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revista de pensamiento político número 20, enero-marzo 2013

CARLOS ARRIOLA n DAVID PENCHYNA n HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA n

RAÚL MEJÍA n GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA n EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ n ALFONSO CAMACHO MARTÍNEZ n JAVIER TREVIÑO CANTÚ n DIVA GASTÉLUM BAJO n CRISTOPHER JAMES

BAROUSSE n EMILIO GAMBOA PATRÓN n MARTHA SOFÍA TAMAYO MORALES n BLANCA ALCALÁ RUIZ

ASAMBLEA NACIONAL

Edición enero • febrero • marzo 2013Órgano teórico trimestral del Partido Revolucionario Institucional

Órgano teÓrico trimestral del Partido revolucionario institucional

César CamachoPresidente del Comité Ejecutivo Nacional

Ivonne Ortega PachecoSecretaria General del Comité Ejecutivo Nacional

Jesús Rivero CovarrubiasCoordinador del Comité Nacional

Editorial y de Divulgación

Fernando Del Villar Moreno Editor

Abel Jiménez AlcazárAsistente Editorial

Verónica Macias DíazAsistente de producción

Elba DebernardiEditora de Arte

Roberto F. Morales CuadrielloCoordinador Técnico y Enlace Administrativo

Rosario CruzIlustradora

CONFLUENCIA XXI, Año 6, 2013.Publicación trimestral editada por el Comité Nacional Editorial y de Divulgación del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Ave. Insurgentes Norte N° 59, Edificio 2, Subsótano, Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, 06359, México, D.F. , Teléfonos: 57.29.96.69 / 57.29.96.00, Ext. 4636.

Certificado de reserva de derechos: 04-2010-060710481800-102Certificado de licitud de título: 14221

Certificado de contenido: 11794 / Contenido: en trámiteISSN: en trámite.

El material de este número puede reproducirse siempre y cuando se cite fuente y autor.

Imprenta: Promodel Diseño S.A.de C.V. Juárez #18-A, Tlacopac San Ángel, Deleg. Alvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F.

El tiraje de este número de Confluencia XXI es de 6,000 ejemplares. Marzo 2013.

Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe) en su artículo 38, inciso H.

Los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no representan

necesariamente la opinión del PRI

ÍndicePresentación XXiasaMBLeanaciOnaL

10 carLOsarriOLa Principiosdedoctrinaymodernización

22 DaviDPenchyna ProgramadeacciónparalatransformacióndeMéxico

28héctOrhuMBertOGutiérrezDeLaGarza nuevosestatutosparafortaleceralPri

38 raúLMejía estrategiasyProgramasparalaoperaciónpartidista

46 GerarDOsánchezGarcía LaperspectivadelPri,unavisióncenecista

56 eDuarDOanDraDesánchez Loscongresoslocales,elPriylapolíticanacional

66 aLfOnsOcaMachOMartínez retosparalacomunicacióndelPrienelsigloXXi

78 javiertreviñOcantú Másalládeloasis:elPriyelmundo

86 DivaGastéLuMBajO igualdaddegéneroparaampliarlavidapartidista

98 cristOPherjaMesBarOusse Lajuventud,motordelarenovacióndelpartido

LA XXI ASAMBLEA nAcIonAL Y EL PAcTo PoR MÉXIco

104 eMiLiOGaMBOaPatrón LossectoresenelcambiodelpartidoyelPactoporMéxico

116MarthasOfíataMayOMOraLes LosgruposparlamentariosyelPactoporMéxico

124BLancaaLcaLáruiz elPri,unpartidoútilalademocracia

Presentación

L a XXI Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Ins-titucional constituye un hito en la vida de nuestra organi-zación. Es la primera asamblea después de que el partido recuperó el poder público en la segunda alternancia en el sistema político nacional. El triunfo de Enrique Peña Nieto

fue resultado de la movilización del partido y de sus propuestas de campaña para impulsar nuevas políticas públicas y decisiones legis-lativas con objeto de enfrentar los retos nacionales de gobernabili-dad, crecimiento económico y desarrollo social.

La población otorgó nuevamente su voto mayoritario al partido con la esperanza de que la voluntad renovadora de su abanderado En-rique Peña Nieto cambiara el rumbo el rumbo del país, retomando la rectoría del desarrollo nacional para impulsar el proceso de transfor-maciones en la política, la economía y en lo social que demanda la mayoría, y con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto nacional de desarrollo establecido en la Constitución General de la República.

La respuesta del gobierno emanado del priismo nacional ha sido inmediata. En los primeros cien días de su gobierno, el presidente Peña Nieto logró posicionarse como el líder de su partido, del go-bierno y del Estado, usando el poder que le confieren la Constitu-ción y sus leyes secundarias. Ha ejercido su liderazgo, fortaleciendo al gobierno, al Estado y, por extensión, a la institución presidencial.

Por ello, se puede afirmar que las acciones realizadas al despegue del nuevo gobierno priista, muestran el inicio de una nueva época política en la historia reciente de la Nación. Se están tomando deci-siones políticas que imprimen su huella y la señalan distintivamen-te. Una época se distingue y define por los sucesos que ocurren en ella, la marcan y la diferencian de épocas anteriores.

En este contexto se realizó la XXI Asamblea Nacional del PRI, cuyo propósito fue sintetizado por el presidente del Comité Ejecu-tivo Nacional, César Camacho: construir un partido con actitud de transformarse a sí mismo para acompañar e impulsar al gobierno de acuerdo con su actitud de renovación nacional y conforme las nue-vas realidades y circunstancias de la vida de México.

Sin embargo, en esta segunda oportunidad histórica que tiene el PRI de conducir a la Nación, no cuenta con la posibilidad de formar mayorías para aprobar iniciativas de reformas de calado mayor en las cámaras del Congreso de la Unión. Si el PRI tiene la voluntad

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política de impulsar cambios para el desarrollo nacional, está obliga-do ahora a negociar acuerdos con los partidos opositores.

Por estas razones, al momento del cambio de gobierno aparece un hecho importante, inédito en la historia contemporánea de la po-lítica nacional: el Pacto por México, la suscripción por la presidencia de la República, el PRI, el PAN y el PRD (simbólicamente el centro-izquierda, la derecha y la izquierda, a quienes luego se sumaría el PVEM) de acuerdos de coincidencia en lo esencial y el compromiso para llevar adelante iniciativas y acciones para hacer avanzar al país.

Este acuerdo –mérito de Enrique Peña y, por igual, de los diri-gentes nacionales de los partidos firmantes– es el elemento funda-mental que distingue a la nueva época que empieza a vivir la Nación: una presidencia de la República respetuosa, dialogante, negociadora (dispuesta a dar y recibir) está conduciendo el sistema político en una alianza necesaria con las fuerzas políticas nacionales.

El Pacto por México no elimina las diferencias ideológicas y pro-gramáticas de los partidos, ni la lucha de largo aliento por el poder, no implica subordinación de los partidos hacia otros poderes. Es simplemente una nueva forma de relación civilizada y democrática de los actores del sistema político. Esto impactará favorablemente al conjunto de instituciones y a la cultura política del país.

A este nuevo panorama deben agregarse sus repercusiones ex-ternas. Por una parte, analistas y medios de comunicación inter-nacionales están mejorando sensiblemente su percepción del fu-turo del país e incluso propagando la idea del “Mexican Moment” (MEMO). Por otra, es evidente el propósito de Enrique Peña Nieto de relanzar al país en el mundo para fortalecer su imagen interna-cional y recuperar y acrecentar el prestigio que había ganado con su política exterior.

Los viajes de Peña Nieto a América Latina, Europa y Estados Unidos antes de su toma de posesión, y recientemente a Caracas a las exequias de Hugo Chávez y al Vaticano a la asunción del Papa Francisco, más allá de los propósitos solidaridad, encierran otro de carácter simbólico–prospectivo: una actitud para recuperar el presti-gio de nuestra política exterior y a relacionarse con otras naciones de manera responsable y propositiva. El trabajo pionero y vanguardista del PRI en la COPPPAL ayudará en este empeño al mandatario mexicano.

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En tal escenario se realizó la XXI Asamblea Nacional, bajo la coordinación de Ivonne Ortega, Secretaria General del CEN. Tuvo como objetivo iniciar un proceso de transformaciones para tener un partido más eficaz en su vida interna, abierto, democráti-co, vigilante, moderno y ágil, así como para actualizar su posición en los asuntos nacionales con objeto de ganar más elecciones y servir mejor a México.

Para cumplir con este objetivo, la Asamblea enfrentó la tarea mayor de revisar y actualizar sus documentos básicos (Declara-ción de Principios, Programa de Acción y Estatutos) y de generar uno adicional, Estrategias y Programas. Por ello, en este número de CONFLUENCIA XXI, algunos de los organizadores de la reunión presentan sus comentarios a los cambios a los documentos aprobados en asambleas municipales y estatales, en las mesas de dictamen y en la plenaria.

La Mesa Nacional de Declaración de Principios –cuyos trabajos encabezó Humberto Roque Villanueva– se propuso, manteniendo el tronco ideológico que distingue a la Nación desde la Indepen-dencia hasta nuestros días, reiterar nuestros principios de doctrina como independencia, libertad, nacionalismo, democracia, justicia social e igualdad, federalismo, sociedad responsable y comprome-tida, internacionalismo solidario y respeto a las naciones del mun-do, buscando equilibrios entre los nuevos retos de la globalidad y la sociedad de la información con las demandas de la población y las necesidades nacionales.

La Mesa Nacional de Programa de Acción –bajo la coordina-ción de José Antonio González Fernández– propuso que el país evolucione hacia un Estado eficaz con una presidencia democráti-ca que cumpla sus compromisos; que refrende el respaldo popular fortaleciendo su legitimidad con base en un gobierno que alcance buenos resultados, que respete a los otros órdenes de gobierno y promueva la colaboración entre los poderes, subrayadamente con el Congreso de la Unión, y que su administración responda a las demandas populares.

Para ello el partido propuso una nueva estrategia de crecimiento económico, una política social para dar vigencia a los derechos so-ciales de todos los mexicanos, una seguridad y justicia plenas, edu-cación de calidad y un nuevo modelo de profesionalización educati-va, una política exterior para que el país sea respetado en el mundo

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y un compromiso con la capacitación y la formación ideológica.

Para instrumentar estos lineamientos el partido planteó la ne-cesidad de avanzar en el proceso de reformas estructurales, prin-cipalmente la hacendaria y la energética, con objeto de crear em-pleos bien remunerados en empresas productivas y competitivas, dignificando la vida laboral, para apoyar la economía familiar; con esquemas de seguridad social universal para asegurar los servicios de salud; con financiamiento público y oportuno para los sectores agropecuario e industrial, y con finanzas públicas sanas para sol-ventar los servicios públicos.

La Mesa Nacional de Estatutos –actualización coordinada por Mariano Palacios Alcocer– se orientó a propiciar una mayor efica-cia en la vida interna del partido, abriendo espacios para que los simpatizantes sean candidatos y permitiendo candidaturas indepen-dientes. Se incluyen también nuevos requisitos para la operación de las organizaciones adherentes y se establece que las organizaciones FJR, OMINPRI, URT y MT adopten los principios democráticos del PRI, y que candidatos a la presidencia de la República y a los go-biernos de los estados puedan visitar a consejeros políticos priistas de nivel inmediato inferior.

Son relevantes también las decisiones adoptadas en el sentido de que el CEN del PRI pueda emitir recomendaciones a sus mili-tantes en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, así como la creación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del CEN, la creación del Movimiento MX que desarrollará y coor-dinará la Estrategia Nacional Digital del partido, de su difusión en las redes sociales e Internet y de la capacitación de militantes y sim-patizantes en tecnologías de la información. En esta misma línea de modernidad y apertura, destaca también la creación de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil.

El nuevo esquema legal facilita el registro de candidatos a pues-

tos de elección popular al requerirse el apoyo de tres sectores y or-ganizaciones para tal fin, otorga facultades de suplencia a las comi-siones de procesos internos nacionales y estatales y concede al CEN atribuciones para sancionar el procedimiento de elección de dirigen-tes y candidatos y nombrar dirigentes estatales provisionales. Del mismo modo son importantes las adecuaciones en la integración del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente de nuestra organización.

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El nuevo marco normativo del partido introduce una decisión notable por su honestidad y realismo político: considerar al pre-sidente de la República, siendo miembro del partido, como inte-grante del Consejo Político Nacional –un órgano deliberativo de dirección nacional colegiada–. Pretender ocultar la realidad a nadie engaña y sólo perjudica a quien lo intenta: con esta adición estatu-taria, el PRI reconoce abiertamente al presidente Peña Nieto como el líder del partido.

La Mesa Nacional de Estrategias y Programas –coordinada por Cristina Díaz– propuso que el partido esté atento a los cambios que ocurren en el país y en el exterior para plantear acciones de gobierno, mantener una actitud independiente y vigilante de las acciones de gobierno, de acercamiento con los sectores de la sociedad y afrontar las nuevas realidades actualizando ideología, programa y estatutos, mediante un amplio proceso de renovación política y organizativa.

Los retos que enfrenta la administración del presidente Enrique Peña Nieto son de gran envergadura. El gobierno está generando enormes expectativas sociales que de verse frustradas (como ocurrió con los gobiernos de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calde-rón) generarían un nuevo desánimo social que afectaría el desarrollo y la vida política nacionales. Las reformas pendientes, entre ellas la hacendaria, la energética y la financiera definirán la voluntad, la capacidad y la fuerza tanto del gobierno de Peña Nieto como la vi-gencia del Pacto por México.

El PRI está estrechamente involucrado en el proceso para la solución de los problemas nacionales. Para ello ha planteado pro-puestas al respecto en sus plataformas electorales y en sus docu-mentos básicos. El partido tiene la determinación para superar los retos con el trabajo serio y responsable de sus fracciones parlamen-tarias en las cámaras del Congreso de la Unión y con el apoyo de sus militantes que constituyen las bases sociales que dan fuerza, influencia y posibilidades del ejercicio del poder político al presi-dente Enrique Peña Nieto.

comité nacional editorial y de Divulgación

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carlos arriola

PrinciPios de doctrina y moderniza-ción“Yo soy yo y mi circunstancia” afirmó el filósofo espa-ñol Ortega y Gasset, en una conocida frase, tan sobra-da de sentido común que más parece proverbio popular que tesis filosófica.

Sin embargo, conviene recordarla debido a que, con demasiada frecuencia, lo obvio se soslaya o se encubre con complicadas teorías que responden más a intereses personales o de grupo.

Las personas morales, como son los partidos políticos, tie-nen al igual que las personas físicas, una filiación genética al nacer y se desarrollan en circunstancias específicas que dan forma a su ser y quehacer en el mundo. En el caso del Partido Nacional Revolucionario (PNR) su filiación genética fue el ser revolucionario, como también lo fueron, y así lo proclamaron, en sus principios de doctrina, el Partido de la Revolución Mexi-cana (PRM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las circunstancias en que nacieron fueron, en cambio, radi-calmente diferentes: el PNR en los años en que el gran asunto pendiente de resolver era la transmisión pacífica del poder que


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la reelección del general Obregón complicó, al igual que su ase-sinato. Con enorme talento político Calles resolvió el problema con la creación del partido y logró que México transitara de un país de caudillos a otro de instituciones.

Tan sólo algunos meses después de la creación del PNR estalló la crisis de 1929 y la gran depresión se extendió por el mundo occidental. La década de 1930 fue la del desempleo, la caída de los niveles de vida y el retorno al proteccionismo. La intervención del Estado en la economía fue casi general como el New Deal del presidente estadounidense Franklin D. Roo-sevelt y el presidente Lázaro Cárdenas aprovechó la situación para ampliar y profundizar los programas de la Revolución, mediante la aplicación de las disposiciones constitucionales. La gran legitimidad que alcanzó, le permitió reorganizar el PNR con la inclusión de los sectores obrero, campesino y militar con lo cual pudo centralizar un poder que se encontraba disperso y sometido al capricho de “los hombres fuertes” de la Revolución que, en algunos casos, conservaban sus milicias. La nacionali-zación del petróleo fue posible por la inminencia del conflicto internacional.

La creación del PRI tuvo lugar en un contexto radicalmente distinto. La guerra había terminado y con ella la hegemonía de las potencias europeas, particularmente la de Gran Bretaña. El mundo bipolar había nacido y las grandes potencias fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1949 la guerra fría comenzaría hasta la caída del socialismo 40 años después. La guerra favoreció el proceso de industrialización y a partir de 1946 se convertiría en el motor de crecimiento. El México rural, analfabeto, sin servicios de salud fue quedando atrás, dejando abierto el camino a la modernidad, sin negar por ello su filia-ción revolucionaria.

Aunque los genes fueran los mismos, las circunstancias nacionales, y más las internacionales, impusieron condiciones que obligaron a modificar los principios de doctrina, tanto en algunos puntos de fondo, la educación socialista, por ejemplo, como en el lenguaje. Al lado de estos cambios, hubo una mayor continuidad en temas esenciales de la Revolución como el re-parto agrario, la protección al trabajo y el dominio de la Nación sobre los recursos nacionales.

Los cambios a los principios de doctrina de 1929 que tuvie-ron lugar en 1938 y 1946 fueron posibles por su carácter más pro-gramático que propiamente doctrinal. Para ilustrar este tema


Principios de doctrina y modernización

conviene hacer una referencia al breve texto de 1929. Antes de ello cabe recordar que con anterioridad a la promulgación de la Ley Federal Electoral de 1946, los partidos políticos se cons-tituían como asociaciones civiles ante notario público y elabo-raban sus documentos fundacionales (principios, programas y estatutos) a la medida de sus propósitos e intereses. De ahí el carácter híbrido de algunos textos que suman principios y programas. Tal fue el caso del PNR en 1929, que se limitó a cinco “declaraciones” en nombre de “la opinión revolucionaria de México”.

La primera incluyó tres puntos: la aceptación “absoluta y sin reservas” del sistema democrático y la forma de gobierno establecida en la Constitución, por la que luchará, “decidida y enérgicamente por hacer cada vez más efectivos en Méxi-co la libertad del sufragio y el triunfo de las mayorías en los comicios”. En otras palabras, se reconocen las imperfecciones democráticas, debidas a un déficit de cultura ciudadana, ya que de la Colonia se heredaron “súbditos del rey de España nacidos para callar y obedecer”, y del siglo xix el golpe de Estado como medio para hacerse con el poder.

En esta primera declaración también se indica que se pro-curará “con todos los medios a su alcance” [del partido] la esta-bilidad de los gobiernos “emanados de su acción política”. Por último, el nuevo partido, se compromete, a la incorporación “paulatina” del acceso de la mujer mexicana “en las actividades de la vida cívica”. No debe olvidarse que el movimiento de las “sufragistas” en Gran Bretaña sólo obtuvo hasta 1918 el derecho a votar para las mujeres mayores de 30 años y 10 años más tarde se les concedió la igualdad de derechos con los hombres.

La segunda declaración versa sobre los aspectos sociales y se indica que el progreso “material y cultural” del país está subordinado “a la condición económica y mental” del pueblo por lo cual es urgente “el mejoramiento integral de las masas populares”. También habla de “la lucha de clases”, de “los derechos del proletariado, menoscabados por la superioridad de los explotadores sobre los explotados” y considera que los artículos 27 y 123 constitucionales son fundamentales para la “emancipación” de los trabajadores del campo y la ciudad. Asimismo considera como un punto “capital” la protección y “civilización” del indígena y su “incorporación a las activida-des de la vida nacional como uno de nuestros factores étnicos más importantes”.


La tercera declaración se refiere a la política internacional y se defiende, en primer lugar, el concepto de soberanía nacional como base de una política exterior sujeta al respeto de “la ley internacional, de los principios revolucionarios mexicanos y de las leyes nacionales”. También se sostiene el principio de no intervención, la condena de la guerra, salvo la defensiva, la cooperación intelectual, el comercio y, en caso de “dificultades internacionales”, el arbitraje, la conciliación y la mediación, siempre y cuando no se afecte “la independencia, soberanía y principios constitucionales de la República”.

La cuarta declaración aborda el tema económico e incluye “la reconstrucción nacional”, el saneamiento de las finanzas, el cumplimiento de las obligaciones económicas interiores y exteriores para lograr solvencia moral y material y estimular toda actividad productiva dentro de la República, todo ello con el propósito de mejorar “las condiciones de vida del pueblo”.

La quinta y última declaración afirma que el partido lu-chará, dentro del marco jurídico, por que la integración del gobierno se haga “con hombres de ideología revolucionaria”, cualquiera que sea su condición social, “siempre que estén mo-ral e intelectualmente capacitados para llevar a cabo “la realiza-ción del programa eminentemente patriótico de la Revolución”. El texto concluye diciendo que estas “declaraciones” definen la doctrina del partido y su ideología.

Esta mixtura de principios, objetivos y políticas concretas no es ajena a la naturaleza misma del movimiento revoluciona-rio. El vacío de poder que se produjo con la revolución de 1910 y la salida de Porfirio Díaz que Madero no pudo llenar, permitió que afloraran las demandas de diversos grupos sociales que habían sido ignoradas con la llegada del grupo de Limantour, los científicos, que impusieron una modernización a rajatabla, haciendo a un lado la política de compromisos con la sociedad tradicional que Juárez e, incluso, Porfirio Díaz en sus prime-ros años siguieron, es decir, la política de una modernización paulatina. Cada uno de los grupos revolucionarios, zapatistas, villistas, carrancistas u obregonistas, tenían sus propias deman-

El PNR supo esquivar tanto la rigidez de las tesis marxistas como la abstracción cuasi teológica del PaN. Con más modestia, y sobre todo con mayor rea-lismo, se limitó a recoger y procesar en sus “declara-ciones” los objetivos concretos que el país requería

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das y si el grupo sonorense se impuso fue gracias a su talento y sensibilidad política para tratar de atender, parcialmente al menos, a los diferentes actores sociales. Así, por ejemplo, se incluyó en el Artículo 27 el reparto agrario, pero no se prohibió la pequeña propiedad privada; se reivindicó la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, pero se dieron concesio-nes a los particulares para su explotación, y como estos podrían mencionarse otros muchos ejemplos.

Todos ellos muestran que a diferencia de la Revolución so-viética de 1917, la mexicana no obedeció a un esquema ideal y preconcebido de nueva sociedad. De ahí se deriva que los partidos comunistas hayan tenido principios de doctrina muy rígidos que entorpecieron la modernización de la antigua Rusia. El otro peligro en que han caído los principios de doctrina de otros partidos ha sido el de la abstracción. Tal ha sido el caso, en México, de los principios de doctrina del Partido Acción Nacio-nal (PAN) que se basaron en las doctrinas de la Iglesia católica que pensadas para la cristiandad, necesariamente tenían que adoptar un carácter muy general, a fin de hacerlas válidas para todos los países, aunque atravesaran situaciones diferentes. A título de ejemplo, se puede mencionar el punto básico de la doctrina del PAN: “la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad (?) y sus órganos (?) deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino”.

El PNR supo esquivar tanto la rigidez de las tesis mar-xistas como la abstracción cuasi teológica del PAN. Con más modestia, y sobre todo con mayor realismo, se limitó a recoger y procesar en sus “declaraciones” los objetivos concretos que el país requería. Esta tónica se repitió en la declaración de principios del PRM de 1938, aunque algunos conceptos mar-xistas se hayan incluido y se haya hablado de “preparar al pueblo para la implantación de una democracia de trabajado-res y para llegar al régimen socialista” (punto cuarto). Todo ello desapareció en la declaración de 1946 y el primer punto de los principios de doctrina sostuvo: “El Partido Revolucio-nario Institucional acepta, en absoluto y sin reserva alguna, el sistema democrático de gobierno”.

Después de 1946, los principios de doctrina se revisaron en diez ocasiones a lo largo del siglo xx. Llaman la atención, por su extensión, los textos de 1972 y los de 1984, bajo la presidencia del



licenciado Luis Echeverría y del licenciado Miguel de la Ma-drid, respectivamente. Ambos son un intento de legitimación después de los acontecimientos estudiantiles de 1968 y de los económicos de 1982, la nacionalización de los bancos.

Un paréntesis: el oficio de gobernarLos múltiples cambios a los principios de doctrina del PRI rea-lizados en el siglo xx reafirmaron su filiación revolucionaria, ese “yo” mencionado por Ortega. La acción modernizadora de los gobiernos priistas cambió, con sentido de Estado, las circunstancias que lo obligaron, por congruencia y racionalidad moderna, a modificar los programas de acción, cuyas ideas se mezclaron con los principios de doctrina. Ciertamente, algunos de estos cambios fueron retóricos, concebidos para legitimar alguna coyuntura difícil por lo cual no trascendieron el sexenio en que se realizaron.

Las críticas a este proceder se dirigieron a dos temas: la vin-culación del presidente con su partido y, la segunda, al pragma-tismo político. La primera es trivial, por decir lo menos, y fue un argumento de la oposición para calificar al PRI de partido único de gobierno (aberración mayor) y otros epítetos. En todo país democrático, el Jefe del Estado gobierna con el apoyo de su partido, sea un régimen presidencial o parlamentario. En estos últimos, cuando el partido en el poder se divide y le retira su confianza al gobierno, éste cae. En un régimen presidencial se condena al Ejecutivo a la impotencia, como ocurrió en México con el primer presidente de la alternancia.

La segunda crítica es propia de mentalidades tradiciona-les que desconocen la naturaleza dinámica en extremo de la modernidad que, no en balde, ha sido comparada con el fluir tumultuoso de un río. Esta crítica tradicionalista responde a la incapacidad de algunos partidos para navegar en la mo-dernidad política inaugurada por la Revolución francesa, y la modernidad económica llevada a cabo por la revolución industrial, la tecnológica y la cibernética. Las mentalidades tradicionales, que buscan la estabilidad perdida, olvidan los errores y horrores cometidos por el dogmatismo político, tan-to de los países socialistas como de las dictaduras militares anticomunistas.

Uno de los mejores defensores del sano pragmatismo po-lítico, fue el ilustre jesuita español del siglo xvii, Baltasar Gracián, quien sumó a su formación teórica, “los saberes de

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experiencia”. En uno de sus libros, Arte de la Prudencia, es-cribió: “En el gobernar todo ha de ser al caso. Hay algunos tan impertinentes que pretenden que todas las circunstancias se ajusten a su manía y no al contrario. Más el sabio sabe que el norte de la prudencia consiste en portarse a la ocasión.” (Aforismo 288).

