Análisis y prospectiva política

contextos políticas públicas debate y diálogos

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Presentación

ContenidoContextos: Mutación democrática, otra ciudadanía, otras representaciones Isidoro Cheresky [pag. 4] Las relaciones oposición-oficialismo durante el gobierno de Evo Morales Fernando Molina [pag. 19] Gobierno y oposición en la expe-riencia chilena Manuel Antonio Garretón [pag. 27] La relación gobierno-oposición en Venezuela Margarita López Maya [pag. 39] La difícil reinvención de la oposición en el gobierno de Evo Morales (2005-2012) María Teresa Zegada [pag. 49] Análisis de políticas públicas: El vivir bien en Bolivia: una aproximación a partir del bienestar subjetivo y el desarrollo humano Milenka Figueroa Cárdenas [pag. 63] Deliberación pública en torno a una Ley de organizaciones políticas en Bolivia Gustavo Bonifaz Moreno [pag. 69] Pluriversos: Dilemas de la democracia interna de los partidos políticos en Chile Javiera Arce Riffo [pag. 86] Jóvenes y política en el contexto de una nueva regulación de organizaciones políticas Jimena Avejera [pag. 103] Hacia una Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia aportes desde una perspectiva de gé-nero Marlene Choque Aldana [pag. 116] Democracia intercultural y Organizaciones Políticas Fernando Mayorga [pag. 129] Conversaciones: Entrevista a Epsy Campbell Barr [pag. 139] Miscelánea de Fortalecimiento Democrático [pags. 144 - 149] Bibliofilia política [pag. 150]

and miosa Boletín de análisis y prospectiva política del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas de Bolivia del PNUD-Bolivia, con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Carlos A. Camargo Ch. Coordinador

EQUIPO EDITORIALCarlos Camargo, Gabriela Canedo, Alberto García O., Fernando García Y., Christian Jette, Armando Ortuño, Juan Carlos Pinto, Eliana Qui-roz, Gustavo Pedraza, Yerko Rodriguez, Guido Riveros F. (†).

RESPONSABLES DEL BOLETÍN Fernando L. García Yapur, Alberto García Orellana.

EQUIPO ADMINISTRATIVO Erika Oropeza, Carolina Ovale, Patricia Vicente.

COLABORADORES Cristina Loma, Miguel Foronda, Wilfredo Jordán, Elizabeth Huanca, Raúl Maydana.

DISEÑO Y EDICIÓN Mauro Gámez Alcázar (mausplace@yahoo.com)

DIAGRAMACIÓNNubia Alvarez Poppe

ARTISTAS INVITADOS:Jorge DávalosFernando Montes

IMPRESIÓNVirgo impresiones gráficas

DEPÓSITO LEGAL4-2-1577-11

Las opiniones expre-sadas en el Boletín de análisis y prospectiva política, Andamios, son de exclusiva responsa-bilidad de los autores e invitados y no respon-den necesariamente a la línea de pensamiento del Proyecto de Forta-lecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

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Proyecto de Fortalecimiento Democrático

PortadaObra: bcbcbcbb, Ecbcbbvbb

La perversa luz del invierno, Edgar Arandia, óleo s/tela, 1998.

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con-textos

Isidoro Cheresky

otra ciudadanía, otras representaciones

El interrogante sobre la demo-cracia de nuestro tiempo se extiende en paralelo a la ex-periencia de los contemporá-neos: los principios de igual-

dad y libertad se difunden por doquier e incluso la fraternidad (o solidaridad), sin que por ello pueda asegurarse su predo-minio. Pero, cada vez más sociedades ajenas a esa tradición son involucradas y cada vez más el tejido convencional de nuestras sociedades es alcanzado por esos principios. Podemos reconocer la continuidad de la democracia en la pre-servación de sus principios característi-cos, pero estos están en curso de adoptar un giro. La vida ciudadana esta signada por la fluidez en las pertenencias. Ello tiene un registro sociológico pues los bie-nes que se producen desde los alimentos y las vestimentas, los vínculos sociales y comunicacionales, hasta las tecnologías de la comunicación mediática y política, no son los mismos y no los son tampoco los modos de producir. Pero esa fluidez, el individualismo extendido y sustenta-do en una consciencia de derechos, la emergencia, reemergencia y reconfigura-ción de grupos particulares que reclaman por la exclusión, las carencias o por el respeto de sus particularidades cultura-les, generan una sociabilidad cambiante y conflictiva1. En consecuencia, las insti-tuciones heredadas se debilitan o fene-cen y las Constituciones son revisadas o completamente rehechas en vistas a re-flejar la nueva forma de sociedad.

Hacemos hincapié en la reconfiguración de la forma de sociedad —la democra-cia mutando a un nuevo momento—, cuyo signo inmediato es precisamente la fluidez en la formas: el continuo pro-ceso de institución y desinstitución sus-tentado en primer lugar en la expansión del principio igualitario que subvierte la dimensión aristocrática del régimen polí-

tico. En otras palabras el régimen mixto —igualdad democrática/privilegios de eli-tes— vería alterado su equilibrio; no que su doble signo fuese a desaparecer, pero está ahora sujeto a una tensión que aca-rrea una reformulación permanente como resultado de la expansión igualitaria.

Pueden indicarse algunos hitos en las ambivalencias de la expansión del princi-pio igualitario y en la reflexión sobre ellas, que pueden dar luz a la comprensión de los cambios actuales.

En el momento de las fundaciones demo-cráticas, A. De Tocqueville percibía una propensión inherente al principio demo-crático: que la igualdad de condiciones llevase a una suerte de ensimismamiento de los individuos en lo privado y lo particu-lar que acarrease el abandono de la vida pública y posibilitara “un nuevo despotis-mo”, en otras palabras, que se instalara un régimen político con igualdad formal y libertad individual para proseguir los pla-nes de vida, y a la vez la consagración de una sociedad post-política gobernada por un amo protector (TOCQUEVILLE, 1981). La “igualación de condiciones” significa que las diferencias sociales ya no son percibidas como naturales y que los lugares de los individuos no están asignados definitivamente por la cuna. Es decir, la legitimidad —y en consecuencia el dominio— fundada en la estirpe, en la sangre o en la pertenencia familiar, se ha desacreditado por la emergencia de una nueva representación del mundo. Afirma Tocqueville: “No se ha visto de ningún modo sociedades en que las condiciones fuesen tan iguales, que no se encontrase en ellas ni ricos ni pobres; y, en conse-cuencia, amos y servidores. La demo-cracia no impide que estas dos clases de hombres existan; pero ella cambia su espíritu y modifica sus relaciones.”2

Pero, la igualdad es un referente simbó-lico, poderoso ordenador de las relacio-nes sociales, lo que se traduce en una formulación de pertinente actualidad. “En vano la riqueza y la pobreza, el comando y la obediencia, ponen accidentalmente grandes distancias entre dos hombres, la opinión pública, que se funda en el orden corriente de las cosas, los aproxima del nivel común y crea entre ellos una suerte de igualdad imaginaria, a despecho de la desigualdad real de sus condiciones” (TOCQUEVILLE, 1981). Este vínculo imaginario es el sustento de la revolución social-democrática cuya marcha consi-dera Tocqueville como irresistible. Pero, detecta en el principio que la anima una ambivalencia, por una parte el impulso a la independencia y a la indocilidad que, aunque puede derivar en anarquía, es lo que inclina a la independencia política; por otra parte, el riesgo de la caída en la servidumbre, es decir en una igualdad de condiciones recluida en las aspiracio-nes privadas al bienestar que conlleve el abandono de los asuntos públicos, y en consecuencia, acarree el sometimiento a un amo protector3.

Expresa así el temor liberal a la expan-sión del poder del Estado en detrimento de la libertad de los individuos, pero tam-bién debe verse en su prosa una premo-nitoria sensibilidad a un aparato de Es-tado, y a corporaciones, agregaríamos, en una perspectiva contemporánea, que concentren decisiones con el telón de fondo de una ciudadanía desinteresada de sus acciones.

Más de un siglo y medio después, una pensadora contemporánea, Dominique Schnapper, ha formulado un diagnóstico sobre la sociedad actual a la que califica de “democracia providencial”, retomando el argumento según el cual la pasión por la igualdad puede acarrear el ensimis-

Mutación democrática*

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mamiento de los individuos. Para esta pensadora la decadencia del espíritu republicano, en otros términos, del senti-do de pertenencia a una comunidad po-lítica, está ilustrado por la propensión a la autorepresentación. El individualismo democrático, traducido en la multiplica-ción de derechos y en la consiguiente multiplicación de los particularismos (mini colectividades), iría en detrimento de la representación política y del reco-nocimiento de la autoridad: “del mismo modo (…) el individualismo debilita las instituciones nacionales por las cuales estaba tradicionalmente asegurada la in-tegración de la sociedad x. La crisis de legitimidad no concierne solamente a las instituciones políticas, sino a todas las instancias sociales. Se trate de la Escue-la, de la Iglesia, de los Sindicatos o de los grandes servicios de la nación, ninguna institución ejerce una autoridad que se imponga por sí misma”, y concluye: “La autoridad no es nunca definitiva, siem-pre debe conquistarse.” (SCHNAPPER, 2000).4 En este sentido, Schnapper ad-vierte también una consecuencia social acerca del debilitamiento institucional: “Las instituciones fuertes protegen a los más débiles.” (SCHNAPPER, 2000).

En la vida política el debilitamiento carac-terístico es la declinación de la trascen-dencia republicana. En esas condiciones, la representación política solo podría aspirar “a devenir el medio de expresión de las necesidades e identidades de los individuos y no a elaborar la voluntad general.” (SCHNAPPER, 2002).5 Pero, en verdad, esta representación está des-acreditada incluso para expresar las de-mandas, pues su pretensión por acreditar méritos y virtudes que le serían propias, en las condiciones contemporáneas, ca-rece de credibilidad. En consecuencia, “El homo democraticus tiende a pensar que no puede ser representado sino es por sí mismo”. La fluctuación del voto, la declinación de la identificación con los partidos, son “un síntoma de la voluntad del individuo democrático de expresar su elección personal, de juzgar a las perso-nas y de rechazar la ‘oferta política’ que se le propone (…) No sigue necesaria-mente las consignas de voto del partido del que se siente más próximo.” (SCH-NAPPER, 2002).6

De modo que la mutación contemporá-nea de la democracia podría ser consi-derada como un retorno a los orígenes y como el fin de un paréntesis. Especial-mente si se adopta la perspectiva del “Li-beralismo atomista” de Benjamin Cons-tant, quien, en las primeras décadas del

siglo XIX, sostenía que lo propio de los modernos —a diferencia de los griegos de la antigüedad— era el goce de la li-bertad individual, siendo el gobierno una suerte de tarea de gestión delegada, a fin de permitir el disfrute pleno de esa li-bertad privada.

Pero, pese a esos pronósticos, durante largo tiempo la política no fue desplaza-da por la administración. En Occidente, la conflictividad social alimentó el surgi-miento de las socialdemocracias y luego de los partidos comunistas, de forma tal que las escenas políticas estuvieron sig-nadas por la conflictividad, e incluso por la mutación totalitaria o su amenaza con el advenimiento del nacional socialismo, el fascismo y el estalinismo. A fines del siglo XX, con la caída de muro de Berlín y la desagregación de los regímenes he-redados del estalinismo, la democracia se convirtió en la forma política por exce-lencia, a la vez que se abría un interro-gante sobre su futuro. Es ahora que los pronósticos de Benjamin Constant sobre la “libertad de los modernos” han reco-brado actualidad.

Puede sin duda reconocerse la reemer-gencia amplificada del componente in-dividualista percibido por los clásicos (Alexis de Tocqueville, Benjamin Cons-tant), pero el conjunto de la escena di-fiere de la del pasado decimonónico: concentración de poder en el ejecuti-vo, pero, generalmente, poco durable e inestable; como contraparte, ciudadanos generalmente poco identificados con las fuerzas organizadas de la política y, salvo minorías, poco participativos, pero frecuentemente informados que irrum-pen regularmente con sus demandas y sus vetos en la escena pública con ca-pacidad de desestabilización. Ahora se eligen gobernantes sobre la base de una diferenciación sustentada en la imagen de los líderes, ella cuenta más que las promesas o programas característicos de los partidos predominantes en la fase precedente (MANIN, 1995; ROSANVA-LLON, 2006).7 El voto, con frecuencia, tiene un carácter retrospectivo, es decir, se aprueba o se rechaza al ejecutivo sa-liente, o aún cuando en la escena no se presenta el candidato de la continuidad, igualmente la preferencia, al menos en parte, se orienta más por el rechazo que

por la promesa. Los gobernantes, no atados por prome-sas electorales precisas y sin las res-tricciones de la otrora fuerte vigilancia partidaria que pesaba como opinión de los pares y como bloque parlamenta-rio partido-dependiente, gozan de una nueva libertad reforzada por la incerte-za de un contexto nacional e internacio-nal cambiante. Esos gobernantes con nuevas capacidades son más libres de decidir pero también más frágiles, pues deben renovar cada vez la legitimidad de sus actos. Los ciudadanos se pronun-cian electoralmente, pero permanecen alertas ante las principales decisiones, puesto que votan liderazgos en una es-cena electoral y reconocen la legalidad de los gobernantes, pero preservan la distancia con el poder y cada uno de sus actos. Ciudadanía que no delega com-pletamente la soberanía en la medida en que permanece alerta, alimenta su actividad en referencia a otras represen-taciones no surgidas del acto electoral8, incluidas las que genera en ocasion de su movilización en el veto o el estallido, cuando se autorepresenta o se provee de delegaciones/representaciones efí-meras.

La distancia y el descontento ciudada-no, y el que las elecciones consagren un vínculo de representación acotado, resulta de las particulares condiciones que advienen con el nuevo siglo: debi-litamiento de las identidades ideológicas y sociológicas en el interior de las cuales las diferencias entre quienes gozaban de privilegios y quienes no se hallaban desdibujadas, puesto que el clivaje do-minante se derivaba de la “contradicción principal”.9

La mutación democrática10 va entonces en dirección de una democracia conti-nua.11 El acto electoral persiste como de-cisivo para la consagración de gobernan-tes legítimos, pero se opaca en vista a la emergencia o fortalecimiento de otras representaciones y legitimidades que ali-mentan una vida política ininterrumpida en que los ciudadanos evalúan, perma-nentemente, a los gobernantes y vetan a aquellas decisiones no argumentadas convincentemente o no satisfactorias. Mutación hacia una democracia de ciu-dadanos autónomos que desafían a líde-

Esos gobernantes con nuevas capacidades son más libres de decidir pero también más frágiles, pues deben renovar cada vez la legitimidad de sus actos.

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res. Estos procuran establecer lazos ins-tituyentes en vistas a la conformación de coaliciones forzosamente heterogéneas, pues aglutinan los retazos de las formas organizacionales precedentes.

En América Latina, la mayoría de los paí-ses no conocieron regímenes políticos que se acordaran durablemente con el dispositivo institucional de la democracia representativa,12 salvo excepciones, per-sistieron democracias limitadas e inesta-bles con el antecedente de las dictaduras militares expandidas en casi toda la re-gión desde los años 60.

A inicios de la década de los 80, una cascada democrática se extendió por la región e inició una nueva época que se prolonga hasta el presente. Algunos la calificaron como parte de la “tercera ola”, en sintonía con la extensión de una prédica de derechos humanos y políticos cuyos primeros efectos se hicieron sentir en la democratización de Europa del sur (Grecia, España y Portugal).

Las nuevas democracias o, en algunos casos, las democracias restauradas, con el paso del tiempo no satisficieron las ex-pectativas dominantes en ese entonces. Se creía que se progresaría hacia el mo-delo, “idealizado”, provisto por las demo-cracias del norte justo en el momento en que éstas –como lo ilustran los análisis conceptuales precedentemente mencio-nados– ingresaban en crisis o en meta-

morfosis; se esperaba la consolidación de democracias procedimentales que dejaran atrás las formas de movilización y legitimación políticas calificadas de po-pulistas, paralelas a una débil institucio-nalidad.

Sin embargo, un sustento decisivo de la democracia fue alcanzado en detrimento de los poderes corporativos y en particu-lar del militar: el acceso al poder tendría como único resorte el voto. Aquello que las constituciones establecían pero que en poco correspondía a las prácticas, adquirió vigencia con el giro democrático de los años 80, por lo que se generalizó el calificativo de democracias electorales para los regímenes políticos imperantes.Pero el rumbo de la democracia transi-taba senderos imprevistos que parecían anticipar su decadencia, e incluso su fin. A inicios de los años 90, O’Donnell acuñó el término “democracia delegativa” para referirse a esos regímenes latinoameri-canos que eran democracias porque se llevaban a cabo elecciones regulares y competitivas y se preservaban, en gra-do variable, las libertades públicas. De este modo eran compatibles con una definición minimalista de la democracia. Sin embargo, el ejecutivo que surgía de esas elecciones ejercía una voluntad política basado en el principio de que el voto popular lo habilitaba a detentar una soberanía absoluta y excluyente, desco-nociendo o subestimando otras instan-cias de representación (el Congreso) o

de contralor (la Justicia, la Corte Supre-ma, las fiscalías administrativas), y, en términos generales, propendiendo a no reconocer límites legales. Estos líderes, por fuera de toda mediación establecen una relación directa con la ciudadanía y sustentan su poder en la reproducción de este vínculo. Se consideró entonces, que este tipo de democracia era facilitada por un contexto de crisis —económica y de orden públi-co— en el que la sociedad buscaba “un salvador” y estaba dispuesta a proveer “cheque en blanco”, es decir, a dejar go-bernar sin controles en la esperanza de que un orden fuese restablecido. Con el paso del tiempo, el propio O’Donnell convino que este tipo de vínculo repre-sentativo directo que habilitaba un poder concentrado se establecía o perduraba más allá de los momentos o periodos de excepción (O’DONNELL, 2011).

Fue este un primer paso en la búsqueda conceptual para caracterizar la transfor-mación del régimen político en la región. Con el tiempo se incorporaron otras ex-periencias e investigaciones.

Como se indicó, con frecuencia se califi-ca a los regímenes políticos imperantes en América Latina en términos de “demo-cracias electorales”. Pese a que en mu-chos casos se registran deficiencias de significación variable, en los comicios —México, el más reciente en el recuento de votos en las presidenciales de 2006—, o

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en la legislación que los regula –Vene-zuela en 2010 con la distribución muy desigual de los legisladores por distritos, Chile con el sistema binominal de atribu-ción de bancas de diputados, etc.— se reconoce que las elecciones son las que instalan gobernantes legítimos,13 y que incluso son el recurso para dilucidar crisis y encaminar el antagonismo con un míni-mo encuadre de pacificación social. Pero esa referencia se asocia, desde ópticas diversas, a su descalificación, pues se considera la democracia electoral como un estadio de “democracia elemental”. Esta perspectiva apunta a poner de relie-ve que el resultado electoral puede habi-litar el ejercicio de un poder presidencial concentrado y desconocedor de las res-tricciones institucionales, dado que con frecuencia en estas sociedades el marco republicano –la institucionalidad en gene-ral y la vigencia de la ley para todos, y la división de poderes en particular– es débil. Puede ser, en ese contexto, que se coarten las libertades públicas al menos en la modalidad hasta entonces existen-te, y que el líder/Presidente y su entorno procuren eternizarse en el poder valién-

dose de los recursos que les da el control del aparato de Estado.Se ha objetado a esta crítica de apresu-rada al asociar la democracia electoral con la culminación de proyectos hegemó-nicos que aspiran al monopolio del poder, porque, aunque en muchos casos estas democracias presentan déficits institu-cionales, continúan, sin embargo, siendo competitivas.

Lo cierto es que los proyectos que am-bicionan perpetuarse en el poder son el resultado de procesos electorales efec-tivos, y en tanto esta característica se mantenga, el eternizarse en el poder ncarnándolo en un movimiento o en un líder se mantiene como pretensión. Los ciudadanos, los electores, convalidan el ejercicio del poder y con frecuencia, en el caso de los regímenes de vocación fun-dacional, con apoyos muy significativos.

En varios de los regímenes existentes —fundacionales o no fundacionales—, en paralelo a la declinación de la institucio-nalidad tradicional, se ha expandido una movilización de nuevas características —

en algunos casos en el registro “popular” más conocido y en otras con modalida-des “ciudadanas” inéditas—, y aún una institucionalidad informal.

Las “democracias electorales”, en sus diversas variantes, no deberían ser con-sideradas simplemente como democra-cias incompletas, evaluadas así tomando como unidad de medida el paradigma clásico de democracia. Esta perspectiva, consiga el “desvío” de las democracias de la senda institucional subrayando fa-lencias ciertas referidas a que los viejos regímenes que se resquebrajan habilitan con frecuencia escenas políticas don-de se burlan las leyes y las Constitucio-nes, pero lo que no se percibe son los cambios societales y culturales que han modificado radicalmente la vida política y particularmente la relación de los ciuda-danos con los gobiernos y los Estados. De modo que ese análisis político tradi-cional interpreta el presente como si los “desvíos” actuales fueran a ser supera-dos por un encarrilamiento que conduci-ría a los canales institucionales clásicos, que, si bien fueron infrecuentes en Amé-rica Latina, eran el modelo que proveían las democracias del hemisferio norte y los manuales de Ciencia política.

Se puede considerar, sin embargo, que las transformaciones —la “mutación de-mocrática” a la que asistimos, no en sus derivaciones circunstanciales, sino en sus condicionamientos históricos y so-ciales— son irreversibles. Si así fuese, el desafío sería no el de juzgar cuan con-forme a la tradición es la evolución ac-tual, sino el identificar el posible curso ulterior a la descomposición del sistema representativo tradicional. Para que ello sea posible conviene percatarse que este cambio de época se registra también en las democracias más antiguas, así como en las sociedades que emprenden su de-mocratización —como las de parte del mundo árabe—, pero bajo modalidades inéditas. La descomposición del sistema representativo tradicional y la emergen-cia de formas más efímeras de represen-tación electoral y no electoral, e incluso de autorepresentación, y una sociabili-dad posibilitada por las nuevas tecnolo-gías de comunicación, bastante sustraí-da a los condicionamientos en el mundo del trabajo, parecen ser rasgos comunes con características variables de la refe-rida mutación en las diferentes latitudes.

En síntesis, para abrir los ojos a lo que sucede debería ser posible no identificar a la democracia con un momento de su historia y con un dispositivo institucio-

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nal particular. Ello no quiere decir que la mentada mutación democrática sea una creación ex-nihilo y no se reconozcan continuidades.

I. La elección para consagrar gober-nantes legales, o incluso un poder semi- encarnado

El electoralismo se ha extendido en Améri-ca Latina, no solo en el ámbito de la repre-sentación política sino también en la vida asociativa, gremial y aún en las protestas ad hoc. Es la reafirmación de un principio de soberanía e igualdad ciudadana que se encuentra por doquier.

En el ámbito específicamente político, las elecciones son, desde el renacimien-to democrático de los 80’, el único modo de acceso al poder y ello ha ido en de-trimento de los poderes corporativos del pasado. Pero, a la vez, el acto electoral se ha acotado a un procedimiento para elegir gobernantes, es decir, un vínculo repre-sentativo restringido. Las elecciones han consagrado el principio de la renovación del poder sustentado en la expresión de la voluntad ciudadana; sin embargo, para-dójicamente, puede ser que en ciertas cir-cunstancias ellas habiliten la continuidad de un poder semi-encarnado.14 De modo que la vigencia de las elecciones —a ve-ces atenuada por la desafección ciudada-na traducida en abstencionismo— reviste un carácter ambivalente. Las elecciones dan sustento a un gobierno reconocido y son también la oportunidad, a veces, para dirimir rumbos políticos pacíficamente, en contextos de antagonismo o de crisis, pero su alcance se ha limitado a atribuir legalidad a los gobernantes. Es cada vez menos frecuente que la postulación para las responsabilidades ejecutivas se acom-pañe de una promesa específica o de un programa de gobierno, y aún cuando ello sucede tiene pocas implicancias para la ulterior relación gobernantes/gobernados.

Las propias circunstancias nacionales e internacionales cambiantes obligan a los gobernantes a redefinir rumbos y, con fre-cuencia, a archivar promesas, cuando las hubo. De modo que, el voto es una opción en una escena en que se eligen gober-nantes, entre ofertas que aspiran a ganar la confianza, y en la que algunos o mu-chos electores con frecuencia, optan por el rechazo o por la negatividad —se vota la alternativa a un adversario o el castigo a una acción de gobierno—. Así, en los tiempos presentes parecen revalidarse las teorías de los pensadores elitistas: los gobernantes no actúan por mandato. Y sin

embargo, ahora más que nunca están a merced de una ciudadanía que en general no es participativa, pero suele estar infor-mada y alerta, y es propensa a la protesta y a la descalificación de los gobernantes.15

Este debilitamiento del mandato o del voto programático puede estar compensado por un sentido consistente de la acción gubernamental futura connotada por los candidatos. Es lo que sucede con el pro-nunciamiento ciudadano en el inicio de los ciclos en que se han presentado alternati-vas generales de rumbo político: la coali-ción antidictatorial —como la Concertación en Chile luego que Pinochet perdiera el plebiscito—, la salida de una crisis profun-da en ruptura con la ortodoxia económica reinante o, como Argentina luego de la de-bacle 2001/2002, con la alternativa crítica que encarna el derrumbe de un sistema político con promesas de democracia ciu-dadana, participación, etc., —o como Ve-nezuela, Bolivia y Ecuador luego del fra-caso de sus democracias limitadas—. Sin embargo, aún en esos casos, el voto ha tenido un componente variable pero con-siderable de negatividad —o rechazo a los políticos del pasado, a los adversarios del

momento— y eventualmente como se ha señalado el apoyo a un rumbo genérico.

Pero en los tiempos actuales las elec-ciones no convalidan una transferencia completa de soberanía a favor de los gobernantes.16 Aunque se consagran gobernantes legítimos, o más estrecha-mente investidos de una legalidad que no es puesta en duda, las decisiones de gobierno más significativas que se impul-sen, las que se sitúan en el centro de la agenda pública, requerirán en cada caso de una legitimación específica. Del voto no se deriva una lealtad con los represen-tantes que vaya a sostener cada una de sus decisiones. Debe entenderse que la legalidad de los gobernantes, que solo es puesta en cuestión en situación de crisis extrema, y ello es infrecuente,17 está di-sociada de la legitimidad de los actos de gobierno que son motivo de un pronun-ciamiento ciudadano implícito o explícito en cada caso. Esto se ha visto con los vetos ciudadanos en los años recientes, por ejemplo, en Bolivia, con el reajuste de precios de los hidrocarburos o con el in-tento de construir una carretera que atra-vesara el TIPNIS (Territorio Indígena Par-

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que Nacional Isiboro-Sécure, un territorio considerado propio por aborígenes que la habitan); en Argentina, con el incremento de los gravámenes a las exportaciones agropecuarias; en Chile, con el sistema de transporte Transantiago y luego con las reformas educativas; y en Colombia, con una reforma educativa rechazada por los estudiantes universitarios.

En términos generales puede constatarse que la concentración de poder en los líde-res/Presidentes procura ser contrarresta-da, ya no en primer lugar por el Congreso o los opositores organizados partidariamen-te —como la tradición republicana lo había establecido—, sino por otras instituciones preexistentes o emergentes que devienen representativas. Éstas asumen “función representativa” derivada de la pretensión de imparcialidad de la que están investi-das y del reconocimiento ciudadano a ese desempeño. En América Latina, por lo ge-neral, no se han desarrollado Comisiones públicas de ética sanitaria o de vigilancia de la equidad en el funcionamiento de la comunicación pública y política que gocen de reconocimiento por su independencia y de apoyo estatal. Entonces, reconocemos tres grupos de autoridades sostenidos en su legitimidad pública que ejercen funcio-nes formales o informales de contralor y que tienen pertinencia para el respeto de las reglas de juego —electorales y de competencia política u otras—, para la protección de derechos —Cortes Consti-tucionales o asociaciones sobre una va-riedad de derechos, desde los ambienta-les hasta los de salud—, o en el ámbito de la preservación de la libertades públicas y de la argumentación en vistas a la ve-rosimilitud de la información —diferentes ONGs, medios de comunicación u otros que denuncian o llaman la atención de la opinión pública sobre la información que circula—.

Los medios de comunicación son anima-dores decisivos de la comunicación po-lítica. Muchas veces no se caracterizan por su independencia respecto a grupos de interés o de alineamiento ideológico y son denostadas por los gobiernos que emprenden refundaciones o proyectos reformistas, quienes acusan a la pren-sa tradicional de tergiversar la realidad o perjudicar el rumbo político fijado por la voluntad popular, es decir, las políticas de gobierno. Así, la prensa gráfica, la te-levisión y la radio están en el centro de una polémica sobre las condiciones de su existencia. La ampliación de la ciudadanía y los derechos transmite un sentido cues-tionador de las elites que se extiende a la arena de la comunicación política.

Se cuestionan monopolios y privilegios en este ámbito, pero la reclamada ampliación de emisores y comunicadores puede ser el pretexto para restricciones a la libertad de palabra y de información dando lugar a que se establezcan censores públicos que arbitren y sancionen sobre la verosimilitud de la información y la interpretación, y a que monopolios sean desplazados por otros que responden a las facciones gu-bernamentales. La lucha política por la regulación del espacio público y la comu-nicación es ilustrativa de la importancia que tiene el proceso continuo de relegiti-mación de gobernantes y líderes en ge-neral, y del malestar que provoca en ellos la circulación de los mensajes fuera de su control.18

De modo que, junto a la representación que surge de una voluntad mayoritaria ex-presada en las urnas, se despliegan insti-tuciones de representación, legales unas informales otras, que actúan en nombre de una imparcialidad que procura preser-var los principios generales constitutivos de la comunidad política —los derechos, la vigencia de principios constitucionales o su interpretación ampliatoria—, satisfa-ciendo una aspiración de consenso en tor-no a normas básicas presente en las so-ciedades democráticas, aspiración que se reaviva cuando la institucionalidad repre-sentativa tradicional se ha debilitado o res-quebrajado (partidos políticos, Congreso).

Un recurso para palear los límites del vín-culo representativo surgido de las eleccio-nes en las nuevas condiciones reside en la promoción de formas participativas y de democracia directa. En cuanto a la parti-cipación, una diversidad de experiencias se han multiplicado en los países de la re-gión, la más notoria (de las cuales) es el presupuesto participativo. Esas prácticas tienen alcance variado y parecen haber involucrado sectores más amplios en las poblaciones carenciadas o en proceso de integración urbana, allí donde las de-mandas en términos de agua corriente, servicios sanitarios, energía y servicios de transporte son características. Los ve-cinos en esos casos se involucran en la ejecución de tareas que mejoran sus con-

diciones de vida, pero su capacidad de-cisoria suele ser escasa o nula. También lo es en las políticas distributivas a nivel local, incluido el presupuesto participativo. Las políticas participativas son en defini-tiva un vector de extensión de la red es-tatal, recurso de ejecución, pero pueden, en algunos casos, fomentar formas más autónomas de asociatividad ciudadana.19

Los recursos de democracia directa están inscriptos en las nuevas constituciones, a veces en vistas de vehiculizar una ex-presión ciudadana que complemente la representación y en otras para disminuirla o sustituirla. Las experiencias recientes de plebiscito en Bolivia para la elección ciudadana de jueces luego de una selec-ción parlamentaria de candidatos, y en Ecuador, para someter al pronunciamien-to ciudadano varios temas, entre ellos los referidos a la reforma de la justicia y a los medios de comunicación, resultaron en un traspié para los gobernantes. Estrechos márgenes de voto positivo para esas pro-puestas impulsadas por líderes populares, pero que al someterse a una práctica ple-biscitaria provocaron la convergencia de variadas oposiciones y descontentos en el rechazo, ilustraron los límites de los movi-mientos refundacionales y los riesgos que corren los gobernantes que buscan plebis-citarse. Aún en esos procesos de reforma e intensidad política, la desconfianza es una actitud enraizada en los ciudadanos.

En tanto las elecciones devienen el re-ferente principal de la vida pública, otra paradoja es que los principales recursos del sistema representativo y de la com-petencia política se hallan debilitados o desarticulados. Es decir que, con frecuen-cia, a la hora de la renovación periódica de los representantes no se registra una continuidad ni en las identidades políticas partidarias ni en las alianzas ni en los ali-neamientos ciudadanos. La competencia política que en el pasado tenía como re-ferente al sistema de partidos, en muchos casos no lo tiene más, y aún en donde persiste cierta continuidad de las fuer-zas políticas en presencia, ésta se halla jaqueada o desequilibrada por la fluctua-ción del voto y por las identidades emer-

La lucha política por la regulación del espacio público y la co-municación es ilustrativa de la importancia que tiene el proceso continuo de relegitimación de gobernantes y líderes en general, y del malestar que provoca en ellos la circulación de los mensa-jes fuera de su control.

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gentes.20 En las últimas elecciones presi-denciales en Chile con las candidaturas de M. Henriquez Ominami y J. Arrate, en Colombia con la de A. Mockus, en Brasil con M. Da Silva. También en las grandes ciudades suelen elegirse alcaldes a con-tracorriente de lo que fue el voto ciudada-no a nivel presidencial: M. Macri en ciudad de Buenos Aires, S. Villarán en Lima, G. Preto en Bogotá.

Los liderazgos de popularidad emergen-tes a nivel nacional, pero también provin-cial o distrital, dan la tónica de un proceso de reconfiguración de identidades de tipo personalista. Estos líderes son instituyen-tes, ya sea porque suscitan un lazo repre-sentativo para competir electoralmente, o a veces porque luego de acceder al poder reformulan ese lazo representativo sobre bases diferentes: N. Kirchner en Argenti-na, quizás D. Rousseff en Brasil y M. Ba-chelet en Chile en sus primeros tiempos y J. M. Santos en Colombia. En todo caso los liderazgos son cada vez más los de-positarios de la iniciativa política y los que configuran las alianzas y la oferta electo-ral. Los partidos, o con frecuencia lo que queda de ellos —las redes territoriales—, son un recurso necesario pero subordina-do. No son los que fijan la agenda públi-ca ni son los vectores principales para la comunicación política, aunque esta afir-mación no es igualmente válida para las grandes ciudades que para los pequeños poblados. La red territorial ha disminuido su significación, pero aún la mantiene para animar “en vivo” la campaña elec-toral, para fiscalizar los actos electorales —según el sistema de votación vigen-te— y, sin duda, para gobernar.

Puede argüirse que las tradiciones políti-cas siguen de algún modo vigentes y que la institución de nuevos vínculos represen-tativos no es una pura creación ex-nihilo, pero ellas ya no están identificadas con o monopolizadas por una organización o un líder. Cuando guardan vigencia son objeto de disputa y apropiación por unos y otros, y aún así para crecientes sectores ciuda-danos los sentidos polémicos del presente tienen primacía por sobre los heredados.

De modo que en esa tendencia —por cier-to variable según los casos nacionales—, la proximidad de las elecciones inaugura un tiempo de constitución de identidades o más modestamente de formación de coa-liciones electorales. En muchos casos, en vísperas electorales emergen o continúan líderes que tienen o adquieren la capaci-dad de construir un vínculo representativo y competir. La competencia mas desliga-da de sostenes territoriales y partidarios es la nacional —aunque no desligada de condicionamientos por parte de los pode-res fácticos—, y la puja mas ilustrativa de los nuevos tiempos es la presidencial.

Dadas las condiciones de desinstitucio-nalización mencionadas, en el escenario pre electoral se configuran identidades y coaliciones en torno a los líderes de po-pularidad quiénes pueden articular porque son locomotoras electorales. La interven-ción de esos líderes puede proponerse in-cidir en la consagración de su sucesor. Ha sido el caso de L. I. Lula da Silva al pro-mover activamente la candidatura de Dil-ma Rousseff y condicionar las elecciones locales, y el de N. Kirchner al apadrinar en su momento la candidatura de C. Kir-

chner. Se ha subrayado que la débil iden-tificación o aún la desidentificación de los ciudadanos con las fuerzas políticas exis-tentes en cada escena, posibilita la fluc-tuación en los alineamientos al constituir-se la oferta política, cuando se aproximan las fechas electorales. Pero, la contrapar-tida del ciudadano independiente es cada vez más la fluctuación del propio perso-nal político. Sin que se pueda aún hacer referencia a una clase política única que se redistribuiría periódicamente, sí puede indicarse que los criterios pragmáticos de alineamiento con tal o cual fuerza política y, para quienes pueden, el crear una nue-va etiqueta política, prevalece en muchos casos por sobre las historias personales y organizacionales y sobre las identificacio-nes ideológicas. Y ello es cada vez mas cierto, aún en aquellas escenas políticas polarizadas.21

El carácter cada vez menos programático de las campañas electorales hace que las disputas estén muy relacionadas con la acción del gobierno saliente o de la coali-ción gobernante —para sostenerla o para buscar su desplazamiento—.22 En conse-cuencia, la novedad de la identidad suele venir por el lado de las oposiciones o de las disidencias: A. Mockus en Colombia; F. Piñera y M. A. Enriquez-Ominami en Chile; A. M. López Obrador en 2006, en México. Con frecuencia se invocan en el lenguaje político partidario las nuevas condiciones de la política, con el afán de conquistar las simpatías del electorado: la renovación di-rigencial, la democracia ciudadana.

Por sobre todo, cada vez más los candi-datos procuran devenir líderes populares

Espesor viscoso 2, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

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actuando con una lógica de proximidad, creando redes alternativas a las partida-rias y promoviendo prácticas de contacto directo de tipo identificatorio.23

De modo que las campañas electorales cuentan. En su transcurso se constituye una escena y suelen configurarse capita-les políticos inesperados. Ya no se pue-de dar por suficiente un voto identitario o cautivo para triunfar. Por el contrario, con frecuencia la campaña puede revertir las expectativas iniciales. Ha sido el caso de varios candidatos que al comienzo de las campañas eran líderes en las encues-tas y luego fueron derrotados: A. Toledo en Perú, C. Serra en Brasil, A. M. López Obrador en México.

Se configuran coaliciones en torno a los líderes de popularidad en pugna, quienes son los verdaderos referentes de la es-cena electoral. Estas coaliciones pueden ser formalizadas en compromisos, pero también pueden ser solamente aparentes, es decir, en verdad actos de cooptación o alianzas de facto, obra del poder vertical del líder que incorpora o excluye aliados sin mediar acuerdos formales o institucio-nales.

Como se señaló, al momento de las elec-ciones nacionales la evaluación de la ges-

tión de gobierno saliente divide aguas; pero en los “regímenes fundacionales” puede intentarse o producirse efectiva-mente un desplazamiento: quienes go-biernan alegan no detentar el poder o estar en disputa por él con los poderes fácticos. La denuncia de las corporacio-nes, del capitalismo, del mundo de los negocios, o de los monopolios que contro-lan los medios de comunicación, procura colocar a los gobiernos (sea la revolución ciudadana, la democracia participativa, el socialismo del siglo XXI o la Nación mul-tiétnica) en un antagonismo con los pode-res mencionados. Si esa escena se ins-tala, si se hace verosímil, las oposiciones políticas cuando son de “derechas” son tildadas de aliados de los poderes fácticos y si son de “izquierda” son calificadas de instrumentos de los poderosos que debi-litan la contradicción principal. Si bien se trata de gobiernos voluntaristas y muy in-tervencionistas, el balance de lo actuado por un gobierno “fundacional” puede estar connotado por este desplazamiento en la designación del poder; a la hora de eva-luar lo realizado suelen alegar que lo que no logró fue por la acción obstaculizadora de los poderes fácticos.

Esta polarización, en donde se han pro-ducido reformas sociales o han irrumpido nuevos actores populares en la escena pública, pretende reducir la representación a dos campos “estructurales” u “objetivos”, uno de los cuales está connotado como tributario de la injusticia y eventualmente destinado a desaparecer. Quiénes alegan la representación del pueblo o de la ciuda-danía frente a los poderes fácticos procuran simplificar la vida política; no se admite que la representación es múltiple y construida y reconstruida en la competencia política —donde las identidades nacen y mueren, en tanto que ciertos principios generales como la libertad, la igualdad, la justicia social son objeto de permanente reapropiación y re-formulación en su adecuación al presen-te— y, en consecuencia, no se reconocen como legítimas las restricciones al ejercicio absoluto de la pretendida voluntad popular. Los poderes de imparcialidad (en particular las Cortes Constitucionales), o los mediá-ticos, son ignorados o imputados por su pretendido —y a veces real— alineamiento con el campo de los poderes fácticos que quieren detener las reformas. Existe, con todo, un límite, que ha sido operante hasta ahora en preservar la competencia y evitar la encarnación de los principios en actores políticos específicos: el pronunciamiento electoral ciudadano.

Sin embargo, puede registrarse el sesgo particular de la lucha política en el esce-

nario descrito. El polo fundacional pre-tende ser la encarnación de principios transformadores, el modo de ejercicio del poder es conforme a la semi-encarnación: poco deliberativo y muy decisionista. El polo opositor suele ser una amalgama de sectores democráticos hostiles al arrasa-miento institucional y al autoritarismo de quienes gobiernan, y con aquellos hostiles a las reformas sociales y a la ampliación democrática que conllevan los procesos refundacionales. Con frecuencia estos úl-timos son los más activos y pueden dar la tónica de la oposición al proyecto funda-cional, lo que alienta la interpretación que hace hincapié en la naturaleza social de la confrontación en detrimento de su carác-ter político y democrático.

Se ha insistido aquí en subrayar los ries-gos de ingobernabilidad que penden so-bre los líderes ejecutivos de la democracia continua. Se trata de líderes que gozan de una inédita libertad de iniciativa, pero que deben revalidar sus títulos cada vez que toman decisiones, que los ponen a merced de una ciudadanía autónoma con capacidad de veto. Sin embargo, esos lí-deres de popularidad que gobiernan, aun siendo vulnerables, tienen importantes recursos a su alcance, al menos los han tenido en esta primera década del siglo XXI en América Latina. Las circunstancias históricas han favorecido un curso de la mutación democrática acelerado y con una acentuación de los rasgos persona-listas del poder. La región ha conocido ta-sas de crecimiento extraordinarias y hasta cierto punto ha sobrellevado la crisis eco-nómica internacional. Ello se ha producido en paralelo a un vuelco en la opinión muy favorable al fortalecimiento de un Estado garante e intervencionista, pero que en muchos casos es poco institucional. Por cierto, las debilidades institucionales no se palean si no es en períodos largos. Por ello este fortalecimiento del Estado se ha hermanado frecuentemente con la con-centración de poder en el Ejecutivo, y sus consecuencias para los ciudadanos han sido variadas. De todos modos, el fortale-cimiento del Estado en sus capacidades, la expansión de políticas públicas y el in-cremento considerable de los recursos fis-cales disponibles para el gasto, ha capaci-tado a los gobernantes para dar sustento a su relación directa con los ciudadanos y, en el caso de los gobiernos refunda-cionales, a una política redistributiva más intensa y directa en favor de los sectores populares. La caída significativa de la po-breza y la indigencia dan cuenta de estos cambios que contrastan en muchos casos con la situación social imperante en la dé-cada de los 90.

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El dispositivo estatal, por cierto, es un recurso para la acción, pero, a la vez, el otro gran recurso, sobretodo de los pro-yectos refundacionales, ha sido la movili-zación de alcance variable, protagonizada por una militancia generada y articulada en torno a la figura de una nueva políti-ca —democracia ciudadana, participación ciudadana, Estado multinacional y pluri-étnico, socialismo del siglo XXI—. Esta franja de militancia, generalmente no he-redada de las organizaciones del pasado, e inscrita en el ya mencionado más amplio movimiento oficialista, ha permitido a al-gunos de esos liderazgos “inesperados” tener una mediación informal con secto-res de la sociedad, alternativa a los apa-ratos tradicionales y pretender con figuras atractivas (imágenes colectivas y líderes individuales), a título de renovadores de la política, ajenos a los intereses de las cor-poraciones y del mundo de las finanzas.24

II La contrademocracia, nuevos espa-cios y nuevos actores

La mutación democrática ha implicado entonces una ampliación y desplazamien-to del eje de la vida política. La expresión de la voluntad popular o ciudadana por medio de la representación ha sido rela-tivizada por la expansión de los “poderes indirectos” (ROSANVALLON, 2006). Es

decir, se han instalado otras legitimida-des que relativizan el mandato atribuido por la mayoría electoral, y que apuntan a proteger el derecho de todos, a asegu-rar escucha y respuesta a los reclamos en un mundo de diversidad y a prestar atención a las particularidades emergen-tes. Puede concebirse de este modo una democracia continua: la ciudadanía no es tan solo electorado y el poder no está concentrado en los representantes elec-torales; la expresión ciudadana, pasiva o activa, va mas allá. La representación ejercida por los organismos de control ve-rosímiles para los ciudadanos, las autori-dades investidas de autoridad moral, los observatorios y otras instituciones como la prensa que argumentan sobre iniciati-vas y decisiones, así como simplemente las encuestas de opinión o las formas de autorepresentación por medio de protes-tas, configuran un segundo polo de la vida política que tiene un carácter permanente aunque algunas de sus expresiones sean episódicas.

Se ha mencionado precedentemente el debilitamiento o extinción de los partidos y de las identificaciones que les daban una argamasa de leales o representados, y la expansión, en su lugar, de redes en las que los referentes tienen poca capacidad disciplinadora y que tienden más bien a

reflejar las fluctuaciones de su micromun-do de clientes o adherentes en las articu-laciones coalicionales en las que se ins-criben. En la política, en consecuencia, la ilustración de esa nueva sociabilidad la provee la centralidad de los liderazgos —la contracara de la ciudadanía com-puesta por ciudadanos y minorías sobre los cuales operan—, y la conformación en torno a ellos de coaliciones o alianzas. En términos más generales podemos decir que coexisten formas partidarias, con lide-razgos que tienen con frecuencia un peso mayor a las estructuras organizacionales, y la configuración más abarcadora, sobre todo ahí donde el sistema de partidos su-frió una severa crisis, de movimientos en los que convergen diferentes sensibilida-des, tradiciones e intereses en torno a una acción emprendida por el líder. Los casos de los oficialismos boliviano y argentino son particularmente ilustrativos de esa di-versidad.25 El alcance instituyente y de li-derazgo verticalista de estos movimientos se refleja en la frecuente tensión, e incluso conflicto, con las organizaciones popula-res corporativas preexistentes y en con-secuencia más autónomas —la CGT en Argentina, la COB en Bolivia, la CONEAI en Ecuador—, que eran, o deberían ser, sostenes del proyecto progresista enun-ciado por los líderes.

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Las masas “encuadradas” del pasado tie-nen una cierta continuidad en las redes de asistidos de los sectores más carencia-dos, que a veces permanecen disciplina-dos, y en las identidades comunitaristas.

La presencia, con fuerza creciente, en el espacio público proviene de los actores más informales y entre ellos la nueva mili-tancia juvenil que se autoconvoca por las redes sociales de Internet o por la telefonía celular. La intensidad política, la visibilidad en las plazas y calles o en el cyberespacio bajo esta nueva modalidad, ha cobrado un gran relieve en la vida pública. Estos nuevos actores emergen en paralelo a un resquebrajamiento del mundo corporativo y asociativo más tradicional. Los sindica-tos también se desagregan y la disciplina de los líderes patriarcales, o aún aquellos surgidos de elecciones competitivas, está sometida a la deliberación de asambleas de los movilizados en los conflictos o a la disidencia de sectores disconformes.

En términos generales se registra una diversidad de movilizados, pero lo más notorio es la coexistencia de dos “calles” o dos presencias sensibles: por una par-te, la popular de reclamos en términos de necesidades básicas, usualmente con epicentro en los excluidos y motorizadas por el activismo social y, por otra parte, la ciudadana, sustentada en los sectores medios urbanos —más espontánea y fre-cuentemente, de veto—, que a veces re-claman en forma convergente y a veces fragmentada.

El veto o rechazo a ciertas decisiones de gobierno y el estallido cuando se trata de un descontento general, pueden abarcar a unos y otros; pero debe considerarse que los sectores medios juveniles, urba-nos, y los profesionales, se han conver-tido en los actores más innovadores y “amenazantes” —no, por cierto, por sus modos de expresión, generalmente pacífi-cos— del espacio público. Probablemente no en virtud de su condición social en el sentido tradicional, sino porque están más incluidos en los circuitos de comunicación política, más informados y en cierto sen-

tido han adquirido autonomía respecto a las restricciones propias de todo anclaje social.

Las movilizaciones estudiantiles en Chile en reclamo de una educación pública gra-tuita y la de los estudiantes universitarios colombianos (que bajo el lema “Educación gratuita y financiada por el Estado” recha-zaron un proyecto de reforma que final-mente el gobierno debió retirar), ilustran el poderío contestatario de este sector que puede ser, en algunos casos, el sustento de un movimiento político que vaya más allá de la protesta sectorial.26 Pero igual-mente notorio ha sido el poderío de movili-zaciones populares territoriales, como las de los aborígenes bolivianos que habitan el TIPNIS y que se opusieron exitosamen-te a la construcción de una carretera que lo atravesara afectando la ecología de ese gran parque, y las movilizaciones de los campesinos afectados por el proyecto mi-nero Conga, en Cajamarca, cuyo reclamo afectó la cohesión de la mayoría guber-namental en Perú. Las protestas por la expansión de economías extractivas que afectan el medio ambiente, en particular la minería a cielo abierto, se han generali-zado. Éstas son ilustrativas de demandas populares, pero también de la fragmen-tación de intereses y valores, pues los perjudicados por la suspensión de esos proyectos reclaman a su vez por la pérdi-da de fuentes de trabajo y, en general, los partidarios de políticas desarrollistas pro-curan dar prioridad al crecimiento econó-mico cuestionando lo que consideran eco-logismo conservacionista o radicalizado.

Un cambio que merece atención, pero ex-cede estas líneas, es la gran transforma-ción sociológica propiciada por la vertigi-nosa expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, algunas ya tradicio-nales como la televisión y otras más re-cientes como la telefonía celular, especial-mente Internet y las redes sociales.

La primera generación de actores que co-bran existencia en el espacio público han sido los piqueteros y otras denominacio-nes de la pobreza y la exclusión; se for-

man en el espacio público por medio del bloqueo y el corte de ruta. Ahí, en esa acción que interfiere la “normalidad de la circulación” y que resuena por la difusión que le dan los medios de comunicación, en la interface entre presencia territorial y vínculo virtual por la visibilidad que le da la presencia en los medios, “ven la luz” los piqueteros y otras identidades que revelan un reclamo social pero que, con frecuen-cia, no provienen de ninguna localización o condición social homogénea, sino que son aglutinados por la propia acción de reclamo o protesta.

El impacto de estas acciones, ejecutadas a veces por pequeños grupos, no repercu-te tan solo, ni principalmente, en quienes presencian la acción disruptiva y resultan afectados. Es, sobre todo, el espacio te-levisivo, radial y la prensa gráfica que les da visibilidad nacional e internacional, y de ese modo las demandas y la identidad novedosa se alojan en la agenda pública. En resumen, perturbación funcional —de la circulación de personas y de provisio-nes—, pero particularmente visibilidad, sensibilización de una “opinión ciudada-na” que no los conocía.27

Este modo de constitución pública de identidades —que puede ulteriormente tener una sedimentación en asociaciones territoriales— que por lo esencial surge en la acción “callejera”, es novedoso, aun-que ya lleva más de una década desde su irrupción y reveló en sus inicios una dimensión de autorepresentación, pese a que puede ser incitado por grupos o van-guardias organizadas, puesto que desde-ña los canales institucionales y partidarios existentes en provecho de la presencia y la inmediatez posibilitada por la visibilidad que le procura la repercusión mediática de la acción.

Otra consideración sobre esta novedad es la legitimidad de la protesta y el peso que tiene la acción de minorías de inten-sidad. Como se ha indicado, con frecuen-cia quienes actúan y constituyen un sujeto de demandas son grupos reducidos que representan virtualmente a muchos más. Cuando la opinión pública reconoce este vínculo, sofocar la protesta por la repre-sión se hace difícil pese a la existencia de otros sectores sociales que se hallan des-contentos por la perturbación del orden.28

Está surgiendo una segunda generación de nuevos actores constituidos en el es-pacio público, pero la novedad se extien-de al propio ámbito de su constitución.

Actores más heterogéneos, espontáneos y probablemente con una mayoría de indi-

En términos más generales podemos decir que coexisten formas partidarias, con liderazgos que tienen con frecuencia un peso mayor que las estructuras organizacionales, y la configuración más abarcadora, sobre todo ahí donde el sistema de partidos sufrió una severa crisis, de movimientos en los que convergen diferentes sensibilidades, tradiciones e intereses en torno a una acción emprendida por el líder.

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viduos provenientes de las capas medias urbanas, comunicados principalmente por Internet, emergen e instalan otro espa-cio público. Se conforma así un ámbito de interacción y expresión en expansión, cuyo núcleo principal es juvenil. En esa nueva sociabilidad se configuran opinio-nes que expresan con frecuencia más un veto, un descontento o una denuncia, que una demanda específica. Surgen espon-táneamente o inducidos por actores o per-sonalidades preexistentes, nuevos cyber-sujetos, con presencia visible ocasional cuando se reúnen y manifiestan, constitu-yendo una trama de igualdad e intensidad subjetiva. Con su expansión se produce un significativo desplazamiento en la co-municación política, al menos para ese sector más juvenil de la sociedad. En el ámbito público virtual que se genera rige un principio que coloca a cada uno de las integrantes en pie de igualdad; parecie-ra que se alcanza de ese modo un ideal de la libertad y espontaneidad deliberati-

va, pese a que en verdad las jerarquías y reconocimiento de la sociabilidad habitual continúan siendo operantes. Sin embargo, lo que ocurre en este ámbito es inédito. La relatividad de la opinión tiende a tras-tocarse adquiriendo un rango de verdad, pues lo que se emite esta avalado por la intensidad subjetiva (Sarlo, 2011).

Una lógica de autenticidad se impone, na-ciendo de rumores, impresiones y conje-turas, certezas que animan la cohesión de grupos que pueden devenir actuantes.

De modo que, un espacio con estas ca-racterísticas, fuera de toda regulación, es propenso a recoger el descontento ciu-dadano característico de nuestro tiempo (Rosanvallon, 2006), favoreciendo la am-plia libertad de expresión, pero también convalidando certezas con poco sustento, hilvanando la trama de teorías conspirati-vas, etc.

Esta nueva sociabilidad en expansión en-cierra, en consecuencia, una promesa de libertad y una amenaza de arbitrariedad. Cuando la diversidad de opiniones indi-viduales y grupales deviene una certeza mayoritaria o colectiva con más sustento emocional que argumentativo, se perfila una forma de clausura del espacio público con el predomino de una forma novedosa de “la masa”, como figura opuesta a la ciu-dadanía deliberativa.

Se esboza así la evolución hacia un es-pacio sin contorno ni epicentro, con redes múltiples en donde predomina la autore-presentación, aunque se pueden recono-cer en las redes la diferencia entre emi-sores privilegiados y seguidores, ambos probablemente transitorios.

Como se ha señalado, el espacio público descrito constituye un desafío más para el futuro democrático. Puede acentuar la fragmentación ciudadana y recoger la ne-

Brisas 1, Jorge Dávalos, dibujo, 2003.

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gatividad (veto), todo ello en desmedro de una comunidad política que se reconozca en dilemas o alternativas comunes. Es de-cir que puede prevalecer una expresividad generalizada que no vaya más allá de sí misma, que se fije como impolítica. No es inevitable que ello suceda. Una evolución que dé productividad democrática a esta ampliación de sus principios constitutivos (libertad e igualdad) puede sobrellevar

las “falencias de la espontaneidad”, si la diversidad apuntada alterna con institu-ciones formales e informales acreditadas por la verosimilitud de sus informaciones y por la posibilidad que procure algún or-denamiento de los debates y algún enca-minamiento de lo que haya de reclamos hacia canales normativos y legislativos. Asimismo, la vida política no puede pros-perar si solo impera la espontaneidad y la

fragmentación. Los actores que deberían alentar el debate estratégico están debili-tados y deberían reconstituirse en conso-nancia con la realidad de nuestro tiempo.

Isidoro Cheresky Doctor en Ciencias Sociales, docente

Investigador UBA, Argentina.

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* Se retoman argumentos inicialmente expuestos en “Representación política y contrademocracia” (2011). El licenciado Santiago Battezzatti y la licenciada Andrea Pereyra Barreyro estuvieron a cargo de la revisión técnica de este artículo.

1 A. Guiddens (1999) sostiene que los modernos han roto los carriles que condicionaban a nuestros antepasados. Según esta perspectiva, la reflexibilidad de los modernos y en particular de los contemporáneos, hace a éstos los gestores del mundo que habitan, pero les requiere estar decidiendo permanentemente sobre esa construcción de la realidad. La particularidad del mundo social, es que se halla permanentemente transformado puesto que el discurso sociológico y científico ingresa permanentemente en los contextos que analiza transformándolos. “La reflexión de la vida social moderna consiste en el hecho de que las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de nueva información sobre esas nuevas prácticas, que de ese modo alterna su carácter constituyente”. Pero este conocimiento del mundo actual contribuye a darle a éste un carácter cambiante e inestable. Este rasgo de la modernidad puede ser captado en toda su magnitud si “nos percatamos que se funda en el resquebrajamiento de los dos pilares que fueron en el pasado característicos de la condición humana: la naturaleza y la tradición”.

2 “Cuando las condiciones son casi iguales, los hombres cambian permanentemente de lugar; hay todavía una clase valet y una clase de amos; pero no son siempre los mismos individuos, ni sobre todo, las mismas familias que componen; y no hay mas perpetuidad ni en el comando ni en la obediencia” (TOCQUEVILLE, 1981).

3 “Pienso entonces que la especie de opresión que amenaza a los pueblos democráticos no se parece a nada de lo que ha precedido en el mundo; nuestros contemporáneos no podrían encontrar la imagen en sus recuerdos. Yo mismo busco en vano una expresión que reproduzca exactamente la idea que me formo; las antiguas palabras de despotismo y de tiranía no convienen en absoluto: la cosa es nueva, debemos tratar de definirla, dado que no pudo nombrarla.

Quiero imaginar bajo que rasgos nuevos el despotismo podría producirse en el mundo: veo una multitud incontable de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso sobre ellos mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres, con los que llenan su alma. Cada uno de ellos, apartado, es como un extraño al destino de los otros: sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana; entretanto en lo que hace a sus conciudadanos, él está a su lado, pero no los ve; los toca pero en absoluto los siente; no existe sino es en sí mismo y solo para él, y, si le queda todavía una familia, puede decirse al menos que no tiene más patria.

Encima de aquellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que se encarga solo de asegurar su goce y de velar por su suerte. Es absoluto, detallado, regular, previsor y suave. Se parecería a la potencia paterna si, como ella, tuviese

como objeto preparar los hombres para la edad viril; pero busca por el contrario fijarlos irrevocablemente en la infancia (…)”, subrayando más adelante la ambivalencia de las pasiones democráticas: “Nuestros contemporáneos son trabajados incesantemente por dos pasiones enemigas: sienten la necesidad de ser conducidos y las ganas de permanecer libres. No pudiendo destruir ni uno u otro de estos instintos contrarios se esfuerzan por satisfacer ambos a la vez” (TOCQUEVILLE, 1981).

4 Y las consecuencias de una legitimidad que es cada vez puesta en juego son explícitas: “Los individuos se atribuyen el derecho de no aceptar las instituciones en tanto tales, de apreciar su legitimidad, de juzgar caso por caso si las normas que ellas establecen deben ser obedecidas” (SCHNAPPER, 2000).

5 “(…) la política tiende, de más en más, a gestionar las relaciones cotidianas entre los hombres y no a alcanzar una manera de vivir juntos” (SCHNAPPER, 2002).

