aÑo 15 n.º 170 febrero de 2015 edición especial los suelos ... · apuesta en la agricultura por...

AÑO 15 N.º 170febrerO de 2015

Edición especialLos suELos En EL PErú

2 LA REVISTA AGRARIA / 170

Publicaciones

contenido

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AgrodataCruda realidad: Más tierras para agro-combustibles, menos para alimentos

El Estado pretende apropiarse las tierras de los privados

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14Ica y Huancavelica enfrentados por el agua: ¿Cómo evitar el conflicto social?

Mesa Redonda LOS SUELOS EN EL PERÚ Recurso fundamental para crear y sostener vida

Estimación de los subsidios en los principales proyectos de irrigación en la costa peruana. (estudio). eguren, Lorenzo. Lima: Centro Pe-ruano de estudios Sociales (Cepes), 2014.El estudio tiene como objetivo identifi-car a cuánto ascienden los subsidios del Estado peruano en los procesos de adjudicación o subasta de tierras de los proyectos de irrigación, financiados con recursos públicos a partir de 1990.

De igual manera, analiza las implicancias tributarias de dichos subsidios y también cuál ha sido su impacto fiscal. Descargable desde <http://bit.ly/18f0QSk>.

Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012). Volú-menes I, II y III. Almeyra, Guillermo; Concheiro bórquez, Luciano; Mendes Pereira, João Márcio; Porto Gonçalves, Carlos Walter (coords.). México D. f.: Universidad Autónoma Metropolitana/ ediciones Continente/ Clacso, 2014.Los tres tomos de esta obra reúnen un balance sobre la situación del agro en diecisiete países latinoamericanos. El objetivo es reflejar los efectos del proceso de mundiali-zación exacerbado y dirigido por el capital financiero internacional que arrolla al agro mundial desde hace más de treinta años. El volumen II contiene un ensayo escrito por el director de LRA y presidente del Cepes, Fernando Eguren, titulado «De la reforma agraria al neolatifundio: el crecimiento capitalista del campo peruano». Descargable desde <http://bit.ly/17mcbPu>.

Agriculturas campesinas en La-tinoamérica. Propuestas y desa-fíos. Hidalgo, francisco; Houtart, françois; Lizárraga, Pilar (eds.). Quito: Instituto de Altos estudios Nacionales (IAeN), 2014.La publicación recoge las ponencias de diferentes expertos que participaron en un seminario internacional realizado en La Paz, Bolivia, donde se realizó un debate concep-tual sobre la definición de las agriculturas campesinas a partir de sus diferentes dimen-siones y características. Uno de los ponentes

fue Laureano del Castillo, director ejecutivo del Cepes, cuya ponencia, titulada «Concentración de tierras y de agua: el caso del Perú», también se encuentra en la publicación. Descargable desde <http://bit.ly/1C3P4DT>.

3febrero de 2015

a Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2015 como Año Internacional de los Suelos. Según esta organización, los suelos

están en peligro debido a la expansión de las ciudades, la deforestación, el insostenible uso de la tierra y las prácticas de gestión, la contaminación, el sobrepastoreo y el cambio climático. Concluye que, al ritmo actual, la «degradación de los suelos amenaza la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras»1. Las tendencias cambiantes en la producción y el consumo de productos —cada vez más en aumento— están ejerciendo una presión creciente en los suelos de uso agropecuario en el mundo y son la principal causa de que en la actualidad el 38 % de las tierras agrícolas del planeta estén degradadas2.

Ciertamente, el Perú no está al margen de este peligroso proceso. No ha sido suficientemente difundido el hecho, por ejemplo, de que el 40 % de su superficie —algo más de 516 000 kilómetros cuadrados— es considerada árida, ocupando el tercer lugar en América del Sur, después de Argentina y Brasil. Además, no hay que olvidar que el Perú junto con Chile son los únicos dos países de la región que tienen amplias áreas extremadamente áridas —hiperáridas—, con 81 000 km2 y 117 000 km2, respectivamente3. El conjunto de zonas áridas solo reciben el 2 % de las lluvias que caen en el país. Recordemos que antes del periodo colonial, muchas áreas hoy áridas estaban cubiertas de bosques, lo cual refleja el proceso de desertificación. Aun hoy se pierden

editorial

L

Fernando EgurenDirector

¿Qué estamos haciendo para detener la desertificación de los suelos? Nuestra producción agrícola está en peligro

1 FAO. <http://bit.ly/1B1fcAE>.2 UNEP. Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply. A Report of the Working Group on Land and Soils

of the International Resource Panel. 2014.3 MINAM. La desertificación en el Perú. Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Lucha contra la Desertificación y la

Sequía. Lima, 2011. <http://bit.ly/1AwD1P4>.

bosques por la práctica de roza, tumba y quema, para fertilizar los suelos, y por el uso de leña como combustible.

Según el informe del Minam (nota 3), la tercera parte de la superficie del Perú está en proceso de desertificación (unas 30 millones de hectáreas) o ya está desertificada (3.8 millones de hectáreas), lo cual constituye un grave problema debido a sus impactos en la reducción de la producción agrícola. Las principales causas de la desertificación son, en la costa, la salinización del suelo, la erosión hídrica y eólica y la contaminación de suelos por relaves mineros; en la sierra, la erosión hídrica y eólica, además de la compactación por sobrepastoreo y la contaminación; y en la selva, la erosión hídrica. Contribuyen a ello tanto la presión de factores naturales, incluyendo el cambio climático, como socioeconómicos (entre ellos, las prácticas agropecuarias inadecuadas, las actividades extractivas, el cambio de uso del suelo).

En atención al delicado problema de los suelos agrícolas, LRA incluye en esta edición una mesa redonda sobre el tema, en la que participan especialistas de distintas disciplinas. Es de esperar que, aprovechando la oportunidad de la declaración de este 2015 como Año Internacional de los Suelos por las Naciones Unidas, el Gobierno peruano y sus organismos especializados, así como las instituciones académicas que incluyen disciplinas vinculadas a su estudio, coloquen ese recurso natural en lo más alto de sus preocupaciones.

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el último miércoles de cada mes.


diferencias. Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias que tiene dicha concentración sobre el uso de las tierras?

El nuevo poder de los cultivos agroindustriales

Una forma interesante de obser-var cuál es el nuevo uso que se les está dando a las tierras agrícolas es a través de la superficie cosechada. Tomamos tres momentos en el tiem-po (1994, 2003 y 2013), con el fin de observar, grosso modo, la tendencia actual del cambio de uso de la tierra. Los resultados se presentan en el cuadro 1.

En general, las hectáreas co-sechadas en los cinco grupos de cultivos han aumentado en los tres periodos. A primera vista, no pare-cen existir indicios de un cambio de uso de la tierra. Sin embargo, cuando observamos el cambio en la superficie cosechada dentro de

cada grupo de cultivos, la situación cambia. De 1994 a 2003, los culti-vos del rubro frutas y menestras/legumbres fueron los que tuvieron un incremento porcentual en sus superficies cosechadas mayor al promedio nacional (58 % y 39 %, respectivamente). En cambio, de 2003 a 2013 aparece un tercer rubro con importancia mayor (en términos de variación porcentual) al promedio nacional: los cultivos industriales (con un 29 %).

