UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

“UNIANDES”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

CARRERA DE DERECHO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

TEMA:

"LA INIMPUTABILIDAD EN LOS MENORES DE EDAD Y EL

CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS Y SANCIONES"

AUTORA: MARTINEZ BARBOTOA ANA DEL ROCÍO

TUTOR: MGS. MANTILLA MUÑOZ FRANCISCO ALEJANDRO

PUYO – ECUADOR

2018

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación

realizado por la señorita/Sra. ANA DEL ROCIO MARTINEZ BARBOTOA, estudiante

de la Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, con el tema “.LA

INIMPUTABILIDAD DE LOS MENORES DE EDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE

LAS PENAS Y SANCIONES”, ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los

requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma

de los Andes – UNIANDES -, por lo que apruebe su presentación.

Puyo, enero 2018

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, ANA DEL ROCIO MARTINEZ BARBOTOA, estudiante de la Carrera de

Derecho, Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el

presente proyecto de investigación, previo a la obtención del título de ABOGADO DE

LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales, auténticos y

personales; a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.

Puyo, enero 2018

CI. 0909356313

AUTOR

DERECHOS DE AUTOR

Yo, ANA DEL ROCIO MARTINEZ BARBOTOA, declaro que conozco y acepto la

disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional

Autónoma de los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de

la UNIANDES, está constituido por: la propiedad intelectual sobre las Investigaciones,

trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultorías que se realicen en

la Universidad o por cuenta de ella.

Puyo, enero 2018

CI.0909356313

AUTOR.

DEDICATORIA

El presente Proyecto de investigación lo dedico.

A Dios: por permitirme tener la fuerza para terminar mi carrera.

A mis padres: que desde el cielo me están protegiendo en este largo recorrer de mi vida.

A mi esposo: por sus consejos, paciencia y toda la ayuda que me brindó para concluir

mis estudios.

A mis hijos: Por ser la razón de mi existir sin ellos las fuerza de levantarme cada día

para ser mejor persona no sería una realidad, gracias Roberto, Orfaith y Edwar Jiménez

Martínez. Así como también a mis familiares y amigos que de una u otra manera me

apoyaron.

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento imperecedero a la UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE

LOS ANDES, a los catedráticos que me transmitieron sus conocimientos para ser una

profesional, lista para desenvolverme en mi carrera de abogada de los tribunales de la

República del Ecuador y de una manera muy especial a Dios quien me guio durante los

años que he cursado en las aulas universitarias.

RESUMEN

El presente proyecto de investigación aplicada pretende la modificación de las

condiciones de responsabilidad en el internamiento institucional en relación a los

adolescentes infractores, quienes una vez cumplida la mayoría de edad en los Centros

Socio Educativos generan un problema en el sistema de protección de derechos de niños,

niñas y adolescentes quienes en estos casos se encuentran expuestos frente a sus

semejantes y a mayores de edad; en este concierto de circunstancias la investigación

plantea una ley reformatoria a los artículos 388 y 393 del Código de la Niñez y

Adolescencia en concordancia con lo establecido en el Art. 7 del Código Orgánico

Integral Penal, fundamentados en posiciones teóricas que parten del origen, evolución de

la sociedad con respecto a la imputabilidad e inimputabilidad de los adolescentes

infractores, sus efectos y controversias generadas para su inserción en la sociedad, la

metodología se rige por las características propias de la estructura utilizada para la

investigación haciendo uso de la información recopilada para determinar los resultados

obtenidos y así proponer la creación de cuerpo legal ya antes referido e introducirlo en el

sistema jurídico ecuatoriano.

Los adolescentes infractores, tienen derecho a que su expediente sea cerrado y destruido

y no hacer constar en el récord policial ningún antecedente para proteger la integridad

del menor y evitar exponerlos a personas mayores de edad que se encuentran en el

mismo centro de tal manera que se requiere que los niños y adolescentes se encuentren

en un proceso pleno de rehabilitación, debidamente protegidos

ÍNDICE DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

DERECHOS DE AUTOR

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción.................................................................................................................................. 1

Actualidad e importancia .......................................................................................................... 1

Descripción de la actualidad internacional ............................................................................... 2

Importancia del tema................................................................................................................ 9

Formulación del problema...................................................................................................... 14

Objetivos de investigación ...................................................................................................... 15

Capítulo I. Fundamentación teórica............................................................................................ 16

1.1. Antecedentes de la investigación. ................................................................................... 16

1.2. Actualidad del Código de la Niñez y Adolescencia y la imputabilidad de los menores. .. 19

1.2.1. La inimputabilidad de los adolescentes en el Código de la Niñez y Adolescencia.... 19

1.2.2. La imputabilidad........................................................................................................ 19

1.2.3. Medidas socio educativas ......................................................................................... 21

1.2.3. Medidas socio-educativas......................................................................................... 21

1.3. Actualidad ecuatoriana .................................................................................................... 26

1.3.1. Derechos de los adolescentes infractores. ............................................................... 31

Capítulo II. Diseño metodológico y diagnóstico.......................................................................... 35

2.1. Paradigma y tipo de investigación. .................................................................................. 35

2.1.2. Tipo de investigación................................................................................................. 36

2.1.3 Procedimiento para la búsqueda y procesamiento de los datos............................... 37

2.1.4. Universo y muestra ................................................................................................... 37

2.2. Plan de recolección de la información ............................................................................. 38

2.2.1 Métodos de Investigación.......................................................................................... 38

2.2.2. Técnicas de Investigación......................................................................................... 41

2.3. Resultados del diagnóstico de la situación ...................................................................... 41

2.3.1. Diagnóstico que caracteriza el problema de investigación formulado..................... 41

2.3.2. Análisis e interpretación de resultados..................................................................... 42

2.3.3. Resumen de las principales insuficiencias detectadas............................................. 50

Capítulo III. Propuesta de solución al problema ........................................................................ 51

3.1. Nombre de la propuesta .................................................................................................. 51

3.2. Objetivos .......................................................................................................................... 51

3.3. Elementos que conforman la propuesta.......................................................................... 52

3.4. Aplicación práctica parcial o total de la propuesta.......................................................... 55

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 56

BIBLIOGRAFÍA

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tabulación general de encuestas................................................................................... 42

Tabla 2. Edad de menores para ser imputados ............................................................................ 44

Tabla 3. Imputabilidad de adolescentes en actos que atentan contra la vida .............................. 45

Tabla 4. Privación de libertad para los adolescentes................................................................... 46

Tabla 5. Imputabilidad de menores al cumplir mayoría de edad ................................................ 47

Tabla 6. Permanencia de mayores en centros de menores .......................................................... 48

Tabla 7. Reforma de varios artículos .......................................................................................... 49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Edad de menores para ser imputados........................................................................... 44

Figura 2. Imputabilidad de adolescentes en actos que atentan contra la vida ............................ 45

Figura 3. Privación de libertad para los adolescentes ................................................................. 46

Figura 4. Imputabilidad de menores al cumplir mayoría de edad ............................................... 47

Figura 5 . Permanencia de mayores en centros de menores........................................................ 48

Figura 6. Reforma de varios artículos ......................................................................................... 49

1

IntroducciónActualidad e importancia

Uno de los males que aqueja a la sociedad actual es la delincuencia, y se torna mucho

más grave cuando la delincuencia se viene empoderando de un sector de que en las

diferentes constituciones y leyes protege y que es la niñez y la adolescencia.

La delincuencia que azota a la sociedad plantea una gran y grave preocupación,

preocupación que no únicamente involucra a Ecuador sino a casi toda América Latina y

el mundo. Se viene observando en los diferentes medios de comunicación grandes

espacios ocupados por noticias de delitos graves perpetrados o en los cuales están

involucrados jóvenes menores de 19 años sea ya como autores, cómplices o encubridores

Ante esta situación, el Derecho tiene que adaptarse a los cambios y a la evolución que

tiene la sociedad para alcanzar un estado del buen vivir, donde sean respetado el derecho

de los ciudadanos y donde se cree un ambiente sano y de seguridad. Para ello es menester,

mantener un diálogo amplio y real de la necesidad de crear o reformar las leyes

existentes., aplicar nuevas sanciones, y endurecer las existentes de ser el caso, para

intentar frenar la ola delictiva que viene atravesando el País.

