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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 22(Martes 9 de junio de 2015)

SEGUNDA LEGISLATURA(Del 1º de mayo 2015 al 30 de abril 2016)

PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS(Del 1º de mayo de 2015 al 31 de julio de 2015)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOSÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

Acta N.º 22 de 09-06-2015

Acta de la sesión plenaria N.º 22Martes 9 de junio de 2015

Primer período de sesiones ordinariasSegunda legislatura

DirectorioRafael Ortiz Fábrega

Presidente

Juan Rafael Marín Quirós Natalia Díaz QuintanaPrimer secretario Segunda prosecretaria

Diputados presentes

Alfaro Jiménez, José Alberto Leiva Badilla, JohnnyAlvarado Bogantes, William López, ÓscarAlvarado Muñoz, Gerardo Fabricio Marín Quirós, Juan RafaelÁlvarez Desanti, Antonio Molina Cruz, EmiliaArauz Mora, Marta Arabela Mora Castellanos, Ana PatriciaAraya Sibaja, Edgardo Vinicio Mora Jiménez, HenryArce Sancho, Michael Jake Morales Zapata, Víctor HugoArguedas Mora, Jorge Arturo Ortiz Fábrega, Rafael ÁngelArguedas Ramírez, Carlos Manuel Piszk Feinzilber, Sara Ángela (cc Sandra)Atencio Delgado, Ruperto Marvin Prendas Matarrita, Karla VanessaCamacho Leiva, José Francisco Quesada Santamaría, CarmenCambronero Arguedas, Javier Francisco Ramírez Aguilar, José AntonioCampbell Barr, Epsy Alejandra Ramírez Zamora, Gonzalo AlbertoCarrillo Guevara, Suray Ramos Madrigal, RosibelClarke Clarke, Maureen Cecilia Redondo Poveda, MarioDíaz Quintana, Natalia Redondo Quirós, Marco VinicioEsquivel Quesada, Abelino Rodríguez Araya, JorgeFallas Rodríguez, Ligia Elena Rojas Astorga, Julio AntonioGarro Sánchez, Laura María Sánchez Venegas, Silvia VanessaGonzález Ulloa, Rolando Segura Retana, AracelliGuerrero Campos, Marcela Solís Fallas, OttónGuevara Guth, Otto Trejos Salas, LorellyHayling Carcache, Danny Vargas Corrales, HumbertoHernández Álvarez, Carlos Enrique Vargas Rojas, GerardoJiménez Succar, Juan Luis Vargas Varela, Gerardo

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

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Acta N.º 22 de 09-06-2015

ÍNDICE

PRIMERA PARTE.................................................................................................................4

Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 021...........................................................4Suspensión de derechos y garantías................................................................................4

Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa...........................................4

Comparecencia de la señora contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, ante este Plenario Legislativo.........................................................................................27


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Buenas tardes.

Al ser las catorce con cincuenta y ocho minutos, y con cuarenta y dos diputadas y diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 22, correspondiente a hoy 9 de junio del 2015.

PRIMERA PARTE

Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 021

En discusión y aprobación el acta ordinaria número 21.

Discutida.

Aprobada.

Suspensión de derechos y garantíasNo hay.

Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa

Antes de pasar a la parte de control político, se ha presentado una moción que le ruego al señor secretario sirva darle lectura.

Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:

Moción de orden

Varios Diputados y Diputadas hacen la siguiente moción:

Para que se autorice a la Presidencia Legislativa a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria, una vez concluida la intervención de la señora Contralora de la República en el Plenario legislativo.


Por el orden, don Gerardo Vargas Varela.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Gracias, señor presidente.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Señor presidente, en jefes de fracción se tomó un acuerdo que decía que a la señora contralora no se le podía hacer una interpelación, que era una comparecencia. Y se acordó en jefes de fracción que la señora contralora venía, exponía una hora, terminábamos, inmediatamente los diputados y las diputadas pasábamos al Salón de Expresidentes y que ahí se iba a hacer la sesión extraordinaria de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

No sé en qué momento se reunieron los jefes de fracción para revocar el acuerdo que ya se había tomado, pero como jefe de fracción del Frente Amplio quiero manifestar que en ningún momento se me pidió criterio para revocar el acuerdo.

De tal manera que si se va a hacer una interpelación de la señora contralora, no tengo problema de que hagamos una interpelación y desde aquí, desde estas curules, le vamos a preguntar a la señora contralora.

Pero si no hubo revocatoria del acuerdo, no acepto como jefe de fracción del Frente Amplio que la sesión posterior se vaya a hacer aquí, porque eso nunca fue ni consultado ni hablado en jefes de fracción.

Si se va a interpelar, desde ya le adelanto, señor presidente, que los diputados del Frente Amplio vamos a hacer uso de la palabra desde aquí en el momento que la señora contralora termine, porque eso que se hizo aquí nunca fue hablado, nunca fue consultado y nunca se nos dijo que se iba a cambiar el acuerdo que se tomó en jefes de fracción.

No se vale, señor presidente, que tomen acuerdos pasando por encima de lo que se decide en jefes de fracción.


Don Marco Vinicio Redondo Quirós.

Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós:

Nosotros quisimos ser bastante respetuosos en esta línea, inclusive optamos por ceder. Pero efectivamente esto fue un acuerdo en jefes de fracción y yo creo que lo que aquí nos están haciendo es prácticamente una burla, porque no está conforme a lo que habíamos planteado, y también con esto se estarían eliminando algunos de los derechos que la misma moción tenía originalmente.

Y procedo a leerlo. La moción dice: Para que se apruebe citar al Plenario a la señora contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, al efecto de que en comparecencia se refiera a los contenidos de la Memoria Anual de la Contraloría del año 2014, así como las interrogantes y comentarios de los diputados y diputadas.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

En otras palabras, lo que nosotros aprobamos acá fue no solamente la presencia de la señora contralora y su exposición, sino que también así como las interrogantes y comentarios de los diputados y diputadas.

Estuvimos de acuerdo en que solamente se diera la exposición de la señora contralora y que después, acto seguido, pudiéramos hacerlo afuera en Expresidentes, aunque nosotros no tuviéramos el deseo de que de esa manera se hiciese, pero sí estuvimos dispuestos a respetar, y que ahora tengamos el escenario en el mismo Plenario, pero sin tener la condición de diputado formalmente en una sesión normal, en donde podamos hacer justamente las preguntas que nosotros quisiéramos hacer, creo que se nos están lacerando los derechos.

Y lo digo porque en el escenario mismo se presenta, a diferencia de lo que se planteó, y desde ese punto de vista considero, señor presidente, compañeros del Directorio, compañeros diputados y diputadas, que aquí se nos están violentando nuestros derechos, y lo más triste de todo es que está en contra del acuerdo que nosotros tomamos.

Así es de que, al igual que los compañeros del Frente Amplio, nosotros procederemos inmediatamente terminada la exposición a realizar nuestros cuestionamientos y nuestras preguntas en el seno del Plenario.


Tiene la palabra el diputado Juan Luis Jiménez Succar.

Diputado Juan Luis Jiménez Succar:

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

Ahora cuando entré me sorprendí de ver instalado acá en el Plenario legislativo este mobiliario y pregunté de inmediato que qué era, que si habían reubicado la Comisión de Ingreso y Gasto Público a este Plenario legislativo.

E indagando me han dicho que, a raíz precisamente de un foro que hay a las seis de la tarde, un foro energético organizado por este…, por el despacho mío, en ningún momento nadie me consultó de que inclusive hasta manifestaron que yo dije que sobre mi cadáver no se hacía eso en el Salón de Expresidentes; absolutamente falso.

Y yo les pido a los señores jefes de fracción que hagan un receso de quince minutos y que reubiquen este mobiliario en el Salón de Expresidentes y nos esperamos al inicio del foro hasta las seis de la tarde o hasta las seis y treinta que termina la señora contralora con nosotros los diputados.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

A mí me parece igual, que no dejemos como precedente que se instale en este Plenario legislativo una comisión que no es el Plenario legislativo.

Muchas gracias.


Don Juan Luis, —disculpe, don Jorge— aquí hubo un malentendido y yo quiero con toda la transparencia…, alguien me dijo que usted tenía eso ahí y que tenían que instalar eso inmediatamente.

Yo voy a pedir un receso y que saquen eso de aquí y se hace ahí a las seis de la tarde, se lo agradezco.

Y le pido disculpas, don Gerardo, le pido disculpas, don Marco. Aquí alguien me quiso engañar y eso no lo voy a tolerar.

Así que inmediatamente me sacan esto de aquí y vamos a hacerlo como se acordó en jefes de fracción.

Le agradezco mucho su franqueza.

Sí, don Jorge Rodríguez.

Le pediría hacer esto rápido…

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

En esa misma dirección, usted no tiene por qué apechugar con los problemas que no son suyos. Déjeme decirle, señor presidente, que si no se está de acuerdo simple y llanamente porque esta es la primera vez en la historia de este país que entra la señora contralora aquí, a dar un informe.

Diay, simple y llanamente no entra. Se terminó y asunto concluido. Pero no vengan a amenazar tampoco, Gerardo ni Marco, que ustedes se creen dueños de la verdad absoluta. ¿Quién les dijo a ustedes que en ningún momento se puede transformar esto en una sala de comisión?

Lo hemos hecho nosotros mismos, así que no se están cambiando reglas. Y si engañaron al señor presidente con mucha más razón, yo diría, señor presidente, simple y llanamente no se recibe y continuamos la reunión común y silvestre como se ha hecho.

Pero no es para pararse uno aquí y se dice: esto no se hace, y si no, vamos a hacer una interpelación.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Yo siempre entendí que no iba a ser una interpelación, y si no que entre y yo comienzo a hacer la interpelación porque yo puedo. Así que no es con amenaza cómo aquí vamos a llegar a mantener nosotros un diálogo y a llegar a consensos. No, no, no, es razonando.

Por esa razón, valga la redundancia, señor presidente, el receso ojalá de quince minutos ya para ver si llegamos a un acuerdo todos los…


Don Jorge, yo le pediría ya terminemos.

Vamos a decretar aquí un receso para que instalen eso aquí a la par y lo reiniciamos en treinta o treinta y cinco minutos.

Don Jorge, ya vamos a suspender, después con mucho gusto.

Con cuarenta diputadas y diputados presentes, reiniciamos la sesión.

Está en discusión la moción de orden que le voy a solicitar a la señora segunda secretaria se sirva darle lectura.

Ruego...

Segunda secretaria Karla Vanessa Prendas Matarrita:

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Plenario legislativo.

Moción de orden

De varios diputados y diputadas:

Para que se autorice a la Presidencia Legislativa a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria, una vez concluida la intervención de la señora Contralora de la República en el Plenario Legislativo.


Muchas gracias.

En discusión. Discutida.

Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados ocupar sus curules y a los señores ujieres cerrar las puertas.

Gracias.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Hay en el salón de sesiones cuarenta y dos diputadas y diputados presentes. Los que estén de acuerdo en aprobar dicha moción de orden, les ruego se sirvan ponerse de pie. Cuarenta y dos diputadas presentes; cuarenta y dos han votado a favor. Aprobada.

Don Gerardo Vargas Varela, tiene la palabra.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Gracias, presidente.

Para reconocer, presidente, su entereza y su firmeza para resolver este asunto, que desde todo punto de vista no le fue bien informado, señor presidente.


Gracias.

Vamos a continuar con el control…, don Mario Redondo.

Diputado Mario Redondo Poveda:

Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

Yo quiero aclarar en lo que a mí corresponde como presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Nosotros fuimos notificados por el Departamento de Protocolo que no se podía utilizar la Sala de Expresidentes, porque había sido facilitada desde abril a una actividad del diputado Jiménez Succar. Y que en ese sentido la opción que quedaba era Beneméritos o hacerla allá mismo en la comisión.

