APRENDIENDODE LOS

CONFLICTOS

APRENDIENDODE LOS

CONFLICTOS

Experiencias Metodológicas de Manejo de Conflictos Socioambientales en Ecuador

Víctor Hugo Torres Dávila

PLATAFORMA DE ACUERDOS SOCIO AMBIENTALES

(PLASA)

QUITO Julio 2005

“APRENDIENDO DE LOS CONFLICTOS: Experiencias Metodológicas

de Manejo de Conflictos Socioambientales en Ecuador”

Víctor Hugo Torres Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales (PLASA)

Con el Apoyo financiero de GTZ

Quito, Julio 2005

Secretaria Ejecutiva PLASAFundación Futuro Latinoamaricano (FFLA)Mariano Echeverría 843 y FeijoóTeléfonos: 292 0635 / 292 0636

INDICE

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

INTRODUCCIÓN

ACERCA DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

EL REPERTORIO METODOLÓGICO DE LA PLASA2.1 Enfoques estratégicos2.2 Métodos de intervención2.3 Técnicas de apoyo

LOS CASOS DE INTERVENCIÓN METODOLÓGICA

3.1 Incidencia y Gestión Asociada ante la Contaminación Ambiental en la Producción Bananera

3.2 Fortalecimiento del Actor Débil para Contaminación Ambiental en la Producción Bananera

3.3 Construyendo el Diálogo en los Conflictos Mineros

COMPARACIÓN DE LAS INTERVENCIONES METODOLÓGICAS

PRINCIPALES LECCIONES METODOLÓGICAS

HACIA EL FORTALECIMIENTO METODOLOGICO DE LA PLASA

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ENTREVISTAS

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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ALDEA Asociación Latinoamericana para el Desarrollo AlternativoAGIP Agip Oil Ecuador B.V. AIEPRA Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza de la Región

Amazónica AMAZANGA Fundación Ambiental AmazangaANAZPPA Asociación de Nacionalidades Zápara de la Provincia de PastazaASODIRA Asociación de Indígenas Independientes de la Región AmazónicaCEA Coordinadora Ecuatoriana de AgroecologíaCEDA Centro Ecuatoriano de Derecho AmbientalCENARC Centro de Análisis y Resolución de Conflictos CEPAM Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la MujerCIDES Centro sobre Derecho y SociedadCOMUNIDEC Comunidades y Desarrollo en el EcuadorCTA Comisión Técnica AmbientalECOCIENCIA Fundación Ecuatoriana de Estudios EcológicosFFLA Fundación Futuro LatinoamericanoFLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesFENACLE Federación Ecuatoriana de Campesinos Libres del EcuadorFCTO Federación Clasista de Trabajadores de El OroGTZ Sociedad Alemana de Cooperación Técnica IEE Instituto de Estudios EcuatorianosMMO Movimiento de Mujeres de El OroPLASA Plataforma de Acuerdos Socio-AmbientalesPMC Programa de Manejo de ConflictosPPD Programa de Pequeñas DonacionesPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloOPIP Organización de Pueblos Indígenas de PastazaONG Organización no GubernamentalONHAE Organización de Nacionalidades Huaorani de la Amazonía

EcuatorianaUROCAL Unión Regional de Organizaciones Campesinas del LitoralSIG Sistema de Información Geográfica

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INTRODUCCIÓN

“Nosotros decidimos que debíamos ir poco apoco, negociando a través del diálogo, es decir,concientizando a la gente, a las autoridades yproductores del problema que había,empezamos con las mesas de diálogo y hemosllegado hasta donde estamos”, comenta una delas liderezas del Comité de Gestión por la Viday el Medio Ambiente del Cantón El Guabo enla Provincia de El Oro, refiriéndose a los even-tos que protagonizaron cuando transformaronel problema de contaminación ambientalprovocado por las plantaciones bananeras, enun conflicto socioambiental con alcance regio-nal, que desembocó en un acuerdo público parael manejo de la contaminación en la provincia.

Detrás de estas palabras se encuentra una ricaexperiencia de participación y aprendizaje vivi-da por las organizaciones locales, que les permi-tió adquirir las destrezas metodológicas nece-sarias para asumir el conflicto de contaminaciónbananera y, a través del diálogo y la negociación,llegar a acuerdos públicos que frenen el deteriorode los recursos naturales. El método que uti-lizaron para transformar el problema en conflic-to, fue provisto por la ONG ALDEA, quiencolabora desde hace más de ocho años con lasorganizaciones de la zona en la promoción delos temas ambientales.

Lo sucedido en El Guabo, junto con las experien-cias de las organizaciones sociales que mane-jaron un conflicto minero en la parroquia LosEncuentros del cantón Yantzaza en la Provinciade Zamora Chinchipe, apoyadas por la ONGArcoiris, y de las organizaciones indígenas delBloque 10 en la Provincia de Pastaza, queenfrentan un conflicto petrolero asistidas por laFundación Amazanga, testimonian la validez derecurrir a los métodos colaborativos de resolu-ción de conflictos para lograr acuerdosduraderos y compartidos por los actores afecta-dos y causantes de los daños ambientales.

Al mismo tiempo, los tres casos son reve-ladores de la importancia de cooperar públicay privadamente en la búsqueda de alternati-vas a las expectativas poblacionales paramejorar la calidad de vida y disponer de unmedio ambiente sano, especialmente ensituaciones de tensión derivadas de la con-frontación de intereses contrapuestos sobre elacceso, uso y conservación de los recursosnaturales. En general, son situaciones queprecisan de intervenciones metodológicasque estén al alcance de la gente y orienten losconflictos socioambientales hacia salidas con-sensuadas y compartidas por los gruposhumanos involucrados.

Este documento contiene la sistematizaciónde las tres experiencias de manejo de conflic-tos socioambientales protagonizadas por per-sonas, líderes y organizaciones sociales queentre los años 2001 al 2005, impulsaronmodalidades de gestión participativa de con-flictos utilizando los enfoques y métodossuministrados por las organizaciones nogubernamentales (ONG), integrantes de laPlataforma de Acuerdos Socio-Ambientales(PLASA) en Ecuador. La PLASA, conjunta-mente con sus miembros, apoyaron,analizaron y acompañaron a cada uno de lostres casos en el manejo de los conflictos, docu-mentando los eventos, prestando asistenciatécnica y capacitación a los actores locales, asícomo brindando el soporte metodológico alas instituciones que intervinieron en calidadde facilitadores para establecer canales dediálogo, negociación y acuerdos de las partesrivales.

La sistematización se definió como unareconstrucción e interpretación de las experien-cias metodológicas de manejo de conflictossocioambientales de la PLASA, desde unaperspectiva comparativa de análisis de los trescasos concretos de intervención. Con estafinalidad, se optó por un enfoque que privilegia

los momentos e hitos relevantes de cadaexperiencia, al interior de los cuales se identifi-caron los resultados y limitaciones de los méto-dos utilizados, sintetizando cuatro aspectosconexos:

El contexto en el que se desplegó el conflic-to que permitió identificar los factoresadversos, y las potencialidades quecaracterizaron la confrontación entre laspartes.

El conflicto socioambiental a través de lacronología de los sucesos y eventos rele-vantes, que muestran el comportamientode los actores en la transformación del con-flicto.

La metodología que se adoptó en cada casoen respuesta a las condiciones del contexto,a la naturaleza de la confrontación, a lasexpectativas de los actores locales y acorde alos roles que asumieron las ONG involu-cradas.

Los principales logros y limitacionesmetodológicas, las perspectivas futuras decara a las expectativas locales.

Posteriormente, se compararon las metodologíasusadas destacándose los enfoques compartidos,sus variaciones y limitaciones. Recurriendo a unamatriz de conflictos que sintetiza los puntoscentrales de los métodos, se obtuvo una visiónde conjunto que muestra los rasgos diferen-ciadores y las semejanzas metodológicas, losresultados y limitaciones de las intervencionesque permitieron extraer algunos aprendizajesprácticos, que se espera sean de utilidad paratodas aquellas personas e instituciones preocu-padas en mejorar el uso de los métodos partici-pativos de manejo de conflictos socioambien-tales.

En el ejercicio de sistematización se desmon-taron cada uno de los métodos empleados,señalándose las técnicas y herramientas uti-lizadas. Esta actividad implicó la recopi-lación, ordenamiento y revisión de todos losdocumentos elaborados por las ONG respon-sables de la facilitación, por los consultorescontratados para los estudios especializados,así como los expedientes que recogen lasmemorias y debates de las reuniones de laPLASA durante el acompañamiento a los trescasos. Igualmente, se hicieron visitas deobservación a los lugares de los conflictos,donde se aplicaron entrevistas grupales eindividuales a las organizaciones y personasprotagonistas de los eventos, además, seentrevistaron a numerosos funcionarios de lasinstituciones miembros de la Plataforma.

Con toda la información obtenida de fuentesdocumentales y primarias, se reconstruyeronlas experiencias metodológicas de manejo deconflictos, las que se recogen en el presentedocumento que aspira reflejar e interpretar lomás fiel posible los hechos ocurridos en laslocalidades. El texto está dividido en siete sec-ciones. En la primera sección se expone unarápida visión teórica de los conflictossocioambientales, con el ánimo de mostrar losrasgos más amplios del enfoque conceptualque orientó la sistematización, y que se con-sidera está presente en las metodologías deintervención.

La segunda sección expone una breve reseñade la PLASA como un colectivo interesado enel tratamiento de los temas ambientales,específicamente en el manejo de los conflic-tos socioambientales, en la que se sintetizanlas principales estrategias, métodos y técnicasque disponen, usan y/o conocen los miem-bros de la Plataforma; la reseña se proponecomo un marco referencial de las orienta-ciones estratégicas propias de una agrupaciónplural que comparte, debate y enriquece losmétodos de conflictos.

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En la tercera sección se reconstruyen los trescasos de intervención, en cada uno de los cualesse resumen el contexto, la cronología del con-flicto, la metodología empleada, los resultadosobtenidos y las perspectivas de acción; estasección contiene relatos condensados de los tresconflictos y las metodologías utilizadas, asícomo de los roles que asumieron las institu-ciones de apoyo.

La cuarta sección del documento está dedicadaal análisis comparativo de las experienciasmetodológicas, en la que se expone la matriz deconflictos y se cotejan los procedimientosmetodológicos, señalando los enfoques compar-tidos, las variantes metodológicas, sus límites,logros y perspectivas; en esta sección, sin pre-tender agotar las posibilidades del análisis com-parado, se esbozan los aspectos sobresalientesdel contraste de metodologías.

Seguidamente, en la quinta parte, se recogen lasprincipales lecciones de las metodologías demanejo de conflictos, asumidas como genera-lizaciones acerca de los resultados obtenidos quepueden tener utilidad práctica para los propiosactores locales, así como para otras organiza-ciones e instituciones involucradas en eltratamiento colaborativo de los conflictos.

La sexta sección está dedicada al planteamientode algunas recomendaciones formuladas a ma-nera de propuesta para el fortalecimientometodológico de la PLASA, la que se enunciacon base en las experticias y potencialidadesacumuladas por los miembros de un colectivoque propende al enriquecimiento metodológicode sus integrantes.

Finalmente, se cierra el documento con unarápida sección de conclusiones acerca delcamino metodológico recorrido en los trescasos, señalando las perspectivas de acción ynuevas preguntas metodológicas para el manejode los conflictos socioambientales.

Durante la elaboración de este documentointervinieron numerosas personas, organiza-ciones e instituciones de las tres localidades, aquienes agradecemos por sus aportes, testi-monios y relatos que permitieron reconstruirlos conflictos y sus escenarios. Expresamos elreconocimiento a los técnicos y técnicas de lasONG que acompañaron los tres casos por suapoyo en las entrevistas a los actores locales,sus propios testimonios y la ágil provisión dela información requerida. También a las dis-tintas personas entrevistadas que en calidadde miembros de la PLASA manifestaron susideas y sugerencias acerca de las tres experien-cias, así como sus expectativas en torno a laPlataforma.

Igualmente agradecemos a todas las personasque asistieron a la reunión de socialización dela versión borrador del informe, pues suscomentarios, críticas y observaciones con-tribuyeron a enriquecer el presente documen-to. Un reconocimiento particular a JuanDumas de la Secretaría Ejecutiva de laPlataforma, por su acuciosa lectura de la ver-sión preliminar del informe que ayudó a darforma y contenido al presente texto, y aGabriela Villamarín por la edición final del doc-umento. A todos ellos nuestro reconocimiento,pues los eventos que aquí se reseñan son de lasorganizaciones y actores locales que protagoni-zaron los conflictos, a mí sólo me ha corre-spondido el papel de facilitar la sistemati-zación de sus experiencias; no obstante, siem-pre que no sea explícito, les relevo de com-promisos asumiendo personalmente laresponsabilidad de estas páginas.

1. ACERCA DE LOS CONFLICTOSSOCIOAMBIENTALES

Los conflictos socioambientales están marcandoel sentido de la época. En el Ecuador adquierenrelevancia por la alta inseguridad ecológica quereflejan, debido al agotamiento y deterioro delos recursos naturales que conduce a situacionesde tensión y malestar entre las poblacioneslocales, afectadas por intervenciones empresa-riales que explotan los recursos naturales endesmedro de la calidad de vida. Todas las inter-venciones ambientales, tarde o temprano, con-frontan el acceso a los recursos naturales y susderechos, por lo que las iniciativas de defensaambiental inevitablemente están atravesadaspor la conflictividad.

En situaciones manifiestas o potenciales de con-flictos socioambientales, se identifican variosfactores comunes que se resumen en: la ausenciadel Estado y falta de aplicación de normativas yregulación; dificultades en la institucionalidadque agudiza el desequilibrio de poder entre losactores que disputan los recursos naturales;vigencia de una cultura de corrupción que ile-gitima los conflictos; necesidad de construirconsensos con los gobiernos seccionales entorno al manejo de los recursos naturales; exis-tencia de comunidades y organizaciones ensituación de escalada del conflicto que impidellegar a mesas de diálogo; y demandas por alian-zas estratégicas que sustenten nuevos procesosde ordenamiento territorial.

Se trata de variables convergentes en los conflic-tos socioambientales que contribuyen a mostrarsu complejidad. Las intervenciones requieren demétodos, técnicas y herramientas que con-tribuyan a salidas compartidas entre los actoressociales involucrados, tratando de escoger lasmúltiples y posibles respuestas a un conflictoque pueden ir desde la negociación entre losadversarios hasta su polarización y destrucción,

estableciéndose una “zona gris” o franja deposibilidades de salida en los conflictos. Losmétodos participativos son indispensablespara enrumbar las acciones de las partes, enfunción de encontrar salidas concertadas enun conflicto.

¿Qué son los conflictos socioambientales? Laliteratura académica señala que hay distintasaproximaciones teóricas para definir los con-flictos. La primera desde la Biología plantea-ba que los conflictos surgen como efecto de laevolución y adaptación de la especie humanaen su entorno natural, la segunda proviene dela Sicología y define a los conflictos comooposición de intereses entre individuos, latercera formulada desde las Ciencias Socialesreconoce los conflictos como intereses entresegmentos de la sociedad, y la cuarta se refierea los conflictos de poder entre las naciones(cfr. Amerah, et. al., 1998: 4-5).

Las definiciones aplicadas al campo delambiente pueden ser variadas, hay quienesven en los conflictos oportunidades para quelos grupos afectados por los impactos am-bientales revean su trabajo, otros plantean alos conflictos socioambientales como incom-patibilidades entre actores locales frente aluso y destino de los recursos naturales. Hayautores que consideran los conflictos comofenómenos generalizados de la vida social queadquieren rangos diferentes de expresión,cuando dos o más personas o grupos, quepueden ser individuos u organizaciones, sereconocen como potenciales adversarios anteuna situación crucial en la que manifiestan lacreencia de que sus objetivos son incompati-bles (Kriesberg, 1998: 3).

Los conflictos socioambientales también sonsistemas de acción que están en la base mate-rial de las estructuras de la sociedad nacional,expresando intereses diferenciados sobre losrecursos naturales que están orgánicamente

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articulados a los distintos estratos sociales, esdecir, son conflictos entre diferentes segmentosde la sociedad que ponen en evidencia relacionespolarizadas entre las partes (Schellenberg, 1982).Al mismo tiempo, parafraseando a Wallensteen(1988: 120), los conflictos socioambientalespueden mirarse como situaciones sociales en lasque al menos dos partes se esfuerzan, en elmismo momento y lugar, por adquirir el mismoconjunto de recursos naturales a través deacciones concientemente previstas que les per-mitan lograr sus respectivas metas.

En esta perspectiva, cabe recordar que segúnFisas (2002), la prevención de conflictos con-siste en actuar satisfactoriamente ante losprimeros síntomas de un conflicto, con el obje-to de conseguir que este no sobrepase un deter-minado nivel de intensificación a partir del cualresulta difícil de controlar; si el conflicto estratado en sus momentos iniciales, es decir ensus primeras manifestaciones, existe la posibili-dad de que pueda regularse de manera positiva.Para este autor, la prevención radica en detectara tiempo el conflicto para tratarlo conveniente-mente, considerando que siempre es difícilparar un conflicto una vez puesto en marcha; setrata más bien de conseguir que no estalle deforma cruel, o no llegue a niveles de descontrol(Fisas, 2002, 144).

Así, el enfoque de prevención de conflictos no sereduce a bajar tensiones o advertir consecuen-cias, pues en el sentido que lo plantean Doom yVlassenrrot (citado por Fisas, 2002: 145), laprevención son acciones que se confrontan conel problema de la construcción de una sociedady la viabilidad práctica de una estrategia paraconseguirlo, por lo que la prevención debetomar en cuenta las formas en que se defiendenel poder y los intereses. La prevención recurre amétodos no coercitivos que incluyen esfuerzosde persuasión, y el uso positivo de sancionessociales para que una de las partes convenza asus adversarios.

Las definiciones ratifican un hecho singularque es propio del campo de los conflictossocioambientales, y es que las definicionestienen implicaciones metodológicas, pues losdebates generalmente giran más sobre lasdiferentes formas de acción para transformarel conflicto, antes que sobre su propia defini-ción. Aunque hay coincidencias acerca delcarácter inherente de los conflictos en losprocesos sociales y ambientales, se registrandiversas posturas sobre las formasmetodológicas que asumen las intervencionespara orientar las salidas. Las tres experienciasauspiciadas por la PLASA y que se recogen eneste texto, refuerzan la idea de que losmejores aportes se desprenden de los méto-dos utilizados para manejar y resolver losconflictos, de su contraste con la realidad y lavalidación y/o enriquecimiento consecuente.

Los distintos enfoques concitan el debatemetodológico, observándose que hay méto-dos que parten de la premisa de que todas laspartes están en igualdad de condiciones y losactores tienden a juntarse, cuando la realidadmuestra que no siempre es así; otros enfoques,en cambio, destacan la capacidad constructivade los conflictos que dan lugar a situacionesde crecimiento humano y profesional.

En la práctica, Dumas (2005) considera queno hay desarrollo sustentable sin conflictos,entendidos como desacuerdos entre actoressociales por incompatibilidades reales ypercibidas de uso, acceso y conservación delos recursos naturales, por lo que el conflictoes normal y deseable, lo discutible es cómo semanifiesta: violento y pacífico. Interesa la víapacífica y el diálogo, por lo que precisamentela prevención y manejo de conflictos son lasintervenciones que permiten que el conflictose manifieste de modo pacífico, y sea unaoportunidad para la convivencia justa y equi-tativa entre los actores.

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En suma, los conflictos socioambientales sonprocesos interactivos entre actores sociales movi-lizados por el interés compartido en torno a losrecursos naturales, como tales, son construc-ciones sociales, creaciones culturales, quepueden modificarse según cómo se los aborde yse los conduzca, según cómo sean transforma-dos y superados con o sin ayuda de terceros, ysegún cómo involucren las actitudes e interesesde las partes en disputa. En otras palabras, sonsituaciones de confrontación susceptibles deintervenciones que modifican sus dinámicas ydirección, que están abiertas a los métodos demanejo de conflictos.

2. EL REPERTORIO METODOLÓGICO DE LA PLASA

En el Ecuador, la preocupación por la produc-ción y aplicación de métodos participativos parael manejo de conflictos socioambientales datade inicios de los años noventa, cuando variasinstituciones de cooperación internacional,organizaciones no gubernamentales, universi-dades, centros de investigación y organizacionesde base emprendieron iniciativas de acom-pañamiento, entrenamiento y sistematizaciónde experiencias de manejo de conflictos entorno a los recursos naturales, en varios sitiosdel país.

El Programa Bosques, Árboles y ComunidadesRurales (FTPP) de la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura yAlimentación FAO, entre los años 1993 y 2000,dentro del proyecto “Análisis, Sistematización yManejo Alternativo de ConflictosSocioambientales en Comunidades Rurales”,impulsó un espacio asociativo de alcanceregional para el tratamiento colaborativo de losconflictos de forestería comunitaria en lascomunidades rurales de Bolivia, Perú, Ecuadory Costa Rica. El núcleo del proyecto tuvo comobase el Ecuador, donde se impulsó un grupo detrabajo en torno a los métodos participativos demanejo de conflictos socioambientales.

Teniendo como punto de partida el diagnós-tico participativo de conflictos sobre losrecursos del bosque, promovió una red deONG, universidades y organizaciones popu-lares que inició el debate de los métodos dediagnóstico participativo para conflictossocioambientales, en las comunidades y orga-nizaciones campesinas e indígenas. Puso a sualcance herramientas y técnicas de interven-ción que fueron apuntaladas con eventos decapacitación, materiales de entrenamiento ysistematización de experiencias, que condu-jeron a una propuesta metodológica para elmanejo de conflictos socioambientales en lascomunidades rurales, la que se validó ydifundió en los cuatro países asociados alPrograma FTPP (cfr. Ortiz-T, 1999).

De su parte, la “Red Ecuatoriana deVigilancia y Manejo de Conflictos en elÁmbito del Desarrollo Sostenible”, impulsa-da a comienzos de 1997 por la FundaciónFuturo Latinoamericano (FFLA), apoyadapor la Agencia Alemana de CooperaciónTécnica (GTZ) y su Programa deFortalecimiento Municipal (PFM), y encolaboración con el Centro Ecuatoriano deDerecho Ambiental (CEDA), promovieron lafacilitación del diálogo como mecanismopara la solución de conflictos que afectan demanera significativa la sustentabilidad deldesarrollo. La Red, integrada por varias ONGconectadas a “Estaciones Regionales” y conuna unidad coordinadora denominada“Centro de Vigilancia”, identificaba situa-ciones manifiesta o potencialmente conflicti-vas para documentarlas, apoyarlas en sumanejo y luego sistematizarlas (cfr. FFLA,2000).

Además, entre los años 1999 y 2002 elProyecto Diálogo 21 del Programa de lasNaciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)se orientó a gestar en el país una cultura de diá-logo para la concertación entre los diferentes

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actores sociales, políticos, gubernamentales yeconómicos con el fin de establecer caminoshacia el desarrollo humano sustentable; concen-tró sus esfuerzos en la constitución de nuevosliderazgos en las nacientes juntas parroquialesrurales.

