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80 OCTUBRE - DICIEMBRE / 2009

REVISTA POLÍTICA COLOMBIANA

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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LLUCUCHA CONTRA LAA CCOORRR UPUPCIÓNÓN

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Las prácticas de corrupción en sus facetas política, social y econó-mica se han constituido en uno

de los principales obstáculos para el fortalecimiento de la gobernabilidad especialmente de los países subde-sarrollados y en vías de desarrollo. Como fenómeno global, sus alcances son cada vez mayores, puesto que em-plean mecanismos más refinados, con base en los avances de los sistemas in-formáticos y de comunicaciones.

En Colombia, los casos de corrupción se dan en mayor proporción en las en-tidades del sector público, afectando especialmente áreas sensibles como la salud y la educación, especialmente en lo referente a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y de las regalías, generando una pérdi-da de confianza de la ciudadanía en sus

autoridades e instituciones, con efectos en la democracia y la gobernabilidad

Los esfuerzos para luchar contra la co-rrupción y lograr la transparencia y la éti-ca en el servicio público provienen de ins-tancias del sector público y privado, pero también resulta destacable el control so-cial ejercido por la sociedad civil, repre-sentada en la academia, las veedurías y directamente la ciudadanía. No obstante, no se han logrado resultados de impacto, según se deduce del aumento en canti-dad y cuantía de nuevos casos de corrup-ción en diversas entidades públicas.

Prácticas de corrupción y mecanismos utilizados para contrarrestarlas

Aunque el gobierno nacional colombia-no ha llevado a cabo diversos mecanis-

YILBER AMADO GUTIÉRREZContador público de la Universidad Militar, especialista en gerencia en comercio internacional, analista de presupuesto en la Armada Nacional y analista contable en la dirección financiera del Ministerio de Defensa. Profesor universitario en el área contable y financiera. Actualmente vinculado a la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

MERCEDES HERNÁNDEZ CAMPOSContador público de la Universidad Antonio Nariño. Especialista en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad de los Andes y Magister en finanzas y sistemas de la Universidad Central. Con amplia experiencia profesional en los sectores público y privado.



mos para combatir la corrupción, cada vez es mayor la cantidad de casos y el monto de los recursos del erario públi-co involucrados en estas prácticas. Esto en razón a que se han venido adecuan-do las modalidades de corrupción a las modificaciones introducidas en las nor-mas que rigen la administración públi-ca, especialmente las relacionadas con la contratación pública y con los nuevos sistemas de información. Las prácticas de corrupción en el sector público tienen connotación a nivel individual, mientras que en el sector privado pueden darse a nivel corporativo o individual.

Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Incluye tres elementos: el mal uso del poder; un poder encomendado por el sector público o privado y un be-neficio privado de quien ostenta el po-der1. Es practicada por grupos de inte-rés para influir en procesos de decisión política, por lo cual utilizan mecanismos de presión o incentivos ilegítimos. Como resultado se ven comprometidos el ejer-cicio de responsabilidades públicas de interés colectivo, como la moral social.

En Colombia, han sido numerosos los casos en que, ante la debilidad de los órganos de control y el sistema judicial, los medios periodísticos y organismos de la sociedad civil han debido iniciar las 1 Corporación Transparencia por Colmbia. Capítulo Transparencia Internacional. Qué es la corrupción? Artículo recuperado en sep-tiembre de 2009, de http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCIÓN/tabid/62/Default.aspx

investigaciones por casos de corrupción, en razón a su alto impacto económico, social y político, revelándose, entre otros casos, la intromisión de grupos al mar-gen de la ley (paramilitares y guerrilla) en diversas actividades y organismos es-tatales, los malos manejos de los recur-sos de contratación administrativa, la in-adecuada administración de los recursos del Sistema General de Participaciones y Regalías y la estafa de aproximadamen-te 600.000 personas por intermedio de las “pirámides” a través de la captación ilegal de dineros del público.

La corrupción en todos los países tiene diferentes características y alcances, sin embargo, se ha buscado la forma de medir su costo y el impacto político, so-cial y económico, el cual se ha relacio-nado específicamente con el al impacto



sobre el crecimiento, la productividad, la equidad, la calidad de la democracia, la confianza social y capital social2.