La Declaración de Principios de 2013 se caracteriza por su concreción al haber excluido los temas programáticos. Esta de-puración no fue ajena a los 12 años de obligada reflexión acerca de los valores fundamentales del partido, así como de las polí-ticas más exitosas del siglo xx que permitieron avanzar en el perfeccionamiento de la democracia y en la consecución del desarrollo económico con justicia social. Uno de los conceptos básicos que fueron rescatados y realzados fue el de la rectoría del Estado, como se verá más adelante.

La Declaración de Principios consta de un preámbulo y de cuatro puntos: el partido, el Estado, la sociedad y el entorno mundial.

En el preámbulo y en el primer punto se reconoce, con le-gítimo orgullo, la filiación con los valores sociales de la Re-volución mexicana que “corresponden a las demandas de la inmensa mayoría de los mexicanos”, en un país “todavía es-cindido por la modernidad y el atraso”. Además, se reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la Nación, se refrenda el compromiso democrático con el federalismo, el liberalismo y el laicismo, así como con la soberanía nacional y la indepen-dencia de México.

El punto primero, referido al partido, define los compro-misos históricos que asumió en el siglo pasado, así como los temas nuevos que se incorporaron a los programas de organis-mos internacionales y que han sido asumidos por casi todos los Estados. Tal es el caso de los derechos humanos, las causas ciudadanas, la equidad de género, el medio ambiente y el de-sarrollo sustentable, entre otros. Estos temas muestran, clara-mente, la naturaleza abierta de un partido dispuesto al cambio modernizador.

El segundo tema, el Estado, merece destacarse, después de tres sexenios en los que todo se inclinó en favor del mercado, limitando el papel del Estado. Como se indicó en el comenta-rio al preámbulo, la reivindicación de la rectoría estatal, “sin menoscabo de la libertad económica”, reviste la mayor impor-tancia. Después de la experiencia porfirista y de la gran crisis



mundial de 1929, el presidente Cárdenas en sus 14 puntos leídos en Monterrey señaló que el Estado era “el árbitro y regulador de la vida social”. Desde entonces se entendió que el país es una comunidad humana con intereses diversos y, en ocasio-nes opuestos, y no solamente un mercado en el que reina la ley de la selva. La rectoría estatal no implica, en forma alguna, la supresión del libre mercado. Por el contrario, la presupone y la promueve, pero también sabe de los excesos que pueden cometerse en su nombre: especulaciones indebidas, productos fraudulentos, estafas, etc. Las crisis bancarias en Islandia, Ir-landa, España o Chipre son buenos ejemplos de la necesidad de regulaciones estrictas en el ámbito financiero.

De ahí, la necesidad de acotar la libertad del mercado, al igual que la de otras libertades, como la de expresión, en cuyo nombre no se puede calumniar. Exigir la supresión de las re-gulaciones económicas, en nombre de la libertad de mercado, equivale a demandar la supresión de los semáforos argumen-tando la libertad de tránsito.

La rectoría del Estado tiene otra dimensión positiva: la de promotor del desarrollo, en particular la de actividades consi-deradas prioritarias, como el apoyo al desarrollo de las energías “limpias”.

De igual importancia es la tesis de la necesidad de que el Estado intervenga para “mejorar los equilibrios sociales y re-gionales” y que impulse “reformas sociales en favor de los que menos tienen”. Estos puntos se inscriben en la mejor tradición de la herencia revolucionaria, ya que fue la decisión política de los gobiernos del PRI de corregir los desequilibrios sociales que naturalmente provoca la dinámica modernizadora, la que permitió la estabilidad política y la paz social. Son los agudos desequilibrios económicos, sociales y culturales los que desga-rran el tejido social, más que el crimen organizado, que prospera en situaciones de ruptura.

Hay muchas otras implicaciones fundamentales que se des-prenden del tema de la rectoría del Estado y que merecerían ser analizadas, pero son más propias de los programas de acción. Sin embargo, debe destacarse la reafirmación del “dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los hidrocarburos y demás recursos naturales del subsuelo”. Po-drán cambiarse algunas modalidades de su explotación, como ya ocurrió en el pasado, pero ello debe ceñirse a lo circunstancial (disponibilidad de recursos y tecnologías), siempre y cuando la

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rectoría del Estado se afirme y consolide.El tercer punto, la sociedad, consta de ocho párrafos anima-

dos por una tesis fundamental: la existencia de una ciudadanía “sustentada en la equidad económica”, ya que no hay demo-cracia posible con agudas desigualdades. La idea democrática conlleva en su interior otra más, la de la igualdad y aunque ésta es imposible de alcanzar en forma absoluta, lo razonable es “moderar la opulencia y la indigencia”. De igual importancia es el compromiso de participar en la “construcción de una ciu-dadanía integral”, ya que no se nace ciudadano; éste se hace en el hogar, la escuela, el trabajo, y esta tarea hay que recomenzarla con cada generación. La educación cívica es tarea permanente de la sociedad y del Estado. Todos los partidos, así como los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esta labor.

El último punto se aboca al entorno mundial. Huelga co-mentar la importancia del tema, ya que estamos inmersos en la internacionalización de la economía. Lo que merece destacarse, es que la Declaración de Principios señala que concibe la soberanía nacional como fundamento estratégico de la participación de México en la globalización; apoya el papel de los organismos multilaterales para que prevalezcan sobre las políticas unilaterales, y se pronuncia en favor de la construcción de una economía global que tome en cuenta “asimetrías e injusticias”, con una activa defensa de los de-rechos humanos y laborales de los migrantes. Asimismo se pronuncia en favor de un “nuevo diálogo político” basado en el respeto a la cultura de cada país, en una voluntad de com-partir conocimientos y tecnologías y de asumir compromisos para cuidar el medio ambiente. Quiérase o no, la promoción de estas políticas, en forma eficaz, es tarea básica del Estado y, por mandato constitucional, corresponde al Poder Ejecutivo la conducción de la política exterior. Una razón más para que México cuente con un Estado fuerte, con un presidente de la República versado en el oficio político y con embajadores y funcionarios profesionales.

Los “saberes de experiencia” adquiridos por el Partido en sus 84 años han per-mitido que los puntos de doctrina elaborados en la pasada asamblea respon-dan cabalmente a la filiación revolucionaria y a las circunstancias de este inicio de siglo, tan diferentes de 1910 como la noche y el día



ConclusiónLas demandas concretas planteadas por los varios grupos so-ciales que hicieron la Revolución mexicana, hace un siglo, en-contraron su primera concreción jurídica en la Constitución de 1917 y, en la siguiente década en los principios de doctrina y programas de acción del PNR, el PRM y el PRI. El tiempo depuró algunos de los programas fundacionales, en particular los de 1938 en los que se habían introducido elementos ajenos a la Revolución y la Constitución.

Las circunstancias, a su vez, introdujeron tesis más propias de un Programa de Acción en un afán explicativo, en algunos casos, y legitimador en otros. En ambos se mantuvo la filiación revolucionaria y los propósitos de alcanzar la democracia y la justicia social. Las sucesivas reformas electorales dan cuenta de ello y el contenido de los libros de texto fue una aportación a la educación cívica de las muchas generaciones. El reparto agra-rio, con todas sus insuficiencias, la restitución de tierras a los pueblos y comunidades dieron satisfacción parcial, si se quiere, a la sociedad tradicional, cuya población comenzó a disminuir en términos relativos, por la migración a los centros urbanos del país y, después al extranjero. El artículo 123, los tribunales laborales y las juntas de conciliación y arbitraje funcionaron y en términos generales aseguraron la paz social en numerosas décadas. Ello no implica que los avances logrados en algunas épocas no hayan ido acompañados de retrocesos significativos y que hoy se viva una situación en que se han agudizado las desigualdades en forma inaceptable, tal y como lo reconocen los principios de doctrina y el nuevo gobierno.

Los “saberes de experiencia” adquiridos por el partido en sus 84 años han permitido que los puntos de doctrina elabora-dos en la pasada Asamblea respondan cabalmente a la filiación revolucionaria y a las circunstancias de este inicio de siglo, tan diferentes de 1910 como la noche y el día.

carlos arriola


Carlos arriola Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y en Relacio-nes Internacionales por el Colegio de México donde fue Secretario General y profesor e investigador. Fue colaborador del periódico El Economista y es autor de múltiples ar-tículos publicados de México y el extranjero. Autor de los libros: Ensayos sobre el PAN; Cómo gobierna el PAN; El miedo a gobernar; La verdadera historia del PAN; Los empresarios y el Estado, 1970–1982 y Documentos básicos sobre el TLCAN.



David Penchyna

Programa de acción Para la transformación de méxicoPuede adelantarse que el saldo de la XXI Asamblea Nacional del PRI fue recuperar su capacidad de adap-tación y volver a ser la vanguardia de la perspectiva modernizadora de la vida política de México.

Esa característica permea la revisión de todos sus documentos básicos. En estas líneas yo quisiera detenerme en dos temas fundamentales, que los son en sus propios méritos pero que mal entendidos o manipulados por nuestros adversarios se pres-tan a confusión de la opinión pública e incluso de algunos de nuestros militantes.

Durante las discusiones de los predictámenes y dictamen de la Mesa Nacional Temática del Programa de Acción, dos mate-rias concentraron el interés de los delegados, de los medios y de la ciudadanía. Me refiero a los temas de hacienda y de energía.

La hacienda pública en México, su estructura, sus contribu-yentes y beneficiarios, sus cambios a lo largo del tiempo, han sido motivo de un intenso debate desde finales de los años sesenta del siglo pasado. Si bien en ese lapso han habido avances muy


David Penchyna

considerables, no se ha logrado que éste tenga una clara orien-tación en el mediano plazo, con estabilidad y tamaño para las finanzas públicas del Estado mexicano, con posibilidad de que el inversionista y empleador planifique el volumen y el destino de sus inversiones y de que el consumidor y contribuyente se beneficie con simplificación y rentabilidad personal y colectiva de los recursos derivados de la recaudación y del gasto público.

La debilidad fiscal del Estado mexicano se revela en cifras simples pero alarmantes: si el gobierno de México no contara con PEMEX como causante cautivo, el nivel de recaudación se reduciría en un 38% en promedio anual. El porcentaje de recaudación respecto del Producto Interno Bruto en México es el segundo más bajo de América, casi equivalente al de Haití.

No existe, en términos generales, una cultura de contribu-yentes. Durante décadas, el causante estuvo habituado a impues-tos indirectos y por tanto a un alto grado de evasión y elusión.

Exenciones, tasas diferenciadas y regímenes especiales, ge-neran inmensas ganancias a grandes empresas y subsidian el consumo de la población en los niveles más altos de ingreso. La Secretaría de Hacienda de facto rige la política energética de México desde montos de inversión hasta tarifas bajo un criterio eminentemente recaudatorio y fiscal.

El país arrastra, además, la costumbre perversa de utilizar la política impositiva de uno u otro gobierno con propósitos electorales y coyunturales. Ello derivó en que varios partidos políticos se prohibieran a sí mismos y a su militancia pensar en la gama completa de instrumentos a disposición del sector público para allegarse recursos absolutamente indispensables e inaplazables en tareas sociales como educación, salud, alimen-tación e infraestructura.

Faltaba en el partido la capacidad analítica para poder pen-sar con libertad el conjunto de las herramientas de la política hacendaria y no en tal o cual impuesto en particular.

En la elección de julio del año pasado los votantes que eli-gieron a Enrique Peña Nieto, votaron por un programa y una lista de compromisos. Bien se ha dicho que toda política pú-blica, toda reforma legislativa, toda decisión gubernamental que no está respaldada en recursos de las finanzas públicas es simple demagogia.

Por eso, en la pasada Asamblea Nacional, la militancia se propuso una Reforma Hacendaria que “exige que simplifique el pago de impuestos, amplíe la base tributaria reduciendo la


Programa de acción para la transformación de México

evasión y la elusión fiscales, elimine tratamientos fiscales es-peciales y que los subsidios no sean generalizados sino que se conviertan en subsidios dirigidos a los más desprotegidos. El partido se propone que cualquier aumento en la recaudación que se logre por la Reforma Hacendaria, siempre bajo los cri-terios enunciados en este Programa, se dirija prioritariamente al gasto social”.

Se llegó a la Asamblea con un ánimo muy claro de qui-tarnos ataduras de otro México. Había que repensar una Re-forma Hacendaria desde sus fundamentos y sus objetivos sin entrar a discutir tales o cuales medidas en concreto con la clara conciencia de que “la Hacienda Pública es un medio, no un fin en sí misma. Esto implica comprometer evidentes, claros y concretos beneficios sociales; acreditar su carácter integral, refiriéndose al patrimonio del Estado y a todas las fuentes de ingresos públicos; coordinar los tres órdenes de gobierno para efectos de la recaudación; contar con un gasto público ordenado, transparente y eficaz, con énfasis en la productividad y calidad, con eficiencia en la aplicación tanto del gasto corriente como de inversión, así como mecanismos de financiamiento de la deuda pública para el desarrollo, con criterios de legalidad y enfocada a la obtención de resultados de gobierno; y abarcar la racionalización en el uso del erario con criterios de trans-parencia y rendición de cuentas. La Reforma de la Hacienda Pública debe ser un proceso programado, con una ruta definida, para lograr metas al paso del tiempo, que se puedan evaluar y, a través de una estrategia eficaz de comunicación política, se expliquen de manera clara y precisa, sus alcances, traducidos en programas concretos a favor de la gente, antes de referirse a impuesto alguno en particular”.

¿Qué significa lo anterior? Significa que todos los gobiernos emanados del PRI, están en libertad de pensar y diseñar una propuesta de hacienda pública integral que contenga todos los elementos técnicos conocidos y aplicados de acuerdo a la expe-riencia nacional e internacional. Eso es todo. Lo demás, queda en manos del Congreso que reciba la propuesta fiscal –en el sentido más amplio–, y el Congreso decidirá lo que considere conducen-te. Nada más. No se rechaza a priori ningún análisis ni propuesta puntual. Tendrá que discutirse el conjunto y sus objetivos.

En materia energética se procedió con un criterio similar. En principio, hay que decirlo, nadie, dentro y fuera del PRI, duda de que: “En lo tocante a petróleo y gas se debe mantener


en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública y de carácter productivo”.

Eso no está a discusión. Lo que está a discusión es cómo el país puede tener un desarrollo óptimo de su sector energético a partir de los recursos y las oportunidades de las que dispone y eso incluye la capacidad de riesgo de la inversión privada que no es lo mismo que privatizar. Los recursos energéticos propie-dad de la Nación, no están en venta. Lo que se puede analizar con racionalidad, sin mitos de falsas identidades nacionales, son las posibilidades de exploración, explotación, transporte, ductos, almacenaje y distribución sin afectación a los activos de las empresas paraestatales del sector energético, sin dejar de señalar, de paso, que hoy no son empresas, propiamente dicho, sino organismos descentralizados que por su situación fiscal en-frentan estrangulamientos en toda su cadena productiva como resultado de su altísimo y excepcional nivel de tributación.

Es muy fácil exigir, como algunos lo hacen, la autonomía financiera de las paraestatales. Olvidan que uno de cada tres productos o servicios que ofrece el gobierno mexicano a su población provienen de impuestos del sector energético. Tan solo cada año, el sector energético (energías renovables y no renovables, así como investigación, ciencia y tecnología rela-cionada) requeriría de inversión adicional del orden de entre 80 a 100 mil millones de dólares que actualmente se destinan a los programas de gasto de los tres órdenes de gobierno.

México requiere un sector energético que persiga dos ob-jetivos estratégicos: uno, contribuir al Producto Interno Bruto. La apertura del sector energético significaría en su etapa de maduración de los proyectos dos puntos adicionales al Producto Nacional lo que haría posible crecer anualmente a una tasa de 5.5% a 6%.

Un segundo objetivo del sector energético de México, no menos importante que el primero, sería el de la inclusión social, lo que implicaría adecuar el acceso de la energía de acuerdo con la nueva estructura poblacional; ampliar el acceso de energía a

David Penchyna

Es muy fácil exigir, como algunos lo hacen, la autonomía financiera de las paraestatales. Olvi-dan que uno de cada tres productos o servicios que ofrece el gobierno mexicano a su población provienen de impuestos del sector energético


las comunidades menos favorecidas; y suministrar energéticos de calidad con base a la legalidad vigente.

El esquema propuesto permitiría tener un sector energético con tres características: seguridad (especialmente en el abasto de mediano y largo plazo), eficiencia (especialmente en unifi-cación y consolidación de la infraestructura energética) y sus-tentabilidad. Son las tres incógnitas de la ecuación que resulta en crecimiento económico e inclusión social y hoy no están re-sueltas, pero que si no nos las planteamos, dentro de cinco años el país va a ser importador neto de todas las energías primarias.

La disyuntiva es muy clara, se administra la inercia y el ago-tamiento del sector energético o se le transforma en la palanca del desarrollo nacional durante los próximos 20 o 30 años.

Programa de acción para la transformación de México

David Penchyna Licenciado en Derecho por la UNAM con posgrado en Políticas Públicas por el ITAM. Fue diputado federal en las LVIII y LXI legislaturas, Director General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Subdirector del FOVISSSTE, Coordinador Sectorial de SEDESOL, Secretario de Desarrollo Económico y Desarrollo Social de Hidalgo. Actualmente es senador y presidente de la Comisión de Energía.


Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza

Nuevos estatutos para fortalecer al prILa realidad social y política que imponen los tiempos que corren determina adecuaciones inaplazables en los documentos básicos de los institutos políticos todos, para estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos que anhelan tener seguridad, empleo seguro, una exis-tencia digna para sus familias y confianza en aquellos que los representan políticamente.

Esta ciudadanía, en el caso de México, manifiesta un hartaz-go enojoso por la ineficacia gubernamental a lo largo de dos sexenios perdidos, en aras de la alternancia política, que se ha traducido en un deterioro creciente de su calidad de vida.

El escenario social mexicano reclama un golpe de timón que dé certidumbre en el rumbo y ofrezca resultados que me-joren las condiciones existenciales de la ciudadanía en general. Ese fue el mandato de las urnas el pasado mes de julio y mi partido, el Revolucionario Institucional (PRI), ha entendido a



cabalidad que debe acompañar críticamente al presidente de la República, quien emerge de sus filas y enarbola su plataforma política, para asumir el reto de modernizar al país por la vía de reformas estructurales en todos los ámbitos de la vida nacional.

A lo largo de la historia, los priistas jamás nos hemos sig-nificado como fundamentalistas, dogmáticos o “capillistas”. Siempre hemos estado abiertos a perfeccionar con prudencia y oportunidad nuestra estructura y nuestros documentos básicos frente a circunstancias concretas, para responder a los reclamos de nuestra militancia, en primer término, pero nunca soslayan-do el interés general de la Nación.

Con madurez política reconocimos nuestra derrota electoral en el año 2000, nos propusimos cambiar auténticamente para recuperar la confianza de los ciudadanos y estamos resueltos a cumplir con los compromisos que enarbolamos en la campa-ña política de 2012. No nos equivoquemos, el PRI siempre ha sido congruente con su tiempo y, además, un universo econó-mico globalizado no permitiría a ningún país transitar hacia mejores escenarios nacionales a partir de posiciones sectarias o ensimismamientos ideológicos, encerrados en creencias que ya no tienen sentido de ser. De ahí que apostemos al cambio, cambiando en primer lugar nuestros documentos básicos para darle viabilidad a nuestras propuestas de gran calado.

Desde los tiempos de Heráclito (500 a. C.) queda claro que todo cambia (“Todo cambia, nada permanece. Lo que hoy es blanco, mañana se torna negro por obra y gracia del tiempo. Todo cambia, nada permanece. Cuando te enamoras, o cuando alguien te asombra, lo haces ante una persona que es el hoy, y mañana es otra, como tú mismo. Todo cambia, nada permanece. Cada vino tiene su año y su cosecha, cada fruta, su estación. Todo es relativo, nada es seguro. Y el mundo es una consecuencia de que nada en el acontecer humano es eterno”), nadie se baña dos veces en el mismo río y lo único que no cambia es la ley de los cambios.

Luego, entonces, el PRI ha tenido la sabiduría de adecuarse a las circunstancias del tiempo mexicano y ha concretado varias transformaciones significativas en sus estatutos desde su fun-dación en 1929 para responder a las demandas de la sociedad sin titubeos. Conviene, aquí, repasar las etapas que ha transitado como instituto político en materia estatutaria.

En enero de 1946 desaparece el Partido de la Revolución Mexicana para dar lugar al PRI y en su Convención Constitu-tiva aprueba reformas a la estructura del partido, reflejadas en


nuevos estatutos para fortalecer al PRi

la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Esta-tutos, adoptando el lema Democracia y Justicia Social y desapa-reciendo como condición para la militancia ser parte de algún sector o sindicato para asumir candidaturas, sometiéndose a elecciones internas. Sostiene acuerdos entre los sectores obreros y campesinos para poner fin a las pugnas intergremiales.

La I Asamblea General Ordinaria del PRI (febrero de 1950) realiza nuevas modificaciones a los documentos básicos con la intención de democratizar las estructuras del partido, principal-mente a partir de su estructura regional; se señala que el PRI “es un órgano autónomo de alianza de las grandes fuerzas de la Re-volución Nacional” que no “se supedita al Estado”. A partir de entonces se hacen múltiples modificaciones a estos documentos y se transforma el espíritu original de la etapa caudillista.

Durante la III Asamblea Nacional (marzo de 1960) se am-plían los conceptos establecidos en la Declaración de Princi-pios y se modifican algunas partes de los Estatutos; se crea el Instituto de Estudios Políticos y nacen los comités seccionales, encargados de las tareas partidistas en cada sección electoral.

En la IV Asamblea Nacional (abril de 1965), bajo la direc-ción de Carlos Madrazo, el PRI adopta un nuevo sistema de selección interna de candidatos municipales que provoca una movilización nacional, inmediatamente acotada por aquellos viejos caciques regionales, que acusaron a Madrazo de alentar la división en las filas del tricolor y permitir que gente ajena al partido participara en las elecciones internas.

La V Asamblea Nacional (febrero de 1968) modifica por quinta vez consecutiva los Estatutos del partido y hace un ba-lance entre la administración pública y el Programa de Acción del partido.

En la VI Asamblea Nacional (marzo de 1971), se impulsa una reforma a la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del partido; se crea el ICAP para imple-mentar los acuerdos de la Asamblea y desarrollar los programas de capacitación y educación política que establece el artículo 37 bis de los estatutos reformados.

La VII Asamblea Nacional (octubre de 1972), con Jesús Re-yes Heroles al frente del partido, emite una nueva Declaración de Principios y Programa de Acción. A través de estos cambios, se estableció como prioridad luchar por la igualdad educacional y cultural para todos los mexicanos y por el derecho al trabajo; se estipula por primera vez la rectoría económica del Estado. De


estas reformas surge el Movimiento Nacional de la Juventud Mexicana y la Agrupación Nacional Femenil. Se intenta crear un nuevo reglamento para actividades partidistas.

Reyes Heroles establece entonces con nitidez: “Ni más so-ciedad para que haya menos Estado; ni más Estado para que haya menos sociedad y menos individuo. Individuo, sociedad y Estado tienen ámbitos de acción característicos y no es posible levantar una colectividad armónica sin respetar el papel que a cada una de estas entidades concierne. Nuestra meta no es una sociedad estatalizada; es un estado social y una sociedad integrada por individuos libres y en pleno uso de sus derechos”.

Ya en la IX Asamblea Nacional (agosto de 1978) se modifican los documentos básicos y se proclama que el PRI se convertiría en “Partido de los trabajadores”. Los delegados apoyan la reforma política impulsada por el gobierno de José López Portillo.

En nuestra X Asamblea Nacional (octubre de 1979), se em-pujan reformas y adiciones al Programa de Acción del PRI y refrenda que el Estado intervenga más en la economía.

Para la XIV Asamblea Nacional (septiembre de 1990), bajo la conducción de Luis Donaldo Colosio Murrieta, se adopta el método de selección “por consulta directa a la base” para candidatos a gobernador y alcaldes. Se ratifica la doctrina del nacionalismo revolucionario y se permite la existencia de co-rrientes internas. El presidente Carlos Salinas manifiesta como primer priista que había culminado la etapa del “partido prác-ticamente único”.

Durante la XV Asamblea Nacional (mayo de 1992) la di-rigencia priista emprende la llamada reforma estructural, en donde plantea recortar el peso de los sectores priistas, ciudada-nizar al partido y crear al Movimiento Territorial.

Ya en la XVI Asamblea Nacional (marzo de 1993), el PRI da marcha atrás en la estrategia de refundación estructural que reducía las cuotas de poder de la CTM; abandonó la consulta directa a la base como método de selección de candidatos; se incorpora plenamente al liberalismo social y el Estado Solidario en los documentos ideológicos del partido; y asume un nuevo Programa de Acción que incorpora elementos de la reforma económica actual en las demandas sectoriales. Se modifican los Estatutos con respecto a los procesos internos de elección de candidatos, otorgándole mayor facultad al Consejo Político.

La XVIII Asamblea Nacional (noviembre de 2001), prime-ra después de la derrota electoral del 2000, aprueba el Código de



Ética; las Estrategias Políticas y la Visión de Futuro; se enrique-ce la definición del partido, agregando los valores democrático, progresista e incluyente. En esta asamblea se plantea que el PRI sea un partido abierto a las alianzas con la sociedad y otras fuerzas políticas progresistas.

En la XX Asamblea Nacional (agosto de 2008) se define al partido como socialdemócrata y se dota de mayores facultades a su presidencia, Consejo Político Nacional y Comisión Política Permanente, sobre todo en lo que corresponde a procesos inter-nos y decisiones en las dirigencias locales; se eliminan algunas cuotas de género para candidaturas; se sanciona la deslealtad de los militantes; y, se discute acerca de la incorporación y ac-tualización, principalmente de sus Estatutos, conforme a las últimas reformas electorales.

De ahí que no deba sorprender que la Mesa Nacional de Estatutos haya resuelto, a partir de las numerosas propuestas municipales y estatales recibidas, modificar el contenido de nuestros Estatutos para poner en franca sinergia el actuar par-tidista con las propuestas parlamentarias y el programa del go-bierno de la República.

