la población. Las mismas peticiones que hoy en día le plantean numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

FUENTES

ALTERMAN, Jon B.. “Obama en Oriente Próximo”, en Afkar/Ideas, nº 20 (invierno 2008/2009), pp. 34-35.BIRNBAUM, Norman. “¿Una nueva política exterior en Estados Unidos?”, en Política Exterior, nº 128 (marzo 2009), pp. 41-52. BRUNO, Greg. “Closing Guantanamo”. New York: Council on Foreign Relations, 2009 (www.cfr.org/publication/18525/closing_guantanamo.html)DORRONSORO, Gilles. Focus and Exit: an alternative strategy for the Afghan war. Policy Brief (enero 2009). Washington: Carnegie Endowment for International Peace. (www.carnegieendowment.org/files/afghan_war-strategy.pdf) EMILE IRANI, George. “Obama, Sarkozy, Líbano y Siria”, en Afkar/Ideas, nº 20 (invierno 2008/2009), pp. 36-38.FAIR, Christine C. y JONES, Seth G. “Securing Afghanistan: Getting on Track”. Beth Ellen Cole (Ed.). Washington: United States Institute of Peace (USIP), 2009. (http://library.usip.org/articles/1012068.1022/1.PDF)HAASS, Richard N. y INDYK, Martin. Restoring the balance: a Middle East strategy for the next President. Washington: Joint publication of the Saban Center at Brookings and the Council on Foreign Relations, 2008. HAMZAWY, Amr y OTTAWAY, Marina. President Obama and Middle East expectations. Policy Brief (enero 2009). Washington: Carnegie Endowment for International Peace. (www.carnegieendowment.org/files/obama_middle_east.pdf) KUTTAB, Daoud. “Una oportunidad para la diplomacia”, en Afkar/Ideas, nº 20 (invierno 2008/2009), pp. 32-33. MALEY, William. Stabilizing Afghanistan: threats and challenges. Policy Brief nº 68 (octubre 2008). Washington: Carnegie Endowment for International Peace. (www.carnegieendowment.org/files/stabilizing_afghanistan.pdf) OTTAWAY, Marina. Sharing the burden in the Middle East. Policy Brief nº 71 (diciembre, 2008). Washington: Carnegie Endowment for International Peace. (www.carnegieendowment.org/files/sharing_burden_middle_east.pdf )ROSS, Dennis. “Diplomatic strategies for dealing with Iran”, en Iran: Assessing U.S. strategic options. James N. Miller, Christine Parthemore y Kurt M. Campbell (Eds.). Washington: Center for a new American Security (CNAS), 2008. (www.cnas.org/files/documents/publications/MillerParthemoreCampbell_Iran%20Assessing%20US%20Strategy_Sept08.pdf )SALEM, Paul. Syrian-Israeli Peace: a possible key to regional change. Policy Brief nº 70 (diciembre 2008). Washington: Carnegie Endowment for International Peace. (www.carnegieendowment.org/files/syrian_israeli_peace.pdf) (en inglés) (www.carnegieendowment.org/files/PS_FPNP_Arabic.pdf) (en árabe) THOMSON, James A. “A better deal: twelve suggestions for the new U.S. President”, en Rand Review, vol.32, nº 3 (Fall 2008), pp. 14-23.www.aipac.org/Publications/SpeechesByPolicymakers/Barack_Obama_-_AIPAC_Policy_Forum_2007.pdf (Discurso del senador Obama en el AIPAC Policy Forum del 2 de marzo de 2007)www.whitehouse.gov/the_press_office/PressConferencebythePresident/ (Rueda de prensa del presidente Obama del 9 de febrero de 2009) www.whitehouse.gov/the_press_office/Declaraciones-del-Presidente-Barack-Obama-Discurso-ante-Sesion-Conjunta/ (Discurso del presidente Obama ante la sesión conjunta del Congreso del 24 de febrero de 2009)www.alarabiya.net/articles/2009/01/27/65096.html (Trascripción de le entrevista del presidente Obama al canal televisivo árabe al-Arabiya del 27 de enero de 2009)www.whitehouse.gov/blog_post/Fromperiltoprogress/ (Comentario del presidente Obama sobre trabajo, independencia energética y cambio climático, del día 26 de enero de 2009)www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm (Discurso de Hillary Rodham Clinton sobre su nombramiento como secretaria de Estado ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, el 13 de enero de 2009)www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115297.htm (Anuncio por parte de la secretaria de Estado, Clinton, y del vicepresidente, Biden, del nombramiento de George Mitchell como enviado especial para la Paz en Oriente Medio y de Richard Holbrooke como Representante Especial para Afganistán y Pakistán, del 22 de enero de 2009) www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=238& (Discurso del vicepresidente Joe Biden en la 45th Munich Security Conference, el 7 de febrero de 2009)“Closing Guantanamo 101”. Washington: Center for American Progress, 2009. www.americanprogress.org/issues/2009/01/pdf/closingguantanamo101.pdf

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica06

Piratería, islamismo y elecciones en Somalia

La piratería es un fenómeno que existe desde hace siglos y que nunca ha llegado a desaparecer del todo. Lo único que ha cambiado ahora es el marco geográfico: hasta 1994, el comercio marítimo se veía afectado por los ataques piratas principalmente en el sur de China, el estrecho de Malasia y el océano Índico. Pero durante los últimos años, la piratería se ha intensificado en las costas de África amenazando una de las rutas comerciales más importantes del mundo: la que une el sureste asiático con el Mediterráneo a través del Golfo de Adén y el Canal de Suez. El 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima y unos 16.000 barcos atraviesan este golfo cada año. Además, las ayudas humanitarias que se envían a Somalia, y de las que depende un gran porcentaje de su población, se están viendo también amenazadas. Algunos analistas señalan que el único periodo en el que los ataques piratas han disminuido ha sido durante los seis meses de 2006 en los que la Unión de Tribunales Islámicos tomó el control de buena parte del territorio somalí. ¿Puede achacarse el aumento de los incidentes marítimos al fin del control de los islamistas?

Para entender cómo funciona la piratería, primero hay que tener en cuenta que es imposible que exista únicamente en el mar. Es decir, los piratas necesitan una base terrestre desde la que operar, a la que acudir para reponer suministros y comprar armas, un puerto en el que atracar los barcos secuestrados, un lugar donde mantener retenidas a las tripulaciones rehenes. Partiendo de este punto, es fácil entender que este fenómeno aflore en las costas de los Estados más débiles, con un escaso control sobre su territorio. Siendo así, ¿qué otro país podría ofrecer a los piratas mayor margen de maniobra que aquel en el que literalmente no existe un Estado? Somalia es el país perfecto: en guerra civil desde hace

dieciocho años, con un entramado tribal complicado, sin una autoridad central y extremadamente pobre.

Lo que se considera la Somalia histórica engloba no sólo las regiones que se encuentran dentro de sus fronteras actuales (Somalia británica o Somalilandia; Somalia italiana, el resto de la república, que incluye el territorio de Puntlandia, semi-autónomo desde 1998), sino también Yibuti (Somalia francesa, independiente en 1977), algunas regiones del territorio etíope fronterizo con Somalia y algunas zonas del norte de Kenia. Desde que cayera la dictadura de Muhammad Siad Barre en 1991, no ha habido una fuerza o grupo capaz de dar cierta estabilidad

a la totalidad del país. Los clanes, sub-clanes y familias, agrupados en torno a señores de la guerra, se han disputado incansablemente la influencia y el control del territorio y han luchado por sus propios intereses.

Hay que tener en cuenta también que Somalia es el escenario de la batalla territorial y de influencia que libran sus vecinos –Etiopía y Eritrea– que, debido a su propia rivalidad, han tomado parte en los conflictos internos somalíes apoyando a uno u otro bando, con lo que la situación se ha desestabilizado todavía más. Y no hay que olvidar tampoco el papel de Estados Unidos que, a pesar del fracaso de la intervención de 1993, ha seguido interesado en hacer de Somalia una de sus prioridades: en un artículo publicado en el Washington Post el 7 de junio de 2006, John Prendergast, que en época de Bill Clinton fue director de Asuntos Africanos en el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense y Asesor Especial del Departamento de Estado, aseguró que “he visto evidencias del apoyo de Estados Unidos a los líderes de las milicias de los señores de la guerra en el nombre de operaciones antiterroristas”.

En este estado de caos y tras innu-merables conferencias internacionales lideradas en parte por el IGAD (Intergo-vernmental Authority on Development, asociación de 7 países del Cuerno de África), en el año 2000 se creó el Go-bierno Nacional Transitorio, que no tar-dó en fracasar. Esta suerte de gobierno fue disuelto para dar paso, en 2004, a un Gobierno Federal Transitorio (GFT). Ambos intentos, el segundo vigente has-ta hoy, adolecen del mismo problema: se han afanado en dar representación a los distintos clanes y a los señores de la guerra más influyentes, en lugar de apoyarse en formaciones políticas que pudieran luchar por una verdadera re-conciliación nacional.

En este contexto apareció la Unión de Tribunales Islámicos, cuya llegada tuvo como consecuencia un gobierno intransigente con respecto a lo que

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 07

no entraba en su concepción rigorista islámica, pero también una relativa estabilidad. A pesar de que fue en 2006 cuando se hicieron presentes en los medios de comunicación, principalmente porque se habían hecho con el control de buena parte del territorio somalí, la corriente islamista tiene una amplia trayectoria. Un gran número de grupúsculos islamistas existían en aquel país incluso durante los años de la dictadura de Barre, que comenzó en 1969. Estos grupos (al-Ittihad al-Islami, Yama‘at al-Islah, Shabab al-Wahda, entre otros) jugaron un importante papel en los diversos levantamientos que se dieron contra el dictador en la década de los 70 y los 80.

Con el colapso del Estado somalí tras el derrocamiento de Barre, los Tribunales Islámicos surgieron como pequeñas entidades que asumieron la tarea de administrar justicia, dado que la población era constantemente extorsionada por los señores de la guerra mediante el cobro de impuestos abusivos en sus negocios, peajes ilegales en las carreteras, violaciones… Poco a poco, los Tribunales fueron ampliando sus funciones y se dedicaron también a ofrecer servicios sociales, como educación y sanidad, además de crear unas milicias que se encargaron de la seguridad. En 2004, los tribunales islámicos que existían en Mogadiscio se unieron bajo el liderazgo del sheyj Sherif Sheyj Ahmad, que se convirtió en el presidente de la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) (Ittihad al-Mahakim al-Islamiyya), de Hasan Dahir Aweis, que asumió el cargo de presidente del Consejo Consultivo, y de Aden Ayro, que se erigió en líder del brazo armado, Harakat al-Shabab (Movimiento de los Jóvenes), estos dos últimos considerados representantes del ala más radical del islamismo somalí.

Hasta 2006, la UTI tomó y perdió reiteradamente varios enclaves del país y fue en ese año cuando se hicieron con el control de gran parte del territorio del sur de Somalia, incluida la capital. Hay que decir que la política impuesta por los Tribunales Islámicos fue bien recibida por gran parte de la población, que no podía seguir soportando el estado de caos y violencia en el que se encontraba el país.

La UTI tuvo que hacer frente a la Alianza para la Restauración de la Paz y la Lucha Antiterrorista (ARPCT, en sus siglas en inglés), una alianza entre los señores de la guerra apoyada militarmente por Etiopía y financiada por EEUU, que veía en los Tribunales

Grupos étnicos de Somalia

en junio de 2008, firmaría con el GFT los Acuerdos de Paz de Yibuti.

El brazo militar de la UTI, Harakat al-Shabab, se hizo especialmente fuerte a partir de 2004, y acabó por separarse definitivamente de la dirección política de la UTI en 2007, tras la derrota de los Tribunales frente a las fuerzas del GFT, apoyadas por Etiopía, y tras la firma de la alianza con la oposición. Ahora, Harakat al-Shabab, que lidera diversos grupos armados insurgentes, es el principal enemigo del GFT que, tras las últimas elecciones presidenciales, está dirigido por Sherif Sheyj Ahmad (ver perfil). Harakat al-Shabab ha confirmado su intención de luchar contra el nuevo gobierno y su presidente, a quien califica de “traidor”.

En cuanto a EEUU, justificó su intervención en este país alegando

Islámicos una grave amenaza terrorista y un colaborador de al-Qaida. Fue así como, en diciembre de 2006 y tras haber acorralado y vencido a muchos señores de la guerra, la UTI fue finalmente derrotada. Tres de sus líderes, Hasan Dahir Aweis, Sherif Sheyj Ahmad y Abdelrahman Janaqow (que murió más tarde, en enero de 2007 en un bombardeo estadounidense) firmaron la capitulación el 27 de diciembre y la UTI se retiró de Mogadiscio al día siguiente.

Casi un año después de la rendición islamista, en septiembre de 2007, el ala moderada de la UTI, liderada por Sheyj Ahmad, se reunió en Asmara –capital de Eritrea–, con líderes de la oposición somalí, y acordaron hacer frente a la ocupación etíope de Somalia y a las fuerzas del Gobierno Federal Transitorio. Se creó así la Alianza para la Reliberación de Somalia que,

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica08

que allí se ocultan terroristas de al-Qaida. Así, hizo de Somalia uno de sus objetivos principales en la lucha contra el terrorismo a pesar de que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo ninguna detención de esos supuestos líderes al-qaidistas. Pero más importante es el hecho de que Somalia cuenta con yacimientos de petróleo que fueron detectados por Italia y Gran Bretaña en época colonial. Si bien no se conocen las dimensiones de las bolsas de petróleo, se intuye que pueden ser prometedoras debido a la similitud geológica del terreno con el del territorio yemení. El Gobierno Federal de Transición ya ha concedido licencias de extracción a compañías extranjeras, entre ellas a los cuatro gigantes norteamericanos, Conoco, Amoco, Chevron y Phillips, que tienen permiso para hacer prospecciones en dos tercios del país.

La piratería, la pesca ilegal y la ausencia de autoridad

Es cierto que la piratería ha existido ininterrumpidamente desde hace siglos, pero no ha seguido siempre las mismas pautas de actuación. Los piratas del siglo XVII abordaban un buque, se hacían con su carga, se quedaban con el barco y se deshacían de la tripulación. Ya en el siglo XX, los piratas que operan en el Estrecho de Malasia siguen otro método: asaltan un barco, toman todo lo que pueden en el menor tiempo posible (principalmente dinero o parte del cargamento si pueden venderlo posteriormente) y salen huyendo. Los piratas somalíes, en cambio, asaltan el barco para hacerse con el carguero, la mercancía y la tripulación, y piden un rescate por el conjunto que, una vez pagado, es devuelto a la compañía de transporte.

La piratería ha vuelto a centrar el interés de la prensa internacional a raíz

Avance de los Tribunales Islámicos

de dos incidentes ocurridos en 2008: el secuestro del pesquero español Playa de Bakio (abril) y el del gran petrolero saudí Sirius Star (noviembre), que llevaba un cargamento de petróleo valorado en más de 100 millones de dólares y que se dirigía hacia Estados Unidos. La piratería en ese área se ha duplicado en el año 2008, llegando, según la Oficina Marítima Internacional, a más de 120 ataques, de los que 42 han acabado en secuestro. Tradicionalmente, los piratas provenían de los puertos de Haradheere y Hobyo, en la parte central de Somalia, pero ahora muchas bases de operaciones se encuentran en la región semi-autónoma de Puntlandia, curiosamente una de las zonas más pobres del país donde, por lo tanto, el atractivo económico de la piratería es un factor determinante.

Hay que señalar que desde 1991, dada la ausencia de cualquier tipo de autoridad y de cuerpos de guardacostas, las aguas somalíes, una de las cinco regiones marítimas más ricas del planeta, especialmente abundantes en atunes, han sido continuamente esquilmadas por barcos europeos, asiáticos y africanos, como refiere el informe sobre pesca ilegal elaborado por Chatham House. Así, muchos piratas pretenden defenderse asegurando que lo único que hacen es proteger los recursos naturales del país, cobrándose los impuestos que los barcos extranjeros deberían estar pagando. Mohammad Osman Aden, un diplomático somalí residente en Kenia, explica que “cuando el Estado somalí se derrumbó en 1991 y comenzaron a llegar las embarcaciones extranjeras dispuestas a faenar en su territorio, fueron los pescadores somalíes los que se armaron y se convirtieron en los vigilantes de las aguas territoriales de Somalia, exigiendo el pago de impuestos a los barcos que pescaban ilegalmente”. El problema, continúa Osman Aden, es que “muchos de ellos abandonaron la pesca y se convirtieron en auténticos piratas porque es una manera mucho más lucrativa de ganarse la vida, y comenzaron a atacar a todo el mundo”.