Es imperioso el cambio en ciertos aspectos de la legislación ecuatoriana; el estado

ecuatoriano ha considerado que los menores de edad comprendidos entre los 16 y 18 años

de edad, tienen la conciencia y la voluntad necesaria para acceder a un derecho político

como es el de ejercer el voto, también se debería tener la misma concepción para que, en

el momento en que se apliquen las sanciones, se considere que son personas que tienen

conciencia y voluntad al momento de cometer un delito, sea de la naturaleza que fuere y

mucho más, en delitos graves que provocan conmoción social y, que por ser sujetos

inimputables, se les da un tratamiento diferente en relación al delito cometido.

El presente proyecto de graduación, pretende realizar una investigación bibliográfica

documental, así como también una investigación de campo, cuyos resultados permitan

elevar a un proyecto de ley donde se modifique el Código Orgánico de la Niñez y

Adolescencia en lo concerniente a las medidas socio educativas relacionadas a la

privación de la libertad de los adolescentes en los casos que sean determinados por los

jueces respectivos.

2

El proyecto está compuesto por un apartado que comprende en forma general, el problema

su planteamiento y formulación, así como también los objetivos y la idea a defender, el

primer capítulo constituye el marco teórico, es decir todos aquellos conceptos y criterios

existentes en relación al objeto de transformación. El capítulo dos es el marco

investigativo donde, con la aplicación de métodos, técnicas, procedimiento e

instrumentos de investigación científica, se llegue a conocer el problema en su real

dimensión, determinando causas y efectos, así como también plantear una propuesta al

problema detectado. El capítulo tres corresponde al desarrollo de la propuesta, es decir,

el proyecto de ley que, de ser considerado, vendría a dar solución a la falencia encontrada

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

Descripción de la actualidad internacional

Las desigualdades sociales que parecen insuperables, y cuya solución se percibe como

una utopía, los jóvenes están incurriendo en conductas delictivas como un medio para

lograr alcanzar lo que creen no poder obtener por vía legal, o simplemente para lograr

acceder de forma más amplia a aquellas oportunidades que la sociedad les ha restringido.

El adolescente ve como salida de su evidente situación de desventaja la realización de

conductas punibles que le permitan fácilmente satisfacer necesidades que de otro modo

serían muy difíciles o imposibles de aplacar.

Bajo estas consideraciones es necesario analizar cómo se lleva a cabo el tratamiento de la

delincuencia juvenil en el transcurso del tiempo y en diferentes partes de nuestro planeta,

siendo una constante preocupación legal la conducta de los menores de edad desde inicios

de la historia.

En Chile, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema de

responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su

principal objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de programas

especiales

En el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años, se les aplicaba un examen de

discernimiento, para verificar si estaban conscientes del delito cometido. Si el juez

determinaba que había conciencia de ello, el menor era condenado como un adulto y

3

recluido en recintos de Gendarmería. De lo contrario, pasaba a los centros del Sename,

bajo la figura de protección, sin derecho a defensa gratuita, sin límite de tiempo y sin las

garantías de un debido proceso.

Hoy todos los adolescentes entre 14 y 18 años son responsables ante la ley penal, tienen

derecho a defensa gratuita, y de ser condenados a encierro, no son derivadas a recintos

carcelarios adultos, sino a centros especiales. Además, reciben un conjunto de garantías,

como acceso a educación y programas de rehabilitación antidrogas y alcohol.

Como principales características se puede anotar:

Establece procedimientos, fiscales y defensores especializados.

Establece programas de reinserción.

Termina con el trámite de discernimiento.

Establece la responsabilidad penal desde los 14 años, distinguiendo dos segmentos: 14 a

16 y de 16 a 18 años.

Establece un amplio catálogo de sanciones.

Las penas privativas de libertad sólo se establecen para delitos más graves

Sanciones no privativas de libertad:

Libertad asistida y libertad asistida especial, donde el adolescente es orientado,

controlado y motivado por un delegado, que debe procurar su acceso a programas y otros

servicios necesarios para la reinserción. El delegado es el representante de una institución

colaboradora acreditada que ha celebrado los convenios respectivos con el Servicio

Nacional de Menores (SENAME). Este tipo de sanción no podrá exceder los tres años.

Reparación del daño causado a la víctima, que se hará efectiva mediante una prestación

en dinero, la restitución o reposición del objeto o cosa de la infracción o un servicio no

remunerado en su favor, previa aceptación del condenado y la víctima.

4

Servicios en beneficio de la comunidad, mediante actividades no remuneradas que no

excedan las 4 horas diarias, compatibles con la actividad educacional o laboral del

adolescente. La sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

Multas y amonestaciones. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no

exceda las 10 unidades tributarias mensuales. Para ello se considerará la condición y

facultades económicas del infractor y de la persona que está a su cuidado. La multa se

podrá pagar en cuotas o será conmutable por servicios a la comunidad, a razón de 30

horas por cada 3 unidades tributarias mensuales.

Sanciones accesorias, contemplan la rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.

También se puede prohibir la conducción de vehículos motorizados hasta cumplir los 20

años.

Para los delitos más graves se aplica las siguientes sanciones:

Para robo con violencia, robo con violación, secuestro con violación o robo con

homicidio: al menos dos años de reclusión en régimen cerrado, periodo después del cual

pueden acceder a cumplir sus penas en régimen semicerrado

.Para homicidio calificado o robo calificado: penas entre 5 años y 1 día, y 10 años. El

rango de sanciones aplicables para estos delitos es de régimen cerrado con programas de

reinserción social y régimen semicerrado con programas de reinserción social,

respectivamente.

Para robo en lugar habitado y robo con violencia o intimidación: las penas van desde los

3 años y 1 día, a 5 años con régimen cerrado con programas de reinserción social, régimen

semicerrado con programas de reinserción social y libertad asistida especial. En caso

de riñas con resultado de homicidio, lesiones graves y porte ilegal de armas: las penas

van desde los 541 días a 3 años de cárcel. Para estos delitos se contemplan sanciones en

régimen semicerrado con programas de reinserción social, libertad asistida en cualquiera

de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. (Rescatado de

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-penal-juvenil)

5

En Colombia, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes El Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), según el documento del Consejo

Nacional de Política Económica y Social (CONPES), (Ruiz-Hernández, 2011) siendo este

el máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia y que en

materia de derecho penal juvenil da líneas y orienta al Estado respecto a qué acciones

emprender, ha señalado que este sistema: “Implica dos procesos paralelos y

complementarios, un proceso judicial y uno de restablecimiento de sus derechos. Su

garantía y protección integral implica un sistema complejo, integrado por instituciones

del orden nacional y territorial, bajo el principio de corresponsabilidad entre la Familia,

la Sociedad y el Estado”.

El Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 7 señala sobre la protección integral:

“Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento

como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del

principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de

políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional,

departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos

financieros, físicos y humanos”.

A los adolescentes que delinquen se les aplica la doctrina de la protección integral que ha

significado pasar de una concepción de los menores como objetos de tutela y protección

segregativa, a considerar a niños y jóvenes como sujetos plenos de derecho; de este modo

se dejó de lado la doctrina de la situación irregular. Así pues, las disposiciones del SRPA

“se estructuran alrededor del concepto de protección integral del menor que se orienta por

los principios de interés, derecho, corresponsabilidad, exigibilidad de derechos,

perspectiva de género, multiculturalismo y responsabilidad parental”. (Corte Suprema de

Justicia, Proceso Nº 35681, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, 29/06/2011).

Así mismo, en la Constitución Nacional en el artículo 44 se establecen las normas que de

carácter superior indican la prevalencia de los derechos de los niños frente a los demás:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la

6

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

El artículo 6 expresa: “Los adolescentes entre 14 y 16 años que cometan delitos, sólo

podrán ser sancionados con medidas alternativas que no impliquen privación de libertad.