Nosotros planteamos que hacerla en Beneméritos era impropio, porque el objetivo es que participaran la mayor cantidad de diputados y que nosotros no veíamos razón, y así lo reiteré en tres distintas oportunidades, por qué una actividad de un diputado iba a tener preminencia sobre la actividad de una comisión.

Ellos plantearon, entonces, la opción alternativa de hacerla acá en virtud de que dicen que así se hizo cuando en la época del Tratado de Libre Comercio, se sesionaba aquí, en el Plenario, termina la sesión plenaria y continúa la sesión de comisión.

Me invitaron a ver lo que habían montado, hoy después de que salí de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, a las dos de la tarde aproximadamente.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Yo les dije que no me gustaba y que seguía pensando que no me parecía que la actividad de un diputado tuviera preeminencia para el uso del Salón de Expresidentes sobre la de la Comisión de Asuntos Sociales.

Sin embargo, y le quiero decir, señor presidente, yo entiendo que cuando cualquier otro órgano administrativo de la institución está hablando, lo contacta a uno en calidad de presidente de una comisión, es que porque ya es una disposición obviamente que viene o del Directorio o de… que es algo conversado con la Presidencia.

No era lo que yo prefería, pero si esa era la única opción que se planteaba, yo dije que en esa tesitura, pues, que estaba anuente.

Pero, obviamente, no fue que yo solicité que se sesionara acá, ni que yo estuviera de acuerdo con ese mecanismo, ni nada que se le pareciera.

Desde un principio, cuando me contactaron dije que el ideal, y así lo habíamos establecido, era que fuera en la Sala de Expresidentes, cosa que se me dijo que no era posible por la actividad que ya desde abril se había establecido para esos efectos.

Pero quiero dejarlo en claro, a efecto de que no se malentienda.


Gracias, don Mario, tomamos nota.

Diputado don Ottón Solís.

Diputado Ottón Solís Fallas:

Gracias, diputado presidente.

Quiero felicitarlo por la manera determinante, contundente, en que usted ha tomado una decisión para arreglar un entuerto que, en otras circunstancias, se hubiese llevado aquí veintidós recesos.

Quiero felicitarlo, hay mucha gente en su posición… en posiciones de poder que le tienen miedo a una silla, y a este país le hace falta que se mande, que se den órdenes, que se tomen decisiones, que se les diga a los jerarcas, que los jerarcas en lugar de estar montados en un avión den órdenes y conduzcan e incrementen la eficiencia de este país.

Lo felicito; usted preside uno de los poderes del Estado, requerimos esa actitud en todo lo demás que usted le toca hacer aquí, y de todos los presidentes de poderes del Estado.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Pocas veces vemos eso acá, es un palanganeo y un temor a la silla, al escritorio desde el cual se deben dar órdenes y hace falta en Costa Rica que administremos este país con eficiencia, porque gastamos un dineral y no se ve lo que ocurre con ese dinero, porque a veces las leyes y a veces la inoperancia hace que las cosas no ocurran.

Mi felicitación, presidente, siga así y vamos a tener que reelegirlo aquí por tres años más.


Gracias.

Don Rolando González Ulloa.

Diputado Rolando González Ulloa:

Señor presidente, yo quisiera hacer una petición muy sentida a su autoridad. Hoy hubo un intento de funcionarios, que no conozco, no sé quién decidió para que todo saliera bien, y de pronto nosotros entramos en un frenesí político, que podría conducir a que se reviente el hilo por lo más delgado.

Aquí se han hecho sesiones de comisión después del Plenario legislativo, muchas veces, muy concurridas, muy dramáticas.

No se puede usar el Plenario legislativo cuando sesiona para actividades distintas.

Hoy coincidieron en el calendario dos actividades en Expresidentes y alguien que no se dijo, porque no se ha dicho y mejor que no se diga, consideró que esta era una opción interesante, inteligente y conveniente.

La reacción de los colegas, jefes de fracción, es válida y es de recibo y la decisión de la Presidencia es correcta, aplicable y oportuna.

Pero, ojalá que no se reviente el hilo por lo más delgado porque también sería una injusticia.

Gracias.


Gracias, diputado González Ulloa.

Diputado don Víctor Morales Zapata.

Diputado Víctor Hugo Morales Zapata:


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Gracias, señor presidente; buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.

De igual manera como lo han manifestado otros compañeros, al ingreso al Plenario, en virtud de que vine muy temprano, empecé a conversar con algunos al respecto de lo que nos habíamos encontrado acá.

Y en ese sentido, incluso al compañero Mario Redondo, en virtud de ser presidente de la comisión, le hice observar que era importante que él aclarara la situación, porque se estaba generando un ambiente que no era propicio para lo que nos corresponde en el Parlamento.

Presidente, yo me uno a la decisión tomada por su persona, y lo felicito sobre todo porque cuando se está sentado en una silla del Primer Poder de la República, o una silla presidencial, no solamente hay que darle paso al elemento aquel que todo ser humano tiene de deseos dictatoriales.

Porque eso fluye y nos puede engañar.

Su virtud no solamente fue la energía, sino es una virtud que algunos que han pretendido las presidencias y no la obtienen. Dichosamente el pueblo ha sabido reconocer que no tienen un elemento que usted hoy demostró, y es su señorío y su sentido de oportunidad en el uso de la autoridad.

No vaya a ser que nos confundamos con que en Costa Rica requerimos un dictador que nos venga a gobernar, eso sería ya lo peor que nos puede suceder, y en ese sentido, señor presidente, lo felicito por la oportunidad entendida y bien llevada a cabo y que puso serenidad en este Parlamento, creo que eso sin duda alguna, es un mérito que usted merece.

Muchas gracias.


Gracias.

Don Marco Redondo y luego don Óscar López, con mucho gusto, don Óscar.

Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós:

Sí, señor presidente, muchas gracias.

Yo creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Cuando se tomó la decisión en jefes de fracción fue hace poco más de quince días, creo que tuvo que existir tiempo suficiente para poder controlar la situación, para poder definir qué tiene prioridad y qué no, y que al final pues se hiciera todo en cuanto se había planteado en jefes de fracción.

Yo sé que usted se encuentra con una situación difícil, también reitero lo que han establecido los compañeros, me parece muy oportuna su actuación, pero también es muy importante de que a nivel administrativo cada quien sepa cuál es su función, así como usted ha demostrado que sabe cuál es la suya acá.

Porque parece mentira yo creo que acá hay más de un pato que le está tirando a las escopetas, y yo creo que es parte de lo que tenemos que cambiar en el Primer Poder de la República.


Gracias, diputado Redondo Quirós.

Don Óscar López, diputado don Óscar López.

Diputado Óscar López:

Buenas tardes, presidente.

Compañeras, compañeros, quiero informarles que hay un chat de asesores de este Plenario, ni más ni menos que los asesores suyos y míos y desde las diez de la mañana con diecinueve minutos ya se hablaba en el chat de nuestros asesores de Plenario que se iba a hacer esto.

Yo, por supuesto que sin menospreciar la actuación del señor presidente de la Asamblea, yo quisiera dejar claro que los asesores nuestros de Plenario, que no son una isla en esta Asamblea Legislativa, ya sabían porque ya habían comunicado en el chat lo que se iba a hacer.

Uno intuye que era la comunicación que venía de los diputados y esto que sirva como reflexión de cómo trabaja el equipo de asesores del Plenario.

Por otra parte, fue recurrentemente común en la época del TLC, porque yo era diputado en esa época encontrarse esto acá y era normal.

Y una llamada adicional: qué falta que nos hace un edificio decente a esta Asamblea Legislativa, ojalá que la prensa en este país dé cuenta de lo acaecido para que nos demos cuenta de que nosotros cuando un diputado como el Tigre pide una sala aquí se hace un caos terrible, porque es parte del problema, la falta de espacio en que nosotros trabajamos digno y decoroso para el Primer Poder de la República.


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Acta N.º 22 de 09-06-2015

Todo esto se evitaría si nosotros damos el paso de tener un edifico acorde con la circunstancia de un país que necesita una Asamblea Legislativa remozada y decente, de manera infraestructural por supuesto.

Y reitero que nuestros asesores ya tenían conocimiento de esto desde las diez y diecinueve minutos, ya era información en el chat de los asesores que esto se iba a hacer acá, no entiende realmente uno al final qué fue lo que sucedió.

Gracias, presidente.


Gracias.

Yo les voy a pedir, y gracias por las palabra de apoyo, vamos a…, todo esto nos tiene que dar una lección de cómo tenemos que coordinar mejor, y lo que quisiera es que continuemos.

Hay compañeros que tienen preparadas intervenciones de control político, nos da el tiempo necesario si comenzamos ahora mismo para poder no atrasar a la señora contralora.

Así que le pediría al diputado Gerardo Vargas Rojas, que le ha…, bueno, le ha cedido el tiempo a don Jorge Rodríguez Araya para iniciar de inmediato el espacio de control político.

Adelante, don Jorge.

Control político

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

Ayer le parecía a uno escuchar el himno allá en los altos de San Cristóbal cuando Rolando hablaba de la muerte de uno de los caudillos de Liberación Nacional, cuando se hizo mención de José Figueres Ferrer.

Hoy, nosotros, los que también seguimos o siguieron al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, tenemos que decir que hace cuarenta y cinco años lo vimos partir.

Se vio partir a un hombre bueno, a un hombre que por eso escogió esa profesión, al doctorcito como se le llamaba. Pareciese que estas fechas no son importantes ni para los unos, ni para los verdes y blancos, ni para los rojos y azules, pero si hay un legado que nos han dejado, el legado que dejó el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia se ve hoy en el Partido Unidad Social Cristiana.


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Y quien lo quiera negar está negando su historia, y un país o un pueblo sin historia es un pueblo sin esperanza.

Un hombre que se dio a los suyos, un hombre que pensó, visionario, que vio una Costa Rica diferente y por eso creó la Universidad de Costa Rica. Un hombre que pensó en que los que menos tenían deberían tener derecho a la salud, y por eso entonces se creó la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fueron tantos sus logros, señor presidente, señoras y señores diputados que cualquier monumento que se le haga al uno o al otro es pequeño.

Por eso es que este diputado hoy está sumamente preocupado por lo que pueda ocurrir al Monumento de las Garantías Sociales con los trabajos que se van a hacer, y aún no hay una respuesta de dónde va a ir ese monumento o dónde se van a custodiar también estas estatuas.

Quiere decir, señor presidente, que al hablar hoy de quien nos dio origen a nosotros, de quien nos inspiró, de quienes hemos llevado de un lado para el otro su mensaje, de quienes hemos sido sus apóstoles, de quienes hemos predicado su doctrina, hoy, justamente, estamos celebrando cuarenta y cinco años de su muerte.

Qué pena que ya no hayan hombres como este, qué pena que también no hayan hombres de la talla de José Figueres Ferrer, qué pena que no hayan hombres de la talla también de monseñor Sanabria, qué pena que no hayan hombres de la talla también de Manuel Mora, porque nosotros, los de hoy ya no somos los mismos de entonces. Esto es parafraseando o tratando de cambiar algunas palabras de lo que otro escribía y no que son mis propias palabras.

Sea hoy, entonces, señor presidente, este momento de control político para elevar una oración al cielo en nombre de toda esa familia, en nombre de todos los mariachis, y decir que nuestro partido aún vive, que el doctor no ha muerto, que está en los corazones de nosotros.