El primer periodo (1994-2003) coincide con la Ley de Tierras, promulgada el 17 de julio de 1995 (además de otros decretos previos que promovían la inversión privada mediante leyes laborales más flexi-bles o relacionadas con el mercado de tierras). Tras esta ley, la inversión privada en el agro se intensificó, dando lugar a grandes complejos industriales, con una lógica primor-dialmente exportadora. De allí que, en este periodo, el rubro de frutas presentase el mayor cambio en tér-minos de superficie cosechada. El segundo periodo (2003-2013) coin-cide con una serie de reglamentos posteriores a la Ley de Tierras que incrementaron los límites a la pro-piedad, pero sobre todo coincide con la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, promulgada el 15 de julio de 2003. Se entien-de, entonces, por qué los cultivos industriales crecieron de manera considerable durante este periodo.

agrodata

La consolidación del proceso de concentración de las tierras en el Perú, en los últimos dieciocho años, es un hecho que no se puede negar. Un primer dato revelador es que el 1 % de las unidades agropecuarias (UA) pasó de poseer el 70 % (1994) al 76. 4% (2012) de las tierras agro-pecuarias. En este caso, se compa-ran las tierras de manera directa, dejando de lado las diferencias que puedan tener en cuanto al acceso al riego o su ubicación geográfica (costa, sierra, selva). Un segundo dato es que el 1 % de las UA pasó de poseer el 26% (1994) al 48 % (2012) de las tierras agropecuarias estandarizadas2. Con el término tierras o hectáreas estandarizadas nos estamos refiriendo al ajuste que se realiza con base en la cualidad del suelo a través de indicadores como, por ejemplo, el acceso a riego. En este segundo caso, sí se comparan las tierras tomando en cuenta sus

Cruda realidad

Más tierras para agrocombustibles, menos para alimentos

Miguel Ángel Pintado1

Cuadro 1. Tendencias en la superficie agrícola cosechada

Periodo Industriales CerealesTubérculos/

pastos/hortalizas

frutas Menestras/legumbres

Total cultivos

1994 (ha) 393 575 828 277 452 946 155 684 154 389 1 984 871

2003 (ha) 523 798 1 127 647 623 940 246 342 214 915 2 736 642

2013 (ha) 675 297 1 266 131 753 584 326 938 282 717 3 304 667

1994-03 (%) 33 36 38 58 39 38

2003-13 (%) 29 12 21 33 32 21

Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Minagri-OEEE.

Los suelos en el Perú

5febrero de 2015

Lógicamente, si más extensiones se están dedicando a cultivos con potencial exportador (frutas, indus-triales), entonces menores tierras quedan para cultivos sembrados, principalmente, por pequeños pro-ductores. De allí que, en los últimos diez años, algunos cultivos del rubro cereales y tubérculos/pastos/hortalizas hayan incrementado poco sus superficies cosechadas (cebada (2 %), maíz amiláceo (5 %), ajo (5 %)) o hasta, incluso, disminuido (kiwicha (-25 %), cañihua (-6 %), mashua (-25 %), oca (-24 %), maíz choclo (-3 %)).

La proliferación de los agrocombustibles

Para tener una mirada más com-pleta de este cambio en el uso de las tierras, conviene verificar cuáles son los cultivos específicos que están experimentando mayores cambios en sus superficies cosechadas. Para tal fin, presentaremos los tres culti-vos más importantes, en términos de variación porcentual de su superficie cosechada, para cada uno de los cin-co rubros y para ambos periodos de análisis. Los resultados se presentan en el cuadro 2.

En general, durante todo el pe-riodo de análisis, es evidente que los productos que experimentaron mayores cambios en sus super-ficies cosechadas son, en su ma-yoría, productos de exportación. Claramente, la lógica empresarial apuesta en la agricultura por aque-llos productos de mayor demanda externa. En los últimos diez años, sin embargo, el cambio de uso de la tierra no solo se limita a productos con fines de exportación, sino que se amplía a productos que derivan

en la producción de biocombusti-bles. El caso de la palma aceitera llama la atención: de 2003 a 2013, la superficie cosechada de este pro-ducto se incrementó en 290 %, co-locándose de manera indiscutible en el primer lugar de los productos agrícolas con mayor variación.

En síntesis, no cabe duda de que el proceso de concentración de tierras está en aumento y un factor que es necesario tomar en cuenta es el cambio de uso de suelo que se está produciendo. Las grandes em-presas, grupos, corporaciones, etc., son los mayores favorecidos de este proceso. Esta mayor concentración está cambiando la estructura del sector, lo que da lugar a que, cada vez, mayores superficies agrícolas

se destinen a cultivos de agroex-portación (sobre todo por grandes empresas) y cultivos insumos para la preparación de biocombustibles. En un sector donde la pobreza está enraizada, ¿no debería el Estado apoyar el desarrollo del sector de la agricultura familiar (AF) en lugar de apoyar exclusivamente a la gran empresa? El proceso de concentra-ción y el cambio de uso de la tierra revelan que el desarrollo de la AF no es una prioridad para el Estado.

Notas1 Economista. Investigador del Cepes.2 Información obtenida de Zegarra, Eduar-

do: «Minifundio y concentración de las tierras en el agro peruano: la verdad de a verdad». Disponible en

<http://bit.ly/1KJvQHI>.

agrodata

Cuadro 2. Cultivos con mayor variación en superficie cosechada

Periodo Industriales Cereales Tubérculos/pastos/hortalizas frutas Menestras/

legumbres

1994-03

cacao (77 %)

kiwicha (181 %)

cebolla (117 %)

piña (98 %)

frijol castilla (268 %)

soya (66 %)

maíz amarillo

duro (63 %)

ajo(99 %)

plátano (95 %)

lenteja (176 %)

café (58 %)

quinua (37 %)

olluco (77 %)

coco (79 %)

frijol de palo (117 %)

2003-13

palma aceitera (290 %)

quinua (58 %)

espárrago (92 %)

mango (170 %)

frijol de palo (163 %)

aceituna (112 %)

arroz (26 %)

alfalfa (28 %)

palta (131 %)

zarandaja (76 %)

cacao (96 %)

trigo (11 %)

camote (28 %)

uva (98 %)

arveja (40 %)

Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Minagri-OEEE.



No es una casualidad ni un acto de co-rrección política el que la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-cultura y la Alimentación (FAO) haya declarado 2015 como Año Internacional de los Suelos. En los últimos años, cada vez más, los Estados, autoridades y ciu-dadanos en general se están dando cuenta de la gran importancia de este recurso natural en diversos aspectos de la vida humana. Por ejemplo, en la producción de alimentos saludables, en el sosteni-miento de la biodiversidad del planeta, en su papel clave para responder y adaptarse a los estragos del cambio climático, entre otras estratégicas funciones.

Para esta edición de La Revista Agraria (LRA) organizamos una mesa redonda a fin de reflexionar sobre varios de estos puntos. Participan el sociólogo Héctor Maletta —doctor en ciencias sociales, experto en temas agrarios, consultor de la FAO y otros organismos internacionales, y actual-mente en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; el doctor Julio César Alegre Orihue-la —ingeniero agrónomo, profesor principal de la Universidad Agraria La Molina (UNALM) y experto en temas de suelos—; el profesor Juan Torres Guevara —biólogo, con posgrado en ecología del desierto y docente de la UNALM; y, vía comunicación escrita, la doctora Carmen Felipe-Morales Ba-surto —profesora de la UNALM, con un doctorado en ciencias agronómicas, con especialidad en suelos, y consultora en conservación de aguas y suelos.

LRA: ¿El Perú tiene tierras agro-pecuarias suficientes? ¿Cuál es la frontera agrícola que necesita el país?

