Frente a la crisis de la justicia. No hay derecho: Que renuncien todos

“Si hay sentencias rectas, la ciudad y el pueblo florecen; la paz anda; en la tierra nunca habrá dolorosa

guerra. Nunca a los hombres de rectas sentencias el hambre acompaña. La tierra tiene sustento abundante:

hay bellotas en el monte, lana en los rebaños, miel en los panales y las mujeres paren hijos semejantes a sus

padres. Mas sin son torcidas las sentencias, a un tiempo el hambre y la peste llegan, perecen los hombres, la

mujeres dejan de parir, las casas se caen y la ciudad se hunde”.

La reflexión es de Hesíodo (siglo VIII antes de nuestra era), hombre que vivió en el Valle de Beosia, entre

Atenas y Delfos, hace casi tres milenios, vigente para muchos lugares vacíos de justicia y de paz en la

humanidad y particularmente válida para explicar buena parte de los múltiples conflictos que padece la

sociedad colombiana, la guerra de más de 50 años, la desestructuración del Estado y la crisis más grave que

haya padecido la justicia desde la adopción de la Constitución en 1991.

Sobre lo anterior desarrollamos este escrito en tres aspectos: 1. No hay derecho 2. Sobre la máxima de

Quevedo en un lugar donde hay poca justicia es un peligro tener razón y 3. “La justicia ha muerto”, sobre el

cuento de José Saramago, El Campesino de Florencia, sobre una historia de más de cuatro siglos y con

algunas recomendaciones para resucitarla.

1. No hay derecho.

La labor esencial de cualquier Estado que se pretenda democrático y de derecho es la de asegurar el contribuir

a resolver los conflictos sociales, económicos y políticos mediante una institucionalidad garante de los

derechos humanos, donde la justicia debe ser pronta, autónoma e imparcial para asegurar la legitimidad del

Estado y la convivencia pacífica.

La crisis actual de esa labor no es nueva, sino que se ha profundizado como nunca antes, desde que en lo

público prima el interés privado sobre el interés general dejando en evidencia el abandono de los principios

éticos, con extremada gravedad cuando es la misma justicia la implicada en su propio derrumbamiento y

cuando todos los principios que dan fuerza al Estado social de derecho han sido arrasados.

Están sobre diagnosticados problemas de la justicia como:

-Falta de presupuesto adecuado

-Congestión judicial

-Limitaciones a la debida diligencia

-Dilación extrema en los procesos

-Falta de rendición de cuentas

-Ausencia de transparencia

-Falta de méritos

-Corporativismo con clientelas de favores mutuos.

-Carrusel de las pensiones

-Clientelismo

-Puerta giratoria

-Tráfico de influencias

-Cohechos

-Politización en el peor sentido del término

-Prevaricatos y

-Una percepción generalizada en la opinión pública de corrupción en las altas esferas de la justicia. Por ello

debemos decir con fuerza:

1-No hay derecho a que millones de personas que han creído en la resolución pacífica de las controversias,

que han acudido a un juez para resolver conflictos laborales, familiares, de comercio, de reparación

extracontractual o frente a millones de delitos, no alcancen una sentencia que resuelva sus derechos o

pretensiones.

2-No hay derecho a que a más de siete millones de víctimas del conflicto armado interno, víctimas de

crímenes de guerra y de lesa humanidad, se les diga que recibirán una reparación de miseria y que los

determinadores de los crímenes, que nunca han sido investigados, no pagarán sanción alguna.

3-No hay derecho a que en 20 años la demanda de justicia haya crecido un 370 %, mientras los funcionarios

sólo se incrementaron en un 24 %.

4-No hay derecho a que la política criminal suela descargarse sobre los más débiles o pobres y que frente a

uno de los delitos más graves como los homicidios, sólo la Fiscalía impute cargos de responsabilidad penal en

un 10 %, mientras un país como Chile se imputa el 70 % de los homicidios. Recordemos que sólo en los

últimos 3 años, según cifras oficiales, se ha asesinado en Colombia a 45.115 personas1.