(La amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la

comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semi-cerrado); salvo cuando

cometan delitos de homicidio doloso, Secuestro o extorsión, en cuyo caso podrán ser

privados de libertad por un tiempo entre 2 y 8 años. Esta última regla se aplica también

para adolescentes entre 16 y 18 años”.

En el caso de la Legislación Penal Costarricense, se establece también un criterio de

imputabilidad para los adolescentes mayores de dieciséis años, la norma pertinente señala

de forma textual, lo siguiente:

“Art. 127.- Son imputables los menores con edad superior a dieciséis años y serán

sometidos a la justicia penal en la misma forma que los adultos, cuando hubieren

cometido delitos considerados como graves y revelen alta peligrosidad. La minoría de

edad será considerada como circunstancia atenuante.”(República de Costa Rica, Código

Penal, Red Informática Mundial de Información INTERNET, 2004)

Es decir que, en la legislación de Costa Rica, se declara imputables a las personas que

tengan una edad superior a los dieciséis años. En este caso se menciona que serán

sometidos a la justicia penal en la misma forma que una persona adulta, cuando hayan

cometido un delito considerado como grave y que su conducta represente alta

peligrosidad. No obstante, el hecho de que el responsable de la infracción sea un menor

de edad, será considerado como circunstancia atenuante.

Por lo tanto, en el Código Penal de Costa Rica, se declara que los adolescentes mayores

de dieciséis años son imputables, y en consecuencia deberán ser juzgados y sancionados

de la misma forma que un adulto, criterio que me parece desproporcional y exagerado.

Sin embargo, hay que anotar que se establece que la minoría de edad será una

7

circunstancia atenuante, que no contribuye a disminuir significativamente el grado de

drasticidad de la pena aplicada

Existe diferencia entre la legislación ecuatoriana y la costarricense, que, si considera

como imputables penalmente a los adolescentes, siempre y cuando tengan una edad

mayor a los dieciséis años.

La Legislación Peruana Artículo I.- Responsabilidad penal especial

1. El adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de

derechos y obligaciones, responde por la comisión de una infracción en virtud de una

responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características

personales.

Artículo II.- Principio de interés superior del adolescente

1. Al adolescente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y simultánea de

derechos durante el proceso de responsabilidad penal. El desarrollo y ejercicio de sus

derechos deben ser considerados como principios rectores. Ningún derecho debe ser

perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del adolescente.

Artículo 19.- Derechos del adolescente

Son derechos del adolescente entre otros:

8. A que la privación de libertad sea una medida de aplicación excepcional de último

recurso y deba durar el período más breve posible

Artículo 156.- Medidas socioeducativas

156. El adolescente que comete un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo a la

legislación penal, solo puede ser sometido a las siguientes medidas socioeducativas:

1. Medidas no privativas de libertad:

8

a. Amonestación;

b. Libertad asistida;

c. Prestación de servicios a la comunidad; y,

d. Libertad restringida

2. Internación en un centro juvenil.

156.2 Los padres, tutores o responsables del adolescente a quien se le imponga una

medida socioeducativa tienen la obligación de apoyar su cumplimiento y ejecución.

156.3 La mayoría de edad adquirida durante el proceso o en el cumplimiento de la medida

socioeducativa impuesta, no lo exime de culminar aquella.

En Estados Unidos se utiliza el sistema del commonlaw y la mayoría de casos se miran a

través de un sistema de precedente, lo cual no implica que se carezca de normativa

vigente, pues se trata de un sistema mixto entre lo que prescribe la ley y lo que se ha dicho

en los precedentes por las Cortes.

Estableciendo esto, se debe tomar en cuenta que no existe una ley uniforme que trate de

la misma manera a los delitos en todos los estados, sino que cada estado tiene su propia

regulación y cada estado sigue sus propios precedentes.

Por lo mismo, para realizar el estudio de derecho comparado se lo verá de manera general

y poniendo ejemplos específicos que son los más conocidos e importantes en el sistema

americano, pero las decisiones citadas van a depender del estado donde se dicte dicho

fallo.

Para poder ver el desarrollo y evolución del tratamiento de menores, se debe que observar,

brevemente, tanto el aspecto sociológico como la evolución normativa con relación a los

derechos y tratamientos de los menores.

9

En general, el tratamiento a los menores ha sido mediante un sistema judicial, con el uso

de normas y un proceso jurisdiccional de menores, separando este proceso del que se

sigue en contra de los adultos, entendidos como mayores de 18 años.

El menor debe ser presentado ante un juez y es acusado por delitos, tornando este

tratamiento hacia los menores completamente legal y no social. En los tribunales

juveniles se ha definido al acto de delincuencia juvenil diciendo que “es un delito punible

como delito criminal si fuera cometido por un adulto.” (Claude. “Los derechos de los

menores en Estados Unidos y en los países Escandinavos.” Baltimore: John Hopkins

University Press, 1976.)

En cuanto a la competencia jurisdiccional que ostentan los tribunales juveniles, se dice

que la misma se puede extender hasta que el menor cumpla los 18 años, posteriormente

será parte del sistema penal ordinario utilizados para los mayores de 18 años.

Una de las grandes diferencias en cuanto a lo que establece el sistema americano con lo

que se tiene en el sistema latinoamericano es que en el primer sistema no se encuentra

una protección a nivel constitucional de los menores, como se tiene en el Ecuador y en

varios países latinoamericanos, velando por la protección de más alto nivel para con los

adolescentes. Lo cual, en definitiva, ha permitido que se den cambios legislativos a nivel

estatal y federal que se han basado en la constitución, más no la han cambiado, lo cual ha

permitido a esta sociedad adaptarse a las necesidades, tanto a nivel estatal para ciertos

delitos y a nivel federal para delitos que sean más graves, dependiendo del caso

específico.

Importancia del tema

Una sociedad en democracia, necesita contar con un macro legal que permita la

convivencia armónica dentro de una cultura de paz que propicie el buen vivir de sus

ciudadanos; para ello es necesario que las leyes sean actualizadas constantemente de tal

manera que se ajusten a las necesidades sociales, al tiempo y a la tecnología.

Plantear una reforma a la ley constituye un motivo y un reto de un profundo estudio de

las causas y los efectos de la misma.

El presente trabajo se justifica bajo las siguientes razones:

10

Las legislaciones en el mundo y para el presente caso en el Ecuador, consideran a los

niños, niñas y adolescentes, como un sector vulnerable dentro de la sociedad y por lo

tanto se ha legislado en beneficio de los niños en consideración especial a los niños, niñas

y adolescentes.

En materia penal, los niños, niñas y adolescentes son sujetos inimputables lo que significa

que no son pueden ser responsables de los delitos que comentan, esta imputabilidad se

extiende hasta los dieciocho años cuando pasan a cumplir la mayoría de edad, donde se

aplica la ley en forma general; esta condición especial muchas de las veces son

aprovechadas para cometer infracciones que afectan a la sociedad.

En infractor adolescente, está sujeto a medidas socio educativas, y, en el último de los

casos a la privación de la libertad, la misma que debe ser cumplida en un centro propio

para los adolescentes, pero, ¿qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad? la ley tipifica

que deben terminar su sentencia en los mismos centros, pero dentro de ellos en una

sección especial. Esto hace que el adulto, se convierta en guía delincuencial para otros

menores que se encuentran en el mismo centro.

De allí que, es necesario plantear una reforma al Código orgánico de la Niñez y

Adolescencia a fin de que cumplida la mayoría de edad, quienes fueron adolescentes

infractores pasen a cumplir el resto de la sentencia en centros existentes para mayores, ya

que dejan la condición de adolescentes.

Se justifica este trabajo, ya que constituye un proyecto de investigación jurídica que se

inicia detectando un vacío existente en la ley lo que ocasiona un problema hasta la

búsqueda de una solución inteligente al mismo.