Según el informe Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas (2006) del High Seas Task Force (la Fuerza Operativa de Alta Mar, organización independiente creada por ONG´s y pequeñas industrias pesqueras para estudiar y hacer frente al problema de la pesca ilegal en alta mar), se calcula que los barcos que pescan ilegalmente obtienen entre 4.000 y 9.000 millones de dólares anuales en todo el mundo, afectando especialmente al África Subsahariana y, concretamente, a Somalia. A la

desintegración de la armada somalí y del cuerpo de guardacostas, hay que sumar la grave sequía que atraviesa el país y que ha obligado a decenas de miles de ganaderos nómadas a asentarse a lo largo de la costa en las dos últimas décadas. Estos asentamientos se convirtieron en pueblos de pescadores que dependen únicamente de la pesca de bajura. Pero los barcos extranjeros, desde el comienzo de su llegada, han ignorado los límites establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se han adentrado en el mar territorial somalí para faenar. Este informe asegura que en 2005 más de 800 embarcaciones extranjeras operaban ilegalmente en Somalia, obteniendo unas ganancias anuales de 450 millones de dólares. Estos barcos no sólo están pescando ilegalmente, sino que están destruyendo el entorno marítimo somalí de manera que va a ser imposible que llegue nunca a recuperarse. Además de utilizar los métodos de pesca prohibidos por las leyes internacionales (uso de explosivos, redes rastreras etc.), con los que capturan especies protegidas y peces excesivamente pequeños, el impacto medioambiental es de una gravedad incalculable: vertidos tóxicos, derramamiento de aceites y combustibles, deterioro de los corales…

Las autoridades somalíes, los pescadores, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales han intentado durante años informar de las peligrosas consecuencias de estos actos, pero han sido reiteradamente ignorados. En 1995, líderes de algunos grupos políticos, junto a dos grandes ONG´s somalíes, escribieron al entonces secretario general de la ONU, Butros Butros Ghali (y a la UE, la Liga Árabe y la Conferencia Islámica) para informar de la situación y exigir alguna solución. Propusieron que, así como la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO, dependiente de la ONU) se hace cargo de proteger el espacio aéreo somalí, por qué no podía la Organización Marítima Internacional encargarse de las aguas territoriales hasta que existiera un gobierno somalí que pudiera tomar el control. La ONU no tomó ninguna decisión.

Algunos observadores acusan a la comunidad internacional de ignorar esta otra parte del problema porque quieren proteger sus intereses. Mientras que la UE ha impuesto restricciones a la pesca en sus propias aguas, Asia ha arrasado sus reservas y la demanda internacional

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 09

El barco ucraniano Faina, cargado con tanques, artillería, lanzagranadas y munición diversa (valor estimado: 30 millones de dólares). Secuestrado en septiembre de 2008, a 200 millas de la costa.

sigue creciendo, las aguas somalíes, ricas, desprotegidas y sin control son el objetivo perfecto para las flotas pesqueras de muchas naciones. Acabar con la piratería requiere también eliminar las causas locales que la favorecen y promueven.

Son muchos los peligros que se derivan de la piratería. En primer lugar, proporciona grandes cantidades de dinero que sirven para fomentar la guerra en Somalia (y en toda la región), mediante pagos a líderes regionales influyentes (que permiten el uso de “sus” puertos por parte de los piratas), o la financiación indirecta de grupos armados. Pero, y lo que es muy importante, amenaza también gravemente la entrega de la ayuda humanitaria, que es totalmente imprescindible para dicho país (uno de los más pobres del mundo). Según la Unidad para el Análisis de la Seguridad Alimentaria de Somalia (FSAUS), organismo creado por el Programa Mundial de Alimentos, más de 3,2 millones de personas sufren hambruna y hay aproximadamente un millón de desplazados internos. Además, al recrudecimiento del conflicto armado hay que sumar la sequía que sufre el país, la devaluación de la moneda, las dificultades en el reparto de la ayuda humanitaria y el encarecimiento del agua, que hacen que Somalia esté viviendo el peor momento de los últimos 17 años. Barcos canadienses, daneses, holandeses y franceses se han dedicado a escoltar a los barcos de ayuda humanitaria que se dirigen a Somalia, pero esta solución es temporal, dado que estos países no pueden comprometerse indefinidamente y sus misiones suelen durar solamente unos meses.

En tercer lugar, los cargueros podrían verse obligados a elegir una ruta alternativa a través del Cabo de Buena Esperanza, ruta más larga que encarecería los transportes entre 20.000 y 30.000 euros al día. Esto tendría como consecuencia inevitable el aumento de los precios a nivel internacional.

Por último, la posibilidad de que algún petrolero pudiera hundirse durante uno de estos ataques constituye un peligro medioambiental de gran envergadura.

¿Cómo se puede combatir la piratería?

Algunos análisis, como el desarrollado por Derek S. Reveron en Foreign Policy, coinciden en señalar que acabar completamente con este fenómeno es, simplemente, imposible o, como indica Roger Middleton no existe una única y definitiva solución. La primera dificultad

que existe a la hora de atajar la piratería es que la superficie de mar en la que operan los piratas es inmensa, más grande que el Mar Mediterráneo, más de cuatro veces la extensión de Francia.

El pasado mes de noviembre, y apoyando la iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU (que ha aprobado 10 resoluciones sobre Somalia desde febrero de 2008), la UE aprobó la Operación Atalanta, que supone la creación de una fuerza aeronaval conjunta que trabajará para “disuadir, prevenir y reprimir” la piratería en las costas de Somalia, además de escoltar a los barcos de ayuda humanitaria que el Programa Mundial de Alimentos envía hacia aquel país. Esta fuerza constará de entre 4 y 7 buques, y se ha comprometido a coordinarse con la Combined Task Force 150, una fuerza que EEUU mantiene desplegada en la zona en el marco de la operación antiterrorista Libertad Duradera. Con todo, ni siquiera así se llegará a los aproximadamente 70 barcos que serían necesarios para controlar de manera eficaz una superficie de tales dimensiones.

Además, la Operación Atalanta adolece de un problema de duración estratégica: la UE ha determinado que la misión tendrá una duración de un año. Normalmente, la duración de las operaciones militares debe estar condicionada por el objetivo a conseguir. Esto es: debe mantenerse activa hasta que se observe alguna mejoría en el problema que se está intentando solucionar. Los piratas, que disponen de una tecnología muy avanzada y están perfectamente informados, podrían simplemente concederse “un descanso” hasta que la operación finalice y luego comenzar de nuevo con los ataques. De hecho, en estas primeras semanas desde que comenzara la Operación Atalanta, se ha detectado un descenso del número de incidentes, pero esto puede ser un falso reflejo de lo que en realidad está ocurriendo. Otra cuestión que afecta a la Operación Atalanta es que la UE se ha prohibido a sí misma intervenir en tierra y esto hará imposible atajar realmente el problema. Como ya se ha dicho, la piratería no se desarrolla únicamente en el mar sino que es, principalmente, un fenómeno terrestre con una proyección marítima.

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica10

Las últimas elecciones presidenciales

Abdallah Yusuf, que en 2004 fue elegido por el Parlamento de Transición somalí para dirigir el país por un periodo de cinco años, destituyó a mediados del pasado diciembre al primer ministro, Nur Hasan Huseyn. Según apareció en algunos medios, (como la página del Arab Reform Initiative, una red independiente de centros de investigación árabes con socios europeos y estadounidenses), con este gesto intentaba interrumpir las negociaciones de paz que seguían desarrollándose en Yibuti entre el Gobierno Federal de Transición y la Alianza para la Reliberación de Somalia, liderada por los islamistas. Pero además, a finales del mismo mes fue él quien también presentó su dimisión, asegurando que “había fracasado en su misión”. Yusuf será recordado como el hombre que, buscando apoyo para acabar con el control de la UTI, permitió la entrada de las tropas etíopes en Somalia a finales de 2006. A lo largo de 2007 y hasta la retirada total de las tropas etíopes en enero de 2009, se calcula que unos 16.000 somalíes han perdido la vida.

Así, tras la dimisión de Yusuf, el Parlamento de Transición, que lleva varios años ubicado en Baidoa (240 Km. al noroeste de la capital), se reunió el pasado mes de enero en la capital de Yibuti debido a la situación de inseguridad, para elegir un nuevo presidente. Pero antes de la votación, los diputados decidieron, por una gran mayoría (211 votos a favor de los 220 emitidos), ampliar el número de escaños del Parlamento para poder integrar en

él a los islamistas moderados y a otras personalidades de la sociedad civil. Así, la cámara pasó de tener 275 a 550 diputados.

La Alianza para la Reliberación de Somalia anunció que presentaba la candidatura de su líder, Sherif Sheyj Ahmad, así como también se presentó el ex primer ministro, Nur Hasan Huseyn, y Maslah Ben Mohammed Siad, un militar hijo del ex dictador del país. La victoria de Sheyj Ahmad fue indiscutible: de los 425 votos emitidos en la primera vuelta, obtuvo 215. Nur Hasan Huseyn decidió retirarse de la competición tras la primera vuelta en la que tan sólo obtuvo 59 votos, quedando entonces como únicos candidatos Sheyj Ahmad y Mohammed Siad. En la segunda votación, el primero obtuvo 293 y el segundo 126.

Como nuevo primer ministro, Sheyj Ahmad eligió el pasado febrero a Omar Abdirashid Ali Sharmarke, un ex diplomático con doble nacionalidad (canadiense y somalí), que ha trabajado para la ONU en Sierra Leona y Sudán, donde fue consejero político para el conflicto de Darfur, y fue embajador somalí en Washington. Sharmarke es visto como un “puente” entre los islamistas y la comunidad internacional. La elección de Sharmarke parece acertada en el sentido de que su padre fue el último presidente civil de Somalia elegido democráticamente (muerto en 1969 durante el golpe de Estado de Siad Barre), por lo que es todavía recordado con afecto, y porque pertenece al clan Darod, con lo que se garantiza un

equilibrio fundamental entre los dos clanes mayoritarios de Somalia (Hawiya y Darod).

En su discurso tras la jura del cargo, Sheyj Ahmad se comprometió a “acabar con la lucha interna y a alcanzar la paz con los países vecinos mediante una gestión transparente y justa (…). Nos espera un trabajo crucial; estamos ante un nuevo comienzo. Me comprometo a formar un gobierno que represente a todos los somalíes”. El nuevo presidente hizo también un llamamiento a los grupos armados: “insto a nuestros hermanos, aquellos que portan las armas, a que las abandonen, a que renuncien a la violencia y a que asuman con nosotros la tarea de construir la paz”. De la misma manera, pidió a los países vecinos una cooperación pacífica y un respeto mutuo. En una entrevista concedida a Al-Sharq al-Awsat (un diario de referencia de financiación saudí editado en Londres), Sheyj Ahmad aseguró que “la piratería es el reflejo de la ausencia de seguridad y estabilidad en Somalia” por lo que pidió “ayuda a la Unión Africana para la creación de una fuerza marítima con la que combatir este fenómeno”.

Acabar con la piratería es prácticamente imposible, pero el único camino a seguir, al menos para reducirla, debe centrarse en dos objetivos: acabar con la pesca ilegal en las aguas somalíes y lograr que Somalia tenga un gobierno en el que poder confiar, que alcance un mínimo de seguridad y control internos y una cierta estabilidad que le permita salir de la crisis humana en la que se encuentra.

FUENTES:

WEBER, Annette. “Islam and Symbolic Politics in Somalia”, en Muriel Asseburg y Daniel Brumberg (Eds.) The Challenge of Islamists for EU and US Policies: Conflict, Stability and Reform. Berlin: Joint publication of German Institute for International and Security Affairs (SWP) and United States Institute of Peace (USIP), 2007.WOODWARD, Peter. US foreign policy and the Horn of Africa. Burlington (EE.UU): Ashgate Publishing Company, 2006. GUTIÉRREZ DE TERÁN, Ignacio. Somalia. Clanes, islam y terrorismo internacional. Madrid: Catarata, 2007.http://www.unhcr.org/refworld/country,,,RESOLUTION,SOM,456d621e2,48464c622,0.html (Resolución 1816 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Somalia adoptada en junio de 2008)http://www.almendron.com/tribuna/23693/aspectos-operacionales-de-la-lucha-contra-la-pirateria-en-somalia/ (Aspectos operacionales de la lucha contra la piratería en Somalia, informe del Real Instituto Elcano)www.opendemocracy.net/article/somalia-piracy-and-politics (Piratería y política, Open Democracy, noviembre de 2008)www.chathamhouse.org.uk/files/12203_1008piracysomalia.pdf (Informe de Chatham House) www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11000&article=502211 (Fuerza internacional para combatir la piratería)www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30:welcome-to-imb-piracy-reporting-centre&catid=28:home&Itemid=12 (Links al informe sobre piratería de la Oficina Marítima Internacional, Cámara Internacional de Comercio)www.illegal-fishing.info/uploads/1_4thUpdateandconsultationmtgMar08.doc (Informe sobre pesca ilegal en aguas de Somalia, informe de Chatham House. http://www1.somaliuk.com/ (Las dos piraterías de Somalia)www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0026+0+DOC+XML+V0//ES (Resolución del Parlamento Europeo)http://africannewsanalysis.blogspot.com/2008/06/full-text-of-djibouti-agreement.html (Acuerdo de Yibuti) http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1072592.stm (country profile)www.aljazeera.net/NR/exeres/CD8B49A1-983D-4F73-A5A7-0F2DA21FC877.htm (Análisis del Acuerdo de Yibuti)www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=330109 (Perfil de Abdallah Yusuf, ex presidente somalí)www.foreignaffairs.org/20070301faessay86205/john-prendergast-colin-thomas-jensen/blowing-the-horn.html (EEUU en el Cuerno de África)http://english.aljazeera.net/programmes/talktojazeera/2007/06/2008525184640630100.html (Entrevista a Sherif Sheyj Ahmad, abril de 2007)www.ethiotube.net/video/2475/President-Shekh-Sherif-Shekh-Ahmed-Appears-on-Meet-ETV (entrevista televisada, canal etíope)www.gees.org/articulo/3405/29 (La Unión de Tribunales Islámicos: El nuevo poder somalí y la nueva amenaza internacional, Grupo de Estudios Estratégicos) www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1227019176962&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout (la UTI se compromete a acabar con la piratería)www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2340 (Texto en árabe del segundo acuerdo de Yibuti firmado entre el gobierno transitorio y la alianza de oposición el 31 de octubre de 2008)

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 11

A lo largo de quince meses, las autoridades surgidas de un proceso electoral calificado por observadores internacionales como democrático, libre y transparente, llevaron a cabo una tarea de gobierno que se plasmó en avances en varios campos, entre ellos en los terrenos de los derechos humanos y de las libertades públicas: la lucha contra la esclavitud a través de una nueva ley aprobada por el Parlamento; la liberalización del espacio informativo audiovisual; una nueva ley de prensa que garantizaba la libertad de expresión; el comienzo del regreso de los mauritanos expulsados a Senegal y Mali, que supuso abordar una de las páginas

Una nueva hoja de ruta para Mauritania

Un nuevo golpe de Estado ha interrumpido la “frágil excepción democrática” que representaba Mauritania en su entorno geográfico desde agosto de 2005, cuando los militares acabaron con el régimen autoritario del general Mu‘awiya Uld Sidi Ahmad al-Taya‘ e iniciaron un rápido proceso de transición hacia la democracia y de devolución del poder a los civiles. En agosto de 2008, el argumento esgrimido por los golpistas ha sido el de acabar con la corrupción, salvar al país y “corregir” su trayectoria. ¿La transición democrática se había “desviado” realmente? ¿O ha sido una reacción ante una progresiva pérdida de influencia del aparato militar a medida que se afianzaba el proceso democrático? La nueva junta militar que gobierna Mauritania ha prometido un proceso de transición democrática que comenzará con las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de junio y a las que concurrirá el nuevo hombre fuerte del país, el general Muhammad Uld Abdelaziz, que reivindica para sí una “legitimidad popular” ampliamente cuestionada. El último levantamiento militar puso fin a la “primavera de las libertades y de la democracia”, una primavera que duró 15 meses. Ahora se discute cómo se articulará el retorno a la legalidad constitucional.

más negras de la historia reciente del país; la puesta en marcha de una política para luchar contra la pobreza; reformas para modernizar el Estado; mejorar el sistema de gobierno; asegurar la neutralidad del Estado en los procesos electorales y sanear la gestión de los recursos (véase Atalaya nº 1). Desde el golpe de 2005 se inició un proceso destinado a fortalecer las instituciones del Estado –debilitadas tras más de 20 de años de régimen autoritario–, promover la descentralización, acabar con el clientelismo y la corrupción y dotar de transparencia a la administración. Entre los logros de un nuevo

régimen que, sin embargo, vio limitada su actuación por la presión de determinados círculos acostumbrados al poder durante más de tres décadas, se contaban la consecución de una verdadera alternancia política, de una justicia independiente, la participación de otros actores de la sociedad civil –durante décadas alejados de la administración pública–, la creación de mecanismos de control por parte de los ciudadanos, el progreso en el terreno de los derechos humanos (adhesión de Mauritania a las principales convenciones internacionales), la liberación de presos políticos pertenecientes a la corriente salafí y la autorización para la creación de un partido islamista. Todos estos pasos, algunos más firmes y rápidos que otros –los avances en los terrenos de la lucha contra la esclavitud o el regreso de los expulsados entre 1989 y 1991 llevaban un ritmo más lento– fueron vistos por la cúpula militar como una progresiva pérdida de su influencia. Este proceso se vio interrumpido el 6 de agosto de 2008, cuando varias unidades de la Guardia Presidencial protagonizaron un golpe de Estado incruento, que destituyó al primer presidente democráticamente elegido de la historia del país, Sidi Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah, que ha permanecido detenido, primero en Nuakchot y luego bajo arresto domiciliario en su pueblo natal, hasta finales de diciembre del año pasado. El gobierno fue disuelto y el primer ministro, Yahya Uld Ahmad al-Waqef, fue encarcelado, puesto en libertad pocos días después y conducido de nuevo a la cárcel. El Parlamento, sin embargo, fue respetado ya que el nuevo régimen contaba con el apoyo de una buena parte de sus miembros.

