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Anexo 4Catálogo de estrategias susceptibles de ser incorporadas en los programas de implementación derivados de las Políticas Nacional y Estatales Anticorrupción por parte de los entes

públicos de los Poderes Ejecutivos del país.

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En el presente anexo se presenta un catálogo general de estrategias y acciones de control de la corrupción -retomadas del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública (PNCCI) 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019-, mismas que pueden ser retomadas por los distintos entes públicos de los Poderes Ejecutivos del país como parte del desarrollo de los distintos programas de implementación que se deriven tanto de la Política Nacional Anticorrupción como de las Políticas Estatales Anticorrupción.

Cabe hacer mención, que este catálogo no es limitativo para el desarrollo de estrategias y acciones adicionales alineadas a las prioridades de las políticas anticorrupción y, más bien, establece una relación mínima de acciones que pueden ser desarrolladas de manera homóloga en todo el país.

A fin de simplificar su alcance y margen de aplicación, las estrategias se clasifican por cada uno de los cuatro ejes establecidos en la Política Nacional Anticorrupción.

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad

Prioridades Acciones sugeridas:

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Estrategia 1.1.

Impulsar y operar un sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción para captar actos graves de corrupción, así como los relacionados con hostigamiento, acoso sexual y violaciones a los derechos humanos, garantizando la confidencialidad de la información que se proporciona, otorgando medidas de protección frente a represalias y estableciendo acciones de seguimiento para el desahogo de la alerta.

1.1.1. Emitir lineamientos para la promoción y operación del sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción.

1.1.2. Promover el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción en los entes públicos de las administración públicas del país, a partir de la aplicación de encuestas diagnósticas que proporcione información de la ciudadanía y servidores públicos sobre la percepción para denunciar actos de corrupción.

1.1.3. Celebrar convenios y demás instrumentos de coordinación, colaboración y concertación entre entes públicos federales y estatales, para el generación de medidas de protección a alertadores.

1.1.4. Promover la inclusión del tema de alertadores internos y externos de la corrupción en los instrumentos de coordinación establecidos entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Estatales de Control.

1.1.5. Promover la atención de alertas ciudadanas derivadas con desvío de recursos públicos, abuso de funciones, peculado, cohecho, entre otras; así como de hostigamiento y acoso sexual y violaciones a los derechos humanos, con base en los lineamientos propuestos en la acción 1.1.1.



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Estrategia 1.2.

Impulsar acciones sistemáticas de coordinación entre los entes públicos de las administraciones públicas del país y otros entes e instancias anticorrupción nacionales e internacionales, que permitan la implementación de mecanismos efectivos de combate a la corrupción.

1.2.1. Promover la firma de instrumentos de coordinación y colaboración necesarios para la implementación de sistemas de inteligencia que optimicen el intercambio de información para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

1.2.2. Promover entre los entes públicos de las administraciones públicas del país la celebración de convenios de coordinación y colaboración con las instancias de control interno y otras instancias anticorrupción con el objetivo de optimizar el intercambio de información para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

1.2.3. Promover la construcción de alianzas estratégicas para el combate a la corrupción, con organismos internacionales especializados, agencias gubernamentales especializadas y otros socios estratégicos en el ámbito bilateral, regional y multilateral.

1.2.4. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación -al interior de las administraciones públicas del país- de las Políticas Anticorrupción implementadas en el ámbito nacional y estatal.

1.2.5. Promover al interior de las administraciones públicas del país la integración y conectividad de los sistemas electrónicos que contengan datos e información necesarias para que las autoridades competentes optimicen el intercambio de información para las tareas de fiscalización de recursos públicos y de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

1.2.6. Impulsar sinergias en el seno de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización del país para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la acción fiscalizadora y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativos y hechos de corrupción.



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Estrategia 1.3.

Fortalecer la capacidad gubernamental para la imposición de sanciones administrativas.

(Continúa en la siguiente página)

1.3.1. Brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas a los órganos internos de control y unidades de responsabilidades.

1.3.2. Brindar capacitación en materia de responsabilidades administrativas a las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

1.3.3. Promover la admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa dentro de plazos de 3 días hábiles.

1.3.4. Fortalecer las actuaciones de notificación mediante la capacitación al personal encargado de realizar las diligencias correspondientes.

1.3.5. Promover la celebración de las audiencias iniciales en los plazos legales establecidos para tal efecto.

1.3.6. Remitir los expedientes que corresponde resolver a los Tribunales de Justicia Administrativa correspondientes, dentro de plazos de 3 días hábiles.



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Estrategia 1.3.

Fortalecer la capacidad gubernamental para la imposición de sanciones administrativas.

1.3.7 Emitir las resoluciones dentro de plazos de 30 días hábiles.

1.3.8. Desarrollar e implementar mecanismos con las diversas áreas especializadas de las Secretarías de la Controlaría u homólogas del país, a fin de unificar criterios y fortalecer la capacidad de los órganos internos de control y unidades de responsabilidad para investigar posibles actos de corrupción y, en caso de acreditarse, sancionar a los responsables.