En consecuencia, el priismo nacional se movilizó crítica-mente, a partir de la convocatoria expedida el 11 de enero de 2013 para participar en los trabajos de la XXI Asamblea Nacional Ordinaria y asumir el compromiso de ser un actor correspon-sable en la construcción de un país moderno con un gobierno eficaz, lo que implicó deliberar desde el seccional y el municipio sobre el para qué y el cómo de un nuevo derrotero partidista.

Tuve el privilegio, en el desarrollo de esta trascendental XXI Asamblea Nacional Ordinaria, de formar parte de la di-rectiva de la Mesa Nacional de Estatutos, presidida por Ma-riano Palacios Alcocer, junto a Alfredo Fermat, Arely Gómez y Yolanda Eugenia González, que la Comisión Nacional de Dictamen designó con el objetivo de deliberar e integrar los predictámenes que contenían todas las propuestas emanadas de nuestra militancia a lo largo y ancho del país, mismos que generaron los resolutivos de los estatutos partidarios que sus-tentan nuestra modernización.

Tras las modificaciones estatutarias aprobadas por la Asam-blea, una de las cuales establece que el presidente de la República tendrá una abierta participación en la vida interna del partido, el PRI se reafirma como un factor activo en el proceso de moder-nización y transformación de México. Estos cambios a nuestros



documentos básicos posibilitarán, sin duda, avanzar en la apro-bación de reformas legislativas importantes para garantizar los cambios que el país reclama, como la hacendaria y la energética.

En resumen, el PRI se transforma para adaptarse a la nueva realidad de nuestro tiempo, fiel a su herencia histórica y con-servando la rectoría del Estado, pero sin prejuicios ni tabúes.

Como diputado federal orgullosamente priista, integrante de la representación parlamentaria del partido en el gobierno en la LXII Legislatura, asumo el compromiso de dar contenido legislativo a la oferta política del presidente Enrique Peña Nieto en los ámbitos energético y hacendario, así como a los acuerdos suscritos en el Pacto por México sobre estas materias, lo haré en absoluta congruencia con los resolutivos de la Asamblea Nacional de nuestro partido.

Coincido plenamente con las tesis de mi coordinador par-lamentario, el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, que ha precisado la posición del Grupo Parlamentario del PRI en los siguientes términos:

“Impulsaremos una reforma hacendaria integral que sea un instrumento del crecimiento sostenido, con equidad social y que elimine privilegios fiscales y permita financiar reformas de gran alcance como la seguridad social universal. Asimis-mo, promoveremos una reforma que consolide a Pemex como palanca del desarrollo nacional e incentive una mayor partici-pación privada en la generación de energía, salvaguardando la propiedad y rectoría del Estado sobre los hidrocarburos.

“Con estas reformas y la sinergia de acciones del PRI, de su representación parlamentaria y de la presidencia democrática de Peña Nieto, se iniciará una nueva etapa en la transformación de México”.

La Mesa Nacional de Estatutos en la XXI Asamblea Na-cional dio a conocer los resolutivos que dan lugar a diversas modificaciones, de entre las cuales destacan 10 de la mayor relevancia:

1. Apertura a candidaturas ciudadanas, sin importar que no sean militantes.

2. Quitar los candados que impedían debatir de forma in-tegral la reforma hacendaria.

3. Permitir la inversión privada en Petróleos Mexicanos, manteniendo los hidrocarburos como propiedad de la Nación. PEMEX seguirá siendo de los mexicanos, no se privatizará.



4. Manifestarse a favor de la competencia en el sector de las telecomunicaciones y contra los monopolios.

5. Reducir el tamaño del Consejo Político Nacional de mil 200 a 700 miembros.

6. Nueva integración de la Comisión Política Permanente, que se reduce en poco más de 200 integrantes a 47, y que estará encabezada por el presidente Peña Nieto, y en la que tendrán participación los gobernadores y líderes estatales priistas.

7. Surge el Movimiento PRI.MX como organismo espe-cializado en las redes sociales e Internet.

8. Creación de la Secretaría de Adultos Mayores y grupos vulnerables.

9. Mayor transparencia en las cuentas del partido.10. Llamar a aclarar cuentas a malos gobernadores priistas.

En congruencia con el numeral cuatro de esta apretada lista, el pasado 21 de marzo de 2013 posicioné al Grupo Parlamentario del PRI en el debate de la reforma de Telecomunicaciones, ma-nifestándonos a favor de la competencia en este sector, contra los monopolios y la simulación contraria al mandato constitu-cional. La prioridad legislativa apunta a generar legislaciones que le otorguen al ciudadano herramientas que le den certidum-bre y mejoría en la calidad de vida.

Desde la Mesa Nacional de Estatutos establecimos que en materia de Telecomunicaciones el PRI se pronunciaría a favor de la apertura en el sector, fortaleciendo las instituciones re-guladora, así como propiciar su independencia y efectividad, e impulsando acciones para que nuevas empresas participen en aquellas industrias donde ahora existen pocas condiciones de competencia. En ese sentido se enfocó la iniciativa que se dictaminó y se aprobó el viernes 21 de marzo de 2013.

Ahí se sostuvo de manera colegiada que se buscaría im-pulsar reformas legales e institucionales para que la pluralidad de la sociedad mexicana se vea reflejada en los contenidos y orientación de los medios de comunicación, en un marco de mayor apertura y competencia.

Los ajustes a los estatutos del partido posibilitan que las reformas sean profundas y viables, dentro del marco del Pac-to por México, figura de corte parlamentario que coaliga a los partidos mayoritarios representados en el Congreso de la Unión para firmar un programa de gobierno que se compro-meten a cumplir.



Nuestros adversarios políticos han criticado a nuestro par-tido por modificar sus documentos básicos para permitir a sus legisladores discutir la posibilidad de gravar con el Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas, pero para nosotros re-sultan más importantes las opiniones de los ciudadanos, que las posturas de los partidos de oposición. Se olvidan nuestros críti-cos de que en los documentos partidarios configuramos nuestra identidad política, establecemos nuestra manera de organizar-nos internamente y que lo hacemos legítimamente, tomando en cuenta hasta al último de nuestros militantes. Nuestro partido es en esencia el mismo y no pretende ser otro, sino actualizarse para que sus propuestas sean hechos de realidad.

Nuestro dirigente nacional, César Camacho Quiroz, ha sido enfático en este tema:

“No necesitamos ninguna refundación, no hay que refun-dar nada, nosotros tenemos que rescatar lo mejor de nuestra historia y ver las ventanas, y las oportunidades que tenemos al alcance, que son muchas. De suerte que no pretendemos ser otros, sino este PRI, de larga data, en días de actualizarse, inclu-so hacer el ejercicio para aspirar a sugerir por dónde transitar”.

Nuestro partido pasó por un cambio de “hondo calado” y ahora es más abierto a la sociedad, más incluyente y ajeno a la simulación.

La XXI Asamblea Nacional resolvió, pues, que el PRI debía reformarse para enfrentar los nuevos tiempos y adecuarse a su actual realidad, que implica el ejercicio de un nuevo gobierno federal congruente con sus propuestas de campaña política.

En esa línea de ideas, no hay que olvidar que Reyes Heroles sostenía con razón sobrada que el PRI debe luchar por la conti-nuidad en los aciertos y la rectificación en los errores. Que el PRI “no debe plantearse objetivos alucinantes que no estén al alcance de nuestras manos porque eso sería una estafa al pueblo y a los propios militantes”.

El político tuxpeño habla del “tránsito de generaciones en la responsabilidad política para la eficaz combinación de con-tinuidad e innovación para sumar vitalidad y capacidad para enfrentar los problemas”, y que el PRI “no sea obstáculo a la ininterrumpida renovación de cuadros dirigentes”.

Como anillo al dedo viene aquella reflexión de Reyes He-roles: “Ni impacientes ni inmovilistas marcarán nuestro ritmo; ni conformistas ni alucinados nos desviarán de nuestra ruta. Aferrarnos al pasado sólo por ser pasado, nos llevaría a la inmo-



vilidad y al riesgo de reacciones en cadena. No podemos dejar que las ideas políticas marchen a la zaga de los cambios técnicos, económicos, sociales o culturales. Sería convertir lo que debe ser factor de innovación y reforma en lastre y factor de rezago”.

Las ideas del intelectual priista campearon en la mesa te-mática de estatutos en la XXI Asamblea Nacional, sobre todo aquellas que textualmente dicen: “Vamos a tratar de resolver problemas que no pudieron haberse resuelto antes, porque históricamente no era posible. Vamos a abordar problemas no abordados antes, porque es hasta hoy cuando podemos dedi-carnos de lleno a su solución. Tenemos que combatir viejos y persistentes males del ayer y nuevos males de hoy, y hacerlo al mismo tiempo, México tiene su ruta independiente. Nadie debe arrastrarnos o remolcarnos y la dignidad de nuestra política exte-rior debe mantenerse sin importar su costo”, y yo agrego en estas páginas de Confluencia XXI, así como la rectoría económica del Estado en las vertientes que aseguren nuestra soberanía.

Reyes Heroles siempre recomendó que los cambios deben tener una razón, una raíz, un sustento, deben tener un subsuelo histórico que los justifique y, a la vez, un camino hacia el porvenir. Pero, sobre todo, deben tener (su) tiempo y (su) circunstancia. El acuerdo en lo fundamental y la unidad nacional resultan requisi-tos previos para la metamorfosis y progreso pacíficos: “Una socie-dad sólo conserva en la medida que puede cambiar, pero, a la vez, una sociedad sólo cambia en la medida en que puede conservar”.

El político veracruzano tenía bien puestos los pies en la tierra: “No queremos luchar con el viento, con el aire; lo que resiste apoya. Requerimos una sana resistencia que nos apoye en el avance político de México” (Discurso en la ciudad de Aguascalientes el 6 de diciembre de 1972).

Estamos confiados en que el Instituto Federal Electoral (IFE) dicte la constitucionalidad y legalidad de nuestros nuevos docu-mentos básicos, que deberá analizar en un plazo de 30 días. Lo mismo hará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-ción (TEPJF), quien analizará los cambios en un plazo similar, por lo que antes de mes y medio habrá seguramente la declarato-ria de constitucionalidad para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza Diputado federal, Vicecoordinador Jurídico del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Comisión de Comunicaciones y de la Comisión Especial de Cuenca de Burgos en la LXII Legislatura. Integrante de la Comisión Política Permanente del PRI.


Raúl Mejía

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA lA OPERAcIón PARTIdISTALa XXI Asamblea Nacional del PRI, tal y como lo señaló el presidente de la República Enrique Peña Nieto, fue un espacio de alegría y celebración, pero sobre todo de renovación, compromiso, y transfor-mación. Ese espíritu es lo que nos anima a ampliar la discusión sobre las estrategias y programas que se deben instrumentar para fortalecer a nuestro partido y adecuarlo a la realidad actual.El PRI decidió abrirse al encuentro con la sociedad, para trazar junto con ella no sólo su propia transformación sino el mapa mismo del proyecto de nación que exige nuestro país para conso-lidarse como una verdadera democracia del siglo XXI. Debemos construir con hechos y palabras congruentes una relación que lo apuntale como un canal efectivo de comunicación, gestión y lucha por la satisfacción de las necesidades de la población.

Por ello, como partido político, estamos decididos a trans-formarnos para actualizar nuestra posición ante los nuevos re-tos que enfrenta México, no sólo para ganar elecciones, sino

1. Introducción


Raúl Mejía

para servir mejor al país y para volvernos un PRI más eficaz, sencillo y funcional en nuestra vida interna, que esté más cer-cano a los ciudadanos.

A tal grado son fundamentales estos temas que, desde la convocatoria a nuestra XXI Asamblea Nacional se propuso por primera vez, contar con una mesa temática dedicada a la discusión de Estrategias y Programas para poner en marcha el Programa de Acción.

En los trabajos de esta Mesa, se discutieron y debatieron los alcances que las acciones deberían tener, y se aprobó un documento que definió los lineamientos y propósitos de las estrategias y programas para fortalecer a nuestro partido. Esa voluntad de transformación estableció una hoja de ruta, que en el presente artículo se buscó precisar para contribuir, con un enfoque pragmático, a su difusión, destacando los principales propósitos y el cómo conseguirlos.

Estos propósitos quedaron estructurados, como mandato de la Asamblea Nacional, en torno a tres ejes temáticos que persi-guen el objetivo general de adecuar al partido, sobre la base de sus principios y valores fundamentales, a la nueva realidad política y social del país y al dinámico entorno internacional: el PRI ante los poderes públicos, el PRI ante la sociedad, y el PRI ante sí mismo.

2. El PRI ante los poderes públicosCon el objetivo de transformar a México, el PRI debe ser un motor de la modernización democrática de las instituciones para alcanzar un Estado eficaz. Es con el ejercicio de la política que, conjugando las necesidades del crecimiento económico, así como las de la sociedad, podremos iniciar este proceso. Son muchos los retos que enfrentamos, tanto a nivel nacional como local, para corregir la enorme disparidad que existe entre los mexicanos.

El PRI debe acompañar al presidente Peña Nieto en las grandes decisiones nacionales, cuya meta sea convertir los de-rechos constitucionales de todos los mexicanos en una realidad tangible y contribuir al cumplimiento de los compromisos na-cionales y estatales que fueron el eje de la campaña política que nos llevó al triunfo en las pasadas elecciones federales.

Como partido político en el gobierno y en la oposición, tenemos la responsabilidad de observar un comportamiento probo y señalar la ineficiencia o actos de corrupción como fla-gelos que dañan el tejido social y representan obstáculos para la consolidación del proyecto nacional.


estrategias y Programas para la operación partidista

Se requiere también dar seguimiento y evaluar, utilizando a las comisiones del Consejo Político Nacional y los consejos estatales y municipales, toda acción de gobierno y de los fun-cionarios en el ejercicio del servicio público. Asimismo, se debe señalar cualquier acto de negligencia o irresponsabilidad de las autoridades. Debemos ser, ante todo, dignos representantes de la población que nos eligió.

Nos interesa propiciar el encuentro entre los servidores pú-blicos y los militantes del partido para el intercambio de ideas, a partir de experiencias particulares, que ayuden a orientar cri-terios de gestión.

Promoveremos el enfoque de equidad de género, tanto en el diseño de políticas públicas como en la definición de los presu-puestos anuales que resulten en acciones afirmativas, que con-tribuyan a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.

El PRI se propone fortalecer el federalismo como forma del Estado mexicano y garantía de la unión de la República, a partir de hacer efectivos los principios de coordinación, compensa-ción, subsidiariedad, transparencia y participación ciudadana.

El partido debe transformarse para que, en su relación con los poderes públicos, se posibilite la colaboración responsable en los tres órdenes de gobierno en beneficio de la sociedad, particularmente con las autoridades surgidas de las filas de nuestro instituto político, manteniendo la autonomía como partido político.

Todo ello, abonará al fortalecimiento del PRI en su activi-dad como organización política y le permitirá convertirse en un pilar fundamental de la trasformación del país.

3. El PRI ante la sociedadCon relación al vínculo del partido con la ciudadanía, debemos comunicar eficazmente el papel fundamental que el PRI ha tenido en la evolución política, económica y social de nuestro país. Por ello, es esencial ampliar los canales de comunicación para incrementar la participación ciudadana en la toma de de-cisiones y en el seguimiento y evaluación de las políticas para el desarrollo nacional.

El partido debe ser incluyente y abierto al diálogo con la sociedad de manera permanente, no sólo durante los procesos electorales. Deberá también fomentar, en su interacción con la misma, la cohesión y reconstitución del tejido social. Que-remos consolidar, en beneficio de la sociedad, una verdadera


cultura democrática que asegure la transparencia y la rendición de cuentas, en todos los órdenes de gobierno.

En una época de desarrollo tecnológico en donde los me-dios electrónicos son la base de la comunicación instantánea, el PRI deberá utilizar el mismo lenguaje de la sociedad y de los jóvenes, para enriquecer la discusión pública, promoviendo los principios de democracia y justicia social.

El PRI debe impulsar la agenda de reformas que promuevan mejores condiciones de vida de los mexicanos. Buscamos las reformas hacendaria y energética de fondo, que promuevan las inversiones, el empleo y contribuyan a mejorar la competiti-vidad nacional, al tiempo que garanticen un cada vez mayor crecimiento con justicia social. Ello, permitirá finanzas públicas sanas en los tres órdenes de gobierno, una orientación adecuada del gasto público y una política tributaria de carácter progresivo, que evite la evasión y la elusión, que promueva el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social.

Nos hemos propuesto retomar el papel de abanderado de las causas sociales, particularmente de los menos favorecidos, para establecer un sistema de salud universal, una pensión básica para adultos mayores, un sistema de protección alimentaria y un seguro de desempleo.

Finalmente, lo que nos interesa es motivar a una militancia por convicción, informada y comprometida con nuestro pro-yecto político emanado de nuestros documentos básicos.

4. El PRI ante sí mismoEn cuanto a la vida interna del partido, buscamos propiciar la renovación de sus cuadros a partir de mejorar el entendimiento y la colaboración generacional, con lo que ganará vitalidad y garantizará que la experiencia acumulada se transmita, hacien-do continua su actividad política y social. Por ello, es necesa-rio fortalecer los mecanismos de actualización y transparencia partidistas; sólo así se podrá tener una organización política más incluyente, competitiva y representativa de los distintos sectores de la sociedad mexicana.

Consolidar el respaldo de nuestros electores y ganar nuevos adeptos y simpatizantes, para ampliar nuestra base social y do-tar al nuevo gobierno de la República de un piso firme donde apoyarse en su negociación con las otras fuerzas políticas.

Por eso queremos garantizar que las organizaciones nacio-nales que pertenecen al PRI, como el Frente Juvenil Revolu-

Raúl Mejía


cionario (FJR), el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y el Movimiento Territorial (MT), entre otros, cumplan con los principios democráticos del mismo en la re-novación de sus dirigencias.

Además, fortaleceremos las instancias partidistas dedicadas a labores de capacitación y formación de cuadros, así como de educación cívica de la sociedad. Para esto, se requiere actualizar las tareas del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) y de la Fundación Luis Donaldo Colosio, con objeto de que deriven en la investigación, la divulgación de las ideas y las propuestas del partido. Al mismo tiempo, la profesiona-lización de sus representantes, por lo que se requiere mejorar el Programa Nacional de Elecciones.

Para mejorar y profesionalizar la gestión política se requiere establecer centros de información y adoptar sistemas informá-ticos eficientes que ofrezcan comunicación en tiempo real en-tre la estructura del partido, la militancia y los representantes populares.

Se requiere revisar la integración de la Comisión Política Permanente y los consejos políticos nacional, estatal y muni-cipal, para hacerlos instancias eficientes y eficaces para la toma de decisiones.

Para lograr estos objetivos, es necesario crear los organismos adecuados, tanto para la selección de candidatos a puestos de elección popular, para garantizar el acceso y la transparencia de información, así como para la inclusión de las perspectivas de los grupos vulnerables en la vida institucional del PRI.

Finalmente, el partido debe rescatar su tradicionalmente activa posición internacional en los espacios regionales como en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de Amé-rica Latina (COPPPAL), la Internacional Socialista y otras organizaciones afines.

5. Consideraciones finalesTenemos claro el compromiso que el partido ha establecido con la ciudadanía que aspira a desarrollar plenamente las ca-pacidades de nuestro país en el siglo XXI. Por todo ello, debe-

Tenemos claro el compromiso que el partido ha establecido con la ciudadanía que aspira a desarrollar plenamente las capacidades de nuestro país en el siglo XXI



mos iniciar un proceso de renovación política, organizativa y de actualización ideológica, de la mano del entendimiento y colaboración generacional de nuestra militancia.

Ésta es una condición indispensable para enfrentarnos a las nuevas realidades y hacer posibles las transformaciones anteriores. La reforma decidida y la puesta en marcha de estos tres ejes nos prepararán para actuar eficazmente y lograr los objetivos que, como país, nos emocionan y nos unen. Por eso queremos asumir con entusiasmo nuestro protagonismo como ciudadanos organizados generadores de un proyecto de Nación.

Todo ello significa construir un partido con vida cotidiana a partir de la formación político-ideológica, basada en el debate permanente de las soluciones a los grandes retos de México.

Esas son las principales estrategias para la transformación del PRI. Para ponerlas en marcha, los programas específicos deberán ser definidos conforme a los requerimientos locales y coyunturales que enfrente nuestro partido.

Confiamos en que esta propuesta estratégica nos permitirá seguir luchando por la transformación de México en concor-dancia con los grandes principios que distinguen y cohesionan a nuestro instituto político: la democracia, la libertad, la laicidad, la igualdad, la solidaridad, el patriotismo y la justicia social.

Raúl Mejía


Raúl Mejía Licenciado en economía por la Universidad de Guadalajara, con estudios de maestría en el CIDE y en el INAP-España: candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y la Sorbona de París. Senador, diputado federal y local. Coordinador de la fracción priista en el Congreso de Nayarit, Presidente Muni-cipal de Tepic, del CDE del PRI y de la Fundación Colosio. Actualmente es Presidente Nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios.



Gerardo Sánchez García

La perspectiva deL pri, una visión cenecistaLos partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas democráticos.

Por eso –afirmaba Hans Kelsen– “solo por ofuscación o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos…la democracia solo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políti-cos, de tal manera que entre el individuo y el Estado se in-terpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de partidos políticos las voluntades políticas coincidentes de los individuos.”1

Lo que debe quedar claro es que los partidos políticos son instituciones de interés público. Son correas de transmisión o puentes de comunicación entre la población y el gobierno. No son agencias de colocación, ni poder vertical que se ejerza cupularmente o espacio de privilegios para incondicionales. En-

1. Kelsen Hans: Esencia y Valor de la Democracia. Ed. Kolofón, México 2005. Pág. 37.



tender lo anterior es tener visión y cultura de lo que significa el sistema de partidos en las sociedades democráticas.

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haber logrado el triunfo en el pasado proceso electoral del 1° de julio del 2012 y llevar a Enrique Peña Nieto a ser el presidente de to-dos los mexicanos, significa que el PRI siempre fue un partido que, a partir del año 2000 en que perdió la Presidencia de la Re-pública, entendió lo que es ser una oposición en la alternancia en el poder, convirtiéndose al mismo tiempo en una alternativa de disputa por el poder o como lo dice Gianfranco Pasquino “La oposición tiene el deber de contender con el gobierno, de-mostrando ser un gobierno alternativo… Sólo una oposición que se arriesgue a salir a mar abierto podrá, aun antes de ganar las elecciones, parecer y ser representativa y representante de muchos de aquellos grupos cuyos intereses se agreden, cuyos ideales se olvidan y cuyos valores se pisotean”.2

El PRI en esta docena “trágica” del 2000 al 2012, sabía que tenía que ser una institución que promoviera el cambio, reno-vada, de largo alcance y no asumir posiciones coyunturales, acomodaticias, contestatarias, minimalistas, que sirvieran para el aplauso o el festejo cortoplacista; lo que en realidad signifi-caba alejar al PRI de la ciudadanía, limitar el derecho de mu-chos militantes y convertir en “cliché” lo que en la práctica era un alejamiento de la población, pomposamente llamada “sana distancia”.

Tiene que saber dimensionar el triunfo del 2012. Lo hizo como partido opositor y no como partido nacido al amparo del poder. Hace 84 años que nació, se pasó del poder de los caudillos, al gobierno de las instituciones. Este es un cambio trascendental en la vida de México. La lucha de facciones y el surgimiento de asonadas regionales eran un serio riesgo para la estabilidad del país, en aquel entonces. Los objetivos de lucha de la Revolución Mexicana corrían serio riesgo de pulverizarse.

El partido en cuestión, nació al amparo del poder, es decir como Partido Nacional Revolucionario (PNR) su origen fue el ejercicio del poder. Eso fue fundamental para iniciar la recons-trucción de la Nación, fortalecer la vida institucional y pensar en las generaciones futuras de mexicanos.

Fueron 70 años de un México que supo crear el basamento fundamental, y la superestructura necesaria (en la idea gram-

2. Pasquino Gianfranco. La Oposición. Ed. Alianza Editorial, Madrid 1995. Pág. 57.


la perspectiva del PRi, una visión cenecista

sciana) que, con más aciertos que errores, impulso la consoli-dación de la Nación.

En todo ello México como país no se explicaría sin el Parti-do Nacional Revolucionario (PNR), el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Son tres etapas en la historia de México del siglo XX (1929, 1938 y 1946 respectivamente), donde este instituto político fortaleció su presencia como partido y como gobierno.

Hasta el año 2000 el PRI creó una cultura política que en su afán por promover el cambio, también requería modificar com-portamientos y generar nuevas instituciones que coadyuvaran a erradicar prácticas que ponían en entredicho la democracia que profesaba, tal y como lo concebía Bobbio “la democracia ya no puede ser una formalidad, sino debe ser una realidad; ya no puede ser un simple instrumento de gobierno, sino debe ser el fin último de la lucha política”3.

El PRI tenía que cambiar o las circunstancias lo obligarían a cambiar. Los descalificativos, comparaciones autoritarias, es-tigmas, epítetos mediáticos fueron recurrencias cotidianas. En este tiempo se crearon y reformaron leyes, se formaron nuevas instituciones como las electorales. Fue un largo proceso de de-cisiones políticas para incentivar la participación de organiza-ciones ciudadanas en la figura de partidos políticos.

En otras palabras, a México le ha costado mucho construir su democracia. No hace 25 años que todavía las elecciones las operaba el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación. Todas las sospechas de una manipulación electoral para benefi-ciar al candidato priista (oficial) tenían su razón de ser (fueran candidatos a diputados, senadores, gobernadores, diputados locales, ediles, etc.).