6 Pero la desafección por el encuadramiento tradicional no conlleva el desprecio del régimen político: “Este cuestionamiento de la representación no conduce a rechazar las reglas fundamentales de la democracia (…) El hecho de ir a votar o de aceptar los resultados de la elección manifiesta un acuerdo y un convicción: se debe arreglar los conflictos por el voto y no por la violencia” (SCHNAPPER, 2002).

7 En este punto resultan claves los aportes de B. Manin (1995) y P. Rosanvallon (2007). Por su parte, éste último destaca que el voto ya no es la expresión de una identidad como era predominantemente en el pasado, sino de preferencias fluctuantes en las que interviene la negatividad.

8 Especialmente aquellas investidas de la imparcialidad o de la reflexividad, según Rosanvallon (2010).

9 Esta expresión tomada de la terminología comunista que se refería a la delimitación de dos campos: el partido y los aliados, frente a los adversarios o enemigos en la lucha anticapitalista, corresponde a una lógica operante para las principales fuerzas políticas en la época de “la democracia de partidos”.

10 La calificación del tipo de democracia que emerge ha sido objeto de diagnósticos convergentes: “metamorfosis de la representación” para Manin (1995). En cuanto a P. Rosanvallon (2007), él se refiere a “una nueva edad, post representativa de la democracia, que daría mas consistencia al ideal de una ciudad viva”.

11 Expresión empleada por D. Rousseau (1995).12 P. Rosanvallon (2007) afirma fundadamente: “En el sentido fuerte no hemos

conocido regímenes plenamente democráticos”, sin embargo, la profundidad y

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estabilidad democrática fue mas continua en el hemisferio norte de Occidente que en la región latinoamericana.

13 En los países de la región no hay otros en el poder que aquellos consagrados en las urnas.

14 Se considera que un poder encarnado es el que identifica un proyecto o un principio (la Nación, el Pueblo, la Justicia, etc.) con una persona o una filiación, como sucedía en las monarquías. En estos casos latinoamericanos parece apropiado referirse a semi-encarnación pues el liderazgo supremo se presenta como sustancial y casi insustituible, pero un desplazamiento continuista del mismo hacia otro líder no está completamente excluido, aunque se considera como una posibilidad marginal o indeseada y la alternancia en el poder, aunque no se ha experimentado aún, no está formalmente excluida. Es el caso de Venezuela en donde una reforma reciente permite la reelección indefinida del Presidente. Esta pretensión inicialmente frustrada en una consulta electoral, fue finalmente aprobada cuando la posibilidad de la permanencia en el poder de por vida se hizo extensiva a los gobernadores y alcaldes. Disposiciones similares se anuncian en Bolivia y Argentina.

15 Aun siendo una arena compuesta por individuos y particularidades, la ciudadanía es heterogénea y las tendencias apuntadas no se efectivizan del mismo modo para todos. Es decir que, aunque la ciudadanía –en la medida en que se trata de una democracia plena– no es un mero agregado de pertenencias sociales, culturales o étnicas, sino que hay condicionamientos socio-culturales que inciden en la inserción mayor o menor en la comunicación política y en la disposición para actuar colectivamente.

16 Existe una ambivalencia en la relación de los ciudadanos con los líderes de popularidad. Como se ha indicado –sobre todo en contextos de crisis, pero no solo en esas circunstancias–, el vínculo puede ser delegativo (O’DONNELL, 2011), esto es, gobernantes que ejercen el poder sin control, que gozan de libertad de acción porque no formularon promesas y suelen no estar acotados institucionalmente, ven emerger el veto ciudadano cuando las decisiones no aparecen legitimadas; ha sido el caso de F. Collor de Mello y A. Fujimori, y en menor medida de C. Menem, quienes inspiraron las primeras reflexiones sobre la “democracia delegativa”.

17 Gobernantes que han debido dejar el poder por la desafección ciudadana expresada en protestas y estallidos: en Brasil, F. Collor de Melo; en Bolivia, G. Sánchez de Lozada: en Perú, A. Fujimori; en Ecuador, A. Bucaram y L. Gutiérrez; en Argentina, F. De la Rúa.

18 Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, caracterizada como líder de izquierda democrática, declaraba: “Digo y repito que prefiero el barullo de la prensa libre al silencio de las dictaduras. Las críticas del periodismo libre ayudan al país y son esenciales para los gobiernos democráticos, indicando errores y resaltando la necesaria contradicción” (O Estado, 5/10/11).

19 Sobre estos temas puede consultarse: R. Annunziata (2012), A. Olvera (2006), M. López Maya (2011). Por su parte, L. Avritzer (2010) afirma: “El acceso a bienes públicos, tales como la pavimentación de calles, redes cloacales, clínicas sanitarias en barriadas pobres, legalización de la propiedad, es el origen de la mayoría de los movimientos sociales en muchas capitales brasileras”.

20 En un artículo escrito en el transcurso de la campaña presidencial peruana se afirmaba: “Frente a organizaciones sin militancia ni electores fieles, el apoyo de los electores fluctúa drásticamente, a medida que los candidatos se posicionan con mayor o menor éxito en relación con aquellos temas que preocupan más al electorado en determinado momento” (TANAKA, BARRENECHEA y VERA, 2011). Otro analista político peruano sostiene: “Los partidos no cumplen sus promesas, ni tienen la capacidad de representar intereses locales, y los ciudadanos sienten enorme desconfianza con las autoridades políticas nacionales (…) El tipo de intermediación entre la sociedad y el estado a través de los partidos colapsó librando a militantes y ciudadanos de sus identidades previas” (PANFICHI, 2011). Por otro lado, diversos analistas políticos chilenos, en una sociedad que se caracterizaba por la solidez de su sistema partidario, formulan observaciones convergentes. M. A. Garretón considera que el movimiento estudiantil que en 2011 cuestionó el fundamento del sistema educativo “neoliberal” imperante “ha desencadenado un momento refundacional”, considerando que “Por primera vez en treinta años estamos frente a movimientos ciudadanos que se apartan de los partidos y no necesitan expresarse a través de ellos” (GARRETÓN, 2011).

En Uruguay, el otro país de tradición institucionalista de América Latina, G. Caetano (2011) interpreta la evolución en los siguientes términos: “un nuevo electorado, con aperturas e identificaciones más impensables que las de antaño…un votante menos cautivo y más independiente”.

Las interpretaciones sobre el proceso político colombiano por distintos analistas es ilustrativa.

Con motivo de las elecciones de alcalde de Bogotá se afirmaba: “Más que discusión sobre proyectos lo que se escucha en la calle son rumores alarmistas generalmente falsos sobre lo que haría uno y otro si lo dejarán llegar a la Alcaldía. Tampoco los partidos motivan a los bogotanos. Los candidatos han dado tantas vueltas que ya es difícil ubicarlos con claridad en alguno. Parody estuvo siete de los ocho años de gobierno de Uribe en el Congreso como representante del partido oficialista de la U, se peleó y hoy esta aliada con el ex alcalde Antanas Mockus. Este, a su vez, se fue del Partido Verde del que había sido precisamente candidato para enfrentar al uriburismo en la contienda presidencial 2010. Peñaloza hizo campaña con Mockus y el Partido Verde como opositores al uribismo en la campaña presidencial pasada. Pero en ésta recibió el apoyo de Uribe y de su partido. Por eso hoy representa una contradicción de términos: a verdes y a uribistas. Petro fue fundador del partido que unificó la izquierda en Colombia, el Polo Democrático, y que logró anotarse varias victorias, entre la Alcaldía de Bogotá en 2003 y en 2007. Con ese partido fue senador y con ese mismo partido fue candidato a la presidencia en 2010. Pero con sus denuncias contribuyó a tumbar al alcalde Samuel Moreno del mismo Polo, quién hoy está preso. Armó su propio movimiento en el que lo acompañan varios ex funcionarios de éste y del pasado gobierno” (RONDEROS, 2011). Respecto a los liderazgos nacionales R. Losada (2012) afirma: “(…) en los últimos 25 años en Colombia no ha gobernado el llamado PCC (Partido conservador colombiano) o el PLC (Partido liberal colombiano), porque cada candidato presidencial importante, es decir, con opción real de triunfo, así haya figurado como el candidato oficial de una de las dos confederaciones recién mencionadas, para garantizar la elección ha conformado una compleja alianza de fuerzas provenientes de distintas etiquetas partidarias, ha preparado y propuesto públicamente su propio programa de gobierno y ha manejado su campaña presidencial con completa autonomía frente a cualquier partido político. Es el caso del candidato ganador. Es la alianza constituida en torno suyo la que ha entrado a gobernar, y no el partido a cuyo nombre se presentó, en un sistema de partidos bajo tratamiento de choque: el caso colombiano”.

21 T. J. Power (2010) afirma la existencia de una “alta tasa de fluctuación de los representantes de un partido a otros”. Según este autor, un tercio de los diputados federales cambian de partido en cada sesión legislativa cuadrianual.

Respecto a Perú, J. Álvarez Heredia sostiene que “La continua división de los grupos parlamentarios y la formación de nuevos ha sido uno de los problemas más graves del parlamento”, Blog 14/04/11.

22 Pero cuando el candidato continuista no es el presidente saliente o una personalidad próxima de fácil identificación, puede suceder que se produzca una disociación. Esta fue notoria en el caso de las elecciones presidenciales chilenas en 2010: la popularidad de M. Bachelet era muy alta pero no la de la su coalición (la Concertación) ni la de su candidato, que fue derrotado.

23 Claro que la búsqueda de popularidad y del apoyo de organizaciones varia según el ámbito urbano/rural y las circunstancias políticas. F. Mayorga (2011) observa para Bolivia que “la imagen pública adquirió relevancia como requisito de selección y el espacio mediático se convirtió en el terreno extra-partidista donde comparecían los aspirantes a cargos electivos (…) en el área rural el rol del ‘dirigente’ tenía mayor importancia porque las candidaturas eran definidas con aval de los sindicatos y las organizaciones comunitarias”.

Por su parte, para México, S. Gómez Tagle (2011) observa “el encuadramiento de los votantes en las estructuras partidarias solamente resulta válido cuando no surgen candidatos realmente populares que sumen su capacidad de convocatoria a la de los partidos, en esas coyunturas especiales los ciudadanos parecen haber adquirido mayor autonomía”.

24 Por cierto, esta imagen renovadora no va en desmedro de la constitución en estos regímenes políticos de una nueva elite gobernante, dotada de privilegios como las precedentes.

25 En Ecuador el oficialismo adolece de una debilidad organizacional mayor que en otros países latinoamericanos. El Presidente Correa quedó atrapado en un amotinamiento policial el 30 de septiembre 2010, y fue el Ejército, y no una movilización popular, quien lo liberó.

26 M. A. Garretón (2011) sostiene que en Chile ha finalizado el ciclo político de la “Concertación” y que el movimiento estudiantil puede ser el eje de un reagrupamiento político del polo de izquierda reformista.

27 Estas prácticas de protesta disruptiva se han extendido a otros grupos tradicionales que juzgan su acceso habitual al espacio público insuficiente. Aumenta la tentación de acudir a ellas como modo de “hacerse ver”.

28 Sobre este punto puede verse Cheresky (2008).

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Las relaciones oposición-oficialismo

durante el gobierno de Evo

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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELA-CIONES OPOSICIÓN-OFICIALISMO

Este artículo está fechado a fines de 2012. En este momento, las rela-ciones entre oposición y oficialismo

son:

a) Relaciones post-traumáticas

El trauma se produjo en el periodo 2003-2008, en el que las fuerzas sociales que, surgiendo desde la base conformarían el oficialismo actual —y que portaban el “proyecto plurinacional-popular estatis-ta”— vencieron política y electoralmente a los partidos que habían dominado el pe-riodo anterior (1979-2003), y a las élites económicas nacionales y locales con las que éstos estaban vinculados.

Este proceso fue lo que en términos mar-xistas cabría denominar “revolución políti-ca”, es decir, una sustitución de las élites políticas, que fue bastante completa. Gru-pos de distinta extracción étnica, clasista y político-ideológica remplazaron a los es-tamentos políticos dominantes en el pasa-do. Fue una sustitución pacífica, pero que al apuntar a la eliminación y no a la co-existencia de los adversarios se desarrolló con métodos tanto políticos como judicia-les. Los miembros de la antigua élite polí-tica perdieron el derecho de trabajar en el área pública, en una suerte de “destierro” simbólico.1 A los empresarios se les pidió no meterse en política.2 Algunos dirigen-tes tuvieron que exiliarse preventivamen-te, otros terminaron en la cárcel.3

Como resultado del trauma, políticos y empresarios de la “vieja guardia” recorrie-ron una secuencia de fases psicológicas parecida a la de un paciente post-traumá-tico individual:

Primera etapa: Negación.- Desde el año 2000, cuando comenzaron las moviliza-ciones populares, hasta 2004, cuando el presidente Carlos Mesa asumió la “agen-da de octubre”,4 es decir, la necesidad de reformar el régimen petrolero y de convo-car a una asamblea constituyente, entre otras medidas, la clase política “saliente” negó que estuviera sucediendo una revo-lución política. En las elecciones de 2002 los partidos tradicionales creyeron que bastaba culpar a los adversarios (otros partidos tradicionales) por la situación y hablar de cambio para conjurar el peligro, que ninguno de ellos anticipó en toda su gravedad.5 El gobierno de Sánchez de Lozada atribuyó su derrocamiento a una conspiración (es decir, a la acción de una

vanguardia) izquierdista, y el propio Mesa no reconoció que los eventos que condu-jeron a su caída eran insurreccionales.6 Hasta ahora se sigue negando, tanto des-de la derecha como la izquierda, que los sucesos históricos señalados hubieran te-nido el rango de una revolución política7.

Segunda etapa: Confusión.- Entre 2005 y 2008 emergió el nuevo proyecto “pluri-nacional-popular estatista” que dirigía Evo Morales, venciendo la resistencia de las élites político-empresariales que éste des-plazaba, resistencia que se concentró en las regiones periféricas más ricas del país. La lucha opositora en este periodo careció de claridad ideológica, pues el neolibera-lismo con el que la antigua élite política se había identificado había fracasado en el periodo inmediatamente anterior y las nacionalizaciones de Morales se desple-gaban con gran éxito y apoyo popular. Los grandes partidos del pasado (MNR, ADN y MIR) desaparecieron. Sus residuos en-contraron grandes dificultades para ac-tuar unitariamente, luego del fracaso del frente Podemos en 20058. La oposición sólo podía apelar con fortuna al ideario descentralizador, que sin embargo, el go-bierno terminó haciendo también suyo en 2008. En este proceso surgió el liderazgo de Rubén Costas, primero presidente del Comité Cívico y luego, desde 2005, pre-fecto de Santa Cruz9, un cargo que antes era designado, pero que en este momento comenzó a ser electo, lo que muestra la importancia que adquirió la lucha regiona-lista en este periodo. Las opciones mode-radas o reconciliadoras (Unidad Nacional) tuvieron poca suerte en un escenario po-larizado.10

Esta confusión ideológica condujo a la oposición a cometer graves errores tácti-cos11 y, finalmente, a su derrota a fines de 2008, cuando se reprimió a los dirigentes regionales de Pando y Santa Cruz, a raíz de sus intentos de resistir violentamente el ascenso masista, y a comienzos de 2009, cuando el país aprobó la Constitución por la que el MAS había peleado en el periodo previo.12

Tercera etapa: Depresión.- Cuando las éli-tes desplazadas comprendieron el carác-

ter irreversible de su derrota, igual que la persona que asume finalmente haber sido víctima de un trauma, entraron en un pro-ceso de desintegración física y moral, que no fue conjurada, sino expresada por su candidatura conjunta en las elecciones de diciembre de 2009 (Convergencia Nacio-nal). El único punto programático común de estos grupos acorralados fue el recha-zo en bloque del evismo y sus políticas. De ahí que Convergencia no hubiera podi-do conformarse como una alternativa polí-tica con proyección constructiva, es decir, no haya podido convertir el apoyo electo-ral que obtuvo en 2009 en fuerza política, y en cambio se hubiera dividido en al me-nos dos facciones diferentes.

Esta etapa fue aprovechada por el go-bierno para acabar con algunos núcleos opositores regionales, mediante el en-juiciamiento del alcalde de Potosí, René Joaquino, y de los gobernadores oposito-res de Tarija y Beni.

Cuarta etapa: Aceptación.- El fracaso de la actitud de rechazo absoluto al evismo, que trató de articular Convergencia, y al mismo tiempo el fracaso del propio gobier-no para adquirir una hegemonía absoluta sobre la política, como quedó establecido en el gasolinazo de fines de 201013; en suma, el fracaso de los absolutismos creó una nueva etapa en la que para cualquier observador realista queda claro que la nueva oposición debe construirse a partir de los hechos consumados: la revolución política, la Constitución plurinacional y una economía dominada por el Estado (que ya ha sido aceptada por los empresarios privados)14. Esta realidad se impone a los partidos que vivieron el proceso de resis-tencia de distintas maneras y en distintos grados. Veremos esto detalladamente en el caso de Verdes y de Unidad Nacional.

La adaptación de estos dos partidos po-dría derivar en una candidatura conjunta en las elecciones de 2014, que, a diferen-cia de las anteriores, sea más constructiva y ofrezca una visión del país más realista.

Pese a las nuevas circunstancias, falta mucho para que las relaciones entre la oposición y el oficialismo dejen de estar

La lucha opositora en este periodo careció de claridad ideológica, pues el neoliberalismo con el que la antigua élite política se había identificado había fracasado en el periodo inmediatamente ante-rior y las nacionalizaciones de Morales se desplegaban con gran éxito y apoyo popular.

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marcadas por el trauma de la “sustitución” inicial (que el gobierno continúa adoptan-do como su política respecto a los demás participantes del sistema electoral). Por esto, las relaciones continúan siendo con-frontacionales, de “suma cero” u orienta-das a la eliminación del adversario. Así, no implican ninguna clase de intercambio: ni pactos parlamentarios ni diálogo de-mocrático; al mismo tiempo, están “judi-cializadas”, lo que, dada la asimetría de poder entre ambas partes, se traduce en una suerte de monopolio oficialista de la política.

Cabe preguntarse, entonces, si puede ha-blarse propiamente de “relaciones” entre el oficialismo y la oposición.

b) Relaciones competitivas

Toda revolución crea espacios económi-cos y políticos “vacíos” y vacantes que acicatean a las facciones del frente vic-torioso a luchar entre sí por ocuparlos. Por otra parte, establece un programa de realizaciones que no necesariamente es compartido por todos los que, en cambio, estaban de acuerdo en luchar contra el régimen anterior. El caso boliviano no ha sido una excepción.

El MAS fue, en su momento de mayor auge, la unidad de la izquierda boliviana que se había buscado denodadamente, pero sin éxito, en el pasado. Pero desde entonces se han producido desprendi-mientos de dos clases: uno de carácter más ideológico, con el que quedaron fue-ra del gobierno grupos e individuos que consideran la línea oficial insuficiente para sus aspiraciones de transformación y criti-can las actitudes en que el MAS se dividió de las bases que representaba (el “ga-solinazo” y el conflicto del TIPNIS)15 y se identificó con las necesidades del Estado y, por esto, adquirió un perfil conservador. Un ejemplo son los firmantes del “mani-fiesto por la reconducción del proceso de cambio”.16

El segundo desprendimiento, en cambio, es cuantitativamente más importante, pero no se debe, al menos en principio, a razones ideológicas, sino a la negativa del MAS, en vísperas de las elecciones locales de 2010, a seguir compartiendo el poder con un partido de izquierda con el que se había aliado desde 2005, el Movi-miento sin Miedo.

Las relaciones entre el MAS y estas fac-ciones que se reivindican como parte del “proceso de cambio” pero se oponen al sesgo que ha adquirido su conducción,

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son competitivas, porque parten de la misma base electoral y, por tanto, tratan de llegar, en primera instancia, al mismo público. Puede decirse que se trata de una disputa dentro de la misma tradición ideológico-política. Pese a ello, está dis-torsionada por la misma falta de espacios de deliberación y por la tendencia a san-cionar la disidencia que sufren los otros partidos, y que caracterizan al régimen actual.

2. POSTURAS IDEOLÓGICO-POLÍTI-CAS DE LOS GRUPOS DE OPOSI-CIÓN

A continuación resumiremos las posiciones de tres grupos que aparecen, en distintas encuestas, como los principales adversa-rios del gobierno actual: Verdes, Unidad Nacional y el Movimiento sin Miedo.

a) La posición ideológico-política de Verdes17

Verdes se propone llevar el programa es-tablecido por el primer cabildo cruceño, que se organizó poco después de la insu-rrección de octubre de 2003, el 22 de junio de 2004, y que tuvo el propósito de mos-trar el desacuerdo de las élites de esta región con el curso que iba tomando el país. El Cabildo se posicionó expresando 14 puntos muy simples, el más importante de los cuales era la reivindicación de las autonomías departamentales como “base fundamental de un Estado moderno”. La lista exaltaba cuatro valores: libertad, igualdad, fraternidad y felicidad de todos, y señalaba que la democracia era el cami-no para plasmarlos.

En este pronunciamiento ya se notó una de las características más peculiares de la ideología cruceñista, que es su referencia al trabajo y al emprendimiento como único medio legítimo y sostenible de obtención de la prosperidad. De esta forma este co-lectivo se diferencia y critica implícitamen-te la vocación extractivista del país, con la cual, pese a su programa, ha terminado identificándose el gobierno.

El Cabildo señalaba: “Creemos en la so-ciedad basada en el trabajo. Estamos convencidos de que la producción agro-pecuaria y forestal tienen que ser la base de nuestro sistema productivo”.18 Al mis-mo tiempo, los tres valores principales de Verdes son “la libertad, el emprendeduris-mo y la solidaridad”. Esto implícitamente refiere al liberalismo y su creencia básica: la riqueza es producto de la libertad de mercado, la cual premia más a quienes son “más trabajadores”. Por tanto, la des-igualdad que surge del hecho natural de que unos sean más eficientes que otros, solo puede corregirse con la solidaridad de los más exitosos, que hay que suponer voluntaria y no obligada por las leyes y la distribución de impuestos.

El programa de Verdes hace hincapié en la necesidad de que el desarrollo no se base en el Estado, sino en la creatividad y la capacidad de trabajo de la población. Esto está señalado explícitamente en el preám-bulo del programa de gobierno de Conver-gencia Nacional,19 que Verdes apoyó en las elecciones generales de 2009.

Muestra un especial interés en la temáti-ca ambiental, lo que corresponde con su

nacimiento como expresión, entre otros sectores, de los productores agropecua-rios del oriente. b) La posición ideológico-política de

Unidad Nacional20

Unidad Nacional basa su argumentación programática en el hecho de que, en los últimos 30 años, Bolivia cambió dos ve-ces de modelo económico y social. En los años 90, los neoliberales consideraban que el secreto para desarrollar el país era disminuir el Estado, agrandar el mercado, confiar en la empresa privada, que según ellos era, por naturaleza, más eficiente y honesta que la empresa pública. El resul-tado fue la destrucción de las instituciones públicas de entonces (YPFB, el Servicio de Caminos, las corporaciones de desa-rrollo) y la aprobación de un gran cuerpo de leyes destinadas a imponer este mo-delo, muchas de las cuales nunca se apli-caron.

Desde 2006, dice UN, ha ocurrido exac-tamente lo mismo, aunque con el signo inverso. Los estatistas consideraron a los neoliberales “vendepatrias” y se impusie-ron el programa contrario: agrandar el Es-tado, achicar el mercado, confiar en la em-presa pública, que sería, por naturaleza, “más justa y beneficiosa para las pobres” que la empresa privada.

Con esto los estatistas también destruye-ron instituciones: las grandes empresas privadas que teníamos, incluso algunas que funcionaban bien (ENTEL, Fancesa), y debilitaron a todas las demás. También aprobaron (y siguen aprobando) un cuer-

Berro, Jorge Dávalos, dibujo, 2009.

and miosa22

po de leyes destinado a imponer su mode-lo, aunque algunas de ellas no se aplican ni se aplicarán jamás.

En consecuencia, UN señala que, sin im-portar qué “modelo” adopta, el país no supera el subdesarrollo y sigue siendo primario-exportador.

Sin embargo, la lucha por el “modelo” tiene necesariamente dos efectos, relacionados uno con el otro: a) destruye instituciones, b) produce leyes que no se cumplen. Este es una de las causas del atraso boliviano. UN la llama “la fiebre de las refundacio-nes”.

Las refundaciones son, junto a la depen-dencia de los recursos no renovables, el gran problema del país. Un problema im-pide que se resuelva el otro.

UN plantea dar continuidad a lo que está bien, mejorar lo que puede mejorarse y hacer lo que nunca se ha hecho hasta ahora, a fin de mostrar una conducta de nuevo tipo, que no repita los errores de los últimos 200 años.

Asegura que conservará todas las nor-mas, acciones e instituciones que, al fundar el Estado Plurinacional de Bolivia, den a los indígenas derecho a conservar su cultura, hábitos tradicionales (como el acullicu), idioma, forma de organización política y judicial, y a no ser discriminados por ello; es decir, a progresar mantenien-do su identidad. Señala que seguirá el empoderamiento indígena y lo mejorará creando oportunidades económicas para los pobres rurales.

Conservará las empresas del Estado que se ocupan de los recursos naturales (YPFB, ENDE, Comibol) y son estratégi-cas para el país (BOA, ENTEL): con la in-tención de convertirlas en corporaciones eficientes, transparentes y competitivas. También creará una agencia muy presti-giosa que se haga responsable de la pla-nificación del desarrollo.

Conservará y mejorará las políticas socia-les, en particular las que reparten dinero directamente a la gente, que son mucho más eficientes, como la Renta Dignidad y otros bonos.Conservará la independencia de las deci-siones del Estado boliviano de los orga-nismos internacionales y las grandes po-tencias mundiales.

Conservará la organización del territorio en autonomías departamentales, regiona-les e indígenas. La mejorará convirtiendo

Esto implícitamente refiere al liberalismo y su creencia básica: la riqueza es producto de la libertad de mercado, la cual premia más a quienes son “más trabajadores”. Por tanto, la desigual-dad que surge del hecho natural de que unos sean más eficien-tes que otros, solo puede corregirse con la solidaridad de los más exitosos, que hay que suponer voluntaria y no obligada por las leyes y la distribución de impuestos.

Primis Lumis, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

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la descentralización nominal de este mo-mento en un genuino reparto del poder político. A cambio de ello, exigirá que las regiones acepten un nuevo pacto fiscal, que reordene y equilibre la repartición de los ingresos por el gas.

Propone resolver el problema del contra-bando, la delincuencia y los linchamien-tos, creando una Policía que se merezca el respeto de la población y creando sis-temas participativos de lucha contra el crimen.

En suma, UN ofrece a los bolivianos que se beneficien simultáneamente de los tres grandes valores de la política contemporá-nea: la libertad, la igualdad y la diversidad. Para esto, pretende dar a la población tres ciudadanías: i) La ciudadanía política, es decir, la libertad de pensamiento, reunión, expresión, elección, etc., ii) la ciudadanía socio-económica, es decir, la mayor igual-dad posible de oportunidades económicas y de mejoramiento social, y iii) la ciudada-nía cultural, es decir, la diversidad de len-guajes, hábitos, formas de vivir, de pensar y entretenerse, que no sea eliminada por el predominio de ninguna identidad sobre las demás.

Una u otra de estas ciudadanías han sido propuestas por los partidos “del modelo”, pero de una manera exclusivista que les impedía avanzar en las otras. Los neolibe-rales sólo se preocuparon por la libertad. Los socialistas por la igualdad. Los comu-nitaristas o indianistas por la diversidad. UN pretende avanzar al mismo tiempo y con igual interés en las tres ciudadanías, de modo que una no opaque a las demás. Esto se presenta como una visión de sín-tesis, de equilibrio entre ideologías o de centro.

c) La posición ideológico-política del Movimiento sin Miedo

Según el MSM, la historia se explica como la lucha entre una élite excluyente y la mayoría de la población. En el curso del tiempo estas dos “figuras” (el freno, por un lado, y el acelerador de la historia, por el otro) van cambiando de apariencia, pero la polaridad se mantiene. Ésta se ha reen-carnado hoy en: 1) un proyecto que une los movimientos sociales en un solo blo-que pluralista (policlasista, poliétnico, sin vanguardias prefijadas, sin represión a los diferentes) que busca la “democratización” de la sociedad, lo que actualmente se tra-duce en la construcción de un verdadero Estado Plurinacional, y 2) una burocracia política (MAS) que ha expropiado los lo-gros de la nueva oleada revolucionaria bo-

liviana (2005-2009), los limita actualmente por su adicción al poder, su incapacidad práctica y su ideología sectaria y autori-taria; y que pretende controlar el proyecto popular en beneficio propio, por lo que re-prime “policialmente” a la disidencia.

Esta dicotomía es la última de una serie histórica (rebeldes indígenas vs. capas altas de la sociedad colonial, patriotas vs. realistas, proteccionistas vs. libre-cambistas, nacionalistas revolucionarios vs. rosqueros, izquierda socialista vs. na-cionalistas “derechizados”, nacionalistas demócratas vs. nacionalistas gorilistas y, finalmente, neo-nacionalistas vs. neolibe-rales).

El MSM dice expresamente que no es la “nueva vanguardia” (rompe con el deter-minismo económico del marxismo, que prefijaba el papel político de cada clase

social, y de sus representantes políticos, de acuerdo a su lugar en el proceso pro-ductivo). También considera su esfuerzo como una parte, sólo, de la lucha más ge-neral del “bloque popular revolucionario”. Sin embargo, puesto que la única expli-cación que sus Tesis Ideológicas dan al fracaso de la construcción del Estado Plu-rinacional es la traición del MAS, se infiere que el MSM cree que una conducción más idónea cambiaría el resultado decaden-te que hasta ahora ha logrado el partido oficialista. Por tanto, subyace en su con-cepción política la idea de que la clave del cambio social es la integridad moral y la claridad ideológica de los líderes.

Por lo mismo, el MSM suscribe los princi-pales puntos de la ideología del MAS, sólo que rechaza el extremismo o el error con que fueron aplicados; a saber:

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a) Afirma la necesidad de un Estado fuerte, aunque repudia su burocra-tización, sus pretensiones hegemó-nicas (“vuelta al capitalismo de Es-tado”), que se haya estancado en un patrón primario exportador y que no respete el “pluralismo” económi-co (que no debe ser “abigarramien-to”, como veremos más adelante).

b) Apuesta por una democracia de distintos tipos (representativa, co-munitaria, directa) y tanto “minima-lista” (libertades civiles, Estado de Derecho, derechos humanos) como “ampliada” (es decir, la que resulta de la irrupción de las masas en la escena política en pos de mayores niveles de igualdad socioeconómi-ca, lo que el documento llama “de-mocratización”, pero que también podría denominarse, sin sesgo, “re-volución”).

Las Tesis no detectan la incompa-tibilidad entre ambas definiciones de democracia; suponen que es posible combinar el ideal de demo-cracia política (libertad de concien-cia, respeto por la alternancia de los gobernantes y separación de poderes) con la necesidad de una constante democratización de la sociedad, es decir, una revolución permanente del orden social. Tam-poco encuentran contradicción en-tre conformar un sujeto revolucio-nario homogéneo (que congregue a todos los movimientos sociales) y, al mismo tiempo, respetar la diver-sidad de cada parte de la sociedad. O descentralizar el poder político y, simultáneamente, usarlo con efi-ciencia para asegurar la igualación socioeconómica de la población.

El MSM busca cuatro grandes construc-ciones:

i) La construcción económico-pro-ductiva equivale a superar el patrón extractivo primario exportador. Para ello es necesario realizar un debate nacional para reconvertir la econo-mía extractivista en otra de índole “pluralista”, que implica el concurso de lo privado, lo comunitario y lo cooperativo. El pluralismo es más que la heterogeneidad, permite construir autosuficiencia y reducir la desigualdad.

ii) La construcción autonómica debe darse mediante la compatibilización del diseño constitucional autonómi-

co con la legislación departamental y local, y celebrando un nuevo pac-to fiscal.

iii) La construcción institucional exige armonizar el Estado Plurinacional con el “concepto de república” (Es-tado de Derecho y libertades políti-cas), de modo que se garantice el pluralismo y la alternancia políticos.

iv) Finalmente, la construcción plurina-cional implica ampliar estructural-mente el Estado para que contenga territorios, formas políticas, cultura, idiomas, religiones, estructuras ju-diciales, etc., de las diversas nacio-nes que componen Bolivia.

En lugar del “vivir bien”, el MSM plantea (aunque sin admitir que está haciendo esta sustitución) la “vida digna”, con una serie de atributos económicos, laborales, sociales, psicológicos, políticos, etc. Es una utopía que aúna desarrollo, ambien-talismo, igualdad, libertad y pluralismo cultural.

3. ¿RESPUESTA TRIPARTITA, BIPARTI-TA O UNITARIA AL MAS?

Lo más probable es que la oposición ten-ga que enfrentar en 2014 a Evo Morales, que cuenta con los recursos institucio-nales para validar legalmente una nueva candidatura. En ese caso, según las en-cuestas,21 necesita presentar un candida-to único si quiere tener alguna posibilidad de victoria.

Al mismo tiempo, la respuesta ideológica es tripartita: un partido más liberal, Ver-des, uno más socialista, que en algunos aspectos hace oposición al MAS desde la izquierda (el MSM), y un partido de centro, UN.

La existencia del MSM le da unas carac-terísticas particulares al panorama opo-sitor boliviano. Es una fuerza que surge del propio campo evista y cuenta con una relativa importancia política y electoral.22 Por su origen y sus características ideo-lógicas, el MSM ya ha manifestado que no está interesado en formar un bloque político con Verdes y UN, partidos que, por el contrario, surgen del trauma del que hemos hablado en este documento.

La alianza entre estas dos últimas fuerzas es más probable porque se formaron en la resistencia al evismo y, de cara al futuro, tienen un elemento ideológico en común: Descartan que la “democratización” histó-rica, en la que el MAS y el MSM descan-san su confianza teórica, sea compatible con la democracia liberal.

Sin embargo, en el campo electoral,23 la ciudadanía percibe a Juan del Grana-do como un líder opositor. Si es así, en su caso, su votación en 2012 provendrá principalmente de los sectores antievistas y, por tanto, su presencia perjudicará las posibilidades de la probable alianza entre Verdes y Unidad Nacional para vencer al MAS. En suma, el desafío de la oposición puede formularse así: es tripartita o, como máximo, bipartita ideológicamente, pero necesita presentarse como un solo bloque si quiere vencer al oficialismo en las elec-ciones de 2014.

A esta altura, este desafío parece irresolu-ble. Esto le quita perspectivas electorales nacionales a la oposición, aunque ésta puede avanzar de forma unitaria en los espacios subnacionales y en la construc-ción de una nueva alternativa programáti-ca y política.

En este esfuerzo no dejará de enfrentar la adversidad que emanaba y que segui-rá emanando, para ella, del peculiar na-cimiento del proceso actual, su carácter revolucionario y la decisión del gobierno de Evo Morales de conservar para sí el monopolio de la política.

Fernando MolinaComunicador y Escritor.

Por tanto, subyace en su concepción política la idea de que la clave del cambio social es la integridad moral y la claridad ideo-lógica de los líderes.

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* Fernando Molina es autor de numerosos ensayos, entre ellos: La trayectoria teórica de Antonio Negri (Pazos Kanki, 2012), tres folletos de la serie “Pen-sadores bolivianos”: Guillermo Francovich, René Zavaleta y Vicente Pazos Kanki (Gente Común, 2011), y El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (dos ediciones: 2009 y 2011). También ha publicado cientos de artí-culos en obras colectivas, revistas, periódicos y sitios web de La Paz, Santiago de Chile, México y Madrid.

1 Por razones obvias, es difícil probar este aserto. Sin embargo, tómese en cuen-ta los siguientes datos. Luego de las nacionalizaciones con que comenzó su gobierno, el MAS no permitió participar a bolivianos en las delegaciones de las empresas transnacionales que negociaban con él (Pulso, julio de 2006). Luego, en 2007 reveló la lista de bolivianos que trabajaban en la agencia de cooperación estadounidense Usaid, que calificó como “neoliberales” interesados en conspirar contra el presidente Morales, según recordó el diario Página 7 en un artículo de resumen de los ataques a Estados Unidos, fechado el 7 de abril de 2012. Como resultado de la presión contra sus proyectos, Usaid cerró la mayoría de estos y despidió a casi todos los antiguos funcionarios. Página 7 también recuerda que, en febrero de 2010, “Morales acusó a algunas ONGs de ser una ‘quinta instancia’ de espionaje de EEUU a su Gobierno. Durante su segundo mandato fue fre-cuente el ataque a organizaciones no gubernamentales como Cejis y Fobomade, acusadas de trabajar con financiamiento de Usaid”. En un último incidente, el 25 de agosto de 2011, dice un despacho de Erbol, el canciller David Choquehuanca pidió a Estados Unidos investigar a sus funcionarios por su supuesto apoyo a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que en ese momento se rebelaban en contra de la decisión gubernamental de construir una carretera por el centro de este territorio.

2 Según Samuel Doria Medina, “de forma permanente el entorno gubernamental lanza el mensaje de que los empresarios son bienvenidos si no se meten en política” (entrevista con El Día de Santa Cruz, 24 de septiembre de 2012).

3 El 9 de septiembre de 2012, un despacho de AFP informó que Yoriko Yaku-sawa, representante de las Naciones Unidas en Bolivia, mostró su preocu-pación por “la acumulación de causas” contra detractores del Gobierno. “No es un buen mensaje sobre la democracia”, afirmó. El 18 de septiembre del mismo año, el Consejo Episcopal Permanente de la Iglesia Católica, según un despacho de la Agencia Nacional Fides, señaló que “muchas personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. Es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos”. El Consejo Episcopal pidió una amnistía para los acusados y exiliados políticos… Presentamos estos indicios porque no existe un estudio del exilio boliviano que produjo la revolución política. Sólo están registrados los casos más notorios, es decir, los de políticos que es-caparon de juicios de distinta naturaleza (los que fueron procesados por la represión de octubre, los investigados por la formación de una milicia armada en Santa Cruz en 2008, los procesados por corrupción para ser echados de las instancias estatales intermedias: alcaldía de Potosí, gobernación de La Paz, Cochabamba y Tarija). En cambio, nada se sabe los centenares de ex funcio-narios del sistema político anterior que salieron del país a tratar de encontrar una nueva vida.

4 Enarbolada por la insurrección popular que derrocó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

5 Fernando Molina, Bajo el signo del cambio – Análisis de tres procesos electo-rales (2002, 2005 y 2006), La Paz, Eureka, 2006.

6 El ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, in-siste en esto en el programa No Mentirás, emitido por la red PAT, el 10 de septiembre de 2012. Carlos Mesa, La presidencia sitiada, La Paz, Plural, 2008.

7 Simultáneamente, el gobierno no sólo habla de revolución política, sino tam-bién social, económica y cultural. Véase Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonía – Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2012.

8 Podemos obtuvo el 28,6% de los votos, frente al 53,7% obtenido por el MAS.9 Mariella Pereyra Ortiz, ¿Transregionalización política con matices verdes? –

Verdad y democracia social: realidad, proyección y desafíos, PNUD-Bolivia, septiembre de 2011. La agrupación ciudadana Verdad y Democracia (Verdes) nació en noviembre de 2009. En el plano nacional, Verdes apoyó a Conver-gencia Nacional en las elecciones de diciembre de ese año. Pero se constituyó realmente en torno de una segunda candidatura de Rubén Costas, que en 2010 ganó las primeras elecciones autonómicas y se convirtió en el goberna-dor de Santa Cruz. Estas elecciones se convocaron bajo el alero de la Consti-tución aprobada a comienzos de 2009.

10 Unidad Nacional logró alrededor del 7% de los votos en las elecciones gene-rales de 2005 y en las de la Asamblea Constituyente de 2006.

11 El peor de estos errores fue provocar la convocatoria a un referendo revo-catorio contra Morales que no sólo éste ganó fácilmente, sino que mostró la inserción de su partido en el oriente del país. Véase Fernando Molina, “Bolivia: la geografía de un conflicto”, en Nueva Sociedad 218, Buenos Aires.

12 Véase PNUD, Mutaciones el campo político, La Paz, s.e., 2010. 13 Intento de eliminar las subvenciones a los carburantes, que en ese momento

ascendían a 500 millones de dólares anuales, con un encarecimiento de los precios al público de entre 50 y 80%. La decisión causó tal reacción en la po-blación, que el gobierno tuvo que retirarla pocos días después.

14 Véase la separata de celebración del 50 aniversario de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el 30 de septiembre de 2012, en Página 7. Los discursos del vicepresidente Álvaro García Linera en la Expocruz de ese mismo mes y año ofrecen la coexistencia entre el estatismo y el emprendi-miento privado (Página 7, 25 de septiembre de 2012).

15 Véase notas 2 y 14.16 Para conocer sus ideas, véase: http://www.rosalux.org.ec/es/analisis/bolivia/

item/210-manifiesto-cpr.html17 Basado en Pereyra, op. cit.18 Citado en Peryra, op. cit.19 http://boliviadecide.blogspot.com/2009/10/programa-de-gobierno-del-ppb-cn-

plan.html20 Basado en Unidad Nacional, Visión de país, diciembre de 2011.21 Encuestas de Apoyo para el periódico Página 7, 2011-2012.22 El MSM controla el principal municipio del país y su candidato, Juan del Gra-

nado, se beneficia hasta el momento con aproximadamente un 20% de la in-tención de voto.

23 Encuestas mencionadas.

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Manuel Antonio Garretón

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Varios individuos, Jorge Dávalos, dibujo, 2012.

El legado de la dictadura

En Chile, los gobiernos de-mocráticos desde 1990, re-cibieron como legado de la dictadura cinco elementos fundamentales estrechamen-

te vinculados entre sí. En primer lugar, el clima de impunidad y de división entre los chilenos, principalmente, a partir de sus crímenes y violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, una insti-tucionalidad que consagra un régimen semi-democrático con un empate político, a través del sistema electoral binominal, entre las fuerzas identificadas con la he-rencia de la dictadura y las fuerzas demo-cráticas. Empate que se proyecta a todas las instituciones impidiendo su transfor-mación, expresado principalmente en la Constitución, las leyes orgánicas consti-tucionales y las de quórum calificados, el nombramiento de autoridades y miembros de diversas instancias del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Con-sejo de Televisión, por citar sólo algunos ejemplos), todo lo cual impide la real ex-presión de las mayorías y la soberanía popular. En tercer lugar, y como resultado de esta segunda herencia, por un lado, el predominio de poderes fácticos (Fuer-zas Armadas, medios de comunicación, sectores empresariales, Poder Judicial, etc) y, por otro, la expansión de la fuer-za político-electoral de la derecha, que de alrededor de un tercio de la votación durante la mayor parte del siglo XX, se consolidó a partir del plebiscito de 1988 en poco menos de la mitad de los votos. En cuarto lugar, actores sociales, con la excepción de los sectores mencionados, debilitados tanto en su capacidad de ex-presión propia como en sus vínculos con la política y el Estado. En quinto lugar, un modelo socio-económico preservado por esa institucionalidad que genera y repro-duce desigualdades y concentraciones de poder y riqueza insuperables y que limita seriamente el papel dirigente, corrector y regulador del Estado.

Los gobiernos de la Concertación

El Plebiscito de 1988, convocado para proyectar la dictadura, de acuerdo a la Constitución de 1980, puede ser definido como una elección fundante y tuvo como resultado inesperado por sus promotores el desencadenar la transición democráti-ca. En ese momento, se canceló definiti-vamente toda posibilidad de regresión au-toritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Dicha transición terminó con el ascenso del primer gobierno democrático

en Marzo de 1990, en la medida que, con posterioridad a esa inauguración, pode-mos hablar de una democracia restringida o de proceso de democratización, pero no propiamente de transición.

En los veinte años siguientes gobernaron cuatro presidentes de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de centro izquierda formada por la Democra-cia Cristiana, el Partido Socialista, el Par-tido por la Democracia (PPD) y, de menor importancia, el Partido Radical Social Demócrata), dos demócratas cristianos (Patricio Aylwin 1990-1994; Eduardo Frei 1994-2000) y dos socialistas-PPD (Ricar-do Lagos 2000-2006; Michelle Bachelet 2006-2010). Se resolvía así uno de los grandes problemas de la sociedad chilena en el siglo XX: la existencia de una imbri-cación entre actores sociales y sistema partidario se había expresado al nivel de cada polo partidario del campo de cen-tro izquierda, pero, con la excepción del Frente Popular de finales de los treinta, no se había expresado en una coalición de-mocrática progresista que uniera centro e izquierda. Así, la decisión de integrar esta coalición puede definirse como el hecho o giro fundamental de la izquierda chile-na en su historia contemporánea, porque además puso término a la problemática central que había definido a la izquierda como un proyecto socialista clásico ba-sado en la alianza comunista-socialista, y significó también un vuelco en la historia política de la Democracia Cristiana que-brando su tradicional tendencia al aisla-miento y “camino propio”.

El proyecto histórico de la Concertación, más allá de sus expresiones programáti-cas, consistía básicamente, además de consolidar una débil democracia conquis-tada en el plebiscito y en la primeras elec-ciones presidencial y parlamentaria, en superar las herencias constitutivas de la sociedad post-pinochetista generando un nuevo orden socio-económico y político que podríamos llamar la sociedad demo-crática o del bicentenario.

El primer gobierno democrático, de Pa-tricio Aylwin, definió la tarea nacional en términos de “transición a la democracia” y apuntó hacia la idea de un “crecimiento con equidad”, manteniendo los equilibrios macro-económicos y buscando corregir los efectos sociales del modelo económi-co. Asimismo, definió un método de nego-ciaciones y acuerdos puntuales que llamó “democracia de consensos”. Lo cierto es que ya no se estaba en ninguna transición ni tampoco hubo, como indicaremos, ver-daderos consensos. Pero, en todo caso, cualquiera sea la crítica que se haga a es-tas definiciones por parciales o insuficien-tes, hay que reconocer qué metas y orien-taciones hubo y que, en términos de ellas, el gobierno avanzó, aunque parcialmente, en materias como la política de derechos humanos, reforma tributarias y lucha con-tra la pobreza.

Durante el segundo gobierno de la Con-certación, pese a una muy buena perfor-mance económica hasta 1997 y a los im-portantes avances en términos de obras públicas y de reforma a la justicia y a la educación, y la promoción de una mesa de Diálogo en torno a la cuestión de los derechos humanos; en materia de pro-yectos y orientaciones, de metas que movilicen energías sociales y culturales, el país no tuvo una clara conducción po-lítica, y uno de los temas principales de su agenda, que fue la reforma del Estado, se quedó en los aspectos de eficiencia y de modernización de gestión sin entrar en transformación estructurales e institucio-nales de fondo.

En el gobierno de Ricardo Lagos, se re-cuperó el liderazgo presidencial: la meta fue planteada en términos de ser un país desarrollado en el segundo centenario de la existencia como nación independiente. Sin embargo, tal meta, pese a los enor-mes avances en materia de infraestruc-tura, reformas sociales e inserción inter-nacional, quedó lejos de conseguirse. La presidencia de Ricardo Lagos creó enorme expectativa en torno a un cambio

El proyecto histórico de la Concertación, más allá de sus expresio-nes programáticas, consistía básicamente, además de consolidar una débil democracia conquistada en el plebiscito y en la prime-ras elecciones presidencial y parlamentaria, en superar las he-rencias constitutivas de la sociedad post-pinochetista generando un nuevo orden socio-económico y político que podríamos llamar la sociedad democrática o del bicentenario.

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de época, especialmente porque en sus primeros mensajes habló de una nueva Constitución y no de una simple reforma, y porque él fue el artífice del discurso del bicentenario que nos vería llegar a una so-ciedad desarrollada. Por otro lado, se pro-dujeron grandes avances modernizadores y de democratización social, como el Plan AUGE en Salud y la visión de una so-ciedad de derechos garantizados, la Co-misión Valech para los casos de tortura, las obras públicas, y las respuestas a las primeras críticas de corrupción que lleva-ron a comienzos de 2003 a las agendas de modernización del Estado, definidas básicamente en términos de eficiencia y transparencia, sin duda necesarias pero insuficientes. Desde un punto de vista político, las reformas constitucionales del 2005, si bien eliminaron algunos enclaves autoritarios, como la inamovilidad de los comandantes en Jefe, los Senadores de-signados, el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, etc., contribuyeron a legitimar el modelo socio-económico implícito en la Constitución y no cambiaron el sistema electoral. Puede argumentarse que ello era lo único posible dado el carácter de la oposición de derecha; pero entonces la cuestión central era no haber cancelado el debate futuro sobre una nueva Constitu-ción, dándole a tales reformas el carácter

de Constitución del siglo XXI. Del mismo modo, se promovió el voto voluntario lo que es una contradicción con el principio republicano que el mismo gobierno de Ricardo Lagos encarnó con tanta fuerza, error que sería reconocido años después por el propio ex-Presidente. El gobierno de Bachelet, cuya candida-tura presidencial, contrariamente al mito que habría surgido de la ciudadanía, fue la última surgida consensualmente por los partidos de la Concertación sin dar origen a fraccionamientos como ocurrirá con la de Eduardo Frei en 2009; fue el pri-mer gobierno paritario en el Ejecutivo de hombres y mujeres dirigido por una mujer en América Latina, y su duración fue sólo de cuatro años de acuerdo a las reformas constitucionales de 2005. La idea central fue la de un nuevo estilo, llamado “ciuda-dano”. Éste, en la práctica, se definió por una agenda de medidas concretas, en-marcadas en la propuesta de un sistema de protección que se materializaría espe-cialmente en la reforma previsional pero que, al no lograr darle sentido al conjunto del accionar gubernamental, fue desbor-dado por problemas que no estaban en la agenda, el más significativo de los cuales fue el movimiento estudiantil de la edu-cación media. En todo caso, el gobierno

de Bachelet hizo avances significativos en materia de protección social y agenda de género, mantuvo políticas macroeco-nómicas y políticas sociales de carácter neoliberal con algunas modificaciones en general respondiendo a presiones y movi-lizaciones sociales y paliando los efectos de la crisis internacional con los recursos ahorrados del cobre, creó instancias de expresión de la sociedad civil para resol-ver conflictos y consensuar políticas pú-blicas, insertó más a Chile en el contexto latinoamericano y dio pasos importantes en la resolución de la demanda boliviana de salida al mar. Pero el gobierno estuvo permanentemente atravesado por una tensión entre la ausencia de un proyecto u horizonte claro y una enorme sensibili-dad para entender y acoger los problemas y demandas sociales que se van presen-tando normalmente fuera de su agenda, y superar los conflictos inmediatos a que dan origen —aunque sin resolver defini-tivamente el problema de fondo— lo que explica en gran parte su inédito apoyo popular. Por otro lado, por primera vez se produjeron escisiones importantes en la coalición de gobierno y, por primera, vez se perdieron las elecciones presidenciales de continuidad de la Concertación al ter-minar su mandato.

Sierbo ambiguo, Jorge Dávalos, acrílico, 2011.

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La democratización incompleta

Recordemos que el discurso oficial ori-ginal de la Concertación era, acertada o equivocadamente, el de un gobierno de transición que sería capaz de terminar con la dictadura, cambiar la institucionali-dad heredada y corregir el modelo socio-económico. Como ha sido reiteradamente señalado, fueron los enclaves autoritarios, es decir las herencias institucionales de la dictadura, su Constitución y la normativa derivada y los poderes fácticos militar y ci-vil, los que establecieron principios de veto para reformas socio-económicas más pro-fundas que generarían un nuevo modelo de desarrollo. La prioridad inicial se puso en la estabilidad económica, de modo que no genere inquietud en los sectores do-minantes de la economía, en la oposición de derecha y en los militares. La idea de que se estaba en transición aseguraba que no podían arriesgarse reformas más radicales e integrales. Con todo, como el avance en los programas contra la pobre-za, el crecimiento económico sostenido en comparación con la región, reformas educacionales y de salud, los derechos humanos, entre otros, además de los con-tinuos éxitos electorales, generaron una cierta autosatisfacción que de tiempo en tiempo era sacudida por llamados de aler-ta provenientes siempre de los sectores de izquierda, especialmente el Partido So-cialista. El énfasis en esta crítica “desde dentro de la Concertación” era respecto de la mantención de las desigualdades, las relaciones laborales inequitativas, los temas pendientes de Derechos Huma-nos en cuanto a la necesidad, no sólo de verdad sino de justicia, y terminar con el clima generalizado de impunidad que per-duró hasta la detención de Pinochet en Londres, las reformas constitucionales y la incorporación de los nuevos temas como los étnicos, género, participación, y sólo marginalmente la transformación del modelo productivo y de desarrollo. En todo caso, la prioridad se daba a la pre-servación de la coalición bajo el temor de regresiones de derecha o autoritarias, priorizando el criterio de unidad basado en la lealtad al gobierno y el fortalecimiento de la democracia.

Los éxitos relativos de la democratización política chilena pagaron un costo que pue-de apreciarse en los grandes problemas no resueltos, es decir, fracasos relativos debidos no a la naturaleza misma del pro-ceso, sino a la acción de la oposición y a la propia conducción política. Así, la de-mocratización política chilena fue exitosa en la medida que desplazó a la dictadura, impidió la descomposición de la sociedad

al controlar las variables macro-económi-cas, y aseguró un gobierno formado por la coalición democrática mayoritaria. Pero no puede hablarse de “transición ejem-plar” si se considera el largo tiempo que tomó la eliminación de enclaves autorita-rios, algunos de los cuales, como la cons-titución y el sistema electoral, persisten hasta hoy, y la calidad de este régimen democrático. Éste se caracteriza por la debilidad institucional democrática, la pre-sencia de poderes fácticos y la debilidad de representación debido a las tensiones entre actores políticos y sociedad. Asimis-mo, por la fragilidad de sus bases cultu-rales, debido a la ausencia de consensos básicos, y a debilidades de la cohesión, unidad y dirección societal, debida a la re-lativa ausencia de un fuerte poder estatal.Se ha insistido mucho en el carácter con-sensual de la transición chilena. Lo cierto es que lo que primó fue la ausencia de de-bate sobre los grandes temas que definen la sociedad y las bases fundacionales de la democracia, compensado sólo por la ilusión del consenso. Éste, sólo existió, en realidad, para terminar con la dictadura. Lo que hubo después fueron acuerdos cir-cunstanciales o concretos entre gobierno y oposición. Pero no podría, seriamente, llamarse a estos últimos “democracia de consensos”. No hubo real consenso en temas básicos como derechos humanos, Constitución, bases del modelo socio-económico, organización político-adminis-trativa, papel del Estado, etc.; lo que se explica, por un lado, por el veto de la mi-noría política de la derecha y los poderes fácticos: organizaciones empresariales, grupos económicos que controlan los me-dios de comunicación, las mismas Fuerzas Armadas hasta comienzos de la década del 2000, el Poder Judicial. Por otro lado, porque no hubo debate sobre los temas cruciales o este debate fue ahogado por las exigencias de estabilidad económica o política. Por último, porque siguió exis-tiendo un trauma del disenso, el conflicto y la confrontación, a los que se demonizaba o patologizaba. Y esta política tuvo como efecto la proyección de la imagen pública de que concertación y oposición eran lo mismo, que todos son iguales y que todo se negocia instrumentalmente, con lo que se confirmaba la percepción de la política como puro juego de elites, aumentando la distancia de la gente, especialmente de los jóvenes con la política.

Así, la Concertación fue sin duda extrema-damente exitosa. En primer lugar, electo-ralmente, ganando todas las elecciones parlamentarias, municipales y presiden-ciales (con la excepción de la primera vuelta presidencial de 2005, en la que la

candidata Bachelet obtuvo menos vota-ción que la suma de los dos candidatos de la derecha, aunque este resultado se revirtió en la segunda vuelta) y de la elec-ción de alcaldes en 2009, antes de ser vencida en las elecciones presidenciales de 2010. En segundo lugar, en la admi-nistración del gobierno, tanto en lo que se refiere a indicadores de crecimiento y desarrollo económico, como los de tipo social, con una tendencia sostenida a la superación de la pobreza, como en los de infraestructura y modernización, e integra-ción mundial (pese a una debilidad en la dimensión latinoamericana que sólo más tardíamente intentó corregirse)

Pero el término de la transición no signi-ficó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la so-ciedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democra-cia restringida, cuyos defectos de origen sólo lograron superarse parcialmente. Los dos grandes déficit del período de la Con-certación, son, por un lado, la instituciona-lidad política cuyo eje es la Constitución y que permite el veto del sector civil de apoyo de la dictadura, la derecha política, y un modelo económico intrínsecamente desigualitario que impide la labor redistri-butiva del Estado.

Nuestra hipótesis es que las razones de esta democratización incompleta se en-cuentran principalmente en la férrea de-fensa que hizo la derecha opositora a cualquier cambio fundamental en la insti-tucionalidad y en el modelo socio-econó-mico, para lo que contaba durante largo tiempo con mayoría en el Senado y con un sistema electoral y de quórum legislativo que le aseguraba un poder de veto. A ello hay que agregarle el papel de los medios de comunicación y de poderes fácticos de jure, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y las mismas FFAA hasta el 2003.

Pero hay también una responsabilidad en los gobiernos de la Concertación y en la misma coalición. Podemos señalar tres aspectos.

Uno es lo que hemos llamado “la trampa del éxito”, es decir, la percepción de que al hacerlo bien en una serie de materias que hemos enumerado, era mejor, para evitar riesgos electorales, no intentar resolver o resolver parcialmente temas que podrían generar o una radicalización de la opo-sición o debates internos que atentaran contra la unidad de la coalición.

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El segundo es el sesgo ideológico respec-to del modelo socio-económico, con una tensión permanente entre la orientación discursiva de corte más social demócrata y una dirección económica de corte libe-ral. De la crítica radical en los 80, al punto de colocarlo al mismo nivel de perversión del régimen político, se pasó a una crítica parcial a sus efectos desigualadores, sin entender que, como dijo la OECD respec-to de la educación, el modelo neo-liberal (al que se le dejó de llamar así) estaba construido para generar desigualdades y suprimir el papel del Estado, es decir, és-tos no eran meros efectos sino objetivos buscados, por lo que su sola corrección, como efectivamente hicieron los gobier-nos de la Concertación, podría morigerar pero no superar estos rasgos intrínsecos.

Por último, una defectuosa relación parti-dos-gobierno, de la que ambos son res-ponsables, que llevó a la ausencia del de-bate y diálogo que respetara la lógica de cada cual y que permitiera a los partidos elaborar sus propias visiones para lue-go concordar con los gobiernos. Si hubo una lógica predominante, ella no fue ni la propia de los partidos ni la del diálogo gobierno-partidos, sino la estrictamente gubernamental. Porque, en general, des-de los gobiernos se clausuró el debate de la Concertación, exigiendo lealtad a todas las medidas se hubieran o no, consen-suado entre ambos. A su vez, desde la Concertación no existieron las estructuras de elaboración y diálogos transversales, como existieron en la época de conforma-ción de la alianza durante la dictadura que pudieran elaborar y debatir visiones y pro-yectos, para que luego las instancias polí-ticas de los partidos, de la Concertación y del gobierno tomaran las decisiones.

La herencia no superada: desigualdad e institucionalidad política.

La sociedad de los gobiernos democráti-cos concertacionistas estaba atada a la sociedad de la dictadura por dos cadenas o enclaves: por un lado, el modelo socio económico o modelo neo-liberal, con pa-pel hegemónico del mercado en los diver-sos ámbitos de la vida social y rol subsi-diario del Estado y profunda desigualdad estructural, y, por otro, el modelo político institucional, expresado, principal aunque no exclusivamente, en la Constitución de 1980 y cuya razón última era impedir cambios significativos en el modelo socio económico.