1.3.9. Fortalecer la participación de delegados y comisarios públicas -o figuras homólogas a nivel estatal- en los órganos colegiados en los que intervienen, a efecto de que las recomendaciones que realicen sean implementadas de manera eficaz.

1.3.10. Implementar campañas permanentes de capacitación dirigidas a los órganos internos de control y unidades de responsabilidades, en materia de investigación y sustanciación de expedientes de responsabilidad administrativa, a efecto que las sanciones que se impongan se encuentren debidamente fundadas y motivadas.



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Estrategia 1.4.

Establecer nuevos mecanismos de inteligencia administrativa para mejorar los procesos de investigación sobre presuntas conductas irregulares, a fin de contar con elementos de prueba contundentes que permitan sancionar a los servidores públicos involucrados en hechos de corrupción.


1.4.1. Capacitar a autoridades investigadoras en temas de inteligencia para la investigación de quejas y denuncias.

1.4.2. Orientar y asesorar a las autoridades investigadoras en la realización de indagaciones en las que se incluyan técnicas de inteligencia para detectar probables faltas administrativas y hechos de corrupción.

1.4.3. Coadyuvar con las autoridades investigadoras de conductas irregulares en la realización de visitas de verificación para la pronta atención de las denuncias ciudadanas que lo ameriten, lo que hará más visible la actuación de las autoridades investigadoras.

1.4.4. Implementar un sistema informático, homologado a escala nacional, para la elaboración de los análisis de evolución patrimonial, a fin de agilizar la minería de datos y compartir información.

1.4.5. Coadyuvar con las autoridades investigadoras de conductas irregulares en la realización de adquisiciones de informática forense, para mejorar los procesos de investigación sobre conductas irregulares y dar vista a la autoridad correspondiente con los dictámenes.



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Estrategia 1.4.

Establecer nuevos mecanismos de inteligencia administrativa para mejorar los procesos de investigación sobre presuntas conductas irregulares, a fin de contar con elementos de prueba contundentes que permitan sancionar a los servidores públicos involucrados en hechos de corrupción.

1.4.6.

Coadyuvar con las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país mediante la emisión de notas de inteligencia para mejorar los procesos de investigación sobre conductas irregulares y dar vista a la autoridad correspondiente.

1.4.7.

Apoyar a las autoridades investigadoras en el análisis de la situación patrimonial de servidores públicos involucrados en probables hechos de corrupción, lo que permitirá contar con elementos suficientes para el inicio de una investigación de evolución patrimonial.

1.4.8. Capacitar a las áreas de quejas de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en la investigación de faltas administrativas.

1.4.9.Asesorar a los Órganos Internos de Control y a las Unidades de Responsabilidades en las actividades de investigación de faltas administrativas.



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Estrategia 1.5.

Sancionar a las personas físicas y morales que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.


1.5.1. Dar prioridad a asuntos cuya conducta sancionable se encuentre próxima a prescribir, considerando los plazos establecidos por las normas aplicables.

1.5.2. Atender los procedimientos administrativos de sanción, según el orden en el que fueron iniciados y notificados, debiendo resolverse de conformidad con los tiempos establecidos por las normas aplicables.

1.5.3. Realizar la captura oportuna y actualización del directorio de licitantes, proveedores y contratistas sancionados.

1.5.4. Realizar la investigación de las denuncias recibidas en un plazo de cuatro meses, salvo causa justificada de que se requiere mayor tiempo.

1.5.5. Establecer mecanismos de detección de presuntas infracciones cometidas en contravención de las leyes de adquisiciones, obra pública o de asociaciones público-privadas aplicables.



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Estrategia 1.5.

Sancionar a las personas físicas y morales que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.

1.5.6. Emitir y difundir criterios para la entrega por parte de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país de la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción a las disposiciones en materia de contrataciones públicas.

1.5.7. Capacitar, respecto de la investigación y trámite de los procedimientos administrativos de sanción, al personal adscrito a las Secretarías de la Contraloría u homólogas que atiende esta materia.

1.5.8. Actualizar oportunamente los registros relativos al seguimiento de expedientes de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.

1.5.9. Diseñar cursos de capacitación para sensibilizar a los licitantes, proveedores y contratistas sobre el marco legal de las contrataciones, que incluya los actos que constituyen infracciones a las leyes de contratación pública, poniendo especial énfasis en la capacitación de las MIPYMES.

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Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder


Estrategia 2.1.

Mejorar el control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

2.1.1. Actualizar la normativa en materia de control interno.

2.1.2. Impulsar que en los órganos colegiados de control y desempeño institucional, o similares, se tomen acuerdos que contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, con enfoque en resultados.

2.1.3. Fortalecer el proceso de administración de los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y la detección de posibles actos de corrupción.

