anÁlisis en derecho comparado de los parÁmetros de
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ANÁLISIS EN DERECHO COMPARADO DE LOS PARÁMETROS DE REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO APLICADOS EN COLOMBIA,
GUATEMALA Y EL SALVADOR.
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
NANCY FABIOLA PINEDA SANABRIA
MATEO LINARES BASTO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
2020
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ANÁLISIS EN DERECHO COMPARADO DE LOS PARÁMETROS DE REPARACIÓN
A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO APLICADOS EN COLOMBIA,
GUATEMALA Y EL SALVADOR.
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Monografía presentada como requisito para
Obtener el título de Abogado
Directora:
Ana María Solarte
Nancy Fabiola Pineda Sanabria
Mateo Linares Basto
Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Derecho
2020
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Dedicatoria
La realización de este proyecto va dedicada, primeramente, a Dios,
por guiarnos y estar presente brindándonos la fortaleza necesaria
durante todas las adversidades de esta hermosa carrera.
Por otro lado, queremos agradecer a nuestros padres Juan Linares y
Ángela Basto, quienes con su constante apoyo y esfuerzo
permitieron que esta inmersión en la senda del derecho fuese una
increíble experiencia.
A la memoria de Asisclo Pineda, por su incansable perseverancia en pro
de la formación académica y la guía de cada uno de mis pasos desde su
ausencia. Del mismo modo, a Nicolás Culma, por su permanente
colaboración y compañía durante esta etapa.
Para finalizar, a la Doctora Ana María Solarte, por su paciencia y
excelente guía profesional durante la realización de este trabajo de grado.
Sin su valioso aporte, no hubiese sido posible.
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CONTENIDO Pág.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 7
Aspectos metodológicos ......................................................................................................................... 9
Problema investigativo y justificación............................................................................................... 9
OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 11
Objetivo General ............................................................................................................................. 11
Objetivos específicos ........................................................................................................................ 11
CAPÍTULO I ....................................................................................................................................... 13
1.1 Origen, surgimiento y noción del concepto de victima .......................................................... 13
1.2 Clases de víctimas .................................................................................................................. 15
1.3 Clases de Conflicto Armado .................................................................................................. 18
1.4 Surgimiento y noción de Justicia Transicional. ................................................................... 199
1.5 Origen, noción y concepto de Reparación Integral. ............................................................. 21
1.6. Clases de Reparación Integral........................................................................................ ..214
1.6.1 Restitución............................................................................................................ .....25
1.6.2 Indemnización por daños.........................................................................................26
1.6.3 Rehabilitación...........................................................................................................27
1.6.4 Medidas de Satisfacción...........................................................................................28
1.6.5 Garantías de no repetición.......................................................................................30
CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 322
2.1 Análisis del Proceso de paz llevado a cabo en el Salvador .................................................. 322
2.2 Etapas y parámetros de reparación a víctimas aplicados en El Salvador ........................... 356
2.3 Etapas y parámetros de reparación a víctimas aplicados en Guatemala .............................. 38
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2.4 Análisis del Proceso de Paz en Colombia ............................................................................. 443
2.5 Etapas y parámetros de reparación a víctimas aplicados en Colombia .............................. 465
2.5.1. Primera Etapa: Ley 975 de 2005 ................................................................................. 466
2.5.2. Segunda Etapa: Ley 1148 de 2011. .............................................................................. 510
2.5.3. Tercera Etapa: Acto Legislativo 01 de 2012. ............................................................... 543
2.5.4. Cuarta Etapa: Acto Legislativo 01 de 2017. ................................................................ 554
CAPÍTULO III .................................................................................................................................. 557
3.1 Caso contra el Estado de El Salvador ...................................................................................... 56
3.2 Caso contra el Estado Guatemalteco ....................................................................................... 63
3.3 Caso contra el Estado colombiano ....................................................................................... 6766
3.3.1. CIDH. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia ............................................................. 66
3.3.2. Sentencia de Reparación Directa del Consejo de Estado .................................................. 68
CAPÍTULO IV .................................................................................................................................. 72
4.1 Estándares de reparación a víctimas en el marco del Derecho Internacional.......................... 72
4.2. Principales caracteristicas de organismos de Protección Internacional ................................. 72
CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................ 8577
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ÍNDICE DE TABLAS Pág.
Tabla 1 CLASES DE CONFLICTO ARMADO .............................................................................. 188
Tabla 2 PRINCIPALES CARACTERISTICAS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL ............................................................................................................................. 73
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INTRODUCCIÓN
El flagelo del conflicto ha sido históricamente una de las problemáticas más reiteradas y
representativas dentro de los conglomerados sociales de Suramérica, las cuales, paradójicamente
trasegaron por la senda del conflicto durante la década de los años setenta y ochenta. Durante
este lapso, se debilitó notablemente la infraestructura política, económica y social de la gran
mayoría de países de este lado del continente y se evidenciaron cuatro factores determinantes e
incidentes en la consolidación de lo que posteriormente se conoció como conflicto armado
interno como lo son: las diferencias socioeconómicas, la limitada participación política, la
marginalidad de diversos sectores de la población y la exclusión social(Kruijt, 2016).
Dentro de las diferentes problemáticas que resultan inherentes a la mayoría de conflictos
armados internos, sin lugar a dudas la que mayor relevancia adquiere es la de las víctimas. Según
la Organización de las Naciones Unidas, en adelante (ONU), se entenderá por víctimas a “las
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder (Unidas, 2019).
La problemática de las víctimas se extendió a lo largo y ancho del continente americano,
conforme se desarrollaban los diferentes conflictos armados internos que dejaron como resultado
miles de millones de víctimas de delitos como secuestro, extorsión, asesinatos selectivos,
acciones bélicas, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamientos
forzados, razón por la cual los gobiernos que transitaban por la senda del conflicto, apoyados por
la comunidad internacional, direccionaron sus operaciones de gobierno en la búsqueda de
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diferentes mecanismos que permitieran como primera medida, dar una solución legitima,
pacífica y dialogada a los violentos y consolidados conflictos armados que, sistemáticamente
crecían dentro de los conglomerados sociales hasta el punto de ser totalmente inmanejables y por
otro lado alcanzar el que hasta entonces se consideraba el punto más álgido dentro de todas las
etapas del conflicto; la reparación integral de las víctimas.
Considerando lo anterior, dentro del presente trabajo se abordará tres países que trasegaron
por la senda del conflicto armado como lo son Colombia, Guatemala y El Salvador; países que
adicionalmente presentan las mayores similitudes tanto en el origen, como en la consolidación,
finalización del conflicto armado y por último en lo que respecta a la forma en cómo se
afrontaron las reparaciones a las víctimas, razón por la cual se pretendió realizar un análisis en
derecho comparado respecto de los parámetros de reparación a víctimas del conflicto armado
implementados en Colombia, Guatemala y El Salvador para determinar en primera medida,
cuáles y cómo fueron las etapas de reparación aplicadas en cada uno de estos países y por otro
lado, identificar si estos postulados se ajustan a los estándares de reparación constituidos tanto
por la doctrina como por la jurisprudencia en el marco de la Justicia Transicional.
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Aspectos metodológicos
Problema investigativo y justificación
Las víctimas se han caracterizado indiscutiblemente como una de las problemáticas más
comunes, dentro de las cuales se han visto envueltos la gran mayoría de países de América
Latina (Tolcachier, 2019); las grandes similitudes que presentan los conflictos armados internos
por los que transitaron las naciones que se abordarán en este trabajo (Colombia, Guatemala y El
Salvador), no son más que el fiel reflejo de la gran problemática social, económica y política que
durante años ha marcado el desarrollo de los diferentes países que forman parte del lado sur del
continente americano.
Desde la década de los 90 Colombia, El Salvador y Guatemala, afrontaron diferentes
problemas en lo que respecta a las necesidades de las víctimas que, generalmente son ignoradas
y continúan siendo blancos de sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos, por lo que se
tuvo a bien algunos puntos de vital importancia como lo son en primera medida, comprender la
problemática de las miles de víctimas del conflicto, su contextualización al interior de los
conglomerados sociales, la forma en como han sido consideradas en la legislación internacional
y por otro lado, la forma en como fueron reparadas dentro de las diferentes jurisdicciones
transicionales puestas en marcha dentro de los ordenamientos jurídicos que se pretenden
comparar.
La justicia transicional se consolida como un compendio de procesos transitorios que
permiten aplicar una jurisdicción diferente a la existente, de manera que se permitan equilibrar
las exigencias jurídicas de todos los actores que hacen parte de los conflictos.
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Dentro del presente trabajo investigativo, se pretende orientar a los lectores a que identifiquen
de manera clara, cómo fue el proceso de reparación a las víctimas del conflicto bajo los
postulados de la Justicia transicional implementados en Guatemala, Colombia y El Salvador,
realizando un análisis en derecho comparado de cada uno de estos modelos de justicia,
diferenciando y extrayendo de cada uno de estos, los aspectos más relevantes que permitan
aludir cuál de estos modelos implementados, cobija y repara de manera más integral a las
víctimas en su derecho al esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de
no repetición.
This investigative work aims to clarify the process of reparation to the victims of the internal
armed conflict, under the postulates of Transitional Justice implemented in Colombia, Guatemala
and El Salvador. Carrying out an analysis in comparative law of each of these models of justice,
differentiating and extracting from each of these, the most relevant aspects that could affect these
implemented models, blanket and repair the victims more comprehensively in their right to
clarification of truth, justice, reparation and the guarantee of non-repetition.
Así las cosas y frente a esta necesidad, se han implementado modelos alternativos de justicia
transicional que buscan solucionar los conflictos armados de manera que cesen las innumerables
violaciones a los derechos humanos que como consecuencia se presentan; precisando que
conforme a la anterior necesidad, aparecen diversas propuestas de transición, que pasan desde los
tipos de transición extremos, tales como el denotado por el perdón amnésico o las transiciones
punitivas, hasta tipos de perdón moderados como los compensadores y responsables, propuestas
heterogéneas que obedecen a la diversidad misma de la sociedad sobre todo en matices políticos
diferentes. Se puede deducir que los tipos de justicia transicional, y su materialización, no sólo
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pasan por acuerdos políticos que proporcionen legitimidad, sino por disposiciones legales y ante
todo constitucionales, que logren disolver o por lo menos, mermar las tensiones entre la paz y la
justicia en forma respetuosa de las instituciones y los demás elementos que conforman un Estado
Social de Derecho y un Estado constitucional establecido.
OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar un análisis en derecho comparado frente a los parámetros de reparación a
víctimas, implementados en Colombia, Guatemala y El Salvador en el marco del
conflicto, para establecer, si estos postulados se ajustan a los estándares de reparación
establecidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia Internacional bajo los
postulados de la Justicia Transicional.
Objetivos específicos
Determinar cuál es el origen y definición de los términos víctima, reparación integral,
justicia transicional, y conflicto armado en el marco del Sistema Interamericano de
Derechos.
Analizar las Leyes en materia de reparación que se promulgaron en cada uno de estos
países en el marco del conflicto.
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Describir los estándares de reparación a víctimas establecidas por la doctrina
Internacional.
Identificar las etapas y los tipos de reparación a víctimas que se aplicaron en Colombia,
Guatemala y el Salvador respectivamente.
Método de investigación La presente, es una investigación teórico- jurídica, inclinada
principalmente a identificar los conceptos de víctima, conflicto armado, justicia transicional,
reparación integral; del mismo modo, se determinará qué tipos y formas de reparación a víctimas
se implementaron en Colombia, Guatemala y El Salvador respectivamente.
Es una investigación jurídico-comparativa, que busca comparar los parámetros de reparación
aplicados en cada país objeto de estudio, y determinar el cumplimiento en cuanto a los
parámetros de reparación internacional a las víctimas.
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CAPÍTULO I
1.1 Origen, surgimiento y noción del concepto de víctima.
El término víctima, es sin lugar a dudas uno de los más conocidos alrededor del mundo
entero; etimológicamente, el término remonta su origen al termino en latín Victuma y al
termino italiano vittima, el término víctima fue empleado a través de los años, no sólo para dar
la connotación a los seres humanos, personas o animales que eran sacrificados, también se
empleaba para referenciar aquellos sobre los cuales recaían las diferentes torturas, agresiones o
accidentes (Soca, 2007).
Se entiende por víctima: “Sujeto pasivo del delito a quien corresponde el ejercicio de la
acción particular y de la acción civil derivada del delito, a quien se efectúa el << ofrecimiento
de acciones >> y que se constituirá en parte si las ejercita mediante la correspondiente querella
o personándose en el proceso ya en marcha…” (Española, 2019).
Por otro lado, la ONU Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 60-147
de diciembre del 2015, realiza una clara definición de las víctimas del delito, haciendo mención a
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su calidad ya sea individual o colectiva y que hubiesen sufrido algún tipo de daño, haciendo
mención a lesiones de carácter físico o mental, sufrimientos emocionales, pérdidas de tipo
financiero o algún tipo de menoscabo significativo de sus derechos fundamentales, todo ello
como consecuencia de acciones y/o algún tipo de omisión que vulnere la legislación penal en
alguno de los Estados Miembros, estando incluido el abuso de poder…” (Unidas O. d., 1985).
Para Benjamin Mendelsohn (23 de abril de 1900 - f. 25 de enero de 1998) y Hans von Hentig
(Berlín 9 de junio de 1887 - Bad Tölz el 6 de julio de 1974), reconocidos abogados y
criminólogos, considerados como los verdaderos padres en el estudio de la victimología penal,
definieron a las víctimas como la personalidad individual o colectiva en la medida en que fuese
afectada por consecuencias sociales de un sufrimiento determinado por diversos factores, ya sean
físicos, psíquicos, económicos, políticos o sociales, así como ambientes naturales o técnicos.
El concepto víctima, se presentó inicialmente como uno de los elementos de composición
dentro del estudio del derecho penal-criminal para luego, ser incluido dentro de los diferentes
compendios normativos como un sujeto de derechos. Pues bien, teniendo en cuenta el anterior
panorama frente al concepto de víctima, podemos entonces definirla como esa persona, bien sea
natural o jurídica que padece un daño, respecto de la cual recae o han recaído las innumerables
vulneraciones a los derechos humanos y a los bienes jurídicamente tutelados en los diferentes
compendios normativos de índole penal en los diferentes países del mundo. Por otro lado, dentro
de las grandes y tenebrosas consecuencias que conlleva la confrontación armada al interior de los
países, la que sin lugar a dudas resulta más relevante dentro de la mayoría de esferas sociales es
la de las víctimas; problemática que a través de los años dejó de ser vista y tratada como un dato
estadístico de los conflictos para adquirir un lugar relevante dentro de las políticas públicas de
los países latinoamericanos los cuales incluyeron dentro de sus políticas públicas y de gobierno
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respectivamente, diferentes planes y normativas en donde pretendieron abordar básicamente tres
aspectos fundamentales como lo son la regulación, el tratamiento y la reparación integral.
1.2 Clases de víctimas
La victimología, es una disciplina cuyo objeto central de estudio es la víctima; esta disciplina,
cuenta con una serie de autores, los cuales, a través de sus numerosos estudios sobre la materia,
han realizado valiosos aportes en cuanto a víctimas, victimización y su clasificación. Dentro de
los diferentes aportes doctrinales en lo que respecta a la clasificación victimal, la mayoría
coincide con la siguiente:
a) Completamente inocente o ideal:
Este tipo de víctima también conocidas como victimas voluntarias, son aquellas que
no han tenido ningún tipo de incidencia o culpa dentro del hecho que lo consolidó como
tal; es decir, es ajeno totalmente a la situación o actividad criminal. Un claro ejemplo de
este tipo es sin lugar a dudas aquella victima que sufre del raponazo de su bolso, maletín
y/o cualquier otro bien de su propiedad.
b) Por ignorancia o de culpabilidad menor:
Dentro de estas víctimas, se presenta un tipo de estímulo o iniciativa que no son
voluntarios directamente a la comisión del delito; pero, aun así, posee cierto grado de
culpa dentro de su propia victimización. A modo de ejemplo podríamos traer a colación
el hecho de la mujer que se somete a un proceso abortivo sin las precauciones ni medidas
sanitarias pertinentes y por esta razón contrae una enfermedad que provoca su muerte.
c) Voluntarias:
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Las victimas voluntarias son ese tipo de personas que se identifican como el sujeto
pasivo dentro de la materialización del delito y se presentan comúnmente en los casos
donde tanto el victimario como la víctima participan directamente dentro de la comisión
del hecho punible. Se presenta en homicidios por piedad, a donde la victima pide y
motiva al victimario para que realice la comisión del delito.
d) Más culpable que el infractor:
Dentro de esta categoría resaltan dos tipos de víctimas o variantes como lo son:
Victima provocadora: Este tipo de víctima se denomina como provocadora, puesto que
con su conducta incitan al victimario a cometer el hecho punible del cual posteriormente
será víctima en donde además presentan un comportamiento molesto y provocador para
las personas.