Y ahora cuando nosotros levantemos esa bandera rojo y azul, cuando vayamos en busca de nuevas ilusiones, de nuevas esperanzas, de nuevas fantasías, escucharemos siempre su voz, sus consejos, al igual que la carta socialcristiana también que nos legaron su hijo y otros más.

Sea este un homenaje póstumo para dos grandes que cayeron veinte años después el uno del otro.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


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Gracias, don Jorge.

Continúa en control político el diputado don Antonio Álvarez Desanti.

Diputado Antonio Álvarez Desanti:


Quería referirme a algunos comentarios que hizo ayer don Henry Mora sobre la discusión que tenemos en torno a si es procedente trasladar el cobro de la vía judicial a la vía administrativa por parte de las autoridades de Tributación Directa.

Me parece que es importante que don Henry conozca e indague cuál es la posición que ha venido manteniendo al respecto el Colegio de Abogados y cuál es la posición que se ha venido manteniendo también por parte de otros colegios profesionales.

No obstante, me parece que por tratarse de un tema jurídico es importante lo que define el Colegio de Abogados.

Pero quisiera referirme a dos hechos que se repiten con mucha insistencia, el primero de ellos a que este procedimiento existe en otras naciones, y aquí vuelvo a decir una vez más, no se puede comparar el derecho de otro país como el de una nación como Costa Rica, porque no son cosas que se puedan calcar como que si se tratara de gemelos.

Hay otras naciones en donde, por ejemplo, en el sector privado si alguien deja de pagar un vehículo no tiene que ir a remate, simplemente el acreedor va y toma el vehículo sin necesidad del proceso judicial. Eso en Costa Rica no lo podríamos aceptar, porque estaríamos pensando que no es viable que el acreedor sin necesidad ni intervención de un juez pare al que conduce un vehículo, lo baje del carro y tome posesión de ese vehículo a partir de ahí, y eso es permitido en otras legislaciones.

También hay legislaciones en las cuales se puedan interferir teléfonos, se pueda incautar comunicaciones sin necesidad de que haya una orden de un juez que viole la confidencialidad y el principio a la confidencialidad que tiene una persona, salvo que los tribunales de justicia levanten ese derecho y autoricen a las autoridades a realizar escuchas e intervenciones telefónicas.

Pero hay otros países en donde los cuerpos policiales pueden y tienen la atribución de intervenir teléfonos y de incautar correspondencia, e incluso, de realizar allanamientos sin necesidad de que exista una orden judicial.


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También en algunos de estos países en los cuales existe el cobro administrativo también existe la detención administrativa, sin necesidad de que opere una orden judicial, y se puede detener a una persona porque se le considere sospechoso de casos de terrorismo y se le puede recluir en una prisión administrativa sin necesidad de un proceso judicial.

Bueno, en Costa Rica no vemos que eso sea posible, porque jamás vamos a pretender que la Dirección de Inteligencia y Seguridad pueda realizar detenciones y llevarse a las personas, y recluirlas en una cárcel, en una isla, mientras hace sus investigaciones porque se le considera sospechoso de actos terroristas.

Bueno, es lo que…, con esto lo que les quiero decir es que comparar lo que hacen otros país en materia administrativa no es comparable con Costa Rica, porque en esos otros países las potestades de la administración son mayores en todo, no únicamente en lo tributario; y como les digo, hasta en aquello que significa limitarle el derecho a las personas y su circulación y poder realizar detenciones, por eso no es viable hacer esas comparaciones.

Pero el otro punto al que quiero referirme es a los alcances del artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue precisamente según le entendí a un expositor en un debate que tuvimos en el Colegio de Contadores Privados, en lo que se basó la Corte Constitucional de Argentina para declarar inconstitucional el cobro administrativo, en que precisamente el artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece la obligación y el derecho de que se pueda recurrir, antes de que se tenga que recurrir a los tribunales de justicia cuando se es demandado penalmente, civilmente, laboralmente o por razones fiscales.

Desde ese punto de vista decir que ya se cumplió con lo que manda la Corte cuando se hace la determinación tributaria es incurrir en una falacia, pero además yo hago la pregunta —porque veo que venció mi tiempo—: ¿qué sucede en aquellos casos donde el cobro judicial, ahora administrativo, como lo pretenden algunos, se hace no basado en una determinación, sino en la simple declaración de la persona?, ¿cómo sucede en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social donde la persona remitió la póliza…, las planillas, perdón, a la Caja indicando los salarios, no pagó y se le pasa al cobro administrativo? En ese caso no habría ni quiera un contacto con las autoridades judiciales, lo cual también violaría el artículo 8.

Y lo mismo sucedería en aquellos cobros administrativos de la Tributación Directa cuando no se basan en la determinación, sino en la declaración de renta presentada por la persona.


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Entonces, haciendo válido ese argumento que presentó el diputado Mora, deberíamos de pensar que con esa argumentación procedería el cobro administrativo en unos casos, pero no en otros, lo cual se reduce al tema del absurdo.

Por esa razón, insisto, me parece que es un análisis equivocado del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos la que hizo el diputado Mora y que valdría la pena revisar los pronunciamientos del Colegio de Abogados al respecto.



Gracias, diputado don Antonio Álvarez.

Continúa en el uso de la palabra por hasta cinco minutos el diputado don Humberto Vargas Corrales, adelante, don Humberto.

Diputado Humberto Vargas Corrales:

Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados.

Hoy nuevamente me trae a este Plenario un tema fundamental.

Recientemente leíamos cómo en los Estados Unidos en el año 1996, la sociedad norteamericana quedó conmocionada ante la noticia del asesinato de una pequeña modelo que se había hecho muy famosa, la niña se llamaba JonBenét Ramsey, de solo seis años, luego de convertirse en una gran figura de los concursos de belleza.

Resulta que esta niña fue acosada por un pedófilo y resulta que este pedófilo le dio seguimiento permanente a esta niña que aparecía permanentemente en los canales de televisión, hasta que le dio muerte y violación a la pequeña.

Resulta que eran esos concursos de belleza donde exhiben a las niñas como si fueran mujeres adultas, vestidas de manera erótica, donde son niñas que han sido sometidas a cirugías, cirugías plásticas a los nueve, diez años, niñas que están sometidas a dietas extremosas y todo esto llevó a la muerte de esta pequeña.

Hoy nosotros en la Comisión de Niñez y Adolescencia hemos tomado la decisión de presentar un proyecto de ley para prohibir los concursos de belleza de niños menores de edad.


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Me parece que ya en Costa Rica esa es una industria que está manejando cientos de millones de colones. Los niños son sometidos a contratos, donde ni siquiera se conoce su voluntad de querer ser modelo.

¿Los que están lucrando quiénes son? Los padres y los empresarios, si es que se les puede llamar empresarios, que manejan supuestamente negocios relacionados con los menores.

Yo creo que una sociedad como la nuestra no tenemos que esperar a que ocurra un acontecimiento parecido para tomar las medidas correctivas necesarias, por eso hemos presentado un proyecto de ley donde de una vez por todas prohibiríamos en este país este tipo de concursos.

Quiero leerles rápidamente por ejemplo cómo, cómo se llama a los menores a concursar. Hay toda una serie de requisitos, por ejemplo, tan aterradores como decir: se solicita niño entre cuatro y doce años, debe capacitarse en pasarela, foto-pose —¿qué se referirá una foto-pose?— que sepa hacer maniquí, hablar en público, etiqueta y además tiene que saber bailar.

Entonces, si todos estos requisitos se le están solicitando a niños de cuatro años, puña, ¿qué perspectiva puede tener un menor de cuál es su futuro?

Ya los padres desde los cuatro años decidieron convertirlo en una cosa, en una cosa que es un negocio y que ese negocio es un negocio lucrativo, me parece que esta ley prohibirá de una vez por todas, la posibilidad del abuso, abuso laboral que se da en relación con estos menores, donde inclusive es peor porque son los padres los que lucran, estamos estableciendo sanciones muy fuertes a los infractores.

Yo creo que de una vez por todas tenemos que entender que nuestros niños no son cosas, son seres humanos, no se puede forzar a nuestra niñez a hacer cosas para las que no necesariamente nacieron. Y lo dije en la comisión, a mí trataron de hacerme violinista y odiaba las clases de solfeo y odiaba las clases de violín; eso era una imposición.

Entonces, yo llamo la atención a nuestros compañeros para que le demos todo el apoyo a este proyecto y terminemos de una vez por todas con este macabro negocio en este país.

Gracias, compañeras y compañeros diputados.


Gracias, don Humberto Vargas Corrales.


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Yo con mucho gusto vamos a terminar…, doña Marta Arauz Mora está en control político, con mucho gusto don Javier, para estamos tallados de tiempo. Entonces doña Marta.

Diputada Marta Arauz Mora:

Muy buenas tardes, señor presidente.

Compañeros y compañeras.

Yo creo que todo Costa Rica sabe en este momento la crítica situación que está pasando la provincia de Guanacaste a raíz de la sequía y esto no es nada nuevo.

Todos los años es lo mismo, venimos padeciendo esto que es una crisis que aunada a todas las condiciones sociales de la provincia nos sume más en la pobreza y en el subdesarrollo de esa tierra, pues desde el año pasado se ha venido intentando revivir un proyecto que tenía treinta años de haber sido formulado, que es el proyecto conocido como Embalse Río Piedras o Agua para Guanacaste.

Este proyecto generaría agua para la provincia de Guanacaste, desde río Piedras que queda aproximadamente a cinco kilómetros de Bagaces hasta la península de Nicoya; aproximadamente unas mil doscientas hectáreas de terreno que se estarían conformando por una laguna de unas ochocientas hectáreas y un área de amortiguamiento del restante de la tierra que se proyecta que va a ser el proyecto.

Tengo que hablar de este proyecto hoy, porque en estos días he participado en dos reuniones con el jerarca de Ambiente y Energía y con el director de aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.

Y se nos ha informado que el proyecto que tenía parte de su estudio de factibilidad concluido ya tiene presupuesto. También debo informar que ese presupuesto fue dado a solicitud del alcalde de Nicoya el año pasado en diversas gestiones que hizo ante Mideplán y ante el Gobierno.

Ayer nos informaron que se le ha otorgado un presupuesto de mil millones de colones para que se termine el estudio de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, los estudios de tenencia de la tierra y de expropiaciones del proyecto.

Agua para Guanacaste va a solucionar el problema que tenemos de sequía, por lo menos por cincuenta años, además de que generaría una buena cantidad de megavatios de electricidad.

¿Con qué se va a inundar esa laguna? Oigan, eso es inverosímil, se va a inundar con el remanente del líquido que se desperdicia todos los días del


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Embalse Arenal Tempisque, sea que es agua que se va al mar, mientras la provincia de Guanacaste se consume por la sequía y la sequía la consume en pobreza.

Yo estoy diciendo esto aquí, porque he sido marcada por un pensamiento de José Martí que dice que el sol da luz y da sombras, los agradecidos saben ver la luz, los desagradecidos solo ven las sombras.

Yo quiero hoy decir de corazón estoy agradecida porque están volviendo los ojos a mi provincia, pero también quiero decir que este proyecto es a mediano o largo plazo, y el ganado de Guanacaste y los cultivos de Guanacaste y la pobreza en Guanacaste la necesitan hoy.

Necesitamos hoy el agua, por lo que prontamente vamos a tener otras reuniones con el ministro de Ambiente y Energía, con el ministro de Agricultura y con la presidenta de Acueductos y Alcantarillados para buscar posibles soluciones y prontas para la crisis del agua, para que no tengamos que esperar diez o quince años más por la represa del río Piedras.

Muchísimas gracias.


Gracias, diputada doña Marta Arauz Mora.

