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Tercer Congreso de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua. Universidad de Guanajuato, Sede Salvatierra (El Mayorazgo) del 9 al 11 de abril de 2014. MESA: "Megaproyectos hdricos y resistencias sociales". Coordinadora: Anah Copitzy Gmez Fuentes (EL COLEGIO DE JALISCO, Mxico).

TTULO.

Consecuencias del conflicto en Temacapuln por la construccin de la presa El Zapotillo: el

reclamo de justicia.

Autores, institucin y correo electrnico.

Miguel ngel Casillas Bez. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social sede Occidente. Correo electrnico: miguelcasillasbaez@gmail.com

Guadalupe Espinoza Sauceda. Universidad Autnoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Correo Electrnico: sauceda73@gmail.com

1.- Breve apunte regional sobre Temacapuln y la gestin del agua en el ro Verde.

Los Altos de Jalisco es la referencia histrica al territorio en el que distinguimos tres

biorregiones (Tom Martn, 2008:117-141) imbricadas con la influencia de tres ciudades en el

centro occidente mexicano. Los lmites externos de Los Altos son las ciudades de Guadalajara,

en Jalisco, como capital poltica; la ciudad capital de Aguascalientes, que tambin lleva ese

nombre; Len, en Guanajuato, en una mancha urbana intermunicipal con San Francisco del

Rincn y Silao. Hay distinguibles Altos en el territorio interno totalmente en Jalisco- del

tringulo que forma la lnea imaginaria entre esas tres ciudades, concentradoras de actividad,

productos primarios, trabajo y controles administrativos. Lagos de Moreno y Tepatitln de

Morelos son ciudades y centros de concentracin, con el acceso a las vas de comunicacin que

facilitan el transporte, como lo tiene San Juan de los Lagos y Arandas.

Los Altos de arriba se distinguen con Los de abajo (Fbregas y Tom, 1999) por:

las posibilidades de vinculacin con el transporte y los mercados, alta urbanizacin

concentradora de habitantes, la desruralizacin de la vida en los municipios y la intensificacin

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de la produccin agropecuaria. En la segunda dcada del siglo XX, 8 de cada 10 alteos vivan

en tres ciudades, cantidades exactamente inversas 50 aos antes (Cabrales, 1990). Los Altos de

arriba y los de abajo comparten condiciones ecolgicas, fundamentalmente en la lluvia

anual, con la misma incertidumbre de cantidades y duracin del temporal, aunque con menos

lluvia (entre 400 mm y 600 mm) entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno que los 66

mm y 800 mm entre Jalostotitln y Guadalajara.

En el ao 2010 segn el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica-

(INEGI, 2010) en el municipio de Lagos de Moreno vivan 153,817 habitantes y en el de

Tepatitln de Morelos vivan 136,123 habitantes. En Lagos de Moreno dispersos en 557

localidades, pero la mayor parte -98,206 habitantes del total- ubicados en la cabecera municipal.

La desruralizacin de la vida en el municipio est expresada en el abandono de localidades,

segn la visita para el censo del 2010 y con relacin a los censos 10 aos antes (Hernndez

Padilla, 2013). En los primeros diez aos del siglo XXI la poblacin abandon 117 localidades,

el resto de rancheras estaban dispersas en el territorio laguense: 353 comunidades con menos de

100 habitantes. El reporte censal de 2010 no fue muy distinto en Tepatitln de Morelos: 91,959

personas residan en una ciudad, la capital poltica del municipio. Censaron 102 sitios sin

habitantes y 286 pueblos con menos de 100 habitantes.

Temacapuln est en una biorregin de Los Altos con los municipios que tienen el

mayor porcentaje de rancheras sin habitantes. El rea est en el territorio de los municipios

de Caadas de Obregn, al sur del ro Verde y al norte su vecino Mexticacn. En Caadas

vivan 4,151 personas en el ao 2010 y en Mexticacn 6,034 personas. La poblacin de Caadas

viva en 111 localidades y la poblacin de Mexticacn en 130 localidades. En Caadas, los

habitantes estaban concentrados en la cabecera municipal, donde censaron a un total de 2,625

personas. Cuatro comunidades tenan ms de 100 habitantes y menos de 1,000 habitantes. Una

de ellas era Temacapuln. En el otro lado del ro, en Mexticacn censaron a 3,520 personas en la

cabecera municipal, con 7 pueblos que registraron ms de 100 habitantes; 54 tenan menos de

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esa poblacin y en 68 localidades ya no haba habitantes. En el caso de Caadas, en un total de

66 localidades no encontraron habitantes en el censo de 2010.

Andrs Fbregas muestra en su trabajo sobre la formacin histrica de la regin

(Fbregas, 1986) que los pueblos alteos y sus territorios corresponden a las sedes de las

oligarquas locales. La fortaleza del dominio poltico y la inmovilidad de las relaciones de

produccin van de la mano con los defensores de la tradicin local, conclua Fbregas

(1986:217). El agua es uno de los recursos estratgicos vinculado con las dimensiones

regionales desde Los Altos: por el poder de negociacin desde Len, Guanajuato y las polticas

pblicas de distribucin de agua para esa ciudad y para Guadalajara, Jalisco.

2.- La justicia ambiental intergeneracional omnicomprensiva y la inequidad global.

La conciencia de solidaridad con la naturaleza, con el prjimo y con las generaciones

del futuro est en el inconsciente colectivo de culturas indgenas en innumerables pueblos

rurales (Toledo et al., 2013:115). Los zapatas de la revolucin mexicana son lo mismo, con

diferente concepto que ecologistas de los pobres o los temacas. En los reclamos por el respeto

a la naturaleza en Mxico, Toledo (2013) propone tres procesos indisolublemente conectados:

incremento de conflictos ambientales, multiplicacin y maduracin de resistencias ciudadanas,

comunitarias o colectivas, y aumento de violencia ambiental expresada en vctimas. Es as

como la ecologa poltica intenta analizar conflictos desde la articulacin de relaciones

naturaleza, seres humanos y relaciones sociales (Toledo, 2013:115).

En el estudio de la crisis socioecolgica global el modelo de las tres partes distingue al

poder poltico, poder econmico y poder social o ciudadano. El poder poltico con presencia de

partidos polticos, del gobierno, resultado de la democracia representativa o formal; las

empresas, corporaciones y mercados, que son el poder econmico; el poder social o ciudadano,

en las comunidades, cooperativas, sindicatos, organizaciones profesionales, etc. Los agudos

proceso de destruccin ambiental tiene relacin con el desmantelamiento del Estado

nacionalista, la aplicacin de polticas neoliberales en los ltimos 20 aos (Toledo, 2013:116).

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El proceso global neoliberal en Mxico equivale a la expansin sin lmites del capital en

su fase corporativa que deriv en complicidad entre el poder poltico con el poder econmico,

nacional y transnacional. El resultado es el deterioro ecolgico, explotacin social, marginacin

cultural y la supresin de la consulta y el uso de la fuerza como recurso cada vez ms ordinario,

para hacer frente a la resistencia del poder social o ciudadano, sobre todo en reas rurales, en

territorios de comunidades indgenas, campesinos, pescadores. Para Toledo, los grandes

problemas ecolgicos en Mxico suponen generacin de conflictos socioambientales

ocasionados por actividades de empresas o corporaciones nacionales o extranjeras- y por

polticas pblicas diseadas para favorecer al sector econmico: Existe un proceso de

depredacin de recursos y procesos naturales en conflicto con quienes los protegen y defienden

(Toledo, 2013:17).

Entre los conflictos socioambientales relacionados con temas hidrulicos hay doce

entidades federativas con afectaciones. Estn relacionados con proyectos como la construccin

de acueductos o de presas, contaminacin del agua, sobreexplotacin, mala distribucin. Las

empresas involucradas son tres mexicanas, entre ellas la CFE, y dos corporativos

internacionales con predominancia de capital espaol: Abengoa y Aguas de Barcelona. En el

caso de Temacapuln, la defensa est abanderada por el MAPDER. Los movimientos de

resistencia socioambiental son esencialmente rurales y en regiones indgenas del pas (Toledo,

2013:19).

El territorio con reconocimiento indgena capta ms de la cuarta parte del agua que la

nacin recibe, aloja reas de enorme riqueza biolgica, mantiene buena parte de las selvas y

bosques que an quedan y es el mbito donde se manejan los principales recursos fitogenticos

del pas. El ro Verde, zona del territorio de Temacapuln, es el ltimo reducto subtropical y

lmite ecolgico al norte de Mesoamrica. Esta es la tierra de campesinos mestizos, con rasgos

similares a los indgenas pero hablan espaol. En sus conflictos ambientales defienden la

naturaleza, el territorio, la cultura, la memoria histrica, la vida colectiva y la autogestin

comunitaria.

