apatridia en el contexto de república dominicana

Junta Central ElectoralGarantía de Identidad y Democracia

“La Apatridia en el Contextode la REPÚBLICA Dominicana”

SANTO DOMINGO,REPÚBLICA DOMINICANA

2015

Dr. Roberto Rosario Márquez

“La Apatridia en el Contexto de la República Dominicana”

DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ

Diseño, maquetación y arte final:DIONI H. PEÑA DE LEÓN

Portada: DIONI H. PEÑA DE LEÓN

Santo Domingo, República DominicanaMarzo, 2015

Junta Central ElectoralAv. Gregorio Luperón esquina Av. 27 de Febrero,

Plaza de la Bandera, Santo Domingo, República Dominicana

Tel.: 809-539-5419 • www.jce.do

Dr. Roberto Rosario MárquezPresidente de la Junta Central Electoral

Presentación

En organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al estudio y monitoreo de los Derechos Humanos; en círculos intelectuales; y en todo el tejido social y político de República Dominicana; se ha desatado un profuso debate sobre el tema del “riesgo de apatridia masiva” de los hijos de extranjeros irregulares, nacidos o radicados en territorio nacional.

Sobre el particular, el presidente la Junta Central Electoral, fue invitado por un conjunto de organizaciones cívicas e instituciones educativas, a disertar sobre el tema “La Apatridia en la República Dominicana”.

Esta disertación despertó gran interés en los ambientes académico, político y social, que de alguna manera han estado requiriendo información sobre el contenido de lo expuesto.

Por esa razón, ponemos a disposición del público este ensayo, en su versión original, acompañado de una traducción libre al inglés, realizada por funcionarios de la embajada de República Dominicana en Bruselas, la cual fue remitida por cortesía del embajador Alejandro González Pons.

Esperamos que este documento aporte al esclarecimiento del tema en cuestión, en el contexto de nuestra realidad, contribuyendo así a “que cien flores se abran y compitan cien escuelas del pensamiento”, para que se conozca en su justa dimensión, la realidad en esta materia.

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“La Apatridia en el Contexto de la República Dominicana”

El concepto de la apatridia adquirió mayor relevancia en nuestro entorno, nacional y regional, a partir de septiembre del 2013, como consecuencia de una sen-tencia emitida por el Tribunal Constitucional; esto, debido a la diversidad de interpretaciones originadas por sectores con criterios diametralmente opuestos, y por cuestionamientos de algunas entidades interna-cionales, y aliados locales, que percibieron la misma como generadora de apatridia.

Sin embargo, el tema no es nuevo. Como sucede con la mayoría de los conceptos, el de apatridia surgió para designar una realidad anterior, que en este caso subsiste desde hace varios siglos. El Derecho Romano nos legó en particular, la capitis deminutio, en su formalidad media, involucrando a los ciudadanos/as a quienes el Estado imponía como castigo el destierro, “por considerárseles

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contrarios a los intereses del pueblo”; teniendo como consecuencia la pérdida del ius civitatis.

En épocas donde predominaban gobiernos cuya legitimidad se sustentaba en la fuerza y la voluntad divina, el desamparo de personas por parte del Estado, y la orfandad de una patria jurídica, podía pasar inadvertido; amén de la ausencia de medios de propaganda, de difusión y de libertad de expresión -en las dimensiones actuales- características éstas propias del desarrollo que había alcanzado la humanidad. Además, cuantitativamente los casos eran reducidos, en comparación con estos tiempos.

El momento histórico donde las personas carentes de nacionalidad llaman la atención en tanto conjunto humano, fue a mediados del siglo XIX, como resultado de las revoluciones europeas y su consiguiente ola migratoria. Los suizos, para identificarles, les denominaban “heimatlos: Sin patria”; tal como consta en el artículo 56 de su Constitución del 18481.

La palabra “apátrida” procede del griego mateís – lvos, patria, con el prefijo “a”, para designar a quienes jurídicamente NO tienen patria. El término se comenzó a utilizar en los primeros años del siglo XX2. Se conocen otros calificativos para referirse a la apatridia, utilizándose por el ejemplo el de “apolidia” y su derivado apólide, originado en la doctrina italiana, aunque con escasa aceptación en otros países.

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1168/7.pdf

2 Diccionario legal. http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Anulaci?n&hasta=Apersonarse&lang=es

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La Apatridia en el Contexto de la República Dominicana

Fue a partir de la Primera Guerra Mundial cuando la apatridia se convirtió en preocupación para los organismos internacionales, y la doctrina jurídica la asumió como objeto importante de estudio. Los imperios Austrohúngaro, Otomano, y Zarista, tenían entre sus características sociológicas principales, poblaciones con diversidad étnica, que se disgregaron y lucharon entre sí, cuando se rompió la cohesión de los Estados que los sostenían, produciéndose un flujo migratorio nocivo para millones de seres humanos.

Los enfrentamientos fratricidas, las luchas étnicas, la desconfianza entre las naciones y la necesidad de hombres para conformar ejércitos (tropas de combate) en lo que ya se perfilaba como un próximo enfrentamiento bélico, que sería la Segunda Guerra Mundial, creó una situación contradictoria en varios países europeos en la década de los 20s. Los Estados perseguían a grupos internos, se resistían a que emigraran y eran reacios a conceder facilidades en sus territorios para inmigrantes. “El período de entreguerras, con sus convulsiones políticas y el ascenso de regímenes totalitarios que perseguían a parte de su población, ya fuera por motivos étnicos o políticos, se convirtió tristemente en uno de los momentos en los que la apatridia tuvo un mayor auge”3.

En el libro Rilke apátrida4, el escritor Antonio Pau describió las condiciones de uno de los tantos poetas que

3 Herías Fernández, Borja Manuel. Ibid.4 Madrid : Editorial Trotta, S.A., c/2011.

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vivieron esa experiencia, esa coyuntura histórica, él nos la narra de la siguiente manera:

“Hay un momento decisivo en la vida de Rilke: cuando el poeta, apátrida de corazón, se convierte también, para la sociedad y el derecho, en apátrida. Aunque vivió siempre desligado de las cosas del mundo –todas las suyas cabían en una maleta cuando cambiaba de residencia- y habitó en ese espacio interior, el Weltinnenraum5, donde todo adquiría una dimensión trascendente, su mayor desgarro del entorno se produce en 1919: ha terminado la guerra, se ha deshecho el imperio austrohúngaro al que pertenecía,

y no sabe a dónde ir…”.

El ser un “apátrida de corazón” le evitó amarguras internas, pese a las incomodidades propias de alguien que carece de documento válido para transitar en las fronteras. No obstante, nunca superó los pesares de la guerra, y se expresó de la siguiente manera: “Desde hace un año avanzo, paso tras paso, por un desierto de asombro y de dolor”, y en un diálogo poético con la tierra, le dice: “… Créeme, no hacían falta tus primaveras para ganarme: una, una sola ya es demasiado para la sangre”. Respecto a esa guerra, de la cual emanaron los primeros apátridas en masa, el poeta declamó:

“No me exaltan los gritos

de las fieras luchas entre las naciones,

porque no estoy en ningún bando;

porque no está el derecho ni en uno ni en otro”.

5 Weltinnenraum es la propia conceptualización otorgada por el artista al espacio interior.

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Estos versos describen el drama humano de estas personas, arrojadas de repente a la incertidumbre. Precisamente el 15 de diciembre de 1922, el gobierno ruso emitió un decreto despojando de nacionalidad a la mayoría de sus refugiados en otros territorios, que desde 1919 habían iniciado su huida. La cantidad ha sido calculada en aproximadamente 1,750,000 personas.

La doctrina atribuye a este hecho el inicio de la “apatridia en gran escala”6. Situaciones similares sucedieron con armenios, perseguidos por los turcos desde 1915; refugiados de origen étnico asirio; e italianos que huían del fascismo. Estos últimos grupos fueron considerados apátridas de facto, pues aunque no habían sido despojados de su nacionalidad a través de actos jurídicos, y conservaban sus documentos; estaban impedidos de regresar a sus países, no recibían protección de sus autoridades, y no podían registrar la nacionalidad de sus descendientes en el lugar de sus domicilios.

En esa situación, correspondió a la Sociedad de Naciones asumir la solidaridad y defensa de los apátridas. Fue pionera en la creación de un modelo para frenar la apatridia, objetivizando como estrategia enfrentar sus causas, junto a un plan práctico para aliviar la situación de sus víctimas. Esto último fue logrado en parte, estableciendo acuerdos políticos con y entre los Estados, para otorgarles estatus a estas personas; también se dotó a los desnacionalizados de un documento para movilizarse, llamado “Pasaporte

6 Ibid. Pág. 14.

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Nansen”, en honor al noruego Frijdtof Nansen, primer Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los Refugiados.

En octubre de 1933, fue celebrada en Ginebra la Primera Conferencia Internacional sobre los Refugiados, cuyos postulados sirven de guía para las políticas trazadas a nivel internacional respecto a los apátridas. En ella fueron aprobados derechos importantes a los refugiados y apátridas, a tener en cuenta por los Estados donde residían. Entre éstos está el de salir y regresar al país de domicilio, utilizando el “pasaporte Nansen”, a la educación, a la protección social, laboral, judicial, y a un tratamiento igual al de los nacionales en lo relativo a la contribución fiscal. Se estableció el estatuto personal, de acuerdo a las leyes de su país de origen o de domicilio.