Con este propósito, adoptó un enfoque de pro-ceso de participación para el desarrollo local quetenía como un elemento clave el manejo de con-flictos locales, creando, a través de la partici-pación, una base común de negociación entrelos grupos interesados; la metodología considera-ba al diálogo como un proceso y a la nego-ciación como un momento del mismo. Elenfoque fue difundido entre diversas organiza-ciones sociales, ONG, municipios y juntas pa-rroquiales rurales a través de su propia red dedialogadores, comunicadores y líderes parro-quiales (cfr. Diálogo 21, 2000).

En el año 2001, estas tres tendencias asociativasque debatían sobre métodos de manejo de con-flictos e intervenían en procesos de resoluciónde conflictos socioambientales, con el auspiciodel Programa de Manejo de Conflictos (PMC)de la Sociedad Alemana de CooperaciónTécnica (GTZ), desembocaron en un espacio deintercambio de experiencias que dio lugar a laformación de la Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales (PLASA), que continuó con elapoyo metodológico a situaciones de conflictomanifiesto o potencial, prestando asistencia téc-nica para el fortalecimiento de las capacidadeslocales, y sistematizando experiencias en torno aacuerdos para la gestión ambiental.

La PLASA se considera como una respuesta a lanecesidad de reflexionar, intercambiar experien-cias y construir conocimientos prácticos sobrelas formas de prevenir y abordar los conflictossocioambientales en el país. Asumida como uncolectivo de trabajo y un foro de diálogo perma-nente, promueve el debate y diseño conjunto depropuestas conceptuales y metodológicas para

el tratamiento de conflictos, enfatizando en laconsolidación de los procesos de concertaciónsocial de cara a “la heterogénea, inequitativay diversa realidad ecuatoriana”, señala sucarta de constitución.

La Plataforma mantiene los principios dedefensa y promoción de una cultura pacíficapara el tratamiento de conflictos socioam-bientales, reconoce la diversidad de formaspara su tratamiento, promueve el fortale-cimiento de enfoques basados en la toleran-cia, el reconocimiento y respeto de las diver-sidades culturales, religiosas, étnicas y políti-cas. Se identifica con las políticas democráti-cas que promuevan y respeten los derechosindividuales y colectivos de las personas,impulsando la búsqueda de equidad en lasrelaciones de género, interculturales, inter-generacionales y el respeto a todas las per-sonas, instituciones y organizaciones inde-pendientes de su nacionalidad, credo reli-gioso, convicción política o condición cultu-ral, étnica o de género. Con una actitud plu-ral ante los distintos enfoques, opiniones yposiciones de sus miembros, busca el diálogoy la concertación para consolidar un ordensocial justo y ambientalmente sostenible, porlo que está abierta a todas las instituciones yorganizaciones que comparten estos princi-pios.

De manera específica, el propósito de laPLASA es fortalecer las capacidades de losactores sociales involucrados en la gestión deconflictos y en la construcción de acuerdossobre la conservación, uso, control y manejode los recursos naturales y territorios; para locual fomenta un espacio de intercambio deexperiencias y diseño de propuestasmetodológicas que sean útiles para la búsque-da de consensos en los temas socioambien-tales. Presta capacitación, asesoría técnica,transferencia de información y facilitación

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para incidir en las políticas públicas ambien-tales; además, difunde información y diseminalas experiencias de tratamiento de conflictos yconstrucción de consensos socioambientales.

En este escenario plural de la Plataforma, elencuentro entre los diversos enfoques de susmiembros resulta, además de enriquecedor,interesante, porque pese a las diferencias deenfoques los métodos no se muestran contradic-torios sino complementarios y aplicables endiferentes momentos de los conflictos. Mientrasdeterminados enfoques enfatizan en el diagnós-tico del conflicto apoyando a los actores débiles,se muestran menos eficaces para el enten-dimiento entre las partes; otros enfoques, encambio, se centran en el manejo de la nego-ciación y la búsqueda de salidas al conflicto.Algunos métodos intervienen en los aspectoslegales de los conflictos, otros capacitan a losrecursos humanos con visión no litigante para elmanejo comunitario del conflicto; asimismo,varias herramientas son utilizadas para organi-zar información durante los conflictos.

El debate que suscitan los diferentes enfoquesde los conflictos socioambientales, al tiempoque evidencia la voluntad de cooperación y elánimo de aprendizaje entre los miembros de laPlataforma, revela la necesidad de profundizarel desarrollo metodológico, puesto que a más dela complementariedad entre los enfoques, méto-dos y técnicas que disponen las institucionesintegrantes de la Plataforma, están las adapta-ciones y combinaciones instrumentales querealizaron las organizaciones locales y ONG enlos tres casos de intervención. Puede decirse queel repertorio metodológico de la Plataforma senutre también de la adaptación instrumental desus prácticas, aportando con una novedosariqueza tecnológica que recrea los enfoquescolaborativos para el manejo de conflictossocioambientales.

El repertorio metodológico de la Plataformaincluye enfoques estratégicos, métodos deintervención y técnicas de apoyo, algunos delos cuales se reseñan a continuación, sin pre-tender agotar su menú instrumental, sino conel ánimo de mostrar las principales tenden-cias.

2.1 Enfoques estratégicos

Los enfoques estratégicos son conjuntos inte-grados de principios acerca de objetivos ymedios de acción ante los conflictos socioam-bientales, que incluyen varios métodos y téc-nicas de intervención. En la Plataforma estánpresentes los siguientes cuatro enfoquesestratégicos de manejo de conflictos.

a) Enfoque del Tercero Imparcial

En opinión de Juan Dumas (2005), elEnfoque del Tercero Imparcial debe serentendido como una parte de un proceso másamplio de transformación de los conflictos,que comienza con la concientización y lamanifestación de un conflicto en el que seaplican otros roles y metodologías, y que con-cluye con la formulación de políticas públi-cas. Quienes trabajan desde un Rol deTercero Imparcial suelen aplicar procesoscolaborativos que se definen como “aquellosque convocan a individuos y grupos condiferentes perspectivas e intereses sobre unproblema para trabajar juntos, con la ayudade un tercero (facilitador o mediador), en eldesarrollo de un programa de acción, uti-lizando un enfoque basado en el consenso”(Fundación Cambio Democrático). Estosprocesos están guiados por principios como:

Imparcialidad: nadie es neutral. La edu-cación que hemos recibido, el contexto en elque hemos crecido y las experiencias vividashan determinado nuestra forma de ver el

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mundo y los valores que sustentamos. Es lógico,entonces, sentir mayor afinidad con alguno delos actores en conflicto cuya situación resuenade una u otra manera con nuestras propias expe-riencias. Bajo este enfoque, un facilitador, sien-do conciente de esas afinidades, procura jugarun rol imparcial, asegurando que los principiosde un proceso justo y equitativo de negociaciónson respetados por todos los actores 1.

Base en las necesidades de los actores: unproceso colaborativo sólo será visto como satis-factorio, si progresa sobre la base de una com-prensión de las necesidades que motivan a laspersonas en conflicto a adoptar sus posiciones yactitudes. Implica una comprensión cabal y pro-funda de las complejas relaciones entre el poder,los derechos y las necesidades (Mayer).

Inclusión: toda persona cuyas necesidades sevean afectadas por el conflicto socioambientalque se pretende tratar, debe ser involucrada enel proceso.

Equidad: todos los actores que participan en elproceso deben tener conciencia de las implica-ciones del conflicto en el que están involucra-dos, la mayor claridad posible sobre sus necesi-dades y su visión de futuro, plena comprensiónde toda la información relativa al conflicto y alproceso de negociación, al igual que capacidad yoportunidad para expresar y defender susnecesidades.

Con base en estos principios, la metodologíapuede adaptarse según lo requiera el conflictoque se pretende tratar, aunque normalmente, sebusca seguir los siguientes pasos (cfr. Carpenterand Kennedy): Análisis del Conflicto: tiene por objetivo cono-cer a profundidad los actores (sus necesidades,

posiciones, fuentes de poder, estrategias), losproblemas (centrales y accesorios) y los pro-cesos que han guiado la toma de decisionessobre el conflicto.

Diseño de una Estrategia y un Proceso:Consiste en definir con los actores el procesoque van a seguir para dialogar sobre el con-flicto que los enfrenta. Implica acordar unaserie de elementos como una definición delconflicto, meta del proceso, conexión formalcon el mecanismo de toma de decisiones,convocatoria, reglas para la interacción, roles,etc. La experiencia demuestra que cuantomás tiempo se invierte en este paso, mejoresson las probabilidades de llevar adelante unanegociación en buenos términos.

Conducción: es responsabilidad del facilita-dor conducir la negociación con base en elproceso que se ha diseñado con los actores delconflicto. Se dice comúnmente que el facilita-dor debe tener “un ojo en el contenido y unojo en el proceso”.

Seguimiento a la Implementación deAcuerdos: Cualquier acuerdo que se alcanceno significa el fin de un conflicto, si no se hanimplementado las respectivas acciones y ase-gurado las formas de hacer el seguimiento alcumplimiento de los acuerdos.

b) Gestión Participativa de Conflictos Socioambientales

El manejo participativo de los conflictossocioambientales se orienta al fortalecimien-to de los actores locales desfavorecidos. Lametodología formulada por el ProgramaFTPP, con base en una definición teórica delos conflictos socioambientales, propone unconjunto de intervenciones siguiendo el ciclode los conflictos: empieza con la detección deun potencial conflicto en el que se caracter-izan los actores, luego continúa con la génesis

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1 Autores como Marinés Suárez hablan de “multi-parciali-dad”, intentando denotar un rol proactivo para estar “dellado de todos los actores”.

del conflicto, los períodos de maduración,intensificación y transformación hasta desem-bocar en situaciones de convivencia. A estosmomentos del ciclo corresponden formas deacción como la evitación, prevención, adverten-cia temprana, intervención en crisis,empoderamiento y tercería, negociación-resolu-ción y nueva institucionalidad, respectivamente(cfr. Ortiz, 2003). La estrategia metodológicadebate las distintas maneras que pueden asumirlos procesos de gestión participativa de conflic-tos, así como las posibles dinámicas de salida alas situaciones de incompatibilidad y conflictoen torno a los recursos naturales. Incorpora unmenú de técnicas y herramientas para el trabajogrupal en talleres, con técnicas de facilitaciónpara el diagnóstico participativo de los conflic-tos y herramientas como socio-dramas, matri-ces, mapeo, dibujos, flujogramas, triángulo PIN(posiciones-intereses-necesidades); la técnica deplaneación estratégica de manejo de conflictosconsiderando la comunicación, participación,cooperación, toma de decisiones, diseño depropuestas de acción, operación de actividades ydemandas de operación; el análisis costo-benefi-cio de la participación en el conflicto; la técnicade análisis de viabilidad de la solución del con-flicto con simulaciones, concertación yplaneación; y los acuerdos previo a la nego-ciación, el entorno seguro, los cambios deenfoque sin perder intereses, resultados y elseguimiento de los acuerdos (cfr. Ortiz, 2003).

La estrategia metodológica centrada en laparticipación en los conflictos socioambientalesno busca eliminar o desaparecer los conflictos,por el contrario, propone que se puede aprendera regularlos o transformarlos examinando suspotencialidades constructivas, con la interven-ción de los propios actores, fundamentalmentelas comunidades rurales, bajo la consideraciónde que el conflicto es constitutivo de la vidacotidiana, organizativa y comunitaria.

c) Conflictos, Consensos y Equidad de Género

La incorporación del Enfoque de Equidad deGénero en los conflictos socioambientalesimplica el reconocimiento de las relacionesinequitativas y de poder existentes entre losgéneros, al igual que la revalorización de losroles de hombres y mujeres en la construc-ción de relaciones equitativas que incidan enmejorar la calidad de vida, y en cambiar lasrelaciones inequitativas y de poder en lafamilia, comunidad y sociedad que enfrentanconflictos. En tanto estrategia metodológica,es un proceso de gestión de los conflictossocioambientales que incluye un menú deservicios orientados a igualar las oportu-nidades de hombres y mujeres, mediante eldesarrollo de acciones integradoras,incluyentes, que superen la discriminaciónhacia la mujer, fomentando su empode-ramiento al abrir oportunidades de partici-pación en los distintos momentos de nego-ciación de un conflicto.

El eje de la estrategia es una oferta de capa-citación con intensos períodos de aprendizajeque desmonten la actual construcción identi-taria de género, permitiendo una gestión de losconflictos socioambientales desde la perspecti-va de la equidad de género. Supone imple-mentar acciones que equilibren las relacionesde poder y la toma de decisiones al interior delas organizaciones que participan en la nego-ciación de los conflictos, mediante proce-dimientos de sensibilización de los miembrosmasculinos de las organizaciones, para supe-rar la tradicional exclusión de la mujer enestos espacios, promoviendo la equitativaintervención de hombres y mujeres comoactores directos en la resolución de los con-flictos socioambientales. Con base en eldebate teórico-político de las relaciones entremedio ambiente y género, y considerando losretos que implica incorporar el enfoque degénero en la transformación de los conflictos,

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Balarezo y Ernst (2005) levantan una propuestametodológica flexible para “transversalizar” elenfoque de equidad de género en los actoresinvolucrados en los conflictos. No son recetas,dicen las autoras, sino pautas para adaptarlas ala realidad particular de los distintos grupos yorganizaciones en un conflicto socioambiental.

La propuesta incluye un conjunto de orienta-ciones para la incorporación práctica delenfoque de género, en las diferentes etapas omomentos de un conflicto. Prevé un proce-dimiento organizado en cuatro fases que vandesde el análisis de la situación o diagnóstico delconflicto, pasa a la definición de opciones y di-seño del proceso, luego entra en la planificaciónde estrategias de acción desde un enfoque deequidad de género, y completa el circuito con elseguimiento y evaluación de los acuerdos conequidad de género. En cada una de estas etapasse incluyen ejercicios motivadores de reflexiónsobre el enfoque de equidad de género, los pasosy las herramientas sugeridas para abordar elconflicto de manera participativa y con visiónde equidad de género.

La estrategia metodológica permite reconocer,en la acción, las asignaciones culturales diferen-ciadas dadas a hombres y mujeres, sobre la basede las diferencias biológicas, permitiendo unamejor identificación de los actores involucradosen los conflictos socioambientales, así como vi-sibilizar el acceso y uso diferenciado de losrecursos naturales afectados por parte de hom-bres y mujeres, permitiendo visualizar clara-mente los efectos de los daños ambientales enhombres y mujeres. El propósito es incidir en latransformación del conflicto, incorporando losintereses y necesidades diferenciados de hom-bres y mujeres.

d) Conciliación y Facilitación Comunitaria

La conciliación comunitaria es entendida comouna orientación para el manejo participativo de

conflictos ligados a la tenencia de la tierra,que impactan en los recursos naturales, den-tro y fuera de las áreas protegidas. Parte delprincipio de que los conflictos son transver-sales a la problemática ambiental, expresán-dose como problemas que se convierten enconflictos por efecto de la presión de las dis-tintas posiciones de los actores que revelanintereses diferenciados ante los recursos natu-rales, requiriendo la adecuada comprensiónde parte de las poblaciones afectadas. No pro-pone la mediación formal, sino la conci-liación de intereses entre los actores con baseen propuestas surgidas desde las partes, pre-ferentemente de las comunidades rurales, através del rol de facilitación de un agenteexterno.

Ante un conflicto lo primero es bajar las ten-siones, buscando que las partes reconozcanque hay conflicto y se sienten a la mesa dediálogo para comprender el carácter del con-flicto, considerando la cosmovisión de lascomunidades indígenas que tienen relacionescon la naturaleza basadas en costumbres cul-turales ancestrales, por lo que los métodos deintervención requieren construirse en la prác-tica con la retroalimentación de los casos. Lafinalidad es llegar a la suscripción de conve-nios de coparticipación y respeto mutuo, paraasegurar relaciones armónicas entre laspartes, los que se pueden ir perfeccionandoporque están basados en intereses compar-tidos de beneficio colectivo y duraderos entanto cubren las necesidades de los actores.

Metodológicamente, es una suma de meca-nismos y actividades conducentes a reconocerla complejidad del conflicto, su naturaleza,actores e intereses, promoviendo mesas dediálogo para que las partes afectadas encuen-tren alternativas de resolución, requiriendo laintervención de un facilitador con potestadotorgada por las partes, para conciliar el litigioen condiciones de confianza e imparcialidad.

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La clave es que la conciliación de interesesprovenga de los actores, potenciando las capaci-dades del más débil para equilibrar la nego-ciación, señalan Freire y Morán (2005), puesfrente a los desequilibrios de poder se requierepotenciar las capacidades de las comunidades,así como incidir en los decisores políticos y en laopinión pública.

Con esta orientación y para asegurar el acom-pañamiento a las comunidades, la ONG Ecoleximpulsó un programa de formación de “para-legales” que son líderes comunitarios entrena-dos en temas jurídicos, tenencia de la tierra,biodiversidad, propiedad intelectual, áreas pro-tegidas y minería, que en representación de lascomunidades intervienen en los conflictos, ypueden prestar servicios a otras comunidades.Su función es apoyar en la prevención de con-flictos con soluciones sencillas al interior y fuerade las comunidades, evitando la potenciación delos conflictos, pues gran parte de los “para-legales” son líderes comunitarios con proyec-ción política.

2.2 Métodos de intervención

Los métodos de intervención son los proce-dimientos regulares que tienen secuencias orde-nadas de actividades dirigidas al manejo de losconflictos socioambientales, de los cuales en laPlataforma se han identificado los siguientes:

a) La Mediación Comunitaria

Es una guía de intervención para el manejo deconflictos que, alineada en el campo de losmedios alternativos de solución de conflictoslegales, propone la mediación como medio deresolución de las incompatibilidades entre lascomunidades indígenas que no pueden solu-cionarse por el desacuerdo entre las partes, ycuya solución requiere de una tercera personaque busca los acuerdos y salidas para garantizar

una convivencia pacífica. Consiste en el diá-logo entre las partes prescindiendo de la pre-sencia de las autoridades, apoyado por unmediador que facilita la comunicación hastalograr acuerdos reconocidos por las partes; elmétodo enfatiza en que el rol del mediadorno es el de un abogado dirimente, sino el deun “amigable componedor” reconocido porlas partes. Basado en su aplicación práctica,se considera que la mediación comunitariapermite llegar a soluciones rápidas, de bajocosto y sin alterar la identidad cultural(CIDES, 1994).

El método propone un ciclo de actividadesque empiezan con la mediación ante un con-flicto, en el que se establecen las normas paralograr una reunión entre las partes; luego sereconoce el carácter del conflicto a través delas versiones de las partes; inmediatamente,se aclaran los hechos suscitados cuando laspartes aceptan las responsabilidades; seguida-mente, se identifican las alternativas de solu-ción con exposiciones de las partes; se dis-cuten las propuestas de solución reflexionan-do sobre las expectativas de las partes, y es elmomento en que el mediador puede propo-ner algunas alternativas de solución; final-mente, se arriba a un acuerdo entre las partes,precisando con claridad los puntos del acuer-do y las modalidades con que tiene que se-llarse el acuerdo. Cada uno de los pasos de lamediación van acompañados de las he-rramientas sencillas para apoyar la interac-ción individual y grupal (cfr. CIDES, 1994).

b) Cabildeo e incidencia

El cabildeo e incidencia no se considera unprocedimiento específico y rígidamenteestablecido, sino un método flexible parainfluir sobre los decisores aplicando la nor-mativa ambiental, que se adapta a diversassituaciones en cuatro niveles. En el primer

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nivel está el sector empresarial involucrado enlos conflictos socioambientales, con quienes seimplementan talleres de negociación y diálogopara llegar a acuerdos, extrayendo lecciones yrecomendaciones prácticas. En el segundo nivelestán los gobiernos locales que suelen enfrentarconflictos socioambientales con empresasextractoras, a quienes se apoya técnicamente enformas de incidencia local para fortalecer su rolde autoridades con capacidad de decisión.

En el tercer nivel están las comunidades ruralescon quienes la incidencia adopta la forma decapacitación con cartillas y manuales pedagógi-cos de explicación de derechos, y auspicio decausas legales en juzgados y centros demediación. El cuarto nivel es la incidencia enredes y alianzas de ONG para influir en el sec-tor político en momentos de conflicto o en lapromulgación de leyes. Los cuatro niveles delenfoque de incidencia se refieren a los distintosdestinatarios de su aplicación (Cárdenas, 2005).

Esta modalidad de incidencia está relacionadacon la aplicabilidad de las leyes ambientales delpaís, y la capacidad para provocar acuerdosoperativos y equilibrios institucionales entre laspartes en conflicto, con implicaciones público-privadas, puesto que se busca establecer lasintersecciones adecuadas entre los niveles degobierno y decisión con las actorías socialesresponsables y causantes de los daños ambien-tales.

2.3 Técnicas de apoyo

Las técnicas de apoyo son los dispositivos comu-nicacionales específicos que ayudan al mejoruso y socialización de la información en situa-ciones de conflicto; de entre las numerosas téc-nicas que disponen los miembros de laPlataforma se destacan las siguientes:

a) Sistemas de Información Geográfica

El Sistema de Información Geográfica (SIG)es una herramienta que combina informacióngráfica y alfanumérica de variado tipo y nivelen mapas y bases de datos a diferentes escalas,que es de utilidad para el tratamiento de losconflictos socioambientales porque permiteoperar datos sintetizados del entorno físico,biológico y social de los actores. El SIGadmite el análisis objetivo de las consecuen-cias ambientales y sociales de las decisiones yacciones en un conflicto, respaldando el di-seño de las estrategias de intervención ytransformación del mismo. Refiriéndose a suutilidad para apoyar la gestión de conflictos,Paola Maldonado (2005) considera que elSIG exhibe enorme potencialidad para elanálisis preventivo de conflictos a escala terri-torial, ayudando a ubicar espacialmente losconflictos y cotejarlos con los mapassocioambientales.

El SIG ha sido mitificado por sus costos, tec-nología y accesibilidad, pero en realidad no esasí, pues se presenta versátil y relativamentefácil de aprender para fines del abordaje delos conflictos. La experiencia muestra que elprocedimiento no es complejo, los compo-nentes mecánicos (fichas y programas paramanejo de mapas) son accesibles, mientras lalectura de los mapas requiere de marcos teóri-cos mínimos de interpretación. El asunto estáen hacer más didáctica su utilidad, comentaMaldonado.

Reconociendo la potencialidad del SIG, laPLASA está explorando una metodologíapara el mapeo e inventario de conflictossocioambientales en el país, con base en cap-tar los registros preexistentes elaborados pordiversas instituciones, organizarlos temática-mente y procesarlos en una matriz de sistemati-zación que destaque el contexto de relaciones

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espaciales y territoriales, junto con las macrodinámicas de configuración y manejo del terri-torio y los recursos naturales. La propuestametodológica destaca la importancia de la basematerial de los conflictos, reconociendo que ladinámica del intercambio económico es la quealtera el significado del territorio, con lo que lasdimensiones política, territorial y de conflictosse entrelazan en los actores y sus relaciones (cfr.Ortiz, P., Cárdenas, A., y Maldonado, P.: 2005).