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La defensa poltica de Temaca corresponde a una expresin de lucha ambiental en

Mxico de carcter defensivo, que buscan evitar la implantacin de proyectos que destruyen,

pero tambin es impulsor de proyectos alternativos al modelo dominante, que resulta de la

transformacin cualitativa en la lucha ambiental. Las organizaciones contra las represas y en

defensa del agua estn en un conjunto de 300 organizaciones regionales que conforman ocho

grandes redes en todo el pas (Toledo, 2013:120). La causa primera y ltima es el modelo que

busca mercantilizar los recursos naturales con la mscara de una poltica de doble discurso:

compromisos retricos y concesiones irrelevantes y facilidades para los grandes proyectos

depredadores de la naturaleza con vctimas en los procedimientos de la violencia neoliberal.

El anlisis de justicia en el caso de Temacapuln conduce a pensar en un paisaje

ambivalente (Johnson y Niemeyer, 2008:372-373). Los estudios crticos de justicia ambiental

tienen tres planteamientos relacionados: el primero ubica como centro a la reforma y la equidad,

es bien un movimiento para el cambio radical, social y econmico. En segundo lugar, el desafo

que tiene la justicia ambiental debe traducirse desde el horizonte de una perspectiva global.

Pero, sin lugar a dudas, el corazn del movimiento por la justicia ambiental radica en una lucha

por la definicin de la realidad social. Desde las tres propuestas puede abordarse la justicia

ambiental.

La manera de enmarcar lo que entendemos como justicia ambiental determina los tipos

de problemas identificados, los problemas de justicia ambiental y las soluciones. En los estudios

crticos, el marco para la justicia ambiental est en la equidad y en la reforma del sistema, de tal

manera que la distribucin de los problemas ambientales sea equitativa. El movimiento de la

justicia ambiental centrara la distribucin desigual de los males ambientales. Al identificar la

forma en que estn producindose los problemas ambientales tambin identificamos las

inequidades que son producidas, a la que llaman justicia ambiental productiva.

Es evidente que este modelo significa un desafo a la economa de crecimiento

capitalista, a la vez que trabaja con la creacin de movimientos ecolgicos de base amplia. Los

crticos del modelo convencional de justicia ambiental tienen un argumento ponderable: el

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poder de los movimientos de justicia ambiental descansa en la capacidad que tienen para alterar

el sistema, en lugar de reformarlo. Las consecuencias de un conflicto liberan directamente los

efectos de sus reclamos de justicia con alteraciones en las formas de gestin y en sus conflictos

y en las estructuras y las relaciones de poder que las producen.

El movimiento de justicia ambiental cuestiona los anlisis de los casos de injusticia en

la globalidad; proponen que la violencia ecolgica que visita a los pobres surge en el exceso por

el consumo de los ricos. Ms all de la inequidad y el racismo ambiental, el planteamiento

acoge cuestiones morales, ticas y legales. El argumento crtico - del movimiento hacia la

democracia ecolgica- consiste en ubicar el estilo de vida consumista y saludable de quienes

tienen ms ingresos y poner en el mismo marco de anlisis a las personas que enfrentan

marginacin, empobrecimiento y sufren por la injusticia ambiental. Desde una perspectiva

global es necesario centrarnos en la forma de afectacin -directa y recproca- entre lugares.

Es un paso delante del enfoque a la solucin de los problemas ambientales denominado

no en mi patio trasero (NIMBY, Not In My Back Yard por sus siglas en ingls, SPAN,

por sus siglas en espaol, S, pero aqu no), segn el reclamo de los afectados por

instalaciones industriales y desarrollos urbanos ubicados en la plenitud de la intensificacin de

actividades productivas. Algunos ecologistas acusan que es una postura insolidaria: los que

reaccionan contra las nuevas instalaciones son adversarios para evitar afectaciones directas, pero

gestores de la instalacin, pero no aqu.

Las reacciones de los afectados por problemas ambientales que derivan en injusticia no

son casos nimbys. La interconexin entre paisajes y lugares proyecta asimetras en el

consumo y la riqueza y las injusticias ambientales que sealan a los marginados, lugar de

pobres. Estas cuestiones apuntan al corazn de la lucha por una definicin de la realidad social,

proponen Johnson y Niemeyer: Quin determina y cmo entendemos lo que significa

progreso y prosperidad? La subjetividad cosmopolita global moderna primariamente

definida por un consumidor y su participacin en el consumo creciente? Qu es lo que

identificamos como los grandes problemas en nuestra vida? Nuestra creencia en el crecimiento

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econmico y en la racionalidad cientfica tienen sentido? Quines obtienen beneficios y

quienes sufren como consecuencias de esas creencias? Cmo los marginados, rostro de

injusticia ambiental, son descritos en la literatura y muy generalmente en la cultura popular?

El problema proyectado en esa descripcin no es un tema central de la literatura reciente

en la justicia ambiental, excepto por la crtica a los acadmicos, acusados de analizar con

insuficiencia a los movimientos sociales de base y al empoderamiento de la comunidad. La

academia ofrece estudios sofisticados de imgenes y discursos cuando revisa los movimientos

sociales, sobre todo a aquellos movimientos internacionales de proclama favorable para

conservar la biodiversidad. Imgenes que reifican al buen salvaje ecolgico y facilitan el

enfoque neocolonialista de la conservacin en las relaciones entre la urbanizacin, su intensiva

expansin industrial y los campesinos agrcolas en la dispersin rural.

Las personas que viven en los problemas ambientales suelen ser presentados como

vctimas, como sufrientes, cuando muy a menudo ellos describen lo que hacen en otro sentido.

Es un tipo de violencia discursiva que producen las organizaciones al usar las imgenes de las

vctimas para promover sus causas que no contienen intereses de las vctimas. Algunas de estas

cuestiones de imgenes y discurso, facilitadas por el neocolonialismo y que perpetran violencia

discursiva, son inherentes a la corriente principal de cobertura ambiental del Sur global. Al

mismo tiempo que afectados por destruccin ambiental, ellos son vistos desde el Norte como

atrasados, antihiginicos y sucios. Pero los ecologistas del Norte usan la imagen de esos

afectados para combatir la degradacin del medioambiente, mientras que las personas que viven

en esos problemas tienen otras prioridades en sus preocupaciones diarias.

Las estructuras ms amplias, polticas y econmicas, producen ambientes txicos.

Normalmente estn ocultas las relaciones entre produccin, consumo, residuos, y estructuras de

desigualdad. El anlisis es ms all de la equidad de su distribucin, con un enfoque en la

justicia productiva. Atender a las relaciones entre el consumo de los que ms consumen y la

degradacin medioambiental donde viven quienes son los pobres, con lugares y paisajes de unos

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y otros interconectados por polticas pblicas y un modelo de gestin de los recursos en un lado

a favor de las posibilidades de desarrollo en el otro.

Activistas residentes no son -para s mismos- vctimas de la injusticia ambiental. Son

agentes de cambio positivo, que conduce a: las preguntas de lo que constituye la prosperidad, la

definicin de progreso, la forma de trabajo para lograr la prosperidad y la buena vida. Johnson

y Niemeyer llaman paisaje ambivalente para ubicar conceptualmente a los fraccionamientos,

lugares donde residen mexicanos pobres, en la frontera, colindantes con la produccin industrial

que genera empleos, con alta migracin y con desage txico en los drenajes de sus

fraccionamientos. Paisaje ambivalente, desde Temacapuln, es la defensa del territorio por sus

propios habitantes, lastimado por la contaminacin creciente del agua en los ltimos 50 aos,

que actualmente es considerado como espacio para recipiente de agua.

Los habitantes de Temacapuln reclaman justicia con argumentos territoriales, de

injusticia ambiental, de inequidad global. El reclamo territorial es que los arreglos polticos y

tcnicos de la planificacin, establecieron como opciones que engranan entre s la previsible

inundacin y el trasvase cuantificando el transporte del agua, de forma que la distancia

determina la inversin del acueducto-. El reclamo en la justicia territorial son dos escenarios

distintos, aunque relacionados: el relativo a la gestin del agua -por la planificacin de obras, el

control o la distribucin -, en todo caso resultado de relaciones de poder. El conflicto no es el

resultado de la construccin de la presa El Zapotillo sino ms bien fue internalizada como

opcin en esa forma de gestin del agua.

En seleccionar la presa El Zapotillo operaron favorablemente relaciones de poder, con

capacidad en la decisin para impulsar polticas pblicas conteniendo datos tcnicos y

decisiones polticas. Los intereses que mueven a las polticas pblicas en el trasfondo de lo que

aparece como el Estado mexicano operan en el conflicto y son visibles segn las consecuencias

que resultan. En el reclamo de justicia territorial que hace el movimiento de defensa poltica de

Temacapuln, Acasico y Palmarejo, propone alternativas, ofrece opciones tcnicas para la

gestin del agua. En el concierto del conflicto dirimen la solicitud y propuestas de unos y la

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ilegalidad, violacin de los derechos humanos, la amenaza hasta llegar al desplazamiento

forzado- como instrumento del gobierno democrtico en Mxico del siglo XXI.

El reclamo por justicia territorial organiza voces, funde intereses diversos en la defensa

del pueblo, desarrolla sus actividades polticas con la organizacin de un movimiento social. El

alcance de los argumentos alcanza a la injusticia ambiental y a la inequidad global. El territorio

ambivalente, con menosprecio como territorio habitable y en espera de acumulacin de agua,

contribuye a la expansin industrial y al sustento urbano. Desde estas formas de desarrollo

econmico, los habitantes refugiados en esa zona del ro Verde slo han percibido el

crecimiento econmico con impactos ambientales negativos. La interconexin entre lugares y

paisajes tiene lectura de inequidad, toda vez que las ciudades atraen empleos e industria, con

efectos negativos econmicos y ambientales en las zonas de mayor pobreza.