Visto en retrospectiva las elecciones se llegaban a ganar, de acuerdo a algunos autores –como Soledad Loaeza–, incluso con violencia, “Hubo un tiempo en que depositar el voto no era todavía la única forma de resolver la lucha por el poder. En México las elecciones siempre iban acompañadas de la vio-lencia y la asistencia a las urnas era un episodio temido por los candidatos, los partidos, los votantes… Mejor olvidarnos de que venimos de una cultura de la violencia electoral, pero también felicitarnos pues hemos llegado por fin a elecciones

3. Bobio Norberto: Entre Dos Repúblicas en los Orígenes de la Democracia Italiana. Ed. Siglo XXI, 2002, Pág. 33.


medianamente democráticas que, por fortuna y pese a todo, ya no son lo que eran”.4

La primera elección con un IFE ciudadanizado fue la del año 2000 para presidente de la República (antes en 1997 las hubo para diputados federales) en las que perdió el PRI. Aquí la elec-ción quedó en manos de los ciudadanos, con reformas impor-tantes a las leyes electorales que permitieron la integración del Congreso de la Unión con mayor pluralidad.

Por tanto, se ha venido perfeccionando nuestra democracia a partir de reformar leyes y crear instituciones ciudadanizadas, que acreditan el voto de los ciudadanos, por los ciudadanos mismos.

Pero que el IFE esté ciudadanizado, no puede ser pretexto para descalificarlo. La elección del 2006 y la reciente elección del 2012 no pueden ser motivo de maniqueísmo y descalificaciones sin fundamentos (al IFE) y otras instituciones electorales.

El reciente proceso electoral ha dejado entrever que no basta con tener leyes e instituciones sólidas y transparentes, si hay quienes no respetan las reglas del juego electoral y aparecen como mártires y saboteadores, con argumentos pobres y risibles que debilitan la democracia y fracturan a la sociedad.

Los partidos políticos no se ven como partidos políticos, sino como “franquicias”, como marcas, que a la luz del dinero público valen millones de pesos.

En este sentido dice Federico Reyes Heroles: “Estamos ha-blando de cientos de millones de pesos, de muchas chambas, de prebendas y privilegios”5.

Esto debe terminar o cuando menos acotarse. Mayor demo-cracia no significa mayor número de “partidos políticos” que no son correas de transmisión de intereses ciudadanos, sino franquicias que solo buscan ser una “oposición” acomodaticia, financiadas con dinero público.

Por lo anterior la tarea del PRI no termina con haber gana-do las elecciones el pasado 1° de julio del 2012, tampoco con la reciente reforma que realizó en la pasada XXI Asamblea Na-cional que dio pasos muy importantes en su apertura y en des-aparecer temas “tabú” (IVA en alimentos y medicinas, quitar candados para que cualquier militante pueda aspirar a puestos


4. Loaeza Soledad: Las elecciones ya no son lo que eran. Revista Nexos No. 414, México 2012. Pag. 52.5. Reyes Heroles, Federico. Periódico Reforma, 31 de julio del 2012.


de elección popular, desburocratización de la Comisión Política Permanente disminuyendo la cantidad de sus integrantes, la rendición de cuentas y transparencia como norma obligatoria, etc.); su tarea no fenecerá con el proceso electoral que se avecina en 14 entidades este 7 de julio del 2013.

El PRI tiene que ser un partido ejemplar. Un partido mo-derno, fresco, renovado, receptor de críticas, autocríticas, pero sobretodo promotor del cambio, para transformar el actual sistema de partidos políticos donde los ciudadanos sean los verdaderos beneficiados y no una cúpula de “plutócratas” que solo buscan el dinero fácil y, muchas veces, la beligerancia y el chantaje como método. Eso no es “Estado de partidos políticos” como lo llamó Kelsen.

Para la Confederación Nacional Campesina (CNC) que –modestia aparte– se preocupó para que en la XXI Asamblea Nacional del PRI del pasado 2 y 3 de marzo, los cambios a los documentos básicos no respondan a una situación coyuntural, sino al inicio de una transformación a fondo del partido efec-tivamente, para ser un instrumento ciudadano, que abandere sus causas, las convierta en propuestas y, más tarde o más tem-prano, se cristalicen en políticas públicas.

Por eso nuestra participación en la Asamblea en el marco de las mesas temática fue para impulsar la Agenda Campesi-na: en la Declaración de Principios garantizar la rectoría del Estado en el desarrollo económico; profundizar en el tema de desarrollo agropecuario; peso específico en las acciones afirmativas en materia de equidad de género; en el Programa de Acción, trabajar en el terreno de las ideas para proponer políticas encaminadas a atacar los problemas del país, ahí don-de se generan, en temas prioritarios como educación, salud, seguridad pública, medio ambiente, desarrollo económico, distribución del ingreso y la necesidad de impulsar un banco agropecuario que responda a las necesidades de crédito y fi-nanciamiento a los pequeños productores; en Estatutos, volver a la Comisión Política, órgano de dirección del partido y no parte del Consejo Político Nacional, destacando en éste, la incorporación del presidente de la República y los gobernado-res de los estados; la disminución del 50% de los integrantes


El PRI tiene que ser un partido ejemplar. Un partido moderno, fresco, renovado, receptor de críticas, autocríticas, pero sobretodo promotor del cambio


del Consejo Político Nacional; la determinación de que para todos los puestos de dirigencia partidaria se requiere contar con el apoyo de por lo menos tres organizaciones o sectores para el registro de las candidaturas; en Estrategias y Progra-mas, se fijan criterios para fortalecer la democracia interna del PRI, con nuevos instrumentos institucionales que le permi-tan adaptarse de manera permanente a la realidad cambiante que vive México y atacar los retos y desafíos que demanda la sociedad. Lo anterior con el propósito de que los cambios hechos a los documentos básicos permitan darle seguimiento al programa de gobierno.

En el mismo sentido el PRI deberá ser un ente que impulse la transformación estructural de la República. El campo recla-ma “la reforma profunda”, un cambio de modelo de desarrollo, coordinado, transversal, con una nueva reingeniería institu-cional como soporte de las nuevas políticas públicas; todo esto pasa por la reforma hacendaria integral, la reforma energética, incluido PEMEX y la CFE, entre otras.

Ante esta necesidad de cambio estructural de México, vien-do hacia el futuro y las próximas generaciones, el partido en el gobierno (que no del gobierno como lo quieren ver los detrac-tores de dentro y de fuera del PRI) necesitaba reflexionar sobre cómo ser un allanador en este proceso que vive México, con un nuevo gobierno con visión de futuro y con Enrique Peña Nieto, un presidente con nuevas maneras de hacer política, echado para adelante en mover al país y con una inquebrantable vo-luntad para erradicar la pobreza.

Todo esto no es posible con simples declaraciones o buenos discursos, requiere acompañarse de esa voluntad de transformar las instituciones para que funcionen, para que cumplan con su cometido.

El PRI ahora en el poder no podía, ni puede ser un partido observador, dejando hacer y dejando pasar, convertido en un espectador más y pasivo. Lo fue en un tiempo pasado y ese estigma le sigue pesando. Se habla ahora de gobierno imperial, queriendo escamotearle un derecho, como militante que es, de-jar participar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto como cuadro activo del partido y más notoriamente lo vemos en otros países que, en paralelo al gobierno, conducen al órgano de dirección partidista.

Son visiones cortas, anacrónicas, anquilosadas que se quedaron en el museo. Hay que aprender del pasado, pero no



quedarnos en el. En este sentido el PRI no podía ser un “Con-vidado de Piedra”6.

En este nuevo escenario que festeja la CNC como aliada fraterna del PRI, vislumbra a un partido dinámico, activo, usan-do la política como el mejor método de comunicación, de diá-logo, de buscar los acuerdos y los consensos en lo fundamental.

Ninguna sociedad es monolítica, ni monotemática. Cuando esto sucede las ideas desaparecen, la tentación autoritaria se presenta como salvadora y la democracia sucumbe.

Es en esa dimensión que se debe ver y entender la recien-te Asamblea del PRI que reformó sus documentos básicos y que lo convierte en un instrumento institucional de apoyo a la transformación estructural de México que impulsa el Presiden-te Enrique Peña Nieto.

Colosio decía “Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos”7.

Así los cenecistas entendemos esta reforma del PRI, este México en Movimiento que no debe ser un simple slogan, sino la norma o característica con la cual se debe identificar.

La CNC espera mucho de este gobierno y está presta para coadyuvar con su participación para hacer una sociedad rural más próspera y un campo más competitivo y desarrollado. En ello no quitaremos ni un ápice el dedo del renglón.

Como aliados solidarios del PRI hacemos nuestras las pa-labras de EPN en la clausura de los trabajos de la XXI Asam-blea del PRI “esta Asamblea trasciende la simple formalidad estatutaria. Representa una frontera entre el ayer y lo que hace el PRI de hoy, para construir un México con un futuro mejor… Nuestro partido se moderniza para ser más competitivo y ganar la confianza ciudadana. Y lo más importante, nuestro partido se transforma para representar y servir mejor a todas y todos los mexicanos”.8

El PRI se transforma para ser mejor. Su tarea ya no se cir-cunscribe a periodos de gobierno. Verlo de esa manera se corre


6. Habermas Jurgen. Más Allá del Estado Nacional. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2006 Pág. 437. Colosio Vive en la Transformación de México. Fundación Colosio, A.C. México, 2013. Pág. 738. www.pri.org.mx


el serio riesgo del estancamiento y más todavía el de ser secues-trado por intereses de grupo. De ser así, es posible dificultar el triunfo electoral.

El PRI del siglo XXI tendrá que ser el partido triunfador y coadyuvante invaluable en la edificación de un México más próspero e igualitario en las próximas 3 décadas, en función de seguir siendo un PRI activo, dinámico y con visión de futuro. Por eso hay que cuidarlo, blindarlo y fortalecerlo.

Debe ser también un partido como lo decía Norberto Bob-bio: “El deber de los partidos políticos es el de formar con-ciencias, no violarlas; de hacer que surjan convicciones, no de imponerlas ya totalmente formadas; de educar ciudadanos li-bres, no fabricar electores, de disipar las desconfianzas efímeras, no provocar otras más duraderas”.9

El PRI debe preocuparse por sí mismo y por sentar las bases sólidas que permitan fortalecer el sistema de partidos políticos. Un buen sistema de partidos beneficia al PRI y contribuye a consolidar el sistema democrático o como bien lo señala Pasqui-no “la calidad de una democracia no depende solo de la virtud de su gobierno o de la interacción del gobierno con la oposición, sino, de modo muy especial, de la capacidad de esta última”10.

Hoy que el PRI ganó la Presidencia de la República y es la primera mayoría en el Congreso de la Unión, debe contribuir a consolidar el sistema de partidos, con reformas de fondo, te-niendo presente que mientras haya una oposición más cualita-tiva y propositiva, la democracia y la paz de la República están aseguradas. Esa es la visión que como cenecistas asumimos, como aliados coincidentes del PRI.


El PRI del siglo XXI tendrá que ser el partido triunfador y coadyuvante invaluable en la edificación de un Méxi-co más próspero e igualitario en las próximas 3 décadas

9.Bobbio Norberto Ibid. Pág. 47.10. Pasquino Gianfranco. Ibid. Pág. 119.



Gerardo Sánchez Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Ni-colás de Hidalgo y Doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina y senador de la República, Vicecoordinador para la Temática en Materia del Campo del Grupo Parla-mentario del PRI en el Senado.


eduardo andrade Sánchez

Los congresos LocaLes, eL PrI y La PoLítIca nacIonaLLa XXI Asamblea Nacional de nuestro partido cons-tituyó un hito en la evolución del mismo por muchos motivos, entre otros, por la intensa participación de los legisladores locales priistas. Para la preparación de la misma tuvimos oportunidad de efec-tuar cinco reuniones regionales previas; durante ellas se anali-zaron todos los temas que debían abordarse, particularmente aquellos que requerían un examen más profundo.

En Mérida nos reunimos diputados locales de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la ciudad de Aguas-calientes participaron congresistas locales de Jalisco, Duran-go, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas y del estado anfitrión. En Monterrey, se dieron cita legisladores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamauli-pas. En Puebla, diputados de dicho estado, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. En la capital de la República se reu-nieron representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito



Federal y de los congresos del Estado de México y Michoacán. Además se efectuaron contactos bilaterales con los legis-

ladores de las demás entidades federativas para cambiar im-presiones sobre los asuntos que se abordarían en la referida Asamblea. Dichas reuniones sirvieron también para verificar la acreditación de los diputados locales y para hacer presencia en las asambleas estatales de dictamen. Los mencionados le-gisladores, como culminación de dichos trabajos, tuvieron una activa intervención en las mesas nacionales de dictamen a lo largo de las dos fases a través de las cuales se desarrollaron.

De estas tareas puedo dar testimonio directo en mi carácter de vicecoordinador de la Asamblea Nacional, designación que agradezco a nuestro presidente César Camacho y a la coordina-dora general Ivonne Ortega ya que así me dieron oportunidad de aportar nuevamente mi contribución al partido en el que he militado durante 48 años, en un ámbito de trascendental importancia para el desarrollo democrático del país pues los Congresos locales juegan un papel muy importante en el com-plejo institucional de la República.

A través de ellos se ejerce la soberanía del pueblo de los estados integrantes de la Federación. Forman parte vital del llamado Poder Constituyente Permanente puesto que se re-quiere la aprobación de más de la mitad de ellos para aprobar reformas al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la etapa actual de la vida del país, en la que se avanza en la consolidación de nuestras prácticas democráticas, es preciso ampliar y fortalecer la actuación de los órganos legislativos de las entidades federativas. En ese propósito, nuestro partido está llamado a contribuir por medio de los instrumentos previstos en sus normas estatutarias, específicamente mediante la organi-zación permanente de su Conferencia Nacional de Legisladores Locales, instancia que debe coadyuvar en forma trascendental en el desarrollo político de nuestro país.

Es muy conveniente que el esfuerzo de cientos de integran-tes priistas de los cuerpos legislativos de las entidades fede-rativas se integre ordenadamente a la organización plural de diputados locales, constituida en la ciudad de Chihuahua el 24 de agosto de 2012 como Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), la cual vino a complementar el conjunto de mecanismos de consulta que permiten interactuar a los pode-res públicos que, siendo locales, son también de la Federación.


los congresos locales, el PRi y la política nacional

La relación de ésta y las entidades federativas no es cuestión de niveles y ni siquiera sólo de ámbitos de competencia porque la Federación y los estados son una y la misma cosa, aquella es el todo, estos son las partes. Así lo dice la Constitución.

Previamente se crearon conferencias que congregan a los poderes ejecutivos y judiciales locales, hacía falta una organi-zación que agrupara a los poderes legislativos. Hay también mecanismos de consulta permanentes entre procuradores y secretarios de finanzas. Todos estos foros son espacios de fruc-tífero diálogo republicano. Cada parte aporta conocimientos y experiencias que pueden ser aprovechadas por todas las de-más. La Conferencia Permanente de Congresos Locales per-mite ensanchar esos cauces de colaboración interinstitucional para bien de la gobernabilidad de la Nación y en ese empeño los miembros priistas de las legislaturas locales tienen muchas tareas por cumplir.

Se trata de un espacio para fomentar la enorme riqueza que caracteriza al federalismo. El esquema federal incentiva la creatividad y la diversidad. Permite abordar desde varias pers-pectivas los problemas, muchos de ellos compartidos, otros diferenciados en razón de la pluralidad geográfica, cultural, ét-nica y hasta gastronómica que afortunadamente florece en un territorio unificado de una Patria única e indivisible.

La participación de los Congresos locales en un esquema federalista renovado supone su participación más activa en la elaboración de leyes, en la aplicación de sistemas de control, auditoría y vigilancia, en la interacción con los ayuntamientos y, con particular trascendencia en la confección de las normas supremas del Estado mexicano, por medio de su intervención en el procedimiento de reformas constitucionales.

Existe además la necesidad de intercambiar constantemen-te información sobre temas legislativos del fuero local y com-parar experiencias en la aplicación de soluciones derivadas de las propias reformas a la Constitución, como el nuevo sistema de justicia penal o las derivaciones de preceptos contenidos en leyes generales como la emitida en materia de secuestro y otras de naturaleza similar.

Mantener la continuidad de este esquema organizativo precisa de la voluntad decidida de los legisladores locales para superar dos dificultades tradicionales que han obstaculizado su cohesión orgánica permanente: la intensa movilidad que ocurre en los Congresos estatales que se renuevan en distintos


momentos sin que resulte fácil la coincidencia en sus funciones y las naturales diferencias de afiliación partidista.

La COPECOL, vino a llenar esta necesidad que ahora se percibe con mayor intensidad y que de tiempo atrás se ha ve-nido intentando cubrir mediante diversos esfuerzos, algunos con propensión a la pluralidad y otros que se han desenvuelto al interior de las formaciones partidistas. Todos ellos han conver-gido en la intención de conseguir una continuidad en la tarea de organizar una plataforma que unifique a los Congresos locales.

El proceso para constituir la COPECOL se inició en Queré-taro a principios de febrero de 2011, cuando el entonces presiden-te del Congreso de ese estado, Dip. Ricardo Astudillo, convocó a un Foro de Presidentes de Congresos Locales, reunión que se repitió en mayo del mismo año en el puerto de Veracruz.

El Comité Promotor de la COPECOL con el auxilio deci-dido del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Repú-blica, presidido por el entonces senador Carlos Navarrete Ruiz, desarrolló desde el mes de abril del año 2012 una serie de juntas tendientes a elaborar un estatuto que permitiera garantizar un sistema de renovación sucesiva tanto de todos los miembros de la Conferencia como de su Comité Directivo Nacional.

Para alcanzar ese objetivo se efectuaron reuniones los meses de mayo, junio y julio de 2012, hasta lograr la aprobación uná-nime de un marco normativo para atender a esa necesidad de permanencia, propiciando la conformación de un sólido bloque caracterizado por su pluralidad que es ya y debe seguir siendo, un rasgo definitorio del sistema político mexicano.

La Conferencia Permanente de Congresos Locales, presidi-da por quien esto escribe, surgió así a la vida jurídica fundada por un grupo de diputados locales que buscan dejar constancia para la historia legislativa del país, de su compromiso con un federalismo legislativo renovado.

Bien se ha dicho que “toda política es local”. La Nación en su dimensión abstracta vive de lo concreto y de lo terrenal, de lo que le acontece a las personas y a los grupos sociales en su entorno inmediato, de lo que experimentan y requieren para


Los congresos locales han conseguido ya lo más difícil: echar los cimientos de una organización con personali-dad jurídica y participación plural la cual ha reunido en sus plenarias a un número inusitado de diputados


su convivencia cotidiana. De lo local se nutre lo nacional, y a que fluya esa corriente vital, desde las raíces de la Patria, se ha propuesto coadyuvar la COPECOL.

Los problemas específicos del gobierno local suelen orientar su solución en términos prácticos, mucho menos ideologiza-dos que los que se contemplan para atender grandes cuestiones nacionales, ello facilita entendimientos entre los miembros de distintas fuerzas políticas, los cuales pueden construir así un en-tramado de relaciones que permiten identificar mejor el interés común, que desde todas las posiciones políticas nos orienta y a fin de cuentas nos identifica, aunque los enfoques doctrinarios originales parezcan ubicarnos en campos confrontados.

En un país ávido de acuerdos en el que la política sirva para construir con las aportaciones que todos hacemos de buena fe, el país que merecemos y las nuevas generaciones nos reclaman, la organización de los legisladores locales se magnifica y por ello debe ser un territorio común del que todos sintamos que formamos parte como integrantes de una verdadera Federación, en la que cada entidad federativa preserve su identidad y sus características, sin que por ello se pierda la colaboración y la función de compartir soluciones.

Ese terreno común sólo es posible mantenerlo en un am-biente de respeto a la institucionalidad, que nunca puede enten-derse como un formalismo para obtener ventajas particulares, sino como el medio que refleja las normas reconocidas por todos y sin las cuales es imposible la convivencia. Al ser la democracia, como decía Churchill, la peor forma de gobierno si excluimos a todas las demás, viene a ser la única que permite resolver las diferencias con civilidad. Podemos diferir en todo, menos en el acuerdo de que nadie está autorizado para aniquilar a otro, ni para dejar de respetar unilateralmente las reglas.

La COPECOL se diseñó para contribuir a preservar y forta-lecer estos principios fundamentales, que si dejan de prevalecer, quedamos expuestos a una vorágine de intolerancia, violencia y anarquía capaz de destruir todo y a todos y solo deja al pueblo, penurias económicas, aflicciones personales y odios renovados.

Ese futuro sombrío no podemos admitirlo. Debemos ale-jarlo con una renovada fe en la construcción institucional que juntos nos hemos dado y en la coparticipación ordenada de la totalidad de los actores políticos en la edificación consciente de un porvenir pleno de luces y de logros que están a nuestro alcance, si nos lo proponemos con voluntad y decisión.



Con ese ánimo pretendemos aportar elementos para la más genuina de las reformas del Estado, la que lo fortalezca ha-ciendo más sólidas, viables y operativas a sus partes y creando condiciones para una interpretación más abierta y favorable al desarrollo de las capacidades de los estados. Buscar la unifor-midad cuando se muestre útil y fomentar la diversidad cuando resulte conveniente. Se trata de cooperar. Ni un centralismo que asfixie a las entidades, ni una dispersión que debilite a la República.

Los congresos locales han conseguido ya lo más difícil: echar los cimientos de una organización con personalidad ju-rídica y participación plural la cual ha reunido en sus plenarias a un número inusitado de diputados que refleja la capacidad decisoria y el entusiasmo de quienes forman parte de la clase política del país en su más extensa y arraigada expresión.

A esa etapa constructiva es importante que se sumen con entusiasmo los legisladores locales priistas. La existencia de esta organización, con el esfuerzo de los actuales legisladores y de quienes los sucedan en las tareas legislativas, abre para el país nuevas rutas hacia la justicia, la seguridad y la equidad social que garanticen la vitalidad de un México capaz de ir adelante hacia el destino que merecen las generaciones por venir.

La Conferencia Permanente de Congresos Locales, inició su fase de maduración y consolidación como espacio plural de encuentro de todos los legisladores locales del país que re-presentan la voluntad soberana de cada una de las partes de la Federación, raíz y esencia de la Nación mexicana.

La COPECOL ha contado con un decidido apoyo de los gobernadores de los estados que debe reconocerse y agradecer-se. Del gobernador César Duarte, para su constitución en Chi-huahua en agosto pasado. Del gobernador Javier Duarte para los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de Veracruz en octubre. Del gobernador Carlos Lozano de la Torre para la pri-mera reunión regional en Aguascalientes en febrero de este año, y del Gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, para los trabajos de la Segunda Asamblea Plenaria en marzo de 2013.

La COPECOL contribuye así a integrar las múltiples ins-tancias democráticas que exige la potencialidad de un país re-suelto a jugar un papel protagónico en el siglo XXI. Partimos de la consideración de que la democracia electoral que por su naturaleza nos enfrenta, es únicamente un segmento, el inicial, del proceso democrático, pero una vez integradas las institucio-



nes se pasa de la etapa de formación del poder, al de su ejercicio cuya legitimación democrática se sustenta en los resultados.

El poder “del pueblo”, que resuelve los disensos mediante el voto, debe ser capaz de transformarse en poder “para el pueblo” componente esencial de la noción de democracia, en que resalta el valor del consenso, del acuerdo, de la concerta-ción. Saber convenir es tanto o más democrático, que saber competir. La democracia no puede ser contienda intermina-ble; esta tiene su etapa, que una vez resuelta, debe dar paso a la construcción conjunta de los propósitos que la colectividad ha dispuesto que sean ejecutados por los poderes constituidos con su anuencia.

En este esfuerzo de concertación, en el que indudablemente se inscribe el Pacto por México, los congresos estatales tienen mucho que aportar. Para ese efecto, con pleno respeto a nues-tra pluralidad, podemos coincidir con el presidente del PRD, que el Pacto vale por lo que contiene, no por lo que excluye. Las cuestiones que requieran mayor procesamiento y análisis podrán irse abordando sucesivamente, pero lo que ya ha unifi-cado a muy importantes fuerzas políticas nacionales merece el mayor respaldo y la mejor disposición para sumarse al empeño encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, siempre res-petando todas las diversas manifestaciones, pues la complejidad del mapa político configurado por las legislaturas estatales se ha profundizado con la normalidad democrática y la variada conformación partidista que se presenta en cada Congreso.

No sólo las naturales diferencias regionales sino la existen-cia de un esquema altamente plural exige métodos de negocia-ción que permitan poner en práctica soluciones compartidas de alcance nacional donde estas se hacen necesarias. En estas tareas, además del indispensable mecanismo de participación constituido por los poderes ejecutivos a través de la CONAGO, resultará de enorme utilidad contar con un foro adicional en el que se expresen todas las corrientes integradas en los órganos legislativos de las entidades federativas, incluidas aquellas que representan expresiones políticas de carácter local.

En algunas áreas especialmente importantes para conseguir soluciones normativas uniformes se hará preciso diseñar nue-vas formas de participación común entre los congresos locales. Una de las más importantes y urgentes se da en relación con la legislación penal tanto sustantiva como adjetiva. La decisión presidencial de unificar los respectivos códigos en todo el país



exige una labor intensa de conciliación entre diferentes visiones legislativas.

En primer término se requiere una reforma constitucional avalada por la mayoría de las legislaturas estatales para que posteriormente el Congreso de la Unión proceda a la elabora-ción de los códigos únicos. La aceptación generalizada de una legislación penal uniforme requiere, entre otras cosas, contar con una base construida a partir de un amplio consenso entre los legisladores locales; indudablemente ese método facilitaría la adopción de un sistema unificado.

La COPECOL es un espacio que podría contribuir a aportar elementos para conseguir la uniformidad propuesta mediante la realización de una Convención Nacional para la Unifica-ción del Derecho Penal en la que intervengan representantes de los tres poderes de cada estado a través de integrantes de la CONAGO, la CONATRIB, la COPECOL y las Cámaras del Congreso de la Unión, además de especialistas del medio académico.

El papel de la COPECOL como eje de los trabajos se justifica por tratarse de una elaboración legislativa que substituirá a los códigos penales y de procedimientos penales hasta ahora emiti-dos por los órganos legislativos locales. Esta convención podría adoptar un método según el cual las soluciones aceptadas por una mayoría calificada de legislaturas y de las representaciones de las cámaras de diputados y senadores contarían con amplia legitimidad para su inclusión en los códigos unificados previa corroboración con otras fuentes de consulta a las que el gobierno federal estime conveniente acudir de modo que la nueva legisla-ción sea producto de la más extensa participación social.