A través del inventario de casos, del mapeo y laidentificación de situaciones en conflicto, sepueden establecer los patrones comunes de lassituaciones socioambientales que deriven apotenciales conflictos, que muchas veces estánen las zonas de mayor degradación ambiental.¿Cómo se interviene en situaciones de conflictosin la suficiente información técnica acerca delos problemas estructurales del territorio y lasociedad? Una parte de la respuesta está enbrindar el soporte analítico competente a laspartes, proveyéndoles información de calidadpor medio de un SIG adecuadamente emplea-do.

b) Fichas de datos

Las fichas de datos son instrumentos generaliza-dos en las metodologías de manejo de conflic-tos, especialmente bajo la forma de matrices deactores-posiciones-intereses que permiten cap-tar información básica previo a cualquier inter-vención, pues proveen las señales necesariaspara moverse tácticamente en una situación decontraposición de intereses. La información entodos los métodos de conflictos es central, puesel atinado conocimiento del contexto permitetener certeza en los pasos a seguir para transfor-mar el conflicto, al igual que contribuye a afinarel rol de las instituciones, esto es de facilitación,mediación o imparcialidad.

Generalmente en los datos del contexto tien-den a expresarse las percepciones de losactores sobre el conflicto, por lo que no essuficiente recoger los testimonios y eviden-cias de las partes, sino clasificarlos según susalcances (eventos, opiniones, reflexiones, je-rarquías) y procesarlos en el marco de lasmetodologías de intervención, de manera quela información se convierta en datos que sus-tenten las acciones para la transformación delconflicto.

Como se comprenderá, en el rápido barridode enfoques, métodos y técnicas de la PLASApredomina una inclinación hacia los enfo-ques metodológicos, los que cuantitativa-mente son más significativos y tienen mayoralcance, con lo que se infiere que entremuchos miembros de la Plataforma prevalecela acción estratégica frente a los conflictossocioambientales. Los enfoques estratégicosse asumen como grandes lineamientosmetodológicos compartidos, que no necesa-riamente son patrimonio de ninguna institu-ción en particular, sino que adoptando ma-tices los usan diferentes organizaciones, porejemplo: el enfoque de mediación es utilizadopor al menos cuatro miembros de la PLASA,al tiempo que el enfoque de apoyo al actordébil, en los hechos, es una orientación adop-tada por la mayoría de ONG integrantes de laPlataforma.

La inclinación de las organizaciones nogubernamentales hacia el comportamientoestratégico, al tiempo que evidencia suvocación por el rol de facilitación, ratifica elcarácter complementario en el uso,adaptación y combinación de los diversosmétodos y técnicas que son integradas flexi-blemente durante las intervenciones en losconflictos socioambientales.

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3. LOS CASOS DE INTERVENCIÓN METODOLÓGICA

Las instituciones que integran la PLASA, en unesfuerzo compartido por avanzar en eldesarrollo de metodologías para el tratamientode conflictos socioambientales, emprendieronuna “etapa de arranque” que se planteó comometa consolidar el trabajo interinstitucional entorno al diagnóstico y la preparación de condi-ciones para el diálogo, a través de intervenir encasos de conflictos que sean representativos delas disputas sobre los recursos naturales, impul-sando el intercambio de métodos y experienciasde colaboración.

Luego de tres meses de consultas y debates entrelas organizaciones de la Plataforma, unacomisión ad hoc formada por el PMC/GTZ, laCoordinadora Ecuatoriana de Agroecología(CEA), el CEDA y el Programa de PequeñasDonaciones (PPD)/PNUD, revisó y seleccionótres propuestas consideradas como casos tipo: elconflicto de contaminación bananero en laprovincia costeña de El Oro, tratado porALDEA; el conflicto petrolero en el Bloque 10en la provincia amazónica de Pastaza, tratadopor AMAZANGA/COMUNIDEC; y el con-flicto minero en la provincia amazónica deZamora Chinchipe, tratado por ARCOIRIS.Cada uno de los casos expresaba desavenenciasde grupos de población afectados por lasacciones de degradación ambiental, provocadaspor empresas extractoras y agroindustriales.

Posteriormente, la PLASA impulsó varios even-tos de capacitación sobre métodos de diagnósti-co y tratamiento de conflictos socioambientales,en los que colectivamente se planificaron lasintervenciones para los tres casos seleccionados.Durante este período y conforme al repertoriometodológico, se constató que entre las organiza-ciones de la PLASA había heterogeneidad en losenfoques y desiguales experticias, ya que mien-tras unas organizaciones están más próximas al

tratamiento de conflictos, otras están ligadasal fortalecimiento de los actores comunitariosy las organizaciones sociales de base, mientrasunas organizaciones facilitan los diálogos enlos distintos tipos de conflictos, otras sedesempeñan en la moderación, asesorando enlas negociaciones y mediando en conflictos(cfr. COMUNIDEC, 2002ª).

Del debate metodológico surgieron variasinterrogantes que contribuyeron al análisis delos casos de intervención. ¿Cómo tratar losconflictos socioambientales en contextos decrisis del Estado y de debilidad institucionalpara procesar la conflictividad? ¿De quémaneras se aborda la conflictividad en unpaís con el 85% de pobreza absoluta y altosniveles de desigualdad? ¿Cómo se procede enel tratamiento de los conflictos con actoresestructuralmente desiguales? ¿De qué ma-neras se abordan los conflictos en un univer-so nacional de diversidad cultural y regional?¿Cómo se vincula el manejo de conflictossocioambientales con otras dinámicas dedesarrollo local y concertación social? ¿Cómose potencian las propuestas metodológicasincorporando el enfoque de equidad degénero? (cfr. COMUNIDEC, 2002ª).

Frente a la heterogeneidad de enfoques y a laamplitud temática exhibida por las organiza-ciones, la Plataforma ratificó los alcances yobjetivos de los estudios de caso, remarcandoque se orientan al diagnóstico de los conflic-tos y a promover diálogos, negociaciones yacuerdos locales, con lo que las institucionesinvolucradas debieron calibrar los planesoperativos y afinar sus propuestas metodoló-gicas; para lo cual, se entrenaron a los equipostécnicos de las ONG y a sus contraparteslocales en el manejo de métodos y técnicas dediagnóstico de conflictos.

Asimismo, se inició el proceso de “insercióndel enfoque de equidad de género en la

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Plataforma”, para volverlo un eje transversaltanto en los casos seleccionados cuanto en laacción general de la Plataforma. Se propusoinsertar en cada etapa del manejo de los conflic-tos las especificidades de género, avanzando enla formulación metodológica y conceptual detécnicas y herramientas que permitan el adecua-do tratamiento de la dimensión de género en losconflictos socioambientales. Con esta finalidady apoyados por el Centro Ecuatoriano para laPromoción y Acción de la Mujer (CEPAM), serealizaron consultorías especializadas en géneroy medio ambiente, se prestó capacitación y“asistencia técnica en servicio” a las organiza-ciones y personas en los tres casos de interven-ción, y se cumplieron eventos de socialización yreflexión entre los miembros de la Plataforma ylos actores involucrados en los casos.

En la siguiente sección se reseñan los tres casosde conflictos socioambientales, caracterizandoel contexto y las circunstancias de confrontaciónde los actores; en cada uno se reconstruyen lasmetodologías aplicadas por las ONG enrespuesta a las demandas de los actores locales yante las expectativas locales; de desembocar enel diálogo entre las partes; se destacan ademáslos distintos momentos, resultados y perspecti-vas de las experiencias metodológicas de mane-jo de conflictos socioambientales.

3.1 Incidencia y Gestión Asociada ante la Contaminación Ambiental en la Producción Bananera

“Hemos vuelto un conflicto al problema”, sen-tencia uno de los miembros del Comité deGestión por la Vida y el Medio Ambiente de ElGuabo, en la provincia de El Oro, refiriéndoseal cambio de actitud de la población y las orga-nizaciones locales frente a la contaminaciónambiental provocada por la producción bananera

en la zona. Esta afirmación es una clara señalde que la gente de la localidad está cambian-do su comprensión acerca de las condicionesde riesgo en que se realiza el cultivo y emba-laje del banano; pues, si bien antes no teníanconciencia de los impactos negativos en lasalud humana, en el entorno físico y en ge-neral en las condiciones de vida de los traba-jadores y poblados asentados en las inmedia-ciones de las plantaciones bananeras, ahora,lo están asumiendo como un conflictosocioambiental.

Transformar el problema en conflicto implicótratar el tema de la contaminación ambientalcomo una problemática social que está rela-cionada con la calidad de vida de lapoblación, y cuyas acciones tienen alcancepúblico en la región. El viraje de actitudrequirió del diagnóstico del conflicto, pro-mover el diálogo y sucesivas mediacionesentre la población afectada, el sector empre-sarial, las autoridades seccionales y las organi-zaciones locales, hasta desembocar en unanegociación para reducir los riesgos del usoindiscriminado de agroquímicos en lasplantaciones bananeras. Haber pasado desdeun enfoque del problema como una infecciónsanitaria a una visión de conflicto de conta-minación ambiental, con base en el ejerciciode los derechos ciudadanos, requirió de unproceso de intervención de más de cuatroaños facilitado por ALDEA.

a) El contexto local

El cantón El Guabo se localiza al norte de laprovincia de El Oro, formando parte de lacuenca hidrográfica del Río Jubones. Su terri-torio es una planicie vegetal a nivel del marcon una extensión de 602.9 Km2, y una den-sidad poblacional de 68.1; administrativa-mente tiene tres parroquias rurales:Barbones, Tendales y La Iberia, además de la

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cabecera cantonal. La población es de 41.078personas, de las cuales 46.6% son mujeres y53.3% hombres, la PEA es de 15.834 personas,de las cuales el 63% está concentrada en activi-dades primarias (INEC, 2002).

Los habitantes de El Guabo, al igual que enotros cantones y parroquias rurales costeñasdonde se localizan las plantaciones bananeras,no habían relacionado la contaminación am-biental con la actividad agro-exportadora. Alcontrario, la contaminación de aguas superfi-ciales y de acuíferos con las consecuentes into-xicaciones y envenenamientos se considerabanproblemas de salud derivados de la insuficienteinfraestructura básica, puesto que en El Guaboapenas el 28.1% de la población tiene aguaentubada dentro de la vivienda, de las cuales el54.9% están en el área urbana y el 9.5% en elárea rural; asimismo, la recolección de basuraalcanza al 34.6% de la población urbana y soloal 2.3% en el área rural, estimándose que eldéficit de servicios básicos llega al 88.6%(ALDEA, 2003: 10).

Y es que considerando que la producciónbananera es el tercer rubro económico másimportante del país, que representa el 22.5%del total de las exportaciones nacionales, quegenera empleo directo e indirecto a cerca del12% de la población ecuatoriana, que en elCantón El Guabo se concentra la mayor pro-ducción bananera de la provincia consideradacomo el motor del desarrollo, la mayor fuentede ingresos, empleo y progreso, y que cultural-mente es asumido por la población como elúnico modo de vida posible; no cabía pensarque era también el origen de la contaminaciónambiental.

Si bien los líderes de las organizaciones socialescompartían la certeza de que los problemas desalud estaban relacionados con el excesivo usode agroquímicos en las plantaciones bananeras,

resultaba embarazoso encararlo con unapoblación que ve en el banano su modo devida; “sabíamos lo que estaba pasando perono lo tomábamos en serio” sentencia otro delos miembros del Comité.

Para los dirigentes era difícil decirle a la genteque era un constante peligro lo que habíanvivido estos últimos cuarenta años con elauge bananero; expresiones como: “si he vivi-do toda mi vida y no me ha pasado nada”, o“las enfermedades eran por otras causas y nopor el banano”; “por qué ahora son los pro-blemas y no antes, si no pasa nada”, ratificanel sentimiento generalizado de que la gentedefendía una forma de trabajo con el bananoque, aparentemente, no estaba relacionadacon los problemas de salud, señala el repre-sentante local de los derechos humanos.

El hecho es que en El Guabo la producciónbananera se hace a través de monocultivosextensivos de diferente tamaños2, que defo-restaron y sustituyeron los bosques nativoscon sistemas productivos altamentedependientes de insumos y productos quími-cos, necesarios para mantener la productivi-dad agrícola y combatir plagas y enfer-medades; pero que limitan el acceso de lapoblación a los recursos naturales como sonagua limpia para consumo humano, riegocomunitario, suelo apto para la agricultura,aire puro e incluso para la recreación.

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2 La producción bananera para exportación se realiza enplantaciones de más de 100 has, de 50 a 100 has ypequeños de 10 a 50 has, observándose que en la zona losproductores tienen un promedio de 16.50 has de tierra,con una producción anual por hectárea de 1.250 a1.300 cajas de 18,14 Kg de peso. En la producción nohay compañías transnacionales, sino en la comercia-lización internacional que se hace a través de StandardFruit (Chiquita Banana), Dole y Del Monte, y FruteraJambelí del grupo Noboa que controla el 41.5% del mer-cado nacional y el 41.82% del mercado mundial (cfr.Suplemento Bananero, 2001).

El paquete tecnológico de la producción bana-nera está condicionado por las empresastransnacionales que prestan facilidades crediti-cias, asistencia gerencial, técnica y seguridadanual para colocar la producción en el mercado;a lo que se suma que el país no produce agro-químicos, por lo que la demanda interna se sa-tisface con importaciones sin control estatal,bajo el esquema de “libre importación”, alextremo de que ni siquiera las recomendacionesde los fabricantes son seguidas correctamentepor parte de los usuarios 3. La fumigación aéreade fungicidas y pesticidas no es sólo en elperímetro bananero, sino que se “acostumbraprobar el sistema de fumigación en áreasaledañas”, extendiéndose el impacto de losdieciseis ciclos anuales de los programas defumigación que se realizan aunque las plagas yenfermedades no estén presentes en las plantasde banano, con la consecuente acumulación deresiduos químicos que fluyen a los canales dedrenaje de las plantaciones y a los cauces deesteros, canales y ríos (ALDEA, 2003).

Por otra parte, el gobierno municipal de ElGuabo, de corte clientelar y patrimonialista,está ligado a los productores de banano reflejan-do una relación corporativa, pues las autori-dades locales al tiempo que son grandes y me-dianos productores bananeros, también son losdirectivos de las organizaciones gremiales comola “Asociación Nacional de Productores deBanano”, del “Centro Agrícola de El Guabo”, yalgunos incluso forman parte de los consorciosnacionales de exportadores de la fruta. Elmunicipio no cuenta con políticas medioam-bientales, carece de las ordenanzas que regulenel uso de agroquímicos y pesticidas, aunque

según el Alcalde hay la intención de crear undepartamento específico para regular y nor-mar el uso de estos productos, ya que noexiste una ley que controle su uso.

En el año de 1993, los trabajadoresbananeros del Ecuador, junto con traba-jadores de once países productores de bananorepresentados por The Hendler Law Firm,presentaron un juicio en la corte estatal deTexas contra el Consorcio de Transnacionales(Occidental Petroleum, Dow Chemichal,Shell Oil, Standard Fruit y United Brands),fabricantes y usuarias del Dibromo CloroPropano4 . El litigio provocó alarma pero notrascendió significativamente en los sistemasproductivos bananeros, ya que en la actuali-dad se siguen utilizando muchos de losdieciseis agroquímicos que en otros paísesestán prohibidos, o son de uso restringido5.

Con apoyo de ALDEA, las organizacionescampesinas de la zona levantaron evidenciaspara el juicio, y luego por su iniciativaemprendieron agendas propias como laoposición al grupo bananero Noboa en elcaso de la Federación Ecuatoriana deCampesinos Libres del Ecuador-FENACLE,y la Federación Clasista de Trabajadores delOro-FCTO; mientras la Unión Regional deOrganizaciones Campesinas del LitoralUROCAL, empezó a promover la producciónorgánica de banano para el mercado justo,pero la contaminación ambiental generalizada

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3 La Cámara de Acuacultura del Ecuador denunció lamala práctica en el uso de funguicidas utilizados en laactividad bananera, que provocaron la mortandad de laslarvas de camarón en las piscinas localizadas en los es-tuarios de las zonas bananeras, inicialmente en la provin-cia de Guayas en el golfo de Taura y posteriormente tam-bién en la provincia de El Oro.

4 El DBCP era un nematicida que causó esterilidad mas-culina por exposición directa e indirecta, estimándoseque la población afectada en el país pudo haber sido de5.000 a 10.000 personas, constatándose que durante eljuicio el comité coordinador pudo convocar a 1.600 tra-bajadores que tuvieron contacto con el producto, de loscuales 850 son estériles (cfr. ALDEA, 2003).

5 Para ampliar la información sobre los productos quími-cos de síntesis que utilizan actualmente las plantacionesbana-neras ver el documento “Riesgos en el Uso deAgroquímicos y Derechos Ciudadanos” (2004).

obstaculiza la obtención de certificacionesorgánicas acreditadas, restringiendo la produc-ción orgánica de banano. No obstante, el juiciopermitió establecer relaciones con otras organi-zaciones poblacionales de la zona, creando lasbases asociativas para el trabajo de una suerte dered campesina en la localidad.

b) El conflicto bananero

En el año 2001, ALDEA con el auspicio de laPLASA y por pedido de las organizacioneslocales, inició una nueva etapa de intervenciónen El Guabo, considerando que las organiza-ciones campesinas tenían límites de convocato-ria pese a la magnitud provincial de la contami-nación ambiental; era una realidad paradójica,puesto que no había conflicto propiamentedicho, pero sí una situación de extrema conta-minación ambiental no asumida por lapoblación, debido a lo que se ha consideradocomo la “ausencia de actorías sociales en capaci-dad de enfrentar a los productores bananeros”(Barrera, 2005).

El conflicto socioambiental se produce por lascargas de materias contaminantes en aire (fumi-gación masiva), agua y suelo, empozamiento deaguas residuales no tratadas, acumulación deresiduos químicos y basura generada en lasplantaciones bananeras, inexistencia de sistemasde tratamiento de las aguas servidas en los cen-tros poblados, que en conjunto impactan se-veramente en la salud de los habitantes de lazona; provocando un conflicto potencialmenteexplosivo que podría enfrentar a las pobla-ciones, organizaciones campesinas, juntas pa-rroquiales y organizaciones de mujeres con losproductores bananeros. La situación se vuelvecompleja por el desconocimiento del marconormativo de la producción bananera, por lafalta de medidas de mitigación ante losimpactos socioambientales, por la escasa infor-mación técnica de los niveles de contaminaciónde los recursos naturales, y por la poca informa-

ción epidemiológica sobre la salud de lapoblación. Así, en medio de la creciente con-taminación de los recursos naturales y delconsecuente deterioro de la salud, de unapoblación que no percibía la situación comoun conflicto socioambiental, de organiza-ciones campesinas distantes de la problemáti-ca ambiental y con escasa capacidad de inter-pelación pública, con un gobierno municipalfuncional a la producción bananera, unaestructura familiar cerrada en la que la ma-yoría de personas se conocen o tienen lazosfamiliares, y un modelo de producciónbananero que goza de legitimidad; la organi-zación no gubernamental ALDEA se pre-guntaba: ¿Qué es lo que se puede hacer?¿Cómo visibilizar un potencial conflictosocioambiental en condiciones de debilidadde los actores sociales que deberían asumirlo?La respuesta fue una intervención en variosniveles de tratamiento del potencial conflictohasta posicionarlo como un tema de interéspúblico.

c) La Metodología: diagnóstico, gestión asociada e incidencia

La metodología adoptada tuvo tres momen-tos: diagnóstico del conflicto, gestión asocia-da con las organizaciones sociales, e inciden-cia en las autoridades locales. El primermomento duró ocho meses y se centró en eldiagnóstico del conflicto y la creación de unespacio asociativo para su tratamiento, com-binando el análisis situacional de actores conla modalidad de identificación por oposi-tores, para lo cual se apoyó en la Guía deGestión Participativa de ConflictosSocioambientales (Ortiz, 2003), y en elenfoque de género (CEPAM, 2005).

Diagnóstico situacional: El análisis mostróque detrás del problema hay unreconocimiento generalizado sobre las causasde contaminación, los impactos en la salud y

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en la actividad agropecuaria y su incidencia enla seguridad alimentaria. Identificó a los actoresgeneradores del daño ambiental en los produc-tores bananeros, diferenciados por la inserciónen el mercado entre grandes, medianos ypequeños; los habitantes y trabajadores afecta-dos; los actores secundarios con facultadesdecisorias, y otros actores que pueden incidir enlas fases siguientes de gestión del conflicto.Destacó el paso de las juntas parroquiales desdeser parte del sistema bananero, hacia la repre-sentatividad social y la preocupación por laproblemática socioambiental, así como lasinterrelaciones entre los actores integrados enuna estructura social que gira en torno a la pro-ducción bananera.

El diagnóstico reveló los intereses diferenciadosde género, evidenciando que mientras desde lapercepción masculina se priorizan sólo los efec-tos en la salud de las intoxicaciones por agro-químicos, la percepción de las mujeres es másamplia e integra tanto la preocupación por lasalud cuanto por mejorar la calidad de vidafamiliar. Asimismo, mostró los distintos intere-ses de los grandes y medianos productores porla competitividad en el mercado, versus los pro-ductores orgánicos preocupados por mejorar elmedio ambiente; el Municipio interesado encanalizar fondos económicos para proyectos concomponentes ambientales y de bienestar, y engeneral de los líderes locales y población intere-sados en un medio ambiente libre de contami-nación.

El proceso se implementó con el Movimiento deMujeres de El Oro (MMO), que tiene vínculoscon los comités anticorrupción, la ComisiónDiocesana de Derechos Humanos, comités ecle-siales de base, estableciendo una red de organi-zaciones sociales para debatir el tema ambientalcon quienes se planificaron las actividades; seinvitó a las autoridades locales civiles, militaresy eclesiales para socializar los resultados deldiagnóstico y promover la formación de un

comité de gestión ambiental. Aunque a laconvocatoria no llegaron los bananeros, seconformó el comité de gestión del que poste-riormente se separaron las autoridadeslocales, quedando integrado por las organiza-ciones de productores orgánicos, cuatro jun-tas parroquiales, las organizaciones demujeres, el Comité Intercomunitario deLucha por el Medio Ambiente de Río Bonito,los comités campesinos, los comités de usua-rias de la Ley de Maternidad Gratuita, elcomité local anticorrupción, el ComitéDiocesano de Derechos Humanos, varioscomités eclesiales de base y tres ONG. En lapráctica, el Comité de Gestión por la Vida yel Medio Ambiente de El Guabo no resultócomo se planteó: una convergencia depoblación, autoridades y productores, sinoque se constituyó en un espacio de lasociedad civil.

No obstante, se había dado un paso impor-tante pero parcial, pues seguía la duda acercade cómo visibilizar el conflicto sin la presen-cia de algunos actores claves. Se apostó a for-talecer al Comité capacitando a sus miembrosen el análisis de conflictos, metodologías demanejo de conflictos, formas de incidencia,marco legal del problema ambiental-bananero; apoyándose con consultorías espe-cializadas sobre el mercado y la vulnerabili-dad del banano, sobre los impactos de losplaguicidas en la salud humana, el marconormativo de la actividad bananera y unmapa de actores locales.

Se idearon medios de diseminación y comu-nicación de la información con el fin dereplicar en amplios sectores de la población loaprendido en los talleres, impulsándose“diálogos itinerantes” y ferias socioambien-tales denominadas “chivas ecológicas”, queayudaron a calibrar las perspectivas delComité con las expectativas de la gente. Fueun período de aprendizaje colectivo liderado

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por las mujeres, en el que fue decisiva la retroa-limentación entre las organizaciones locales, elequipo de ALDEA, la PLASA y el Instituto deEstudios Ecuatorianos (IEE) en calidad deSecretaría Ejecutiva de la Plataforma, en esemomento.