Héctor Maletta: Una cuestión pri-mordial es reflexionar sobre el concepto mismo de frontera agrícola y tratar de entender qué significa. En primer lugar, se debe comprender que, en los últimos cincuenta años, la producción agrope-cuaria no depende exclusivamente de la ampliación de la frontera agrícola, ni en

el Perú ni en el mundo. Si bien es cierto ha vivido un crecimiento desde los años sesenta, de ello es responsable solo en un 5 % la expansión de la frontera agrícola, mientras que en un 95 % se debe al au-mento de la producción por hectárea. Si el objetivo es incrementar la producción agropecuaria del país, el factor menos importante es el aumento de la frontera agrícola. Hay otros factores; por ejemplo, explotar con mayor intensidad las tierras de cultivo, con dos o más cosechas por año, e incluso lograr un mayor rendimien-to por hectárea sembrada. También se puede realizar un desplazamiento de un cultivo de bajo valor a otro de alto valor.

Otra cuestión que destacar es que las actuales tierras agropecuarias son sufi-

cientes. El Perú tiene un saldo comer-cial positivo en materia agropecuaria, entre importaciones y exportaciones. En realidad, podría producir menos y todavía sería «suficiente» para satisfacer la demanda interna. Si pensamos en un suministro de alimentos adecuado para toda la población peruana, el aumento de la producción que sería necesario es bastante pequeño. La dotación de calorías y nutrientes por habitante ha

aumentado con fuerza y se acerca a países desarrollados, de tal manera que difícilmente va a crecer más.

Entonces, al contar con una producción agropecuaria suficiente, se hace evidente que no es necesario aumentar la frontera agrícola. Incluso podría disminuir la can-tidad de tierra cultivada sin que por ello sufra mayormente la producción agrope-cuaria. Además, necesitamos analizar el concepto de frontera agrícola, que parece ser un concepto agronómico: tierras aptas para el cultivo. Sin embargo, hay que re-cordar que esto siempre está condicionado a cierta tecnología y normas sociales. Por ejemplo, si tengo tierra en la selva que es apta para el cultivo, podría tirar abajo los árboles y sembrarla; sería una «tierra dis-

Mesa redonda

Los suELos En EL PErú: recurso fundamental para crear y sostener vida

Héctor Maletta: «Si el objetivo es incrementar la producción agropecuaria del país, el factor menos importante es el aumento de la frontera agrícola».

Fernando Eguren / Ricardo Marapi1

7febrero de 2015

ponible», aunque a costa de olvidarme de las regulaciones ambientales. El otro punto es que la frontera agrícola está vinculada a la inversión; con suficiente inversión, un desierto puede transformarse en cultivable. El Perú ha sido testigo de todos los proyec-tos de irrigación, donde una tierra eriaza y desértica se convierte en un vergel que produce leche y hortalizas con una simple inversión en irrigación. Si se justifica o no, si esa inversión está mal hecha o no, es otra cuestión. Lo que destaco es que buena parte del desierto costero del Perú ha sido conquistado como tierra agrícola por el ser humano, a partir de una inver-sión. Es decir, la calidad y cantidad de las inversiones son las que determinan si hay o no hay tierra agrícola, y el concepto de

«frontera agrícola» deja de ser un hecho puramente agronómico. Se pueden formar suelos en un pedazo cualquiera de tierra si hay una inversión suficiente. El mismo concepto de tierra cultivable se relativiza y se convierte en un concepto integrado que abarca aspectos físicos, económicos y climáticos.

Julio César Alegre: ¿Tenemos tierras agropecuarias suficientes? Es un tema re-lativo. Si tomamos en cuenta la población y el área que tenemos, no necesitamos tanta frontera agrícola para alimentar a nuestra población. Pero si hablamos de exportaciones, nos quedamos chicos, porque tenemos que competir a nivel global. Allí entra otro aspecto del desa-

rrollo agropecuario, porque no podremos ser autosuficientes si al mismo tiempo queremos exportar y queremos compe-tir con países como Brasil. La frontera agrícola es el área que puede mantener alimentado a un país de manera auto-suficiente, nutrida y, al mismo tiempo, permitir contar con un excedente para la exportación. El concepto de frontera agrícola se define con base en nuestra población, nuestro crecimiento y nuestras ambiciones respecto a los mercados de exportación. Por ejemplo, a pesar de que Brasil no tiene problemas de seguridad alimentaria, sigue produciendo en gran cantidad. ¿Por qué? «Porque queremos plata», nos decía un brasileño en una reu-nión. Brasil deforesta un millón y medio

de hectáreas al año y aumenta su frontera agrícola para ser el mayor productor del mundo. Y mientras ese país deforesta para crear riqueza, el Perú deforesta para crear pobreza. Creo que no se debe de-forestar más; pero, más allá de ese tema, necesitamos tener un balance entre lo que producimos para mantener a la población y los excedentes que podamos exportar para generar riqueza.

Juan Torres: Cada uno ve el tema desde los «anteojos» de su disciplina. Desde los anteojos de la ecología, el tema de la ampliación de la frontera agrícola pone la «piel de gallina» a varios, porque significa desmontar algún ecosistema natural (bosque, matorral, bofedal, pra-

dera), cuando más bien la tendencia es a intensificar el uso de los suelos que ya son utilizados. Una de las grandes propuestas para este 2015 —que ha sido dedicado a los suelos— es dirigirnos hacia un mundo neutral en degradación de suelos, que está muy asociada a la lucha contra la deser-tificación, la degradación de los suelos, que es diferente a hablar de desiertos (los desiertos también se pueden desertificar). Ahí discrepo con Héctor y sus palabras de «volver al desierto un vergel», porque ¡el desierto ya es un vergel! Tiene diversidad en flora y fauna. En nuestros desiertos hay muchas especies que son parientes silvestres de la papa, el ají, la caigua, las calabazas, la lúcuma, la papaya, además de algodón, tabaco, etc. Por otro lado, esta idea de que los desiertos no tienen vida, no hospedan gente, no tienen dueño y no sirven para nada, tampoco es cierta. Las tierras y los suelos del desierto también tienen un umbral de uso, como cualquier otro ecosistema. Así como se defiende al bosque tropical lluvioso del avance de la frontera de la palma aceitera, del café y otros cultivos, también hay que defender al desierto del avance de otros cultivos (vid, «caña», arroz, espárragos, páprika). Hay que respetar el umbral de uso del desierto. Si todos los suelos del desierto se «verdearan» por el avance de la agricultura o por eventos como El Niño y se quedaran así, eso sería un cam-bio climático. Y existe la preocupación mundial de que los desiertos se vuelvan verdes, pues son parte de la dinámica del clima del planeta y con su desaparición se derrumbarían barreras que nos protegen de ciertas enfermedades, aparecerían otras nuevas y, por lo tanto, habría incertidum-bre para la producción de alimentos. Una de las profesiones que más importancia va a asumir en las próximas décadas es la entomología, pues no sabemos con precisión qué plagas y enfermedades van a venir.

Julio César alegre: «No se debe abrir una sola hectárea más, sino trabajar en las áreas ya degradadas. Nuestra

frontera agrícola debe ser el área degradada».