El empleo de una fórmula novedosa y altamente partici-pativa para resolver un problema de gran complejidad como la compatibilización de 64 códigos diferentes permitiría abrir caminos para encontrar soluciones compartidas en muchos campos en los cuales es necesaria la uniformidad sin demérito de nuestro régimen federal.

Las aportaciones que desde lo local pueden hacer los cuer-pos legislativos, es de una riqueza que vale la pena explorar a profundidad y explotar al máximo para vigorizar al conjunto, con lo que proporcione cada una de sus partes.

A fin de avanzar en ese propósito los diputados locales he-mos ofrecido nuestra entusiasta intervención en el proceso de consulta tendiente a generar un Plan Nacional de Desarrollo



que recoja el mayor número de expresiones de todos los ámbitos de la vida del país a fin de incorporar a dicho Plan ideas y pro-yectos que contribuyan a hacer de este ejercicio de planeación un ejemplo de participación y de compromiso con los gran-des objetivos en los que coincide toda la comunidad nacional conducida por el titular del Ejecutivo a quien la Constitución asigna esa función integradora.

Las posibilidades son infinitas, los temas que precisan aten-ción se multiplican en virtud de las exigencias de una vida nacional cada vez más rica y demandante. En todas ellas la re-presentación popular de cada entidad federativa está dispuesta a intervenir vigorosamente.


Eduardo Andrade Sánchez Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Fue diputado federal en las L y LVIII legislaturas y senador; Director de Comunicación Social de la STPS y la PGR; abogado general de la UNAM; Director Jurídico de la SEDUE. Subprocurador de Justicia del D.F. y Procurador de Justicia de Veracruz. profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue Coordinador de Asuntos Jurídicos, de Prensa, Vocero y representante del PRI en el IFE. Presidente del Congreso del Estado de Veracruz y de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL).


alfonso camacho Martínez

Retos paRa la comunicación del pRi en el siglo XXiHoy la política, además de procurar el bienestar social y el fomento de la ciudadanía, es esencial-mente comunicación.

Sin este elemento resulta impensable cualquier esfuerzo refor-mista que permita a las instituciones políticas, y principalmen-te a los partidos políticos efectuar con éxito su tránsito en este nuevo siglo. Para ello, resulta indispensable el establecimiento de un modo de comunicar lo político de acuerdo con las nece-sidades de la época y de las formas de vida preponderantes en la sociedad actual. Nuestro México es diferente, los actores po-líticos lo son y por ende las instituciones de las cuáles emanan también han vivido una transformación que hace imperante afrontar el reto comunicativo como una necesidad de primer orden, sin soslayar la responsabilidad inherente de contribuir a la consolidación y madurez de la democracia así como a la



formación de ciudadanos participativos en los temas que más atañen a la sociedad.

En pleno siglo XXI, se puede afirmar que la comunicación se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la actividad política a raíz del desplazamiento de la realidad política hacia los medios de comunicación; los tradicionales y los emergentes di-gitales, las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) han incrementado la velocidad de retroalimentación y la posibilidad de acceder de manera casi inmediata a contenidos que anteriormente se difundían de manera más lenta, sobre todo cuidando más protocolos. Por lo anterior, uno de los retos que los partidos políticos enfrentan constantemente, radica en la ca-pacidad de éstos para organizar de manera sólida y permanente una estructura comunicacional interna y externa; es decir, se ha sumado a las actividades típicas comunicativas y de marketing político, la tarea de asegurar que los mensajes que emitan hacia sus propios militantes y a la comunidad en general, sean sólidos y creíbles, hacer notar la capacidad para generar confianza entre los ciudadanos; y para ello en términos comunicativos hay que “ser” y también “parecer”; sin dejar de lado la responsabilidad moral que se tiene al comunicar.

Sin lugar a dudas, el éxito que nuestro partido ha tenido en los últimos años, se basa en la gran capacidad de adecuación a los diversos tiempos, a los distintos estilos de gobernar y a las dife-rentes exigencias de la sociedad mexicana; además de convencer de manera contundente con la premisa de que este partido es, por su experiencia, la mejor opción para gobernar.

A 84 años de su fundación, el PRI emprende nuevamente la responsabilidad que los ciudadanos le han encomendado al ele-girlo como el partido en el poder, pues los 12 años que se mantuvo como oposición, fueron necesarios y también suficientes para crecer, madurar, ejercer autocrítica y, a partir de ello, definir un nuevo rumbo en donde todas sus acciones estuvieran enfocadas al beneficio de la gente. Ha pasado de ser partido único a ser un partido competitivo en elecciones; de ser un partido de masas a ser un partido de cuadros; de ser un partido nacional a ser un partido con fuertes expresiones regionales y estatales; de ser un partido de oposición a ser un partido que recupera el poder por la vía democrática.

Ante este nuevo escenario, donde la sociedad mexicana le vuelve a brindar su confianza, el PRI enfrenta nuevos retos y diferentes desafíos que tendrá que sacar adelante; uno de ellos


Retos para la comunicación del PRi en el siglo XXi

es el referente a su fondo y forma para comunicar, sobre todo considerando la vigorización que han demostrado las redes so-ciales, el acceso a internet y por supuesto, la enorme profundidad y alcance de los medios masivos tradicionales, que dicho sea de paso, también se han subido al tren de la evolución sin perder su esencia y el carácter social que les dio origen.

En lo interno el PRI ha dado pasos importantes al definir el papel que tendrá ante el gobierno federal para no caer de ninguna manera en excesos que le hagan perder su credibilidad ante la sociedad mexicana. Debe ser un partido que apoye en los mejores proyectos al presidente Enrique Peña Nieto, pero que al mismo tiempo advierta eventuales prácticas que lastimen a la ciudada-nía, o señalar excesos en el ejercicio del poder. El PRI debe ser eficiente y eficaz en la toma de decisiones, un partido que siga respetando a su militancia dentro de un marco democrático.

Hacia afuera, el PRI continúa en una etapa de reposiciona-miento; es una fase en la cual debe abrirse a todas las expresiones sociales si aspira a ser un verdadero interlocutor entre ciudadanía y gobierno. El PRI debe ser un partido que salga a la calle de manera permanente, abandere las causas de los diversos segmen-tos sociales, y que apueste a la creación de nuevos cuadros; que construya puentes de comunicación con todas las expresiones sociales. El PRI es entonces el escritor de su futuro y el arquitecto de su propio destino y tiene la obligación y responsabilidad de comunicarlo, de decir lo que es, lo que hace y lo que quiere.

En términos de comunicación política, nuestro partido habla con “una voz” crítica, incluyente y que denota experiencia; es la voz que abandera el Dr. César Camacho, quien día tras día promueve desde su trinchera la estabilidad interna, la coordi-nación y la organización en nuestras actividades, de tal manera que se convierten en una mística de identidad en los militantes, dirigentes, comités estatales y candidatos.

Sin dejar de trabajar y atender a sus públicos tradicionales, en el PRI nos estamos transformando para transformar a Mé-xico, y muestra ejemplar de su capacidad para adaptarse a los nuevos retos comunicativos es el surgimiento del movimiento PRI.MX que tiene como objetivo principal ser un espacio que propicie el acercamiento con toda la sociedad, particularmente con los jóvenes, además de vincularse con diversas expresiones sociales. El movimiento PRI.MX es una muestra categórica de que estamos a favor y en sintonía con lo que se propone en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y, en con-


secuencia, la hemos apoyado de manera decidida, puesto que favorecerá la libertad de expresión, el incremento de la compe-tencia que redundará en precios más accesibles y una mejora en los servicios para el usuario final; y, sobre todo, representa la consolidación de la rectoría del Estado y lo que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI ha tenido a bien llamar “un ejemplo de la presidencia democrática en acción; es México en transformación”.

Desde el PRI, se percibe la reforma de la Ley de Teleco-municaciones como una oportunidad para la sociedad, una esperanza real para que todos los mexicanos disfrutemos la posibilidad de acceder a banda ancha, internet, y más opcio-nes en radio y televisión; además propiciará una competencia sana y verdadera. Esta ley representa una de las acciones más importantes que ha realizado el Ejecutivo federal en los poco más de 100 días de gestión. Es importante enfatizar que nuestro partido está consciente que este proceso no será fácil ni rápido, y asume con entusiasmo el reto que implican las múltiples op-ciones y plataformas para que los ciudadanos estén informados; en ese sentido el PRI será un ejemplar comunicador; un actor que se conducirá con ética, transparencia y apertura para dia-logar con la sociedad y para aprovechar las ventajas de la era digital al servicio de la política y la educación democrática. El PRI aspira a ser moderno y vanguardista y es por ello que en la pasada XXI Asamblea General Ordinaria que culminó el 3 de marzo del presente año, se ratificó el reconocimiento al acceso a internet como un derecho humano y en ello precisa-mente se fundamenta el movimiento PRI.MX, al extenderse esta acción iniciada hace algunos años, a un marco estatutario que propiciará que la estrategia digital de nuestro partido esté armonizada y al tiempo que coadyuvará a que la interacción entre los miembros del partido sea mayor y más rápida. Al mismo tiempo propiciará un canal abierto para intercambiar opiniones con los ciudadanos no partidarios.

Ahora bien, no se puede perder de vista que la estrategia digital está ceñida a un grupo hasta cierto punto reducido de mexicanos que gozan de acceso a internet. El pasado 2 de agosto de 2012, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-mática (INEGI) y la COFETEL, dieron a conocer los resultados que arrojó la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información, y se reporta que son 42.4 millones de personas las que usan una computadora, y de ellas, 37.6 millones



son usuarios de internet en México. Con base en este dato, la penetración que ha tenido este medio de comunicación, aún con-siderando su expansión y crecimiento exponencial, es inferior al promedio mundial que establece la Internet World Stats (IWS) y peor aún, sensiblemente inferior al promedio estimado en Amé-rica Latina. Según dicha encuesta, sólo en 9 millones de hogares se cuenta con computadora (30% del total de hogares), y en 6.9 millones de hogares (23.3% del total de hogares) se cuenta con acceso a internet. Es pertinente señalar, que la mayor concentra-ción de usuarios en internet se presenta en la población de 12 a 34 años (64.5%) y que prácticamente no existe una brecha digital por género, pues tanto hombres (50.4%) como mujeres (49.6%) gozan de este beneficio.

Quizá las cifras más optimistas son las que arrojó el reciente estudio titulado Hábitos de los usuarios de internet en México 2012 de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), pues se estima que son 40.6 millones los usuarios de internet que tiene nuestro país. Se podría considerar con certeza, que a estas alturas del año 2013, son más de 46 millones los mexicanos que tienen acceso a internet (cifra que no representa aún la mitad de la población total de México).

En este orden de ideas, es preciso mencionar que el cre-cimiento que ha tenido la penetración de internet en nuestro país en los últimos dos años, se debe en gran medida al grado de accesibilidad con el que se han manifestado las empresas de telefonía para poder adquirir algún equipo celular con planes de datos además de los planes tarifarios convencionales pues hoy en día, casi el 60% de los usuarios de internet en México se conectan a través de los llamados smarthpones. Y es perti-nente profundizar en este tema pues se estima que para el 2015, nueve de cada 10 teléfonos celulares utilizados por la población en general tendrán acceso a internet. En consecuencia, vale la pena decir que las actividades más recurrentes de los usuarios de internet en México son: revisar el correo electrónico, acceder a redes sociales y buscar información; y he aquí un reto oculto para las instituciones políticas, pues no son precisamente los contenidos que de ellas brotan, los más populares y con mayor tráfico en los medios digitales; esto se debe en gran medida a


Se podría considerar con certeza, que a estas alturas del año 2013, son más de 46 millones los mexicanos que tienen acceso a internet


que el internet se ha posicionado como un medio extraordina-rio para la difusión de los contenidos de entretenimiento y de carácter informativo.

Los datos anteriormente mencionados, dejan entrever la gran oportunidad que tiene el PRI para poder dialogar y es-tar en constante comunicación a través de los medios digitales principalmente con el sector joven de la población; sin embargo veamos ahora la influencia y poder de penetración de los me-dios masivos tradicionales de comunicación: la televisión, la radio y la prensa escrita.

En la ya citada encuesta del INEGI, se revela que el 73.6% del total de la población de nuestro país, recibe algún tipo de se-ñal de televisión de manera tradicional, siendo el 37.5% quienes están suscritos a alguna empresa que ofrece canales privados de paga. Es necesario hacer notar también que los mexicanos en promedio, invierten 4 horas con 45 minutos diariamente para ver los contenidos televisivos. Llama la atención que el día que más se prenden los televisores en nuestro país, es el domingo y que el rango de edad predominante en los televi-dentes es entre 30 y 44 años (26%) y el rango de 19 a 29 años (18%). Tanto los adultos mayores como la población infantil alcanzan cifras cercanas al 16% cada una. En este sentido, uno de los retos que tenemos como partido, radica en realzar la im-portancia que tiene la promoción de la participación ciudadana para garantizar la vida democrática, siendo necesario para ello segmentar mensajes y no perder de vista que todo lo que se comunica hacia fuera, tiene una repercusión en lo interno pues la comunicación interesa transversalmente a la institución en todas sus dimensiones.

Por su parte, el espectro radiofónico arroja datos muy in-teresantes de penetración y difusión. De acuerdo con la Radio Audience Measurement, casi el 60% de la población mexicana escucha alguna estación radiofónica todos los días y de ellos, en el caso de los adultos, cerca del 76% lo hace mientras se dirige hacia su lugar de trabajo, mientras que casi el 56% de los estudiantes lo hacen mientras se dirigen hacia sus centros de estudio. La radio es un medio que tiene la bondad de acompañar a todas partes a sus seguidores. Existen aproximadamente 1,500 emisoras de radio en México siendo casi el 65% de Amplitud Modulada (AM) y el resto de Frecuencia Modulada (FM); sin embargo, el 69% prefiere escuchar una estación de FM por en-cima de alguna de AM sobre todo por los contenidos musicales.



Un dato por demás interesante, es que la industria radiofónica alcanza junto con la televisión un cumplimiento del 98.5 por ciento de las pautas electorales establecidas por la ley, y si a ello le sumamos que la gente lo considera el medio más creíble y en el que más confían, entonces este medio se convierte en una in-mejorable herramienta para la difusión de contenidos políticos atractivos que impacten las diferentes audiencias. Así, podemos entender que la radio es un medio masivo que prácticamente llega a todos los niveles socioeconómicos y su audiencia se con-centra en un rango de edad de entre 18 y 55 años de edad.

Por su parte, el caso de la prensa escrita ha sido quizá el me-dio que más se ha transformado en los últimos años. El sexe-nio pasado fue quizá para los periodistas, la etapa en la que más amenazada se vio su profesión; pues la situación de inseguridad y la delincuencia organizada amedrentó dicha actividad comu-nicativa en prácticamente todas las regiones del país. De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México publicado por el Sistema de Información Cultural (SIC), a fina-les del 2011 existían 482 periódicos en nuestro país, con un número de ejemplares que superaba los ocho millones de impresiones todos los días. El promedio de lectores de periódicos en México es del 23.44%; es decir, 2 de cada 10 mexicanos leen el periódico de manera habitual. Cabe resaltar que la prensa escrita es quizá el medio masivo más crítico en cuanto a temas políticos se refiere; tanto por los géneros editoriales como por los artículos de opi-nión que en ellos se difunden, lo cual contribuye al ejercicio de la libertad de expresión y también ayuda a que las instituciones políticas crezcan, al representar un contrapeso importante ante la información oficial. La prensa cuestiona y es capaz de, con una pincelada, ofrecer puntos de vista que influyan en la opinión pública. Actualmente se percibe a periodistas más responsables de sus actos y sus palabras, gente pensante y con claridad en lo que hace, para quién lo hace y cómo lo hace.

Desde el PRI, se percibe un acercamiento entre el Esta-do mexicano y los periodistas; y dicha cercanía es el resultado del respeto irrestricto que se ha mantenido hacia la libertad de expresión y el derecho a la información. El actual gobierno arriesga y apuesta por estos logros, pues esas dos libertades son vitales como contrapesos democráticos y al mismo tiempo dan legitimidad al gobierno.

De acuerdo con José Luis Cebrián, quien ha fungido como editor del periódico español El País, “los periódicos están cada



vez más en el centro de la construcción de opinión pública”; y para ello han tenido también que adaptarse y evolucionar.

Resulta interesante también abordar la interacción y la manera en la que confluyen los medios tradicionales con los digitales. El Consumer Tab de la empresa Ericsson publicó en septiembre de 2012, que el 62% de los adolescentes y jóvenes (13 a 25 años) utiliza las redes sociales mientras ve la televisión y el 25% lo hace para discutir lo que está viendo; este ejemplo ilustra la preponderancia aún de los medios masivos de comunicación sobre los digitales para proponer contenidos y generar de alguna manera intercambio de ideas u opiniones en otros medios.

Pero para entender de mejor manera la relación que las ins-tituciones políticas deben guardar con los diversos medios de comunicación, es preciso adentrarse en la importancia de la comunicación política y su trasfondo ético.

La comunicación política hay que contemplarla como un proceso heterogéneo. De acuerdo con P. Swanson, teórico de la comunicación y las ideologías, las actuaciones comunicativas son diferentes en cada país, al estar fuertemente condicionadas por el entorno nacional. Las estrategias de comunicación que tienen éxito en Chiapas pueden fracasar en Quintana Roo. Por ello, el PRI a través de sus órganos estatales, debe tener la capa-cidad de comunicar tomando en cuenta la diversidad cultural.

La comunicación política tiene una naturaleza informativa, pero sobre todo persuasiva; la persuasión es una forma cons-ciente de comunicación que pretende convencer de hacer algo, de modificar una forma de pensar y es por ello que implica responsabilidad y sobre todo una ética firme. Si entendemos de esa manera la persuasión, podremos ver que es un elemento indisoluble con la política y si se practica con una sólida moral, estimula las buenas relaciones dentro de la sociedad, natural-mente conflictiva.

Si el ser humano es político por naturaleza, la comunica-ción que establece en su colectividad es un acto público y de orden político, que trasciende y se ve afectado en lo social con el propósito de establecer relaciones de poder. La persuasión,


Si el ser humano es político por naturaleza, la comunicación que establece en su colectividad es un acto público y de orden político, que trasciende y se ve afectado en lo social con el propósito de establecer relaciones de poder


al igual que la comunicación, requiere de niveles altos de fun-cionamiento cognitivo y de conciencia; pero también exige que los actores políticos actúen respetando y cumpliendo lo que de su boca emana. El desafío más importante que tiene nuestro partido en esta materia, es el de asegurarse de que todos sus cuadros locales, regionales, estatales y nacionales prediquen con el ejemplo y hagan propuestas racionales en las campañas electorales y en las gestiones de gobierno. En el PRI la postura es muy clara, persuasión no significa manipulación; es necesa-rio que la ética que profesemos como comunicadores políticos, se encamine a la presentación de proyectos con un razonable nivel de realización concreta y no globos de mentiras.

Para el PRI, el ejemplo significa que los mensajes que emi-tamos reflejen un absoluto respeto por los adversarios políticos; podemos calificar u opinar sobre su actividad pública, pero ja-más transgredir la frontera de lo privado, es intolerable sembrar la duda no explícita. Los mensajes persuasivos tienen límites éticos que se podrían definir de la siguiente manera: toda co-municación política que el PRI difunda debe estar basada en el principio ético de servicio a la ciudadanía, y por ello se debe apegar a la verdad; es válido esgrimir argumentos de duda razo-nables sobre un hecho cuando exista un soporte racional que lo sostenga, pero es inaceptable falsificar la realidad. En este sen-tido, los comunicadores políticos deberán creer honestamente en el contenido de su mensaje y los datos cuantitativos que se introduzcan en una argumentación deberán ser rigurosamente exactos. Finalmente, toda crítica deberá estar documentada con precisión y es intolerable el uso de mensajes de discriminación por razón de sexo, raza o religión. Todo ello es parte de nuestros principios éticos.

El PRI del siglo XXI trabaja para lograr pertinencia en sus mensajes, de tal manera que se ajusten a la identidad y obje-tivos que persigue; se promoverá la sinergia interna y con los medios de comunicación; el PRI está dispuesto y va en camino hacia la recuperación de su potencial político; somos un par-tido de futuro y de todas nuestras bases emanarán nuestros nuevos liderazgos, mismos que buscarán la incorporación de los jóvenes a la vida política trabajando constantemente en el fortalecimiento de su educación cívica.

Los medios de comunicación se han convertido hoy en el centro de debate de los asuntos públicos, en el foro donde se visualiza el diálogo continuo que supone la actualidad política.



Es imprescindible hacer un seguimiento de lo que dicen los medios de comunicación para, inmediatamente, responder en ese escenario. Los medios informativos son, por tanto, el lugar donde se representa diariamente el contraste de opiniones sobre la actualidad. Los periodistas han pasado de ser testigos de la actividad política dando fe de lo que ocurre, a convertirse en actores principales en una sociedad participativa.

En la actualidad existen más medios de comunicación que la prensa, la radio y la televisión, sin embargo ha quedado de-mostrado que en pleno siglo XXI dichos medios siguen siendo las herramientas más poderosas para transmitir mensajes a la mayoría de la población; además, son instrumentos autónomos e independientes del poder político. También es cierto que las sociedades modernas han desarrollado una comunicación on-line que ha supuesto una verdadera revolución en los procesos de transmisión informativa, algo que un comunicador político debe tener presente. La telefonía móvil e internet permiten el flujo de información por encima de las fronteras nacionales fa-cilitando la transmisión de mensajes de forma individualizada. No perdamos de vista que comunicación significa “poner algo en común” y que comunicar es un acto de naturaleza política que el PRI del siglo XXI asume con una profunda responsabi-lidad ética y social.




Alfonso Camacho Martínez Fue Jefe de Relaciones Públicas de la SEMIP; Secretario Ejecutivo de Vinculación Institucional; Coordinador Operativo del Consejo Consulti-vo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana; Coordinador General de Comunicación Social; Secretario de Prensa en el CDE en el Estado de México; y delegado político. Secretario de Prensa y Propaganda del CEN del PRI.

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Javier Treviño cantú

Más allá del oasis: el PRi y el MundoLa gran batalla que el PRI deberá librar ahora es la reconquista de su prestigio como un partido político comprometido con la democracia.

Como una organización al servicio de los ciudadanos y de los más elevados intereses de nuestro país. ¿Pudo el PRI completar con éxito su travesía del desierto a partir del 2000? ¿O sólo ha llegado a un oasis? Durante doce años de un trabajo político sostenido en cada uno de los estados y en todo el país, el PRI logró construir una nueva historia de éxito que culminó con el triunfo en las elecciones presidenciales del 2012 y con un claro repunte en el Congreso de la Unión. Sin embargo, no es sufi-ciente. Ahora tiene que reconstruir su influencia en el escenario internacional. ¿Cómo se ve al PRI en el resto del mundo? Sin duda hay mucho trabajo por hacer.

Al igual que el PRI está actualizándose para ser un partido político más eficaz, en lo que se refiere a su capacidad de impul-sar iniciativas y políticas públicas que promuevan decididamen-te el avance de México, también debe cambiar para replantear



su propio posicionamiento a nivel mundial. La transformación que promueve no sólo debe ser la de México. Renovación y transformación deben ser dos elementos esenciales del mismo PRI y de su nueva visión.

Con base en su reconocida tradición internacionalista, el PRI tiene mucho que aportar para que el nuevo gobierno fede-ral encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto ponga en práctica una política exterior con un amplio y sólido respaldo, que contribuya al logro de los grandes objetivos nacionales que se ha planteado. De igual forma, con una visión estratégica del nuevo papel que pueden y deben jugar los partidos políticos en el cambiante escenario global, el PRI tiene por delante un urgente e importante esfuerzo a realizar: tanto para difundir su renovado ideario programático, como para ampliar su ámbito de acción a través de las organizaciones partidistas internacio-nales a que pertenece y de una activa interlocución con otros partidos políticos e instituciones del mundo.

El PRI ha confirmado ser una organización política con capacidad de aprendizaje. A lo largo de su historia institucional en el siglo XX, supo transformarse en momentos decisivos para estar a la altura de las cambiantes circunstancias por las que atravesó nuestro país. Al inicio del siglo XXI, como partido en la oposición supo mantenerse cohesionado para reafirmar su identidad esencial y, al mismo tiempo, redefinirse como un par-tido vanguardista con propuestas electorales de avanzada para responder con eficacia a las justas exigencias de la ciudadanía.

Esta cualidad fundamental del PRI como organización “in-teligente”, capaz de aprender para adecuarse a nuevas situacio-nes históricas y condiciones políticas, ha quedado nuevamente plasmada en las recientes adecuaciones a sus Estatutos, a la Declaración de Principios y al Programa de Acción emanados de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo en el mes de marzo del presente año. Como bien se señala en dicha Declaración: “De cara a los desafíos del siglo XXI, ratificamos nuestros prin-cipios fundamentales, actualizamos nuestra agenda partidista y renovamos el compromiso de seguir abanderando las mejores causas de México”.

Ahora, en el marco de un mundo que se caracteriza por intensas dinámicas de cambio en todos los planos y órdenes del quehacer político, el PRI también debe renovar su forma de proyectarse en el mundo. Sobre todo, para incidir constructiva-mente en la formulación y conducción de una política exterior


Más allá del oasis: el PRi y el mundo

de Estado, que se oriente a fortalecer la capacidad soberana de nuestro país para definir su propio interés nacional y las políti-cas más adecuadas para promoverlo, y también para contribuir a encontrar soluciones eficaces ante los grandes retos comunes que enfrenta la humanidad en materia de competitividad eco-nómica, desarrollo social, seguridad y sustentabilidad.

Como ya lo han apuntado reconocidos académicos y ana-listas, el mundo globalizado de la actualidad se distingue, entre muchas otras cosas, por un replanteamiento de lo que consti-tuye la esencia del poder y las fuentes de donde emana dicho poder. Si bien los Estados-Nación son, y seguirán siendo, los actores preeminentes, hoy éstos –a través de sus gobiernos representativos– ya comparten el escenario global con otros actores que cuentan con una creciente capacidad de acción e influencia, incluyendo a entidades de gobierno sub-nacionales y organizaciones supra-nacionales o multilaterales, a empresas y medios de comunicación de alcance mundial, individuos y personalidades comprometidos con causas específicas, asocia-ciones ciudadanas y, por supuesto, partidos políticos.