Además, constituye un aporte, que va a permitir que el sistema judicial, actúe en relación

a los cambios sociales que se producen dentro de ella y su entorno

Problema de investigación

La responsabilidad jurídico-penal consiste en la obligación que tiene un sujeto imputable

de sufrir las consecuencias derivadas de la perpetración de un hecho socialmente

peligroso y antijurídico. Se deduce entonces que, no toda persona es exigida en

11

responsabilidad, sino únicamente cuando se trate de un sujeto imputable, ya que para ello

debe reunir ciertos requisitos tales como la capacidad de autodeterminación (voluntad),

comprender la ilicitud de sus actos (conciencia) y, el cumplimiento de la edad que se le

considera sujeto como imputable.

La edad constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para determinar la

capacidad y responsabilidad de un individuo. La voluntad y la conciencia exigida por el

ordenamiento jurídico, son dos ingredientes de la capacidad que se va desarrollando de a

poco y que por razones biológicas lo que a su vez permite que una persona alcance la

madurez mental necesaria para ser considerada legalmente capaz y por lo mismo

responsable en el hábito penal.

Los adolescentes, de conformidad con lo tipificado en el art. 305 y 306 del CNA son

penalmente inimputables y por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni

se les aplicará las sanciones previstas en las leyes penales. Cuando cometen infracciones

tipificadas en la ley penal, estarán sujetas a medidas socio educativas por su

responsabilidad, en concordancia a las leyes existentes al respecto.

Art. 38. Las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

Como se puede analizar de los artículos que anteceden, el Estado por medio de la

promulgación de las diferentes leyes protege a los menores ya que son considerados como

un sector vulnerable de la sociedad.

Matar a personas es, en todos los ordenamientos jurídicos, uno de los más graves delitos

que se puedan cometer; y tal vez, el delito supremo de que puede acusarse a un ser

humano.

Cuando el homicidio es perpetrado no por un adulto sino por un adolescente e incluso por

un niño, surge una perturbadora disonancia entre la gravedad de la violación del derecho

y la idea que se tiene en general de la naturaleza del niño o adolescente.

El adolescente en el Ecuador, a la edad de dieciséis años tiene el voto facultativo, lo que,

sin dejar de ser facultativo, representa una responsabilidad al tener el poder de emitir su

12

voto dentro de unas elecciones, esto hace que comience a ejercer sus derechos como

ciudadano, y al ejercer derechos, se entiende también que tiene obligaciones.

Dentro de las obligaciones es el deber de respetar las diferentes leyes existentes, lo que a

su vez, se contrapone con el C.N.A., ya que según el mismo, si no ha cumplido la mayoría

de edad (18 años) es un sujeto inimputable y en delitos mayores (asesinatos, violaciones,

entre otros), debe cumplir una pena en un lugar especial para su edad, lo que está bien, ya

que no se puede ubicar a los menores infractores en un mismo lugar que los mayores

infractores.

El Código Orgánico Integral Penal, fija penas que alcanzan hasta los cuarenta años de

privación de la libertad (Artículo 59) lo que no puede ser aplicado a un adolescente

infractor por ser considerado inimputable, de allí que, en estos últimos tiempos la

delincuencia está utilizando niños, niñas y adolescentes en el cometimiento de delitos, a

sabiendas de la existencia de la norma de imputabilidad que protege a los menores.

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el art 4 define al "Niño o niña es la

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos

entre doce y dieciocho años de edad."

Como se puede colegir y en concordancia con el mismo artículo se tipifica claramente la

edad necesaria de un niño y la edad de un adolescente por lo que, existiendo la

inimputabilidad, su aplicación debe ser diferente.

A igual tenor, el art. 306 ibidem indica las responsabilidades de los adolescentes que

comentan infracciones y dice claramente: "...Los adolescentes que cometan infracciones

tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio -

educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del presente Código."

El Art. 308.- Principio de legalidad. - Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados

por actos considerados como delitos por el Código Orgánico Integral Penal con

anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este

Código.

13

El Art. 324 del mismo cuerpo legal habla sobre las medidas cautelares de orden personal

e indica que: " El Juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares de orden personal:

entre otras No 7. La privación de libertad..."

El artículo 330.- El internamiento preventivo. - El Juez sólo podrá ordenar el

internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre que existan

suficientes indicios sobre la existencia de una infracción de acción pública y su autoría y

complicidad en la infracción investigada:

a) De los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento de delitos

de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, sicariato, violación,

secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y delincuencia organizada.

b) De los adolescentes que cumplen catorce años, en el juzgamiento de delitos

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad de más

de cinco años

Cuando se haya dictado sentencia de acuerdo al art. 388 el adolescente al llegar a la

mayoría de edad continuará con la medida socio educativa impuesta y si es una medida

socio educativa privativa de libertad permanecerá en una sección especial en el mismo

centro

Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador así como también el Código

de la Niñez y Adolescencia, dan prioridad y brinda especial medidas de protección a los

niños, niñas y adolescentes, es necesario tomar en cuenta que el Código está hecho para

niños, niñas y adolescentes; el infractor al cumplir los dieciocho años pasa a ser una

persona adulta y que por lo tanto el resto de sentencia debe cumplir en igualdad de

condiciones en que lo hacen las demás personas privadas de la libertad ya que su

condición de adolescente ha terminado con la mayoría de edad.

Al permanecer en el mismo centro, así sea en una sección especial, su estadía está fuera

de contexto de edad de los otros adolescentes, pudiendo convertirse en un caldo de cultivo

o en una escuela del delito si es que no se toman las debidas pertinentes y necesarias para

que esto ocurra.

14

Formulación del problema.

Lo tipificado en el artículo 388 del Código de la Niñez y Adolescencia, se contrapone al

ordenamiento jurídico aplicado a las personas privadas de la libertad.

Existe

Fuente: Elaboración propia.

Menores infractores, que han cumplido la mayoría deedad mientras cumplen una sentencia de privación de

libertad, deben cumplir la sentencia en el mismocentro

Contaminan a losmenores

No es el medio adecuado Privilegios de reclusión

Existe tipificación en laley

Sobre protección No se prevee conductas

Contraposición al Ordenamiento jurídicoexistente

15

Objetivos de investigación

Objetivo general

Proponer un proyecto de ley reformatoria al artículo 388 y 393 del Código de la Niñez y

Adolescencia a fin de dar cumplimiento a lo tipificado en el Art. 7 del Código Orgánico

Integral Penal

Objetivos específicos

Fundamentar científicamente la investigación en base a una investigación documental.

Determinar el criterio de los Profesionales del Derecho, sobre el campo que se investiga,

con la aplicación de una de las técnicas de la Investigación Científica.

Determinar los componentes de la ley reformatoria con todos sus componentes como un

documento de aplicación.

16

Capítulo I. Fundamentación teórica

1.1. Antecedentes de la investigación.

Partiendo del hecho de que la infancia es la época en la cual se configura o se forma la

personalidad del ser humanos, es necesario que para que exista un desarrollo armónico se

cuente también, con un ambiente que permita mantener relaciones de afecto lo que va a

fortificar la personalidad y el desarrollo armónico de su facultad

Para Rousas Rushdoony (1980) "El niño no es solamente una persona sino un concepto,

en el hecho que toda cultura tiene su propia idea y expectativa particular del niño. De este

modo, el concepto de niño en una cultura motivada por la adoración a los ancestros es

radicalmente diferente al concepto de la cultura actual. El niño nace en una cultura y es

modo y honrado en tanto cumple las exceptivas de la costumbre"

Según el art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia "Niño o niña es la persona que no

ha cumplido doce años de edad"; mientras que adolescente es: "la persona de ambos sexos

entre doce y dieciocho años de edad"

El tema de los adolescentes infractores se encuentra en conflicto entre el Código de la

Niñez y Adolescencia y la Legislación Penal vigente, convirtiéndose en un problema de

carácter social que día a día crece con mayor fuerza esto, posiblemente se debe a la

inexistencia de sanciones más fuertes que con su aplicación, combatan la inseguridad que

tiene la ciudadanía.