Beneite propone el estudio desde la justicia intergeneracional, que tiene como mbito

las generaciones comprendidas entre los que vivieron ayer, los que viven hoy y los que vivirn

maana. En los nios y en las generaciones futuras hay un potencial que para cumplir sus

aspiraciones no debe ser menor que el potencial que esgrimen las generaciones actuales. Hay

inclusin de los humanos en la prospeccin poltica, pero con ausencia injustificada de

proteccin a la biodiversidad y a las generaciones futuras no humanas. Joshua Beneite explica la

gnesis filosfica en la responsabilidad hasta llegar a la justicia que en trminos actuales est

comprendida en un empaque poltico.

La metafsica y el ontologismo de Hans Jonas superan al contractualismo de John

Rawls, limitado a que slo los humanos alcancen el mismo acuerdo y definida tras un velo de

ignorancia y con una tasa de descuento. La propuesta de Jonas es biocntrica y ofrece total

responsabilidad por nuestras acciones (Beneite Mart, 2013:20). En la prctica de la teora del

derecho, a la propuesta filosfica le corresponde un Ombudsperson, representante poltico y

legal de las generaciones futuras humanas. La justicia intergeneracional y su accin poltica y

legal adolecen de antropocentrismo (Beneite Mart, 2013:21).

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El pragmatismo ecolgico- con la hiptesis de la convergencia de Brian Norton-

plantea la proteccin de los intereses de las generaciones futuras humanas y por tanto

resguardan los intereses de las generaciones futuras no humanas. Pero los intereses de las

generaciones futuras humanas no tienen por qu coincidir con los intereses de las generaciones

futuras no humanas. La omisin permite entidades poco ticas: omite proteger a la

biodiversidad que en apariencia no interesa a las generaciones futuras humanas. El reto es

plantear alternativas para una justicia intergeneracional omnicomprensiva que incluya a la vida

del presente y del futuro. El estudio de la estructura de la justicia intergeneracional y el abordaje

sobre el carcter de la responsabilidad hacia las generaciones futuras coinciden en la necesidad

de plantear alternativas para la justicia intergeneracional omnicomprensiva capaz de incluir la

vida del presente y el futuro (Beneite Mart, 2013:21).

El anlisis del punto de encuentro entre la ecologa y la poltica, el desarrollo

sustentable plantea un tipo de ciudadana que sea ecolgica, responsable y reivindicativa,

propone Beneite Mart. Para proteger a las generaciones futuras humanas sugiere a la

democracia y el nombramiento de un lobby. Pueden estar representadas las generaciones futuras

humanas y la naturaleza-no humana en razn a dos prerrequisitos lgicos: 1) que A tenga

intereses y, 2) que el representante o bien conozca los intereses de A por habrselos comunicado

el propio A, o bien sepa lo suficiente sobre los intereses de A como para hacer juicios

razonablemente fundados (no aleatorios) sobre cmo afectaran a los intereses de A los

diferentes cursos en accin. En el lobby cabe la posibilidad de que los participantes sacrifiquen

el voto presente por uno para el futuro, consecuente con la sustentabilidad ambiental presente.

La sustentabilidad considera como paradigma el valor intrnseco de todos los elementos que

forman el ecosistema. As es necesario incluir los intereses de la biodiversidad: asegurar

condiciones de supervivencia y florecimiento (Beneite Mart, 2013:21).

El problema no radica en qu interesa a las generaciones futuras no humanas sino en

cmo proporcionar las condiciones para que estos intereses se cumplan (Dobson). Implica

pasar por el lenguaje de la justicia hacia el cultivo de una virtud ecolgica; el planteamiento

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excede al marco democrtico formal; sin jerarqua y ningn tipo de antropocentrismo, ni

exclusiones: holista e integrador (Beneite Mart, 2013:22). Jorge Riechmann propone la Triloga

de la Autocontencin y el principio de la biommesis: a todos los seres vivos que habitan y los

que habitarn, a la Tierra, le faltan defensores lo suficientemente poderosos como para

contrarrestar con xito la coalicin productivista bajo cuya hegemona la destruccin del mundo

contina avanzando imparable. En el desarrollo del ministerio para las generaciones futuras, es

relevante desde el anlisis actual la invitacin a superar el antropocentrismo, aprender a hablar a

nombre de la naturaleza no humana y de las generaciones futuras que no pueden participar pero

son afectados por decisiones de humanos (Beneite Mart, 2013:22).

3.- Una reflexin sobre la metodologa.

Esta reflexin es una primera aproximacin conjunta desde dos trabajos de

investigacin que estn en curso, ambos inscritos en programas distintos de doctorado pero con

la misma inspiracin en la defensa poltica de Temacapuln y el reclamo por justicia para el

pueblo amenazado. En todo caso nos interesa participar con la exposicin de las metodologas

propuestas para cada uno de los planteamientos y la imbricacin de las mismas en la

presentacin de esta propuesta.

Miguel ngel Casillas Bez propone abordar desde la etnografa para conocer -con las

voces de los habitantes de Temacapuln- las consecuencias resultado del conflicto por la

construccin de la presa El Zapotillo. La etnografa de Temacapuln implica formalizar una

propuesta dialgica: que los habitantes del pueblo definan las dimensiones de la amenaza y las

consecuencias polticas, socioculturales, econmicas y sentimentales. Como parte del trabajo de

archivo, la cronologa del conflicto es un instrumento que permite ubicar el contenido de los

mensajes y el inters de los emisores en el contexto poltico de defensa del pueblo y de la

construccin de la presa. Es un anlisis cualitativo de la informacin en el archivo de las

actividades diarias fundamentalmente desde el ao 2005. En la cronologa estn contenidas las

referencias hemerogrficas, el seguimiento de periodistas y de medios de comunicacin con el

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tratamiento de la informacin sobre Temacapuln y El Zapotillo. Tambin las referencias

documentales, que desde el Estado tienen la forma de boletines de prensa, casi siempre, pero en

ocasiones llegaron a ser correspondencia a solicitudes individuales cuyo contenido tiene

importancia para el anlisis del desarrollo del conflicto y de las consecuencias.

En la propuesta terica, la demanda de justicia y el movimiento de lucha poltica en

defensa de Temacapuln, slo pueden entenderse en conexin con las estructuras de poder y el

conflicto construido para operar la construccin de la presa. Por esa razn, en el anlisis

cualitativo tenemos atencin en los reclamos jurdicos y los relacionados con los derechos

humanos. En un sentido, la referencia a los documentos infiere una cronologa en el desarrollo

de las denuncias. Pero en el anlisis del discurso jurdico no est contenida la negacin, la

represin, la indiferencia, la invisibilidad y la violencia que contiene la amenaza. La demanda

de justicia y el conflicto tienen un vnculo: es la imbricacin en las relaciones dentro de la

estructura jurdica.

De ah la necesidad de estudiar las evidencias en los procesos judiciales de este caso que

nos permitan entender el reclamo por justicia y su relacin con el conflicto que lo ocasiona. Las

actividades realizadas como parte de un movimiento social de propuesta y de defensa poltica;

reflexin sobre la relacin con el territorio, las caractersticas de la amenaza, las opciones y el

aprovechamiento de recursos naturales con equidad; por tanto, reflexin sobre la solicitud de

justicia en un trayecto marcado por ilegalidades y violacin de derechos humanos desde el

Estado.

Para este artculo converge el planteamiento de Casillas Bez con la propuesta

Guadalupe Espinoza Sauceda. Su objetivo es el de sistematizar y teorizar sobre la experiencia

de defensa de la tierra y el territorio de las comunidades de Temacapuln que est en oposicin a

la presa El Zapotillo. Un primer elemento es la experiencia como abogado litigante del caso y

como acompaante de la defensa jurdica y poltica de las comunidades afectadas. El segundo,

entrevistas a actores clave para determinar elementos ms importantes que contribuyeron a la

creacin y consolidacin del sujeto social en un contexto campesino, diferente ante la ausencia

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de sujeto agrario y con sus antecedentes de organizacin social y poltica. Est concentrado en

su estudio en Temacapuln, pueblo en resistencia, con diferencias en este sentido a la resistencia

de Palmarejo y de Acasico.

4.-Cronologa del conflicto.

4.1.- Fundamentos legales para la gestin del agua en el ro Verde.

En 1995, el 7 de abril, el presidente de Mxico Ernesto Zedillo Ponce de Len- decret

al ro Verde como de inters pblico, con una reserva de 504 millones 576 mil metros

cbicos como volumen anual mximo (El Occidental, 2012).

El 17 de noviembre de 1997, el mismo presidente reform el decreto de 1995,

redistribuyendo el agua del Verde. Esa cantidad la redujo del volumen aprovechable para

Jalisco, no de Guanajuato (Ferrer, 2012).