2.1.4. Privilegiar la práctica de auditorías y revisiones que permitan fiscalizar y promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad de la gestión de las dependencias de las administraciones públicas del país.

2.1.5. Promover en las dependencias y entidades el fortalecimiento y concertación de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana para coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las metas, la correcta aplicación de los recursos públicos y la identificación de riesgos.

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Estrategia 2.2.

Focalizar los actos de fiscalización en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.

(Continúa siguiente página)

2.2.1. Instrumentar un programa de visitas de verificación de la implementación y el cumplimiento de los sistemas de control interno para la operación de los programas de las administraciones públicas de todo el país.

2.2.2. Impulsar la práctica de auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a cargo de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

2.2.3. Incorporar en los programas de auditoría y fiscalización acciones para evaluar la gestión gubernamental y sus resultados; inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con los Presupuestos de Egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país para validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables.

2.2.4. Priorizar en las auditorías a la ejecución de obras públicas y la revisión de proyectos de inversión estratégicos.

2.2.5. Incrementar los actos de fiscalización en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que constituyen las áreas de mayor riesgo de corrupción en las administraciones públicas del país.

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Estrategia 2.2.

Focalizar los actos de fiscalización en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.

2.2.6. Focalizar las auditorías financieras y de cumplimiento en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en el uso de los recursos públicos.

2.2.7. Dirigir visitas de inspección a las oficinas de trámites públicos que constituyen áreas sensibles a la victimización por actos de corrupción, así como a sectores que presenten mayores irregularidades en el cumplimiento de la normativa.

2.2.8. Priorizar la práctica de auditorías a fondos y programas federales en los rubros que registran mayor incumplimiento en los convenios suscritos entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales.

2.2.9. Fortalecer los procedimientos de selección, designación y evaluación de los despachos externos, a efecto de mejorar los resultados de la dictaminación de los estados financieros de las entidades de las administraciones públicas del país.

2.2.10. Instrumentar un sistema de información integrado para mejorar el control y seguimiento de los actos de fiscalización que realicen las Secretarías de la Contraloría, u homólogas, y sus Órganos Internos.

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Estrategia 2.3.

Consolidar un modelo de rendición de cuentas en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país en el que la actuación de las personas servidoras públicas, así como los proyectos, políticas, programas y ejercicio de recursos públicos, contribuyan en todo momento al interés público.


2.3.1. Impulsar que los informes de la fiscalización se publiquen y difundan en lenguaje accesible para la población en general con un enfoque ciudadano y de la nueva ética pública como instrumentos de control para que la ciudadanía tenga elementos para exigir mayores resultados a sus gobernantes y, con ello, estimularla para participar en los asuntos públicos.

2.3.2. Promover en los órganos colegiados de control y desempeño institucional y, en su caso, en los Órganos de Gobierno, que los servidores públicos de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país efectúen la rendición de cuentas con un lenguaje ciudadano que permita dar a conocer el actuar del gobierno, el cumplimiento de metas y objetivos, y el ejercicio de los recursos.

2.3.3. Fortalecer la participación de los Delegados y Comisarios Públicos, u homólogos en el país, en los órganos colegiados en los que intervienen, a efecto de que las recomendaciones que se efectúen en materia de rendición de cuentas sean efectivamente aplicadas en las instituciones.

2.3.4. Fortalecer los procesos de rendición de cuentas en las administraciones públicas del país mediante mecanismos de participación ciudadana, a través de la democratización de las tecnologías de la información.

2.3.5. Publicar la información que producen los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, u homólogas del país, sobre denuncias, resoluciones, auditorías, planes de trabajo anual y reportes de desempeño, con la finalidad de que la ciudadanía pueda hacer efectiva y explotable dicha información.

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Estrategia 2.3.

Consolidar un modelo de rendición de cuentas en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país en el que la actuación de las personas servidoras públicas, así como los proyectos, políticas, programas y ejercicio de recursos públicos, contribuyan en todo momento al interés público.

2.3.6. Garantizar el cumplimiento por parte de los servidores públicos de su obligación de presentar sus declaraciones de intereses, patrimoniales y de conflicto de intereses como instrumento clave en la prevención, identificación y sanción de faltas administrativas, promoviendo la interoperabilidad de los sistemas de información señalados en la normativa aplicable, de manera armónica y articulada.

2.3.7. Promover en la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación metodologías para homologar criterios de revisión a los instrumentos de rendición de cuentas de los ejecutores del gasto.

2.3.8. Fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes para mejorar las evaluaciones de la gestión gubernamental y de desempeño, a fin de rendir cuentas a la ciudadanía.

2.3.9. Impulsar metodologías para coordinar revisiones a los sistemas de rendición de cuentas de las dependencias y entidades, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.

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Estrategia 2.4.

Identificar y mitigar, desde una perspectiva de la nueva ética pública, los conflictos de intereses, y promover la sanción ante las instancias correspondientes de aquellas personas servidoras públicas que actúen en este supuesto.