La desigualdad, principalmente expresa-da a través de la concentración y distribu-ción de ingresos, junto al papel predomi-

nante del mercado y un Estado debilitado y subsidiario constituyen las dos heren-cias principales en el plano socioeconómi-co del modelo neoliberal implantado bajo la dictadura militar. Chile era el segundo países de América Latina en igualdad de distribución de ingreso a comienzos de la década del setenta y el segundo en desigualdad en los noventa. La alta des-igualdad es resultado principalmente del empeoramiento de la distribución desde el momento de los ajustes a mediados de la década del 70.

Según datos corroborados por la CEPAL, en el año 2006, Chile se encontraba entre los países con altos niveles de concentra-ción del ingreso, manteniéndose “entre el grupo de países con alta concentración de ingreso entre 1990-1992” (CEPAL, 2006). Por su parte, en la investigación encar-gada por el Consejo Presidencial para el Trabajo y Equidad creado por el gobier-no de Michelle Bachelet, se señala que, según varios coeficientes, Chile es uno de los países con peor desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina e incluso del mundo. Según el coeficiente de Gini estimado, Chile ocupaba el lugar decimotercero en la peor distribución del ingreso entre 40 países medidos.

Pese a la disminución dramática de la pobreza heredada de la dictadura, desde cerca del 40% a un 15%, durante los go-biernos de la Concertación, los datos em-píricos evidencian que en el periodo con-certacionista la desigualdad relativa de la distribución del ingreso por quintiles no varió significativamente. Y esta desigual-dad se reproduce en todos los campos de la vida social como la educación, la salud, el sistema previsional y también al campo de la participación política. Si bien el tema atravesó muchos debates de la Concerta-ción e incluso en la campaña de la primera vuelta de Ricardo Lagos se apeló signifi-cativamente a ello, predominó la visión de la igualdad de oportunidades o de la equi-dad que llevaba a políticas focalizadas de corrección del mercado, subsidios o au-mento del gasto social pero sin reformas estructurales redistributivas.

Y esta desigualdad constitutiva del mode-lo socioeconómico estaba respaldada por el modelo político heredado. En efecto, como hemos indicado, la transición desde la dictadura de Pinochet desencadenada con el plebiscito de 1988, dio como resul-tado una democracia incompleta, pues su institucionalidad fue en gran parte impues-ta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima y vigencia de libertades públicas, pero difícilmente el régimen institucional podría ser calificado como democrático.

Es cierto que esta afirmación contradi-ce la ilusión sobre la democracia chilena expresada en los diversos rankings inter-nacionales y calificada, por muchos, de transición ejemplar. Ello porque el rasgo básico de la democratización política chi-lena sería una tensión entre, por un lado, la herencia de un marco socio-económico e institucional que da lugar a los aspectos deficitarios de la democracia y de su des-empeño y, por otro, la existencia inédita de una sólida coalición política, la Con-certación de Partidos por la Democracia que explicaría, sobre todo, los aspectos positivos. En dicha tensión juega un papel central la Constitución política impuesta por la dictadura en 1980 en un plebisci-to fraudulento. Estamos en presencia del único caso en el mundo de una Constitu-ción dictada bajo una dictadura militar que rige en un régimen democrático.

El núcleo básico de la Constitución era generar un sistema político que garanti-zara un empate en el Congreso entre las fuerzas herederas de la dictadura y las fuerzas democráticas, a través del siste-ma electoral binominal, y un poder de veto de la minoría a través de leyes de quórums calificados. Esta fórmula que permite la imposición de la voluntad de la minoría, contraria a todo principio democrático, ga-rantizaba la intangibilidad del modelo eco-nómico social y del propio sistema político.

Este núcleo constitucional fue defendi-do cerradamente por la derecha que se opuso a todos los intentos de cambio del sistema electoral y de otros principios

Nuestra hipótesis es que las razones de esta democratización incompleta se encuentran principalmente en la férrea defensa que hizo la derecha opositora a cualquier cambio fundamental en la institucionalidad y en el modelo socio-económico, para lo que contaba durante largo tiempo con mayoría en el Senado y con un sistema electoral y de quórum legislativo que le aseguraba un poder de veto.

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Brisas 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2011.

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consagrados en ella. Las negociaciones llevadas a cabo para lograr cambios cons-titucionales culminaron en el gobierno de Lagos en 2005, con una reforma que no eliminó ni reemplazó este núcleo. Aunque senadores nominados y vitalicios fueron suprimidos al igual que el papel tutelar de las fuerzas armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional, y otros aspectos fueron también derogados, la reforma de Lagos no se pronunció sobre el sistema de elección binominal, aunque lo bajó de ran-go constitucional a ley de quórum califica-do. Pero, como indicáramos, lo más grave al respecto es que al cambiar la firma de Pinochet por la de Lagos, quien proclamó la inauguración de una nueva Constitu-ción, se clausuró el debate constitucional sin que el pueblo chileno pudiera tener un verdadero “momento constitucional”.

En síntesis, el proyecto de la Concertación se agotó sin que hubiera culminado o se hubiera completado. Y ese proyecto era la democratización del país. Si bien se con-quistó una democracia política y se termi-nó con la dictadura y se corrigió un modelo económico, no se dio el salto a la época del bicentenario: no se superó la institucionali-dad heredada ni el modelo de desigualdad. Y si no se hizo, fue en parte importante por la resistencia de la derecha y también, en parte, por fallas de la propia Concertación que llevaron a descuidar el proyecto y a privilegiar la disputa interna por posiciones del poder, con lo que se fue descuidando el estilo y generando descontento y distan-ciamiento sin un proyecto alternativo.

Nada de lo anterior impide reconocer que, en un balance general, el mayor aporte de la democratización chilena en perspectiva comparada fue la Concertación de Parti-dos por la Democracia, es decir, la coali-ción de centro e izquierda que expresaba todo el aprendizaje de lo que había sido la política chilena antes de la dictadura y en la lucha contra ella.

La transformación de la política

A lo largo de este período, la política expe-rimenta dos grandes cambios en relación al modelo clásico predominante en el siglo XX.

Por un lado, en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, se man-tuvo vigente durante las dictaduras, en los procesos de democratización y en el nuevo régimen democrático, un sustrato político cultural o paradigma en el que se enmarcaban los comportamientos socio-políticos y a los que nos hemos referido en otra parte de este trabajo. Durante la

dictadura, este sustrato se mantuvo pero a él se agregó otro componente que fue la división autoritarismo-democracia. De modo que durante todo el período demo-crático se ha mantenido este paradigma o sustrato compuesto, por un lado, por una identificación política clásica con la derecha, centro e izquierda y los partidos que la expresan y, por otro lado, por el juicio frente a la dictadura expresado en el plebiscito de 1988 (el SI y el NO). En la década del 90 se produce un primer cam-bio en el modo como opera este sustrato en la medida que deja de ser el referente para todos los ámbitos de la vida social y se reduce al ámbito estrictamente político, donde sigue siendo el referente principal. Es decir, la política deja de ser el eje ver-tebrador de toda acción colectiva, aun-que, a diferencia de otros países, hay un sustrato político, cultural que sigue siendo clave en el sistema político propiamente dicho, es decir, en las elecciones.

Por otro lado, ello se expresa en el doble sistema de partidos vigente en los veinte años de democracia. Se trata, a la vez, de un sistema bipartidario, reforzado además a través del sistema binominal, que repro-duce el conflicto autoritarismo-democra-cia. Pero también existe la reproducción de un sistema multipartidario (dos partidos en la derecha, un partido o dos de centro, dos partidos de centro izquierda, y ade-más un partido, el PC, y otras fuerzas de izquierda fuera de la Concertación y que han sido excluidos del sistema político, al menos hasta la última elección parlamen-taria, o no cuentan con la representación proporcional a su fuerza electoral y so-cial). En el último tiempo se ha produci-do, además, la escisión de partidos de la Concertación que ha llevado a la creación de pequeñas fuerzas partidarias de futuro incierto.

Es probablemente la convergencia de am-bos aspectos los que están en la base de la dificultad de renovación de la política y de emergencia de un nuevo paradigma de la acción social a la que nos referiremos más adelante, en la medida que, junto a los procesos de individualización, los ac-tores sociales clásicos no se sienten ex-presados en partidos encerrados en un sistema político congelado y los actores sociales nuevos no pueden transformarse efectivamente en los nuevos sujetos po-líticos.

Las elecciones de 2010 y el ascenso de un gobierno de derecha

Con las elecciones presidenciales de ene-ro de 2010 y el triunfo de la coalición opo-

sitora de derecha, se cierra la época de los gobiernos de la Concertación. Pero el ciclo político iniciado en 1990 se había agotado antes, en la medida que, a pesar de los grandes avances y transformaciones in-troducidas en la sociedad, la Concertación no había logrado completar su proyecto democratizador (institucionalidad y mode-lo económico heredado) y tampoco había sido capaz de generar otro proyecto que permitiera el salto a la sociedad del bicen-tenario. Ello se expresó en que la elección presidencial de la primera vuelta se dio en el mismo escenario del plebiscito de 1988, excepto para el campo electoral de la Concertación que estuvo dividido entre el candidato oficial y un candidato que, sin un proyecto alternativo claro, expresaba el descontento a una política que se con-sideraba desgastada. La recuperación de este electorado no alcanzó a completarse en la segunda vuelta y las cifras ratifican que la elección, más que ganada por la derecha, fue perdida por la Concertación, en la medida que la primera no aumentó significativamente su votación respecto de elecciones precedentes.

Los cambios que había experimentado la sociedad chilena bajo los gobiernos de la Concertación no se reflejaron sino margi-nalmente en el comportamiento electoral, pero ese margen fue suficiente para pro-ducir un cambio político profundo. Como hemos dicho, este cambio marginal en el electorado puede ser explicado a partir del surgimiento de un nuevo paradigma de comportamiento socio-político que, si bien reducido, penetra a un cierto sector de la población y permea también a ca-pas que, sin sustituir el antiguo paradigma o sustrato tradicional o clásico, lo altera o contamina parcialmente, debilitándolo. Este nuevo paradigma está vinculado al proceso de descomposición de la clase media y su reemplazo por una multiplici-dad de estratos y grupos de alta movilidad que piensan sus vidas, no a partir de es-tructuras, proyectos e instituciones, sino de oportunidades individuales y sus capa-cidades personales. Ello está relacionado con el fenómeno de descategorización (la pertenencia a un categoría social deja de fijar las orientaciones y pautas de conduc-ta), desolidarización (pérdida de identifica-ción con causas y grupos o personas más allá del entorno cercano) e individualismo (los otros vistos no como sujetos con sus propios proyectos, sino en referencia a un proyecto individual). La sociedad o el país es un puro espacio de oportunidades, por lo que no interesa cambiarlo o transfor-marlo en lo que no sea la satisfacción de las necesidades y aspiraciones propias.

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Así, la política pierde su sentido de visión general e instrumento de transformación (o conservación) y pasa a ser juzgada por su capacidad de satisfacer las demandas particulares, pero también con un criterio de utilidad o eficacia, o de estándares me-diáticos y de éxito. Para este nuevo pa-radigma no importan criterios que fueron tan significativos en las clases medias chi-lenas, como su rechazo a la oligarquía y a la plutocracia o a la excesiva riqueza; y los gobiernos pasan a ser juzgados, no por sus proyectos, sino por su gestión. Insistamos que este nuevo paradigma no es el predominante, sino que se instala en determinados sectores generando un electorado, minoritario pero significativo, que en elecciones a dos bandos define una elección. Si estuviéramos en presen-cia de un paradigma nuevo generalizado, no podría entenderse la estabilidad de las votaciones en el actual padrón electoral. La incorporación masiva de nuevos elec-tores con la inscripción automática, en el caso de producirse, mostrará hasta qué punto se hace predominante el nuevo pa-radigma o prevalece el sustrato político cultural clásico.

Pero sería un error pensar que sólo hay la emergencia de un nuevo paradigma de la acción política. También en el sustra-to clásico, que predomina en la inmensa mayoría de los chilenos y que muestra a la sociedad dividida en dos bandos, cris-taliza un cierto clima de descontento con la política, en parte por frustración de ex-pectativas, en parte por el modo como los medios de comunicación desprestigian la política, en parte por problemas derivados del comportamiento de la clase política y en parte, también, por contaminación con elementos del nuevo paradigma. Aquí no hay nuevo paradigma, ni rechazo de la política en sí misma, sino crítica a los mismos actores con que se identifican los votantes del sustrato tradicional.

Los nuevos proyectos políticos

Quizás el efecto más importante del sur-gimiento de este nuevo paradigma, mayor que el electoral, es que él constituye la vi-sión que el presidente electo ha querido imponer en la derecha y en la sociedad chilena. La idea de una política que supe-ra temas del pasado y que rechaza divi-

siones ideológicas, no sólo es funcional a este nuevo paradigma, sino también a la necesidad de distanciarse del sustrato político predominante en la derecha (el legado del autoritarismo y que lo expresa la UDI). Lo que intenta Piñera es el fin de la política y su reemplazo por la gestión de gobierno. Pero, reconocer la existen-cia de esta propuesta no significa que ya es una tendencia consolidada; no hay nada en el electorado básico de la dere-cha que permita afirmarlo, es una apuesta de quien no es expresión de su sustrato político sino sólo de una de sus vertien-tes. Recordemos que la derecha chilena históricamente tiene una impronta autori-taria y otra oligárquica o plutocrática. Pi-ñera no se identifica con la primera, aun-que sí con la segunda. De modo que, en el gobierno de derecha triunfante en las elecciones de 2010, hay una pugna per-manente entre las fuerzas más ligadas al pasado autoritario que constituyen la ma-yoría parlamentaria de la coalición, que gobierna desde marzo del 2010, y el pre-sidente que busca imponer su idea de un gobierno más amplio que no retroceda en los avances democráticos hechos por la Concertación, sino que, como lo afirmara

Mamy, Jorge Dávalos, acuarela, 2004.

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en su campaña, “lo haga mejor”. Ello haría triunfar el paradigma del fin de la política, lo que parece improbable.

Desde el punto de vista de la oposición al gobierno de Piñera, lo que ha estado en cuestión es la capacidad de constituir una fuerza que exprese al sustrato de la gran mayoría sociológica de centro izquierda del país (al menos el 55% del electorado, como lo mostró la primera vuelta presi-dencial). Esto implica tres cuestiones. En primer lugar, reconstituir un proyecto ideo-lógico-político que exprese a esta mayo-ría sociológica. En segundo lugar, está la cuestión de los actores políticos que en-carnen este proyecto, lo que tiene que ver con el futuro de la Concertación. En tercer lugar, y éste es un hecho inédito en el pe-ríodo democrático, todo ello debe hacerse desde la oposición al gobierno.

En relación a un proyecto que exprese un horizonte de centro e izquierda, lo primero es reconocer lo que hemos señalado res-pecto al carácter incompleto del proyecto democratizador de la Concertación en los dos puntos ya mencionados: nueva ins-titucionalidad y generación de un nuevo modelo de desarrollo productivo y redis-tributivo que ponga a la igualdad como el eje central. Pero la formulación de un nue-vo proyecto que incorpore estas metas no realizadas, enfrenta hoy un dilema sobre cómo se concibe un proyecto político que debe ser fundado o refundado. Una pri-mera manera de pensar un proyecto es cómo se satisfacen las necesidades e in-tereses de individuos y grupos sociales o los pisos mínimos para todos. Y para eso se hacen encuestas y se establecen una serie de medidas que hay que exigir a un gobierno y para las cuales hay que elabo-rar un conjunto de propuestas programáti-cas, con lo que necesariamente la política se remite a una cuestión de gobierno y tecnocracia. La otra, es pensar a partir de una crítica a la sociedad, donde la política tiene la misión de cambiar la sociedad.

Una crítica a la sociedad, más allá de una crítica a la gestión y a la actividad política, enfrenta, a su vez, dos problemas. Pri-mero, desde dónde se hace, a partir de qué teoría o visión de ella, cuando hoy no existen teorías críticas que permitan pensar utopías a partir de un eje central (como eran el socialismo desde la izquier-da, o el neo-liberalismo desde la derecha, o incluso la democracia desde el centro y la izquierda en épocas dictatoriales). Se-gundo, el nuevo paradigma de la política que busca imponerse encuentra eco en una población en la que grandes sectores no quieren cambiar la sociedad, les gusta

como es y sólo quisieran acceder a todos los bienes que ofrece, sin importarles el sentido general de la vida en comunidad política.

De modo que, la primera cuestión a re-solver es en torno a qué idea central e irrenunciable se piensa una propuesta de centro e izquierda. Para ilustrar, pense-mos en la similitud —no de contenido sino de situación— con lo que fue la experien-cia original de la Concertación y, más aún, de la renovación socialista, cuyo producto final fue la Concertación. Se trataba de resolver, a la vez, la cuestión de un pro-yecto para el campo de la oposición a la dictadura y de unificar y reestructurar una oposición política dispersa. La idea de de-mocracia y de su transición surgió como la idea central unificadora en torno a la cual se llevó a cabo el proceso propiamente de reorganización partidaria. El surgimiento y desarrollo del proyecto de la Concerta-ción fue paralelo a la recomposición de los partidos y renovación de su liderazgo. Se trató de un proceso complejo y, si uno mira el modo cómo se han constituido los proyectos políticos en Chile, encontrará similitudes: confluencia de actores y parti-dos políticos que deben comenzar proce-sos internos de recomposición, a veces de divisiones, a veces reunificaciones, gene-ración de nuevos referentes, junto con la generación de múltiples espacios de en-cuentros, investigaciones, foros y —ahora indispensable— de comunicación mediáti-ca. Se trata de un proceso de movilización de ideas y debates en todos los niveles, como ocurrió en la década del ochenta en situaciones más difíciles pero quizás más propicias por lo acuciante y la épica del momento.

Es evidente que en el campo de centro iz-quierda existen sensibilidades e ideas que combinan las clásicas utopías de igual-dad, libertad y solidaridad, y que su refe-rencia tiende a ser la social-democracia. Pero también es cierto que todo ello no ha cristalizado aún en una nueva idea cen-tral que dé sentido a la diversidad de pro-puestas con que hay que enfrentar la vida política diaria y las demandas de la gente. Porque un proyecto está hecho tanto de

ideas que exigen un masa crítica de ela-boración y debate, como de aspiraciones a las que responder, al que hay que cons-truirles un relato que les dé sentido colec-tivo, lo que remite a la capacidad de repre-sentación, la que, a su vez, refiere a las reformas políticas y a los actores políticos.

Actores políticos y el futuro de la centro-izquierda en un escenario de oposición

El campo político que expresa al espec-tro sociológico del centro y la izquierda en Chile, ha estado ocupado en más de veinte años por la coalición gubernamen-tal de centro-izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia (conformada por la Democracia Cristiana, Partido Radi-cal Social Demócrata, Partido Socialista y Partido por la Democracia), el Partido Co-munista —eje de la coalición Juntos Pode-mos— y otros partidos de izquierda, como el Humanista. También podría considerar-se parte de este campo, desde el centro, al Partido Regionalista Independiente y, más a la izquierda, la mayor parte de los sectores que apoyaron la candidatura de Marcos Enriquez-Ominami, aunque no se sabe aún de su permanencia como refe-rente orgánico. A lo que hay que agregar una enorme cantidad de actores sociales y personas independientes que se definen de centro o izquierda

Sin duda que el actor político central de este campo y también del país ha sido la Concertación. Pero, el hecho de que sus dos ejes básicos —la lucha contra la dic-tadura y los gobiernos democráticos que encabezó— pertenescan al pasado, hace surgir la duda sobre su futuro. Para algu-nos, el hecho de la desaparición de estos dos ejes permite afirmar que la Concer-tación ha muerto. Para otros, se trata de renovarla a partir de la oposición a Piñe-ra y al pacto parlamentario. Unos hablan de refundación y otros de su ampliación a nuevas fuerzas.

Lo que está en juego, a nuestro juicio, es la constitución política del campo so-ciológico del centro e izquierda. Sectores que apoyaron a Marco Enriquez-Ominami apuntan a crear un nuevo referente par-

Así, la política pierde su sentido de visión general e instrumento de transformación (o conservación) y pasa a ser juzgada por su capacidad de satisfacer las demandas particulares, pero también con un criterio de utilidad o eficacia, o de estándares mediáticos y de éxito.

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tidario que se constituya en el nuevo eje de este campo. La candidatura de Jorge Arrate y Juntos Podemos apuntaron a reconstituir el eje clásico de la izquierda clásica como primer paso para una alian-za más amplia. En la Concertación no ha habido explícitamente una definición de cómo actuarán en el nuevo escenario po-lítico, las tendencias principales son bus-car la renovación interna de los liderazgos partidarios considerados fracasados por la última elección presidencial y parlamenta-ria, y también, en algunos casos, constituir un referente generacional que, además de ocuparse de sus propios partidos, asuma la refundación de la Concertación sin que esté explícito cuáles serían sus compo-nentes. En el último tiempo ha habido im-portantes acercamientos entre el Partido comunista y sectores de la Concertación, no sólo electorales sino en la perspectiva de un próximo gobierno. Un nuevo proyecto para el centro y la iz-quierda debe elaborarse en forma trans-versal, a través de múltiples instancias en que participan los actuales partidos, los nuevos referentes que se constituyan, con presencia de actores sociales y el mundo cultural e intelectual. Políticamente, es posible pensar en un espacio de geome-tría variable, con alianzas y subalianzas, en que cada sector se sienta cómodo. No pareciera adecuado prescindir de la exis-tencia de la Concertación. Sigue siendo el sector mayoritario política, institucional y socialmente (al menos la suma de los par-tidos) del campo de centro izquierda, y tie-ne una fuerza sociológica superior quizás a su prestigio político. Es el conglomera-do que tiene mayor diversidad ideológica, en la medida que incorpora también a los sectores progresistas social cristianos.

Es cierto que éste es un elemento que produce reacción negativa en determi-nados ámbitos de la izquierda, pero si el mundo social cristiano quedara fuera del campo político de la centro-izquierda, su electorado sería presa de la cooptación de derecha. Del mismo modo que, si la izquierda clásica y nuevos referentes de izquierda neo-modernos (parece discuti-ble el término post moderno) deben tener su espacio en la fuerza de centro izquier-da, también lo debe tener el progresismo de origen cristiano. Dicho de otra mane-ra, la construcción de una fuerza política de centro-izquierda tiene varios ejes, uno de los cuales, y solo uno de ellos, aunque para algunos imprescindible, es la Con-certación, por lo que la renovación de sus partidos y su refundación deben hacerse en esta perspectiva.

La relaciones entre política y sociedad. ¿Hacia una refundación?

Pero no basta con pensar solo en la reor-ganización político partidaria porque esta-mos frente a una mutación fundamental. La gran cuestión que se plantearon las sociedades latinoamericanas simultánea-mente con las transiciones, o después de las transiciones a la democracia, fue cómo se reconstituían las relaciones entre Esta-do y sociedad habiéndose derrumbado la que se estableció a comienzos o media-dos del siglo XX, según los países.

En efecto, las radicalizaciones y polariza-ciones de los 60, la percepción del ago-tamiento del modelo de desarrollo hacia adentro o industrialización sustitutiva de importaciones con fuerte participación del Estado, la implantación en diversos gra-dos del modelo neo-liberal y los procesos de globalización, desarticularon las rela-ciones entre Estado y sociedad caracteri-zadas por el predominio de la política en la constitución de los actores sociales y por el papel central del Estado como referente de la acción colectiva. En algunos casos la política era de tipo más personalizada y de relación directa del líder o caudillo con el pueblo, y en otros casos, ella era más institucionalizada a través de la articula-ción de los partidos con las organizacio-nes sociales.

El caso chileno, como hemos indicado muchas veces, correspondía al segundo modelo, es decir, a una imbricación entre partidos y movimientos sociales, como lo muestran el movimiento sindical, estu-diantil y campesino, cuyas elecciones de dirigentes seguían el patrón de las orien-taciones o militancias partidarias, y como lo han mostrado diversas investigaciones sobre el papel de los regidores y parla-mentarios y su articulación. Los partidos llegaron así a ser mucho más que organi-zaciones políticas parciales o instrumenta-les, y adquirieron el significado de verda-deras sub-culturas y fuentes de identidad personal y colectiva. En esto no cabe ver manipulación de uno u otro lado, sino complementación mutua a la vez y esca-sa autonomía de ambos. Sin duda, era en el campo de la derecha donde la sociedad civil era más fuerte que su sistema parti-dario, en la medida que tenía sus empre-sas un sistema educacional y mediático más ligado a las posiciones de clase que al Estado y a los partidos, como ocurría en el campo de la centro-izquierda. Pero, lo cierto era que los problemas fundamen-tales pasaban por la política y el sistema de partidos,y que lo que ocurría en estos

era relevante para la sociedad. Lo que no quita que hubiera una masa relativamente importante de gente, el independentismo, que vivían al margen de la política, pero que en los momentos necesarios se sen-tían interpretados por las opciones que se tomaban por parte del sistema imbricado de partidos y movimientos sociales que atravesaba la sociedad. Con los fenómenos mencionados más arriba, que afectaron distintamente a los países latinoamericanos, esta matriz clá-sica de relación política y sociedad que encontraba en la política, para grandes sectores sociales, la vía de acceso a los bienes y servicios del Estado, y también la fuente de sentido para proyectos en los que se enmarcaban otros proyectos indivi-duales, se fue resquebrajando. En muchas partes llegó a su término dejando, como hemos dicho, la gran tarea de reconstruir las relaciones entre Estado, política y so-ciedad, que en algunos casos adquirieron las formas dramáticas de refundación de los Estados nacionales, y en casi todas se expresaron en asambleas constituyen-tes. Estos procesos de reconstrucción en grueso siguieron tres líneas principales, aunque obviamente se combinaban en los diversos casos con predominio de una u otra. Por un lado, era desde la política, en sus versiones populista-personalizada o partidista-institucional, que se recons-truían las relaciones entre Estado y socie-dad y se constituían los sujetos sociales y políticos. Por otro, era desde la sociedad misma en sus versiones de comunidad ét-nica o de la variedad de la sociedad civil. Por último, desde un componente tecno-crático que combinaba mercado con un Estado de políticas públicas focalizadas.

Chile, de acuerdo a su historia, siguió el modelo político partidario expresado en los gobiernos de la Concertación. Los cambios experimentados por la sociedad chilena bajo estos gobiernos significaron el surgimiento de nuevos paradigmas de comportamiento socio-políticos, que per-mearon diversas capas de la población y en algunos casos, sustituyeron el paradig-ma o sustrato clásico que hemos descrito como de imbricación entre lo político-par-tidario y lo social-cultural. Como hemos di-cho, en la década del noventa se produce un primer cambio en el modo como opera este sustrato, que deja de ser el referente para todos los ámbitos de la vida social y se reduce al ámbito estrictamente político, siendo solo ahí el referente principal. En los últimos años de la década del 2000, incluso en el ámbito político, este para-digma de acción pierde su vigencia para ciertos sectores.

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Los nuevos paradigmas siguen tres rutas diferentes, que pueden entremezclarse en los diversos actores sociales, los que convergieron en las movilizaciones de 2011. Las dos primeras están vinculadas al proceso de descomposición de la clase media y su reemplazo por una multiplici-dad de estratos y grupos de alta movili-dad —adquirida en gran parte gracias al endeudamiento o a la expansión educa-tiva—, que piensan sus vidas, no a partir de estructuras, proyectos e instituciones, sino de oportunidades individuales y sus capacidades personales.

Para el primer paradigma que hemos men-cionado, en el que la sociedad o el país es un puro espacio de oportunidades, el se-llo de los comportamientos colectivos es el descontento frente a demandas insatis-fechas o promesas no cumplidas. No hay una crítica al modelo socio-económico y político, sino a sus efectos en las perso-nas individuales. La crítica a la política es una solo retórica de ese descontento. Si el primer paradigma encuentra su ra-zón última en el consumo, el segundo tiene como fundamento, a partir de los mismos fenómenos sociológicos y de la

misma base individual, una cierta idea de ciudadanía que consiste en la propiedad de derechos que cada uno debe defender. Aquí se cuestiona el modelo socioeconó-mico y político y se apunta a instituciones que garanticen los derechos de todos sin discriminaciones ni diferencias groseras, pero no se busca la transformación de la sociedad sino la exigencia de “mis” dere-chos y la lucha por ellos, solo o con el que quiera acompañarme. Es lo que se ha lla-mado el empoderamiento ciudadano que va acompañado de una fuerte crítica a la clase política por inútil, por no escuchar a la ciudadanía o, simplemente, por co-rrupta.

El tercer paradigma es el del proyecto propio de los movimientos sociales, que sin duda tiene también componentes del primero y segundo, pero que apunta a un cambio de la sociedad no sólo a partir de un descontento o reclamo individual, sino de una visión de una sociedad mejor, o al menos de una parte de ella cuando el mo-vimiento es sectorial. Aquí lo que importa es la acción colectiva orientada al conjun-to de la sociedad más que los intereses individuales o sectoriales. De algún modo

este fue el campo privilegiado del para-digma clásico representado por la imbri-cación partido-movimiento. Rota esa vin-culación, el movimiento toma a su cargo la propia tarea política. Más que utilizar la clase política como en el primer paradig-ma, o reemplazarla por la gente o el poder ciudadano, como en el segundo, trata de asumir tareas que ella cumplió en otra época pero que ya no tiene la capacidad de hacer y, en algunos casos, de renovar. Hay una crítica no a la política o a la clase política en sí mismas, como en los otros paradigmas, sino a su falta de proyecto y de renovación.

Las movilizaciones de 2011 implicaron la convergencia en cierto momento de todos estos paradigmas que luego siguieron sus propias dinámicas. Lo que quedó claro es que la fórmula clásica de imbricación en-tre política partidaria y organización social ya no era el principio constitutivo predo-minante de los actores y sujetos sociales, y que quedaba por delante la refundación de las relaciones Estado, política y socie-dad.

Desde la política se ha intentado resolver esta cuestión a través de los llamados a

Sin título, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2011.

nuevos referentes, creación de nuevos bloques o alianzas, incluso de nuevos partidos, especial, aunque no exclusiva-mente en torno a la vigencia, ampliación o término de la Concertación. También hay quienes buscan una solución a tra-vés del mejoramiento de la calidad de la política o de la renovación y configuración de nuevos liderazgos. Sin dejar de reco-nocer la importancia y, en algunos casos, la imprescindibilidad, de estas cuestiones, ellas están muy lejos del meollo del asun-to y, muchas veces desconocen, más allá de las declaraciones, que es la política misma la que está en cuestión y que no basta con resolver sus problemas internos para responder a una crisis muy profunda en la constitución de los actores sociales.

Desde el lado de la sociedad parecen ha-ber básicamente dos posiciones. Por un lado, la interpretación de que estamos frente a una mera crisis de descontento por demandas no satisfechas o de expan-sión de clases medias, se salta la cuestión política y la crítica radical al modelo socio-económico y político y plantea su expan-sión y mayor capacidad de inclusión. Por otro, desde una perspectiva más cercana al movimiento social y con base en la te-sis errónea de que los actores sociales en Chile fueron siempre traicionados o coop-tados por la esfera político-institucional como si no hubiera existido la imbricación que hemos mencionado, algunos plan-tean que lo que cabe es reemplazar la clase política por el movimiento social, el que por sí mismo debiera dar origen a un nuevo actor político.

Si todos estos planteamientos tienen ele-mentos a considerar, cada uno de ellos, por separado, puede agravar la ruptura entre lo política y lo social hasta el límite del colapso social. Hay que recordar que la relación entre ambas dimensiones se constituye en torno a una determinada problemática histórica y tiene un tiempo largo de gestación y maduración. Esta-mos frente a uno de ellos. ¿De qué proble-mática se trata? Como hemos indicado, a nuestro juicio, las grandes transformacio-nes que promovió el proyecto democrati-zador de la Concertación no fueron sufi-cientes para superar el modelo económico social, una de cuyas bases es el modelo educacional y el modelo o sistema político (constituido en un empate que garantiza la mantención del modelo económico-social) heredados de la dictadura, por lo que la sociedad chilena quedó amarrada a su pasado a través de esos dos grilletes. De modo que, para pasar de la sociedad post pinochetista a la sociedad democrática o del bicentenario, se necesita un nuevo su-jeto —o, lo que es lo mismo, una nueva relación entre política u sociedad— que ponga como únicas tareas el desamarrar las dos ataduras de la sociedad chilena con el proyecto de la dictadura. Ya hemos dicho que en Chile frente a las diversas problemáticas históricas siempre se constituyeron sujetos políticos (alian-za de centro-izquierda para la industria-lización, partidos de centro y alianzas de izquierda para las reformas y procesos revolucionarios de los sesenta, la Concer-tación para salir de la dictadura y asegu-

rar la democracia y sus condiciones socia-les y económicas por nombrar algunos), y el rasgo central era que ese sujeto era bá-sicamente partidario porque los partidos y sus alianzas incorporaban al movimiento social. Lo que hoy día ocurre es que, para la nueva problemática que se abre y que ha sido puesta en evidencia por las movi-lizaciones sociales, no hay un sujeto polí-tico constituido y que éste ya no podrá ser solo partidario, al menos en su gestación, porque los partidos ya no expresan esa mayoría social.

En este sentido podemos decir que hay dos momentos en la constitución de una nueva relación entre política y sociedad y que pueden tener actores y formas orga-nizacionales distintas. El primero consiste en responder a la problemática inmedia-ta de iniciar la refundación del modelo socio-económico (el educacional y la dis-tribución del ingreso principalmente) y el modelo político (cambio en el sistema electoral pero especialmente nueva cons-titución). El segundo en organizar una ma-yoría para generar un nuevo proyecto de sociedad.

En síntesis, no es que, por un lado, no haya que hacer re-estructuraciones inter-nas a los partidos, nuevos partidos o me-jorar la relación entre ellos, ni tampoco, por otro, abandonar las demandas de la gente y los proyectos de los movimientos sociales, pero todo eso debe ser en fun-ción de la construcción de un sujeto socio-político que tenga como principal objetivo la superación del modelo heredado a tra-vés de una nueva institucionalidad (Cons-titución), y convierta este objetivo en la opción mayoritaria de la sociedad chilena.

Manuel Antonio GarretónSociólogo y Politólogo Chileno.

Lo que hoy día ocurre es que, para la nueva problemática que se abre y que ha sido puesta en evidencia por las movilizaciones sociales, no hay un sujeto político constituido y que éste ya no podrá ser solo partidario, al menos en su gestación, porque los partidos ya no expresan esa mayoría social.

* Documento preparado para uso exclusivo de las Jornadas de Análisis Político Internacional: Gobierno y Oposición política en América Latina. TSE-SIFDE/PNUD/IDEA Internacional. Cochabamba, Santa Cruz. La Paz, 1-4 Octubre 2012. Nos hemos basado en diversos otros trabajos de nuestra autoría, princi-palmente, Fin de ciclo y perspectivas de la centro-izquierda (En Clarisa Hardy, editora, “Ideas para Chile. Aportes de la centro-izquierda. Ediciones LOM, Santiago 2010). La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los ran-kings internacionales (Co-autor con Roberto Garretón. En Revista de Ciencia Política, Santiago, vol.30, No 1/2010, pags 115-148). Sentido, régimen y acto-res de la política. Cambio, continuidades y perspectivas. (En R. Lagos, editor Cien años de luces y sombras. Taurus, Santiago 2010). Liderazgo de género y

fin de un ciclo político en Chile. El gobierno de Michelle Bachelet. (En Isidoro Cheresky, compilador Ciudadanía y legitimidad democrática en América Lati-na. CLACSO-Prometeo Libros, Buenos Aires, 2011) Las relaciones entre polí-tica y sociedad. Hacia una refundación (En Revista Mensaje, Santiago, Edicion Nº 611 Agosto 2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile 1990-2010 (Editorial Arcis-CLACSO, Santiago, 2012). Se terminó de escribir este trabajo durante la estadía del autor en la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge

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Margarita López Maya

La relación gobierno-oposición en

Notas sobre unas relaciones negadas

Venezuela

Meninos de luz, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

El régimen político en construc-ción en Venezuela, conocido por sus promotores como “so-cialismo del siglo XXI”, niega el principio del pluralismo po-

lítico con instituciones para el diálogo, las negociaciones y los acuerdos entre acto-res con diversos y/u opuestos intereses políticos. El régimen parece ajustarse a los requisitos de un “autoritarismo elec-toral”, concepto señalado por Schedler, que se caracteriza porque mantiene para su legitimidad frecuentes procesos electo-rales, pero éstos se desarrollan con una concepción plebiscitaria, que empuja per-manentemente a la polarización política y fortalece las tendencias autoritarias de quienes disfrutan del poder (Schedler en Álvarez, 2011).

En el segundo gobierno de Hugo Chávez (2007-2013) tuvo lugar un complejo jue-go político, en donde errores cometidos por las fuerzas políticas de oposición en el primer gobierno fueron aprovecha-dos por el oficialismo para profundizar el desequilibrio entre los poderes públicos, y en la práctica subordinar todos ellos al Presidente y su proyecto político. Estas tendencias han debilitado, entre otros, los principios liberales de la libertad y equidad en la competencia electoral. El gobierno utiliza hoy casi sin limitaciones los re-cursos del Petroestado para el provecho de su parcialidad política y propuesta de país.1 Esto, al combinarse con la lógica plebiscitaria, viene legitimando un paula-tino desmantelamiento de instituciones de democracia liberal, a favor de una “demo-cracia revolucionaria” dentro de un inédito

modelo socialista. Este modelo no con-templa como iguales a partidos, ni a otras fuerzas sociopolíticas opositoras, que no compartan su proyecto (López Maya y Panzarelli, 2011).

En Venezuela se encuentra en construc-ción un nuevo Estado, que viene emer-giendo de manera paralela al Estado for-mulado en la Constitución de la República de Venezuela, el llamado Estado Comu-nal. En él se debilitan varios principios constitucionales que corresponden a la institucionalidad de la democracia liberal-representativa, como el sufragio universal directo y secreto, la división e independen-cia de los poderes públicos, la propiedad privada, la alternancia, la representación proporcional y el pluralismo político. Este proyecto político avanza gracias a una permanente estrategia polarizadora, que mantiene cerradas las posibilidades de visibilizar y/o reconocer espacios donde partidos políticos y otros actores agrupa-dos en alguno de los dos polos políticos confrontados pueden tener una interrela-ción democrática (Lózada et al., 2011). No obstante, y por lo general fuera de la luz pública, existen espacios sociales o insti-tucionales, donde ocasionalmente el go-bierno y las fuerzas opositoras, casi todas hoy en día reunidas en la Mesa de la Uni-dad Democrática (MUD), se encuentran y establecen alguna relación. En estas notas, intentaremos presentar características de la relación gobierno y oposición en el segundo gobierno de Hugo Chávez (2007-2013). Nuestro propósito es intentar develar un tema que hasta ahora

ha sido evadido y escasamente analizado por los desafíos que comporta para des-cribir con precisión lo que ocurre, tener información fidedigna y caracterizarlo con instrumentos conceptuales. Por ello, más que un texto acabado, presentaremos a continuación una lista de descripciones, ideas y reflexiones que ayuden a com-prender el contexto y las características de la relación gobierno-oposición en Ve-nezuela. Las mismas deben considerarse provisionales y abiertas al debate.

El proyecto político del segundo gobierno del Presidente Chávez (2007-2013)

Las relaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y las fuerzas de la oposición en este período presidencial, ocurren en un contexto enmarcado por un proceso de cambios institucionales que se dirigen ha-cia la cristalización y consolidación de un “Estado Comunal” dentro de un modelo llamado “socialismo del siglo XXI”. Este modelo socialista fue presentado al país por el Presidente Chávez en su campa-ña electoral de 2006, como una radicali-zación de la Democracia Participativa y Protagónica aprobada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-la (en adelante CRBV).

Sin embargo, a diferencia del Estado que se dibuja en la CRBV, El Estado Comunal no es un Estado liberal, se conforma fuera de los principios básicos de éste. Su base de legitimidad descansa en un “Poder Popular”, que no reside en el ciudadano individual, sino en sujetos colectivos que deciden en asambleas. Las asambleas pueden tener lugar, tanto en territorios (co-munidades), como ser de sectores socia-les (trabajadores, indígenas, estudiantes, mujeres). El poder popular en el Estado Comunal reside en los colectivos, entre los cuales el gobierno ha venido impulsando consejos comunales y comunas, conse-jos de trabajadores, estudiantes, mujeres, etc. En el Estado Comunal no hay sufra-gio universal ni representación que pueda ejercerse con libertad de conciencia. Así ha quedado establecido en las nuevas leyes “socialistas”.2 Conceptualmente ha-blando, busca legitimarse como una de-mocracia directa, donde en asambleas se toman decisiones y se nombran “voceros” que pasan a la instancia superior donde sólo transmiten las decisiones (ver LOC, 2010 y LOCC, 2009, entre otros). La propuesta de modificar la CRBV, para dejar atrás el régimen de Democracia Participativa y Protagónica y emprender el camino hacia la Democracia Revolu-cionaria y Protagónica del socialismo del Ve

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siglo XXI, fue presentada a la Asamblea Nacional (en adelante AN) por el Presi-dente Chávez poco después de su re-elección en diciembre de 2006. En la AN, en ese período conformado en un 100% por la coalición de partidos oficialistas, se complementó la propuesta presidencial para al final presentar a los venezolanos un total de 69 artículos —de los 350 de la CRBV— para ser modificados.3 El re-ferendo popular convocado ese diciembre para aprobar la reforma chavista resultó adverso al oficialismo. De modo que la propuesta fue negada por el voto popular (Lander y López Maya, 2008). No obs-tante, el Presidente hizo caso omiso del mandato popular y continuó desarrollando institucionalmente aspectos de la reforma que fueron negados. El gobierno de Chávez ha podido seguir adelante en su propuesta pese a haber sido rechazada por los venezolanos a través de varios recursos institucionales y administrativos. Entre los más impor-tantes destaca, por una parte, las Líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, mejor conocido como el Primer Proyecto Socialista (PPS), redactado para desarrollar los contenidos nuevos que tendría la CRBV, que no fue corregido por el gobierno para reajustarlo a la institucionalidad vigente, que quedó intacta en su concepción democrática libe-ral.4 Por el contrario, se siguió implemen-tando este Plan como si los contenidos de la negada reforma constitucional hubiesen

sido aprobados. Otro recurso ha sido que el gobierno interpretó los siguientes pro-cesos electorales, en particular el de re-ferendo de enmienda constitucional, que permitieron la aprobación de la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, como un plebiscito a favor de su proyecto político socialista. Al triunfar la posición del gobierno en el referendo de enmienda en febrero de 2009, y todavía el chavismo en control casi total de la AN, éste aceleró de nuevo los cambios hacia el Estado Comunal a través de decretos y leyes.

Otro recurso de primera importancia es el hecho de que el gobierno ha logrado de manera creciente una importante subor-dinación del Tribunal Supremo de Justicia a las directrices del Presidente Chávez, mediante recursos a veces de dudosa legalidad, así como prácticas administra-tivas (ver Álvarez 2003). De esta manera consiguió que dicho Tribunal interpreta-ra a su favor el artículo 345 de la CRBV que taxativamente dice: “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aproba-da, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asam-blea Nacional.” El TSJ convino que si bien no podía presentarse otra vez la reforma, los contenidos de ésta podían aprobarse mediante leyes. Gracias a esta interpreta-ción, desde 2008, pero especialmente en-tre 2009 y 2010, fueron aprobadas más de una decena de leyes “socialistas” por vía de facultades legislativas extraordinarias

que le confirió dicha AN al Presidente —la llamada ley Habilitante— o por la apro-bación en el Legislativo con o sin debate. Hoy en día el soporte jurídico-legal princi-pal del Estado Comunal está casi íntegra-mente aprobado (López Maya, 2011).

El Estado Comunal se aparta de la terri-torialidad definida en la CRBV. La unidad territorial primaria en él es la “comuna” (LOC, 2010), que agrupa a los conse-jos comunales. Ellas a su vez van agre-gándose en federaciones comunales y ciudades comunales o socialistas. Toda organización de las comunidades, para ser reconocida por el Estado, debe arti-cularse a los consejos comunales (CC), y para ello debe ajustarse a los objetivos de éstos, que por ley están definidos como para construir el modelo socialista (LOCC, 2009). Así, consejos comunales y comu-nas no contemplan pluralismo político en sus espacios más allá de corrientes que el gobierno pudiera eventualmente recono-cer como “socialistas”. Si la asamblea de una comunidad no abrazara el socialismo, su CC no será reconocido por el Estado, no pertenecerá a la comuna, y por lo tanto no será receptora de la transferencia de servicios y recursos que contemplan las leyes socialistas. Por otra parte, en estas leyes se reitera que esta nueva estructura puede desconocer el diseño territorial de-finido en la CRBV, en cuanto que pueden asentarse los CC y comunas en territorios que no obedecen a la división político-administrativa de ésta, es decir, los linde-

Murmullos, Jorge Dávalos, acuarela, 2012.

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ros de municipios y entidades federales. Una diferencia muy importante entre esta nueva territorialidad y la de la CRBV es que en los territorios definidos en la CRBV las autoridades son nombradas por sus comunidades a través del sufragio univer-sal, directo y secreto. En contraste, en la nueva estructura comunal las más altas autoridades dependen y son nombradas por el “Comandante-Presidente”, el nue-vo título oficial ahora dado al Presidente de la República, que parece originarse de su carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobado desde 2005 en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-na (2005, art. 40; refor-mada en 2010: art. 7). Los CC y comunas, según las nuevas leyes, tienen prioridad sobre los territorios constitucionales para recibir transferen-cias de servicios y recursos del gobierno central.

De acuerdo a la lógica política emergente del Estado Comunal, una oposición que defendiera los valores de la democracia liberal, no tendría aquí espacios donde desenvolverse. Como tampoco quienes defienden los principios básicos del ca-pitalismo como la propiedad privada y la

ganancia en el proceso productivo. Los consejos comunales y las comunas esta-rán asentadas en la propiedad social y de-sarrollarán unidades socioproductivas que no contemplan los fines de lucro (LOCC, 2009).

Polarización política exacerbada. Ausen-cia de espacios de diálogo y negociación

Correspondiendo con la voluntad política del gobierno de imponer a la sociedad un Estado y régimen político que excluye sectores sociales y actores sociopolíticos que no comparten los ideales socialistas expresados en el proyecto chavista, las relaciones entre el gobierno y la oposi-ción se mueven dentro del estrecho espa-cio que les deja una estrategia de extrema polarización política, sostenida ahora prin-cipalmente por el Presidente, su partido y las instituciones del Estado que creciente-mente actúan subordinadas a su voluntad. Por polarización política entendemos un tipo de polarización que, según G. Sartori (1985), se refiere a sistemas de partidos donde las fuerzas tienden a girar en torno a dos o más polos frecuentemente defini-dos en términos ideológicos. Sartori dis-

tingue el concepto de polarización política del de bipolaridad, que entiende como una polarización moderada, inevitable en los sistemas de partidos y hasta normal, so-bre todo en coyunturas electorales y en el debate de algunos asuntos públicos. Pero, habría polarización política cuando los po-los “son distantes” y hay una situación de falta de consenso básico (Sartori, 1985, 22-23). En un sistema de partidos pola-rizado las opiniones están radicalizadas y el sistema adquiere diferencias cualita-tivas con relación a sistemas de partidos bipolares, pues los sistemas de partidos polarizados son centrífugos, es decir, los actores tienden a alejarse del centro po-lítico y las fuerzas son inmoderadas o ex-tremas. En los sistemas bipolares los ac-tores tienden hacia el centro político. En su dimensión psico-social la polarización política se acompaña con una importante carga emocional, que hace que se acep-tan a las personas del propio grupo y se rechazan a las del contrario sin matices, y se pierda el sentido común por posicio-nes intolerantes y rígidas, que sustituyen el diálogo y el debate entre diversas posi-ciones y puntos de vista (Lózada, 2002).

En Venezuela, la polarización política ha pasado por al menos dos etapas. En el primer gobierno del Presidente Chávez, entre 1999 y 2007, la polarización política fue practicada tanto por el gobierno como por las fuerzas sociopolíticas de oposición. Llegó tal estrategia a situaciones extremas que fortalecieron condiciones sociales y políticas para que se estableciera el quie-bre de las relaciones de convivencia pací-fica en la sociedad. Entre 2002 y 2005, la oposición reunida en una plataforma para-guas conocida como la Coordinadora De-mocrática (CD), se aventuró por un camino violento para aniquilar al gobierno, perci-biéndolo como un enemigo. El golpe de Estado de abril de 2011, el paro general y petrolero de 2002-2003, los cortes de vías tipo “guarimbas” de 2004, e incluso el refe-rendo revocatorio de agosto de ese año y las elecciones parlamentarias de 2005, to-das formaron parte de una fase “insurrec-cional” desarrollada por las fuerzas de la CD, enmarcada por un juego de extrema polarización política y una casi nula posi-bilidad de relacionamiento entre gobierno y oposición más allá de la violencia (López Maya, 2011). En todas esas confrontacio-nes el gobierno salió victorioso.

En el segundo gobierno de Hugo Chávez, la situación, aunque sigue dominada por la estrategia de polarización política, es sólo practicada de manera continua, extensa y expresa por parte del gobierno. Esto en razón a que la polarización política ha

Vendedora de ilusiones, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

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mostrado con creces que no le conviene a los partidos y fuerzas sociopolíticas opo-sitoras, visto que sólo ha resultado en un fortalecimiento del liderazgo de Chávez y sus propuestas, vis a vis una debilidad significativa de las bases y legitimidad de ellas. A diferencia del primer período de Chávez, cuando la polarización política sirvió para delimitar dos propuestas de país que se presentaron como antagóni-cas y con fuerzas muy parejas, en este segundo período, la polarización ha sido puesta al servicio de la propuesta de país del Presidente, que en rigor es nueva y bastante diferente al que orientó su prime-ra gestión, pese a que el discurso oficial vincula a ambas. El gobierno consideró, a la luz de los buenos resultados que la po-larización política le brindó en el pasado, continuarla en un contexto donde inicial-mente las fuerzas opositoras no exhibían ni la fuerza, ni la unidad para enfrentar con algún éxito el nuevo giro político que daba el gobierno.

La polarización en este segundo gobierno ha sido un constante recurso usado para acallar tanto las distintas corrientes políti-cas dentro del chavismo, que se oponen o tienen diferencias con aspectos del pro-yecto socialista presidencial, como para mantener fuera, y como un enemigo a vencer, a las fuerzas opositoras, conside-radas todos, al igual que antes, como un bloque sin matices. Continúan las usua-les descalificaciones del pasado, como escuálidos, oligarcas, vendepatrias, gol-pistas, corruptos, ahora incorporándose insultos más apegados a la ideología mar-xista: burgueses, ricachones y agentes de la CIA. Esta estrategia oficialista no ha sido tan exitosa como lo fue en el pasado, pues el gobierno ha tenido sus reveses electorales. Volveremos sobre esto más adelante.

Aunque las fuerzas opositoras han ido convenciéndose de las desventajas de continuar con la polarización política, eva-dir el juego polarizador, cuando el gobier-no la mantiene permanentemente a través de sus políticas, discursos e instituciones, no es totalmente posible. Y así, las fuer-zas de la oposición se han visto confron-tadas por desafíos y dilemas que han ve-nido transformándolas y fortaleciéndolas.

En la medida en que el gobierno se fue radicalizando en su política revoluciona-ria, las fuerzas opositoras fueron compeli-das a reunificarse en torno a un proyecto político que han tratado de presentar al país como menos antagónico que el pre-sentado por ellas en el pasado. Asimis-mo, el juego político ha vuelto a manos, principalmente, de los partidos, que han desarrollado una política de unidad. Otro componente ha sido la utilización de un discurso menos pugnaz y ofensivo que en el pasado, más centrado en lo social y con explícitas alusiones a la búsqueda de la paz, la despolarización y el diálogo para la “reconciliación el país”.

La oposición venezolana: del colapso a su reinvención

De la derrota de 2004 a las elecciones presidenciales de 2006

La Coordinadora Democrática (CD) co-menzó a disolverse después de la derrota de la oposición en el referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004. Se oye-ron severas críticas por la forma en que fue conducida la campaña, por un lideraz-go cortoplacista, obcecado, con la única meta de salir del Presidente Chávez por la vía que fuera, polarizado e intolerante como el gobierno mismo. La CD, liderada entonces por factores de poder como los medios privados de comunicación, em-presarios de Fedecámaras, jerarcas de la Iglesia Católica, organizaciones civiles de capas medias y partidos políticos de-crépitos, la mayoría con líderes de escasa formación política, ignorantes y ajenos a la realidad que vivían las mayorías empo-brecidas del país, fracasó ante un oponen-te repetidamente legitimado en procesos electorales, con una propuesta de profun-dizar la democracia, con un discurso popu-lista y con los recursos del Petroestado en su poder. Las torpezas, los sectarismos y las estrategias antidemocráticas empren-didas en esos años dejaron a las fuerzas opositoras en una situación de fragmenta-ción, deslegitimación y debilidad suprema en los años finales del primer gobierno del Presidente Chávez. Partiendo de tal situa-ción, comenzó un dificultoso aprendizaje y la construcción de una estrategia que les permitiera recuperarse.

Pese al fortalecimiento político alcanzado por Chávez y su gobierno, y la debilidad de los partidos y factores de oposición, si-guió siendo significativa la resistencia de una porción de la sociedad a las orienta-ciones políticas y actitudes del gobierno. Encuestas realizadas en 2005 revelaban que cerca del 40% de los encuestados no compartía las propuestas del gobierno. Sin embargo, sólo el 7% simpatizaba con algún partido político opositor (Últimas Noticias, 9-5-2005). ¿Cómo, entonces, expresar políticamente este malestar?

Voces dentro de los partidos opositores, que llamaban a la autocrítica y a la re-flexión, pensaban en la no conveniencia de continuar con la CD. La mayoría, sin embargo, quizás por depresión e inercia, siguió haciéndose eco de posturas como las de denuncias de fraude ante el refe-rendo revocatorio de 2004, cuando los resultados de éste le fueron adversos. La continuación de esta equivocada estrate-gia contribuyó a que en octubre de ese año, cuando se produjeron las elecciones regionales, la oposición viera una merma considerable de su presencia en los es-pacios subnacionales, al producirse una alta abstención electoral, principalmente de sus bases. Siguió así fortaleciéndose el Presidente y sus propuestas.

Fue después de esas elecciones, de fi-nes de 2004, cuando tomaron más fuerza las críticas y solicitudes de disolución de la CD (Últimas Noticias, 3-11-2004). Teo-doro Petkoff abogó por un nuevo lideraz-go; Antonio Ledezma, del partido Alianza Bravo Pueblo, propuso un nuevo frente sobre nuevas bases. Henry Ramos Allup de Acción Democrática, uno de los más fervientes sostenedores de la estrategia de cantar fraude, declaró a favor de que cada partido se fuera por su lado, busca-ra nuevos adeptos y construyera nuevas propuestas (El Nacional, 7-11-2004).

Por otra parte, y como resultado de la profunda derrota política, sectores em-presariales organizados en Fedecámaras, algunos medios privados, así como perso-nalidades de la jerarquía de la Iglesia Ca-tólica y de la sociedad civil, comenzaron a bajar el perfil político que tuvieron y a dejar espacios para una mayor visibilidad e influencia de los políticos y sus partidos. El camino de la reconstrucción de la ex-presión política de la oposición al gobier-no de Chávez se dio poco a poco. Entre 2004 y 2006, importantes tensiones se manifestaron en el seno de los partidos políticos, produciéndose divisiones, re-ajustes y creación de nuevas organizacio-nes. En el partido Primero Justicia se dio

Las torpezas, los sectarismos y las estrategias antidemocráti-cas emprendidas en esos años dejaron a las fuerzas opositoras en una situación de fragmentación, deslegitimación y debilidad suprema en los años finales del primer gobierno del Presidente Chávez.

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un desprendimiento en el 2006, saliendo los dirigentes Gerardo Blyde y Leopoldo López, entre otros. Ese año también, el alcalde de Baruta de ese par tido político, Henrique Capriles Radonski, fue acusado de los hechos violentos ocurridos el 12 de abril de 2002 —cuando se dio el golpe de Estado y el gobierno de facto del empre-sario Pedro Carmona Estanga— frente a la embajada de Cuba. Capriles fue deteni-do y cumplió cuatro meses de cárcel, sien-do liberado el 15 de diciembre de 2006. El ex-copeyano, Oswaldo Álvarez Paz, fun-dó Alianza Popular. En 2004 también se conocieron de retornos al chavismo, como fue el caso del ex-candidato presidencial de la oposición y antiguo compañero de armas del Presidente, Francisco Arias Cárdenas y su partido Unión (El Nacional, 12-11-2004). Es de notar también, que en estos años adquirió relevancia la diáspo-ra de venezolanos que se autoexiliaban, muchos a EEUU, otros a Europa y otros continentes (El Nacional, 13-4-2005).

El primer esfuerzo importante para reuni-ficar al fragmentario, débil y díscolo mun-do organizativo de la oposición tuvo lugar en 2006, en el contexto de las elecciones presidenciales que habrían de tener lugar en diciembre de ese año. Como conse-cuencia de los continuos reveses, las opi-niones a favor de cambiar de estrategia y buscar por la vía de la CRBV y las leyes una salida del gobierno, comenzaron a ganar terreno. Participar en las elecciones

presidenciales pareció necesario, pero aún así, no había procedimientos ni es-tructuras que facilitaran una coordinación del mundo vario pinto de la oposición. Se habló de hacer unas elecciones primarias, escoger un candidato por acuerdos polí-ticos, o apoyarse en las encuestas. Mu-chísimos eran los aspirantes, pareciendo reflejar el mantenimiento de la ceguera y el sectarismo político. El camino comen-zó a despejarse cuando, poco antes de iniciarse la campaña, los candidatos más fuertes o de más pres-tigio: Teodoro Pe-tkoff, del diario Tal Cual —fundador del partido MAS y ex-ministro de la gestión de Rafael Caldera 2— Julio Borges, funda-dor de Primero Justicia y Manuel Rosales, ex-adeco y gobernador del Estado Zulia, fundador del partido Un Nuevo Tiempo, suscribieron un acuerdo de unidad donde se comprometieron a apoyar a aquél de entre ellos que tuviera mayor popularidad, según encuestas de opinión complemen-tadas por otras consideraciones políticas (El Nacio-nal, 1-8-2006). El acuerdo fue apoyado por otros partidos como COPEI, Proyecto Venezuela y el MAS, pero recha-zado por AD y Alianza Bravo Pueblo, quie-nes mantuvieron ese año la posición abs-tencionista (Últimas Noticias, 8-8-2006). El método favoreció a Manuel Rosales, el único que alcanzó una popularidad de dos dígitos en las encuestas, quien, de seguidas, recibió el respaldo de los otros dos. Informó Rosales que de ganar Julio Borges sería su vicepresidente. Con ten-

siones y reticencias, en los días siguientes fueron declinando otras candidaturas pre-sidenciales para sumarse a la de Rosales. Sin embargo, se mantuvieron para esa contienda electoral otros doce can-didatos además del Presidente Chávez y del go-bernador Rosales.

Con Rosales, la oposición comenzó un giro en su discurso, colocando lo social en el centro de su oferta electoral. También como el gobierno, se apoyó en ofertas po-pulistas, aunque distintas a las oficialistas. Durante la campaña el candidato presentó la tarjeta “Mi Negra”, una tarjeta de débito bancaria que, de ganar, prometió otorgar a cada venezolano. En ella se repartiría el 20% de la renta petrolera.