En 1938, la Sociedad de Naciones creó la Oficina para el Alto Comisionado para los Refugiados “Nansen”, que luego se extendió a todas las personas refugiadas y apátridas, aunque en la práctica, puso énfasis en las víctimas de los nazis y en los Republicanos españoles.

El 14 de diciembre del 50, la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó constituido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Originalmente fue concebido para disolverse después de tres años de actividades, pero ha extendido su existencia por 64 años.

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Cuatro años después, con el auspicio de la ONU, fue celebrada la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que entró en vigor el 06 de junio de 1960, vinculando los derechos y deberes jurídicos de los apátridas con el domicilio. Los derechos de los apátridas fueron ampliados, definidos y delimitados.

Puede decirse que estos estatutos son la aplicación concreta de la Declaración de los Derechos Humanos a este sector, que siguió extendiéndose durante las últimas décadas del siglo pasado, primero como parte de la corriente independentista, y luego como consecuencia del fin de la guerra fría. ¡Oh paradoja de la vida! Dos acontecimientos tan positivos influyeron en uno tan negativo.

Según ACNUR, desde 1971, más de 200 mil biharíes se consideran paquistaníes, rechazando la nacionalidad de Bangladesh, a raíz de la independencia de esta nación. En Nepal continúan en campamentos aproximadamente 100 mil nacionales de Bután, a los que las leyes de ciudadanía aprobadas por este último país en 1980 excluyen como butaneses. En el 81, disposiciones legales en Zaire dejaron sin ciudadanía a miles de personas; 68,000 fueron expulsadas de Etiopía en 1998, por ser consideradas nacionales de Eritrea, en momento en que estas dos naciones estaban en guerra. Ambos países se han resistido a admitirlos como sus ciudadanos.

De “unas 75,000 personas” expulsadas de Mauritania en el 89-90, a causa de luchas entre etnias, aproximadamente 30 mil permanecen en Senegal, despojados de la nacionalidad. En el Golfo Pérsico, unos 360 mil viven sin ser ciudadanos de ningún país, debido a los enfrentamientos étnicos y a las guerras de fin del siglo pasado.

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En un documento titulado El Desplazamiento de la Antigua Región Soviética7, la ACNUR establece: “Como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, millones de personas tuvieron que conformar un nuevo estatuto de ciudadanía. Un ciudadano de la antigua Checoslovaquia, ¿era ahora checo o eslovaco? Una persona nacida en Belgrado, criada en Sarajevo, casada con otra de Zagreb y residente en Liubliana, ¿era ciudadana yugoslava, bosnia, croata o eslovena? Los nuevos Estados surgidos de estas desintegraciones establecieron sus propios criterios de ciudadanía. En algunos casos, las personas que no cumplían esos criterios se convirtieron en «apátridas»; en otros, no lograron adquirir la ciudadanía en el país donde vivían”.

Concluido este periplo histórico, procede, en este momento, detenernos a desarrollar el concepto de apatridia.

Veamos:

Algunos autores establecen diferencia entre “apátridas iure” y “apátridas de facto”. Los primeros carecen de nacionalidad, por nunca haberla tenido o porque la perdieron; los segundos, han tenido el amparo de los países en que nacieron y de los cuales fueron nacionales, pero sus autoridades les han negado la protección, o ellos mismos la han declinado. Nosotros agregamos los que podríamos denominar “apátridas por ignorancia”, para referirnos a personas y sus descendientes que han sufrido marginalidad y/o desconocen sus derechos a ser educados y documentados, transmitiendo a sus hijos este

7 http://www.acnur.org/publicaciones-SRM/tabla81.php

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pesado fardo: un desamparo doloroso e innecesario, que en sentido general se asocia a quienes se encuentran en condiciones de pobreza.

El escritor Paul Weis, muy versado en temas migratorios, distingue además, entre apatridia originaria y apatridia sobrevenida. La primera, aplicada a quienes son despojados de su nacionalidad, y la segunda a quienes nacen sin ella. Una vía aportada por el derecho internacional para neutralizar esta última categoría, la ofrece el artículo primero de la Convención para Reducir los Casos de Apátrida (citamos):

“Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. (…)”

El concepto y su tratamiento en la doctrina jurídica internacional, es explícito y categórico, lo que nos permite afirmar lo siguiente: una persona o un grupo de personas es apátrida por condiciones ajenas a su propia voluntad; por causas emanadas de coyunturas específicas en sus naciones o donde nacen, o en aquellos casos a los que está vinculada por el Derecho.

La categoría de apátrida no puede ser asumida de manera caprichosa o antojadiza, por individuos o grupos de personas, como muchos pretenden. Por ejemplo, los migrantes, regulares o irregulares, en aras de ampliar las oportunidades de bienestar, o los refugiados para garantizar su seguridad física.

Obviamente, desde el punto de vista humano, cualquier manifestación de apatridia es un gran desafío para la comunidad internacional, y para quienes, a lo interno de cada nación, nos sentimos identificados de manera honesta, con la preservación de los derechos humanos.

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Weis compara los apátridas con la res nullius, que en el Derecho Romano se refería a “cosas de nadie”. En la obra Nationality and Statelessness in International Law (Nacionalidad y Apátridas en el Derecho Internacional) el referido autor expone que la nacionalidad es el principal vínculo entre las personas y las leyes Internacionales; que las reglas de estas últimas están vinculadas a la protección diplomática y se fundamentan en el principio de que la nacionalidad es una condición esencial para la seguridad de los individuos en la esfera mundial.

Históricamente la condición de apátrida ha sido confundida con la de refugiado, desplazado interno e inmigrante. Tal vez esa confusión subliminal ha inducido a grupos por el camino equivocado, de ver apátridas en personas que se encuentran en otra categoría migratoria; razón por la que algunos autores consideran necesario dedicar espacios a establecer las diferencias entre éstas, aunque en el lenguaje coloquial los conceptos aludidos se consideren conocidos o relacionados.

El refugiado es alguien que tiene temores fundamentados para emigrar del país del que es ciudadano o resistirse a ingresar a él, llegando incluso a rechazar la protección que su Estado le ofreciere. Siente el temor de una persecución a causa de su condición racial, de sus convicciones religiosas, de vínculos étnicos con grupos discriminados y maltratados, y/o pertenencia a conglomerados beligerantes contra el Poder establecido8. Dentro de éstos, a quienes por una o varias de estas razones se movilizan dentro de sus países, se les considera desplazados internos.

María Alejandra Salazar Rojas, al conceptualizar sobre los inmigrantes, nos dice que abarcan a las personas “que

8 Salazar Rojas, María Alejandra. La Ciudadanía de Los Apátridas: Una Perspec-tiva Utópica en la Actualidad.

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emigran de una frontera (s) a otra (s) con finalidades relacionadas a aspectos laborales y que, abandonan su Estado voluntariamente con proyección de establecer su residencia en el país receptor”.

Para esta experta en la materia, “(…) el hecho de que haya seres humanos que carecen de nacionalidad es una amenaza tanto a los valores más elevados que inspiran al Derecho Internacional como a la seguridad y a la soberanía misma de los Estados que conforman la Comunidad Internacional”9.

Este tema, inicialmente fue estudiado por un comité de expertos en Derecho internacional, creado por la Asamblea de la Sociedad de Naciones, en el convenio concerniente a determinadas cuestiones relativas a conflictos de leyes de nacionalidad, celebrado en La Haya, donde se expuso el ideal y la necesidad de un esfuerzo de la comunidad internacional, y un compromiso para abolir la apatridia.

En el marco de este evento, se constató que las causas principales de la apatridia están vinculadas históricamente a las luchas fratricidas, a sus manifestaciones bélicas -algunas milenarias- a respuestas de conglomerados humanos frente a imposiciones; a incapacidades de gobernantes para comprender la esencia heterogénea del pensamiento; y a la intolerancia de quienes en determinados momentos históricos detentan el Poder en naciones con diversidades étnicas; entre otras.

Se han tipificado las siguientes causas10:

• Transferencia de soberanía: cuando un Estado desaparece, y la ciudadanía no se traspasa a otro

9 Herías Fernández, Borja Manuel. Ibid.10 UNHCR ACNUR. La Situación de los Refugiados en el Mundo. 2012. http://

www.acnur.es/PDF/sowr_resumen_20121213192819.pdf

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Estado. Ejemplo: Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia en la década de los 90s;

• Conflicto de leyes de nacionalidad: cuando afecta a niños que nacen en un país que solo aplica el principio de ius sanguinis, descendientes de padres cuyo país limita el ius sanguinis a niños nacidos en el extranjero;

• Obstáculos administrativos: cuando se refiere a los Estados que ponen trabas y tasas impositivas excesivas; y

• Diversos tipos de discriminación (étnica, de género, y otros).

Las causas de la apatridia vinculadas a los enfrentamientos bélicos, encuentran dificultades para ser combatidas desde un organismo representativo de fuerzas poderosas y heterogéneas, cuyas decisiones, para ser aplicadas, requieren consenso de las grandes potencias; pues en los enfrentamientos bélicos de envergadura, suele ponerse en juego los intereses económicos y/o geopolíticos de alguna potencia, intereses que predominan frente a los principios del Derecho internacional, cuando éste es adverso a un país de los que pueden vetar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Quienes imponen la razón de la fuerza validan la sentencia de Carlos Marx en su obra Contribución a la Crítica de la Economía Política, que atribuyó a “los economistas burgueses” de su época, olvidar que “el derecho del más fuerte es también un derecho”. Esta “profecía”, si le pudiéramos llamar así, se mantiene desde el 1859 hasta hoy; han pasado 155 años, y la humanidad sigue inmersa en una contienda al parecer “eterna” e irresoluta.