Gestión Asociada: El segundo momento sededicó al fortalecimiento de los actores locales,a través de las redes interrelacionadas en loscomités de gestión que permitieran llegar aacuerdos de política pública, en el marco deltratamiento alternativo de conflictos. El esfuer-zo se apoyó en la metodología de PlanificaciónParticipativa y Gestión Asociada (Poggiese,1993), que identifica los factores negativos ypositivos determinantes en el diseño de lasestrategias de manejo o gestión del conflicto,especialmente en la preparación y participaciónequitativa de los distintos actores para el diálo-go, identificando como factores negativos queimpiden llegar a la negociación los desequili-brios de conocimiento y poder entre las partes.

Se constató que la mayoría de productoreslocales no tiene información sobre las “técnicasde producción limpia”, ni de las exigencias delmercado internacional como restriccionesambientales, sociales, mercados justos, sistemasde certificación y precios internacionales de lafruta. Sólo los grandes productores que tambiénson exportadores tienen conocimientos de losmercados, y eventualmente se interesan enreconvertir sus empresas hacia sistemas produc-tivos limpios para mejorar la competitividad.

Los desequilibrios son manifiestos entrepobladores y trabajadores que no tienen infor-mación científica sobre los efectos sanitarios,biológicos y ambientales de la contaminación;desconocen los derechos laborales de los traba-jadores, las precarias condiciones laborales delas mujeres, el trabajo infantil y la ausencia deseguridad social. Las autoridades locales tam-bién desconocían sus atribuciones y competen-

cias de control ambiental y, si bien afirmabanque la contaminación afecta a todos los sec-tores, no contaban con información especia-lizada sobre el problema.

Del mismo modo, se advirtió que los desequilibrios de poder condicionaban eldiálogo y la negociación, pues la parte quedispone de mayores recursos, esto es losgrandes productores bananeros, tiene másposibilidades de influir en los decisores y con-trolar el tejido de relaciones sociales, mante-niendo una relación asimétrica con la parteafectada, incluso con los medianos ypequeños productores.

En opinión de las partes afectadas, los pro-ductores se movilizan sólo por intereseseconómicos y no por intereses ambientales osociales, considerando que “si pueden ahorrardinero y mantener un sistema productivoconvencional y rentable, seguramente no vana promover un cambio tecnológico amigablecon el medio ambiente y a adoptar medidaspara garantizar la seguridad laboral de los tra-bajadores”. Se afirma que si no hay presionesdel mercado internacional, es probable quedilaten los procesos de diálogo tanto como lessea posible (ALDEA, 2003).

A través de la gestión asociada, el Comité fueadquiriendo presencia y comienza a visibi-lizarse el conflicto de contaminación ambien-tal, en la medida en que empieza a manejarinformación especializada sobre los impactosen la población y los recursos naturales, altiempo que se identificaron los espacios dedecisión pública con capacidad de incidencia.La organización ALDEA, por su parte, endebate con la PLASA, insistió en el acer-camiento a los productores bananeros paramostrar la potencialidad de un conflictolatente, pues desde una postura preventiva seconsideraba pertinente no esperar a que elconflicto se manifieste.

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Incidencia: El tercer momento del conflictoconsistió en liderar el diálogo intersectorial y laimplementación de mesas de trabajo. Partió conel reconocimiento colectivo del municipio comola instancia pública con capacidad de regular elconflicto socioambiental, y con la presión a lasautoridades locales para que convoquen a laspartes, especialmente a los productoresbananeros.

Apoyados en una metodología de “liderazgointegrador” (Fundación Esquel) que trata aspec-tos de liderazgo, facilitación de procesos,mediación y negociación de conflictos, elComité adoptó una estrategia de incidencia enlas autoridades locales que reconoce las for-talezas y debilidades organizativas, identifica alos actores en un “mapa del poder” y planteapropuestas de solución a la contaminaciónambiental, junto con una intensa acción decabildeo.

Con esa estrategia, el Comité logró acceder a lasautoridades municipales, dialogar con elAlcalde y elaborar un borrador de ordenanzapara el control de la contaminación ambiental.Al tiempo que se continúa capacitando en laimplementación de las mesas de diálogo sobre elconflicto de contaminación bananera, elComité tomó contactó con la “Asociación deBananeros Orenses” para impulsar un foroprovincial sobre el Tratado de Libre Comercio yel banano, que resultó exitoso por la gran au-diencia que convocó.

El foro posibilitó plantear el tema del manejo delos residuos plásticos de la producción bana-nera, conformándose varios grupos de trabajoque se extendieron a otros cantones por impul-so de la Asociación de Bananeros Orenses,ampliando la convocatoria a las autoridadeslocales, productores de distinto nivel, cámarasde comercio y demás grupos de interés que con-fluyeron en las mesas de concertación. Con este

mecanismo se plantearon distintas propues-tas, y se acordó un plan de acción de tresmeses para diseñar una modalidad de gestiónasociada entre las empresas bananeras, elConsejo Provincial y los municipios para eltratamiento de los desechos de las planta-ciones y la basura de los centros poblados.

A través de la estrategia de incidencia, el con-flicto de contaminación ambiental amplió suescala, pasó del cantón a la provincia,cubriendo tres niveles de intervención quedieron lugar a la conformación de trescomités de gestión: el grupo político que sededica a la normativa seccional en los munici-pios de Machala, El Guabo, Pasaje y SantaRosa donde están elaborando una ordenanzacompartida para manejar los residuos y dese-chos de las bananeras, con base en elreconocimiento de que es un problemaprovincial; el comité técnico que está confor-mando una empresa pública de serviciosambientales; y el comité socioambiental queimpulsa el trabajo de difusión en la sociedadcivil.

d) Principales logros metodológicos y perspectivas

La organización no gubernamental ALDEAcontinúa fortaleciendo a los comités degestión, especialmente está empeñada en vi-gorizar la capacidad de acción de las organi-zaciones locales en redes, considerando que esnecesaria la institucionalización de los espa-cios de concertación ciudadana a través deprofundizar los vínculos entre las organiza-ciones de la sociedad civil, las autoridadeslocales y las empresas bananeras. En este sen-tido, se destacan los siguientes cuatro prin-cipales logros de la experiencia de inciden-cia en el conflicto de contaminaciónbananero:

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Haber consolidado al Comité de Gestiónpor la Vida y el Medio Ambiente de ElGuabo, especialmente con la participaciónde las organizaciones de mujeres por mediode la alianza con el Movimiento de Mujeresde El Oro (MMO), que contribuyó a for-talecer el liderazgo del Comité para el diá-logo entre las partes durante el conflicto yproyectar su transformación en el medianoy largo plazo.

La incorporación de los actores socialesimportantes durante el manejo del conflic-to como son los productores bananeros, lasautoridades locales como alcaldes, conce-jalas y concejales municipales, entidades dela sociedad civil, organizaciones de jóvenesy mujeres que permitieron dar un saltocualitativo y cuantitativo con relación a lasexpectativas iniciales.

Conseguir que haya conexión entre lasdiversas instancias de poder local dispuestasal diálogo y la negociación, especialmentedel Consejo Provincial, los Municipios detres cantones, la Cámara de Comercio, laAsociación de Bananeros Orenses, quienesconvergieron en un espacio plural de inci-dencia regional con impacto mediático.

La visibilización de las posiciones e intere-ses diferenciados de género y edad ante lacontaminación ambiental, que permitió lainicial sensibilización de los decisorespúblicos y concertar una propuesta desolución a partir de la inclusión de lasnecesidades e intereses de las mujeres.

Las organizaciones locales reconocen que en laimplementación de las soluciones, el sectorempresarial bananero muestra limitaciones paragenerar propuestas técnicas viables y participa-tivas, sin embargo, la experiencia de con-certación provincial representa un ámbito deaprendizaje útil para su cooperación en el

desenlace del conflicto de contaminaciónambiental. De ahí que el Comité asume lavigilancia en el cumplimiento de los acuerdosestablecidos por los diversos actores, a travésde la conformación de un mecanismo de vee-duría ciudadana que en lo inmediato controleque la recolección de basura de los centrospoblados y plantaciones se realice técnica-mente, junto con emprender un programa deeducación ambiental a la comunidad.

Como se advertirá, los objetivos del Comitévan más allá de vigilar la recolección de losdesechos sólidos y líquidos, pues busca eli-minar la contaminación ambiental y mejorarla calidad de vida de la población, para locual, si bien empezó a controlar el manejo dela basura, señala que están pendientes otrostemas prioritarios como son: la fumigaciónaérea, la comercialización de productos tóxi-cos y ciertas actividades de minería local queserán motivo de posteriores intervenciones.Así, sin perder de vista los objetivos estratégi-cos, el Comité asumió la solución parcial deuno de los factores de contaminación am-biental, y continúa dialogando para impulsaruna propuesta técnica elaborada por laComisión Técnica de Trabajo de El Oro, queestablecerá las políticas ambientales provin-ciales y municipales de una intervención defondo y completa ante la contaminaciónambiental de la región.

3.2 Fortalecimiento del actor Débil para laNegociación en el Conflicto Petrolero

“De la imposición al intento de negociación”,es la frase que resume el proceso vivido por laAsociación de Indígenas Independientes de laRegión Amazónica (ASODIRA), durante elúltimo período de relaciones en el conflictopetrolero con la empresa AGIP Oil EcuadorB.V., comenta Pablo Ortiz-T (2005), refi-riéndose a la experiencia metodológica de las

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organizaciones indígenas en el Bloque 10 de laprovincia de Pastaza. Polemizando con lasvisiones de las “metodologías como recetas parala acción”, el analista enfatiza que: El casomuestra los alcances de las metodologías denegociación, porque requieren como premisaque haya un mínimo de equidad entre laspartes, eso no existe en este conflicto, en esesentido son inaplicables, no hay mesas de nego-ciación viables si no están antecedidas por elfortalecimiento de los actores menos favoreci-dos (Ortiz-T, 2005).

El conflicto petrolero entre la empresa AGIP yASODIRA prueba que las metodologías creancondiciones mínimas para el diálogo y la nego-ciación, pero esta última es sólo una de las posi-bles salidas, hay otras vías como la con-frontación y la presión que suelen adoptar lasorganizaciones indígenas. La metodología nosiempre induce una salida acertada, sino que elconflicto en sí mismo determina las salidasfactibles, al igual que la viabilidad y pertinenciade las acciones pacíficas y colaborativas, comoaconteció en el Bloque 10 en la amazonía ecua-toriana.

Refiriéndose a la metodología, el sociólogofrancés Guillaume Fontaine (2005) advierte queel conflicto en el Bloque 10 requiere una perspec-tiva metodológica compleja relacionada con laspolíticas públicas; no es posible tratar estos con-flictos sin referirse a las políticas estatales de lossectores energético, ambiental y social. De ahíque sólo aplicar una metodología con enfoquehacia el fortalecimiento de los actores débiles,impide dar el salto para tratar los conflictosintra e inter-comunitarios que son importantes,pues en el Bloque 10 el conflicto petrolero enun período de quince años evidencia hasta onceniveles diferenciados de confrontaciones.

No se trata sólo de la contradicción entre la orga-nización indígena fragmentada y la empresa

petrolera, sino de un conflicto ambiental enmedio de una extrema volatilidad de losactores. Hay dificultades para llevar el análi-sis del conflicto más allá del nivel comuni-tario, cuestión que se refleja en la posición deruptura de los actores con la organizaciónindígena y la empresa petrolera, complicán-dose la implementación metodológica por elcontexto de oposiciones cruzadas, señala elestudioso.

a) El contexto del Bloque 10

La actividad de exploración y explotaciónpetrolera en la zona se remonta a comienzosde los años cuarenta, con la presencia de laempresa Shell y el destacamento militar en elsector de Villano. En 1982, el EstadoEcuatoriano privatizó parcialmente la indus-tria petrolera mediante los contratos deprestación de servicios, convocó a fines de ladécada de los ochenta a la cuarta y quintaronda de licitaciones que estimularon laexploración petrolera, y firmó el contrato deprestación de servicios con el Consorcio ArcoOriente Inc. y AGIP Oil Ecuador B.V. en elBloque 10, donde inició la exploración sísmi-ca que activó conflictos con las cinco comu-nidades quichuas del centro Sarayacu, casiinmediatamente de lo cual empezó las opera-ciones de explotación petrolera con el proyec-to denominado “Campo Villano”.

El Bloque 10 tiene una superficie de200.000 has, su área de influencia com-prende las subcuencas de los ríos Napo, Tigrey Pastaza, incluye zonas de bosque húmedotropical, húmedo premontano y bosquehúmedo montano inferior, superponiéndoseen territorios de las nacionalidades indígenasHuaorani hacia el norte, Kichua en la mayorparte del Bloque y Zápara hacia el sur.Incluye comunidades de base de ASODIRA,de la Asociación de Indígenas Evangélicos dePastaza de la Región Amazónica (AIEPRA),

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ambas desprendimientos de la Organización dePueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), así comode la Organización de Nacionalidades Huaoranide la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) y de laAsociación de Nacionalidades Zápara de laProvincia de Pastaza (ANAZPPA).

En la zona habitan 17 comunidades indígenasque alcanzan una población de 1.360 personas,de las cuales se estima que el 90% sonQuichuas-Canelos, el 7% Shuar y Achuar, el1% Quichuas-Salasacas y el 2% colonos mesti-zos, asentados en una superficie aproximada de118.200 has en las parroquias rurales ElTriunfo, Curaray y Canelos que corresponden alas jurisdicciones cantonales de Pastaza yArajuno (Ortiz-T, 2004: 35). Predomina elmodo de producción indígena con sistemasancestrales de uso y apropiación de los recursosnaturales, complementados con la caza, pesca yrecolección, mientras la agricultura comercial esmarginal; mantienen un sistema de subsistenciade cultivo itinerante en pequeñas “chacras opurinas” abiertas en claros del bosque primario.

En el Bloque 10, la presencia del Estado esincipiente, creando un vacío de institucionali-dad pública que es parcialmente sustituido porla operadora petrolera, la que por su naturalezaempresarial se convierte en la fuente de recursosfinancieros y en “hacedora de obras locales”,generando mecanismos de clientelismo y pater-nalismo que crean dependencia con las pobla-ciones indígenas.

Las políticas de relacionamiento comunitariodel consorcio ARCO-AGIP buscaban facilitar eldesarrollo de las actividades hidrocarburíferas, através del Programa de Relaciones Comunitariasy el Foro de Buena Vecindad que son instanciasempresariales para mantener relaciones con lascomunidades “amigables”, priorizando la lista dedemandas en proyectos asistencialistas de cortoplazo, que devienen en instrumentos de

captación y control, pues buscan legitimar suintervención en la zona sin considerar la exis-tencia de otras comunidades igualmente afec-tadas (Ortiz-T, 2004: 49).

Las autoridades locales, por su parte, no sehan involucrado directamente como actoresdel conflicto petrolero, manteniendo unavariable distancia de los acontecimientos, porlo que en determinadas ocasiones apoyan losintereses locales, otras en cambio establecenacuerdos puntuales con la empresa. En estemarco, las autoridades locales evidencianescasa capacidad de regulación y control, altiempo que las políticas de descentralizacióny participación social no han tenido unalcance significativo en materia de transferen-cia de competencias a las provincias y gobier-nos seccionales amazónicos, porque el temapetrolero sigue siendo una política tratada demanera centralizada.

En mayo de 1994, se creó la ComisiónTécnica Ambiental (CTA) como foro decomunicación entre las partes afectadas porlas actividades petroleras, para proveer deanálisis técnicos, intercambiar información,formular recomendaciones, planes, evalua-ciones ambientales y coordinar las relacionescon las comunidades indígenas; sin embargo,en la práctica funciona como una instancia decoordinación entre los representantes de losniveles directivos de la empresa y las organi-zaciones indígenas. Además, como fue creadaantes de la entrada de AGIP, hay quienes nose sienten representados en la CTA, conside-ran que proyecta una imagen de “estar con-trolada por la empresa”, lo que ahonda su dis-tancia con los procesos comunitarios de base,por lo que sus acuerdos y resoluciones no sonconocidos por los líderes y menos por lasorganizaciones de base, por lo que enfrentadebilidad institucional y descrédito local(Tobar, et. al., 2002: 10).

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Las negociaciones entre el consorcio y las orga-nizaciones indígenas realizadas entre 1994 y1998 permitieron que AGIP continuara con lasoperaciones sin garantizar el cumplimiento delos acuerdos ofrecidos por ARCO, especial-mente en lo referido a la creación del fondo dedesarrollo, el control ambiental y la conser-vación de la biodiversidad en los territoriosindígenas, menos aún los compromisos adquiri-dos con las comunidades de ASODIRA.

Posteriormente, una nueva etapa de negocia-ciones se dio entre 1998 y 2002, especialmentedesde febrero del 2000 fecha en la que AGIPasumió la responsabilidad de las operaciones enel Bloque 10, cuando ARCO abandonó el país.

La empresa consolidó sus relaciones con lascomunidades circundantes a los pozospetroleros, pero no asumió los costos de lasexternalidades de sus operaciones, suscribióindividualmente acuerdos en condiciones dedesigualdad con las comunidades, que con-tribuyeron a debilitar y fragmentar a las organi-zaciones indígenas en sus esfuerzos por defen-der sus derechos y negociar mejores condicionescon la empresa. El 2 de noviembre del 2002ASODIRA presentó a AGIP un Programa deDesarrollo Social Comunitario para las comu-nidades del Bloque 10, formulado durante elForo de Buena Vecindad de ese año, que abrióuna nueva etapa de relaciones en el procesopetrolero.

Como se advertirá, se trata de un viejo conflic-to entre la empresa operadora y las organiza-ciones indígenas del Bloque 10 y el CampoVillano, con más de quince años de duración,que se ha caracterizado por períodos de con-frontación y presión, y por momentos de nego-ciación y colaboración, en cada uno de loscuales se pusieron a prueba la vocación por eldiálogo de las organizaciones indígenas y la re-ticencia de la empresa ante las propuestascomunitarias.

b) El conflicto petrolero

Las organizaciones indígenas de base afec-tadas por la actividad petrolera en el Bloque10, el “Campo Villano” y el oleoducto secun-dario, a partir de la entrada de la empresaAGIP, mantenían en suspenso sus relacionesporque consideraban que ésta controlabacompletamente a ASODIRA, a través de la“compra de dirigentes y comunidades conconvenios y prebendas”, habiendo creadomuchas expectativas no resueltas ante lapoblación indígena. La situación condujo alcuestionamiento de la dirigencia de ASODI-RA y a la presión para acercarse a las otrasorganizaciones de la provincia, de las cualesse habían distanciado. En el año 2003, elInstituto AMAZANGA con auspicio de laPLASA, intervino en calidad de facilitadorentre las organizaciones indígenas pararestablecer las relaciones de las organiza-ciones de segundo grado y fortalecer su par-ticipación en el conflicto petrolero.

AMAZANGA actuó como puente entreASODIRA y OPIP, cuando la empresa AGIPy las comunidades indígenas de Villano afec-tadas por la explotación petrolera, acordaronrealizar una evaluación sobre el cumplimien-to de los compromisos de la empresa y las exi-gencias de transparencia en el manejo deinformación y recursos, evaluación que contócon el respaldo de las autoridades estatales dePETROECUADOR.

Testimonios de dirigentes de las organiza-ciones indígenas ratifican que la empresa sedio modos para controlar la evaluación,“haciendo una evaluación a la medida de losrequerimientos de AGIP”, que mostró quelos problemas se debían a fallas de proce-dimiento pues se habían firmado conveniossin asesoría jurídica, y ocultó los conflictos defondo relacionados con la manipulación delas organizaciones indígenas y las violaciones

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de los derechos de las comunidades. La eva-luación exoneró de responsabilidades por dañosal ambiente y accidentes a la empresa AGIP, loque motivó el cuestionamiento de las organiza-ciones indígenas del informe de evaluación.

Al mismo tiempo, ASODIRA emprendió unaauto-evaluación interna acompañada por unaactividad de capacitación en planificacióncomunitaria, que permitió levantar informaciónpara establecer conclusiones de que la relacióncon AGIP no era positiva: hasta el 2003 noconocían el contrato con el gobierno, ni lasinversiones, menos el movimiento productivodel proyecto petrolero, no tenían conciencia decuán real era el beneficio de su participación enel proceso petrolero; sin embargo, la auto-eva-luación permitió conocer los costos ambientalesdel proyecto petrolero, los que no se registranen los informes oficiales de la evaluación am-biental.

La iniciativa desembocó en un plan de auto-desarrollo de las comunidades de ASODIRA,para entrar en una nueva ronda de negocia-ciones con la empresa AGIP, pues la propuestaindígena que manejaba ASODIRA se habíaincrementado de un presupuesto anual de 300mil dólares a 800 mil dólares para finan-ciamiento de los perfiles de proyectos, montoque luego se incrementó a 1´400 mil dólareshasta el 2004 en que se firmaron los acuerdos.

Aunque la empresa AGIP aceptó la propuesta,promovió nuevamente la división interna de lascomunidades indígenas, auspiciando el surgimien-to de una organización paralela. Precisamentecuando las organizaciones indígenas lograron le-vantar una propuesta autónoma de desarrollocomunitario, que estaba fuera del control de laempresa petrolera y contaba con una base par-ticipativa que recogía las demandas de las comu-nidades, la empresa incumplió los convenios,comprometiendo sólo el 30% de lo acordado.

La empresa no efectivizó sus obligaciones deinversión, e incluso con el saldo de la nego-ciación anterior pretendía suscribir un acuer-do de tres años. El equipo de relacionescomunitarias de AGIP en una abierta actitudde división de las comunidades indígenas queapuntaba a minar la base social de ASODI-RA, poniendo en tela de duda a los dirigentescríticos a la empresa petrolera, emprendió el“trabajo sucio de división” interviniendodirectamente con las familias indígenas.

Ante la situación, ASODIRA condicionó larelación con AGIP al cumplimiento de losacuerdos, y se opuso a la ampliación delproyecto petrolero en otras áreas del Bloque10, donde hay comunidades indígenas tam-bién afectadas por el conflicto petrolero comoson Moretecocha y Sarayuco, que se resistena la presencia de AGIP en sus territorios. Aesta situación se añade la manipulación quehace AGIP sobre los tamaños de los territo-rios asignados, pues aunque la superficie delBloque 10 es más grande que el CampoVillano, AGIP sostiene que ambos tienenigual tamaño con la intención de confundirsobre sus obligaciones dentro del Bloque 10,pues la empresa considera que su responsabi-lidad está exclusivamente en el CampoVillano.

En suma, la empresa AGIP dividió a la orga-nización ASODIRA y creó una organizaciónparalela con indígenas quichuas de la zona deCuraray, con quienes estableció nuevos con-venios de apoyo comunitario. Al tiempo quenegaba los acuerdos establecidos conASODIRA, proponía el diálogo con sus diri-gentes, para lo cual previamente militarizó lazona. Las comunidades indígenas afiliadas aASODIRA reaccionaron con movilizacionesy protestas, que desembocaron en la tomapacífica del Campo Villano y la expulsión delos militares, exigieron que la empresacumpliera con sus compromisos y pidieron

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que personalmente el gerente de la empresaAGIP se desplace hasta el Campo Villano y ra-tifique la validez de los convenios, quien así pro-cedió y aceptó la petición de las comunidades.Sin embargo, para los dirigentes indígenas, laempresa AGIP mantiene la misma actitud divi-sionista y no asume los acuerdos convenidos.