5-No hay derecho a que escándalos como el del magistrado Villarraga a quien se sindicó de haber cobrado

400 millones de pesos al coronel Robinson González del Río por ofrecer una decisión favorable para que los

crímenes de lesa humanidad, los “falsos positivos” que se le imputaban, pasaran a la justicia penal militar y,

que dicho escándalo pasara sin pena ni gloria mientras el gobierno promueve la ampliación del fuero penal

militar y una interpretación perversa del derecho internacional humanitario.

6-No hay derecho a que cuando un juez o magistrado actúa con autonomía e independencia, sancionando a

altos oficiales del Ejército por crímenes de lesa humanidad o de guerra, el gobierno nacional descalifique los

fallos, como sucedió recientemente en el caso de la sentencia de segunda instancia contra el general Arias

Cabrales, por los hechos del Palacio de Justicia.

7-No hay derecho a que la Corte Suprema de Justicia, juez disciplinario del Procurador, hubiese promovido la

reelección de Alejandro Ordóñez, con 17 votos a su favor y que familiares de estos magistrados sigan

laborando en la Procuraduría.

9-No hay derecho a que el Consejo de Estado vaya a cumplir un año sin resolver la demanda de nulidad

contra la reelección del Procurador, presentada por Rodrigo Uprimny, y que en ese retardo jueguen los

vínculos estrechos de varios consejeros con Alejandro Ordóñez.

10-No hay derecho que a un órgano totalmente inoperante como la Comisión de Investigación y Acusación de

la Cámara se le confíe, porque no hay otra opción, la investigación contra el magistrado Petrelt, y sea el

presidente de dicha Comisión el representante Julián Bedoya quien la asuma, cuando se le cuestiona que fue

expulsado de la policía por presuntamente haber intentado robarse una pistola.

11-No hay derecho a promover en la reforma del equilibrio de poderes un Tribunal de aforados politizado,

que no puede ser nunca garantía de autonomía e independencia y por tanto asegurará la impunidad de faltas

1http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info

_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf

disciplinarias y penales de los hoy protegidos con absoluta impunidad, y que además se extienda el fuero al

Procurador, al Defensor del Pueblo, al Contralor y al Vicepresidente de la República. Tanto afán por

conseguir ser aforados deja la sospecha de posibles faltas que quieren que queden sin sanción.

12-No hay derecho a llegar a extremos de ilegitimidad de la justicia como las encuestas de diciembre anterior

donde se expresa, antes de esta profunda crisis, que el 83% de los colombianos no confía en el sistema

judicial y que esto no produzca una reacción adecuada para enfrentarla.

2. Sobre la máxima de Francisco de Quevedo, “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” y la

ausencia de garantía de no repetición de los crímenes.

Desde 2012 se ha asesinado a 202 defensores y defensoras de derechos humanos, entre las 1.349 agresiones

de las que han sido víctimas.

Las ONG de Derechos Humanos hemos documentado 230 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Juan

Manuel Santos, de los cuales el 10.7% son mujeres, 37 % de las víctimas son menores de 17 años, de los

cuales 16 personas asesinadas en protestas sociales y 50 casos de falsos positivos.2 De igual manera

denunciamos la impunidad frente a los determinadores de las 5.763 ejecuciones extrajudiciales documentadas

durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez3.

Sólo en los últimos dos años se ha producido el desplazamiento forzado de 348.000 personas por el conflicto

armado y la negativa a pactar un cese bilateral, unida a la reanudación de los bombardeos, seguirá haciendo

crecer a diario el número de víctimas.

El CICR en reciente informe4, denuncia que la desaparición ha alcanzado niveles descomunales en Colombia

a diciembre de 2014 los organismos oficiales tenían registrados 100.316 casos de personas reportadas como

desaparecidas, un aumento de 12% en tan solo un año.

2. La Justicia ha muerto: Saramago, el Campesino de Florencia

José Saramago escribió un cuento sobre hechos que habrían sucedido hace más de 400 años en zona rural de

Florencia, al pueblo llegó un campesino que hizo repicar las campanas tocando a muerto. Los feligreses se

reunieron y aquel les explicó que había sido despojado de sus tierras por un señor feudal y al acudir a la

justicia se había fallado a favor del rico usurpador, dijo “he tocado a muerto por la Justicia, porque la Justicia

está muerta”5.