Continúa en el uso de la palabra la diputada doña Suray Carrillo Guevara.

Diputada Suray Carrillo Guevara:

Muchas gracias, señor presidente.

Le cedo mi tiempo al compañero Edgardo Araya


Tiene la palabra el diputado Edgardo Araya.

Diputado Edgardo Araya Sibaja:

Gracias, señor presidente.

Como entiendo que sigo yo en el orden en el uso de la palabra en control político, para que me sume ambos tiempos.

Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros.


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Lo único que yo traje aquí y lo único que valgo es mi credibilidad y mi honorabilidad, ese es el único patrimonio, ese el único capital que tengo, que es, que ha sido importantísimo para todas las luchas que hemos dado y para nuestra gestión tanto pública como privada, y espero llevarme esa credibilidad y honorabilidad cuando salga de esta Asamblea y me dedique nuevamente a lo que sé hacer, que es el ejercicio liberal de la profesión.

Por eso, no puedo hoy dejar pasar inadvertido una nota del periódico CRhoy, de la periodista Jimena Soto, que me parece que no sé si será esa su intención —espero que no, creo que no—, pero deja en el aire un par de cosas con el tema de Caño Blanco que yo quisiera aclarar.

En primer término, debo decir que hemos hablado en ese tema con total transparencia, con documentos, que hemos repartido copia de documentos acá a uno de los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, cuando estuvimos hablando sobre la aprobación de esa moción.

Tengo que decir por eso que debo aclarar que mi gestión en procura de una solución definitiva a las familias de Caño Blanco se sustenta en los principios de justicia y transparencia, que siempre ha motivado mi vida política y profesional.

Los datos en mi poder me permiten tener por acreditado que estamos ante un caso excepcional, en el que la negligencia del Estado fue de tal magnitud que comprometió el futuro de un grupo de familias de una zona ya deprimida económicamente, como claramente lo indican las estadísticas del índice de desarrollo humano que son de conocimiento público referidos al cantón de Guatuso.

Son aproximadamente cincuenta familias las que se van a ver beneficiadas, sí, efectivamente son diez fincas las que pretenden comprarse con esos dineros.

Eso es cierto, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta un tema fundamental y es que el origen del problema se dio en una negligencia inaceptable, de una desobediencia judicial por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, que en una sentencia judicial al señor Asdrúbal Campos que lo condena a cien mil colones de multa y le ordena que tiene que reparar hace quince años, tenía que reparar ese canal, para que se dejaran de inundar esas fincas, y no se hace.

Once…, quince años después, le preguntan al Tribunal Penal: ¿qué pasó?, ¿por qué nunca se cerró nada? Y está el oficio AKHNSUGJ-28611 que establece..., y yo quiero ver a la Procuraduría General de la República, o quiero ver a un pobre procurador defendiendo al Minae de esto en un Tribunal Contencioso.

¿Saben cuánto nos estamos exponiendo si no se le pagan esos siete mil millones, o por lo menos se hace un esfuerzo para encontrar eso?


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Nos estamos exponiendo a quince mil o veinte mil millones, ¿por qué? porque es evidente el incumplimiento por parte del Estado, en la solución de ese problema.

Entonces, esos siete mil millones que se han hablado se han planteado en base a estimaciones que hay de avalúos particulares, pero eso tendrá que definirlo el Ministerio de Hacienda, cuánto cuesta cada una de esas fincas.

Y además, tiene que definir que técnicamente esas fincas son aptas para agregarse al Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro, que estaba hace muy pocos años como en quinto lugar en el mundo y ahora anda en quinientos y algo del mundo, porque lo hemos despedazado con las piñeras, lo hemos despedazado con un montón de acciones que han venido en contra de ese refugio Caño Negro.

O sea que es este, este esfuerzo que se está haciendo es para mejorar Caño Negro, es para evitar que entonces estas familias vayan al Tribunal Contencioso y no solo el Estado les tenga que pagar el costo de las fincas, sino que además le tenga que pagar lo que le ha costado, ha dejado de percibir esas familias desde la época en que el Minae debió haber cerrado eso al día de hoy.

¿Cuánto cuesta eso?, ¿cuánto puedo cobrar si resulta que de aquí en adelante y para la eternidad esa finca ya no tiene posibilidad de ser productiva?

No es un tema, no es un tema que sean de escasos recursos o no, el tema es que el Estado en una actitud negligente le desapareció, le quitó fincas a esas personas, de las cuales luego voy a demostrar, además, que por lo menos de las que han venido aquí haciendo esta gestión no hay ningún tagarote. No hay ninguna persona de todas maneras que sea multimillonaria ni mucho menos.

Pero el punto no es ese, el punto es que entonces, aquí por ejemplo, Otto Guevara aquí se rasga las vestiduras diciendo que es una barbaridad eso. Pero entonces ¿qué quiere, que vayamos al Tribunal Contencioso?

Y, ¿entonces qué cara va a poner Otto Guevara cuándo en una sentencia condenen al Estado a pagar veinte, por no pagar dos o siete mil ahora?

Esas son las cosas que uno no entiende: ¿a quiénes estamos defendiendo realmente?

Finalmente, hay otros propietarios en Caño Blanco, hay muchos otros propietarios en Caño Blanco, Caño Blanco no solamente son esos diez. Hay muchos más, pero es gente que no ha necesitado, no ha ocupado, o no le importa que esas fincas estén así.


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Y ellos, diay, ahí están el Tribunal Contencioso si el día de mañana quieren plantear algún reclamo.

Pero sí creo que es sumamente importante dejar claro que esas fincas deben calificar para el Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro, o sea, no es que simplemente le estamos regalando esa plata.

Vean que en el peor de los casos en una demanda en el Tribunal Contencioso, ante una nota del Minae que dice…, le dice al Tribunal de Juicio: A la fecha de hoy 28 de setiembre de 2011, no se ha realizado ninguna obra de enmienda o restauración a su estado original a los trabajos de drenaje realizados en el año 99, por parte del imputado Asdrúbal Campos Campos.

Y más abajo dice: Sobre los antecedentes de las acciones emprendidas para restaurar a su estado original el sitio, le indico que en el año 2002, se realizaron gestiones con la Empresa Chirraca S. A., donde presenta una factura por dos millones quinientos cincuenta y dos mil colones, y no se pudo hacer porque no estaba presupuestado, habiendo una orden judicial. Por el amor de Dios.

Luego dice que en el 2004 lo intentaron otra vez, esta vez la empresa Constructora Lizano le cobró millón novecientos sesenta mil colones, pero no tenía presupuesto y tampoco lo cerraron.

¿Y qué dice el último párrafo? Dice: Actualmente y luego de inspecciones realizadas en el sitio, se concluye que la mejor recomendación técnica ambiental es dejar estas áreas inundadas tal y como están, ya que si se interviene el sitio se creará un daño ambiental de mayores proporciones que afectarían hasta el comportamiento de las aguas de las lagunas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro.

O sea, quince años después le dicen: mire, ya mejor no toquemos esto, déjelo así porque el daño es peor si queremos revertir.

Y entonces igual ¿queremos obligar a toda esa gente a que nos demanden, para que entonces no solo se le paguen las fincas…?

Ah bueno, porque si nos demandan, resulta que entonces no solo les tenemos que pagar los daños y perjuicios, todo lo que han dejado de percibir, todo el sufrimiento, todo lo que dejarían de percibir de aquí en adelante, sino que la finca se la siguen dejando ellos.

O sea, que al final pagamos dos o tres veces lo que se pretende pagar ahora y las fincas siguen siendo de los particulares, en este caso, ese dinero le queda al Estado, porque se refuerza el Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro.


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Veo que aquí debemos tener claridad sobre este…, sobre este asunto, es más, y hay una parte aquí al final que dice: De manera respetuosa se recomienda que en caso de requerirse realizar obras para corregir los efectos generados por el canal construido —y con esto termino, señor presidente—, el cual por estar sumergido a gran profundidad es materialmente imposible revertir, estas consistirían en la desviación o trasvase del brazo del río Buena Vista hasta el río Frío, para que las aguas no entren a las fincas afectadas como tales, sino las áreas que estaban como humedales, para esto se desconoce los costos actuales en dinero, el daño ambiental y la duración de trabajos.

Entonces, quiero dejar con absoluta claridad que siempre hemos hablado con la verdad y la transparencia, y efectivamente son diez propiedades las que inicialmente se pretenden adquirir, de esas diez propiedades dependen aproximadamente cincuenta familias. Yo se lo voy a demostrar al estimable periodista de Crhoy para que podamos aclarar este punto.

Muchas gracias, compañero presidente.


Muchas gracias, diputado Edgardo Araya Sibaja.

Antes de proceder con la comparecencia de la señora contralora voy a leer la resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en relación al expediente 18.138, es la resolución 004096-2015.

Resolución de la Presidencia de la Asamblea LegislativaEXPEDIENTE Nº 18.138

Resolución N.º 004-096-2015

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

CONSIDERANDO:

1. Que el EXPEDIENTE N° 18.138 Aprobación del Convenio sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales entre la República del Perú y la República de Costa Rica, inició su trámite legislativo el 6 de junio de 2011 por lo tanto con plazo cuatrienal hasta el 6 de junio de 2015.

2. Que el proyecto fue votado afirmativamente por el Plenario Legislativo en su trámite de Primer Debate en la Sesión Ordinaria N° 178 del 27 de abril de 2015.

3. Que posteriormente este proyecto fue analizado tanto en forma como fondo por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin encontrar vicio alguno de inconstitucionalidad.


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4. Que el proyecto aparece en el lugar número dos del orden del día de los Segundos Debates del Plenario Legislativo, todos los trámites que corresponde se dieron en forma conteste y el proyecto se encuentra en espera de su trámite de discusión y votación.

5. Que pese a la voluntad expresa de continuar con la tramitación del proyecto, constatada en la fase de Primer Debate, ningún legislador, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento Legislativo, presentó moción para ampliar su plazo cuatrienal, lo cual implica, en principio, la remisión del expediente en cuestión al archivo.

6. Que en este caso concreto, de continuar con la discusión y votación del proyecto, no se afectaría el principio democrático, puesto que la omisión de presentar la moción para ampliar el plazo cuatrienal de este expediente, resulta al final en un trámite no sustancial, puesto que del mismo no se tutela el principio democrático, según resolución de la misma Sala Constitucional Nº 2003-07564, por el contrario, la norma descrita en el Artículo 119 del Reglamento tutela el principio de seguridad jurídica en razón de que da certeza de la finalización del conocimiento de los asuntos.

7. Que en este caso, no se lesiona ni violenta el principio democrático ni los derechos de todos los Diputados y Diputadas, en el cuanto estos, ya manifestaron su voluntad de aprobar el proyecto en su trámite de Primer Debate.

POR TANTO:

Esta Presidencia de conformidad con las potestades establecidas en el artículo 27 del Reglamento y tomando como criterio el principio de conservación de todo lo actuado, dispone:

1. Ordenar y mantener la continuidad de la discusión en su trámite de Segundo Debate del el EXPEDIENTE N° 18.138 Aprobación del Convenio sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales entre la República del Perú y la República de Costa Rica, favoreciendo su continuidad y permanencia en el orden del día en el lugar que le corresponda, con fundamento en el principio de flexibilidad parlamentaria y de respeto a la voluntad manifiesta por el Plenario Legislativo en la votación del proyecto en la Sesión Ordinaria N° 178 del 27 de abril de 2015.