Vicente Fox Quesada, presidente de la Repblica (2000-2006), sent bases sobre los

decretos de Ernesto Zedillo: el 14 de diciembre de 2004 firm un Convenio de Coordinacin y

Concertacin sobre la distribucin de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala

(Olgun Snchez, 2004; Olgun, 2004).

El acuerdo del 14 de diciembre de 2004 era la forma legal para el trasvase de agua a

Guanajuato desde el ro Verde. El proyecto de la represa San Nicols naci con gran oposicin

en los pueblos amenazados: San Nicols de las Flores, San Gaspar de los Reyes y Rancho

Nuevo en Teocaltiche (Hernndez y Casillas, 2008).

El 1 de mayo de 2006, antes del periodo de campaas electorales, Fox anunci la

inversin de 20 mil millones de pesos en obras hidrulicas, que garantizarn el abasto de agua

potable en los estados de Guanajuato, Jalisco, Quertaro y San Luis Potos: en Jalisco, el

Programa de Abastecimiento de Agua a Los Altos de Jalisco y Len, Guanajuato (Olgun

Snchez, 2006a).

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El 3 de mayo de 2006, dos das despus, las autoridades federales anunciaron la

licitacin de la presa El Zapotillo y el seguimiento a la presa Arcediano. El Programa fue

presentado el 22 de mayo de 2006 en la ciudad de Mxico (Olgun Snchez, 2006b).

4.2.- 2008-2009. La emergencia social y la organizacin de Temaca.

La CONAGUA y el Gobierno de Jalisco informaron el jueves 24 de enero de 2008 que

los proyectos para el control del agua eran el abandono de los trabajos en Arcediano y levantar

25 metros la cortina de 80 metros de altura en el proyecto inicial de El Zapotillo y la reubicacin

de Temacapuln, sin plan B (Informador Redaccin, 2008a).

Junto con el diputado local y los cronistas alteos, Temacapuln convoc entonces a una

reunin para el sbado 26 de enero de 2008.

El gobernador Emilio Gonzlez les dijo a los pobladores de Temacapuln en la

entrevista que sostuvieron en Guadalajara el 23 de mayo de 2008: -Si ustedes no quieren la

presa, no se hace (Lpez lvaro, 2008).

La cita para la consulta sobre las alternativas de construccin de un sitio para la

reubicacin fue para el 15 de junio de 2008 en el hotel Temaca (Informador Redaccin, 2008b).

Pero ese da no hubo habitantes en el pueblo: las calles desiertas, cerrada la puerta del hotel y

del estacionamiento en la planta baja que la CEA supona rentado para la reunin. (Informador

Redaccin, 2008c y Meja, 2008).

Durante la siguiente semana y en la segunda mitad del mes de junio de 2008, las calles

de Temacapuln comenzaron a recibir visitantes de todos lados, primero de Mxico, luego de

todo el mundo: entre el 19 y 21 de junio de 2008, el pueblo fue sede del V encuentro del

MAPDER y el origen del I encuentro del REMA.

En la segunda quincena de julio de 2008, comenzaron a excavar el tnel de desvo que

suelen ser como fue el caso - la construccin inicial de una estructura para la cortina de represa

(G. Partida, 2008).

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El 29 de octubre de 2009 cancelaron definitivamente la presa de Arcediano, decisin

que intensific la atencin en la regulacin de agua en el ro Verde y, evidentemente, para no

prescindir de la construccin de El Zapotillo (Del Castillo, 2009a).

El 20 de noviembre de 2008 la CONAGUA public la convocatoria nmero 005 para la

licitacin pblica internacional 16101037-063-08 diseo y construccin de la presa de

almacenamiento Zapotillo sobre el Ro Verde. Empresas espaolas, brasileas y mexicanas

mostraron su inters para construir la cortina (CONAGUA, 2008).

El sistema de El Zapotillo debe someterse a consulta pblica y de expertos, dijo la

CEDHJ el 14 de enero de 2009 (lvarez Cibran y Hernndez Barrn, 2009). Hasta el ITEI

pidi trasparencia (Resndiz Mora, 2009) pero, en contraste, el gobierno de Jalisco clasific la

informacin (Ferrer, 2009), y la CEA anunci expropiaciones a partir de febrero de 2009 (G.

Partida, 2009).

Temaca anunci el 29 de enero de 2009 la internacionalizacin de su movimiento con

participacin como sede del III Encuentro Mundial de Afectados por Represas programado para

octubre de 2010 (Del Castillo, 2009b).

Los tribunales aumentaron su actividad con la atencin a Temaca entre el 12 y 13 de

febrero (CSTAyP, 2009; Guilln, 2009a).

El da 18 de abril de ese ao 2009 ya no slo fue conflicto el proyecto de la presa,

tambin fue con los primeros trazos tcnicos para el acueducto, conduccin fsica del trasvase

desde el ro Verde hasta Len, Guanajuato (Milenio, 2009).

Con elementos jurdicos, el 7 de julio Temaca anunci juicios de nulidad contra la

consulta pblica por la reubicacin (Guilln, 2009b).

La CEDHJ firm el 31 de diciembre de 2009 su recomendacin 35/2009 (Cfr.

Disponible en http://www.cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0935.pdf): detengan

la construccin de la presa, consulten a la poblacin y revisen alternativas en la gestin del

agua, para sintetizar la recomendacin. Pero la public hasta marzo de 2010.

16

4.3.- 2010-2011. Temacapuln contra El Zapotillo a los ojos del mundo.

En la primera quincena de enero, en el ao 2010, la CONAGUA anunci que El

Zapotillo ser construido por La Peninsular, Grupo Hermes y el corporativo espaol FCC (El

Economista, 2010).

Andrs Manuel Lpez Obrador visit Temacapuln el 16 de abril de 2010 como

candidato a la presidencia de la Repblica. Le acompaaron 16 diputados federales y 10

senadores, quienes conocieron ilegalidades y violacin de derechos derivadas de la ejecucin de

la propuesta de la CONAGUA para la gestin del agua en el ro Verde (Maulen Lee, 2010).

Imposibilitado segn dijo de s mismo- para cumplir la orden de suspensin de la

presa El Zapotillo antes de revisar las opciones con los afectados, Emilio Gonzlez Mrquez,

gobernador de Jalisco, prefiri rechazar la recomendacin de la CEDHJ, el 27 de abril de 2010

(Garca y Vivar, 2010).

El 29 de abril de 2010 destell una sorpresa: licitacin para construir el Nuevo

Temaca, convocada por la CEA (Milenio Jalisco, 2010a). Pero los tropiezos de esa iniciativa

no tardaron en presentarse. Uno, en el trnsito legal cancelaron el proyecto para la reubicacin

de la Baslica de Temacapuln el 29 de junio de 2010 (Milenio Jalisco, 2010b). Otro, desde la

poltica: Entre el 1 y el 7 de octubre de 2010 tuvo lugar la reunin con representantes de ms de

50 pases, con sede en Temacapuln, citados para el Tercer Encuentro Mundial de Afectados por

Represas y sus Aliados, Ros para la vida.

El Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declar nulo el plan de reubicacin, el

16 de febrero de 2011.

El 15 de marzo de 2011 el presidente Felipe Caldern Hinojosa reiter en Guanajuato su

compromiso para entregar al cien por ciento el proyecto de El Zapotillo, antes de concluir su

sexenio (el 1 de diciembre de 2012).

Lo que faltaba en el escenario del conflicto: el 28 de marzo de 2011 Temaca detuvo los

trabajos de construccin de El Zapotillo (Jurez, 2011). El acto provoc mesas con el Gobierno

Federal a las que llamaron resolutivas y de negociacin.

17

Dos meses y medio despus, el 1 de junio de 2011, reiter en la mesa final: Hay

oposicin a El Zapotillo pero continuar la construccin (De Loza, 2011).

El transporte del agua de El Zapotillo hasta Len, Guanajuato, fue noticia en Espaa el

18 de octubre de 2011: Abengoa, de capital Ibrico, obtuvo un contrato por 420 millones de

pesos para construir el acueducto y para el mantenimiento durante 25 aos a cambio del agua

(EuropaPress, 2011).

4.4.- 2012.Temaca, El Zapotillo, el cambio de gobierno.

Con el cambio de gobernador en lo inmediato para Jalisco, lo que no est a discusin

es la presa El Zapotillo concluida, declar el gobernador de Guanajuato el 10 de enero de 2012

(Bravo Lpez, 2012).

El Cardenal Ortega Robles visit Temacapuln. Era una seal de apoyo (Temacapuln

de los Remedios, 2012a).

Pero entre los candidatos a puestos de eleccin popular haba indefinicin con respecto

a la gestin del agua (Informador 2012a). El Zapotillo no tiene riesgo, advirti la CONAGUA el

12 de marzo de 2013 (Cervantes, 2012); la represa tena un avance del 45% para el 18 de julio

de 2012 (Informador Redaccin, 2012b). El Zapotillo no puede ser detenido por nada, dijo

CONAGUA el 25 de junio de 2012 (G. Partida, 2012).