2.4.1. Desarrollar contenidos de capacitación en materia de conflictos de intereses.

2.4.2. Brindar capacitaciones en materia de conflictos de intereses a personas servidoras públicas.

2.4.3. Brindar asesorías y atender consultas en materia de conflictos de intereses a las personas servidoras públicas.

2.4.4. Desarrollar contenidos de sensibilización en materia de conflictos de intereses.

2.4.5. Difundir contenidos para la sensibilización de las personas servidoras públicas en materia de conflictos de intereses.

2.4.6. Iniciar investigaciones por conductas que pudieran constituir actuación bajo conflicto de interés.

2.4.7. Concluir las investigaciones en las que se identifique una probable actuación bajo conflicto de interés.

2.4.8. Admitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa dentro de plazos de 3 días hábiles.

2.4.9. Remitir los expedientes que corresponde resolver a los Tribunales de Justicia Administrativa correspondiente, dentro de plazos de 3 días hábiles.

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Estrategia 2.5.

Establecer los mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina, y que aseguren la generación de ahorros presupuestarios, sin comprometer los objetivos contenidos en los Planes de Desarrollo.

2.5.1. Establecer lineamientos para reorientar los recursos de las administraciones públicas del país, en caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades, sujetándose a las normas de control presupuestario aplicables.

2.5.2. Establecer esquemas para brindar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes.

2.5.3. Emitir normas presupuestarias de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan obtener ahorros presupuestarios.

2.5.4. Contribuir a la instrumentación de una política de gasto en materia de servicios personales acorde al presupuesto autorizado, mediante la emisión de normas, en su caso, y el fortalecimiento de los sistemas institucionales.

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Estrategia 2.6.

Dar seguimiento puntual y revisar constantemente las acciones implementadas para consolidar administraciones públicas austeras y responsables.

2.6.1. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a gasto corriente estructural ejercido.

2.6.2. Promover en las dependencias y entidades la realización de acciones de control interno para que éstas informen los resultados alcanzados mediante la aplicación de las medidas de austeridad en la producción de bienes y prestación de servicios en los órganos de control y desempeño institucional.

2.6.3. Evaluar el desempeño de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país, respecto de las medidas de austeridad aplicadas y su efecto en la eficacia en la prestación de bienes y servicios públicos en beneficio de la sociedad.

2.6.4. Verificar que los contratos de adquisiciones y servicios se realicen conforme a las disposiciones aplicables y con apego a la política de austeridad establecida por el gobierno actual.

2.6.5. Revisar en las auditorías a las contrataciones públicas, que las entidades fiscalizadas hubieran cumplido con el artículo 134 constitucional, en términos de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

2.6.6. Incluir en los programas anuales de auditoría y fiscalización revisiones para constatar el cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país, en términos de la asignación de viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos.

2.6.7. Incorporar mecanismos de control interno para asegurar que las dependencias y entidades hubieran instrumentado medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas.

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Estrategia 2.7.

Incrementar la calidad y eficiencia del gasto público en las administraciones públicas del país con base en los resultados de las acciones de seguimiento, monitoreo, evaluación y fiscalización de los programas presupuestarios.

2.7.1. Promover el uso de la información del desempeño de políticas y programas para fortalecer la adopción del Presupuesto basado en Resultados en la gestión pública.

2.7.2. Fortalecer la oferta de capacitación en materia de seguimiento, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en los servidores públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno.

2.7.3. Aprovechar las TIC para fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas.

2.7.4. Emitir normativa en materia de programación presupuestaria, que coadyuve a la eficacia y eficiencia del gasto.

2.7.5. Avanzar en la integración y comunicación de los sistemas de información relacionados con el proceso presupuestario.

2.7.6. Promover la mejora en la calidad de la información que las dependencias y entidades registran al realizar la actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), con base en criterios que para ese efecto se emitan.

2.7.7. Generar instrumentos que permitan valorar de manera sintética el desempeño y la mejora en la gestión de los programas presupuestarios.

2.7.8. Implementar, mejorar y aplicar sistemas informáticos que lleven un seguimiento actualizado y sistematizado de los resultados y desempeño de los programas presupuestarios.

2.7.9. Difundir en lenguaje accesible e incluyente para la población en general, la información relacionada al gasto público y el desempeño de los programas y políticas.

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Estrategia 2.8.

Fortalecer los mecanismos de identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los programas presupuestarios, y fomentar el uso de estos hallazgos en el diseño, operación y medición de resultados.

2.8.1. Aprovechar las TIC para fomentar la difusión y uso de la información por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para promover un mejor diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

2.8.2. Establecer procesos y mecanismos de coordinación claros y específicos para dictaminar la creación de nuevos programas presupuestarios en las estructuras programática.