El tema de la frontera agrícola tam-bién está asociado a un punto muy importante: el cambio del uso del suelo, un problema que afecta a muchos países del mundo. Un factor para el análisis es el sistema de clasificación de tierras. Cuando hablamos de vocación de uso agrícola nos referimos a un suelo con determinadas características: pendiente, profundidad de suelo, disponibilidad de agua, materia orgánica, etc. Pero en el Perú hay mucho suelo social, es decir, suelos que han sido hechos por las cul-turas, andinas especialmente, como los andenes, que no son un recurso natural, sino social. Mucha de la andenería son obras verdaderamente faraónicas. La ampliación de la frontera agrícola hay que tomarla con cuidado en un país como el nuestro, con tan pocos suelos con vocación agrícola, con una gran tendencia a la erosión por estar en montañas, desiertos o bosques tropi-cales lluviosos. Por ello, el tema de la productividad es más importante que el de la ampliación de la frontera agrícola.

Carmen Felipe-Morales: El territo-rio peruano, al estar atravesado por la cordillera de los Andes, es predominan-temente montañoso, lo cual determina que la extensión de terrenos planos sea relativamente escasa para desarrollar una agricultura intensiva. La región de la costa es desértica, lo que representa un límite para la actividad agropecuaria. Toda la agricultura es de riego y ello implica una inversión alta. En el caso de la sierra, en donde llueve más, predo-minan los terrenos con pendientes. Ello determina que los riesgos de erosión hídrica sean muy severos y restringe la actividad agropecuaria. En la región de la selva, si bien existen llanuras fluvia-les con terrenos planos, lo que limita la actividad agropecuaria es el exceso de lluvias y las constantes inundaciones que ponen en riesgo no solo la actividad

productiva, sino incluso la seguridad de las poblaciones. En términos relativos, se estima que solo el 3.8 % del territorio peruano es apto para una agricultura intensiva, el 2.1 % para una agricultura permanente (sobre todo, árboles fruta-les) y el 14 % para la producción de pas-tos y una actividad ganadera extensiva. Esta información corresponde al último estudio de «Clasificación de tierras por capacidad de uso», realizado por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (Onern) y publicado en 1982. Esta información, sin duda, debe ser actualizada, pero la Onern fue lamentablemente desactivada en el primer gobierno de Alberto Fujimori y transformada en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), con un rol más bien normativo y que no hizo estudios de suelos. Como se sabe, el Inrena también ha sido desactivado y no existe una entidad que emprenda, con la exigencia técnica requerida, los estudios de evaluación de suelos del país.

En una perspectiva dinámica, ¿se está realizando un uso sostenible del suelo en el Perú? ¿Cuál es el impacto de procesos actuales que vive el país, como la salinización, la erosión eólica e hídrica, la deforestación? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto a los suelos?

H. Maletta: Desde hace un tiempo se ha detectado una salinización de las áreas de riego de la costa. Además, las nuevas áreas irrigadas y, sobre todo, las unidades agropecuarias grandes que se han concedido para sembrar cultivos que requieren una cantidad desproporcio-nada de agua por hectárea, contribuyen a la salinización. Esta tendencia se agravará si no se suplantan los sistemas tradicionales de irrigación con sistemas más modernos que economicen agua y sean menos agresivos para los suelos.

Existen evaluaciones sobre la aptitud de suelos por parte de la FAO, donde hay varios aspectos que remarcar. El primero es que el cambio climático hace

Juan Torres: «En la selva preocupa la aparición de los desiertos verdes, que ocurre cuando se desmonta un bosque para poner un monocultivo. ¡Es un desierto verde porque ha destruido una gran biodiversidad!»

9febrero de 2015


posible cultivar áreas donde antes no se podía, como en los altiplanos, con forraje, pastos cultivados o cereales. Lo que se recomienda son usos integrales de estos recursos, donde se combinen la producción de forraje y la animal. Estas podrán mejorar con un uso racional de los pastos naturales y un manejo integrado de las cuencas, de tal manera que el uso adecuado del suelo en las partes más altas contribuya a una mejor captación y distribución de agua. Con ello se lograría, simultáneamente, un aumento de la pro-ducción ganadera y agrícola en la zona del altiplano y en los valles, así como una progresiva formación y conservación de suelos en todas las cuencas. El enfoque de manejo integral de cuencas que se hacía en el Perú a través de Pronamachs y otros programas parece que se ha debilitado mucho. Debería retomarse y dársele más énfasis. Solamente con este enfoque in-tegral se pueden hacer cosas sostenibles.

J.C. Alegre: Es importante diferen-ciar los conceptos de tierra y suelo por-que no son lo mismo. La FAO habla, por ejemplo, de land resources, pero eso es muy amplio y puede contemplar desde la superficie hasta el magma. Hay que des-tacar que cuando hablamos de suelo nos referimos a una capa de cinco centíme-tros que, por ejemplo, sirve para alimen-tar a los camélidos ubicados a cuatro mil metros. ¡El suelo debe ser considerado como un componente importante de la

tierra! Justamente, debido a que existe ese desconocimiento o desinformación conceptual, se formó el Panel Técnico Intergubernamental de Expertos sobre Suelos, un grupo internacional al cual pertenezco a título personal, donde estamos reestructurando algunas defini-ciones sobre el tema. Muchas veces la destrucción y degradación de los suelos se debe a este desconocimiento.

Acerca del tema de la frontera agrícola, opino que ya no se debe abrir un solo pedazo más de área virgen o forestal, pues ya tenemos suficientes áreas degradadas. En el caso de la selva, existen muchas opciones agroforestales que ya están siendo aplicadas. El gobierno debe tomar en cuenta esta situación porque la selva significa un 60 % del territorio peruano. Aproximadamente, tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas, entre pastos, bosques, etc. De acuerdo con nuestra población y ritmo de crecimiento, pienso que no se debe abrir una sola hectárea más, sino trabajar en las áreas ya degra-dadas. Nuestra frontera agrícola debe ser el área degradada. Por eso, cuestiono a los grandes consorcios que van a la selva a tumbar bosques para poner un solo cultivo, como palma aceitera. Si tienen 10 millones de hectáreas deforestadas, ¿por qué no ponen la palma aceitera allí? Por otra parte, en la costa continúa el uso inadecuado de suelos. La presión por la exportación, con grandes productos,

una fuerte cantidad de fertilización y un mal manejo ha provocado que exista la salinización, una pérdida de la fertilidad y el mal drenaje en los suelos. Hay un gran porcentaje de suelos degradados en la costa debido a este uso no apropiado del suelo. Sabiendo que tenemos poca agua en la costa, ¿cómo lavamos la sal que tie-nen los suelos? Ese es un gran problema. El Estado debe implementar un programa más fuerte para el uso adecuado del suelo, con políticas estrictas sobre la conserva-ción de nuestros recursos. Creo que la llave del éxito está en el uso de las áreas ya degradadas, lo cual nos permitiría tener una frontera agrícola estática donde se manejen este tipo de áreas.

J. Torres: En primer lugar, debe-mos tomar en cuenta que vivimos en ecosistemas de montañas. La costa no tiene suelos; los pocos que tiene son los que están cerca de los Andes. La costa cuenta con tierra, pero no con suelos, y los pocos que contiene son los llamados suelos aluviónicos, en los valles. Es decir, en un proceso natural, los 52 ríos de la costa han arrastrado agua desde las partes altas para formar los valles, debido a un desvestimiento de los Andes. Y en el lado de la selva, los suelos también se han formado por los desvestimientos andinos. Entonces, los suelos en el Perú son de origen andino, de las partes altas, ¡por las dos vertientes! Por eso, cualquier propuesta de uso sostenible o proceso de degradación de los suelos pasa por lo que hagamos en las partes altas. En la actua-lidad, el proceso de salinización que se vive en la costa se debe a que no supimos manejar bien los suelos. El enemigo de los suelos del desierto es el agua. Es bien delicado regar en desiertos. Uno puede cometer un error rápidamente, porque levanta sales. Por otro lado, en la selva preocupa la aparición de los desiertos ver-des, lo que ocurre cuando se desmonta un bosque para poner un monocultivo. ¡Es

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hivo

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es.