Dado en la Presidencia a los 9 días del mes de Junio de 2015.-

Rafael Ortiz FábregaPRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA

De conformidad con la moción aprobada por este Plenario legislativo vamos a pasar a la comparecencia de… a la comparecencia de la señora contralora de la República


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Comparecencia de la señora contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, ante este Plenario Legislativo

(De conformidad con la moción de orden aprobada en sesión ordinaria N° 14, celebrada el 21 de mayo de 2015)

Señoras y… señoras diputadas y señores diputados, les solicito a todos los que están en las salas adjuntas se sirvan ocupar sus curules.

Señores diputados, señoras diputadas, les solicito, por favor, ponerse de pie para recibir a las señoras contralora y subcontralora generales de la República.

A los señores diputados Marín Quirós, primer secretario, y Prendas Matarrita, segunda secretaria del Directorio legislativo, se servirán recibir a la señora contralora general de la República, señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, a la señora subcontralora general de la República, Silvia Solís Mora.

Muy buenas tardes, señora contralora, un saludo a la comitiva que la acompaña esta tarde.

De conformidad a lo que se había aprobado, nos place mucho tenerla presente esta tarde. De tal manera que tiene la palabra, señora contralora, para el informe correspondiente y muchas gracias por estar aquí.

Contralora Marta Mora Acosta:

Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Legislativa, miembros del Directorio Legislativo, señoras y señores diputados, miembros de la prensa, ciudadanos que siguen la trasmisión de esta sesión por diferentes medios.

Cada 1º de mayo, la Contraloría General de la República ha entregado su Memoria Anual a esta Asamblea Legislativa. Es esta, sin embargo, una ocasión inédita que le permite a la contralora general compartir con ustedes, y con los costarricenses los temas fundamentales contenidos en la Memoria Anual, correspondiente al ejercicio económico del período 2014.

La oportunidad es especial y en su condición de órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa, la Contraloría tiene el propósito no solo de contribuir con su visión técnica sobre la realidad de la hacienda pública al control político y ciudadano, sino además aportar insumos para la toma de decisiones en una coyuntura económica y social, particularmente compleja.

Estoy segura que una expectativa similar prevalece en cada una de las señoras y señores legisladores.


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Nuestra obligación, en todo caso, es trascender el mero cumplimiento del mandato constitucional, e interiorizar con ustedes la magnitud de los diversos eventos que afectan la hacienda pública, y cómo ello incide en el bienestar de la colectividad.

Por eso estamos obligados a contemplar el bosque y no solo el árbol. Todos sabemos que la hacienda pública enfrenta una situación condicionada por un entorno complejo e importantes desafíos que inciden en el progreso social y económico del país.

Resulta crítico, entonces, tomar decisiones de tipo coyuntural, pero también integrales y estructurales para el corto, mediano y largo plazo, según lo determinen las circunstancias.

Esta distinción en el tiempo es necesaria desde el punto de vista estratégico para evitar tensiones innecesarias a la sociedad.

Haremos un recorrido sucinto por la Memoria, la cual inicia con un capítulo de opiniones y sugestiones sobre la eficiencia en los servicios públicos esenciales para la sociedad.

La segunda parte se refiere a los dictámenes de esta Contraloría sobre la liquidación del presupuesto de la República, sobre el informe que presenta el Ministerio de Planificación Nacional, sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, que recién concluye y sobre informe de Evaluación Física y Presupuestaria presentado por el Ministerio de Hacienda.

La tercera parte analiza un resumen del informe, perdón, la tercera parte analiza la evolución de las finanzas públicas y por último, la cuarta parte contiene un resumen del informe de labores de nuestra institución; todo lo anterior en atención a disposiciones constitucionales y legales.

Inicio comentando que el artículo de opiniones y sugestiones desarrolla el tema de la mejora en la eficiencia de los servicios públicos esenciales para nuestra sociedad y presenta resultados de nuestra gestión fiscalizadora complementados con una encuesta ciudadana, realizada por la Contraloría, dada a conocer de forma amplia por los medios de comunicación días atrás.

No me referiré al detalle, sino al aprendizaje de ese ejercicio.

La consulta ciudadana es un instrumento complementario para el cumplimiento de nuestras responsabilidades y esta incluyó la percepción sobre siete áreas prioritarias: seguridad ciudadana, servicios públicos, como agua y electricidad, transporte, educación salud y servicios comunales.

Frente a un panorama que presenta dificultades para controlar el déficit fiscal resulta pertinente identificar y acometer los espacios de mejora en la


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Administración Pública, con el fin de incrementar los resultados que requiere la sociedad, con los mismos o con menos recursos, particularmente, en áreas sensibles como las consultadas por la Contraloría.

La eficiencia no solamente es una opción técnicamente viable y necesaria, sino que es también un imperativo ético inherente al servicio público, que por lo demás se desprende de las normas y principios del ordenamiento jurídico al más alto rango.

Adicionalmente la eficiencia está también vinculada a la problemática del déficit fiscal, dado que sin eficiencia nunca habrá recursos que alcancen.

De los resultados de la encuesta se extrae una cantidad relevante de información generada por la ciudadanía, digna de ser considerada en la toma de decisiones no solamente de la Contraloría, sino del resto de instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, algunos indicadores de seguridad han mejorado, pero el setenta y tres por ciento de las personas encuestadas percibe que el país es poco seguro.

En agua potable la población no cuenta aún con una cobertura total de agua, y los riesgos sobre las coberturas actuales, tanto en calidad como en continuidad en del servicio persisten.

En salud, un cuarenta y siete por ciento de las personas manifestó que debieron esperar un año o más para obtener una cita en hospitales; y en transporte, el treinta y cinco por ciento de los encuestados estima gastar más de una hora y media para transportarse a su trabajo.

Al complementar estos resultados con nuestros informes, se concluye, en términos generales, que existe una serie de factores comunes para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, los cuales están referidos a la necesidad de liderazgos orientados a la generación de valor público; revisión y mejora en la eficiencia de los procesos; mejora presupuestaria para el seguimiento de los resultados; eficiencia en las compras públicas; aprovechamiento de las tecnologías de información para mejorar los servicios; regulación eficiente a fin de incrementar su calidad; y corrección de distorsiones estructurales del aparato público.

Si lográramos avanzar en estos factores, estaríamos haciendo una diferencia significativa para nuestra ciudadanía.

Seguidamente me referiré a los dictámenes emitidos para el ejercicio económico 2014.


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De acuerdo con el artículo 181 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo debe presentar al órgano contralor la liquidación del presupuesto de la República, la que será remitida junto con el correspondiente dictamen de la Contraloría a esta Asamblea Legislativa, para la respectiva aprobación o improbación definitiva de las cuentas, de ahí la importancia de nuestro dictamen para ustedes.

Sobre el particular, la Contraloría General no avaló esta liquidación del presupuesto de la República, por las siguientes razones. En primer lugar, existe incertidumbre sobre la exactitud e integridad del saldo de la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación, dado que la información para generar la planilla no es completa ni es exacta.

Debe indicarse que a partir de la primera quincena de abril 2014, se puso en operación el sistema Integra Dos, el cual posee ventajas en cuanto al registro de información y confección de la planilla.

No obstante, se siguen generando posibles sumas giradas de más por concepto de remuneraciones, las cuales en 2014 ascendieron a casi cuatro mil doscientos millones de colones, un once por ciento más que en 2013, Esto se debe principalmente a que aún no ha concluido el proceso de desconcentración de la planilla, lo cual sigue produciendo posibles sumas giradas de más.

Una segunda razón por la cual la liquidación no fue avalada es la incertidumbre sobre la exactitud e integridad del saldo de la partida de los regímenes de pensiones a cargo del Ministerio de Trabajo, por cuanto se determinó que en el período persistieron debilidades relacionadas con los procesos y los sistemas de información utilizados en el trámite de pago de las pensiones de los diferentes regímenes.

En tercer lugar, pero no de menor importancia, se incumplió el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que dispone que no se deben financiar gastos corrientes con ingresos de financiamiento, es decir, con deuda.

De acuerdo con el análisis de la liquidación de los ingresos y egresos, se determinó que se financiaron gastos corrientes con deuda, por un monto ligeramente superior al billón de colones, es decir, un cuatro por ciento del PIB, porcentaje que ha venido creciendo por muchos años y es el más alto desde el año 2000. Para una mayor comprensión, cada punto del PIB representó en 2014 doscientos sesenta y siete mil millones de colones.

En cuarto lugar, la liquidación de egresos registra un gasto devengado total de seis coma cinco billones, mientras que el gasto pagado asciende a seis coma tres billones, de lo que resulta este es menor en doscientos mil millones. La mayor parte de esta diferencia se debe a un error al actualizar la información correspondiente al pago en las partidas de aguinaldos de salarios y pensiones.


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En quinto lugar, debo decir que se incumplió con la asignación y ejecución de los destinos específicos. En el informe técnico sobre el proyecto de Ley de presupuesto 2014, esta Contraloría señaló con base en cifras del Ministerio de Hacienda, que los destinos específicos sin atender ascendían a un total de doscientos ochenta mil millones, monto que equivalía a un uno por ciento del PIB estimado en ese momento, y que correspondía a sumas no asignadas a educación, al PANI, al IMAS, entre otros. De los destinos específicos que sí fueron incluidos en el presupuesto 2014, por un monto global de tres coma uno billones, al 31 de diciembre se ejecutó el noventa y seis por ciento.

Por su parte, el gasto en educación realizado ascendió al siete cero uno del PIB, inferior al nivel del ocho por ciento establecido por disposición constitucional.

En relación con los destinos específicos, la Contraloría ha hecho un llamado reiterativo insistiendo sobre la necesidad de realizar un análisis a fondo sobre el tema, en el cual se considere, tanto la vocación social del Estado costarricense, como la realidad económica y financiera del país y del Gobierno, a efectos de dar una solución a esta problemática que, desde un punto de vista jurídico, termina reflejándose en un incumplimiento de la ley, e incluso de la Constitución Política, pero que a la vez, desde un punto de vista económico, no es más que el reflejo, en las condiciones actuales, de una insuficiencia de recursos, tan abultada como crónica, para que el Gobierno lleve adelante su gestión y enfrente sus compromisos financieros y sociales.

En sana práctica fiscal, eventuales recursos no utilizados, que se reflejan en los superávits presupuestarios, en las instituciones receptoras de recursos provenientes de destinos específicos, deberían retornar a las arcas fiscales, después de un tiempo prudencial, todo lo cual debería ser valorado y revisado por las autoridades gubernamentales y legislativas, a partir de una iniciativa que ha presentado recientemente el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, se determinó el registro incorrecto de varias partidas presupuestarias. Por todo lo anterior, es que no se justifica el aval a la liquidación del presupuesto de la República.

En lo que concierne al informe sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, presentado por Mideplán, este tampoco fue avalado por la Contraloría. Lo anterior, en razón de que no cumple con los requerimientos que exige el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera, al no contener los elementos explicativos para medir el costo unitario de los bienes y servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.

De acuerdo con el análisis efectuado por la Contraloría, el referido Plan Nacional de Desarrollo presentó resultados mixtos, pues se cumplieron algunas metas importantes, mientras que otras no se lograron o se lograron parcialmente.


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Por un lado, se alcanzaron algunas metas tales como lograr que la tasa de inflación se mantuviera relativamente baja; se disminuyó la tasa de criminalidad; se mejoró la posición en el índice de competitividad global y en el índice de E-Government; se disminuyeron las tasas de deserción en primaria y secundaria; se aumentó la cobertura en secundaria; se benefició a más ciento sesenta mil estudiantes del Programa Avancemos; y se otorgaron más de diez mil nuevas pensiones en el régimen no contributivo; entre otras.