El riesgo era para Temacapuln, que paradjicamente gan el juicio por la reubicacin el

15 de marzo de 2013 (Del Castillo, 2012a) y su caso era ya preparado para presentar ante el

Tribunal Permanente de los Pueblos (Velazco, 2012a).

El 2 de agosto de 2012 la SCJN admiti el asunto 69/2012 en controversia por obras de

la presa El Zapotillo sin permiso del Ayuntamiento de Caadas (Velazco, 2012b).

El 3 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo dict acuerdo sobre la suspensin

del plan de desarrollo de Talicoyunque (Temacapuln de los Remedios, 2012b).

18

El 18 de agosto, la SCJN neg al Ayuntamiento de Caadas la suspensin por la

construccin de la represa, pero qued en evidencia la falta de permiso cuando la construccin

dio inicio (Informador Redaccin, 2012c).

El 7 de septiembre de 2012 el Poder Legislativo de Jalisco solicit la nulidad en el

convenio de coordinacin celebrado en octubre de 2007 para construir y mantener la presa El

Zapotillo (Lpez Brcenas, 2012).

4.5.- 2013: Temacapuln en veremos, Acasico tambin; Palmarejo deshabitado.

El 24 de enero de 2013, a una semana para el cambio de gobernador en Jalisco, la CEA

entreg casas en Talicoyunque para quienes, en Temacapuln, accedieron a cambiar sus predios.

La inversin fue de 87 millones de pesos (Informador Redaccin, 2013a).

29 de enero de 2013, 17:38 horas: Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado

de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapuln. Tweet de

Aristteles Sandoval, gobernador electo, un mes y dos das antes de su ejercicio en el Ejecutivo

estatal.

El 1 de febrero Temaca mantuvo sus demandas y reiter la propuesta para la gestin del

agua (Informador Redaccin, 2013b).

El 19 de septiembre de 2013 los avances en El Zapotillo registraron 55.57% en la

construccin fsica, 53.57% en el ejercicio financiero para la construccin de la obra. En esa

fecha la altura de la cortina era de 45 metros (Informador Redaccin, 2013c).

El 13 de marzo de 2013, la SCJN desech la controversia del municipio por la

construccin de El Zapotillo en Caadas de Obregn (G. Partida y Aranda, 2013).

El 23 de marzo de 2013 aparecieron en el gobierno del Estado las opciones para salvar

a Temaca: tres presas ms en el ro Verde adems de El Purgatorio- para controlar 9 mil

millones de litros por segundo para Guadalajara (Del Castillo, 2013).

Los diputados de Jalisco pidieron auditora para El Zapotillo el viernes 20 de abril de

2013 y anunciaron su visita al sitio de la cortina (Informador Redaccin, 2013d).

19

Aristteles Sandoval visit Temacapuln el 21 de abril de 2013. Sorprendi en su

llegada en helicptero, en los pasos de un gobernador por el pueblo y en la falta de compromiso

con los habitantes (Velazco, 2013).

Slo hay instruccin de dialogar, declar Arturo Zamora, secretario general de

Gobierno, acompaante del gobernador ese sbado de Temacapuln (Pereira y Hernndez,

2013).

El 7 de agosto de 2013, despus de un aplazamiento en la discusin que present el

ministro Franco el 10 de julio de 2013 (Aranda, 2013), la corte invalid el convenio que firm

Jalisco para aumentar 25 metros la cortina de El Zapotillo (Langner, 2013).

El 7 de agosto de 2013 tambin aconteci la reereccin como parroquia de la Virgen

de los Remedios de Temacapuln. Acudi el obispo de la Dicesis de San Juan de los Lagos

(Parada Tovar, 2013).

El mandato de la SCJN y la reiterada peticin para su cumplimiento de Temaca,

consigui respuesta en el gobierno de Jalisco el 26 de septiembre de 2013: El responsable de El

Zapotillo es la autoridad federal (Estrada, 2013).

La solucin propuesta por Jalisco fue reiterada el 2 de octubre de 2013, nueve aos

despus de que presentaron El Zapotillo con diques para evitar inundacin (De Loza, 2013a).

5.- Procesos jurdicos, legalidad y derechos humanos. Un recuento.

La construccin de El Zapotillo y el consecuente conflicto resultaron en el reclamo de

justicia por parte de los pobladores que sintieron amenaza en su territorio, en sus casas y en su

forma de vida. A partir del anlisis en la cronologa del conflicto clasificamos aspectos

relevantes: a) la construccin de la represa, b) el territorio de Temacapuln, c) la reubicacin de

pobladores. En esos tres aspectos integramos la informacin en 10 apartados relacionados con

los procesos jurdicos, la legalidad y los derechos humanos: 1) El reclamo originario de agua

para la construccin de la presa; 2) las alternativas en la gestin del agua en el ro Verde; 3) los

20

impactos medioambientales incluyendo los aspectos positivos-, y 4) los permisos y licitaciones

necesarios en la construccin.

En relacin con el territorio y con la reubicacin, los apartados: 5) La consulta a la

poblacin tanto para construir la presa como para plantear una reubicacin; 6) los que

corresponden a la negociacin, en el ms amplio sentido, compra de propiedades, firma de

acuerdos con la poblacin. 7) Los relacionados con los juicios, con instancias del poder judicial

a travs de sus veredictos y sentencias. 8) El derecho de audiencia y en general sobre el respeto

o la violacin de derechos humanos al construir la presa o al proponer reubicacin. 9) Los

aspectos relacionados con la criminalizacin y, 10) sobre la forma para el desplazamiento de

poblacin.

Bajo un reclamo originario de agua es el fundamento para la construccin de la presa El

Zapotillo y las obras que se derivan de esa decisin. Pero con reclamos similares hay tratos

distintos. Para el control del agua en el ro Verde las referencias legales son los decretos

firmados en 1995 y en 1997. En stos se estipula que el afluente debe abastecer principalmente

a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por lo cual, "si se comprueba que tcnica y

socialmente la Presa El Zapotillo es viable", deben destinarse 374 millones de metros cbicos

para Jalisco -ms del doble de lo que actualmente est proyectado-, 119 millones para Len y la

menor parte para uso pecuario (Guilln, 2009c). La investigadora Mireya Acosta explic que

esta cuenca inicia en el Sur de Zacatecas, atraviesa Aguascalientes y en Jalisco entra en

"ceros", pues los primeros dos estados extraen grandes cantidades de agua. (Guilln, 2009c).

El Zapotillo no tendra alternativas. Pero surgi como opcin para el control del agua.

Alternativa con problemas de oposicin social: Porque fue diseada sin consulta, sin

participacin, para evitar cualquier problema jurdico y, una vez seleccionada la opcin de El

Zapotillo, hubo silencio temporal sobre la ejecucin del proyecto y sobre la existencia de las

opciones descartadas. Desde el anuncio de El Zapotillo, en el ao 2005 y durante el conflicto,

slo haba un proyecto, el de El Zapotillo. Ninguna otra opcin.

21

El 23 de mayo de 2008 acudimos un grupo de cinco personas para hablar con Csar Coll

Carabias, director de la Comisin Estatal del Agua en Jalisco. Antes de cualquier intervencin,

Coll ingres en la sala, salud a los presentes y anot tres cantidades en el pizarrn: inversin

de $7,000 millones, 911 millones de metros cbicos de agua, cortina de 105 metros de altura.

Mejoren estas cifras, pidi a los asistentes y con eso tramit la pauta para la reunin, por

encima de cualquier reclamo a nombre de Temacapuln, Acasico y Palmarejo. Mejoren estas

cifras y la que quede ser la opcin que vigile que se cumpla la CEA (Cuaderno de trabajo,

MACB. Reunin con CEA el 23 de mayo de 2008).

Fue hasta el final del conflicto -2 de octubre de 2013- cuando el gobierno de Jalisco

devel las opciones para hacer represas: Arcediano, (como Arcediano-Las Juntas), la ms

inviable de todo el repertorio en el que El Zapotillo equivala al proyecto de La Zurda I; Loma

Larga, San Nicols, Sitio Zurita, Sitio Lagos, La Zurda original -ao 1970-, La Zurda II, Presa

El Salto -terminada en 1992-, Picachos, E.H. La Cua, Loma Larga, Mezcala, Tamara, Tamara

II, Varas Dulces, Atengo = El Purgatorio II, El Purgatorio, El Vado (Ferrer, 2013).

Cuatro o cinco tienen una mayor factibilidad, reconoci el director de la CEA, ya con

Aristteles Sandoval como gobernador de Jalisco. Las opciones cuentan con estudios de

topografa e hidrologa, algunas con pruebas geolgicas. Slo faltara que la CONAGUA diga

cules para hacer el proyecto ejecutivo de manera conjunta. El gobernador Aristteles

Sandoval expres pblicamente la defensa de Temacapuln, pero reconoci un problema: Si

hubiera una crisis en Chapala, las condiciones pueden cambiar (Informador Redaccin, 2013e).