Mecanismos de captura del Estado

La captura del Estado se define como un tipo de corrupción en el que agen-tes privados legales intervienen durante la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas con el fin de obtener un beneficio económico para su pro-pio provecho particular. No obstante, en Estados de Derecho en proceso de consolidación puede haber actores le-gales e ilegales interesados en interferir en la conducción del Estado, al nivel de diversos órganos e instancias del poder público, ya sea en el orden nacional, regional o local3.

Sin importar la modalidad de captu-ra del Estado utilizada, es evidente la capacidad de grupos de interés para influir en procesos de decisión política empleando mecanismos de presión o de incentivos ilegítimos4.

2 La corrupción y su impacto negativo sobre el crecimiento (Tanzi & Davoodi, 2001), (Hodgson & Jiang, 2007), sobre la productividad (Salinas & Salinas, 2001), sobre la equidad (Jain, 2001) (Lambs-dofff J.G., 1999), la calidad de la democraia (Villoria, 2006) (Warren, 2004) (Thompson, 2002), la confianza social y el capital SOCAL (Pharr & Purnam, 2000) (Rothstein & Uslaner, 2005). 3 La reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concep-ción tradicional de captura económica del Estado. Salcedo-Albarán Eduardo y otros. Dirección Académica Luis Jorge Garay Salaman-ca. Recuperado el 1º. de septiembre de 2009, de http://www.trans-parenciacolombia.org.co/Portals/0/Captura de Estad.pdf 4 “La captura del Estado”: Un reto en la lucha anticorrupción. Bogotá, Noviembre 20 de 2003. Discurso del Vicepresidente de la República. En: http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/discursos/2003/031120.asp

Delitos contra la administración pública

Son prácticas realizadas por servido-res públicos, generalmente en compli-cidad con personas del sector privado, mediante las cuales se compromete la disposición, usufructo o beneficio de los recursos y bienes públicos, de manera ilícita y en provecho de algunos particu-lares, con perjuicio de las obligaciones que le competen al Estado.

Se encuentran definidas en el Código Penal y comprenden las distintas clases de peculado (por uso, por aplicación oficial diferente, culposo), omisión del agente retenedor o recaudador, concu-sión, cohecho propio, impropio o por dar u ofrecer, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, preva-ricato por acción u omisión, abuso de autoridad, utilización indebida de in-formación privilegiada, intervención en política, usurpación de funciones públi-cas, abuso de función pública.



Otras prácticas indebidas son la asig-nación de subsidios del Estado median-te tráfico de influencias, a ciudadanos que tienen la posibilidad por sí mismos de acceder a los beneficios salud, edu-cación, vivienda, servicios básicos y más recientemente para desarrollar proyec-tos productivos en el campo (Programa Agro Ingreso Seguro); también las defi-ciencias en la calidad de las construc-ciones de vivienda de interés social, y los sobrecostos para el manejo de los subsidios.

Finalmente están las demandas contra el Estado y sus instituciones, acompa-ñadas de una precaria defensa jurídica del Estado, que de acuerdo con cifras recientemente publicadas por la CGR comprenden 173.000 demandas que representan tres veces y media el presu-puesto público incluida una demanda en contra del Incora con pretensiones por $595 billones.

Principales actividades de Lucha Contra la Corrupción

La herramienta más efectiva para com-batir la corrupción en la actividad pú-blica es el acceso a información fide-digna, oportuna y confiable. De ahí la importancia de la divulgación de la gestión de los administradores públicos, el manejo de los presupuestos y los pro-cedimientos para la contratación públi-ca, la rendición de cuentas y en general aquellos mecanismos que permitan a

la ciudadanía tener acceso a las deci-siones asumidas por sus gobernantes y administradores públicos.

También se ha incrementado la expe-dición de normas para combatir la co-rrupción, lograr mayor transparencia y desarrollar la ética de lo público. Algu-nas de estas normas se han originado en convenios con organismos interna-cionales a los que se encuentra asocia-do el país o sus instituciones de control con el fin de desarrollar acciones frente al tema de la corrupción, asumidos de manera libre o por imposición de orga-nismos multilaterales.

Transparencia Internacional elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), del sector público con base en evaluaciones de expertos y encuestas de opinión a ciudadanos5. En el informe de 2008 Colombia obtuvo una calificación de 3,8 que lo ubicó en la posición 70 entre 180 países evalua-dos. Señalar porqué estos indicadores no son confiables , y cuáles son los re-sultados esperados de los informes de Transparencia.