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También puede edificarnos respecto al porqué instrumentos de Poder internacional desconocen los principios que ellos enarbolan, cuando se trata de juzgar las acciones de un país pequeño, cuyas leyes respecto a la nacionalidad y al trato a quienes residen en su territorio, están explícitamente legitimadas por documentos jurídicos consensuados por los Estados. Es como si los conceptos aprobados en los organismos internacionales sobre la apatridia, pudieran ser diferentes de acuerdo al tamaño del país que los aplique, o a los criterios e intereses de las grandes potencias.

Para conocer las obligaciones y deberes de la República Dominicana, contraídos en la comunidad de las naciones democráticas del mundo, en relación al tema que nos ocupa, es importante destacar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, en la cual fueron aprobados derechos importantes para los refugiados y los apátridas; y de alguna manera se diseñó una ruta para reducirla.

Aunque en fecha 05 de diciembre del 1961, suscribió la precitada convención, en nuestro poder reposan sendas certificaciones, emitidas por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y por el Senado de la República, de fechas 13 y 14 de enero del año en curso, en las que se afirma, que en esas instituciones, “no existe archivada ni despachada, la ratificación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia”11, por lo que el Estado dominicano, desde el punto de vista de su legislación, no es signatario estrictu sensu, de la misma.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, mejor conocida

11 Certificaciones suscritas por Ruth Helen Paniagua Guerrero, Secretaria General de la Cámara de Diputados; y Lic. Mercedes Camarena Abréu, Secretaria General del Senado de la República.

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como “Pacto de San José de Costa Rica”, en su artículo 20, en el subtítulo referente al derecho a la nacionalidad, dispone: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra”. Como observamos, en la redacción de ambos instrumentos internacionales, se condiciona la obligación del Estado a conceder la nacionalidad a las personas nacidas en su territorio, sí y solo sí “no tiene derecho a otra”12.

En el capítulo VI de nuestra Constitución, se “reconoce y aplica las normas de derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado”; es más clara al puntualizar que se trata “de convenios internacionales ratificados”; además, establece el compromiso de “actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales (…)”13.

Todo lo enunciado es de capital importancia para comprender las razones jurídicas del Estado dominicano, en cada una de las medidas adoptadas en defensa de su soberanía, frente a los intentos de organismos internacionales, de imponer soluciones a situaciones internas, que como veremos más adelante, de aceptarse, amenazarían la propia existencia de la República Dominicana como nación independiente.

Hemos empleado una parte de nuestro tiempo, para explicar la función y el contenido de la institución de la apatridia, y su evolución histórica; para ubicarnos en el contexto de nuestra realidad, para conocer a ciencia

12 Véase: Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano (Actualizado a abril de 2012).

13 Constitución Dominicana; 2010. Artículo 26

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cierta, la verdad y el por qué sobre la situación creada alrededor de la Sentencia TC/0168/13, y todos los actos subsecuentes a la misma; por lo que les solicitamos un poco de paciencia, para satisfacer ésta, que sabemos es una de sus principales inquietudes.

Iniciamos destacando que en nuestra Constitución se establece, como una función esencial del Estado, “(…) la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad, y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (…)”.

También define cuáles son los derechos y obligaciones de los extranjeros en nuestro país. Dispone que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;” y consagra como un derecho de las personas, desde su nacimiento, “ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería, y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley;”14. Así mismo, establece cuáles son las formalidades y limitaciones de los inmigrantes, regulares e irregulares, para acceder a la nacionalidad. Es evidente que su contenido es de amplio espectro en materia de garantías de derechos.

Fundamentado en estos principios, el Tribunal Constitucional, en su precitada sentencia, reiteró la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en diciembre del 2005, y definió con claridad, por

14 Constitución Dominicana; 2010. Artículos 18, 25 y 55.

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primera vez, el tema objeto de este encuentro, al afirmar en sus considerandos, lo siguiente:

3.1.2. Sin embargo, ninguno de los citados mandatos internacionales aplica al caso que nos atañe, ni a ningún otro caso de similar o de igual naturaleza. En efecto, la negativa por parte del Estado dominicano de otorgar su nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito bajo ninguna circunstancia genera una situación de apatridia. En el caso particular de los hijos de padres haitianos en tránsito, cabe resaltar que el artículo 11.2 de la Constitución haitiana de 1983, aplicable en la especie, estipula expresamente que obtendrán nacionalidad haitiana originaria todos aquellos individuos nacidos en el extranjero de padre y madre haitianos:” “Son haitianos de origen (…) 2.- Todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitianos;

Y agrega…

3.1.3. Obsérvese, por tanto, que dicho texto consti-tucional prevé el principio de sujeción perpetua a la nacionalidad haitiana respecto a los hijos de nacio-nales haitianos, en razón de lo cual se imposibilita la pérdida de dicha nacionalidad una vez adquirida por nacimiento o posteriormente, salvo por el proceso de naturalización en un país extranjero. La nacionalidad haitiana originaria por ius sanguinis ha sido tradicio-nalmente reconocida en la mayor parte de las Consti-tuciones de la República de Haití, desde hace casi un siglo118, comenzando por la Constitución de 1843, y luego las demás Constituciones de 1846, 1849, 1867, 1874, 1879, 1888, 1889, 1946, 1957, 1964, 1971, 1983, 1987 y 2011.

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En sentido contrario al Tribunal Constitucional, algunos tratadistas dominicanos sostienen (citamos) “una persona nacida en nuestro país no es dominicana si tiene derecho a otra nacionalidad, una deducción que en este trabajo nos resistimos a compartir” 15. Otra reacción contraria, en el propio órgano, afirma que “conviene superar la creencia errónea de que el ius soli, excluye al iu sanguinis”16.

En sentido extremo se pronunció la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que atribuyó a la sentencia ser generadora de apatridia, y afectar, a su decir, a un número mayor de 200 mil personas de descendencia haitiana, iniciando de esa manera, una campaña internacional contra el país, con argumentos facilitados por Organizaciones no Gubernamentales, y por ciudadanos/as dominicano/as, elaborados en base a interpretaciones erróneas de los tratados y convenciones internacionales, y de nuestra Carta Sustantiva vigente al momento de ocurrir los hechos, y la actual reformada. Posteriormente, avalados por una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ordena a la República Dominicana “modificar su Constitución”, para adaptarla a su peculiar enfoque sobre este tema.

De su parte, el representante local de la ACNUR presentó, en un evento internacional de esa entidad, el caso de la señora Juliana Deguis, como símbolo de más de 200 mil personas que de acuerdo a su criterio, fueron declaradas apátridas por el Tribunal Constitucional. Bajo el influjo de

15 Arias Núñez, Dr. Luis. El Fenómeno Migratorio: Su Interpretación, Aplicación e Importancia en la República Dominicana. Santo Domingo : Editora Centena-rio SRL, 2014.

16 Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez; voto disidente; Sentencia TC/0168/13

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esta falsa información, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en su último informe, destacó que de más de 10 millones de personas sin nacionalidad que hay en el mundo, República Dominicana tiene 200 mil de origen haitiano.

No es ocioso recordar lo preceptuado en el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que le reconoce el derecho a acceder a la nacionalidad, a los nacidos en un territorio, al hecho incontrovertible “de que no tenga derecho a otra”.

Para determinar si la señora Deguis, y quienes se encuentran en situación similar, reunían las características que configuran el alegado riesgo de apatridia, nos permitimos reproducir el texto del artículo 11 de la Constitución haitiana:

“Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un pėre haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nês Haïtiens et n’avanient jamais renoncè à leur nationalité au moment de la maissance”. (CONSTITUTUION DU 29 MARS 1987 AMENDÉE LE 9 MAI 2011; Article 11)17.

En el registro irregular que reposa en la JCE, correspondiente a la señora Juliana Deguis, se anotan como padres, al señor Blanco Deguis, jornalero temporero, y a la señora Marié Pierré, ambos de nacionalidad haitiana, lo cual fue admitido públicamente por la declarada.

Lo que ha considerado nuestro tribunal de cierre en materia constitucional, es que las personas en las condiciones documentales expuestas en el párrafo anterior, carecen

17 Rosario Márquez, Roberto (Tesis de Grado Máster en Gobierno y Administra-

ción Pública. Universidad Complutense de Madrid. 2014).

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de los presupuestos requeridos por la Carta Magna, para poder acceder automáticamente a la nacionalidad, por el solo hecho de haber nacido en nuestro territorio, siendo hijos/as de padres en condición migratoria irregular, y asimila en esta decisión a todos los que se encuentren en condición igual o similar al caso enunciado.

Es bueno anotar que el gobierno haitiano, reiteradamente, a través de su legación diplomática, ha sostenido (citamos): “(…) efectivamente, nuestro Código de la Nacionalidad, nuestra Constitución, establece que los hijos de haitianos nacidos fuera de Haití, son haitianos, asumimos que a los padres identificados como haitianos que vienen a reclamar documentos de identidad para sus niños, les entregamos los documentos en cuestión”. 18

Más recientemente, el actual embajador, doctor Fritz Cineas, reafirmó, en una comparecencia al grupo Corripio, el 30 de agosto del 2007, “los hijos de padres haitianos nacidos en República Dominicana son haitianos (…) en todo caso, si sus padres llevan los papeles correspondientes, a los niños haitianos nacidos en territorio dominicano, se les entregan las actas de nacimiento”.

Ante evidencias de tal magnitud, nos permitimos preguntar:

• ¿Cuál es el riesgo de indefección documental denunciado?