Un adolescente se convierte en transgresor de la ley por diferentes causas: hogares

disfuncionales, situación de pobreza que los obliga a salir a las calles, por la migración

del campo a la ciudad y por qué no decirlo por el irrespeto a los derechos humanos, entre

otros.

Cada día se puede ver y escuchar en los diferentes medios de comunicación como la

delincuencia juvenil se ha convertido en algo se puede decir hasta rutinario. La

conformación de pandillas y la intervención de delincuentes mayores que conociendo de

la inimputabilidad de menores, utilizan a los mismos al cometimiento de los delitos.

17

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integralde las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos: seatenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerá sobre los demás delas personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de suscapacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social ycomunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de susnecesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas,intersectoriales nacionales y locales

En el artículo 45, inciso segundo ibidem se establece que:

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a suidentidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición ; a tener una familia ydisfrutar de la convivencia familiar y comunitaria a la participación social, al respeto desu libertad y dignidad; a ser consultado en los asuntos que les afecte, a educarseprioritariamente en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos ynacionalidades; y recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes,salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

Ramos Carrera Mireya Soledad (2015), en su tesis: La Inimputabilidad del menor como

causa de la falta de desarrollo de la personalidad, como causa de la inseguridad jurídica

y ciudadana, manifiesta " En las últimas décadas, el rostro más publicitado de los jóvenes

ha sido el de la violencia; frente a ella, el Estado y las autoridades respondieron con una

serie de instrumentos normativos y punitivos que buscaban satisfacer las demandas

urgentes de la población. De esta manera se ha pretendido nuevamente instaurar la “mano

dura” o la “tolerancia cero”, muy ensayadas en otras latitudes y que no han significado

una solución real a los problemas de los jóvenes, por el contrario, han agudizado aún más

la problemática."

La delincuencia es derivada de los problema familiares, económicos, políticos y

culturales de la sociedad actual, de allí la necesidad de de reformar la impartición de la

justicia a menores infractora lo que no significa señalarlos como un sector potencialmente

peligroso, sino como un sector de la sociedad que debe ser protegido ante las influencias

negativas de quienes se fortalecen ante la imposibilidad de actuación que tienes las

18

autoridades que aplican la ley. Destacándose por su importancia el reconocimiento de sus

derechos

El tratamiento diferenciado de la infancia - adolescencia se remonta de la década de 1890.

Hasta entonces la única diferencia normativa existente se encontraba en los códigos

penales retribucioncitas, que limitaban la diferencia de estas categorías a la reducción de

las penas en un tercio, tratándose de delitos cuyos autores en edad inferior a los dieciocho

años.

Existen además pocas y dispersas leyes de carácter civil, por lo que es posible afirmar

que el origen de la especificidad jurídica de la infancia es de naturaleza estrictamente

penal

Más allá de la reducción del castigo para el caso de delitos cometidos por menores,

ninguna otra diferencia normativa era prevista para el momento de aplicarse la pena.

Adultos y niños eran alojados indiscriminadamente en las mismas instituciones

penitenciarias lo que traía consigo condiciones de encierro y promiscuidad entre jóvenes

y adultos. (ABRAHAM, JUANA. (2005) tesis de grado “Niñas, Niños y Adolescentes

Infractores a la Ley Penal” Universidad Abierta Interamericana. Sede: Centro.)

Para que un individuo sea penalmente imputable, se requiere tanto un determinado nivel

de salud mental como una cierta madurez de las facultades intelectivas, afectivas y

volitivas.

Un menor de edad al no poseer cierta madurez mental, es inimputable, por ello

considerando el art, 307 del Código de la niñez y Adolescencia estatuye que "los niños

son absolutamente inimputables y tampoco son responsables, por tanto, no están sujetos

ni al juzgamiento ni a las medidas socio educativas..."

Está claro que, al hablar de "niño" no involucra al "adolescente" pues, los adolescentes a

pesar de ser penalmente inimputables, tienen cierto grado de responsabilidad por los actos

que ejecutan, sólo que en lugar de cumplir la pena en las cárceles comunes tiene que ser

tratado en un centro especializado donde se trata de rehabilítale antes que alcance la

mayoría de edad lo que se persigue también, con medidas socio educativas.

19

1.2. Actualidad del Código de la Niñez y Adolescencia y la imputabilidad de losmenores.

1.2.1. La inimputabilidad de los adolescentes en el Código de la Niñez yAdolescencia

La legislación de menores del Ecuador, en su código de la Niñez y Adolescencia en el

libro Cuarto, Título I de las Disposiciones Generales establece la inimputabilidad de los

adolescentes así están en los articulados que a continuación se transcriben:

Art. 305. Los adolescentes son penalmente inimputables y por lo tanto no serán juzgados

por jueces penales, ni se le aplicará las sanciones previstas en las leyes penales.

Art. 306.- Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal, estarán

sujetos a medidas socio educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos

del presente Código.

Art. 307.- Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables,

Por lo tanto, no estarán sujetos ni a las medidas socio-educativas contempladas en este

Código.

1.2.2. La imputabilidad

La conceptualización clásica de la imputabilidad manifiesta que imputar un hecho a un

individuo, es atribuírselo para hacerlo sufrir las consecuencias, es decir, para hacerle

responsable de un hecho cometido.

La culpabilidad y responsabilidad son consecuencias tan directas, tan inmediatas de la

imputabilidad que las dos ideas son consideradas a menudo como equivalentes y las dos

palabras como sinónimos.

La imputabilidad afirma la existencia de una relación de causalidad entre el delito y la

persona; la responsabilidad resulta de inimputabilidad, puesto que es responsable el que

tiene la capacidad para sufrir las consecuencias del delito, si bien en última instancia es

una declaración que resulta del conjunto de todos los caracteres del hecho punible; la

culpabilidad es un elemento característico de la infracción y de carácter normativo, puesto

20

que no se puede hacer sufrir a un individuo las consecuencias del acto que le es imputable

más que las condiciones de culpabilidad.

El concepto básico de de la imputabilidad se basa en la existencia del libre albedrío y de

la responsabilidad moral.

Según Jiménez (2007) La imputabilidad es el conjunto de condiciones necesaria para que

el hecho punible pueda y deba ser atribuido a quien voluntariamente lo ejecute, como a

causa eficiente y libre.

Según Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,

manifiesta: "La imputabilidad no es otra cosa que la condición y estado del que no puede

ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad,

inteligencia, voluntad y salud mental aun siendo ejecutor material de alguna acción u

omisión prevista y penada".

Para Zaffaroni (2006) al hablar de la imputabilidad manifiesta que "...ha sido definida de

muy diferentes maneras y en consecuencia se le asignaron ubicaciones dispares dentro de

la teoría del delito y aún fuera de ella. En el lenguaje corriente y aún en el técnico con

frecuencia se habla de autores imputables e inimputables que con la debida advertencia

no es correcta si sólo se quiere evitar precisiones terminológicas que no siempre resultan

impredecibles pero debe tenerse claro que en estricto sentido técnico la imputabilidad es

una característica del acto aun cuando provengan de una capacidad del acto. No hay una

clasificación de la persona en imputabilidad o inimputabilidad sino injustos que son

imputables y los que no son por razones psíquicas del autor"

Vale la pena anotar el concepto indicado por el Dr. Marco Sigüenza en su libro Preguntas

y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal donde manifiesta que sobre la

imputabilidad en la siguiente forma:

Es la capacidad del sujeto para reconocer el carácter ilícito del hecho o determinarse

espontáneamente en esa comprensión la inimputabilidad supone, consecuentemente, la

ausencia de dicha capacidad y por ello la incapacidad para conocer la ilicitud del hecho o

bien para determinarse en forma espontánea conforme a es comprensión. Las

regulaciones de los casos de inimputabilidad en los Códigos Penales pueden seguir cuatro

21

criterios básicos a saber: el biológico, el psiquiátrico, el psicológico y el sociológico; la

fusión de ellos da lugar a un quinto criterio que suele llamarse mixto (Sigüenza, 2008)

De los conceptos antes manifestados se puede decir, a manera de conclusión que lainimputabilidad no es otra cosa que la incapacidad jurídica que tiene una persona porciertas cuestiones establecidas en la ley penal para responder por un acto que puede seranti jurídico

1.2.3. Medidas socio educativas

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) que vino a remplazar al Código Penal y al

Código de Procedimiento Penal, contiene reformas que cambian un tanto la perspectiva

que tienen los adolescentes del cometimiento de actos que están fuera de la norma legal

y las sanciones que conllevan este tipo de actos se han endurecido en razón e razón de su

edad.