Además elabora el “Barómetro Global de la Corrupción”6 y el Índice Fuentes de Soborno7. El primero de estos determinó nuevamente en 2009 que los partidos

5 El informe más reciente se presentó en Berlín el 23 de septiem-bre de 2008 por parte de Jesús Lizcano, Presidente de Transpa-rencia Internacional.6 Es una encuesta de opinión pública que efectúa Gallup Internacio-nal por encargo de Transparency Internacional. El informe presen-tado en 2009 se basó en la encuesta realizada a 73.132 personas en 69 países.7 Mide la propensión al soborno de grandes multinacionales de los países con mayores exportaciones en el mundo



políticos y la administración pública son percibidos como los sectores más co-rruptos; el segundo concluyó en 2009 que a pesar de que los países más ricos del mundo han suscrito la Convención de la OCDE contra el soborno transna-cional, este sigue siendo parte habitual de la práctica comercial y que las em-presas de obras públicas y construcción son las más propensas a la corrupción del sector público y ejercen una influen-cia indebida en las políticas, decisiones y prácticas de los gobiernos8.

A nivel nacional “Transparencia Colom-bia”, creado desde 1998 para liderar desde la sociedad civil esfuerzos de lucha contra la corrupción, en su informe sobre la vigencia 2008, mostró que las enti-dades públicas tuvieron una calificación de 69,5 que significa un nivel de riesgo medio en propensión a la corrupción. El Banco de la República es la entidad con menor propensión al riesgo y la Cámara de Representantes está entre las de mayor riesgo, situación que es coincidente con los resultados de la auditoría practicada a esta última entidad.

En lo referente al sector público colom-biano, no existe una normativa espe-

8 Transparencia Internacional, Informe de Fuentes de Soborno (IFS), 2008. En: transparencia.org.es/indice de fuentes de soborno

cífica, se encuentran algunas normas dispersas encaminadas a desarrollar y fortalecer la eficiencia transparencia y control, enfatizando en sistemas de con-trol interno, sistemas de gestión de cali-dad, códigos de ética, códigos de Buen Gobierno, contratación pública y comu-nicación pública. Se resaltan la Ley 87 de 1993 del control interno en entidades estatales; Ley 80 de 1993 y su modifica-toria Ley 1150 de 2007 sobre la Con-tratación de la administración pública; Ley 872 de 2003 que crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecuti-va y otras entidades prestadoras de ser-vicios; Ley 909 de 2004 que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública; Decreto 1599 de mayo 20 de 2005 por el cual se adop-ta el Modelo Estándar de Control Inter-no para el Estado Colombiano (MECI) 1000:2005 y Decreto 3622 de 2005 que trata sobre las políticas de desarro-llo del sistema administrativo.

“Los partidos políticos y la administración pública son percibidos como los sectores más corruptos; ... el soborno transnacional sigue siendo parte habitual de la práctica

comercial y las empresas de obras públicas y construcción son las más propensas a la corrupción del sector público”.



Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PLCC)

Está a cargo de la Vicepresidencia de la República y forma parte de la polí-tica estatal para contrarrestar la co-rrupción y para lograr la probidad y transparencia en la gestión pública. Se fundamenta en la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción, lo mismo que los acuerdos y convenios con entidades internacionales y el auspicio de organis-mos multilaterales.

El Programa establece unos controles preventivos (disuasivos, educativos y sistémicos) y unos controles correctivos que son concurrentes de ejecución de acciones de instituciones públicas y pri-vadas que manejan fondos públicos.

Una de las modalidades utilizadas por el Programa es el de Auditorías Visibles, mediante las cuales la ciudadanía procu-

ra que los recursos públicos destinados a educación, salud, vivienda, servicios bá-sicos y la garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabi-lidad, sean planeados, invertidos y eje-cutados en forma efectiva. Se realizan a nivel regional para la vigilancia de los proyectos de inversión social financiados con recursos del Sistema General de Participaciones y las Regalías9.

Adicionalmente se creó el Currículo de la Legalidad para desarrollar en los ciu-dadanos una comprensión adecuada del sentido de las normas. Más reciente-mente se han desarrollado procesos de “Contratación visible”, para acompañar procesos precontractuales de algunas entidades públicas, Con base en los resultados obtenidos en el seguimiento de estos procesos se está elaborando el “Manual sobre La Transparencia”, que describe de manera didáctica las tram-pas más comunes de la función pública ilustradas con ejemplos reales, en los procesos de contratación del Estado.

También se desarrollan los pactos de transparencia y ética de lo público, que son acuerdos de voluntades entre go-bernantes y ciudadanos para la aplica-ción de prácticas que permitan generar confianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes a nivel nacional y local.