Pese a la derrota en las elecciones pre-sidenciales de diciembre, los resultados electorales fueron un importante avance para la oposición. Rosales obtuvo el 36% de los votos, y Chávez ganó con el 63%. Esa misma noche, Rosales reconoció la derrota, a pesar de importantes presiones en su Comando de Unidad porque denun-ciara un fraude (El Nacional, 4-12-2006). La participación ciudadana fue alta, alcan-zando el casi 75% del registro electoral. Los otros candidatos no alcanzaron entre todos el 1% de los votos, revelando el ahorro del voto que hacían los votantes opositores del gobierno. Estos resultados fortalecieron las percepciones dentro de la oposición de que había una minoría sig-nificativa del país que seguía apoyando otra opción distinta a la del gobierno, y si continuaban los esfuerzos unitarios para el próximo proceso electoral de carácter subnacional, podrían obtener algunas vic-torias en entidades y municipios, que los ayudaría a seguir creciendo. Otro resulta-do de estos comicios fue el fortalecimiento del partido de Rosales, Un Nuevo Tiem-po. Partidos como el MAS, Solidaridad y La Causa R, redoblaron en los meses si-guientes los esfuerzos por la reunificación de la oposición mediante alguna estructu-ra paraguas (El Nacional, 5-12-2006).

La Mesa de la Unidad y los procesos elec-torales recientes

En la medida en que el Presidente Chávez radicalizaba su discurso y proceso de cambios, buscando la aprobación de su propuesta del socialismo del siglo XXI, volviendo al uniforme militar que había abandonado después del golpe de Estado de abril de 2002 y exigiendo a los partidos de su alianza disolverse para integrarse en un solo partido: el Partido Socialista Unido de Venezuela, los desafíos se hi-cieron más fuertes para la oposición. Los

Venas 2, Jorge Dávalos, dibujo, 2002.

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esfuerzos por cimentar una unidad de ma-yor calidad que la del pasado pareció la única alternativa viable para frenar lo que se diagnosticaba como la legitimación y posible consolidación de un régimen au-toritario.

Pocos días después de su contundente victoria en diciembre de 2006, el Presi-dente amenazó con cerrar uno de los ca-nales de televisión de señal abierta, Radio Caracas Televisión. El Presidente acusó a los dueños de ese canal de haber partici-pado en el golpe de Estado de 2002. El canal fue efectivamente cerrado el 28 de mayo de 2007, al expirar su concesión y el gobierno negarse a renovarla. El pro-cedimiento administrativo usado por el go-bierno fue “legal”, pues tiene el Ejecutivo Nacional la potestad de otorgar o negar las concesiones del ámbito radioeléctri-co. Pero el Presidente actuó de una for-ma que no dejó lugar a las dudas de que se trataba de una revancha política. El 28 de diciembre de 2006, desde un cuartel y vestido de militar, anunció que él cerraba el canal. Después apeló a métodos lega-les y administrativos.

El cierre de Radio Caracas Televisión la noche del 28 de mayo, el canal más an-tiguo y de mayor cobertura nacional, des-encadenó un conjunto de protestas ca-llejeras, algunas violentas, y la irrupción de un movimiento estudiantil preponde-

rantemente de composición universitaria, opuesto al proyecto chavista, que desde entonces ha seguido actuando en la arena política, inyectándole a las fuerzas oposi-toras nuevas energías, ideas y liderazgo. Este movimiento social, junto con los parti-dos y otras organizaciones, actuarían ese año estimulando y canalizando el rechazo a la reforma constitucional socialista pro-puesta por el Presidente, convocando a votar por el NO en el referendo de refor-ma constitucional realizado en diciembre de 2007, la primera y hasta ahora única victoria del anti-chavismo. Lo significativo del referendo de reforma constitucional fue que las fuerzas opositoras lograron mantener cohesionadas y participando a sus bases, aunque el aumento del caudal electoral con relación al año anterior fue modesto, poco más de 200.000 votos. El gobierno, por el contrario, se encontró con una merma muy importante de los votos chavistas (disminuyó en casi tres millones de votos) con relación a los obtenidos en las presidenciales un año antes (Lander y López Maya, 2008).

Los esfuerzos unitarios y sus positivos resultados permitieron a la oposición des-embocar, en 2008, en la conformación de un Acuerdo de Unidad Nacional por parte de varios partidos de oposición, que se comprometieron a continuar coordinándo-se entre sí, ahora con el objetivo de alcan-zar una visión compartida de país y llevar

a las elecciones subnacionales y parla-mentarias candidatos comunes (Acuer-do, 2008). Para las elecciones regionales de noviembre, ese año se suscribieron acuerdos unitarios que permitieron que, al ir juntos, la oposición pudiera mantener o recuperar espacios regionales perdidos en 2004, y obtener algunos nuevos. Retu-vieron Zulia y Nueva Esparta, capturando Miranda, Carabobo y Táchira, que en las elecciones pasadas habían sido ganadas por el oficialismo. La oposición también logró triunfar en la Alcaldía Mayor de Ca-racas, ganándole al gobierno. Pero, poco después, la Asamblea Nacional, en con-trol absoluto del chavismo, aprobó una ley “especial” creando el cargo de “Jefe de Gobierno de Caracas” sobreponiéndo-lo al territorio de la Alcaldía del Municipio Libertador y despojando de recursos y atribuciones a la Alcaldía Mayor. También aprobaron una reforma a la ley de descen-tralización para devolver al gobierno cen-

Los esfuerzos por cimentar una unidad de mayor calidad que la del pasado pareció la única alternativa viable para frenar lo que se diagnosti-caba como la legitimación y posible consolidación de un régimen autoritario.

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tral la administración de puertos y aero-puertos, algunos de los más importantes del país, como Puerto Cabello, ubicados en entidades federales bajo la administra-ción de gobernadores de oposición.

Ha sido esta la manera de conducirse, un típico modo de actuar del gobierno en su nueva fase radical. Usa procedimientos de dudosa legalidad —justificadas por es-tar “en revolución”— para sustraerse del mandato popular. Otro recurso ha sido que, a las entidades con gobernadores de la oposición, dificultarles o negarles los recursos asignados por presupuesto y leyes. Y, como hemos señalado arriba, desde 2009, los CC y comunas tienen prioridad para recibir recursos y gestionar servicios, en una clara tendencia a ir de-

bilitando y, eventualmente, destruyendo la estructura político-administrativa descen-tralizada de la CRBV, para sustituirla por una centralizada en el Presidente, y des-concentrada para la gestión administrativa de ciertos servicios hacia la estructura del Estado Comunal.

En 2009, cristalizó la Mesa de la Unidad (MUD), una estructura más compleja que la CD, donde más de una treintena de partidos y once unidades de trabajo so-bre diversos campos negocian las estra-tegias políticas y elaboran las propuestas unitarias. El primer documento aprobado y llevado a la opinión pública por la MUD se dio en abril de 2010, y llevó el nombre de “Cien soluciones para la gente”. En las elecciones parlamentarias de ese año, los

esfuerzos unitarios lograron que la mayo-ría de los diputados que concurrieron por la oposición recibieran el respaldo de to-dos los partidos de la MUD. Los resulta-dos fueron positivos. El 47% del total de los votos fue para candidatos de la MUD, 48% para la coalición chavista, y un poco más del 5% para partidos no chavistas pero tampoco incorporados a la MUD. Sin embargo, la conformación de la AN que-dó con una mayoría de 98 diputados para el oficialismo, 65 para los partidos de la MUD y dos para el partido PPT, un partido que se separó de la coalición de gobierno y no quiso incorporarse a la MUD. El go-bierno hizo aprobar antes de esta contien-da una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, que alteró el sistema electoral vigente y produjo un nuevo sistema cuasi-mayoritario. El sistema electoral en Vene-zuela debe ser proporcional porque así lo exige la CRBV (art. 63). Sin embargo, es-tos cambios se han dado dentro de la lógi-ca “revolucionaria” que alega el gobierno, contando con la debilidad de la sociedad civil y política para hacerle cumplir los mandatos del Estado de derecho.

Las elecciones de 2010 fueron considera-das una especie de parte aguas para la oposición, pues el voto chavista fue lige-ramente inferior al voto no chavista, re-velando la vuelta a una situación entre el gobierno y la oposición muy pareja. Como contexto sociopolítico más general, para 2010 se dibujaba un marco de creciente descontento y desencanto en las bases chavistas, que luego de catorce años, aparte de la retórica incendiaria y algunas innegables mejoras en la distribución del ingreso fiscal petrolero entre los exclui-dos, no se han visto sustanciales solucio-nes a los muchos problemas estructurales de la sociedad, mientras han empeorado algunos servicios y condiciones de vida. El alarmante aumento de la violencia so-cial, el colapso de la infraestructura vial, desabastecimientos y continuos apago-nes de luz, son algunas de las penurias de una vida cotidiana llena de dificultades. Por otra parte, también se han visto mer-mas en el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de expresión, la representación proporcio-nal, la libertad de conciencia en los cuer-pos deliberantes, el acceso a información pública, el pluralismo y el derecho a la ma-nifestación pacífica. Además, la adminis-tración de justicia se ha visto postrada y la impunidad nutre la espiral de violencia.5

La MUD a partir de sus logros electorales continuó fortaleciéndose. Pero siendo un mundo tan diverso ideológica y política-mente, cada paso es un gran esfuerzo. A

El alarmante aumento de la violencia social, el colapso de infra-estructura vial, desabastecimientos y continuos apagones de luz son algunas de las penurias de una vida cotidiana llena de dificultades. Por otra parte, también se han visto mermas en el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de expresión, la representación pro-porcional, la libertad de conciencia en los cuerpos deliberantes, el acceso a informa-ción pública, el pluralismo y el derecho a la manifestación pacífi-ca. Además la administración de justicia se ha visto postrada y la impunidad nutre la espiral de violencia .

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inicios de 2011 se visibilizaron tensiones con vista al método y la fecha para esco-ger a los candidatos para las contiendas electorales, que debían celebrarse en 2012 y 2013. Las toldas partidistas, des-pués de mucho debate, acordaron que se efectuarían mediante elecciones prima-rias, donde tendría derecho a votar todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral Permanente (REP). Se fijó la fecha para febrero de 2012, incluyéndose en esas primarias la selección de los candidatos unitarios, tanto a la presidencia como a las gobernaciones y alcaldías (El Universal, 14-4-2011). En septiembre, la MUD y los precandidatos presidenciales que se me-dirían en las primarias, respaldados por gobernadores y jefes de partidos políticos, suscribieron un “Compromiso de Unidad Nacional” (El Universal, 27-9-2011), y en diciembre de ese año respaldaron unos “Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional”.

Compitieron cinco precandidatos para la candidatura a Presidente: Henrique Ca-priles Radonski de Primero Justicia, Pablo Pérez de Un Nuevo Tiempo, María Corina Machado, Diego Arria y Pablo Medina. El precandidato Leopoldo López, pocos días antes de las primarias, declinó su candi-datura a favor de Capriles. Éste, gober-nador del estado Miranda, alcanzaría el triunfo de manera holgada, con un 62,5% de los votos. La concurrencia a las prima-rias fue sorprendente, un 17% del registro electoral, más de tres millones de ciuda-danos. La oposición mostró su mejor cara después de muchos años.

Desde entonces, el candidato Capriles se separó de la gobernación y comenzó su campaña por la Presidencia. La MUD con-tinuó respaldándolo, y pese a los natura-les problemas que surgen de la necesidad de concertar con tantos y tan disímiles in-tereses políticos, los partidos de oposición en su gran mayoría se mantuvieron uni-dos y centrados en el objetivo de vencer un adversario formidable, como lo es el Presidente Chávez, que concentra poder, dinero y carisma.

Como conclusión:Los escasos espacios de encuentro del gobierno y la oposición

Lo señalado hasta ahora —sin ser ex-haustivo— permite poner de bulto las casi inexistentes condiciones institucionales y políticas para que tenga lugar unas rela-ciones democráticas entre el gobierno del Presidente Chávez y las distintas fuerzas políticas opositoras. Sin embargo, no po-demos dar fin a estas notas sin describir

algunos espacios donde gobierno y opo-sición, de alguna manera, se relacionan, tomando en cuenta que el régimen no ha cancelado todas las instituciones de la de-mocracia liberal, aunque les haya cambia-do el sentido.

Podemos, por ejemplo, referirnos al Poder Electoral que conduce las elecciones con objetivos plebiscitarios que frecuentemen-te tienen lugar en el país. En este poder tienen lugar consultas y conversaciones entre el gobierno y la oposición, si bien suelen trascender poco a la opinión públi-ca.

El Poder Electoral, al igual que el resto de los otros cuatro poderes del Estado, está subordinado a las directrices del gobierno del Presidente Chávez y a su propues-ta socialista. Esto se expresa tanto en la composición de las altas autoridades del Poder, los rectores del CNE, donde cuatro de los cinco miembros son pro-chavistas —dos de ellos renunciaron a su militancia en el partido unos días antes de ser desig-nados al cargo— como en su renuencia a controlar las violaciones y excesos en que incurre continuamente el gobierno y sus partidos cuando están en competencia electoral. Como ha sido señalado en di-versos análisis, no están garantizadas en Venezuela unas elecciones equitativas. El gobierno nacional y su partido usan los recursos públicos para su parcialidad, sin que el CNE actúe para impedirlo.6

Sin embargo, siendo todavía los proce-sos electorales un instrumento clave en la legitimación del poder del chavismo, el CNE hasta la fecha ha sido muy celoso en cumplir con el objetivo de garantizar el derecho universal, directo y secreto de los ciudadanos en el proceso de elección. En este sentido ha ido construyendo un so-fisticado y transparente sistema electoral automatizado, que blinda al voto ciudada-no de ser alterado. El acto electoral para las elecciones de este 2012, estuvo res-paldado por un sistema automatizado que cubrió todo el territorio nacional y todas sus etapas. Este sistema ha sido abierto a los comandos de campaña de las distin-tas parcialidades políticas, para que revi-sen de manera exhaustiva las máquinas y sus diversos programas. Asimismo, parti-cipan los partidos políticos del gobierno y la oposición en la introducción de claves secretas que sólo podrían ser activadas por todas las parcialidades políticas.

Adicionalmente, el CNE ha jugado un rol de “mediador político” en diversas opor-tunidades. Ha sostenido conversaciones con los partidos políticos de oposición

para acordar ciertas condiciones en los procesos electorales. Estas conversacio-nes, sobre todo en coyunturas de alta po-larización, han sido realizadas en secreto y fuera de las sedes formales de este Po-der. También han sostenido conversacio-nes con los candidatos perdedores antes de anunciar los resultados “irreversibles” de procesos electorales, contribuyendo a bajar la conflictividad que la derrota pudie-ra desencadenar de no ser reconocida por el perdedor. Fue el caso en 2006, cuando la oposición, con su candidato Manuel Ro-sales, perdió, pero también fue el caso del referendo constitucional de 2007, cuando el gobierno, con su Presidente Chávez, sufrió una derrota. Trascendió entonces, dicho por el mismo Presidente, que el CNE le envió técnicos que lo convencie-ron que el cómputo, con el 92% de los votos, daba una tendencia “irreversible”. Él convino en reconocer entonces que su propuesta había sido derrotada.

En otros poderes, la información es esca-sa, pero es de pensar que también existen vasos comunicantes un tanto clandesti-nos. En la actual Asamblea Nacional, las leyes principales que buscan construir las

Pikchu, Jorge Dávalos, acuarela, 2003.

Venas 1, Jorge Dávalos, dibujo, 2002.

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1 Ver, entre otros, López Maya y Lander (2012).2 Para un análisis de las leyes socialistas aprobadas desde 2009 verse, entre

otros, López Maya, 2011.3 Que el chavismo controlara en ese momento el 100% de la AN se debió a

un retiro intempestivo de los candidatos de las organizaciones políticas opositoras, pocos días antes del proceso eleccionario parlamentario que tuvo lugar en diciembre de 2005. Los resultados dieron este control al partido del Presidente, el Movimiento Quinta República (MVR) y la coalición de partidos que lo apoyaban. Los partidos de oposición adujeron, para no concurrir, que no estaban dadas las garantías para un proceso electoral transparente (López Maya, 2006) .

4 Para un análisis del 1er Proyecto Socialista 2007-2013 ver López Maya y Lander 2010.

5 Para una evaluación de la situación de los DDHH en Venezuela ver los informes que presenta anualmente la ONG Provea (ver www.derechos.org.ve).

6 Pueden verse los informes de Ojo Electoral y el Centro Carter en esta materia.

bases del Estado Comunal las elabora el Presidente con sus ministros o asesores, y son aprobadas, muchas veces, sin dis-cusión parlamentaria. Otras se discuten, pero son poco relevantes o nulas las ob-servaciones que pudieran hacer los dipu-tados de oposición en sus intervenciones.

Hay comisiones de la AN que son plurales y en estos casos a veces pueden com-partirse labores propias de este poder.

Pero es un poder muy disminuido de sus atribuciones en este segundo gobierno de Chávez. Una investigación en esta mate-ria revelaría posiblemente algunas leyes, que por no ser relevantes o por estar fue-ra de las prioridades e intereses del Presi-dente, han contado con contribuciones de los diputados de partidos de oposición. La situación en otros cuerpos deliberativos, como los de las entidades regionales y los concejos municipales, repite la situación de la AN. En dichas instancias la línea del gobierno es ignorar a la oposición cuan-

do es mayoría en el cuerpo deliberativo, o sabotear cuando es minoría o controla el cuerpo de una entidad o municipio don-de la autoridad ejecutiva es de un parti-do opositor. El partido PPT, por ejemplo, denunció reiteradas veces cómo, una vez que se separó de la coalición de gobier-no, el oficialismo incluso negaba el acceso de sus concejales a la cámara municipal en los diversos municipios (Hernández, 2010). En otras comisiones conformadas por el Ejecutivo, como el Consejo Nacio-nal de Universidades, la situación es simi-lar. Concurren rectores de universidades que no están alineadas con el proyecto político del gobierno, pueden intervenir, pero sus criterios no son relevantes en las discusiones, mucho menos en la toma de decisiones.

El espacio público sirve para ejemplificar bien la situación que hoy padece la socie-dad venezolana. Hay territorios chavistas y territorios de la oposición. Allí se desa-rrollan actividades proselitistas, depor-

tivas o culturales, los ciudadanos de un bando político u otro puede que crucen esos territorios y disfruten de las activida-des, pero se cuidan bien de exteriorizar sus preferencias políticas. Los espacios comunes se han reducido a su mínima expresión; los canales de televisión públi-ca están al servicio del gobierno, los pri-vados mayoritariamente al servicio de los intereses de las fuerzas opositoras. Y los ciudadanos carecemos de espacios para compartir como iguales, pertenecientes a una nación común. Mientras las calles al caer la noche, también son privatizadas por el hampa y organizaciones delictivas.

Margarita López MayaHistoriadora y Doctora en Ciencias

Políticas de la Universidad Central de Venezuela

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El contexto

Las elecciones de diciembre del 2005 han trazado una nueva configuración en el mapa político boliviano. En primer lugar, se ha producido un recambio de las éli-tes políticas, mediante el desplazamiento y virtual des-aparición —por la vía electoral— de los partidos que

habían hegemonizado el escenario político en las dos últimas dos décadas. En segundo lugar, junto con los nuevos actores en el poder, se ha impuesto una relación distinta entre el Estado y la sociedad, particularmente con los sectores populares afines al gobierno. En tercer lugar, se ha instalado un nuevo universo discursivo y simbólico desplazando aquel signado por las pro-mesas del modelo neoliberal y la democracia partidaria; además, se articula en torno a nuevos referentes como la inclusión étnico cultural, la nacionalización de las empresas estratégicas, la ‘re-fundación’ del Estado, así como la presencia de los movimientos sociales en el campo político. En cuarto lugar, la mayoría ab-soluta obtenida por el MAS ha roto con la habitual práctica de la “democracia pactada” y ha centralizado la representación en una fuerza claramente hegemónica. Un quinto elemento es el posicionamiento de una nueva forma organizativa, el denomina-do político1, una simbiosis entre sindicato y partido en el poder, inaugurando una forma de representación distinta a los tradicio-nales partidos. Por último, el sistema de partidos experimenta una importante mutación, pues de un sistema pluralista limitado, vigente durante los ochenta y noventa, transita hacia un sistema marcado por el predominio de un partido en el poder y la presen-cia cada vez más débil de alternativas opositoras.2

Por otra parte, la nueva Constitución Política del Estado esta-blece una nueva trama político-institucional en la que, si bien el sistema de representación continúa articulando el acceso al poder público, se complementa con formas renovadas de demo-cracia —participativa y comunitaria— que devienen del carácter plurinacional del Estado, junto a los múltiples escenarios de re-presentación subnacional abierto con el régimen autonómico. De

igual manera, la Constitución ratifica la desmonopolización de la representación partidaria mediante el reconocimiento de Agrupa-ciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas.

Este conjunto de elementos cambian el rostro del sistema político boliviano y dan lugar a nuevas disputas, estrategias e interaccio-nes entre actores sociales y políticos, que se dirimen en distintas arenas: espacios institucionales establecidos en las normas, las calles como lugares privilegiados de la demanda social, o bien, los medios de comunicación y opinión pública en que circulan discursos y elementos simbólicos diversos.

En este marco general de transformaciones políticas, la relación gobierno-oposición ha tendido a complejizarse, justamente por la cohabitación de múltiples factores que van diseñando el nuevo escenario, interactúan con los sujetos y, a la vez, establecen las condiciones de posibilidad de su desempeño.

La oposición en el ciclo político anterior

El sistema de partidos que emergió después de la recuperación de la democracia estuvo caracterizado por la convivencia de al menos tres fuerzas políticas permanentes (ADN, MNR y MIR) junto a otras más bien episódicas, como UCS y CONDEPA, cuya sobrevivencia, en gran medida, se debió a las alianzas con las fuerzas principales. En esta fase, los resultados electorales no revelaban claras mayorías, pues los ganadores no superaban el 30% (excepcionalmente el MNR en 1993 rebasó este límite), obligándolos a realizar pactos políticos para gobernar, y dando así origen a la denominada “democracia pactada”. Por otra par-te, las distancias ideológicas que los separaban eran mínimas, y sus discursos estaban permanentemente acompañados de jus-tificaciones respecto a las distintas alianzas políticas que confor-maban.

Si bien la democracia pactada otorgaba estabilidad y goberna-bilidad a la gestión democrática y aliviaba las tensiones entre

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Ejecutivo y Legislativo, diluía las aristas entre oficialismo y opo-sición, y de esa manera menoscababa la labor opositora en el Parlamento, desvirtuando aspectos primordiales como la sepa-ración e independencia de poderes, la capacidad de fiscaliza-ción del Congreso y el debate ideológico propio de la labor par-lamentaria; al mismo tiempo, reproducía prácticas clientelistas y prebendales como el “cuoteo” de cargos entre las fuerzas de las distintas coaliciones, la redistribución de recursos y la conniven-cia con la corrupción. Estos comportamientos generaron un pre-maturo “ocaso de la oposición”3 o, más estrictamente, “el ocaso de las funciones de la oposición”.

En este periodo, el campo de decisiones políticas se restringía fundamentalmente al ámbito político/institucional, pues las or-ganizaciones sociales que históricamente incidieron en la arena política (como sucedió históricamente con la COB) entraron en un periodo de reflujo y se recluyeron a espacios privados de mo-vilización sectorial. Esta situación se revertirá hacia fines de los noventa y principios del 2000, en que irrumpen nuevamente los movimientos sociales en el campo político para gestar un nuevo proceso de transformaciones, cuestionando las bases de orden económico y político vigentes.

En esos quince años de estabilidad democrática, la relación go-bierno-oposición estaba poco definida, sin contornos ideológicos claros y absolutamente vulnerable a las coyunturas y convenien-cias políticas de los partidos y liderazgos. La alternancia entre las mismas fuerzas del sistema y los permanentes, y a veces indiscriminados acuerdos políticos, amalgamaba a todas las or-ganizaciones políticas ante los ojos de la ciudadanía, diluyendo las fronteras ideológicas y provocando la perdida de identidad.

A ello se suma una gestión partidaria que cumplió de manera muy limitada el rol de representar a la ciudadanía, canalizar las demandas sociales y atender sus expectativas. En su rol opo-sitor se enfrascó en una gestión parlamentaria funcional al Eje-cutivo de turno, o tendiente a descalificar y desacreditar al otro para mejora sus opciones de acceder al poder. Tampoco logró articular con éxito propuestas ideológicas y políticas alternativas a las existentes.

A partir del 2002, se agudiza la crisis del sistema cuando el elec-torado vota por opciones distintas a los partidos del régimen y fortalece alternativas contestatarias como el MAS y el MIP (juntos rebasan el 25% de los votos), y cuando recrudecen las protestas política en las calles con la nueva irrupción de los movimien-tos sociales en el campo político. El resultado fue el temprano derrumbamiento del régimen y la imposición de una agenda de transformaciones estatales desde la sociedad civil.

La relación gobierno /oposición en el nuevo mapa político

Uno de los principios básicos del sistema democrático es el plu-ralismo, es decir, la posibilidad del disenso, la presencia del otro, que ejerce una oposición activa, es decir, con capacidad de influir en las decisiones nacionales y convertirse en alternativa política.

Tomando como referencia los itinerarios analíticos propuestos por Pasquino y Castiglioni para abordar a la oposición4, e incor-porando elementos que plantea Abal Medina5 sobre las modali-dades de emergencia e institucionalización de las organizacio-nes políticas y su relación con el ambiente, planteamos un marco analítico multidimensional referido, por una parte, a aspectos del contexto socio político y discursivo ligado a las transformaciones que operan en Bolivia, y por otra, a aspectos que devienen de la

intersubjetividad, es decir, de la acción ejercida por los sujetos en los espacios de ejercicio político: elecciones, confrontaciones discursivas, movilización de recursos y otros, con el fin de orien-tar a su favor los equilibrios inestables de la política.

Gráfico 1: Marco analítico

Siguiendo este esquema, pasamos a analizar las distintas di-mensiones.

Comenzaremos por las características contextuales. El inicio del nuevo ciclo histórico que está marcado por paradigmas distintos y cuyo derrotero aún es incierto, trasciende el protagonismo y gestión política del Movimiento al Socialismo y el liderazgo de Evo Morales, que si bien vehiculizó las transformaciones políti-cas, no es consustancial al mismo. Por tanto, una lectura ade-cuada de la realidad actual, sugiere separar el protagonismo del presidente, y del partido en el gobierno del proceso de transfor-maciones que opera en el país.

La llegada de Evo Morales a la presidencia significa el despla-zamiento de las viejas élites en el poder, la instauración de una nueva CPE que establece el tránsito de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional, el retorno al Estatismo y una reorien-tación de las políticas públicas hacia la redistribución directa de recursos. La nueva relación Estado-sociedad ha conducido a una suerte de ‘corporativización’ de la política, que en algunos casos pasa por afinidades ideológicas, en otros, por una mera transacción pragmática de beneficios mutuos.

La alternancia entre las mismas fuerzas del sistema y los permanentes, y a veces indis-criminados acuerdos políticos, amalgamaba a todas las organizaciones políticas ante los ojos de la ciudadanía, diluyendo las fronteras ideo-lógicas y provocando la perdida de identidad.

Relación Gobierno/oposición

Ambito socio político e institucional

Factores in-ter subjetivos

Contexto so-cio político

Desempeño electoral

Acción colectiva en las calles

Discursos y elemen-tos simbólicos

Factores internos a la organización

Andamiaje institucional

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Del mismo modo, se ha instalado junto al gobierno un universo discursivo y simbólico anclado en la inclusión socio-cultural, la descolonización, la superación de la pobreza y el cambio, en tor-no a la presencia del primer presidente indígena en el poder. Por otro lado, el “enemigo” es asociado con aquel que se opone al cambio: colonizador, oligarca, neoliberal y corrupto, que encarna la vieja Bolivia. De esta manera, la categoría que parte las aguas de la sociedad y la política es el enunciado ‘proceso de cambio’, un enunciado ciertamente polisémico, pero con una gran capa-cidad interpelatoria.

Los elementos discursivos articulados al proyecto del MAS se reproducen en varios escenarios: las alocuciones gubernamen-tales y de dirigentes de organizaciones sociales afines, las políti-cas públicas, las movilizaciones callejeras en apoyo al gobierno, los grafitis y, de manera privilegiada, los medios de comunica-ción oficialistas, mediante el despliegue de dos tipos de estra-tegias: la difusión de obras y beneficios que reporta la gestión gubernamental a los sectores empobrecidos, y la estrategia de desacreditación del ‘otro’, del enemigo. La acción opositora se encuentra fuertemente condicionada por esta centralidad socio-política y discursiva. De ahí que estos nuevos paradigmas discursivos y simbólicos en torno al “proce-so de cambio” constituyan un sustrato inexcusable para analizar el campo político, precisamente por su alta capacidad de inter-

pelación social y legitimidad, y porque desde ahí condicionan la acción de los sujetos, dejando a la oposición sin espacios de incidencia efectivos.

La nueva trama institucional como condicionante de la po-lítica

A partir de la aprobación de la nueva constitución se han ido ge-nerando nuevos escenarios normativos que introducen ajustes al sistema político. Entre los mecanismos innovadores está el régimen autonómico, que multiplica los escenarios de represen-tación, la segunda vuelta electoral con umbral reducido.6 Este mecanismo induce a la consecución de acuerdos previos a la elección, con el fin de sanear los vicios de la democracia pac-tada y establecer una correlación más directa entre el voto del

La llegada de Evo Morales a la presidencia sig-nifica el desplazamiento de las viejas élites en el poder, la instauración de una nueva CPE que establece el tránsito de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional, el retorno al Estatis-mo y una reorientación de las políticas públi-cas hacia la redistribución directa de recursos.

Martes de tentación, Jorge Dávalos, acuarela, 2010.

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electorado y la conformación del poder. Esta medida se com-plementa con la incorporación del revocatorio de mandato para todas las autoridades electas por voto popular, la convivencia de tres formas distintas de democracia: representativa, participativa y comunitaria, entre las principales.

Tanto en la CPE como en las leyes secundarias, se van diseñan-do nuevos andamiajes institucionales, por ejemplo, en la confor-mación del parlamento se abren espacios de participación para los pueblos indígenas, mediante siete nuevas circunscripciones especiales en aéreas rurales y dentro de los límites departamen-tales. Dicha modificación cambia la composición de diputaciones plurinominales y uninominales, pues extrae las siete circunscrip-ciones indígenas de las plurinominales (ahora reducidas a 53), frente a las 77 uninominales que se eligen por mayoría, lo cual refuerza la concentración del voto en los partidos más grandes. En relación con la Cámara de Senadores, se incrementa el nú-mero a cuatro por departamento (el Congreso pleno cuenta aho-ra con 166 miembros) y se elimina la asignación de escaños por mayorías y minorías optando por el sistema proporcional. Si bien en el proceso de elección se evidencia la tendencia a concentrar el voto en las mayorías; en la gestión parlamentaria, estas me-didas no refuerzan de manera llamativa el régimen presidencia-lista, pues se mantiene el requerimiento de dos tercios de votos para la elección de cargos jerárquicos en la Asamblea o para la aprobación de leyes estratégicas. En general, este marco legal actual es percibido con cierta des-confianza por la oposición, sobre todo porque percibe que es uti-lizado políticamente por el partido gobernante, por ejemplo, para destituir a los opositores mediante la aplicación de los arts. 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías. El ex gobernador y actual líder de oposición, Ernesto Suarez del Beni, percibe que en el país hay una ausencia de institucionalidad y una supeditación política del marco legal a los intereses políticos del partido en el poder, aludiendo a su propia experiencia personal:7 “El gobierno hace leyes que se amoldan a su proyecto de poder y para des-truir a los opositores”8, hay, desde su percepción, una situación de total indefensión, añade que la Constitución está como refe-rencia, pues cuando está a favor de ellos la utilizan, y si no “se la llevan por delante”. En relación con el mismo tema, Samuel Doria Medina, líder opositor de UN, señala que, a pesar de ello, es posible defenderse y hacerle frente al gobierno utilizando sus mismas reglas de juego.

Explica que el gobierno ha emprendido un juicio por asuntos re-lacionados con su empresa, y que él ha emprendido una defensa legal hasta ahora exitosa utilizando los instrumentos normativos vigentes, “por eso soy también uno de los que me he quedado”9 señala refiriéndose a las diversas acusaciones que, como opo-sitor, ha tenido que enfrentar, y, a diferencia de otros líderes, ha optado por defenderse dentro del país. Menciona también el ejemplo de la reciente elección judicial en la que, la aplicación de una normativa construida por el partido de gobierno, produjo re-sultados negativos para el mismo, porque el voto nulo se impuso al de los candidatos propuestos por las mayorías oficialistas en la Asamblea, en una muestra de rechazo a esta forma de elección.

Desde la oposición cruceña, Oscar Ortiz, líder de Consenso Po-pular, considera que los principios de la ley, que deben ser uni-versales, imparciales, neutros, etc., no existen en este momento en Bolivia, lo que hay ‘son leyes dirigidas, violatorias’ y su apli-cación es discrecional, pues existe una reiterada tarea desde el gobierno de acusar a las autoridades o funcionarios opositores. Señala que “se da legalidad al atropello y al abuso”.10 Con él co-

incide Juan del Granado, principal dirigente del Movimiento Sin Miedo y ex-aliado del MAS, cuando afirma que el Estado de de-recho esta gravemente fracturado, así como las leyes y mecanis-mos institucionales por una visión autoritaria que “ha liquidado el mínimo concepto de coordinación e independencia de poderes y que ha peyorizado el concepto de república”.11

Se podría concluir que, si bien nos encontramos en transición hacia un nuevo andamiaje institucional que de hecho genera ambigüedades o, en su caso, vacíos legales, es también cierto que existe una instrumentalización de las normas en función de la correlación de fuerzas y la disputa por el poder, ahí reside su principal fragilidad. Por tanto, la oposición, sobre todo aquella que ha sido afectada directa o indirectamente por acciones le-gales, percibe que no se cuenta en el país con garantías demo-cráticas e institucionales suficientes, y que la trama institucional, lejos de brindar certidumbre, es usada con discrecionalidad por el gobierno en función de intereses políticos.

Desempeño electoral y gestión político/institucional de las oposiciones

En este análisis no solo cuentan las condiciones históricas e ins-titucionales en que se ejerce la política, sino también la capaci-dad subjetiva de los actores que se mueven en distintos escena-rios, entre los principales, el ámbito electoral.

Las elecciones generales del 2005 conducen a un trastroca-miento en el mapa político electoral anterior, pues le otorgaron un triunfo contundente al Movimiento al Socialismo (MAS) en alianza con el Movimiento Sin Miedo (MSM), con el 53,7% de los votos; lejos del segundo lugar ocupado por PODEMOS, el principal partido de oposición. El éxito del MAS se debe a que logró articular, por una parte, el descontento con la gestión de los partidos, y por otra, las fracturas estructurales que se revelaron en el proceso de crisis. Desde esta primera victoria, el MAS ha repetido sus triunfos electorales en sucesivos escenarios de vo-tación.12 Estas reiteradas mayorías van recluyendo a las fuerzas opositoras a una situación aislada y testimonial en el escenario institucional de decisiones.

No obstante, la inédita elección concurrente de prefectos por voto directo, significó la incorporación simultánea de la demanda autonómica y la expresión de “la otra Bolivia”, la Bolivia oposito-ra, afincada sobre todo en el oriente. Este acontecimiento abrió un espacio, también inédito, para la oposición en el ámbito sub-nacional y cambió la topología electoral del país.

Los itinerarios electorales de la oposición son diversos, mientras el 2005, a nivel nacional, PODEMOS se sitúa como el principal partido opositor con el 28,6% de los votos, UN logra el 7,8% y el MNR el 6,5%, entre los tres suman un total del 42,9% de los votos.

Cuadro 1: Composición del Congreso Nacional 2005 por partidos

Cámara MAS UN MNR PODEMOS TOTALDiputados 72 8 7 43 130Senadores 12 1 1 13 27Total 84 9 8 56 157Elaboración propia en base a Atlas Electoral de Bolivia. CNE, PNUD, IDEA Internacional, 2010.

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La acumulación de votos obtenidos por la oposición, así como su presencia inicial en el Congreso, resultan relativas, ya que en el transcurso del tiempo se va constatando su fragilidad y volatilidad.

PODEMOS, el principal frente de oposición, presentaba una de-bilidad de origen, pues se conformó como una agrupación ciuda-dana que acogió a diversos sectores políticos, ateniéndose a un modelo de expansión que sería caracterizado por Panebianco como de difusión territorial.13 En ella convivían tendencias fuerte-mente regionalistas del oriente, militantes de la antigua coalición MIR-ADN en torno al liderazgo de Jorge Quiroga, y algunos in-telectuales progresistas que se sumaron al proyecto. A pesar de que el discurso de PODEMOS era altamente polarizador, con-tenía una falta de coherencia y cohesión ideológica interna y la ausencia de disciplina partidaria a la hora de asumir decisiones, lo cual generó permanentes desacuerdos que, finalmente, con-dujeron a su fragmentación.

El otro partido de oposición, Unidad Nacional, a pesar de surgir el 2004 como un partido unificado y con una estructura organiza-tiva interna, tuvo una experiencia parlamentaria parecida, pues sus pocos representantes optaban por posiciones personalistas antes que orgánicas. A diferencia de PODEMOS, intentó man-tenerse en el “centro político” y construir puentes con el MAS, particularmente durante el desarrollo de la Asamblea Constitu-yente, comportamiento que su actual líder nacional considera erróneo14, pues fue atacado por su actitud ‘colaboracionista’ con el gobierno.

Un factor de autocrítica destacado por los parlamentarios de los distintos partidos de oposición en su momento, fue la poca voluntad política de actuar de manera conjunta, y la competencia inter-partidaria con el objetivo de diferenciarse entre sí y acu-mular poder. Lo más complejo es que estas diferenciaciones no pasaban por perfiles ideológicos distintos, sino por intereses cor-porativos o regionales o de tipo personal diferentes.

En la Asamblea Constituyente se reproduce un escenario pare-cido15, en ella la oposición opta por dos caminos: la oposición ‘desleal’16, ejercida por PODEMOS que apuesta al fracaso del evento, y la otra que puede calificarse como oposición ‘semileal’, expresada por UN, que se oponía de manera constructiva a las posiciones del partido de gobierno, y eventualmente generaba propuestas alternativas para negociar.

El desempeño de la oposición tuvo un rasgo distinto a nivel re-gional, espacio en el cual tuvo mayores posibilidades de ejercer el poder. En la elección simultánea de prefectos que se realizó el 2005, junto a las presidenciales, la oposición ocupó las prefec-turas de seis de los nueve departamentos. Más adelante, en la consulta sobre las autonomías, el 2006, en cuatro departamen-

tos de la ‘media luna’ ganó el apoyo a la oposición que emban-deraba esta propuesta. Dichos procesos dieron lugar al realinea-miento de fuerzas en torno a dos ejes discursivos confrontados y la consecuente conformación de dos bloques políticos en pugna: por un lado el MAS y los movimientos sociales que impulsaron el proceso constituyente y la consolidación de los cambios, y por otro, la oposición político partidaria, junto a los nuevos prefec-tos y los movimientos cívicos de la ‘media’ luna articulados en el discurso de las autonomías: dos agendas que marcaron las contradicciones en el imaginario social desde principios de siglo.

Gráfico 2: Primer escenario político

El voto de la oposición y rechazo al gobierno se situó funda-mentalmente en la zona de la ‘media luna’. En el referéndum revocatorio de 2008, el rechazo a Evo Morales (32,6%), se ubicó básicamente en Santa Cruz, Beni y Tarija, aunque en el mismo comicio fueron revocados dos prefectos de oposición (La Paz y Cochabamba), debilitando su fuerza nacional, mientras los otros fueron ratificados con un apoyo de más del 56%. El gobierno logró con este referéndum consolidar su legitimidad, atenuar la presencia de la oposición y allanar el camino hacia la aprobación del texto constitucional, hecho que se consolidó en enero del 2009, cuando la oposición solo logró el 38,6% a nivel nacional, y nuevamente su votación se concentró en los departamentos de la ‘media luna’.

Para enfrentar al oficialismo en las elecciones nacionales de di-ciembre de 2009, la oposición se agrupó en siete frentes que in-tentaron derrotar al oficialismo.17 La votación acumulada por es-tas fuerzas descendió en aproximadamente el 7% en relación al 2005. Si bien el MAS incrementó su votación en todo el territorio nacional, la oposición mantuvo ciertos territorios cautivos, sobre todo en el oriente boliviano y en las ciudades capitales de Sucre, Tarija, Cochabamba y Potosí. En la ALP, la oposición apenas obtuvo 10 de 36 senadores (todos ellos del frente PPB-CN18), 20 de 53 diputados plurinominales (17 del PPB-CN y 3 de UN), y 21 de 70 uninominales (19 del PPB-CN y 2 de Alianza Social). En relación con las circunscripciones indígenas, la oposición logró un diputado del PPB-CN, el resto son del MAS.

Cuadro 2: Composición del Congreso Nacional 2009 por partidos

Cámara MAS UN AS PPB-CN TOTALDiputados 88 3 2 37 130Senadores 26 10 36Total 104 3 2 47 166Elaboración propia en base a Atlas Electoral de Bolivia. CNE, PNUD, IDEA Internacional, 2010.

Se podría concluir que, si bien nos encontra-mos en transición hacia un nuevo andamiaje institucional que de hecho genera ambigüeda-des o, en su caso, vacíos legales, es también cierto que existe una instrumentalización de las normas en función de la correlación de fuerzas y la disputa por el poder, ahí reside su principal fragilidad.

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El hábitat por excelencia de presencia, debate y confrontación entre oficialismo y oposición es el Congreso, pero, como en este caso, cuando existe una fuerza política hegemónica —con más de dos tercios de los votos— prescinde de una oposición, que ha pasado a jugar un papel secundario y testimonial. A ello hay que sumar que se trata de una oposición dispersa, en general, poco consistente y carente de capacidades propositivas.

A nivel regional, en las elecciones departamentales y municipales de abril del 2010, se experimenta una expansión de la presencia del MAS en municipios y gobernaciones del país, mientras la oposición quedó reducida a tres de nueve departamentos (Santa Cruz con Rubén Costas, Beni con Ernesto Suarez, y Tarija con Mario Cossío), y logró copar 109 de 337 municipios.

A ello hay que añadir que, a nivel departamental y en varios mu-nicipios, los triunfos de la oposición son seguidos de cerca por el MAS, por lo que la composición de las Asambleas y Conce-jos, y la relación entre oficialismo y oposición resulta crítica por la correlación de fuerzas y por las estrategias desplegadas por el MAS para obtener mayorias. Sin embargo, la oposición logra conservar y derrotar al MAS en varios enclaves electorales, por ejemplo en las ciudades capital de La Paz y Oruro, y en 21 alcal-días de zonas rurales, donde el MSM (ex-aliado del MAS) afinca su victoria. Del mismo modo, el Movimiento para la Soberanía de los Pueblos, del disidente senador masista Lino Willca, ganó en Achacachi y otros municipios de altiplano como Pucarani, Meca-paca y Coripata.

Sin embargo, la fuerza que logró la oposición para polarizar el esce-nario político, experimentada durante la primera gestión de Morales, se debilitó por varios factores, también de carácter interno, errores políticos, divisiones entre aliados, acciones violentas, e incluso dis-cursos separatistas, lo cual influyó en su desmoronamiento.

En conclusión, de acuerdo a los datos electorales, a nivel nacio-nal se revela una presencia contundente del MAS en la Asamblea como producto de las elecciones del 2009, en mayor proporción que en la gestión anterior, mientras la fuerza de la oposición habría migrado a espacios locales, desde donde intenta ejercer su poder.

Sin embargo, de manera paralela, el MAS ha ido progresiva-mente ‘recuperando’ espacios políticos locales por la vía judicial, mediante la acusación y destitución de autoridades de oposición —como los gobernadores de Tarija y Beni y varios alcaldes— y su sustitución por interinatos afines a su línea política masista.

La oposición desde los “no lugares de la política”

Las visiones clásicas19 sitúan el estudio de la oposición exclusi-vamente en el Parlamento, aunque reconocen también la pre-sencia de una oposición extra-parlamentaria pero caracterizada como anti sistémica. Sin embargo, es preciso trascender ese dualismo institucional/extra institucional, y abarcar distintos cir-cuitos en el análisis político, lo cual implica abordar los referen-tes electorales y representativos de las fuerzas políticas, pero también los ámbitos societales, desde donde se ejerce la política

Obra 4, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2004.

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mediante discursos, acciones estratégicas, repertorios de mo-vilización, expresiones públicas y otros, y que, como veremos a continuación, sus resultados son en muchos casos determi-nantes.

En el caso de Santa Cruz, mirar las distintas dimensiones es clave para entender tanto la fortaleza como la debacle de la oposición. Las élites cruceñas cívico/empresariales mantenían un vínculo con los partidos políticos durante las anteriores déca-das con el fin de reproducir y velar por los intereses económicos regionales mediante su incidencia política; en el momento en que estos intereses se sienten amenazados por el nuevo régi-men, focalizan sus esfuerzos en la resistencia abierta desde las fronteras regionales, mediante el discurso de las autonomías. Desde ahí, se alían con partidos opositores y promueven accio-nes de protesta callejera y movilizaciones ciudadanas generan-do un verdadero impacto en las decisiones nacionales.

Así, la dimensión societal de la política durante los primeros años del gobierno de Morales es determinante. Se conformaron dos bloques en pugna asociados a la polarización político parti-daria, pero sustentados en organizaciones de la sociedad civil, CONALDE (el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) como bloque cívico/prefectural/político asentado en las regiones del oriente, versus el bloque conformado por las organizaciones afines al MAS —campesinos, indígenas— aglutinados en torno a CONALCAM (Consejo Nacional para el Cambio).

Mas adelante, cuando el tema autonómico es apropiado por el gobierno y se incorpora en la nueva Constitución, la oposición queda despojada de dicha bandera política y su discurso se desplaza hacia la defensa de la democracia, “como va a ha-ber autonomía sino hay democracia” sostiene uno de los líde-res cruceños de oposición20, desde su punto de vista, no se ha avanzado en las autonomías por las restricciones legales que ha impuesto el gobierno en las leyes nacionales, y por la siste-mática arremetida contra autoridades regionales de oposición. Actualmente, la oposición social y política en Santa Cruz ha per-dido fuerza, y como afirma Ferreira, la radicalidad de su discur-so ha disminuido, por una parte porque se produjo una fractura entre la oposición política y la cívico regional en 2008, a raíz de la decisión congresal —por iniciativa de PODEMOS— de llevar adelante el revocatorio, poniendo en riesgo la presencia de pre-fectos opositores, pero también porque los grupos de poder pro-ductores, industriales, comerciales y aquellos ligados a la tierra que sostenían la actividad política opositora, en gran medida han pactado con el gobierno anteponiendo sus intereses corpo-rativos y empresariales a la militancia política. Se trata ahora de una oposición pragmática, que ha optado por escenarios de negociación y acercamiento al gobierno (dicho comportamiento se verifica en las cumbres y encuentros realizados, reuniones sectoriales, o en decretos gubernamentales que claramente les favorecen), han optado por ‘una coexistencia pacífica’, pero que no necesariamente se va a traducir en votos.21

Aunque el mismo entrevistado sostiene que otro importante sec-tor económico empresarial mantiene un discurso radicalmente opositor al gobierno, pero con escasa capacidad de convocato-ria, en general, concluye, que el liderazgo de la élite tradicional cruceña está en crisis, y su desarticulación local en Santa Cruz ha conducido también a una disolución de la ‘media luna’.

Gráfico 3: Segundo escenario político

En ese contexto, cabe diferenciar la oposición que ejerce el Movimiento Sin Miedo, antiguo aliado del MAS que, desde la ruptura (diciembre de 2009), ha asumido desde la izquierda un discurso radicalmente crítico al gobierno, pero declarándose al mismo tiempo continuador del proceso de cambio. Se ha pre-sentado por primera vez de manera independiente a las eleccio-nes sub nacionales del 2010, arrebatándole al MAS importantes alcaldías como Oruro y otras de municipios rurales, aunque su área de influencia está anclada fundamentalmente en La Paz. Esta fuerza política ha expresado en reiteradas ocasiones su desinterés en formar parte de coaliciones opositoras, mante-niendo su perfil ideológico e independencia política.

Por último, otro frente de conflicto y de oposición política al go-bierno se ha abierto desde espacios del ámbito social, como es el caso reciente del TIPNIS, que resulta absolutamente crítico para el gobierno, pues revela las contradicciones del discurso masista e incide en el quiebre de las bases sociales del MAS; no hay que olvidar que el movimiento indígena del oriente agru-pado en la CIDOB, junto a CONAMAQ, colonizadores, campe-sinos y otros, fueron la base de construcción del instrumento político, y ahora estos movimientos indígenas han pasado a las filas de la oposición política, asumiendo posiciones críticas y políticamente independientes del gobierno.

En suma, para una lectura adecuada de la oposición en el caso boliviano, particularmente en la coyuntura actual, no se puede dejar de considerar la presencia e influencia de las oposiciones gestadas en el campo social, es decir, aquella que deviene de los ‘no lugares de la política’.

Por lo expuesto, no estamos frente a una oposición, sino frente a múltiples oposiciones, portadoras de distintos significados y alcances.

Discursos y percepciones: tres cuestiones sobre ‘el yo y los otros’

¿Es posible tender puentes entre oficialismo y oposición?

Respecto al otro, en este caso, el oficialismo, la oposición co-incide básicamente en su posición crítica tanto en relación con

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la gestión gubernamental como con la forma de administrar la política por parte del gobierno. Los argumentos son distintos, aunque apuntan en la misma dirección: “El gobierno no tiene rumbo” señala Ernesto Suarez, “solo tiene un proyecto de po-der, vende ilusiones pues no realiza lo que dice y no ataca los problemas estructurales”22, con él coincide Oscar Ortiz dirigente cruceño cuando señala que el gobierno no tiene un proyecto político, “pero si tiene el poder, y se ha vuelto dependiente del poder mediante la toma del Estado, de todas sus instituciones y tiende a asegurar la reelección”.23

Para Doria Medina, en cambio, hay un proyecto ligado al esta-tismo que no corresponde al siglo XXI, sino al siglo pasado24 y critica las actuales líneas de política pública del gobierno. Juan del Granado, por su parte, sostiene que el MAS fue una opción que, si bien en su momento fue de izquierda, ahora representa “una opción burocrático conservadora de derecha, con rasgos profundamente autoritarios y con una visión capitalista”25. En sus tesis políticas, este partido señala que en términos de gestión política el gobierno demostró muchas carencias, y “esas caren-cias fueron paulatinamente reemplazadas por un aventurerismo intelectual que utilizando el simbolismo indígena concibió al país como un laboratorio para ensayos dogmáticos y desvinculados de la realidad”.26

Frente a ello, el gobierno instrumentaliza los universos simbó-licos que emanan de la oposición, también con fines políticos, fortaleciendo las fronteras ideológicas entre quienes apoyan el “proceso de cambio” y sus detractores. Así establece una rela-ción amigo-enemigo estigmatizando aquellos sectores críticos al gobierno, ya sean de la derecha conservadora, centrista o disi-dentes del proyecto masista que lo critican desde la radicalidad. Esta situación es claramente percibida por la oposición cuando señala que el gobierno ve como enemigo a todo aquel que dis-crepa, al que piensa diferente: “El gobierno entiende la demo-cracia como una pelea de gallos, donde al que está al frente hay que destruirlo”.27

El gobierno desdeña la oposición —cualquiera que sea— porque considera que el MAS, en sí mismo, abarca la diversidad y la plu-ralidad. Así, se asemeja a la figura de los partidos caracterizados por buscar representar a la sociedad en sí mismos, excluyen-do el pluralismo (Garretón 2001).28 Por estas razones, y porque dada su amplia mayoría electoral no necesita de otros partidos para generar gobernabilidad democrática a nivel nacional, no es propenso a buscar acuerdos políticos o a tender puentes con organizaciones políticas opositoras, aunque a nivel local su po-sición es más flexible, eventualmente ha promovido acuerdos y espacios de coordinación intergubernamental, por ejemplo, para ejecutar proyectos.29

Los líderes de la oposición coinciden en que en esta coyuntura han intentado acercamientos con el MAS, pero perciben que el gobierno no es propenso a escucharlos y mucho menos a gene-rar acuerdos con ellos, es decir, que la imposibilidad de tender puentes se debe a la rigidez y exclusión con que actúa el gobier-no respecto a ellos. El gobierno habría construido una barrera frente a quienes considera ‘golpistas’ o ‘terroristas’, estigmati-zando a todo movimiento del oriente como opositor ante el occi-dente. En tanto que los intentos de acercamiento de la oposición al gobierno son percibidos como señal de debilidad.30 Juan Del Granado coincide en que no existe ninguna posibilidad de tender puentes y “no por parte nuestra y de la oposición, sino porque el MAS tiene una visión excluyente y negativa respecto a esta posibilidad”.31

Por tanto, y a pesar de la situación de debilidad y un cierto inmo-vilismo en que se encuentra la oposición, se mantiene una fuerte polarización en términos discursivos.

Un ejercicio de auto identificación

Después del giro a la izquierda latinoamericano experimentado desde fines de los noventa, han cobrado nuevamente sentido las batallas ideológicas y políticas entre los partidos, y resulta válido identificar a las organizaciones políticas en la clásica línea que divide a las ideologías entre izquierda y derecha, evidente-mente con contenidos renovados a aquella que signó los años sesenta. Quizás en términos muy simples, pero útiles para esta diferenciación, se puede definir a la izquierda en este contexto, como la opción por el cambio, por los excluidos y con propues-tas tendientes a revertir las situaciones de desigualdad social, económica y cultural, mientras la derecha mantiene una línea conservadora, buscando resolver los problemas que aquejan a la sociedad por la vía neoliberal.

En Bolivia, a partir de una coyuntura en que los posicionamientos se encuentran polarizados por el denominado ‘proceso de cam-bio’, las opciones centristas tienden a ser absorbidas por los po-los, y carecen de capacidad interpelatoria, sin embargo, muchos partidos de oposición en vigencia persisten en autoidentificarse justamente en el centro político. Unidad Nacional considera que ambos extremos han fracasado: el neoliberalismo y el estatismo, por tanto, el gran desafío desde el punto de vista ideológico es hacer una síntesis entre ambas, rescatando lo bueno y dejando de lado los extremos, con el fin de darle estabilidad al país.32

Verdes-CP, una opción política regional que surge del liderazgo del actual gobernador cruceño Rubén Costas, ahora con proyec-ción nacional, se auto identifica en su origen como un movimien-to cívico que reivindicaba la autonomía, y actualmente se ubica ideológicamente en el ‘centro’33 o, con más claridad, en el ‘centro

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derecha.34 Su lucha es por la democracia, los derechos humanos y la economía mixta. Utilizan la gestión exitosa de la gobernación y el perfil social del gobernador como modelo a seguir.35 Por otra parte, Primero el Beni, la agrupación del depuesto gobernador de oposición, Suárez, se ubica, sin dudar, en el ‘centro’ en una suerte de combinación que, desde el punto de vista de nuestro entrevistado, une ‘la democracia’ con ‘lo social’. Al igual que en Santa Cruz, el líder del Beni basa su discurso en su paso por la gobernación, “El gobierno nos ha estigmatizado como de de-recha”, sin embargo en mi gestión hemos llegado mucho a la gente36, señala el ex-gobernador.

De entre los partidos del ciclo anterior, el MNR (el partido más anti-guo del espectro nacional) no cuenta con liderazgo claro desde la desaparición de Sánchez de Lozada del contexto nacional; man-tiene una estructura anquilosada y dividida, sus distintas fraccio-nes han buscado alianzas básicamente regionales, sobre todo en Tarija, Beni y Santa Cruz, existen fracciones que inclusive se han aliado con el MAS. Sus dirigentes y militantes se han reinventado en unos casos al interior de agrupaciones ciudadanas, en otros han migrado definitivamente al MAS con una lógica absolutamen-te pragmática. Su discurso se encuentra diluido en una oposición ambigua al régimen. También hay otras opciones del pasado que buscan reciclarse, como el nuevo partido Fuerza Republicana Fe-deral, que intenta fundar Reyes Villa, centrando su discurso en la bandera del federalismo; o en Santa Cruz la fuerza política Todos por Santa Cruz de Juan Carlos Urenda, con un discurso conserva-dor radical, apoyado por personajes del MIR o ADN y empresarios de derecha, que se ha diferenciado de Verdes; o la alternativa política encabezada por el actual diputado Germán Antelo con su agrupación Nuevo Poder Ciudadano (NPC).

Desde otra perspectiva el MSM, ex-aliado del MAS, se auto identifica definitivamente como una opción de izquierda, plantea transformaciones, y no ‘mejoras’37, se definen como socialistas (es decir que los orienta la igualdad, libertad, justicia y dignidad plena), plantean no volver ni al estatismo ni al neoliberalismo, sino a la recuperación del programa de transformaciones del 2005.38

Agrupaciones más pequeñas que engrosan las filas de la opo-sición como Todos por Cochabamba, y otras con vigencia regio-nal en Tarija, Oruro y Potosí, han surgido y se han presentado para hacer frente a candidaturas masistas, pero en ellas existen varias dificultades, para comenzar un vacío de liderazgo, dis-persión y falta de una posición ideológica clara, propositiva. Va-rias de ellas están en el esfuerzo de articular una coalición no solo coyuntural, sino con base en la construcción de un proyec-to político compartido y otras, como Santa Cruz Somos Todos, agrupación que actualmente ocupa la alcaldía de Santa Cruz, ha logrado acercamientos importantes con el MAS y consideran que el gobernador —de Verdes— es demasiado radical frente al gobierno.39

Otras posibles alternativas políticas han surgido también des-de el clivaje izquierdista o descolonizador, como la organización que patrocina el ex-ministro Felix Patzi, o las que van articulan-do ex-masistas como Lino Villca en La Paz, o Alex Contreras (ex-ministro del MAS) en Cochabamba, entre otras múltiples disidencias del MAS que actualmente circulan en el escenario discursivo y político.

De ahí que, el escenario político actual representa ya no una po-larización entre oficialismo y oposición como bloques de poder, sino distintas oposiciones articuladas a principios ideológicos también diversos.

Gráfico 4: Tercer escenario político “las oposiciones”

¿Es posible reagrupar a la oposición en un frente único?

La oposición desde el punto de vista de los propios opositores está muy debilitada, en gran medida porque el gobierno se ha dedicado a perseguir a los dirigentes y autoridades políticas mediante procesamientos judiciales “no hay una autoridad de oposición que no sea procesada”40, señala uno de los líderes. Según el ex-gobernador del Beni, hay más oposición regional que nacional en este momento, por eso la idea hacia adelante es unificar las oposiciones regionales para construir una alternativa nacional: “dejar intereses particulares para generar una alianza nacional”.

Él mismo, considera que un 65% no quiere más a Evo, pero no se trata solo de rechazarlo, sino de “enamorar al país, hablar de lo que falta por hacer, buscar nuevas soluciones, construir ofertas reales que ayuden a mejorar la calidad de vida de los bolivianos”.

Aquella oposición que podría considerarse como de ‘centro’ de-mocrático y desplazada hacia la derecha del MAS, inició un pro-yecto de alianzas o acuerdos políticos hacia el 2014, que combi-na lo nacional con lo regional, encabezada por Unidad Nacional: “Para ejercer oposición hay necesidad de combinar lo nacional y lo regional, en departamentos conservadores siguen habiendo lealtades a los viejos partidos que tienen arraigo regional, —por eso la importancia de alianzas—, tiene que haber partidos na-cionales y dentro de ellos agrupaciones y visiones más regiona-les”.41 En ella participan organizaciones como Consenso Popu-lar, Verdes, Primero el Beni, entre otras.

Otro argumento para reagrupar a la oposición es la situación de aislamiento y vulnerabilidad en que se encuentran las organiza-ciones opositoras dispersas en lo local, que se manifiesta en la necesidad de conformar instancias más amplias y estructuradas como partidos políticos nacionales. De ahí que, por ejemplo, las organizaciones del oriente busquen relacionarse con occidente: “para nosotros los autonomistas, nuestro desafío es llegar a oc-cidente, por lo que estamos condenados a entendernos”42, está consciente de que los desafíos pasan por el discurso, el mensaje y el candidato, “de manera que todos los que no quieren que el MAS siga podrían adherirse a esta coalición”, señala el entrevistado.