Es así que el COIP tipifica los siguiente con relación a las medidas socio-educativas

Finalidad de las medidas socio- educativas. - Art. 371.- Las medidas socio educativas

tienen como finalidad la protección y desarrollo de los adolescentes infractores, garantizar

su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como

promover el ejercicio de los demás derechos de las personas de conformidad con la

Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y este Libro

1.2.3. Medidas socio-educativas: clases

Son de dos clases:

a.- Privativas de la libertad y,

b.- No privativas de la libertad.

Para la imposición de estas medidas se tomará siempre en consideración la edad que tiene

el adolescente en el momento mismo del cometimiento de la infracción, conforme lo

señala el art. 373 del cuerpo legal al que estamos haciendo referencia.

22

Las medidas socio-educativas no privativas de libertad y que se estipulan en la norma

legal son:

Art. 378:

1) Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho directamente por el juzgador,

al adolescente; y, a sus padres o representantes legales o responsables de su cuidado para

que se comprenda la ilicitud de las acciones.

2) Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de determinadas obligaciones y

restricciones para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el

comportamiento de cada adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno

familiar y social.

3) Orientación y apoyo psicosocial familiar: es la obligación del adolescente y sus padres,

representantes legales o responsables de su cuidado, de participar en programas de

orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno

familiar y social.

4) Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio comunitario que

impone el juzgador, para que el adolescente las realice sin menoscabo de su integridad y

dignidad, ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en

consideración su edad, sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio

socioeducativo que reportan.

5) Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al cumplimiento de directrices

y restricciones de conducta fijadas por el juzgador, sujeta a orientación, asistencia,

supervisión y evaluación, obligándose el adolescente a cumplir programas educativos, a

recibir la orientación y el seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con

conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes.

Estas son sin duda de las normas más utilizadas con el fin de evitar se llegue a dictar una

medida socioeducativa privativa de libertad ya que esa sería considerada una medida de

63

23

Las medidas socioeducativas privativas de libertad se manejarán conforme a lo dispuesto

tanto en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como en el Código Orgánico Integral

Penal.

Art. 379.- Medidas socioeducativas privativas de libertad. - Las medidas socioeducativas

privativas de libertad son:

1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por la cual el

adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al establecimiento de

estudios, de salud y de trabajo.

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la libertad en virtud de la

cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de semana al Centro de

adolescentes infractores, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo.

3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la libertad por la

que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin impedir su

derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo.

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del adolescente, que

ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin menoscabo de la aplicación de los

programas establecidos para su tratamiento.

Art. 384.- Aplicación de las medidas socioeducativas en contravenciones. - Para los casos

de contravenciones, se aplicará la medida de amonestación al adolescente y llamado de

atención a los padres y una o más de las siguientes medidas:

a) Imposición de reglas de conducta de uno a tres meses.

b) Orientación y apoyo psicosocial familiar de uno a tres meses.

c) Servicios a la comunidad de hasta cien horas.

24

Art. 385.- Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en el Código

Orgánico Integral Penal. - Las medidas socioeducativas aplicables a los delitos

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal son:

1. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de un mes

hasta cinco años, se aplicará la medida de amonestación y una o más de las siguientes

medidas:

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses.

b) Orientación y apoyo psicosocial familiar de tres a seis meses.

c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses.

d) Libertad asistida de tres meses a un año.

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año.

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses.

g) Internamiento con régimen sami abierto de tres meses a un año.

2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a cinco

años y hasta diez años, se aplicará la medida de amonestación y una de las siguientes

medidas:

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año.

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año

c) Internamiento con régimen sami abierto de seis meses a dos años.

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años.

3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a diez

años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a

ocho años.

25

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa se realizará

una evaluación integral que determinará la necesidad de seguimiento y control de hasta

dos años posteriores al cumplimiento de la medida.

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el juzgador

especializado en adolescentes infractores impondrá además la obligación de que el

adolescente asista a programas de educación sexual, dentro del tratamiento de las medidas

socioeducativas.

Art. 386.- Solicitud de aplicación o modificación de los regímenes de ejecución. - El

juzgador especializado en adolescentes infractores tramitará en audiencia, la solicitud de

aplicación o modificación del régimen de ejecución de la medida socioeducativa de

internamiento.

La modificación se aplica previa la presentación de los informes emitidos por el equipo

técnico del Centro de adolescentes infractores donde se encuentra cumpliendo la medida.

La solicitud será presentada por el adolescente infractor, su defensor público o privado o

por el Coordinador del Centro, si cumple el tiempo previsto para cada régimen de

ejecución.

A la audiencia comparecerá el adolescente, sus representantes legales o responsables de

su cuidado y su defensor público o privado.

El Coordinador del centro, basado en los informes motivados del equipo técnico, podrá

solicitar al Juez la revocatoria de una modificación concedida. Previo a resolver, el

Juzgador escuchará al adolescente.

26

1.3. Actualidad ecuatoriana

El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad, no sólo del derecho

penal, sino también de la criminología y de las ciencias conexas; el constante aumento de

los conflictos sociales, y con ellos el de la delincuencia, ha incrementado el interés por el

tema en el Ecuador.

Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para la delincuencia

juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la problemática de la sociedad actual,

en esta estructura social en que les ha tocado vivir a los niños, niñas y adolescentes de

hoy, está caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de

soluciones no depende ni de fórmulas tradicionales, ni de líderes carismáticos.

La conducta delincuencial en el adolescente está marcada por la violencia que se relaciona

de manera consistente con un trastorno mental de la persona de ahí la importancia de

analizar las causas psicológicas que conlleva a una persona a un trastorno antisocial. El

trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 años, aunque a

veces antes, y consiste en comportamiento desviado en el que se violan todos los códigos

de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, la iglesia.

Existen varios autores que pretenden definir al adolescente infractor, y en su búsqueda

por aquella definición, han coincidido en que primero es necesario conceptualizar la

delincuencia juvenil, así:

Para TIZIO Georgelina (1972) la delincuencia juvenil debe entenderse como: “el

resultado de la interacción de muchos factores físicos, intelectuales, sociales y culturales,

y como toda delincuencia es un fenómeno complejo”.

Al respecto los doctores SEMPERTEGUI, Walter y AVEIGA, Daysi, (2000) expresan

que: “el concepto de delincuencia juvenil es toda manifestación de conducta de un menor,

que cae en el ámbito del delito, de la pena o del delincuente”.

Sobre delincuencia juvenil la página web http://www.delincuenciajuvenil.com., señala

que: “la delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos,

27

pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por su

incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa”.

De acuerdo a lo manifestado por los tratadistas antes citados se puede deducir que la

delincuencia juvenil, son todos aquellos actos por el cual un adolescente comete una

infracción sea este un delito o una contravención, como forma de atentar los intereses y

derechos de las demás personas que forman parte del conglomerado social donde se

desarrolla. Así la comisión de un delito no difiere en la práctica de quien lo realice, pero

sí hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado, en lo referente a la sanción e

imposición de penas.

Diferentes factores influyen al comportamiento del menor infractor, llegando a cometer

delitos penales que violan las leyes vigentes por lo que en la actualidad ha surgido un

conflicto entre jueces, juristas y sociedad civil, ya que las penas impuestas a los

adolescentes infractores, no se encuentra apegadas a la realidad de los hechos suscitados,

por lo tanto creemos que se debería analizar cada uno de los casos con el fin de que la

sanción este de acuerdo a la gravedad del delito cometido.