Por imprudencia: Las víctimas por imprudencia determinan el hecho por la falta de
cuidado de la misma víctima dentro de la materialización de los hechos. Este tipo de
víctimas son muy comunes dentro de los accidentes automovilísticos; cuando el
conductor de un vehículo inicia su viaje sin ajustarse debidamente el cinturón de
seguridad. Otro ejemplo se configuraría con el conductor de un vehículo que al bajarse
del mismo no lo deja debidamente cerrado, razón por la cual es víctima de hurto.
e) Víctima más culpable o únicamente culpable: Dentro de esta clasificación, toda la
culpabilidad recae únicamente en la víctima. Se presenta además un intercambio de roles
entre el sujeto pasivo y el sujeto activo en otras palabras, una vez se materializa el hecho
se obtiene como resultado que la víctima resulta ser culpable y el victimario inocente.
1.3 Concepto, origen y noción de Conflicto Armado
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Todos aquellos conflictos armados de carácter interno que se desarrollan alrededor del
mundo, son regidos y/o regulados principalmente por el (DIH) Derecho Internacional
Humanitario, que no es más que el conjunto de normas reglamentadas o codificadas en
tratados comúnmente conocidos como -Leyes de Guerra- (Internacional, 2018).
Según el glosario del proceso de paz elaborado por la Universidad Central, se entiende por
conflicto armado a aquella manifestación de carácter violento que afecta de manera masiva a la
población, involucrando a los diferentes sectores sociales, los cuales se enfrentan por la vía
armada (Villa, 2016).
Por otro lado, el diccionario para desarmar la palabra, reconocido texto elaborado por
Germán Castro Caicedo, en donde presenta diferentes definiciones sobre términos del conflicto y
la paz, destaca al conflicto armado como el continuo enfrentamiento de manera sostenida, puede
ser entre dos o más partes, las cuales utilizan la fuerza como medio para dirimir las controversias
suscitadas por la oposición de sus voluntades o puntos de vista.
La jefa saliente de la unidad del CICR, Kathleen Lawand, que presta asesoramiento acerca del
derecho aplicable en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, durante una
entrevista que realizó para este mismo organismo, explicó en que consiste el concepto de
conflicto armado haciendo referencia a una situación de violencia dentro del territorio
determinado de un Estado, a donde se pueden evidenciar enfrentamientos armados de manera
prolongada entre las fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados, o en algunos casos
entre los mismo grupos de ese tipo” (Lawand, 2012).
Las nociones anteriormente presentadas, nos permiten entonces definir el conflicto armado
como aquella confrontación violenta entre dos o más partes, que surge como consecuencia de los
diferentes descontentos sociales que se presentan dentro de los diferentes países; esta
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confrontación violenta por lo general se prolonga durante varios años y la protagonizan los
grupos armados que actúan al margen de la Ley, diferentes sectores de la sociedad y fuerzas
gubernamentales del propio Estado. Ahora pues, el conflicto armado propiamente dicho es un
fenómeno que ha estado presente desde el origen mismo de la civilización y su origen se puede
remontar a las innumerables causas políticas, religiosas, económicas, sociológicas y
administrativas, los cuales son utilizados por los diferentes actores como argumento que valida o
ratifica el uso de la fuerza mediante acciones armadas. Según el DIH, reflejado en los Convenios
de ginebra del año 1949, protocolo número 1 y protocolo número 2 distinguió puntualmente la
existencia de cuatro clases de conflicto armado que se describirán brevemente así:
Tabla 1 CLASES DE CONFLICTO ARMADO
CLASES DE CONFLICTO ARMADO
Internacional
Este tipo de conflictos se caracteriza por el enfrentamiento que se
presenta entre uno o más estados que son internacionalmente
reconocidos contra otro u otros de las mismas características. El
conocido tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia,
estableció una definición que sobre conflicto armado internacional
que ha sido aceptada por la mayoría de organismos
gubernamentales así: “…existe conflicto armado cuando se recurre
a la fuerza armada entre estados” (Nations, 2017)
No internacional
Conflictos armados no internacionales, son aquellas
confrontaciones que se desarrollan entre fuerzas de caractér
gubernamental o grupos armados internos; se distinguen
prácticamente de los internacionales ya que en este tipo de
conflictos no se encuentra involucrado ningún actor estatal
Intra-estatales
Son conflictos armados que se desarrollan entre fuerzas armadas
gubernamentales o civiles, las cuales, comúnmente suelen ser
motivadas por cuestiones religiosas, económicas o políticas
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Fuente: elaboración propia basada en (Lawand, 2012).
1.4 Surgimiento y noción de Justicia Transicional.
Este concepto representa una salida de las épocas violentas que han marcado la historia de
muchos países y Latinoamérica no ha sido la excepción. Sin embargo, no es un concepto nuevo
que se ha integrado en las sociedades, sus primeras manifestaciones se dieron después de la
Primera Guerra Mundial (1914- 1918), presentándose como una justicia de transición que se
encargaba de hacer que estos procesos no afectaran a las poblaciones derrotadas y se
judicializara a los responsables; pero sólo hasta en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial
(1939 – 1945) a través de los juicios de Núremberg, este modelo de justicia se extendió por todo
el mundo.
Se ha presentado como una justicia especial encaminada en reconstruir y conciliar la paz y la
tranquilidad en el territorio a través de la implementación de mecanismos enfocados en la
justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de los hechos, involucrando cada gobierno a
una profunda transformación, así lo expresan algunos autores como Melamed, quien pone de
manifiesto que la Justicia Transicional se conforma de una gran cantidad de conocimientos y
experiencias, aunados a múltiples expectativas. Estas circunstancias tienen como propósito la
edificación de la paz y la reconciliación con las víctimas de graves vulneraciones a los derechos
No Gubernamentales
Son conflictos que se desarrollan principalmente por causas
ideológicas o religiosas; dentro de este tipo de enfrentamientos no
se ve involucrado el gobierno.
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humanos ocasionados en medio de un conflicto armado, una dictadura o un periodo de represión
ilegal. Empleando diversos mecanismos que incluyen herramientas tanto legales como sociales y
políticas. (Melamed, 2019).
Sin embargo, este tipo de justicia especial no es tan estático y limitado, por el contrario, se
convierte en un instrumento jurídico dinamizador que se va transformando con las circunstancias
de cada caso que se analiza a través de ella en estas sociedades en transición. (Gamboa, 2009),
ocasionando que cada nación que opta por implementarla se exponga a cambios en todas sus
estructuras, debido a que es necesario dejar en claro que, aunque en una sociedad de cualquier
país con vulneraciones graves a los Derechos Humanos existen pilares encaminados a regir la
convivencia de sus pobladores, que van desde el alcance moral hasta el jurídico en pro del
bienestar y la seguridad, aun así, se puede afirmar que los estados, no han logrado establecer una
adecuada implementación de la Justicia Transicional. Dicho de otra forma, no existe sociedad o
país que haya logrado llevar a cabo una justicia plena al momento de sancionar a todos los
victimarios o involucrados en graves vulneraciones de Derechos Humanos o a quienes hayan
sacado provecho de alguna forma de los conflictos armados internos. (De Greiff, 2005. P 9).
La noción de justicia transicional alcanza a incluir un gran número de objetivos, los cuales
son expresados en mecanismos que van encaminados a exterminar de sus territorios los
problemas y consecuencias de un pasado de abusos, violencia y dolor padecidos bajo un
conflicto, con el objetivo de que los causantes de ese sufrimiento se responsabilicen y paguen de
una u otra forma por sus actos, logrando así, alcanzar una reconciliación entre su pueblo,
estableciendo mecanismos que permitan obtener estos propósitos con mayor celeridad y
efectividad. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, generando además,
diversos niveles de participación internacional o carecer por completo de ella, así como abarcar
21
el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma
institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos
ellos. (ONU, 2014. p. 6).
En el caso de la doctrina colombiana se han encontrado varias posturas y definiciones de la
mencionada Justicia Transicional, dependiendo de la perspectiva en la cual han recibido los
estragos del conflicto armado interno, es así como algunos autores logran proporcionar un
concepto tendiente a la neutralidad sobre su forma de analizar lo que ha implicado para el país
optar por este medio de justicia especial estableciendo que, el objetivo real de la justicia
transicional busca transformar radicalmente el orden sociopolítico de una sociedad, bien sea para
reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacífico, o bien en escenarios que
buscan pasar de una dictadura a un orden político democrático. (Uprimny, 2006).
En el ámbito nacional, la Corte Constitucional aporta su gran conocimiento estableciendo en
sus fallos una definición amplia respecto este tema, denotando que en instancias internacionales
se entiende como definición de esta justicia especial a "una institución jurídica con el objetivo de
unificar esfuerzos que realiza una sociedad para enfrentar los múltiples hechos que han generado
vulneraciones a los derechos humanos de sus habitantes y los cuales se han vivido en medio de
un conflicto armado, hacia una un camino que permita la construcción de paz y reconciliación; es
decir, desarrollando una excepción frente a la implementación de las instituciones penales
comunes" (Sentencia C 771 de 2011).
1.5 Origen, noción y concepto de Reparación Integral.
En cuanto al derecho establecido que atañe a las víctimas que, lamentablemente, han tenido
que vivir las consecuencias de un conflicto armado interno de obtener una Reparación Integral es
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preciso indicar que es un mecanismo que hace referencia a un conjunto de acciones encaminadas
a restablecer o minimizar las consecuencias y estragos de la vulneración de sus derechos
humanos que fueron violentados por causa del mismo.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional adoptando criterios internacionales y
estipulándolos en nuestra normatividad, ha sido muy clara al expresar que “las víctimas poseen
un derecho muy importante dentro de una sociedad y esto hace alusión a la reparación, la cual
debe ser integral, en cuanto a que se deben implementar diferentes métodos determinados tanto
por la justicia distributiva como por la restaurativa, en búsqueda de que se consiga restablecer la
dignidad de las víctimas como sus derechos fundamentales; es por ello que la restitución infiere
la obligación de que debe ser plena en cuanto al restablecimiento de la víctima a la situación
anterior al hecho de la violación, como una garantía de sus derechos fundamentales, incluyendo
los mecanismos de la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas” (Sentencia
T 129 de 2019).
Se ha establecido, desde la perspectiva de la jurisprudencia, a través de sus fallos algunos
parámetros inamovibles que representan la base de un sendero en pro de una reparación más
equitativa y justa para cada víctima, conceptualizando así, que “dentro de los mecanismos que se
establecen dentro de la reparación se encuentran, a parte de la compensación y la restitución,
otros como lo son la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Todo esto
debido a que la restitución debe ser plena, devolviendo a las víctimas no solo sus derechos, sino
que también, los bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada; estableciendo así,
métodos como la indemnización de los perjuicios, la rehabilitación por el daño causado, medidas
simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas, y
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medidas de no repetición para garantizar que las vulneraciones se repitan” (Sentencia T 370 de
2013).
En las circunstancias en que se logra establecer que a las víctimas le han sido vulnerados
gravemente sus derechos humanos, el mecanismo de la reparación integral se divide en dos
dimensiones, viéndose así más especializada y efectiva en su aplicación, enfatizando de esta
forma la corte, en que “existe una dimensión individual por medio de la cual se puede expresar la
reparación con medidas como la restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación;
y otra conocida como la dimensión colectiva en la que se obtiene a través de medidas de
satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad” (Sentencia C
715 de 2012).
Por otro lado, es importante mencionar que la reparación no aborda únicamente el factor
económico, sino que también va direccionada a la búsqueda de que se haga justicia y, con ello
recuperar y formalizar la memoria histórica de los hechos relacionados con la trayectoria y
desarrollo del conflicto en el país, así como lo manifiesta la jurisprudencia al indicar que “se
estipula la real importancia del esclarecimiento de los hechos a través de prohibir la impunidad
realizando investigaciones efectivas y eficientes, así como efectuando sanciones imparciales por
parte del Estado, todo esto encaminado a garantizar el Derecho a la verdad. La verdad y la
reparación están enlazados porque el conocimiento de los hechos para las víctimas y sus
familiares constituye el motivo y fija el alcance de las reparaciones” (Sentencia C 017 de 2018).
Con lo anteriormente mencionado, cabe resaltar la óptica tanto de la jurisprudencia como de la
doctrina al insistir en que “La asistencia, los servicios sociales, y la ayuda humanitaria brindada
por parte del Estado, no son reparación integral para las víctimas, son conceptos totalmente
diferentes en su naturaleza, carácter y finalidad. Es importante aclarar que los servicios sociales
24
se utilizan para garantizar derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a
derechos de vivienda, educación y salud; por su parte la asistencia humanitaria la ofrece el
Estado en caso de desastres; la reparación, en cambio, tiene como título la comisión de un ilícito,
la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave vulneración de los derechos” (Tafur, C. M. P.,
2016. P 13 y Sentencia C 715 de 2012).
Para concluir, cabe mencionar que, las secuelas que deja el paso de un conflicto armado se
logran combatir con la reunión de una serie de elementos configurados y establecidos por la
normatividad y la jurisprudencia para proporcionar garantías, justicia y verdad a las víctimas que
les permita la reconciliación, por lo cual es pertinente tener claro que, es necesaria la vinculación
de siete elementos para lograr dignificar a las víctimas: restitución, que consiste en devolver la
víctima a su estado anterior; indemnización, para sufragar los perjuicios morales, fisiológicos y
psicológicos; rehabilitación, que busca la recuperación de secuelas físicas y fisiológicas;
satisfacción, para restaurar la dignidad de la víctima con una compensación moral; no repetición,
garantiza la desmovilización, desarme, reinserción, etc., como garantías de no repetición para las
víctimas; reparación simbólica, incluye la memoria histórica, perdón público, monumentos,
aceptación de los crímenes y restablecimiento de la dignidad; finalmente, reparación colectiva, la
cual consiste en la recuperación psicológica de comunidades completas afectadas. (Barreto,
2009. p. 36).
1.6 Clases de Reparación Integral
Con el transcurso del tiempo, las medidas de reparación se han ido transformando
constantemente con el propósito de lograr cubrir las necesidades y minimizar las consecuencias
del conflicto a las que han quedados expuestas las víctimas. Para las victimas que han sufrido los
25
estragos de un conflicto armado interno y junto con ello todo tipo de abusos a sus derechos
fundamentales, se han establecido como medidas de reparación: “restitución, indemnización por
daños, rehabilitación psicológica y médica, y restablecimiento de sus derechos, junto con, las
medidas que satisfacen a las víctimas, como revelar la verdad, enjuiciar a los perpetradores y
detener la violación continua de derechos humanos, también pueden considerarse medidas que
surten un efecto reparador” (Navarrete, F. A. M., 2015. p. 25 – 48).
1.6.1 Restitución
Se establece esta figura como un grupo de métodos encaminados a un intento de asignar
nuevamente las condiciones previas a la situación o hecho victimizante. Es decir que, “se
pretende restaurar derechos como la libertad, la situación familiar, las actividades que generaban
un sustento económico, la vida en sociedad, la libertad y por supuesto; el derecho sobre los
terrenos que fueron despojados, como consecuencia directa del conflicto, o en su defecto; el
derecho a adquirir una vivienda digna” (De las Salas, Chaves Bernal, & Gómez Duque, 2008).