2.8.3. Fortalecer y actualizar los mecanismos para el proceso y desarrollo de evaluaciones externas a programas presupuestarios.

2.8.4. Fomentar acciones de coordinación para incrementar sinergias entre las áreas de evaluación de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

2.8.5. Promover la mejora en la calidad de las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios.

2.8.6. Fortalecer el seguimiento de los programas presupuestarios respecto del cumplimiento de metas y objetivos en los órganos de control y desempeño institucional.

2.8.7. Acompañar a las dependencias y entidades mediante visitas de control para la identificación de los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y de posibles actos de corrupción, así como dar seguimiento a la implementación de los mecanismos de control.

2.8.8. Establecer mecanismos de contraloría social y participación ciudadana para que la comunidad se involucre en el combate a la corrupción y a la impunidad, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y honestidad en la gestión pública.

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Estrategia 2.9.

Potenciar la transformación de las administraciones públicas del país mediante el uso y aprovechamiento de las TIC, en beneficio directo de la población.

2.9.1. Promover la creación de una plataforma digital para la gestión de trámites y servicios de personas físicas y morales con actividad empresarial.

2.9.2. Elevar el nivel de digitalización de trámites y servicios, así como la digitalización de procesos que permita proveer al ciudadano más y mejores servicios y con mayor calidad y oportunidad.

2.9.3. Promover la interacción de las tecnologías entre la población y las administraciones públicas del país para mejorar la comunicación entre sociedad y gobierno.

2.9.4. Generar dentro de la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, un módulo de acceso a la ciudadanía a la información de las contrataciones públicas, de acuerdo a los estándares internacionales de datos abiertos y sistemas informáticos.

2.9.5. Difundir la Plataforma Nacional del Buen Gobierno (Trámites en Datos Abiertos) y promover su uso mediante el desarrollo de perfiles socio-demográficos y de usuario para organizar los contenidos temáticos.

2.9.6. Incentivar mediante el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP la participación ciudadana y de los gobiernos locales en materia de contraloría social de obras públicas, financiadas con recursos federales y ejecutadas a través de ejecutores locales.

2.9.7. Proveer a la ciudadanía de una plataforma informática para el seguimiento del ejercicio de los recursos y su promoción para el uso de la información en formato abierto para el análisis de las políticas públicas.

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Estrategia 2.10.

Agilizar las funciones de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país, así como su coordinación y vinculación, mediante el uso de TIC.


2.10.1. Promover en las dependencias y entidades el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno.

2.10.2. Promover la actualización, simplificación y mejora del marco jurídico en materia de las TIC.

2.10.3. Impulsar y fomentar la interacción de los sistemas informáticos de las administraciones públicas del país de manera transversal.

2.10.4. Efectuar desarrollos y/o adecuaciones para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo uso de correo electrónico y firma electrónica avanzada, para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.

2.10.5. Robustecer la seguridad de los sistemas implementando esquemas de gestión y validación de las operaciones en los mismos a fin de que a través de la segregación de funciones se transparente y evite actos de corrupción en el manejo de los recursos financieros.

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Estrategia 2.10.

Agilizar las funciones de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país, así como su coordinación y vinculación, mediante el uso de TIC.

2.10.6. Desarrollar un plan de transición para la implementación de nuevas soluciones tecnológicas basadas en software libre que permitirán una mejor operación de los sistemas vigilando la calidad de los datos, su escalabilidad y logrando economías de escala.

2.10.7. Implementar, difundir y promover el uso de la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que incluya formatos estandarizados para llevar a cabo los procesos de contratación de bienes, servicios y obra pública, que permitan reducir los costos y tiempos administrativos en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

2.10.8. Establecer y desarrollar una plataforma nacional de buen gobierno con datos abiertos sobre salud, género, cultura, gobernanza urbana y medio ambiente, entre otros, como insumos informativos que retroalimenten la buena gobernanza.

2.10.9. Generar información y soporte logístico que sustente la plataforma nacional para dar seguimiento a la gestión de trámites y requerimientos.

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Estrategia 2.11.

Capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas para orientar sus conductas y la toma de decisiones en el desempeño de sus labores, a fin de reivindicar el verdadero significado del ejercicio de la función pública.

2.11.1. Desarrollar contenidos de capacitación en materia de ética e integridad pública.

2.11.2. Brindar capacitación enfocada a la aplicación práctica de los principios y valores éticos del servicio público.

2.11.3. Fortalecer la cobertura de los comités de ética como principales promotores del comportamiento ético y la integridad en el servicio público.

2.11.4. Desarrollar contenidos de sensibilización en materia de ética e integridad pública.

2.11.5. Difundir contenidos para la sensibilización de las personas servidoras públicas en las materias de ética e integridad pública.

2.11.6. Brindar asesorías en materia de ética e integridad pública a las personas servidoras públicas.

Estrategia 2.12.