Hay que resaltar, pero no siempre, que la delincuencia juvenil se ubica dentro de un

contexto social caracterizado por grupos de adolescentes ubicados dentro de niveles de

miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones

sexuales y desintegración familiar, a estos grupos sociales se les ha negado todos los

derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en

fin, el derecho al desarrollo.

Las responsabilidades que el Estado Ecuatoriano a través de las Normas Constitucionales

da a los adolescentes a partir de los 16 años, como es el voto facultativo, es en base a las

luchas progresivas que los jóvenes han realizado, lo cual se debería haber tomado en

cuenta mucho más antes; pero no se ha identificado los problemas que los adolescentes

realizan en contra de la sociedad en la que se desenvuelven, por lo que al existir un

problema social se debería tomar en cuenta las sanciones que se debería aplicar a los

adolescentes infractores, ya que al ser sancionados con medidas socio-educativas no se

justifica la responsabilidad de los adolescentes, tomando en consideración que los delitos

cometidos son efectuados con mayor agresividad y alevosía.

28

Claro está que las sanciones se encuentran normadas de acuerdo a las normas y convenios

internacionales, los cuales en un tiempo no lejano deberán ser revisados por las

autoridades, ya que la delincuencia juvenil se está tomando las ciudades en sus manos.

El nuevo Código Orgánico Integral Penal, que reemplaza al Código Penal y al Código de

procedimiento Penal, trae reformas que han cambiado un tanto, la perspectiva que tienen

los jóvenes del cometimiento de actos que están fuera de la norma legal y las sanciones

que conllevan este tipo de actos se han endurecido en razón de su edad, siendo todavía

blandas y contemplativas en relación a los delitos que se cometen; es así que el COIP

tipifica los siguiente con relación a las medidas socio-educativas.

Una conducta delictiva del menor no conduce a la pena, sino que obliga a un tratamiento

de carácter socio educativo, a través de la aplicación de las medidas legales que han sido

creadas por el legislador ecuatoriano en su oportunidad, con el fin de vincularlo al

infractor a la sociedad, para que forme parte de ella sin ningún tipo de discriminación.

Las medidas socioeducativas son acciones legales dispuestas por la autoridad judicial

competente, cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho

tipificado como infracción penal. Tienen como finalidad primordial lograr la integración

social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en su artículo 369, establece las

siguientes medidas, que para un mejor entendimiento es factible definirlas; así:

Amonestación. - Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al adolescente

infractor y a sus progenitores o representantes, para que se comprendan la ilicitud de las

acciones.

Amonestación e imposición de reglas de conducta. - Es la recriminación descrita en el

numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y restricciones de

conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el

comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la integración del adolescente a

su entorno familiar y social.

29

Orientación y apoyo familiar. - Consiste en la obligación del adolescente y sus

progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y apoyo familiar

para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social.

Reparación del daño causado. - Esta medida consiste en la obligación del adolescente de

restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, mediante la reposición del

bien, su restauración o el pago de una indemnización proporcional al perjuicio provocado.

Servicios a la comunidad. - Son actividades concretas de beneficio comunitario que

impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin menoscabo de su

integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando

en consideración sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo

que reportan.

Libertad asistida. - Es un estado de libertad condicional al cumplimiento de directrices y

restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión

y evaluación.

Internamiento domiciliario. - Consiste en una restricción parcial de la libertad por la que

el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al

establecimiento de estudios o de trabajo.

Internamiento de fin de semana. - Consiste en la restricción parcial de la libertad, en

virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al centro de

internamiento para cumplir las actividades de su proceso de reeducación; esta medida le

permite al adolescente infractor mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente

al establecimiento de estudios o de trabajo.

Internamiento con régimen de semi libertad. - Consiste en la restricción parcial de la

libertad por la que el adolescente infractor es internado en un centro de internamiento de

adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al

establecimiento de estudio o de trabajo.

30

Internamiento institucional. - Quizá es la más severa, comprende en la privación total de

la libertad del adolescente infractor que es internado precisamente en un centro de

internamiento de adolescentes infractores.

Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a catorce años de

edad por el cometimiento de infracciones que en la legislación penal ordinaria son

sancionadas con reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se les aplicara

únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo

con resultado de muerte.

Las medidas socioeducativas son aplicadas y controladas en base a la infracción penal

cometida; para el efecto, el Juez competente deberá valorar prolijamente el grado de

responsabilidad, así como la peligrosidad del infractor.

La aplicación se ejecutará según los siguientes casos:

1. En caso de contravenciones de forma obligatoria se le impondrá una medida

de amonestación y una o más de las siguientes:

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses;

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses;

c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y,

d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses.

2. Cuando se trata de Infracciones sancionadas con prisión, de igual forma se impondrá

la medida de amonestación y una o más de las siguientes:

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses;

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses;

c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses;

31

d) Libertad asistida, de tres meses a un año;

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año;

f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses, y;

g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos años.

3. Para Infracciones sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la

medida de amonestación y una o más de las siguientes:

a) Libertad asistida hasta por 12 meses;

b) Internamiento con régimen de semi-libertad hasta por 24 meses; y,

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años;

Cada una de estas medidas impuestas por el Juez, serán debidamente motivadas y regidas

a la garantía de proporcionalidad, como así lo señala la Ley; es decir, se debe tomar muy

en cuenta la infracción atribuida al adolescente infractor y la medida socioeducativa a

aplicarse.

1.3.1. Derechos de los adolescentes infractores

Dentro de la legislación ecuatoriana se ha establecido ciertas normativas orientadas a la

protección de los adolescentes, así tenemos que en el mismo cuerpo normativo como es

el Código de la Niñez y la Adolescencia establece entre otras las siguientes:

Art.-311.- Presunción de Inocencia. - Se presume la inocencia del adolescente y será

tratado como tal mientras no se haya establecido conforme a derecho en resolución

ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su responsabilidad en el.

32

Art.312.-Derecho a ser Informado. -Todo adolescente investigado, detenido o

interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su lengua

materna, o mediante lenguaje de señas si hubiera deficiencia de comunicación:

1. Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio o detención, la autoridad que la

ordeno, la identidad de quienes lo investigan, interroga o detiene y las acciones iniciadas

en su contra.

2. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no

habla el idioma utilizado.

En todos los casos, los representantes legales del investigado, interrogado o detenido,

serán informados de inmediato.

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete sino comprende o no

habla el idioma utilizado.

Art. 313.-Derecho a la Defensa. - El adolescente tiene derecho a una defensa profesional

adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no disponga de un defensor

particular, se le asignará, en un plazo de veinte y cuatro horas, un defensor público

especializado, quien asumirá el caso dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la

notificación de su asignación.

Art. 314.- Derecho a ser oído e interrogar. - En todas las etapas del proceso, el adolescente

sometido a juzgamiento tiene derecho:

1. Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso.

2. A ser escuchado en cualquier instancia del proceso.

33

3. A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, a los testigos

y peritos, que estarán obligados a comparecer ante el juez para este efecto.

El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en casos de tener

discapacidad auditiva.

Art. 315.-Celeridad Procesal. - Los jueces, procuradores de adolescentes infractores,

abogados y oficina técnica de la administración de Justicia deben impulsar con celeridad

las actuaciones judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un

adolescente será sancionado en la forma prevista en este código sin perjuicio de las penas

contempladas en otras leyes.

Art. 316.- Derecho a ser Instruido sobre las actuaciones procesales. -El adolescente tiene

derecho a ser instruido con claridad y precisión por su defensor, el procurador, el equipo

de la oficina técnica y especialmente por el juez, acerca del significado, objetivos y

consecuencia de cada una de las actuaciones y diligencias del proceso.