• ¿Son estas personas apátridas, o simplemente extranjeros con categoría migratoria de “no residentes”?

• ¿Les corresponde ser asentados en el Registro Civil, o en el Libro de Extranjería?

18 Guey Alexandre. Periódico El Caribe, 24 de junio de 2003.

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Asumiendo el concepto en sus dimensiones jurídica e histórica, encontramos que el único caso que puede calificar como de apátrida en nuestro suelo, es del señor Joseph Rosario, procedente de Holanda, llegado en abril de 1986, y que de acuerdo a reportes periodísticos, fue visto con indiferencia por los organismos internacionales.

Nos permitimos transcribir parte del Editorial del matutino Listín Diario, de fecha 2 de septiembre de 2014, titulado “Un Perfecto Apátrida” 19:

El verdadero apátrida que existe en el país, viviendo bajo un destino incierto desde casi 30 años, es Joseph Rosario. Un apátrida sin dolientes. Ni es dominicano (pero tampoco quiere serlo), ni parece ser holandés (como él dice que es).

Contrasta el desinterés frente a un caso indudable de apatridia --como es, en efecto, el de Joseph Rosario-- con el afán que han puesto algunos organismos para etiquetar como parias o gente sin patria a personas que, hijas de haitianos en situación de ilegalidad en el país, reclaman que se les reconozca como dominicanos, pese a que la Constitución haitiana taxativamente los considera hijos de esa tierra.

En interés de recabar información sobre los supuestos 200 mil apátridas que ACNUR denunció, nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, para indagar cuál es la cantidad de refugiados registrados; y obtuvimos la siguiente respuesta: desde el 2005 hasta el 16 de enero de 2015, solo han existido 25 refugiados; de los cuales en este momento quedan 16; cuatro de éstos son de nacionalidad

19 http://www.listindiario.com/editorial/2014/9/2/335977/print

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haitiana.20 Como existe una línea muy difusa, y algunas agencias internacionales confunden la condición de refugiado con la de apátrida, quisimos verificar el dato, pero, obviamente, de 4 personas a 200 mil, es difícil pensar que se trató de una confusión.

Al igual que en la legislación haitiana, nuestra Carta Sustantiva, otorga a los hijos de los dominicanos nacidos en el exterior, el derecho a optar por nuestra nacionalidad, cuando establece que son dominicanos y dominicanas: “1) los hijos e hijas de madres o padres dominicanos; (…) 4) los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres”.

Si los criterios para definir la apatridia aplicados a extranjeros en nuestro territorio son los descritos anteriormente, con dimensión universal, lo lógico debe ser que todos los dominicanos en categoría migratoria de “no residente”, tanto en Europa como en América, e incluso en la hermana República de Haití, deban ser asimilados como apátridas, y exigirse a los Estados donde nacen, la entrega de la correspondiente nacionalidad, ya que el estatuto jurídico sobre la nacionalidad dominicana, en ese aspecto, es casi idéntico al estatuto jurídico de Haití. Para solo ilustrar, nos permitimos hacer referencia a los casos de dos (2) descendientes de dominicanos residentes en el exterior...

Primer caso:

En España, un dominicano y una dominicana solicitaron la nacionalidad Española para un hijo, argumentando

20 Comunicación DEJ/SAI No. 00989, d/f. 16 ENE 2015, suscrita por Andrés Nava-rro García, Ministro de Relaciones Exteriores.

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que ellos residían legalmente en ese país. De la sentencia, y que verificamos en la fuente original, extraemos la respuesta:

En cuanto al fondo del asunto, no hay duda de que no les corresponde a los nacidos la nacionalidad española, porque, de acuerdo con el conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación constitucional dominicana, el nacido en el extranjero de padres dominicanos es dominicano iure sanguinis salvo que haya adquirido iure soli una nacionalidad distinta (cfr. Art.11 n°3 de la Constitución de la República Dominicana). Por lo tanto, dado el carácter subsidiario de la atribución iure soli de la nacionalidad española y la preferencia para el legislador español del ius sanguinis sobre el iure soli, hay que concluir que los nacidos son dominicanos y que no entra en juego el citado precepto del Código Civil, pues no se produce una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución de la nacionalidad española21

Segundo caso:

El señor Félix García, ministro consejero de la embajada dominicana en Colombia, nos remitió la situación de la señora que detallamos más adelante, para que le asistiéramos en el proceso de documentación de su hija; constatamos lo siguiente:

El 26 de julio de 2013, a la señora Rafaela Casanovas, le nació en Colombia, la niña Laura Casanovas Sánchez. La Registraduría Nacional del Estado Civil le entregó

21 ( Ministerio de Justicia de España: Res. DGRN. 4.a de 13 de diciembre de 2004 (BOE, 3-11-2008, págs. 3878-3879; BIMJ núm. 1985, 2005, págs. 1308-1310 (Anexo III.3.II)); posteriormente, Res. DGRN 1.a de 3 de enero de 2005 (BIMJ, núm. 1986, 2005, págs. 1553-1556).

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un certificado de nacimiento con un NUIP (Número Único de Identidad Personal) sin atribuirle nacionalidad colombiana, pese a que desde abril de 2009, la señora Casanovas tiene un permiso laboral y una cédula colombiana de extranjería. Las autoridades de este país le notificaron que su hija no tiene derecho a pasaporte colombiano, porque la nacionalidad que le corresponde es la dominicana, por ser sus padres dominicanos.

Como podemos apreciar, todos los Estados aplican el principio universal contenido en la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, 1961, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, en esta región. A nadie se le ocurre acusar a ningún otro país de aplicar políticas de discriminación y exclusión, por causas de raza, color, y/o nacionalidad, en situaciones como las descritas; por lo que se podría colegir, que existe un estatuto particular para la apatridia, en el caso del Estado dominicano, que más bien obedece a intereses geopolíticos y económicos allende nuestros mares.

En un documento denominado “Nacionalidad y Apatridia; Manual para Parlamentarios”22, cuyo prefacio suscriben Antonio Gutiérrez, Alto Comisionado del ACNUR, y Anders B. Johnsson, Secretario General de la Unión Interparlamentaria, los más altos funcionarios de esas entidades, exponen la siguiente consideración:

“La Convención de 1954 define a una persona apátrida como “aquella que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación” (Artículo 1). Esta es una definición netamente legal. No alude a la calidad de la nacionalidad, a la manera

22 Actualizado en Agosto de 2008. (http://www.ipu.org/PDF/publications/natio-nality_sp.pdf )

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en la cual la nacionalidad es otorgada o al acceso a la nacionalidad. La definición se refiere simplemente a una operación legal por medio de la cual la legislación relativa a la nacionalidad de un Estado define ex lege, o automáticamente, quién tiene nacionalidad”.

Dada esta definición, para que una persona sea considerada como “apátrida”, debe probar una negación: que él/ella no posee un vínculo legal con ningún país de relevancia.

“Para tratar de probar la apatridia, los Estados deberían revisar la legislación sobre nacionalidad de aquellos Estados con los cuales el individuo haya tenido vínculos previos (por medio de nacimiento, residencia habitual anterior, el Estado o los Estados del cual o de los cuales los padres o abuelos son nacionales), consultar con estos Estados, y, si fuera necesario, solicitar pruebas. Los Estados deben solicitar también la cooperación completa de los individuos interesados para proveer todos los datos e información relevantes”.

“La documentación proporcionada por una autoridad gubernamental responsable certificando que el individuo involucrado no es un nacional es habitualmente una forma confiable de prueba de apátrida. Sin embargo, esta evidencia puede no estar siempre disponible. Las autoridades correspondientes del país de origen o del país de residencia previa pueden negarse a emitir documentos que establezcan que la persona no es un nacional, o pueden simplemente no contestar las peticiones de información. Algunas autoridades gubernamentales pueden considerar que no tienen responsabilidad de indicar cuáles son las personas que no poseen vínculo alguno con el país. Debe asumirse, por tanto, que si un Estado se niega a confirmar que una persona no es uno de sus nacionales,

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la negación en sí misma constituye una forma de prueba, dado que habitualmente los Estados brindan protección diplomática a sus ciudadanos.”23

A propósito del tema de la apatridia, de grandes poblaciones en condición de total indefección e indocumentación, la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene colgada en su portal, una información sobre el Proyecto de Modernización e Integración del Registro Civil en Haití, en la cual indica: “el PUICA concluyó la fase actual de actividades en Haití, el 30 de junio del 2012”, y emitió tarjetas nacionales de identificación para 5,054,214 personas; habiéndose trazado como meta llegar a 10,000,000 de registros. Estadísticas oficiales del Banco Mundial, refieren que en Haití tiene aproximadamente 10.5 millones de habitantes. Si estos datos son ciertos, más del 50% de la población está desprovista de identificación; es decir, millones de personas, en su propio territorio, como verdaderos apátridas de facto, viviendo en marginación total, en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad.

En República Dominicana no se puede hablar del tema migratorio, de refugiados, de apátridas, sin referirnos a nuestros vecinos y mayor emisor de migrantes hacia nuestro país; esto, al margen de los prejuicios asociados a las relaciones binacionales.