En contraste, no se lograron algunas metas, tales como reducir la tasa de delincuencia; alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el cinco o el seis por ciento; alcanzar una tasa de desempleo del seis por ciento; reducir el déficit y la deuda pública; obtener un porcentaje de inversión del dos por ciento del PIB nominal en el sector transporte, al cierre del período 2014; realizar ciento setenta obras de infraestructura con equipamiento en cen-cinai; la construcción de ochenta puentes, entre otras.

En cuanto al Informe de Evaluación Física y Presupuestaria emitido por el Ministerio de Hacienda, es importante señalar que la Contraloría no avaló dicho informe, por cuanto no contiene los elementos explicativos necesarios para medir el costo unitario de los servicios ni la eficiencia en el uso de los recursos, tal y como lo exige el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Sobre este tema, tanto en el Informe de Mideplán, como en el de Hacienda, se da a conocer que la Comisión de Coordinación Interinstitucional que conforman ambos ministerios, está emprendiendo acciones en procura de solventar este incumplimiento y mejorar la planificación, la programación y la evaluación.

Ahora me referiré a la Memoria del Año Económico, la cual contempla la evolución de las finanzas y la deuda pública.

En 2014, si bien se presentó una relativa estabilidad económica, se agudizó el deterioro de las finanzas. El déficit del sector público combinado alcanzó un seis coma uno por ciento del PIB, principalmente afectado por el déficit del Gobierno central que aumentó hasta un nivel crítico del cinco coma siete por ciento del PIB, lo que equivale aproximadamente a uno coma cinco billones de colones

Por otra parte, el déficit primario, es decir, sin contar el pago de intereses de la deuda del Gobierno central alcanzó el tres coma uno por ciento del PIB en el 2014, esto es cerca de ochocientos treinta mil millones, que es la magnitud que representaba en ese año el ajuste fiscal necesario tan solo para que la deuda no aumentara más en relación con el PIB. No obstante, el pago de intereses aumenta y se suma cada año a la presión fiscal.


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El aumento del gasto primario, y en especial del gasto primario corriente, que son las remuneraciones y las transferencias en el Gobierno central, es el principal disparador, generador de déficit financiero, y consecuentemente de deuda.

Respecto de las remuneraciones, estas tuvieron una ejecución de dos billones de colones, lo que equivale a un siete coma cuatro de la producción nacional estimada para 2014. En este sentido, si bien existe consenso en la incidencia que tiene el gasto en remuneraciones, dada su magnitud, rigidez y carácter recurrente como uno de los principales disparadores del gasto, esto no se traduce todavía en acciones de corto, mediano y largo plazo que permitan la contención que demandan las circunstancias.

A pesar de que se han identificado sesgos y diferencias remunerativas importantes dentro del sector público, tal es el caso de puestos similares con salarios muy dispares entre instituciones o dentro de misma institución, coexisten múltiples regulaciones y regímenes que no favorecen la situación fiscal y no promueven la eficiencia para un mejor servicio a nuestra ciudadanía.

En cuanto a las transferencias, en 2014 el Gobierno central ejecutó dos coma cuatro billones de colones, de los cuales el ochenta y cuatro por ciento corresponden a transferencias corrientes y el resto apenas un dieciséis por ciento a transferencias de capital.

Las transferencias del Gobierno central al sector público descentralizado en 2014, específicamente para los órganos desconcentrados, representaron un cuarenta y cinco por ciento de sus ingresos totales, mientras que para las instituciones descentralizadas, como la Caja, el IMAS, entre otras, este porcentaje fue del diecinueve por ciento.

La Contraloría ha señalado que la dependencia de algunas instituciones públicas sobre estos fondos es una situación a considerar en el marco de estrechez fiscal actual, dado que se podría poner en riesgo la solvencia de un grupo de instituciones que se financian en un porcentaje importante con transferencias del Gobierno, y que a su vez, puede poner en riesgo la prestación de servicios a la ciudadanía por parte de esas instituciones.

Al respecto, un tema relevante es la falta de ejecución oportuna de las transferencias por parte de algunas de las instituciones destinatarias de dichos fondos, pues ello tiene un costo de oportunidad importante, respecto de la atención de las necesidades de los ciudadanos.

En términos generales, los fondos girados de caja única, correspondientes a transferencias del Gobierno a otras entidades del sector público, alcanzaron el setenta y cinco por ciento de los fondos disponibles durante el año 2014, o sea, que un veinticinco por ciento permanecía sin utilizar al finalizar ese período, es


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decir, seiscientos cuarenta y nueve mil millones. Entre las instituciones que tenían mayores montos sin utilizar al final de año estaba el Conavi, el Banhvi, el Registro Nacional, la Dirección de Migración, Japdeva, gobiernos locales, Fonabe, el Inamu, el PANI, el IAFA y la Fundación Omar Dengo y la Imprenta Nacional, entre otros.

Como podemos observar algunas de estas instituciones tienen fines sociales importantes.

Sobre las transferencias, es importante mencionar la temática correspondiente a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. En el 2014, se ejecutaron recursos por setecientos cinco mil millones por ese concepto; sin embargo, los ingresos efectivos por concepto de contribuciones sociales sobre dichos regímenes ascendieron apenas a sesenta mil millones de colones, o sea, un ocho por ciento del total de las erogaciones del período.

La Contraloría ha señalado con anterioridad que es necesario revisar, en general, la sostenibilidad de los diferentes regímenes de pensiones que tiene el país, dada la magnitud y su carácter deficitario, tomando en consideración el bono demográfico, con el fin de adoptar las medidas que resulten procedentes y beneficien a las futuras generaciones.

A todo lo anterior, hay que agregar que el noventa por ciento del presupuesto de la República se destina a remuneraciones, transferencias corrientes y servicio de la deuda, dedicándose apenas un nueve coma siete por ciento de recursos a otros rubros, incluida la inversión pública, primordial para generar bienestar a la colectividad.

Esto conlleva una alta rigidez del presupuesto de la República, sin que esto implique que no se puedan hacer revisiones y ajustes para el mayor beneficio de la capacidad operativa del Estado y de quienes reciben sus servicios.

En virtud de lo anterior, es que hemos dicho que es inaplazable poner freno a la dinámica del gasto corriente y buscar mecanismos para contener y garantizar la eficiencia del gasto público.

Por otra parte, no obstante, esfuerzos realizados por el Ministerio de Hacienda para mejorar la recaudación, preocupa a esta Contraloría la dinámica de los ingresos.

Los ingresos corrientes del Gobierno central, o sea, los que no incluyen los ingresos del financiamiento de la deuda, se han mantenido relativamente estables en un porcentaje ligeramente superior al catorce por ciento del PIB en los últimos años, contrariamente el gasto primario creció de un once coma ocho por ciento en


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2007, a un diecisiete coma cuatro por ciento en 2014, o sea, un incremento de más de cinco puntos del PIB en ese lapso.

En relación con los ingresos, según lo contenido en la Memoria y dado que se acerca la discusión de un nuevo presupuesto, aprovecho esta oportunidad para destacar dos aspectos que requieren cuidadosa atención.

En primer término, según las cifras del Banco Central de Costa Rica, la actividad económica se ha venido desacelerando. En su informe de coyuntura de marzo 2015, esa entidad comenta que la variación del índice mensual de actividad económica, en enero pasado, fue inferior a la del 2013 y 2014, y se ha dado principalmente en servicios, mientras que las actividades más representativas para efectos tributarios, específicamente para el impuesto sobre las ventas, como son el comercio, la industria manufacturera, la electricidad y el agua, tienen tasas de crecimiento más bajas; situación que ha continuado hasta días recientes.

Esta dinámica de la producción en el 2015 resultará en una debilidad y ajuste a la baja de los ingresos estimados, máxime ante la revisión de las proyecciones del PIB para 2015, que fueron rebajadas en novecientos cincuenta y nueve mil millones, por parte del Banco Central de Costa Rica en su Programa Macroeconómico 2015 - 2016.

Adicionalmente, cabe destacar que la recomposición de la actividad económica ha conllevado un deterioro en la recaudación del impuesto sobre las ventas, principal recurso ordinario del presupuesto nacional.

Según estudio realizado por la Contraloría, mientras en 2008 dicho impuesto representaba un seis por ciento del PIB, en 2014 alcanzó solo un cuatro coma setenta y cinco por ciento del PIB, debido en gran parte a la recomposición de las actividades económicas de nuestro país.

Esta recomposición del PIB por actividades tiene gran importancia para la recaudación del impuesto sobre las ventas, por cuanto las industrias que mayoritariamente están gravadas con ese impuesto son principalmente el comercio y la manufactura, no así en gran parte la de los servicios, con lo cual al modificarse la estructura de las actividades económicas se generan menos tributos.

En segundo lugar, quiero referirme al tema de la evasión fiscal. La evasión es uno de los graves problemas de nuestra sociedad y uno de los principales desafíos en materia tributaria.

Sus efectos son graves, y alcanzan el campo económico, social, ético y moral. La evasión disminuye los ingresos fiscales y las posibilidades de atención de las necesidades de la colectividad, contribuye al desequilibrio presupuestario, aumenta la corrupción, incrementa la impunidad si no es sancionada oportunamente, e impacta de forma directa la equidad y distribución de la riqueza.


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No obstante los esfuerzos realizados para combatir la evasión por parte del Ministerio de Hacienda, las estimaciones disponibles revelan niveles considerables; según estudios realizados anteriormente por la Contraloría en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas, en conjunto superado cinco por ciento del PIB. Aunque teóricamente no es posible eliminar por completo la evasión, existe en nuestro país un importante margen para reducirla.

En relación con la deuda del sector público, en 2014 se reflejó su continuo crecimiento a un ritmo mayor que la actividad económica, originando que la relación deuda/PIB se incremente uno coma cinco puntos porcentuales con respecto al 2013, ubicándose en un cincuenta y seis coma siete por ciento del PIB. Entonces, el comportamiento de la deuda pública durante 2014 no difiere de lo observado en años previos y continúa siendo un llamado de alerta, dado que la deuda pública podría alcanzar el sesenta por ciento del PIB durante este año.

Según las cifras de la Dirección de la Crédito Público, al 31 de diciembre de 2014, el saldo de los pasivos internos y externos, es decir de nuestra deuda, del sector público alcanzaba un monto de quince coma uno billones, reflejando un crecimiento del once coma cuatro por ciento con respecto al 2013.

Por su parte, la deuda del Gobierno central está aumentando en los últimos períodos a razón de tres puntos porcentuales del PIB por año, en promedio.

Sobre esta situación, debe indicarse que el Banco Central de Costa Rica, con motivo de la certificación sobre capacidad de endeudamiento para el proyecto de presupuesto 2015, señaló que (y abro comillas) “la razón de deuda total a PIB continúa creciendo, superando el valor observado para dicha variable en el lapso de 2002-2004 cuarenta por ciento del PIB, lo que se consideró en aquella época no sostenible”, (y cierro las comillas).

Para 2014, como lo mencioné antes, se financiaron gastos corrientes con endeudamiento, por un billón de colones, el cuatro por ciento del PIB, aspecto que desde la etapa de formulación y discusión del presupuesto, ya había sido advertido por la Contraloría General.

Además, el saldo total en caja única a favor de las entidades, que constituye un pasivo, una deuda de tesorería del Gobierno, alcanzaba los seiscientos cuarenta y nueve mil millones de colones al 31 de diciembre de 2014. Esto representa un catorce por ciento más que en el 2013. Esta suma es importante y se agrega a las obligaciones del Gobierno.

Durante los últimos años, el Gobierno es el principal deudor, sin embargo, no es solo el crecimiento de su deuda lo que ha contribuido al mayor peso relativo de esta respecto del PIB, pues, el resto de las instituciones también han presentado tasas de crecimiento importantes. En el año 2014, con excepción del


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comportamiento de la deuda del Banco Central, estas incrementaron sus pasivos tanto en el mercado local como en el internacional.