Las nuevas autoridades calificaron el golpe militar como “movimiento correctivo de salvación del país de la corrupción y de la manipulación de los bienes públicos” y culparon al ex presidente del deterioro de las condiciones de vida y del nivel económico del país y de intentar debilitar a la institución militar a través de la destitución de cuatro de sus máximos responsables. Así, con el argumento de luchar contra la corrupción y los corruptos, han legitimado la depuración de las instituciones y la administración para, también, acabar con los motivos que, según

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica12

ellos, facilitaron la irrupción del terrorismo en la sociedad mauritana, con la esclavitud y superar las continuas crisis que habían paralizado las instituciones hasta un punto que exigía llevar a cabo rectificaciones que garantizasen el regreso de Mauritania a la vía democrática.

El Consejo Supremo de Estado (CSE) (al-Maylis al-A‘la li-l-Dawla), formado por once militares de alta graduación encabezados por el actual jefe del Estado, el general Muhammad Uld Abdelaziz (ver Perfil), jefe de la Guardia Presidencial, y por el general Muhammad Uld al-Gazawani, jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió la jefatura del país. Esta junta militar ha prometido la celebración de elecciones presidenciales en junio de 2009 para corregir la “desviada” trayectoria democrática iniciada hace muy pocos años, vista, sin embargo, como modélica por muchos actores regionales e internacionales.

Factores desencadenantes de la nueva crisis política

Varios elementos han confluido y provocado esta nueva crisis política e institucional por la que atraviesa Mauritania desde el pasado mes de agosto.

1. El enfrentamiento entre el Parlamento y la jefatura del Estado durante la presidencia de Sidi Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah. El 6 de mayo de 2008, el primer ministro, al-Zeyn Uld Zeydan, presentó la dimisión de su gobierno, acosado por la oposición que le acusaba de haber formado un gabinete sin una buena representación de los partidos políticos y de mala gestión. Acto seguido, el presidente, mediante decreto, designó como sustituto a Yahya Uld Ahmad al-Waqef, líder del Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), quien a su vez nombró un nuevo gobierno de amplia representación en el que participaban el PNDD-ADIL, la Alianza Popular Progresista, dirigida por el presidente del Parlamento, Masuud Uld Buljayr, y dos partidos de oposición al gobierno, el islamista Agrupación Nacional de Reforma y Progreso/Tawasul, y el izquierdista Unión de Fuerzas de Progreso, junto con algunas personalidades del régimen del ex presidente al-Taya‘, buscando un equilibrio de fuerzas que diera estabilidad al gobierno. Esta acción del presidente y del primer ministro no fue bien recibida por el resto de fuerzas políticas ni por

el ejército, que espoleó a sus parlamentarios afines –la cúpula militar había apoyado a sus propios candidatos en las elecciones parlamentarias, de manera que ejercía un poder en la sombra dentro de la Asamblea Nacional– a presentar una moción de censura en junio que fue considerada como un golpe contra la presidencia de la República y su gobierno.

Las mediaciones llevadas a cabo por el presidente del Parlamento entre el jefe del Estado y la cúpula militar, especialmente Abdelaziz y al-Gazawani, no tuvieron éxito. El presidente negó al Parlamento el derecho a ejercer sus atribuciones, en este caso en concreto a presentar una moción de censura contra el gobierno por parte de 39 diputados pertenecientes en su mayoría al PNDD-ADIL –la principal formación parlamentaria que hasta entonces había apoyado al presidente–, y a otras fuerzas políticas, notablemente el Bloque de Fuerzas Democráticas, que alegaban la falta de crecimiento económico, el aumento de la pobreza, la ausencia de transparencia del gobierno en las cuentas del Estado y la presencia de políticos corruptos en el nuevo ejecutivo, que, por otro lado y según dichos parlamentarios, no reflejaba las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento. El presidente amenazó en julio con disolver el Parlamento si insistían en presentar la moción, lo cual condujo a una paralización de las instituciones del Estado, especialmente la Asamblea Nacional y la presidencia de la República. Días después, al-Waqef presentaba la dimisión de su gobierno, pero el presidente le volvió a nombrar primer ministro y le encargó que formara un segundo gobierno, compuesto mayoritariamente por miembros del PNDD/ADIL, y con algunos de la Alianza Popular Progresista, sin la presencia ya del islamista Tawasul ni del izquierdista Unión de Fuerzas de Progreso. Sin embargo, las presiones no se detuvieron: la Alianza por la Justicia y la Democracia solicitó la disolución del Parlamento, los diputados del PNDD/ADIL opuestos al gobierno exigieron que el presidente fuera llevado a los tribunales y un buen número de diputados y senadores del PNDD/ADIL presentaron su dimisión; mientras que por otro lado, varias fuerzas políticas, entre ellas Tawasul, exigieron a la cúpula militar que no interfiriera en la vida política. Pero sí interfirió y finalmente el 6 de agosto protagonizó el golpe que depuso al presidente y disolvió el gobierno.

2. El clima de violencia e inseguridad que agravó la situación interna. A finales de 2007, grupos salafíes violentos, que poco después se integraron en lo que se dio a conocer como al-Qaida en el Magreb Islámico (al-Qa‘ida bi-Bilad al-Magrib al-Islami), protagonizaron acciones armadas contra las fuerzas de seguridad y turistas extranjeros: asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007; ataque contra la embajada israelí en Nuakchot, en el que resultó herida una ciudadana francesa; evasión de un acusado de haber participado en el ataque contra los

turistas franceses; enfrentamientos en la capital entre una célula armada y la policía y el asesinato de once militares y un civil en una emboscada reivindicada por al-Qaida.

3. El impacto, en una sociedad ya de por sí empobrecida, de la crisis alimentaria mundial que en Mauritania, al igual que en muchos otros países, se plasmó en una brusca subida de precios de productos básicos (Mauritania importa el 80% de lo que consume). También contribuyó a la crisis económica el estancamiento de la producción petrolífera (15.000 barriles diarios en lugar de los 75.000 previstos), y los efectos negativos sobre la industria turística de la violencia surgida a finales de 2007, como la cancelación, en enero de 2008, del rally París-Dakar.

4. La destitución de parte de la cúpula militar. El presidente al-Sheyj Abdallah había recibido un gran apoyo durante su campaña electoral por parte de miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, que en 2005 había derrocado a al-Taya‘, y, sobretodo, del entonces coronel Muhammad Uld Abdelaziz, jefe de la Guardia Presidencial, y del director de la Seguridad Nacional, el coronel Muhammad Uld al-Gazawani. Ese apoyo fue recompensado con el ascenso a general de ambos. El detonante directo del golpe de Estado fue la decisión tomada por el presidente de destituir a varios jefes militares, entre ellos a los dos anteriores, y nombrar a nuevos jefes de la Guardia Presidencial, de la Guardia Nacional y del Estado Mayor, tras semanas de continuos rumores sobre el “malestar” de la cúpula militar por el enfrentamiento entre la Presidencia y parte del Parlamento. El mismo día en que el presidente dictó el decreto de destitución, los tres altos oficiales afectados dirigieron el golpe militar. La primera decisión consistió en hacer público un comunicado en el que derogaban el decreto presidencial de destitución.

Una sociedad dividida. Los actores locales de la crisis

1. Los protagonistas del golpe

Muhammad Uld Abdelaziz dirigía la Guardia Presidencial que protagonizó el golpe de Estado de 2005 contra el régimen autoritario de Mu‘awiyya Uld Sidi Ahmad al-Taya‘ y que, bajo la dirección del coronel Ely Uld Muhammad Vall y del Consejo Militar para la

El nuevo jefe del Estado, el general Muhammad Uld Abdelaziz.

El presidente depuesto, Muhammad Uld al-Sheyj Ab-dallah.

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 13

Justicia y la Democracia, dio paso al proceso de transición plasmado en elecciones legislativas y presidenciales transparentes y democráticas, en el diálogo nacional y en la devolución del poder a los civiles. Sin embargo, durante todo este proceso ha habido una injerencia de la cúpula militar acostumbrada, desde finales de los setenta, a controlar los resortes del Estado. En esta ocasión, la cúpula militar presentó y apoyó candidaturas de “independientes” al Parlamento y al senado, políticos vinculados a la jefatura militar –estas operaciones las llevaron a cabo miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, especialmente Muhammad Uld Abdelaziz– quienes, a su vez, ofrecían su respaldo al propio jefe del Estado, de manera que, indirectamente, la cúpula militar tutelaba el proceso dirigido por al-Sheyj Abdallah.

Abdelaziz no ha dejado de repetir desde que dirigió el golpe que el presidente destituido “había extendido el soborno, la apropiación de dinero público y el terrorismo y se había propuesto enfrentarse a las instituciones del ejército extirpándolas de raíz de de forma ilegal y amoral”. Es decir, las últimas decisiones de al-Sheyj Abdallah fueron vistas por la cúpula del ejército como una traición a la institución que le había apoyado y ayudado a llegar a la presidencia de la República. Quizás parte del ejército no había calculado la dimensión del proceso de democratización del país y, ante la pérdida de influencia y tutela sobre el nuevo presidente, decidió volver a la primera fila para dejar clara su importancia en el país.

En una de sus primeras intervenciones en un medio de comunicación, Abdelaziz declaró el 10 de agosto a la cadena de televisión Aljazeera que en un plazo de tiempo sin especificar se celebrarían elecciones presidenciales. Las presiones de la comunidad internacional obligaron al Consejo Supremo de Estado a poner fecha cuanto antes a la convocatoria de comicios presidenciales que, finalmente, se celebrarán el 6 de junio de 2009. Lo que sí parece claro, tanto por la parte militar como por uno de los principales partidos mauritanos, el Bloque de Fuerzas Democráticas, es que el presidente destituido debe quedar al margen en la etapa política que ahora comienza. Eso, si las presiones de la sociedad internacional dejan de insistir en el necesario regreso de al-Sheyj Abdallah a la arena política como condición necesaria para evitar más sanciones.

Siete días después del golpe, el Consejo Supremo de Estado (CSE) nombró primer ministro a un doctor en Ciencias Aplicadas formado en Mauritania, Marruecos y Bélgica, Maulay Muhammad Uld Laghdaf, entonces embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, miembro del Bloque de Fuerzas Democráticas, perteneciente a uno de los grupos tribales más importantes del país –los Tajakant–, y originario de una

zona con tradicional peso en la vida política mauritana –Hodh Sharqi, en el sudeste. El nombramiento fue visto como un intento de apaciguar las primeras reacciones de la UE.

El nuevo gobierno, formado por Laghdaf a finales de agosto, está compuesto por 28 miembros, entre los que predominan los tecnócratas sin experiencia política. De los 22 ministros nombrados, cuatro estaban también presentes en el gobierno derrocado: los titulares de Justicia, Defensa Nacional, Finanzas y Asuntos Económicos y Desarrollo. Este gabinete ha dado algunos pasos en política exterior que parecen encaminados a atraerse a la opinión pública mauritana que cuestiona su legitimidad. En ese contexto debería interpretarse la decisión adoptada por el CSE en la Cumbre de Gaza, celebrada en Doha a mediados de enero de 2009, de congelar las relaciones con Israel, establecidas en 1999, como reacción al bombardeo y entrada del ejército israelí en la Franja de Gaza.

Pero también se han anunciado una serie de medidas importantes, como el llamamiento lanzado por el ministro de Interior para realizar, en junio, un referéndum sobre la modificación de la Constitución, cuestión que rechazan las fuerzas opuestas al golpe y también algunas que apoyaron la destitución del presidente electo, como el Bloque de Fuerzas Democráticas. Dichas modificaciones incluirían la introducción de nuevos artículos para conseguir un equilibrio de poderes entre el presidente y el Parlamento, de manera que el jefe del Estado no pueda, o le sea difícil, disolver el Parlamento; conceder al Parlamento más atribuciones, entre ellas la de destituir al presidente, y traspasar algunas de las atribuciones del presidente al primer ministro.

Algunas de estas iniciativas fueron refrendadas en las denominadas Jornadas Nacionales de Consulta, organizadas por el CSE entre el 27 de diciembre de 2008 y el 5 enero de 2009, en las que participaron los partidos y sectores que apoyaron el golpe. El objetivo de estas jornadas era dotar a las nuevas autoridades de una aureola de legitimidad, y fueron boicoteadas por los partidos opuestos al nuevo régimen. 2. Las fuerzas del nuevo régimen

A pesar de haber interrumpido el proceso de transición democrática, los militares han contado desde el principio con el apoyo de políticos, partidos y varios sectores de la sociedad. El propio Abdelaziz legitimó su acción afirmando que contaba con la aprobación de 55 parlamentarios (de un total de 95), 191 alcaldes (de 216) y 47 senadores (de 55). Una de las mayores autoridades islámicas del país, el imam de la gran mezquita de Nuakchot, Ahmadu Uld Mrabit, mostró su apoyo a las nuevas autoridades un mes después del golpe de Estado.

Una serie de partidos políticos, algunos de ellos con representación parlamentaria, apoyaron desde el primer momento el movimiento militar del general Abdelaziz. Entre estas fuerzas políticas destaca, tanto por su peso político como por el papel que puede jugar en la salida de la crisis institucional, el Bloque de Fuerzas Democráticas (BFD) (Takattul al-Qiwa al-Dimuqratiyya), dirigido por Ahmad Uld Daddah.

El BFD es el principal partido de la oposición y Daddah es un político experimentado que ha competido en varias elecciones presidenciales (1992, 2003 y 2007). En las últimas elecciones presidenciales, Daddah obtuvo el 47,15% de los votos en la segunda vuelta, frente al 52,85% obtenido por al-Sheyj Abdallah.

El BFD, el partido con mayor representación parlamentaria que controla una quinta parte de los consejos municipales, pide pasar página, es decir, que no regrese al-Sheyj Abdallah, pero que los dirigentes militares del CSE tampoco puedan presentarse a las elecciones presidenciales de junio de 2009. La actitud de Daddah ha sido, desde el principio, ambigua: reconoció el golpe y al nuevo gobierno, anunció que estaba dispuesto a formar parte de él con unas determinadas condiciones (que no se presentaran candidatos militares, garantías de elecciones libres y democráticas, período de transición no superior a 12 meses, definición de un programa de transición tras consultas con los diferentes actores políticos del país y creación de un gobierno de unidad nacional para el período de transición), aunque luego se echó atrás al no responder el CSE a sus peticiones; participó en las jornadas nacionales de consulta, pero no reconoció sus resultados por considerar que el CSE había manipulado las reuniones.