Ahora bien, el virtual vacío que existe en la oposición tiene, se-gún Ortiz, la ventaja de que no hay muchos competidores, hay

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pocos actores con los cuales ponerse de acuerdo, pues unos fugaron del país y otros prefieren no participar por el miedo y el amedrentamiento del gobierno, o bien por la escasez de recur-sos.

Las agrupaciones regionales o locales están conscientes de que la condición para una alianza o pacto es que existan afinidades ideológicas y programáticas, “ofrecer algo concreto y distinto a los bolivianos”43, se necesita que esta alianza “esté basada en un programa”44. Doria Medina señala que se está trabajando por un frente amplio, no un frente único, “no una sopa de letras como fue PODEMOS”45, sino con coherencia ideológica, con elemen-tos comunes, así, el marco ideológico general que propone es el liberalismo democrático.

El cálculo político a que apuesta esta posible alianza es que en el pasado la oposición —sumando votaciones—, el 2005 rebasó el 40% y el 2009 llegó cerca al 34%, mientras el MAS, de acuer-do a las encuestas, rebasa el 40%, pero no creen que alcance la mayoría absoluta, por tanto, el desafío es armar un puente que esté a menos de 10, puntos para disputar la segunda vuelta electoral, “por lo que el objetivo es llegar a ese 20 ó 25% de elec-torado descontento con el MAS, de ahí que cualquier voto por la izquierda más radical que le quite votos a Evo, es clave”.46

En cambio, el líder del MSM considera que no es en los espacios regionales o locales donde se gestarán alternativas nacionales. De hecho, plantea que en vez de buscar alianzas en realidad se trata de una articulación política nacional con aquellas corrientes afines, una suerte de ‘convergencia’ social capaz de generar una reorientación de este proceso ahora frustrado. “Lo que une es la reconstitución de los componentes del proceso que el MAS aban-donó hace unos años”, destaca, y que el objetivo no es de cor-to plazo, de ganar las elecciones, sino de construir un proyecto sostenible.47 El MSM en sus tesis ideológicas es muy crítico a la oposición conservadora cuando señala que es carente de lideraz-go y promotora de la polarización.48 Desde su punto de vista, se está produciendo un proceso muy germinal de reconstrucción de la oposición: “se ha desmoronado el sistema y todavía no hay una opción alternativa, por ahora la oposición se restringe a la crítica que no es lo mismo que fiscalizar, tampoco se perciben todavía alternativas para responder a las necesidades nacionales”.49

Así, encontramos una oposición proclive a las alianzas o pactos como la manera más efectiva de hacer frente electoralmente al MAS, y otra, u otras, que intentan diferenciarse de esta opción calificada como conservadora y propenden a un proyecto basado en una propuesta ideológica continuadora de la línea del cambio, pero muy crítica a la actual conducción gubernamental. No por nada, los principales líderes de esta oposición, como Juan del Granado u otros, fueron parte del inicial proyecto gubernamen-tal, y son ahora disidentes.

El estado de la oposición y su difícil reinvención: persisten-cia y organización

La volatilidad de los partidos de oposición ha sido muy alta en los últimos años. Si comparamos los partidos que se presentaron en los dos últimos comicios nacionales, constatamos que de los 8 partidos que se presentaron el 2005 (con excepción del MAS), sólo uno se mantiene como sigla para las elecciones nacionales del 2009, que es UN, el resto o perdieron la sigla o se reagru-paron y reciclaron en otros frentes políticos. De alguna manera, PPB-CN, el 2009, recogió la identidad y votación de PODEMOS, principal partido de oposición el 2005, mientras los demás, con

siglas aisladas, no rebasaron el 3% en ambos comicios.50 En realidad, como vimos, la oposición tuvo victorias electorales y mayor presencia a nivel departamental y municipal.

La oposición enfrenta no sólo un nuevo escenario con nuevos paradigmas y desafíos que devienen de la apropiación social mayoritaria del proceso de transformaciones y de las grandes expectativas generadas por éste, sino también, está ante el reto de reinventar a los partidos, dotarles de sostenibilidad y (re)com-poner el sistema de representación política en Bolivia.

Al respecto, existen al menos tres aspectos fundamentales a los que es preciso atender: el liderazgo, la modalidad y capacidad organizativa (el origen de la organización, su desarrollo institu-cional y procesos internos) y la capacidad de interpelar a la so-ciedad (mediante la construcción de un proyecto ideológico, un programa y un discurso).

¿Cómo se verifican estos aspectos en los actuales partidos? UN y el MSM han optado por construir estructuras partidarias, no así agrupaciones políticas. El MSM se fundó en 1999, mientras UN en 2004, sus liderazgos tienen un pasado común en el MIR de los setenta y ochenta, aunque en tendencias y con derroteros distintos; coincidentemente, ambos tienen su principal presencia electoral en La Paz (por el origen político de sus líderes). Dichos partidos cuentan con estructuras relativamente institucionaliza-das, han pasado por procesos de elección interna y han cons-truido un andamiaje con presencia en distintos departamentos, aunque no han logrado una expansión muy amplia. Sin embar-go, sus tendencias político-ideológicas son distintas, pues si bien ambos coinciden en que el modelo de gestión gubernamental del MAS se ha agotado y debe ser removido, proponen alternativas distintas, en caso de UN una modernización económica del país, en el otro, una reconducción del proceso de cambio retomando el planteamiento inicial y corrigiendo los errores de la gestión política del MAS.

Ambos afincan su representación en la clase media, mestizos, urbanos y sectores populares y no privilegian una adscripción étnica, campesina o ligada a sectores corporativos. Doria Medi-na considera que los sectores corporativos no tienen una ideo-logía clara, se mueven de acuerdo a sus intereses.51 El líder del MSM enfatiza que quiere llegar a ese 64% de la población que se expresó el 2009, que apuesta por una transformación pero convencido de que ésta debe darse en una opción alternativa, mediante un ensanchamiento democrático y moderno, ‘un nuevo consenso nacional’.52

Verdes surgió desde la gobernación de Santa Cruz en torno al actual gobernador Costas, el 2009, cuyo estilo de liderazgo es popular y muy cercano a la vida cotidiana de la gente53, su prin-

La oposición enfrenta no sólo un nuevo escena-rio con nuevos paradigmas y desafíos que de-vienen de la apropiación social mayoritaria del proceso de transformaciones y de las grandes expectativas generadas por éste, sino también, está ante el reto de reinventar a los partidos, dotarles de sostenibilidad y (re)componer el sistema de representación política en Bolivia.

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cipal capital simbólico es justamente el perfil de su líder, que pre-tenden que trascienda a nivel nacional para proyectarlo al futuro, “no somos parte del pasado”, señalan, sino de la construcción del futuro.54 Desde el 2011 tomaron la decisión de proyectarse a nivel nacional, consideran que su gran capacidad movilizadora en Santa Cruz, que se constata en encuestas y movilizaciones en apoyo del gobernador, puede proyectar a nivel nacional, con-siderando además el peso poblacional que tiene esa región.55

Este partido cuenta con una institucionalidad y estructura míni-mas, y por ahora acotadas a la región de Santa Cruz. Realizaron procesos de elecciones internas y cuentan con representantes también en los municipios. Esta organización tampoco se define por vínculos orgánicos con sectores de la sociedad, sino más bien se sostiene sobre el ‘ciudadano en general’.

El frente PPB-CN, principal organización opositora en el parla-mento, no cuenta con una estructura organizativa, se trató más bien de la aglutinación de liderazgos, personalidades y fraccio-nes de antiguas organizaciones políticas como PODEMOS, ADN y NFR, entre los principales. Su presencia se limita al rol parla-mentario, en el cual cierran filas para resistir al oficialismo, no exentas de tensiones entre sus parlamentarios. No cuentan con una vida orgánica relevante, esa es su principal debilidad.

Otra agrupación que apunta a una proyección nacional por la vía de acuerdos es Primero el Beni, que desde su región pretende ‘ser parte de’ un proyecto nacional. Su base social es ‘la ciudada-nía en general’, considera que esa es su fortaleza, pues si bien tienen algunos vínculos con organizaciones, lo más importante de su representatividad e institucionalidad estaría sostenida por autoridades municipales electas, y en su momento por el ex-go-bernador. Fue una organización que interpeló a las viejas élites

caudillistas de los partidos tradicionales asentados en el Beni, con los que mantiene una tensa relación.

Las otras agrupaciones regionales o locales se encuentran limi-tadas por sus fronteras territoriales y supeditadas, en la mayo-ría de los casos, a liderazgos de situación, es decir, a aquellos surgidos por fuerza de las circunstancias y cuya desaparición normalmente conlleva la desaparición de la agrupación u orga-nización política.

Por último, existen un conjunto de opciones que están intentan-do conformarse y provienen de la disidencia del MAS, sin em-bargo, por ahora se limitan a la presencia mediática de figuras públicas y discursos críticos, pero no cuentan con personería ni presencia como organizaciones en el escenario político —con al-gunas excepciones como, por ejemplo, el Frente para la Victoria que cuenta con concejales en el municipio de Cochabamba—.

Como se puede percibir, los desafíos para las organizaciones políticas de oposición son enormes, considerando tanto las con-diciones de hegemonía del actual partido gobernante como las debilidades propias de sus desempeños internos y externos.

Conclusiones y escenarios prospectivos

Los partidos políticos que habían hegemonizado la represen-tación en el ciclo anterior prácticamente han desaparecido del escenario político nacional. La actual oposición política está ma-terializada en dos partidos relativamente nuevos, UN y el MSM a nivel nacional, y en el ámbito sub nacional por una diversidad de agrupaciones ciudadanas centradas en líderes personalistas. El MAS ha inaugurado una nueva forma de representación política, una compleja combinación entre partido y sindicato, que si bien

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ha logrado captar un amplio apoyo de la población, sin embar-go, por su propia naturaleza, tiene otras limitaciones como su escasa institucionalidad, cohesión, organicidad y sostenibilidad en el tiempo, es decir, que pueda trascender la presencia de su líder y de su situación circunstancial en el poder. El líder del MSM percibe que “el sentimiento crítico que antes había hacia los partidos, ahora se habría volcado contra el MAS”, y hay una expectativa de renovación, todavía inicial pero importante, en la búsqueda de una opción política distinta, mas allá de si es de izquierda o conservadora”56, lo cual quiere decir que, desde su punto de vista, el MAS también está contaminado con esa crisis.

Probablemente esta percepción responda a que esta organiza-ción ha reproducido los viejos y cuestionados comportamientos de los partidos en su práctica política.

Sin embargo, más allá de la denominación —frente, partido, movimiento, o alianza—, las organizaciones políticas son funda-mentales para la existencia de un sistema de representación y, por tanto, para la democracia. De igual manera, el pluralismo y la presencia de la oposición son esenciales para el óptimo fun-cionamiento de la democracia. Pasquino sostiene que “la calidad de la democracia depende no solo de las virtudes de su gobier-no, sino en modo especial, de la calidad de la oposición”57, pues ésta cumple funciones claves como incidir en la orientación en las decisiones, la fiscalización y el control al gobierno, así como la construcción de propuestas alternativas para constituirse en un factor de recambio y renovación. La alternancia evita el es-clerosamiento del poder y la impunidad de la corrupción, abre alternativas distintas para una sociedad diversa y con distintos intereses y expectativas. En esta coyuntura, el claro predominio del oficialismo frente a la oposición expresa un desequilibrio y un deterioro del pluralismo, ya que hegemoniza no solo el escenario político institucional y los aparatos del Estado, sino también tiene a su favor el capital político, material y simbólico, vigente a pesar de su progresivo desgaste, mientras la oposición cuenta con muy poca capaci-dad de incidencia y queda relegada a un discurso testimonial, reactivo y de denuncia ante la opinión pública y los medios de comunicación.

Los cambios acontecidos en la última década resulta insosla-yables para la construcción de nuevos referentes discursivos e interpelatorios, en ese sentido, convocan a las organizaciones políticas en general, y a la oposición en particular, a realizar una relectura de la realidad actual, a la recuperación de identidades

programáticas, y a la redefinición de sus relaciones con el con-texto, pues la mera resistencia y rechazo al gobierno, o el even-tual liderazgo personalista, no son suficientes para convertirlos en alternativas democráticas ni en operadores de una oposición consecuente con el pluralismo.

Si bien los escenarios futuros están indisolublemente ligados a las condiciones del contexto, también responden a la capacidad de los actores de convertirse en sujetos, movilizar recursos de poder efectivos y simbólicos y actuar en el campo político. Es cierto que la oposición política está desplegando una serie de estrategias para reinventarse. Por un lado, aquella que desde partidos nacionales (como UN) y agrupaciones locales busca construir una alianza que haga frente al partido de gobierno; por otro lado, partidos como el MSM optan por su reafirmación ideo-lógica para interpelar al electorado ‘descontento’ con el proceso, mientras las más pequeñas y locales están buscando su tránsito de agrupación ciudadana hacia un partido nacional (VERDES-CP), pero aún no se vislumbran posibilidades claras.

En su actual relación con el gobierno, la oposición está muy lejos de jugar un rol efectivo, en otras palabras, de incidir en las decisiones, fiscalizar o convertirse en alternativa real a nivel nacional. Como pudimos constatar, su presencia es más bien simbólica, y se ha establecido una relación gobierno-oposición se caracteriza por una lógica schmidtiana, amigo-enemigo, que sella su calidad antagónica, por tanto la ausencia de espacios de concertación. Desde el punto de vista de la oposición, esto se debe a una deliberada decisión oficialista de estigmatizar y destruir a los enemigos políticos reales y potenciales. Desde la posición del gobierno a un menosprecio a la oposición estigmati-zada como enemiga del proceso de cambio.

El decurso de estos años, sin embargo, ha dejado varias leccio-nes tanto al partido de gobierno como a la oposición, y probable-mente la más importante es la necesidad de construir escenarios políticos que trasciendan los liderazgos y los coyunturales pasos por el poder.

María Teresa Zegada C.Analista política y docente de la

Universidad Mayor de San Simón, Cbba.,e investigadora del Centro Cuarto Intermedio

1 Komadina, Jorge y Geffroy, Céline 2007. El poder del movimiento político. Es-trategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba (1999-2005). La Paz:CESU/DICYT-UMSS/fundación PIEB.

2 Zegada, Maria Teresa (et. al) 2011. La democracia desde los márgenes: trans-formaciones en el campo político boliviano 2005-2010. La Paz: CLACSO-Mue-la del Diablo.

3 El ocaso de la oposición es provocado, entre otras cosas, por la homolo-gación con el gobierno mediante alianzas parlamentarias propiciadas por el oficialismo, o mediante coaliciones indiscriminadas. Kirchheimer en Masasari “Naturaleza, y rol de las oposiciones político-parlamentarias” en: Pasquino, Gianfranco, La oposición en las democracias contemporáneas, (Buenos Aires: Ed. EUDEBA, 1997).

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4 Pasquino, Gianfranco, “Oposición, gobierno sombra, alternativa. Por qué y cómo estudiar a la oposición” en: Pasquino et al. La oposición en las demo-cracias contemporáneas, (Buenos Aires, Argentina: Ed. Universitaria, 1997). Castiglioni, en el prólogo del libro, le añade un cuarto itinerario relacionado con las características organizativas de los partidos y la estructura del sistema partidario.

5 Labal Medina, Juan. “El surgimiento de los partidos políticos, una propuesta interpretativa” en: Abal (comp.) Los senderos de la nueva izquierda. Buenos Aires:Prometeo.

6 En caso de que ningún candidato haya obtenido el 50 % más uno o un mínimo de 40 % de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura más votada.

7 Ernesto Suárez fue depuesto de su cargo de gobernador con acusaciones aún no probadas respecto a su gestión y actualmente ocupa su lugar un militante del MAS. Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Pri-mero el Beni, Cochabamba, 11 de septiembre de 2012.

8 Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador y líder de Primero el Beni, Cocha-bamba 11 de septiembre de 2012.

9 Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba 12 de septiembre de 2012.

10 El mismo tiene 8 acusaciones relacionadas con su pasada gestión como Pre-sidente del Senado (2006-2009). Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de Con-senso Popular, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.

11 Entrevista a Juan Del Granado, líder del MSM, Cochabamba, 27 de septiem-bre de 2012.

12 En la elección de asambleístas constituyentes del 2006, se impuso con el 50,7% y ganó en casi en todos los departamentos; en la consulta concurrente sobre autonomías se impuso el NO embanderado por el MAS con el 57,5% a nivel nacional, aunque el SÍ ganó en los departamentos de la ‘media luna’; más adelante, en el referéndum revocatorio del 2008, el MAS se impone nueva-mente con el 67,4%, ratificando al presidente Morales; el posterior referéndum constituyente (2009) le reporta al MAS la victoria con la aprobación del texto constitucional con el 61,4% en enero del 2009; a fines del mismo año Evo Morales es reelegido con el 63,9%.

13 El autor sostiene que el modelo por difusión territorial se produce cuando un partido crece mediante la suma de diferentes agrupaciones territoriales, cada una con sus variantes organizativas. Panebianco, Angelo (1992). Modelos de partido, Paidós:España

14 Entrevista a Samuel Doria Medina, 12 de septiembre de 2012.15 El MAS logró 137 asambleístas, PODEMOS 60, UN, el MNR, MBL y MNR-FRI,

8 asambleístas cada uno, AS 6, CN 5 y el resto obtuvieron entre 1 y 3 repre-sentantes.

16 De la clasificación propuesta por Linz entre oposición leal, desleal y semileal. La primera consiste en una oposición al gobierno, pero no al régimen, la des-leal es la que busca deliberadamente desestabilizar al régimen y al gobierno, la semileal está caracterizada por la ambigüedad, parece estar dispuesta a ju-gar con las reglas del juego establecidas, pero en situaciones críticas no duda en atacarlas. Linz, Juan. 1996. La quiebra de las democracia, Alianza Editorial, Madrid.

17 Entre ellos el Plan Progreso para Bolivia, Concertación Nacional (PPB-CN) que logra el 26,7% a la cabeza de Reyes Villa, Samuel Doria Medina con Unidad Nacional (UN) que alcanza al 5,7%, René Joaquino por Alianza Social (AS) con 2.3% y cuatro opciones más pequeñas y que no lograron ni el 1% de los votos.

18 Una alianza conformada por los sectores de la agrupación disuelta PODE-MOS, y otros grupos políticos menores.

19 Uno de los primeros aportes sobre el tema, es el texto de Robert Dahl publi-cado en 1966, Political Opposition in Western Democracies, (Yale University), luego se cuenta con el aporte de otros autores como Dahl, Duverger, Sartori, Kirchheimer.

20 Entrevista a Oscar Ortíz, líder de CN, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.21 Analista político e investigador de la UBGRM. Entrevista realizada el 19 de

septiembre de 2012, Santa Cruz.22 Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el

Beni, Cochabamba 11 de septiembre de 2012.23 Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de CP Santa Cruz 19 de septiembre 2012.24 Entrevista a Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, Cochabamba, 12

de septiembre de 2012.

25 Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

26 Tesis ideológicas, primera parte, 2012.27 Entrevista a Ernesto Suárez, 11 de septiembre de 2012.28 Garretón, Manuel. 2001. “ Política, partidos y sociedades en épocas contem-

poráneas” en Cheresky-Pousadela (comps.) Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas. Paidós: Buenos Aires.

29 Es el caso del Beni, donde el ex-prefecto Suárez señala que en varias ocasio-nes ha realizado proyectos de infraestructura conjuntos con el gobierno nacio-nal.

30 Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

31 Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba 27 de septiembre 2012.

32 Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12 de septiembre de 2012.

33 Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.34 Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de CP Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.35 Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.36 Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el

Beni, Cochabamba 11 de septiembre de 2012.37 Entrevista a Juan del Granado, Lider nacional del MSM, 27 septiembre 2012.38 Tesis ideológicas, primera parte, 2012.39 Entrevista a Angélica Sosa, dirigente Santa Cruz Somos Todos, Santa Cruz,

19 de septiembre 2012.40 Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador del Beni y líder de Primero el

Beni, 11 septiembre de 2012.41 Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12

de septiembre de 2012.42 Entrevista a Oscar Ortíz, Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.43 Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.44 Entrevista a Ernesto Suárez, ex-gobernador y líder de Primero el Beni, Cocha-

bamba 11 de septiembre de 2012.45 Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12

de septiembre de 2012.46 Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de CP Santa Cruz, 19 de septiembre 2012.47 Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba

27 de septiembre 2012.48 Tesis ideológicas, primera parte, 2012.49 Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba

27 de septiembre 2012.50 Excepto el MNR, que el 2005 obtuvo el 6,5%, pero no se presentó el 2009.51 Entrevista a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Cochabamba, 12

de septiembre de 2012.52 Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba

27 de septiembre 2012.53 Entrevista a Vladimir Peña, dirigente de Verdes 19 septiembre 2012.54 Entrevista a Vladimir Peña, Verdes, Santa cruz, 19 de septiembre 2012.55 Entrevista a Oscar Ortíz, dirigente de Consenso Popular, Santa Cruz 19 de

septiembre 2012.56 Entrevista a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo, Cochabamba

27 de septiembre 2012.57 Pasquino, Gianfranco. La oposición en las democracias contemporáneas,

(Buenos Aires: Ed. EUDEBA, 1997).análisis

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polít cas públ cas

análisis

Los paradigmas evaluativos de las políticas públicas de modelos de desarrollo basados en la globalización y el libre mercado como mecanismo de asignación de recursos, han sido blanco de severas críticas, sobre todo por los escasos resultados en la reducción de la

desigualdad y exclusión social, derivando esto en diversas pro-puestas que plantean desde la humanización del capitalismo in-troduciendo valores de solidaridad y responsabilidad social en la gestión económica, hasta otros más radicales que plantean incluso el cambio del modelo económico.1

El cuestionamiento de seguir utilizando únicamente el ingreso per cápita como indicador de riqueza, bienestar y en definitiva de satisfacción, es cada vez mayor. La población se siente cada vez menos representada con tal indicador, ya que la riqueza o ingre-so no se distribuye uniformemente al interior de los países entre los habitantes del mismo, por ejemplo, el año 2010 en América Latina y el Caribe, el 40% de los hogares más pobres captaban en promedio el 16% de los ingresos totales producidos, en tanto que el 10% de los hogares más ricos, concentraban en promedio el 33% de los ingresos totales2, reflejando esto una desmedida desigualdad.

Desde casi mediados del siglo anterior se pudieron identificar cinco tendencias: la primera de ellas surge durante la década de los años setenta, planteando una construcción de indicadores sociales y una concepción de calidad de vida basada en la pose-sión de un grupo de bienes, servicios y satisfactores3; la segunda de ellas repara en la expansión de capacidades de los seres humanos; la tercera tendencia destaca que las necesidades van más allá de los aspectos materiales y, por tanto, el ingreso o pro-ducto resulta insuficiente para medir el grado de insatisfacción; la cuarta está relacionada con el desarrollo en base a una eco-nomía sustentable, y, finalmente, la última tendencia apunta al bienestar subjetivo, el cual pone en relieve que el progreso debe concebirse en función al bienestar de las personas y esto debe reflejarse en indicadores tales como la felicidad, la satisfacción con la vida, y los estados afectivos positivos entre otros.

Desde América del Sur y una perspectiva propuesta por movi-mientos campesinos e indígenas, surgieron iniciativas para la construcción de indicadores que midan el bienestar de las per-sonas de manera distinta a la tradicional, que parten de visiones holísticas de la realidad, e intentan un ensamblaje entre la so-ciedad, economía y naturaleza en el marco del reconocimiento a la pluralidad de situaciones económicas, culturales y políticas. Es así que el año 2007 en Bolivia y 2008 en Ecuador, se plan-tearon las nociones del Vivir Bien y Buen Vivir respectivamente, ambas ya posicionadas en el ámbito ideológico y contestatario a la globalización, constituyen referentes para guiar las políticas

planteadas en los planes de desarrollo y se ajustan a la medición de la calidad de vida o bienestar subjetivo.

El Vivir Bien concibe el bienestar desde horizontes tanto mate-riales como intangibles (afectividad, medio ambiente, solidaridad y vida comunitaria entre otros)4, por lo que debe contemplar su sistematización e interrelación en estos diferentes ámbitos para reflejar su verdadero carácter integral holístico capaz de abar-car situaciones no homogéneas, tanto en lo cultural, económico, político y social. En este sentido, y desde la perspectiva de la gestión de políticas públicas que están orientadas a lograr el Vi-vir Bien y considerándolo como situación de realización multidi-mensional, se hace evidente esfuerzos para lograr su medición.

Midiendo el Vivir Bien a partir del bienestar subjetivo

Este trabajo tiene el objetivo de lograr una medición del bienes-tar subjetivo a partir del Vivir Bien, indagando sobre los estados internos de los individuos en relación a la percepción que tie-nen sobre su propia vida, se tratan de auto-reportes de carácter retrospectivo de satisfacción o felicidad generalizada o concer-niente a un dominio específico con la vida. Pretendiendo con ello, primero, mostrar lo que la gente entiende por vivir bien y, segundo, visibilizar diferencias entre distintos grupos de la po-blación.

Se utilizó para ello la Encuesta de Movilidad y Estratificación So-cial (EMES), realizada por el PNUD el año 2009, como insumo para el Informe de Desarrollo Humano 2010, el cual incluyó una Sección sobre “Percepciones y Significados del Vivir Bien”.

Milenka Figueroa Cárdenas

El Vivir Bien en Bolivia Una aproximación a partir del Bienestar Subjetivo y el Desarrollo Humano

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12

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La EMES tiene alcance nacional y representatividad por área de residencia (urbana, rural) y piso ecológico con una muestra de 12,937 personas encuestadas. No obstante, para la mencionada sección son elegibles únicamente jefes de hogar, cónyuges o personas comprendidas entre 18 y 64 años de edad, una por ho-gar, los que representan 3,412 entrevistados. La muestra efecti-va es menor debido a la falta de respuesta en varias preguntas que componen dicho módulo.

La Sección 11 de la EMES está dividida en cinco módulos o do-minios, todos ellos con preguntas abiertas que pretenden mos-trar las percepciones y significados del Vivir Bien:

1) Módulo de satisfacción general.- Indaga a los informantes los tres aspectos que considera más importantes para vivir bien, seguido de la satisfacción y satisfacción anterior.

2) Módulo de satisfacción material.- Investiga los tres aspectos que se consideran más importantes en la satisfacción de las necesidades materiales.

3) Módulo de satisfacción afectiva.- Preguntas sobre los tres as-pectos que se consideran más importantes en la satisfacción de sus necesidades afectivas.

4) Módulo de convivencia comunitaria.- Contiene entre las pre-guntas los tres aspectos que se consideran más importantes para vivir en armonía con su comunidad.

5) Módulo de relación con la naturaleza.- Referida a las pregun-tas de los tres aspectos que se consideran más importantes para vivir en armonía con la naturaleza.

Resultados de la EMES 2009

Los resultados obtenidos después del procesamiento del primer módulo son los más importantes de los cinco, ya que presenta la valoración de los entrevistados sobre los aspectos más relevan-tes que se consideran para Vivir Bien, además de medir el grado de satisfacción con tales.

Gráfico 1. Percepciones de lo que se necesita para vivir bien – Bolivia

(14 categorías - %)

Una primera agrupación en 14 categorías muestra que lo más importante para los informantes de este módulo es tener o ac-ceder a un trabajo, una de cada cuatro personas, representadas en su mayoría por los jefes de hogar, se refieren a este aspecto. En segundo lugar se encuentra la necesidad de tener una casa propia (16%), en tercer lugar gozar de una buena salud (15%), en cuarto lugar se encuentra la importancia de tener dinero, in-dependientemente de la fuente (11%), y finalmente se destacan los servicios básicos, de entre los cuales el más importante es agua (8.6%). Con porcentajes menores, los entrevistados se re-fieren a otras categorías de bienes tan diversos que van desde valores morales hasta comodidades, entre los cuales ocupando un noveno lugar se encuentra la educación (3.5%), lo cual im-plicaría que ésta última ya no sería considerada como un factor determinante de movilidad social.

Aunque las respuestas dejan ver la amplitud de preferencias y necesidades de la población, no cabe duda que la mayoría de ellas en el corto plazo se concentran, sobre todo, en bienes materiales-económicos antes que en derechos sociales básicos.

Aspectos materiales, afectivos, comunitarios y relación con la naturaleza

El resto de los aspectos que indagan más específicamente acer-ca de los bienes materiales, afectivos, convivencia comunitaria y relación con la naturaleza, presentan en cada uno de los mó-dulos resultados particulares. Por ejemplo, en lo concerniente a los aspectos materiales que se requieren para Vivir Bien, los resultados revelan que casi el 50% de los entrevistados hacen hincapié en la necesidad de tener una vivienda que cuente con todos los servicios básicos, otro 30% hace referencia a la nece-sidad de tener un trabajo o negocio propio, y un 10% señala la importancia de tener vehículo, sobre todo con fines de trabajo más que para uso personal.

Gráfico 2. Aspectos materiales que se necesitan para Vivir Bien

Este resultado vuelve a denotar que, en cierta medida, el proble-ma de vivienda y servicios básicos no está resuelto, lo cual pue-de ser atribuido al crecimiento demográfico de la última década, que al margen de dificultar el acceso a una vivienda, también complica la extensión y provisión adecuada de los servicios bá-sicos.

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

50.0

45.0

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35.0

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25.0

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10.0

5.0

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(%)

Vivienda Dinero-Trabajo-Negocio

Vehículo Equipamento del hogar

Alimentación Otros Vestimenta

46.5

32.4

11.2

4.3 3.21.8

0.6

and miosa 65

En lo concerniente a los resultados del dominio de aspectos afectivos, a los que sólo uno de diez jefes de hogar hizo refe-rencia en la pregunta de aspectos generales, se aprecia que los encuestados manifestaron la necesidad de contar con amor y cariño, no precisamente familiar, sino como parte del compor-tamiento del entorno para satisfacer las necesidades afectivas.

Gráfico 3. Aspectos afectivos que se necesitan para Vivir Bien

Mientras que para casi cinco de cada diez encuestados jefes de hogar el amor y cariño es importante, para casi dos lo son el respeto, paz y unidad, que en cierta medida se tratan de bienes comunitarios, como también el diálogo y la comprensión, y sólo uno de diez destaca la importancia del apoyo familiar.

Al analizar los resultados de los módulos de convivencia comu-nitaria y relación con la naturaleza, el primero de ellos, mencio-nado de forma indirecta en los aspectos generales y el segundo que ni logró ser mencionado de forma espontánea, dan a enten-der, primero, una comprensión parcial del significado de vivir en comunidad y mucho más en áreas urbanas y, segundo, el débil vínculo que asocia una vida satisfactoria con un medio ambiente equilibrado.

Gráfico 4. Aspectos comunitarios que se necesitan para Vivir Bien

La percepción sobre la importancia de la comunidad se mide a partir de la proximidad o lejanía de las cosas o valores que vinculan a las personas con la comunidad o la organización.5 Cuánto más individuales, se percibe menos importancia de la co-munidad. Al contrario, valores como la confianza, participación, reconocimiento de autoridad o compromiso con la organización, revelan un papel activo de la comunidad en el bienestar de los hogares.

Los resultados con relación a este módulo en particular revelan que los hogares a nivel nacional priorizan los valores individua-les antes que los comunitarios, sólo uno de cuatro hogares per-cibe la importancia de contar con valores comunitarios para Vivir Bien.

En cuanto al énfasis especial que hace la filosofía del Vivir Bien en la reivindicación de la naturaleza como entidad suprema, la percepción de la población entrevistada respecto a los valores que generan la armonía con la naturaleza, muestra diferencias de acuerdo a la intensidad de la interacción. Por ejemplo, en el extremo más débil, casi un 50% de los hogares halla una coinci-dencia de valores que se traduce en respeto y amor hacia la na-turaleza, y en el otro extremo, un 16% señala como necesarias tomar acciones más concretas para preservar la armonía con la naturaleza, como reciclar, mantener la limpieza y otros.

Gráfico 5. Aspectos de relación con la naturaleza que se necesitan para Vivir Bien

La satisfacción y el Vivir Bien como una aproximación al bienes-tar subjetivo

Adicionalmente al análisis empírico y para cuantificar la satisfac-ción de la vida como un todo, se estimó un índice del Vivir Bien6 como una aproximación al bienestar subjetivo, a partir de una cuantificación de la satisfacción de la vida como un todo7 relacio-nado con los diferentes dominios o módulos que contiene dicha encuesta, en la que se utiliza una escala de satisfacción (valora-tiva) donde 1 significa: “Muy insatisfecho” y 10 “Muy satisfecho”. De esta manera, se puede predecir el índice de Vivir Bien (bien-estar subjetivo) condicionado a la satisfacción de las dimensio-nes material, afectiva, de convivencia comunitaria y de relación con la naturaleza, asumiendo que las personas pueden ordenar la satisfacción en estos cuatro ámbitos y obtener una satisfac-ción conjunta.8

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

50.0

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15.0

10.0

5.0

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(%)

Amor y cariño Respeto, paz y unidad

Diálogo y comprensión

Amistad, apoyo y familia

Otros Otros Val. Morales

11.98.8

5.9

45.9

16.6

11.0

6.4

24.0

69.6

Valores individuales

Valores comunitarios

Otros

60.0

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30.0

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(%)

Amor y cariño Respeto, paz y unidad

Diálogo y comprensión

Amistad, apoyo y familia

Otros

5.9

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Gráfico 6. Índice de satisfacción con la vida o Vivir Bien

El resultado permite apreciar (Gráfico 6) que, en promedio, los bolivianos están poco satisfechos con sus vidas, 3,74, o bien el índice del Vivir Bien promedio de los bolivianos alcanza a 3,74 en una escala de 1 a 10, lo cual denota insatisfacción con la vida en general.

En cuanto a las ponderaciones del modelo, se observa que los dominios que mayor satisfacción producen son los relacionados a los bienes económicos y los vinculados a la satisfacción afec-tiva. En contraposición, tanto la convivencia comunitaria como la relación con la naturaleza, aunque son significativos, no tienen la misma importancia que los dos anteriores.

Considerando las características de los individuos, aspectos como la ruralidad, el ser indígena y ser mujer (véase Gráfico 7), hacen disminuir la satisfacción general, o bien, el índice de Vivir Bien, en tanto que mejores ingresos y, más aún, una buena calidad de la vivienda y equipamiento, incluso desplazan la satis-facción que se alcanza únicamente con el ingreso.

Gráfico 7. Índice de Vivir Bien según diferentes características

Por tanto, mientras que en Bolivia no se cuenten con las condi-ciones, bienes y servicios básicos necesarios, la población toda-vía relacionará progreso, satisfacción o bienestar con los bienes económicos, entre los cuales el más importante es contar con una fuente laboral que le proporcione ingresos.

Asimismo, los resultados también son indicativos de que se ha llegado a un momento dialéctico en el cual se sabe que la solu-ción no fue ni con el desarrollo unívoco y lineal de la moderni-dad capitalista, pero tampoco con el fundamentalismo indígena, y más bien lo que se tiene es una adaptación que resulta de un proceso de construcción social que está comenzando a tomar conciencia en base al respeto a la naturaleza, a las diferencias culturales, y la solidaridad humana, que, precisamente, encaja con la convivencia comunitaria.

...los resultados también son indica-tivos de que se ha llegado a un mo-mento dialéctico en el cual se sabe que la solución no fue ni con el desa-rrollo unívoco y lineal de la moder-nidad capitalista, pero tampoco con el fundamentalismo indígena, y más bien lo que se tiene es una adapta-ción que resulta de un proceso de construcción social que está comen-zando a tomar conciencia en base al respeto a la naturaleza, a las di-ferencias culturales y la solidaridad humana, que precisamente encaja con la convivencia comunitaria.

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

Fuente: EMES - PNUD, 2009.

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0 2 4 6 8 10Satisfacción general

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Fuente: EMES - PNUD, 2009.

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Escala de satisfacción

Urbana Rural

and miosa 67

1 Desde el ámbito académico destacan trabajos de Fehr (2000), como también desde entidades antiglobalización. Véase el informe de Neatam (2002).

2 Véase CEPAL (2012). Panorama Social de América Latina 2011 . Santiago de Chile – Chile.

3 Entendiéndose como satisfactores los bienes de consumo que cubren las nece-sidades del ser humano.

4 Véase Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Bolivia digna, soberana, pro-ductiva y democrática, para Vivir Bien. La Paz, Bolivia.

5 Las percepciones de la población sobre la convivencia en comunidad o co-munitaria depende crucialmente del contexto, de modo que la valoración de una organización se relaciona con la función en la que la complementación de bienes, servicios o la eficacia de la acción colectiva aumentan el bienestar de las personas.

6 Para la estimación se utilizó un marco metodológico combinado de las pro-puesta de Cantrill, Van Praag y Ferrer-i-Carbonell, un modelo Logit Ordenado corregido por endogeneidad.

7 Véase Van Praag, Bernard (1968). Welfare functions and consumer behavior. A theory of rational irrationality. Ámsterdam: North Holland.

8 Dicha estimación proporciona los coeficientes o ponderaciones de cada dimen-sión sobre la satisfacción general y, al mismo tiempo, reproduce puntos de corte en la misma escala original del Vivir bien (de 1 al 10). Otras especificaciones del modelo incluyen variables de control como edad, género, área de residencia y otros.

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En tal sentido, los indicadores subjetivos van cobrando impor-tancia, ya que el uso de los mismos como complemento de los indicadores objetivos provee de una herramienta y perspectiva más completa para la toma de acciones y decisiones.

Milenka Figueroa Cárdenas Investigadora del Informe sobre

Desarrollo Humano y los ODM en el PNUD Bolivia.

and miosa68

El sistema político boliviano en general, y el sistema de representación en particular, pasan por un momen-to de profunda transición. El colapso del sistema de partidos que se mantuvo estable entre 1985 y 2002, no sólo refleja una profunda crisis de legitimidad del

mismo, sino que derivó en una crisis de legitimidad del Estado. De dicho colapso emergieron dos bloques sociopolíticos1 que planteaban nuevas bases para la organización del Estado y el sistema político. Después de una etapa de alta conflictividad, estos proyectos estatales se articularon, no sin tensiones, en la Constitución Política del Estado y en una nueva normativa elec-toral que nos plantea la novedad de un Estado plurinacional con autonomías y el reto de la construcción de una democracia inter-cultural, para cuya consecución el Órgano Electoral Plurinacional adquiere un rol determinante. En este marco, el TSE se ha dado a la tarea, dentro de sus nuevas prerrogativas, de elaborar un Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas. Para el efecto, el órgano en cuestión ha abierto una serie de espacios delibe-rativos a nivel nacional, departamental y sectorial, para recoger los insumos necesarios que hagan al mencionado Anteproyecto un producto legítimo derivado de un debate sociopolítico plural.

El presente análisis recoge, en perspectiva comparada, los resul-tados de las deliberaciones en torno al Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que tuvieron lugar entre líderes de or-ganizaciones políticas y algunas organizaciones de la sociedad civil, en el encuentro nacional llevado a cabo el mes de octubre de 2012, los nueve encuentros departamentales que tuvieron lu-gar durante el mes de noviembre del año en cuestión, así como los encuentros sectoriales relacionados con el tema de género y juventudes. Asimismo, recoge algunas preocupaciones teóricas y normativas que buscan generar lineamientos generales para orientar el debate legislativo sobre la norma en cuestión.

Antes del primer encuentro nacional de octubre, el equipo técni-co que apoya esta iniciativa2, consensuó una estructura básica de la norma, en base a la cual se llevaron a cabo las deliberacio-nes mencionadas y que reproducimos a continuación:

1) Principios, objeto, alcance y definiciones2) Constitución y reconocimiento de las Organizaciones Políti-

cas3) Estructura y funcionamiento de las Organizaciones Políticas4) Democracia Interna, elección de dirigentes y candidatos5) Derechos y obligaciones de las Organizaciones Políticas6) Derechos y deberes de los miembros de las Organizaciones

Políticas7) Alianzas, fusiones y sus procedimientos8) Financiamiento, patrimonio y fiscalización de las Organizacio-

nes Políticas9) Extinción de las Organizaciones Políticas

En torno a esta estructura giró la deliberación a nivel nacional, departamental y sectorial. Sin embargo, antes de entrar a un análisis detallado del debate en torno a estos ejes temáticos, cabe hacer algunas disquisiciones teóricas y de técnica legisla-tiva que respondan básicamente a las preguntas: ¿Qué busca-mos con la nueva Ley de Organizaciones Políticas? y ¿qué tipo de ejercicio legislativo nos puede hacer llegar a dicho objetivo?De acuerdo a Daniel Zovatto, La regulación jurídica de los parti-dos políticos determina los marcos jurídicos dentro de los cuales éstos se desenvuelven, las normas que rigen su formación, or-ganización y financiamiento, sus facultades y límites, sus dere-chos y deberes, lo mismo que su estructura y sus principios de organización (2012:10) con el objeto general de mejorar la repre-sentación, la gobernabilidad y fortalecer el régimen democrático. Por su parte, la guía de regulación de los partidos políticos de la Unión Europea (2010), coincidiendo en general con los objeti-vos planteados por Zovatto, establece que, si bien cada vez más países están regulando a las Organizaciones Políticas (OP), no se puede hablar de criterios uniformes para la regulación de este tipo de organizaciones, debido a que la trayectoria histórica y las particularidades culturales de cada país hacen muy difícil hablar de un modelo único de regulación de los partidos y or-ganizaciones políticas. En todo caso, hay ciertas prescripciones comúnmente aceptadas sobre los contornos de una sociedad democrática y ciertos derechos fundamentales universalmente reconocidos que se deben tomar en cuenta como bases para la regulación de las organizaciones políticas.

El derecho a la libre asociación y a la participación política son los derechos base para el reconocimiento y regulación jurídica de las organizaciones políticas. De modo relacionado, los de-rechos a la libertad de expresión, de opinión y de reunión con fines pacíficos, se constituyen en pilares interdependientes para el reconocimiento y regulación jurídica de las OP. En el particular caso boliviano, el principio de plurinacionalidad, por el cual se re-conoce a los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC) un conjunto de derechos colectivos, en igualdad de condiciones con los derechos individuales, dentro de los cuales está el derecho a desarrollar su institucionalidad política de acuerdo a sus usos y costumbres, pone un aditamento particular que debemos tomar en cuenta a la hora de pensar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Por otro lado, Bolivia reconoce, a su vez, el principio de interculturalidad3 como base de la democracia intercultural.

Es en función del reconocimiento de estos derechos y del plu-ralismo institucional detrás de ellos, que se reconoce dentro de las OP, no sólo a los partidos políticos (PP) y las agrupaciones ciudadanas (AC), sino también a las organizaciones políticas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (OPIOC).Los partidos políticos en particular y las organizaciones políticas en general, son instituciones políticas sui-generis, ya que son bisagras de articulación entre la sociedad civil, entendida como

Gustavo Bonifaz Moreno

Deliberación pública en torno a una Leyde organizaciones políticas en Bolivia

and miosa 69

el entramado de organizaciones espontáneas que generan los in-dividuos y grupos para cumplir distintos fines compartidos por sus miembros, y el Estado, entendido como el conjunto de institucio-nes que organizan y regulan el poder dentro de un territorio dado, con el objetivo de orientar las acciones colectivas al logro de ob-jeticos comunes para el conjunto de una comunidad política.

Por ende, desde el punto de vista jurídico y de la esfera del de-recho aplicable a las OP, éstas gozan de una categoría peculiar. Como organizaciones que emergen de la actividad espontánea de los ciudadanos y las comunidades, en su conformación co-rresponden a la esfera privada. Sin embargo, como organiza-ciones que articulan la voluntad popular y que buscan el acce-der al poder político para tomar decisiones colectivas a nombre del gobierno y el Estado, son entidades de derecho público. El cuadro se complica aún más al incorporar a las OPIOC, cuyas instituciones son reconocidas simultáneamente como previas a la emergencia del Estado boliviano y del régimen colonial, pero a su vez constitutivas del Estado plurinacional.

Por lo tanto, toda ley que regule a las OP enfrenta el reto de mantener un fino equilibrio entre el poder de regulación del Es-tado, las normas internas de las OP, entendidas como entidades de derecho público y la sociedad civil a la que representan, que debe contar con todas las garantías de fluidez para organizarse con fines políticos, desde la esfera privada.

En ese sentido, uno de los principios fundamentales que debe guiar al legislador en la materia es el principio de PROPORCIO-NALIDAD. Siguiendo el mismo, los límites e incentivos del Esta-do hacia las OP deben estar diseñados en función a precautelar los derechos fundamentales de otros ciudadanos, la seguridad pública y el mejor funcionamiento de una sociedad democrática. Por ejemplo, una regulación exhaustiva de la democracia interna de las OP sólo se justifica en pos de generar una democracia más saludable, con partidos más legítimos y con equidad de compe-tencia y participación de sectores estructuralmente desaventaja-dos como ser las mujeres, los jóvenes o ciertas minorías.

Una fórmula o guía para el legislador, nos plantea que a la hora de aplicar la proporcionalidad en la regulación de la estructura interna de las OP, debe fundamentarse en distintos criterios: 1) la naturaleza del derecho en cuestión, en este caso la libertad de asociación, expresión y reunión, y los derechos colectivos de las OPIOC a desarrollar sus propias instituciones políticas en base a usos y costumbres; 2) el propósito de la restricción o estable-cimiento de criterios uniformes para la organización interna de la OP; 3) la naturaleza y alcance de dichas restricciones o guías y 4) la relación entre la naturaleza de la restricción o regulación y su propósito (UE, 2010).

Queda claro que el caso boliviano representa un reto fundamen-tal para la elaboración de la LOP, ya que tiene la particularidad estructural de regular el rol de las NPIOC y sus OP en la demo-cracia intercultural, cuyo espíritu debe ser transversal al de la LOP. En los debates nacional y departamentales, que son base del presente trabajo, no ha quedado claro, por ejemplo, si esta-mos hablando de las NPIOC como tales, o de OP de las NPIOC como terceros actores que organizan la representación y parti-cipación. Si bien la Ley del órgano Electoral habla de Organiza-ciones políticas de las NPIOC, no ha quedado claro, especial-mente en el debate nacional de octubre, si debemos interpretar dicha norma en el sentido de que existe una esfera propiamente política entre la sociedad civil y el Estado, que esta ley debería regular, o si las NPIOC y otras organizaciones sociales deberían

participar como tales en la política; por ejemplo nos pregunta-mos, ¿pueden existir dos OPIOC dentro de un Pueblo Indígena Originario Campesino? Este debate es sustancial a la hora de hablar de democracia intercultural, pero no ha sido suficiente-mente profundizado. Más aún, no se ha desarrollado a cabalidad el PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD, ni una fórmula que guíe la legislación sobre las OP en base a este principios.

Consideramos, por los argumentos que se desarrollarán a con-tinuación, que a la hora de elaborar la LOP, el legislador debe prestar particular atención a la manera en la que se articulan los principios de interculturalidad y proporcionalidad.Ahora pasamos a analizar el estado del debate en torno a los distintos ejes de la norma:

1.- Principios, objeto, alcance y definiciones1.1 Principios

No hubo un debate exhaustivo, a nivel nacional, sobre los prin-cipios que debería consignar la norma, más allá de la referencia que hizo Carlos Hugo Laruta de UN, sobre la necesidad de in-sertar la irretroactividad de esta norma a los principios, lo cual puede encapsularse en el principio de legalidad. Este debate sí adquirió mayor importancia a nivel departamental y en los even-tos sectoriales de género y juventudes. La siguiente tabla resca-ta los principios donde hubo mayor coincidencia en los debates departamentales, y a los que se llegó a consensos en los en-cuentros sectoriales.

Tabla 1. Principios que debería consignar la LOP según espacios de deliberación

Encuentros Departamentales

Encuentro de Género

Encuentro de Jóvenes

-Pluralismo Político-Libertad de Expre-sión-Libertad de Asocia-ción-Interculturalidad-Participación-No discriminación-Plurinacionalidad-Transparencia-Igualdad de Género-Equidad-Bien Común-Respeto a usos y costumbres de NPIOC

Consenso:-Bien Común-Igualdad y Equidad de Género-Transparencia-Pluralismo Político-Democracia Intercul-tural paritaria-Despatriarcalización-Ética PartidariaDisenso:-Bien Público-Descolonización-Rendición de Cuen-tas-Diálogo con la Ciu-dadanía-No violencia-Legalidad

-Interculturalidad (No excluyente de los jóvenes)-Representatividad-Inclusión-Participación-Bien común

Podemos sintetizar los principios filosóficos de la norma, que los participantes consideran como importantes a la hora de estable-cer las bases de la LOP, como una amalgama de principios de la democracia liberal y de principios comunitarios. Es justamen-te el reto de la democracia intercultural el articular el pluralismo político y la plurinacionalidad, de tal modo que la LOP pueda establecer un equilibrio entre estas dos vertientes filosóficas que se reflejan en las instituciones de la democracia representativa, participativa y comunitaria.

Fuente: Elaboración propia.

and miosa70

1.2. Democracia Intercultural (DI)

Según Mayorga (2012: 1),

La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que pretende establecer, organizar y legitimar las características formales de la democracia boliviana post-constituyente. Al enfa-tizar en lo formal hacemos hincapié en la racionalización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucio-nal de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente marginales al sistema político y que, desde 2009, constituyen uno de los rasgos peculiares del Estado Plurinacio-nal (y por ende, de la democracia intercultural). Me refiero a la “democracia comunitaria” que reconoce modalidades de elección de representantes y autoridades distintas a las de la democracia representativa e implica el reconocimiento de derechos colecti-vos de un nuevo sujeto definido por criterios histórico-culturales: “naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

A la hora de pensar la democracia intercultural, en el marco de la LOP y en base a la anterior definición, nos preguntamos: ¿de-berán existir barreras de entrada a los PP y AC a la democracia comunitaria y viceversa? ¿Cómo precautelar ciertos derechos políticos individuales (paridad y alternancia, participación juvenil, libertad de pensamiento y expresión) al interior de la democra-cia comunitaria? ¿Cómo precautelar los derechos colectivos de las NPIOC cuando participen en espacios territoriales y alianzas con otras OP? Estas son preguntas de mucha importancia que esperábamos sean abordadas con mayor profundidad a la hora de los debates, pero este no fue el caso.

En el debate nacional hubieron más preocupaciones y posturas escépticas que propuestas concretas. Varios participantes de oposición plantearon que la DI era un concepto vacío y que los expertos4 no dan luces sobre su conceptualización y su aterriza-je institucional concreto. Es decir, ¿qué partes específicas de la LOP y en qué forma deberían plasmarse en la DI? Otros miem-bros de oposición mostraron su preocupación sobre el hecho de que la DI es un concepto peligroso, si por ella se entiende el fu-sionar a la sociedad civil y al Estado, o que estaríamos importan-do conceptos e instituciones desde preocupaciones académicas europeas. Por su parte, tampoco las intervenciones de líderes y participantes afines al MAS dieron muchas luces sobre cómo debería plasmarse la DI en la LOP. Por último, en los debates de-partamentales no se abundó suficientemente sobre este concep-to, más allá de algunas declaraciones que celebran y plantean profundizar la DI.

En el encuentro de género se abrió un interesante debate so-bre si los usos y costumbres de las OPIOC deberían respetarse completamente, o si deberían todos incluir el principio de paridad y alternancia de género. Algunas participantes plantearon la ne-cesidad de solucionar potenciales conflictos entre usos y cos-tumbres y el principio de paridad a nivel de los TED’s5; mientras que otras participantes plantearon que la paridad es un principio constitucionalmente reconocido y debería ser respetado por las OPIOC. Por su parte, los jóvenes hicieron hincapié en la idea de que la interculturalidad no es excluyente a los derechos de los jóvenes. Sin embargo, consideramos que los derechos de los jóvenes a la participación política podrían colisionar con algunas concepciones indígenas que privilegian la experiencia de vida y la edad, “el camino andado” como requisito para ejercer la auto-ridad en la comunidad, como lo mencionó un representante de la CSUTCB en el encuentro departamental de Oruro. En todo caso, la LOP deberá establecer fórmulas para la solución de po-tenciales colisiones entre los derechos políticos individuales y colectivos. Por ende, se hace fundamental llevar adelante uno o más encuentros con las organizaciones IOC, para discutir estos aspectos.

1.3 Naturaleza Jurídica y Definiciones de las OP

No hubo claridad en el debate nacional sobre si las OP son ins-tituciones de derecho público. A nivel departamental existió un importante debate en Cochabamba sobre si estas OP serían per-sonas jurídicas de derecho público o privado, aunque no se llegó a consensos. El encuentro de género planteó una visión de la esfera en la que actúan las OP como la esfera del bien público, de lo que inferimos que las OP deberían ser organizaciones de derecho público. En el encuentro de jóvenes sí se debatió al res-pecto, planteándose que, como las OP hacen un trabajo público tendiente al bien común, deberían ser reguladas como organiza-ciones de derecho público.

A nivel nacional no hubo definiciones claras sobre criterios de diferenciación de los tres tipos de OP, pero sí hubo un debate sobre la pertinencia o no, de incluir otro tipo de organizaciones sociales a la esfera de regulación de la norma. Sectores afines al MAS lo propusieron al constatarse, en la realidad, que organiza-ciones y movimientos sociales están participando en los hechos del sistema de representación, y que el MAS como IPSP6 es una constatación de aquello. Varios participantes de la oposición se opusieron fuertemente a esta postura planteando el riesgo del corporativismo y de fusionar a la sociedad civil con el Estado, a lo cual conduciría, según esta postura, el hecho de abrir el espa-cio de representación política a las organizaciones sociales. Por último, algunos participantes plantearon que la norma debería posibilitar lo que Marité Zegada7 ha denominado la “reconver-sión” de AC en PP.

A nivel departamental, el tema de la representación de las or-ganizaciones sociales por sí mismas no fue un tema de debate, pero sí se debatió a fondo sobre los criterios de diferenciación. En primer lugar, excepto Tarija y Santa Cruz, donde se abogó porque exista un trato diferenciado y una legislación especial para las OPIOC, hubo consenso en los otros departamentos en la necesidad de que exista igualdad jurídica entre todas las OP.

En 4 departamentos (CBBA, LPZ, SCZ y CHQSCA) se optó por un criterio territorial de diferenciación: los PP tendrían un alcance nacional, mientras que las AC y las OPIOC tendrían un ámbito de actuación sub-nacional. Las primeras podrían actuar a nivel de departamento y municipio, y las segundas en sus circunscrip-

...los jóvenes hicieron hincapié en la idea de que la interculturalidad no es excluyente a los derechos de los jóvenes. Sin embargo, con-sideramos que los derechos de los jóvenes a la participación política podrían colisionar con algunas concepciones indígenas que privi-legian la experiencia de vida y la edad…

and miosa 71

ciones indígenas. Sin embargo, un tema problemático fue el de si la regulación de las OPIOC debería variar en el caso de que permita que éstas puedan participar en espacios territoriales que vayan más allá de sus ámbitos territoriales específicos.

Por otro lado, en Oruro y Potosí se optó por el criterio temporal. En el primero se especificó que las AC son de carácter efímero; es decir, que de acuerdo a este criterio los PP deberían ser pen-sadas como OP de carácter permanente y las AC como organi-zaciones de duración limitada y finalidad definida.

En los demás departamentos se hizo hincapié en criterios ideoló-gicos. Los PP deberían tener una declaración de principios y una clara orientación ideológica, mientras que las AC serían organi-zaciones de carácter cívico, espontáneo y ciudadano.

En el encuentro de género se trató el tema de modo general, aunque se llegó al acuerdo de la necesidad de diferenciar a los PP, AC y OPIOC de manera conceptual y en base a criterios como su alcance, requisitos, y jurisdicción territorial (nacional, departamental y local). El grupo que trabajó el tema en el en-cuentro de jóvenes propuso diferenciarlos territorialmente, sien-do los PP los únicos que tendrían alcance nacional. Esto generó un debate con los demás participantes, quienes señalaron que el criterio territorial no es el más adecuado, dado que, por ejemplo, una agrupación ciudadana podría pretender también alcance na-cional, caso que se ha dado en el pasado. Se sugirió que los requisitos de conformación sean una manera de diferenciar las organizaciones políticas.

1.4. Alcance funcional y territorial de la norma

A nivel nacional, se debatió con mucha intensidad, una vez más, sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la repre-sentación política (Ej: Movimientos Sociales), y si la norma debe-ría incluirlos como sujetos de representación política. Es decir, si a nivel funcional la Ley debería abrir el espacio e incluir a estas organizaciones en su esfera de regulación. Se hizo menos hincapié, aunque fue objeto de preocupación de varios analistas y líderes, sobre la esfera de regulación de esta norma como Ley base, y sobre qué regularía la legislación de desarrollo departamental en la materia.

A nivel departamental hubo una coincidencia generalizada en que la norma debe regular a las OP en su formación, funcio-namiento, alianzas, extinción y financiamiento. En todos los de-partamentos hubo coincidencia en recalcar que esta es una Ley base que debe ser desarrollada por la legislación sub-nacional.

Sin embargo, no hay claridades sobre qué competencias le co-rresponde a cada ámbito legislativo, más allá de plantearse que la norma básica debería regular aspectos generales y la legisla-ción de desarrollo debería regular aspectos más concretos de la organización y funcionamiento de las OP a nivel regional.

En cuanto a las OPIOC se planteó que deben respetarse sus usos y costumbres, en algunos departamentos incluso se plan-teó que sean regulados por una legislación especial; aunque en otros casos se sugirió que deberían atenerse a la misma legisla-ción del espacio territorial donde se encuentren.

Es de importancia preguntarse, dada esta falta de claridad, si sería prudente elaborar un catálogo competencial en la LOP, en el que se diferencien las competencias que cada nivel territorial debería tener en materia de regulación de OP. Sin embargo, el debate todavía está muy poco maduro, y dado que no se han aprobado sino muy pocos Estatutos Autonómicos y Cartas Orgá-nicas, existe un vacío normativo para poder empezar este deba-te. Se recomienda generar un debate con los representantes de los gobiernos sub-nacionales al respecto.

De lo analizado hasta ahora, consideramos que el primer eje que debe tratar la norma presenta bastantes dificultades a la hora de conceptualizar el alcance de la misma, la naturaleza de los suje-tos a ser regulados y el ámbito de actuación de éstos, así como de la misma ley. Si consideramos, sin embargo, que la democra-cia intercultural es la proyección en la institucionalidad política del Estado plurinacional con autonomías, y si creemos que la LOP es un componente sustancial de la democracia intercultural, entonces es importante establecer, en primera instancia, que es de interés público y estatal el contar con un sistema de OP que refleje los principios de pluralismo político, plurinacionalidad, in-terculturalidad y autonomía.

Es fundamental, por otro lado, insertar el principio de propor-cionalidad como eje que puede ayudar a diseñar las fórmulas necesarias para solucionar potenciales conflictos entre el Estado y las OP. La proporcionalidad, combinada con el principio de in-terculturalidad y complementariedad, puede ayudar a su vez a generar fórmulas que eviten conflictos entre el Estado, las OP no indígenas y las OPIOC.

Por otro lado, dado el principio de autonomía, y la prescripción constitucional que establece al régimen electoral como compe-tencia compartida; y una vez aclarado el tema de si la LOP se contempla o no dentro de la competencia denominada régimen electoral, es importante establecer el alcance territorial de la LOP. Dado que el TSE se ha dado a la tarea de elaborar un An-teproyecto de Ley en la materia, consideramos que de manera tácita se ha aceptado que esta norma entra dentro de la catego-ría de competencia compartida en materia electoral y, por tanto, debería ser una Ley base; estando los otros niveles territoriales autónomos habilitados para elaborar legislación de desarrollo sobre los distintos ejes que cubre la LOP.