Ante este mecanismo de reparación es importante manifestar que la restitución contempla la
naturaleza de los hechos victimizantes, consecuencia del conflicto, como daños que no son
completamente reversibles, pero que es posible incorporarlos a la memoria histórica colectiva,
que de una manera u otra aporta a la construcción y fortalecimiento de identidades de resistencia,
de gestores de paz y transformadores del contexto (UARIV, 2014).
La característica encargada de diferenciar esta medida de reparación de las demás, es el hecho
de que, debe tramitarse a través de un proceso judicial, lo cual obedece esencialmente a dos
factores: una decisión administrativa de asignación o devolución de tierras es más sencilla de
26
debilitar que una decisión tomada por un juez, lo cual blinda este aspecto de la reparación, por
otro lado, las disputas por la propiedad suelen tener más de un potencial propietario, y dirimirlas
a través de un juez de la República en cierta medida garantiza su efectividad. Con el fin de
facilitar y proteger a las víctimas, se creó la Unidad de Restitución de Tierras, a la cual atañe el
acompañamiento de las mismas en todo el trámite: recaudar pruebas, preparar el proceso y
presentarlo ante las autoridades judiciales. Vale la pena destacar, que, en situaciones particulares,
en las cuales a la víctima ya no le sea posible acceder al predio originalmente despojado, se
contempla la posibilidad del ofrecimiento de predios o terrenos diferentes, en ubicaciones
distintas (Samper Strouss, 2015).
1.6.2 Indemnización por daños
Este mecanismo de reparación se lleva a cabo, cuando se agotan todos los medios para
realizar una reparación plena y por diferentes circunstancias no se logra llevar a cabo, es
entonces cuando la corte se pronuncia al respecto, modificando esta figura como una alternativa
y garantía para las víctimas, expresándolo de la siguiente forma: “se realiza la compensación
cuando no es posible el restablecimiento pleno, a través de medidas como la indemnización
pecuniaria por el daño causado” (Sentencia C 099 de 2013).
Esta forma de reparación se configura con la estimación de los daños materiales e
inmateriales. En muchas ocasiones la CIDH hace que el Estado se vincule con los gastos
médicos incurridos por las comunidades y afectados y los gastos de apoyo futuros para las
comunidades que así lo requieran, tal indemnización tiene una naturaleza compensatoria y su
monto depende de la naturaleza y características de la vulneración de los derechos de la víctima
(Gamboa, 2013).
27
Ahora bien, la reparación debe ser equitativa con el daño causado y por todos los perjuicios
económicos que a través de las mismas se hayan realizado, “entre estos se pueden mencionar, el
daño físico o mental, la perdida de oportunidad, en particular las de empleo, educación y
prestaciones sociales, los daños materiales y la pérdida de ingresos, los perjuicios morales, los
gastos de asistencia jurídica y médica” (ONU, 2005). En otras palabras, todos aquellos gastos
que no hayan nacido de la expresa voluntad de la víctima, sino que tuvo que incurrir en ellos
debido a la vulneración de sus derechos.
1.6.3 Rehabilitación
“Hace referencia a la intención de brindar asistencia necesaria en términos sociales, médicos
y psicológicos para las víctimas” (De las Salas, Chaves Bernal, & Gómez Duque, 2008).
En el contexto internacional, el término de rehabilitación en el contexto del conflicto alude a,
que los estados se encuentran en el deber de proporcionar a un individuo que de algún modo ha
sido víctima de violaciones de derechos humanos, y deben tener por objeto ayudar a la
reconstrucción del proyecto de vida de la misma, así como disminuir en la medida de lo posible,
cualquier daño de cualquier índole, recibido. “A pesar de que no debe existir homogeneidad en la
manera en la que dichos procesos de rehabilitación deben ser tratados, es claro que es necesario
instaurar un sistema que contemple la atención a cada caso particular, como mínimo integrando
aspectos de servicios físicos, psicológicos, sociales, legales y financieros” (Sandoval Villalba,
2008).
“El mecanismo de la rehabilitación, esencialmente, hace alusión a un grupo de medidas que
van dirigidas a la recuperación física, moral y psicológica, lo que pretende, desde el punto de
28
vista psicosocial, es contribuir al proceso de superación y resistencia a las circunstancias.”
(UARIV, 2014).
Esta medida de reparación, es la manifestación del reconocimiento del conflicto como factor
decisivo en la formación de la sociedad y el individuo. Conceder un grado de importancia a este
factor psicosocial en términos de justicia transicional, es esencial por cuanto las profundas
secuelas de hechos victimizantes, no pueden constituir una amenaza para superar el conflicto, e
iniciar la construcción de un país en paz. “Con el fin de aportar a la rehabilitación de víctimas del
conflicto armado colombiano, se conciben dos respuestas concretas: la creación de un Programa
de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, a través de la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras y la instauración de Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social”
(Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2012).
La Jurisprudencia ha enunciado que la rehabilitación es una medida establecida con el fin de
que las víctimas tengan acompañamiento médico y sobre todo psicológico durante todo el
proceso de superación de los hechos victimizantes, junto con ayuda legal y social para su
respectiva adaptación en la sociedad, para lo cual ha separado sus elementos de la parte
monetaria y lo expresa estableciendo que, “los componentes de satisfacción, rehabilitación y no
repetición buscan reparar el daño inmaterial a través de medidas de carácter no pecuniario. Por
su parte, las medidas de rehabilitación tienen como propósito garantizar una atención adecuada a
los padecimientos psicológicos y morales sufridos por las víctimas” (Sentencia C 344 de 2017).
Adicionalmente, la ley dispone que “la rehabilitación como medida de reparación consiste en
el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico
29
y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones y psicosociales físicas de las víctimas”
(Ley 1448 de 2011, Art. 135).
1.6.4 Medidas de satisfacción
Al hablar de esta clase de medidas se alude a aquellas que hacen parte del compendio de
alternativas de restitución que no requieren un pago monetario, que se adaptan a las
circunstancias de cada caso en concreto, sino que también buscan la conciliación de la víctima
con la sociedad, es así como la jurisprudencia destaca que “tienen repercusión pública, y se
expresan por medio de la publicación de la sentencia, los actos públicos de reconocimiento de
verdad, la elaboración de documentales audiovisuales sobre las violaciones de derechos humanos
detectadas y la creación de un museo para honrar a las víctimas de un caso” (Sentencia C 344 de
2017).
Adicionalmente, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en pro de la
dignidad de las víctimas del conflicto vivido en el país y en la búsqueda de la verdad para su
reconciliación y tranquilidad, se ha establecido la importancia de la memoria histórica por medio
de medidas que brinden garantías y seguridad a quienes las invoquen, tal como se estipula en la
Ley 1448 de 2011 en su Artículo 139, en el cual se reglamentan doce medidas, dentro de las
cuales se pueden destacar algunas como el reconocimiento público del carácter de víctima, de su
dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor, la realización de actos
conmemorativos, reconocimientos y homenajes públicos, la construcción de monumentos
públicos en perspectiva de reparación y reconciliación, el apoyo para la reconstrucción del tejido
30
social de las comunidades, la búsqueda de los desaparecidos e identificación de cadáveres, entre
otras.
Dada la relevancia que tiene para el país y acorde a los parámetros establecidos conforme las
reparaciones a las víctimas de este conflicto sangriento que ha marcado la historia en nuestro
territorio, es que se contempla en el Artículo 146 de la Ley 1448 de 2011, la fundación y
articulación de un centro encargado de recopilar toda esta información, el cual a través del
decreto queda en funcionamiento. De este modo, se puede mencionar que el Centro de Memoria
Histórica tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de
todo el material documental, así como también los testimonios orales o de recopilados por
cualquier otro medio relativo a las violaciones ocurridas dentro conflicto armado interno
colombiano, “a través de la realización de las investigaciones, actividades museísticas,
pedagógicas y otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales
fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos”
(Decreto 4803 de 2011).
Sin embargo, todo lo anterior no se hace evidente, si no se comprende el significado y la
profundidad de lo que implica realizar actos de reparación simbólica, concepto que se ha
definido por la normatividad “como aquella que comprende la realización de actos u obras de
alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de memoria histórica, el
reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social” (Decreto
4800 de 2011).
1.6.5 Garantías de no repetición
31
Esta medida, en pocas palabras se creó con el objetivo de evitar que todas las vulneraciones
que en algún momento se hayan cometido contra los derechos de alguna persona, no vuelvan a
ocurrir. Concepto al cual la corte a través de sus fallos ha enfatizado en explicar que se encuentra
conformado por todas las acciones dirigidas a impedir que se reiteren las conductas con las
cuales se vulneraron los derechos de las víctimas, las cuales deben ser adecuadas a “la
naturaleza y magnitud de la ofensa y se encuentra directamente relacionada con la obligación del
Estado de prevenir las graves violaciones de los derechos humanos, que comprende la adopción
de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural”(Sentencia C 795 de 2014).
Así mismo, la fuerte relación que por ende existe entre la garantía de no repetirse los mismos
hechos violentos y la protección que se debe brindar a los Derechos Humanos por parte del
Estado, relación que la jurisprudencia protege instaurando medidas que eviten quebrar el
funcionamiento de dicho vínculo, concertando disposiciones como “reconocer los derechos y
ofrecer garantías de igualdad; diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención
integral; introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante
las denuncias de violaciones a los Derechos humanos, así como fortalecer las instituciones con
funciones en la materia y destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención.”
(Sentencia C 579 de 2013).
En concordancia, la Organización de Naciones Unidas a través de una de sus asambleas ha
indicado medidas para garantizar el Derecho a la No Repetición que tienen las víctimas del
conflicto violento que ha presentado Colombia, pues se afirma que se debe implementar:
Un efectivo control por parte de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de
seguridad; garantizando de manera proba que los procedimientos civiles y militares sin distingo
32
alguno se ajusten a las normas internacionales, que tienen que ver con las garantías procesales,
equidad e imparcialidad; se debe fortalecer la independencia del poder judicial; protección de los
profesionales del derecho, salud y asistencia sanitaria, información y sectores conexos, así
mismo a los defensores de los derechos humanos; se debe proveer educación prioritaria y de
manera permanente, en todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, brindando además capacitación en esta materia a los
funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, fuerzas armadas y de seguridad; la
promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las
normas internacionales, por los funcionarios públicos, (ONU, 2005).
CAPÍTULO II
Los procesos de Paz en Colombia, Guatemala y El Salvador
2.1 Análisis del Proceso de paz llevado a cabo en el Salvador
El proceso de paz llevado a cabo en El Salvador, surgió como el mecanismo de respuesta que
pretendió poner fin a la confrontación armada que protagonizaron la fuerza armada salvadoreña
y las insurgencias guerrilleras del (FMLN) frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,
esta confrontación que tuvo lugar entre los años 1980 y 1992 producto de la marcada crisis
social, económica y política que precedía la historia reciente de ese país.
33
A mediados de 1931, El Salvador inició un periodo de dictaduras militares que iniciaron con
la presidencia de Arturo Araujo; periodo presidencial que se vio interrumpido por un golpe de
Estado, el cual fue liderado por el General Maximiliano Hernández quien en su momento fuese
elegido como Vicepresidente de Araujo(UTEC, 2018).
Esta dictadura militar encabezada por el General Hernández desde el mismo inicio presento
marcadas dificultades de consolidación. A finales de 1932, una considerable población
campesina se levantó en contra de las políticas establecidas por la dictadura militar, las cuales
deterioran las condiciones socioeconómicas de la población civil. Dentro de esta confrontación y
resistencia contra la dictadura militar que los campesinos salvadoreños emprendieron, es
importante resaltar la muerte de más de 20.000 civiles, dentro de las que se encontraba la
dirigencia del partido comunista encabezada por Agustín Farabundo Martí.
Con más de doce años de conflicto, que dejaron como resultado miles de millones de
víctimas, tanto la guerrilla del frente Farabundo Martí como el ejército salvadoreño, iniciaron las
negociaciones tendientes a poner fin al conflicto en lo que se conoció como El proceso de Paz.
Los Acuerdos de Paz, se consolidaron como esos convenios o pactos establecidos entre el
(FMLN) frente Farabundo Martí para la liberación Nacional, y el Gobierno, los cuales
impulsados por la ONU y la comunidad internacional, dieron inició a mediados del año 1990, un
proceso de negociaciones en donde se presentaron tres diálogos que finalmente consolidaron la
firma de la paz.
El primer encuentro se desarrolló en Chalatenango, provincia de La Palma en el año de 1984;
dentro de este encuentro se presentaron y expusieron de manera general, los puntos que se
pretendían tratar dentro del acuerdo. Las partes se encuentran por segunda vez en el año de 1984,
en Ayagualo, La Libertad, el cual fue encabezado por Rubén Zamora y Abraham Rodríguez,
34
ambos representantes del Gobierno salvadoreño y la guerrilla respectivamente. Posteriormente,
en el año de 1990, se desarrolló el tercer diálogo en Suiza, donde las partes firmaron un pacto
que estructuró los parámetros a seguir dentro del proceso de negociación; de la misma manera,
fue la primera muestra de voluntad por parte de ambos extremos del conflicto, en lo que respecta
a lograr una solución negociada al conflicto. Adicionalmente, se trazaron cuatro objetivos
fundamentales para alcanzar este objetivo como lo fueron, la terminación del conflicto por la vía
política y negociada, dejar de lado la dictadura militar y permitir el tránsito a la democratización
política; garantizando el ejercicio y respeto por los derechos humanos y reconciliando así la
memoria de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.
Posteriormente, en el año 1992 en ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, de manera
conjunta el Gobierno salvadoreño y el FMLN; fue firmado el acuerdo final de paz, permitiendo
terminar con más de doce años de incesante conflicto armado y sangriento; este documento final,
se estructuró en nueve secciones o capítulos, los cuales abarcaron básicamente cinco áreas
estructurales. Este acuerdo propuso de manera general, realizar una serie de modificaciones
puntuales, las cuales, fueron planteadas en ocho capítulos en los que se abordaba:
-Reestructuración de la fuerza armada. - Creación de la policía civil, la cual estaría integrada por
miembros del FMLN. - Reestructuración del sistema judicial. - Reestructuración del sistema
electoral. - Reestructuración económica y social. - Participación política del FMLN. - . Cese del
enfrentamiento armado. - Acompañamiento y verificación de la ONU.
Adicionalmente, dentro del artículo cinco del acuerdo, se promovió la creación de la comisión
de la verdad, cuyo objeto era adelantar las respectivas investigaciones en torno a las diferentes
vulneraciones de derechos humanos, determinando los hechos generadores de violencia que se
cometieron en ocasión al conflicto armado; el trabajo de esta comisión fue bastante corto,
35
precipitado, con una asignación mínima de recursos y el desconocimiento que tenía la población
civil de la existencia y funciones asignadas.
2.2 Etapas y parámetros de reparación a víctimas aplicados en El Salvador
Sin lugar a dudas, el punto de mayor relevancia en lo que respecta a los parámetros y etapas
de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, es la firma del acuerdo final para
alcanzar la paz, en Chapultepec, México el día 16 de enero de 1992, entre el gobierno de El
Salvador y el (FFMLN) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, además de la
creación del (PRN) Plan de Reconstrucción Nacional, estos acuerdos, tal y como se redactó en la
parte introductoria de los mismos, no tenían otro propósito distinto a la terminación definitiva del
conflicto armado por vía política en el menor tiempo, impulsando de manera irrestricta la
democratización política, garantizando el respeto por los derechos humanos y unificando a todas
las instancias de la sociedad salvadoreña (México, 2005).
En este proceso, más precisamente dentro del PRN, se promovieron diferentes medidas de
reparación integral a las víctimas dentro de las cuales resaltamos las siguientes:
Reparaciones Materiales: Este tipo de reparaciones, se caracterizaron por el enfoque
diferenciado que se le confirió tanto al campo como a la ciudad respectivamente. Las estrategias
encaminadas en el campo, se caracterizaron por programas de cesión de tierras a las víctimas del
desplazamiento, convirtiéndolos en productores activos de la agronomía nacional. En lo que
respecta a la ciudad, se establecieron iniciativas de financiación a los grandes y medianos
empresarios que, a causa del conflicto se encontraban inmersas en serias dificultades económicas
y en el peor de los casos, al borde de la quiebra.