Paradójicamente, estos mismos partidos políticos hoy atra-viesan en lo general por una profunda crisis de legitimidad, producto de un desfase entre la cambiante realidad de las socie-dades alrededor del mundo, y la capacidad de dichos partidos para canalizar con eficacia las demandas y aspiraciones de quie-nes comparten una misma afinidad política. En este sentido, hoy los partidos tiene ante sí el doble reto que significa, por una parte, articular y transmitir con absoluta claridad el apego a determinados principios y su postura respecto a las agendas nacionales, locales y globales correspondientes; y, por la otra parte, aprovechar al máximo la capacidad de interacción con la ciudadanía nacional, local y global que brindan tecnologías como Internet y las redes sociales, al igual que un creciente panorama de foros internacionales para la discusión pública y el intercambio de experiencias.

En este sentido, si bien el PRI debe reafirmar y aprovechar al máximo los espacios que le brindan su pertenencia a organi-zaciones como la Internacional Socialista y la Conferencia Per-manente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), también debe promover activamente una mayor presencia en otros espacios de interlocución donde pueda dar a conocer de manera puntual su ideario político. Para ello, ante todo es nece-sario reconocer que la imagen y percepción que se tiene del PRI


en gran parte del mundo, sigue estando asociada a estereotipos o cualidades negativas que quizás lo pudieron haber distinguido en el pasado, pero que, o bien siempre han sido erróneas e in-fundadas, o en todo caso ya no corresponden con su verdadera caracterización actual.

Es decir que, en términos de lo que pudiera referirse como mercadotecnia política a escala global, el PRI tendría que em-prender cuanto antes una activa campaña de reposicionamiento para asociar su “marca” a cualidades esencialmente positivas, incluyendo no sólo su amplia experiencia como partido en el gobierno, sino también su compromiso fundamental con la de-mocracia, su capacidad de transitar como partido en la oposi-ción a integrar nuevamente el gobierno federal en México tras las elecciones presidenciales de 2012 y el triunfo de su candidato Enrique Peña Nieto, su apego irrestricto a la legalidad, y su voluntad de lograr que en México impere la justicia social y que nuestro país alcance un mayor desarrollo.

Para ello, el PRI necesitaría poner en marcha una estrate-gia integral, con enfoque claro, disciplina y perseverancia, para alinear esfuerzos en siete frentes claves:

Asignarle la más alta prioridad dentro del Comité Ejecu-tivo Nacional a la tarea internacional del partido. Es necesario ampliar la presencia activa del PRI en organizaciones formales y foros coyunturales en las diferentes regiones del mundo.

Desarrollar relaciones constructivas con los medios de co-municación internacionales. La historia de éxito del PRI debe ser transmitida en forma consistente mediante una nueva na-rrativa, que resulte convincente y también atractiva para los co-rresponsales extranjeros que escriben desde México. Esto debe ser complementado con una estrategia de acercamiento con los editores de las principales publicaciones internacionales, así como con otras personalidades y líderes de opinión mundiales atentos a nuestro país.

Fortalecer la vinculación con las universidades extranjeras, centros de investigación académica (think tanks) en diferentes países y con expertos internacionales que han hecho de Méxi-co su campo de estudio. Los estudiantes mexicanos en el ex-tranjero pueden convertirse en un conducto privilegiado para


La Fundación Colosio debe ser la fábrica de ideas, el gran actor que define la agenda de la discusión y elabora las na-rrativas que los priistas deben transmitir en todo el mundo


organizar la presencia del PRI en los campus universitarios de mayor influencia del mundo.

Desarrollar una relación inteligente y eficaz con las comu-nidades de mexicanos en el extranjero sigue siendo un terreno fértil para ampliar la presencia del PRI en diferentes países, particularmente en los Estados Unidos.

Promover de manera permanente, alineada, coordinada, enfocada y disciplinada, la participación de los legisladores priistas en los principales foros internacionales.

Mantener y dar seguimiento constante a todos los espacios antes señalados a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Consolidar a la Fundación Colosio del PRI como un instru-mento verdaderamente estratégico para la formación de cua-dros de priistas especializados, con la capacidad de participar en cualquier foro mundial para promover las ideas y la imagen de lo que un PRI renovado significa para el avance democrático de México. La Fundación debe ser la fábrica de ideas, el gran actor que define la agenda de la discusión y elabora las narrativas que los priistas deben transmitir en todo el mundo.

De manera simultánea, el PRI tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de acompañar al gobierno federal que encabeza el presidente Peña Nieto para apoyar la ambiciosa agenda que se ha planteado en materia de política exterior. Después del la-mentable deterioro sufrido tras 12 años de desastrosos gobiernos panistas, una de las principales tareas que debemos emprender –partido, gobierno y sociedad– es la recuperación de la imagen y la capacidad de influencia de nuestro país en cada región del mundo y en todos los espacios de actuación multilateral.

Desde el arranque de su administración, el presidente Peña Nieto fue muy claro en advertir la importancia prioritaria y estratégica que le asignaría a la política exterior. Lo hizo al incorporar este tema como uno de los cinco grandes ejes que orientarán el esfuerzo de su gobierno para lograr que México sea un país donde prevalezcan la paz y la seguridad; para que sea un país incluyente, capaz de abatir la pobreza y la margi-nación, donde todos los mexicanos cuenten con oportunidades de desarrollo y bienestar; para que todos los mexicanos puedan acceder a una educación de calidad; para que México cuente con bases sólidas que le permitan ser un país más próspero; y, finalmente, para lograr que México sea un actor con respon-sabilidad global.



En el esfuerzo que representa “trazar una ruta acorde a las nuevas realidades globales”, el presidente Peña Nieto ha deta-llado que la política exterior de su gobierno estará sustentada en cuatro grandes pilares: 1) fortalecer la presencia de México en el mundo [para] incidir en la conformación de una arquitectura internacional más próspera y equitativa; 2) ampliar la coopera-ción internacional, para que nuestra política exterior contribuya decididamente al desarrollo interior del país; 3) promover el valor de México en el mundo, a fin de acercar a otras latitudes nuestra historia, nuestra riqueza cultural, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y el patrimonio cultural que tiene nues-tro país; y, 4) velar por los intereses de México y de todos los mexicanos en el extranjero.1

En todos y cada uno de estos ámbitos, el PRI puede contri-buir mediante una activa presencia internacional a lograr que México avance. Para concretar en los hechos el enorme poten-cial que lo consolide como una auténtica potencia regional y como un actor de alcance global.

Para completar la travesía del desierto que iniciamos en el 2000, y para ir más allá del oasis al que llegamos con el triunfo electoral del 2012, no basta ser exitosos en las contiendas elec-torales. Necesitamos ganar el debate de las ideas y reconstruir el prestigio internacional del PRI.

1. Presidencia de la República, “Foro de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo ‘México, actor con responsabilidad global’”, 12 de marzo de 2013, http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/foro-de-consulta-ciudadana-para-la-elaboracion-del-plan-nacional-de-desarrollo-mexico-actor-con-responsabilidad-global/




Javier Treviño Cantú Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Diputado Federal del PRI por Nuevo León, LXII Legislatura. Anteriormente se desempeñó como Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, Subsecretario de Relaciones Exteriores y Ministro en la Embajada de México en Washington. En el sector privado también se desempeñó como Vice Presidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de Cemex, y es un colaborador frecuente de reconocidos periódicos de circulación na-cional y comentarista en diversos programas de radio y televisión.


Diva Gastélum Bajo

IGUALDAD DE GÉNERO PARA AMPLIAR LA VIDA PARTIDISTACierto es que el concepto de igualdad de género en Mé-xico ha evolucionado, sin embargo, este proceso ha ser-vido a la vez como un detonante que ha visto a su paso las constantes demandas de las mujeres por una vida digna, donde mujeres y hombres gocen de las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente.Lo anterior significa que tenemos avances en materia de derechos humanos, en el contexto de igualdad de género, promoción y for-talecimiento, que se han reconocido a nivel local e internacional, pero lo más importante, después de adoptarlos, consiste en la obligación de implementarlos, en coordinación con programas, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas.

Recordemos que México obtiene reconocimiento interna-cional a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la legislación nacional sobre Igual-


Diva Gastélum Bajo

dad de Género y no Violencia contra las Mujeres en México, donde se cita lo siguiente:

“México ha avanzado en términos de la condición social de las mujeres. Cuenta con un entramado institucional y pro-gramático para impulsar la igualdad de género. En el ámbito internacional ha suscrito y ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales han sido complementados con nor-mas jurídicas a nivel federal y estatal. […] Destacan entre ellas la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Muje-res y Hombres (LGIMH) en 2006 y de la Ley General de Acce-so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007 y las modificaciones al Artículo 1º constitucional en donde se obliga a cumplir con los tratados internacionales fir-mados y ratificados por México en la materia”1.

Los principales cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, igualdad de género y prohibición de la discriminación, sin duda han sido motivo de debate entre los especialistas de la materia desde 1917.

Por otro lado, tenemos que señalar que a pesar de todos estos cambios en nuestra sociedad, aún tenemos deficiencias en las normas y conductas institucionales que violentan los derechos de las mujeres.

Recientemente se propuso una iniciativa para modificar la Ley del Seguro Social, que evitaría violaciones involuntarias cuando no pensionan a personas que no reúnan los requisitos de estar totalmente incapacitados y que hubieran dependido de la trabajadora o pensionada por invalidez, vejez o cesantía.

Si no lo hacemos una gran mayoría de los afectados por las disposiciones de mérito, de la Ley del Seguro Social, serán sobre todo personas de la tercera edad que han dado a éste país su vida y su contribución al desarrollo nacional, por lo que es doblemente importante el tema de mérito y mayor el beneficio para un grupo vulnerable, aún imprescindible para esta socie-dad y las nuevas generaciones.

En este sentido, se planteó que si la esposa del asegurado llegara a faltar, el esposo gozaría de las mismas condiciones y beneficios que la mujer, en caso de que él faltara.

1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la legislación nacional sobre Igualdad de Género y no Violencia contra las Mujeres en México.


igualdad de género para ampliar la vida partidista

El bienestar y protección de los derechos humanos de mujeres y hombres, se traduce en un compromiso de todos los que traba-jamos por brindarle a este país un mejor futuro. Este es un claro ejemplo del por qué buscamos la igualdad de mujeres y hombres.

Conciliación del trabajo y vida personalEs una urgente necesidad establecer la obligación del Estado para implementar de manera permanente medidas que asegu-ren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de mujeres y hombres.

La responsabilidad en las labores domésticas y atención a la familia, no debe ser exclusiva de las mujeres. En igualdad de condiciones, ambos cónyuges tienen que colaborar en las tareas diarias del hogar para lograr una recomposición de la cultura que tanto daño nos ha hecho y ha sido causa de discriminación, y una conceptualización equivocada de las labores que realizan o no los hombres en el hogar y con la familia.

Otro concepto interesante que no debemos olvidar es el len-guaje sexista en las relaciones sociales. Tenemos que fomentar un lenguaje incluyente, en el que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y obligaciones, en cualquier ámbito; educar a nuestros niños y comenzar por nuestras familias es básico, un enfoque distinto de las relaciones sociales debe incorporar nue-vas definiciones, donde seamos capaces de entender conceptos como discriminación, igualdad. Lo anterior, por recomenda-ción general no. 25 del comité de expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CoCEDAW).

El respeto de los derechos, libertades, igualdad entre hom-bres y mujeres, forma parte de una serie de acciones y pro-gramas que tenemos que fomentar, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios de con-vivencia, la igualdad efectiva tendría que eliminar cualquier obstáculo que dificulte estas tareas.

Es obligación de las autoridades garantizar el principio de igualdad sustantiva, en cualquier ámbito, hablamos del empleo donde tenemos que crear las condiciones para que no exista el acoso sexual, por ejemplo.

Otro tema interesante es velar porque los medios de comu-nicación transmitan una imagen igualitaria, es decir, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, así como la promoción del conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitar que se haga uso sexista del lenguaje.


México ocupa el lugar 82 en participación políticaSi bien es cierto que México logró avanzar al lugar 82 en mate-ria de participación política de las mujeres, lo hizo a través de la implementación de las cuotas de género, y esto es un parámetro para darnos cuenta de que es necesario que se promueva y se generen espacios para las mujeres; si esto sucede, tendremos avances como lo estamos viendo ahora.

Hoy se tienen 184 diputadas federales de un total de 500 le-gisladores que conforman la Cámara de Diputados; 43 senado-ras de 128 senadores que integran la Cámara Alta, 3 secretarias de Estado, y 2 ministras. Estas cifras continúan siendo insufi-cientes. Damos cuenta de avances, pero tenemos que trabajar para lograr un balance entre las mujeres y hombres que toman las decisiones más importantes en el país.

Creo que no puede existir democracia donde no hay partici-pación política de la mujer; esto se traduce en un efecto negativo para el desarrollo de México.

Ahora podemos ver que las mujeres empresarias en Méxi-co representan el 3.93 % de puestos directivos, mientras que la brecha salarial se encuentra entre el 30% y 50%.

La participación política de las mujeres significa el derecho a votar, derecho a ser votada y derecho de asociación política. En el entendido de que gozando de estos tres derechos se logra la igualdad real. Aunque debemos recordar que el voto femeni-no se logró hasta 1953. México llegó tarde a este derecho.

Aunque hoy el Código Federal de Instituciones y Proce-dimientos Electorales en sus artículos 4° y 6° regulan estos derechos referentes a los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales, la participación política de la mujer en Mé-xico se ha incrementado gracias a las cuotas de género desde que se impulsaron en 1993.

Es importante hacer notar el papel que tienen dentro de las cámaras. La mayoría participa en las comisiones de Grupos Vulnerables, Cultura, Equidad y Género, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Salud pero se encuentran subrepre-sentadas en las comisiones de Gobernación, Hacienda, Econo-mía o Presupuesto.

Los mayores avances se dan en el ámbito federal. En los

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2. Kelsen, Hans; Esencia y valor de la democracia: Forma del Estado y filosofía, Ediciones Coyoacán, México, 2005, pg. 37.


ámbitos estatal y municipal los resultados no son muy alenta-dores. La participación femenina a escala nacional fue de 4.6% hasta agosto de 2008 y sólo 112 municipios tenían una mujer como presidenta. Cuando se trata de grupos vulnerables es más difícil todavía que puedan tener participación dentro de la política, como lo es el caso de las indígenas o de las personas discapacitadas.

En 30 años, sólo 5 mujeres han gobernado una entidad fe-derativa (Colima, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal). En lo que al Poder Judicial se refiere, las mujeres sólo han ocupado alrededor de la quinta parte de los puestos de mi-nistras, magistradas y juezas.

Avances en la XXI Asamblea NacionalFue durante los trabajos que se llevaron a cabo en las mesas temáticas de Estatutos, que se consiguió la aceptación de los delegados para reformar el artículo 36 estatutario a fin de que el presupuesto del Plan de Acción de Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las Mujeres sea manejado por el Orga-nismo Nacional de Mujeres Priistas.

En este sentido, se propuso dotar al ONMPRI de perso-nalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y con presupuesto asignado por el partido para su funcionamiento y representación nacional.

Además de que el organismo contará con el 2% del presu-puesto ordinario asignado por el Instituto Federal Electoral, para su estructura, funcionamiento y operación. Sin embargo, en este tema se acordó obtener el presupuesto general asignado por el PRI.

Asimismo, se planteó también la necesidad de establecer la creación de preseas al reconocimiento de mujeres priistas a nivel nacional que reflejen su trayectoria dentro del partido.

Es necesario capacitar en el manejo de herramientas tec-nológicas y redes sociales, promover el diseño e implementa-ción de políticas de gobierno para abatir la maternidad precoz en mujeres adolescentes, así como impulsar la creación de programas de guarderías y estancias de tiempo completo, con el fin de promover la participación de las mujeres en el mer-cado laboral.

En esta ocasión, se hizo un llamado para contar con un Pro-grama de Cultura Institucional con Perspectiva de Género, así como conformar grupos de trabajo para la revisión de los textos



y materiales didácticos, así como contar con una ley que asegu-re la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal.

Personalidad jurídica para el organismo nacio-nal de mujeres priistasComo resultado de la XXI Asamblea Nacional, se lograron modificaciones a los documentos básicos del Partido Revolu-cionario Institucional (PRI), mismas que permitirán un me-jor trabajo de las mujeres. El ONMPRI obtuvo personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que significa que además de autonomía técnica y presupuestal, se podrá trabajar más con los sectores femeniles.

El presidente del PRI, César Camacho, señaló que la me-jor forma de celebrar el pasado Día Internacional de la Mujer, sería formulando compromisos en pro de las mujeres, lo cual comparto.

La vida partidista no debe perder su tradición y participa-ción en la vida social, política y cultural del país. El trabajo en pro de las mujeres, es un sello distintivo que compartimos to-dos, con el firme propósito de alcanzar el lugar que por derecho nos corresponde para alcanzar la igualdad de género.

La presidencia del PRI anunció su respaldo e a la políti-ca femenil del partido. Este pronunciamiento constituye un compromiso para el organismo. De esta manera, un partido vanguardista se pone al frente en la lucha por la defensa de las mujeres y la igualdad de género, tal como lo reflejaron las mo-dificaciones a sus ejes rectores en la XXI Asamblea Nacional.

Entre los principales cambios, además de reiterar la igual-dad de género en la Declaración de Principios, se busca promo-ver el diseño e implementación de políticas de gobierno para abatir la maternidad precoz, impulsar la creación de programas de guarderías y estancias de tiempo completo, así como generar políticas de apoyo a las víctimas de la violencia familiar.

En su Programa de Acción, el priismo garantiza la cuota de género, defiende los derechos humanos de las mujeres, plantea un programa de salud universal para prevenir riesgos en el em-barazo y atender el cáncer de mama y cérvico uterino, propone

Diva Gastélum Bajo

El trabajo en pro de las mujeres, es un sello distintivo que compartimos todos, con el firme propósito de al-canzar el lugar que por derecho nos corresponde para alcanzar la igualdad de género


la creación de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos y violencia familiar, así como alberges para mujeres violentadas.

En los Estatutos, se avala la aplicación de la cuota de género 60/40 en la postulación de candidatos a todos los cargos de elec-ción popular, y se otorgan estímulos para el desarrollo social, educativo, laboral y parlamentario de las mujeres.

En lo que respecta al apartado de Estrategias y Programas, el Revolucionario Institucional plantea la certificación de la nor-ma para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, así como garantizar los derechos humanos de este sector de la población.

Estoy segura de que los priistas lograrán un cambio cultural en la forma de pensar en torno a las problemáticas y retos del sector femenil, independientemente de las leyes que los bene-ficien, como lo mencionó el presidente del partido.

Todos los avances que hemos logrado constituyen una pla-taforma para trabajos que las legisladoras del PRI realizamos con objeto de que las mexicanas tengan una mejor calidad de vida bajo las mismas condiciones que los hombres.

Cuotas electorales de géneroEs un tema preocupante que debe ocuparnos a todos por igual. Las cuotas de género son imprescindibles para alcanzar la de-mocracia, la igualdad y la ampliación de la vida partidista en todos sus ejes.

Las cuotas electorales de género surgen a partir de que se constata el bajo índice de representación que tienen las mujeres en los cargos públicos en nuestro país.

Un reporte de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que las mujeres ocuparon un promedio de 19.8% de los escaños en las cámaras del Congreso de un total de 54 países que tuvieron elecciones legislativas en el año 2008. Esta-mos hablando de la cifra más alta registrada hasta ahora, según un informe de la Unión Interparlamentaria (UIP).

En este sentido, una cuarta parte de todos los parlamen-tos tienen menos de 10% de mujeres miembros. Es en los paí-ses árabes, donde las mujeres ocupan sólo el 9% de los cargos públicos.

Para México, las cuotas de género representan un meca-nismo para promover la participación política equitativa de mujeres y hombres en los partidos políticos, mostrando su efectividad para aumentar el número de mujeres en cargos elec-



tivos, como no se había logrado con otras acciones afirmativas aplicadas por el Estado mexicano.

En las elecciones que se llevaron a cabo en 2012, los partidos políticos dieron cuenta de las cuotas de género, como se mues-tra en las siguientes gráficas:

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Fuente: Informe sobre la Evolución Normativa y las medidas afirmativas para la aplicación efectiva de las cuotas de género en el proceso electoral federal 2011-2012.

PARTIDOPOLÍTICO MUJERES MR HOMBRES MR MUJERES RP HOMBRES RP TOTAL

POR PPPAN 8 44 28 34 114

PRI 54 104 23 26 207

PRD 17 39 21 23 100

PT 2 6 5 6 19

PVEM 8 11 7 8 34

MC 1 6 5 4 16

NA 0 0 5 5 10

TOTAL 90 210 94 106 500

Informe sobre la Evolución Normativa y las medidas afirmativas para la aplicación efectiva de las cuotas de género en el proceso electoral federal 2011-2012.

Mujeres MR Hombres MR Mujeres RP Hombres RP

CáMaRa dE dIPutados

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA

120

100

80

60

40

20

08

5444 39

28 2634

23 2321

6 5 5 5 548676

104

7

2 8 111 0 0



PARTIDOPOLÍTICO MUJERES MR HOMBRES MR MUJERES RP HOMBRES RP TOTAL

POR PPPAN 7 22 4 5 38

PRI 13 28 5 6 52

PRD 3 13 3 3 22

PT 1 1 1 1 4

PVEM 2 5 1 1 9

MC 0 1 1 0 2

NA 0 0 1 0 1

TOTAL 26 70 16 16 128 Informe sobre la Evolución Normativa y las medidas afirmativas para la aplicación efectiva de las cuotas de género en el proceso electoral federal 2011-2012.


Mujeres MR Hombres MR Mujeres RP Hombres RPPAN PRI PRD PT PVEM MC NA

30

25

20

15

10

5

0

7

13

22

13

4655

331 1 1 1 000111

28

31

2

5

0 0 0

CáMaRa dE sENadoREs


Esto es, la conformación del Congreso de la Unión, derivado del proceso electoral federal 2011-2012 arrojó una participación de las mujeres de un 36% frente a un 64% de los hombres, distribui-do por partido político:

Recordemos que este año habrá elecciones en 14 entidades de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, lo que significa que tendremos la oportunidad de impulsar aún más a nuestras mujeres a cargos políticos en México.

Diva Gastélum Bajo

PPCÁMARA DE SENADORES CÁMARA DE DIPUTADOS

TOTALMUJ-MR HOM-MR MUJ-RP HOM-RP MUJ-MR HOM-MR MUJ-RP HOM-RP

PAN 7 22 4 5 8 44 28 34 152

PRI 13 28 5 6 54 104 23 26 259

PRD 3 13 3 3 17 39 21 23 122

PT 1 1 1 1 2 6 5 6 23

PVEM 2 5 1 1 8 11 7 8 43

MC 0 1 1 0 1 6 5 4 18

NA 0 0 1 0 0 0 5 5 11

TOTAL 26 70 16 16 90 210 94 106 628



MUJERES HOMBRES

180160120100806040200

10595

164

44

9 7 618

14 115

25

78

47

PAN PRI PRD Pt Pvem NAmC


La responsabilidad y el compromiso que tienen los partidos políticos, consiste en garantizar la participación de candidaturas de las mujeres a dichos cargos de representación, en igualdad de condiciones que los hombres.

No se ha logrado la paridad en los ámbitos de representa-ción. Tenemos enormes deficiencias en la homogeneidad de las leyes y códigos electorales en las entidades federativas, esto es, que al no establecerse como obligatoriedad el cumplimiento de cuotas de representación, las mujeres no son tomadas en cuenta y se resta participación y derecho a formar parte de los cargos de presentación.

El acceso de las mujeres a cargos públicos es fundamental para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Las legislatu-ras locales y los partidos políticos deben respetar, garantizar y cumplir con lo establecido en la Ley Electoral Federal vigente, y los estatutos propios de cada partido.

Ante los desafíos de la vida democrática del país y los retos que nos impone un mundo globalizado, tenemos una mayor responsabilidad frente a las problemáticas sociales que aque-jan a nuestro México. El acercamiento con la ciudadanía es fundamental. Los valores que logremos inculcar en nuestros niños y jóvenes orientarán las políticas públicas de este país, no sólo para atender las necesidades básicas de la sociedad, sino para crear un compromiso más amplio, así como una visión de colaboración y entendimiento, que tiene que ver con la parti-cipación ciudadana.


Diva Gastélum Bajo Licenciada en Derecho por la Universidad de Occidente y Maes-tra en Derecho Familiar. Fue diputada local en las LVI y LIX legislaturas de Sinaloa, Presidenta del Parlamento de Mujeres de México y diputada federal en las LIX y LXI Legislaturas. Es miembro del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, dirigente nacional del Organismo de Mujeres Priistas, consejera política nacional del PRI y senadora.


cristopher James Barousse

La juventud, motor de La renovación deL partidoDesde los primeros días de su mandato, el presidente Peña Nieto ha implantado una nueva forma de hacer política, mostrando liderazgo y capacidad para tender puentes entre las diversas fuerzas políticas del país, dejando de lado diferencias e intereses partidistas o particulares, con la finalidad de encontrar coinciden-cias y puntos de acuerdo para las reformas estructu-rales que nuestro país necesita.

A los cien días de su gobierno ha concretado reformas que fueron planteadas desde su campaña presidencial, tales como las referentes a la educación y a las telecomunicaciones, de enorme importancia para el desarrollo nacional al crear bases para formar los recursos humanos que requiere el crecimiento y para insertar al país en la nueva sociedad del conocimiento y de la información.

De esta manera está cumpliendo también con las deman-das planteadas por el partido en los últimos años en sus do-cumentos básicos que recogen la mejor tradición de defensa de las causas sociales que plantean las mayorías y que le per-miten estar a la vanguardia de los cambios que requiere el



país para la resolución de sus grandes problemas políticos, económicos y sociales.

En este contexto se celebró la XXI Asamblea Nacional del partido cuyo lema fue Transformando a México para ubicarlo adecuadamente en la etapa de cambios que estamos viviendo. La Asamblea permitió una amplia participación de los priis-tas en todo el país donde expusieron sus mejores ideas para la renovación de nuestro partido y su trasformación integral, en beneficio del pueblo de México.