Tampoco el partido tiene una postura unificada: la vieja guardia de compañeros de Daddah es partidaria de boicotear al CSE y unirse a la oposición, dudando de la utilidad de unas elecciones tuteladas por la jefatura militar y con la participación de candidatos militares. Sin embargo, los “recién llegados” al partido (mayoritariamente dirigentes tribales y ex ministros que ingresaron en el BFD tras la

Ahmad Uld Daddah, secretario general del Bloque de Fuerzas Democráticas

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica14

elecciones de 2006 y 2007, a través de la devolución de sus prerrogativas al presidente de la República; la Constitución como referente para abordar las cuestiones nacionales y la ejecución de las recomendaciones de la clase política, incluida la organización de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. 4. El Parlamento

Como hemos señalado, más de la mitad de los parlamentarios apoyaron el golpe y la mayoría apoyó la formación del nuevo gobierno. A finales de noviembre, la mayoría parlamentaria aprobó introducir enmiendas en sus estatutos en virtud de las cuales se podía expulsar a parlamentarios, entre ellos al propio presidente del Parlamento, por ausencia continuada de las sesiones. De esa manera, y ese era su objetivo, podían destituir tanto a Masuud Uld Buljayr como a los parlamentarios de los partidos que conforman el opositor FNDD, ya que dichos parlamentarios consideran inconstitucional el Parlamento en ausencia del presidente del Estado democráticamente elegido y boicotean sus sesiones.

Por lo tanto, hoy por hoy, la mayoría parlamentaria ratifica la estrategia iniciada por las nuevas autoridades a través de las Jornadas Nacionales de Consulta. Tras esas jornadas, denominadas pomposamente “Estados Generales de la Democracia”, el Parlamento, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de enero, aprobó un documento denominado Hoja de ruta que incluía diversas estrategias de acción para salir de la crisis institucional: el establecimiento de un período de transición que debe oscilar entre 12 y 14 meses; la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes; la necesidad de que cualquier persona con cargo público e influencia renuncie a su cargo antes de presentar su candidatura a las elecciones; la creación de una junta electoral independiente; la introducción de enmiendas constitucionales que limiten las atribuciones del presidente; la concesión al Parlamento del derecho a cesar al presidente;

disolución del partido de Mu‘awiyya Uld al-Taya‘) son partidarios de seguir apoyando al régimen y convencerlos de que no presenten candidaturas en las próximas presidenciales.

Para el BFD, la solución pasa por los “tres noes”: no al regreso del anterior presidente; no a la presentación de candidaturas de militares o de miembros de las fuerzas de seguridad en las elecciones presidenciales de junio; y no a la modificación de la Constitución en las circunstancias actuales. La oficina ejecutiva del BFD presentó el 3 de febrero la Declaración para salir de la crisis, en árabe y en francés, en la que se compromete a estar abierta al diálogo con todas las partes. Para el BFD, la superación de la actual crisis política e institucional se basa en las siguientes estrategias:

1. No regresar a la situación previa al 6 de agosto, lo que significa alejar de la vida política al presidente depuesto.

2. Rechazar cualquier modificación de la Constitución en las circunstancias actuales.

3.El ejército debe abandonar el poder y no debe presentarse a las elecciones presidenciales, ya que ello no hará sino acentuar el aislamiento internacional y agravar las sanciones.

4. Garantías suficientes para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes a las que no podrá presentarse como candidato ningún miembro de la autoridad de transición ni podrán apoyar a ningún candidato, al contrario de lo que ocurrió en las elecciones de 2007.

5. La formación de un gobierno de unidad nacional que dirija el país durante el período de transición constituido por los partidos con representación parlamentaria y por todos aquellos que tengan base popular.

6. La creación de una comisión electoral nacional e independiente consensuada que supervise el proceso electoral.

7. El llamamiento a un diálogo inmediato entre todos los actores políticos mauritanos (CSE, partidos políticos que apoyan a la junta militar, los partidos opuestos al golpe, las otras fuerzas políticas y los parlamentarios) que cuente con el apoyo de actores regionales e internacionales, con el fin de trazar una hoja de ruta consensuada que permita al país salir de la crisis.

El Partido Mauritano de Unión y Cambio (Hatim), de Saleh Uld Hanana, la Alianza por la Justicia y la Democracia/Movimiento de Reforma, de Sar Ibrahima, el Movimiento de Democracia Directa, de Uld Rabbah y disidentes del PNDD-ADIL, que estaban antes en la oposición, consideraron el golpe como algo necesario.

3. Las fuerzas opuestas al golpe

Trece partidos opuestos a la acción militar, algunos con representación parlamentaria, formaron el denominado Frente Nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD) (al-Yabha al-Wataniyya li-l-Difa‘ ‘an al-Dimuqratiyya), el otro gran actor de la crisis. El FNDD incluye a la Alianza Popular Progresista (APP), de Masuud Uld Buljayr (presidente del Parlamento), el Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), dirigido por Bigel Uld Hamid, la Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo/Tawasul, dirigido por Muhammad Yamil Uld Mansur, legalizado después de las presidenciales de 2007, la Unión de Fuerzas de Progreso de Muhammad Uld Maulud, y otros nueve partidos minoritarios. Además, el FNDD cuenta con el apoyo de la mayor parte de los sindicatos y de un referente de la autoridad islámica en el país, el Centro de Formación de Ulemas (Markaz Takwin al-‘Ulama’), dirigido por el sheyj Muhammad al-Hasan Uld Dedew, dado que la ideología que sustenta a este Centro vio satisfechas algunas de sus reivindicaciones por parte del régimen de al-Sheyj Abdallah: la legalización de un partido islamista (Tawasul), la construcción de una mezquita dentro del palacio presidencial y la declaración del viernes como día festivo. Hay que tener en cuenta que Uld Dedew había sido encarcelado en varias ocasiones bajo el régimen de al-Taya‘ y que pocos días después del golpe de Estado de 2005 fue puesto en libertad por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia.

Este conglomerado de fuerzas exige el retorno al orden constitucional y la restitución a sus cargos del presidente y el primer ministro depuestos, no reconoce al nuevo primer ministro y reclama la no injerencia del ejército en las cuestiones políticas. Rechazó participar en las Jornadas Nacionales de Consulta y ha anunciado que boicoteará las elecciones presidenciales, ya que sólo reconoce la autoridad legal del presidente depuesto al-Sheyj Abdallah, quien hizo pública, el pasado 22 de enero, una iniciativa para solucionar la crisis que se articula en torno a cuatro ejes de actuación: el alejamiento del ejército de la escena política; la restauración de las instituciones legítimas surgidas de las

De los 95 miembros del Parlamento, elegidos en noviembre de 2006, 55 han apoyado al nuevo régimen y 40 se han opuesto a él.

Parlamentarios a favor:

Diputados escindidos del PNDD/ADIL: 25Bloque de Fuerzas Democráticas: 16Partido Republicano: 7Partido Mauritano de Unión y Cambio: 3Unión por la Democracia y el Progreso: 2Renovación Democrática: 1Frente Popular: 1

Parlamentarios en contra:

PNDD/ADIL: 20Unión de Fuerzas de Progreso: 8Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo/Tawasul: 5Alianza Popular Progresista: 5Partido al-Badil: 1Agrupación Nacional para la Libertad, la Democracia y la Igualdad: 1

El nuevo primer ministro, Maulay Uld Ahmad Laghdaf

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 15

la limitación del derecho del presidente a disolver el Parlamento en determinadas condiciones; introducir cambios en la forma de elegir y destituir al presidente del Parlamento; y la constitución de un gobierno de unidad nacional que dirija los asuntos del país durante el período de transición.

La sociedad internacional y la crisis mauritana

Diversos organismos internacionales y potencias occidentales, afectados por la interrupción del proceso democrático en Mauritania, han adoptado diferentes posturas para buscar una solución a la crisis política e institucional del país. El principal debate entre esos organismos internacionales se centra en la conveniencia o no de imponer sanciones selectivas que, en principio, sólo deberían afectar a los miembros del CSE y del gobierno, puesto que todos están de acuerdo en la necesidad de un diálogo mauritano y de la restauración del orden constitucional, si bien los mecanismos planteados para lograrlo difieren.

Uno de los primeros organismos internacionales en reaccionar fue la Unión Africana, que desde entonces lleva la iniciativa para buscar una solución consensuada a la crisis.

La Unión Africana (UA) ha abordado la cuestión del golpe de Estado en Mauritania, y del golpe de Estado en Guinea (23-12-2008) y la intentona militar en Guinea Bissau (5-8-2008), como una oportunidad para afirmar su autoridad y su rechazo a cualquier levantamiento militar que tenga lugar en el continente africano, siguiendo los principios que aparecen en su Carta Fundacional de 1999. Así, ha presionado para que pusieran en libertad al presidente destituido, ha exigido la liberación de los detenidos y la reactivación de las instituciones democráticas. La UA suspendió en agosto la condición de país miembro de Mauritania, hasta que “recobre un gobierno constitucional”, de manera que no pudo participar oficialmente en la última cumbre de la organización celebrada en Addis Abeba el pasado 1 de febrero, aunque sí estuvieron en la capital etíope dos delegaciones mauritanas: una gubernamental, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Muhammad Mahmud Uld Muhammadu, y otra de la oposición, del FNDD, dirigida por Masuud Uld Buljayr, presidente del Parlamento. La reunión de la UA en Addis Abeba decidió apoyar las conclusiones a las que había llegado su Consejo de Paz y Seguridad, que exigía el retorno del orden constitucional, y las decisiones que tomara en adelante respecto a Mauritania, y por lo tanto ha reafirmado la decisión adoptada el pasado 5 de febrero sobre la imposición de sanciones individuales a los miembros del CSE y a todos aquellos que participan en la gestión del nuevo gobierno, tanto si son civiles como si son militares. Las sanciones incluyen: restricciones en los viajes, prohibición de obtención de visados, congelación de cuentas y posibilidad de persecución judicial. Y lo que puede ser más

preocupante para el nuevo régimen mauritano es que la UA amenaza con internacionalizar el conflicto planteando la cuestión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora bien, no hay que olvidar que en el seno de la UA hay diferentes posturas respecto a la crisis política mauritana, ya que países como Libia, Senegal, Gambia y Tanzania han mostrado una cierta comprensión hacia la agenda política del CSE, se han mostrado dispuestos a colaborar en la preparación y celebración de las elecciones presidenciales de junio y han rechazado la postura oficial de la UA que califican de excesivamente “dura”.

El Grupo de Contacto creado a instancias de la UA y formado por la Unión Europea, la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización Internacional de la Francofonía y la ONU, sigue de cerca la evolución de la situación en Mauritania. En la última reunión, celebrada en París el 20 de febrero, estableció una “hoja de ruta” en la que se hace eco de las diferentes iniciativas planteadas por los actores locales, regionales e internacionales –entre ellas la iniciativa franco-qatarí, apoyada por España y Libia, de mediación entre las partes–, y que defiende la formación de un gobierno nacional presidido por la mayoría parlamentaria en el que participen todos los actores en conflicto, pero en el que el ministerio del Interior, encargado de supervisar las elecciones, y la presidencia del Parlamento estén en manos de la oposición, la dimisión de al-Sheyj Abdallah y de Abdelaziz antes del periodo fijado por la ley para la presentación de candidaturas y que el presidente del Senado, en virtud de la Constitución, sea quien dirija el país hasta las elecciones presidenciales.

La prioridad del Grupo de Contacto es llegar a una solución consensuada que elimine las sanciones y anule la posibilidad de una internacionalización de la crisis con la intervención del Consejo de Seguridad. Esta hoja de ruta insta a un diálogo entre todas las partes bajo los auspicios de la UA; a la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes organizadas por instituciones con legitimidad y bajo la égida de un gobierno neutral en el marco de una solución “global, pacífica y democrática” aceptable para el pueblo mauritano y para la comunidad internacional; a acelerar el regreso al orden constitucional; a rechazar cualquier paso o iniciativa unilateral; a un diálogo político nacional de todos los partidos bajo los auspicios del presidente de la UA, el dirigente libio Muammar al-Qaddafi, con la participación de las organizaciones internacionales; a un seguimiento de los acontecimientos en el país y a una nueva valoración de la situación a finales de marzo. El dirigente libio ya ha puesto en marcha una iniciativa para mediar entre las partes con su intervención personal en la cuestión. Durante la visita que realizó a Mauritania en marzo, al-Qaddafi se reunió con las partes en conflicto, pero su iniciativa fue rechazada por el frente de oposición al nuevo régimen, ya que básicamente la mediación libia había adoptado los postulados de los golpistas:

nuevas elecciones en junio a las que se podrá presentar cualquiera, incluido pues Abdelaziz, siempre y cuando renuncie al uniforme militar, y la aceptación de la nueva realidad, es decir, el derrocamiento del presidente electo al-Sheyj Abdallah. En el entorno del Magreb, Marruecos ha reconocido a las nuevas autoridades y Argelia ha tomado la posición contraria.

En tanto que principal donante en Mauritania (117 millones de euros entre 2002 y 2007 en concepto de ayuda al desarrollo), la Unión Europea también se movilizó rápidamente ante la destitución del presidente electo. Si bien ha rechazado las medidas de excepción impuestas por la junta militar y ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones si no se restablecía el orden constitucional, parece que progresivamente ha mostrado una mayor flexibilidad ante la nueva situación creada en Mauritania. Pero no por ello hay que infravalorar la labor de los embajadores de la UE en Mauritania, que desplegaron una intensa actividad diplomática tras el golpe militar basada en encuentros con el presidente el CSE, con dirigentes de partidos políticos y representantes de la sociedad civil para buscar una fórmula de consenso para salir de la crisis en virtud de los Acuerdos de Cotonou, que incluyen el respeto de los procesos democráticos y del estado de derecho. Francia ha decidido congelar sus proyectos de cooperación pública al desarrollo en Mauritania, a excepción de los programas de ayuda humanitaria y de alimentos, medida adoptada tras el anuncio de Estados Unidos de suspender toda la ayuda no humanitaria al país africano.

La Administración estadounidense presionó, desde el principio, para que las autoridades militares pusieran en libertad al presidente destituido. Ha suspendido la ayuda militar y al desarrollo, no así la ayuda humanitaria, y ha restringido los viajes de los miembros del CSE a EEUU. Con el anterior gobierno había comenzado negociaciones para aumentar la cooperación militar, pero el entonces presidente Bush anunció en diciembre que a partir del primero de enero de 2009 se anulaba el régimen de ventajas comerciales que disfrutaba Mauritania como respuesta al golpe. Es significativo que para la celebración de la investidura del nuevo presidente de EEUU, Barack Obama, el pasado 20 de enero, la Administración invitara en Washington al ex embajador mauritano, Yahya Ibrahim, representante del gobierno del presidente destituido. En cualquier caso, EEUU ha mostrado su apoyo a las decisiones tomadas por la UA.