El director de LRA, Fernando Eguren, en conversación con los participantes de la mesa redonda. Uno de los consensos fue la necesidad de que lo mejor es recuperar las tierras degradadas en lugar de ganar nuevas.


un desierto verde porque ha destruido una gran biodiversidad! Una cosa es bosque y otra cosa es una plantación. Por eso, me parece una pedantería cuando algunos hablan de restauración; no se puede hacer eso. Hay rehabilitación, reconstrucción, revegetación, pero no vamos a poder restaurar un bosque primario. Entonces, cuando pensemos en la conservación de los suelos en el Perú, debemos pensar en las partes más altas. Sin embargo, ahora el tema más importante ya no es la degradación del suelo por deforestación o pastoreo, sino por el cambio de uso de suelo. Los campesinos en Piura me dicen: «Antes venía Inrena y nos sancionaban porque sacábamos un palo (árbol). ¡Hoy vienen otros y desmontan 10 mil hectá-reas para poner caña, y allí sí se desmonta el bosque en su totalidad!». Entonces, el tema del cambio del uso de suelo y el término ampliación de frontera agrícola son puntos con los que, en el caso del Perú, debemos tener mucho cuidado. Concuerdo con la propuesta de utilizar las zonas que ya están degradadas: hacerlo de manera inteligente, con las tecnologías de riego presurizado y las variedades ade-cuadas a esas condiciones. Una solución para reutilizar el suelo degradado es a través de la agroforestería; el componente leñoso (subarbustos, arbustos, arboles) es fundamental en la conservación de los suelos en el Perú, tanto en la vertiente occidental, en las partes altas, como en la vertiente oriental. Las especies anua-les son bienvenidas, pero las leñosas nos pueden ayudar a cruzar las épocas más duras, como las sequías, además de «amarrar» suelo y crear condiciones microclimáticas más abrigadas.

C. Felipe-Morales: En términos generales, no siempre se da un uso sostenible del suelo y ello trae como consecuencia el deterioro de este re-curso fundamental para la producción de alimentos. Esto se agrava al tener un

territorio con una reducida extensión de suelos aptos para una agricultura inten-siva. El mal manejo del agua de riego, al aplicarla en exceso, sobre todo en la costa, ha acarreado graves problemas de salinización. Se estima que aproxima-damente unas 350 000 hectáreas están afectadas por salinización.

En el caso de la sierra y la selva alta, si se cultiva en terrenos inclinados y no se aplican prácticas de conservación de suelos, la erosión hídrica puede provo-car en poco tiempo la eliminación de la capa arable del suelo, con diversas con-secuencias, incluso la pérdida de vidas humanas. Cabe señalar una tecnología prehispánica que aún subsiste, sobre

todo en la sierra: los andenes, o terrazas agrícolas, que modifican la pendiente natural del terreno y permiten que se cultive en laderas, sin riesgos de erosión hídrica. Se estima que existe alrededor de un millón de hectáreas de andenes en el Perú, los que requieren ser rehabilita-dos. En la selva, la deforestación es una de las principales causantes del deterioro de los suelos. Esta se produce para ex-plotar especies de valor comercial, como la caoba, el cedro, el tornillo, etc., por quema de la vegetación circundante; así como para la incorporación de nuevas tierras para la actividad agropecuaria o, peor aún, para la explotación minera.

Sin embargo, existen tecnologías con enfoque agroecológico que permiten darles un uso sostenible a los suelos

y que se vienen aplicando principal-mente en pequeñas extensiones, como minifundios, sobre todo a través de una agricultura familiar. También pueden aplicarse en grandes extensiones, como los latifundios. Una de las prácticas agroecológicas más recomendadas es la del reciclaje de todos los residuos orgánicos que la misma actividad agro-pecuaria produce: estiércoles y rastrojos, los que pueden transformarse luego en abonos orgánicos.

Hay que promover el control bio-lógico de plagas y enfermedades, mediante prácticas como la rotación de cultivos, la asociación de cultivos —creando sinergias en beneficio del

cultivo principal—, el uso de plan-tas repelentes, etc. Estas prácticas sustituyen favorablemente el uso indiscriminado de pesticidas, de uso general en la agricultura comercial y que contaminan no solo los alimentos producidos, sino también el suelo y el agua, afectando la salud de los consu-midores. Por último, el uso controlado del agua de riego mediante técnicas eficientes como el riego por sifón, el goteo y la microaspersión, no solo significa un ahorro de agua —sobre todo en las condiciones desérticas de la costa—, sino que evita el problema de la salinización de los suelos.

Nota1 Sociólogo. Director de LRA y Presidente

del Cepes / Periodista. Editor de LRA.

Carmen Felipe-Morales: «El mal manejo del agua de riego, al aplicarla

en exceso, sobre todo en la costa, ha acarreado graves problemas de

salinización».


11febrero de 2015

Un centímetro de suelo puede tardar hasta mil años en formarse y solo lleva

unos pocos años destruirlo2.

En un esfuerzo por promover un uso más sostenible de este recurso, Naciones Unidas ha declarado 2015 como Año Internacional de los Suelos, poniendo énfasis en su importancia para la agricultura y la producción de alimentos. Sin embargo, es necesario plantear una mirada más integral sobre este recurso, especialmente para el caso de la Amazonía, donde hay que tomar en cuenta la frágil base de los bosques y la biodiversidad, más allá de las acti-vidades agrícolas.

Durante décadas, se han mirado las tierras amazónicas como un espacio dis-ponible para la expansión de la frontera agrícola, la colonización y la realización de grandes proyectos de infraestructura, creyéndolas inagotables. Un ejemplo de ello es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Surame-ricana (IIRSA), de la cual el Perú forma parte, donde uno de los objetivos de la construcción de la red vial es, precisa-mente, la expansión de la agricultura3.

La deforestación impacta en la pérdida de suelos

En 1981, la entonces Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (Onern) señalaba que en la Amazonía peruana solo el 6 % de los suelos eran apropiados para una producción agrícola permanente y que más del 84 % clasifica-ban como aptos solo para la explotación y protección forestal. La abundante

vegetación puede hacernos creer, errónea-mente, que bajo el bosque húmedo existen suelos fértiles con gran capacidad para renovarse. Sin embargo, los nutrientes no se encuentran en el suelo sino, en mayor porcentaje, en la biomasa, es decir, en el mismo bosque, que tiene una alta capa-cidad de reabsorber los nutrientes de la materia orgánica caída y descompuesta. En resumen, hay una relación directa en-tre la deforestación y la pérdida de suelos. Si se pierde el bosque, el delicado suelo que le sirve de base muere.

La deforestación en la Amazonía es la consecuencia del interés de ciertos grupos económicos y políticos por el cambio del uso del suelo (para agricul-tura, minería, infraestructura, etc.), que provoca la sustitución del bosque.