En consecuencia, nuestro partido está evolucionando con-forme a los nuevos tiempos y a las formas de hacer política. Los jóvenes participamos intensamente en este proceso aportando nuevas ideas para dar solución a los problemas del segmento social al que pertenecemos, buscando tener más oportunida-des y alternativas para el desarrollo integral de los jóvenes de nuestro país.

Llevamos a cabo asambleas en todos los municipios del te-rritorio nacional con todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido, seleccionando las mejores propuestas de miles de jóvenes para fortalecer nuestro sistema político en un ejerci-cio de abajo hacia arriba, con objeto de construir un pensamien-to común integrado para abrir oportunidades de superación a las nuevas generaciones.

Tomando en cuenta que la juventud representa la cuarta parte de los mexicanos, se hace necesario contar con una re-presentación política adecuada para atender las necesidades de este importante sector. Por ello, logramos que por primera vez el 30% de las candidaturas se asignaran a ciudadanos jóvenes.

La XXI Asamblea fue bien organizada, con una gran ca-pacidad para la autocrítica, con la madurez derivada de la ex-periencia de la primera alternancia donde fuimos un partido prudente frente a los gobiernos panistas que no tuvieron capa-cidad para responder a las expectativas sociales que despertaron en la población a partir de que asumieron el poder político a principios del presente siglo.

La población volvió a votar por nuestro partido por sus realizaciones históricas en sus diferentes épocas como PNR, PRM y PRI, primero con la actividad constructora del general Calles quien creó instituciones como el Banco de México, los primeros bancos de desarrollo e inició el proceso de creación de la infraestructura económica y social en que se sustentó el desarrollo nacional.


la juventud, motor de la renovación del partido

Posteriormente, el general Cárdenas impulsó con nuevos bríos medidas como la reforma agraria que fue un proceso de redistribución del ingreso nacional en el que se sustentó la fu-tura industrialización del país apoyada por la nacionalización de la industria petrolera y por la organización de los recursos humanos en centrales de obreros, campesinos y grupos popu-lares en las ciudades.

El presidente Ruiz Cortines reconoció, posteriormente, el derecho de las mujeres al voto como demanda de nuestro parti-do. Por eso hoy honramos el legado de mandatarios priistas que enorgullecen la historia de nuestra organización política y nos hacen reivindicar el papel de la política como el principal ins-trumento para la solución de los grandes problemas nacionales.

Sin embargo, debemos reconocer que en este largo proceso de construcción del país, en el siglo XXI se cometieron erro-res, de los cuales debemos aprender y poner en práctica nuevas formas para fortalecer la democracia en los términos consti-tucionales a partir de la participación activa de los partidos y de los ciudadanos en la búsqueda a soluciones generales para alcanzar mejores formas políticas, acceso a la educación, a los empleos y a un mayor bienestar.

Específicamente, los jóvenes necesitamos oportunidades para nuestro desarrollo, espacios de expresión y participación. Somos ciudadanos, priistas y no priistas, que estamos evolu-cionando, cada día más comprometidos, más informados y ca-pacitados, convencidos de que será muy significativo el papel de los jóvenes en la vida pública de los municipios, estados y Federación.

En la época actual, las redes sociales juegan un papel impor-tante en la evolución de los jóvenes. Son un medio de comu-nicación sin límites que permiten la interacción a las personas en todas las actividades del desarrollo. En la política, las redes sociales enriquecen la vida pública ya que los jóvenes se ex-presan sin importar su pertenencia a corrientes ideológicas o partidos políticos.

Observamos una juventud que está pasando de la retórica a la acción, de la observación a la realización, de la crítica destructiva al diálogo razonado, de la intolerancia a la tolerancia y de la desilusión a la esperanza en el porvenir


De ahí la necesidad de que los priistas participemos más en estos nuevos instrumentos de comunicación. Nos interesa fo-mentar aún más el desarrollo de la conciencia de los jóvenes, especialmente su participación en la resolución de los problemas, la manifestación plena de sus necesidades comunes, encontrando puntos de coincidencia que interesan a los jóvenes en todo el país.

En los últimos años observamos una juventud que está pasando de la retórica a la acción, de la observación a la reali-zación, de la crítica destructiva al diálogo razonado, de la in-tolerancia a la tolerancia y de la desilusión a la esperanza en el porvenir. Por eso plantearemos ideas para alcanzar objetivos sociales con los pies bien plantados los pies sobre la tierra, pero con la mirada fija en las estrellas.

En múltiples ocasiones la vanguardia significa volver al ori-gen, los priistas tenemos claro el rumbo, porque son firmes nues-tros orígenes revolucionarios. Por ello, retomamos los ideales de nuestra Revolución, pues sus principios de independencia, soberanía, libertad y justicia social son válidos en nuestra época.

Los jóvenes tenemos conciencia de que debemos romper paradigmas que se han convertido en lastres para la vida po-lítica, buscando espacios para la participación de los jóvenes mediante cambios necesarios en las estructuras del partido.

Por ello, queremos un PRI que represente verdaderamente las necesidades y aspiraciones de la población, un PRI inclu-yente, que busque el mejoramiento de las clases populares, un PRI que se comprometa y que cumpla, bajo la guía y ejemplo del presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Vamos a luchar por ese PRI, porque las juventudes del cam-po y las ciudades tengan educación de calidad, becas en escue-las del extranjero, trabajo bien remunerado, seguridad social y espacios para el desarrollo pleno. Esta tarea no es fácil, sin embargo, tenemos las ganas, la capacidad y las herramientas para proponer y con el apoyo del gobierno realizar nuestros anhelos y aspiraciones.

Conviene reiterar que la política debe ser por excelencia el medio idóneo de solución de los problemas sociales, no de la concentración del poder sólo por el poder, más bien del poder al servicio de los ciudadanos. Lo tenemos claro los jóvenes priistas, la democracia es el sistema de gobierno en donde el pueblo debe orientar la acción del gobierno mediante una democracia participativa.

No queremos democracias aristocráticas, de linajes o de in-



la juventud, motor de la renovación del partido

tereses económicos, no creemos en la frase insolente: “político pobre es un pobre político”, porque muestra una crisis de valores que daña no sólo a quienes participan en el sistema político y en el gobierno en sus tres órdenes, sino al conjunto de la sociedad.

Se debe recordar el legado de Benito Juárez, quien sin recur-sos económicos y linaje se educó con un carácter inquebranta-ble que le permitió defender el derecho y con ello a la Nación de los asechos internos y externos. De ahí que en el partido defendamos la igualdad de oportunidades políticas para todos los mexicanos.

La complejidad de los nuevos tiempos nos obliga también a buscar formas de trabajo colectivas. Necesitamos fomentar el valor del trabajo en equipo. Cada día somos más los mexica-nos que estamos convencidos que en donde hay un equipo hay muchas voluntades, muchas posibilidades y muchos caminos para alcanzar nuestros propósitos de mejoramiento político, económico y social.

Los jóvenes estamos llamados a ser el motor del cambio para la política mexicana, para renovar a nuestra organización política con ideales y trabajo. Estamos convencidos de que las ideas cambian a los pueblos y marcan su destino como ocurrió en el siglo pasado con las ideas de la Reforma que abatieron privilegios coloniales y permitieron la verdadera independencia de la Nación mexicana.

Los jóvenes tenemos sueños de progreso y bienestar, y es-tamos decididos a realizarlos, invitando a todos a trabajar para conseguirlos. Nuestras coincidencias nos permitirán avanzar en el desarrollo político, económico, social, científico, tecno-lógico y cultural, para lograr grandes cambios que redunden en el bienestar de nuestra generación pero sobre todo de las generaciones que están por venir.

En este sentido los jóvenes del partido, convencidos en el ideal de superación y progreso habremos de trabajar desde nues-tras respectivas trincheras para demostrar una vez más que el PRI sabe gobernar, con experiencia, energía y con la mejor de las voluntades para Transformar a México, Vamos de Frente.

Cristopher James Barousse Licenciado en Administración de Empresas por la Uni-versidad Autónoma de Chihuahua. Cursa la maestría en Administración Pública en la misma institución. Fue Regidor Juvenil de Turismo y Relaciones Exteriores en Chihuahua, ganador del Premio Estatal de la Juventud. Asimismo, fue dirigente estatal del Frente Juvenil Revolucionario y Director del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Es presi-dente nacional del Frente Juvenil Revolucionario y Consejero Político Nacional del PRI.

La XXI Asamblea Nacionaly el Pacto en México


emilio Gamboa Patrón

Los sectores eN eL cAMbIo deL PArtIdo y eL PActo Por MéXIcoEl Partido Revolucionario Institucional ha sido desde sus inicios, heredero y resultado de las grandes luchas por la transformación del Estado y el sistema político mexicanos. Bajo este tenor, la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, fue el método político que permitió la insti-tucionalización de las aspiraciones sociales que impulsaron a la Revolución Mexicana de 1910, a través de la conformación de amplios sectores que constituían los pilares del partido, los cuales a su vez se consolidaron como auténticos canales de in-termediación entre el Estado y la legítimas demandas de la sociedad.

Introducción



De esta manera, los sectores obrero, popular y campesino encontraron cabida en el PNR que a la postre se convertiría, luego de una serie de reformas, en el Partido de la Revolución Mexicana (1938) –al que se agregó el sector militar– y poste-riormente en lo que actualmente conocemos como Partido Re-volucionario Institucional (1946).

Más de ochenta y cuatro años han pasado desde la fun-dación del PRI, y los sectores antes mencionados continúan siendo elementos constitutivos del instituto político, al mismo tiempo que referentes necesarios para su trasformación.

La Confederación Nacional Campesina (CNC), la Con-federación de Trabajadores de México (CTM) y la Confede-ración Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), han acompañado la evolución política del PRI y del país a lo largo de los años, representando a muy diversos segmentos socia-les que reclaman su lugar en la construcción de un proyecto nacional; desde el ama de casa de la ciudad hasta el trabajador asalariado y el campesino. En el contexto de la democracia la participación de estos sectores es esencial para hacer valer los intereses de sus afiliados.

El regreso del PRI al poder obliga a todos y cada uno de sus militantes a asumir el reto de construir un mejor México, pues parte de nuestra definición como priistas es mirar por el bien del país en su conjunto, alcanzando el mayor consenso social posible.

En este orden de ideas, la forma de gobernar debe ejercitar necesariamente principios democráticos tan importantes como el diálogo, la tolerancia y la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas.

El Pacto por México es precisamente un ejemplo de ejerci-cio del poder que obedece a principios como los que acabo de mencionar, y también una oportunidad para los sectores del PRI para hacerse escuchar, posicionar sus problemas en el deba-te nacional pero sobre todo, para proponer soluciones colectivas.

En vista de lo anterior, es que aprovecharé este artículo para exponer lo que representa y para lo que sirve el Pacto por México, esperando con ello despertar el interés de nuestros militantes por sumarse a este gran acuerdo político que tiene como objetivo el transformar a México. Todo esto desde mi perspectiva privilegiada como mexicano, militante del PRI, líder de la CNOP y Coordinador Parlamentario de los sena-dores priistas.


los sectores en el cambio del partido y el Pacto por México

El Pacto por MéxicoLos partidos y otros actores políticos se han sumado al Pacto por México, al que convocara el presidente Enrique Peña Nieto desde el momento mismo de su toma de posesión como titular del Poder Ejecutivo.

Como él lo ha señalado, el Pacto constituye un instrumento que abona a la gobernabilidad democrática; en tanto que su logro debe atribuirse a la voluntad expresa de las principales fuerzas políticas nacionales, en cuyo marco el gobierno federal es otra más de sus partes. Al interactuar éste con el resto de los actores que lo conforman, se está propiciando la construcción de mayorías para el abordaje de temas sustanciales para el país, buena parte de ellos de honda complejidad y alcance, que se ha-bían venido postergando durante años por la falta de consensos.

Por lo demás baste señalar que el Pacto por México ha ser-vido como una extraordinaria herramienta de negociación po-lítica, que cumple al menos con cuatro funciones:

1. Agilizar la discusión y sucesiva aprobación de las reformas;

2. Servir como documento base para la definición de los temas prioritarios;

3. Evitar el desgaste institucional de los órganos de repre-sentación política; y

4. Enviar un claro mensaje a la ciudadanía sobre la capa-cidad de su clase política para trabajar en favor del bien común, haciendo a un lado las legítimas diferencias y avanzar sobre la base de las coincidencias.

Es necesario precisar que las agendas legislativas de los grupos parlamentarios siguen siendo indispensables en el cumplimien-to de las funciones constitucionales del Senado.

Gran parte de la labor que se realizó en la Junta de Coordi-nación Política, consistió en conciliar por una parte las agendas legislativas que los grupos parlamentarios presentaron al inicio del periodo ordinario de sesiones; y, por otra, en función de los contenidos programados en el Pacto por México pues, como se ha mencionado, existen puntos de convergencia entre el Pacto y la agenda senatorial, cada uno tiene rumbo y prioridades propias.

El Pacto por México tampoco cancela, pospone o debilita la agenda mínima que, aún antes de la convocatoria al Pacto por México, había logrado consensuarse entre las tres principales fracciones parlamentarias representadas en la Cámara Alta, en lo que toca al menos a la agenda inmediata.


Desde el anuncio mismo del Pacto por México, de sus cinco ejes, decisiones y compromisos que fueron asumidos en un principio por el titular del Ejecutivo y los representantes de las principales fuerzas políticas, fue evidente la concomitancia de preocupaciones y prioridades de aquél, en relación con la agenda que el Senado estaba consensuando y construyendo.

Gran parte de las materias que estaban por abordarse al interior de la Cámara Alta fue lo que facilitó la adopción de los compromisos suscritos por el Ejecutivo en el marco del Pacto por México, no con una actitud de sumisión sino desde la pers-pectiva de la colaboración y cooperación a las que los poderes públicos están obligados. En este caso el Senado como parte del Congreso de la Unión con el Ejecutivo, para dotar y dise-ñar herramientas constitucionales y jurídicas que posibiliten el delineamiento de políticas públicas en las que se sustente el cumplimiento de tales compromisos.

También habría que destacar que, a diferencia de los conte-nidos del Pacto por México, en los que se apunta a una visión del país al menos hacia al término de la actual administración, en lo que toca a la agenda del Senado, ésta se encuentra apenas delineada para el actual y el próximo período legislativo, lo que sin embargo no ha sido óbice para encontrar y construir puntos convergentes que dan pie a etapas e indispensables pasos ini-ciales para que el gobierno federal avance en los objetivos que se propone.

En ese sentido, de la agenda mínima que logró consensuar-se entre las principales fuerzas del Senado, en la que se incor-poraron como prioridad diversas temáticas, éstas han resultado sin lugar a dudas de la mayor importancia para el avance en los acuerdos, decisiones y compromisos del Pacto.

Habría que tener presente que, luego de arduas negocia-ciones y de la confronta de las agendas que en lo particular privilegiaba cada fracción parlamentaria, se arribó a la agenda mínima que ya se indicaba, habiendo quedado constituida por los siguientes puntos. Reformas en materia de responsabili-dad hacendaria y deuda pública; para fortalecer el combate a la corrupción; a la Ley General de Educación; a Ley General de Víctimas; al marco jurídico en materia de arraigo, testigos protegidos y fuero; en materia de legislación ambiental; a la Ley de Migración; y sobre las deudas estatales y municipales.

Es evidente que algunas de ellas serían en todo caso resul-tante o resultado de otras decisiones parlamentarias de gran ca-



lado que durante los primero y segundo períodos de este primer año legislativo, ya habrían sido aprobadas, como sería el caso de las reforma constitucional en materia de educación sobre la que se ahondará más adelante; e incluso de decisiones del titular del Ejecutivo, como la de haberse desistido de la controversia constitucional que estaba en curso respecto a la Ley General de Victimas, y al haberla promulgado y publicado.

Por el tipo de temáticas que abordan o buscan abordar esas adecuaciones jurídicas que están en puerta para ser debatidas y aprobadas en su caso, es previsible o natural que encuentren plena o guarden cierta correspondencia, o que se alineen total o parcialmente con los cinco grandes ejes o grupos de acuerdos por los que está conformado el Pacto por México: acuerdos para una sociedad de derechos y libertades; para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; para la seguridad y la justicia; para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y para la gobernabilidad democrática.

Y, en la misma medida, con alguna o algunas de las 13 deci-siones que derivan del Pacto suscrito por el Ejecutivo con otros actores políticos; o con ciertos compromisos de los 95 en los que se desagregan dichas decisiones, en particular con aquéllas en cuya concreción es relevante el papel del Congreso.

Más allá de que en efecto el Senado busca insertarse como elemento propiciatorio de la gobernabilidad democrática en el marco de los compromisos del Pacto por México, es un hecho que, aún con antelación a la suscripción de ese instrumento, la LXII Legislatura ya había venido adoptando decisiones y procesando reformas que eran parte de su propia agenda, algu-nas de ellas ya aprobadas por ambas cámaras, y otras aún en proceso de discusión o aprobación, las que en todo caso resultan consistentes con los contenidos de dicho Pacto.

Sin menoscabar las aportaciones del Pacto por México para la vida pública, también es indispensable reconocer la disposi-ción y responsabilidad de los actores políticos que han posibili-tado avances importantes en diferentes aspectos, incluso antes de la existencia del Pacto.

Recordemos que la LXII Legislatura entró en funciones el 1º de septiembre del 2012, es decir, tres meses antes de la for-


Sin menoscabar las aportaciones del Pacto por México para la vida pública, tam-bién es indispensable reconocer la disposición y responsabilidad de los actores políticos que han posibilitado avances importantes en diferentes aspectos


malización del multicitado acuerdo político. Desde entonces, los partidos con representación en el Congreso de la Unión, ya habían dado señales claras de voluntad para la aprobación de reformas de gran calado, así como para iniciar las discusio-nes sobre temas que más tarde formarían parte del Pacto por México.

Fue así como entre el 1º de septiembre y el 1º de diciembre del 2012, se aprobaron en el Senado de la República y en la Cá-mara de Diputados, la reforma a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental y la Reforma Laboral, enviadas por el Presiden-te Felipe Calderón en su modalidad de iniciativas preferentes.

Además, se presentó la iniciativa para la creación de la Co-misión Nacional Anticorrupción (CNA) y posteriormente, la reforma constitucional que fortalece las atribuciones del Insti-tuto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).

Las reformas descritas anteriormente, definidas en la agen-da mínima del Senado de la República antes de la firma del Pacto, reafirmaron la importancia de los órganos legislativos en nuestro Estado democrático de derecho y demuestran el compromiso de la LXII Legislatura por llevar a cabo las trans-formaciones legales, constitucionales e institucionales que el desarrollo nacional reclama desde hace tiempo.

También es correcto afirmar que todas se vinculan estre-chamente con el Pacto por México, ya sea porque coinciden en algunos de los temas contenidos en él, o bien porque comparten propósitos y metas.

Otra reforma que durante décadas se había venido poster-gando por la falta de acuerdos, de voluntad política y/o debido al cúmulo de intereses que en torno a ella la habían abortado tras algunos intentos, fue la Reforma Educativa, esta sí directa-mente vinculada con uno de los grandes acuerdos del Pacto. El que se refiere al arribo a una sociedad de derechos y libertades, y de manera particular, con una de las decisiones del Ejecutivo enmarcada en ese eje: el de la educación de calidad y con equi-dad, así como los diversos compromisos asociados a ello.

Por último son de señalarse algunas otras adecuaciones jurí-dicas que en días recientes han sido abordadas por el Congreso y en particular por el Senado, las cuales guardan plena consis-tencia con diversos compromisos del Pacto.

Se encuentran entre ellas, la reforma a la Ley de Ampa-ro, recientemente aprobada por las cámaras de Diputados y



Senadores, misma que constituye un verdadero parteaguas en materia de derechos en México. Pone a la vanguardia el siste-ma judicial mexicano y da cumplimiento a uno de los puntos programados en el Pacto por México.

Con la nueva legislación, la tramitación de los juicios de amparo será mucho más ágil, por lo que el amparo seguirá sien-do el principal instrumento de defensa de los derechos de las personas, frente a los actos arbitrarios de cualquier autoridad.

Pero esta reforma además, impedirá que los juicios de am-paro sean aprovechados para evitar la acción de la justicia, espe-cíficamente en aquellas áreas en donde se ha detectado un uso distorsionado de este instrumento jurídico. Los concesionarios de bienes de dominio de la Nación, si bien podrán solicitar amparos, no podrán gozar de la suspensión en contra de las resoluciones de la autoridad; con lo cual, se siguen procurando los derechos humanos de todas las personas.

Por esta razón, la reforma a la Ley de Amparo es también un precedente importante para la reforma que se avecina en materia de telecomunicaciones, pues no habrá impedimento alguno para que sus propósitos sean cumplidos, mucho menos utilizando perversamente figuras jurídicas instituidas exclusi-vamente para la protección de derechos.

Precisamente, la reforma en comento es otro de los frutos del Pacto por México, cuyos ejes principales son: 1) generar condiciones para la competitividad en los mercados de teleco-municaciones y televisión; 2) el fortalecimiento de los órganos reguladores; y 3) garantizar el derecho a la información, a través de la constitucionalización de la banda ancha.

Una vez que sea recibida la minuta proveniente de la Cá-mara de Diputados, el Senado de la República analizará a conciencia pero también con celeridad el asunto, con objeto de aprobar las reformas constitucionales necesarias y de inme-diato, trabajar en el diseño y sucesiva aprobación de las leyes reglamentarias correspondientes.

Otra de las reformas pendientes por atender en el Senado es la que se refiere a la regulación de la deuda pública de estados y municipios. El crecimiento de las deudas de algunas enti-dades federativas (deuda subnacional), ha obligado a plantear diversas reformas, tanto constitucionales como legales, para el manejo responsable de las finanzas públicas a nivel local. La idea consiste en emitir los lineamientos que han de regular estos instrumentos de financiamiento.



Hasta el momento existen diferentes propuestas que van desde facultar a los congresos (federal y locales) para vigilar las deudas, pasando por incrementar las aportaciones de la federación a las entidades federativas, hasta el establecimiento de un esquema en el que la Federación respalde el pago de las deudas estatales, siempre y cuando los gobiernos de las en-tidades federativas y de los municipios, cumplan con ciertos requisitos previstos en la ley. Todas estas propuestas habrán de valorarse para sacar adelante una legislación adecuada en la materia.

La agenda legislativa del Senado y el Pacto por México, tie-nen prevista la la discusión de otros temas como la revisión de las figuras de arraigo y testigos protegidos, así como la reforma a la Ley General de Víctimas.

En cuanto a las primeras, es necesario sentar las bases jurí-dicas que impidan que su uso derive en una sistemática viola-ción de derechos humanos.

Por otra parte, la Ley General de Víctimas, recientemen-te publicada por el Presidente Peña Nieto como muestra de sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en México, será reformada sin eliminar su esencia: la atención del Estado a las víctimas de delitos y la violación de derechos humanos. En el Senado se confrontarán las diferentes propuestas para redactar una ley operable y eficiente.

Queda aún por definirse el procedimiento para la aproba-ción de la reforma al fuero de servidores públicos y legisladores. Aquí la idea central consiste en evitar que la inmunidad cons-titucional se confunda con impunidad, acotando dicha figura para que la justicia se aplique para todos.

ConclusiónEn las páginas anteriores se han expuesto las funciones y des-crito algunos de los frutos del Pacto por México para la vida pública nacional. Es evidente que aún quedan muchos pendien-tes por atender pero también es claro que se están dando pasos en el camino correcto.


Queda aún por definirse el procedimiento para la aprobación de la reforma al fuero de servidores públicos y legisladores. La idea central consiste en evitar que la inmunidad constitucional se confunda con im-punidad, acotando dicha figura para que la justicia se aplique para todos


Sin importar los méritos del Pacto por México, sigue siendo un proyecto inacabado para cuya culminación es necesaria la participación de importantes sectores sociales y productivos, en aras de diseñar un plan de transformación viable, que además de respuesta a los problemas de los mexicanos.

Los sectores del PRI deberán incorporarse a la negociación no sólo para refrendar su importancia al interior del partido sino sobre todo para cumplir sus funciones de representación política.


Emilio Gamboa Patrón Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Ibe-roamericana. Fue Secretario de Comunicaciones y Transportes, Director General del IMSS, FONATUR y LOTENAL, senador y diputado federal. Actualmente es senador y coordinador de la fracción priista en el Senado.


Martha Sofía Tamayo Morales

Los grupos parLamen-tarios y eL pacto por méxicoEn las complejas sociedades modernas, los partidos políticos tienen una participación fundamental en el desarrollo de la democracia y los procesos electorales, así como en la conformación de los órganos de decisión política o de representación; además de ser instancias de intermediación entre el gobierno y la sociedad civil, crean las instituciones del Estado, pues son constructo-res del sistema de gobierno y de su consolidación.

En la historia universal, los partidos políticos reflejan el trán-sito de la sociedad feudal a la sociedad industrial; la burguesía que originó las revoluciones en Inglaterra y Francia requería de nuevos modelos de organización política, que contaran con reglas claras para la elección de la clase política, reglas que pro-movieran la circulación en los puestos de toma de decisiones.

En cuanto a su concepto, partido político lato sensu, se re-fiere a un grupo de personas con un interés común y partiendo



de esta acepción, el origen de los partidos podríamos buscarlo en los albores de las sociedades políticamente organizadas; por el contrario, si nos referimos a los partidos políticos en strictu sensu, hablamos de una organización que lucha por la obten-ción y mantenimiento del poder político, como medio para dar respuesta de acuerdo a sus principios, a la problemática que aqueja a la sociedad.

Los partidos políticos tienen que ver con los mecanismos de la democracia representativa, y actúan ante el poder establecido como gestores de políticas públicas y de soluciones legislativas.

Para llevar a cabo su trabajo en los órganos de representa-ción legislativa, estos institutos políticos se organizan mediante grupos parlamentarios que constituyen el espejo del sistema de partidos y si bien los grupos parlamentarios no son órganos formales del Congreso y tampoco lo son del partido, sirven de manera plena al gobierno interior de las Cámaras, ya que visibilizan el tamaño y fuerza de cada partido y permiten que se pueda designar de manera proporcional a los representantes ante las comisiones y demás órganos parlamentarios; al estar presentes en la normatividad interna del Congreso y de cada una de sus cámaras, se les está reconociendo como un órgano que vincula de manera institucional al Estado y al partido.