Consideramos entonces, que un potencial objeto de la LOP po-dría ser el siguiente:

Si consideramos, sin embargo, que la democracia intercultural es la pro-yección en la institucionalidad po-lítica del Estado plurinacional con autonomías, y si creemos que la LOP es un componente sustancial de la democracia intercultural, entonces es importante establecer, en primera instancia, que es de interés público y estatal el contar con un sistema de OP que refleje los principios de plura-lismo político, plurinacionalidad, in-terculturalidad y autonomía.

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La Ley de Organizaciones políticas tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extin-ción de las organizaciones políticas; las fusiones, coaliciones y alianzas que se produzcan entre ellas; así como sus relaciones con la sociedad y los órganos y niveles territoriales autónomos del Estado plurinacional, en el marco institucional de la democra-cia intercultural.

2. Constitución y Reconocimiento de las OP

En el debate nacional, Ricardo Paz planteó que la barrera de entrada al sistema debería referirse al padrón biométrico y no a la cantidad de votos válidos en la última elección, y debería ba-jarse del 2% al 1,5%. En el otro extremo, Margot Soria del partido Verde de Bolivia, planteó que no deberían haber barreras de en-trada al sistema, esto especialmente porque el país es bastante pequeño y con poca población. El tema de mover la barrera de entrada es sensible y puede tener muchas implicaciones para el equilibrio deseado entre representatividad y efectividad del sis-tema político. En cualquier caso, para hacer un cambio como el que plantea Paz, habrá que recurrir nuevamente al principio de proporcionalidad. Si un 1,5% del padrón representa más, cuan-titativamente, que un 2% del total de votos válidos en la anterior elección, el cambio estaría en contra del principio de proporcio-nalidad, dado que se le estaría exigiendo a las OP un esfuerzo extra, en el contexto de un porcentaje de la población de elec-tores registrados en el padrón que no asistió a votar y que, por ende, no cumplió con una obligación ciudadana; por tanto, el TSE no podría exigir a las OP lo que el electorado, o una parte de este, no habría otorgado, que es su participación en la conforma-ción de la voluntad popular y el gobierno representativo.

A nivel departamental, el debate no fue del todo claro. En algu-nos departamentos como el Beni, se planteó que se debería dar el mismo trato a las OP y que las normas en cuanto a las barre-ras de entrada no deberían variar. En Oruro y Cochabamba, en cambio, se planteó que las barreras deberían subir, y en el caso específico de los PP, si quisieran actuar a nivel sub-nacional, la barrera debería subir al 3%. Por otro lado, en Santa Cruz se planteó que las barreras eran muy altas.

También se planteó en Cochabamba y Santa Cruz que las OPIOC deberían gozar de tratamiento especial y de respeto a sus usos y costumbres, lo cual podría interpretarse como una eliminación del criterio de barreras de entrada al interior de sus jurisdicciones.

Alguna voz de disenso, en Santa Cruz, planteó la necesidad de incorporar un requisito cualitativo para la entrada al sistema, el de la obligatoriedad para las OP, especialmente si son de alcan-ce nacional, de tener presencia o representación a lo largo del territorio nacional o en un número determinado de distritos.

Nosotros consideramos que, dado que el debate en torno al tema no ha causado grandes demandas por un cambio sustancial, es posible mantener la actual barrera de entrada. Esto se constata porque ni siquiera la oposición que tendría bastante que ganar al bajarse la barrera, y mucho que perder en el caso contrario, ha hecho cuestión de estado por cambiar la dinámica como se encuentra ahora.

Existe otra arista en este debate. En el encuentro de género se planteó que dada la categoría constitucional del principio de pa-ridad y alternancia, un requisito para el reconocimiento de las OP debería ser el contar, por lo menos, con un 50% de militantes mujeres. De modo similar, los jóvenes plantearon un mínimo de

30% de militantes jóvenes, así como un 20% de candidatos jó-venes como requisito para el nacimiento de la OP. Este tipo de cuotas generarán importantes debates a la hora de redactar la norma, pero también puede generar conflictos en lo que hace a las OPIOC, esto debido a que éstas no cuentan con militantes propiamente dichos, sino miembros de la comunidad, cuyo equi-librio de género y generacional está determinado por factores demográficos y no sociopolíticos. Esto, por supuesto, una vez aclarado el tema de la naturaleza jurídica de las OPIOC en rela-ción a los pueblos indígenas que representan al Estado.

3. Estructura y Funcionamiento de las Organizaciones Políticas

A nivel nacional no hubo un debate extendido sobre el rol que de-bería jugar la legislación en la estructuración interna de las OP. Algunos miembros de oposición manifestaron su preocupación respecto de una posible invasión de la vida interna de las OP por parte del TSE, a través de esta norma.

A nivel departamental existieron dos posiciones marcadas sobre el nivel de penetración regulatoria que tendría esta norma en la vida interna de las OP. En La Paz y Pando hubo un consenso sobre la necesidad de normas detalladas para regular la estruc-tura, el cumplimiento de estatutos y la democracia interna de las OP. En Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija se planteó la necesidad de establecer normas muy generales para regular la vida interna de las OP. Por último, en los departamentos restantes se optó por una opción intermedia, estableciendo que la regulación de la vida interna debería sólo supervisar el cumplimiento de esta-tutos, la democracia interna y la participación de las mujeres y los jóvenes.

Se ha hecho bastante énfasis, en la mayoría de los departamen-tos, en el hecho de que el rol del TSE no debe interpretarse como una “intervención flagrante” en la vida interna de las OP. También

Incrédulo, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2010.

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se sugirió, que el OEP debería darle apoyo a las OP en lo que hace a sus procesos de democracia interna, lo que aumentaría sus atribuciones en la vida interna de las OP.

Lo que no está todavía claro, es si el TSE debe limitarse a re-conocer, controlar y fiscalizar estas normas, sancionando su incumplimiento, o si debe acompañar su elaboración desde un inicio; pero, además, no están claros los procedimientos median-te los cuales debe fiscalizar la elección de dirigentes y repre-sentantes. Asimismo, en relación a la regulación de las OPIOC para su democratización interna, hubieron posturas distintas en lo concerniente a si se deberían tener criterios para el registro de sus usos y costumbres.

A nivel mundial, los partidos políticos han sido progresivamente regulados jurídicamente, empezando por su constitucionaliza-ción y terminando por la promulgación de distintas leyes espe-cializadas que regulan su accionar. Este movimiento refleja una concepción de las OP como pertenecientes a la esfera pública. Más aún, la regulación constitucional y legal de las OP refleja una concepción de la democracia en la cual las OP son entendi-das como instituciones necesarias para el funcionamiento de la democracia, y por ende, bienes públicos del sistema democráti-co (Van Biezen y Kopecky, 2007).

Esta regulación jurídica, sin embargo, tropieza con el ya mencio-nado origen espontáneo de las OP en la esfera de la sociedad civil. Es justamente en este punto que el principio de proporcio-nalidad se hace más relevante. De acuerdo a la guía de la Unión Europea para la regulación de las OP, toda restricción, limitación o penetración en la libre asociación de las OP debe basarse en el interés público y fundamentarse en objetivos específicos que apunten a la construcción de una sociedad más democrática.

Sin embargo, en este caso concreto, el principio de proporciona-lidad se debe sopesar con el de plurinacionalidad, de acuerdo al cual, las NPIOC gozan de amplias prerrogativas para desarrollar sus instituciones políticas en base a sus propias normas, que estarían en igualdad jerárquica con la legislación ordinaria. Aquí la pregunta no es hasta dónde la LOP podrá regular aspectos de la estructuración interna de las OPIOC, sino si lo podrá hacer en primer lugar y en base a qué criterios. En todo caso, es probable que para determinar el balance entre el poder de regulación del Estado y la autonomía interna de las OPIOC, sea necesario lle-var a cabo un proceso de consulta previa (Bohrt, 2012).

Otro criterio fundamental a la hora de regular la estructura in-terna de las OP, es el de conflictividad sociopolítica. Muchos países de África, el este de Europa y el sudeste asiático, han establecido criterios electorales y de estructuración interna de sus partidos, con el objeto de que el sistema de partidos pueda canalizar los conflictos étnicos, religiosos, territoriales o de cla-se, que llevaron a esas sociedades a quiebres democráticos o incluso a situaciones que los llevaron a la secesión o al borde de esta (Ej: Rwanda, los países de la ex-Yugoslavia). En general, la regulación de las OP en estos países les ha puesto requisitos de estructuración interna para condicionar su participación en procesos electorales, los cuales se pueden resumir en la obli-gatoriedad de tener presencia o representatividad en distintas regiones del país, o que éstas se den de modo transversal a los distintos grupos étnicos que han entrado en conflicto histórica-mente (Reyly y Nordlund et. al, 2007). En el encuentro de Santa Cruz se debatió sobre la pertinencia de introducir entre los requi-sitos de constitución de un partido político de alcance nacional, el tener presencia en todos o la mayoría de los departamentos.8

Cabe resaltar el hecho de que el requisito de tener presencia organizada en distintas partes del territorio también está legisla-do en toda América Latina; sólo Bolivia, Colombia, El Salvador y Uruguay no han regulado este requisito (Cantón y Tuesta, 2007).

El argumento en contra planteó que eso estaría violando los de-rechos políticos de las personas de un departamento que quieran fundar su propio partido, siempre y cuando, alcancen el número de firmas necesario. En todo caso, también cabe preguntarnos si las OPIOC, al participar en esferas territoriales departamentales o en la nacional, deberían acreditar que tienen presencia y/o com-posición multiétnica y no sólo mono-étnica. Esta es una pregunta que hace al debate sobre cómo plasmar la democracia intercultural en la nueva LOP. Después de todo, no debemos olvidar que los componentes étnico y regional fueron las líneas de fractura más intensas durante la crisis estatal que atravesó el país entre 2000 y 2009, y que el criterio de presencia territorial extendida puede facilitar la agregación de demandas y la transformación y canaliza-ción de conflictos dentro de las OP, en vez de convertir a éstas en vehículos de movilización que intensifiquen el conflicto.

Ya mencionamos que el encuentro de género arrojó la demanda de que las OP deberían tener 50% de militantes mujeres; tam-bién se planteó la necesidad de un nivel de conducción colegia-do con paridad. Más allá de cuestiones de género, las mujeres también plantearon la necesidad de que la norma consigne ins-tancias de impugnación interna, defensa de la militancia, un tri-bunal de ética y un tribunal electoral para la democracia interna.Los jóvenes plantearon incluso una propuesta de articulado para la LOP en torno a la estructura de las OP:Art. X: Las Organizaciones Políticas deben garantizar la partici-pación de al menos un 30% de jóvenes en los espacios de toma de decisión y en los cargos directivos en todos los niveles de su

Incrédulo 2, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

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estructura orgánica.

En suma, en el debate nacional y departamental surge la pre-gunta de hasta dónde y bajo qué criterios la LOP podrá regular la estructura interna de las OP. Dado que el principio de proporcio-nalidad plantea que esta intervención se podrá dar sólo en virtud de promover el bien común en general, y la construcción de una sociedad más democrática en particular, es importante abordar el debate sobre la democracia interna de las OP y el rol que jugará el TSE en esta. El argumento a favor de las cuotas para mujeres y jóvenes, por ejemplo, ha sido histórico ya que son sec-tores estructuralmente sub-representados en las organizaciones políticas, lo cual mina la representatividad y en cierto sentido la legitimidad del sistema de representación.

4. Democracia Interna

Sobre la democracia interna, el debate nacional mostró que si bien todos coincidieron en la necesidad de que hayan formas de democracia interna dentro de las OP, algunos (MNR) optaron por la necesidad de institucionalizar las elecciones internas; mien-tras otros (PDC, CP) plantearon que deberán ser las propias OP las que definan en sus estatutos la forma de democracia interna que llevarán adelante. En todo caso, no quedó claro si el TSE debería abstenerse de incursionar en estos procesos. Tampoco ha quedado claro si el TSE debería intervenir y en qué medida (¿dirimir ó acompañar y dar fe?) en los procesos de democracia comunitaria que se den dentro de las OPIOC, para su elección de dirigentes y candidatos.

En el debate departamental dentro de La Paz, Tarija y Oruro se planteó la necesidad de una normativa detallada y una supervi-sión exhaustiva de la democracia interna por parte del TSE. En Oruro, por otro lado, se planteó incluso las elecciones internas permanentes. En Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, los partici-pantes se inclinaron por dejar la democracia interna a la regula-ción de los estatutos internos. En Cochabamba se planteó que la democracia interna debería dejarse a las normas estatutarias, pero debería velarse porque éstas contengan prescripciones so-bre igualdad de género y equidad generacional. En Pando y Beni no se profundizó sobre el tema. Como se puede observar, el debate departamental tiene una gama de posturas con respecto a qué hacer en la elaboración de la LOP para promover la demo-cracia al interior de las OP.

La democratización interna de las OP es fundamental a la hora de imaginarse qué sistema de representación se busca. Es im-portante recalcar que el sistema de partidos que estuvo vigente y se mantuvo estable en Bolivia entre 1985 y 2005, entró en una profunda crisis de legitimidad a inicios de la década anterior. Según Moira Zuazo (2012), la Ley de partidos políticos de 1999 llegó tarde y no pudo generar reglas que aseguren una mayor representatividad del sistema. Es en ese contexto que se aprobó la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que buscaba abrir el sistema de representación a otras organizacio-nes de la sociedad civil y a los actores indígenas que demanda-ban un conjunto de reformas por fuera del sistema. Sin embargo, tampoco se incidió a través de esta norma en la democratización interna de las OP.

La democracia interna de las OP está íntimamente relacionada al tema de la representatividad y la legitimidad de las mismas. El presupuesto teórico es que a mayor democracia interna será mayor el recambio de liderazgos, la representación de distintos sectores, y será más cercana la relación entre la sociedad y el Es-

tado; sin embargo, es conocido también desde la teoría (Michels, 1969; Duverger) que a medida que las OP crecen y se hacen más complejas tienden a oligarquizarse. La democracia interna está consignada en la legislación vigente sobre organizaciones políticas, pero sólo estableciéndose un conjunto de contornos o marcos regulatorios generales para que sean las propias OP las que la ejecuten de acuerdo a su normativa estatutaria. El reto de la LOP será generar un equilibrio entre regulación para la demo-cracia interna y los derechos políticos de los miembros de las OP y de ésta como componente de la sociedad civil.

Como hemos visto en el debate nacional y departamental, las posiciones son diversas en cuanto a qué nivel de penetración debería tener el TSE en la democracia interna de las OP. Las posiciones varían desde un rol meramente supervisor de los estatutos internos a algunas que plantean elecciones internas permanentes. En Argentina, por ejemplo, se realizan elecciones primarias de modo simultáneo, obligatorio y abierto para todos los ciudadanos; de esas elecciones salen los candidatos que competirán para los puestos de representación en las elecciones nacionales (Tulio, 2012).

Sin embargo, la medida en la que el ciudadano, al participar en estos procesos, puede influir directamente en la conformación del gobierno y de sus representantes variará dependiendo de cuán cerca esté el candidato electo de ganar, en un segundo mo-mento, el puesto de representación. En primer lugar, un sistema multipartidista, al abrir el abanico de opciones que la ciudadanía tendrá para elegir al representante, hace que las elecciones pri-marias sean poco influyentes y, por ende, menos atractivas para la población. En el otro extremo, un sistema de partido hegemó-nico o dominante hará de las primarias plataformas clave para la determinación de los futuros representantes. En los Estados Uni-

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dos, el bipartidismo y el sistema de colegios electorales hacen que las primarias sean de suma importancia para los militantes, ya que de ganar su candidato en las primarias, tendrá un 50% de posibilidades de ser electo para el puesto de representación popular en las elecciones nacionales.

Siguiendo el anterior punto, el sistema electoral es también un factor importante para determinar el peso relativo de las eleccio-nes primarias en un determinado país. Un sistema de circuns-cripciones uninominales de simple mayoría hará las elecciones primarias mucho más importantes que un sistema de represen-tación proporcional, especialmente si este es multipartidista.

El sistema de gobierno también es otro factor que determinará el peso de las primarias. Un sistema presidencialista hace me-nos relevante la selección previa de los candidatos —excepto el candidato presidencial— por parte del electorado, mientras que en un sistema parlamentario, donde el Congreso tiene un peso específico en la determinación de las políticas públicas, la in-fluencia de las primarias se hará más importante. En todo caso, hay que atender a la combinación de todos estos factores a la hora de determinar cuán relevantes serán las elecciones prima-rias a la hora de insuflar mayor representatividad y legitimidad al sistema político.

Por último, en circunscripciones especiales destinadas a mino-rías lingüísticas o étnicas, es evidente que el peso de las prima-rias será decisivo (Cross, 2008). En todo caso, es necesario ver las diferentes combinaciones de factores al decidir cuán impor-tante es un sistema de elecciones primarias a la hora de generar un sistema de OP que sea más representativo. Un sistema en el que existan pocas OP, que sea parlamentario, con circuns-

cripciones uninominales de mayoría simple, algunas reservadas para minorías étnicas, hará por supuesto que las primarias sean determinantes a la hora de darle forma a la representación y aumentará su representatividad y legitimidad. Es fundamental, a su vez, que esta normativa esté en consonancia con la nor-mativa electoral sobre equidad de género y generacional que está consignada en la CPE y el régimen electoral. En el caso boliviano tendrá que tomarse en cuenta el principio de paridad y alternancia.

Respecto a este tema, el encuentro de jóvenes arrojó una se-gunda propuesta de articulado:

Art. X: Las Organizaciones Políticas deberán incorporar un mí-nimo de 20% de jóvenes dentro de las listas de candidatura en todos los niveles y circunscripciones electorales9.

La pregunta, a la hora de legislar sobre este tema, es si se está buscando darle este tipo de legitimación extra al sistema, si esto es de importancia para la estabilidad y salud del mismo, y si en-tonces este objetivo se vuelve de carácter público y, por ende, el Estado se compromete y hace vinculante el mandato de las elec-ciones primarias para todas las OP. Si este es el caso, dado el principio de proporcionalidad, debería el Estado, a contramano, administrar y financiar estos procesos a través del OEP.

Más allá de la democracia interna en la elección de candidatos, está el tema de la elección de dirigentes. Estos proceso se dejan usualmente a la normativa interna de las OP, pero deberían, mí-nimamente, consignar la existencia de un cuerpo deliberativo (Ej: Asamblea), y ciertas prescripciones sobre la equidad de género y generacional, así como garantizar el disenso al interior de las OP. Una vez más surge el cuestionamiento sobre la normativa interna de las OPIOC, y si el TSE debería intervenir para garan-tizar ciertos principios al interior de las mismas; de hacerlo así, debería ser en estricta aplicación del principio y de una fórmula de interculturalidad consignada en la norma. Por último, el tema de la equidad de género y generacional puede generar tensiones entre la normativa nacional y la de las OPIOC.

5. Derechos y Deberes de las Organizaciones Políticas

En el debate nacional no se profundizó sobre si las OP tendrían los mismos derechos entre sí y ante el OEP.

A nivel departamental no hubo una posición unánime sobre si to-das las OP deberían o no, gozar de iguales derechos. En Oruro, Pando, Potosí y Chuquisaca se planteó que todas las OP debe-rían tener los mismos derechos y obligaciones. Por su parte, en Tarija y también en Santa Cruz, se habló sobre la necesidad de un trato diferenciado a las OPIOC, especialmente al tratarse de su actuación al interior de los espacios territoriales de las NPIOC.

El tema de los derechos de las OPIOC se hace complejo, esto debido a que, si bien todos sus habitantes gozan de los derechos civiles y políticos consignados en la CPE y los tratados interna-cionales en materia de derechos humanos, las NPIOC gozan también de una gama de derechos colectivos consignados en los mismos cuerpos legales, dentro de los cuáles cuenta el dere-cho al autogobierno y al desarrollo de sus instituciones políticas. Es justamente detrás de este principio que se sustenta el pilar de la democracia comunitaria, del cual, a su vez, se descuelga el reconocimiento de las OPIOC como actores del sistema de representación a ser regulados por la LOP. Esto nos pone ante la evidente necesidad de repensar el principio de igualdad jurí-

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dica en el marco de la diferencia cultural. Un trato diferente no necesariamente implica un trato desigual, aunque si puede ser el caso en la eventualidad de que esos derechos y deberes dife-renciados signifiquen una ventaja de partida para las OPIOC a la hora de competir con las otras OP en un mismo plano electoral.

Cabe resaltar aquí una interesante reflexión salida del encuentro de jóvenes, que se refiere a que si bien las OPIOC tienen repre-sentatividad, al provenir de otra forma de democracia, que no es representativa, tienen también electividad, actuando en una duplicidad de ámbitos o esferas políticas.

6. Derechos y obligaciones de los miembros de las Organizacio-nes Políticas

Como en el anterior caso, el tema de los derechos y obligaciones de los miembros de las OP hace al principio de proporcionalidad. Una de las críticas fundamentales al anterior sistema de partidos ha recaído sobre el carácter caudillista, patrimonialista y cliente-lar en su interior. Los líderes partidarios no tenían reales frenos o contrapesos internos para el ejercicio discrecional de su poder; en contraparte, tal parece que los miembros de la base del parti-do, en los hechos y más allá de la formalidad estatutaria, tenían pocos mecanismos para hacer valer sus derechos en caso de que estos sean violados por la acción de la dirigencia o de otros miembros.

A nivel del debate nacional no hubo una profundización de este tema. Ante la posibilidad de que el TSE pueda participar como órgano de segunda instancia en la solución de conflictos, y las reivindicaciones de derechos de los militantes, Oscar Ortíz de CP10, planteó que esta podría ser una peligrosa vía para la in-tervención del Estado en la vida interna de las OP. Sin embargo, Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer, tuvo una posi-ción divergente, al plantear que los partidos no cumplen con las cuotas de participación de mujeres en su interior; por ende, en la elaboración de la Ley se debería discutir sobre las sanciones que deberían aplicarse a quienes no las cumplan.

A nivel departamental, en Beni, Santa Cruz y Tarija no se profun-dizó sobre el tema. En otros departamentos fue abordado desde dos dimensiones. Por un lado se habló sobre la igualdad de de-rechos y obligaciones de los militantes. En Cochabamba se plan-teó que los derechos de los militantes deberían ser los mismos

en todas las OP, más allá de que estas sean distintas. En Pando, por otra parte, se planteó que si bien todos los militantes debe-rían tener los mismos derechos, no deberían tener las mismas obligaciones; por ejemplo en una OPIOC no existen militantes ni simpatizantes, a diferencia de un PP donde existen militantes con obligaciones y responsabilidades, incluso pecuniarias, por otro lado, en las AC existen sólo adherentes que no tienen una relación estrecha con la OP.

En una segunda dimensión, se habló de los contenidos concre-tos de esos derechos y obligaciones. En Potosí se planteó que los militantes y adherentes podrían esperar de su OP que se asegure la equidad de género, y la formación permanente y par-ticipación de los miembros jóvenes. En Chuquisaca se planteó que para ser dirigente no se debería tener pliego de cargo ni sentencia ejecutoriada. En Oruro se planteó que los militantes deberían tener el derecho a solicitar todo tipo de información a su OP, la misma que, de negarle este derecho a su militante, debería ser sancionada por el TSE; el militante, sin embargo, de-bería acreditarse como tal ante el OEP. Por último, en La Paz, se planteó la necesidad de contar con una instancia interna donde el militante pueda defenderse en caso de considerar sus dere-chos violados.

El encuentro de mujeres generó resultados más concretos y algunas propuestas de diseño institucional. Se planteó el san-cionar con dureza el acoso político y la creación de un consejo multipartidario de defensa del militante, que en primera instancia debería garantizar la equidad de género y el principio de paridad y alternancia, aunque es una idea interesante que podría im-plementarse como mecanismo de defensa de los derechos del militante en general.

El tema de los derechos de los miembros sirve para delimitar las esferas de acción de regulación estatal en el marco del principio de proporcionalidad. En primer lugar se deberá discutir si existirá una lista amplia y detallada de derechos del militante, que la pre-sente Ley deberá contemplar, o si se harán sólo consideraciones generales, precautelando por supuesto los principios de paridad y alternancia de género y de equidad de participación de los jó-venes. De igual manera, se deberá tener una fórmula de intercul-turalidad para el caso de fusiones y/o alianzas entre OPIOC, PP y AC. Estos derechos se convierten en obligaciones de las OP hacia sus miembros, y debe entonces también considerarse qué instancias serán las idóneas para hacerlos valer. Si se piensa en un protagonismo mayor de TSE en este ámbito, se debe consi-derar que se dará un nivel importante de penetración del Estado en la vida interna de las OP, lo cual debe ser equilibrado dentro del principio de proporcionalidad. En función del mismo, por úl-timo, se deben generar equilibrios con las obligaciones de los miembros de la OP; por ejemplo, en el caso de que los militantes cuenten con el acceso irrestricto a la información del partido, de-berían también estar obligados a mantener la confidencialidad, hacia afuera, de cierta información que la dirigencia considere estratégica para la OP; el incumplimiento de esta prescripción debería conllevar determinadas sanciones para el militante.

Otro tema a discutir es el de los derechos de los miembros de OPIOC. Como lo plantearon en Oruro, éstas no contienen mili-tantes, sino miembros de la comunidad, o, como lo plantearon los jóvenes, una dualidad de roles. Sin embargo, la actuación de esta OP en la esfera de la representación, especialmente en espacios mayores al nivel local, genera preguntas sobre los de-rechos de estos miembros en función a su dirigencia o el nivel ejecutivo de toma de decisiones del mismo, fuera de la esfera

Esto nos pone ante la evidente ne-cesidad de repensar el principio de igualdad jurídica en el marco de la diferencia cultural. Un trato diferen-te no necesariamente implica un tra-to desigual, aunque si puede ser el caso en la eventualidad de que esos derechos y deberes diferenciados signifiquen una ventaja de partida para las OPIOC a la hora de com-petir con las otras OP en un mismo plano electoral.

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comunitaria. Queda también la pregunta de si, hacia adentro, los miembros de las OPIOC gozarán de los derechos civiles y políti-cos individuales reconocidos por la CPE y los convenios interna-cionales, y cómo solucionar situaciones en las que existan coli-sión entre estos derechos individuales y los derechos colectivos de la OPIOC. Este potencial eje de conflictividad nos vuelve a hacer reflexionar sobre la necesidad de desarrollar jurídicamente el principio de interculturalidad.

7. Alianzas, fusiones y “reconversiones”

La regulación de un sistema de OP que reconoce tres diferentes tipos de OP: PP, AC y OPIOC, debe establecer fórmulas para el establecimiento de principios, reglas y procedimientos para la concreción de alianzas, fusiones, reconversiones entre los dis-tintos tipos de OP.

Tanto a nivel nacional como departamental, el debate mostró que la crisis del anterior sistema de partidos ha dejado una este-la de desconfianza en amplios sectores de la sociedad y en las propias militancias partidarias sobre las alianzas que se llevaron a cabo en el marco de ese sistema, porque fueron poco éticas y poco fieles a los principios ideológicos de los partidos, en mu-chos casos.

Algunas participaciones en el debate nacional sugirieron que esta situación no se debería repetir y la LOP debería hacer algo al respecto. Sin embargo, algunos participantes de la oposición plantearon que los aspectos éticos e ideológicos de las alian-zas no deberían ser regulados por el Estado; después de todo ¿quién y cómo define lo que es o no es ético? Sería, según este argumento, peligroso que el Estado regule los contenidos ideo-lógicos de las alianzas.

El tema fue también objeto de intensos debates dentro de los eventos departamentales, y tomó distintos matices entre depar-tamentos. El debate se llevó a cabo en dos planos, uno de conte-nido y otro de forma. En La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuqui-saca, se planteó que las alianzas y fusiones deberían realizarse en base a afinidades programáticas e ideológicas. En Oruro y Tarija se ha planteado la necesidad de este requisito, pero sólo al hablar de las fusiones. Cabe resaltar, sin embargo, la salvedad de que en La Paz existieron posiciones de disenso que plantea-ron que regular éste ámbito de acción de las OP podría conducir a un excesivo control estatal hacia las OP.

Aquí cabe entrar al plano procedimental del debate departa-mental sobre la regulación de alianzas y fusiones. Se planteó en la mayoría de los departamentos, por consenso, que los proce-dimientos para la consecución de alianzas y fusiones deberían estar consignados en los reglamentos internos de las OP (Beni, La Paz, Oruro, Pando, Potosí Chuquisaca y Tarija). En suma, a nivel departamental existe una coincidencia en la necesidad de regulación del régimen de alianzas y fusiones. Existe también una coincidencia en la necesidad de que los aspectos éticos e ideológicos del régimen de alianzas estén dentro de los estatutos internos de las OP y que exista alguna forma de validación de los mismos por parte de los militantes. Insistimos en la necesidad de preguntarnos sobre el rol del TSE en la solución de conflictos que emerjan de la implementación o no de estos reglamentos.

En el evento de mujeres se planteó que este tipo de alianzas sería perfectamente posible en todos los niveles. En el encuen-tro de jóvenes se estableció que todas las OP podrían entablar alianzas entre sí, teniendo previamente las OP un programa en

común, y siendo la alianza aprobada por la máxima instancia decisoria de la OP. En el caso de las OP de alcance nacional, se planteó que las alianzas sólo podrían durar hasta dos elecciones consecutivas.

Desde la perspectiva doctrinal, consideramos que el TSE no debería cumplir ningún rol de control de los principios éticos e ideológicos que orientan a las OP a la hora de llevar adelante alianzas y fusiones. Este tipo de actividad sería violatoria de los derechos de libre asociación, reunión y pensamiento, que son base para la legislación de la representación política y, por ende, para los principios del pluralismo político y la proporcionalidad. Es a su vez sociológicamente desacertado plantear que la ideo-logía sea utilizada como indicador de regulación de las afinida-des o clivajes entre y dentro de los partidos, en una era en que la globalización ha multiplicado y complicado de sobremanera el abanico de opciones ideológicas que distintos segmentos de la sociedad pueden adoptar como representativas. En un mundo globalizado, parcialmente integrado y fragmentado, hay mucha fluidez ideológica y es muy riesgoso para el pluralismo asignarle al poder estatal el rol de demarcación del espectro ideológico de determinada sociedad.

Es la militancia y la población en general, a través de su voto, así como la competencia electoral misma, las que se encargarán de definir si la falta de coherencia ideológica amerita que un partido sea castigado o no por este hecho. En todo caso, se puede plan-tear como uno de los componentes de la norma, la necesidad de que los estatutos internos contengan un capítulo que regula el régimen de alianzas y fusiones de cada partido. La norma podría también establecer que algún tipo de validación por parte de la militancia, será requerida a la hora de llevar adelante alianzas y fusiones (Congresos, referéndum interno, etc.).

Otro tema que se tocó a nivel nacional y departamental fue el de las reconversiones o la posibilidad de que una AC pueda con-vertirse en partido político. A nivel nacional fue una demanda planteada por Consenso Popular en la representación de Oscar Ortíz. A nivel departamental no hubo resistencias a esta idea, aunque sí se dieron distintos matices sobre los requisitos que debería cumplir la AC para convertirse en PP. En el Beni, en una postura de disenso, se planteó que para que una AC se convierta en PP debería tener presencia en 50% de las provincias de un departamento. En Cochabamba, también en disenso, se planteó que podrían existir PP sub-nacionales, y también que para que las AC se conviertan en partido, debería medirse su desempeño electoral. En Chuquisaca se planteó que la reconversión se po-dría dar al fusionarse cinco AC de diferentes departamentos. En Oruro y Pando se planteó que para la reconversión se deberían cumplir los requisitos necesarios para acreditarse como PP. En Tarija, una postura en disenso planteó que la reconversión no debería ser permitida.

Un tema que hace a la sustancia de la democracia intercultural, es el que plantea la posibilidad o no de que existan alianzas y fusiones entre PP y/o AC con las OPIOC. A nivel nacional no se debatió sobre este tema a profundidad; sin embargo, a nivel departamental, se dio un abanico de opiniones que oscilaron la completa aceptación de las alianzas y fusiones entre todas las OP, y su completa negación. En La Paz se planteó que enca-ja perfectamente en los principios democráticos el que existan alianzas entre OPIOC y las otras OP, aunque deberían articular-se la democracia representativa y la comunitaria en el ámbito de estas alianzas. A contramano, en Santa Cruz existió una postura contraria a la de La Paz, planteando que la LOP debería prohibir

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alianzas y fusiones entre PP, AC y OPIOC, ya que las OPIOC podrían ser fagocitadas por las otras OP.

Este tema, como ya lo mencionamos, fue poco profundizado en el debate nacional y departamental. Fernando Mayorga (2012) planteó que era perfectamente democrático el permitir este tipo de alianzas y que ésa era en realidad la esencia de la democra-cia intercultural aplicada a las OP. Jose Luis Exeni (2012), por su parte, planteó que en el ámbito local, la democracia comunitaria no debería combinarse con las instituciones de la democracia re-presentativa y directa, lo que podemos interpretar como una re-comendación que busca evitar alianzas y fusiones en este nivel.

La pregunta es: ¿qué sucederá cuando las OPIOC, en el caso que la LOP lo consigne, quieran participar a nivel sub-nacional o local? Es muy probable que este tipo de alianzas se den, y hemos asistido a una indicación de potenciales alianzas de este tipo en el denominado Frente para la Victoria, en el que se pos-tuló a Pedro Nuni —representante indígena de ciertos sectores de tierras bajas— como candidato a Gobernador del Beni, en alianza con el MSM. En todo caso, consideramos importante que el principio de interculturalidad guíe estas alianzas y fusiones, permitiendo a las OPIOC participar en alianzas con las otras OP, ejerciendo sus usos y costumbres, pero sin violar los derechos civiles y políticos de sus miembros y los de la alianza en general. En todo caso, este es un tema a profundizar para la elaboración de la LOP.

*Transfugio: Consideramos que es importante hacer hincapié en un tema que se ha convertido en un eje nodal de la discu-sión sobre las facultades sancionadoras del TSE en el marco de una nueva LOP; hablamos del transfugio y su definición. Según

Zovatto (2012:37), el transfugio “es aquella forma de comporta-miento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente elegido, abandona la formación polí-tica en la que se encontraba, para pasar a engrosar las filas de otra”.

De modo general, tanto en el debate nacional como a nivel de-partamental y sectorial, ha existido una percepción generalizada sobre el daño que esta práctica ha causado y causa al sistema de OP, al minar la credibilidad del sistema. Sin embargo, no ha habido claridad en la definición de transfugio. La definición que hemos transcrito líneas arriba, es una definición cerrada; sin embargo, en varios de los encuentros existieron debates entre personas que adscriben dicha definición y aquellos que plantean una visión más amplia, en la que cualquier militante que no apo-ye manifiestamente los principios y prácticas de la OP, estaría cometiendo transfugio.

Del mismo modo, no ha quedado claro, dentro de una definición restrictiva del transfugio, si el curul o cargo de representación pertenece al partido o al militante. Una mayoría de las personas que hablaron sobre el transfugio desde esta definición, plantea-ron que el curul debería pertenecer a las OP. El debate debe-ría profundizarse en este tema, pero nosotros consideramos que la definición restrictiva del transfugio está más acorde con el principio de proporcionalidad, alejando cualquier posibilidad de controles ideológicos desde el Estado sobre los ciudadanos. Por otro lado, consideramos que si entendemos a las OP como instituciones de derecho público, está dentro del interés público el que el curul pertenezca a la OP y no a los individuos particu-lares, especialmente porque en Bolivia no existe la figura de la candidatura independiente.

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8. Financiamiento, Patrimonio y Fiscalización de las Organiza-ciones Políticas

El tema del financiamiento a las OP y la fiscalización del mismo, es el tema más polémico del debate en torno a la norma en cues-tión. El tema es de vital importancia para el sistema de OP en particular, y para la fortaleza del sistema democrático en general. De acuerdo a Gutierrez y Zovatto (2011), la transparencia del sistema de financiamiento a las OP ayuda a incrementar la con-fianza de la sociedad en el sistema, lo cual, a su vez, incrementa la legitimidad del mismo y la gobernabilidad democrática en los países. “Fortalecer los partidos políticos es una prioridad al igual que contribuir la confianza ciudadana en sus procesos electora-les. Es indudable que un sistema de partidos fuerte fortalece la democracia. Por tanto, contar con modelos efectivos de financia-miento de la actividad política fortalece la democracia”(p.4).

Zovatto (2012 b), ha profundizado en el tema, planteando que una regulación eficaz del financiamiento político debería cumplir los siguientes objetivos:

1) evitar el abuso y la compra de influencias en los partidos po-líticos por parte de grupos de interés o individuos adinerados, con el objetivo de restablecer la confianza de los ciudadanos en el proceso político;

2) establecer un campo de juego equilibrado (equitativo) para la competencia entre los partidos;

3) favorecer el empoderamiento de los votantes mediante nor-mas sobre divulgación de información, dirigidas a que éstos

cuenten con elementos de juicio adecuados para tomar una decisión informada el día de las elecciones;

4) propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los partidos políti-cos, de modo que se conviertan en actores responsables en apoyo a una democracia sostenible y efectiva, y

5) asegurar un “mínimo de razonabilidad” en el uso de recursos públicos destinados a financiar actividades político-electora-les.

Los modelos de financiamiento político pueden ser:

Público: el Estado otorga todo el financiamiento a las OP, en base a criterios de equidad y transparencia;

Privado: son personas individuales y jurídicas de carácter priva-do las que financian la actividad de las OP, en base a criterios de transparencia y, en menor medida, equidad.

Mixto: el modelo de financiamiento puede ser mixto, recibiendo las OP fuentes tanto estatales como privadas para financiar sus actividades, una vez más en base a criterios de transparencia y equidad.

La Ley 1983 establecía una modalidad mixta de financiamiento a los partidos políticos en Bolivia; sin embargo, en 2008, en el marco de altos picos de conflictividad entre el gobierno del MAS y la oposición, se decidió eliminar el financiamiento público a las OP y redireccionar esos recursos para generar un fondo para las personas con discapacidad.

Es en este contexto, altamente polarizado, es que reemerge el debate del financiamiento público, en el marco de los encuentros que son objeto del presente análisis comparativo. Cabe agregar que el financiamiento público a las OP es bastante impopular, especialmente en el occidente del país11, y que también genera importantes divisiones entre el gobierno y la oposición. Siendo una medida impopular y contando el MAS con una amplia mayo-ría parlamentaria, se hace estratégico para el partido de gobier-no el evitar volver a un esquema de financiamiento público, por lo menos en dinero. Por su parte, ante la debilidad institucional y organizativa de la oposición, se hace preponderante para sus OP el volver al anterior esquema de financiamiento mixto.

El debate a nivel nacional fue bastante intenso y reflejó la men-cionada polarización de posturas sobre el tema. La oposición levantó diversos puntos a favor del retorno del financiamiento público bajo la premisa de que éste podría:

- Generar condiciones de equidad en la competencia política y la propaganda electoral.

- Evitar la corrupción, el clientelismo y el creciente uso de fon-dos públicos para las campañas electorales.

- Evitar que se infliltre dinero ilegal en el sistema.- Ayudar a llevar adelante una capacitación permanente de la

militancia.

Por otro lado, las posiciones de los actores del MAS y algunos analistas afines estuvieron poco claras, y oscilaron entre nega-tivas rotundas para volver al esquema del financiamiento, bajo los siguientes argumentos: la población lo habría pedido así, el MAS no habría necesitado del financiamiento público para ganar la elección y habría que desmercantilizar la política. Existieron posturas más conciliadoras que buscaron algún punto interme-dio, en algunos dirigentes del MAS, planteando ante todo que este es un tema sobre el que estarían abiertos a discutir, y tam-bién la posibilidad de llevar adelante esquemas sustitutivos al

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financiamiento público monetario, planteando como experiencia pionera el sistema de utilización de los medios de comunicación que se hizo para promocionar a los postulantes a las elecciones judiciales.

Otros analistas aportaron con posturas similares, planteando que hay formas de financiamiento en especie, que pueden constituir-se en base al acceso equitativo a los medios de comunicación u otros. Por otro lado, participantes relacionadas a las plataformas de género, plantearon la necesidad de que el financiamiento pú-blico incorpore la perspectiva de género. El encuentro de muje-res en noviembre, confirmó esta perspectiva, pero también mos-tró importantes divisiones entre las organizaciones de mujeres del oficialismo y la oposición. En la mesa de trabajo, las mujeres arribaron a un consenso interpartidario a favor del financiamiento para formación, capacitación y propaganda electoral, partiendo de la necesidad de entender la política como un bien público; lo cual hace al financiamiento público fundamental para evitar la privatización de la política, generando equidad en la competen-cia política en el marco de mecanismos de control y fiscalización (fortalecer la UTF12) fortalecidos.

Si bien el grupo que trató el tema llegó a un consenso sobre la necesidad de financiamiento público; en la plenaria, represen-tantes del MAS de alto nivel plantearon que era una posición de su partido el no retornar al esquema de financiamiento público, y que ellos, gracias a su capacidad para organizarse habrían podido ganar las elecciones sin la necesidad de esos recursos.Por su parte, en el encuentro de jóvenes existió un consenso sobre la necesidad de que las organizaciones políticas cuenten con financiamiento público para garantizar una mayor equidad entre ellas, y que debería hacerse efectivo tanto en épocas elec-torales como no electorales. Hubo también consenso en cuanto a la transferencia de fondos regulares a las unidades de jóvenes. Se habló, asimismo, del rol del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en la fiscalización de recursos, aunque también se expre-só la preocupación de que ello pueda convertirse en una herra-mienta de persecución política. Otra propuesta para la fiscaliza-ción de fondos fue la conformación de un comité interpartidario.

Finalmente, se planteó el no pensar en el Estado como único financiador, sino contemplar formas alternativas y autónomas de recaudación de recursos.

Dado el nivel de polarización del debate sobre este tema, la es-trategia que se utilizó en el debate departamental consistió en que los grupos identifiquen previamente las ventajas y desventa-jas del modelo de financiamiento público, antes de llegar a con-sensos o mostrar disensos.

De modo general, las principales coincidencias dentro y entre departamentos fueron las siguientes:

- Es necesaria una fiscalización del financiamiento que reciben las OP.

- El TSE debe fiscalizar la utilización y el origen de estos fon-dos.

- El financiamiento público puede generar equidad en la com-petencia electoral y en el acceso a los medios de comunica-ción para efectos de propaganda.

- Se debe regular a los medios de comunicación para garanti-zar equidad y transparencia.

- Se debe garantizar capacitación permanente de militantes con este financiamiento.

Se dieron disensos en función a distintos temas, pero en general giraron sobre:

- El financiamiento público puede ser fuente de corrupción.- Es un gasto para el Estado que se podría utilizar en otros

temas necesarios para la población.- Algunos militantes del MAS repitieron que no han necesitado

de estos fondos, sino de sus capacidades organizativas para llegar al poder.

Del mapeo de todo el debate realizado en torno al financiamiento público podemos sacar dos tipos de conclusiones, unas de ca-rácter coyuntural y otras de carácter estructural. Desde la pers-pectiva de la dinámica interpartidaria, en la gran mayoría de los encuentros queda marcada la línea divisoria entre el oficialismo y la oposición respecto al tema. Como ya mencionamos, la postura del oficialismo ha oscilado entre la negativa rotunda al financia-miento público en cualquier forma, y la apertura parcial a ciertas formas de financiamiento en especie, particularmente en lo que hace al acceso a los medios de comunicación y la capacitación permanente de militantes. Por su parte, si bien en principio los partidos opositores, y particularmente los grupos de mujeres y jóvenes, mostraron su interés marcado en un esquema de finan-ciamiento público, también se ha detectado que dada la postura del oficialismo, existe entre ellos una suerte de resignación a aceptar las ya mencionadas formas indirectas de financiamiento, que consideran como necesarias, aunque no como suficientes.

Desde el punto de vista estructural, debemos volver a enmarcar el debate sobre la legislación en esta materia en el principio de

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proporcionalidad. De acuerdo al mismo, se puede esperar una mayor fiscalización y control de los recursos de las OP de existir financiamiento público, aunque sea de modo indirecto; esto, a su vez, se traducirá en una mayor obligación para que las OP sean transparentes y rindan cuentas, no sólo ante el Estado sino que se les puede exigir mayor transparencia ante su militancia y la opinión pública en general, lo que a su vez puede incremen-tar su credibilidad y, por ende, sus niveles de legitimidad. En la eventualidad de un financiamiento exclusivamente estatal, sin embargo, existe el riesgo de una suerte de ‘estatización’ de las OP, lo que las llevaría a perder autonomía, poniéndose en riesgo el principio de pluralismo y la libertad de expresión, opinión y reunión. Por eso consideramos importante un equilibrio entre el financiamiento público y privado de las OP.

En el otro escenario, de mantenerse un financiamiento eminen-temente privado, se reducirían, si se aplica con rigurosidad el principio de proporcionalidad, las capacidades fiscalizadoras del Estado y la posibilidad de exigirles a las OP transparencia ha-cia la ciudadanía en general y hacia sus militantes. Una opción que mantenga un rol fuerte de fiscalización y control por parte del Estado, en este escenario distorsionaría el principio de pro-

porcionalidad, aunque el Estado en ejercicio de su monopolio de coerción podría mantener un esquema de esa naturaleza, es decir, de alta fiscalización en el contexto de financiamiento emi-nentemente privado.

En este esquema, sin embargo, las OP se encontrarían bajo bastante presión, lo cual las puede orillar a aceptar fondos de dudosa procedencia (ilegales o de grupos poderosos de interés) o a extraer recursos de la administración pública, en los niveles en los que las OP tengan presencia gubernamental. En ambos casos, quedarían minados los principios de legalidad, legitimidad y pluralismo, ya que tendrían ventaja para competir aquellas OP más grandes, que ya se encuentren ejerciendo el gobierno en algún nivel y que, por ende, tengan porcentajes importantes del voto popular en su poder.

9. Extinción de las OP

El debate en torno a este tema se centró en la barrera de salida del sistema, vale decir, el porcentaje mínimo de votos que de-berían obtener las OP para mantenerse funcionando dentro del mismo. En el encuentro nacional no se abundó a profundidad desde las OP como tales. Algún analista planteó que debería mantenerse la actual barrera del 3%, a lo cual otro replicó que esta barrera era discriminatoria para las nuevas OP. Según la segunda visión, el criterio proporcional no debería ser relevante en una primera participación, pero sí se debería tomar en cuenta el crecimiento histórico de la propia OP, para determinar su per-manencia o no entre la primera y la segunda elección en la que participe.

En el debate departamental existieron distintas posturas dentro y entre departamentos. En Beni y Pando de modo consensuado, y en Santa Cruz como posición de disenso, se planteó que una barrera del 3% es razonable. En Cochabamba, una posición de disenso planteó el 5% de barrera de salida, mientras que en Oru-ro nunca se pudo llegar a un acuerdo, oscilando los porcentajes propuestos entre 4%, 3,5% y 3%. En Chuquisaca, por último, el disenso giró entre dejar la barrera en su estado actual y bajarla a un 2%.

Otro tema que se trató en algunos departamentos, fue sobre si el trato en referencia a la extinción de las OP, sería el mismo para todas. En Potosí y Santa Cruz se planteó la necesidad de un mismo trato a la hora de regular la extinción de las OP, mien-tras que en Pando se planteó lo contrario. Respecto a otros re-quisitos, sólo se profundizó en estos temas en Cochabamba y Chuquisaca. En Cochabamba, a parte de la barrera de salida, se señalaron como causales de extinción: la fusión, decisión volun-taria, incumplimiento de estatutos e incumplimiento de la LOP. Por su parte, en Cochabamba, se planteó diferenciar la extinción de la cancelación. La extinción se daría por decisión propia o por la fusión, mientras que la cancelación se daría por no cumplir con la barrera electoral.

En el evento de mujeres no se habló directamente del tema, aunque se hizo mucho hincapié en la necesidad de establecer fuertes sanciones a las OP que no cumplan con el principio de paridad y alternancia. Tampoco se abundó en el tema en el even-to de jóvenes, pero se planteó que la barrera debería depender de si se quiere tener muchos o pocos partidos en el sistema.

A la hora de la elaboración de la norma es importante plantearse si la cancelación de la participación de una OP en futuras elec-ciones implica también su extinción, y las prerrogativas que el

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Estado pudiera tener en esta área. Esto hace al debate sobre el derecho a la libertad de asociación como base del sistema de OP, en relación a la necesidad de contar con un sistema político con un número efectivo y razonable de OP que compiten en el mismo. Por último, volvemos a tropezarnos con la complejidad que representan las OPIOC. Dependiendo de si se las considera en una esfera distinta a la del PIOC como tal, o si se las interpre-ta de modo fusionado a la comunidad, la potestad del Estado de cancelarlas o extinguir su existencia variará de modo sustancial; es decir, no se puede extinguir a una NPIOC por no haber alcan-zado su OP determinado número de votos en una elección, pero sí a una OPIOC, si se la entiende como una organización que actúa en una esfera semi-autónoma a la de la NPIOC como tal. La fórmula de interculturalidad debería guiar los procedimientos referidos a la extinción de las OPIOC.

Es justamente la barrera de salida un mecanismo que tiende a regular el número efectivo de OP en el sistema. De lo visto en los debates analizados, no existe un criterio uniforme al respecto. Se hubiera pensado que dado que el sistema de OP está en re-composición y existen varias OP pequeñas, habrían existido ma-yores opiniones a favor de bajar la barrera; sin embargo, este no ha sido el caso y, en general, podemos decir que las opiniones en este sentido han sido minoritarias. Es de considerar, enton-ces, que mantener las barreras en su estado actual no causará debates demasiado intensos entre los actores fundamentales de la deliberación.

En el caso de los criterios para la extinción o cancelación de las OP, que tengan que ver con el incumplimiento de ciertos requisi-tos planteados en las LOP; una vez más se debe aplicar el prin-

cipio de proporcionalidad. Por ejemplo, de existir financiamiento público se podrá exigir una mayor rendición de cuentas a las OP, de tal modo que, de incumplir este requisito o detectar el mal uso o la existencia de fuentes de financiamiento ilegal, podría consi-derarse, de modo razonable, como una causal de cancelación o extinción.

10. Conclusiones

Al iniciar este documento nos preguntamos: ¿qué buscamos con la nueva Ley de Organizaciones Políticas? y ¿qué tipo de ejerci-cio legislativo nos puede hacer llegar a dicho objetivo? Conside-ramos que la nueva norma no sólo debe constituirse en un marco de regulación para las OP, sino que a través de la misma debería promover un sistema político fortalecido, más representativo y, por ende, legítimo. Este sistema, a su vez, debería enmarcarse en el respeto al Estado de Derecho y en una nueva estructura territorial e identitaria que nos presenta un Estado plurinacional y autonómico.Para llevar adelante estos objetivos, difíciles de conciliar, con-sideramos que el legislador debe articular, a lo largo de todo el proceso de construcción de esta norma y en el debate de todos sus ejes fundamentales, el principio de proporcionalidad con el necesario, aunque insuficientemente debatido, principio de in-terculturalidad.

Gustavo Bonifaz MorenoLicenciado en Derecho y Cs. Políticas.

Fuente: Elaboración propia.

PROPORCIONALIDAD

Autonomía

Nivel Cen-tral

Nivel Dep-tal.

Nivel Local

Plurinacionalidad

INTERCULTURALIDAD

Sociedad Civil

OEP/TSE

TED TED TED

OPIOC´s PP´s AC´s

NPIOC´s

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1 Un bloque indígena-popular y otro cívico-regional.2 Coadyuvan en este esfuerzo: PNUD, IDEA Internacional, la FES-Bolivia y la

FBDM, en coordinación con el TSE y el SIFDE.3 Consideramos que la interculturalidad no es un principio sino la descripción de

un dato fáctico, la relación entre diferentes culturas. Dado que esta relación puede ser horizontal y pacífica o vertical y violenta, el término interculturalidad está desprovisto de carga valórica y normativa. Por ende, consideramos que el principio debería ser denominado interculturalismo. Sin embargo, la legislación vigente en Bolivia utiliza el término interculturalidad, por lo que en persecución de una mayor claridad normativa, lo utilizaremos para efectos de la presente discusión.

4 Fernando Mayorga y José Luis Exeni expusieron sobre la DI en relación a la LOP.

5 Tribunales Electorales Departamentales.6 Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.7 En su participación como facilitadora de los encuentros departamentales.8 Punto presentado por el académico Manfredo Bravo.9 Además de esto, de los primeros cinco candidatos en las litas, las OP deberán

asegurarse que por lo menos dos serán jóvenes, respetando el principio de paridad y alternancia.

10 Consenso Popular.11 Este tema quedó de manifiesto en una encuesta de opinión encargada por el

periódico Página 7, en septiembre de 2012.12 Unidad Técnica de Fiscalización consignada en la Ley del órgano Electoral.

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El análisis comparativo de los resultados de la deliberación se basó en:

Sistematización del evento nacional de discusión de los ejes temáticos de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (La Paz, Octubre-2012), elaborada por Gustavo Bonifaz Moreno.

Sistematización de los resultados de los 9 encuentros depar-tamentales de discusión de los ejes temáticos de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (Noviembre-2012), elabo-rada por Ana María Villarroel, Maria Teresa Zegada, Jorge Komadina y Gustavo Bonifaz Moreno.

Sistematización de los resultados del encuentro de mujeres para la discusión de los ejes temáticos de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (La Paz, Noviembre-2012), elabo-rada por el equipo técnico de la Coordinadora de la Mujer.

Sistematización de los resultados del encuentro de jóvenes para la discusión de los ejes temáticos de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (Cochabamba, Noviembre-2012), elaborada por Jimena Avejera y Gustavo Bonifaz Moreno.

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Dilemas de la democracia interna de los partidos políticos en Chile¿Cómo participan los jóvenes militantes?

Pepino a la vinagrette, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2012.

Javiera Arce Riffo

Introducción

El sistema de partidos chileno ha funcionado de ma-nera estable durante su proceso de re-institucionali-zación luego de 17 años de dictadura militar. A pesar de ello, durante los últimos cuatro años el sistema de representación ha estado marcado por una fuer-

te desafección institucional —afectada por los bajos niveles de confianza en las instituciones—, que ha traído consigo números poco favorables de aprobación hacia los partidos políticos, al-canzando éstos sólo un 6% en la última medición del Centro de Estudios Públicos1, siendo la institución peor evaluada de todas las consultadas en dicho análisis.

Si a lo anterior se agrega el 61%2 de abstención electoral alcan-zado durante las recientes elecciones municipales —como re-sultado del primer escrutinio realizado con el nuevo padrón elec-toral—, que hizo debutar el proceso de inscripción automática y voto voluntario, se ha demostrado una apatía electoral a lo que algunos analistas, como Alberto Mayol, atribuyen a la existencia de fallas sistémicas, puesto que “hay una crítica detrás de este acto, un cuestionamiento a la institucionalidad vigente”3.

A partir de este hecho se atribuye a los jóvenes un particular desinterés en los asuntos públicos, lo que implicaría una escasa participación en los procesos electorales4. Algunos estudios in-dican que existe desconfianza político-institucional en todos sus niveles, pues “hay ante todo desconocimiento del funcionamien-to del sistema institucional y sus representantes” 5.Thezá (2012) indica en su estudio que los motivos por los cuales los jóvenes desconfían, se relacionan con “la percepción de que la política es una actividad donde prevalecen intereses propios de los acto-res políticos que no necesariamente interesan a los ciudadanos. La política tiene un rostro oscuro, secreto, irascible”6. Existe, de acuerdo a las entrevistas realizadas en dicho estudio, una visión pesimista de la competencia política, ya que es engañosa, pues no se observan diferencias en materia ideológica entre los parti-dos y coaliciones.

Durante los años noventa, el proceso de transición a la democra-cia estuvo marcado particularmente por un hiato existente entre racionalidad sistémica y subjetividad social7, al respecto Garre-tón plantea que la transición no significó un verdadero régimen y gobierno democrático, se trató entonces de una transición in-completa, restringida, con una amplia presencia de enclaves au-toritarios y de baja calidad8. Cuando se habla de enclaves autori-tarios, se hace referencia a la Constitución aprobada en 1980, en pleno proceso de dictadura, lo cual generó un sistema electoral restringido basado en el “empate” entre dos coaliciones, intoca-bilidad del modelo económico, dominación de los partidos en la política, entre otros factores9, efectos que se alejan de los plan-teamientos de una democracia consolidada.

Este hiato se ha expresado por la sistemática ausencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, reduciendo su participa-ción solamente al voto. A este respecto, Norbert Lechner realizó una serie de trabajos orientados a diagnosticar y a enriquecer la discusión política, a modo de explicar este distanciamiento en-tre ambos grupos sociales, entregando pistas de una dimensión subjetiva de la política no resuelta en el mapa político actual. El autor planteó que las democracias de América Latina “no logran encarnar una comunidad que cristalice las necesidades de per-tenencia y arraigo social. La gente, posee grandes dificultades para reconocerse en el régimen democrático”10. Es así como se aprecia lo que Lechner llama carencia de “seguridad simbólica”,

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definida como “el grado en que cada individuo se siente recono-cido en tanto parte de una comunidad de semejantes”11, y a partir de esta descripción se refleja el escaso sentido de pertenencia de los ciudadanos a las decisiones del Estado y la política, que explicaría este proceso de desafección institucional que sufre la sociedad del chile actual.

Los partidos políticos, de acuerdo a Morlino, poseen funciones definidas al interior del sistema, tales como movilizar a los ciuda-danos en las luchas electorales, ayudar al reclutamiento de los altos funcionarios de gobierno en sus distintos niveles; participar de la formulación de políticas públicas, actuar como intermedia-rios entre las élites burocráticas, los militares y judiciales: en el plano social sirven de correa de transmisión de las demandas sociales al sistema político y son delegados o representantes de la sociedad civil.12

Pasquino plantea que “la calidad de la democracia en una si-tuación sin partidos será menos satisfactoria que en una con partidos”13, sin embargo, para el caso chileno, se ha preferido la gobernabilidad por sobre la representatividad14, lo que ha pro-vocado este desencanto entre sociedad civil y sistema de repre-sentación político. A su vez, este sistema de representación polí-tica se desenvuelve en una matriz de características autoritarias, lo que permea el funcionamiento interno de los partidos políticos, y es visto así por la sociedad civil, particularmente por los jóve-nes, quienes confían sólo un 2.2%15. Este escenario, de escasa construcción de legitimidad, ha generado una autonomización del funcionamiento del sistema, confrontándolo en reiteradas ocasiones con la ciudadanía.