En un encuentro con la CEA, realizado el ltimo da de septiembre de 2013, Temaca

propuso opciones tcnicas para evitar daos en poblados: La primera fue el proyecto original del

gobierno federal que data de 2006, con la cortina a una altura de 80 metros. La segunda, un

proyecto alternativo, tambin de 80 metros. Y la tercera, la propuesta ptima: una cortina de

60 metros de altura. Esa propuesta garantiza la seguridad y permanencia de Temacapuln,

Acasico y Palmarejo, cancela el acueducto y el trasvase a Len, y permite alternativas de

distribucin regional del agua que son ms viables econmicamente y favorables para el estado

22

de Jalisco (Ferrer, 2013). Consideran que construir toda una red de acueductos en la regin de

Los Altos de Jalisco costara cerca de 702 millones de pesos pero el acueducto principal fue

concesionado.

De entre los aspectos positivos en la construccin de la represa, los beneficios consisten

segn el gobierno federal- en la construccin de tres nuevos centros de poblacin, con todo lo

que requiere una pequea ciudad y con todos los servicios, como agua potable, tratamiento de

aguas residuales, luz, telefona, centros de salud, un mercado, escuelas, y se les proporcionarn

lotes de mil metros cuadrados con su casa dentro del mismo terreno. sa es nuestra propuesta,

como gobierno federal, y nos ayuda el gobierno del estado en las negociaciones

correspondientes (Daz Morales, 2008). La propuesta del gobierno federal tuvo asignada una

partida de 300 millones de pesos, en 2008, bajo el concepto de indemnizacin para 1,500

habitantes afectados en Temacapuln, Acasico y Palmarejo. Los grandes beneficios en una parte

del discurso eran las indemnizaciones en el otro lado del proyecto financiero (Daz Morales,

2008).

Los beneficios por la represa con la excepcin de los impactos ambientales- no fueron

tema de debate, durante los aos que transcurrieron entre 2005 y 2013 y en relacin con el

conflicto por El Zapotillo. Fue en debates como el cuestionamiento de los diputados a la

CONAGUA, en julio de 2011, cuando la necesidad de la construccin de El Zapotillo estaba

relacionada con el abasto a la deficiencia en los acuferos de Len, Guanajuato, que a corto

plazo pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara,

Len, Guanajuato; y Los Altos de Jalisco. Para el gobierno federal, El Zapotillo traer consigo

beneficios como una oportunidad econmica en la zona acufera y dos millones 400 mil

habitantes tendrn beneficios con agua potable en las poblaciones antes mencionadas, concluy

el director de CONAGUA (Notimex, 2011).

Sobre los impactos medioambientales la discusin estuvo en la difusin, muy breve y de

corto alcance, de los estudios conocidos como Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y

que son resultado del trabajo en la SEMARNAT. En la nica ocasin que el gobierno de Jalisco

23

hizo referencia a los impactos ambientales de la presa con el gobierno interino- el 20 de abril

de 2006, argument que la ciudadana pueda cuestionar el documento de la (MIA), que es

indispensable para que la obra hidrulica pueda realizarse (Lpez lvaro, 2013). En ese mes

intervino el IMDEC en la MIA de El Zapotillo: No presenta un anlisis real de los impactos de

transferir agua de una cuenca a otra ni analiza la obra en el contexto de todas las obras

proyectadas para la cuenca del Ro Santiago. (Informe IMDEC, 2006:28).

El 29 de septiembre de 2008 dos de las siete compaas participantes en la licitacin por

la construccin de la cortina presentaron inconformidades ante la SFP. Hasta aclararlas, podra

iniciar la edificacin de la represa. En la licitacin (pblica internacional 16101037-063-08,

publicada el 20 de noviembre de 2008) para disear y construir la obra, la Conagua us un

permiso ambiental que no corresponde a las caractersticas de la presa El Zapotillo (Informador

Redaccin, 2008d). El 14 de septiembre se dieron a conocer los resultados de la licitacin, de

acuerdo con el acta de fallo que est disponible en el sitio web de Compranet. El consorcio que

gan la licitacin -La Peninsular, Grupo Hermes, y la espaola FCC construccin-, presentaron

un presupuesto para disear y construir la obra de 2 mil 194 millones de pesos. Entre las

propuestas desechadas haba presupuestos que eran hasta 40% menores al ganador. Por ejemplo,

la propuesta del consorcio formado por Cota, Vise e Infrocsa present un presupuesto de mil

572 millones de pesos e ICA particip con uno de mil 952 millones de pesos (Informador

Redaccin, 2008d).

En el proceso de licitacin para la presa El Zapotillo, CONAGUA present una MIA

que no corresponde a la obra que se licit. La Conagua distribuy entre los participantes en la

licitacin para que tuvieran ms elementos en el clculo de su presupuesto, copia de una MIA

que no corresponde a las medidas que tendr la presa, se trata de la MIA No

S.G.P.A/DGIRA:DDT.-1310/06, que SEMARNAT autoriz a CONAGUA el 22 de junio de

2006 (Informador Redaccin, 2008d). Especifica que la cortina de la presa medir 80 metros

de altura, embalsar en una superficie de 2 mil hectreas y tendr un almacenamiento de 411.6

metros cbicos de agua. La obra que licit la CONAGUA tuvo otras caractersticas: una cortina

24

con una altura de 105 metros, un rea de embalse de 4 mil 800 hectreas y un almacenamiento

de 911 metros cbicos. Cuando comenzaron los trabajos de la construccin no haba cambio de

uso de suelo municipal porque requiere consulta pblica.

El 15 de octubre de 2008 la CONAGUA firm el contrato con los constructores de El

Zapotillo. En el momento de la firma, el proceso de licitacin ya era investigado por la SFP,

porque la construccin fue impugnada por carencia de MIA y de los permisos correspondientes

del INAH (Del Castillo, 2009c). Por esa razn un juez suspendi El Zapotillo el 15 de

diciembre de 2008: Incurri en anomalas que fueron demandadas en el juicio de amparo. Una

de ellas fue que no contaba con el Manifiesto de Impacto Ambiental (Meza, 2008). Fueron

inscritas a la licitacin un total de 25 empresas pero no haba aval del INAH para mover

monumentos histricos en Acasico y Palmarejo.

La CEDHJ fue la instancia que insisti en la consulta pblica para la construccin de la

presa: El 13 de agosto de 2008 con el pronunciamiento 05/2008 dirigido a la CEA y al

OCLCHS, la CEDHJ pidi la realizacin de la consulta en la que los organismos civiles,

instituciones educativas, colegios de profesionistas, grupos acadmicos especializados y

poblacin en general aporten sus puntos de vista y presenten proyectos alternativos para que

sean tomados en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad de la

construccin de la presa El Zapotillo (Cfr.

http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/cronologia/)

Entre la CEDHJ y el ITEI dejaron en claro que falt consulta y difundir informacin

sobre el proyecto. La CONAGUA y la CEA no slo ignoraron sus solicitudes sino que

clasificaron la informacin como reservada. No se puede reservar informacin sobre las

negociaciones que se llevan a cabo en Temacapuln, sentenci el presidente del ITEI el 24 de

enero de 2009. Por ser negociaciones con recursos pblicos, stas deben ser transparentes.

Eso significa que el director de la CEA se resiste a la transparencia. Hemos buscado el dilogo

con l, pero, bueno, tiene una concepcin equivocada con relacin al derecho de acceso a la

informacin. Tratndose de negociaciones con recursos pblicos, stas tienen que ser abiertas:

25

tan tiene derecho a la propiedad uno de los vecinos como el que vive enfrente, no est

comprando los terrenos con su dinero, seal el titular del Instituto. (Resndiz, 2009).

Con base en el argumento de que la informacin fue reservada, la CEA trabaj por

cuenta propia en el proyecto del nuevo centro de poblacin y la CONAGUA en la construccin

de la presa. Aunque en la cabecera municipal de Caadas de Obregn ya se sabe (17 de febrero

de 2009) dnde se pretende reubicar Temacapuln y cmo podran ser las casas (de acuerdo con

los tres proyectos entregados por la CEA al municipio), quienes deberan tener toda la

informacin (los afectados por esta situacin) an no cuentan con ella. Mal augurio para lo que

el gobierno del estado intenta llamar negociacin (Torres, 2009).

Imposibilitados de conocer la informacin reservada de la CONAGUA, Temaca

consigui conocer la modalidad de operacin que tendr el proyecto, puesto que la presa que

se construir bajo el esquema Diseo, Construccin, Operacin y Transferencia (DBOT)

(IMDEC, 2009a).

En enero de 2008 haba quejas: De los vecinos de Temacapuln todos estamos

inconformes, hemos ido a manifestarnos y no nos han escuchado; y de la CEDHJ por la falta

de atencin de parte de las autoridades estatales y federales, al no informarles lo que pasar con

los afectados y la cercana de la obra (Informador Redaccin, 2008a). El 27 de julio de 2008 los

habitantes de Temacapuln estaban indignados porque las autoridades han violado su derecho

constitucional de audiencia. No slo se niegan a informarles sobre los detalles del proyecto,

tampoco saben cunto dinero recibir por sus tierras o el lugar donde sern reubicados (Ros,

2008). Mara Alcaraz, vecina de Temacapuln daba cuenta a mediados de 2008 de que los

funcionarios han dejado plantados a los vecinos en varias ocasiones (Ros, 2008).

