Fecha de envío: 26 de noviembre de 2015                                                    N° 29/2015  

Estimados socios: Compartimos con ustedes el informe de acciones realizadas en ANEP ante la entrada en vigencia de Ley de Lavado de Dinero (vigente a partir de enero de 2016), y la cual exige la contratación de Oficial de Cumplimiento en cada empresa o asociación: 

      Informe sobre la Ley de Lavado de Dinero 1. La Ley de Lavado de Dinero y Activos surge en 1999, para dar

cumplimiento a nuevas obligaciones internacionales y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, Organismo inter gubernamental.

2. El GAFI en diferentes recomendaciones establece la necesidad que los países incorporen en sus leyes diferentes sujetos como las organizaciones no gubernamentales, personas políticamente expuesta y partidos políticos.

3. Derivado de ello, la Asamblea Legislativa decide incorporar en la  Ley de Lavado de Dinero y de Activos a toda institución perteneciente al sector privado, sin hacer distinción  de la regulación que les aplicara en dicha ley.

4. Una de las obligaciones a cumplir por cada sujeto obligado, es presentar ante la UIF una serie de documentos que  serán revisados, analizados y validados por dicha Unidad; entregando la UIF una Carta, la cual se denominará «Acreditación».

5. Dicha carta Acreditación será exigida por las Instituciones Financieras como parte del Procedimiento en apertura de Cuentas o cualquier tipo de productos o continuidad de los mismos con otras Instituciones sometidas al Control de la Ley de Lavado de Dinero y de Activos, a partir del 01/01/2016.

6. Uno de los problemas que se presentan por parte del sector privado es el nombramiento del Oficial de Cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, cuyo requisito está dentro de la Certificación mencionada.

7. Derivado de ello, se han tenido 4 reuniones con personal de FGR, de las cuales ha surgido una capacitación general y diversas capacitaciones específicas a gremiales.

8. En la última reunión que sostenida con el equipo técnico de la

FGR se definió la necesidad de analizar a la luz de la Ley, si era aplicable el oficial de cumplimiento a todas aquellas instituciones que no fueran financieras, para lo cual se ha dado un plazo para tener el estudio de esa obligación

9. Finalmente se ha solicitado prorrogar al instructivo, a fin que las empresas estén preparadas para la aplicación de las obligaciones derivadas de la Ley y el Instructivo, prorroga que se está a la espera que se confirme por parte de la FGR.