Otros organismos internacionales han seguido, más o menos, los pasos trazados por la UA, la UE y EEUU. Así, por ejemplo, la OTAN ha suspendido las actividades conjuntas con Mauritania y ha exigido el retorno de la democracia al país (Mauritania es uno de los siete países miembros del Foro Diálogo del Mediterráneo que reúne a los países de

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica16

FUENTES

BENSAAD, Ali. “Mauritanie: une révolution de Palais sur fond d´odeur de pétrole”, en L´Année du Maghreb. Edition 2005-2006. Paris: CNRS Editions, 2007, pp. 323-336. ‘ISAM LA‘RUSI, Muhammad. “al-Inqilabat al-‘askariyya wa-azmat al-dimuqratiyya fi-Muritaniya” (Golpes militares y crisis de la democracia en Mauritania). al-Dimuqratiyya, (Octubre 2008), pp. 137-144. OJEDA GARCÍA, Raquel. “Mauritania tras el golpe de Estado de agosto de 2008: continuidades y cambios” en www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CON-TEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Mediterraneo+y+Mundo+Arabe/ARI94-2008 OULD AHMED SALEM, Zekeria. “Mauritania antes y después del golpe de Estado”, en Afkar/Ideas, nº 20 (Invierno 2008/2009), pp. 44-47. www.ami.mr/fr/articles/biographies/Gouv-CVs/index.html (Biografía de los miembros del gobierno, en francés) www.ami.mr/fr/images/HCE/index.htm (Miembros del Consejo Supremo de Estado) www.mauritania.mr/index.php?service=5&id=3765 (Comunicado del Consejo Supremo de Estado del 11 de agosto de 2008)www.aljazeera.net/NR/exeres/8E1E9951-5F9F-418F-807B-1A5CD65270F4.htm#* (Análisis de la crisis mauritana del Dr. Zakariyya Uld Ahmad Salem, profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Económicas de la Universidad de Nuakchot)www.saharamedias.net/smedia/index.php/2008-12-24-00-08-06/2986-q-q----.html (Texto en árabe del Informe Final de las Jornadas Nacionales de Consulta celebradas entre el 27 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009)www.ami.mr/ar/2009/janvier/28/04.html (Declaraciones del presidente del CSE sobre el resultado de las jornadas nacionales de consulta celebradas del 27 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2009)www.alakhbar.info/5167-0--FBC--F-B-F5-F0-.html (Comunicado emitido tras la reunión del consejo de ministros del 5/2/2009 en la que se aprobó, entre otras cosas, introducir cambios en la ley que regula la elección del presidente de la República, la concesión del derecho a voto a los mauritanos residentes en el extranjero y las disposiciones para las elecciones, del 3 de mayo, de renovación parcial del senado) www.alakhbar.info/4065-0--FAB--F-F-FF-B0F-FCB-FF.html (Discurso pronunciado por al-Sheyj Abdallah el 20 de noviembre de 2008)http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_mr_csp10_fr.pdf (Mauritania-Comunidad Europea. Documento de estrategia país y programa indicativo nacional para el periodo 2008-2013, elaborado antes del golpe de Estado) www.ufpweb.org/ar/spip.php?article48 (Primer comunicado del Frente Nacional de Defensa de la Democracia fechado el 7 de agosto de 2008)http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Cotonou_EN_2006_fr.pdf (Acuerdos de Cotonou de partenariado entre los países de la ACP y la Comunidad Europea de junio de 2000. La violación de los artículos 9 y 96 capacita a la UE para emprender consultas)www.aljazeera.net/NR/exeres/F4ED9B62-91F6-412C-A6A3-1D0B3B958E91 (Entrevista concedida por Muhammad Uld Abdelaziz a la cadena Aljazeera el 10 de agosto de 2008)www.eljebha.org/fr/suite-info-fr.php?var=68 (Comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la UA sobre la situación en Mauritania emitido el 22 de diciembre de 2008)www.aljazeera.net/NR/exeres/B0C71DCB-EC67-4669-BA36-9AFD4C47BFAF (Entrevista con el presidente del Centro de Formación de Ulemas, el sheyj Muhammad al-Hasan Uld Dedew, el 21 de noviembre de 2008) www.africa-union.org/root/UA/Conferences/2009/Jan/Summit_Jan_2009/doc/CONFERENCE/Assembly%20AU%20DEC%20%20208-240%20(XII)%20Fr.pdf (Comunicados en francés de la Conferencia de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba del 1 al 3 de febrero de 2009) www.africa-union.org/root/UA/Conferences/2009/Jan/Summit_Jan_2009/doc/CONFERENCE/ASSEMBLY%20AU%20DEC%20%20208-240%20(XII).pdf (Comunicados en inglés)http://www.africa-union.org/root/UA/Conferences/2009/Jan/Summit_Jan_2009/doc/CONFERENCE/Assembly%20AU%20DEC%20%20208-240%20(XII)%20Fr.pdf (Comunicados en árabe)DIRECCIONES ÚTILESwww.mauritania.mr (Página oficial de la República Islámica de Mauritania)www.hce.mr (Página del Consejo Supremo de Estado) www.eljebha.org (Página oficial del Frente Nacional para la Defensa de la Democracia)www.rfd-mauritanie.org (Página oficial del Bloque de Fuerzas Democráticas)www.alakhbar.info (Agencia mauritana de noticias independiente) www.ami.mr (Agencia Mauritana de Noticias, oficial)www.un.mr/revuepresse (Centro de Información y Documentación de la ONU y el Banco Mundial en Mauritania) www.es.for-mauritania.org/ (Foro de oposición al golpe)

la Unión del Magreb Árabe –excepto Libia–, Egipto, Jordania e Israel y los países de la OTAN), y la ONU ha exigido que el presidente destituido forme parte en la búsqueda de una salida a la crisis política.

Sin embargo, tanto la Liga Árabe como la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara, que aglutina a 28 países, entre ellos Mauritania, se han distanciado más de las iniciativas de la UA. A pesar de que el Secretariado General de la Liga Árabe emitió un comunicado expresando su gran preocupación por lo sucedido, exigiendo la preservación del proceso democrático en el país y exhortando a todas las partes a un diálogo nacional para buscar una solución política a la crisis que garantice la legalidad constitucional y el regreso de las instituciones democráticas, también ha rechazado la política de imposición de sanciones con el argumento de que afectarían al pueblo y no tendrían los resultados esperados, al igual que la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara que es partidaria de que las nuevas autoridades mauritanas prosigan su proceso de regreso al orden constitucional a través de las próximas elecciones, a las que asistirá como observador.

La salida consensuada

Todos los actores locales han calificado la “hoja de ruta” trazada en la última reunión del Grupo de Contacto, celebrada en París el 20 de febrero, como elemento positivo para resolver la crisis. El CSE porque ale-ja la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones y hace un llamamiento a un diálogo nacional, en cuyo marco ha hecho las siguientes propuestas: la disposición de Abdelaziz a renunciar al poder y a su cargo militar antes de la celebración de las elecciones que deberán ser supervisadas por la comunidad internacional (lo cual le permitirá presentarse como candidato pre-sidencial, presumiblemente arropado por un partido de nueva creación). También es igualmente positiva pare el FNDD, por-que rechaza cualquier actuación unilateral por parte de la jefatura militar y mantiene las sanciones individuales impuestas por la UA a los miembros del CSE y del go-bierno, de manera que ya se ha mostrado dispuesto a dialogar con las autoridades militares bajo los auspicios de la UA. Final-mente, también para el Bloque de Fuerzas Democráticas, porque el comunicado re-coge algunas de las propuestas lanzadas

por esta formación política para salir de la crisis (creación de un gobierno de unidad nacional que organice y supervise el próxi-mo proceso electoral).

Mientras tanto, el CSE está desarrollando una gran actividad para tratar de silenciar a la oposición del FNDD, cuyo cuartel gene-ral se encuentra situado ahora en Lemden, el pueblo natal de al-Sheyj Abdallah. Uno de los máximos exponentes de la oposi-ción, Masuud Uld Buljayr, presidente del Parlamento, se arriesga a ser destituido, al igual que los diputados opuestos al régi-men. No es el caso de la figura de Daddah y de su partido que han adoptado una pos-tura ambigua que puede permitirles sobre-vivir hasta las anunciadas elecciones.

En conclusión, con la “hoja de ruta” del Grupo de Contacto sobre la mesa, lo úni-co que hace falta, hoy por hoy, es cierta flexibilidad en las posturas de las partes enfrentadas, un cierto pragmatismo que ayude a encontrar la salida consensuada a la crisis política e institucional mauritana y permita retomar el proceso de transición democrática iniciado en 2005, e incluso fortalecerlo.

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 17

Perfiles

El sheyj Sherif Sheyj Ahmad nació el 25 de julio de 1964 en uno de los pueblos de la región de Mahadaay, 120 km al noreste de la capital somalí, una zona mayoritariamente habitada por el clan Hawiya, a una de cuyas ramas pertenece su familia, del sub-clan Abgaal. Su familia estaba profundamente influida por la tradición sufí, ya que su padre era seguidor de la tariqa Idrisiyya, una de las múltiples cofradías fundadas por discípulos de Ahmad Ibn Idris al-Fasi (1760-1837) y que tuvo, y tiene, un importante papel político y religioso en Somalia, Sudán, Eritrea y Etiopía, ya que a diferencia de las cofradías tradicionales, más proclives al retiro espiritual, la Idrisiyya se caracteriza por su vocación docente y misionera basada en una buena organización centralizada.

Cursó la enseñanza primaria en Yawhar, 90 km al norte de Mogadiscio, y la secundaria en una escuela sufí vinculada a la Universidad de al-Azhar (Egipto), donde realizó sus estudios en lengua árabe. Al acabar la educación secundaria, se trasladó a Sudán donde comenzó sus estudios de Lengua Árabe y Geografía en la Universidad de Kordofan (actualmente Universidad de Dalanj). Tras dos años en Sudán, viajó a Libia para cursar estudios universitarios en la Universidad Abierta de Trípoli, donde se licenció en Derecho y Legislación Islámica en 1998. En 2002 regresó a Yawhar, cuando el débil gobierno de Abdiqasem Salad Hasan, un ex ministro de Interior del dictador Siad Barre que hacía las veces de presidente desde el exilio en Yibuti, estaba intentando tomar el control de Mogadiscio.

Sheyj Ahmad se oponía al gobierno de Salad Hasan trabajando al lado de Mohammad Dayri, un señor de la guerra que pertenecía a su mismo clan y que por entonces controlaba la región de Yawhar. Sheyj Ahmad no tardó en ser nombrado presidente del Tribunal Regional de Yawhar, lo que le supuso enemistarse con Dayri, que se convirtió en uno de los principales actores de la Alianza para la Restauración de la Paz y la Lucha Antiterrorista.

Como resultado de sus discrepancias con Mohammad Dayri, Sheyj Ahmad abandonó Yawhar y se trasladó a la capital, Mogadiscio, donde comenzó a impartir clases de geografía,

lengua árabe y estudios islámicos en una escuela secundaria. Al mismo tiempo, se dedicó al comercio y abrió con algunos socios una tienda para hacer y vender dulces.

En 2003 se produjo un acontecimiento que marcó la vida de Sheyj Ahmad, como él mismo reconoce, y que constituyó un punto de inflexión en su trayectoria. Uno de sus alumnos más pequeños fue secuestrado por una banda (que seguía instrucciones de uno de los señores de la guerra de la región) que pidió un gran rescate a cambio de su liberación. Desde este momento, Sheyj Ahmad tomó la determinación de hacer frente a los señores de la guerra.

A partir de entonces empezó a concienciar a la gente sobre la necesidad de tener un mínimo de seguridad en su región, lo que le llevó a desarrollar la idea de crear un tribunal islámico del que fue elegido presidente. Este tribunal, que funcionaba con el trabajo de voluntarios, pudo liberar al joven y a otros tantos que habían sido secuestrados, y se hizo fuerte hasta el punto de poder mantener la seguridad, frenar los saqueos, asaltos y robos que se producían continuamente y que habían quedado, hasta entonces, impunes.

Otros tribunales se crearon a imagen y semejanza del primero, con el objetivo de hacer frente a los señores de la guerra, y en 2004, decidieron finalmente aunar fuerzas bajo el liderazgo de Sheyj Ahmad.

Cuando la Unión de Tribunales Islámicos se hizo con el control de Mogadiscio en junio de 2006, Sheyj Ahmad aseguró con toda claridad que su movimiento no pretendía imponer en Somalia un sistema de gobierno islámico al estilo de los talibán afganos, sino “dar al pueblo somalí la oportunidad de decidir su futuro por sí mismos”. Ahora ha llegado el momento de que el nuevo presidente transforme sus palabras en hechos.

Cuando en diciembre de 2006 las tropas etíopes entraron en Somalia para combatir a la Unión de Tribunales Islámicos, en respuesta a una petición del Gobierno Federal de Transición, Sherif Sheyj Ahmad abandonó el país. En Kenia, país que eligió para exiliarse, fue arrestado por las autoridades y, más tarde, liberado en virtud de un pacto secreto alcanzado con el entonces enviado especial de EEUU para Somalia y Kenia, Michael Raneberger. Este acuerdo permitió la liberación de Sheyj Ahmad a cambio de la de 15 marines norteamericanos que permanecían en manos de las milicias de los Tribunales Islámicos. En febrero de 2007 Sheyj Ahmad se trasladó a Yemen, desde donde regresó a Somalia, tras dos años de exilio, en diciembre de 2008, cuando

las tropas etíopes comenzaban a retirarse. El pasado 31 de enero, en Yibuti, Sheyj Ahmad fue elegido presidente de Somalia por una indiscutible mayoría de miembros del parlamento somalí transitorio (293 de 420 votos). Esta votación fue supervisada por la Liga Árabe, la Unión Africana y Naciones Unidas, que aseguraron que el proceso había sido transparente y fiable. La primera consecuencia de la elección de Ahmad es que el gobierno y el Parlamento han empezado a trasladarse, gradualmente, a Mogadiscio, algo que no ocurría desde hacía años. El nuevo presidente parece estar planificando la creación de unas fuerzas de seguridad de unos 10.000 hombres, que integren tanto a la policía somalí como a los combatientes de algunas milicias de la resistencia. Estos nuevos soldados necesitarán entrenamiento y preparación, algo que ya se ha ofrecido a hacer Francia, cuyo ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, se reunió con Sheyj Ahmad en Yibuti el pasado mes de febrero.Muchos analistas coinciden en que Sheyj Ahmad es la personalidad que más posibilidades tiene de lograr una reconciliación o, por lo menos, de poder emprender el camino hacia una futura estabilidad. Internamente, goza del apoyo de los grupos islamistas, excepto de los más radicales, y de otros sectores del espectro somalí que reconocen el apoyo popular y la aceptación social de este líder. Exteriormente, parece que los países occidentales también van a darle una oportunidad porque Sheyj Ahmad siempre se ha presentado como el representante más moderado de los Tribunales Islámicos.

Este carácter moderado ha servido como excusa a los grupos más radicales, principalmente a su enemigo y antes compañero, Hasan Aweys, para acusarle de alinearse con los enemigos de Somalia. Cuando en diciembre de 2008 decidió regresar a su país, Sheyj Ahmad fue recibido en el aeropuerto de Mogadiscio nada menos que por miembros del Gobierno Federal de Transición, sus antiguos enemigos. El enviado especial de la ONU para Somalia, Ahmedu Uld Abdallah, aseguró que el regreso de Sheyj Ahmad suponía un “paso hacia delante en el proceso de paz somalí”.

El sheyj Sherif Sheyj Ahmad: de líder de los Tribunales Islámicos a nuevo presidente de Somalia

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica18

Muhammad Uld Abdelaziz: de jefe de la Guardia Presidencial a presidente de la República.

Tiene experiencia en golpes de Estado, en darlos y en evitarlos: en 2003 abortó el que había urdido Saleh Uld Hanana contra el presidente Mu‘awiya Uld al-Taya‘, y por sus servicios fue ascendido a teniente coronel. Abdelaziz acompañó a al-Taya‘ durante años en sus viajes, en sus tramas y, desde principios de 2000, se convirtió en su hombre de confianza. Pero ese joven teniente coronel desempeñó un papel destacado –para algunos observadores incluso fue el dirigente de facto– en el golpe militar que en agosto de 2005 destituyó a su mentor, que había permanecido en el poder veintiún años. De manera que Abdelaziz ayudó, junto con su primo Ely Uld Muhammad Vall, a que Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah se convirtiera en el primer presidente de la República elegido democráticamente. También esto fue recompensado con el ascenso al grado de general –junto con sus compañeros de armas Muhammad Uld al-Gazawani y Félix Negri– y con el nombramiento como jefe de la Guardia Presidencial en enero de 2008. Estos ascensos fueron calificados por la oposición política como muestra de “debilidad” del entonces presidente, al-Sheyj Abdallah, todavía rehén, decían, de la jefatura militar que le había conducido hasta el palacio presidencial en marzo de 2007. Hasta el 6 de agosto de 2008. Ese día, pocas horas después de que el Presidente promulgara un decreto en el que destituía a Abdelaziz, a al-Gazawani, jefe del Estado Mayor del Ejército; a Negri, jefe del Estado Mayor de la Guardia Presidencial; y a Ahmad

Uld Bekrin, jefe del Estado Mayor de la Gendarmería, dirigió un golpe de Estado que puso en evidencia las diferencias entre el presidente civil y su principal respaldo militar. Las diferencias giraban en torno a cómo abordar algunos dosieres internos, por ejemplo, el de la lucha antiterrorista, después de varios ataques armados contra turistas extranjeros atribuidos a células al-qaidistas. Desde entonces, el general Abdelaziz gobierna el país a través de una junta militar, el Consejo Supremo de Estado, y es el octavo presidente desde la independencia del país, en 1960, y el sexto que viste traje militar.

Muhammad Uld Abdelaziz nació en 1956 en la ciudad de Akjoujt, capital de la región occidental de Inshiri, una de las regiones más ricas en recursos naturales –oro y cobre, fundamentalmente–, en el seno de una familia perteneciente a la tribu de los Awlad al-Siba‘i, que se extiende desde el sur de Marrakech hasta el río Senegal, al sur de Mauritania.