36
Otro de los grandes avances en materia de reparación material, se centró en el año 1992,
cuando la asamblea legislativa expidió el Decreto 416; este decreto se creó con el propósito de
brindar diferentes compensaciones económicas para personas discapacitadas y lisiadas a causa
del conflicto sin importar su naturaleza, previo cumplimiento de ciertas formalidades e
inscripciones que serían evaluadas por una comisión técnica evaluadora.
En el año 2010, el gobierno de El Salvador, a través del Decreto 204, estableció un programa
de reparacion a las víctimas. Este decreto procuró por el reconocimiento y caracterización de la
condición de víctimas del conflicto, e instó por proveer medidas efectivas de indemnización
rehabilitación, y garantía de no repetición.
Reparaciones simbólicas: La comisión de la verdad establecida en los acuerdos de
Chapultepec, lideró de manera directa la consecución de este tipo de reparaciones. Dentro de las
innumerables recomendaciones realizadas por la comisión, se encontraba la creación de un
monumento nacional que tuviese plasmado el nombre de cada una de las víctimas del conflicto
reconocidas, la asignación de un día del año como festivo o feriado las víctimas sean recordadas
por todo el conglomerado social salvadoreño y la creación del parque memoria del Mozote, el
cual fue construido en memoria de las víctimas del Mozote.
2.3 Análisis del Proceso de paz en Guatemala
El conflicto armado guatemalteco radica su origen cuando el grupo armado o guerrilla
predominante en el territorio interpuso sus ideologías en medio de una lucha que había iniciado
con el propósito de derrocar un gobierno marcado por la corrupción. Guatemala vivió un
enfrentamiento, en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad
37
de la población, por lo cual se acogieron a mecanismos de transición y no repetición. En
Guatemala muchos factores originaron el conflicto entre el Estado y el grupo guerrillero, la
historia denota algunos hechos como:
“La caída del presidente Jacobo Arbenz Guzmán y el fracaso de la revolución que se generó
a partir de su reforma agraria en 1944; el temor de la expansión del comunismo por parte de la
élite gobernante, los Estados Unidos y la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Iglesia Católica
en la época de los 40 y la unión de diversos sectores económicos que temían que Guatemala se
influenciara por la Revolución Cubana y su ideología guerrillera” (CEH, 1999. Pp. 82- 122).
Guatemala, luego de pasar por un conflicto armado interno con una duración de 36 años,
logró concertar un acuerdo que se pactó entre las partes causantes del conflicto, es decir, la
Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, en adelante (URNG) y el Gobierno
guatemalteco, el 29 de diciembre de 1996 por medio del cual se buscaba poner fin a este
sangriento enfrentamiento. El Estado Guatemalteco proporcionó un acuerdo en la búsqueda de
tranquilidad y paz en sus territorios, aludiendo así que,
“El acuerdo contiene 17 puntos, ante todo, declaraciones de voluntad política. La adhesión a
los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos
humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el
marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional
y la democratización en el país, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos
indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y
multilingüe” (Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (SNU)).
38
La finalización del conflicto se dio en Guatemala cuando “bajo la presidencia de Álvaro Arzú
Irigoyen, candidato del Partido de Avanzada Nacional, se dio la prioridad de acelerar el proceso
de negociaciones. De esa manera el Gobierno y la URNG concluyeron el largo proceso con la
firma el 29 de diciembre de los Acuerdos de Paz” (CEH,1999. Pp. 227). La negociación pactada
“Constó de 13 acuerdos y 300 compromisos, que no se llegaron a cumplir en su totalidad, en
parte porque eran demasiado ambiciosos y en parte porque se perdió un referéndum de 1999 que
tenía que ratificar algunos. El acuerdo puso fin a la violencia armada y permitió que años más
tarde, ya en el 2007, se creara una Comisión Internacional contra la Impunidad. El proceso de
paz duró once años” (Escola de Cultura de Pau, 2010. P 8).
El conflicto armado guatemalteco se puede analizar desde el punto de vista de Edelberto
Torres-Rivas, en que se configuró en dos periodos:
a) Un primer período de auge de esa guerra de guerrillas se produjo entre 1965 y 1968, el cual
fue precedido y continuado por una feroz represión militar. Esta ola guerrillera fue derrotada y
aparece una segunda oportunidad desde 1978 a 1982. En el período intermedio, sucesivos
gobiernos militares castigaron, con extrema dureza, múltiples y reiterados esfuerzos de
organización estudiantil, sindical, campesina y política, no necesariamente vinculados a la
estrategia armada revolucionaria. Esto hacía prevalecer un clima de inestabilidad
institucionalizada.
b) Bajo una óptica estrictamente militar, la segunda ola guerrillera no fue derrotada en una
óptica estrictamente militar pues las fuerzas insurgentes mantuvieron sus estructuras como
grupos irregulares armados, control de pequeñas zonas de influencia, frente guerrilleros y mando
39
militar, tardíamente unificado. Retuvieron la posibilidad de aplicar los métodos de la guerra de
guerrillas, lo que hicieron de manera intermitente, pero ya sin opción de triunfo.
Además, la segunda ola guerrillera tiene como característica que se desarrolló en las zonas
fronterizas, selvas tropicales y sierras impenetrables, a donde el brazo del Estado no alcanzaba a
llegar. Protegida por la geografía y la barrera cultural representada por los idiomas indígenas, la
guerrilla se implantó y creció hasta constituirse hacia 1981 en una seria amenaza para el poder
del gobierno de turno.
2.3 Etapas y parámetros de reparación a víctimas aplicados en Guatemala
En este punto, se podría mencionar las seis medidas que se crearon en favor de la reparación a
las víctimas, por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en adelante (CEH) con
la finalidad de suplir muchos aspectos que no incluyeron algún tipo de propuestas o iniciativas
que se pudieran apreciar de manera estructurada para dar respuesta de algún modo a las reformas
institucionales judiciales como factor integral de la Justicia Transicional.
De este modo, fue como bajo la dirección del Gobierno liderado por Alfonso Antonio
Portillo, el 7 de mayo del año 2003 el Estado promulgó el Acuerdo Gubernativo Número 258-
2003, que se encargó de poner en marcha el proceso de reparación a las víctimas flageladas por
los acaecimientos a partir del conflicto armado interno recomendado por CEH, por medio del
plan denominado Programa Nacional de Resarcimiento.
Cabe hacer la aclaración de que esta primera intervención o primera fase anteriormente
señalada, se realizó sin la discriminación y delimitación de quiénes podían ser concebidos como
víctimas y, su vez, quiénes podían ser aceptados como beneficiarios; de igual manera, tampoco
40
se especificó cuáles eran los tipos de reparación que se iban a implementar y, sólo se estableció
un término de caducidad gestado hasta el año 2013. Fue dotada con 300 millones de quetzales y,
tal vez lo más importante del Acuerdo Gubernativo, la conformación de la Comisión Nacional de
Resarcimiento como encargado de ejecutar el Programa Nacional de Resarcimiento.
De igual manera se determinó que la Secretaría para la Paz, en adelante (SEPAZ), fue el ente
que asumió de algún modo la responsabilidad por parte de la Comisión Nacional de
Resarcimiento, que en adelante se podrá encontrar como (PNR); sin embargo, la iniciativa
fomentada por esta secretaría no se concibió en este punto nada más como una propuesta nueva
que permitiera la reparación de víctimas sin tener, por decirlo de alguna manera, algún tipo de
experiencia ante el tema, sino que, por el contrario, se pudo ver como un organismo ya existente
remontando sus procesos en los Acuerdos de Paz del año 1994. Sobre la base de estas
apreciaciones se puede identificar también que, “el organismo actúa como un coordinador de las
reparaciones y carece de la posibilidad de ejecutar las reparaciones por sí mismo, siendo esto un
obstáculo importante en el proceso de reparación”.
El CEH en las apreciaciones brindadas desde su último informe, conformó de alguna manera
el Plan Nacional de Resarcimiento, que sin importar que su nombre no proviniera desde la
Comisión, sí contó con una guía que sirvió como hoja de ruta en el año 2003 prácticamente tres
años después de creado el PNR y seis años después de haberse realizado la presentación de este
informe. Después de todo esto y habiendo pasado por más de dos periodos presidencial, fue que
se consolidaron los focos hacia donde estaban encaminados los múltiples procesos de reparación.
“Por medio del Acuerdo Gubernativo número 43-2005, del 3 de febrero de 2005 el Presidente
Óscar Berger aprobó el marco normativo reglamentario para el funcionamiento del PNR, ya en
41
este documento se habla de reparaciones individuales y colectivas, se define las violaciones a los
derechos humanos y delitos de lesa humanidad a resarcir, se le da más responsabilidades a la
Comisión Nacional de Resarcimiento y se establece las medidas de resarcimiento que siguió el
modelo propuesto por la CEH”.
Estos fueron los puntos a reparar:
1. Restitución material
2. Indemnización económica
3. Reparación psicosocial y rehabilitación
4. Dignificación de las víctimas
5. Resarcimiento cultural
Ahora bien, se considera pertinente poder hacer un análisis a partir de la Unidad Técnica de
Calificación de Víctimas y Áreas Técnicas y Administrativas UTCV acaecida en el Capítulo III
del Acuerdo Gubernativo 43-2005, quien lideró se discriminó como la entidad encargada de
tener a bien el proceso de reglamentación de víctimas y beneficiarios por parte del PNR a partir
de la creación de lo que se conoce como el Registro Nacional de Víctimas. Sin embargo, y por
infortunio para las víctimas, “ese mismo año desaparece del todo la UCTV sin iniciar el proceso
de reparación. No tuvo un funcionamiento real ni ayudó a reparar a las víctimas de forma
integral, evidenciando la falta de interés del Estado por reparar” (Procurador de los Derechos
Humanos 2006).
Resultados del Plan Nacional de Resarcimiento 2005-2008
42
Un tópico necesario de resaltar en esta parte del texto y en continuidad con lo que ya se ha
mencionado, es que más a allá de la poca información que se puede encontrar referente a los
adelantos realizados por parte del PNR desde su conformación con el PNR, se apreciaron los
aspectos negativos presentados ciertamente por parte del Procurador de los Derechos Humanos,
en el informe que dejaba al descubierto que, el presupuesto del PNR era insuficiente para los
procesos de la reparación de las víctimas, sin mencionar los desnaturalizado que puede estar la
política del resarcimiento de las mismas, al presentar “irregularidades en el registro y calificación
de víctimas, un vacío en la dirección el programa, la ausencia de una metodología de atención y,
tal vez lo más lamentable, “la intervención al PNR detiene el proceso de resarcimiento”
(Procurador de los Derechos Humanos 2006).
A modo de colofón ante el informe compartido por el Procurador en el año 2006, se pueden
comprender de alguna manera los porqués de la falta de presupuesto por parte del PNR, al haber
incurrido en un comportamiento administrativo lesivo, poniendo así en riesgo o, mejor, en
entredicho los intereses de las víctimas del conflicto armado interno, desde el proceso
recomendado por CEH para la reparación integral de las mismas.
Es necesario hacer hincapié en que, si se quiere fomentar desde cualquier entidad, o proceso
reglamentario un derecho a la reparación de las víctimas, se deberá poner en marcha desde una
mirada mucho más amplia que no sólo se limite a la reparación económica, dejando por fuera o
de lado así, aspectos relevantes que se acontecen desde la dignificación de las mismas víctimas;
aceptando así que, la atención psicosocial y el acceso a la verdad y a la justicia, son factores
imperantes que dignifican la vida de estas personas por medio de la reparación integral.
Asimismo, el PNR no ha logrado reconstruir el tejido social causando una relación conflictiva
43
entra las comunidades y un rechazo al Estado, lesionando la confianza que la ciudadanía podría
tener con las instituciones (Procurador de los Derechos Humanos 2006).
Como ya se ha mencionado, en materia de las intenciones para la reparación integral a las
víctimas por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico desde la línea simbólica,
económica, material, moral y de salud, el Estado como principal garante de este grupo amplio de
personas, decretó el Programa Nacional de Resarcimiento, mencionado con antelación y evocado
ahora, con el ánimo de aclarar que se plasmó el término resarcir y no reparar, nada más por los
intereses receptivos del término directamente desde el Estado. En este sentido y como en uno de
los párrafos anteriores se mencionó, este decreto inicial, y liderado en su momento por los
gobernantes de turno sólo implementó medidas de reparación material y económica, dejando así
de lado un número apreciable de víctimas afectadas, todo gracias a a la falta de fondos y al
aislamiento de un registro de ellas mismas, como lo esbozó el Procurador de los Derechos
Humanos.
El mandatario que lidera Guatemala, Álvaro Colom, de algún modo adoptó desde su posesión
el Plan Nacional de Resarcimiento, prometiendo así el impulso y la fuerza en cuanto a la
ejecución de los Acuerdos de Paz; pero, esta iniciativa se vio de algún modo truncada, en la
medida en que las falencias estructurales siguen latentes dificultando los procesos de reparación
integral. Con todo esto, se puede señalar también que, el PNR ha adoptado cinco medidas para la
gestación de estas medidas de reparación y cabe señala de igual manera que, esta nueva etapa ha
permitido la implementación del término CAI, Conflicto Armado Interno, teniendo presente que
antes no se identificaba el conflicto como tal desde su terminología, debido a que se negaban a
reconocer el significado en sí de esta, a partir de su realidad flagelada, denominándolo, así como
enfrentamiento armado interno. En pocas palabras, los avances que ha presentado este gobierno
44
han sido en las reparaciones económicas y materiales no avanzando en reparaciones claves como
lo es la reparación en salud mental y psicosocial. Así mismo, la estructura del PNR siguió con las
mismas falencias: sin un organismo independiente rector y un registro de víctimas.
Los avances más significativos que se vieron por parte del Estado de las recomendaciones de
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se evidenciaron en el segundo punto Plan
Nacional de Reparaciones. También se evidenció que, a pesar que el informe final de la CEH fue
entregado en 1999, fue durante el gobierno de Alfonso Antonio Portillo (2000-2004) que se
inició el marco legal del Plan Nacional de Resarcimiento que sufrió una serie de modificaciones
hasta en el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) en el que fue suspendido en 2008 por la falta
de fondos, finalmente, durante el presidente Álvaro Colom (2008-) se reactivó el proceso de
reparación con pocas iniciativas y pocos fondos. (Gómez, Ana M.V. 2011)
2.4 Análisis del Proceso de Paz en Colombia
Analizando la figura de las indemnizaciones en los procesos de reparación gestados en
Colombia, desde su compensación económica sustentada en lo que Hayner (2008) nos menciona,
al tener a bien y como requisito fundamental este pago de indemnizaciones, con la finalidad de
sustentar la reparación en las víctimas; todo gracias a que, estas dinámicas dejan entrever la
presencia del Estado como garante responsable de lo sucedido. Algunos autores como Gutiérrez
Agüello y Villa (2012) afirman que en nuestro País, tanto los alcances legislativos como las
acciones llevadas a cabo frente al tema en cuestión, nada más han focalizado su atención a la
indemnización de las víctimas como también se pude apreciar con los otros países que hacer
parte de esta investigación.
45
Por consiguiente, para nadie es un secreto que la realidad en la que se encuentran inmersas las
víctimas una vez pasan por el proceso de reparación, se puede apreciar como la indemnización
que las estas mismas aceptan como cubrimiento a sus necesidades básicas, incrementadas aún
más con el trasegar del conflicto, dejándolos, así, como una población ciertamente vulnerable en
materia económica sin poder vivir de forma digna. Es por tal motivo que se hace relevante la
apreciación de tomar medidas simbólicas que faciliten así a esa construcción del tejido social
que, por condiciones estatales, no se han permitido que se puedan gestar de forma natural las
relaciones entre víctimas y el resto de la sociedad.