El Ministerio de Hacienda viene trabajando en materia de manejo de la deuda, y la economía costarricense ha tenido en meses recientes un espacio de distensión debido a la caída en los precios del petróleo, y la presión a la baja en el tipo de cambio, en la inflación y en las tasas de interés, como resultado de las condiciones del entorno y del manejo de la política monetaria; sin embargo de variar estas condiciones, de permanecer la desaceleración de la economía, o de no adoptarse prontas medidas sobre gastos e ingresos, el Gobierno podría verse sometido a una mayor presión fiscal, que puede poner en riesgo su capacidad para generar los servicios que demanda la ciudadanía así como la estabilidad económica y social, y la valoración o calificación internacional de riesgo de su deuda.

Adicionalmente, paso a comentar otros aspectos que considero relevantes del movimiento económico del período 2014.

Primero, sobre la subejecución del presupuesto y las modificaciones presupuestarias.

En materia de gastos, el presupuesto de la República se ha ejecutado en un porcentaje que ronda el noventa y cuatro por ciento en promedio en los últimos cinco años, lo cual, por la magnitud del monto del presupuesto, se traduce en una subejecución presupuestaria de un uno por ciento del PIB.

En 2014, la subejecución alcanzó un cinco por ciento del presupuesto, sea trescientos ocho mil millones, un uno coma dos por ciento del PIB.

Aproximadamente sesenta por ciento del monto total disponible se ubica en tres partidas: remuneraciones, intereses y comisiones y servicios.

Dichas partidas, junto con la partida de amortización, son las que presentan las mayores subejecuciones en los últimos años.

Cabe destacar, además, que al igual que en ejercicios anteriores, se mantiene la tendencia a concentrar las modificaciones presupuestarias en los últimos meses del año, lo que también limita la plena ejecución de estos recursos antes de que termine el año. En esta ocasión, diecinueve modificaciones, o sea, el cincuenta y tres por ciento del total se realizaron en el cuatrimestre final del año.

La Contraloría considera que la subejecución no es censurable en sí misma, por cuanto podría generarse como producto de ahorros o de


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una gestión eficiente; sin embargo, dada la recurrencia de este fenómeno, tal como lo hemos advertido ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea, y lo reiteramos en la Memoria, se sugiere la posibilidad de ajustar el presupuesto del Gobierno, al menos en alguna medida, a los niveles que históricamente se han presentado como los valores que reflejan la capacidad ejecutora real de las instituciones públicas, en aras de promover una asignación más eficiente de los recursos públicos, lo cual, por otra parte, se estima que no afectaría la prestación de los respectivos servicios.

Segundo, sobre la inversión pública y la ejecución de proyectos financiados con créditos externos. Durante el período 2007-2014, únicamente en el 2010 el gasto de capital del Gobierno central superó el dos por ciento de la producción nacional. Sin embargo, cabe señalar que a partir del 2012 se muestra un incremento en dicha proporción, sin llegar aun al dos por ciento. Para todo el sector público la inversión ha oscilado entre tres y el seis por ciento del PIB, montos que son relativamente bajos para las necesidades que tiene el país en materia de inversión pública.

La Contraloría ha señalado reiteradamente que la inversión pública representa uno de los mayores retos de política pública, por cuanto continúa siendo claramente insuficiente para atender los requerimientos del país, con el fin de lograr mayor competitividad y bienestar social, además de que resulta indispensable para incentivar el crecimiento económico, el empleo y la capacidad de repago de dicha inversión.

En el análisis efectuado por la Contraloría, al 31 de diciembre de 2014, existían veintidós créditos externos en ejecución por parte del Gobierno o con aval de este, por un total de dos mil seiscientos siete millones de dólares, de los cuales se habían desembolsado ochocientos cincuenta y nueve millones y estaban pendientes de desembolsar mil setecientos cuarenta y nueve millones.

Varios de esos proyectos mostraron avance en su ejecución en 2014; sin embargo, con algunas excepciones, muchos tardan casi el doble del tiempo de ejecución que está estipulado en el respectivo contrato de préstamo, con las consecuentes implicaciones, desde el punto de vista del atraso en el cumplimiento de sus objetivos y encarecimiento de las obras, así como el pago de comisiones de compromiso por los saldos no desembolsados.

En 2014 se pagaron por ese concepto dos coma cinco millones de dólares y el saldo acumulado de las comisiones de dichos créditos era de catorce coma cinco millones de dólares.


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Por otra parte, en un reciente estudio realizado por la Contraloría en Mideplán, sobre el sistema nacional de inversiones públicas, se determinó que el país no cuenta aún con un plan nacional de inversión pública que establezca las políticas, programas y proyectos de inversión de corto, mediano y largo plazo.

Por su parte, la Contraloría y otros actores han señalado la falta de capacidad, la carencia de un adecuado control y la fragilidad del país en materia de planificación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública, muchos de los cuales están financiados con créditos externos.

Tercero, sobre el resultado del sector descentralizado. El sector descentralizado presentó un superávit presupuestario acumulado de dos coma cuatro billones de colones, o sea, un nueve coma dos por ciento del PIB. Alguno de los valores más significativos de superávit se presentan en el INS, en la Caja, en el ICE y otras entidades, que mantienen estos recursos como provisiones, reservas técnicas y de inversión. Sin embargo, existen otras entidades en las que el superávit se genera por subejecución de los recursos, como ocurre con algunas municipalidades, las universidades y el INA, entre otras.

A continuación me refiero a algunos aspectos relativos a los subsectores que conforman el sector descentralizado. En el caso de los órganos adscritos a ministerios, la Contraloría ha señalado que existe un importante riesgo fiscal en el Gobierno que podría ser exportado a las instituciones que dependen en un alto porcentaje de las transferencias del Gobierno de la República. Este riesgo se presenta también para entidades de otros subsectores que reciben transferencias importantes del Gobierno, tales como las universidades, el INVU y el CNP.

Además, dado el desempeño mostrado por tales órganos, la Contraloría hasugerido a las autoridades hacendarias y legislativas la posibilidad de valorar mecanismos para integrar los presupuestos de los órganos adscritos al presupuesto de la República, bajo el alero del Ministerio rector, para fortalecer de esta forma las funciones de dirección, coordinación y vigilancia del Poder Ejecutivo y de control político por parte de la Asamblea Legislativa.

En el caso de las instituciones descentralizadas, no empresariales, tres instituciones ejecutaron el ochenta y cuatro por ciento de los recursos: la Caja, la Universidad de Costa Rica y el IMAS.


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Los egresos de este sector presentan una composición similar a la registrada en 2013, siendo las remuneraciones y las transferencias corrientes las dos principales partidas, con un cuarenta y tres, y un treinta y dos por ciento del total.

Respecto de la ejecución presupuestaria de los egresos, destaca el aumento en un diez por ciento en las transferencias corrientes, debido principalmente al aumento de los egresos de la Caja Costarricense por concepto de pagos de pensiones y jubilaciones.

En cuanto a las remuneraciones en este sector, se dio un incremento del siete por ciento respecto de 2013, primordialmente por la creación de plazas y los incrementos salariales en la Caja Costarricense y un incremento también en las universidades públicas, debido en parte a los incentivos salariales, aspecto este último que debería ser objeto de revisión en resguardo de la sostenibilidad financiera de estas entidades.

El tema de la infraestructura en la Caja tiene una gran relevancia para que esta cumpla con la atención de la salud, y esta es una de las partidas que se ha visto más afectada ante el problema de liquidez de los años anteriores.

Finalmente, dado el impacto que pudieren tener, eventualmente, en la situación financiera de la Caja y del propio Gobierno, así como del interés que reviste para la colectividad, es necesario que se concluyan a la brevedad posible los análisis sobre la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte, así como sobre las eventuales deudas del Gobierno con esa entidad.

Sobre las empresas públicas, quiero destacar cuatro aspectos. Primero, si bien se ha avanzado en algunos proyectos, también se ha presentado una relativamente baja ejecución de recursos destinados a inversión en algunas entidades, como Recope, Acueductos y Alcantarillados, Japdeva, el Banhvi, entre otras.

Segundo, preocupa la situación financiera de algunas entidades, como el INVU, Racsa, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y el CNP, como ha sido advertido por la Contraloría en diversos informes.

Tercero, la confidencialidad de la información presupuestaria y financiera de empresas que operan en competencia impide que algunos de los informes de fiscalización puedan ser divulgados a la ciudadanía, incluso no pueden ser conocidos por ustedes, señoras y señores diputados, como ya lo he manifestado a esta Asamblea.


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En cuarto lugar, en el caso de los bancos públicos, la Contraloría finalizó un estudio sobre el sistema de incentivos salariales, el cual fue dado a conocer en 2015 y que ha generado importantes ahorros a la banca estatal desde este año.

Los gobiernos locales, por su parte, constituyen una instancia relevante de nuestro sistema político y están llamados a desempeñar un rol importante en el desarrollo del país y de las comunidades, dada su cercanía con el ciudadano.

No obstante, en 2014, sesenta y tres municipalidades reflejaron un superávit libre de alrededor de treinta y seis mil millones y un superávit específico que sobrepasa los noventa y un mil millones de colones. En ambos casos, se trata de recursos que no se aplicaron en la dotación de bienes y servicios en el ámbito local.

Por otra parte, dieciocho municipalidades presentan resultados deficitarios por aproximadamente cinco mil setecientos millones. Nueve de estas municipalidades no han logrado superar los resultados deficitarios en los últimos cuatro períodos.

Por el lado de los ingresos, la morosidad en este sector alcanzó ciento veinticuatro mil millones de colones. Por el lado del gasto, la ejecución de los recursos disponibles se mantiene como una tarea pendiente, ya que tan solo alcanzó el setenta y cuatro por ciento.

Se desprende de lo anterior, la necesidad de que las autoridades municipales implementen acciones efectivas para subsanar las situaciones comentadas.

Para concluir con esta parte de la Memoria, quiero reiterar a las señoras diputadas y señores diputados algunas consideraciones de la mayor trascendencia.

Para ello, recurro a comparar la situación del Gobierno con la situación de una familia con ingresos limitados y gastos exorbitantes. La familia que gana cien al mes, gasta cincuenta y ocho colones en comida, alquiler, recibos, pero además gasta sesenta y tres colones para ayudar a hijos casados y otros familiares, para lo cual pide prestado porque evidentemente la plata no le alcanza.

También pide prestado cincuenta colones adicionales para pagar deudas que arrastraba. Es decir, esta familia, cuyo ingreso es de cien, gasta ciento setenta y un colones y financia parte de esos gastos y los faltantes con más deuda. Esta situación se repite año con año, agravándose cada vez más.

Como comprenden, la familia no tendría más opción que revisar, racionalizar y limitar los gastos propios y las ayudas a parientes; y a la vez tendría que procurar mayores ingresos para aliviar su acongojante situación.


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Tomando en cuenta el ejemplo familiar, aplicado a las finanzas públicas, debemos tomar medidas para recuperar gradualmente su equilibrio.

Es vital para el país asegurar la estabilidad en el corto plazo y la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, velando en todo momento por un resguardo adecuado de nuestro Estado social y democrático de derecho.

En este contexto, por ejemplo, nos resulta difícil entender cómo es que el país no… o ha tomado, más bien, tanto tiempo para iniciar la implementación de un sistema unificado de compras electrónicas obligatorio para todas las entidades del Estado, que podría generarle ahorros millonarios al Estado y contribuir de manera significativa a la transparencia en esta materia.