Para tener una idea de los elementos causales del fenómeno migratorio que nos afecta, nos permitimos refrescar los criterios de uno de los intelectuales de mayor peso en la cultura haitiana. Jean Price-Mars, en su obra “La República de Haití y la República Dominicana, Tomo

23 Nacionalidad y Apátrida: Manual para Parlamentarios. http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_sp.pdf

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II”, comenta: “la inmigración clandestina resulta la moda más cómoda para llegar a este resultado (…) pertenecen al contingente innumerable de los desocupados crónicos o indefinidos, producto de un triple fenómeno, biológico, económico y ecológico”; y agrega: “hemos restringido voluntariamente la superficie del territorio (…) hemos desmontado sistemáticamente un número considerable de estas sierras, lo cual favoreció la erosión gradual de muchas partes del territorio que, en tiempos anteriores eran florecientes (…) lo cual contrasta con el ritmo acelerado con que se multiplica la población, tal como si ésta progresase en razón directa con el enrarecimiento de los medios de subsistencia”.

“(…) De modo que el triple postulado que presentamos adelanta una consecuencia inevitable: la evasión de los hombres hacia zonas donde la vida resulta menos dura, ya que no más fácil”.

Este pensamiento crítico, que procuraba crear conciencia sobre las causas del problema, para su solución en su propio territorio, ha sido asumido en sentido inverso, por una parte importante de la clase dominante haitiana, por importantes agencias internacionales, y reproducido de manera abierta, en el periódico Le Nouvelliste, que sin ningún sonrojo editorializó:

“(...) Ici, l’avenir est bouché. Nous émigrons depuis un siècle. Cela ne va pas s’arrêter. Ailleurs est mieux et nous le savons. Que faut-il donc faire ? Au moment où la diaspora rêve de s’impliquer dans la vie politique, est le principal moteur de l’économie nationale, jouit de la double nationalité de fait ou de droit, n’est-il pas temps de poser la question comment faire pour aider de plus en plus d’Haïtiens à quitter le pays? (…)”

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“(…) Pourtant, ni le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger, ni aucun groupe organisé de la société civile n’ont encore mis sur le tapis la nécessité d’organiser, de rationaliser, d’encourager la sortie du territoire de 50, 100 ou 200 000 Haïtiens par an dans les prochaines années. L’émigration massive est nécessaire pour garder le train de vie de l’économie haïtienne qui ne survit que de l’économie des transferts(…)”

(…) En un mot comme en cent, Haïti n’a pas les moyens de se développer dans les conditions actuelles tandis que la population augmente, augmente. Il faut prendre le taureau par les cornes. Même si dans une semaine ou dans cinq ans on découvre des ressources naturelles incommensurables sur cette terre, le temps de les exploiter au bénéfice du pays, il faut une solution alternative. Partir ailleurs, l’option empruntée naturellement par nos émigrés volontaires depuis un siècle, est la seule alternative qui s’offre au pays pour le moment. Il faut qu’on y pense rationnellement. Cela s’appelle une politique migratoire.”24

Más recientemente, el periódico Hoy reseñó una entrevista que hiciera el director de Telenoticias, Roberto Cavada, del Canal 11, al recién designado Primer Ministro de Haití, Evans Paul, en el que se expresa de la manera siguiente:

“(…) Estoy aquí para trabajar para que Haití no siga llevando sus problemas a la República Dominicana. Mi interés es hacer mejor lo que se ha hecho ya”, y agregó: “No soy de los que creen que Haití debe exportar sus problemas a los dominicanos”.

Pese a esta realidad, y ser un país en que un 34% de su población vive en condiciones de pobreza y de pobreza

24 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/131653

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extrema, y a la solidez de la argumentación jurídica del Estado dominicano, los diversos Poderes y órganos estatales, con el apoyo de la sociedad civil, produjeron dos instrumentos complementarios a la Sentencia, que son: a) el Plan Nacional de Regularización; b) la Ley 169-14; en un acto generoso y solidario, para la solución de un problema que por más de 100 años ha afectado la vida nacional.

En efecto, estos instrumentos nos permiten afirmar que la República Dominicana es el único país que en el menor tiempo posible, con el mayor nivel de cohesión social, está realizando la reforma migratoria más profunda, integral e inclusiva, de toda América, en la última década.

Sus características fundamentales son:

– Total y absoluta gratuidad para los beneficiarios en la ejecución de la misma por parte del Estado;

– Suspensión de hecho de las deportaciones:

– Acreditación de la nacionalidad a todos los inscritos irregularmente en el Registro Civil, que nacieron en territorio nacional, del 1929 al 2007;

– Creación de un registro de nacidos en el país, pero no inscritos en el Registro Civil, para el otorgamiento de una categoría migratoria, y la opción de iniciar la naturalización, en un período de dos años;

– Regularización de todos los extranjeros que habitan en el territorio nacional, y asignación de una categoría migratoria conforme a su situación;

– Habilitación de oficinas de acceso de los inmigrantes a estos programas, en todo el territorio nacional.

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Estas conjunto de medidas, se está implementando con absoluto apego y respeto a la dignidad de las personas. No obstante, no se ha detenido la campaña de descrédito internacional, que usa la institución de la apatridia, como excusa para forzar a nuestro país a asumir toda la carga de la desbordada migración de nacionales haitianos, sin importar las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas.

Al cierre de nuestra intervención, creemos conveniente puntualizar que la apatridia no puede ser configurada para nacionales haitianos y dominicanos, por ambos países disponer de una estructura constitucional que garantiza de manera perpetua la transmisión de los derechos de nacionalidad de todos sus descendientes, sin importar el país en que se encuentren.

Por primera vez en su historia, el Estado Dominicano ha consolidado criterios homogéneos, sobre políticas públicas migratorias cónsonas con la Norma Sustantiva; en base a las mismas, se encuentran en proceso de implementación un conjunto de medidas que garantizan los derechos de las personas, consagrados en los tratados internacionales y en la legislación nacional, sean éstas nacionales o extranjeras. Estas reformas son el producto de la sentencia TC/0168/13, y con ellas hemos dado un paso importante en la lucha por la disminución de la marginalidad y la exclusión social; se han ampliado las oportunidades de quienes utilizando diferentes vías han escogido nuestro país, como el lugar donde asentarse, y como consecuencia de éstas, la falsa percepción de riesgo de apatridia, ha sido neutralizada.

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Debemos sentirnos orgullosos de que muchas personas de otras nacionalidades hayan escogido nuestro territorio para hacer realidad sus sueños. Eso habla muy bien de nuestra hospitalidad, solidaridad, generosidad; y de los avances y perspectivas de desarrollo económico y social que tenemos como país. Pero si no administramos esta situación, conforme a las previsiones legales vigentes, los sueños de los inmigrantes, y los nuestros, correen el riesgo de que todos los habitantes de la parte oriental de la isla, despertemos con una amarga pesadilla.

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Central Electoral BoardGuarantee of Identity and Democracy

“The Statelessness in thecontext of the Dominican Republic”

SANTO DOMINGO,DOMINICAN REPUBLIC

2015


“The Statelessness in the Context of the Dominican Republic”

Prestigious institutions of the civil society have invited us to present a lecture on an issue that has attained a lot of interest in the international scene, particularly, in sectors identified with the defense of human rights and which entails special importance for the present and future of the Dominican Republic. We thank the Interamerican University and the Foundation on Institutionalism and Justice, to the Foundation Justice and Transparency, the Association of Notaries, the Association of Lawyers of the Dominican Republic and the Dominican Ateneo, Inc; the opportunity given to us to present our humble knowledge about the conceptualization of statelessness and its manifestation in the national context.

It is to our satisfaction that the sponsors of this event, have selected Doctor Servio Tulio Castaños Guzmán to comment on it, so that as a critic, with his valuable and significant contributions, he can enrichen, complement, and deepen on the context of what is exposed.

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The concept of statelessness got its major relevance in our environment, national and regional, as of September 2013, as a consequence of a decision emanated from the Constitutional Court; this due to the diversity of interpretations originated by sectors with diametrically opposed criteria, as well as local allies which perceived the same as a generator of statelessness.

Nevertheless, the issue is not new. As happens with the majority of concepts, the statelessness emerged to designate an old reality, which in this case subsists since several centuries. The Roman Law left us in particular, the “capitis deminutio” in its medium form, engaging citizens to which the State imposed as punishment the exile, “for being considered contrary to the interests of the town” bringing as a consequence the loss of the “ius civitatis”.

In times when what predominated where governments whose legitimacy depended on force and divine providence, the helplessness of people by the State and the orphanage of a juridical homeland could pass unadverted, provided with the absence of propaganda media, diffusion and liberty of expression –in the actual dimension- characteristics related to the development that had been reached by humanity. Just as well, quantitatively the cases were reduced, in comparison to other times.

The historic moment where people without nationality demand attention within a group of human beings, was in the XIX century, as a result of the European revolutions and its subsequent migration wave. The swiss, to identify them, called them “heimatlos: Without Homeland”; just as appears in Article 56 of the 1848 Constitution.

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The Statelessness in the Context of the Dominican Republic

The term “statelessness” comes from the greek word mateis-lvos, homeland, with the prefix “a” to juridically designate those who DO NOT have a homeland. The term was used for the first time during the first years of the XX century. Other terms refer to statelessness, using for example “apolidia” and its derivate “apolide” originating in the Italian doctrine, although with little acceptance in other countries.

It was as of World War One when the statelessness became a concern for international organizations and the juridical doctrine assumed it as an important object study. The Austrohungarian, Ottoman and Czarist empires, had other main sociologic characteristics, populations with diverse ethnics, which were desegregated and fought among themselves, when the cohesion of States’ that supported them was broken, producing a harmful migration flow for millions of human beings.