La manera en se han llevado las compensaciones han impactado negativamente en la
identidad, formas de relacionamiento, escala de tipo moral de las víctimas, larga espera y un
marco que a la luz de la literatura y de la precepción de los actores (víctimas) sigue siendo poco
reparador. Indican los estudios que para las personas la reparación material termina siendo lo
más importante, lo que haya asidero en las condiciones de inminente vulnerabilidad económica y
social en las que estas generalmente se encuentran, en sus necesidades básicas insatisfechas y en
una serie de condiciones estructurales que definitivamente son un obstáculo para la transición.
(Villa, D.L, & Barrera, 2015, pág. 235)
Como se ha procurado intentar mencionar a lo largo de esta monografía, sobre todo en estos
últimos párrafos que permiten una mirada más amplia respecto a los modos de reparación y a la
importancia que cada uno trae consigo, se puede reafirmar que, más a allá del hecho en sí de que
las víctimas sean reparadas por parte legal y reglamentaria, según lo atribuido a la
constitucionalidad de Colombia, en este caso; la realidad tristemente termina siendo otra, una
que muy pocos desconoces y que afecta a los implicados directamente al imposibilitar que
46
incluso por más de que exista o los ampare la Ley 975 y la Ley 1448 se ha evidenciado la
ausencia por parte del Estado imposibilitando así los procesos de reparación pecuniaria a los que
2.5 Etapas y parámetros de reparación a víctimas aplicados en Colombia.
Con el ánimo de poder generar un contexto en pro de la comprensión de la reparación integral
de las víctimas en Colombia, y para lograr ahondar en algunas medidas que se irán desglosando
más adelante, se consideró pertinente esbozar 4 tópicos que se remontan en las etapas y en los
parámetros llevados a cabo como medios facilitadores en el país, a través de la Justicia
Transicional. Como primera medida se tiene a la Ley 975 del año 2005, esta ley es apreciada
como la Ley de Justicia y Paz a partir de las negociaciones implementadas entre el Estado
colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia, en adelante AUC; como segunda medida se
tiene a una de las leyes que más eco ha tenido en la sociedad colombiana, aludiendo
específicamente a las víctimas en sí, la Ley 1148 de 2011, más conocida como la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras; el tercer parámetro se toma desde el Acto Legislativo 01 de
2012 o Marco Jurídico para la Paz en el acuerdo de paz establecido entre el Estado colombiano y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo , en adelante (FARC-
EP); y finalmente la última etapa en este espacio que es el Acto Legislativo 01 de 2017 o
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
2.5.1. Primera Etapa: Ley 975 de 2005
Para poder hablar de esta ley, es necesario remitirnos a sus orígenes, con la finalidad de poder
comprender a qué se debió su creación y por lo tanto su aplicación. El Paramilitarismo en
Colombia, surgió a mediados de la década de los setenta, todo gracias al Decreto Legislativo
3398/1965, el cual dio vía libre a la creación y/o conformación de fuerzas de carácter irregular
47
cuyo objetivo fundamental era organizar la defensa nacional por parte civiles contra del
comunismo, auspiciado por el Gobierno Nacional en marcha de aquel entonces. Según Kalyvas y
Arjona (208), el Paramilitarismo en nuestra Nación puede ser entendido como “grupos armados
directa o indirectamente vinculados con el Estado y sus agentes, tolerados por el mimos Estado o
peor aún conformados por él, pero fuera de su estructura formal en el marco de cualquier proceso
contrainsurgente.
En este orden de ideas se trae a colación la conformación de lo que en la historia de Colombia
se conoció como las CONVIVIR, un hecho que se dio gracias al incremento de las guerrillas y el
hostigamiento socioeconómico a importantes organizaciones que en el plano regional hicieron
posible que se estableciera el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, argumentada en el
Decreto 356 de 1994. Este decreto fue de algún modo el facilitador de la creación de las
CONVIVIR, concebidas como estructuras de servicios cooperativos de seguridad y vigilancia
que protegían a los sectores más afectados por la intervención de las guerrillas en el campesinado
colombiano; en la medida en que estos grupos “dirigieron sus ataques contra grandes capos de
las estructuras narcotraficantes, sometiéndolos por medio de extorsión, secuestro y asesinato de
sus familiares (Rivas y Rey, 2008).
De acuerdo con Chernick (2012) y Caicedo (2002), a raíz de un descontrol notable por parte
del Estado ante la realidad por la que estaba pasando el país para entonces, fue como surgieron
las AUC en el año 1997, mencionadas anteriormente como respuestas a las iniciativas que
promulgaban las organizaciones regionales paramilitares, dentro de las que se apreciaban todas
aquellas que estaban fundadas desde una iniciativa estatal por medio de sus Fuerzas Armadas,
organizaciones que ciertamente terminaron siendo financiadas por los diferentes sectores
económicos, políticos y comerciales, así como también aquellas creadas por grupos
48
narcoterroristas que se encontraban al servicio de los intereses estatales, los cuales menguarían
enormemente su dependencia y se concretarían como grupos autónomos teniendo en cuenta su
considerable participación en el negocio del narcotráfico.
Las AUC se convirtieron en un grupo armado incontrolable con innumerables situaciones que
violentaban de manera directa los Derechos Humanos y los postulados del Derecho Internacional
Humanitario, de los cuales se registran accionares violentos en masa, desde el 12 de Julio de
1997 con la Masacre en el Municipio de Mapiripán (Meta) dejando entre 22 a 49 muertos y 217
desplazados; siendo bastante notorio el del 16 al 21 de Febrero del 2000 con la masacre en el
Municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), Corregimiento del Salado, dejando 59 muertos y
4000 desplazados; hasta su último accionar registrado del 18 al 21 de Abril del año 2004 en el
Municipio de Uribia (La Guajira), específicamente en el de Bahía Portete, dentro del cual se
registraron 6 muertos y 120 personas desplazadas. (Melamed, V. J. D. (2019). PP.- 80-81).
Como bien se conoce por medio de la historia en estos años del país, la negociación entre el
Gobierno y los Paramilitares se vio truncada, debido al precipitoso y fallido proceso de paz
encabezado por el ex presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002), el cual fue precedido por el
entonces candidato de derecha, Álvaro Uribe Vélez, el cual, al ser electo tuvo a bien darle
continuidad un cese al fuego a partir del 1 de diciembre de 2002, para de esta forma promover la
negociación en aras de la desmovilización los grupos paramilitares, de los cuales, existían
alrededor de 35.000 alzados en armas registrados entre los años 2003 y 2006 (Lair, 2008;
Raphael, 2010).
Para ese momento, eran más que adecuadas las implementaciones drásticas en materia de
cuidado y protección para la población en general; sin embargo, y sin importar la existencia de la
Ley 782 de 2002 que permitía las negociaciones con los Paramilitares y otorgaba indultos a
49
quienes no fueran responsables de actos bélicos atroces ante lo que dictaminaba el Derecho
Internacional Humanitario, era evidente y poco esclarecedor que los esfuerzos por mitigar la
presencia y las intervenciones por parte de estos grupos a la sociedad civil, eran insuficientes y
carecían de un marco legal realmente sustentable que posibilitara y garantizara la tranquilidad de
todos, sobre todo, la de los sitios que eran considerados más vulnerables ante el ojo estatal. Todo
esto sustentado en la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005; este mecanismo transicional
también conocido como Ley de Justicia y Paz abrió la posibilidad de establecer los mecanismos
jurídicos para la negociación entre el gobierno y las AUC. Esta normativa, se consolidó teniendo
como base normativa los aportes reglamentados en la Ley 418/1997, y posteriormente fue
complementada con las reglamentaciones contenidas en la Ley 1424/2010 y la Ley 1592/2012,
los cuales se desarrollaron como aparatos de justicia que se encuentran ligados a la transición
político-social señalada en la Ley 975-2005.
Por medio de esta ley que se ha abarcado hasta este momento, se hace notoria la búsqueda
inagotable de obtener la verdad y la reparación en consecución de beneficios que en ese
momento posibilitara que estas personas que cometían hostigamientos a comunidades enteras
cumplieran las condiciones preliminares que comprendían la desmovilización y el desarme, junto
con la mitigación del accionar bélico; de igual manera, se instó para que iniciaran efectivamente
con protocolos de colaboración con la justicia, en donde aportaran de manera directa al
descubrimiento real de la verdad, todo esto, bajo la figura jurídica de la “versión libre”. Para
finalizar, se buscó el cumplimiento del compromiso adquirido con las víctimas en lo que respecta
a la reparación integral (Gómez, 2008). Esto con el ánimo de poder generar procesos articulados
y concebidos como mecanismos facilitadores por medio de los cuales se pueda cumplir
cabalmente con los pilares fundamentales de justicia transicional como lo son el derecho a la
50
verdad, el cual debe configurarse desde la versión espontánea y libre de los victimarios,
continuando con la justicia y sus diferentes modalidades, la reparación a partir de la integralidad
y, finalmente las garantías de no repetición ni reincidencia.
Consecuentemente, la Ley 795 de 2005 ordenaba la creación de organismos encargados de la
vigilancia, control y supervisión del cumplimiento de las garantías prometidas y establecidas en
la Justicia Transitoria como lo fueron la unificación a nivel nacional de las Fiscalías que se
encontraban al servicio de la Ley de Justicia y Paz; la creación del sistema de defensores
públicos para los sujetos procesales imputados, acusados y posteriormente condenados bajo los
postulados de esta normatividad, siempre y cuando estos no contaran con los recursos necesarios
para la contratación de un abogado de confianza; la creación de la procuraduría judicial para la
Justicia y la Paz; y la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR ).
Hoy en día se puede dar cuenta de que esta ley de algún modo dejó una serie de aportes que
permitieron dilucidar, si se le puede mencionar de algún modo, unos datos estadísticos obtenidos
por medio de los fiscales adscritos a la unidad nacional para la Justicia y la Paz en el año (2016),
los cuales corroboraron por medio de su resultado la realidad directa por la que pasó y seguía
pasando el país; contemplada hasta el 31 de julio del año 2015, reconociendo a 84.354 víctimas
como respuesta a los más de 57.883 delitos reconocidos dentro de la época de violencia
Colombiana. En lo referente a la no repetición, se puedo apreciar una serie de acciones violentas
después de la puesta en marcha de esta ley, por parte de una serie de agrupaciones alzadas en
armas, por consiguiente, ilegales; agrupaciones que ya todos conocían como Paramilitares
incentivadas ante estos hechos reiterativos desde un quehacer que los terminaba lucrando desde
estas malas acciones. (Prieto, 2013).
51
Ante tantas críticas originadas a través de la implementación de la Ley 795 de 2005 solo
queda por concluir que a pesar de que su eficacia no fue tan certera, logró cumplir con los
parámetros establecidos por la Justicia Transicional, además de establecer un precedente para
Colombia al fundamentar este tipo de Justicia especial.
2.5.2. Segunda Etapa: Ley 1148 de 2011
Con el ánimo de ir un poco más a allá frente a esta segunda etapa concebida como una
categoría de análisis ante el respaldo que ha tenido Colombia hacia las víctimas acaecidas desde
todo el tiempo que duró la edad de la violencia en este país, se hace la distinción o mejor, la
necesidad de crear una ley que amparara; pero, sobre todo, que reconociera a las víctimas como
personas afectadas directamente por el flagelo de este conflicto que en algún momento se llegó a
ver como inmarcesible desde todos los sucesos que lo acontecieron.
La Ley 1148 de 2011 es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual se encuentra
enfocada y argumentada desde el proceso de transición de Colombia hacia la búsqueda de
medios que posibiliten la reparación total, la verdad y las reformas estructurales que
evidentemente no traía consigo las Ley 795 de 2005; esto se menciona con la finalidad de poder
percibir a diferencia entre una y la otra, la primera como ya se señaló, era una ley que netamente
respondía a una amenaza terrorista de estos grupos alzados en armas hacia el país, sin dejar algún
reconocimiento a la otra parte de la cara del conflicto, los que se vieron siempre afectados
incluso, después de esta ley, las víctimas.
Como resultado de lo anterior se vio la necesidad de conformar en el mandato del Presidente
Juan Manuel Santos, el 10 de junio del año 2011 la Ley 1148, a partir de un componente político
imperante basado en el reconocimiento de un conflicto armado dentro del país, lo cual
52
ocasionaba la plena individualización de cada víctima, debido a que en la ley 795 de 2005 solo se
reconocía una amenaza terrorista.
Una vez reconocido dentro de la ley el conflicto armado como problemática latente en la
sociedad colombiana, se dio paso a la conformación de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, así como la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, sumando a esto la preservación de la memoria histórica desde un centro
especializado que facilitara la comprensión de los procesos resilientes y veraces por los que en su
momento tuvieron que pasar los actores directos del conflicto, todo esto con el gran objetivo de
llegar a la verdad. Así mismo, se cuenta con un mecanismo de sentido jurídico, por medio del
cual se hace referencia a que dentro del territorio nacional se ha configurado un enfrentamiento
armado desde el 1 de enero de 1985, por lo cual se hace necesario aclarar la condición de
víctima:
“Artículo 3º. VÍCTIMAS: Se consideran
víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1.º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho
internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el
cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado
muerte o estuviere desaparecida. A falta de estos, lo serán los que se encuentren en el segundo
grado de consanguinidad ascendente.” (Ley 1448 de 2011).
53
Ahora bien, de manera general, se podría dar un punto, o si es el caso, muchos a favor de la
implementación de esta ley, que, sin importar las críticas y el anhelo de muchas personas para
una posible reestructuración, es una ley que ha amparado a todas las personas que son consideras
víctimas bajo los parámetros en te misma contemplados, sin importar el hecho punible de su
perpetrador; es decir, es una ley que cobija integralmente a sus víctimas más a allá de estas
haberse visto afectadas desde una sola perspectiva dentro del paso del conflicto que vivieron.
Sin importar que para muchos esta ley sea considerada como un accionar completo, al ser de
alguna manera integral para algunas víctimas, hecho que no se desconoce ni se niega; se hace
estrictamente necesario poder darle espacio también a todas aquellas víctimas que de alguna
manera y por motivos geográficos, sociales y quizá ambientales no han sido asistidas y/o
reparadas desde su totalidad, todo gracias a la facilidad que siguen teniendo los actores que
generan acciones delictivas en los contextos en donde se encuentran inmersas estas.
Igualmente, hay que sumarles a estas descripciones que se abordan que, desde que se concibió
la ley de Unidad de Víctimas, Ley 1448 de 2011, se tuvo la cantidad de 592.000 víctimas del
violento conflicto en el país, como personas indemnizadas bajo los tópicos que se mencionaron
en párrafos anteriores, esto desde la creación de la ley hasta el año 2016. En esta parte y sin
importar la cantidad de persona que fueron indemnizadas, el panorama se ha tornado desde
entonces un poco desalentador, en la medida en que gracias a la cantidad de solicitudes que se
tienen con la finalidad de ajusticiar lo que tiene que ver con la restitución de tierras, existe una
acumulación de solicitudes de indemnización que de alguna manera está afectada o relegada por
la lentitud en el proceso de entrega por falta de aprobación del Ministerio de Defensa Nacional,
dejando a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
54
con el sinsabor de poder llevar a cabo sus procesos como bien se ha estipulado en la ley que la
resguarda.
2.5.3 Tercera Etapa: Acto Legislativo 01 de 2012
Realizando una contextualización, esta normatividad es más conocida como Marco Jurídico
para la Paz, posicionándose como uno de los instrumentos fundamentales con cierto referente
político en la formación de la paz en el territorio nacional, estableciendo los momentos y
escenarios oportunos para el desarrollo de las negociaciones con los grupos al margen de la ley.
(Novoa, 2012). No obstante, no se ha identificado únicamente por ello, también cuenta con un
referente de tipo normativo, debido a que dio una transcendencia a rango constitucional a la
Justicia Transicional, razón por la cual, se hace necesario aclarar que, estos mecanismos se
convierten en aplicables de forma obligatoria para los jueces en la interpretación e
implementación de la ley. (Prieto, 2012).