En opinión de las organizaciones que trataron elconflicto, se trata de una confrontación recu-rrente con períodos que fluctúan entre momen-tos en que se llegan a acuerdos establecidossobre la base de reglas impuestas por la empre-sa, los que son aceptados por las comunidadessin ninguna negociación previa, dado que laempresa no reconoce la capacidad propositivade las comunidades, lo que además es vistocomo una pérdida de control sobre las comu-nidades; y momentos de presión y movilizaciónde las comunidades indígenas que buscan insis-tir en la validez de los acuerdos. En esta lógicade sustituir la negociación con la imposición, elfortalecimiento de las organizaciones es vistocomo una amenaza a la expansión petrolera,sentencia Ortiz-T (2005).

c) La metodología: auto-evaluación, alianzas organizativas y diálogo territorial

La metodología que utilizó AMAZANGA, encalidad de organización facilitadora para eltratamiento del conflicto petrolero entreASODIRA y la empresa AGIP, buscaba fortale-cer la capacidad de intervención del actor másdébil, para lo cual recurrió a la Guía de GestiónParticipativa de Conflictos Socioambientales(Ortiz, 2003), y a una combinación de métodosde capacitación en planificación participativa,mesas de concertación y estudios especializados,en un ciclo que combinó tres momentos entorno a la auto-evaluación, el establecimiento dealianzas entre organizaciones indígenas y el diá-logo territorial.

Este enfoque metodológico reconoce la exis-tencia del conflicto petrolero entre partesdesiguales que mantienen una relaciónasimétrica, la que requería, en un primermomento, del fortalecimiento de la organi-zación indígena, logrando resultados posi-tivos que se expresaron, por ejemplo, en elaumento del monto presupuestario asignadoa los convenios; no obstante, se identificó quela debilidad de este arreglo fue la ausencia delEstado que garantice el cumplimiento de losacuerdos entre las partes, lo que contribuyó aincentivar las salidas de fuerza, presiones y lamovilización de las comunidades. Aunqueestas son decisiones comunitarias, se consi-dera que la metodología ayudó a comprenderlos riesgos de las acciones, así como a ajustarla toma de decisiones, pues se combinaronacciones de negociación junto con presionessociales, pero la reacción de la empresa fue lamilitarización el Campo Villano.

Auto-evaluación: El primer momento deapoyo a ASODIRA fue la implementación dela auto-evaluación y capacitación básica entemas de derechos colectivos, contrataciónpetrolera, economía petrolera, impactossocioambientales, planificación, diseño deproyectos y técnicas de negociación, con lafinalidad de equilibrar el alcance y calidad delas propuestas de las organizaciones indígenasque se plantearon dentro del CTA. Estemomento de carácter propositivo adquiriórelevancia para la organización indígena, porla negativa del Estado de asumir sus respon-sabilidades, pues parecía que pesaba más sucondición de socio garante del negociopetrolero y no la de asegurar la aplicación dela ley, en un escenario en el que las demásentidades juegan papeles marginales en elconflicto petrolero. En la zona, el Estado sedesentendió del tratamiento de los impactosambientales provocados por las actividadespetroleras, delegando esta función a lasempresas, comenta uno de los miembros deAMAZANGA.

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Durante esta fase se hizo un “perfil de losactores” involucrados y sus posiciones frente a laperspectiva de los diálogos y posibles acuerdosfuturos, que mostró la existencia de una visiónfragmentada respecto de las prácticas comuni-tarias de la empresa, el faccionalismo de lasorganizaciones indígenas, además de cuestio-namientos desde las bases a la dirigencia indíge-na por falta de transparencia. El perfil evidencióla persistencia de desconfianzas mutuas entre lasorganizaciones al interior del Bloque 10, queson anteriores a la entrada de la empresa petro-lera, y que AGIP supo aprovechar para estable-cer los convenios particulares, además, revelóque hay baja participación de las mujeres indí-genas en el conflicto petrolero, y ratificó la pre-disposición generalizada, a excepción de laempresa, de mantener el diálogo en un espacioalternativo que convoque a los diferentes actores(Tobar, et. al., 2002: 18-19).

Alianzas con organizaciones: El segundomomento se orientó a vigorizar la capacidad deacción de ASODIRA, robusteciendo su vincu-lación con las demás organizaciones de segundogrado de la región, así como los vínculos con suscomunidades afiliadas. Se introdujeron enfo-ques participativos y de facilitación para el li-derazgo de las comunidades, se capacitó en elenfoque de equidad de género en los eventos dediagnóstico y planificación comunitaria, paramejorarlos en la formulación de propuestasdentro de los planes de vida, mostrando que haypercepciones diferenciadas entre hombres ymujeres respecto de la comunidad y la organi-zación. Aunque este esfuerzo aportó con ele-mentos de preparación para las organizacionesante situaciones conflictivas, se considera queno se trató de un verdadero proceso de resolu-ción de conflictos con enfoque de género(Balarezo, 2003: 6). En lo fundamental, este fueun período en el que se visualizaron los posiblesescenarios, se restablecieron las alianzas y comu-nicación con las organizaciones amazónicas quedinamizaron el liderazgo de ASODIRA.

Durante esta fase se aplicó una “encuesta decaracterización” (cfr. Ordóñez, 2003) enquince comunidades indígenas, para medir elimpacto en las familias de las actividadespetroleras, considerando aspectos como loscambios en la división del trabajo, la movili-dad de la mano de obra, modificaciones delsentido de pertenencia a la organización,afectaciones en la salud, intereses comunita-rios y las relaciones con la empresa, que con-tribuyeron a fundamentar el diseño de pro-puestas, el Plan de Auto-desarrolloComunitario, y a establecer “de hecho” unazona de reserva declarada por las comu-nidades. Asimismo, se hizo visible la necesi-dad de avanzar en establecer vínculos asocia-tivos con otros actores locales que con-tribuyan a poner en práctica las propuestas deASODIRA, como fue el caso de la Direcciónde Medio Ambiente del Consejo Provincialde Pastaza.

Diálogo territorial: El tercer momento de lametodología fue el diálogo entre las organiza-ciones amazónicas en torno a la imple-mentación de las circunscripciones territo-riales indígenas, cuyo alcance va más allá delBloque 10 porque el modelo de la AGIP tam-bién es aplicable en toda la provincia dePastaza. El diálogo tuvo como objetivosesclarecer el alcance de la intervenciónempresarial en la explotación de los recursosnaturales dentro de los territorios indígenas,y establecer la capacidad de incidencia de lasorganizaciones indígenas en las políticaspúblicas territoriales de la provincia. En laprimera fase del diálogo se lograron visualizarlas amenazas de las actividades petroleras, ylos distintos proyectos alternativos de laprovincia como son Caiman de losHuaoranis, el Plan Verde de la FederaciónIndígena de la Nacionalidad Achuar delEcuador FINAE, el Plan del TerritorioAutónomo Quichua de Pastaza de la OPIP yel Plan de Autodesarrollo Comunitario deASODIRA.

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La segunda fase del diálogo que empezó enmarzo de 2004, impulsó el involucramiento conlos gobiernos seccionales, específicamente de laPrefectura Provincial de Pastaza, los Municipiosde Arajuno y Santa Clara, las JuntasParroquiales Rurales de la provincia, la dele-gación provincial del Ministerio del Ambiente,y las organizaciones indígenas para analizar lasformas de implementación de las circunscrip-ciones territoriales indígenas, y reflexionar acer-ca de cómo interactúan las propuestas indígenascon los planes de los gobiernos locales. La ini-ciativa fue suspendida por los cambios de laselecciones seccionales, luego de lo cual se estáretomando el diálogo en busca de arribar a unapropuesta concertada entre los pueblos indios ylos municipios para el manejo del territorioindígena que ayude a balancear las relaciones enel conflicto petrolero.

d) Logros metodológicos, limitaciones y perspectivas de acción

En medio de la complejidad de un escenariocaracterizado por la ausencia del Estado ycruzado por diversos niveles de confrontaciónentre los actores del conflicto, las institucionesque apoyaron a ASODIRA identifican los si-guientes tres logros metodológicos de la expe-riencia:

Durante el manejo del conflicto se recuperóy evidenció las prácticas vivenciales delos/as técnicos/as de las organizacionesindígenas acerca del enfoque de equidad degénero, reconociéndose que hay diferenciasen las relaciones de género en las comu-nidades indígenas, y que éstas se expresantambién en las particulares formas de orga-nización social y cultural de cada una de lascomunidades.

Concomitante con lo anterior, se reconocecomo un logro metodológico importante

que el conflicto permitió que las ONGprovean de técnicas y herramientas quepermitieron generar información porgénero para incorporarla al Plan de VidaLocal y al Plan de Vida Global de lasorganizaciones indígenas de Pastaza.

Se estima que la experiencia participativapermitió reforzar los apoyos teóricos einstrumentales para afinar la interven-ción de los actores locales en las dife-rentes fases del conflicto, especialmentepara fines del diagnóstico y el fortale-cimiento de los actores en los procesossociales vinculados con el conflictopetrolero.

Asimismo, señalan que la mayor dificultaddurante el manejo del conflicto se relaciona-ba con la división que existía en los nivelessuperiores de la organización indígena, cuyadirigencia estaba cooptada por el gobierno ylos consorcios petroleros, madereros ymineros, contribuyendo a ahondar los con-flictos internos y el predominio de ideas deautonomía en la mayoría de las organiza-ciones de base.

La perspectiva de las organizaciones indíge-nas en el Bloque 10 es consolidar un grupo detrabajo sobre las CircunscripcionesTerritoriales Indígenas. Con este fin, se buscaconcertar una propuesta jurídico-técnica paratratar las demandas de autodeterminación delos territorios indígenas en la región, habién-dose iniciado el intercambio de experienciasnacionales e internacionales y el estable-cimiento de alianzas estratégicas para cons-truir una agenda en torno al futuro de los ter-ritorios indígenas del centro sur de la regiónamazónica.

Igualmente, se está emprendiendo una cam-paña de apoyo a las iniciativas de defensalegal por la violación de los derechos de lospueblos y comunidades, y el establecimiento

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iii )

i )

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de una veeduría ciudadana que institucionaliceel control y vigilancia social sobre la explotaciónde los recursos naturales en los territorios indí-genas. En este esfuerzo, se han dado pasos deacercamiento y diálogo con las autoridadesprovinciales y cantonales, respecto a temasestratégicos del manejo territorial.

3.3 Contruyendo el Diálogo en los Conflictos Mineros

“Lo único que nosotros queríamos era defendernuestro río para no tener después ningún con-tratiempo con nuestras playas, con el puente,que no se pierda lo que hay en río, los peces, nohemos querido ni queremos nunca que eso seperdiera.”

Son las palabras de doña Mariana Fierro,Presidenta de la “Asociación Femenina 8 deMarzo” de la parroquia Los Encuentros, refi-riéndose a la oposición de la población a laempresa minera que intentó dragar las riverasdel río Zamora en busca de oro aluvial. Detrásde los episodios de confrontación entre la gentey la empresa concesionaria, estuvo la exigenciade tratar las intervenciones mineras a través deldiálogo abierto y transparente, permitiendo alas partes involucradas tomar decisiones acer-tadas en un marco colaborativo de uso de losrecursos naturales, y no derivar a situaciones deconflicto y confrontación; expectativa que sub-yace en los numerosos conflictos socioambien-tales de la región minera del país, claramentereflejada en la experiencia metodológica prota-gonizada por Arcoiris en la Parroquia LosEncuentros.

a) El contexto local y regional

La parroquia rural “Los Encuentros” se localizaen el cantón Yantzaza, provincia de ZamoraChinchipe. Tiene una extensión de 285 km2,equivalente a 28.500 has, el suelo forma partedel bosque muy húmedo premontano y del

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bosque muy húmedo montano bajo, conrelieves escarpados y pendientes mayores al50%, y microclimas particulares que le vuel-ven sensible a derrumbes, erosión y desliza-mientos provocados por la eliminación de lacubierta vegetal. Es el lugar de confluencia delos ríos Nangaritza y Zamora. Con una den-sidad poblacional de 9.2, la parroquia estáconformada por 22 barrios, la población ensu mayoría son mestizos colonos y en menorproporción indígenas Shuar que se dedican ala agricultura y ganadería, estimándose que el50% de la tierra está ocupada en pastizales ycultivos en fincas familiares con tamañopromedio de entre 20 y 40 has (Arcoiris,2002).

La parroquia, al igual que la provincia, secaracterizan por una importante actividadminera en diferentes escalas: empresas mi-neras y mineros artesanales que extraen elmetal en yacimientos, minas y orillas de losríos, provocando contaminación de que-bradas y esteros, especialmente con metalespesados y sedimentos. La mayoría de minerosartesanales son campesinos pobres que sededican a la extracción mineral cuando haymenos actividad agrícola, también hayquienes se incorporan a la actividad mineracomo último recurso durante los períodos derecesión económica, otros pueden repentina-mente verse atraídos por la minería despuésde descubrir nuevas reservas de minerales,como las “fiebres del oro” durante las cualescrece el interés por la minería, como aconte-ció a raíz del descubrimiento de los yacimien-tos mineros de Nambija, Chinapinza, SanLuis y otros.

Pese a la importancia de la actividad minera6,ésta se hace en condiciones de riesgo e infor-malidad, pues en algunos casos los minerosposeen el título de propiedad de la tierra en laque trabajan, en otros explotan los minerales

en tierras que tradicionalmente han habitadosin reconocimiento jurídico de los derechos depropiedad, y también hay quienes extraen mi-nerales en condición de ocupantes ilegales. Locierto es que la minería está acompañada deconflictos entre pobladores locales que se opo-nen a las actividades mineras, restringiendo enciertas zonas las actividades de exploración yexplotación, conflictos de mineros de subsisten-cia que se ven afectados por la presencia deempresas que incorporan tecnología y mano deobra externas, y conflictos derivados de lasgrandes concesiones otorgadas a empresas mi-neras y/o personas naturales.

Las opiniones sobre la minería están divididasen la localidad. Prácticamente la mitad de lapoblación reconoce que sí tiene ventajaseconómicas por ser fuente de ingresos y trabajo,así como por el efecto dinamizador en el comer-cio local; mientras para la otra mitad es unaactividad perjudicial que no genera suficientesingresos, implica riesgos porque se hace sin tec-nología ni equipos, da lugar a la especulación dela propiedad de la tierra, beneficia sólo a lasgrandes empresas extractoras pues las gananciasno se quedan en la parroquia y el cantón,además de los efectos degradantes sobre losrecursos naturales (cfr. Moreno y Montalvo,2003: 21).

Frente a la minería las organizaciones socialesno tienen mayor incidencia, pues la manera

recurrente de zanjar las diferencias esapelando a la aplicación de las leyes perti-nentes7. Cuando las organizaciones afectadasse han acercado a buscar apoyo en los gobier-nos seccionales, o en las delegaciones provin-ciales de los Ministerios, la experiencia hasido frustrante porque se reconoce que sonsólo meros trámites, pues las resolucionesefectivas se toman en el nivel del gobiernocentral, esto es en el Ministerio de Energía yMinas en la ciudad capital. Asimismo, es unapercepción compartida en la localidad que losgobiernos seccionales están distantes de laproblemática minera, aunque si bien algunasautoridades locales están abiertas a escucharlos problemas, no tienen la capacidad deresolverlos.

Testimonios recogidos en el diagnóstico deMoreno y Montalvo ratifican la visión de que“frente a la inoperancia de la ley, los proble-mas se han solucionado negociando directa-mente con la gente, pues en lo que llegan lasresoluciones de Quito, ya se ha explotado lo

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6 En el nivel provincial la superficie total concesionada esdel orden de las 442.346,41 has que equivalen al 42% delterritorio provincial, con lo que el 58% (614,517.20 has)es superficie no concesionada y que está ocupada en partepor el Parque Nacional Podocarpus, los centros poblados yvalles de las cuencas hídricas. El total de concesiones mi-neras para los ocho cantones es de 272 pedidos, el mayorpeso son los metálicos, exclusivamente yacimientos de oro,con 216 concesiones; siguen los no metálicos como sílice,arcillas y feldespato con 30 concesiones; luego están losmateriales de construcción como arena, grava y piedra con26 concesiones. De todas las concesiones en la provincia el66% tienen título jurídico, mientras el 34% son conce-siones en trámite (cfr. Moreno y Montalvo: 2003).

7 El estudio de Moreno y Montalvo (2003) consideraque el marco legal es confuso, existen muchas leyes quetienen una visión social y de conservación de los recursos,pero los entes reguladores no tienen capacidad de aplicarla ley, hay superposición de intereses ambientales ysociales en las actividades mineras por lo que los con-troles no resultan eficaces, más aún en áreas naturalesprotegidas y sus áreas de influencia, como el caso de laextracción minera que se tiene en el Bosque ProtectorNangaritza que cons-tituye una zona de amortiguamien-to del Parque Nacional Podocarpus. Desde el punto devista legal, el principal instrumento de gestión es el “estu-dio de impacto ambiental”, que deben presentar los con-cesionarios mineros, sin embargo muchos de estos estu-dios están elaborados solo desde una perspectiva técnica,con información inaccesible para los diferentes actores dela zona, por lo que si bien se afirma desde la DirecciónNacional de Minería que se entregan los informes a losinteresados, dichos informes no tienen respuesta pues lamayoría de la gente no los entiende; entonces ahí, elinstrumento no está funcionando. Otro instrumento degestión importante es el seguimiento y control de losimpactos en las áreas mi-neras, pero tampoco se haestablecido un seguimiento sistemático al respecto, obser-van Moreno y Montalvo (2003: 30).

que se encontraba en tal o cual mina y los prin-cipales implicados se van, por eso es más conve-niente buscar una solución directamente con losimplicados”, señala un empresario mineroentrevistado (Moreno y Montalvo, 2003: 26).

b) El conflicto minero

En la parroquia “Los Encuentros”, a comienzosdel año 2001, estalló un conflicto socioambien-tal contra una empresa minera dedicada a laextracción de oro aluvial en el río Zamora,cuando ésta empezó las actividades deexplotación a una distancia de 500m del centropoblado, utilizando una barcaza equipada conun sistema de dragado a presión de agua queempezó a aflojar los suelos y orillas circun-dantes, provocando malestar y preocupaciónentre sus habitantes. La población liderada porla Junta Parroquial, que previamente se habíacapacitado en temas de reglamentación mineray ambiental para el control social en la minería,inició una serie de acciones en contra de laempresa, exigiendo que abandone el área(Jiménez, 2003: 3).

Al inicio, cuando el Ministerio de Energía yMinas, a través de la Dirección Nacional deMinería, extendió a un concesionario particularun título de concesión minera de exploración enla Parroquia Los Encuentros del CantónYantzaza, el concesionario mantenía cordialesrelaciones con los moradores de la parroquia ycomenzó los trámites respectivos para conseguirla autorización de explotación del área minera,al tiempo que constituyó una empresa parafinanciar las actividades mineras (cfr.CENARC, 2002). El concesionario mineroingresó en la parroquia con ofrecimientosprimero de impulsar actividades de ecoturismofluvial, luego de transportar y exportar madera,promesas que distorsionaron las expectativas dela población y crearon una situación de tensión,pues lo que en realidad hizo fue montar unadraga fluvial en las inmediaciones del poblado.

La mayoría de los habitantes de la zonatienen tierras productivas cuyo límite naturales la rivera del río, por lo que empezaron apreocuparse de que la actividad de dragadopodría destruir los terrenos cultivables,poniendo en riesgo sus propiedades agrarias.Progresivamente, las relaciones de los habi-tantes de la parroquia con la concesión mi-nera se deterioraron, hasta presentar recla-mos administrativos a la Dirección Provincialde Minería de Zamora Chinchipe, para quese evaluaran los estudios de impacto am-biental presentados por el concesionariominero. La presión de los habitantes de lalocalidad, ante la amenaza que representabala barcaza, se tornó violenta al punto que lapoblación, luego de una reunión con elDirector Nacional de Minería, procedió adesalojar y soltar la draga en el río, con lo cualse bajaron las tensiones en el poblado.

En la reunión de conciliación que tuvo laparroquia Los Encuentros con el DirectorNacional de Minería y el representante delconcesionario minero, se suscribió un actacon el compromiso de la empresa de retirarsedefinitivamente de la zona en un plazo detreinta días. Como consecuencia de esteepisodio, la población de la parroquia sequedó sensible y opuesta al desarrollo decualquier actividad minera en la zona, mien-tras el concesionario minero deseaba haceruso del derecho que le confería laautorización de explotación minera.

El enfrentamiento entre la población de laparroquia y la empresa minera abrió unapolémica acerca de la calidad y cantidad debeneficios que la minería tiene en la locali-dad, surgiendo preocupaciones en torno adiversos aspectos institucionales como laimprecisa aplicación de la normativa, la limi-tada capacidad social de control sobre lasactividades mineras, e incluso algunas per-

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sonas manifestaron su preocupación de que sevuelvan a suscitar eventos violentos que afectena la población y a la actividad minera.

Provocó preocupaciones por la contaminación ydestrucción de los cursos del río, así como alar-ma ante las prácticas auríferas que contaminanel suelo y los cauces de agua, también brotaroninquietudes entre campesinos y mineros arte-sanales sobre el efecto que los acontecimientosde Los Encuentros provocaba en los demás con-cesionarios mineros. Igualmente, se empezó adebatir si los estudios de impacto ambientalpresentados al Ministerio de Energía y Minas yla implementación de las medidas que se propo-nen, satisfacen las preocupaciones ambientales,percibiéndose que no hay claridad respecto delas normas y las competencias, y que haydesconfianza en el control de las autoridadespúblicas (cfr. CENARC, 2002: 6).

El análisis advirtió que las incertidumbres de lapoblación de la parroquia Los Encuentros,motivadas por el enfrentamiento con el conce-sionario minero, tienden a complejizarse por ladebilidad de las organizaciones sociales que ape-nas pueden asumir el control de las interven-ciones empresariales, la implementación de losplanes de desarrollo con perspectiva comuni-taria, e impide avanzar adecuadamente en elmonitoreo ambiental de las actividades mineras(cfr. CENARC, 2002).

c) La metodología: acercamiento, diagnóstico y foro provincial

En el año 2001, la Fundación Ecológica Arcoiriscon el auspicio de la PLASA, hizo una aproxi-mación al conflicto minero de la parroquia LosEncuentros, con el propósito de reflexionar con-juntamente con la población sobre las implica-ciones socioambientales de la minería, y fortale-cer la capacidad de las organizaciones localespara controlar los impactos de la actividad mi-nera. Con este propósito, implementó una

metodología que combinó el diagnóstico deactores, la investigación socioambiental deminería, y el impulso de un foro mineroambiental provincial para agrupar a los diver-sos actores en mesas de diálogo, hecho quesignificó el primero en esta clase en la región.

Diagnóstico de actores: La ONG Arcoiris,en coordinación con el Centro de Análisis yResolución de Conflictos (CENARC), de laUniversidad Técnica Particular de Loja,implementó un diagnóstico del conflicto,prestó capacitación y asistencia técnica a lasorganizaciones locales, y acompañó perma-nentemente en las distintas fases de manejodel conflicto.