The fratricidal clashes, the ethnical battles, the mistrust among nations and the need for men to conform armies (combat troops) in what was foreseen as a future belic confrontation, which would be the Second World War, created a contradicting situation in several European countries in the 20’s. The States persecuted internal groups, they resisted to their migration and were reluctant to offer them facilities in their territories for immigrants. “The period of interwar, with its political convulsions and the promotion of totalitarian regimes which persecuted part of its population, either for ethnical or political reasons, became sorrowfully in one of the moments in which statelessness got a more significant boom”.

In the book Rike Apatrida, the author Antonio Pau described the conditions of one of the many poets which

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lived that experience, that historical conjuncture, he narrates it as follows:

“There is a decisive moment in the life of Rilke: when the poet, stateless by heart, becomes also, for the society and the law, stateless. Although he lived forever delinked form the things of the world – his things could fit into a suitcase when he changed his residency- and lived in that interior space, the Weltinnenraum, where everything obtained a transcendental dimension, its major tear of the environment is produced in 1919: the war has finished, the austro hungarian to which he belonged has been undone, and he doesn’t know where to go….”

Being a “stateless by heart” saved him from internal bitterness, notwithstanding the own discomforts of someone who lacks the valid document to transit in the frontiers. Nevertheless, he never overcame the weight of war and he expressed it in the following way: “Since a year I move forward, step by step, by a desert of astonishment and pain” and in a poetic dialogue with the earth, he says: “…Believe me, your springs were not necessary to win: one, only one is too much for the blood”. In regards to that war, from which emanated the first stateless in mass, the poet declaimed:

“I am not exalted by the screaming of fierceful fights among nations, because I don’t belong to any group; because the law is not with one or the other.”

These verses describe the human drama of these persons, suddenly thrown to the uncertainty. Precisely, on December 15, 1922, the Russian government published a decree depriving from nationality the majority of the refugees in other territories, which since 1919 had

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initiated their exit. The quantity has been calculated in approximately 1,750,000 people.

The doctrine attributes to this fact the initiation of the “statelessness at a big scale”. Similar situations happened with Armenians, persecuted by the turks since 1915, refugees of Syrian ethnical origin; and Italians that escaped from fascism. These last groups were considered stateless by fact, since even though they had not been deprived from their nationality by juridical acts and had their documents; they could not return to their countries, did not receive protection by their authorities and could not register the nationality of their descendants at the place of their domicile.

In that situation, it corresponded to the Society of Nations to assume the solidarity and defense of the stateless. It was the pioneer in the creation of a model to stop the statelessness, objectivizing as a strategy confronting the causes, together with a practical plan to alleviate the situation of its victims. This was achieved in part, establishing political agreements with and among States to give the status to these persons; it was also provided to the denationalized of a document to mobilize, called “Nansen Passport” in honor of the Norwegian Fridjtof Nansen, first High Commissioner to the Society of Nations for the Refugees.

In October 1933, it was celebrated in Geneva the First International Conference about Refugees whose dispositions are a guide for the politics traced at the international level with regards to statelessness. In the event important rights for refugees and stateless persons were approved, to be taken into account by the States were

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they lived. Among them there is the entrance and exit to the country of domicile, utilizing the “Nansen Passport”, education, social protection, labor, judicial and equal treatment to nationals related to the fiscal contribution. The personal statute was established, according to the laws of its country of origin or domicile.

In 1938, the Society of Nations created the Office for the High Commissioner for Refugees “Nansen”, which later extended to all refugees or stateless persons, even if in the practice, emphasis was made on victims of Nazis and in the Spanish Republicans.

The 14th December 1950, the General Assembly of United Nations constituted the United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR). It was originally conceived to dissolve after three years but it has extended its existence for 64 years.

Four years after, under the auspices of the UN, was celebrated the Convention regarding the Statute of Statelessness, which entered into force the 6th of june 1960, linking the juridical rights and obligations of stateless with their domicile. The rights of statelessness persons were extended, defined and established.

It could be said that these statutes are the concrete application of the Declaration of Human Rights to this sector, which continued to be extended during the last decades of the past century, first as part of the current independentism, and then as a consequence of the end of the Cold War. Paradox of Life! Two very positive events influence a very negative one.

According to ACNUR, since 1971, more than 200 thousand Biharis consider themselves Pakistanis,

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refusing the nationality from Bangladesh as a result of their independence from that Nation. In Nepal approximately 100 thousand nationals from Butan continue living in camps, to which laws of citizenship approved by the latter country in 1980 exclude as butans. In 1981, legal dispositions in Zaire left without citizenship thousands of persons; 68,000 were expulsed from Ethiopia in 1998 for being considered nationals from Erythrea, in a time when both nations were in war. Both countries have resisted to admit them as citizens.

From “some 75,000 persons” expelled from Mauritania in 1989-90 due to fights between ethnias approximately 30 thousand remain in Senegal, deprived from nationality. In the Persic Gulf, around 360 thousand live without being citizens of any country, due to ethnical confrontations and wars of the past century.

In a document entitled: The Displacement of the Antique Soviet Region, ACNUR establishes: “As a consequence of the disintegration of the Soviet Union, Yugoslavia and Checoslovaquia, millions of persons had to conform a new citizen’s statute. A citizen of old Checocoslovaquia, was he cheq or slovaq? A person born in Belgrad, raised in Sarajevo, married to someone from Zagreb and resident in Lithuania, was he a Yugoslavian, Bosnian, Croatian or Slovenian citizen? The new States which arise from these disintegrations established their own criteria and became “stateless”; in others they could not get the citizenship in the country they were living in.

Once concluded this historic periplus, we can proceed to develop the concept of statelessness.

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Let’s see:

Some authors differentiate “stateless iure” and “stateless de facto”. The first don’t have a nationality, since they never had it or lost it; the second, have been protected by the country they were born in and of which they were nationals, but their authorities have denied the protection or they themselves have declined it. We can add those whom we could “stateless by ignorance”, referring to persons and their descendants which have suffered marginality and/or don’t know their rights of being educated and documented, transmitting to their children this heavy burden: a painful abandonment, which in a general sense is associated to those who are in poor conditions.

The writer Paul Weis, very inclined to migration issues, distinguishes also, between originary stateless and befallen stateless. The first, applied to those who are deprived from their nationality and the second from those who are born with it. An avenue proposed by international law to neutralize the last category, is offered by the first article of the Convention to Reduce the cases of Statelessness (cited):

“ Any Contracting State will concede its nationality to the person born in its territory who in another way would be stateless…”

The concept and treatment of the international juridical doctrine is explicit and categorical, which allows us to affirm the following: a person or group of persons is stateless by conditions far from their will; by causes emanated from specific conjunctures in their nations or where they were born, or in those cases to which they are linked by Law.

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The category of statelessness cannot be assumed in a capricious or craving way by individuals or group of persons as many pretend. For example, the migrants, regular or irregular, in the interest of improving the opportunities of welfare or the refugees to guarantee the physical security.

Obviously, from the human point of view, any manifestation of statelessness is a big challenge for the international community and for those who internally in the nation feel identified in an honest way with the preservation of human rights.

Weis compares the stales with res nullius, which in Roman Law would be referred as “things from nobody”. In the book Nationality and Statelessness in International Law the referred author explains that nationality is the main link with the persons and international laws; that the rules of the latter are linked to the diplomatic protection and are based in the principle that nationality is an essential condition for the security of individuals in the world sphere.

Historically, the condition of statelessness has been confused with the one of refugee, displaced internally and migrant. Maybe this subliminal confusion has taken groups the wrong way, by seeing statelessness in persons that are in another migratory category; reason why many authors consider it necessary to dedicate spaces to establishing differences among them even if in the colloquial language the alluded concepts are considered known and related.

The refugee is someone who has well based fears to migrate from his country from which he is a citizen or resist from

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going in it, arriving to turn down the protection that his State is offering him. He feels that the fear of a persecution due to its racial condition, of his religious convictions, of ethnic links with discriminated and maltreated groups, and/or pertaining to belligerent conglomerations against the established Power. Among these, those who move for one or several reasons in their countries are considered internal displaced.

María Alejandra Salazar Rojas, when conceptualizing immigrants, they say that they cover persons that “migrate from one frontier to the other with finalities related to labor aspects and which abandon their State voluntarily with projection of establishing their residency in the receiving country. “

For this expert in the matter, “(….) the fact that there are human beings that lack nationality is a threat to high values which inspire the International Law as well as to security and to the sovereignty of States which conform the International Community”.

This issue, was initially studied by a committee of experts of International Law, created by the Assembly of the Society of Nations, in the agreement relating to certain issues linked to conflicts on nationality legislation, celebrated at The Hague, where it was exposed the ideal and need for strengthening the international community and a compromise to abolish statelessness.

In the marge of this event, it was shown that the main causes of statelessness are historically linked to the fratricidal fights, to belic manifestations-some millenaries- to answers of human conglomerations before impositions; incapacities of governors to understand the heterogeneous essence of thought and the intolerance of those which in

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determined historic moments have the Power in nations with ethnical diversities; among others.

They have criminalized the following reasons:

• Transfer of sovereignty: When a State disappears, and the citizenship is not transferred to another state. Example: Soviet Union, Yugoslavia and Czechoslovakia in the 90s;

• Conflict of Nationality Laws: when it involves children born in a country that only applies the principle of ius sanguinis, offspring of parents whose country limits the ius sanguinis to children born abroad;

• Administrative obstacles: it refers to the States that create obstacles and apply excessive tax rates; and

• Different types of discrimination (ethnic, gender, and others).