Finalmente debe anotarse que el Pro-grama de Lucha contra la Corrupción está estrechamente relacionado con la Meta 7 del Documento Visión 2019 “Im-9 En: Forjar. Revista del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.



plementar la gestión por resultados”, la cual propone que los administradores públicos y gobernantes presenten no solo la rendición de cuentas de su ges-tión, sino ofrecerle al ciudadano más y mejor información de los productos que le entregan y su impacto en la comuni-dad.

Dicha meta tiene corresponsabilidad con la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Un mejor Esta-do al servicio de los ciudadanos”, que propone alcanzar un Estado transpa-rente, visible a la ciudadanía y abierto a la participación, con separación de poderes e independencia de las diver-sas instituciones gubernamentales, bajo principios de seguridad democrática, respeto a las libertades públicas, cons-trucción de cohesión social, transpa-rencia y respeto a la independencia de instituciones del Estado.

La Ética de lo público

El servicio público tiene el doble carác-ter de ser legal y moral10. Esto significa que el servidor público, como represen-tante de los intereses de la sociedad, debe aplicar los principios y valores de la administración pública en el desem-peño de sus funciones; prestar el servi-cio público de manera eficiente, eficaz y oportuna; aplicar prácticas de Buen

10 En el estudio realizado en 1998 por la Universidad del Rosario demostró que el problema de la moralidad en las organizaciones está estrechamente relacionado con los problemas de moralidad en el ámbito más amplio de la sociedad civil democrática.

Gobierno y gestión por resultados; prestar el servicio público con calidad y protegiendo los derechos del ciudada-no; desarrollar cultura de la legalidad y ejercer el liderazgo del Estado.

El concepto de ética de lo público com-prende el conjunto de valores y princi-pios que rigen el servicio público, entre ellos los de transparencia y responsabi-lidad.

A nivel general se han definido siete principios del servicio público, que son. Vocación del servicio, donde prima el interés público y no el particular; inte-gridad, impidiendo influencias extrañas en el desempeño laboral; objetividad, operando bajo criterios técnicos; res-ponsabilidad, especialmente ante la sociedad; apertura relacionada con la publicidad de los actos administrativos; honestidad, evitando los conflictos de interés y liderazgo.

Control social y participación ciudadana

El control social es el derecho que tie-ne la ciudadanía a realizar democracia participativa, la cual es concebida en la Constitución Política y desarrollada mediante la Ley 131 de 1994, que esta-blece el voto programático, con lo cual el gobernante una especie de contrato entre los electores y el elegido.

El ejercicio cabal del control social per-mite el aumento de representación de las comunidades; desarrollo de capa-



cidades de los ciudadanos en el segui-miento de la administración y ejecución de la gestión; interlocución de instan-cias de participación ciudadana, co-munitaria e institucional y órganos de control estatal, con el fin de mejorar la prestación de servicios de la administra-ción pública.

Las veedurías ciudadanas constituyen uno de los mecanismos más idóneos para el ejercicio democrático de repre-sentación, que permite a ciudadanos y organizaciones comunitarias ejercer vi-gilancia sobre el proceso de la gestión pública.

Otro mecanismo de control social es la rendición de cuentas, también denomi-nada accountability, es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o per-sona de responder e informar sobre la administración, manejo y rendimientos del patrimonio público y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Su fundamento jurídico es la Ley 222 de 1995 y los resultados básicos que se deben presentar a la ciudadanía son las ejecuciones de los programas de gobierno y las metas planteadas en los correspondientes planes de desarrollo.

El control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la Repúbli-ca realiza cuatro labores misionales que son el control fiscal micro realizado

mediante las auditorías; el control fiscal macro por medio de análisis de políti-cas públicas y estudios sectoriales; los procesos de responsabilidad fiscal y la promoción de la participación ciudada-na. Las principales estrategias para la lucha contra la corrupción son11:

Plan General de Auditoría, que con--

tiene la programación anual de las auditorías, con base en lineamientos de políticas macroeconómicas inci-dentes por sectores, resultados de la medición del riesgo institucional y de auditorías anteriores a los sujetos de control, complejidad de las entidades auditadas y otras evaluaciones.

Celebración de Planes de Mejora--

miento con los sujetos de control fiscal, para subsanar o corregir ha-llazgos negativos de orden adminis-trativo que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría Guber-namental.