El 30 de septiembre de 2008, Temaca present un documento a la oficina del Alto

Comisionado de la ONU para que interviniera en la violacin sistemtica de los derechos

humanos y le expusieron las irregularidades en el proyecto de la presa El Zapotillo, como la

ausencia de un estudio de impacto ambiental; un proyecto ejecutivo de exclusividad entre el

gobierno y los constructores; hostigamiento, persecucin y amenazas; garantizar el derecho a la

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manifestacin (Hernndez Flores, 2009). La CEDHJ recibi 183 quejas que se suman a las 100

que ya haba registradas hasta el 8 de enero de 2009 (CEDHJ, 2009). Con las quejas de

Temaca, la CEDHJ inform que nunca antes visto: Los problemas ambientales fueron el

primer lugar en quejas en Jalisco. Antes eran la tortura, los tratos crueles y degradantes y un

largo etctera de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas policiales (Guilln,

2009e).

Un recuento de los derechos humanos vulnerados con El Zapotillo, hasta el 23 de junio

de 2012: El debido proceso legal, el derecho a la informacin sobre los impactos del proyecto;

el derecho a una evaluacin del impacto ambiental integral; el derecho a participar y a ser

consultados; el derecho a la vivienda adecuada y a no ser desplazados forzosamente; el derecho

a la integridad personal; el derecho al patrimonio cultural e histrico, derechos culturales a

preservar y defender el patrimonio cultural; el derecho a la salud; el derecho al trabajo; el

derecho a la planeacin democrtica del desarrollo y el derecho a la propiedad; el derecho a la

seguridad jurdica y el derecho a la alimentacin y a la soberana alimentaria, el derecho de

mujeres, nios y nias de proteccin especial del Estado. Todos stos se han invocado en la

defensa social y jurdica de las tres comunidades (Espinoza Sauceda, 2012; Guilln, 2012b).

En las relaciones entre las comunidades Temacapuln, Acasico y Palmarejo- y el

Estado, la reubicacin del pueblo y la compra de tierras fueron el objetivo despus del anuncio

de la construccin de la cortina para la represa. Puesto que eran negociaciones a partir de la

amenaza, ms graves fueron los problemas jurdicos sobre la propiedad de la tierra. Todo

conduce a pensar en el hostigamiento y el despojo, en un extremo; en el otro, en la reubicacin y

la indemnizacin. El 23 de diciembre de 2008 comenz la campaa que el gobierno de Jalisco

llam de negociacin con los habitantes de Temacapuln; el objetivo era de comprar predios y

de convencer para la reubicacin. Aunque la CEA no tena el proyecto ejecutivo del nuevo

centro de poblacin, el 7 de enero (de 2009), inform que los ciudadanos (de Temacapuln)

que hasta el momento han optado por la reubicacin, tuvieron tambin la oportunidad de elegir

el predio que a su consideracin resulta el ms viable, de acuerdo al proyecto ejecutivo del

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nuevo centro de poblacin (Torres, 2009). Pero todava no estaba autorizado el cambio de uso

de suelo por el Ayuntamiento.

La convocatoria para la consulta pblica tuvo lugar el 1 de junio de 2009, -

formalizacin jurdica por la que los pobladores participan para optar en la construccin de un

sitio en el caso de reubicacin-. El procedimiento de la convocatoria fue motivo de denuncia

pblica en Temacapuln: El Ayuntamiento de Caadas de Obregn intent engaarlos al

mimetizar una convocatoria en la que los pobladores optaran por la construccin del nuevo

centro de poblacin, lugar de su reubicacin.

El gobierno municipal envi un paquete con formatos para encuestas con atencin a la

delegacin poltica, y mand policas a pegar anuncios sobre la consulta para que sta fuera

entregada a ms tardar en 20 das hbiles. Se bajaron de la camioneta hasta con el arma en la

mano para pegar los papeles. Yo les llam la atencin como delegado, y les dije que a m ya me

haba llegado el paquete y no lo he repartido porque primero hay que entregrselo al comit que

tenemos para defender al pueblo, dijo Clemente Torres (Informador Redaccin, 2009e). La

encuesta se entreg oculta en un documento cuya portada seala Consulta del Plan Urbano de

Desarrollo Municipal. Algunas personas del municipio desmienten esto, porque dicen que es

para el Plan, pero yo se los subray y entonces me dicen que no lo leyeron completo. Lo manda

el Ayuntamiento, pero es el Gobierno del Estado quien se lo manda al Ayuntamiento para que le

echen la mano, dijo el delegado al discutir con el comit el formato de consulta (Informador

Redaccin, 2009e).

La intensificacin de presiones en la relacin con Temacapuln en abril de 2010 alcanz

al Cabildo de Caadas de Obregn. El alcalde Carlos Gonzlez -con seis meses en la

administracin- fue hostigado por autoridades de la CONAGUA y la CEA, para cambiar en

reunin del Ayuntamiento que presidi- el uso de suelo para la cortina de 105 metros de la

presa. Las sesiones de cabildo las estn pidiendo ellos y las estn haciendo a puerta cerrada. De

cualquier modo, el alcalde sigue dicindonos que su compromiso es no aprobar el cambio de

uso de suelo, aunque la construccin de la cortina comenz desde noviembre de 2009

28

(Informador Redaccin, 2010a). A pesar de no contar con este requisito, la CONAGUA hizo

evidente el trabajo para la cortina desde noviembre del ao pasado (2009) (Informador

Redaccin, 2010a).

Durante el ao 20011 sigui la presin poltica contra el alcalde de Caadas, denunci

una diputada: El gobernador de Jalisco corrompe y presiona ilegalmente al Ayuntamiento de

Caadas para detener la oposicin a El Zapotillo (Del Castillo, 2011c). Mostr evidencia con

la reduccin de participaciones estatales y aportaciones federales, disminucin que anul la obra

pblica municipal directa. Caadas de Obregn ejerci 18.5 millones de pesos en obra pblica

durante el ao 2009, de los cuales el gobierno de Jalisco aport 11.5 millones de pesos. En el

ao 2012, el gobierno de Caadas de Obregn ejerci 1.8 millones de pesos para obra pblica,

de los cuales fueron cero pesos del gobierno de Jalisco (Del Castillo, 2011c). Sin la propuesta

de reubicacin, al gobierno le quedaba el desplazamiento forzado como una estrategia con

apariencia de plan de desarrollo y la decisin del Estado por concretar la alternativa para la

movilizacin de los habitantes previsiblemente afectados por inundacin.

El desplazamiento forzado en su sinnimo poltico, el desalojo, fue una posibilidad

aludida pblicamente el 3 de junio de 2011. El tercer visitador de la CEDHJ, Alfonso

Hernndez Barrn, habl de la necesaria orden judicial que permita desalojar de sus viviendas

a los pobladores de Temacapuln, Acasico y Palmarejo. Record que la CEDHJ acredit la

violacin a las garantas de los habitantes, por lo que emiti la recomendacin 35/2009, que el

gobierno de Jalisco no acept. Los opositores a la presa El Zapotillo cumplieron su

compromiso de retirarse de la zona de obras en la cortina de la presa, la Secretara de

Gobernacin no ha cumplido an con su parte y no ha retirado las denuncias penales en contra

de los habitantes, dijo (Prez Vega y Del Castillo, 2011).

La participacin de los manifestantes en contra de la afectacin al pueblo por la represa,

o de la reubicacin forzada, lleg a considerarse como inters pero con indicios de criminalidad.

Desde el mes de junio de 2008, cuando los pobladores vaciaron las calles de Temacapuln para

evitar la consulta por el Pan de Desarrollo Urbano que los llevara indefectiblemente a la

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aceptacin de una opcin para el traslado del pueblo. En esa fecha, los participantes

seleccionados por Hctor Castaeda fueron sealados en el acta de fe pblica que firm el

notario Enrique Casillas Franco. Eran activistas, responsables de provocar a los pobladores de

Temacapuln (Ferrer, 2010). Esa intencin llev al gobierno de Jalisco a sealar que en la

defensa del pueblo haba intereses extranjeros.

El xito jurdico de las denuncias dependi de la construccin de la presa El Zapotillo o

de las reubicacin de Temacapuln. No obstante, la reubicacin de Temacapuln era requisito

para iniciar la construccin de la represa. Para la construccin de la presa estaban los tribunales

federales y los de Jalisco para la reubicacin y las licitaciones del nuevo sitio de poblacin y

para los traslados del patrimonio cultural e histrico. En el rejuego de los procesos legales y

participaron el poder Ejecutivo y el Legislativo, no slo el Judicial, responsable de la

administracin de justicia. En la jurisdiccin federal del Poder Judicial, el 19 de agosto de 2012

fue cuando apareci en la escena la Suprema Corte de Justicia de la Nacin para negarle al

Ayuntamiento de Caadas de Obregn la suspensin de la construccin de la presa El Zapotillo.

La CONAGUA inform sobre esa negativa con un boletn de prensa (Guilln, 2012c).