América Latina se ha caracterizado por tener partidos políticos débiles, salvo excepciones como el caso chileno, donde los par-tidos políticos jugaron un rol clave en la re-institucionalización de la democracia, al igual que sus pares de la región sudamerica-na, sin embargo, los fracasos de sus gobiernos, tales como los constantes juicios políticos a presidentes de la república —Brasil, Venezuela, Paraguay, etc.—, así como también las falsas expec-tativas sociales no cumplidas, han terminado por deteriorar su confiabilidad en el espacio social y político alcanzando un 22% de confianza en el subcontinente.16 Para Freidenberg: “Los parti-dos políticos se han terminado transformando en organizaciones oligárquicas, en que sus élites han controlado el poder, no per-mitiendo la participación de todos los grupos en las definiciones programáticas o en la elección de candidatos, las bases asimis-mo no poseen mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus programas de gobierno”.17

¿Qué deben hacer los partidos políticos para fortalecer su pre-sencia al interior del sistema político y re-generar las confianzas en la ciudadanía? Los partidos políticos chilenos, para resta-blecer la confianza y credibilidad social, deben generar incen-tivos orientados a fortalecer su democracia interna, alternando sus liderazgos internos, rotando las élites de dirigentes a modo de posicionar nuevos liderazgos, incorporando la visión de la diversidad social y generando espacios activos de accountabi-lity, especialmente para la militancia de base, de esta manera su imagen se verá fortalecida ante la ciudadanía. Para ello, el Estado deberá modificar la legislación actual de partidos políti-cos, obligando a éstos a funcionar de manera democrática, y no desentenderse por completo de su funcionamiento— como en la actualidad— controlando las elecciones internas y externas de acuerdo a la normativa de cada partido, asegurando el pluralis-mo interno y vigilando el cumplimiento de estas modificaciones a través de tribunales especializados, orientados a fiscalizar y a hacer cumplir la Ley.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la democratización interna de los partidos políticos. En una primera parte describirá los aspectos conceptuales de la democracia interna de los par-tidos políticos, para luego generar el primer contraste con la Ley 18.603 de Partidos Políticos. En la segunda parte se realizará un análisis de las tres dimensiones contempladas por Freidenberg, a) selección de candidatos a cargo de representación popular y autoridades del partido, b) la participación de minorías y sectores sociales subrepresentados —jóvenes, mujeres, discapacitados, homosexuales—, así como en la representación de cargos de re-levancia, c) rendición de cuentas de los candidatos y autoridades del partido a las bases. Los partidos analizados son seis, entre el período de agosto a noviembre de 2012. Se han escogido los siguientes: Unión Demócrata Independiente (UDI); Renovación Nacional (RN); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Partido Por

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Es así como se aprecia lo que Lechner llama carencia de “seguridad simbó-lica”, definida como “el grado en que cada individuo se siente reconocido en tanto parte de una comunidad de semejantes” , y a partir de esta des-cripción se refleja el escaso sentido de pertenencia de los ciudadanos a las decisiones del Estado y la polí-tica, que explicaría este proceso de desafección institucional que sufre la sociedad del chile actual.

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la Democracia (PPD); Partido Socialista (PS) y Partido Comunis-ta de Chile (PC). El criterio de elegibilidad de la muestra se basó en sus importantes niveles de votación al interior de las dos coa-liciones políticas con representación parlamentaria y su proceso de institucionalización19.

Para profundizar el análisis se han realizado una serie de entre-vistas a militantes de los diferentes partidos políticos, ya sean adultos, jóvenes y mujeres, los cuales han sido seleccionados de acuerdo a su trayectoria política y a su nivel educacional —todos universitarios—. Se concentran en dos regiones: Metropolitana de Santiago y Valparaíso. Finalmente, distinguir que el presente análisis es parte un trabajo de carácter mayor, que intenta medir el nivel de democratización interna de los partidos chilenos en todas las esferas y, por tanto, aún se encuentra en desarrollo, sin embargo, para efectos de esta ponencia, se pondrá énfasis en los cuadros jóvenes.

El concepto de democracia interna de los partidos políticos

Freidenberg (2009) ha trabajado de manera sistemática el con-cepto de democratización interna de partidos políticos, con el ob-jetivo de consolidar un desarrollo teórico sobre esta temática. La autora relaciona la idea de democracia interna con su “utilización normativa, puesto se suele asociar con la idea de lo que debería ser un buen partido, más que con el comportamiento partidis-ta”19. Esta definición tiene características multidimensionales, en donde se deben cumplir con tres elementos específicos para sa-ber cuán democrático es un partido:

1) Proceso de selección de candidatos: dimensión clave para ob-tener el entramado político que existe al interior del partido. Se clasifican de acuerdo al método; pueden existir unos más de-mocráticos, como las elecciones y, por otro lado, se generan otros mecanismos menos participativos con la designación de los candidatos. Para Fridenberg, el número de participantes en dicho proceso “es una variable fundamental para conocer el grado de democratización de un partido político”.20

2) Nivel de participación (e inclusión) de los militantes en la re-presentación del partido, en la definición del programa, en la delimitación de las estrategias y en las decisiones. Para la autora es de suma relevancia la presencia de “minorías y gru-pos poco representados (mujeres, jóvenes), en los órganos de dirección y en las candidaturas del partido”21.

3) Control y rendición de cuentas tanto de los dirigentes como de los candidatos respecto de los militantes del partido. “Los dirigentes de partido deben responder a las exigencias de los miembros y de los ciudadanos en general”22.

Para la autora, “un partido será entonces internamente democráti-co cuando sus dirigentes respondan ante sus miembros sobre las decisiones que tomaron y estos, al tener información, puedan apar-tarlos del poder o del manejo del partido —castigarlos o premiarlos por lo realizado como representantes de la organización—” 23.

Sin embargo, en la evolución de este concepto, de acuerdo a la autora, han ido surgiendo nuevas interpretaciones, debido a que estas dimensiones de análisis de democracia interna de los partidos políticos transita entre dos conceptos distintos: la repre-sentación y la participación, por lo que, de acuerdo a la definición de democracia que posea cada investigador, será el énfasis que tenga la pesquisa.

Para efectos de este trabajo tomaremos la definición de Bobbio, la cual plantea que la democracia consiste en un conjunto de

reglas primarias o fundamentales, que establecen quienes están autorizados para tomar las decisiones colectivas y bajo qué pro-cedimientos. La regla básica de la democracia es la regla de la mayoría. Como condición se deben plantear alternativas reales y condiciones para escoger entre una y otra24. En cuanto a su alcance, podemos distinguir dos formas diferentes de análisis: una que hace referencia a los ideales de soberanía popular y otra que hace referencia a los procedimientos que permiten la generación de una representación efectiva.

Legislación de partidos políticos en Chile

La regulación para los partidos políticos chilenos, emana del ar-tículo Nº 18 de la Constitución Política de la República, que esta-blece la necesidad de la generación de una legislación adecuada (Ley Orgánica Constitucional) para regular la representación po-lítica y el Servicio Electoral de Chile. Es por ello que se aprueba la Ley Orgánica18.603 de Partidos Políticos, que, en su título cuarto, regula la organización interna de los partidos políticos. Desde la perspectiva de algunos analistas como Gonzalo Müller, se afirma que esta Ley otorga un sinnúmero de beneficios para el funcionamiento de los partidos, tales como las altas cuotas de libertad que entrega para su organización, y para la estabilidad del sistema25.

Teniendo en consideración lo anterior, a continuación se realiza-rá un breve análisis del capítulo de la normativa, orientado a la organización interna de los partidos políticos en Chile:

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1) En su artículo 22, plantea la autonomía de cada partido para su funcionamiento, el cual se regirá por sus propios estatutos, los cuales deben ceñirse en base a esta normativa.

2) Exige una estructura mínima (Art. 23): Directorio Central, Consejo General, Consejos Regionales y Tribunal Supremo, con alternancia —elecciones—, como mínimo cada tres (3) años.

3) Sobre la Directiva Nacional (art. 24): debe contemplar un Pre-sidente, Secretario y Tesorero.

4) Funciones de la mesa directiva (art. 25): a) dirigir el partido en conformidad con sus estatutos, programas y orientaciones que imparta el Consejo General. b) Administrar los bienes del partido, rindiendo cuenta anual al Consejo General. c) Some-ter a aprobación del Consejo General el programa y regla-mentos internos del partido.

5) Los partidos políticos tendrán un Consejo General (art. 26) compuesto por senadores y diputados, un número de conse-jeros elegidos por el consejo regional, y se reunirá por lo me-nos una vez al año. Las atribuciones de este consejo gene-ral son: a) designar a los miembros del Tribunal Supremo, b) impartir orientaciones al presidente y tomar acuerdos sobre cualquier aspecto de la marcha del partido, c) aprobar/recha-zar el balance de gestión, d) proponer a los afiliados las mo-dificaciones a la declaración de principios, reforma a los esta-tutos, discusión partidaria, fusión con otro partido, aprobación de pactos electorales, elecciones de parlamentarios o retiro de estos, y el candidato a presidente de la república. Este último debe ser proclamado de manera oportuna; e) aprobar o rechazar las propuestas que se efectúen de acuerdo al artí-culo 31; f) requerir del presidente del partido que convoque a los afiliados a pronunciarse de acuerdo al artículo 29.

6) Los partidos deberán crear consejos regionales (art. 27), que deben contar como mínimo con los cargos de presidente, se-cretario y tesorero. Todos los miembros deben estar asocia-dos a la misma región.

7) Tribunal Supremo (art. 28), todos los partidos deberán contar con un organismo de estas características, que será elegido por el Consejo General. Las funciones de éste son: a) inter-pretar los estatutos y reglamentos, b) conocer las cuestiones de competencia que se suscitan entre las autoridades u or-ganismos del partido, c) conocer la reclamación de actos de violación de estos principios del partido por parte de sus au-toridades, d) conocer las denuncias que se efectúen en con-tra de miembros del partido, contra actos cometidos por las autoridades partidarias, y aplicar medidas disciplinarias, e) controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas y dictar instrucciones generales para tales efectos.

8) Las siguientes temáticas deberán ser propuestas en el Con-sejo General y deberán ser ratificadas por toda la militancia (art. 29): 1) dictación de principios, 2) reforma a los estatutos, 3) disolución del partido, 4) fusión con otro partido, 5) apro-bación o retiro de un pacto electoral, propuesta de candidato presidencial.

9) Las letras a y d del artículo 26, sumadas a las elecciones en que participen los afiliados al partido, contarán con la pre-sencia de un ministro de fe, designado por el Director del SERVEL (art. 30), o notario u oficiales del registro civil en co-munas donde no existan representantes del Servicio electo-ral. En cuanto a la convocatoria y celebración de elecciones, formarán parte de los estatutos, o de la normativa interna de cada una de las organizaciones partidarias.

10)En cuanto a la designación de candidatos (art. 31), cada uno de los partidos deberá generar su propio estatuto, que debe

basarse en esta Ley, en particular para la selección de candi-datos a diputados y senadores. Esta elección puede efectuar-se por el Consejo General, pero a proposición del Consejo Regional. La organización de las elecciones para estos car-gos es de exclusiva responsabilidad del respectivo Consejo Regional. En un pacto electoral, cada partido que lo hubiere acordado, podrá proponer como candidato solo a aquellos que figuren entre los aprobados por su consejo general, tanto si se trata de afiliados al partido o independientes.

11) Finalmente, la normativa advierte que, en ningún caso, los partidos políticos podrán emitir ordenes de votación si sus senadores o diputados están llamados a oficiar de jurados. (art.32).

Análisis comparado: indicadores de democratización contrastados con la legislación y la muestra de partidos escogida

Como se aprecia, en la tabla 1 se desglosan los tres indicadores utilizados por Freidenberg, en consideración con los partidos se-leccionados para este breve estudio, y se contrasta asimismo la legislación actual. Para recabar los antecedentes, se ocuparon los estatutos de todos los partidos considerados en el análisis, contrastando cada uno de ellos con la opinión de militantes de la colectividad. Para el objeto de este análisis, las fuentes entrevis-tadas serán reservadas.

Tabla 1: Dimensiones de análisis en relación a la Ley de Partidos Políticos

Dimensión de Análisis Ley 18.6031. Selección de candidatos a car-

gos de representación popular y de autoridades del partido.

• Directivacentralseráele-gida por los afiliados o por los miembros del Consejo General del partido (Art. 24). La renovación de los miembros electivos de los órganos antes señalados, con excepción del Tribunal Supremo, se hará cuando menos cada tres años.

• Cadapartidodeberágene-rar las reglas que propicien la designación/apoyo de estos candidatos en el Con-sejo General a proposición de los Consejos Regionales (Art. 31)

1. Participación de minorías socia-les subrepresentadas —muje-res, jóvenes, grupos étnicos, discapacitados—, en el proceso de toma de decisiones, en la definición estratégica/progra-mática del partido. (Se agrega al análisis cuotas electorales internas y externas).

2. Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases.

La Ley de partidos políticos no contempla este aspecto.Funciones de la mesa directiva (art. 25): b) administrar los bie-nes del partido, rindiendo cuen-ta anual al Consejo General.

*Tribunal Supremo26

Observamos, a partir del paralelo establecido en el cuadro ante-rior, que la Ley de Partidos Políticos fija un solo aspecto con cla-ridad de las dimensiones de análisis establecidas para evaluar los niveles de democratización: la selección de candidatos, de-jando plenas libertades a los partidos de abordar sus métodos de

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selección de candidatos, pero con la propuesta de las instancias regionales. En cuanto a incluir en la toma de decisiones a las minorías sexuales, étnicas y mujeres, incluso agregando el tema de la cuota electoral para mujeres y jóvenes, no está presente en la Ley de Partidos Políticos. Para el caso de los mecanismos de accountability a las autoridades partidarias, salvo rendir cuentas sobre la administración de bienes del partido, y el establecimien-to del Tribunal Supremo, la Ley observa carencias relevantes.

La Ley orgánica de Partidos Políticos no posee instrumentos claros y precisos que ayuden a profundizar la democracia de los partidos, los estatutos de estos, —como veremos más ade-lante—, no contemplan en sus propios aspectos normativos la toma de decisiones con inclusión de minorías —salvo excepcio-nes que contemplan mecanismos de cuotas electorales—, y es-casos mecanismos de accountability. Es importante distinguir la operatividad del Tribunal Supremo, que si bien es una instancia de control, éste no responde a la participación conjunta de la militancia, sino a un determinado grupo de personas escogidas para cumplir con dicha labor, siendo un método poco participati-vo, como se verá en el desarrollo del análisis de casos.

Análisis de los casos escogidos

1. Selección de candidatos a cargos de representación po-pular y de autoridades del partido

1.1. El sistema de elecciones para escoger autoridades del partido: para escoger las autoridades del partido se pue-den clasificar dos grupos al interior de la muestra, parti-dos que escogen a sus representantes y luego generan un Consejo Nacional o Comité Central para escoger a sus autoridades, utilizando el mecanismo de la elección indirecta. En ese sentido, podemos observar tres parti-dos: el PC, la UDI y el PS, y un segundo grupo que posee elecciones directas: el PDC, el PPD y RN.

a) Partidos que presentan mecanismos de elección indirec-ta de autoridades partidarias:

UDI: este partido contempla una estructura territorial que intenta replicar los distritos electorales, propiciándolos por sobre las estructuras comunales. Luego existe la estruc-tura regional y posteriormente la estructura nacional. En todas las estructuras se escogen consejeros que gene-ran la elección de la directiva del distrito. Los consejeros de todos los distritos/comunas que conforman la región escogen la directiva regional, y los consejeros regionales escogen la comisión política y la directiva nacional. Cabe mencionar que existen un grupo de consejeros “históri-cos”, que por el hecho de haber fundado el partido, tienen participación con derecho a voz y voto en el Consejo Na-cional27. Las elecciones se realizan con una periodicidad de dos años. Su estatuto no hace mención de prohibir o reconocer las tendencias o facciones internas. El presi-dente de la Juventud UDI es designado por los adultos. No presenta autonomía en su funcionamiento.

PC: la estructura partidaria contempla núcleos, comuna-les, regionales y ámbito nacional. La instancia máxima del partido es el Congreso, en todos los niveles —co-munal, regional y nacional—, se realizan Congresos que van eligiendo a sus respectivos delegados, quienes re-presentarán a sus militantes en las instancias superio-res. El Congreso determinará el número de miembros

del Comité Central y organismos a elegir, y recogidas las propuestas de candidatos, éste procederá a nominar por votación secreta entre los delegados que no sean can-didatos. Una Comisión Electoral que, de conjunto con la Presidencia del Congreso, ordenará las candidaturas en una lista única28. La Comisión Electoral confeccionará las cédulas electorales y garantizará la votación secreta e informada con el escrutinio abierto ante todos los delega-dos29. La periodicidad de estos Congresos es cada cua-tro años. En su artículo 46, el Estatuto contempla que: “En el interior del partido no se permite la formación de fracciones o tendencias organizadas que vulneran la de-mocracia interna, el libre juego de opiniones y la unidad de acción del Partido”. Los jóvenes funcionan de manera autónoma, pero son incorporados en la Comisión Política del partido y al Comité Central. El procedimiento para escoger a sus autoridades es similar al de los adultos.

PS: la estructura partidaria contempla núcleos, comu-nales, regionales y de instancia nacional. Se presentan candidatos por listas sustentadas en plataformas po-líticas suscritas por los candidatos y cada número de electos se definirá por un sistema proporcional con cifra repartidora, que dará paso al Comité Central Nacional, y otro al Comité Central por la región. Las autoridades unipersonales se generarán indirectamente, esto es por el respectivo colectivo de dirección, entre sus miembros elegidos para la constitución del Comité Central (a nivel nacional solamente se escoge la Directiva a través de esta instancia). Las elecciones se realizan cada 24 me-ses, y la modalidad de votación será de un militante un voto. Cada militante marca sólo una preferencia, por una lista o persona que la componga30. Para los cargos de las directivas comunales y regionales, y para los cargos unipersonales como en los órganos colegiados —directi-vas regionales y comunales—, la votación será directa y se establecerán de la forma que el Tribunal Supremo lo dicte en la reglamentación de elecciones31. En su artícu-lo 51, el Partido Socialista declara que no podrán existir fracciones, sino sólo corrientes de opinión con existencia transitoria y sin disciplina propia. Los jóvenes están re-presentados en la directiva nacional del partido a través del presidente de la JS, y se escoge un número acordado en el estatuto (cinco) de miembros con derecho a voz y voto en el Comité Central. Las elecciones se realizan cada dos años y, a diferencia de las elecciones del Parti-do, estas son de carácter directo. Autonomía estatutaria y en las decisiones.

b) Partidos que presentan mecanismos directos de elección de las autoridades partidarias:

PDC: este partido presenta una estructura burocrática de alta complejidad, generada por la gran cantidad de militancia que existió de antaño, la cual no se refleja en los números actuales. Se observa una estructura comu-nal, provincial, regional y nacional, con figuras interme-dias como la Junta Nacional. De acuerdo al título IV del Estatuto de la Democracia Cristiana, en su artículo 112 dice que las directivas de las bases vecinales serán ele-gidas por simple mayoría de los Militantes, que figuren en el Registro Comunal de Militantes a lo menos treinta días anteriores a la elección32. Para las elecciones de las Directivas de las estructuras de la línea de decisión polí-tica, a nivel nacional, provincial y comunal, los electores

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votarán por lista cerrada, y en aquella que obtuviere la mayoría absoluta de los sufragios, erigirá todos los com-ponentes de ésta33. No sólo existen estos cargos, tam-bién se contempla un Consejo Provincial y un Consejo Nacional, el primero será elegido por los militantes de la provincia en votación universal34. Los Consejeros Na-cionales son 18. Estos serán elegidos por la Junta Na-cional, el proceso es mediante una única cédula con el nombre de todos los candidatos, entre los cuales podrán elegir siete cada uno de los participantes de la Junta Na-cional35. Los Delegados a la Junta Nacional se erigirán por votación universal y directa de los militantes de la respectiva provincia. Las elecciones se realizarán cada dos años. No hace mención a las tendencias/fracciones internas. La JDC tiene participación con derecho a voz y voto en todas las instancias, pero funciona de mane-ra autónoma con sus propios estatutos y reglamento de elecciones. Las formas de elección son similares a las del Partido.

RN: posee estructura comunal, distrital, regional y nacio-nal. La elección de la Directiva Central se hará simultá-neamente en todo el territorio nacional, cada dos años, en listas cerradas, mediante votación directa y secreta por todos los militantes del partido36.La elección de las directivas comunales, distritales y regionales y los Con-sejos Comunales y Regionales del Partido se harán por votación directa y secreta de los militantes37. Las elec-ciones para los consejeros comunales y regionales se harán en listas separadas para cada una de las catego-rías de consejeros. Para ser candidato al Consejo Re-gional se debe postular simultáneamente a la Directiva Regional, Distrital o a Consejero Comunal. Los Conseje-ros en ejercicio deberán ser simultáneamente dirigentes del partido en los cargos descritos anteriormente, al mo-mento de perder el segundo cargo de dirigencia, pierde automáticamente su condición de Consejero Regional. Existen excepciones a esta doble función de Consejero Regional y Dirigente, para los Alcaldes y Concejales. Las elecciones de todos los organismos territoriales o funcio-nales, se presentarán en listas completas y cerradas.38 La votación se hace efectiva cuando alguna de las lis-tas ha alcanzado la mayoría absoluta. No hace mención ni reconocimiento a tendencias/fracciones, tampoco las prohibe. La JRN posee procesos electorales al igual que el Partido y está representada en la mesa nacional.

PPD: Posee una estructura que funciona con divisiones territoriales en comunas, distritos, regiones, y un nivel central o nacional. En el artículo 5 del Reglamento de

Elecciones de este partido se contempla que “todos los organismos políticos cuya elección directa se regirá por este reglamento son, en el nivel nacional, Consejo Nacio-nal, Directiva Nacional y la Mesa Directiva, en el nivel re-gional la Directiva Regional, la Mesa Directiva Regional, la Directiva Provincial o Distrital, la Mesa Directiva Pro-vincial o Distrital, la Directiva y Mesa Directiva Comunal”. El reglamento de elecciones presenta incompatibilidades entre los cargos unipersonales, sin embargo es compa-tible con un cargo colectivo de dirección39. Al igual que el Partido Socialista, el PPD contempla sistemas de ac-ciones positivas en elegibilidad de sus minorías internas, no obstante éste acápite será examinado en la siguiente sección. Para escoger la Comisión Política del partido se utiliza un mecanismo indirecto, en el que los represen-tantes de la Dirección Nacional escogen a los integrantes de este cuerpo colegiado. En su artículo 2, reconoce que podrán constituirse corrientes de opinión formadas por afiliados que compartan criterios políticos comunes, para proponerlos al partido en las distintas instancias institu-cionales y en los procesos electorales internos. La Co-misión de Ética y el Tribunal Supremo velarán para que la actuación de estas corrientes de opinión internas vaya en beneficio del desarrollo del conjunto del partido y se realice dentro del marco ético y estatutario definido.

Existe un límite al ejercicio de los cargos: ningún afiliado podrá ser elegido más de dos veces seguidas en el mis-mo cargo de responsabilidad de la estructura del partido, límite que se aplica a todos los niveles de la organización interna, excepto al cargo de consejero nacional electo40. Se caracteriza por su autonomía, hay elecciones periódi-cas, y los representantes de la JPPD están incluidos en las instancias nacionales.

1.2. Selección de candidatos a cargos de representación po-pular.

a) El estatuto contempla primarias/elecciones

PDC: artículo 120 del estatuto, contempla el sistema de primarias internas para cargos de elección popular. Tie-nen derecho a participar en él sólo militantes, vale decir, el proceso es primarias cerradas. Este sistema regirá para todos aquellos territorios (comunas, circunscripcio-nes, distrito) que superen el umbral o referente fijado por el Consejo Nacional, dos años antes de la elección que corresponda. El umbral electoral es fijado de acuerdo a la media de los votos obtenidos por el partido en la mis-ma elección al mismo cargo. Dicho umbral no podrá ser inferior al cuarenta ni superior al sesenta por ciento de la misma. En los casos en que no supere el umbral fijado, el Consejo Nacional determinará la forma de elección de candidatos al parlamento y la Junta regional hará lo mis-mo para candidatos a alcalde y concejales.

PS: en su artículo 42 Nº 2, se establece que la selección de candidatos a cargos de representación popular se hará en forma democrática por el sistema de voto univer-sal, secreto e informado, en cada una de las instancias que corresponda representar. El mecanismo de elección de candidatos a alcaldes y concejales del Partido será mixto. Constará de: elección de nivel comunal, pronun-ciamiento del Consejo Regional y ratificación por parte del Consejo General o del Comité Central41. El estatuto

Pez, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2004.

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establece requisitos para ser candidato-a: se pide cono-cimiento técnico y político, inserción social, compromiso político con el Partido y que se proponga un programa comunal. Establece límites a la relección, para los cargos de parlamentario, alcalde, concejal o consejero regional, no más de dos períodos consecutivos. Establece, ade-más, que la selección definitiva de candidatos deberá considerar la discriminación positiva establecida para la mujer (30%) y la de jóvenes (15%).

b) Candidatos elegidos mediante proposición de las instan-cias municipales y regionales

RN: El Consejo General contempla dentro de sus facul-tades designar los candidatos a senadores y diputados a proposición de los Consejos Regionales. En caso de que el Consejo General no apruebe los nombres propues-tos, los Consejos Regionales que correspondan, deberán efectuar nuevas proposiciones42. Los Consejos Regiona-les tienen la facultad de proponer al Consejo General la nómina de postulantes de candidatos a senadores y dipu-tados43. El Consejo Comunal propondrá al Consejo Distri-tal la nómina de postulantes a alcaldes y concejales.44

PPD: El Consejo General es el encargado de proponer al candidato a Presidente de la República, nominar a los candidatos a senadores y diputados y resolver el apoyo a candidaturas independientes a proposición de los Con-sejos Regionales.45 El Consejo Regional es quién decide los candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regio-nales46. En su artículo 10, el estatuto establece un límite para la postulación y el ejercicio de todos los cargos de representación popular, que es de dos períodos conti-nuos para Senador y tres períodos continuos para Di-putado, Alcalde, Concejal y Consejero de Gobierno Re-gional. Cumplidos estos períodos el PPD no postulará al afiliado a ser electo en el mismo cargo de representación popular que ostenta.

UDI: es facultad del Consejo Distrital y Comunal proponer al Consejo Regional respectivo postulantes o candidatos a diputados por el distrito electoral que les correspon-da47. Es facultad del Consejo Regional proponer al Con-sejo General postulantes a candidatos a senadores de la región y candidatos a diputados, oyendo en este último caso, al Consejo Distrital o Comunal respectivo, organi-zando las elecciones correspondientes.48 El Consejo Ge-neral, dentro de sus facultades, designa a los candidatos a senadores y diputados a proposición de los Consejos Regionales respectivos. En caso de que el Consejo Ge-neral no los nombres propuestos por ellos, éstos debe-rán efectuar una nueva proposición49. Además, el partido contempla la existencia de carácter permanente de una Comisión Electoral, que evaluará el rendimiento electo-ral de manera constante de las autoridades elegidas por votaciones populares directas, proponer para la apro-bación del Consejo General la nómina de candidatos a Diputados y Senadores, y resolver sobre los candidatos a Alcaldes y Concejales de la UDI. Evaluar la gestión de los Consejeros Regionales y conforme a las normas constitucionales y legales aprobar la nominación de los postulantes a los distintos Consejos Regionales.50

PC: si bien las células, comunales y regionales pueden proponer candidatos a elección popular, en su artículo

27, el Estatuto del Partido Comunista explicita que el Comité Central designa los candidatos comunistas para elecciones populares de trascendencia nacional y aprue-ba los pactos y alianzas para las mismas. Para la elec-ción del candidato a Presidente de la República, debe consultar al conjunto del partido. Podrá organizar tam-bién una consulta partidaria sobre cuestiones políticas trascendentes51. El Comité Central se podrá hacer ase-sorar por organismos técnicos auxiliares de consulta: La Comisión nacional Electoral y la Comisión de Cuadros.

Tabla 2: Resumen Proceso de selección de candidatos a elecciones internas y externas del partido.

1. Mecanismos de selección de candidatos a elec-ciones internas y externas.

Elecciones Directas

PS-UDI-PC Todos los partidos.

1.1 Mecanismos Selección de candidatos a elecciones internas

PDC-RN-PPD

Primarias

Consejo Gene-ral (a proposi-ción de instan-cias regionales y locales)

Acción positi-va de jóvenes

1.2 Mecanismos Selección de candidatos a elecciones Populares

PDC-PS RN-UDI-PC-PPD

PS: 15%

Del dicho al hecho: ¿Cómo funcionan empíricamente las elecciones en los partidos políticos analizados?

Las Elecciones Internas

En relación a las entrevistas realizadas, llama la atención que tanto el Partido Comunista y la Unión Demócrata Independiente, poseen características similares en cuanto a su funcionamiento interno, incluso al preguntar acerca del comportamiento de los militantes en procesos electorales, los entrevistados de ambos partidos declaran que no existen problemas de transparencia en sus elecciones, no obstante, en el PS, el PDC, el PPD y RN, la situación cambia drásticamente. Si bien el PS posee un método de elección indirecta para cargos colegiados, los problemas de transparencia en sus elecciones han terminado dañado la credi-bilidad de los procesos, con el robo de cédulas electorales, robo de urnas, entre otras anomalías registradas. En el caso del PPD, los estatutos declaran amplias posibilidades de competencia po-lítica, posee un sistema proporcional de competencia electoral, pese a ello se han observado incidentes complejos en algunas regiones de Chile, en que la policía ha debido buscar las urnas con los votos escrutados en la casa del presidente comunal, que de manera arbitraria, al ver perdida la elección, decide llevarse a su casa el resultado. En el caso del PDC, las principales denun-cias han sido en torno al abuso de poder, ejercido por algunos alcaldes de este partido que han utilizado la municipalidad para controlar la elección en el plano local.

En el caso de RN, la situación no ha sido diferente, en un proce-so electoral se detectó el procedimiento de “urna móvil”, al mo-mento de realizar la elección a causa de la escasa presencia de votantes. Este proceso consiste en que la urna se sube al interior de un vehículo y, padrón electoral en mano, se decide pasar por cada una de las casas de los militantes de la comuna.

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Para el caso de los jóvenes, la autonomía estatutaria no se re-fleja en las prácticas políticas efectivas, en que los entrevistados declaran que los problemas de los adultos son traspasados a la estructura de las Juveniles. El entrevistado del PPD declara “lamentable ver a las juventudes políticas crecer al amparo de las figuras históricas y tradicionales convirtiéndose así en manos ejecutoras de su gestión más que potenciales liderazgos en el presente y en el futuro”52. El caso descrito anteriormente no sólo se refleja en el ser seguidores de los grandes caudillos del parti-do, sino también en que los procesos electorales de las juventu-des políticas presentan problemas de transparencia, pues están marcados por las mismas prácticas adultas.

El proceso de selección de candidatos a elecciones popu-lares

Todos los estatutos analizados incorporan la posibilidad de pro-poner sus candidatos en instancias descentralizadas, sin embar-go, se observa de manera recurrente la práctica de imponer can-didatos desde la estructura central, este fenómeno conocido en la jerga partidaria como “pasar la máquina”, es muy recurrente en las instancias nacionales, en que los comunales, provincia-les-distritales y regionales, presentan a dicha instancia de discu-sión sus candidatos y estos son modificados, muchas veces de manera abrupta, así, los intereses de los militantes territoriales son vulnerados por sus autoridades. Para el caso de la UDI, el entrevistado declara que se respeta la opinión de las instancias territoriales, y que han formado una estructura de discusión que evita vulnerar y dañar las confianzas. Para el caso del PC, se

declara y asume que es la instancia máxima la que decide. Para los otros cuatro partidos –PPD, PS, PDC, RN–, declaran en sus estatutos formas de selección de candidatos en discusiones de consejos comunales, provinciales, regionales, por ejemplo, en el caso de RN, en el Consejo Nacional se imponen candidatu-ras desde las cúpulas. Para el caso de la PDC, que contempla mecanismos de primarias abiertas, el territorio escoge sus can-didatos, pero no está exento del veto de la estructura nacional. No obstante, al momento de recurrir al proceso de primarias, se entrega una mayor legitimidad al candidato escogido. En el caso del PS, hasta la última selección de candidatos a la elec-ción municipal de 2008 y parlamentaria de 2009, se realizaron en el Comité Central, no obstante, para este último proceso –2012–, primarias internas abiertas en las comunas que tenían más de un candidato socialista. Al no estar reguladas por el SERVEL, nuevamente se observaron acusaciones de falta de transparen-cia en el proceso, asimismo, los requisitos eran bastante com-plejos de cumplir —inscripción de la candidatura con el 5% del padrón electoral apoyando, no sólo con la firma sino también con una copia del Documento Nacional de Identidad—, lo que dejó fuera a una gran cantidad de candidatos en comunas de mayor número de habitantes.

El proceso de selección de autoridades partidarias

Al aplicar el cuestionario a los entrevistados, estos comienzan a describir la forma de elección, sin embargo, cuando se les pre-gunta cómo escogen las diferentes personas para competir en el juego electoral del partido, se observa la presencia de diferen-tes corrientes de opinión, o también llamados lotes/facciones53, particularmente para los partidos PPD, PS, PDC, RN, que han ayudado a canalizar la competencia interna. Si bien el PS y el PPD los reconocen abiertamente en sus estatutos, la PDC y RN no lo hacen. La situación de las corrientes de opinión, o lotes, genera competencia desigual al interior de los partidos, debido a que para competir internamente es necesario pertenecer a uno de estos sectores, y que además posea mucha fuerza para competir, porque los sectores más pequeños tienen escasas po-sibilidades de alcanzar cargos relevantes, salvo si se realizan métodos de alianzas con los sectores mayoritarios. Aun así ob-servamos que los sectores mayoritarios han estado presentes en la dirigencia de los partidos políticos de manera permanente. En el caso del PS, se observa una repetición sucesiva de presi-dentes pertenecientes al sector llamado Nueva Izquierda (NI) y Renovación. De los doce presidentes que se han tenido desde 1990 a la fecha, la NI ha tenido seis presidentes y la Renovación cinco.

RN no posee diferencias de sectores con nombre, y su definición de sectores hace referencia al eje liberal/conservador al interior del partido. De sus directivas internas, se observa que han te-nido desde 1990 a la fecha siete presidentes, en que destaca la Presidencia del partido en manos de Andrés Allamand, con casi nueve años, y la actual presidencia de Carlos Larraín, que asumió el año 2006 y se mantiene hasta la fecha, vale decir, la alternancia en el poder no es algo frecuente en dicho partido.

La UDI y el PC poseen pocos presidentes desde 1990 a la fe-cha, y destacan también amplios períodos en sus presidencias, indicador de estabilidad y también de escasa alternancia. De acuerdo a los entrevistados, en el PC se prohíben las tendencias internas, y el estatuto se respeta; en el caso de la UDI, los entre-vistados mencionaron que no existen tendencias internas, pero sí liderazgos personales que influyen también en los procesos electorales. Para estos procesos, en éste último partido se gene-

Vibraciones, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

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ran listas llamadas de “consenso”, que producen la alternancia del poder, al igual que en el partido Comunista.

Para el caso del PPD y el PDC, destacan amplias cantidades de presidentes, desde 1990 a la fecha, el PPD con 10 y la DC con 12, sin embargo, al igual que el Partido Socialista, en que los nombres que más se repiten son Camilo Escalona y Ricardo Núñez, para el PPD es Sergio Bitar con tres períodos y Guten-berg Martínez con dos períodos. El PPD reconoce en sus estatu-tos la existencia de corrientes de opinión, y funciona con ellas a modo de competencia por el poder interno; en el caso del PDC, si bien no reconoce la existencia de las mismas en su estatuto, cohabitan sectores ampliamente marcados por liderazgos perso-nales, como los colorines, seguidores de Zaldivar —Adolfo que se fue del partido— Freistas, Guatones —seguidores de Martí-nez—, Chascones. Estos son los que más se repiten.El sistema de lotes se traspasa por completo a los jóvenes, para el caso del PPD, PS, RN y PDC.

2. Participación de minorías y sectores sociales subrepre-sentados —mujeres, jóvenes, grupos étnicos, discapa-citados, en el proceso de toma de decisiones en la de-finición programática— estratégica del partido. A este punto se agrega la inclusión mediante cuotas de estas minorías en los distintos niveles del partido.

En general, los partidos de la muestra, realizan el proceso de toma de decisiones en instancias como la Comisión Política, Junta Nacional, Consejos Nacionales. Para incorporar las visio-nes de estos grupos, se establecen, en el caso del PDC, frentes, que se agrupan en torno a temáticas específicas y entregan su opinión sobre éstas. En el caso del PC, se generan Comités, en el caso del PS están las Comisiones, en el Caso del PPD existen las Secretarías Nacionales. La UDI y RN presentan es-tructuras funcionales, no obstante, las discusiones se realizan en instancias formales como la Comisión Política y el Consejo Nacional.

Debido a que los estatutos no plantean formalmente mecanis-mos de inclusión en la toma de decisiones, para efectos de este artículo se ha tomado la decisión de incorporar el análisis de las cuotas o acciones afirmativas, que existen para que algu-nos grupos puedan ser incorporados en los cargos a elecciones internas del partido y en las directivas nacionales, regionales y comunales.

Este sistema de cuotas de género, se encuentra presente y re-gulado sólo en los estatutos del PPD y el PS. La DC, en uno de sus artículos, expresa que es voluntad del PDC, dentro del concepto de igualdad de oportunidades, desarrollar un proceso de incorporación más pleno de las mujeres a las instituciones del país54, tanto en las instancias de decisión política como en las candidaturas a cargos de elección popular. Para ello, ninguna instancia de decisión partidaria deberá estar compuesta por más de un 80% de miembros de un mismo sexo, en conformidad a las normas contenidas en el presente estatuto, en el artículo 105. No obstante, el inciso segundo de mismo artículo expresa que es voluntad del PDC lograr lo anterior sin modificar los resultados de una elección para completar los porcentajes establecidos, sino respetando los resultados electorales. Los jóvenes solo es-tán reconocidos en una cuota al interior del PS.

Las cuotas en el PPD: los mecanismos de acción positiva están descritos en el Título Segundo del Estatuto. El artículo 7 define el principio de igualdad entre los sexos. Establece que ni hom-bres ni mujeres podrán ocupar más de 60% ni menos del 40% de los cargos de representación en los organismos colegiados partidarios y en las candidaturas a cargos de elección popular. El principio se aplicará cuando la o el candidato beneficiado por el mecanismo, haya obtenido al menos la mitad, más uno, de los votos que tiene la o el candidato, que no será electo a pesar de haber recibido mayor votación. En el artículo 8, el estatuto con-templa mecanismo de acción positiva en etnias indígenas para ocupar el 10% de los órganos colegiados del partido, y las can-didaturas a elección popular.

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3.

Las cuotas en el PS: en el Título X, se establecen los distintos mecanismos de integración de las minorías, que, para este par-tido, son consideradas las mujeres, los jóvenes y las personas pertenecientes a etnias indígenas. El artículo 39, Nº2, letra a) el Presidente de la Juventud Socialista será miembro de la Comi-sión Política del partido, b) la Juventud Socialista designará a cinco miembros de su Comité Central para que participen con plenos derechos en el Comité Central del partido; c) los presi-dentes regionales y comunales de la Juventud Socialista partici-parán con plenos derechos en las direcciones regionales y co-munales del partido respectivamente; d) se establece la acción positiva en factor de los jóvenes en un 15%. Para el caso de las mujeres, el artículo 40, Nº 1, establece la existencia de una Vi-cepresidencia de Asuntos de la Mujer, a cargo de una autoridad unipersonal elegida por el Comité Central. En el Nº 4 se estable-ce la discriminación positiva en favor de las mujeres, en la letra a: de la totalidad de los miembros de los organismos colegiados del partido, ninguno de los dos géneros podrá superar el 70% de la composición final del colegiado –establece un 30%–, en su letra b, dice que cada lista de candidaturas deberá aplicar si corresponde el factor de corrección de géneros del 70%, respe-tando el número de electos por cada lista en el resultado final de la elección. El orden final de cada lista se obtendrá considerando el orden de votación interno. En la letra c del mismo artículo, se estable que para asegurar el funcionamiento de esta disposición, cada lista deberá inscribiese con un máximo de un 60% de un género en relación al otro. En el Congreso del año 2011, se es-tableció que la competencia en los cuerpos colegiados llegaría a un 50%, asegurando la composición de las listas con paridad de género, no obstante, al momento de analizar el estatuto, se encontró que está vigente aún el del año 2003. En el caso de las minorías étnicas, habrá una vicepresidencia de Asuntos In-dígenas en las Direcciones Regionales y Comunales de las si-guientes regiones: XV, I, II, VII, IX, X, y Metropolitana. En estas regiones se aplicarán mecanismos de acción positiva a favor de las minorías étnicas en la composición de la Comisión Organi-zadora de Congreso, dentro de un margen de un 5% a un 20%.

¿Cómo se expresa la diversidad social al interior del parti-do?

Al momento de hacer esta pregunta, todos los entrevistados apuntaron a la existencia o no de cuotas electorales, esbozando los conceptos de discriminación positiva y acción positiva. “Javie-ra, cuando tú me hablas de mecanismos de inclusión de mino-rías en los partidos, sólo puedo pensar en las cuotas, y no estoy de acuerdo con ellas”55. La UDI, por principio, declara que todos sus militantes son iguales, por lo que la existencia de cuotas

electorales atentaría contra la igualdad y libertad de competen-cia, quedando descartado este mecanismo. En el caso del PC, los entrevistados declaran que los encargados nacionales de las Comisiones no necesitan ser miembros del Comité Central para estar a cargo de su Comisión, por lo que si eventualmente no hu-biera ningún dirigente indígena, por ejemplo, el Comité Central podría nombrar a uno para tener una política en el tema. Para el caso de RN, se está trabajando en una propuesta de incorpora-ción de las cuotas de mujeres, pero aún no se ha tenido noveda-des al respecto, declaran los dos entrevistados de ese partido.

Algunas cifras interesantes que nos entrega el Servicio Electoral se observan en la Tabla 3, 4 y 4.1, que refieren a la composición de sexos en los partidos políticos, presencia de jóvenes y peack etário de militantes por partido analizado.

Tabla 3: Composición de sexos en la militancia partidaria en Chile

Partidos Políticos Mujeres HombresUnión Demócrata IndependienteRenovación NacionalDemocracia CristianaPartido por La DemocraciaPartido Socialista de ChilePartido RadicalPartido ComunistaPartido HumanistaPartido Movimiento Amplio SocialPartido Ecologista del SurPartido Regionalista Independiente

59,8752,9245,4648,6744,7251,3845,7845,3556,1865,4755,91

40,1347,0854,5451,3355,2848,6254,2254,6543,8234,5344,09

Total 51,9736364 48,0263636

Tabla 4: Distribución de militancia joven por partido y tramo de edad

Grupo etario UDI RN PDC PPD PS PC18-19 años19-24 años25-29 años

0,030,421,43

0,161,272,1

00,61,5

0,040,571,38

0,141,6

2,98

0,90,370,66

Total 1,88 3,53 2,1 1,99 4,72 1,93

Tabla 4.1: Distribución por partido de momento peack de la militancia política

Partido Peack Militancia %afiliaciónUDIRNPDCPPDPSPC

45-49 años45-49 años45-49 años40-44 años45-49 años40-44 años

15,5414,3713,3218,3214,9818,36

De acuerdo a los datos obtenidos en el Informe Partidos Políti-cos preparado por el Servicio Electoral el año 2010, los partidos políticos de la Alianza RN y la UDI poseen una gran cantidad de mujeres, superando el 50% en ambos casos, sin embargo, no poseen leyes de cuotas, para el caso de los partidos PPD, PS y PDC, se observan pocas mujeres, aun cuando ambos partidos poseen una normativa al respecto –especialmente en el caso del PPD y PS–.

En cuanto a los jóvenes, se han ex-plicitado los mecanismos de incorpo-ración de ellos en las estructuras de decisión de los partidos a través de los estatutos, sin embargo de acuer-do a los entrevistados, los rasgos au-toritarios y cerrados de los partidos, han servido de barrera de contención para evitar el ingreso de más jóvenes a la política.

*Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de los datos obtenidos del Informe Partidos Políticos del Servicio Electoral, República de Chile.

*Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de los datos obtenidos del Informe Partidos Políticos del Servicio Electoral, República de Chile.

*Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de los datos obtenidos del Informe Partidos Políticos del Servicio Electoral, República de Chile.

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Si se analizan las candidatas, por ejemplo, para el caso de las Primarias de la Concertación, se presentaron de un total de 336 candidaturas sólo 53 mujeres, en lo que al parecer el principio de igualdad del PPD y el PS no funcionó.

Para el caso de las mujeres parlamentarias, es sabido que solo representan un 14% del Congreso Nacional, no obstante, la UDI es la que posee mayor cantidad de mujeres en el parlamento –seis–, sin embargo, en proporción a la cantidad de diputados que tiene es bastante poco significativo –37–. RN presenta po-cas mujeres, de sus 17 diputados sólo posee dos mujeres. Al interior de la Concertación, de los tres partidos analizados, el PPD presenta cuatro mujeres de sus 18 diputados, mientras que la DC de sus 19 diputados sólo posee una mujer en sus filas, el PS presenta dos de 11 diputados. En el caso del PC, se observa la nula representación femenina en el Congreso.

Existen una serie de estudios que dan cuenta de esta subrepre-sentación de las mujeres en los partidos políticos, y se aducen razones de hostilidad de las estructuras partidarias, en particular a los aspectos informales, como horarios de reuniones en que se toman las verdaderas decisiones, así como la necesidad de travestirse de las mujeres para hacer política.56 y 57

Asimismo, la Corporación Humanas58, describe la entrevista de un dirigente político, que declara la existencia de una subrepre-sentación de las mujeres en los cargos nacionales del partido político, invoca razones tales como que éstas se sienten profun-damente más cómodas en cargos de mayor cercanía a la base social y que demandan menor tiempo, debido a sus tareas fami-liares —plano doméstico— que le impiden participar plenamente en las instancias superiores, también citan razones de escasa preparación para representar a su base de apoyo en las instan-cias superiores, lo que provocaría un cierto temor al momento de ejercer cargos políticos de mayor relevancia.

Para el caso de las minorías sexuales, ningún partido contem-pla dentro de sus estatutos el reconocimiento e incorporación de estos.

En cuanto a los jóvenes, se han explicitado los mecanismos de incorporación de ellos en las estructuras de decisión de los parti-dos a través de los estatutos, sin embargo, de acuerdo a los en-trevistados, los rasgos autoritarios y cerrados de los partidos han servido de barrera de contención para evitar el ingreso de más jóvenes a la política59. Si se analiza con detención la tabla de la militancia juvenil por partido, ésta no se supera el 5% del padrón de afiliados de cada uno de los partidos analizados, lo que refleja la animadversión reforzada por las encuestas de opinión pública y los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud hacia estas instituciones. Es importante destacar que la UDI no genera incentivos orientados a reclutar militantes “formales” en su padrón, de acuerdo a la información proporcionada por el en-trevistado de dicho partido, pues es “muy importante que estos cuadros consigan mantener una imagen de independientes a la hora de competir en las elecciones al interior de las universida-des”60. En la tabla 4.1, se observa el peack etario de la militan-cia en los partidos analizados, vale decir, el tramo etario en que existe una mayor circulación de militancia, y es entre los 40 y 50 años.

Al momento de ser consultados los militantes jóvenes por sus actividades regulares, se plasma la ausencia de una regulari-dad en ellas, destacándose sólo los momentos electorales como principales espacios de convivencia y movilización de militancia.

El militante socialista declara que “el trabajo de las estructuras territoriales, los comunales en muchos casos están prácticamen-te en desuso”. Destacan las actividades de formación —en todos los partidos—, particularmente en la UDI, PC y PS. Y el ámbito en el que más se desenvuelven las actividades de los jóvenes comunistas, socialistas y gremialistas61 es el espacio universita-rio. Destacado fue el liderazgo de Camila Vallejo, líder comunista que condujo desde la Federación de Estudiantes de la Universi-dad de Chile –FECH-, el movimiento estudiantil de 2011.

3. Rendición de Cuentas de los candidatos, cargos públi-cos y autoridades del partido a las bases/accountability partidario.

Este aspecto, tal como lo describe Freidenberg (2006), es el me-nos desarrollado en los estatutos de los partidos políticos chile-nos. La Ley 18.603, describe que el organismo encargado de resolver faltas disciplinarias es el Tribunal Supremo de cada uno de los partidos.

Al interior de la muestra, de los seis partidos analizados, el único que no posee Tribunal Supremo es el Partido Comunista, ya que tiene una Comisión Nacional de Control y Cuadros, que posee las mismas atribuciones que el Tribunal Supremo, salvo la orga-nización y supervigilancia del proceso electoral. El resto de los partidos, replican prácticamente y a cabalidad lo declarado por la Ley 18.603 en su artículo 28.

Este organismo es elegido de manera indirecta en las instancias máximas de los partidos (Congreso, Juntas Nacionales, Conse-

Tarabuqueño 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

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jos Generales, Consejos Nacionales), y asesoran directamente a la mesa directiva.

EL PS en su artículo 52, habla de la Transparencia y responsabi-lidad en la Gestión Direccional del partido. Se contempla levan-tar actas de las reuniones constatando los acuerdos adoptados, y con qué respaldo y oposición se aprobaron o rechazaron, las opiniones previas a los acuerdos, emitidas por los dirigentes que hayan intervenido en la discusión, los nombres de los dirigentes que hubieran aprobado/rechazado/omitido su opinión frente a cada uno de los acuerdos que consten en el acta, sin embargo, al revisar el sitio web de este partido, observamos que no existen estos documentos a disposición pública.

¿Cómo funciona el accountability en los partidos?

Al ser consultados los entrevistados, declararon que no existían mecanismos de control de la base de militantes hacia sus diri-gentes, en general, el control se realiza a través del Tribunal Su-premo. “Realmente, como militante de base, creo que no existe ningún mecanismo directamente para controlar a los líderes del partido. O sea, podrías plantear tu descontento en un ampliado comunal, pero no surte mayor efecto. En un Comité Central, uno de sus miembros podría expresar un voto político de rechazo a la postura que “x” dirigente tomó, pero si es acogida en esa ins-tancia se materializarían resoluciones”62. Los comunistas, por su parte, son proclives a realizar sus descargos en las reuniones de base o dirección, “estos son los lugares para plantear la crítica de las decisiones que en el partido deben tomarse colectivamen-te. Esto es en función de los principios del centralismo democrá-tico”63. Para el caso de la UDI, dependiendo materia en cuestión, los militantes pueden pedir quince minutos para exponer en la sesión de la Comisión Política, y generar una acusación directa sobre algún tipo de postura del partido que cause oposición, o para generar descargos sobre algún dirigente nacional. Para el caso de los dirigentes regionales, provinciales, distritales y co-munales, se generan los descargos en dichas instancias terri-toriales. El entrevistado, además, contó un episodio importante. Para esta elección municipal, se re evaluó a nivel del partido la alianza con RN, entonces se realizó un escrutinio a toda la mili-tancia del Partido con el objetivo de consultar la decisión de ir a los próximos comicios con RN. La decisión fue aceptada por el 80% de la militancia.

De acuerdo a la historia política reciente, se ha observado que la figura del Tribunal Supremo ha servido para ejercer un indebido control de la disidencia interna. Conocidos son los casos de Jor-ge Schaulsohn en el PPD, Adolfo Zaldivar en el PDC y, el más reciente, Manuel José Ossandón, quien ya fue advertido a través de la prensa sobre una posible acusación al organismo por sus constantes críticas al Gobierno de Sebastián Piñera.64

Conclusiones

La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos 18.603, que regula el funcionamiento de los partidos en Chile, entrega un escenario de escasa regulación de estos organismos, generan-do plenas libertades en el actuar de éstos, particularmente en el proceso de selección de sus autoridades internas. Los avances en materia de discusión política en Chile, han ido acompañados de una serie de reformas orientadas a corregir ciertos aspectos críticos de la democracia chilena. Es así como se aprobó la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, y recientemente, la Ley de Elecciones Primarias, cuya característica principal es la voluntariedad y su vinculación directa, que legitima este proceso

de selección de candidatos al interior de los partidos. Si bien, aun cuando esta Ley no ha sido promulgada, y al término de este estudio, sólo se ha podido trabajar con el Mensaje Presidencial Nº 119-359, de 05 de septiembre de 2011, se observan impor-tantes avances. La normativa destaca el papel relevante del Ser-vicio Electoral, quienes serán instruidos por el Consejo General de cada partido –o coalición–, sobre las características técnicas de la elección: particularidad de la primaria –abierta o cerrada–, quórum, fecha de cierre del padrón electoral de votantes, confec-ción de las cédulas electorales, etc. Este es un importante avan-ce, puesto que en las últimas elecciones primarias municipales, hubo acusaciones cruzadas sobre la falta de transparencia del proceso electoral. Un caso parecido ocurrió en las primarias del año 2009, en donde la normativa del proceso quedó a discreción de la coalición, situación que afectó la credibilidad del ejercicio. Este hecho podría ser una de las múltiples causas del fracaso de la Concertación en las últimas elecciones presidenciales.

Pese a haber establecido una regulación del proceso de selec-ción de candidatos a elecciones populares, esta Ley de Prima-rias afectó en nada la Ley de Partidos Políticos, por lo que se mantiene la ausencia de regulación al respecto. Es de esperar que se sigan repitiendo arbitrariedades en el proceso electoral de los partidos, con anomalías tales como las “urnas móviles”, los robos de votos, y las separaciones territoriales arbitrarias. Es significativo fortalecer desde la perspectiva del Estado a los partidos políticos, velar por la transparencia y la participación de toda la militancia.

La Ley de Primarias regula el proceso de selección de candida-tos, pero no las nominaciones de éstos ya que todavía presentan dudas. Si bien, tanto la Ley de Partidos Políticos como la Ley de Primarias, obligan a tomar en consideración las alternativas propuestas por los territorios, lamentablemente hay espacios no regulados en la discusión partidaria, en que reiteradas veces se imponen candidaturas desde las cúpulas, afectando el clima al interior de los mismos territorios. Por otro lado, los candidatos propuestos responden por lo general a lógicas de sectores/fac-ciones/lotes internos, y no a la voz y opinión del territorio.

Se desprende de este análisis que, debido a las complejas es-tructuras presentadas por los partidos y la falta de regulación de los mismos, los dirigentes políticos pierden mucho tiempo en el control del partido en términos orgánicos, dejando muchas veces fuera la discusión política. En este sentido, los Partidos Políticos se encuentran poco sincronizados con los ciudadanos, llegan tarde a las discusiones políticas, y son otros los agentes que ge-neran opinión sobre aspectos de la vida social y política del país.

En esta línea se aprecian los Think Tanks –Centros de Estudio–, que han forjado importantes avances en materia de construcción de opinión pública, apoyando la labor de los parlamentarios por sobre la función propia de los partidos políticos. Carlos Huneeus, en 1999, advertía que al debilitarse la capacidad de los partidos políticos de cumplir sus funciones, las consecuencia serían las anomalías en el sistema político, generando vacíos que comien-zan a ocupar otros agentes e instituciones, Huneeus nos hace referencia a los procesos de personalización de la política –fenó-meno que está de moda por estos días, en que todos los candi-datos quieren o aparentan ser independientes–, lo que dificulta la regulación del conflicto, puesto que es muy complejo dilucidar los actores y su alcance en el sistema. Consecuencia negativa, además, para los electores, puesto que no tienen claridad a qué partido/coalición pertenecen los candidatos que aspiran a repre-sentarlos. El autor plantea que estos actores “se ven empujados

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por presiones inmediatistas que responden a demandas de los individuos o grupos de interés y también provoca una mayor in-tervención de los grupos de interés y de los empresarios en la toma de decisiones públicas”.65

A continuación, en la tabla 5, se describe, a modo de resumen, los niveles de cumplimiento de las dimensiones de democracia partidaria interna, analizada en el transcurso de este documento.

Tabla 5: Análisis del cumplimiento de las dimensiones de la demo-cracia interna para los partidos de la muestra

Dimensión de Análisis UDI RN PDC PPD PS PC

Selección de candidatosElecciones Internas

Indi-rectas

Direc-tas Directa Directa Indi-

rectaIndi-recta

Elecciones Populares

Indi-rectas

Indi-recta Directa Indi-

recta Directa Indi-recta

Incorpora-ción de mi-norías en las decisiones del partido (cuotas)Jóvenes No No No No Sí NoGénero No No No Sí Sí NoAccounta-bility de las Autoridades del partido

No No No No No No

Se observa, al igual que en la Ley 18.603, que se encuentra muy regulado el proceso de selección de candidaturas internas y populares del partido. Por su parte, la dimensión orientada a es-tablecer la inclusión de las minorías en la toma de decisiones del partido, se encuentra incluida sólo en dos partidos. En relación a la última dimensión, el accountability no se encuentra regulado en ningún partido político. Estos datos permiten concluir que los partidos políticos chilenos no son democráticos en su funciona-miento interno.

Para mejorar la democracia de los partidos, en primer lugar es de suma relevancia tomar en cuenta a su militancia de base, puesto que es el capital del partido. Más allá de las elecciones, los partidos políticos carecen de actividades y ámbitos de mili-tancia institucionalizados con funcionamiento regular66. Las es-tructuras nacionales parecen distantes, y las convocatorias a las reuniones se realizan en torno a temáticas específicas relaciona-das con las coyunturas electorales. Tal como declaró el militante del PDC, este partido se encuentra en un proceso de reformula-ción de su estatuto, ya que la organización es extremadamente compleja, debido a la gran cantidad de militantes que existía en un momento dado, sin embargo, hoy hay muchos cargos dispo-nibles y poca gente que los ejerza. Se observan declaraciones similares en los otros militantes de los partidos políticos.

“La presencia de una brecha muy significativa en el número de afiliados que los líderes partidarios declaran tener en sus padro-nes (en el entrono a los 100.000), y las estimaciones que reali-zan respecto al número de militantes realmente activos (entre 5.000 y 2.000) provee claros indicios respecto de las diferencias entre la institucionalidad formal y la realmente existente”.67

Las autoridades partidarias deben estar sujetas no sólo al control de cuadros o disciplina mediante la figura del Tribunal Supremo, que, como se dijo anteriormente, ha servido para controlar la disidencia partidaria y no la disciplina propiamente tal. Los diri-gentes políticos, si se comprometieran con la democratización interna de los partidos políticos, podrían rendir cuentas de su gestión política anualmente, y hacerse responsables de las pos-turas que toman con respecto a determinadas decisiones políti-cas que han generado un profundo descontento en su militancia. El militante de base debe sentirse participe del proceso político, y debe tener una capacidad concreta de premiar/castigar a sus dirigentes. Camilo Escalona, por ejemplo, contradijo con mucha fuerza una de las conclusiones tomadas en el último Congreso del Partido Socialista, que proponía una Asamblea Constituyente como método de cambio constitucional, no obstante, éste opinó lo contrario, y hasta el día de hoy ningún militante ha levantado cargos en su contra o ha esbozado la sola idea de enviarlo al Tribunal Supremo.

En el caso de la incorporación de la diversidad social al interior de los partidos políticos, la realidad demuestra que, por ejemplo, no existen políticas de pro-integración en los espacios formales de representación —mesa directiva, consejo nacional, etc.— en ninguno de los partidos políticos, ya sea por causas ideológicas —en el caso de la UDI— o por simple descuido de las autorida-des partidarias. Es importante que los partidos den cuenta de la diversidad social que posee el Chile actual, y generen descentra-lización no sólo en la definición de las candidaturas, sino también en las posturas políticas de los temas de interés público. Los sistemas de discusión política parecen circunscritos a una élite determinada, que se reúne semanalmente a discutirlos, hacien-do que los militantes tomen distancia de las posturas oficiales del partido. Las mujeres, en esa lógica, han sido las más afectadas, a causa de los horarios en que se discuten los temas políticos, primando la presencia masculina en todos los ámbitos, como ocurrió con el escaso número de mujeres que compitieron en las Primarias Municipales de la Concertación el año 2012.

La democracia partidaria fluctúa entre la representación y la par-ticipación. Así como existen hoy en día fórmulas para poder ge-nerar una política más participativa, por ejemplo, a nivel local o regional, es importante considerar ampliar estos aspectos para los políticos, asimismo, el Consejo Para la Transparencia, ins-titución que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile, podría ayudar a generar una agenda de transparencia para los partidos políticos chilenos. La Ley de Acceso a la Información Pública contempla una serie de disposiciones que exigen publicar en los portales web a los diferentes organismos de la Administración del Estado, tal vez sería importante generar una disposición para los parti-dos políticos, en donde se les exija publicar su estatuto de fun-

Es importante que los partidos den cuenta de la diversidad social que posee el Chile actual, y generen des-centralización no sólo en la definición de las candidaturas, sino también en las posturas políticas de los temas de interés público.