Constitución del Comité de Vigilan--

cia y Seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones, especialmente destinados a salud y educación.

Audiencias Públicas con fun--

damento en el Proyecto PNUD COL/03/025CO/010204 Gobierno de los Países Bajos, para “Combatir la corrupción en Colombia a partir

11 Basado en informe de Gestión de la CGR. “Hacia la excelencia en la Gestión Fiscal, 2007-2008”. Imprenta Nacional, agosto de 2008 y el discurso del Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, “La lucha contra la corrupción”, en la reunión del Congreso de diciembre 10 de 2008.



del fortalecimiento de la participa-ción ciudadana y del capital social”.

Actividades de Participación Ciuda--

dana, fomentando el control fiscal participativo mediante la articula-ción del control ciudadano y el con-trol fiscal que compete a la CGR. Comprende actividades de forma-ción, divulgación y conformación de comités de vigilancia ciudadana.

Publicación de políticas públicas de -

Contratación por parte de las enti-dades vigiladas, para evitar el direc-cionamiento indebido de contratos.

Fortalecimiento del sistema de de--

nuncia ciudadana mediante segui-miento en línea.

Descongestión de procesos de res--

ponsabilidad fiscal para evitar la prescripción.

Fortalecimiento de la Función de -

Advertencia, para reaccionar de manera inmediata frente a casos que puedan implicar graves riesgos al patrimonio público.

Creación de un grupo elite con fun--

ciones especiales de policía judicial, para fortalecer el valor probatorio de las pruebas en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal.

Fortalecimiento e implementa--

ción del sistema de control interno MECI.

Coordinación del control fiscal con -

entidades de control territorial me-

diante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof).

Convenios interinstitucionales de in--

formación, cooperación y utilización de bases de datos para mejorar la investigación y sanción en los pro-cesos de responsabilidad fiscal.

Reforma del Sistema de información -

para la Contratación Estatal (SICE), mediante mejoras al Catálogo Úni-co de Bienes y Servicios (CUBS) y adecuación para su uso tanto en el SICE como en el SECOP.

Creación del Sistema Integrado de -

Información de Gestión Pública (SII-GEP), para consolidar resultados de evaluaciones de Control Interno, Riesgo Institucional, Dictamen, Ha-llazgos y Procesos Administrativos Sancionatorios.

Fortalecimiento de las Relaciones -

técnicas con el Congreso de la Repú-blica, aportando no solamente los in-formes de ley - Auditoría al Balance,



Informe Social, evaluación del Plan Nacional de Desarrollo e Informe del Medio Ambiente – sino resultados del seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones y las Regalías; análisis de políticas públicas y respuestas a solicitudes y requerimientos del Congreso.

Celebración del Convenio Triparti--

to con la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para combatir prácticas corruptas.

Otras actividades comprendieron -

la firma del Memorando de En-tendimiento Técnico con la Banca Multilateral - Banco Mundial y BID; cooperación con la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades de fiscalización Supe-rior (OLACEFS); participación en el Comité Andino de Lucha contra la Corrupción y en la XIII Conferencia Internacional Anticorrupción.

Las fallas en el servicio público en cifras de los órganos de control

Contraloría General de la República

Durante el período 2004-2008, se exa-minaron 640 cuentas de las cuales se han fenecido 409, que representan el 64% del total, mientras que las otras las restantes 231 (36%) no se han fenecido.

En las auditorías practicadas se eviden-ciaron 55.507 hallazgos, de los cuales

el 84% fueron incluidos en Planes de Mejoramiento; el 8% se trasladaron a investigaciones disciplinarias; el 4% a procesos con posible responsabilidad fiscal; el 3% se trasladaron por posible responsabilidad penal y el 1% restante se corrigió durante la auditoría. Los ha-llazgos tramitados ascendieron a $4,4 billones (Cuadro 1).

A su vez, se expidieron 2.061 procesos sancionatorios por no rendición de la cuenta en la forma y oportunidad esta-blecidas, incurrir en forma reiterada en errores y omisiones en presentación de cuentas, e incumplimiento en implan-tación de acciones correctivas de los planes de mejoramiento. El valor de las sanciones ascendió a $3.907 millones (Cuadro 2).

Por su parte la Delegada de Partici-pación Ciudadana tramitó un total de 9.503 denuncias, de las cuales 7.501, equivalentes al 79% obtuvieron res-puesta de fondo (Cuadro 3).