Ingresó en el ejército en 1977 y se graduó en la Academia Militar de Mequinez (Marruecos). Pocos años después, el presidente al-Taya‘, que había llegado al poder en 1984 a través de un golpe de Estado, le reclutó para su recién creada Guardia Presidencial, conocida en el país como BASEP (Batallón de la Seguridad Presidencial), uno de los cuerpos militares mejor preparados y equipados. Desde ese puesto repelió la asonada militar de Hanana en 2003. Pero la intentona produjo un distanciamiento entre el presidente al-Taya‘ y la cúpula militar, que advertía que el régimen estaba a punto de exhalar su último aliento, lo que desembocó en el golpe de Estado

de 2005 que acabó destituyendo al Presidente cuando éste regresaba de Arabia Saudí, donde había asistido al funeral del rey Fahd. Porque para Abdelaziz, el régimen de al-Taya‘, bajo el cual había ascendido dentro del BASEP, era “un simulacro de democracia… una democracia de fachada hecha para Occidente. Era un maquillaje al servicio del régimen y de un grupo de individuos que se beneficiaban ante la mirada de las organizaciones internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”.

Abdelaziz se convirtió en el número dos del Consejo Militar de Justicia y Democracia instaurado en agosto de 2005, a la sombra de Ely Uld Muhammad Vall, director de la Seguridad Nacional, quien asumiría la presidencia de la República temporalmente hasta la celebración de las elecciones presidenciales de marzo de 2007, mientras el Consejo Militar, es decir, Abdelaziz y sus compañeros, supervisaba el proceso de transición democrática. Ya entonces, Abdelaziz hablaba, como lo hace ahora, de celebrar elecciones libres y transparentes. Desde esa nueva posición, Abdelaziz se convirtió en el artífice de los apoyos de políticos influyentes a la candidatura de al-Sheyj Abdallah, quien finalmente resultaría elegido presidente del país. El Presidente le encomendó el dossier de la lucha antiterrorista, en cuyo marco desarrolló una campaña de detenciones entre los miembros de la corriente salafí durante 2008.

Al igual que la mayoría de los altos oficiales del ejército mauritano, Abdelaziz posee una doble cultura: mauritana y francófona.

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 19

Opinión públicaPopularidad del primer ministro turco tras el Foro de Davos.

En Turquía, el Centro de Investigación Estratégica y Social MetroPoll ha realizado una encuesta de opinión sobre lo que ocurrió el 29 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, salió furioso de un debate sobre el conflicto en Gaza, acusando a los organizadores de no dejarle hablar tras una larga intervención del presidente israelí, Simon Peres. La encuesta se realizó el día siguiente sobre una muestra representativa de 1002 adultos. Además de preguntas concretas sobre lo ocurrido, que han evidenciado un apoyo a la actuación del primer ministro de cerca de un 80%, mientras que sólo un 10% se mostró contrario a la actitud del dirigente turco, se nota también la influencia de esta cuestión en la aprobación general de la persona de Erdogan y su mandato, que ha pasado del 57% en junio de 2008 al 55% a primeros de enero de 2009 y al 74% a finales de mes después de lo sucedido y con una evaluación de sus actuaciones de 7,5 –en una escala de 0 a 10–, respecto al 6,8 de junio 2008.

A la pregunta sobre si el enfado con el que Erdogan abandonó el debate del Foro juega a favor o en contra de Turquía, el 55,7% de los entrevistados cree que favorece al país, el 21% considera que va en contra de sus intereses, el 4,5% cree que ni favorece ni perjudica y el 18,9% no sabe lo que ha ocurrido o no responde.

A la pregunta sobre si el abandono del debate por parte de Erdogan después de un duro intercambio de comentarios con el presidente israelí Simón Peres afectará a las relaciones entre Turquia e Israel, el 41% ha contestado que tendrá efectos negativos, el 37,6% positivos y el 10% que no tendrá ningún impacto.

Las respuestas a la pregunta, mucho mas genérica, sobre a qué partido votaría si se convocasen elecciones parlamentarias, el 49,3% apoyaría al Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, el 11,5% al Partido Republicano del Pueblo (CHP), el 5,3% a Acción Nacionalista (MHP) y el 1,1% al Partido Saadet.

NS/NC: 17,8

NS/NC: 17,8

Ninguno: 4,5

Ninguno: 10

Impacto positivo: 37,6Impacto negativo: 40

AKP: 49,3

Indecisos: 15,4NS/NC: 10,3Otros partidos: 2,9Voto nulo: 1,6

No votaría: 2,7

CHP: 5,3

MHP: 5,3SP: 1,1

En contra: 21

A favor: 55,7

No sabelo ocurrido: 1,1

No sabe lo ocurrido: 1,1

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica20

La guerra contra Gaza según libaneses y palestinos

La imagen de Estados Unidos en Oriente Medio y el Norte de África

Estados Unidos en Afganistán

El Centro de Investigación e Información de Beirut realizó entre los pasados días 16 y 18 de enero una encuesta sobre la incursión israelí contra Gaza. Con una muestra de 1.100 personas (800 libaneses y 300 palestinos), la encuesta constata que los libaneses sienten una gran preocupación por lo ocurrido en Gaza.

Más de tres cuartas partes de los libaneses encuestados responsabilizan a Israel de lo sucedido. A pesar de que algunas fuerzas políticas libanesas responsabilizan a Hamás, sólo un pequeño porcentaje de los encuestados está de acuerdo con esa opción: el 19% de los sunníes y el 37% de los cristianos. Entre los shiíes, el 95% responsabiliza a Israel y el 93% de los palestinos encuestados opina igual. Además, el 64% de los libaneses y el 70% de los palestinos consideran que Hamás

y los grupos partidarios de la resistencia pueden liderar el proyecto nacional palestino.

Por otra parte, una amplia mayoría (el 75% de los libaneses y el 80% de los palestinos) critica la postura adoptada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, quien recibe el apoyo de tan sólo un 20% de los palestinos y de un 32% de los libaneses.

Los resultados de la encuesta muestran también que el 63% de los libaneses y dos tercios de los palestinos consideran que son los grupos partidarios de la resistencia quienes mejor representan la causa palestina, mientras que tan sólo el 25% opina que es la Autoridad Nacional Palestina. En este sentido, el 56% de los libaneses y el 70% de los palestinos opinan que la resistencia

es el mejor camino para que los palestinos consigan sus derechos, mientras que un 35% de los libaneses y un 29% de los palestinos siguen confiando en las negociaciones con Israel.

Preguntados sobre la postura de algunos países árabes respecto a la causa palestina, el 76% de los libaneses y el 88% de los palestinos aseguraron que Egipto no ha ofrecido apoyo a los palestinos. Respecto a Arabia Saudí, el 66% de los libaneses consideran que este país no ha ofrecido el apoyo necesario (entre ellos el 53% de los sunníes libaneses). Qatar y Siria obtuvieron una buena valoración: el 80% de los libaneses y el 71% de los palestinos valoraron positivamente el papel de Qatar; respecto a Siria, el 63% de los libaneses y el 59% de los palestinos valoraron positivamente su actuación.

Entre mayo y agosto de 2008, la organización Gallup realizó una encuesta en Siria, Jordania, Egipto, Líbano, Territorios Palestinos, Arabia Saudí, Argelia, Túnez, Turquía e Irán, con una muestra de 1.000 adultos mayores de 15 años, sobre la imagen exterior de EEUU, y cuyos resultados se han publicado el pasado mes de enero. Concretamente, se preguntó a los encuestados qué medidas de la nueva administración norteamericana podrían cambiar su opinión sobre este país.

La retirada de las tropas de Iraq fue la respuesta más votada en todos los países encuestados (52% en Siria, 64% en Egipto, 47% en Jordania, 59% en Arabia Saudí, 46% en los Territorios Palestinos, 75% en Túnez, 54% en Argelia, 30% en Turquía), excepto

en Irán y Líbano. En Irán, la opción más votada (45%) fue la de un mayor intercambio tecnológico y en Líbano, la de ofrecer mayor ayuda humanitaria para aliviar la pobreza (59%). Esta última opción obtuvo un 30% de apoyo también en Turquía.

El cierre de Guantánamo es la segunda y/o tercera opción en casi todos los países árabes (excepto en Líbano y Argelia) pero no en Irán ni en Turquía. En Irán, la segunda opción es la de promover un mejor desarrollo económico y crear trabajo (40%) y la tercera es ofrecer más ayuda humanitaria para combatir la pobreza (37%). En cuanto a Líbano, con un apoyo del 54%, quedaron dos opciones: promover un mejor desarrollo económico y crear trabajo, y aumentar el intercambio de tecnología. Y

en tercer lugar la retirada de tropas de Iraq. Respecto a Argelia, la segunda opción es una mayor ayuda humanitaria (36%).

Las medidas menos votadas en Siria, con un 30% de apoyo, son las de un mayor intercambio tecnológico y la de promover un mayor desarrollo económico. Esta última opción fue también la menos votada en Argelia (28%). En Egipto (50%), en Líbano (37%) y en Turquía (19%), la opción menos votada fue el cierre de Guantánamo; en Jordania (31%) y en Túnez (43%) quedó en último lugar la idea de fomentar el derecho de los musulmanes a elegir sus propios gobiernos; en Arabia Saudí (33%) y en los Territorios Palestinos (31%), la última opción fue la de un mayor intercambio tecnológico.

Una encuesta llevada a cabo por ABC News, la BBC y el canal alemán ARD, entre finales del pasado diciembre y principios de enero, muestra cómo el apoyo y la confianza en la labor de Estados Unidos en Afganistán están disminuyendo considerablemente entre la población afgana. El trabajo de campo para este estudio lo desarrolló el Centro Afgano de Investigación Socioeconómica y de Opinión (Kabul), que realizó entrevistas personales a 1.534 afganos en las 34 provincias del país. El 40% de los afganos considera que su país marcha en la dirección correcta, frente al 77% que respondió lo mismo en 2005. Un 38% opina que marcha en una dirección incorrecta, frente al 6% que opinaba así en 2005. Del mismo modo, el porcentaje de afganos que tiene una buena opinión de EEUU ha descendido desde un 83% hasta un 47%. Así, el 52% tiene una opinión desfavorable de dicho país. El 68% que en 2005 pensaba

que EEUU había tenido una buena actuación en Afganistán ha descendido hasta un 32% este año. La opinión de la sociedad afgana respecto a la OTAN y la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, según sus siglas en inglés) también ha empeorado en los últimos años. Si el 67% apoyaba en 2006 la presencia de tropas occidentales, ahora tan sólo el 37% se muestra favorable. Además, hoy en día el 25% asegura que se podrían justificar los ataques contra las fuerzas de EEUU, la OTAN y la ISAF frente al 13% que opinaba así en 2006. La elección del presidente Obama tampoco genera grandes expectativas: dos de cada diez afganos creen que su actuación será mejor para Afganistán, el mismo porcentaje que opina que será peor. El resto de los encuestados no espera ningún cambio.Al contrario de lo que opina la administración estadounidense, que se dispone a duplicar las

tropas desplegadas en Afganistán, la opinión pública afgana no es favorable a aumentar la presencia militar extranjera. Tan sólo el 18% apoya esta opción, mientras que un 44% se decanta por lo contrario, es decir, reducir el número de tropas. El 42% considera que la presencia de tropas occidentales es efectiva a la hora de proporcionar seguridad (frente al 67% de 2006) y el porcentaje de afganos que valora positivamente su propia seguridad ha decaído del 72% al 55%. En las provincias más conflictivas del suroeste, sólo el 26% se siente seguro y tan sólo un 14% en la provincia de Helmand. Así, un 36% culpa a las fuerzas de EEUU, de la OTAN o del ejército afgano, así como a los gobiernos estadounidense y afgano, de los conflictos y las luchas que tienen lugar en su país. Por el contrario, el 27% responsabiliza a los talibán. Igualmente, el apoyo del que gozaban la actuación del presidente Karzai y del gobierno central en 2005 (83% y 80%

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 21

El presidente civil de Pakistán

La organización Gallup Pakistán ha publicado en enero de 2009 una encuesta que realizó el pasado mes de octubre con una muestra de 840 adultos, mayores de 15 años, en todo el territorio pakistaní exceptuando el Área de Administración Tribal y la región de Jammu-Cachemira (cuya población representa el 5% del total). El objetivo principal de la encuesta era obtener una valoración del presidente Asif Ali Zardari que, de hecho, no ha conseguido buenos resultados.

En primer lugar, la actuación de Zardari sólo ha obtenido la aprobación del 19% de los encuestados, tan sólo dos puntos por encima del ex presidente Pervez Musharraf, que en junio obtuvo un 17%. Cuando se realizó la encuesta, un mes después de que Zardari fuera nombrado presidente –en septiembre de 2008–, sólo un 13% expresó su confianza en que el nuevo presidente iba a ser capaz de mejorar la situación de los

respectivamente) ha disminuido hasta un 52% y un 49%. El porcentaje de afganos que espera que su vida mejore en el próximo año ha descendido del 67% al 51% y tan sólo un 47% prevé que sus hijos tendrán una vida mejor.

El resurgimiento de los talibán es un elemento clave de alarma en la sociedad afgana. El 58% de los encuestados considera a este movimiento como el mayor peligro que amenaza el país; seguidos de los traficantes de droga (13%); EEUU (8%); los señores de la guerra locales (7%); y el gobierno afgano (1%). Además, el 43% opina que en el último año los talibán se han hecho más fuertes, frente al 24% que cree que se han debilitado. A pesar de que los talibán siguen sin gozar de un amplio apoyo popular, el 22% ha asegurado que “sí tienen cierto apoyo en su región”, teniendo en cuenta que este porcentaje se eleva hasta un 57% en las zonas del suroeste (un 44% el año pasado) y hasta un 64% en Kandahar (un 41% el año pasado), región originaria del movimiento. Lo que sí es cierto es que el 24% de los encuestados considera que los talibán se han vuelto más moderados, porcentaje considerable en algunas provincias, como en Wardak y Nangarhar, donde alcanza el 58% y 53% respectivamente. Otro dato que parece reflejar un cambio en la estrategia del movimiento es el número de ataques de los que se informa. Así, un 26% (frente al 43% de 2006) informó de algún ataque con bomba en su región y un 32% (frente al 42% de 2006) denunció algún asesinato por parte de los talibán. En cualquier caso, el número de afganos que considera la invasión estadounidense y el derrocamiento de los talibán algo bueno para su país ha descendido del 88% al 69%. De la misma manera, el apoyo a la presencia de tropas estadounidenses ha descendido del 78%

al 63%.

Por otra parte, la corrupción local se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los afganos: el 85% lo considera un problema y el 63% un gran problema y la mitad de los encuestados asegura que la corrupción ha aumentado en el último año. Las condiciones en las que viven los afganos están empeorando: un 55% no tiene electricidad y sólo uno de cada 20 dispone de corriente eléctrica todo el día. Además, más de la mitad de los encuestados ha declarado que tienen unos ingresos mensuales de menos de 100 dólares y el 93% de menos de 300 dólares. El 59% no tiene acceso a la educación básica, el 48% no sabe leer y el 63% asegura no poder costearse la comida que necesita. El 62% valora sus condiciones de vida positivamente, pero lo cierto es que este porcentaje ha ido disminuyendo incesantemente desde el 83% que opinaba así en 2005. De igual manera, el porcentaje de quienes consideran sus condiciones “muy malas” se ha duplicado desde 2006, del 17% al 33%.

A pesar de todo, se ha detectado cierto progreso en algunas áreas. El 72% de los encuestados asegura que las escuelas de su región han sido reconstruidas o reabiertas durante los últimos cinco años; el 53% informa sobre las mezquitas; el 47% habla de las carreteras; el 45% de los centros de salud; y el 44% de las comisarías. Así, el 42% considera que tiene buenas carreteras, puentes y otro tipo de infraestructura en su región (comparado con el 24% de 2005). El 77% valora positivamente el estado de las escuelas de su zona; el 65% asegura que dispone de agua potable (12 puntos más que en 2007). Así, el 73% aprueba la presencia de organizaciones extranjeras de ayuda. El 51% considera que estas organizaciones están consiguiendo ofrecer a los afganos una vida mejor y el 30% asegura

que se ha beneficiado personalmente de su trabajo.