Si tuviéramos la audacia necesaria llamaríamos a tocar todas las campanas de las iglesias en Colombia para

invitar al entierro de la justicia; sin embargo nos quedamos esperando a que aquellos que la han asesinado

sean quienes pretendan resucitarla.

Por tanto proponemos:

2 http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/154/default.asp

3 Según el Director de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía

General de la Nación, Misael Rodríguez, en su intervención ante la CIDH, hay abiertas 2513 investigaciones, vinculados 5334 agentes del Estado, 5114 del Ejército, 4775 víctimas directas. Se han producido 1140 sentencias de las cuales 923 condenatorias, de las cuales 847 agentes del Estado habrían sido condenados la mayoría del Ejército, 4 contra coroneles y teniente coroneles, 89 oficiales, 128 suboficiales

.http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/154/default.asp

4 https://www.icrc.org/es/document/informe-colombia-2014-pagina-principal#.VQG2o_mUdp1

5 https://detodoloquenosepuedehablar.wordpress.com/2010/06/04/la-injusticia-globalizada-jose-saramago/

1-La renuncia de todos los magistrados de las altas cortes. Puede parecer un despropósito como propuesta,

sin embargo ya ha habido magistrados que se han atrevido a dar ese paso6, reconocidos por su probidad. No

podemos esperar una reforma constitucional y una ley que la reglamente.

Para evitar traumatismos mayores, planteamos que las renuncias se hagan progresivamente, empezando por

la Corte Constitucional, luego la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo

de Estado. Que con los mecanismos actuales, pero de cara a la nación, se reelija a aquellos o aquellas que lo

ameritan por su hoja de vida transparente o se elija nuevos o nuevas magistrados o magistradas; respetando el

30% de las cuotas de género

2-Se debe cambiar radicalmente la propuesta de Tribunal de aforados presentada por el gobierno dentro de la

reforma de equilibrio de poderes, tal y como están siendo aprobadas serán un inmenso fracaso. El único que

debe tener fuero, y sólo mientras ejerce, es quien haga las veces de presidente de la República. Una vez

perdida tal calidad, debe ser la justicia ordinaria que le investigue y juzgue por los eventuales delitos en que

pueda haber incurrido.

3-Si se persiste en la reforma de equilibrio de poderes, los hoy aforados constitucionales no pueden pretender

que las faltas disciplinarias o delitos en los que incurran queden en la impunidad. Si se crea un Tribunal de

aforados debe ser totalmente ajeno al poder político, sus magistrados elegidos por mérito y debe contar con su

propia Fiscalía así como ser un órgano de cierre en si mismo, garantizando en su seno la doble instancia con

la posibilidad de suspender en sus cargos a aquellas personas contra las cuales encuentren indicios serios de

responsabilidad disciplinaria o penal.

4-Se debe de inmediato retirar las propuestas de reforma al fuero penal militar y de interpretación perversa del

DIH, por constituir un atentado contra la democracia, contra los derechos humanos y el proceso de paz.

5-Debe promoverse una profunda reforma a la justicia a largo plazo, concertada de manera ampliamente

participativa, que sea garantía de proyección y estabilidad del estado social de derecho.

6-Debe crearse un Observatorio ciudadano de la administración judicial que rinda un informe anual a la

Nación y al Congreso de la República, donde se destaquen buenas y malas prácticas, y se propongan

correctivos administrativos, legales, disciplinarios ó penales a las eventuales faltas de los operadores

judiciales.

Luis Guillermo Pérez Casas

Presidente Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Abril de 2015

6Se trata de la magistrada de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María del Rosario

González Lemos y Jesús Vall de Ruténde la sala civil, presentaron su renuncia, según se publicó por

“indignación”, ninguno votó a favor de la postulación de Ordóñez para su reelección como Procurador General de la Nación. http://www.publimetro.co/lo-ultimo/dos-magistrados-de-la-corte-suprema-renuncian-por-indignacion/lmkocz!hqloNNybVw6I/