En cuanto a los procesos de responsabi-lidad fiscal adelantados por la Delega-da para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva contra servido-res públicos y particulares que adminis-tran bienes públicos, fueron 7.753 por cuantía de $3,9 billones. Con relación al total, los fallos con responsabilidad fiscal solamente fueron 1.335 (17%), por $0,6 billones (14%) (Cuadro 4).



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Del total de fallos expedidos con res-ponsabilidad fiscal en total se traslada-ron 467 procesos para cobro coactivo, por valor de $0,05 billones.

Por último en el Boletín de Responsa-bles Fiscales se redujo ostensiblemente en 2008 la cantidad de responsables y el monto de las responsabilidades fisca-les, como se indica en el cuadro 5.

Procuraduría General de la Nación

Esta entidad vigila el cumplimiento por parte de los servidores públicos de los deberes contemplados en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (Código Disci-plinario), en cuanto a gestión, esmero, protección de los recursos, lealtad a la Constitución y a la Ley, decoro, respeto y acatamiento. Dicha norma es aplicable a

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FALLOS DE 1a, Y 2a. INSTANCIAS SANCIONATORIOS

PERIODO: Enero 1º de 2004 a Diciembre 31 de 2008

NOMBRE CAPITULO 2004 2005 2006 2007 2008 TotalFALLOS SANCIONATORIOS CON INHABILIDADAbuso de Autoridad 1 1 2 4Inmoralidad (corrupción) administra�va 1 1 2Omisión o negligencia en el ejercicio de las funciones 1 1 2Total Implicados 1 1 2 4 8

Subtotal fallos sancionatorios - INHABILIDAD 2 2 4 e 0 16Código del trámíe:15 y 19 (1ra y 2da INSTANCIA), código Sanción: 417, 418, 470, 472 473 (INHABILIDAD CARGOS PÚBLICOS PERMANENTE, ESPECIAL, GENERAL, INTEMPORAL), periodo por la fecha de grabación de la decisión.

FALLOS SANCIONATORIOS CON SUSPENSIÓNAbuso de Autoridad 1 6 15 25 38 85Enriquecimiento ¡lícito 2 2Extralimitaron en el ejercicio de las funciones públicas 1 2 3Inmoralidad (corrupción) administra�va 1 6 1 5 5 18Intervención en polí�ca 2 2 4Irregularidades en contratación administra�va 1 4 9 12 27 53Irregularidades en el manejo del presupuesto 1 3 2 2 8Mal manejo y uso indebido de bienes públicos 3 1 4Omisión o negligencia en el ejercicio de las funciones 6 17 14 25 54 116Violación a los Derechos Humanos 1 1 2Violación al régimen de inhabilidades e incompa�bilidades 4 4

Subtotal fallos sancionatorios - SUSPENSIÓN 12 30 44 71 134 299Código del trámite: 15 y 19 (1ra y 2da INSTANCIA), código Sanción: 310 (SUSPENSIÓN), periodo por la fecha de grabación de la decisión.

FALLOS SANCIONATORIOS CON DESTITUCIÓNAbuso de Autoridad 2 5 6 12 7 32Enriquecimiento ilícito 2 3 3 8Extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas 3 1 4Ineficacia en la administración de jus�cia 1 1Inmoralidad (corrupción) administra�va 2 38 6 144 5 195Intervención en polí�ca 1 3 4Irregularidades en contratación administra�va 2 6 18 26Irregularidades en el manejo del presupuesto 1 9 9 19Mal manejo y uso indebido de bienes públicos 1 1 2Omisión o negligencia en el ejercicio de las funciones 3 4 11 12 30Violación a los Derechos Humanos 1 3 3 7Violación al régimen de inhabilidades e incompa�bilidades 1 7 3 5 16

Subtotal fallos sancionatorios - DESTITUCIÓN 0 46 34 192 64 344Código del trámite: 15 y 19 (1ra y 2da INSTANCIA), código Sanción: 409 (ABSOLUCIÓN), 41 0 (DESTITUCIÓN) periodo por la fecha de grabación de la decisión.

TOTAL FALLOS SANCIONATORIOS 22 6 2 271 198 659Fuente: Procuraduría General de la Nación - División Registro y Control (Informe generado e!1 9 de marzo de 2009) Nota: Datos provenientes de los sistemas GEDIS y SIM (en etapa de imple-mentación), con base en información incorporada por las diferentes dependencias de la entidad, las cuales son responsables de la confiabilidad y precisión de los datos consignados.