Construcción de carreteras: posible desastre a la vista

El impacto de las carreteras no se limita solo a la deforestación del área de construcción, sino que abarca los impactos directos, como el llamado «derecho de vía», que puede afectar hasta un kilómetro a cada lado de esta. De igual manera, existen los impactos indirectos, que, conforme señala Marc Dourojeanni, pueden llegar a penetrar hasta 50 kilómetros a cada lado (en el lapso de diez años), donde se incluyen los caminos formales e informales que se van abriendo de forma transversal para acceder a campos de cultivo o zonas de extracción forestal y minera, tanto legales como ilegales4.

Los impactos indirectos de las nuevas carreteras en la Amazonía son graví-

simos, y un ejemplo es el caso de la carretera BR-364, que forma parte de la carretera Interoceánica en Brasil y, a su vez, de la IIRSA. Esta vía fue construida en 1982 y en pocos años se deforestó casi todo lo que no estaba dentro de algún tipo de reserva5. Lo ocurrido fue considerado un desastre ambiental y social en el norte brasileño de Mato Grosso, en Rondonia y en el Acre, y debido a su magnitud se le atribuye haber generado la reforma en las políticas del Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo respecto de los nuevos requisitos ambientales y sociales en sus operaciones para evitar responsabilidad en futuros desastres.6

Ciertos sectores sostienen que la apertura de caminos y la construcción de carreteras generan desarrollo econó-mico; sin embargo, es necesario realizar evaluaciones profundas para conocer su verdadero costo ambiental y social, ade-más de contar con sistemas de vigilancia y monitoreo que alerten sobre mayores impactos, y con sistemas de mitigación y remediación para evitar desastres.

En este Año Internacional de los Sue-los resulta urgente que se preste especial atención a aquellos que son los más susceptibles de ser degradados y cuya pérdida resultaría irreparable, como es el caso de los suelos amazónicos.

Notas1 Abogada. Investigadora del Programa de

Acceso a los Recursos Naturales, del Cepes.2 José Graziano da Silva, director general

de la FAO. <http://bit.ly/1vR0t7j>.3 Dourojeanni, Marc J. Estudio de caso sobre

la carretera Interoceánica en la Amazonía sur del Perú. Junio de 2006, p. 40.

<http://bit.ly/1DEXFA6>.4 Dourojeanni, Marc J. Op. cit., pp. 37 y ss.5 Fearnside, P. M. 2008. «Impacto y monito-

reo de carreteras en la Amazonía brasilera», pp. 54-56. En Eliana Esparza (ed.). El mo-nitoreo independiente de megaproyectos y la Interoceánica Sur. Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur (IDEA-PUCP). Lima, 72 pp.

6 Dourojeanni, Marc J. Op cit., p. 38.

Carreteras en la amazonía:un fuerte costo ambiental

y socialMiluska Carhuavilca García1



El Estado pretende apropiarse las tierras de los privados

Pedro Castillo Castañeda1

Con el pretexto de ganar o recuperar las tierras eriazas, el Estado peruano está en camino de perpetrar un nuevo despojo de tierras a los particulares y a las propias comunidades campesi-nas y nativas.

Esta amenaza es canalizada a través de los llamados paquetazos de reactivación de la economía. Ac-tualmente se discute y se pretende aprobar en el Congreso el proyecto de ley 3941-2014-PE, llamado «Ley de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social».

Más allá de su rimbombante nom-bre, este cuestionado proyecto de ley pretende otorgar a los inversionistas una serie de derechos sobre las tierras eriazas, cuyo dominio sería del Esta-do. El proyecto es la continuación de otras normas igualmente polémicas (Ley 30230, D.S. 001- 2015- EM, entre otras) que en la práctica desco-nocen el ejercicio efectivo de los de-rechos a la tierra de miles de peruanos y peruanas que viven organizados en comunidades.

El interés por las tierras eriazasEste tipo de tierra, por definición,

tiene relación con la actividad agrope-cuaria: son las tierras que no se pueden aprovechar por la falta o el exceso de agua. Cabe resaltar que desde inicios del siglo XX, en las leyes peruanas se establece que las tierras eriazas son de propiedad del Estado, excluyén-dose expresamente a las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos treinta años han existido re-iterados intentos por desconocer este derecho de las comunidades. Uno de los más llamativos ocurrió durante el gobierno de Alejando Toledo (2001-2006), cuando su entonces presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, señaló, en enero de 2004, que «la sociedad tiene derecho a reclamar la devolución al Estado

de inmensas extensiones de tierras eriazas, cuya posesión por algunas comunidades parece dirigida a traficar con expectativas futuras y perpetuar privilegios». Esta frase refleja la in-coherente posición que muchas veces asume el Estado frente al derecho a la tierra. El gobierno de ese entonces afir-maba que el Estado tenía un derecho anterior al de las comunidades y que por ello podía reclamar la devolución de las tierras, cuando en realidad es todo lo contrario.

En esa misma línea, el actual go-bierno se refiere de manera imprecisa al destino de las tierras eriazas que es-tán en poder de las comunidades. Si se llega a aprobar el proyecto en cuestión, esta falta de claridad puede generar más de una interpretación por parte de los funcionarios que la apliquen, perjudicando así a las comunidades.

El requisito del título de propiedad

Otra crítica al proyecto de ley es que exige a las comunidades demos-trar que son dueñas de las tierras mediante un título de propiedad. Sin embargo, el problema es que 5483 comunidades de un total de casi 8000 de ellas no tienen cómo acreditar su

derecho de propiedad debido a la in-acción del propio Estado, según datos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Lamentablemente, a la fecha, las tierras eriazas en el Perú no están plenamente identificadas. Al existir un catastro2 de tierras imperfecto por falta de georreferenciación3, muchos predios, comunales y los del propio Estado no han sido determinados de manera precisa, por lo que se gene-raría una superposición de derechos.

Lo que provoca el gobierno de Ollanta Humala al pretender legislar sobre un bien tan sensible como la tie-rra —sin tener claridad sobre su exacta ubicación o cantidad— es un llamado a la conflictividad social. Ciertamente, es necesario generar condiciones para la inversión en el país, pero esto no puede reposar en un atropello de los derechos de las comunidades.

Notas1 Investigador del Cepes en temas relacionados

con comunidades campesinas, tierra y agua.2 Sistema de información por predios o

parcelas, que incluye una descripción georreferenciada de estas, representada normalmente en un mapa catastral.

3 Localización y extensión de tierras que forman parte de un sistema de información geográfica (SIG).

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13febrero de 2015

Lampadia, publicación digital de orientación neoliberal radical, difunde un artículo titulado «La verdad sobre la concentración de la tierra», que contiene dos afirmaciones que, preci-samente, no son verdad. La primera, que en el Perú «no están aumentando los minifundios»; la segunda, que «no existe un proceso de concentración [de la propiedad] de la tierra»2.

Para fundamentar estas afirmacio-nes, recurre a algunos datos extraídos del IV Censo Nacional Agropecuario, realizado en el segundo semestre de 2012, y los presenta de tal manera que conduce al lector desprevenido a con-clusiones contrarias a lo que el propio censo indica. Cualquiera puede cons-tatar esta manipulación en el uso de las cifras accediendo directamente a la información del censo en la web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (<http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/>).

¿Por qué Lampadia toca el tema ahora? Porque reacciona a dos artí-culos publicados en el número 169 de La Revista Agraria (puede encon-trarlos en <http://bit.ly/1CCSS0d>). El primero de ellos, del peruanista francés Michel Eresue, muestra, utilizando el coeficiente Gini, que sí hay tal proceso de concentración. El segundo artículo, de Jaime Escobedo, investigador asociado del Cepes, or-dena buena parte de la información disponible sobre el tema y elabora un mapa actualizado de la concentración de la propiedad de la tierra en el Perú.