Se han denominado grupos parlamentarios, bloques parla-mentarios o bloques legislativos en países como Brasil, Ecua-dor, Guatemala o Paraguay; bancadas políticas en países como Bolivia, Perú o Paraguay; fracciones parlamentarias en países como Costa Rica o Nicaragua; bloques partidistas en la Re-pública Dominicana; sectores parlamentarios en Uruguay. El concepto se refiere a un número determinado de miembros del Poder Legislativo con la capacidad de participar en la toma de decisiones políticas de trascendencia para toda la población, a partir de la filiación partidaria.

Otra aportación de los grupos parlamentarios, es que redu-cen el número de posiciones sobre los temas a debate, pues sólo se llevan a tribuna las posturas de los partidos políticos que re-presentan, por lo que facilitan la negociación y dan legitimidad al proceso por llevarse a cabo en un ambiente institucionalizado.

El objetivo de reducir las posiciones sobre los asuntos pú-blicos ocurre en partidos que tienen una ideología clara y un programa de acción aceptado por sus militantes; los legisladores una vez electos representan a toda la Nación, cuentan con una ideología, principios y acciones que son públicos y que todo


los grupos parlamentarios y el Pacto por México

el electorado conoce y hace suyos al votar por determinada opción.

Por ello, un partido político que actúa conforme a sus re-glas internas sustentadas en procesos democráticos, al tomar determinaciones fundamentales, éstas son adoptadas por los militantes que se han adherido de forma voluntaria a este ente político y aun cuando pueda ser discutible, la unidad y la dis-ciplina partidaria, son legítimas y necesarias.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en una nota de política denominada “Desarrollo Parlamentario”1

publicada en abril de 2003, considera que a los órganos de Poder Legislativo y de representación política nacional les correspon-den las funciones de:

1. Promulgar las leyes;2. Representar y mediar los intereses de las diferentes cir-

cunscripciones electorales;3. Debatir y establecer prioridades políticas y asignaciones

de recursos y;4. Supervisar al Poder Ejecutivo por ser su contrapeso y

otorgar voz a la población en la formulación de las po-líticas públicas.

Afirma que el Congreso es el foro para el debate público; en él se construyen compromisos, se consiguen consensos y la forta-leza de estas instituciones garantiza la democracia, materializa el Estado de Derecho y sobre todo el respeto y la protección de los derechos humanos.

En las iniciativas legislativas que afectan, diseñan y defi-nen la vida de nuestro país, es donde se van conformando las estrategias y las prioridades políticas que impactan las relacio-nes intraorgánicas e interorgánicas del Estado, se procesan las iniciativas normativas que proponen las fuerzas políticas como soluciones a diversos problemas públicos.

El Congreso es un punto de equilibrio político entre los ór-ganos de poder, es decir, la expresión por excelencia del Estado Constitucional de Derecho; su existencia y naturaleza son la negación del autoritarismo y es en dónde se irradia legitimidad y democracia a la vida pública del país.

Para Kelsen existe una relación íntima entre parlamento, partidos y grupos parlamentarios y esta es la clave de la demo-

1. Visible en http://odh.pnud.org.do/sites/odh.onu.org.do/files/Parlamentry20Practise20Gui-de20Note20Span.pdf


cracia al afirmar que “la democracia, necesaria e inevitable-mente requiere un Estado de partidos”2; donde se discutan y resuelvan todos los problemas relacionados con la vida pública de los mexicanos.

Los grupos parlamentarios al ser interlocutores de los par-tidos, reciben de estos las directrices políticas y están obligados a llevar la voluntad popular a convertirse en política de Estado, para que la voluntad del gobierno corresponda a las demandas y necesidades de la sociedad; es aquí donde los grupos parlamen-tarios juegan un papel preponderante en el proceso de forma-ción de la voluntad colectiva, en el fortalecimiento y desarrollo del régimen democrático.

Situándonos en el México actual, advertimos que por más de tres lustros la actividad legislativa entró en un impase que impidió el avance y los acuerdos que propiciaran el desarrollo del país; por ello, cobra notoria trascendencia la figura del Pacto por México.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Pacto deriva de Pactum y se refiere a con-cierto o tratado celebrado entre dos o más partes que se com-prometen a cumplir lo estipulado.

El Pacto por México se suscribió al inicio de la presente administración. En él intervinieron los representantes de los principales partidos políticos y la Presidencia de la República, las negociaciones y mesas de trabajo se llevaron a cabo con profundos ejercicios de deliberación, lo que permitió lograr 95 compromisos con tareas concretas, perfectamente delimitadas de políticas públicas y acciones legislativas.

Lo más destacable de este logro democrático, es que su con-cepción, diseño y sobre todo su ejecución o materialización, no riñen con la autonomía y libertad de que goza el Poder Le-gislativo para decidir sobre lo que es su función sustantiva: la definición del andamiaje legislativo para la consecución de las


... habrá que reconocer que aun desafiando las críticas acérrimas de algunos segmentos al interior de sus pro-pios partidos, (los dirigentes) escalan esas posiciones extremas, sobreponiendo el interés superior de la Nación

2. Kelsen, Hans; Esencia y valor de la democracia: Forma del Estado y filosofía, Ediciones Coyoacán, México, 2005, pg. 37.


metas del pacto, que más allá de las reformas o leyes, lo que busca es resolver los grandes problemas nacionales.

Sin perder de vista que los gobiernos de coalición son más propios de los sistemas parlamentarios, hay que justipreciar la actitud del presidente de la República, quien compartiendo su facultad de presentar las iniciativas de ley necesarias para ma-terializar sus políticas, con visión de Estado, apeló a la madurez y profesionalismo de los políticos que están al frente de los principales partidos del país, convocándolos a un diálogo para determinar las prioridades del desarrollo nacional, y de éstos, habrá que reconocer que aun desafiando las críticas acérrimas de algunos segmentos al interior de sus propios partidos, esca-lan esas posiciones extremas, sobreponiendo el interés superior de la Nación.

En el Pacto por México se establecen compromisos agrupa-dos en cinco ejes considerados por los suscriptores como funda-mentales, la primera meta es lograr una sociedad de derechos y libertades como base para la igualdad de oportunidades de todos los gobernados; se definen las prioridades para un crecimiento económico sustentable; se determinan las acciones mínimas indispensables para la seguridad y la justicia, situación fun-damental para fortalecer el Estado de Derecho; estas acciones se complementan con propuestas claras sobre transparencia y rendición de cuentas para abatir la corrupción que tan costosa es para el desarrollo nacional. Por último se pactan y definen compromisos que abonan a la gobernabilidad democrática.

Con el primer gran eje, se busca lograr la inclusión de todos los sectores sociales a través de la seguridad social universal, combate a la pobreza, educación, cultura para la cohesión social, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, ya que no podemos avanzar en la democracia si no partimos todos los integrantes de la sociedad de los mismos presupuestos de igual-dad de oportunidades. En este tema existen varias concreciones como la Reforma Educativa que ya es una realidad constitucio-nal y su etapa de regulación secundaria está en marcha.

Los compromisos suscritos en el segundo eje contemplan todos los temas relacionados con el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la autonomía alimentaria a tra-vés del apoyo al campo, la definición de herramientas para el desarrollo, la tan esperada reforma en materia de telecomuni-caciones, que al día de hoy ya fue aprobada por la Cámara de Diputados; otro pendiente abordado en este eje es la promoción



de la innovación científica y tecnológica; se establecieron líneas claras para lograr la urgente reforma energética; una estrategia integral para fomentar la competitividad; la reforma hacenda-ria, que deberá ser integral para permitirnos contar con las bases necesarias para el desarrollo; tareas indispensables todas ellas porque sin los recursos necesarios no se pueden llevar a cabo los planes y programas de ninguna de las otras áreas.

El pacto propone en su tercer eje temático, diseñar un plan para la prevención de la violencia con la participación de la comunidad, reformar y transparentar los cuerpos policiacos, impulsar la implementación del sistema de justicia oral en todo el país, reformar de manera integral el sistema penitenciario y contar con un Código Penal y uno Procesal para toda la Re-pública: si no se vive seguro, no se puede disfrutar de ninguna otra prerrogativa.

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se abordan en los acuerdos del cuarto eje; estos son indispensables porque sin transparencia no puede haber fiscalización, sin fiscalización no hay rendición de cuentas; si no tenemos bases claras para la rendición de cuentas no pode-mos exigir resultados y fincar responsabilidades, en su caso, a quienes elegimos para que nos representaran; sin información no se pueden tomar decisiones democráticas.

Es indispensable contar con los mecanismos que nos permi-tan tener continuidad en el desarrollo nacional, en los planes de largo plazo y en la evolución democrática, independientemente de quien gobierne el país; para esto, el quinto eje propone regu-lar claramente la actuación de los partidos políticos como entes de interés público quienes, además, manejan recursos públicos; diseñar para el Distrito Federal un marco jurídico-político ade-cuado a la realidad; la eliminación de fueros, ahora innecesarios y que constituyen obstáculos para exigir a todos los servidores públicos su responsabilidad; y un tema de vital importancia para la vida política del país, revisar la vigencia de las disposi-ciones que proscriben la reelección para los legisladores.

La democracia es un proceso, una forma de vida y cada pueblo debe de diseñar sus propias instituciones democráticas. En México llevamos varias décadas probando instituciones y procesos democráticos y los intentos nos han llevado a una ausencia reiterada de acuerdos en los temas esenciales, situa-ción que ha dejado de manifiesto que lo que necesitamos no es simplemente la discusión pública de los asuntos, requerimos



construir una agenda legislativa previa; el Pacto por Méxicono se concibió para sustituir al Congreso, ni para evitar la discu-sión y la deliberación de los asuntos, por el contrario, lo que se pretende es lograr iniciativas cuyo contenido cuenten con la aceptación de los mexicanos, representados por las principales fuerzas políticas que lo suscribieron.

Finalmente, los grupos parlamentarios cohesionados por la unidad que deviene de sus partidos integrantes del Pacto por México, están cumpliendo con su función y al mismo tiempo, están definiendo una nueva forma de coadyuvancia y corres-ponsabilidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, haciendo realidad una hasta ahora inexplorada vía de acceso a consensos en pluralidad que fortalecen nuestra vida democrática.


Martha Sofía Tamayo Morales Fue senadora en las LVIII y LIX legislaturas, y dipu-tada federal en la LVII Legislatura. Actualmente es integrante del Consejo Rector del Pacto por México, consejera jurídica del CEN del PRI.


Blanca alcalá Ruiz

El PRI, un PaRtIdo ÚtIl a la dEmocRacíaEn el año 2000, la alternancia en el Poder Ejecutivo llevó al Partido Revolucionario Institucional a la oposi-ción durante doce años y fue la alternancia la que trajo de vuelta al PRI a la titularidad en la presidencia de la República en 2012.

El proceso de consolidación democrática de país nos ha puesto, nuevamente, al frente de los asuntos públicos. Ahora, frente a la perspectiva de una presidencia democrática y un gobierno eficaz, se abre una oportunidad inmejorable para que el partido, además de valorar su estructura organizativa y actualizar sus propuestas, revise los términos de la relación con la sociedad.

Estamos hablando de modernizar a nuestro instituto políti-co conforme las necesidades de un nuevo ciclo político. Se trata de refrendar y superar los vínculos con los ciudadanos y las organizaciones sociales. Ya no es suficiente con decir que el PRI es la organización política con mayor presencia en el territorio nacional o que somos la fuerza política de mayor influencia en la sociedad mexicana por ideología y tradición. El retorno a la presidencia de la República no puede acompañarse sólo con


Blanca alcalá Ruiz

este discurso: es necesario elevar la cantidad y la calidad del trabajo político.

En estos años, a pesar de ser oposición a nivel del gobierno federal, nuestro instituto político se mantuvo como el partido gobernante en el mayor número de entidades federativas y mu-nicipios del país y como la representación política más sólida en la mayoría de las legislaturas de los estados. Sin duda, ha sido la bancada con mayor número de iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso de la Unión y, por ello, constituimos la fuerza política prominente en todos los órdenes de gobierno, ya sea como partido gobernante o como oposición.

Pero todo esto no es suficiente en esta era de la alternancia. El carácter cada vez más volátil del voto está desplazando a la figura del voto duro, mismo que ya es insuficiente para ganar elecciones. Hoy la ciudadanía requiere de propuestas y acciones que mejoren su condición de vida y den respuesta a sus aspira-ciones. Precisamente por ello, estamos obligados a reconocer que fuimos desplazados a la oposición no sólo por el desgaste y la ineficacia de la acción de gobierno sino, también, por no cubrir las expectativas de lo que la sociedad esperaba.

La experiencia de estas dos últimas administraciones ha dejado en claro que las preferencias electorales incluyen el des-empeño gubernamental, las siglas del partido en términos de garantía y, sobre todo, el perfil del candidato. La enseñanza definitiva es que sólo se gana elecciones con plataformas sólidas y buenos candidatos.

Con ese aprendizaje la alternancia nos trajo de vuelta. El Partido Revolucionario Institucional ganó la elección presiden-cial y al mismo tiempo más diputados y senadores en el Con-greso Federal. Pero, insisto, esto no es suficiente. Hay, como señalan los especialistas, una amplia legitimidad de origen, sin embargo, nuestro triunfo debe reflejarse en acciones de gobier-no y en la consolidación de nuestro instituto político como una auténtica alternativa al servicio de la sociedad y la democracia. Estamos en el mejor momento para hacer del PRI una organi-zación política útil a la democracia y útil a un gobierno eficaz.

Relación con el ejecutivoSer oposición al gobierno federal durante doce años no sólo nos llevó a una reflexión profunda sobre cómo debe ser la relación del partido con la sociedad. También nos brindó la oportunidad de lanzar una mirada retrospectiva y prospectiva respecto del


el PRi, un partido útil a la democracia

papel que ha cumplido y cumple el partido en la lucha por el acceso al poder político. Doce años después, nos encontramos con un país diferente con una sociedad más compleja y nuevos desafíos para la democracia misma. Si bien hoy la característica de la sociedad es la pluralidad de la convivencia política, tam-bién se viven eventos de mayor polarización y confrontación.

Esta confrontación no solamente es entre personas o grupos sociales. Es un debate entre partidos que, en el fondo, revela visiones diferentes del futuro de México. Es un debate político sobre los temas de trascendencia nacional, sobre la forma como deberiamos enfrentar nuestros problemas y sobre qué deberían hacer las instituciones.

En la era de la alternación y la pluralidad política, nuestra mejor perspectiva, insisto, es constituirnos en una organización política que le sea útil a la democracia y colabore para lograr un gobierno eficaz. ¿Cómo lograrlo? Asumiendo responsable-mente que somos la mayor fuerza política, con la mayor capa-cidad para promover la transformación y, muy honrosamente, el partido del que emanó el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

No se trata de un partido que, por su condición de primera mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, se pro-ponga mayoritear a los demás actores políticos. Esa no es la fórmula utilizada por los priistas para resolver los asuntos de trascendencia nacional. Más bien nos proponemos establecer, y lo estamos logrando, nuevas bases para el desarrollo del debate político. Si todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso y en las legislaturas locales nos identificamos con los dictados constitucionales, es evidente que el debate debe centrarse sobre la forma de concretar de manera eficaz los con-tenidos programáticos de la Constitución.

De ahí la pertinencia del Pacto por México suscrito por el PRI, el PAN, el PRD y posteriormente el PVEM con la finalidad de brindar orden y racionalidad a la propuesta y el debate público, al definir de manera conjunta los temas cuya solución, entre todos, consideramos de mayor relevancia para fortalecer el desarrollo económico, político y social del país. De ahí que se haya visualizado al consenso como un elemento clave para superar nuestras diferencias en temas tan relevantes como la educación, la competencia económica, la reforma al sector energético, a la hacienda pública.

Un partido útil a la democracia, colabora con el Ejecutivo


en la integración del consenso sobre la base de que representa y participa de un mismo proyecto político, comparte una misma visión del Estado y de las acciones del gobierno. El Ejecutivo en funciones y el partido político que lo postuló, son ámbi-tos distintos pero compatibles de una democracia que pone su acento en los asuntos de orden político y no sólo en los aspectos procedimentales, lo que hace posible la convergencia, desde el ámbito de las respectivas competencias en proyectos comunes encaminados al bienestar general de la sociedad.

No se trata de que el Partido Revolucionario Institucional pierda su condición de fuerza política independiente frente a la institución presidencial. Tenemos una responsabilidad común respecto a un mismo proyecto, amplias coincidencias en torno a la agenda política nacional. Pero debemos entender que la insti-tución presidencial cumple funciones específicas de conducción de la administración pública, en tanto que el partido canaliza la participación política de los ciudadanos, e intermedia entre estos y los poderes públicos.

Para el mejor desempeño de sus atribuciones constituciona-les, la Presidencia requiere de la permanente interlocución y el consenso en el Congreso de la Unión y las negociaciones bien pueden dar inicio a través de la bancada del mismo partido de que emana quien preside el Poder Ejecutivo para la configuración de las mayorías necesarias. Sin embargo, los proyectos de mayor impacto normativo requieren de integrar mayorías calificadas con otros institutos políticos y, por tanto, un esfuerzo mayor de negociación, circunstancia que no siempre es viable por diferen-cias irreductibles en determinados temas, por la pugna al interior de los demás partidos políticos y, en algunos casos, por reproches incubados en el pasado inmediato. En este sentido, al partido le corresponde una parte importante del procesamiento y reducción de las diferencias y la integración del consenso en los proyectos que somete a consideración el presidente de la República. Cabe destacar que el Revolucionario Institucional es además un par-tido que, en las cámaras, cuenta con una disciplina partidaria sobresaliente y, al mismo tiempo, responsable.

Blanca alcalá Ruiz

En esta época de la alternancia, no estamos ya en la condición de acatar decisio-nes sin valoración y el titular del Ejecutivo tampoco se encuentra en la posición de convertirse por sí mismo en el gran legislador. La pluralidad política que ca-racteriza al Congreso debe ser asumida responsablemente


Por ello, como nunca antes, debemos estar dispuestos a la negociación y ser fieles a los principios democráticos y al debate ordenado. En esta época de la alternancia, no estamos ya en la condición de acatar decisiones sin valoración y el titular del Ejecutivo tampoco se encuentra en la posición de convertirse por sí mismo en el gran legislador. La pluralidad política que caracteriza al Congreso debe ser asumida responsablemente. Nuestra forma de proceder debe ser la persuasión y el debate razonable con las demás bancadas en el Congreso y en las legis-laturas de los estados, para lograr que nuestra visión de México sea compartida y prevalezca frente a otros intereses o frente a los poderes fácticos. Por ello se insiste que el PRI, desde el punto de vista estratégico, para serle útil a la democracia y par-ticipar en la construcción de un gobierno eficaz, debe mostrar sus mejores cualidades para la integración del consenso.

No desdibujarsePero en la integración del consenso es muy importante que el partido no parezca desdibujado en el escenario político. No desdibujarse implica, en primer lugar, no privilegiar el acuer-do con los demás partidos por encima del ideario político, ni privilegiar la coyuntura gubernamental en detrimento de una visión estratégica de largo plazo. Somos el partido gobernante; participamos del mismo proyecto político de Nación con la Pre-sidencia de la República, compartimos la misma base social y constituimos una sola fuerza. No obstante, gobierno y partido, hemos dicho, cumplimos funciones diferentes que es necesario precisar en beneficio de la gobernabilidad democrática.

Somos el partido de mayor tradición política en el país y el de mayor experiencia en la conducción de los asuntos públicos. Tenemos estructura partidaria en todo el territorio nacional como ninguna otra fuerza política. No podemos dejar de opi-nar sobre los temas públicos aquí y allá, en Yucatán, Puebla, Tamaulipas o Sonora. No podemos dejar de vigilar a nuestros gobernantes y tampoco vamos a sacrificar principios en aras del consenso. La suscripción del Pacto por México ha significado el traslado del centro de gravedad del acuerdo básico nacio-nal del Congreso hacia los partidos políticos. No obstante, el debate, tarde o temprano, siempre ocurre en el Congreso. En ese espacio de oportunidad intervenimos responsablemente, de manera crítica y damos seguimiento y forma a las iniciativas de ley que derivan de los acuerdos básicos, tal como ha pasado



con las reformas constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones.

Históricamente, las grandes transformaciones del país han sido discutidas en y con nuestro partido, circunstancia que no será diferente con la nueva administración de gobierno. Esta-mos acostumbrados a ser protagonistas del debate nacional. No podemos dejar de participar de la discusión pública, ni dejar pasar posturas complacientes en las administraciones de gobierno. Y, precisamente, no podemos porque no somos un instrumento del gobierno, sino el partido gobernante que respalda políticamente y empuja estratégicamente políticas públicas. Esto significa que, desde la representación política, nuestros legisladores forman parte del mismo gobierno y son corresponsables del desempeño público de los servidores que, siendo muchas veces integrantes de nuestro partido, cumplen una función en el servicio público que no debería ser ajena a su militancia.

Una forma de apoyar a un gobierno eficaz es mantener viva nuestra opinión y no declinar o desdibujarnos ante las posturas de otros. Nuestra opinión es valiosa para el Presidente y para todo su gabinete, porque es una opinión que parte de nuestra experiencia y vocación, además de que expresa el pulso de los escenarios del debate público en el Congreso federal, en las legislaturas locales e, incluso, en las plazas públicas. En este sentido, el PRI no puede perder su perfil combativo ni ocultar su rostro crítico ante las demás fuerzas políticas. Reitero, hoy se vive una pluralidad política que nos incluye y de la cual somos protagonistas esenciales. Y esto no es un llamado a la indisciplina, sino una convocatoria razonable a la instituciona-lidad, a favorecer una gobernabilidad democrática basada en la participación sólida y digna de los militantes del partido.

Abrirse a la sociedadAl partido le corresponde ser instrumento que garantice la participación política de los ciudadanos. Le toca identificar las necesidades sociales y convertirlas en propuestas de solucio-nes políticas. Además de la parte deliberativa, nos corresponde mantener vivo el trabajo con las bases sociales, alimentarlas, incentivarlas y garantizarles mayores expectativas de partici-pación a través de procesos democráticos.

Por ello, en el contexto de un partido útil a la democracia, es necesario fortalecer las prácticas democráticas a nuestro. Que la

Blanca alcalá Ruiz


representación política sea accesible y posible, y que el acceso a las candidaturas de cualquier tipo sea transparente e inobje-table. Para que esto ocurra, debemos modernizar los requisitos de participación en los cargos de dirección del partido así como los de representación política. Eliminar aquellos conceptos y requisitos que constituyen filtros o candados, con la finalidad de dar muestras de apertura y de plena convicción democrática, es decir, criterios que amplíen la confianza de las bases en sus dirigentes.

Incluso, debemos mantenernos abiertos a la posibilidad de que personas que simpatizan con nuestro ideario accedan a las candidaturas de representación popular. Hoy debemos consolidarnos como un partido moderno a partir de prácticas plenamente democráticas, y me refiero a la democracia como vocación, no como procedimiento. Todos los sectores y las or-ganizaciones sociales que nos integran, deben comprometerse con la institucionalidad democrática y eliminar cualquier ex-presión autoritaria que resulte contraria al interés democrático del partido.

La institucionalidad democrática debe permear todo nues-tro andamiaje: reglas, procedimientos, elecciones, integración de consejos, formación de cuadros e, incluso, los procesos con-tenciosos. Todo para obtener la confianza de la militancia y la legitimidad en la sociedad. Por ello, las organizaciones sociales que nos conforman, deben reflejar al partido moderno que pre-tendemos ser, un partido responsable con el contexto nacional e internacional de hoy día.

Si somos un partido útil a la democracia, con una presencia visible en la pluralidad política, con una vida interna plenamen-te democrática; estamos en la mejor oportunidad para colaborar con un gobierno eficaz, un gobierno que combate la corrupción, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, observa la aplicación eficiente de los recursos públicos, se mantiene res-petuoso y fomenta los derechos fundamentales de la sociedad; identifica las áreas de oportunidad para el desarrollo económico y cumple sus objetivos en materia pública. En fin, se trata de un gobierno ajeno a la demagogia e intolerante con la impunidad, obligado a reconstituir al Estado en toda su plenitud y fortaleza.

El partido, en ese sentido, se convierte en un instrumento para fortalecer el consenso social en las políticas públicas más importantes que emprenda el gobierno, tales como la Cruzada Nacional contra la el Hambre, sin la pretensión de obtener be-



neficios injustificados en los procesos electorales. Toda acción gubernamental que respalde el partido, debe ser vista como una oportunidad para resarcir a la sociedad de las carencias a que ha estado expuesta durante años.

Y en ese sentido, el propósito es abstenerse de inducir bene-ficios que generen clientelas o condicionamiento de los apoyos a la ciudadanía. Esa es la mejor forma de colaborar con el gobier-no eficaz que propone el presidente Enrique Peña Nieto: una presidencia democrática y un partido útil a la democracia es la mejor forma de acompañarnos. Procuremos, pues, la defensa de la política pública y abstengámonos de cualquier complacencia. Un partido que se precie de su vigencia democrática no olvida en ningún momento que está permanentemente involucrado en la lucha por el poder político y que no hay objetivo partidario que no esté dirigido al acceso al mismo sobre la base del respeto de la institucionalidad democrática.

Blanca alcalá Ruiz



Blanca Alcalá Ruiz Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, maestra en Administración Pública por el INAP y candidata a Doctor por el Instituto de Administración Pública de Veracruz. Diputada local a la LVIII Legislatura, Presidenta Municipal y Secretaria de Finanzas de Puebla. Directora del Instituto Poblano de la Mujer, Delegada de BANOBRAS y Secretaria General del CDE de Puebla. Senadora de la República.

Esta edición consta de 6,000 ejemplares

y se terminó de imprimir en marzo de 2013 en los

talleres de Promodel Diseño S.A.de C.V. Juárez #18-A,

Tlacopac San Ángel, Deleg. Alvaro Obregón,

C.P. 01040, México, D.F.

Confluencia XXI, Órgano Teórico Trimestral del Partido Revolucionario Institucional

asamblea nacionalen tal escenario se realizó la xxi asamblea nacional, bajo la coordinación de...

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