CUADRO 6. FALLOS DE PROCESOS DE 1ª. Y 2ª. INSTANCIAS SANCIONATORIOS, AÑOS 2004 A 2008



los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales, presten servicios públicos o administren recursos del Estado, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado. En el artículo 43 se es-tipula el tipo de sanción según la falta sea gravísima, grave o leve.

Con base en la información de la Di-visión de Registro y Control de la Pro-curaduría, se estableció que durante los años 2004-2008 hubo disminución importante del inventario y movimiento de procesos disciplinarios. El año 2004 inició con 40.195 procesos y en 2008 el inventario final era de 21.044. En total los ingresos reales de procesos (ingresos menos remisiones) alcanzaron la cifra de 165.019, mientras que los egresos fue-ron de 188.304 procesos (Gráfico 1).

Así mismo, durante este período los fa-llos sancionatorios ascendieron a 659. De estos fallos el 52% corresponde a sanción con destitución, el 45% a fallos con Suspensión de las funciones y el restante 2% a Sanción de Inhabilidad. En 2008 no se reportaron datos de fa-llos sancionatorios. También se desta-ca que durante los años 2007-2008 se han producido el 71% de los fallos. Las causales y cantidad de casos, se mues-tran en el cuadro 6.

Fiscalía General de la Nación

La entidad adelanta las investigaciones por intermedio de la Unidad de Deli-tos contra la Administración Pública. El Sistema tradicional de investigación (SIJUF) o Ley 600, ha sido reemplaza-

GRÁFICO 1. MOVIMIENTO INVENTARIO PROCESOS DISCIPLINARIOS AÑOS 2004 - 2008

Fuente: Procuraduría General de la Nación - División de Registro y Control (informe mar. 19 .09).

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Fuente: Fiscalía General de la Nación - Información estadísticas Delitos contra la Administración Pública

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACasos Sistema Penal Oral Acusatorio -Ley

906 de 2004 (años 2005-2008)Procesos Administración SI JUF _ Ley 600

(años 2004-2008)TOTALES

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Omisión del agente retenedor o recaudador 4.127 15,2% 1.476 14,0% 15.330 24,7% 9.651 28,3% 19.457 21,3% 11.127 25,2%Peculado 2.336 3,6% 571 5,4% 14.388 23,2% 6.381 19,0% 16.724 18,3% 6.952 15,3%Prevaricato 4.339 16,0% 1.700 16,1% 9.664 15,6% 4.836 14,4% 14.003 15,7% 6.536 14,8%Abuso de autoridad y otras infracciones 6.019 22,2% 3.793 35,9% 5.203 8,4% 3.144 9,4% 1 1 .222 12,6% 6.942 15,7%Delitos contra los servidores públicos 3.386 12,5% 1.205 11,4% 5.508 8,9% 3.858 11,5% 8.894 10,0% 5.063 11,5%Celebración indebida de contratos 1.234 4,6% 265 2,5% 7.083 11,4% 3.166 9,4% 8.317 9,3% 3.431 7,8%Concusión 900 3,3% 235 2,2% 1.780 2,9% 792 2,4% 2.680 3,0% 1 .027 2,3%Otros delitos contra la Administración Pública 2.566 9,5% 805 7,6% 0 0,0% 0 0,0% 2.566 2,9% 805 1,8%Cohecho 954 3,5% 288 2,7% 1.352 2,2% 805 2,4% 2.306 2,6% 1.093 2,5%Usurpación y abuso de funciones públicas S53 3,2% 129 1,2% 583 0,9% 377 1,1% 1.436 1,6% 506 1,1%Enriquecimiento ilícito 264 1 ,0% 68 0,6% 484 0,8% 139 0,6% 748 0,8% 257 0,6%U�lización indebida de información 13 0,0% 9 0,1% 525 0,8% 244 0,7% 538 0,6% 253 0,6%Tráfico de influencias 77 0,3% 27 0,3% 163 0,3% 73 0,2% 240 0,3% 100 0,2%TOTALES 27,068 100% 10,576 100,0% 62,063 100% 33,516 100,0% 89,131 100,0% 44092 100,0%

CUADRO 7. PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AÑOS 2004-2008

do paulatinamente por el Sistema Penal Acusatorio, o Ley 906 de 2004 estable-cido a partir de 2005.