En la SCJN, a peticin de la segunda sala aplazaron el 1 de junio de 2013 una discusin

sobre la controversia constitucional que present el Congreso de Jalisco. Ante la construccin

de la presa El Zapotillo, el Congreso pretenda anular cualquier acto de autoridad que afecte a

los ciudadanos de esa entidad, es decir, los derechos de los jaliscienses en sus derechos

adquiridos por la Declaratoria de Reserva de Aguas Nacionales Superficiales del Ro Verde,

respecto de los volmenes de agua otorgados a Jalisco para uso domstico y pblico, 372

millones 139 mil metros cbicos y 372 millones 39 mil metros cbicos anuales,

respectivamente. Tambin reivindican el derecho a la dotacin de 12 millones 600 mil metros

cbicos del lquido para actividades pecuarias (Aranda, 2013). As sucedi el 7 de agosto de

2013: la SCJN declar no vlida la cortina de 105 metros que firm el gobernador de Jalisco,

Emilio Gonzlez Mrquez: el proyecto de la presa El Zapotillo, en los estados de Guanajuato y

Jalisco, no podr aumentar su capacidad en metros cbicos por lo que no se inundar el poblado

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Temacapuln. El convenio que deber continuar ser el de suscrito en 2005 (Langner, 2013; Cfr.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5317810&fecha=11%2F10%2F2013).

El fallo 93/2013 de la SCJN, en agosto de 2013, pidi respetar una altura mxima de la

cortina de 80 metros porque la decisin que tom el gobernador de Jalisco al aumentar la cortina

a 105 metros, rebasaba el periodo del gobernador y estaba fuera de las facultades del jefe del

Ejecutivo; no solicit autorizacin al Congreso de Jalisco. Slo as, con una sentencia de la

Corte fue que la CONAGUA hizo referencia a El Zapotillo ("proyecto que deriva del acuerdo de

coordinacin para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribucin de las aguas

superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Ro Verde", aunque para hacerlo esper

hasta el 6 de diciembre de 2013: "la CONAGUA inici acciones de cumplimiento procedente

para acatar dicha sentencia, por lo que debido a la complejidad de ajuste en todos los rdenes a

realizar, le solicit a la empresa ejecutora presentar el anlisis preliminar sobre las

implicaciones tcnicas, financieras y administrativas que conlleva dicho ajuste" (De Loza,

2013b).

En el recuento de ocho aos de historia en El Zapotillo cunden las imprecisiones -en la

informacin pblica- sobre el proyecto: la altura de la cortina, capacidad del embalse, los diques

que dependen de las dos anteriores, el acueducto con problemas para negociar la tierra en Los

Altos. El proyecto incluye la distribucin de agua para uso pecuario en Los Altos de Jalisco a

travs de la construccin de 3,500 bordos tipo abrevadero, en una regin sin campesinos pero

con produccin agropecuaria intensiva. En seis municipios alteos, sus ayuntamientos

autorizaron subdivisin y cambio de uso de suelo para la construccin del acueducto. Con la

aprobacin el inters estuvo en el agua que tienen derecho como pueblos de la regin. En ese

sentido tambin los municipios deben estar alertas a defender sus intereses, porque el transporte

en ese ducto fue concesionado y el acceso al agua tiene un costo. Aun y cuando pase por el

territorio municipal (Ochoa Garca y Lpez Ramrez, 2013).

6.- Temaca: el sujeto social.

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En Temacapuln, Acasico y Palmarejo no existe un sujeto o actor colectivo que posea

bienes en comn, aunque esto no ha impedido que haya una accin colectiva por defender sus

pueblos, pero si se hace ms difcil su defensa legal. Si algo podemos decir que nuclea o le da

forma a lo colectivo es la religin catlica y todo lo que gira alrededor de la iglesia del pueblo

de Temacapuln y su Virgen de Los Remedios, que es la patrona del lugar, siendo una

comunidad con fuerte raigambre catlica y que en tiempos anteriores fue escenario de la Guerra

Cristera que sacudi a la regin, as como de la Guerra del Mixtn, espritu y memoria de

resistencia que todava hoy perdura en sus habitantes. Es en este campo donde se da la

confrontacin actual en contra del Estado, lucha que es desigual y asimtrica, porque las

comunidades no cuentan con todo el aparato que da la figura del Estado, ni la cantidad de

recursos con que dispone el gobierno.

Para analizar a los actores que intervienen en esta lucha habra que recurrir a una cita

que Armando Bartra hace de Alain Touraine en su libro Tiempo y mitos de carnaval, donde

Touraine refiere que actor no es aquel que obra con arreglo al lugar que ocupa en la

organizacin, sino aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en el cual est

colocado (Bartra, 2011). Sobre todo en el caso de Temacapuln.

Desde el punto de vista de los actores que estn involucrados en la construccin de El

Zapotillo por un lado tenemos a la comunidad de Temacapuln y parte de Acasico y por otro

lado tenemos al gobierno y a las empresas, tanto la Federacin, es decir, el gobierno federal a

travs del Presidente de la Repblica, como de la SEMARNAT, CONAGUA y los gobiernos de

los Estados de Jalisco y Guanajuato y los intereses empresariales que existen el Bajo como en

la zona metropolitana de Guadalajara que estn disputando el agua para sus negocios.

Por parte de la comunidad de Temacapuln tenemos que se han organizado y creado

exprofeso para esta lucha el Comit Salvemos Temacapuln, Acasico y Palmarejo, ente poltico

que ha permitido nuclear, dar forma y a organizar la respuesta de las comunidades al gobierno,

sobre todo integrado en su mayora por gente de Temacapuln y Acasico. En el Comit una

pieza clave lo ha sido el padre Gabriel Espinoza iguez, que aunque est asignado como

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prroco en una comunidad de nombre La Magdalena en el municipio de Tesistn, muy cerca de

la zona metropolitana de Guadalajara, l es originario de Temacapuln, sus padres son nativos

de Temacapuln. El padre Gabriel ha venido a ser parte del cemento que le ha dado cohesin a

la resistencia, porque si algo mueve a la comunidad es la fe y no dejan de implorar y suplicar a

la Virgen de Los Remedios y al Seor de la Peita que los salve, de ah la importancia del papel

que juega el padre Gabriel como uno de los lderes del movimiento.

Por otro lado, tenemos grupos y actores que no siendo de Temacapuln, se solidarizaron

con su causa e incluso realizan acciones en esta comunidad para la defensa de sus derechos, nos

referimos al IMDEC, cuya labor principal es el fortalecimiento de la capacidad poltica de

accin y unir los lazos de articulacin con otras redes, como el MAPDER, tambin nos

referimos a el Colectivo Coa, que desde 2008 acompaan la defensa jurdica integral, actuando

desde 2011 como Colectivo de Abogad@s. Estudiantes y profesores de la Universidad de

Guadalajara (U. de G.) y del Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Occidente

(ITESO), que generaron proyectos -productivos, de comunicacin, culturales, etc.- y acciones

para visibilizar las violaciones a los derechos de los habitantes de Temacapuln.

7.- Conclusiones.

El Zapotillo es un proyecto para trasvase de agua interregional en el altiplano rido y

semirido de Mxico. La exportacin de agua desde Los Altos de Jalisco hacia el Bajo

guanajuatense, que cuenta con polticas pblicas destinadas a la promocin de industria y

crecimiento urbano con inversin intensiva de grandes capitales de todo el mundo pero carece

de agua suficiente para proveerles. En la programacin tcnica del proyecto El Zapotillo

distinguimos tres elementos: En primer lugar, una cortina con dos opciones en la altura, cada

una con su correspondiente cantidad de agua y la respectiva rea de embalse. En segundo, la

construccin de un acueducto. En tercero, la argumentacin jurdica que proporciona legalidad

al proyecto de represa, pero ilegalidad y violacin de derechos humanos por la reubicacin de

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asentamientos humanos perjudicados con la inundacin y por el argumento endeble de beneficio

social de mayoras para justificar el proyecto.

En los mismos argumentos que la estructura jurdica blinda a la legalidad estn

sostenidas distintas formas en el reclamo de justicia desde la regin exportadora de agua, ya por

los afectados directos -que son las personas con amenaza de inundacin- como por los

habitantes en la zona inmediata a la represa en su reclamo por el agua acopiada. Pensaramos en

ste caso como uno de justicia territorial y que, tratndose de trasvase de agua, tambin

podemos reflexionarlo como de justicia ambiental por las consecuencias ambientales que

resultan en las dos regiones implicadas.

El agua en la regin exportadora no es oportunidad para la inversin econmica sino al

contrario, como s lo es directamente para la regin destinataria. La regin exportadora es un

territorio ambivalente afectado por la contaminacin del agua en el ro Verde producto de la

urbanizacin y el nulo tratamiento. El primer valor del territorio fue el de la afectacin por la

contaminacin de agua en las formas de desarrollo econmico de la regin altea. El segundo

valor del territorio, convertirlo en estanque. Los habitantes de pueblos como Temacapuln,

Acasico y Palmarejo deben reubicarse porque su territorio tiene el valor de un recipiente para

acopio de agua dispuesta como incentivo a la produccin en la regin receptora. El agua es

insumo para la inversin econmica en la regin receptora, pero motivo de amenaza, despojo y

reubicacin para los alteos.

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