Art. 317.- Garantía de Reserva. - Se respetará la vida privada e intimidad del adolescente

en todas las instancias del proceso. Las causas en que se encuentre involucrado un

adolescente se tramitarán reservadamente. A las audiencias solo podrán concurrir, además

de los funcionarios judiciales que disponga el juez, el procurador de adolescentes

infractores los defensores, el adolescente, sus representantes legales y un familiar o una

persona de su confianza, si así lo solicitare el adolescente. Las demás personas que deban

intervenir como testigos o peritos permanecerán en las audiencias el tiempo estrictamente

necesario para rendir sus testimonios e informes y responder a los interrogatorios de las

partes. Se prohíbe toda forma de difusión de información que posibilite la identificación

del adolescente o de sus familiares. Las personas naturales o jurídicas que contravengan

lo dispuesto en este artículo serán sancionados en la forma dispuesta en este código y

demás leyes. Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo

y la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes

infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente sea cerrado

y destruido. Se prohíbe hacer constar en el record policial ningún antecedente de

infracciones cometidas mientras la persona era adolescente. Quién lo haga estará sujeto a

las sanciones de ley.” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2008)

34

De lo antes anotado, es decir de los derechos consagrados en el Código de la Niñez y la

Adolescencia la Legislación Ecuatoriana, al momento de regular la cuestión de menores

le reconoce los mismos derechos que doctrinariamente se les da a los mayores adultos;

esto basado en la Convención Internacional del Niño realizada en 1989 La misma que

establece que el menor infractor debe tener los mismos derechos y garantías procesales

para su juzgamiento. Entre las principales garantías que tiene el adolescente infractor y

que las recoge el derecho de menores ecuatorianos se encuentra las siguientes:

Garantía de Reserva

Garantías del Debido Proceso de Impugnación

Garantías de Proporcionalidad

35

Capítulo II. Diseño metodológico y diagnóstico

2.1. Paradigma y tipo de investigación.

Paradigmas

Si bien el concepto de paradigma (Kuhn, 1971) admite pluralidad de significados y

diferentes usos, se puede considerar como un conjunto de creencias y actitudes, como una

visión del mundo "compartida" por un grupo de científicos que implica una metodología

determinada (Alvira, 1982). El paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción

y comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. (disponible en

monografias.com/trabajos87/paradgmas-investigacion/paradgmas-

investigacion.shtml#ixzz51obffVfG)

Siguiendo el planteamiento de Eugenio Bulygin, (1998) se determina que:

"Los ingredientes más importantes del programa positivista, son las tesis de la positividad

del Derecho (Todo el Derecho es positivo, es decir, creado y aniquilado por medio de

actos humanos), la concepción no cognoscitiva de normas y valores (escepticismo ético)

y la tajante separación entre descripción y valoración, entre creación y el conocimiento

del Derecho, entre la ciencia del Derecho y la Política Jurídica".

Para el presente trabajo de investigación sus diferentes etapas se han ubicado dentro de

los siguientes paradigmas

El paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva distributiva de la investigación

social, básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad

social. Para ello se apoya en las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis

estadístico de datos secundarios.

Aquí lo importante es construir un conocimiento lo más objetivo posible, deslindado de

posibles distorsiones de información que puedan generar los sujetos desde su propia

subjetividad. Ello permitirá establecer leyes generales de la conducta humana a partir de

la producción de generalizaciones empíricas.

36

La investigación es una actividad compleja, que implica conocimientos teóricos y

prácticos por lo cual se hace necesario que más allá de la simple descripción de un

catálogo de técnicas el estudiante sea capaz de su diseño e implementación con un rigor

metodológico estricto.

Ambos modelos de investigación son de relevancia puesto que mientras la investigación

cualitativa examina de forma profunda un reducido número de casos para explorar

detalladamente procesos o contextos específicos, y permite comprender en profundidad

un fenómeno social concreto, o cómo las personas conciben, perciben o narran sus

situaciones cotidianas. La investigación cuantitativa permite establecer generalizaciones

a partir de grandes grupos de población con un enfoque de descripción numérico.

2.1.2. Tipo de investigación

La presente investigación es:

Básica

En términos generales es la creación de nuevo conocimiento; para el profesor Lara

Sánchez (1991) será básica o pura cuando se otorga primacía a la sistematización de los

conceptos de carácter jurídico (normas jurídicas, jurisprudencia y doctrina), por lo general

se utiliza una orientación metodológica de orden teórico y el método sería teórico-

deductivo.

Aplicada

En abstracto es el desarrollo para la solución de problemas prácticos, “(…) si a la

orientación es hacia el examen de los datos de la experiencia jurídica, también en ésta nos

encontramos en el orden de la construcción sistemática de los conceptos, aun cuando hay

una realidad empírica que analizar (…)”30 De igual manera se dirá que es aplicada

cuando relaciona el derecho con otras áreas del conocimiento así como con fenómenos

sociales, políticos, filosóficos, entre otros

Jurídico-descriptivo

37

Consiste en aplicar “de manera pura” el método analítico a un tema jurídico, es decir,

consiste en descomponerlo en tantas partes como sea posible. Esto implica que el tema

debe ser, salvo que se persiga otro fin, muy bien delimitado

Jurídico-propositivo

Se caracteriza porque evalúa fallas de los sistemas o normas, a fin de proponer o aportar

posibles soluciones.

2.1.3 Procedimiento para la búsqueda y procesamiento de los datos

2.1.4. Universo y muestra

Universo

El universo está conformado por 312 Profesionales del Derecho inscritos en el Foro de

Abogados del Consejo de la Judicatura de Pastaza.

Muestra

Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula estadística

= ( − 1) + 1Donde:

n: muestra

N: Universo

e: Error de muestreo 5%= 0.05 = 0.0025

= 3120.05 (312 − 1) + 1

38

= 3120.0025(312 − 1) + 1= 3120.0025(311) + 1= 312(0,78) + 1= 2681.78

n= 151

La muestra quedó establecida en 151 Profesionales del Derecho

2.2. Plan de recolección de la información

2.2.1 Métodos de Investigación

El método se entiende como un camino al conocimiento o un conjunto de procedimientos

de investigación de las ciencias. En la investigación no existe un método único, universal

e incontrovertible.32 Es necesario también precisar que los métodos están

correlacionados con un momento histórico, de tal manera que deberá tenerse en cuenta

las escuelas del derecho para entender la manera como se ha abordado el problema del

conocimiento jurídico.

Por su parte los métodos empleados son el inductivo, el deductivo, el análisis o síntesis.

39

Método Deductivo

Una vez en contacto con los casos particulares y con aquellos datos que permiten ubicar

un contexto de búsqueda y formular una incógnita, se adelanta directamente, y a modo

tentativo, una representación general y abstracta de los hechos, tal que sea posible ir

haciendo concreciones progresivas hasta llegar a los casos singulares.

Mientras en la inducción el conocimiento se logra mediante un proceso creciente de

generalización, partiendo de los casos o muestras de casos, en la deducción el proceso de

generalización es decreciente.

En otras palabras, a través de este método se realiza una inferencia lógica que se

desprende de la generalización hacía lo particular.

Método Inductivo

Según Yépez (2011) “Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos

particulares, para llegar al principio o ley general que los determina; se toman los casos

particulares para arribar a conclusiones generales. Tenemos que colegir que, para ello, ha

existido un contacto directo del investigador con esos hechos particulares a través de la

experiencia, la observación, la experimentación, la comprobación en base de lo cual, le

será posible llevar determinados aspectos específicos del conocimiento a unificarlos en

conceptos y categorías”.

Si los casos singulares se consideran como clases de cosas o hechos, relacionados entre

sí en virtud de ciertas propiedades comunes, una alternativa para representarlos es

examinarlos todos o una parte significativa de ellos para determinar regularidades,

explicaciones de las mismas y esquemas generalizados que con el tiempo se van

reajustando o sustituyendo de acuerdo a lo que vaya resultando de sus confrontaciones

con la realidad. En síntesis, el conocimiento obtenido inductivamente es aquél que se

fundamenta en generalizaciones progresivas partiendo de los casos singulares.

40

El método analítico y de síntesis

Es la fragmentación del todo en sus partes elementales con la finalidad de generar nuevo

conocimiento. A través de este método se puede conocer la estructura del objeto

investigado al ser descompuesto en todos sus elementos constitutivos.

Este método se utiliza para descomponer o desintegrar