Diseñar e implementar una política pública de promoción de la profesionalización de los recursos humanos mediante la objetividad de sus procesos para la captación, distribución, retención y desarrollo del talento en el servicio público; y el fortalecimiento de las capacidades y habilidades integrales de las personas servidoras públicas, a fin de elevar las capacidades institucionales contribuyendo al cumplimiento eficiente de los objetivos de gobierno.

2.12.1. Profesionalizar a las personas servidoras públicas con base en el mérito, la perspectiva de género y políticas de fomento a la diversidad e inclusión mediante la transformación del Servicio Profesional de Carrera.

2.12.2. Promover el intercambio de conocimiento técnico entre las instituciones de la las administraciones públicas del país.

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Estrategia 2.13.

Promover la mejora y simplificación de los procesos institucionales, y el marco normativo que los regula, con acciones que apoyen el uso adecuado de recursos, el cumplimiento de los objetivos y la eliminación de márgenes de discrecionalidad.


2.13.1. Promover en las dependencias y entidades del país la simplificación de procesos internos a fin de que se eliminen aquellos que no estén relacionados con las actividades sustantivas, contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas.

2.13.2. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de los Programas de Mejora Regulatoria, conforme a las atribuciones de los Órganos Internos de Control u homólogos, en el marco de la Ley General de Mejora Regulatoria.

2.13.3. Emitir informes de validación del cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria, que realicen las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

2.13.4. Mantener comunicación continua con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para promover el cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria, dentro del ámbito de competencia de los Órganos Internos de Control, u homólogos, y la SFP, u homólogas en las entidades federativas.

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Estrategia 2.13.

Promover la mejora y simplificación de los procesos institucionales, y el marco normativo que los regula, con acciones que apoyen el uso adecuado de recursos, el cumplimiento de los objetivos y la eliminación de márgenes de discrecionalidad.

2.13.5. Coordinar a las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país para conformar un inventario actualizado de normas internas y procesos a efecto de facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de forma eficiente, eficaz y oportuna.

2.13.6. Identificar e instrumentar disposiciones normativas que tengan como resultado la simplificación de procesos.

2.13.7. Dar seguimiento a las acciones de simplificación de los procesos y su normativa interna que permitan facilitar a la ciudadanía la gestión y el acceso a los trámites y servicios.

2.13.8. Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para proveer servicios y bienes públicos directos a la ciudadanía, eliminar gestiones, trámites y servicios innecesarios y áreas propicias para la corrupción.

2.13.9. Promover con las dependencias y entidades la simplificación de los trámites y servicios más burocráticos para la ciudadanía, mediante el fortalecimiento y concertación de los mecanismos de vigilancia ciudadana y los espacios de participación ciudadana.

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Estrategia 2.14.

Modernizar la estructura de las administraciones públicas para contribuir a que los gobierno del país cuenten con organizaciones adecuadas para el logro de resultados institucionales, bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.

2.14.1.

Actualizar y registrar las estructuras organizacionales, contratos de honorarios y puestos eventuales de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.

2.14.2.

Valorar y aprobar las necesidades organizacionales cuantitativas que presenten las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país para el logro de sus objetivos y resultados institucionales, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

2.14.3.Analizar el impacto de las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales.

2.14.4.

Clasificar a las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales, en términos de las leyes orgánicas de las administraciones públicas del país u homólogas.

2.14.5.

Mantener actualizados los manuales de organización conforme a la estructura orgánica aprobada y registrada por las Secretarías de la Contraloría, u homólogas.

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Estrategia 2.15.

Actualizar la definición de funciones conforme a las necesidades derivadas de la operación, eliminar duplicidad en áreas y evitar desviaciones en el desempeño de las funciones de los servidores públicos, con la mayor eficacia y eficiencia.

2.15.1. Fortalecer la participación de los Delegados y Comisarios Públicos, u homólogos, en los órganos colegiados en los que intervienen, a efecto de que las recomendaciones que se realicen sean aplicadas de manera eficiente.

2.15.2. Llevar a cabo un estricto seguimiento y vigilancia de la implementación por parte de las instituciones de que se trate, de las medidas de austeridad existentes.

2.15.3. Coordinar a las dependencias y entidades en cuanto a la delimitación de los alcances de las actividades establecidas en cada función y la participación de cada funcionario público en las áreas institucionales, observando los mandatos de las las leyes orgánicas de las administraciones públicas, u homólogas, y demás disposiciones aplicables.

2.15.4. Promover en las dependencias y entidades la identificación y eliminación de funciones duplicadas entre varias personas o áreas y delimitar claramente su responsabilidad.

2.15.5. Fortalecer la fiscalización que efectúan las Secretarías de Contraloría y los Órganos Internos de Control, u homólogos, para constatar el cumplimiento sin desviaciones de las disposiciones en materia de las funciones del servicio público.

2.15.6. Revisar y actualizar los instrumentos jurídicos para incrementar la eficiencia de las funciones del servicio público.