El diagnóstico de actores-intereses-posicionesrealizado por el CENARC mostró que en laparroquia Los Encuentros el conflictosocioambiental se había polarizado entre dospartes: por un lado, la población representa-da en la Junta Parroquial, la AsociaciónFemenina “8 de Marzo”, el Club Ecológicode la Comunidad, los barrios aledaños y laFundación “Vientos de Vida” que se man-tenían en la posición de no permitir interven-ciones de ninguna empresa minera, interesa-dos en proteger el entorno ambiental y garan-tizar actividades económicas de beneficio per-sonal y comunitario; y de otro lado, el conce-sionario y empresario minero que apelaba alas autoridades correspondientes para imple-mentar las actividades mineras dentro de laconcesión, y recuperar la inversión realizadaen la concesión denominada los “Llanos I”(CENARC 2002: 12-14).

Se identificaron como actores secundarios ala Dirección Nacional de Energía y Minas,Dirección de Energía y Minas de ZamoraChinchipe, Gobernación de la provincia deZamora Chinchipe, Comando Provincial dela Policía Nacional en Zamora Chinchipe,Oficina de Derechos Humanos, Consejo

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Cantonal de Yantzaza y Fundación Arcoiris. Elconflicto fue caracterizado por la existencia depreocupaciones comunes pero sin espacios dediálogo entre la empresa, la población y lasONG; en el que prevaleció un ambiente dedesconfianza mutua marcado por la ausencia dereglas y la débil capacidad de control social(CENARC, 2002: 15).

El diagnóstico advirtió que, en esas circunstan-cias, el diálogo entre las partes para visualizarlos escenarios posibles de una solución conjun-ta y beneficiosa, que estuviera acompañada pormecanismos de monitoreo de los acuerdos,podía ahondar la desconfianza de la poblaciónque se mantenía en la postura cerrada dedeshacerse de la barcaza y consideraba quecualquier mediación sería a favor de la empresa.La PLASA, analizando el conflicto, recomendóno insistir en el tema.

Investigación: En un segundo momento, sepropuso un análisis más amplio e integral de laproblemática minera a escala provincial, para locual se promovió un espacio de planificacióncon participación de la comunidad, seis munici-pios, tres juntas parroquiales, líderes y minerosartesanales, con quienes se empezó la reflexiónsobre la situación general de la minería,acordándose las líneas maestras de acción queenfatizaron en disponer de informaciónsocioambiental actualizada. Con este fin, seemprendieron dos estudios: el primero fue unaevaluación de los impactos ambientales queincluyó una línea base en los sitios impactadospor la mediana y pequeña minería, que contem-pló el análisis de las concesiones minerasprovinciales, un examen de la conflictividadminera, y el cumplimiento de los planes deimpacto ambiental de las empresas.

El segundo estudio fue de carácter eminente-mente socioambiental, incluyó el análisis de laspercepciones de los actores locales acerca de laminería, el rescate de las tradiciones y culturas

mineras en contraste con los aspectos técni-cos del manejo de los recursos naturales,enfatizó en las implicaciones de la biodiversi-dad que se contraponen con la minería, y sin-tetizó los conflictos socioambientales actualesy potenciales en la provincia. Las investiga-ciones se difundieron ampliamente, lograndoacogida en el Consejo Provincial de Zamora,en especial en la Dirección de MedioAmbiente con quienes se concertó el si-guiente paso.

Foro minero: En octubre del 2003, laFundación Arcoiris con el respaldo de laPLASA, planteó abordar el tema de laexplotación minera en toda la provincia deZamora Chinchipe, considerando que en lamayor parte de los cantones existe algún tipode conflicto minero, para lo cual se convocó alos representantes del Consejo Provincial deZamora Chinchipe y de los municipios de ElPangui, Yantzaza, Nangaritza, Centinela delCóndor, Paquisha, Yacuambi y Zamora, paraestablecer un plan de acciones y fijar alterna-tivas de manejo, transformación y disminu-ción de los impactos ambientales bajo princi-pios técnicos, diálogo, consenso y partici-pación de los diferentes actores.

Con este fin, se impulsó el Primer ForoMinero Ambiental Provincial en el que seconformó un comité organizador integradopor los Ministerios del Ambiente, ConsejoProvincial, Cámara de Turismo, Cámara deMinería y un grupo de cogestión sectorial deONG. En el Foro, apoyado por el IEE, parti-ciparon más de ciento cuarenta personasentre autoridades mineras y ambientales,empresarios mineros, pequeños mineros,artesanos y líderes sociales, quienes durantedos días trataron temas polémicos, cargadosde emotividad por la participación de losmineros artesanales que expusieron sus pun-tos evidenciando niveles de conflictividadlatente con los grandes concesionarios. En

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opinión de Arcoiris, esta iniciativa fue significa-tiva, pues pudo comunicar y conectar a actoresque en el pasado eran antagónicos, como son elsector minero y el ambiental.

El Foro fue sistematizado (cfr. Alfaro, 2004) y seimplementó uno de los principales acuerdos:conformar un comité de seguimiento de losacuerdos que se denominó Comité deConsensos Minero-Ambientales de ZamoraChinchipe, liderado por la Dirección de MedioAmbiente del Consejo Provincial de ZamoraChinchipe. La proximidad de las elecciones sec-cionales a comienzos del año 2005, desvió laatención del caso, pero las nuevas autoridadeslocales ratificaron su interés en continuar con lainiciativa, por lo que se entró en una fase de di-seminación del Foro y sus acuerdos para impul-sar una estrategia concertada ante los conflictossocioambientales en la provincia.

d) Logros metodológicos, limitaciones y perspectivas futuras

La experiencia de Arcoiris de acercamiento alconflicto socioambiental contribuyó a mante-ner el interés de los actores locales en el diálogopara incidir en las políticas y normativas desupervisión de la actividad minera y ambientalen la provincia de Zamora Chinchipe. Un temaque emergió fue el ordenamiento territorialminero y ambiental de la provincia, a través delcual los mineros artesanales y empresariospuedan orientar sus acciones basados en elrespeto a las áreas naturales de conservación, alos territorios indígenas ancestrales y a las áreascultivables, estableciendo zonas específicas parala explotación minera utilizando informacióngeográfica apropiada.

La intervención de Arcoiris incidió en lacreación de condiciones interinstitucionalespara el tratamiento público de los conflictossocioambientales en Zamora, por lo que losprincipales logros metodológicos señalados porla organización son los siguientes:

Se crearon nuevos espacios de diálogo yparticipación ciudadana acerca de lagestión ambiental en la provincia deZamora Chinchipe como son: el foropara la construcción de la carretera a laslagunas en el interior del ParqueNacional Podocarpus, las JornadasEcológicas de Zamora Chinchipe, y elForo de Salud y Medio Ambiente. Por suparte, el Comité de Consensos Minero-Ambientales de Zamora Chinchipeempezó a debatir sobre su condición deser “un espacio de todos”, y a fortalecersu rol de liderazgo en el establecimien-to de las directrices de política ambientalen la provincia.

El creciente involucramiento de las insti-tuciones estatales, el Consejo Provincialde Zamora Chinchipe, y los municipiosde Paquisha, Yantzaza, Zamora yNangaritza, en el tratamiento de temasambientales, adquiriendo mayores com-promisos para el tratamiento de la pro-blemática minero ambiental en laprovincia, que permitió incrementar lascapacidades del personal técnico de estasinstituciones para el manejo de conflic-tos socioambientales.

Los líderes y liderezas campesinos de lascomunidades Los Encuentros, de laAsociación Shuar Tayunts y la AsociaciónVoluntad de Dios adquirieron técnicas yherramientas para el tratamiento de con-flictos relacionados con la actividad min-era; en particular, la comunidad de LosEncuentros empezó un proceso de con-trol social y monitoreo de las actividadesmineras, basado en el cumplimiento dela normativa ambiental nacional.

La ONG Arcoiris afianzó la determi-nación de incorporar el enfoque degénero como política institucional en

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todas las intervenciones en la provincia,influyendo en sensibilizar sobre los temasde género y manejo de conflictos en algu-nas de las autoridades del ConsejoProvincial de Zamora Chinchipe.

Dado el desenlace en el tratamiento del conflic-to socioambinetal que implicó el acercamiento alas instituciones públicas en Zamora, la mayorlimitación identificada fue la coyuntura elec-toral de las autoridades seccionales, que difi-cultó la continuación efectiva de los resultadosprevistos, pues las nuevas autoridades y equipostécnicos del Consejo Provincial de ZamoraChinchipe y de los municipios de Paquisha,Nangaritza y Yantzaza, exhiben debilidades parainsertarse en el proceso. En opinión de Arcoiris,es necesario replantear la estrategia de acom-pañamiento a los gobiernos locales, para adap-tarse a este nuevo escenario, considerando que“los procesos de desarrollo se fundamentan enlas personas y no necesariamente en las estruc-turas organizativas”.

El tratamiento participativo de los conflictossocioambientales recién se está iniciando en laprovincia de Zamora Chinchipe. El caso delconflicto minero en la parroquia Los Encuentrosrepresenta sólo un paso en dirección al estable-cimiento de políticas ambientales, en el marco deldesarrollo sustentable. Las perspectivas que sur-gen del conflicto minero en la región, represen-tan una apuesta por el control social y las vee-durías ciudadanas, conjuntamente con los go-biernos locales, que implica impulsar el apren-dizaje institucional sobre la pertinencia de losespacios de participación ciudadana, aspectoque las nuevas autoridades no necesariamenteconocen.

En esta dirección, la ONG Arcoiris apoya laconsolidación de la estructura del Comité deConsensos Minero-Ambientales de ZamoraChinchipe, buscando insertar sus acciones en lainstitucionalidad regional como parte inte-

grante del Comité de Desarrollo Provincial;impulsa el robustecimiento de las capaci-dades locales, a través del intercambio deexperiencias y la difusión de técnicas demanejo de conflictos socioambientales, paramejorar la gestión ambiental en la provinciaoriental de Zamora Chinchipe.

4. COMPARACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

METODOLÓGICAS

Una mirada de conjunto de las tres interven-ciones metodológicas auspiciadas por laPLASA ratifica que en el análisis de los con-flictos socioambientales son numerosas lasvariables a considerar, pues contienen abun-dantes características relacionadas con losfactores añadidos en cada caso, haciéndolessingulares y complejos. Los tres métodos demanejo de conflictos aplicados por las ONGpusieron en evidencia que su tratamientoimplicó administrar esta complejidad, sinque sea obstáculo para reconocer las dinámi-cas generalizadas y advertir aquellos compor-tamientos que pueden preverse y en más deuna ocasión evitarse.

La orientación estratégica general, en los trescasos, fue enfatizar en el diagnóstico y crearcondiciones para el diálogo y la negociación,lo que predispuso a que los métodos se ade-lanten a posibles comportamientos no ade-cuados con la mecánica del diálogo, comopor ejemplo que no se den dinámicas de“escalada” del conflicto derivadas de polariza-ciones crecientes entre las partes, o de la inco-municación de los líderes locales. En los trescasos se evitaron o desactivaron potencialessituaciones de tensión, buscando elreconocimiento del conflicto socioambiental,a través de hacerlo visible como una situaciónde alcance público y legitimado por losactores.

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Asimismo, la predisposición a la negociaciónalertó a las metodologías de los “factores deaceleración” que suelen agudizar los conflictos,que son generalmente provocados por la mani-pulación intencionada de la información paradeformar las visiones de los actores, creandosituaciones de inseguridad. En los tres conflic-tos socioambientales, las pautas de acción estu-vieron enmarcadas en el diálogo y respondierona las expectativas de los actores locales, quienesestablecieron las opciones para la transforma-ción del conflicto. Con distinta intensidad, enlos tres casos, las “marcas de rumbo” fueronpuestas por los actores locales, para lo cual fueclave la provisión de información técnico-am-biental que contribuyó a orientar el curso de losconflictos.

En las tres intervenciones metodológicas sedestacan los diagnósticos de los conflictos, quese asumieron como la entrada principal para eltratamiento colaborativo de los mismos. En lapráctica, se implementaron como rápidos estu-dios en el terreno para establecer las causas fun-damentales de las contradicciones manifiestas opotenciales, identificando las posibles dinámi-cas de evolución de los eventos, las vincula-ciones de los aspectos ambientales con otros fac-tores económicos, sociales y políticos, los gru-pos humanos y personas involucradas, y lasposibilidades de transformación o regulación delas confrontaciones.

Metodológicamente, los diagnósticos com-partieron una misma estructura que en lo fun-damental examinó cinco aspectos relevantescomo son: los actores principales señalando laspartes y sus interrelaciones que variaron en eltranscurso del conflicto, los intereses sobre losrecursos naturales que implicaron las condi-ciones de simetría o asimetría frente a los posi-bles acuerdos, la estructura de oportunidadesque mostró las relaciones de poder entre las

partes enfrentadas, el liderazgo para asumir elconflicto que hizo referencia a las condicionesdel actor débil, y la dinámica del conflictoque se centró en el diálogo y la negociación.

Los diagnósticos de los conflictos, que en lamayoría de los casos fueron apoyados porONG especializadas y distintas a las quecumplieron el rol de facilitación, destacaronlas visiones de los actores locales frente alconflicto, con lo que las percepciones cultu-rales de la gente y sus organizaciones estu-vieron en la base de los diagnósticos. Si bientienen enfoques plurales que reconocen losdistintos puntos de vista ante los conflictossocioambientales, conforme la orientación aldiálogo y el énfasis en el actor débil, los diag-nósticos recuperaron las distintas perspecti-vas de las poblaciones afectadas por los dañosambientales, en función de robustecer su li-derazgo en la estrategia del conflicto; además,no perdieron de vista los intereses y expecta-tivas de los actores confrontados, y los fac-tores favorables del entorno que permitieronestablecer las oportunidades de transforma-ción del conflicto.

En los hechos, los diagnósticos estuvierondirigidos hacia el reconocimiento de lascondiciones que favorezcan la posición de losactores débiles, por lo que considerando elcontexto específico de cada caso se aplicaronentrevistas con las que se caracterizaron a losactores involucrados, recurriendo al modelo“actores-intereses-posiciones” que permitióposteriormente inducir la transformación delconflicto, la que sólo se consiguió en el casode El Guabo, parcialmente en LosEncuentros y no se consiguió en el delCampo Villano.

En la siguiente matriz de conflictossocioambientales, se presenta una síntesis delos tres casos de intervención metodológica,señalando el contexto en que se desenvolvió

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el conflicto, las características del mismo, elenfoque de la metodología utilizada, las tenden-cias de transformación de las confrontaciones, yel principal resultado de las experiencias. Comose comprenderá, es una herramienta de síntesisque busca ofrecer una visión de conjunto de lostres conflictos, cuya utilidad es facilitar elemen-tos para el análisis comparativo de las experien-cias metodológicas.

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MATRIZ COMPARATIVA DE CONFLICTOS

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Una primera mirada de conjunto de la matriz deconflictos socioambientales, desde la perspecti-va de análisis comparativo de las intervencionesmetodológicas, muestra que los tres casos seinscriben dentro de amplias estrategias de inter-vención que insertan los conflictos ambientalescomo parte de las dinámicas sociales y económi-cas en territorios subnacionales, ratificando queson conflictos inherentes al desarrollosustentable.

En los tres lugares se expresan claramente lasdiferencias de propósitos entre los actores con-frontados, pues por un lado los afectados songrupos de población que buscan autonomía ydesarrollo comunitario en el Campo Villano,disminuir la contaminación en El Guabo, y evi-tar la destrucción de la naturaleza en LosEncuentros; mientras por otro lado, los adver-sarios son las empresas extractoras y agroindus-triales vinculadas al negocio petrolero, a laindustria minera y al mercado bananero, conexigencias de competitividad y rentabilidadsobre la base de explotar los recursos naturales.

Asimismo, los tres casos de conflictos socioam-bientales muestran que están en relación condinámicas sociales colectivas y particulares deacceso a los mismos recursos naturales, conpropósitos distintos: en El Guabo lospobladores quieren que el suelo, agua y aire con-tribuya a la calidad de vida, mientras lasbananeras los usan con fines de ganancia; en elCampo Villano el petróleo tiene propósitos dedesarrollo con identidad para los indígenas, yfines de exportación para las empresas; en LosEncuentros la población quiere cuidar el ríopara su uso cotidiano, mientras el concesionariobusca dragarlo para extraer minerales.

a) Los Enfoques Compartidos

Los tres casos de conflictos tratados a través dela PLASA, más allá de los debates teóricos quepuedan suscitar respecto de sus definiciones y

alcances, tienen como característica comúnsu naturaleza estructural. Cotejando sus orí-genes, se observa que los tres conflictos emer-gen como reacciones colectivas de los esta-mentos sociales supeditados por los condi-cionamientos estructurales, como en el casode El Guabo donde la metodología puso enevidencia la compleja dependencia económi-ca entre las plantaciones bananeras y lostrabajadores o la población; mientras en elCampo Villano la metodología mostró conclaridad la exclusión de las comunidades indí-genas por parte de las empresas petroleras; yen el caso de Los Encuentros ayudó a eviden-ciar algún grado de dependencia de lapoblación de la minería.

Al mismo tiempo, el carácter estructural delos tres conflictos marcó el alcance y profun-didad de las intervenciones metodológicas delas ONG que trataron las disputas, pues sibien cumplieron roles de apoyo y facilitacióncon los actores débiles, no es de esperar quelos métodos colaborativos de diagnóstico,diálogo y negociación modifiquen los condi-cionamientos estructurales de los actores ylos conflictos; no tienen ese alcance. En lasexperiencias concretas de aplicación, losmétodos exhiben capacidad para concertarsalidas de corto plazo y proyectar las expecta-tivas locales en el mediano plazo, pero notienen la fuerza suficiente ni la orientaciónestratégica para diseñar transformacionesirreversibles en situaciones de profundidadestructural, que son colindantes con el ordenregulatorio del Estado y la sociedad. Noobstante, los métodos en los tres casos con-tribuyeron a reducir las distancias entre losconflictos socioambientales y la regulaciónambiental.

Este aspecto fue advertido por Balarezo yErnst (2005), quienes al rotar por los trescasos capacitando en el enfoque de equidadde género, señalaron que se trata de conflic-

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tos vinculados a productos estratégicos comobanano, petróleo y minería que incorporanactores disímiles en términos de acceso al poder,inclinando la acción de las ONG más endirección a los actores desfavorecidos por sucondición de receptores de los daños ambien-tales, y menos hacia los actores generadores delos daños; “en los tres casos fue difícil estableceruna verdadera acción para resolver el conflictobajo la mira de que son actores disímiles,primero había que fortalecer a los actores afec-tados”, señalan las analistas.

Las tres intervenciones metodológicas usaronmecanismos para tratar las situaciones de ten-sión y confrontación locales, estableciendocanales de comunicación y diálogo entre laspartes, que permitieron reorientar las accionesde los actores hacia escenarios de interés públi-co. En este sentido, el balance conjunto de lastres experiencias metodológicas revela otroaspecto común de los casos analizados: su ten-dencia hacia la seguridad preventiva, puesto quelas intervenciones pusieron énfasis en promoveractitudes proactivas de cooperación entre laspartes, orientadas hacia salidas de interés públi-co; supieron manejar las tensiones y apoyaronque los actores acuerden salidas compartidas ycon compromisos aplicables en tiempos pru-denciales.

Cuando la prevención apunta a remover lascausas de potenciales conflictos y crear condi-ciones para que éstos no vuelvan a emerger, laprevención de conflictos socioambientales seacerca a la incidencia en las políticas públicasterritoriales.

En nuestra opinión, este es el trasfondo de los ci-clos metodológicos en los tres casos, los que condistinta intensidad captaron las primeras señalesde incompatibilidad de los actores ante poten-ciales conflictos socioambientales, luego apo-yaron el diálogo entre las partes y proyectaron

desenlaces a través de espacios asociativos decarácter territorial. Puede decirse que lasmetodologías en los tres casos tuvieron encomún una “actitud preventiva” que combinóla disminución de tensiones, el diálogo y losacuerdos en escenarios mayores entre actorespúblicos y privados.

En dos de los tres conflictos esta tendenciafue más evidente. En el caso de El Guabo fueclara la disposición preventiva de ALDEA,que optó por crear condiciones para visibi-lizar la contaminación ambiental, transfor-mando un problema de salud pública en unconflicto socioambiental que se proyectó aescala provincial, a través de los comités degestión ambiental. En el caso de LosEncuentros, el esfuerzo de Arcoiris por com-prender la dinámica de los conflictos minerosse volcó hacia el diálogo minero ambiental,impulsando un espacio público provincialque tiene claras intenciones preventivas. Encambio, en el caso del conflicto petrolero enel Campo Villano, no necesariamente laintención fue bajar la conflictividad, sinoreplantear constantemente las acciones entrelas organizaciones indígenas y la empresa,para entender por dónde y cómo apoyar elconflicto; aunque el esfuerzo por estableceralianzas entre las organizaciones indígenas yel impulso al diálogo territorial con losgobiernos seccionales, puede verse como unamanera de evitar la intensificación del con-flicto y que llegue al escalamiento y la polari-dad.

Se considera que el apoyo de AMAZANGA alas negociaciones que impulsaron los indíge-nas amazónicos en el Bloque 10, la difusiónde ARCOIRIS de los acuerdos del forominero ambiental en Zamora, al igual que lacoordinación de ALDEA en la concertaciónprovincial en torno a la contaminaciónambiental de la producción bananera en El

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Oro, están imbuidos de una orientación preven-tiva que, reconociendo los factores del poder ylos intereses estructurales, buscaba persuadir alos demás actores sobre el mejoramiento de lascondiciones de vida que se derivan del manejocolaborativo de los conflictos socioambientales.

Las tres intervenciones metodológicas supieronrecoger las expectativas de los actores locales,canalizando las salidas hacia escenarios territo-riales que pese a que no se lo propusieron,desembocaron en el ámbito de las políticaspúblicas ambientales. No puede entenderse deotra manera, el deliberado esfuerzo de las inter-venciones hacia considerar las normativas am-bientales ministeriales, su implementación enlas localidades y la región, involucrando a lasautoridades locales y sectoriales en acciones quevan más allá de su interposición transitoria enlas decisiones del conflicto. Esto indica que lastres experiencias tuvieron presente la relaciónentre el contexto del conflicto que determina lamecánica de intervención, y la política del con-flicto que relaciona a los actores con losmovimientos y fuerzas sociales que levantan lasdemandas de equidad ambiental.

b) Las Variantes Metodológicas

Una mirada más detenida de los aspectosmetodológicos específicos de las tres experien-cias permite observar los distintos énfasis, encada uno de los casos, respecto del papel de lasONG con las partes del conflicto. En el caso delCampo Villano, en que se optó por unametodología para afianzar al actor desfavorecidocomo condición previa para entrar en las rondasde negociación con un actor de mayor poder, elrol de AMAZANGA fue el de coordinar lasactividades técnicas de información que susten-ten la negociación, establecer los nexos conotras organizaciones indígenas e institucioneslocales y nacionales que respalden la posición deASODIRA; en ningún momento se asumió elpapel de facilitación, menos de mediación, pues

desde el comienzo AMAZANGA se recono-ció como un aliado estratégico al proceso deASODIRA.