A pesar de que la credibilidad de las instituciones afganas está empeorando, lo cierto es que la sociedad todavía confía más en éstas que en las estrategias occidentales. El 59% cree que el gobierno afgano está haciendo progresos y puede ofrecer una vida mejor a los afganos, el 75% tiene confianza en su capacidad para garantizar la seguridad y la estabilidad (casi el mismo porcentaje tiene confianza en la policía local así como en los gobiernos provinciales).

Un alto porcentaje (64%) está a favor de que el gobierno negocie con los talibán y les permita entrar en la vida política si abandonan las armas. Pero de este 64%, siete de cada diez pone como condición previa a dichas negociaciones que los talibán abandonen primero la lucha armada. Sólo un 33% cree que el gobierno, con apoyo externo, podría vencer a los talibán; otro 33% prevé un final negociado; un 19% considera que la lucha va a continuar; y tan sólo un 8% prevé una victoria de los talibán.

Respecto a la relación con sus vecinos, un amplio 91% tiene una opinión negativa de Pakistán, ya que el 67% cree que dicho país está permitiendo a los talibán operar en sus fronteras. En contraste, y debido a la tensa relación entre Pakistán e India, este último país es evaluado positivamente por el 74% de los afganos, así como Irán, cuya imagen es positiva para el 57% de los encuestados.

Otro de los resultados interesantes de esta encuesta muestra que el 92% de los afganos apoya la escolarización de las niñas y el 91% está a favor de que las mujeres puedan votar. Además, el 77% acepta que las mujeres trabajen fuera de casa y el 69% que asuman un cargo político.

pakistaníes, frente a un aplastante 62% que opinó lo contrario.

Fuera de la provincia de Sindh, tradicional feudo del Partido del Pueblo de Pakistán y región natal de Zardari, el nuevo presidente tiene pocos seguidores. Mientras que en dicha provincia el porcentaje de apoyo alcanzaba el 39%, en Baluchistán se reduce a 20%, a 12% en el Punjab y a tan sólo 7% en las Provincias Fronterizas del Noroeste. Respecto a las esperanzas de que Zardari mejore la situación del país en un futuro, el 29% de los encuestados en Sindh tenía esperanzas en este sentido, mientras que en Baluchistán el porcentaje de quienes confían en que el presidente mejore la situación del país se reduce al 9%, en el Punjab al 8% y en las Provincias Fronterizas del Noroeste al 2%.

El pesimismo de los pakistaníes respecto al liderazgo de Zardari queda patente en la

amplia mayoría (66%) que asegura que su país está siendo conducido en la dirección equivocada. Tan sólo un 10% cree que se encaminan en la dirección correcta. Frente a esto, y tal vez recordando tiempos económicamente mejores, el 28% aseguró que el ex presidente Musharraf conducía al país en la dirección correcta, frente al 45% que opinó lo contrario.

Tras años de régimen militar, el gobierno y las instituciones civiles continúan siendo débiles, así como la confianza de los ciudadanos en ellas. Las organizaciones religiosas obtienen el mayor porcentaje de confianza de los ciudadanos, con un 81%; el ejército obtiene un 67%; la confianza en los medios de comunicación (su integridad y calidad) alcanza un 45%; el sistema judicial, un 38%; el gobierno nacional, 35%; los bancos y otras entidades financieras, un 33%; el sistema sanitario, un 29%; y la confianza en la celebración de elecciones limpias, un 22%.

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica22

La Unidad de Opinión Pública del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad de Jordania ha realizado una encuesta sobre la democracia en Jordania el pasado mes de noviembre, con una muestra de 1.152 encuestados. Esta encuesta anual se enmarca en el proyecto de estudio del proceso de democratización del país que viene realizando el CEE desde 1999. Desde entonces, un promedio del 63% de los encuestados considera que el concepto de democracia reside en las libertades políticas y civiles, para el 21% se vincula con la justicia y la igualdad, el 11% relaciona democracia con desarrollo económico, social y cultural y el 4% con seguridad y estabilidad.

Respecto al sistema político apropiado para Jordania, el 80% de los encuestados considera que un sistema democrático es “muy bueno” o “bueno” para dirigir el país. De éstos, el 37% considera que “un sistema parlamentario en el que participen los partidos nacionalistas, los de izquierdas, los de derechas y los islamistas a través de elecciones legislativas” sería “muy apropiado” o “apropiado” (24%). El 11% opina que sería “poco apropiado” y el 12% asegura que “no sería apropiado en absoluto”. Por el contrario, el 50% opina que “un régimen con un gobierno fuerte que adopte las decisiones sin tener en cuenta los resultados electorales o la opinión de la oposición” no es apropiado en absoluto para Jordania, frente al 5% que lo considera “muy apropiado”. De la misma manera, un 37% rechaza “un sistema

El proceso de democratización en Jordania

parlamentario en el que sólo participen grupos islamistas en las elecciones” y lo considera “nada apropiado para Jordania”. El 7% opina que un sistema semejante sería “muy apropiado”.

Respecto a los problemas que puede solucionar un sistema parlamentario competitivo, el 44% opina que este sistema es el mejor para acabar con el problema de la corrupción, el 38% considera que podría hacer frente al problema de la pobreza; el 41% asegura que podría solucionar el problema del paro.

La mayoría de los encuestados vinculan la democracia con las libertades generales y la encuesta revela que se está produciendo un tímido avance en este sentido. Así, el 64% considera que la libertad de prensa está garantizada; el 63% cree que existe libertad de expresión; en tercer lugar, sólo el 40% opina que existe la posibilidad de afiliarse libremente a cualquier partido político; por último, sólo el 38% cree que existe derecho a la huelga y a la manifestación. A pesar de esta mejora en el respeto de las libertades individuales, el 80% ha asegurado “tener miedo de criticar al gobierno”, frente al 14% que ha contestado que no lo tiene.

Respecto a los obstáculos que impiden a Jordania avanzar más rápidamente en el proceso de democratización, el 17,4% aseguró que es la corrupción y el clientelismo; el 12,3% respondió que es la ausencia de

estabilidad regional. En este sentido, el 44% considera que los obstáculos a los que hace frente Jordania son principalmente exteriores, mientras que el 49% opina que se trata de factores internos.

En cuanto al trabajo de los partidos políticos, el 59% opina que trabajan para servir a los intereses de sus líderes y el 10% que sirven a los intereses del pueblo. Además, una cuarta parte de los encuestados aseguró que “no conoce o no le importa si los partidos tienen éxito en su trabajo político”. Sólo el 5% de los encuestados considera que los partidos representan las exigencias políticas, sociales y económicas de los ciudadanos, quedando en primer lugar el partido Frente de Acción Islámica, con un 3,7% del apoyo. Preguntados acerca de qué partido actual está capacitado para formar gobierno, el 75% respondió “ninguno”.

Por último, en relación con los medios de comunicación más consultados, la televisión jordana es la más vista para el seguimiento de las noticias locales (51%); Aljazeera queda en segundo lugar con un 23%; y al-Arabiya en tercero con un 6%. Para el seguimiento de las noticias de política árabe regional, el canal Aljazeera queda en primer lugar (54%), seguido de la televisión jordana y el canal al-Arabiya, ambos con un 16%. Y para el seguimiento de las noticias internacionales, Aljazeera obtiene un 58%; al-Arabiya un 17%; y la televisión jordana un 14%.

Terrorismo, al-Qaida y política estadounidense

La organización World Public Opinion publicó el pasado mes de febrero los resultados de una encuesta realizada en Egipto (1.101 entrevistados), Indonesia (1.120 entrevistados) y Pakistán (1.200 entrevistados) sobre la opinión de los musulmanes respecto al terrorismo, al-Qaida y la política estadounidense. Este estudio es el segundo realizado por World Public Opinion en estos países y cuenta además con una parte suplementaria llevada a cabo en Azerbaiyán (600 entrevistados), Jordania (583 entrevistados), los Territorios Palestinos (638), Turquía (1023) y entre los musulmanes de Nigeria (493).

En todos los países donde se ha realizado el estudio, la mayoría de los encuestados rechazan los ataques contra civiles estadounidenses: desde un 55% en Paquistán, hasta un 84% en Egipto, pasando por el 73% en Indonesia, 59% en los Territorios Palestinos, un 68% en Jordania, un 74% Turquía y un 81% en Azerbaiyán.

Al mismo tiempo, amplias mayorías aseguran estar de acuerdo con el objetivo político de al-Qaida, esto es, obligar a EEUU

a que retire sus bases y su presencia militar de todos los países islámicos. Un 87% en Egipto, un 64% en Indonesia y un 60% en Pakistán. Preguntados concretamente respecto a las bases navales de EEUU en el Golfo Pérsico, amplias mayorías lo califican de “mala idea”: un 91% en Egipto, un 90% en los Territorios Palestinos; un 77% en Turquía (aliado de EEUU en la OTAN), un 76% en Jordania, un 66% en Azerbaiyán, un 56% en Indonesia, un 45% en Pakistán y un 31% entre los musulmanes de Nigeria, país donde la respuesta contraria (“buena idea”) recibió el apoyo del 54%. Exceptuando Nigeria, el porcentaje más alto de apoyo a la existencia de bases estadounidenses en el Golfo asciende al 19% en Azerbaiyán, el 11% en Jordania, el 6% en Turquía, el 5% en Indonesia, el 4% en los Territorios Palestinos y un 1% tanto en Egipto como en Pakistán.

Respecto al apoyo o rechazo de los ataques contra las tropas estadounidenses destacadas en países islámicos, concretamente en Iraq, Afganistán y el Golfo, amplias mayorías están a favor en Egipto (entre el 78% y el 83%), los Territorios Palestinos (87%-90%) y Jordania (66%-72%). En Indonesia y

Azerbaiyán sólo una minoría está a favor de estos ataques (10%-9% y 4%-5% respectivamente).

La oposición a la presencia militar de EEUU parece estar ligada a la creencia de que este país tiene unos objetivos hostiles contra el islam. Amplias mayorías en Indonesia (62%) y Egipto (87%) consideran que EEUU busca “debilitar y dividir el mundo islámico”. Igualmente, la mayoría considera que lo que persigue EEUU es “controlar las reservas petrolíferas de Oriente Medio”: 90% en Azerbaiyán, 89% en los Territorios Palestinos y en Turquía, 88% en Egipto, 87% en Jordania, 67% en Indonesia y 62% en Pakistán.

La mayoría en todos los países encuestados apoya la participación de grupos islamistas en política. Así, un 84% en Indonesia, un 83% en Pakistán, un 75% en Azerbaiyán, un 69% en los Territorios Palestinos, un 53% en Turquía y un 50% en Jordania consideran que “todo e l mundo debe tener el derecho a organizarse en partidos políticos y a presentar candidatos, incluidos los grupos islamistas”.

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 23

El pasado 17 de febrero, tras una semana de negociaciones, el gobierno sudanés, presidido por Omar Hasan al-Bashir, y el Movimiento de Justicia y Equidad (Harakat al-‘Adl wa-l-Musawa), que algunos analistas consideran el movimiento de oposición armada de Darfur con más presencia militar y mejor preparación ideológica, firmaron en Doha, gracias a la mediación qatarí, el Acuerdo de Buenas Intenciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica al conflicto armado y a la crisis política en la región occidental sudanesa de Darfur. En virtud de este documento, ambas partes se comprometen a reunirse de nuevo, proseguir las conversaciones y llegar a un acuerdo de paz definitivo en el plazo de tres meses. Entre otras cosas, las dos partes establecen como prioridad estratégica la consecución de la paz, partiendo de un análisis y

A pesar de tratarse de la primera cumbre económica de los países de la Liga Árabe, el hecho de haberse celebrado en plena incursión militar israelí contra la Franja de Gaza marcó el curso y los trabajos de la Cumbre Económica, Social y de Desarrollo que tuvo lugar en Kuwait los días 19 y 20 de enero. Estructurada en torno a los vínculos entre la seguridad, la paz social árabe y el desarrollo económico y social, la cumbre de Kuwait se centraba en el desarrollo en el mundo árabe: aumentar el nivel de vida, conceder la prioridad a la inversión árabe conjunta, buscar una mayor participación del sector privado y de la sociedad civil en el crecimiento y el desarrollo económico y social, potenciar los diferentes sectores (productivos, comerciales, de servicios, proyectos sociales, protección del medioambiente, seguridad alimenticia…), y en la integración económica y social árabe. Pero dada la grave situación por la que estaba atravesando la población de la Franja de Gaza, esta cumbre

DocumentaAcuerdo de Buenas Intenciones entre el gobierno sudanés y el Movimiento de Justicia y Equidad.

Cumbre Económica, Social y de Desarrollo de Kuwait.

tratamiento de las raíces de la crisis. Con el fin de crear un ambiente propicio para lograr la paz definitiva, tanto el gobierno como el MJE, dirigido por Jalil Ibrahim, se comprometen a renunciar a ejercer cualquier presión sobre los desplazados, a no obstaculizar la llegada de las ayudas humanitarias, al intercambio de prisioneros y a firmar un acuerdo marco que conduzca a la paralización de las agresiones y permita seguir realizando negociaciones bilaterales que concluyan en un acuerdo de paz definitivo en un plazo máximo de tres meses.

La ronda de negociaciones de Doha ha sido rechazada por otros grupos de oposición armada en Darfur, principalmente por la rama del Movimiento de Liberación de Sudán (Harakat Tahrir al-Sudan) dirigida por Abdelwáhid Nur. Y fue recibida con

escepticismo por círculos políticos sudaneses, que la veían como un intento de lavar la imagen del presidente sudanés ante la inminente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya de dictar una orden internacional de arresto de al-Bashir que, finalmente, se hizo pública el pasado 4 de marzo.

www.qatar-conferences.org/darfur/viewlastnews.php?id=96 (Texto en árabe)w w w . s u d a n t r i b u n e . c o m / s p i p .php?article30199 (Texto en inglés)www.da ra lhaya t . com/a rab_news /n a f r i c a _ n e w s / 0 2 - 2 0 0 9 / A r t i c l e -20090207-523eb36c-c0a8-10ed-016d-304669add831/story.html (Borrador de acuerdo marco entre el régimen sudanés y el MJE, en las conversaciones de Doha)

socioeconómica se convirtió en la “Cumbre de la solidaridad con el pueblo palestino de Gaza”. Así, el documento de los proyectos de resolución comenzaba con una declaración de condena de la agresión israelí contra Gaza, un compromiso de reconstrucción de la Franja en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina, la concesión de ayuda humanitaria, el compromiso de Egipto de organizar una conferencia internacional de países donantes, y la necesaria reconstrucción de la infraestructura sanitaria de la zona. El comunicado sobre Gaza exigía la paralización de la agresión y la retirada inmediata del ejército israelí, y pedía responsabilidades judiciales a Israel por cometer crímenes de guerra. Al mismo tiempo, los dirigentes árabes presentes en la cumbre encomendaron a sus ministros de Asuntos Exteriores y al secretario general de la Liga Árabe hacer todo lo posible para alcanzar la reconciliación palestina. Sin embargo, los líderes árabes no pudieron llegar a

una postura consensuada, más allá de la condena de la agresión y el llamamiento a la reconstrucción de Gaza, debido a las diferentes posturas respecto a la reconciliación palestina entre defensores de la legitimidad del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza y los que no reconocen tal legitimidad.

w w w. a r a b e c o n o m i c s u m m i t . o r g /public/Speech/2/A.pdf (Borrador de la Declaración de Kuwait, en árabe)www.arabeconomicsummit.org/public/Speech/2/p.pdf (Proyecto de programa de trabajo derivado de la Cumbre de Kuwait, en árabe)www.arabeconomicsummit.org/public/Speech/2/k.pdf (Proyecto de resolución que incluye la declaración sobre Gaza, en árabe)www.da ra lhaya t . com/a rab_news /gulf_news/01-2009/Article-20090120-f 5 4 5 2 a 4 e - c 0 a 8 - 1 0 e d - 0 0 b e -61085e77323a/story.html (Comunicado sobre Gaza, en árabe)

Muy apropiadoApropiadoPoco apropiadoNada apropiadoNS/NC

3724111216

2720142415

515145016

721183715

Sistema parlamentario en el que compitan todo tipo de partidos a través de elecciones

Sistema gobernado por la shari‘a en el que no existan partidos ni se celebren elecciones

Sistema con un gobierno fuerte que adopte las decisiones sin tener en cuenta los resultados electorales o la opinión de la oposición

Sistema parlamentario en el que sólo participen grupos islamistas en las elecciones

Libertades civiles y políticas

Justicia eigualdad

Desarrollo económico,social y cultural

Seguridad y estabilidad

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica24

Conferencia euroárabe Europa y el Mundo Árabe: conectando socios en diálogo.