Es así, como por medio del Acto Legislativo 01 de 2012 se modifica el Artículo 1 de la
Constitución Política de 1991, indicando que se anexará un artículo con carácter transitorio, el
cual será el Artículo 66, a través del cual quedará establecida la función de la Justicia
Transicional como mecanismo para la finalización del enfrentamiento interno del país, para
permitir direccionarlo hacia la construcción de la paz y la reconciliación como sociedad por
medio de la garantía del cumplimiento de los parámetros que incluye esta justicia especial.
Surge la alternativa de que por medio de Ley Estatutaria se pueda crear una Comisión de la
Verdad, como institución extrajudicial, junto con todas sus especificaciones, para ejercer la
investigación de los hechos violatorios de Derechos Humanos en torno al desarrollo del conflicto
55
armado, y de esta forma contribuir a la construcción de memoria para la no repetición, a través
de relatos históricos.
Todo lo anteriormente mencionado, con el propósito de unir esfuerzos para ejercer temas en
específico como la investigación penal de los responsables de delitos de crímenes de lesa
humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; suspensión de la
ejecución de la pena; aplicación de sanciones extrajudiciales, entre otras concernientes a la
acción penal, como medios alternativos para la estimulación de quienes hayan cometidos estos
delitos se adhieran a estas para lograr así, el esclarecimiento de la verdad. En pocas palabras, por
medio de este acto legislativo se busca establecer las garantías de las víctimas en materia de
verdad justicia y reparación desde los pilares de la Justicia Transicional.
2.5.4 Cuarta Etapa: Acto Legislativo 01 de 2017
Para poder hablar de este acto legislativo, es necesario poder hablar del Acuerdo de Paz
celebrado entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), específicamente en el
quinto punto, el cual se encuentra vinculado con las víctimas como se ha abarcado hasta este
momento; este punto, puede ser comprendido como un sistema de justicia transicional complejo,
que pretende todos y cada uno de los derechos que estas tienen a partir de la realidad a la que
estuvieron inmersas por el flagelo de la guerra, así como también , la pretensión de obtener la
verdad ante lo que realmente ocurrió como sustento y contribución de esa paz estable y duradera
tan anhelada, ya ciertamente señala con antelación.
Este Acto Legislativo tiene como iniciativa principal darle valor al derecho que tienen las
víctimas en materia de justicia, así como también posibilitar esclarecer todos y cada uno de los
56
hechos ocurridos durante esta etapa de la historia del país. Dejando en manifiesto una verdad
completa ante toda la sociedad colombiana; de igual manera, tiene cimiento en la protección de
los derechos de estas mismas a partir de la contribución y adaptación de la toma de decisiones
que las respalde a través de una plena seguridad jurídica, adjudicada sin importar el modo directo
o indirecto de quienes hicieron parte del conflicto armado interno en Colombia.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), adoptado
mediante el Acto legislativo 01 de 2017, presenta un componente político en cuanto la
transformación de un estado de conflicto a un estado de postconflicto fundamentado en
libertades propias del estado democrático. Ahora bien, el mencionado sistema, compuesto de
varias instituciones, conformadas por medio del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual fue
refrendado por medio de la Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017, la cual está
direccionada de algún modo a tres líneas específicas, si se le puede mencionar de algún modo, la
primera responde a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición, respaldada por el Decreto 588 del 5 de abril de 2017, esta institución es la encargada
de recopilar los testimonios y a partir de ello, brindarlos como expedientes jurídicos que
finalmente soportan, también el quehacer llevado a cabo por parte del Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH) ante la reconstrucción de la verdad.
Se tiene de igual manera a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas,
esta institución puede concebirse como una de carácter humanitario, la cual se encarga de
indagar, identificar y, finalmente dar con el paradero de las víctimas desaparecidas durante la
etapa de este conflicto; por última, se aprecia a la Jurisdicción Especial para la Paz como el
mecanismo encargado de administrar la justicia en el marco del acuerdo de paz.
57
Así mismo, tal como se ha señalado, la referencia al componente jurídico hace énfasis en la
adopción de las bases normativas como fundamento de los métodos a utilizar para lograr llevar a
cabo dicha transición, y que, su componente judicial, vaya establecido acorde a los estándares
internacionales en materia de protección a los derechos humanos (Gallón, 2007; Uprimny y
Lasso, 2004).
Esta etapa se da tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y Las FARC-EP,
luego de seis décadas de enfrentamiento bélico, constituyendo un gran acontecimiento para la
historia del país, junto con la aplicación de la Justicia Transicional.
CAPÍTULO III
Los estándares de Reparación Internacional desde el derecho comparado - estudio de caso.
3.1 Caso contra el Estado de El Salvador
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Mozote y lugares aledaños contra el
Estado de el Salvador. Sentencia del 25 de octubre del 2012
La masacre del Mozote, se consolidó sin lugar a dudas como uno de los genocidios más atroces y
sanguinarios en la historia de América Latina. Los hechos se remontan al año 1981, más
precisamente el 11 y el 13 de diciembre cuando el batallón Atlacalt, desarrolló una operación
militar en siete localidades del departamento del Mozón en lo que denominaron como operación
de contrainsurgencia, en donde alrededor de un millón de personas perdieron la vida a causa de
las consecutivas ejecuciones masivas y colectivas que se desplegaron en los caseríos de El
Mozote, La joya , Los Toríes, La Ranchería y el Jarote amarillo, la cual fue desplegada por el
58
ejército con la consigna de sembrar terror en la población y de esta manera, mitigar el accionar
insurgente de la creciente guerrilla en el país.
Inicialmente, se realizó una solicitud ante la Comisión de la Verdad por los accionantes,
dentro de las que se encontraban el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional y la
Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, el 30 de octubre de 1990, en donde
solicitaban la reanudación de las investigaciones judiciales, considerando que luego de realizar
algunas de las exhumaciones se continuaban encontrando inconsistencias dentro de los procesos
archivados; hechos que ya estaban en conocimiento por parte del Estado, fueron mitigados y
posteriormente minimizados mediante la consolidación de la decretada Ley de Amnistía General,
lo que desencadenaría en la impunidad total de los actores y la no generación de ningún tipo de
condena por la comisión de los hechos.
Dentro del informe presentado a la corte, luego de la admisión, se pudo concretar la
responsabilidad internacional del Estado salvadoreño, por considera que contribuyó de manera
directa con la perpetración de las masacres los siguientes derechos:
Derecho a la vida, a la libertad e integridad personal.
Derechos especiales de los niño/ niñas ejecutados extrajudicialmente.
Derecho a la integridad y vida privada.
Derecho a la propiedad privada.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libre circulación.
Dentro del proceso adelantado en la corte, se surtieron todas las formalidades
procedimentales, dentro de las que resaltaremos, la presentación del escrito de contestación
59
realizado por el Estado al sometimiento del caso, las solicitudes y las pruebas presentadas.
Dentro de este escrito, el Estado de El Salvador reconoció los hechos alegados por la comisión
dentro del escrito de demanda, reconoció la veracidad de las pruebas aportadas por los
apoderados judiciales de las víctimas y presentó una serie de observaciones en cuanto a las
condiciones de desplazamiento de las victimas sobrevivientes.
Posterior a la presentación de las observaciones, el Presidente de la Corte ordenó que se
recibieran dentro del proceso las declaraciones de ocho declarantes y los dictámenes emitidos
por tres peritos, los cuales fueron interrogados tanto por los representantes del Estado como de
las víctimas y con la posibilidad de que posteriormente, se realizaran las observaciones
pertinentes. Una vez el Presidente de la Corte validó y verifico la pertinencia de las
observaciones realizadas por las partes, convocó una audiencia pública el 23 de abril del 2012,
cuyo propósito era recibir los alegatos y observaciones finales, en donde se trataron temas de
fondo como las eventuales reparaciones y costas del proceso.
Uno de los puntos más relevantes dentro del caso contra el Estado salvadoreño, se consolidó
justamente cuando el presidente, pronunció un discurso en el Mazote en donde entre otras cosas,
manifestó que como Jefe del Estado, reconoció que en los cantones El Mozote, El Pinalito,
Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, tropas del Batallón
de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, de la Fuerza Armada de El Salvador, asesinaron a
cerca de un millar de personas dentro de los cuales la mayoría eran niñas y niños. Aquí se
cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y
ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y
salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras
debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas (Funes, 2012).
60
Dentro del transcurso de la audiencia pública, vale la pena resaltar la intervención que realizó
el Estado salvadoreño en donde, dentro de otras cosas expresó el profundo pesar por la comisión
de esos deplorables actos perpetrados por miembros de las fuerzas armadas de El Salvador,
específicamente los del Batallón de Infantería Atlacatl, quienes exterminaron a la población civil
en los caseríos y cantones de El Mozote y lugares aledaños.
Así mismo, realizó un reconocimiento especial en lo que respecta a las declaraciones realizadas
por las señoras María Márquez, María López Sánchez y María Chica Márquez, reconociendo la
veracidad de sus declaraciones y ofreciendo disculpas por el daño inconmensurable que tales
agentes estatales perpetraron con tan infinita crueldad; adicionalmente presentó un complemento
a los documentos ya aportados al proceso, el cual conmemoraba los veinte años que habían
transcurrido desde la firma del acuerdo, reconociendo novecientos treinta y seis víctimas de El
Mozote y los municipios cercanos, sobre las cuales recaerían los parámetros de reparación
respectivamente.
Las medidas de reparación que resultaron decretadas por la corte dentro de la masacre del
Mozote se determinaron ciertos parámetros de satisfacción, restitución, rehabilitación, y no
repetición.
a) Medidas de restitución: son aquellas encaminadas a restituir o retornar a la víctima, el
estado anterior al momento en que consolido como víctima; en esta oportunidad, se
establecieron como medidas de restitución las siguiente:
Implementación de un programa de desarrollo social, que estaba dirigido exclusivamente
caserío del Mozote.
61
Las víctimas, a través de sus representantes resaltaron las condiciones de la infraestructura en
la que se encuentra inmersa El Mozote, declarando que estas no poseen vías públicas adecuadas,
no poseen ni pueden acceder a los servicios públicos de luz y agua, sin mencionar el limitado
acceso a los centros de educación y de salud. Atendiendo lo anterior, solicitaron la conformación
de un plan de desarrollo integral para las comunidades afectadas, el cual debería incluir la
totalidad de aspectos referenciados, de manera que se rehabiliten la totalidad de las vías públicas
y se construya un centro de salud general para la población; subsidiariamente, se propuso la
construcción de un colegio departamental para los menores de los caseríos afectados, en donde
se otorguen becas para aquellos que aún se encuentren en la escuela.
Acondicionar las condiciones necesarias para que las personas desplazadas obtengan la
posibilidad real de retornar sus lugares de origen.
Dentro de sus alegatos, solicitaron que para que el retorno de los desplazados fuera un acto
realmente reparador, debería garantizarse que era producto de la exteriorización de una decisión
individual y voluntaria de las víctimas, la cual deberá ser adoptada sin ningún tipo de coacción o
violencia. Dentro de las medidas mínimas solicitadas por los presentantes, deberían incluirse al
menor las siguientes: 1. Seguridad física de las personas que retornar a sus territorios. 2.
Vigilancia durante y después del retorno de las víctimas, actividad que debe estar en cabeza de
independientes al gobierno 3. Restablecimiento de las medidas de restitución efectiva en acápites
legales, que garanticen la efectiva consecución de este derecho a las víctimas. 4. Acreditación
documental mediante títulos de propiedad a los retornados sin que mediase ningún tipo de
impedimento. 5. Acceso indiscriminado para las víctimas que retornan a los servicios públicos.
62
Continuando con la reparación de víctimas de desplazamiento, al interior de las comunidades
de El Mozote y lugres aledaños, el Tribunal hizo referencia al diseño y adecuación de viviendas
que incidan en la creación de un ambiente de desarrollo socioeconómico y social, tendiente a la
recuperación y ocupación efectiva de las viviendas, junto con la adecuación de actividades
generadoras de ingresos para aquellas victimas que retornan a sus territorios a partir de la
pretensión dada desde sus propios recursos.
En caso de que no se presentasen estas condiciones, el Estado deberá destinar una parte de sus
recursos para garantizar que las víctimas desplazadas forzadamente puedan recuperen aquellas
condiciones como las inmediatamente anteriores a la consolidación de los hechos en el lugar que
ellos escojan de manera libre en el Departamento de Morazán, en El Salvador. Por otro lado, el
Tribunal determinó que el Estado y las víctimas, de común acuerdo, en un término no mayor de
dos años desde el momento en que se notificara la Sentencia se debería concretar el
cumplimiento absoluto de lo ordenado.
Adicionalmente, se le solicitó al Estado la asistencia médica y psicosocial sin ningún costo
para la totalidad de víctimas que sobrevivieron a esta masacre y la de sus familiares, de modo tal
que se garantice el acceso a los centros médicos para recibir atención personalizada, con la
intención de que se contribuya a la sanación de las perpetraciones sufridas durante el conflicto.
La medida antes descrita, no solo se limita a lo descrito, sino que se sobrepone al hecho de que el
estado deberá costear los medicamentos prescritos por los profesionales en salud, para las
víctimas, los tratamientos, y la contextualización de las circunstancias especiales de cada una de
las víctimas; adicionalmente, los tratamientos serán evaluados individualmente a cada paciente y
los centros médicos a los que sean remitidos para brindar la atención debe encontrarse en un
lugar aledaño a sus residencias.
63
b) Medidas de satisfacción: Este tipo de medidas buscan satisfacer y resarcir la mayor
cantidad de dolor causado a las víctimas a través de la reestructuración de la verdad.
De manera general, la Comisión solicitó al Estado el esclarecimiento y propagación de la
realidad histórica de lo sucedido, y la reestructuración en memoria de las millones de víctimas.
Los representantes resaltaron que para lograr la responsabilidad del reconocimiento realizado por
el estado tuviese un significativo valor para las víctimas, resultaba estrictamente necesario que
dicho reconocimiento fuese realizado por el Presidente de la República, y que en este acto se
encontrase presente la cúpula de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Asimismo, los
representantes solicitaron que durante la ceremonia se desarrollara en el caserío de El Mozote
como un acto simbólico, en donde se garantice la presencia de la mayor cantidad de víctimas
sobrevivientes y sus respectivas familias, asumiendo la totalidad de gastos que genere el traslado
y la logística de esta operación junto con la transmisión de la misma por los principales medios
de comunicación nacional en El Salvador (victimas, 2019).
c) Garantías de no repetición.
Se solicitó a la Corte que instará al estado salvadoreño para que adoptara las medidas que
resultaren necesarias para la prevención a futuro, de que se materialicen hechos de similares
características a los ya ocurridos, teniendo en cuenta la obligatoriedad del estado en cuanto a la
prevención y respeto por los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.
Por último, dentro de la resolución emitida por la corte, se decisión de manera unánime
aceptar el reconocimiento realizado por el Estado salvadoreño respecto a la responsabilidad de
64
los hechos cometidos en la masacre perpetrada por el ejército en las localidades de el Mozote y
la violación deliberada de derechos y garantías judiciales.
3.2 Caso contra el Estado Guatemalteco
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de las Dos Erres vs.
Guatemala. Sentencia del 24 de noviembre de 2009.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos integrada por Cecilia Medina Quiroga como
su Presidenta, precede el presente caso, el cual se llevó a cabo al configurarse la responsabilidad
del Estado por “la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción
de los responsables de la masacre de 251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, la
Libertad, Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982. Dicha
masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de
Guatemala denominados kaibiles. Entre los habitantes se encontraban niños, mujeres y hombres”
(CIDH,2009).
Se estipulan como vulnerados varios derechos estipulados en la Convención Americana como
lo son los derechos de los niños, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales,
entre otros derechos fundamentales que se violaron en medio de esta atroz masacre.