2.15.7. Coordinar el establecimiento de acciones de control interno para que las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país informen los resultados alcanzados sobre el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de funciones del servicio público.

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Estrategia 2.16.

Consolidar el marco normativo inmobiliario dirigido a lograr el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario gubernamental, mediante una política armonizada que garantice atender los requerimientos de las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

2.16.1. Actualizar la Ley General de Bienes Nacionales.

2.16.2. Revisar y actualizar los instrumentos normativos de carácter inmobiliario y valuatorio.

2.16.3. Difundir la normatividad aplicable en materia inmobiliaria.

2.16.4. Capacitar y actualizar a los responsables inmobiliarios de las administraciones públicas del país en materia inmobiliaria.

2.16.5. Elaborar los mecanismos normativos a los que se sujetará la administración de los bienes muebles al servicio de las administraciones públicas del país.

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Estrategia 2.17.

Impulsar las acciones de control, mejor uso y aprovechamiento, así como la valuación de los bienes muebles e inmuebles dirigidos al desarrollo de las actividades del gobierno mexicano.

2.17.1. Corresponsabilizar a los Responsables Inmobiliarios en la actualización constante de la situación física, jurídica y administrativa de sus inmuebles, mediante la vigilancia y difusión de las normas aplicables.

2.17.2. Fortalecer la supervisión de la Administración de los bienes muebles e inmuebles de los gobiernos del país mediante el Control Interno, la fiscalización y acciones de mejora de la gestión.

2.17.3. Verificar y medir el uso y aprovechamiento de los inmuebles gubernamentales, para la consecución de los objetivos de los programas prioritarios.

2.17.4. Garantizar el desarrollo eficiente, responsable y transparente de los servicios valuatorios que requieran los gobiernos del país.

2.17.5. Analizar la necesidad de conservar los contratos de arrendamiento u optimizar el gasto a través de la utilización de bienes propios de los gobiernos del país.

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Estrategia 2.18.

Facilitar a las administraciones públicas del país de infraestructura, bienes muebles e inmuebles, adecuados y sustentables para el aprovechamiento y beneficio del Estado.

2.18.1. Regularizar el uso de los inmuebles de las administraciones públicas del país.

2.18.2. Desincorporar y aportar inmuebles al patrimonio inmobiliario federal, estatal, municipal y paraestatal.

2.18.3. Otorgar el mejor uso alterno de los inmuebles federales, estatales y municipales.

2.18.4. Promover y difundir mecanismos para dar en uso, inmuebles federales, estatales y municipales disponibles a fin de garantizar su óptimo aprovechamiento.

2.18.5. Promover el uso de inmuebles federales, estatales y municipales en los proyectos prioritarios mediante su difusión y correcta administración.

2.18.6. Actualizar el marco normativo en materia de disposición de inmuebles.

2.18.7. Preservar las áreas comunes de los inmuebles federales, estatales y municipales compartidos en beneficio de sus usuarios.

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad


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Estrategia3.1.

Consolidar las adquisiciones, arrendamientos y/o contratación de servicios de uso generalizado que, por su recurrencia, vigencia, volumen o nivel de gasto, son sujetos de dicho proceso; a fin de generar economías de escala, eficiencia administrativa y mejores condiciones de precio y calidad, promoviendo la eliminación de conductas irregulares de los servidores públicos que participan en este proceso.

3.1.1. Impulsar la reforma del marco normativo de contrataciones públicas para incluir esquemas y estrategias de consolidación.

3.1.2. Fortalecer el proceso de planeación de contrataciones públicas que permita identificar adquisiciones, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, dadas sus condiciones, son sujetos de procesos de contratación consolidada.

3.1.3. Dirigir e implementar procesos de consolidación de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

3.1.4. Diseñar e implementar nuevas estrategias de contratación enfocadas en economías de escala.

3.1.5. Incorporar el tema de compras consolidadas en las instancias de control y desempeño institucional de las dependencias de las administraciones públicas del país, a fin de dar seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa en la materia.

3.1.6. Diseñar e implementar mecanismos y herramientas digitales que permitan a la ciudadanía dar un seguimiento puntual de las fases del proceso de contratación pública realizadas por las dependencias y entidades, en particular las contrataciones consolidadas.

3.1.7. Facilitar la denuncia y el alertamiento ciudadano de los procesos de compras.

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad


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Estrategia 3.2.

Dar destino a bienes y empresas improductivas, en el menor tiempo y con la mayor recuperación posible, contribuyendo a los esfuerzos de austeridad y fortalecimiento del Estado de derecho con las mejores condiciones de atención y servicio a transferentes y compradores.

3.2.1. Asesorar a entidades transferentes a fin de agilizar el análisis de la documentación para la recepción de los bienes y darles pronto destino.

4.2.2. Mejorar las normas internas de las instancias de administración de bienes, en particular en los procesos de valuación de bienes muebles, inmuebles y activos financieros, con la finalidad de establecer mecanismos de supervisión en los mismos.