De ahí que el sentido de la auto-evaluaciónfue el de consolidar la capacidad propositivade la organización indígena ante la empresapetrolera; el de las alianzas, robustecer elentorno de asociados entre las organizacionesde la región; y el del diálogo, apuntalar lasrelaciones entre las comunidades indígenas ylos gobiernos locales en torno al manejo delterritorio indígena. Los tres niveles de activi-dades buscaban afianzar a la organizaciónindígena en la negociación con la empresapetrolera.

En cambio, en el caso de El Guabo, la con-ducción fue compartida entre las organiza-ciones locales y ALDEA, quien en la prácticase propuso cumplir el rol de facilitador queimplica la preparación y manejo del diálogo,pero no lo pudo asumir, pasando más bien afortalecer al Comité y coordinar acciones enla búsqueda del diálogo con los empresariosbananeros; por lo que, en los hechos, ALDEAtambién asumió la postura de afianzar alactor débil, para que pudiera atraer a la mesade negociación a los bananeros, cuestión quese logró con el cambio de rol, al tiempo queconsiguió legitimidad entre las partes y elreconocimiento como una instituciónautorizada para intervenir en el conflicto. Enteoría, las funciones de coordinación y faci-litación son complementarias, pero en lapráctica se requiere de destreza y experienciaacumulada para asumirlas eficientemente, sinque una supedite a la otra.

A diferencia de los anteriores, en el caso deLos Encuentros, Arcoiris no tenía experienciainstitucional en el tratamiento de los conflic-tos socioambientales, por lo que su propues-ta metodológica fue el acercamiento al con-flicto, para luego impulsar el diálogo sobre la

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problemática minera convocando a los distintosactores de los conflictos mineros en la provinciade Zamora Chinchipe; no se trató de la coordi-nación de actividades con el actor débil, menosde una facilitación del diálogo. El asocio con elCENARC cubrió esta debilidad, a través deldiagnóstico del conflicto y la capacitación a losactores locales.

En la práctica, la intervención de Arcoiris puedeconsiderarse como una modalidad de investi-gación-acción ligada a una situación conflictivaen torno a la minería, pues sus principalesactividades fueron el diagnóstico y las investiga-ciones con fines de comprender el conflictominero, a las que se adicionó el foro provincial.En estricto sentido, no se trató de unametodología de manejo de conflictos, sino deuna estrategia de apoyo a los actores locales enel marco del conflicto con el concesionariominero, centrada en el diagnóstico del mismo.

Otro aspecto en el que las intervencionesmetodológicas muestran variaciones, es en loreferido a la temporalidad de los conflictossocioambientales, tanto en lo atinente a los dis-tintos tiempos del comportamiento de laspartes y actores, cuanto a la temporalidad de ladinámica del conflicto en su conjunto. Alrespecto Juan Dumas observó con pertinenciaque: El tiempo de los conflictos se debe ver enuna línea de tiempo, puesto que hay causasestructurales que no se pueden cambiar con lasmetodologías. Los patrones de conducta que semantienen en el tiempo no se transforman conuna intervención, hay que plantearse el rol delmonitoreo de los acuerdos como parte de unreconocimiento para cambiar los escenarios,considerando la línea de tiempo del conflicto(Dumas, 2005).

En el caso del Campo Villano, el conflicto tieneuna temporalidad mayor, pues la relación entrelas organizaciones indígenas y la empresa

petrolera data de más de quince años, laintervención de AMAZANGA es sólo en laúltima fase de un conflicto mayor; por lo quelos factores de incidencia como la confianzainstitucional, el acceso a información, loscambios en los ámbitos de liderazgo y deci-siones, y la insuficiente aplicación de la nor-mativa ambiental son cuestiones que hansido tratadas en distintos momentos. Laorganización indígena tiene un acumulado deexperiencias con el que entró en la nuevaronda de negociación; no llegó como si fuerala primera vez, sino antecedida por prácticasprevias, asunto que la metodología advirtióadecuadamente.

Mientras tanto, en el caso de El Guabo,donde el conflicto estaba en la fase inicialemergiendo las primeras señales de discon-formidad entre las partes, se requirió mayoratención en los factores de incidencia, por loque caracterizar e interiorizar en el actor des-favorecido las causas del daño ambiental,acceder a información técnica, reconocer lasposiciones, intereses y tiempos de los gobier-nos locales, empresarios bananeros y de laspropias organizaciones sociales, al igual queganar la credibilidad de los actores, se volvióen un imperativo metodológico. De ahí quepara ALDEA, si bien fue importante el apoyoal actor desfavorecido, también implicó undesafío mantener un sólido rol que le permi-ta convocar a los actores, aprendiendo aconocer a los adversarios y acoplar su discur-so sobre el sector bananero. Descubrió quepudo dialogar con los empresarios bananeros,sin ceder su posición a favor del Comité.

En el caso de Los Encuentros la temporalidaddel conflicto fue menor, se concentró en losmomentos de tensión con la presión de lapoblación al concesionario minero, desac-tivándose luego de los acuerdos entre laspartes, por lo que los desafíos metodológicos

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derivaron en la necesidad de comprender lanaturaleza y dinámica del conflicto mineroambiental, para fortalecer las posiciones de losactores locales frente a otros conflictos mineros.

Una tercera variación metodológica se relacionacon los perfiles institucionales de las ONGresponsables de implementar las intervenciones,que establecen estilos particulares a losprocedimientos metodológicos. Si bien todoslos miembros de la PLASA tienen interés por eltratamiento de los conflictos socioambientales,y comparten una vocación por los métodos nocoercitivos y el diálogo constructivo para elmanejo de conflictos, a la hora de las accionesprevalecen los estilos institucionales queinfluyen en los resultados de las intervenciones,no obstante que en los tres casos las respectivasONG tenían antecedentes importantes deinserción previa en la zona del conflicto y com-partían la misma orientación metodológica.

En el caso de ARCOIRIS, sus fortalezas estánen los aspectos técnicos ambientales, especial-mente en los asuntos ecológicos y físicos de loslugares donde se suscitan los conflictos mineros,mostrando limitaciones en el tratamiento de losaspectos sociales del conflicto. AMAZANGA,en cambio, con experticia en el campo de losconflictos socioambientales, reveló flaqueza enlos aspectos técnicos del conflicto y consistenciaen los aspectos sociales, aunque su mayorfortaleza es el carácter político de sus interven-ciones. En el caso de ALDEA, hubo unequilibrio entre las dimensiones técnicas ysociales en el tratamiento del conflicto, con baseen una experiencia anterior que facilitó eldiagnóstico desde sus consecuencias sociales,porque diez años atrás protagonizó una investi-gación sobre la contaminación ambiental y susimpactos en la salud de los trabajadoresbananeros.

En los hechos, depende de las ONG ponerlemayor énfasis a los factores sociales o físicos en

los diagnósticos y las acciones, aunque eltratamiento de los conflictos requiere profun-dización y complementariedad entre ambos,sin descuidar que los aspectos técnicos sus-tenten la posición de los afectados. Estepunto fue acertadamente observado porBalarezo y Ernst (2005) durante el apoyo alos diagnósticos en los tres casos, pero mere-ció especial atención en el Bloque 10 dondese estimó que el diagnóstico no recoge sufi-ciente información técnica de los impactosambientales provocados por la empresapetrolera, con lo que “los datos tienden asustituirse con discursos politizados insertosen las organizaciones mayores de la provincia,que se trasladan a la gente de las bases sinmayor sustento”, comentan las analistas.

El caso del Bloque 10 es ilustrativo de lanecesidad de incorporar mediaciones inter-culturales en el acceso y uso de la informa-ción técnica, que permita adecuarla a la com-pleja realidad sociocultural de los pueblosindígenas amazónicos, evitando que lainformación “se ideologice y constituya unobstáculo para llegar a la mesa de diálogo”,por tanto que limite la capacidad propositivade las organizaciones para enfrentar elconflicto.

c) Limitaciones de los métodos

Los métodos colaborativos de tratamiento deconflictos se caracterizan por una combi-nación equilibrada de formas de conocimien-to y procedimientos para la acción. Losconocimientos obtenidos de los diagnósticosy estudios especializados sirven para diseñarlas intervenciones que transformen el conflic-to, al tiempo que las acciones entre las partesse basan en la calidad de los datos técnicos; esdecir, en los métodos de manejo de conflic-tos, dependiendo de cuánto se conozca elconflicto, se puede actuar con mayor o menoreficiencia. Las tres intervenciones revelaron

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algunas limitaciones metodológicas de las queinteresa destacar las referidas al pocoreconocimiento de los conflictos internos de losactores, el insuficiente tratamiento transversaldel enfoque de género en los conflictossocioambientales, y poca incidencia en revertirla ausencia estatal.

Respecto del escaso reconocimiento de los con-flictos internos de los actores, en los tres casos sereconocieron que hay gamas de conflictos intra-actores que son necesarios de rastrear y analizarpara considerarlos en las intervenciones dediálogo y negociación, lo que no se hizo sufi-cientemente pese al carácter definitorio quetienen sobre el curso que adoptaron lasacciones. Las metodologías mostraron limita-ciones diferenciadas para caracterizar a la partedesfavorecida o al actor local, así como a susadversarios, repercutiendo en la desestabi-lización de su posición dado que no seconsideraron suficientemente los procesosinternos de asociatividad, las disputas intestinasy los fraccionamientos organizativos.

En el caso de El Guabo se rastreó a los actoreslocales detectando las formas organizativas de lalocalidad y sus redes de acción en la provinciapara formar el Comité, se pudo diferenciar losestilos de liderazgo de las organizaciones ruralesy su capacidad de convocatoria, al mismo tiem-po se supo describir las distintas dinámicas delgrupo social considerado adversario, como loresume el siguiente testimonio:

La metodología mostró que no solo hay conflic-tos entre trabajadores y productores, sino con-flictos internos en el sector bananero. Losgrandes productores tienen mayor capacidad derespuesta frente a las exigencias del mercado, ymarcan distancias con los medianos y pequeñosproductores que no tienen un papel muy claro,pues una veces han sido aliados de los grandes yotras veces han apoyado las iniciativas de los

pequeños, los que se limitan a presionar porla fijación de los precios del banano. Tambiénhay pequeños productores dedicados a la pro-ducción de banano orgánico que colocan elproducto en nichos de mercado, que estánpreocupados por la contaminación genera-lizada de la zona (Barrera, 2005).

Aunque en el nivel del diagnóstico ALDEAtuvo certeza de que ni el actor local es unnúcleo homogéneo, ni el adversario unbloque compacto, a la hora de la acción con-fundió sus roles de coordinación y faci-litación, no supo suficientemente cómoasumir el papel de facilitación del diálogo conel sector bananero, especialmente cuandoavanzó el conflicto y parecía que su condiciónde aliada al actor débil interfería en su capaci-dad de convocatoria; cuestión que supo corre-gir en el tramo final de la intervención.

En el caso del Campo Villano, la metodologíade AMAZANGA igualmente orientada haciael actor débil, mostró limitaciones para carac-terizar los conflictos intra-actores, especial-mente los relativos a las organizaciones indí-genas amazónicas que experimentan un com-plejo proceso de faccionalismo étnico, por elque las organizaciones de segundo grado tien-den a fraccionarse en distintos núcleos quedisputan espacios de representación y lideraz-go, estableciendo nexos verticales con lasorganizaciones de base. El Campo Villanoestá cruzado por conflictos socio-organiza-tivos mayores que condicionan la capacidadde acción de ASODIRA, especialmente eldescrédito de los estamentos dirigentes porparte de las organizaciones de base, a quienesse acusa de haber reproducido una prácticaclientelar en la negociación con la empresapetrolera.

Testimonios recogidos en los distintos estu-dios del Bloque 10 ratifican que en el nivel de

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la organización de base hay desconfianza en ladirigencia, las comunidades indígenas tienenposturas críticas frente a las organizaciones desegundo grado que asumieron la representaciónde la gente, especialmente porque son vocerosde ideas que no siempre comparten las comu-nidades. La metodología de intervención deAMAZANGA no consideró adecuadamenteesta realidad, lo que se traduce en el escasointerés por tratar los conflictos internos entrelas organizaciones. La metodología sólo identi-fica a las partes en conflicto sin reflexionar sobrelas debilidades internas de las organizaciones,restando posibilidades a las iniciativas colabora-tivas de diálogo y negociación.

En el caso de Los Encuentros, la limitación fuemás severa, pues la metodología de intervenciónde Arcoiris incluyó descripciones de las partes yadversarios, entre los cuales hay señalamientosde los distintos tipos de conflictos entre losmineros, pero son datos generales de escalaprovincial, sin utilidad para el análisis estratégi-co situacional y la acción transformadora delconflicto. La metodología no aportó alconocimiento de las dinámicas de los diversosestamentos que conforman el sector minero, nisobre los procesos organizativos en la parroquiaLos Encuentros o el cantón Yantzaza.

En cuanto a la limitación de las intervencionespara incorporar el enfoque de género en los con-flictos socioambientales, se evidenció que losprocedimientos metodológicos no cuestionaronsuficientemente las formas del poder asentadasen las relaciones intra e inter-comunitarias, porlas que se mantienen niveles de subordinación yopresión de las mujeres respecto de la toma dedecisiones sobre los recursos naturales. Aunquefue un mandato para los miembros de la PLASAtransversalizar el enfoque de equidad de géneroen las metodologías de manejo de conflictos, fuecompleja su implementación, porque se dierondesfases de tiempo, se introdujo la temática unavez iniciados los diagnósticos, y hubo ciertas

reticencias de las ONG encargadas de suimplementación y en algunos casos resisten-cia de las propias organizaciones locales,aspecto sobre el cual Balarezo remarca que:

Pasa por una decisión de los actores que seauna política dentro del conflicto, que creanque es válido el enfoque de equidad de géneropara completar las acciones y estrategias. Enlos tres casos las ONG y los dirigentes decían:“ya tenemos suficientes conflictos, ademásahora los conflictos de género, por qué noavanzar en los otros y después en los degénero”. Quienes dirigen los procesos novaloran esta distinción que, creemos, comple-ta la resolución de conflictos (Balarezo,2005).

Las distintas ONG involucradas en las tresexperiencias aceptaron incorporar el enfoquede equidad de género en sus métodos deintervención, pero solo ALDEA lo asumiócomo indispensable para su estrategiageneral, mientras en las demás ONGhicieron tímidas aproximaciones para inte-grar el enfoque de equidad de género. En elcaso de El Guabo, se pudo recuperar las per-cepciones de hombres y mujeres ante lacontaminación ambiental, y en el caso delCampo Villano se trató de mostrar el rol delas mujeres en el conflicto petrolero; pero enLos Encuentros el tema estuvo ausente. Apesar de que en los tres casos las mujeresfueron las actoras principales y sus posicioneslas más sólidas en los momentos de tensión,no participan en los ámbitos de repre-sentación y decisión de los conflictos socioam-bientales, cuestión que tampoco recuperaronsuficientemente las metodologías, a excepciónde El Guabo.

También incidió el escaso tiempo que sededicó a las cuestiones de género. La capa-citación a las organizaciones sociales se hizoen talleres de una semana, topando cada día

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un tema, con lo que resultó literalmente imposi-ble integrar una temática compleja en un lapsoreducido de tiempo. No obstante, entre la gentede las localidades quedaron muchasinquietudes, incluso demandas de las organiza-ciones de base y gobiernos seccionales porcapacitarse en el enfoque de equidad de género,que ratifican la pertinencia de volverlo un ejetransversal en las metodologías de conflictos.

Todos los actores y aliados comparten la certezade que si se logran evidenciar las percepcionesde mujeres-hombres sobre los daños ambien-tales, se enriquecerán las pautas para el diálogoy la negociación en los conflictos socioambien-tales; pero, en la práctica, parece que la dificul-tad para incorporar el enfoque de género en lasmetodologías de intervención, está relacionadacon el hecho de que tanto el enfoque de génerocomo los conflictos seleccionados, siendo decarácter estructural, están interrelacionados,volviendo una tarea compleja ensamblar dosgrandes campos de pensamiento y acción den-tro de una misma metodología con fines opera-tivos.

Tal vez una manera de incorporar el enfoque degénero en los métodos de manejo de conflictossocioambientales sea yendo de menos a más,esto es integrando progresivamente los enfo-ques y procedimientos de equidad de género enconflictos de menor magnitud, que sean mane-jables, que estén relacionados con la accióncolectiva de los movimientos sociales y organi-zaciones ciudadanas, hasta llegar a incorporar elenfoque de manera definitiva en conflictos decarácter estructural.

Finalmente, la tercera limitación de las inter-venciones metodológicas es el relativodistanciamiento del ámbito público-estatal,pues los métodos no sólo constatan la ausenciadel Estado como ente regulador de los daños ybeneficios, y responsable de aplicar la normati-

va ambiental, sino que tienden a sumarse alcuestionamiento generalizado de que no sóloes ausencia, sino complicidad con las empre-sas mineras, bananeras y petroleras queentorpece la posibilidad de transformar losconflictos o deja que la empresa dirima lasituación. Testimonios recogidos endiferentes documentos de los tres casos evi-dencian que tanto los actores afectados comolos causantes de los daños, coinciden enseñalar que si el Estado cumpliera con el rolregulador los conflictos socioambientales seresolverían adecuadamente.

En las metodologías, contradictoriamente,hay visos de neutralidad ante el rol delEstado, pues tienden a descargar lasresponsabilidades públicas en las entidadesestatales, cuando los métodos también debencontribuir a apuntalar los procedimientosque ayuden a que el Estado asuma el rol quele corresponde. No se está desconociendo quela ausencia del Estado complica aún más losconflictos socioambientales, sino señalandoque cuando el Estado interviene también sefortalece la institucionalidad, por lo que paraasegurar los resultados de la negociación y laimplementación de los acuerdos, se requiererespaldos de nivel estatal que legitimen ylegalicen la voluntad concertada de losactores por la transformación del conflicto.En este sentido, como acertadamente observóJuan Dumas (2005), también corresponde alos métodos contribuir a crear institucionali-dad a través del tratamiento de los conflictos,a sabiendas de que es complejo y no hayrecetas, sólo ideas de lo que se quiere lograr.

No obstante, en los tres casos, las interven-ciones metodológicas confluyeron hacia losgobiernos seccionales para impulsar los diá-logos ambientales y territoriales, reconocien-do su potencialidad para enfrentar los con-flictos en el nivel local, debido a la cercaníaentre las autoridades seccionales con la

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población, y por la potestad que tienen paraintervenir en los conflictos en el territorio, insti-tucionalizar los procedimientos colaborativos ymonitorear los acuerdos del conflicto. En elesfuerzo por manejar los conflictossocioambientales, las tres experienciasmetodológicas están estableciendo “puentes”entre los gobiernos locales, las organizacionesde la sociedad civil y las empresas privadas.

5. PRINCIPALES LECCIONES METODOLÓGICAS

Las tres intervenciones de manejo de conflictossocioambientales auspiciadas por la PLASA sonvaliosas en contenidos metodológicos debido alos diferentes contextos en que se implemen-taron, por los múltiples actores involucrados,las distintas modalidades que asumieron losdiálogos y acuerdos; y sobre todo, por las formasen que los equipos de las ONG fueron acoplan-do sus actividades a los requerimientos de losactores locales en los conflictos, presionándolesa cambiar los roles, algunos no previstos, quetrajeron desafíos instrumentales a las personasque se desempeñaron en los escenarios concre-tos de los conflictos, especialmente en losmomentos de mayor tensión.

Numerosas son las lecciones que se puedenextraer de las experiencias de intervención, perose optó por sintetizar las tres mayores leccionesmetodológicas, una por cada caso, basadas enlos aprendizajes expresados por los propios pro-tagonistas, y cinco aprendizajes acumulativos dela experiencia conjunta de tratamientometodológico de los casos auspiciados por laPLASA, las que continuación se exponen:

Conflicto bananero: apertura y flexibilidadayudan al diálogo entre las partes. En ElGuabo se constató que una cosa es la propuestametodológica y otra distinta aplicarla, pues lasmetodologías de gestión asociada e incidencia

requirieron para su implementación que losactores fortalezcan sus posiciones, pues ¿si elconflicto no se había visibilizado cómo sepodía emprender una gestión asociada? Laexperiencia de ALDEA es ilustrativa del acer-tado reconocimiento de los actores desde unamirada plural, que permite distinguir viejasprácticas organizativas y nuevas formas aso-ciativas basadas en la confianza, en un esce-nario altamente politizado y cruzado porredes de clientela.

Lo vivido por ALDEA enseña que al trasladarla actitud plural a una estructura asociativacomo el Comité, respetando las distintas pos-turas políticas de sus miembros, tratando conlos prejuicios ideológicos e involucrando enactividades colaborativas a las organizacionesy líderes locales, se evita la politización delconflicto. Asimismo, enseña que exponiendocon transparencia los intereses, en comuni-cación permanente con las autoridadeslocales, y siendo flexible en los procedimien-tos, se adquiere la credibilidad necesaria paraatraer a la mesa de diálogo a los actores cau-santes del daño, y visibilizar el conflicto. Parala población, la experiencia vivida conjunta-mente con ALDEA, representó un esfuerzopor mejorar sus condiciones de vida en mediodel tratamiento preventivo del conflictosocioambiental.

Conflicto petrolero: no sólo salidas rápidassino transformación sostenible. Los aconte-cimientos en el Bloque 10 mostraron loslímites de los métodos de conflictos que nosustituyen el protagonismo de los actores,pero posibilitan que sus acciones se orientenclaramente y en un horizonte estratégico. Laexperiencia de AMAZANGA enseñó que encondiciones de debilidad en el liderazgo delos actores afectados por el daño, los métodosbrindan el soporte necesario para llegar aacuerdos mínimos entre los actores, en favordel diálogo y la concertación de estrategias

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que transformen el conflicto. Reveló que cuan-do las organizaciones indígenas enfrentanmúltiples desafíos, los métodos ayudan areducir la complejidad sin distorsionarla, coninformación de calidad y asesorías técnicas quemanejen síntesis y traducciones culturales delconflicto, acordes al contexto cultural y lingüís-tico local.

De la intervención en el Campo Villano seaprendió que al agente externo le correspondeapoyar la comunicación entre los actores, tareanada fácil pero necesaria, apelando a media-ciones pedagógicas interculturales. Asimismo,que no toda salida rápida es eficiente, puesresultan infructuosos los esquemas rígidos quefuerzan la resolución del conflicto socioambien-tal, ya que en la práctica no se soluciona el con-flicto con salidas inmediatas y negociaciones decorto plazo, sino acordando perspectivas detransformación sostenibles en el mediano ylargo plazo. La experiencia del Campo Villanoevidenció que el conflicto no estaba en elmomento de entrar en la mesa de negociacióncon la empresa petrolera, sino en la fase previade contar con una propuesta de consenso paraentrar en la negociación.

Conflicto minero: elasticidad en los roles delagente externo para el diálogo. Los eventos enLos Encuentros ilustran la importancia de con-tar con adecuados enfoques y métodos claros demanejo del conflicto socioambiental, que equi-libren los aspectos técnicos y sociales para mejo-rar las intervenciones entre las partes, pues lagente usa la información técnica para tomardecisiones durante el conflicto. En la práctica seaprendió que una transparente provisión deinformación técnica junto al acompañamiento alas organizaciones, elevan la autoestima ycapacidad de acción de los actores afectados porel daño, lo que se reflejó en las propuestas deregulación de la actividad minera en la zona.