De forma contextualizada se indica que los hechos del caso en concreto se efectuaron entre
los años 1962 y 1996 durante el transcurso del conflicto armado interno que se vivió en
Guatemala para esa época, permitiendo la implementación de un grupo militar bajo el poder del
Estado y enfocado en controlar cualquier tipo de oposición a este. Fue así, como llegaron al
parcelamiento de las Dos Erres un grupo de soldaos del grupo Kaibiles a realizar todo tipo de
65
atrocidades contra los habitantes de este lugar, ejerciendo actos de tortura, violaciones, entre
otros, ocasionando la muerte de 216 personas el día 7 de diciembre de 1982.
Ante la gravedad de los acontecimientos se adelantó el procedimiento de la siguiente forma:
1. El procedimiento ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos se llevó a cabo la
presentación de la petición el 13 de septiembre de 1996 y la fecha del informe de
Admisibilidad y fondo el 14 de marzo de 2008.
2. El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos se remitió el 30 de Julio de
2008, en el cual se solicitó se declarara al Estado responsable de los delitos cometidos
ante los Derechos violados de la Convención Americana nombrados anteriormente. La
audiencia ante la Corte IDH se llevó a cabo el 14 de julio de 2009.
En esta sentencia se evidenció el tratamiento de temas complejos como la falta de trámite y
celeridad en el proceso, generando la dilatación del mismo, e incluso la impunidad de delitos
cometidos, ya que no se dio la oportuna y adecuada implementación a la Ley de Amparo, la cual
tiene por propósito la aplicación de la tutela para la defensa de todos los derechos que se han
reconocido con el transcurso del tiempo, no solo constitucionalmente sino también a través de las
leyes. Por consiguiente, la corte considera que “en el presente caso el Estado violó los derechos a
las garantías judiciales y a la protección judicial, que configuran el acceso a la justicia de las
víctimas, reconocidos en la Convención” (CIDH, 2009).
Adicionalmente, se logra notar el injustificado retardo por parte de las autoridades judiciales
competentes para sancionar como del Estado, tanto en la investigación como en la presentación
excesiva de recursos, logrando dilatar el proceso penal por más de 15 años, violando el plazo
establecido para decidir sobre la extinción penal del proceso, todo esto causado por la omisión de
la conocida “Ley de Reconciliación Nacional, la cual otorga plazo de diez días, prorrogable por
66
otros diez en caso de que se celebre audiencia, para que se dicte la resolución sobre
la aplicabilidad o no de la extinción penal” (CIDH,2009).
Debido a las circunstancias anteriormente descritas es que la Corte optó por instaurar como
medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado experimentado en el territorio de
Guatemala las siguientes:
“-El Estado debe investigar los hechos que originaron las violaciones declaradas en la
Sentencia con el propósito de juzgar y, sancionar a los presuntos responsables.
- El Estado debe iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean
pertinentes, contra las autoridades del Estado que puedan haber cometido y obstaculizado
la investigación de los hechos.
- El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala.
- El Estado debe proceder a la exhumación, identificación y entrega de los restos de las
personas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres a sus familiares.
- El Estado deberá implementar cursos de capacitación en derechos humanos a diversas
autoridades estatales.
- El Estado debe realizar los actos públicos ordenados.
- El Estado debe levantar un monumento.
- El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las 155
víctimas.
67
- El Estado debe crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos
ilegalmente.
- El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño
inmaterial y reintegro de costas y gastos” (CIDH, 2009).
3.3 Caso contra el Estado colombiano
3.3.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vereda La Esperanza Vs.
Colombia. Sentencia de 31 de agosto de 2017
Así pues, las circunstancias que se describen en este incidente tuvieron su procedencia
mediante la desaparición de doce personas en las fechas contempladas en el año de 1995 durante
el segundo semestre del año, es decir, por seis meses, aproximadamente, en la Vereda La
Esperanza, en el marco de operaciones contrainsurgente que se desarrollaron entre las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) con ayuda de la Fuerza de Tarea
Águila, del Ejército colombiano, de las cuales, se establecían como simpatizantes de los grupos
al margen de la ley que actuaban en la región.
Después del proceso contencioso, la sentencia de la Corte IDH concluyó que, de acuerdo con
la información entregada por las partes, se logró determinar que aquellos acontecimientos se
dieron bajo el actuar conjunto entre el Ejército colombiano ubicado en la zona con los grupos
paramilitares. En esa línea, la corte estableció que los delitos que se cometieron como las
desapariciones forzadas en este mencionado lugar son imputables al Estado, debido a que se
configuró la participación de miembros del ejército al grupo paramilitar, facilitando de esta
forma el actuar y la comisión de delitos de este grupo. La Corte IDH encontró al Estado
68
Colombiano responsable por la vulneración de múltiples derechos como lo son el reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la libertad personal (CIDH, 2017).
Por lo anteriormente mencionado, la corte estipuló como forma de reparación la
indemnización económica, entre otros, al fijar la cantidad monetaria a pagar como concepto de
daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos. De la misma forma,
implementó medidas de satisfacción y simbólicas en pro del bienestar, tranquilidad y
conciliación con las víctimas de este acontecimiento, las cuales expresó indicando que el Estado
debe realizar acciones como el continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso
que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes,
debe efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas, realizar las
publicaciones indicadas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional en Colombia en relación con los hechos de este caso, brindar el tratamiento médico
y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, levantar un monumento en la
memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas, y otorgar becas para realizar estudios en
una universidad pública a los hijos de las víctimas que así lo soliciten (CIDH, 2017).
En el mismo sentido, ha sostenido en esta sentencia que a pesar de que esta constituye una
forma de reparación en relación con el daño inmaterial sufrido por las víctimas, también se da
dicho que este concepto comprende tanto el dolor físico y emocional ocasionado a la víctima
como a sus seres más cercanos, con la degradación de su dignidad e integridad, así como
cualquier otra alteración de índole no económico en relación con la calidad de vida.
3.3.2. Sentencia de Reparación Directa del Consejo de Estado
69
Manuel Narváez Corrales vs La Nación, 20001-23-31-000-1998-03713- 01(18436) (Consejo
de Estado - Sección Tercera 2010)
En contextualización con las circunstancias ocurridas en el año de 1989, los demandantes
manifestaron que, aproximadamente, “250 familias campesinas ocuparon pacíficamente unos
predios rurales ubicados en la Hacienda “Bellacruz”, en inmediaciones de los Municipios de
Pelaya, La Gloria y Talameque, Departamento del Cesar”; dando lugar a la creación de un grupo
militar en la Vereda “Vistahermosa”, para evitar desalojos violentos que se estaban presentando
en contra de los campesinos.
Sin embargo, se empezaron a presentar diversas y constantes violaciones a los derechos de la
comunidad campesina por parte de la organización paramilitar, la cual operaba en colaboración
con la fuerza pública, situación ante la cual los actores se interpusieron, generando, aun así, el
desalojo de unas 280 familias, situación ante la cual la fuerza pública hizo completa omisión.
Debido a lo descrito anteriormente es que el Consejo de Estado manifiesta como forma de
reparación a las víctimas de este acontecimiento que “la Fiscalía General de la Nación debe
seguir investigando los hechos a fin de establecer las responsabilidades penales, al tiempo obliga
a que la Sentencia sea publicada en lugares visibles de los Comando de Policía de Pelaya, La
Gloria y Talameque, en especial el acápite de La imputación del daño (desplazamiento forzado)
al Estado, por omisión en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas a su cargo, junto con una
placa conmemorativa con el fin de que las nuevas generaciones conozcan el caso; así como la
rotación a modo de circular en la Policía Nacional de la Sentencia, como forma de garantía de no
repetición” (Manuel Narváez Corrales vs La Nación, 2010).
Es importante resaltar que el Consejo de Estado, a través de esta sentencia, se toma el tiempo
de aclarar que las medidas de justicia restaurativa establecidas con el objetivo de reparar
70
integralmente a las víctimas de graves vulneraciones a sus Derechos, “no tienen el carácter de
sancionatorias, sino compensatorias; su naturaleza y su monto obedecen a las circunstancias
particulares de cada caso concreto, esto es al daño causado en sus diversas modalidades (material
e inmaterial), las mismas no implican enriquecimiento alguno para la víctima o sus sucesores y
guardan relación con las violaciones declaradas en la sentencia; también se convierte en
obligación de carácter positivo que la entidad cuya responsabilidad hubiere sido declarada debe
adoptar para asegurar que los hechos lesivos no se repitan” (Manuel Narvaez Corrales vs La
Nación, 2010).
Se logra concluir que las sentencias otorgadas consecuencia de sucesos ocurridos dentro del
territorio colombiano reflejan la manera como tanto la Corte IDH como el Consejo de Estado
han decretado la indemnización por los daños materiales e inmateriales, adoptando sus conceptos
a los casos particulares que a sus instancias llegan, siendo el punto central de las manifestaciones
en torno a la indemnización que la misma por sí sola no llena los requisitos de reparación
integral, sino que tal como se da en instancias de la Corte Interamericana, la reparación ha de
incluir no sólo un componente indemnizatorio, sino que ha de tener enfoque de satisfacción,
rehabilitación, restitución y no repetición.
Si bien es cierto, la indemnización es un parámetro de reparación a las víctimas del conflicto
armado en Colombia que tiene la finalidad de recibir una suma de dinero entregada en virtud de
un ilícito ocurrido en la conducción de un conflicto militar, político y social que se vive en
determinado territorio, a tenor de lo que establecen los Autos 734 y 735 de 18 de diciembre de
2017 proferidos por la Corte Constitucional, se tiene por entendido que su finalidad es la de
permitir que las víctimas puedan llevar una vida digna y sostenible económicamente, después de
esa dura etapa.
71
Cabe destacar que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas explica
que “desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 hasta finales de 2017, se han logrado
indemnizar a cerca de 800.000 personas víctimas del conflicto, ya sea vía de la indemnización
administrativa o fruto de Sentencia de Restitución de Tierras”.
Entre muchas razones para ello, la Corte Constitucional resalta que “la falta de financiación
para indemnizar administrativamente a las víctimas no deja de ser un inconveniente para lograr
la completa operatividad del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas –SNARIV”
(Corte Constitucional, Auto 734 de 2017).
Por las razones expuestas anteriormente, la Corte Constitucional, en concordancia con los
principios de progresividad y gradualidad contenidos en la Ley 1448 de 2011, ha dispuesto que
“para el otorgamiento de una indemnización administrativa y judicial se deben tener en cuenta
las siguientes reglas: 1. Se compruebe la relación cercana y suficiente con el conflicto armado. 2.
Sean analizados los criterios de priorización establecidos en el Modelo de Atención, Asistencia y
Reparación Integral a Víctimas, para entregar recursos a las víctimas en estado de vulnerabilidad,
es decir: a. Discapacidad; b. Rangos etarios; c. Enfermedades graves o de alto costo” (Corte
Constitucional, Auto 734 de 2017).
Así, con lo anterior se podría decir que la reparación en Colombia está en un punto de
inflexión donde la indemnización no ha sido el principal punto de avance de la reparación
integral en los términos de Joinet (1997) sino que ha pasado a ser una medida complementaria de
las medidas de reparación, en tanto la principal ambición de los procesos de transición en
Colombia es el empoderamiento de las víctimas a través de su visibilización, de la
sensibilización de la población civil no víctimas y la apertura de nuevos espacios de diálogo y
memoria (Díaz, 2007).
72
La Corte Interamericana y el consejo de estado definen que la reparación ha de incluir no sólo
un componente indemnizatorio, sino que ha de tener enfoque de satisfacción, rehabilitación,
restitución y no repetición.
CAPÍTULO IV
4.1 Estándares de reparación a víctimas en el marco del derecho internacional
A través de los años, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
establecieron una serie de parámetros tendientes a subsanar todas esas situaciones que
comprometieron la vulneración de los Derechos Humanos a los miles de millones de víctimas del
conflicto, conforme se desarrollaron los innumerables conflictos bélicos que tuvieron lugar
alrededor del mundo.
Por otro lado, si bien es cierto la corte interamericana y el Tribunal Europeo presentan
marcadas similitudes en cuanto al objeto, propósito y desarrollo de los mismos, también es
importante resaltar la marcada diferencia que presentan en lo que respecta a la puesta en marcha
de los mecanismos de protección a las víctimas, por lo que analizaremos brevemente cada una de
estas instituciones internacionales, de manera que podamos identificar de manera clara los
estándares de reparación a víctimas dentro del plano internacional.
Dentro de los principales estándares de reparación a las víctimas del conflicto, establecidos
por el sistema interamericano de derechos humanos, resulta de vital importancia resaltar el hecho
de que la Corte posee facultades tendientes a la reparación integral de las víctimas, contrario
sensu a lo contemplado por el Tribunal Europeo, el cual dentro de sus facultades solamente se
encuentra aquella de reconocer una satisfacción equitativa. En otras palabras, puede decirse que
73
la Corte Interamericana procura que en la gran mayoría de sus operaciones encamínense
encuentren encaminadas al resarcimiento total de las vulneraciones a los Derechos Humanos
sufridas por algún particular en especial y esto se debe principalmente al hecho de que, dentro
del sistema interamericano, la Corte no se encuentra obligada a realizar una verificación previa
frente a la eficiencia de la reparación interna impartida por alguno de los estados sometidos a la
jurisdicción de la misma.
Adicionalmente, las sentencias emanadas por la Corte, se revisten de cierta complejidad por
cuanto el fallador pretender abarcar diferentes esferas de reparación a la víctima y no se limita
únicamente a la indemnización económica por los perjuicios ocasionados.
4.2 Principales características de Organismos de Protección Internacional
A continuación, encontraremos un cuadro comparativo mediante el cual se podrán evidenciar
las principales características de cada uno de estos organismos de protección internacional:
Tabla 2 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ORGANISMOS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ORGANISMOS DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Corte Interamericana Tribunal Europeo
NORMATIVIDA
D
Pacto de San José, Estatuto y
reglamento de la corte año 2000
Convenio de 1950 y reglamento
del Tribunal año 2003
FUENTES Convención americana de
derechos humanos, Carta OEA. Convención de Roma (1950)
74
COMPOSICIÓN siete (7) magistrados de diferentes
nacionalidades
Cuarenta y seis (46) magistrados,
es decir, uno por cada estado
miembro.
PERIODOS
APLICACIÓN
No es permanente, es decir, tiene
periodos ordinarios y
extraordinarios en el año
El tribunal es permanente
COMPETENCIA
Facultades jurisdiccionales y
consultivas en materia de derechos
humanos. Conoce de denuncias
interestatales y personales.
Facultades jurisdiccionales y
consultivas en materia de derechos
humanos. Conoce de denuncias
interestatales y personales.
FUNCIONES Protección general de los derechos
humanos
Protección de violaciones
específicas de derechos humanos.
Fuente: Elaboración propia basada en información y datos recopilados de (Carmelina,
2005).
Como se pudo apreciar dentro del anterior cuadro, la Corte Interamericana y el Tribunal
Europeo, coinciden en cuanto a la determinación de ciertos parámetros o mecanismos
subsidiarios para garantizar y/o remediar las situaciones irremediables sobre las cuales fueron
víctimas. Inicialmente se tiene como primer parámetro de reparación el hecho de reconocer que
frente la ocurrencia de una infracción por parte de un estado miembro frente a una de las
obligaciones internacionalmente atribuibles al mismo, reiterando que el estado infractor se
vuelve acreedor de la obligación de reparar a los directamente afectados tanto en el ámbito
nacional, es decir, dentro de los estamentos gubernamentales del país infractor como en la esfera
internacional, cuando el caso llegue al conocimiento bien sea de la Corte Internacional como del
Tribunal Europeo.
Los estándares internacionales fortalecen la estructura de la totalidad de experiencias
positivas de las naciones y la forma en cómo se implementaron todo ese tipo de mecanismos
tendientes al restablecimiento de derechos vulnerados en cada conflicto en particular. En
palabras de Manuel Fernando Quinche (2009), la expresión estándares reviste una calidad
75
particular por cuanto se refiere a “(…) parámetros, reglas o pautas que deben ser atendidas en
todos aquellos eventos en los que un Estado o comunidad pretenda pasar pacíficamente de una
situación de conflicto, de autoritarismo o represión a otra circunstancia o condición de paz, de
apertura o de democratización, parámetros estos que se encuentran en los contenidos y niveles de
exigibilidad de los derechos a verdad, justicia, reparación y compromisos de no repetición”.