De acuerdo con la información esta-dística, durante los años 2004 a 2008 se iniciaron 89.131 procesos penales, de los cuales el 70% corresponde a Ley 600 y el 30% restante a Ley 906 de 2004. Del total de procesos iniciados 44.092 (49%), han sido archivados por preclusión, ejecutoria de inhibitoria, o han sido remitidos a otras instancias como la justicia penal militar (Cuadro 7).

Según se puede observar, los delitos que han ocasionado mayor cantidad de apertura de investigaciones pena-les han sido en su orden: omisión del agente retenedor o recaudador (21,8%), peculado (18,8%), prevaricato (5,7%), abuso de autoridad y otras infracciones (12,6%), delitos contra los servidores públicos (10%) y celebración indebida de contratos (9,3%). A su vez son los

procesos con mayor magnitud de pre-clusiones, autos inhibitorios o traslados, destacándose que el 76% de salidas son de procesos ley 600 o tradicional y sólo el 24% del sistema oral acusatorio.

Conclusiones

El Estado colombiano, al igual que la mayoría de países del mundo es vícti-ma del flagelo de la corrupción en el sector privado y público, con especial énfasis en el segundo, dadas las diver-sas modalidades de captura del Estado, que cada vez aplican mecanismos más sofisticados.

A pesar de que el país cuenta con una variedad de normas e instrumentos que en teoría permitirían un mejor control de la denominada “cosa pública”, está probado que la deficiencia no es de tipo normativo sino de actitudes de las personas, especialmente quienes tienen la potestad de gobernar o tomar parte



en las decisiones de aplicación de los recursos públicos en las diferentes acti-vidades de la agenda gubernamental.

La realidad ha sido que estas prácticas se han seguido expandiendo vertiginosa-mente en toda la actividad pública, ge-nerando un círculo vicioso de menor de-sarrollo, disminución de calidad de vida, exclusión social, violencia e inseguridad ciudadana. En consecuencia cada vez son más las personas que ocupando car-gos del servicio público, especialmente los de mayor nivel, están en búsqueda del beneficio particular antes que de cumplir su deber de servicio a la comunidad.

Ello no obsta para que se promueva contar con instituciones de control más sólidas, una reglamentación más estricta y una mayor participación de la ciuda-danía para verificar la utilización del pre-supuesto, especialmente el de inversión social, todo ello con el fin de garantizar niveles más bajos de corrupción

En la lucha contra la corrupción parti-cipan diversas instancias a nivel nacio-nal e internacional; se aplican códigos de Buen Gobierno, normas de ética y transparencia, se cuenta con un progra-ma nacional de lucha contra la corrup-ción. Pero es indispensable que todos los organismos y las actividades enca-minadas a este fin, estén sincroniza-dos, y existan esfuerzos de cooperación mancomunados y de manera continua.

Para solucionar el problema de la co-rrupción y falta de ética de lo público en el sector público, existen varias alterna-

tivas. La primordial es que en los orga-nismos de la administración pública se asuman medidas contundentes contra interferencias políticas; y que sean eva-luados de acuerdo con su desempeño financiero y la obtención de esas metas y objetivos bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.

La aplicación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que es un tema en boga, debe analizarse desde el pun-to de vista del retorno por la reducción del riesgo que conllevan los controles internos deficientes.

La participación de la ciudadanía para ejercer el control social, es indispensa-ble en su papel de veedores o fiscaliza-dores de los procesos de gestión públi-ca, ya que al actuar conjuntamente con otros medios de difusión e investigación facilitan la labor que deben cumplir los órganos de control y del sistema judicial para combatir los delitos contra la ad-ministración pública.

Ello no obsta para que se promueva contar con instituciones de control más sólidas, una reglamentación más estric-ta, para verificar la utilización del presu-puesto, especialmente de inversión so-cial, para corregir el círculo vicioso de menor desarrollo, disminución de cali-dad de vida, exclusión social, violencia e inseguridad ciudadana.

Los autores agradecen la colaboración de la abogada Betsabé Ló-pez Pacheco, profesional de la Delegada para Defensa y Justicia de la CGR, para la obtención de información de investigaciones adelantadas en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.



También se requiere el reforzamiento del sistema judicial, con el fin de que se puedan hacer efectivas las penas im-puestas contra los servidores públicos y los particulares que actúen en la co-misión de delitos contra la administra-ción pública; aumentar las causales de destitución de los funcionarios públicos, conforme con los nuevos delitos contra la administración y llevar un control más estricto de los bienes y rentas de los ser-vidores públicos.

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articulo05

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