La intervención de Arcoiris reveló la perti-nencia de considerar los tiempos institu-cionales y los roles que asumen los agentesexternos, pues se aprendió que las entidadesposicionadas en la defensa de la conservaciónambiental pueden asumir roles de coordi-nación y apoyo técnico entre los gobiernosseccionales y las comunidades rurales,durante el desenlace del conflicto minero. Laexperiencia enseñó que al compartir y cederlos roles se dinamizan las relaciones con laspartes y se contribuye al diálogo para resolverel conflicto, aspecto que la gente de losencuentros supo reconocer.

Para persuadir al adversario: pluralidad yeclecticismo. El recorrido de los tres casos detratamiento colaborativo de conflictossocioambientales auspiciados por la PLASAratifica que para transformar los conflictos serequiere de posturas metodológicas eclécti-cas, apoyadas en una amplia gama de méto-dos, técnicas e instrumentos ensambladosoperativamente en la acción. Las experienciasacaecidas en El Guabo, el Campo Villano yLos Encuentros mostraron que no es útilaplicar métodos rígidos, sino enfoquesestratégicos soportados en múltiples instru-mentos, acordes a los actores y momentos delconflicto; las intervenciones en los tres casostestimonian que no menos de quince méto-dos y técnicas se utilizaron en las distintasfases de los conflictos. Vistas en conjunto,estas actividades ilustran que, en eltratamiento de las condiciones para el diálo-go y la negociación entre las partes, no sepueden uniformizar los procedimientos, puescada contexto y caso determina las opciones,considerando que en la práctica la mejorcombinación de métodos depende de lasdestrezas de los equipos facilitadores y/ocoordinadores.

¿Cómo se combinan los distintos métodosdentro de un mismo enfoque? La experiencia

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demostró que está relacionado con la claridadde la estrategia para el manejo del conflicto, ycon las demandas de los actores de la con-frontación, quienes esperan que su aplicaciónconduzca a algún resultado. En los tres casos seaprendió que las partes en conflicto son agrega-dos de individuos y organizaciones, condicio-nando la articulación de la pluralidad delenfoque con el eclecticismo metodológico; así,aunque en los tres casos se inclinaron por elactor menos favorecido, en los hechosreconocieron que también se requería convocara la otra parte. Aprender a persuadir al adver-sario, sin abandonar las posiciones de apoyo almás débil, es una lección compartida en la expe-riencia de los tres casos.

En vez de escalamiento proyectar la escala delconflicto. En medio de las diferencias, los trescasos de intervención exhiben una tendenciacomún que es pasar desde el nivel micro o localde manejo del conflicto, a una escala provincialde diálogo sobre el conflicto socioambiental: enEl Oro pasó desde el conflicto en El Guabo a loscomités de gestión provinciales, en el Bloque 10desde el conflicto en El Campo Villano al diálo-go provincial con los gobiernos seccionales, enZamora desde el conflicto en Los Encuentros alforo minero ambiental provincial. Este pasodemuestra que, en la práctica, las ONG y losactores comprendieron la necesidad de respal-dar los arreglos del conflicto en un marco con-sensuado de acciones y políticas públicas am-bientales.

Detrás de este ascenso desde la localidad a laprovincia, está el esfuerzo por insertar el mane-jo del conflicto en una institucionalidad mayor,que englobe los comportamientos de las partesen un marco de acuerdos públicos y territo-riales; es una manera de evitar que los conflictosderiven hacia situaciones de escalamiento eintensificación de las confrontaciones. La expe-riencia de los tres casos enseña que, en labúsqueda de una efectiva estrategia de preven-

ción de los conflictos socioambientales, hayque distanciarse del posible escalonamientodel conflicto, trasladando la dinámica haciauna escala territorial de diálogo sobre lasresponsabilidades públicas en los conflictos ylas dinámicas socioambientales.

Información adecuada y oportuna permiteorientar el conflicto. Las tres experiencias sonreveladoras de que, disponer de informacióntécnica en los momentos claves del conflictosocioambiental, permite registrar los distin-tos niveles de las confrontaciones, precisar elalcance de los antagonismos e intereses con-trapuestos entre las partes, así como detectarlas fricciones entre los actores locales y susorganizaciones, esto es los conflictos intra einter-comunitarios; lo que en conjunto posi-bilita advertir los factores de aceleración ycontención del conflicto, así como establecerlas mejores orientaciones estratégicas para laacción.

Las tres experiencias metodológicas sonaleccionadoras sobre la importancia derespaldar el manejo de los conflictos socioam-bientales con información de calidad y opor-tuna, la que deviene en condición para llevarla confrontación a la mesa de diálogo, ydesembocar en negociaciones con posibili-dades de acuerdos realistas y aplicables enplazos razonables. Los acontecimientos de ElGuabo, Los Encuentros y el Campo Villanoenseñan que el acceso y difusión de informa-ción de calidad fue decisiva en la transforma-ción de los conflictos.

La participación ciudadana es la base para lanegociación en los conflictos. La transforma-ción de las tensiones en mesas de diálogo ynegociación durante los conflictos minero,petrolero y bananero, y su posterior desenlaceen foros de debate provincial y comités degestión, sólo fue posible porque lasmetodologías de intervención sintonizaron

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con la voluntad de participación de los actoreslocales afectados por los daños ambientales. Laexperiencia conjunta de los tres casos es sufi-ciente evidencia de la importancia de aplicarmétodos participativos en el manejo de los con-flictos socioambientales, que aseguren la trans-formación del conflicto en dirección a accionescolaborativas entre las partes.

Las intervenciones en los tres casos enseñaronque la participación ciudadana contribuye acanalizar las expectativas y percepciones de losactores locales en los resultados del conflicto,porque recoge sus visiones sobre los recursosnaturales y sus expectativas de acceso, manejo yconservación. Asimismo, la participación ciu-dadana en los tres casos relativizó los factorespolíticos que incidieron en el curso de los con-flictos, abriendo incluso oportunidades para eldiálogo y la concertación. La experiencia demanejo de los tres conflictos socioambientales,es aleccionadora de que los métodos participa-tivos son necesarios para asegurar pluralidad ylegitimidad en la transformación del conflicto,incluso en contextos de politización de los even-tos.

La reflexión compartida contribuye a la trans-formación del conflicto. El desenlace de losacontecimientos en los tres casos fue reveladordel papel estratégico que cumplió la PLASAdurante su acompañamiento a las interven-ciones. Cada equipo de facilitación adoptó posi-ciones respaldadas en la reflexión colectiva de laPlataforma, pues las metodologías evolu-cionaron en dirección a los actores locales, sefortaleció el diálogo entre las partes y se bajaronlas tensiones como efecto de aplicar susrecomendaciones. La experiencia colectivaenseña que la retroalimentación entre los nive-les de la Plataforma, equipos de facilitación yactores fue decisiva, no solo por las sugerenciaspara la acción, sino porque la gente en losescenarios de los conflictos también se siente

integrante de la PLASA, al tiempo que elencuentro entre ésta y los actores localesenriquece al conjunto de instituciones.

En la práctica, cuando se enfrenta un conflic-to y se requieren de distintos apoyos, losactores locales reconocen la importancia delanálisis, la difusión de información y el inter-cambio de experiencias, especialmente laparte más débil que generalmente se enfrentaal conflicto “con las primeras herramientasque tiene a mano”. La experiencia enseña quepor medio de la reflexión colectiva, las partesvisualizan las opciones de transformación delconflicto, las que no siempre están clarasporque se distorsionan con las maniobras delas confrontaciones. La relación entre laPLASA y los casos de intervención, esindicativa de un esfuerzo compartido porinstitucionalizar una cultura colaborativa demanejo de conflictos entre sus miembros, laque va de la mano con el esfuerzo por imple-mentar una línea de fortalecimiento de suscapacidades institucionales.

6. HACIA EL FORTALECIMIENTO METODOLÓGICO DE LA PLASA

Como se ha visto, los conflictos socioambien-tales de naturaleza estructural desafían lascapacidades de desempeño de los equipos queasumen la facilitación del manejo de conflic-tos, así como las destrezas de los actoreslocales durante los diálogos y negociacionesentre las partes. No se pueden enfrentar exi-tosamente conflictos de gran envergaduracon intervenciones transitorias, de cortoalcance, o con procedimientos rígidos; serequiere del manejo flexible y eficiente de losconflictos socioambientales, por parte deentidades con misión institucional por la re-solución de conflictos, y que dispongan de unmenú de opciones metodológicas probadas.

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La PLASA tiene miembros con vocación para elmanejo colaborativo de conflictos. Si se reúnentodos los métodos usados y/o conocidos por losmiembros de la Plataforma y sus respectivasredes, el repertorio de métodos y técnicas spro-bablemente será mucho más amplio, potencián-dose por su condición de ser un espacionacional para el debate de las políticas ambien-tales en el país. De ahí que, canalizando ade-cuadamente sus fortalezas y recursos con finesde aprendizaje, se puede fortalecer la capacidadmetodológica instalada de cada uno de losmiembros y de la Plataforma en conjunto.

La finalidad sería lograr que las institucionesmiembros de la PLASA adopten el manejo deconflictos como una estrategia de trabajoprioritaria, y que los enfoques de prevención deconflictos se integren dentro de la práctica orga-nizacional, de manera que sus intervencionestengan siempre algún dispositivo para el mane-jo de conflictos. En otras palabras, se busca quelos miembros adopten y desarrollen una culturacolaborativa para el manejo y resolución de con-flictos socioambientales.

Con base en la experiencia acumulada por laPlataforma, se reseña a continuación unapropuesta para el fortalecimiento metodológicode la PLASA que tiene los siguientes objetivosespecíficos:

Entrenar a las organizaciones interesadas enla comprensión teórico-práctica de los con-flictos socioambientales, y en el desarrollode las destrezas analíticas indispensablespara la transformación de las confronta-ciones en una situación de conflicto.

Estimular la incorporación de métodos,técnicas y herramientas operativas para eltratamiento participativo de conflictos,dentro de la práctica institucional de susmiembros.

Desarrollar las destrezas operativas entreel personal de los equipos de facilitaciónde las entidades miembros, con elenfoque de prácticas reflexivas para elmanejo de conflictos.

En el cumplimiento de los fines de fortale-cimiento metodológico, los siguientes crite-rios pedagógicos pueden ayudar a encaminarlas actividades de adiestramiento:

Integrar equilibradamente los nivelesteórico-conceptual, político y metodológi-co en un programa de aprendizaje conenfoque de prevención, que tenga comosalida una perspectiva constructiva de losconflictos socioambientales.

El aprendizaje no es solo la incorpo-ración de destrezas, sino también la inte-riorización de discursos, a través delintercambio de experiencias que con-frontan los métodos con las prácticas;además del entrenamiento en terrenocon las discusiones sobre un caso deter-minado, se aprende analizando los con-flictos.

Empezar el aprendizaje con conflictosmanejables que tienen potencial de inci-dencia en ámbitos intercantonales yprovinciales, de manera que permitan iradaptando los métodos en función de lascaracterísticas de los procesos, hastatransformar los conflictos en procesos degestión socioambiental.

Acompañamiento práctico en el manejode conflictos socioambientales para apren-der de la experiencia durante la gestión deconflictos, aplicando métodos y técnicasde resolución y/o construcción de conflic-tos que sean sencillas y a escala de losactores y sus demandas. Se puede apren-der mientras se resuelve un conflicto.

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Impulsar la capacitación en terreno enrespuesta a las demandas de los actores deun conflicto, realizando no solo eventos decapacitación con simulaciones de conflic-tos, sino en los escenarios reales de con-frontación, mediación, facilitación, diálo-go y negociación de los conflictos socioam-bientales.

Dada la diversa integración de la Plataforma enla que hay redes de organizaciones, agenciasinternacionales de apoyo al desarrollo sus-tentable, ONG ejecutoras de proyectos y cen-tros de educación superior, todos con diferentesniveles de inserción y grupos de destinatarios, elesfuerzo de fortalecimiento metodológicopodría diferenciar las siguientes líneas deacción:

En el nivel de base, dirigir los esfuerzos deentrenamiento a organizaciones y grupossociales que sean destinatarios, beneficiarioso asociados de las instituciones miembros dela Plataforma, y que se encuentren en condi-ciones de actores dentro de conflictos.

En el nivel técnico, focalizar el adies-tramiento en los equipos técnicos de lasONG afiliadas, que están asumiendo fun-ciones de facilitación en las distintas fasesde los conflictos sociambientales, en susrespectivos lugares de intervención.

En el nivel público, apoyar con entre-namiento puntual a los gobiernos sec-cionales provinciales, municipales y parro-quiales que enfrentan conflictos socioam-bientales en las áreas de intervención de lasinstituciones miembros de la Plataforma.

En el nivel más amplio, ofertar programaspuntuales de entrenamiento en metodologíasde resolución de conflictos a las organiza-

ciones sociales interesadas y que operan enel entorno de las instituciones miembrosde la Plataforma, en una línea del tipoasistencia técnica.

Sin desmedro de que pueda haber numerososcampos temáticos para el fortalecimientometodológico, los miembros de la PLASAentrevistados identificaron las siguientesáreas de capacitación prioritarias:

Enfoque de género. Con la finalidad de insti-tucionalizar los temas de género dentro delmanejo de conflictos, se requiere capacitarsistemáticamente a los actores, partes yequipos durante una confrontación, demanera que permita transversalizar el géneroy no quede como algo inicial que luego seabandona. El entrenamiento con enfoque degénero debe dirigirse a todo el ciclo del con-flicto, desde el diagnóstico a la transforma-ción y cubrir todos los eventos que se reali-cen.

Manejo de SIG. Apoya la información técni-ca en los momentos del conflicto socioam-biental y facilita el diálogo entre los actores,ya que al graficar espacialmente los distintoscomponentes del territorio se entienden losdiversos intereses sobre los recursos naturalesen disputa, y el diálogo se resume en mate-rial concreto como los mapas. La informacióngeoreferenciada es una herramienta noaprovechada como síntesis de la informacióncientífica en el tratamiento del conflicto, losdatos adquieren objetividad dentro de unmapa y las interpretaciones son diferentes, esun instrumento que permite combinar losdatos en el territorio durante el conflicto.

El SIG puede usarse como una herramientaapropiada, por su potencial comunicativo,para el tratamiento de la informacióndurante la fase de diagnóstico del conflicto,contribuyendo al mejor conocimiento del

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entorno físico y al diseño de estrategias de con-trol territorial, monitoreo y evaluación comoparte de las transformación de un conflictosocioambiental.

Asimismo, el SIG es un instrumento que facili-ta el análisis de los conflictos en un escenariomás amplio, ya que permite la lectura integradade los factores del conflicto en relación conjurisdicciones territoriales y espaciales de mayoralcance como son los cantones, provincias,regiones, ecosistemas, zonas de vida y biore-giones.

Políticas ambientales y descentralización.Adquisición de destrezas para insertar los con-flictos en el ámbito de las políticas públicasambientales y los marcos de acción descentra-lizada, que transfieren competencias a los nive-les subnacionales, identificando los roles de losgobiernos locales en la institucionalización delmanejo de conflictos. La dimensión política delos conflictos supone reconocer la multiplicidadde actores en el escenario del conflicto, lasresponsabilidades mutuas de gobiernos,sociedad civil y empresas y sus interseccionesque redefinen el ámbito de lo público en el con-flicto socioambiental.

Normativa ambiental. Manejo de la legis-lación ambiental de carácter nacional, secun-daria, sectorial y seccional que contiene la nor-mativa de regulación, sanción, mitigación de losprocesos y procedimientos ambientales en elpaís, los acuerdos internacionales, las 22 com-petencias ambientales descentralizadas y suaplicabilidad real en distintos escenarios demanejo de conflictos.

Derechos colectivos. En contextos de granasimetría hay que fortalecer las capacidadeslocales y la vigencia de los derechos humanos,las condiciones de equidad de los actores y laspartes desfavorecidas en los conflictos; los li-neamientos metodológicos requieren considerar

estos aspectos. Asimismo, en contextos deculturas vulnerables y excluidas se requierencriterios de discriminación positiva, coadyu-vando a que se conozca mejor sus aportes ala gestión ambiental, desde una perspectivaconstructiva de los conflictos.

Métodos de manejo de conflictos. Poner enevidencia que se dispone de un amplio menúde métodos colaborativos estimula la inser-ción de los miembros en la Plataforma, paralo cual cabe avanzar en la identificación de losinstrumentos más utilizados y demandados,de manera que quienes están inmersos enconflictos tengan posibilidades de preverescenarios alternativos y contar con hojas deruta flexibles para sus intervenciones. Entrelas mayores demandas de entrenamientometodológico está la necesidad de adquirirdestrezas para un buen análisis del conflicto ypara delinear el camino más adecuado deintervención, y demanda por aprender a sus-tentar las intervenciones sin caer en la depen-dencia de los especialistas externos que diag-nostican aunque se equivoquen.

En los aspectos instrumentales la mayordemanda es de técnicas y herramientas queno tengan estándares elevados para su imple-mentación, sino instrumentos precisos y alalcance de la gente para que desde el inicio sefortalezcan a los actores locales; hay interés enaspectos como disponer de herramientas paraidentificar conflictos (actores, intereses, posi-ciones), las fortalezas de las partes, las diver-sas formas de manejo del conflicto, media-ciones y facilitación, cuándo se puede y nonegociar, las estrategias de incidencia, formasde sintetizar y comunicar mensajes para eldiálogo entre las partes, los pasos de las mesasde concertación y del taller de consensos,entre otras demandas instrumentales.

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7. CONCLUSIONES

El manejo participativo de conflictos socioam-bientales es un campo de interés estratégico enel país, que cuenta con más de quince años deexperiencias, muchas de las cuales no han sidotodavía sistematizadas, evidenciando, sinembargo, una importante evolución de losmétodos y técnicas disponibles para interveniren situaciones de conflicto. Las experienciasmetodológicas de manejo de conflictos en ElGuabo, Los Encuentros y el Bloque 10 ratificanla importancia de contar con un espacionacional que permita apoyar, prestar asistenciatécnica y analizar comparativamente situacionesmanifiestas o potenciales de conflictos socioam-bientales, validando, al mismo tiempo, lavocación asociativa de la PLASA.

Las tres experiencias de manejo de conflictosauspiciadas por la Plataforma asumieron comoorientación común el diálogo y la negociaciónpara conducir los conflictos hacia salidas con-certadas; en el camino confluyeron en unmismo arreglo institucional en favor del actordébil y aprendieron a convocar a las otras partesdel conflicto. En el nivel operativo, laPlataforma tiene un acumulado importante demetodologías que provienen de sus miembros,las que se reflejan en cinco grandes enfoquesestratégicos que se adaptan constantemente conmúltiples variaciones; sin embargo, para laintervención en los tres casos se adoptó elenfoque de diagnóstico, diálogo y negociación,el mismo que para su implementación requiriórespaldarse en otros métodos y técnicas, hechoque ratifica el carácter ecléctico del manejo deconflictos socioambientales.

En los hechos, los métodos adoptados seenriquecieron porque requirieron de amplia-ciones y avances en dirección a la concertaciónpública y la integración territorial. No sucedióasí con el enfoque de equidad de género, puesto

que todos los equipos de facilitación en losconflictos minero, petrolero y bananero a lahora de adoptar el enfoque de equidad degénero para el manejo de conflictos, limi-taron su aplicación a una parcial aceptaciónen El Guabo y un leve acercamiento en elBloque 10, aunque como producto institu-cional de la PLASA se avanzó en la formu-lación de una propuesta metodológica queincorpora el enfoque de género en los conflic-tos socioambientales.

En los tres casos se experimentaron procesosde ampliación de la escala del conflicto, puespasaron desde intervenciones micro cen-tradas en el escenario local del conflicto, aproyectarlos a escala provincial con fines deinstitucionalizar los conflictos en debatespúblicos sobre las políticas ambientales terri-toriales. El proceso fue rico en lecciones yaprendizajes de la experiencia, tanto en cadacaso como en el conjunto de la experienciainterinstitucional, lo que arroja enseñanzasclaves que se recogieron en la propuesta defortalecimiento metodológico para laPlataforma.

Del punto de vista técnico, lo acontecido enlos tres casos de intervención con la colabo-ración de las diversas ONG y organizacionesvinculadas a la Plataforma, ratifica que losmétodos de manejo de conflictos se desem-peñan adecuadamente en el nivel delconocimiento, esto es en su capacidad diag-nóstica, que están avanzando en el nivel de laacción a través de adaptar técnicas y he-rramientas para el diálogo y la negociaciónentre las partes durante una confrontación.Sin embargo, se muestran todavía débilespara insertar las dinámicas de los conflictosen el nivel de las políticas públicas ambien-tales, pues tratándose de conflictos de carác-ter estructural los métodos de diálogo y nego-ciación son necesarios pero insuficientes, laconcertación si bien permite acuerdos y sali-

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das inmediatas al conflicto, no alcanza a susten-tar las expectativas de transformación en ellargo plazo, que demandan de nuevos métodoscon alcance público para el manejo de los recur-sos naturales en condiciones de sustentabilidad.

Este es el umbral en que se encuentran las expe-riencias metodológicas auspiciadas por laPLASA, las que han sabido enrumbar las expec-tativas locales hacia el diálogo y la negociaciónentre las partes, diseñando acuerdos conjuntos,pero en los tres casos haber encontrado unasalida inmediata al conflicto no significa que sehayan resuelto los problemas socioambientalesde fondo en cada localidad, estos están ahí,todavía hay que seguir tratándolos, perorequieren nuevos apoyos metodológicos demayor alcance para evolucionar hacia políticasde desarrollo sustentable que efectivamentetransformen los conflictos estructurales endirección a la equidad y el bienestar colectivo.Hay desafíos metodológicos en esta nueva fron-tera de manejo público y territorial de los con-flictos socioambientales, los que representan elpróximo paso en la búsqueda de métodos inno-vadores y participativos para el manejo de con-flictos socioambientales, que al igual que enotros campos del desarrollo, significan el saltodesde métodos de proyectos a métodos de pro-cesos.

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ENTREVISTAS

Barrera Carmen, ALDEA, 5-04-2005

Balarezo Susana, CEPAM, 3-05-2005

Cárdenas Carla, CEDA, 29-04-2005

Cisneros Miriam, Comité de Gestión Vida y Medio Ambiente de El Guabo, 26-04-2005

Delgado Delia, MMO, 26-04-2005

Dumas Juan, FFLA, 11-04-2005

Fierro Mariana, Asociación Femenina 8 de marzo, 25-04-2005

Freire José Luis, ECOLEX, 6-06-2005

Fontaine Guillaume, FLACSO, 15-06-2005

Ernst Miriam, CEPAM, 3-05-2005

Jiménez Arturo, ARCOIRIS, 4-04-2005

Luna Javier, ARCOIRIS, 25-04-2005

Maldonado Ana María, ALDEA, 5-04-2005

Maldonado Paola, EcoCiencia, 3-05-2005

Morán Edmundo, ECOLEX, 6-06-2005

Rivadeneira José, CEA, 20-04-2005

Ortiz Pablo, COMUNIDEC, 18-04-2005

Quispe Marcelino, Asociación Familia Unida de la Parroquia La Iberia, 26-04-2005

Varea Anamaría, PPD-PNUD, 29-04-2005

Valentín Solá, Seguro Social Campesino, 26-04-2005

Vásconez Sigrid, Conservación Internacional, 29-04-2005

Villamarín Gabriela, FFLA, 11-04-2005

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