Para concluir, es importante resaltar que dentro de los diversos fallos analizados en el
presente trabajo investigativo, la mayoría de jueces coincide en una serie de parámetros como lo
son el reconocimiento del conflicto y de la condición adoptada de víctima según el caso, la
persecución por alcanzar nuevamente el respaldo de la población civil afectada y no afectada
dentro del conflicto en los estados, de manera que del trabajo conjunto se alcance la
reconciliación total dentro del conglomerado social. Otro de los parámetros implementados por
estos estamentos internacionales se basa en el hecho de colocar a la víctima en el centro del
proceso investigativo de reparación, analizando completamente sus condiciones socioculturales y
por último, de basa en impulsar los porqués de que los resultados de estas investigaciones tengan
trascendencia política, por cuanto se requiere que los gobiernos implementen políticas que
permitan establecer programas de reparaciones masivas que generen condiciones sostenibilidad
en el tiempo y la garantía de no repetición de los vivido.
76
CONCLUSIONES
Los conflictos bélicos que se han desarrollado en el continente americano, han producido
daños irreversibles dentro de los diferentes conglomerados sociales que padecieron este
fenómeno. Los efectos negativos de estas confrontaciones fueron tan relevantes, que muchos de
los países se vieron en la necesidad de elevar su conflicto interno a instancias internacionales,
como es el caso de El Salvador, Guatemala y Colombia, para de esta manera lograr reestablecer
el orden interno que permita evitar las crisis económicas, diplomáticas y sociales que resultan
inherentes en los conflictos.
La justicia transicional a través de los años, se consolidó a nivel mundial como el mecanismo
jurídico más efectivo en cuanto al reconocimiento de conflictos, reestructuración de políticas
internas en cada país y, por último, la reparación integral para las víctimas y sus familiares.
Dentro del presente trabajo se abordaron los conflictos que se desarrollaron en Colombia, EL
Salvador y Guatemala, permitiendo así dimensionar de manera clara y directa la problemática
social que desde siempre ha acompañado el desarrollo sociocultural de los países
latinoamericanos. De la misma manera, evidenciamos cuáles fueron los mecanismos que estos
países implementaron en el marco del conflicto y la justicia transicional, para sufragar las
devastadoras consecuencias del conflicto y restablecer los derechos vulnerados de la población
civil.
Dicho lo anterior, los hallazgos y conclusiones que encontramos dentro de cada proceso de paz
abordado y analizado en la investigación, respecto a los estándares de reparación internacional
resultan ser los siguientes:
En el caso de El Salvador se desarrollaron una serie de modificaciones a nivel constitucional, las
cuales tenían como propósito implementar las medidas necesarias y establecidas previamente
77
dentro del acuerdo de paz, en la práctica se presentaron una serie de falencias que imposibilitaron
la materialización real de cada una de estas medidas. Dentro de los puntos que se han relentizado
en cuanto a implementación, es la modificación y adecuación del aparato judicial.
Como resultado de la no adecuación oportuna del aparato judicial, se obtuvieron las limitadas
investigaciones y posterior juzgamiento de aquellos casos que vulneraron los derechos humanos
de las víctimas durante el desarrollo del conflicto. Por otro lado, aun cuando dentro del proceso
de paz adelantado en este país se contempló la creación de la Comisión de la Verdad, la cual,
durante el ejercicio de sus funciones realizó innumerables recomendaciones que pretendían
garantizar una reparación integral para las víctimas, estas no obtuvieron el impacto requerido,
puesto que no contaba con facultades judiciales, lo que generó impunidad para los victimarios
dentro de las sentencias o fallos que en su momento, ya dictaminaban los diferentes jueces en el
Salvador, configurándose de esta forma un cumplimiento parcial.
HALLAZGOS
EL
SA
LV
AD
OR
ETAPAS DE
REPARACIÓN ASPECTOS RELEVANTES
PARÁMETROS DE
REPARACIÓN
Firma del
acuerdo de paz,
16 de enero de
1992. Castillo
de Chapultepec,
México.
Creación de la comisión de la verdad, la
cual tenía como propósito investigar las
graves violaciones a los derechos humanos
desarrollados entre enero de 1980 y julio de
1991.
1. Restitución
material
2. Indemnización
económica.
3. Reparación
psicosocial y
rehabilitación.
4. Dignificación
de las
víctimas.
5. Resarcimiento
cultural.
“Ley de
Reconciliación
Nacional”
Decreto
Nº 147 de 1991
Otorgó amnistía para todas las personas
que habían participado en la comisión de
delitos políticos, comunes y conexos en el
marco del conflicto, con anterioridad al 1
de enero de 1992.
78
“Ley de
amnistía general
para la
consolidación de
la paz”,
aprobada por el
Decreto 486 de
199
Amnistía general, absoluta e incondicional,
contraria a los estándares internacionales
de derechos humanos
Tribunal
Internacional
para la
Aplicación de la
Justicia
Restaurativa en
El Salvador 25
de marzo del
2009
Este Tribunal adelantó una inactiva, la cual
consistía en que, a modo de complemento
con las labores ya desarrolladas por la
comisión de la verdad, esta tuviese la
capacidad de imponer condenas de tipo
moral a los actores principales del
conflicto, por haber vulnerado los derechos
fundamentales de todos los miembros de la
población civil.
Por su lado, en Guatemala la relación entre el Estado y la Comisión de la Verdad ha afectado las
reparaciones a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, puesto que, al ser negado el
informe, las reparaciones recomendadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH,
se tardaron tres gobiernos para empezar a ser ejecutadas. En total, desde que se finalizó el
conflicto armado en Guatemala y se oficializó la creación del Plan Nacional de Resarcimiento,
pasaron nueve años en los cuales el proyecto de ley que buscaba la aprobación del PNR, primero
no contenía todos los elementos recomendados por la CEH y durante el proceso de aprobación,
le quitaron herramientas claves recomendadas por el organismo que ha imposibilitado la
reparación integral a las víctimas, como lo es un organismo autónomo e independiente encargado
de las reparaciones, fondos suficientes para ejecutar los planes y un registro nacional de víctimas
que contenga las personas que deben ser reparadas. Esto ha traído como consecuencia un proceso
79
reparatorio sin un norte claro, que no conoce para dónde, ni cómo va, dejando a las víctimas y a
sus familiares en un estado de desamparo estatal.
HALLAZGOS
GU
AT
EM
AL
A
ETAPAS DE
REPARACIÓN ASPECTOS RELEVANTES
PARÁMETROS DE
REPARACIÓN
Acuerdo de paz
23 de junio de
1993
Dentro de este acuerdo de paz,
se estableció la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico
(CEH) de las violaciones a los
derechos humanos y los
hechos de violencia que habían
causado sufrimientos a la
población guatemalteca. Esta
comisión fue creada con el
propósito de investigar los
hechos que estuviesen
vinculados con el conflicto
armado desde enero de 1962
hasta la fecha de la firma.
* Medidas para preservar la
memoria de las víctimas
*Medidas de reparación a las
víctimas.
*Medidas orientadas a fomentar
una cultura de respeto mutuo y
de observancia de los derechos
humanos
*Medidas para fortalecer el
proceso democrático.
En Colombia se han implementado los parámetros de Reparación Integral en cuatro etapas, de
las cuales se logra dilucidar que en la Ley 975 del año 2005 o Ley de Justicia y Paz, la normativa
misma se centra en otorgar una serie de beneficios judiciales a los actores del conflicto que
contribuyeron de manera directa en el esclarecimiento y reconocimiento de los hechos
cometidos, obviando las serias limitaciones y dificultades que tenían las víctimas para el
reconocimiento de las respectivas reparaciones, bien sea por vía judicial o administrativa. El
cumplimiento en lo que respecta a los estándares de reparación dentro de este proceso fue
parcial, por cuanto no se adaptaron la totalidad de lineamientos internacionales de reparación.
80
En la segunda etapa, la Ley 1148 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoció
la posibilidad de indemnizar o reparar integralmente a aquellas personas que han sufrido algún
tipo de menoscabo físico o psicológico derivado del conflicto armado colombiano. Si bien es
cierto, que se crearon lineamientos para el resarcimiento de los derechos, la reparación efectiva
depende mayoritariamente de las víctimas, considerando que son estas quienes deben afrontar la
dificultad de acceder a los programas de reparación del Estado, lo cual no logra satisfacer las
necesidades de estas personas que buscan no solo apoyo económico, sino un conjunto de
mecanismos que les permita mejorar sus condiciones de salud, educación, herramientas de
producción, para de esta forma mitigar la pobreza extrema y poder tener una vida digna,
llevándose a cabo un restablecimiento real de sus derechos. Dicho esto, se logra establecer un
cumplimiento parcial.
En su tercera etapa, el Acto Legislativo 01 de 2012 estableció el Marco Jurídico para la Paz, a
través del cual se busca establecer las garantías de las víctimas en materia de verdad, justicia y
reparación desde los pilares de la Justicia Transicional, elevando a rango constitucional los
mecanismos impuestos por esta justicia especial y convirtiéndose en aplicables de forma
obligatoria para los jueces en la interpretación e implementación de la ley.
Por último, en la cuarta etapa, el Acto Legislativo 01 de 2017, reconocido como Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, tiene como propósito brindarles
justicia por medio de la verdad a las víctimas del conflicto armado colombiano, así como
también posibilitar esclarecer todos y cada uno de los hechos ocurridos durante esta etapa de la
historia del país. Se da tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el estado colombiano y la guerrilla de las
81
FARC-EP, luego de seis décadas de enfrentamiento bélico, constituyendo un gran
acontecimiento para la historia del país, junto con la aplicación de la Justicia Transicional.
HALLAZGOS
CO
LO
MB
IA
ETAPAS DE
REPARACIÓN
ASPECTOS
RELEVANTES
PARÁMETROS DE
REPARACIÓN
Ley 975 del año
2005: Ley de
Justicia y Paz
Dentro de los aspectos más
relevantes de esta
normativa, resulta
importante resaltar la
unificación a nivel nacional
de las Fiscalías, la creación
del sistema de defensores
públicos, la creación de la
procuraduría judicial para la
Justicia y la Paz; y la
Comisión Nacional de
Reconciliación y
Reparación (CNRR ).
Dentro de los parámetros de
reparación planteados en esta
normativa, encontramos que, el
esclarecimiento de los hechos y
obtención de la verdad se realizaría
a través de un sistema de versión
espontánea y libre de los
victimarios, la garantía de no
repetición ni reincidencia y
posteriormente su adecuada
resocialización.
Ley 1148 de
2011: Ley de
Víctimas y
Restitución de
Tierras
Se adoptó e implementó la
creación de la Unidad para
la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, la
Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Restitución de Tierras
Despojadas, y el Centro de
Memoria Histórica.
Se determinaron lineamientos para
el reconocimiento de las víctimas
del conflicto armado, dictaminando
medidas de asistencia, reparación y
asistencia para las mismas
Acto Legislativo
01 de 2012:
Marco Jurídico
para la Paz
Surge la alternativa de que
por medio de Ley
Estatutaria se pueda crear
una Comisión de la Verdad,
como institución
extrajudicial, para ejercer la
investigación de los hechos
violatorios de Derechos
Humanos en torno al
desarrollo del conflicto
armado.
Trascendió de rango constitucional
a la Justicia Transicional.
82
Acto Legislativo
01 de 2017:
Sistema Integral
de Verdad,
Justicia,
Reparación y
Garantías de no
repetición.
Creación del Sistema
Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No
Repetición (SIVJRNR), la
Unidad Especial para la
Búsqueda de Personas
Desaparecidas y la
Jurisdicción Especial para
la Paz como el mecanismo
encargado de administrar la
justicia en el marco del
acuerdo de paz.
Tiene como iniciativa principal
darle valor al derecho que tienen
las víctimas en materia de justicia,
así como también posibilitar
esclarecer todos y cada uno de los
hechos ocurridos durante esta etapa
de la historia del país.
Los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se consolidaron como
los ejes principales sobre los cuales los órganos internacionales estructuran los procesos de
transición desde la senda del conflicto a la paz. Dentro de las tres experiencias que se
pretendieron estudiar, se encontraron grandes falencias en los países analizados, debido a que no
se ha cumplido a cabalidad con los estándares internacionales que deben considerarse y,
posteriormente, aplicarse cuando se pretenda ejecutar programas integrales de reparación que no
se limiten únicamente al aspecto económico, sino que brinden las calidades mínimas de
reparación integral para las víctimas de los conflictos y sus familias.
De los hallazgos relacionados anteriormente, es posible deducir que, al comparar los parámetros
de Reparación Integral implementados en víctimas del conflicto armado interno de los tres países
analizados, Guatemala, El Salvador y Colombia y, teniendo como referencia los Estándares
Internacionales, se logra deducir que:
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESTÁNDAR
ES
INTERNACI
ONALES
DESCRIPCIÓN EL
SALVAD
OR
GUATE
MALA
COLOM
BIA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
83
RESTUTIO IN
INTEGRUM
Consiste en retornar a la víctima, a la
situación inmediatamente anterior, al
momento en que se configuró la
violación manifiesta de los derechos
humanos o a las disposiciones
contenidas dentro derecho
internacional humanitario.
NO PARCIAL
MENTE NO
VERDAD La obtención de la verdad resulta
esencial en la búsqueda de justicia y la
mitigación de impunidad por los
hechos cometidos. SI SI SI
INDEMNIZA
CIÓN
La indemnización deberá realizarse de
manera apropiada y directamente
proporcional a la gravedad de la
violación, junto con las circunstancias
en que se cometieron los hechos, de
manera que se reparen la totalidad de
perjuicios ocasionados a las víctimas.
PARCIAL PARCIAL PARCIAL
SATISFACCI
ÒN
Disposiciones de gran eficacia que
garantizan que no se continúen
presentando las violaciones a los
derechos humanos o a los postulados
dentro del derecho internacional
humanitario. Por otro lado, se debe
realizar la verificación de los hechos y
la revelación pública y completa de la
verdad de los hechos.
NO NO NO
GARANTÍAS
DE NO
REPETICIÓN
Para que se garantice la no repetición
se debe 1). Ejercer un control efectivo
por parte de las autoridades civiles,
jurídicas y administrativas sobre los
hechos cometidos; 2) Garantizar que
los procedimientos civiles , penales y
administrativos, se ajustan a las
normas internacionales de reparación
integral; 3) Garantizar la
independencia del poder judicial
NO NO NO
84
La elaboración de esta monografía, resultó ser una oportunidad única para nuestro desarrollo
profesional, debido a que a través de la multiplicidad de actividades realizadas, pudimos
evidenciar que los procesos de transición no se llevaron a cabo desde la articulación teórico –
práctica, sino que existen una serie de intenciones de transformación asociadas, las cuales se
encuentran opacadas por diferentes factores directamente influenciados por los modelos
tradicionales de justicia que, para los casos estudiados, se legitiman como una suerte de
dispositivo homogéneo.
La presencia del discurso social y jurídico no tradicional expresado por medio de la aplicación de
la justicia transicional presenta una fortaleza que debe ser aprovechada de manera inequívoca por
las naciones, aunque se tenga la percepción social de injusticia, puesto que esto contribuirá a la
estructuración social, de manera que estos modelos resulten auto- estructurantes y favorezcan la
integralidad jurídica. Esta necesidad inconsciente es fundamental para cumplir los objetivos de la
justicia transicional y de la reparación integral de las víctimas y sus familias; para ello se pueden
conducir estrategias institucionales, que favorezcan la implementación, puesto que existe una
estructura conceptual dada que puede potencializarse a través de iniciativas didácticas, por lo que
podemos concluir, que la fundamentación teórica de justicia transicional hoy por hoy, se
encamina a propuestas no concretizadas desde la perspectiva epistemológica.
85
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Cuartas.
91
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víctimas del conflicto armado interno.
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víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
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