Primera Conferencia Árabe de Derechos Humanos.

Conferencia del Diálogo Palestino de El Cairo.

Del 17 al 19 de diciembre de 2008, tuvo lugar en Viena la conferencia euroárabe de alto nivel Europa y el Mundo Árabe: conectando socios en diálogo, a iniciativa del ministerio de Asuntos Exteriores austriaco y la Liga Árabe. En la conferencia participaron los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la UE y los 22 países de la Liga Árabe, y especialistas, políticos y representantes de la sociedad civil de países de la Unión Europea, países árabes y Turquía. Los grupos de

Entre el 14 y el 15 de diciembre de 2008 se celebró en la capital qatarí, Doha, la Primera Conferencia Árabe de Derechos Humanos, con representantes de los ministerios de Justicia de los países de la Liga Árabe, representantes de Amnistía Internacional, periodistas, juristas y representantes de organismos activos en el terreno de la defensa de los derechos humanos. Durante la conferencia se analizó la situación de los derechos humanos en los países árabes, la estrategia de acción de la Liga Árabe de 2009 a 2013 para fortalecer y

Tras haber llegado a un acuerdo sobre la liberación progresiva de los presos de Hamás y de Fatah detenidos en las cárceles de Cisjordania y Gaza, y poner punto final a las campañas mediáticas, ha llegado el Comunicado Final de la Conferencia del Diálogo Palestino, celebrada en El Cairo el 26 de febrero. Según este documento, las facciones palestinas acordaron crear un gobierno de consenso nacional antes de finales de marzo con el objetivo de acabar con la división interna. Ahmad Qureia, jefe de la delegación de Fatah, y Musa Abu Marzuq, vicepresidente de la Oficina Política de Hamás, dieron a conocer los resultados de la reunión. Todas las facciones presentes acordaron crear cinco comisiones:

trabajo y las mesas redondas se centraron en la importancia de la sociedad civil, en el pluralismo como mecanismo para conseguir un desarrollo sostenible, la promoción del diálogo intercultural, la participación de los jóvenes en la política y el papel de la mujer en la esfera pública.

La próxima conferencia tendrá lugar en el balneario egipcio de Sharm al-Sheyj durante el verano de 2009.

www.euromedi.org/attivita/link.sp?link=1664_OCR00009.doc&idevento=1664 (Recomendaciones de los grupos de trabajo, en inglés)

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/3-Kulturpolitische_Sektion_-_pdf/Workshop_Recommendations__Arabic_translation__R.pdf (Recomendaciones de los grupos de trabajo, en árabe)

proteger los derechos humanos, y los requisitos para un compromiso positivo de los países árabes con los derechos humanos según criterios internacionales. El encuentro fue organizado por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar en colaboración con la Liga Árabe, con motivo del sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Uno de los objetivos principales de la Conferencia era difundir la Carta Árabe de Derechos Humanos, aprobada por la Liga Árabe en mayo de 2004.

www.nhrc-qa.org/achr/ar/files/downloads/Conference_Closing_Statement_Arabic.pdf (Comunicado final de la Primera Conferencia Árabe de Derechos Humanos, en árabe) www.nhrc-qa.org/achr/ar/page.php?46 (Texto de la Carta Árabe de Derechos Humanos, en árabe)w w w. n h r c - q a . o r g / a c h r / e n / n e w s .php?extend.241 (Resumen en inglés del Comunicado Final)www.acihl.org/res/Arab_Charter_on_Human_Rights_2004.pdf (Texto de la Carta Árabe de Derechos Humanos, en inglés)

comisión de gobierno, encargada de formar un gobierno de consenso nacional; comisión de seguridad, que deberá reestructurar los cuerpos de seguridad sobre criterios profesionales y no partidistas; comisión de la Organización para la Liberación de Palestina, cuya misión será reactivar y reconstruir sus instituciones de forma que aglutine también tanto a Hamás como al Yihad Islámico; comisión de elecciones, que deberá preparar las elecciones legislativas y presidenciales; y la comisión de reconciliaciones nacionales, que arraigue los conceptos de tolerancia, democracia, respeto mutuo y la interdicción de la lucha interna. Todas las comisiones deben concluir sus trabajos antes de finales de marzo.

Una sexta comisión, formada por representantes de Egipto –hay que recordar que el director de los servicios de inteligencia egipcios, Omar Sulayman, es desde hace años el mediador entre las diferentes facciones palestinas–, la Liga Árabe y las facciones palestinas estará encargada de allanar los obstáculos que puedan surgir en el trabajo de las otras cinco comisiones.

www.ramattan.net/ramattan/details.rna?news_id=1607 (Texto en árabe del comunicado final de la Conferencia del Diálogo Palestino)

El “Llamamiento a la unidad palestina” es un documento firmado por 47 personalidades palestinas de diferentes tendencias, dado a conocer el 26 de enero de 2009 en Ramala, tras los bombardeos israelíes contra Gaza. Este documento afirma que la acción de las fuerzas nacionales palestinas debe tener como objetivo acabar con la ocupación y conseguir el reconocimiento de los derechos del

Llamamiento a la unidad palestina.

pueblo palestino. Los firmantes reivindican la unidad geográfica que representan Cisjordania y la Franja de Gaza; consideran la agresión contra Gaza como una agresión contra todo el pueblo palestino; creen que la división política y geográfica perjudica a la causa palestina y por lo tanto lo prioritario es acabar con la división interna a través del diálogo; y defienden la conservación de los fundamentos democráticos del régimen

político, que incluyen la alternancia pacífica en el ejercicio del poder y la pluralidad. Entre los firmantes figuran representantes de Fatah, Hamás, del Frente Popular y del Frente Democrático, académicos, escritores y hombres de religión, tanto musulmanes como cristianos.

www.amad.ps/rabic/?action=detail&id=29741 (En árabe)

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 25

Conferencia Internacional de Apoyo a la Economía Palestina para la Reconstrucción de Gaza.

Dolors Bramon. Ser mujer y musulmana. Barcelona: Bellaterra, 2009, (168 págs). Traducción al castellano de la obra publicada en catalán en 2007, Ser dona i musulmana. La profesora de la Universidad de Barcelona analiza en este estudio la multiplicidad de situaciones que vive la mujer musulmana en la actualidad y desmitifica algunos de los prejuicios existentes, como los relacionados con el uso del hiyab, o la desigualdad entre hombres y mujeres en el islam.

Hisham al-‘Awdi. Sira‘ ‘alà al-shar‘iyya. Al-Ijwan al-Muslimun wa-Mubarak 1982-2007 (La lucha por la legitimidad. Los Hermanos Musulmanes y Mubarak). Beirut: Markaz Dirasat al-Wahda al-‘Arabiyya, 2009. Hisham al-‘Awdi estudia los modelos de relaciones establecidas entre el grupo de los Hermanos Musulmanes con los diferentes regímenes egipcios desde la época de la monarquía hasta hoy en día, centrándose especialmente en la época del presidente Hosni Mubarak. Unas relaciones que han oscilado entre la calma relativa y la confrontación. Desde que Mubarak llegara a la presidencia de la República en 1981, las relaciones también han variado, pero desde la década de los noventa se han caracterizado por un duro enfrentamiento, una lucha entre ambas partes por afirmar su legitimidad en todos los terrenos. El autor teoriza sobre el futuro de esas relaciones a la luz de las transformaciones mundiales y locales, sobre todo los cambios en el interior de los Hermanos Musulmanes y del régimen egipcio.

Jesús A. Núñez Villaverde, Balder Hageraats y Malgorzata Kotomska. Terrorismo internacional en África. La construcción de una amenaza en el Sahel. Madrid: Los libros de la Catarata, 2009 (272 págs). Un análisis que quiere dar a conocer las complejas realidades de la zona del Sahel, cuya importancia geoestratégica aumenta día a día. Las continuas tensiones en la zona y la supuesta amenaza del terrorismo global, sin dejar de lado el contexto internacional y los intereses de actores tanto locales como regionales e internacionales, son los ejes que estructuran este estudio.

Laurence Louër. Transnational Shia Politics: Religious and Political Networks in the Gulf. Nueva York: Columbia University Press, 2008, (256 págs.). Centrándose en tres países del Golfo (Kuwait, Bahréin y Arabia Saudí), la autora presenta un análisis histórico sobre el origen y actual situación de las redes transnacionales de militancia shií. Según Louër, la reformulación de la geopolítica regional tras la guerra del Golfo y la caída de Saddam Huseyn han tenido un profundo impacto en estas redes shiíes transnacionales. La autora analiza también la evolución y transformación de los movimientos shiíes en relación con la autoridad religiosa central pues considera que, a pesar de que elaboran agendas políticas independientes, estos movimientos se mantienen siempre vinculados a las autoridades religiosas que viven en Iraq o Irán. Laurence Louër es arabista, licenciada en Filosofía, Sociología y Ciencias Políticas y doctora por la Universidad Sciences Po de París. Su trabajo se centra en estudios de la identidad y la etnicidad en Oriente Medio. Desde 2003 es investigadora en el Centre d’Etudes et de Recherches Internationales y asesora del Centro de Análisis y Previsión del Ministerio francés de Asuntos Exteriores desde 2004.

El pasado 2 de marzo se celebró en el balneario egipcio de Sharm al-Sheyj la Conferencia Internacional de Apoyo a la Economía Palestina para la Reconstrucción de Gaza que, dada la situación por la que atraviesa el proceso de paz en la zona, fue más allá de las cuestiones puramente económicas y de reconstrucción de la infraestructura destruida a consecuencia de los ataques israelíes del pasado diciembre, y llegó a un acuerdo por parte de todos los asistentes sobre la necesidad de lograr la paz durante el presente año. La propuesta la lanzó el presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien propuso la celebración de una conferencia internacional de paz durante los próximos meses que decida el establecimiento del

Estado palestino. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, fijó cinco prioridades para la próxima etapa: un acuerdo de apaciguamiento entre las partes israelí y palestina que garantice la apertura de los pasos; la reconciliación entre las facciones palestinas y la Autoridad Nacional Palestina y la formación de un gobierno de concordia nacional que supervise las tareas de reconstrucción en coordinación con la ANP; la creación de un mecanismo internacional que garantice la transparencia en la recepción y gestión de las ayudas destinadas a la reconstrucción; que la ONU desempeñe un papel de paraguas para los esfuerzos de reconstrucción; y el seguimiento de los resultados de la conferencia.

Arabia Saudí (1.000 millones de dólares), Estados Unidos (900), la Unión Europea (552), Qatar (250) y Kuwait (200) son los principales donantes.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20090302.html&xtor=EPR-7#Chapitre1 (Discurso del presidente francés, en francés)www.sis.gov.eg/En/Politics/Presidency/President/Spees-hes/000001/0401050200000000000394.htm (Discurso del presidente egipcio, en inglés)www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11053&article=509380&feature= (Comunicado final de la Conferencia, en árabe)

Escaparate de libros y revistasLibros

Atalaya SociopolíticaCasa Árabe Atalaya Sociopolítica26

Juan José Tamayo. Islam. Cultura, religión y política. Madrid: Trotta, 2009, (360 págs.). El director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid, intenta con este estudio deconstruir una serie de prejuicios y estereotipos arraigados en el imaginario colectivo occidental desde la Edad Media y ofrecer una imagen acorde a las realidades del mundo islámico, partiendo de la premisa de que el futuro debe construirse en colaboración con el islam. Para ello, el profesor Tamayo ofrece una visión de la personalidad de Muhammad (reformador religioso, líder político y estratega militar), un análisis sobre la shari‘a y una revisión de los derechos humanos y de la mujer en el islam.

Al-Mustaqbal al-‘Arabi, nº 360 (febrero 2009) Analiza la crisis financiera mundial, la aplicación de un sistema federal en Iraq, la lucha por la legitimidad en Egipto entre el régimen de Hosni Mubarak y los Hermanos Musulmanes, la relación entre la nación y el arte tomando como referente la figura del famoso dibujante Nayi al-Ali, un estudio sobre las estrategias del proyecto colonialista israelí y un dossier sobre el intelectual y pionero del nacionalismo árabe, Constantin Zureiq, con motivo del centenario de su nacimiento, con colaboraciones de, entre otros, Georges Corm, Aziz al-Azmeh y Yamil Matar.

Stephen Vertigans. Militant Islam. A sociology of characteristics, causes and consequences. Nueva York: Routledge, 2009 (211 págs.).

Desde un punto de vista sociológico, este estudio constituye una guía comprensible y asequible de los movimientos islamistas actuales. El autor desarrolla un análisis sistemático e incluye diversos estudios de caso, comparaciones con la militancia en otras religiones así como sus causas y consecuencias. Stephen Vertigans es profesor de Sociología y Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad Robert Gordon de Escocia.

Matthew J. Nelson. In the Shadow of Shari’ah: Islam, Islamic Law, and Democracy in Pakistan. University Presses of California, Columbia and Princeton, 2009, (288 págs.). El autor, profesor de Políticas del Sudeste Asiático en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, ofrece una interesante contribución a la historia política de Pakistán, centrándose especialmente en la mayor y más influyente provincia del país: el Punjab. Dado que el interés por la shari‘a se encuentra en el núcleo de muchos debates actuales, este libro explora la relación existente entre islam, ley islámica y democracia, explicando las maneras en que los diferentes contextos históricos y culturales han transformado cada uno de estos conceptos. El ensayo se inicia en la época colonial y poscolonial y explica cómo se impuso la legislación islámica en una sociedad profundamente ligada a las costumbres tribales.

Al-Mustaqbal al-‘Arabi, nº 361 (Marzo, 2009). El último número de la revista editada por el Centro de Estudios de la Unidad Árabe, incluye análisis sobre la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, una reflexión del pensador sirio Constantin Zureiq (1909-2000) sobre la civilización árabe y un estudio sobre el papel de la cultura y la educación en la construcción de la unidad nacional en Iraq.

Revistas

Atalaya Sociopolítica Atalaya Sociopolítica Casa Árabe 27

Awraq. Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo. Vol. XXV (2008). El último número de la revista publicada por la AECID se abre con un análisis de Mª Angustias Parejo y Victoria Veguilla sobre los procesos electorales en Marruecos. No es el único artículo sobre Marruecos, ya que además se incluyen un estudio sobre la “guerra de espías franco-española en el Sus entre 1886 y 1887”, a cargo de Francisco Manuel Pastor Garrigues; una reflexión sobre la política cultural del Protectorado español en Marruecos, de Irene González González y Bárbara Azaola Piazza; y un análisis de lo que ha supuesto para la literatura marroquí la obra de Dris Chraibi, de Gonzalo Fernández e Inmaculada Jiménez. Además, en este número se encuentran también unas reflexiones sobre el islam oficial en Turquía, de Marc Saurina Lucini, un análisis sobre el concepto de “pareja” en el Imperio Otomano, de Darina Martykánova; y las secciones habituales Notas, Documentos y Reseñas. La revista puede consultarse íntegramente en http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03692952301458473087857/210298.pdf

Culturas. El tercer número de la revista de análisis publicada por la Fundación Tres Culturas, está dedicado íntegramente a Irán con motivo del 30 aniversario de la revolución que acabó con el régimen del Sha Reza Pahlevi e instauró el sistema de república islámica en el país. Artículos sobre la estructura política (Luciano Zaccara), la pluralidad étnica, religiosa y cultural (Alberto Priego Moreno), economía y demografía (Saeed Laylaz), el Irán rural (Eric Hooglund), la irrupción de la revolución tecnológica (Javier Martín), la mujer (Delphine Minoui), el recorrido de los intelectuales (Ramón Jahanbegloo), el balance de la revolución islámica (María Jesús Merinero), las relaciones con la Unión Europea y la crisis nuclear (Johannes Reissner), las relaciones con EEUU (Hossein Seifzadeh), y la censura y las artes (Firouzeh Khosrovani).

Si desea suscribirse a La Atalaya Sociopolítica de Casa Árabe envíe un correo a instituto@casaarabe-ieam.es

Para consultar los números anteriores de la Atalaya Sociopolítica de Casa Árabe pinche aquí

Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán C/ Alcalá nº 62 - 28009 Madrid - C/ Martínez Rucker nº 9 - 14003 Córdoba

www.casaarabe-ieam.es

Publicación bimestral editada por: Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabesy del Mundo Musulmán es un consorcio formado por:

Diseño: Rez Estudio Maquetación: Go Next