¿No están aumentando los minifundios?

En el periodo entre los dos últimos censos agropecuarios (1994 a 2012), el número de pequeños agricultores se

incrementó dramáticamente. El INEI lo afirma, literalmente: «En el año 2012, las pequeñas unidades agro-pecuarias (hasta 5.0 ha) son 1 millón 811 mil, incrementándose en 40.3 % respecto al año 1994. Es decir, 520 500 unidades agropecuarias más, lo que representa el 81.8 % del total”3. Ahora bien, la mayor parte de estas pequeñas unidades agropecuarias son minifun-dios: 1 503 00 tienen menos de una hectárea (¡68 % del total de unidades agropecuarias del país!)4.

¿No hay un proceso de concentración de la tierra?

Lampadia intenta mostrar que no hay concentración de la propiedad de la tierra utilizando la cifra promedio del tamaño de los predios en el Perú —3.3 hectáreas por unidad agro-pecuaria— para argumentar que la propiedad está fragmentada.

Lo que omite decir es que, de ma-nera simultánea a la fragmentación, hay un proceso de concentración. Este proceso de polarización de la propie-dad —por un lado, muchas unidades agropecuarias con poca tierra, y, por otro, pocas unidades agropecuarias con muchísima tierra— ha sido y continúa siendo un rasgo típico de una buena parte de los países latinoamericanos. Lo lamentable es que en el Perú, en donde hubo una reforma agraria que intentó democratizar la propiedad de la tierra liquidando el latifundio, está ocurriendo, desde la década de 1990, un proceso de retorno a una estructura polarizada —por tanto, injusta e in-equitativa— de la propiedad.

Luego de ocultar la verdad, Lampa-dia intenta mostrar en su artículo que desde la década del noventa, cuando «se permitió el regreso de la inversión

privada al campo, la superficie agrícola se incrementó en 30 %». Parece ignorar que la superficie agrícola se incrementó principalmente por la inversión de USD 6500 millones —decidida por los sucesivos gobiernos de Fujimori, García, Toledo y Humala— en gran-des obras de irrigación para ampliar la frontera agrícola de la costa, y en la colonización de tierras amazónicas por poblaciones migrantes provenientes, sobre todo, de la sierra.

Además, en el cuestionable artícu-lo se afirma que «este sector [agroex-portador] ha permitido generar gran cantidad de empleo formal rural...». Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, los trabajado-res agrarios en planilla son alrededor de 160 000, pero, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Ena-ho), la agricultura familiar (o pequeña agricultura) da empleo a más de 3 millones de trabajadores. Es verdad que la mayor parte de ellos no son formales, pero también es cierto que de dichos empleos dependen más de una decena de millones de peruanos.

Los lectores que se animen a leer el artículo de Lampadia encontrarán más afirmaciones sin sustento. Las grandes empresas agroexportadoras se merecen mejores «escribidores» para fundamentar con algo más de credibi-lidad lo «maravillosas» que dicen ser.

Notas1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria

y presidente del Cepes.2 Puede revisarse el artículo en este enlace:

<http://bit.ly/1Eu9CWy>.3 INEI - Minagri. IV Censo Nacional Agro-

pecuario 2012. Resultados definitivos, p. 10. <http://bit.ly/1AoREUA>.

4 Sobre este punto, Eduardo Zegarra, de Grade, responde más ampliamente en su blog. <http://bit.ly/1KJvQHI>.

a propósito de un artículo de Lampadia

Para manipular la verdad, se necesita más habilidad

Fernando Eguren1


Según el IV informe del Panel Inter-gubernamental de Cambio Climático (IPCC)2, el Perú es uno de los doce países que ya estarían afrontando un estrés hídrico3. Esta situación ya es evidente en casos como el de Ica, donde la sobreexplotación del recurso hídrico, sobre todo por la creciente demanda de agua para atender los requerimientos de los cultivos de agroexportación, llevó a que la re-gión fuera declarada en emergencia hídrica en 2011. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de conti-nuar la tendencia actual, en diez años, más del 75 % de áreas de cultivo en Ica serán afectadas por una extrema escasez de agua4, perjudicando no solo a los agricultores, sino también a casi la mitad de la población ique-ña, que actualmente accede al agua potable con restricciones5.

El IPCC también advierte que el estrés hídrico puede aumentar la conflictividad social, y este riesgo se ve reflejado en la relación entre Ica y Huancavelica en torno a la gestión del agua. Las autoridades regionales de Ica han buscado desde hace décadas solucionar los problemas hídricos recurriendo a proyectos de trasvase desde Huancavelica, donde se supone que el agua «sobra». Sin embargo, esta supuesta abundancia de agua es desmentida por los huancavelicanos, quienes afirman que el agua que se pretende llevar a Ica la requieren para potenciar el desarrollo de su propia región. ¿Es posible conciliar ambos puntos de vista? ¿Las actuales polí-ticas públicas están contribuyendo a que se logre un resultado satisfactorio para ambas regiones? En este artículo exploraremos los planteamientos que se manejan en el Gobierno central, en ambos gobiernos regionales y en las

Ica y Huancavelica enfrentados por el agua: ¿Cómo evitar el conflicto social?

Beatriz Salazar / Nelly Rivera1

comunidades campesinas huancaveli-canas asentadas en la zona del trasvase.

Las principales críticas a las obras de trasvase

Desde el Gobierno central, Proin-versión6 está promoviendo la presen-tación de iniciativas privadas cofinan-ciadas (una modalidad de asociación pública privada -APP) para la ejecu-ción de obras de infraestructura hídri-ca en Ica, con un cofinanciamiento del Estado que podría superar los S/. 650 millones. Esta APP pretende incluir la ejecución de las obras de trasvase que son cuestionadas por los huan-cavelicanos, especialmente el canal colector Ingahuasi, que puede afectar 35 mil hectáreas de bofedales, según afirman las comunidades campesinas ubicadas en el ámbito de ese proyecto. La principal crítica a esta APP, desde el punto de vista huancavelicano, es que el Gobierno central la anunció como un proyecto para el exclusivo beneficio de Ica, para «atender la problemática de estrés hídrico que afecta a esta región», según lo expresó el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, en abril de 2014, reforzando así la percepción de desinterés del Gobierno nacional por las preocupaciones huancavelicanas.

Ante los anuncios de la inminente ejecución del proyecto cuestionado, el presidente regional de Huancave-lica, Glodoaldo Álvarez, plantea que su región tiene derecho a usar sus recursos hídricos para priorizar su propio desarrollo, especialmente con la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua a gran escala. Los huancavelicanos aseveran que de esta manera podrán resolver la escasez de agua que sufre la región durante la época de estiaje y podrán aumentar

la productividad agropecuaria y, por ende, los propios ingresos y niveles de vida de la población.

La autoridad huancavelicana tam-bién defiende el derecho de las comu-nidades campesinas a ser consultadas respecto a la ejecución de los proyec-tos de trasvase en sus territorios y la realización de los estudios necesarios para garantizar que un posible tras-vase no perjudique los ecosistemas huancavelicanos. En este contexto, Álvarez se ha acercado a la Presiden-cia del Consejo de Ministros (PCM) para solicitar la organización de una mesa de diálogo entre representantes de Ica y Huancavelica, con participa-ción de las comunidades campesinas. Sin embargo, este pedido aún no ha sido atendido por la PCM.