The causes of statelessness linked to armed conflicts, find it difficult to be fought from a representative body of powerful and heterogeneous forces, whose decisions, to be applied, require consensus of the great powers; as in major armed conflicts, often bring into play the economic interests and/or geopolitical of some power interests that dominate against the principles of international law when it is adverse to a country which can veto decisions of the Board UN Security.

Those who impose the logic of the force validate the judgment of Karl Marx in his book A Contribution to the Critique of Political Economy, which he attributed to “bourgeois economists” of his time, forgetting that “the law of the stronger, only in a different form, still survives even

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in their “constitutional State.” This “prophecy” if we could call it that, is maintained from 1859 until today; 155 years have passed, and mankind is still immersed in a challenge seemingly “eternal” and irresolute.

It can also enlighten us in why instruments of international power are unaware of the principles they praise when it comes to judge the actions of a small country whose laws regarding nationality and treatment vis a vis persons residing in their territory, are explicitly legitimized by legal documents agreed by States. It is as if the concepts of the international agencies on statelessness may be different according to the size of the country where is applied, or to the criteria and interests of the great powers.

To learn about the obligations and duties of the Dominican Republic, made in the community of democratic nations of the world on the issue at hand, it is important to highlight the Convention on the Reduction of Statelessness, in which important rights for refugees and stateless persons were adopted; and a route was designed to reduce it.

Although as of December 5, 1961 the Dominican Republic signed the aforementioned convention, in our archives there are certifications issued by the Chamber of Deputies of the Dominican Republic, and the Senate, dated 13 and January 14 of the same year, which states that in these institutions, the ratification of the Convention on the Reduction of Statelessness does not appear archived or dispatched in the files of those institutions, which implies that from a legislative point of view is not signatory estrictu sensu of the Convention.

For its part, the American Convention on Human Rights, of November 22, 1969, better known as the “Pacto de San

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José de Costa Rica” Article 20, in the subtitle referring to the right to nationality, provides: “ Every person has the right to the nationality of the state in whose territory he was born if he does not have the right to any other nationality. As noted, in the drafting of two international instruments, the obligation of the State to grant nationality to persons born on its territory is conditional, if and only if “is not entitled to any other nationality”.

In Chapter VI of our Constitution, it “recognizes and applies the rules of international law, general and American, in so far as its public powers have adopted”; The Constitution it is more clear when it points out that it relates to “ratified international agreements” and also establishes the commitment to “act in the international, regional and national levels in a manner compatible with national interests (...)”.

All these facts are crucial to understand the legal grounds of the Dominican State, in each of the steps taken in defense of its sovereignty, against the attempts of international organizations, to impose solutions to internal situations which, as we shall see, if accepted, would threaten the very existence of the Dominican Republic as an independent nation.

We used a portion of our time, to explain the role and content of the institution of statelessness, and their historical evolution; to place ourselves in the context of our reality, to know for sure, the truth and why on the situation created by the Sentence TC / 0168/13 of the Constitutional Court and all acts subsequent thereto;

We began emphasizing that our Constitution provides, as an essential function of the State, “(...) the effective protection of the rights of individuals, respect for their

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dignity, and getting the means to improve their rights in an equally, equitable and progressive manner (...)”.

It also defines what are the rights and obligations of foreigners in our country. It provides that “everyone has the right to recognition as a person, to a name, the surname of the father and mother and to know the identity of those persons;” and establishes as a right from birth, “ the registration, free of charge, in the Civil Registry or in the Foreigners Registry, as well as the right to obtain public documents proving their identity, in accordance with the law “. It also establishes what are the formalities and limitations of immigrants, legal and illegal, to obtain the nationality. It is clear that its content is broad in terms of rights guarantees.

Based on these principles, the Constitutional Court in its aforementioned judgment, reiterated the jurisprudence of the Supreme Court, in December 2005, and clearly defined for the first time, the subject matter of this meeting, stating in their recitals, the following:

3.1.2. However, none of these international mandates applies to the case that concerns us, or any other event of the same nature. Indeed, the refusal by the Dominican State to grant its nationality to children of foreigners in transit under any circumstances creates a situation of statelessness. In the particular case of the children of Haitian parents in transit, it should be noted that Article 11.2 of the Haitian Constitution of 1983, applicable in the species, explicitly states that Haitians “” They are Haitian origin (...) 2. Any person born abroad Haitian parent;

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they add ...

3.1.3. Note, therefore, that the Constitution provides for the principle of perpetual subjection to the Haitian nationality in regards to children of Haitian nationals, and this prevents the loss of that nationality once acquired by birth or later with the exception of when becomes impossible if the naturalization in a foreign country. The Haitian citizenship by jus sanguinis has been traditionally recognized in most of the Constitutions of the Republic of Haiti for almost a century, starting with the Constitution of 1843, and then the other constitutions of 1846, 1849, 1867, 1874, 1879, 1888, 1889, 1946, 1957, 1964, 1971, 1983, 1987 and 2011.

In contrary to the Constitutional Court, some Dominican scholars argue (quote) “a person born in our country is not entitled to the Dominican nationality if it has the right to another nationality, a deduction in this work were reluctant to share” . Another opinion says that “we should overcome the mistaken belief that the ius solis, excludes ius sanguinis” .

The InterAmerican Commission on Human Rights stated that the Ruling was generating statelessness, and affect, in other words, more than 200 thousand people of Haitian descent, thus initiating an international campaign against the country. These arguments provided by NGOs and by Dominican citizens are essentially based on misinterpretations of international treaties, conventions, and our Constitution.

The local representative of the UNHCR presented in an international event, the case of Mrs. Juliana Deguis as a

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symbol of more than 200,000 people that according to their criteria, were declared stateless by the Constitutional Court . Under this false information, the United Nations High Commissioner for Refugees, in its latest report, noted that from over 10 million people without nationality in the world, Dominican Republic has 200,000 of Haitian origin.

It is worth recalling the provisions in Article 20 of the American Convention on Human Rights, which recognizes the right of access to nationality to people born in a territory, if is “not entitled to another.”

To determine if Mrs. Deguis, and those in a similar situation, have the characteristics that make up the alleged risk of statelessness, let us reproduce the text of Article 11 of the Haitian Constitution:

“Possédé the Nationalité haïtienne d’origine, tout individu né ou d’un pere Haitien d’une mère haïtienne qui sont eux-mêmes Haïtiens Nes et n’avanient renoncè ȧ jamais au moment de leur nationalité the maissance”. (CONSTITUTUION DU LE 29 MARS 1987 AMENDÉE 9 MAI 2011; Article 11).

In the record of the JCE corresponding to Mrs. Juliana Deguis, we note that her parents are Mr. Blanco Deguis, temporary worker, and Mrs. Marie Pierre, both of Haitian nationality, which was publicly declared by Ms. Deguis.

Our Closing Court in constitutional matters has considered that people in the conditions set in the preceding paragraph, lack the requirements stablished by the Constitution, to automatically access the Dominican nationality, by the mere fact of having been born in our territory, son or daughter of parents in irregular immigration status, and

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assimilated into this decision to all who are in a condition equal or similar to the mentioned case.

It is good to note that the Haitian government, repeatedly, through its embassy, has argued (quote): “(...) effectively, our Code of Nationality, our Constitution provides that the children of Haitians born outside Haiti are Haitians; parents identified as Haitians that come to claim identity for their children, we give them the documents in question “.

More recently, the current ambassador, Dr. Fritz Cineas in an appearance at Corripio group, August 30, 2007 reaffirmed that, “the children of Haitian parents born in the Dominican Republic are Haitians (...) In any case, if the parents bring the respective documents of the Haitian children born in the Dominican Republic, their birth certificates are issued.” In front of evidence of such magnitude, we allow ourselves to ask:

• What is the defenseless argument that has been denounced?

• Are these stateless persons, or just foreigners with the immigration category of “non-resident”?

• Should their status be settled in the Civil Registry, or in the Foreigners Registry?

Assuming the concept in its legal and historical dimensions, we find that the only case that can qualify as stateless on our soil, is Mr. Joseph Rosario, from Holland, arrived in April 1986, and according to media reports, was seen with indifference by the international organizations.

We reproduce the Editorial of the newspaper Listin Diario, dated September 2, 2014, entitled “A Perfect

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Stateless”:

The true stateless person who exists in the country, living under an uncertain fate for nearly 30 years, is Joseph Rosario. A stateless without mourners. He is not Dominican (and does not want to be), and appears to be Dutch (as he puts it).

It is contradictory the disinterest shown in a clear case of statelessness as it is the situation of Joseph Rosario -- with the insistence of some organisms to label people as outcasts or stateless persons who, daughters of Haitians in an irregular situation in the country, demand to be recognized as Dominicans, although the Haitian Constitution specifically considers them children of that land.

In the interest of gathering information on the alleged 200,000 stateless people that UNHCR reported, we headed to the Ministry of Foreign Affairs, to inquire what is the number of registered refugees; and we got the following response: from 2005 to January 16, 2015, there has been only 25 refugees; which currently are 16; four of these are of Haitian nationality. As there is a very fine line, and some international agencies confused refugee status to stateless, we wanted to verify the data, but obviously going from 4 to 200 000 people, it is difficult to think that it was a misunderstanding.

As stated in the Haitian legislation, our Constitution as well gives the children of Dominicans born abroad, the right to choose their nationality, stating that Dominicans are: “1) the sons and daughters of Dominican mother or father; (...) 4) those born abroad of a Dominican father or mother, despite having acquired, by place of birth, a nationality different from their parents.