Si bien se han propuesto iniciativas o medidas con tal finalidad. O qué decir del control tributario mediante la factura digital, un proyecto relevante para la recaudación de ingresos, que fue anunciado desde hace varios años ya y que aún no termina por materializarse en forma generalizada.

También es necesario avanzar decididamente en el combate a la evasión y la elusión fiscal, no se debe permitir que haya sectores económicos y profesionales que no tributen conforme a sus capacidades; y para ello debemos tener una administración tributaria moderna que ejerza sus funciones acorde con tal requerimiento y ajustar el sistema tributario para cerrar portillos y hacer el sistema más progresivo, justo y eficiente.

Se requiere además garantizarle a la sociedad costarricense que las exoneraciones fiscales otorgadas y demás tratos tributarios diferenciados están plenamente justificados en términos de sus costos y beneficios sociales, y facilitar el acceso de esta información de manera oportuna y transparente.

Y finalmente debemos hacer efectivo el régimen sancionatorio en materia de delitos tributarios, entre otros.

En materia de gastos, se requiere llevar a cabo, sin vacilación, la revisión de programas y gastos que no estén cumpliendo con sus objetivos o cuyo funcionamiento resulta muy oneroso para el Estado y no genera resultados; ajustar los regímenes de empleo y pensiones para uniformar las regulaciones y eliminar beneficios que resultan abusivos o excesivos, para un país y una sociedad que enfrentan grandes retos para lograr un mayor desarrollo y equidad social.

Reducir los gastos administrativos y canalizar mayores esfuerzos hacia actividades sustantivas de las entidades para producir más.

Reforzar los límites y controles al gasto corriente; revisar los destinos específicos para ajustarlos a la realidad económica y social del país y a la capacidad de ejecución de las entidades beneficiarias.


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No permitir que las instituciones acumulen recursos sin utilizarlos, que sean provenientes de transferencias del Gobierno.

Es imprescindible procurar la formalidad de los negocios y el respeto de los derechos sociales, así como valorar el uso de mecanismos alternativos de financiamiento para el desarrollo de inversión, que pudieren contribuir a mayores niveles de crecimiento económico, empleo y bienestar.

Como podemos comprender, la tarea es urgente y es compleja. Por eso es necesario pasar ya de las palabras a los hechos, y para ello es indispensable priorizar con diligencia, un conjunto de acciones o iniciativas que ya gravitan en diferentes ámbitos o diseñar las que hagan falta, así como considerar su impacto esperado en materia económica y social en el corto, mediano y largo plazo, con premura.

Todo en ello en la búsqueda soluciones a la situación de deterioro de las finanzas públicas y sus consecuencias de índole social.

La sociedad está ávida de soluciones, y todos debemos cumplir con nuestro aporte y nuestra responsabilidad. Es fundamental comprender que las medidas que se tomen deben impactar tanto los gastos como los ingresos, pues no son excluyentes y ambos van de la mano. Esa es la posición de la Contraloría, son ambas cosas.

Bajo este contexto, es necesario señalar que nos encontramos en una coyuntura muy particular, donde a discusión nacional en materia de finanzas públicas desde hace varios años, para simplificarlo de alguna manera, se resume en dos visiones. La de aquellos sectores que consideran indispensable frenar el gasto y detener una serie de prácticas abusivas y nocivas para la hacienda pública.

Y por otro lado, la de quienes subestimando un tanto esta perspectiva, consideran que lo prioritario es atender con premura el asfixiante déficit, por la vía de los ingresos. Es decir, unos recurriendo a un mayor y efectivo control del gasto y otros solo a través de la generación de mayores ingresos.

La cuestión es que nos encontramos en una especie de círculo vicioso que nos hace perder de vista por momentos que tan indispensable es, no solo contener el gasto, sino también lo es dotar de mayores ingresos a la hacienda pública, de manera progresiva y equitativa.

Pero más aún, de lo que se trata es de comprender que esta situación, que es objetiva, no solo no permite avanzar, sino que tiende a agravar la situación de la sostenibilidad financiera y su impacto en materia social.


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Estas visiones en contradicción no solo no ceden, sino que tampoco están dispuestas a que la otra avance. Salir de esta trampa es fundamental para generar opciones de progreso.

A todos nos corresponde aportar y sacrificar como en la familia, cuando la plata no alcanza y los niveles de deuda son insostenibles.

Por ello, edificar en estas circunstancias es absolutamente necesario como lo es una visión compartida y una gestión pública eficiente.

Señoras y señores legisladores, aparte de toda la información que les he comentado, como parte de la Memoria Anual se encuentra también el informe de labores de la Contraloría y quiero exponerlo de manera muy breve, eso me va a tomar dos minutos.

Las entidades fiscalizadoras superiores, como la Contraloría, son reconocidas por la comunidad internacional de naciones, como entidades esenciales para la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia en la Administración Pública, en aras de la consecución de los objetivos y las prioridades de desarrollo nacionales; además, de conformidad con normas internacionales para la fiscalización superior promovidas por la ONU, están llamadas a generar valor y beneficio para producir una diferencia en la vida de los ciudadanos.

En este sentido, el informe de labores remite a las prioridades contenidas en nuestro Plan Estratégico 2013-2020, orientadas a contribuir a mejorar la eficiencia en servicios públicos críticos, fortalecer la transparencia sobre la gestión pública, la participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas, así como a generar acciones dirigidas a prevenir la corrupción, sobre la base de una gestión interna ajustada al deber de probidad.

Es así como en 2014 se logró ejercer una función fiscalizadora fructífera sobre un conjunto diverso y complejo de elementos constituyentes de la hacienda pública, tanto desde el punto de vista de control previo como desde el punto de vista de control posterior.

Se generó una cantidad apreciable de informes, resoluciones y otros, entre los cuales se abordaron temas de relevancia e impacto dirigidos hacia aquellos ámbitos considerados más susceptibles a condiciones de riesgo y con mayores perspectivas de agregar valor público.

En cuanto a la generación de insumos para el control político, la Contraloría, consciente de las responsabilidades que le impone su rol de


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auxiliar de esta Asamblea, no solamente se orientó a la atención de requerimientos, de solicitudes de información y múltiples consultas sobre proyectos de ley, entre otros, sino que de manera activa y propositiva y en aras de ejercer su asesoría en resguardo de la hacienda pública, le ha suministrado a este Congreso una gran variedad de informes técnicos para el análisis y la toma de decisiones en diferentes materias, a la vez que participó atendiendo comparecencias convocadas por parte de diversos órganos legislativos.

Para lograr resultados en 2014, la Contraloría contó con seiscientos setenta y cinco funcionarios y funcionarias y con un presupuesto de veinte mil cuatrocientos treinta y ocho millones, haciendo un considerable esfuerzo por brindar resultados a pesar de la limitación de sus recursos en relación con la alta demanda de sus servicios. Es fácil demostrar que la Contraloría ha contenido su propio crecimiento desde hace años, en congruencia con la situación de las finanzas públicas, lo que ha incentivado aún más el empeño por ser cada día más eficientes a través de la tecnología y la revisión de nuestros propios procesos.

Ustedes también han de saber que la dinámica institucional no estuvo exenta de limitaciones que se presentaron día a día, entre las cuales destaco algunas: la imposibilidad de atender toda clase requerimientos de ciudadanos, diputados, munícipes, dirigentes comunales, gremiales, jerarcas, según sus propias consideraciones de urgencia y necesidad. Esto en razón de que la Contraloría, tiene una disponibilidad de recursos limitada y adicionalmente, tiene un amplio universo de aspectos a fiscalizar.

Imposibilidad de dictar el acto final de doscientos cuatro procedimientos sancionatorios, acumulados a diciembre 2014, en razón de la falta resolución de acciones de inconstitucionalidad que impugnaban en ese momento nuestra potestad sancionatoria.

Imposibilidad para divulgar resultados de algunos informes, en un contexto de declaratoria de confidencialidad, por parte de algunas entidades, como lo mencioné anteriormente.

Limitada comprensión por parte de algunos terceros, de la justa dimensión de las competencias de la Contraloría:

Los controles previos en materia presupuestaria y de contratación, son esencialmente controles de legalidad. Los controles previos y posteriores a cargo de la Contraloría, son controles que no sustituyen a la Administración en el ejercicio de las responsabilidades que le corresponden. La corrupción no es competencia exclusiva de la


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Contraloría, por ser este un fenómeno donde se involucran actores públicos y privados. Su lucha compete a todo el aparato estatal e incluso a la participación activa de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

En el contexto mencionado, la Contraloría mantiene sus prioridades y esfuerzos estratégicos, alineados a las exigencias del entorno.

Concluyo este resumen de la Memoria Anual, agradeciendo a ustedes la disposición y atención que han dispensado esta tarde.

Señores diputados y señoras diputadas, solo me resta decir que pueden ustedes tener plena certeza que la Contraloría General de la República les aporta con esta Memoria y con su importante labor, criterios técnicos y sustentados para contribuir positivamente a la toma de decisiones de esta Asamblea Legislativa, lo que debe redundar en beneficio de la sociedad costarricense, cuyo bienestar es a fin de cuentas nuestro propósito común.

Muchas gracias.


Diputado González Ulloa, por el orden.

Diputado Rolando González Ulloa:

Muchas gracias, diputado presidente.

Sin hacer ninguna alusión a la presentación que ha hecho la señora contralora, quisiera compartir con el Plenario una carta que le he dirigido a usted hoy.

Estimado señor: tengo conocimiento por vías informales que la Contraloría General de la República presentó una acción judicial en mi contra que probablemente se tramitará ante la jurisdicción contenciosa, de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, la protección que esa norma otorga al diputado opera únicamente de cara a la justicia penal cuando ello implique la posibilidad de arresto y privación de libertad.

En la situación en la que supuestamente nos ubicaríamos no opera ninguna posibilidad de detención o limitación de la libertad personal, por ellos no existe inmunidad a la que deba renunciar, no obstante, de existir algún privilegio que llegara a operar en mi favor por mi condición de diputado hago de su conocimiento que no llegaría a invocarlo.


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Por imperativo ético asumo la responsabilidad que me corresponde y bajo ninguna circunstancia eludiría enfrentar de manera real la acción de justicia en iguales condiciones que cualquier ciudadano.

Esto quiero consignarlo simplemente para parar cualquier elemento mórbido que haya en relación a una causa que tiene que ver con el desempeño de mis funciones en la institución que presidí anteriormente, oportunamente podré detallar lo correspondiente.

Le agradezco su consideración.


Gracias a usted, diputado González Ulloa.

Señora contralora, muchas gracias por su presencia hoy.

Creo que el informe ha sido muy amplio.

Ahora como hemos acordado sesiona la Comisión de Ingreso y Gasto Público donde las compañeras y compañeros diputados podrán hacer las consultas del caso.

Le voy a solicitar a los compañeros diputados Marín Quirós, primer secretario, y Prendas Matarrita, segunda secretaria de este Directorio legislativo, se sirvan acompañar a la contralora general de la República, doña Marta Eugenia Acosta Zúñiga, y a la señora subcontralora de la República, señora Silvia Solís Mora.

Muchas gracias.

Se les recuerda que hay también Comisión de Consultas de Constitucionalidad, cinco minutos después de levantar la sesión, y de la comisión que preside don Óscar López de discapacidad.

Igualmente, de Control y Gasto Público aquí en el Salón de Expresidentes y también, dice don Jorge, de Hospital México. Así que seguimos trabajando.

Al ser las diecisiete horas con seis minutos, se levanta la sesión.


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Rafael Ortiz FábregaPresidente

Juan Rafael Marín Quirós Karla Prendas Matarrita Primer secretario Segunda secretaria


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