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15febrero de 2015

La propuesta de Ica: un canon hídrico

En el caso de Ica, el presidente regional, Fernando Cillóniz —conoce-dor de los temas agrarios y vinculado a ellos durante décadas— insiste en la propuesta de llevar a su región el agua excedente de Huancavelica, pero coin-cide en la necesidad de generar tam-bién el desarrollo social de las zonas altas. «No tiene ningún sentido que Ica aspire a tener agua y que los huanca-velicanos solo la vean pasar», comenta Cillóniz, quien plantea otorgarles una compensación por el uso del agua procedente de Huancavelica, bajo la modalidad de canon hídrico. Confor-me a este modelo, un porcentaje del impuesto a la renta generado en Ica iría a Huancavelica y sería administrado por el gobierno regional o los muni-cipios. La finalidad es que el dinero sea invertido, de manera preferencial, en la implementación de sistemas de riego tecnificado en las zonas altas de

Huancavelica, que tendrían un acceso irrestricto al agua que se trasvase. Esta medida sería acompañada por la inclusión de las poblaciones involu-cradas en los programas sociales, los talleres de capacitación y, además, la construcción de carreteras.

Cillóniz coincide en la necesidad del diálogo con todos los sectores involucrados, en especial las comu-nidades campesinas ubicadas en el ámbito de los proyectos para llevar agua a Ica. «Hay que convencer y pe-dir la autorización. Sin ella, ¿quién va a poder hacer un canal en la vertiente oriental? Nadie», asevera.

Por su parte, las comunidades campesinas y otros actores sociales en Huancavelica se oponen a los proyectos Canal Ingahuasi y Presa Tambo porque los perciben como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpa-quera y su seguridad hídrica. Por ello, reclaman su derecho a ser consultados,

según lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa y su reglamento , así como en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Los huancavelicanos están exigiendo al Gobierno nacional y al regional de Ica iniciar un diálogo que beneficie a todas las partes involucradas.

A primera vista, existen coinciden-cias entre los gobiernos regionales de Ica, Huancavelica y las comuni-dades campesinas afectadas, sobre la necesidad de abrir un diálogo que permita negociar soluciones a los problemas hídricos de ambas regio-nes, que beneficien a todas las partes involucradas. La responsabilidad de la PCM es facilitar este diálogo y evi-tar apresuramientos en la aprobación de los proyectos que en la actualidad evalúa Proinversión. Además, debe promover la realización de los es-tudios técnicos que sean necesarios para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo y que no se vea afectada la integridad de los ecosistemas en la zona de influencia de esos proyectos. A partir de esta ex-periencia nuestro país puede extraer lecciones que faciliten la prevención o solución de futuros conflictos hídri-cos, que podrían intensificarse como consecuencia del cambio climático y el aumento de la demanda de agua que conlleva el crecimiento económi-co y poblacional en el país.

Notas1 Coordinadora del Observatorio de Cambio

Climático, del Cepes / Periodista del Cepes.2 Es el principal órgano internacional en-

cargado de evaluar el cambio climático, a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas.

3 Artículo: «La amenaza de la desertificación en el Perú». <http://bit.ly/1CNv8XE>.

4 Plan de Gestión del Acuífero de Ica, Pam-pas, Villacurí y Lanchas, realizado por la ANA. <http://bit.ly/1zWc83p>.

5 «El reto en Ica: falta de agua, inseguridad y corrupción». Diario El Comercio.

<http://bit.ly/1w9ZJhr>.6 Agencia del Gobierno nacional, encargada

de la promoción de la inversión y de las privatizaciones.

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Glodoaldo Álvarez, presidente regional de Huancavelica

Fernando Cillóniz, presidente regional de Ica.


El reto de promover la agricultura familiar (AF) en el mundo no se en-cuentra solo en manos de los países en vías de desarrollo —que es en donde principalmente se realiza esta impor-tante actividad—, sino también en los llamados países industrializados. Cada vez más, muchos de sus gobiernos es-tán reconociendo el rol preponderante de la AF para garantizar la alimenta-ción, la conservación del ambiente y la paz social.

Uno de los bloques económicos y políticos más importantes a escala global es el llamado Grupo de los Siete (G7), conformado por los países más ricos del mundo (Francia, Alemania, Italia, Japón, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos). Este año, la pre-sidencia del G7 recae en Alemania. Precisamente, en la agenda de este país para el G7 destacan la lucha contra las enfermedades infecciosas, la búsqueda de mayores resultados en torno a la agenda del Desarrollo Sostenible Post 2015, la seguridad alimentaria y el cambio climático.

Respecto de la seguridad alimenta-ria, el Ministerio Federal para la Coo-peración Económica y el Desarrollo

(BMZ), de Alemania, viene impulsan-do la iniciativa «Un Mundo Sin Ham-bre» con el objetivo de evitar que las personas sufran hambre y malnutrición y asegurar que las futuras generaciones puedan alimentarse. En ese sentido, ejerciendo la presidencia del Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria del G7, el BMZ ha recomendado a sus contrapartes ministeriales desarrollar una agenda ampliada de seguridad alimentaria que vaya más allá del mero incremento de la producción y la pro-moción de inversiones en la agricultura.

Asegurar los derechos de los pequeños agricultores

Diversas organizaciones de la socie-dad civil de Asia, África y Sudamérica, apoyadas por Welthungerhilfe (organi-zación alemana que defiende el derecho humano a la alimentación adecuada), se reunieron a inicios de febrero en Berlín, en la Conferencia «Marcando el rumbo para un mundo sin hambre. Diálogo Norte Sur». Allí presentaron al Gobierno alemán su propuesta por la defensa de la AF.

En efecto, el documento «Memo-rándum de Berlín» busca llamar la

atención de los países que conforman el G7, acerca de la importancia del sector de la AF en términos de su aporte a la alimentación, la conservación del ambiente y la paz social. Los pilares del memorándum son asegurar los derechos de los pequeños agriculto-res, promover medios de vida viables y fortalecer su rol en el cuidado del ambiente.

Ante funcionarios del Gobierno alemán (incluida la jefa de los negocia-dores alemanes ante el G7, en represen-tación de la canciller Angela Merkel) y representantes de ONG alemanas, la presidenta de Welthungerhilfe, Barbel Dieckmann, demandó un compromiso de todos para brindar mayor atención a la AF como una eficaz forma de enfrentar la pobreza, el hambre y los hechos de violencia que remecen al mundo. En concreto, demandó un mayor aporte de los países donantes a la lucha contra el hambre, el apoyo a la pequeña agricultura y la promoción de cadenas. Reconoció que los dere-chos humanos, en especial el derecho a la alimentación, son negados a los pobres, por lo que consideraba que, de concretarse esos esfuerzos, se daría un aporte para un mundo mejor.

Sin duda, hay que destacar las propuestas planteadas por diversas instituciones de la sociedad civil a los gobiernos del G7. El objetivo es que esas propuestas puedan influir en los funcionarios alemanes y los otros miembros del G7 para que vuelvan sus ojos hacia la AF en Asia, África y América Latina.

Nota1 Abogado. Director ejecutivo del Centro Pe-

ruano de Estudios Sociales (Cepes). Fue uno de los participantes durante la Conferencia «Marcando el rumbo para un mundo sin hambre. Diálogo Norte Sur», realizada en Berlín.

Exigen a los países más ricos apoyar a la agricultura Familiar

En Berlín, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a los gobiernos del G7 un ma-yor apoyo para la agricultura familiar.

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