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If the criteria for statelessness applied to foreigners in our territory as described above, with universal dimension logic should be that all Dominicans in immigration category of “non-resident” in both Europe and America, and even in the sister Republic of Haiti, should be treated as stateless, and should require the States where they are born, the delivery of the corresponding nationality, as the legal status of Dominican nationality, for that matter, is almost identical to the legal status of Haiti. To only illustrate, let us refer to the cases of two (2) descendants of Dominicans living abroad…

First case:

In Spain, a Dominican man and Dominican woman applied for Spanish citizenship for a child, arguing that they were legally residing in the country. We extract the following answer of the referred ruling:

As to the merits, there is no doubt that the children should not be granted the Spanish Nationality because to the knowledge acquired by the Directing Center regarding the Dominican Constitution, the children born to Dominican parents are Dominican iure sanguinis unless they have acquired a distinct nationality jure soli (cfr. Art.11 No 3 of the Constitution of the Dominican Republic). Therefore, given the subsidiary nature of the attribution iure soli of the Spanish nationality and the preference of the Spanish lawmaker of the jus sanguinis over iure soli, we must conclude that the children are Dominican and the wording of the Civil Code does not apply, because a situation of statelessness has not originated that would justify the attribution of the Spanish nationality.

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Second case:

Mr. Felix García, minister counselor at the Dominican Embassy in Colombia, forwarded the situation that we detail below, so we could assist in the process of documentations of the daughter of the lady in question. We ascertained the following:

The daughter of Mrs. Rafaela Casanovas, Laura Casanovas Sánchez, was born in Colombia on July 26th, 2013. The National Civil Registry issued a birth certificate with an UPIN (Unique Personal Identity Number) without attributing the Colombian nationality, notwithstanding that since April 2009 Mrs. Casanovas has a work permit and a Colombian “foreigner identity card”. The authorities of that country informed her that her daughter has no claim to a Colombian passport given that the nationality that corresponds to her is the Dominican one because both parents are Dominican.

We can observer that all States apply the universal principle contained in the Convention on the Reduction of Statelessness of 1961 and the American Convention on Human Rights in this region. It does not occur to anybody to accuse any other country of using policies of discrimination and exclusion on the basis of race, color and/or nationality, in situations like the ones described above, from which we can infer that there is a particular status in the case of the Dominican State that obey more to geopolitical and economic interests far from our shores.

In the document entitled “Nationality and Statelessness: Manual for Parliamentarians”, the preface is signed by Antonio Gutierrez, High Commissioner of the UNHCR and Anders B. Johnssons, Secretary General

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of Interparliamentary Union, the highest ranking officers of these entities, and they express the following considerations:

“the 195 Convention defines a stateless person as one that is not recognised as a national by any State, in accordance to their national legislation” (Article 1). This is a purely legal definition. It does not refer to the quality of the nationality nor the way it is attributed or how to access it. The definition refers simply to a legal operation by which the laws related to nationality of one State define ex lege, or automatically who has nationality.

Given this definition, in order for someone to be considered stateless, there needs to be evidence of a denial: that he or she does not posses any legal nexus to any relevant country.

In order to prove statelessness, States would need to review the legislation on nationality of those States that with which the individual has had previous linkages (birth, former effective=habitual residence,the State or States of which the parents or grandparents were nationals of), consult with those States and, if necessary, request proof. States should also request full cooperation from the interested individuals in order to provide all the data and relevant information.

The documentation provided by a responsible government authority certifying that the individual involved is not a national, is usually trustworthy evidence of statelessness, but this information is not always available. The corresponding authority in the country of origin or prior residence can deny the issuance of documents that establish that individuals are not nationals or they

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could simply not answer requests for information. Some government authorities may consider that they do not have a responsibility to indicate which persons do not posses a nexus to that country. Hence it is to be assumed that if a State denies confirming that an individual is not one of its nationals, the denial in itself constitutes a means of evidence, considering that States usually offer diplomatic protection to its citizens.

In relation to the subject of statelessness of large populations in disaffected and undocumented conditions, in the website of the Organization of American States (OAS) you can find information on the Project for Modernisation and Integration of the Haitian Civil Registry (PUICA), and there it indicates that “the PUICA concluded the current phase of activities on June 30th, 2012 and issued national identification cards to 5,054,214 persons”, the original goal being 10 million registered. Official statistics of the World Bank indicate that the population of Haiti is approximately 10.5 million inhabitants. If the data is correct it means that over 50 percent of the population is without identification. This means that millions of people in their own territory are de facto stateless, living totally marginalized and in conditions of vulnerability.

In the Dominican Republic you cannot talk about the issue of migration, refugees or statelessness without referring to our neighbors and main sender of migrants, this notwithstanding the prejudices associated to the bi-national relations. In order to have an idea of the causal elements of the migratory phenomenon that affects us we need to remember the views of one of the most respected intellectuals in Haitian culture Jean Price-Mars in his work entitled The Republic of Haiti and the

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Dominican Republic, Volume 2, where he comments “clandestine immigration is the most comfortable mode of arriving to this results (...) they belong to the countless chronically unemployed or undefined, product of a triple phenomenon, biological, economic and ecological”, he adds that “we have voluntarily restricted the surface of the territory (...) use has damaged systematically a considerable number of these mountain chains that have aided the gradual erosion of many parts of the territory that contrast with the accelerated rhythm with which the population is growing as if its progressed in direct proportion to the scarcity of the means for survival (...) so that the triple postulates presented above anticipate an inevitable consequence: the escape of men towards areas where life is less hard, even though not easier”.

This critical thinking seeks to raise awareness on the causes of the problem in order to find solutions within their own territory, but it has been interpreted inversely by an important part of the Haitian dominant class, by important international agencies and reproduced openly in the newspaper Le Nouvellist that without blushing editorialised what follows:

“(…) Here, the future is clogged. We have been migrating for a century. This is not going to stop. Elsewhere is better and we know it. So what do you need to do? In times when the Diaspora dreams of getting involved in politics, is the main engine of the national economy, and has dual citizenship of fact or law, is it not it time to ask the question of how to help more and more Haitians to leave the country? (…)” “(…) Yet neither the Minister of Haitians Living Abroad nor any organized civil society group have yet put on the table the need to organize,

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streamline, and encourage annually 50, 100 or 200,000 Haitians to leave the territory in the coming years. Mass departure is necessary to maintain the Haitian economy that survives solely on remittances (…)”

“(...) In a nutshell, Haiti does not have the means to develop in the current conditions while the population increases and increases. Take the bull by the horns. Even if in a week or five years we discover immeasurable natural resources on earth, during the time it takes to exploit it for the benefit of the country, you need to have an alternative. Go elsewhere, is the course chosen by our migrant volunteers since a century, it is the only alternative available to the country at the moment. We have to think about it rationally. This is called a migration policy. “

More recently the Hoy newspaper referenced an interview made by the director of Telenoticias, Roberto Cavada, of Canal 11, to the recently designated Prime Minister of Haiti, Mr. Evans Paul, who said: “I am here to work so Haiti stops taking its problems to the Dominican Republic. My interest is to the things that have been done but better”, he further added, “I am not of the ones that believe that Haiti has to export its problems to the Dominicans”.

Notwithstanding that reality and of being a country where 34 per cent of its population lives in poverty and extreme poverty, and to the strength of the legal argumentation of the Dominican State. In a generous act of solidarity in searching for a solution to the problem that has affected our country for the last 100 years, various State Powers and government organs with the support of civil society have produced two instruments that are complementary to the Ruling, these are: a) the National Regularization Plan and b) Law Number 169-14.

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These instruments allow us to effectively affirm that the Dominican Republic is the only country that in the least amount of time and with the highest level of social cohesion is completing the most profound, integral, and inclusive immigration reform in all of the Americas in the last decade.

The main characteristics of the instruments are:

– It is totally free of charge for the beneficiaries.

– De facto suspension of all deportations.

– Ascription of the nationality to every person subscribed irregularly in the Civil Registry that was born within national territory between 1929 and 2007.

– The creation of a registry of births occurred in the country, but not subscribed in the Civil Registry, in order for the persons subscribed to be ascribed a migratory category and have the option to start the naturalization in a period of two years;

– The regularization of all foreigners that live in the country and the designation of a migratory category in accordance to their situation.

– The setting up of offices for immigrants to have

access to these programs all over the country.

This pack of measures is being implemented with absolute adherence and respect to the dignity of people. Nonetheless the international negative campaign has not yielded, it uses the concept of statelessness as an excuse to force out country to assume a overflowing migration of Haitian nationals without giving importance to the economic, social, cultural and political consequences.

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In closing my intervention, we believe convenient to note that statelessness cannot be applied to Haitian and Dominican nationals because both countries have a constitutional structure that guarantees forever the transmission of nationality rights to their descendants in whichever country they are born.

For the first time in history, the Dominican State has consolidated homogenous criteria that are in tune with the Constitution, on this basis there are an ensemble of measures in process of implementation that guarantee the rights of people, as indicated in the international conventions and in national legislation, either domestic of foreign. These reforms are the product of Ruling TC/0168/13, and with them we have taken an important step in the fight to reduce marginality and social exclusion; there are more opportunities for those who have chosen our country as a place to settle for different reasons, and hence the false perception of the risk of statelessness has been neutralized.

We need to feel proud that many people of other nationalities have chosen our country to make their dreams come true. This speaks highly of our hospitality, solidarity and generosity, and of the advances and economic, social and developmental perspectives that we have. But if we do not manage this situation in accordance with our current legal provisions, the dreams of the immigrants and our own run the risk that all the inhabitants of the eastern part of the island wake up in a bitter nightmare.

apatridia en el contexto de república dominicana

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