3.2.3. Incrementar la certeza en la justipreciación de bienes, y disminuir el tiempo y costo de los servicios de avalúo.

3.2.4. Emitir de manera oportuna, eficiente y responsable dictámenes valuatorios.

3.2.5. Operar de manera comercial, continua, integral, transparente y eficaz, para obtener los mayores recursos posible por la enajenación de bienes.

3.2.6. Establecer estrategias para la enajenación de bienes improductivos u obsoletos, innecesarios o que no son útiles, para destinarlos al servicio público.

3.2.7. Mejorar la solución tecnológica para comercialización de bienes.

3.2.8. Elaborar un padrón de bienes con potencial de transferencia, en el que se identifique ubicación, superficie, y la documentación fehaciente que permita su disposición.

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado


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Estrategia 4.1.

Generar condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios participativos que contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate a la corrupción.


4.1.1. Incorporar tareas de vigilancia e incidencia ciudadana, mediante la difusión de información, insumos y herramientas tecnológicas que abran o mejoren los espacios participativos en las administraciones públicas del país.

4.1.2. Prevenir la corrupción entre actores o agentes sociales, culturales y económicos mediante la promoción de mecanismos de autorregulación, programas de integridad y la participación ciudadana.

4.1.3. Desarrollar e implementar estrategias de sensibilización y capacitación para organizaciones sociales y civiles, y servidores públicos que potencien la vigilancia ciudadana diferenciada.

4.1.4. Promover en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país la apertura de espacios accesibles a diversos actores y agentes vulnerables que fortalezca el combate a la corrupción.

4.1.5. Promover en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país la participación ciudadana en el combate a la corrupción, mediante el despliegue de aulas virtuales, herramientas de vigilancia ciudadana y espacios de articulación entre actores públicos, privados y sociales.



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Estrategia 4.1.

Generar que condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios participativos que contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate a la corrupción.

4.1.6. Generar informes periódicos y accesibles sobre la rendición de cuentas de los ejecutores de gasto y la participación ciudadana en su vigilancia.

4.1.7. Construir un esquema de coordinación y sensibilización en las Secretarías de la Contraloría u homólogas para atender espacios de cogestión con organizaciones sociales y civiles, desde un enfoque de gobierno abierto.

4.1.8. Integrar un sistema homologado de plataformas digitales temáticas para el registro y articulación de las actividades de vigilancia ciudadana en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

4.1.9. Atender las denuncias ciudadanas en todas las administraciones públicas del país, para solventar la probable comisiones de faltas administrativas en tiempo y forma.



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Estrategia4.2.

Fomentar en las entidades y dependencias de las administraciones públicas del país la adopción de prácticas y dinámicas orientadas a promover una cultura de la apertura gubernamental, a través de medidas de transparencia y participación de las personas en las actividades y decisiones gubernamentales, así como de mecanismos de innovación social y tecnológica , desde un enfoque ciudadano.


4.2.1. Promover acciones encaminadas a garantizar una adecuada atención de las solicitudes de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

4.2.2. Fomentar el desarrollo de políticas y prácticas de transparencia proactiva, con el fin de publicar información útil para las personas, y que contribuya a garantizar el derecho de acceso a la información pública.

4.2.3. Impulsar que la información pública se genere, publique y difunda de conformidad con los principios de datos abiertos, garantizando su calidad y utilidad pública; mejorando para ello los sistemas de información, sitios en internet, buscadores y repositorios de datos.

4.2.4. Fomentar la adopción de estándares internacionales de transparencia y publicación de datos abiertos en distintas materias, e impulsar su adopción en el sector privado.

4.2.5. Generar estrategias de difusión, uso y aprovechamiento de la información pública en colaboración con la sociedad civil, academia y sector privado.



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Estrategia4.2.

Fomentar en las entidades y dependencias de las administraciones públicas del país la adopción de prácticas y dinámicas orientadas a promover una cultura de la apertura gubernamental, a través de medidas de transparencia y participación de las personas en las actividades y decisiones gubernamentales, así como de mecanismos de innovación social y tecnológica , desde un enfoque ciudadano.

4.2.6. Impulsar el involucramiento y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas en materia de fiscalización y combate a la corrupción.

4.2.7. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas de los mecanismos de participación ciudadana existentes en las dependencias y entidades de las administraciones públicas del país.

4.2.8. Consolidar la colaboración con la sociedad civil, en el marco de procesos nacionales y locales de gobierno abierto, con el fin de impulsar compromisos estratégicos de apertura que contribuyan al bienestar de la población.

4.2.9. Capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas con el fin de avanzar hacia una cultura gubernamental que garantice el principio de máxima publicidad, y promueva esquemas de participación ciudadana y gobierno abierto.

anexo 4 - sesna.gob.mx€¦ · anexo 4 catálogo de estrategias susceptibles de ser incorporadas en...

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