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cionamiento —para esta investigación hubo dos estatutos que fueron muy difíciles de encontrar, el de la UDI y el PC—. Asimis-mo, es importante publicar las votaciones en el Congreso, para que la militancia y la ciudadanía sepan qué están votando sus representantes. Existe en el Congreso un resumen de las vota-ciones por parlamentario, sin embargo muy pocos conocen esta información. Para ello, los partidos deberán poner a disposición la mayor cantidad de información referida a sus dirigentes, sus discusiones internas y, por su puesto, sus actividades.

Los resultados de este trabajo entregan luces para que el Esta-do pueda enriquecer la normativa actual de Partidos Políticos. La Ley 18.603 es insuficiente. Es importante considerar que la nueva normativa contemplará los aspectos analizados para for-

talecer los partidos políticos. No sólo la regulación de los parti-dos políticos es importante sino también su financiamiento. Si el objetivo es generar un sistema de financiamiento público para la política, será importante que los partidos funcionen con norma-tivas más exigentes que puedan asegurar la completa participa-ción de los militantes, la incorporación de las minorías y, por su puesto, la mayor transparencia en sus procesos electorales y de-cisionales. De esta manera, los partidos políticos podrán mejorar sus formas de representación y obtendremos como resultado fi-nal, un mejor desempeño de la democracia chilena.

Javiera Arce Riffo Licenciada en Ciencias Políticas y

Gubernamentales, Universidad de Chile.

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1 Centro de Estudios Públicos: Encuesta CEP julio-agosto de 2012.2 Fuente: Servicio Electoral, www.servel.cl 3 Diario Ciudadano El Naveghable: Entrevista a Alberto Mayol, sociólogo, acadé-

mico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 01 de no-viembre de 2012.

4 Instituto Nacional de la Juventud: “Quinta y Sexta Encuestas Nacionales de la Juventud”. Santiago de Chile. 2006 y 2012. Estudios disponibles en: http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/ .

5 Thezá, Marcel: “Notas de investigación sobre juventud, cultura y educación: el relato de los actores”. Texto en borrador. 2012. Pág. 11.

6 Thezá. Op. Cit. Pág. 11.7 Díaz-Tendero, Eolo y Salinas, Sergio: “Conflictividad, acción pública y orden le-

gítimo. Paradojas de la democracia chilena contemporánea”. Revista Persona y Sociedad volumen XVIII Nº 1. Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, 2004. Pág. 185.

8 1 Manuel Antonio Garretón, “Las revanchas de la democratización incompleta” (1999), y “La transición chilena. Una evaluación provisoria” (1991). Pág. 9-12.

9 Siavelis, Peter M: “Enclaves de la transición y democracia chilena”. Rev. cienc. polít. (Santiago) [online]. 2009, vol.29, n.1 [citado 2012-11-28], pp. 3-21. Dis-ponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2009000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-090X. doi: 10.4067/S0718-090X2009000100001.

10 Lechner, Norbert: “Las Sombras del Mañana, la dimensión subjetiva de la Políti-ca”. Editorial LOM. Santiago de Chile, 2002. Pág. 26.

11 Lechner: “Modernización y democratización en Chile, un dilema del desarrollo chileno”. Centro de Estudios Públicos. Serie Estudios Públicos, otoño 1998. Pág. 238.

12 Morlino: Leonardo: “Political parties and democratic consolidation”. Pág. 315-316.

13 Pasquino, Gianfranco: “Los partidos políticos y la democracia en relación con América Latina”. Universidad de Bologna y SAIS-Centro John Hopkins Bologna. 23 de febrero de 2001. Pág. 1.

14 Díaz-Tendero, Eolo y Salinas Sergio. Op cit. Pág. 183.15 INJUV: “Sexta Encuesta Nacional de la Juventud”. Santiago de Chile, 2010. Dis-

ponible en: http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/

16 Corporación Latinobarómetro: “Informe”. Santiago de Chile 2011. Disponible en www.latinobarómetro.cl

17 Freidenberg, Flavia: “La democratización de los partidos políticos: entre la ilusión y el desencanto”, en Thompson, José y Sánchez, Fernando (ed): “Fortalecimien-to de los partidos políticos en América Latina: Institucionalización, democratiza-ción y transparencia. San José de Costa Rica: IIDH. 2006. Pág. 2.

18 La institucionalización de los partidos políticos, para efectos de este trabajo, con-siderara los siguientes aspectos: la interacción del partido con el Estado, los orígenes del partido, sus grados de fraccionalismo (factionalism) y los grados de clientelismo y patronage. Dimensiones de análisis tomadas a partir del texto del Profesor Miguel Ángel López: “Gobernabilidad y democracia en América Latina. La Institucionalización partidaria.” (2008).

19 Flavia Freidenberg. “¿Qué es la democracia interna? Una propuesta de redefini-ción conceptual” La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario. Ed. Reynoso Núñez, José y Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio. México, DF: Instituto Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009. 277-295. Available at: http://works.bepress.com/flavia_freiden-berg/54

20 Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op. Cit. 283.21 Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op Cit. 283.22 Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op Cit. 283.23 Freidenberg, ¿Qué es la democracia interna? Op Cit. 284.24 Bobbio, Norberto: “El Futuro de la Democracia”. Fondo de Cultura Económica.

México, 1984.25 Müller, Gonzalo: “Democracia interna y selección de autoridades”, En Fontaine,

Arturo, Larroulet, Cristián, Navarrete, Jorge, Walker, Ignacio (Editores): “Reforma de los partidos políticos en Chile”. Programa de Naciones Unidas para el Desa-rrollo, Santiago de Chile. 2008.

26 El artículo 28, letras c y d de la Ley de Partidos Políticos, contempla este organis-mo para la reclamación de actos violatorios de los principios del partido por parte de sus autoridades y para el conocimiento de denuncias en contra de miembros del partido o contraactos cometidos por las autoridades partidarias. En ambos casos se aplicarán medidas disciplinarias.

27 Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Texto Refundido Estatutos y Re-glamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

28 art. 72, Estatuto Partido Comunista de Chile.29 art. 74, Estatutos del Partido Comunista de Chile.30 Art. 43, Estatutos del Partido Socialista de Chile. 31 art. 46, Estatutos Partido Socialista de Chile.32 art. 112, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.33 art. 114, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.34 art. 116, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.35 art. 118 inciso 2, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.36 art.54, Estatuto Partido Renovación Nacional.37 art. 56, Estatutos Partido Renovación Nacional.38 art. 59, Estatutos Partido Renovación Nacional.39 art. 7, Estatutos Partido Por la Democracia.40 art. 9, Estatutos Partido Por la Democracia.41 art. 42 Nº 3, Estatutos Partido Socialista de Chile.42 art. 35, letra c, Estatutos Partido Renovación Nacional.43 art. 29, letra a, Estatutos Partido Renovación Nacional.44 art. 20, letra d, Estatutos Partido Renovación Nacional.45 art. 14, Estatutos Partido Por la Democracia.46 art. 32, Estatutos Partido Por la Democracia.

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47 art. 18 letra d, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

48 art. 25 letra c, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

49 art. 3, letra c, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones Partido Unión Demócrata Independiente.

50 art. 48, letras a, b, c, d, Texto Refundido Estatutos y Reglamento Interno de Elec-ciones Partido Unión Demócrata Independiente.

51 art. 27, Estatutos Partido Comunista de Chile.52 Entrevista joven militante PPD. 25 de noviembre de 2012. 53 De acuerdo a Beller y Belloni (1978), una facción se refiere a todo grupo organi-

zado existente dentro de una organización mayor, en este sentido, una facción política sería un grupo existente dentro de un partido político. En base a lo ante-rior, Beller y Belloni (1978) desarrollan “… una subclasificación que distingue tres tipos “modales” de facción: a) “Factional cliques” o tendencias: grupos compues-tos por individuos que tienen un interés en común (ideológico, de política pública o material), pero que no está muy organizados para conseguir ese objetivo; b) “Cliente group factions” o facciones personales: son grupos que efectivamente tienen una organización y cuyos miembros son reclutados por líderes que ejer-cen un dominio personal sobre el grupo (además de mantenerlo), y c) “Facciones institucionalizadas”: son las que han desarrollado una estructura organizativa y un grado relativamente alto de burocratización” (Gamboa y Salcedo, 2009: 669-670). Por otra parte, tal como advierte Lomnitz (2002), al interior de los partidos políticos se van dando cohortes o redes de amigos generacionales, en las cuales surgen líderes que buscan trascender sus redes primarias y pueden generar ciertas fisuras dentro del partido, el resultado de lo anterior es el surgimiento de facciones integradas por un número limitado de personas y que pueden: a) escin-dirse y convertirse en nuevos partidos; b) aliarse con otros partidos; o c) mante-nerse en el tiempo. Este fenómeno resulta típico en la cultura política chilena de acuerdo a Lomnitz (2002), en esta línea, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Socialista (PS) son a los que más se les ha atribuido estar marcados por la presencia de fuertes grupos internos (Gamboa y Salcedo, 2009).

54 Art. 105, Estatutos Partido Demócrata Cristiano.55 Entrevista militante Demócrata Cristiana, 20 de octubre de 2012.

56 María de los Ángeles Fernández: “Partidos e inclusividad de género en Chile: una asignatura pendiente para la Concertación”. Seminario Andino: Perspectivas programáticas en los desafíos que enfrentan los partidos y organizaciones políti-cas. 15 y 16 de noviembre de 2010. Quito Ecuador.

57 Aedo, Marcela y Arce, Javiera (2012): “Calidad de la Democracia en Chile y Re-presentación Política de las Mujeres: Primarias Municipales 2012”. Trabajo pre-sentado en el Congreso De Mujeres. Universidad Austral de Chile.

58 Corporación Humanas (2011): “Representación social de las mujeres en los parti-dos políticos y medios de comunicación en Chile”. Santiago de Chile. Resultados y Algunas Conclusiones: Estudio 1 “representaciones de género y participación de las mujeres en los discursos y prácticas de los partidos políticos chilenos”. Santiago de Chile, 2011. Pág. 26.

59 Entrevista a militante de la Juventud Socialista de Chile. 25 de noviembre de 2012.

60 Entrevista a militante Unión Demócrata Independiente. Octubre de 2012.61 Término acuñado también para los militantes UDI.62 Entrevista realizada a militante PS. Octubre de 2012.63 Entrevista realizada a militante PC. Noviembre de 2012. 64 Diario La Tercera: Labra y Ferraro. “Ossandón fija cita con críticos RN para refor-

zar opción senatorial”. 30 de septiembre de 2012. Pág. 3. 65 Huneeus, Carlos: “Problemas de Institucionalización de los Partidos Políticos en

una Nueva Democracia. El caso de Chile”. Revista de Ciencia Política, volumen XX, Nº 1. 1999. Pág. 34.

66 Luna, Juan Pablo y Rosenblatt, Fernando: “¿Notas para una autopsia? Los par-tidos políticos en el Chile actual. CIEPLAN. Santiago, Chile 2012. Pág. 30.

67 Luna, Juan Pablo y Rosenblatt, Fernando: “¿Notas para una autopsia? Los par-tidos políticos en el Chile actual. Op cit. Pág. 30.

Tarabuqueño, Jorge Dávalos, acuarela, 2002.

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Jimena Avejera U

en el contexto de una nueva regulación de

Sin título, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2009.

Jóvenes y política

organizaciones políticasorganizaciones políticas

La juventud boliviana, aunque recibe cada vez más atención, tradicionalmente se ha caracterizado por te-ner un papel marginal en la legislación boliviana, en la agenda política y en las prácticas cotidianas del Esta-do y la sociedad, regidas por lógicas adulto-centristas.

Actualmente, gracias al trabajo permanente de organizaciones juveniles y a la creciente conciencia pública sobre el potencial de este sector poblacional en los ámbitos político, social, econó-mico y cultural, se registran algunos avances. Uno de ellos es la visibilización de la juventud en la nueva Constitución Política del Estado, ausente en la anterior carta magna, otorgando un mar-co para que el resto de la legislación se desarrolle tomando en cuenta criterios generacionales. Asimismo, el anteproyecto de Ley General de Juventudes está siendo discutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se estima que próximamente entrará en vigencia. Dicha ley constituirá otro importante avance, puesto que, además de reconocer derechos y deberes específicos de las juventudes, brinda el marco para la generación de políticas públicas directamente orientadas a dicho sector y establece el andamiaje institucional requerido para tal efecto. No obstante, hay todavía desafíos pendientes en términos de la incorporación y participación activa de las y los jóvenes en los asuntos públicos del país. En efecto, queda aún camino por recorrer en la trans-formación de estereotipos que identifican a la juventud como una etapa problemática, así como en la superación de la enorme brecha entre lo que establecen las normas y su implementación efectiva, entre otros elementos. Estos retos no son exclusivos para Bolivia, sino que se presentan en, prácticamente, todos los países de América Latina.

Actualmente, se encuentra en etapa de diseño la nueva ley de organizaciones políticas, que reemplazará la Ley de Partidos Po-líticos vigente desde 1999. Los desafíos para la construcción de esta norma son diversos; no solamente se deberá adaptar el fun-cionamiento de tales organizaciones a la nueva institucionalidad estatal y hacer tangible una de las dimensiones de la democra-cia intercultural —la articulación y complementariedad entre las democracias representativa, participativa y comunitaria—, sino que también será clave en la recuperación de la legitimidad y credibilidad de las organizaciones políticas en el seno de la so-ciedad. Son varios los académicos y analistas que coinciden en que, un elemento clave para lograr que esto último sea posible, es contar con partidos con estructuras fortalecidas y altamente democráticas. La democracia interna, con una efectiva inclusión y participación de sectores tradicionalmente marginados —entre los cuales se encuentran los jóvenes—, será entonces un aspec-to crucial. Así, en el marco de la nueva ley deberá discutirse en qué proporción y de qué manera se puede asegurar una mayor y mejor participación de las juventudes en las organizaciones políticas, lo que podría representar a su vez un nuevo y relevante avance en el involucramiento efectivo de los jóvenes en la vida política del país.

En este contexto, el propósito del presente documento es poner sobre la mesa algunos elementos para debatir la participación de los jóvenes en las organizaciones políticas en el marco de la nueva ley, partiendo de lo que existe actualmente, tanto en términos normativos como prácticos.

En primera instancia se dará una mirada al marco legal existen-te en relación con la juventud, en especial lo vinculado con la participación política, con algunas referencias a lo que ocurre en la práctica; posteriormente, se expondrán los principales temas que merecen ser discutidos en el marco de la nueva ley de orga-nizaciones políticas en cuanto a los jóvenes se refiere, para con-

cluir con reflexiones más amplias sobre la participación política de los jóvenes en Bolivia.

Jóvenes en Bolivia: una mirada al marco legal existente

La aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) ha representado un avance en términos del reconocimien-to y la incorporación de los y las jóvenes en la normativa bolivia-na. En la anterior carta magna la juventud estaba prácticamente invisibilizada; solamente se hacía mención a la adquisición del estatus de ciudadanía a partir de los 18 años y se establecían las edades mínimas para postular a cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado. Algunos artículos se referían a los de-rechos de los “menores de edad”, pero no existían menciones relacionadas con asuntos económicos (empleo juvenil por ejem-plo), sociales (como la salud) o políticos (participación de los jó-venes en los asuntos públicos), más allá de lo señalado antes con respecto a la ciudadanía (Murillo, 2006). La actual CPE hace referencias directas o indirectas a los jóvenes en más de una veintena de artículos, en los cuales, entre otros elementos, se especifican sus derechos sociales, políticos, económicos y cultu-rales. El artículo 14 prohíbe toda forma de discriminación, inclu-yendo la edad; en el número 15, el Estado se compromete con la prevención, eliminación y sanción de violencia de género y generacional; el artículo 23 norma asuntos judiciales referidos a los jóvenes; el 48 se refiere a la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo. A partir del artículo 58, se hace referencia a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, como ser el derecho a la identidad, a la protección, al desarrollo integral, al acceso a la justicia (Arts. 58, 59, 60, 65), el rechazo a la violencia y al trabajo forzado (art. 61), el derecho a la educación (81 y 82, 85), entre otros elementos.

Específicamente en lo que a temas políticos respecta, se esta-blece el derecho a sufragar a partir de los 18 años (Art. 26); el derecho de participación de las y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural (Art 59, núm. V); el ejercicio de la ciudadanía a partir de los 18 años, entre otros posibles. Además, en la nueva Constitución se disminuyen prácticamente todas las edades mínimas necesarias para pos-tularse a cargos jerárquicos de los diferentes órganos estatales: actualmente se puede presentar una candidatura para la Asam-blea Legislativa Plurinacional a partir de los 18 años (Art. 149), mientras que en la anterior CPE se establecía un mínimo de 25 años para Diputado y 35 para Senador; una persona se puede presentar hoy, como candidato a Presidente o Vicepresidente del Estado, a partir de los 30 años (Art. 167), antes recién a partir de los 35, y lo mismo sucede con la postulación como Defensor/a del Pueblo (Art 221); hoy se requieren 30 años para la mayoría de los cargos jerárquicos del Órgano Judicial Plurinacional (Art. 182, 194, 207, etc.) y antes, mínimamente 35. De igual manera,

En efecto, queda aún camino por recorrer en la transformación de estereotipos que identifican a la juventud como una etapa problemática, así como en la superación de la enorme brecha entre lo que establecen las normas y su im-plementación efectiva, entre otros elementos. Estos retos no son exclusivos para Bolivia, sino que se presentan en, prácticamente, todos los países de América Latina.

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se demanda un mínimo de 21 años para ser Alcalde o Alcaldesa (Art. 285); 25 años para Gobernador/a (Art.285) y 18 años para ser candidato/a a los concejos municipales y a las asambleas departamentales (Art. 287), mientras que antes se demandaba un mínimo de 21 años para poder ser concejal.

De igual manera, la nueva CPE asigna competencias en relación con la juventud a gobiernos subnacionales: departamentales (Art. 300) y municipales (Art. 302).

Ciertas leyes se encuentran en sintonía con el marco prescrito por la nueva Constitución, mientras que otras no. Algunas de las normas vigentes que contienen artículos referidos de manera directa o indirecta a la juventud, son la Ley de Educación Ave-lino Siñani y Elizardo Pérez, que se refieren a los derechos y a la educación de los jóvenes; la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, señalando en el artículo 62 que “los estatu-tos autonómicos y cartas orgánicas municipales deben contener un régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad”; la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación indica en el artículo 5, que se promue-ve la equidad generacional, entendida como “el reconocimien-to y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”, en el artículo 6 se menciona el rechazo y el compromiso con la prevención de la discriminación generacional, y en el artículo 7 se menciona la conformación de la Comisión contra toda forma de discriminación, que incluye a organizaciones defensoras de los derechos de la juventud, entre otras. Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente rige para personas hasta los 18 años de edad y “excepcionalmente para personas entre los die-ciocho y veintiún años de edad” (Artículo 2). En lo que respecta específicamente a la participación política de los jóvenes, además de algunas de las normas ya señaladas, es necesario mencionar a la Ley de Partidos Políticos, que próxima-mente será reemplazada por la nueva ley de organizaciones polí-ticas, la Ley del Régimen Electoral y la Ley del Órgano Electoral.

En la Ley de Partidos Políticos de 1999 (reformada en 2001 y 2005 dos veces), que todavía se encuentra vigente, en el ca-pítulo de estructura y organización de los partidos políticos se establece como principio básico el rechazo a “toda forma de discriminación, sea de género, generacional y étnico-cultural.” (Art. 13 numeral 4). Asimismo, el artículo 15 obliga a los parti-dos a adoptar un Estatuto Orgánico que, entre otros elementos, contenga los “derechos de las organizaciones juveniles que in-tegren el partido” (numeral V). El artículo 16, por su parte, se refiere específicamente a la participación de la juventud en los partidos: “Los partidos políticos promoverán, en todas sus ins-tancias, la participación efectiva de los jóvenes (…) Se integrará efectivamente a los jóvenes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, reconociéndoles una categoría especial para la formación cívica, ciudadana y de nuevos liderazgos”.

Por otra parte, en la Ley de Régimen Electoral se establece que todas las personas mayores de 18 años de edad deben ser in-cluidas en el Padrón Electoral. Se señala que esta ley “regula el ejercicio de la democracia intercultural”, pero no se menciona a los jóvenes como sujetos de la misma.

La ley del Órgano Electoral establece que, entre las funciones de dicha entidad, se encuentra la de “regular y fiscalizar el funciona-

miento de las organizaciones políticas de alcance nacional para que se sujeten a la normativa vigente y a su Estatuto Interno, especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como de las condiciones, exigencias o requisi-tos de género y generacionales” (Art. 29).

En cuanto a normas específicas para la juventud, solamente existen el Decreto Supremo nº 25290 de 1999 sobre derechos y deberes de la juventud y el Decreto Ley Nº 07301 de 1965, en el que se declara el mes de septiembre de cada año “Mes de la juventud boliviana” (Ministerio de Justicia, 2012). El D.S. 25290 puede considerarse obsoleto dado que replica derechos consignados en la anterior Constitución adaptados a los jóvenes (Scotto, 2002), y, además, cataloga a la juventud como “un grupo generacional vulnerable, sujeto a significativos cambios en los ámbitos bio-psicosociales de sus vidas, con características y de-mandas específicas” (D.S. 25290, “Considerando”), reforzando el estereotipo de “etapa problema”.

En general, y a pesar de los avances anteriormente señalados, se puede ver que la efectiva inclusión de los jóvenes en la nor-mativa nacional es aún limitada; en varios casos los temas de ju-ventudes están subsumidos en los genéricos asuntos generacio-nales, sin que haya un abordaje específico. Además, en las cada vez más frecuentes menciones en las leyes de la democracia intercultural, no se incluye a los jóvenes como actores de la mis-ma. No obstante, los avances constitucionales brindan el marco general como para que se vaya mejorando progresivamente.

Uno de los avances sustantivos será la promulgación de la ley de juventudes, que se encuentra en la agenda pública desde hace más de una década, y que fue recientemente aprobada en gran-

Colonizador de sueños, Jorge Dávalos, ilustración, 2012.

and miosa 105

de por la Cámara de Diputados. Esta norma tiene como base la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes de la Organización Iberoamericana de la Juventud, ratificada por Bolivia en 2008 (Minsterio de Justicia, 2012). Esta Convención reconoce a los “jóvenes como sujetos de derechos, actores es-tratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer respon-sablemente los derechos y libertades que configuran la conven-ción”. Entre otros elementos y en cuanto a aspectos políticos se refiere, el documento señala que los jóvenes tienen derecho a la participación política (Art. 21), y que los Estados firmantes se comprometen a impulsar medidas que hagan efectiva dicha par-ticipación; se señala en el mismo artículo que “los estados Par-te promoverán medidas que, de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos” (Art. 21 Núm. 3). Igualmente se establece el involucramiento de los jóvenes en la formulación de políticas públicas referidas a la juventud. En el texto de la convención no se señalan los deberes u obligaciones de los jóvenes.

En el marco anterior, el propósito de la Ley de Juventudes es “garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes (…) el establecimiento de políticas generales de ca-rácter público para todos los niveles del Estado, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y delibera-ción de las juventudes, la planificación y el presupuesto”. La ley tiene como finalidad “lograr que las jóvenes y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico, en con-diciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad e interculturalidad y justicia para el vivir bien; a través de políti-

cas públicas y de una activa y corresponsable participación en la construcción y transformación del Estado y la sociedad” (Artícu-los 2 y 3). Para ello se asigna un catálogo de derechos a los jó-venes a nivel civil, político, social y económico; se enumeran los deberes de los jóvenes, las competencias estatales en torno a las políticas de juventud y los lineamientos para el funcionamien-to de la Dirección Nacional de Juventudes. Entre los principios en los que se basa la ley se encuentran la interculturalidad y el reconocimiento a la plurinacionalidad, elementos de la denomi-nada democracia intercultural. Otro de los principios es la “co-rresponsabilidad juvenil”, elemento altamente relevante puesto que una ciudadanía activa no implica solamente tener derechos sino también obligaciones; es por ello que resulta llamativo que la Convención Iberoamericana no se refiera a estas últimas. Los jóvenes aparecen como corresponsables de la aplicación de la ley y de la construcción de un futuro en el que estén activamente involucrados.

Específicamente en lo que respecta a derechos políticos, el artículo 9 habla del derecho a la participación, tanto individual como colectiva, en los asuntos públicos del país. Esto también representa un avance, dado que se reconocen las identidades colectivas, excluidas de marcos normativos anteriores. En este artículo también se establece la participación de los jóvenes en la formulación de políticas públicas de todos los niveles del Esta-do. En el artículo 10 se establece el derecho a la plaza juvenil: “Las jóvenes y los jóvenes contarán con un espacio para la toma de decisiones, denominado plaza juvenil, en el ámbito público y/o privado, constituyéndose en un elemento vital para el ejer-cicio ciudadano”. Esta plaza se refiere a que se debe reservar un cupo de, al menos, 20% de jóvenes en el servicio público de

Met

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ón, 2

01

2.

todos los niveles del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y en las organizaciones políticas, “principalmente en la pos-tulación de candidatas y candidatos a cargos electivos”. Este es un elemento relevante para discutir en el marco de la nueva ley de organizaciones políticas, como se verá más adelante. Por su parte, el artículo 11 se refiere al derecho y el deber del control social de los jóvenes a la gestión pública; el artículo 12 establece el derecho a la libre asociación, y el número 13 al derecho al vo-luntariado social juvenil comunitario, elementos también centra-les de una ciudadanía activa. Por otro lado, el artículo 34 señala que son deberes de las juventudes “participar activa y respon-sablemente de la vida política, económica, social y cultural en todos los niveles el Estado Plurinacional de Bolivia” y “realizar e implementar los mecanismos de Control Social en las instancias del estado y la sociedad de acuerdo a ley”. Uno de los aspectos más destacables de este artículo es que se establece el deber de participar en los asuntos públicos, sea cual fuere el ámbito en el que se desenvuelve o se interesa el joven. En efecto, no se puede pretender que todos estén interesados en la política, pero sí que contribuyan en lo público desde cualquier ámbito.

Esta ley representa un avance para los y las jóvenes. Para em-pezar, se constituye en un instrumento legal específico para este sector, antes inexistente. Asimismo, genera el marco para el des-empeño de una ciudadanía plena, dado que contempla tanto de-rechos como obligaciones, y faculta el ejercicio tanto individual como colectivo de los mismos. Por otro lado, introduce un tema de vital importancia, completamente nuevo en la legislación que atinge a los jóvenes: la existencia de plazas o cupos para que puedan acceder a espacios que, hasta la actualidad, son restrin-gidos para ellos. Como se señala en el documento de análisis de la ley de juventudes de Aristas Políticas (2012), es necesario acompañar estos avances con una mayor precisión sobre las fuentes de financiamiento para asegurar que se puedan llevar a cabo y, de esta manera, reducir la brecha existente entre una ley y su aplicación efectiva. En efecto, más allá de lo que establecen las leyes, es necesario preguntarse qué sucede en la práctica, si el reconocimiento normativo de los jóvenes ha tenido algún impacto, sobre todo en el seno de las organizaciones políticas, en las cuales se enfoca el presente documento.

¿Qué sucede en la práctica?

Estudios como el de Lazarte, señalan que los jóvenes sólo tie-nen “existencia nominal en la mayor parte de los partidos” (2008: 261) y que su presencia es evidente solamente en tiempos de campaña política. En general, las lógicas adultocentristas preva-lecen en el interior de las organizaciones políticas, a pesar de que normas como la ley de partidos de 1999, ya contienen elementos orientados a una mayor participación. El Banco Interamericano de Desarrollo e Idea Internacional, en el marco del proyecto de Género y Partidos Políticos en América Latina (GEPPAL), han desarrollado una exhaustiva investigación sobre la participación de mujeres, jóvenes e indígenas en los partidos políticos de 18 países de la región. La información para el estudio fue recabada durante el año 2009 y publicada en los años posteriores. Aunque

probablemente pueda existir algún cambio a la fecha, y, en el caso de Bolivia, no se toman en cuenta todas las organizaciones políticas existentes, se considera que esta investigación es una referencia relevante. En cuanto a la temática que aquí ocupa, los datos para nuestro país se reflejan en la siguiente tabla:

Mecanismos utilizados para promover la participación de jóve-nes en el interior de los partidos y en las listas electorales

Indicador

Movi-miento al

Socialismo (MAS-IPSP)

Movimien-to Sin Mie-do (MSM)

Frente de Unidad

Nacional (UN)

Afiliados jóvenes del partido – Porcentaje

No disponible

Nodisponible

No disponible

Comisiones Parla-mentarias - Jóvenes presidiendo3

No disponible

No disponible

No disponible

Cuota partidaria jóvenes candidatos/as legislativos - Exis-tencia4

No No No

Cuota/reserva parti-daria jóvenes máximo órgano ejecutivo – Existencia

No No Sí

Cuota/reserva parti-daria jóvenes máximo órgano ejecutivo - Apli-cación5

No aplica No aplica Sí

Cuota/reserva parti-daria jóvenes máximo órgano ejecutivo - Por-centaje mínimo6

No aplica No aplica 50.00%

Máximo órgano ejecu-tivo - Total jóvenes7 0 1 No

disponibleCursos capacitación para jóvenes Sí Sí Sí

Mecanismos promo-ción jóvenes: capacita-ción candidatos8

Sí Sí No

Unidad Jóvenes - Exis-tencia según entrevis-tado

Sí Sí Sí

Unidad Jóvenes - Exis-tencia según estatuto Sí Sí Sí

Unidad Jóvenes - Re-cibe fondos del partido No No Sí

Monto de fondos a Unidad Jóvenes No aplica No aplica No sabe

Unidad Jóvenes - Fondos regulares y/o concretos

No aplica No aplica

Fondos para ac-tividades concretos

Unidad Jóvenes - Par-ticipa en elaboración Plan de Gobierno

Sí Sí Sí

En general, las lógicas adultocentristas prevale-cen en el interior de las organizaciones políticas, a pesar de que normas como la ley de partidos de 1999, ya contienen elementos orientados a una mayor participación.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo/Idea Internacional, 2010 (http://www.iadb.org/research/geppal/)

and miosa 107

Algunos elementos a destacar: las organizaciones políticas estu-diadas no tienen información disponible sobre la cantidad exacta de militantes jóvenes; no cuentan con mecanismos de cuotas para acceder a cargos en el Legislativo nacional ni a puestos ejecutivos dentro del partido (con excepción de UN). Los tres cuentan con unidades de juventudes, aunque no todas reciben fondos para sus actividades. Por otro lado, las tres declaran te-ner cursos de capacitación para sus militantes jóvenes y señalan que éstos participan en la elaboración de los planes de gobierno del partido. Queda seguir indagando cuán real y efectiva es di-cha participación.

¿Qué ocurre en otros países?

Los ejes del debate en torno a una mayor inclusión de los jó-venes en la política son similares en la mayoría de los países latinoamericanos, aunque con diferentes avances y diferentes desafíos. Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela son algunos de los países que actualmente cuentan con una ley de juventudes (Rodríguez, 2008); países como Brasil y Argentina, a pesar de no tener una ley de juventud, trabajan continuamente en el desarrollo de políticas integrales para los jóvenes (Rodríguez, 2008; Borzese et al 2009). En lo que se refiere específicamente a participación política, el debate en torno a los jóvenes está focalizado en distintos temas depen-diendo del país. Por ejemplo, en los últimos meses se discute en Argentina el voto a partir de los 16 años, como mecanismo de ampliación de los derechos políticos de los jóvenes, medida que ha sido recientemente aprobada. En el caso de Perú, como se

verá más adelante con mayor detalle, existe una ley que fija una cuota de 20% para incluir a los jóvenes en las listas de candida-tos electorales presentadas por cada partido político, en lo que respecta a las elecciones de concejales municipales. A pesar de las especificidades de cada caso y de los avances en la mate-ria analizada, varios análisis coinciden en que, un denominador común de la mayoría de los países latinoamericanos, es la gran distancia existente entre las leyes y su aplicación efectiva. En lo que se refiere específicamente a la participación de los jóvenes en las organizaciones políticas de la región, de acuerdo con Bor-zese (2009), la juventud tiene un rol marginal en, prácticamente, todos los casos; su inclusión en la toma de decisiones de los partidos es parcial (cuando no inexistente) y más bien existiría una instrumentalización de los jóvenes en épocas electorales. El proyecto GEPPAL (2009) nuevamente brinda algunas luces respecto de la participación de la juventud en los partidos polí-ticos. A continuación se sintetizan los hallazgos sobre algunos países sudamericanos.

- Argentina: no existen datos de la cantidad de afiliados me-nores de 35 años en los partidos considerados en el estudio. En general, en los cinco partidos analizados, la participación y los mecanismos de inclusión de jóvenes son limitados. La mayoría cuenta con una unidad de juventudes, brinda cursos de capacitación a los jóvenes y asigna fondos para activida-des concretas, aunque en el momento de especificar la cifra no existe claridad al respecto. El Partido Justicialista parece ser el que más jóvenes tiene en cargos ejecutivos intraparti-

Suspendido en el vacío, Jorge Dávalos, técnica mixta, 2010.

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darios y más mecanismos de participación. Hasta el momen-to de finalización de la investigación, ninguno contaba con mecanismos de cuotas para jóvenes (ni para la inclusión en listas de candidatos en el legislativo nacional ni para cargos en el interior del partido). En los demás indicadores no se registran avances respecto de la participación juvenil.

- Brasil: la mayoría de los indicadores contemplados en el es-tudio no se verifican en la realidad de los partidos brasileros. No existen cuotas para incluir a los jóvenes en las listas de candidatos al poder legislativo; sólo uno (Partido da Social Democracia Brasileira) establece cuotas para que los jóvenes ocupen cargos dentro del partido. La mayoría asegura capa-citar a los jóvenes y cuenta con una unidad de juventudes con fondos asignados, algunos solamente para actividades concretas, mientras que otros tienen fondos regulares.

- Colombia: tres de los cinco partidos investigados tienen cuo-tas para los jóvenes en cuanto se refiere a la ocupación de cargos ejecutivos dentro de los partidos (cuotas que oscilan entre el 9 y el 27%), aunque en la mayoría de los casos no se aplica. Ninguno tiene cuotas en las listas de candidatos para ocupar curules en el poder legislativo nacional. Todos tienen unidades de jóvenes dentro de los partidos con fondos asignados: tres con partidas regulares y dos para actividades concretas.

- Ecuador: Dos de los cinco partidos investigados (Partido So-cial Cristiano y Partido Sociedad Patriótica) tienen un cupo asignado para jóvenes menores de 35 años en el máximo órgano ejecutivo del partido. Los otros partidos, a pesar de no tener cuotas, tienen representantes juveniles en dicha instan-cia. No hay cuotas para el legislativo nacional. Todos tienen unidades de jóvenes, solamente dos reciben fondos. En este país hubo un intento por incluir una cuota de 50% de candi-datos entre 20 y 45 años en las listas a las elecciones para la Asamblea Constituyente de 2007; dicha propuesta fue elimi-nada por el Congreso, aunque sí se mantuvo la edad mínima de 20 años para postularse como candidato a asambleísta (ONPE, 2008)

- Paraguay: presenta cifras interesantes. Su promedio de afi-liación de jóvenes es de 67%, mientras que el promedio re-gional se encuentra alrededor del 28%. Los cinco partidos analizados tienen muy amplia participación juvenil: de 59% de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a 80,8% de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). Dos de ellos tienen cuotas para las listas de candidatos jóvenes al poder legislativo, uno del 20% (ANR) y otro del 50% (UNACE). Ninguno establece sanciones por incumplimiento de la cuota. Solamente ANR tiene cuotas para los cargos directivos den-tro del partido, equivalente al 20%. Todos tienen unidades de jóvenes, y cuatro de ellos reciben fondos, la mayoría para actividades concretas. Sin embargo, estudios como el de Caputo (2006), matizan lo que en apariencia puede ser una experiencia llena de logros: según este autor la participación real de los jóvenes en los partidos paraguayos es limitada.

- Perú: 26% de afiliados jóvenes, 28% promedio regional, os-cilando entre el 24,7% del Partido Aprista Peruano (APRA) a un 37.5% del Partido Nacionalista del Perú. Ninguno estable-ce cuotas para candidatos jóvenes al legislativo nacional (sin embargo tienen una ley de cuotas del 20% para candidatos al nivel local). Tampoco hay cuotas para cargos ejecutivos den-tro del partido, aunque El Partido Popular Cristiano y Unión

por el Perú afirman tener tres y dos jóvenes, respectivamen-te, ocupando un puesto en el máximo órgano ejecutivo del partido. Todos tienen unidades de jóvenes, pero ninguna reci-be fondos del partido. No obstante, Perú cuenta con una ley de cuotas para inclusión de jóvenes en la lista de candidatos legislativos en las elecciones locales, constituyéndose en el único país de la región que cuenta con una ley de cuotas para los jóvenes (Jurado Nacional de Elecciones de Perú, 2011). Se nota un contraste entre lo que va ocurriendo a nivel local y lo que sucede en el ámbito nacional; quizás la Ley del Conce-jal Joven no está logrando cambiar, desde lo local, la cultura política adulto-centrista.

- Uruguay: no se conocen cifras sobre cantidad de militantes jóvenes. No hay cuotas para las listas de candidatos a los le-gislativos ni para cargos ejecutivos en el partido. Dos de ellos afirman tener jóvenes en sus máximas instancias de decisión (Veriente Artiguista Frente Amplio, Asamblea Uruguay Frente Amplio). Todos tienen unidades de jóvenes (aunque no todas formalizadas en los respectivos estatutos) y la gran mayoría recibe fondos para sus actividades (ya sean regulares o con-cretas).

- Venezuela: no existen cuotas para jóvenes en las listas del legislativo, tampoco para cargos ejecutivos en el partido. Dos de ellos tienen jóvenes en la máxima instancia partidaria (Mo-vimiento por la Democracia Social y Movimiento Primero Jus-ticia). La mayoría cuenta con unidades de jóvenes (aunque no todas formalizadas en sus estatutos y en sólo dos casos se comprueba la transferencia de fondos a las mismas).

De manera general, muy pocos partidos en la región saben con precisión la cantidad de militantes jóvenes que tienen. La gran mayoría cuenta con unidades de juventud, aunque no todas re-ciben fondos de manera regular. Uno de los mecanismos de pro-moción de la juventud más utilizados es la capacitación. Por otro lado, de manera global no se establecen cuotas generacionales en las listas de candidatos para los curules legislativos naciona-les; no obstante, parece haber ciertos avances en la incorpora-ción de los jóvenes en cargos de decisión interna de los partidos (no es una tendencia generalizada, pero es uno de los indicado-res positivos que más se reiteró). Sin embargo, un asunto digno de análisis es que la existencia (o inexistencia) de cuotas no está en todos los casos relacionada con la práctica: hay casos en los que las cuotas están establecidas formalmente pero no se cum-plen, mientras que hay otros en los que no se fijan cuotas pero hay jóvenes ocupando puestos importantes.

En síntesis, el panorama latinoamericano es variado en términos de legislación para la juventud y de participación política de los jóvenes. Sin embargo, la brecha entre lo que señalan las normas y lo que sucede en la práctica parece ser muy amplia en la mayo-ría de los casos, transformándose en un desafío de proporciones mayores que comparten prácticamente todos los países de la región.

Participación política de los jóvenes en Bolivia: algunos temas relevantes para discutir y analizar en el marco de la nueva ley de organizaciones políticas

Actualmente el Tribunal Supremo Electoral se encuentra llevan-do a cabo una serie de encuentros en todo el país, con distintos sectores, para discutir los alcances de la nueva ley de organiza-ciones políticas. Los ejes temáticos en torno a los cuales se están desarrollando tales debates son (Zegada, 2012): los principios y

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definiciones de la ley (cuáles son los principios que debe recono-cer la nueva ley, qué tratamiento se le debe dar a la democracia intercultural, cómo diferenciar a los partidos de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, entre otros.); la estructura, funcionamiento y democracia interna de los partidos (entre otros: el rol del Tribunal Supremo Electoral en el cumplimiento de la democracia interna, derechos y deberes de las organizaciones políticas, cómo reglamentar la figura del transfugio); constitu-ción, permanencia y extinción de organizaciones políticas (¿se debería dar el mismo trato a todas las organizaciones?, ¿se debe ampliar o restringir la cantidad de organizaciones?, entre otros temas); alcances de la ley y competencias legislativas de las entidades autónomas (¿cómo articular la legislación de los diferentes niveles estatales, etc?); financiamiento estatal (ven-tajas y desventajas del financiamiento, cómo garantizar equidad en la competencia electoral, cómo fiscalizar transferencia de re-cursos públicos en caso de haberlos, etc.); alianzas, fusiones, reconversiones (¿la ley debe reglamentar este tema?, ¿cómo?, ¿cuáles deberían ser los requisitos para establecer alianzas en-tre organizaciones?, diferenciación entre alianza y fusión). Varios de dichos asuntos atingen directamente a los jóvenes. A conti-nuación se plantean algunos temas que merecerían ser discuti-dos en el contexto de esta nueva ley desde el punto de vista de

la participación de los jóvenes. Es necesario aclarar que no se pretende exhaustividad, comprendiendo que pueden existir otras temáticas dignas de ser analizadas. Se mencionan aquí algunas que se consideran cruciales.

Uno de los temas centrales, no solamente para los jóvenes, es intentar definir claramente qué se entiende por democracia inter-cultural, el marco en el que se desarrolla esta nueva ley de orga-nizaciones políticas. En el artículo 98 de la Constitución Política del Estado se señala que la interculturalidad es “el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones”. En la Ley de Régimen Electoral, en el acápite de “Principios de la Democracia Intercultural” se dice que “la democracia intercultu-ral boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colecti-vos garantizados en la Constitución Política del Estado, confor-mando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todas y todos, para vivir bien”; la misma norma establece que la soberanía popular, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la complementariedad, la igualdad, la participación y el control so-

sds, Fernando Montes.

and miosa110

cial, la representación y la equivalencia son los principios de la democracia intercultural. En estos principios se menciona como actores de la democracia intercultural al “pueblo boliviano”, a las “naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comuni-dades interculturales y afrobolivianas”, a “las bolivianas y los bolivianos” y a “las mujeres”, pero no se menciona el tema gene-racional, ni se hace referencia a los jóvenes como agentes. En el proyecto de ley de juventudes, la interculturalidad también es incorporada como principio (Artículo 6), definido como “la interre-lación e interacción de conocimientos, saberes y prácticas que fortalecen la identidad de las juventudes, desarrollando actitudes de complementariedad, reciprocidad, convivencia y diálogo in-trageneracional e intergeneracional entre las diversas culturas”. En el debate en torno a la nueva ley de organizaciones políticas, la democracia intercultural se está entendiendo como la articula-ción y complementariedad entre las democracias representativa, participativa y comunitaria (Exeni, 2012; Bohrt, 2012).

Así, es posible ver que en la mayoría de las normas mencio-nadas (con excepción del proyecto de ley de juventudes), los jóvenes no aparecen explícitamente como sujetos de la intercul-turalidad o de la democracia intercultural. Autores como Lema (2006), entre varios otros, señalan que una noción integral de interculturalidad incluye la perspectiva étnica, “las culturas urba-nas, periurbanas, migrantes, las comunidades sexuales, genera-cionales,” entre varias otras (Lema, 2006: 37).

Así, además de plasmar su propia visión de democracia in-tercultural, los jóvenes tienen como desafío identificar en qué medida se asumen como actores de dicha democracia, y cómo se plasmaría esto en la nueva ley de organizaciones políticas. Asimismo, además de la interculturalidad, se debe pensar qué otros principios y definiciones deben ser incluidos en la ley para promover una mayor participación de las juventudes.

Los temas relacionados con la estructura y la democracia interna de los partidos se encuentran entre los más relevantes para la ju-ventud, dado que involucran aspectos relacionados directamen-te con la participación de este sector en las organizaciones polí-ticas. Algunas de las preguntas más importantes en este sentido pueden ser: ¿cuál es la manera en que se debe incorporar a los jóvenes dentro de las organizaciones políticas?, ¿cómo deben participar?, ¿es necesario fijar un mínimo de militantes jóvenes en los partidos?, ¿hay que asegurar un mínimo de participación de los jóvenes en la toma de decisiones internas?, ¿hay que asegurar un mínimo de jóvenes en los cargos internos de rele-vancia en el partido?, ¿hay que contemplar una cuota mínima de jóvenes en las listas de candidatos que cada partido presenta en los diferentes procesos electorales?, ¿la cuota debe ser para las elecciones de todos los niveles estatales o sólo de alguno(s)?, ¿qué porcentaje de cuotas sería el adecuado para cada caso? A partir de estas preguntas se distinguen tres ejes principales, en términos de la participación de los jóvenes: participación en actividades y toma de decisiones internas, participación en car-gos jerárquicos del partido y participación en candidaturas en procesos electorales.

La aplicación de cuotas como medidas de acción afirmativa se ha venido aplicando en las últimas décadas en diferentes países de la región, sobre todo, en cuanto se refiere a la participación de las mujeres en la política y, más recientemente, a la participación de los indígenas, entre otros sectores. La esencia de la acción afirmativa es la adopción de medidas específicas para favorecer a sectores que han sido sistemáticamente excluidos de ciertos espacios para garantizar una mayor equidad. “Las cuotas surgen

como artificios para superar las desiguales condiciones que en-frentan algunos grupos sociales para acceder al poder” (ONPE, 2008: 11). Para algunos, las cuotas para jóvenes en los partidos políticos garantizarían una mayor participación de este sector e impulsarían, a mediano plazo, una renovación generacional dentro de dichas organizaciones políticas. Para otros, las cuotas en sí mismas no aseguran un mayor interés y participación de los jóvenes en la política y tampoco garantizan la calidad de la representación (ONPE, 2008). Si bien son puntos dignos de de-batirse, las cuotas pueden ser un relevante primer paso.

Investigaciones recientes parecen indicar que las cuotas para sectores tradicionalmente desfavorecidos, sí promueven resulta-dos positivos. Datos del programa GEPPAL muestran la efectivi-dad de las cuotas de género: la participación de las mujeres en los órganos legislativos es mucho más elevada en países donde se aplican las cuotas que en los países donde no se aplican. Otros estudios confirman tal diagnóstico: “en la mayoría de los países de la región en donde se ha aplicado un sistema de cuo-

Estudio desnudo, Jorge Dávalos, dibujo, 2004.

La aplicación de cuotas como medidas de acción afirmativa se ha venido aplicando en las últimas décadas en diferentes países de la región, sobre todo, en cuanto se refiere a la participación de las mujeres en la política y, más recientemente, a la participación de los indígenas, entre otros sectores.

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tas, la participación de la mujer en el parlamento se incrementó en más del 100%, mientras que en otros aumentó casi el 50%” (ONPE, 2008: 13).

En cuanto a cuotas para las juventudes, como ya se señaló pre-cedentemente, Perú es el único país que tiene una ley que obliga a los partidos a incluir un determinado porcentaje de jóvenes en las listas de candidatos para los legislativos locales. En otros países es un asunto que depende de las decisiones internas de los partidos políticos. Según la investigación de la Oficina Nacio-nal de Procesos Electorales (ONPE) del Perú, “la inclusión de una cuota de jóvenes en las listas de candidatos a los Concejos Municipales (en el Perú) produjo como resultado, a escala sub-nacional, el incremento del número de autoridades entre 18 y 28 años” (ONPE, 2008: 59)

A pesar de los resultados positivos, las cuotas como única me-dida parecen ser insuficientes, por lo que se estima necesario pensar en mecanismos adicionales que las refuercen (GEPPAL, 2010), como las sanciones ante el incumplimiento o el denomi-nado “mandato de posición”. El mandato de posición obligaría a los partidos no sólo a incluir a los jóvenes en las listas de candi-datos a cargos públicos, sino a colocarlos en posiciones prefe-renciales para que tengan más probabilidades de ser elegidos.

En efecto, “la mayor probabilidad de elección de un candidato depende, entre otras variables, de la posición que ocupe en su lista de candidatos” (ONPE, 2008: 75). La alternancia es otro mecanismo posible, bastante aplicado en las cuotas de género: obligatoriedad de alternar un hombre y una mujer en las listas

de candidatos. Se puede pensar dicha medida también para los jóvenes.

Como ya se señaló anteriormente, es importante discutir tam-bién el ámbito de aplicación de las cuotas generacionales: ¿so-lamente en las elecciones municipales, como en Perú, o también en las regionales y las nacionales? Adicionalmente, es relevante debatir la pertinencia de las cuotas para la ocupación de car-gos dentro del partido y otros mecanismos de participación en la toma de decisiones internas.

Los jóvenes deben, asimismo, pensar qué otros medios, además de las cuotas, pueden adoptar los partidos para empoderar de manera más efectiva a este sector; uno de ellos puede ser el acceso a la capacitación.

Otro tema digno de discutir en el marco de la formulación de la nueva ley de organizaciones políticas, es el del financiamiento. De manera general, se debate si los partidos deben ser finan-ciados con fondos públicos, figura eliminada actualmente de la legislación nacional. Por una parte, se sostiene que es una ma-nera de garantizar cierta equidad entre las organizaciones políti-cas y una forma de fiscalizar y transparentar la proveniencia y el uso de los recursos. Por otra parte, las experiencias de mal uso de tales recursos hacen que la medida se piense como no con-veniente (Zegada, 2012). Es así relevante rescatar la opinión de los jóvenes sobre el financiamiento de las organizaciones políti-cas con fondos públicos, analizando las ventajas y desventajas de ello. Además, se debería discutir qué sucede con el financia-miento de las “unidades” de juventudes dentro de los partidos.

sds, Fernando Montes.

and miosa112

Como se vio en líneas anteriores, no todas las organizaciones políticas en el país transfieren recursos a los jóvenes y, las que lo hacen, es solamente para cierto tipo de actividades. Las expe-riencias de otros países latinoamericanos son variadas. Es per-tinente debatir si debe existir una transferencia de recursos a la repartición juvenil y, además, si los fondos deben ser regulares, es decir, inscritos en las partidas presupuestarias de la organiza-ción, o si deben ser solamente para actividades concretas.

Otro tema digno de reflexión es el transfugio, entendido como el cambio de etiqueta partidaria. ¿Cuál es la opinión de los jóvenes sobre el transfugio? ¿Cómo debe normarse esto?

Más allá de las temáticas específicas mencionadas, es importan-te reflexionar, de manera transversal, cómo hacer para superar la gran brecha existente entre teoría y práctica, entre la ley y su aplicación. En efecto, como ya se señaló anteriormente, la sola existencia de leyes no garantiza una efectiva participación de los jóvenes. ¿Se podrá, en la misma ley de organizaciones políti-cas, incluir mecanismos para acortar dicha brecha? ¿Una de las alternativas será pensar en un sistema efectivo de incentivos y sanciones ante el incumplimiento?

Asimismo, dada la estructura actual del Estado boliviano, es ne-cesario pensar qué elementos deben ser legislados desde el ni-vel central y cuáles desde los niveles subnacionales.

Finalmente, en cada caso será adecuado pensar qué elementos deben ser incluidos en una ley, cuáles deberán ser reforzados en una reglamentación y qué otros deberían dejarse a conside-ración de las organizaciones políticas.

Una reflexión más amplia sobre la participación política de los jóvenes en Bolivia

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia (2012), cerca al 30% del total de la población boliviana es joven; por otro lado, la juventud es el grupo mayoritario en el padrón electoral: el 25,25% de personas habilitadas para votar en las elecciones de-partamentales y municipales de 2010, se encontraba entre los 22 y 30 años de edad. Asimismo, los jóvenes tienen también gran importancia socioeconómica; según datos del informe de Murillo (2006), concentran 34% de la ocupación laboral en Bolivia.

Más allá de los avances, no existe relación entre su importancia cuantitativa y su participación efectiva en los asuntos públicos del país. De acuerdo con el análisis de Murillo, tradicionalmen-te, la temática de la juventud no ha sido “entendida como una política nacional sino más bien como una serie de esfuerzos, limitados y dispersos, que no han transversalizado la temática en el ámbito público” (2006: 17).

En lo que se refiere específicamente al ámbito político, el aún bajo involucramiento de los jóvenes (más allá del ejercicio del voto) puede estar relacionado con una serie de factores. Por un lado, y como ya se mencionó con anterioridad, prevalecen en el Estado lógicas adulto-centristas, basadas en el estereotipo que caracteriza a la juventud como “etapa problema” (Yapu, 2008; Rodríguez, 2008). El resultado de ello es una carencia de es-fuerzos sistemáticos para incluir a este sector en los procesos de tomas de decisiones públicas, tanto en las esferas estatales como en las organizaciones políticas. Por su parte, el trabajo activo de la juventud para ser incluida es también limitado. Varias encuestas de los últimos años demuestran el descrédito del que gozan las instituciones públicas y los partidos políticos en este

sector poblacional; es frecuente la percepción de algunos parti-dos como “instituciones elitistas, cerradas en sus estructuras de mando; organizaciones verticales, rígidas, en las que los jóvenes no tienen un papel” (Memoria del ciclo de seminarios-taller Jóve-nes, ciudadanía y política, 2002). Al no sentirse representados por estas instituciones (en términos cuantitativos y cualitativos), los incentivos para que los jóvenes participen activamente en ellas son escasos, alimentando así un círculo vicioso. Como se-ñala la Memoria de los talleres nacionales sobre jóvenes y ciu-dadanía, la juventud “concibe como muy remota la posibilidad de entrar al Estado para hacer algo por la sociedad. Piensan que al entrar sólo corren el riesgo de ser cooptados y maleados por él” (Memoria del ciclo de seminarios-taller Jóvenes, ciudadanía y política 2002: 66).

Otros elementos de estructura que inciden en este panorama son los rasgos de la cultura política de los jóvenes bolivianos, que, sumados a los inconclusos procesos de ciudadanización (Avejera y Ricco, 2002), dan como resultado una considerable conciencia sobre los derechos, pero una reducida asimilación de los deberes ciudadanos, entre los cuales la participación en los asuntos públicos es uno de los más importantes. Sin embargo, resulta oportuno preguntarse si estos elementos hablan de un desinterés general de los jóvenes por la política.

La Encuesta Nacional de Juventudes de 2008, cuyo público meta fueron personas comprendidas entre 10 y 24 años, muestra que, entre los motivos por los cuales no se participa de alguna agru-pación (deportiva, religiosa, social, política, etc.), predomina la indiferencia, la falta de interés. La participación en grupos de-dicados a la actividad política es la menor de todas. Mientras más aumenta la edad, la falta de tiempo se menciona como otra de las razones. Sin embargo, por el rango etario en el que se concentra la encuesta, estos datos pueden resultar insuficientes para un diagnóstico más abarcador.

Varias investigaciones como la de Murillo (2006), Tórrez (2010), Fundación UNIR (2012), demuestran que la cantidad de jóvenes que participan en las movilizaciones sociales del país es elevada y con tendencia al aumento. Entonces, a juzgar por tales datos, al parecer no se podría hablar de un desinterés generalizado; como señala un investigador español, más que desafección polí-tica, se trata de un descontento con los canales de participación tradicionales (entrevista a Manuel Mella, 2009). De esta manera, para analizar la participación política de la juventud es también necesario referirse a las vías no institucionales. No obstante, es necesario precisar un elemento que también resaltan las inves-tigaciones mencionadas: algunas de estas protestas con alta participación juvenil tienen rasgos violentos (medidas de presión violentas, manifestaciones que derivan en agresiones o enfren-tamientos, entre otros).

La violencia, entre otros elementos, también puede invitar a la reflexión sobre la cultura política de los jóvenes: existe una apro-piación de la democracia como forma de gobierno (varios estu-dios muestran que los jóvenes validan la democracia y que la prefieren a otras formas de gobierno), pero no existe una asimi-lación completa de la misma como forma de vida (ver por ejem-plo encuestas del Gobierno Municipal de La Paz, 2010, donde los jóvenes aprueban y ejercen comportamientos autoritarios).

No obstante, por las propias características de la juventud, es posible trabajar en la transformación de estos rasgos. En efec-to, los jóvenes tienen una mayor apertura a nuevas ideas y un menor grado de arraigamiento de prejuicios y estereotipos que

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los adultos, lo que representa una oportunidad. Por ejemplo, es-tudios como el de LAPOP (2012), señalan que, mientras menos edad tienen las personas, presentan menos intolerancia a la di-ferencia, y viceversa. Esto debe acompañarse de un paulatino cambio de visión sobre los jóvenes como etapa problema y más como verdaderos agentes de desarrollo. Estudios como el de Borzese, hablan de una “relación significativa entre el grado de desarrollo de la institucionalidad y campo de juventud y el nivel de desarrollo de los países” (2009: 17). En este contexto, el diseño de una nueva ley de organizaciones políticas representa un gran desafío y una importante oportuni-dad para incluir de manera más eficiente y efectiva a los jóvenes en los asuntos públicos, para potenciar a las organizaciones po-líticas que se encuentran atravesando por momentos de crisis y que las mismas vayan recuperando crédito, no solamente en el seno de la juventud sino en el conjunto de la sociedad.

Conclusión

Para concluir, y a modo de síntesis, se ha visto que a nivel nor-mativo hay avances en cuanto a participación política de los jó-venes se refiere, comenzando con la visibilización que introduce la nueva Constitución Política del Estado. La promulgación de la Ley General de Juventudes será otro paso importante, dado que es la primera norma integral específicamente dirigida a este sector poblacional, que, entre otros elementos, reconoce la he-terogeneidad existente en los jóvenes, les confiere una serie de derechos y obligaciones indispensables para el ejercicio de una ciudadanía plena y reconoce la existencia de identidades

individuales y colectivas. Además, introduce una innovación cla-ve, que es la obligatoriedad de que las organizaciones políticas (además de las entidades estatales y organizaciones sociales) reserven un cupo mínimo de 20% para los jóvenes. En la mayo-ría de los países latinoamericanos, con excepción de Perú, son los partidos los que deciden si se establecen o no cuotas para las juventudes. Esta temática, relacionada con cómo concretar una mayor y mejor participación de los jóvenes en los partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, es crucial en el debate en torno a la nueva ley de organizaciones políticas. Otros de los temas son la democracia intercultural, el financiamiento y el transfugio. De manera transversal, es indispensable discutir cómo hacer para reducir la gran brecha existente entre lo que establece la norma y su aplicación, reflexionar qué temas deben ser normados en la ley y cuáles deben ser dejados al criterio de las organizaciones políticas, y, asimismo, señalar qué asuntos se legislan desde el nivel estatal central y cuáles desde los niveles subnacionales. Así, la ley podrá representar un avance más en términos de participación política de los jóvenes, camino que se encuentra plagado de desafíos. Además de hacer más efectivas y aplicables las leyes y promover un cambio cultural que trans-forme la visión todavía vigente sobre los jóvenes. Otros retos actuales incluyen un tratamiento más específico de las juventu-des en las normas, su incorporación como sujetos activos de la democracia intercultural y trabajar en la apropiación de la demo-cracia como forma de vida y no sólo como forma de gobierno.

Jimena Avejera U, Cientista Política.

1 Por motivos de redacción y de fluidez en la lectura, en el presente documento se emplearán genéricamente los términos “juventud”, sin desconocer la hete-rogeneidad existente en este sector poblacional, y “los jóvenes”, que incluye tanto a las jóvenes como a los jóvenes.

2 Presidencia de jóvenes representantes del partido en comités parlamentarios. De las/los miembros del partido electos/as al Congreso Nacional que a la fecha presiden comités/comisiones en el Congreso, ¿cuántos/as son jóvenes menores de 35 años?

3 Existencia de cuotas dentro del partido político para la representación de jóve-nes menores de 35 años en elecciones nacionales legislativas. ¿Ha adoptado el partido político en sus estatutos, o en alguna otra norma, expresamente algún sistema de cuotas para jóvenes menores de 35 años aplicables a las listas de candidatos para cargos legislativos?

4 Aplicación de cuotas para jóvenes menores de 35 años en las últimas elecciones del máximo órgano ejecutivo del partido. Si existe exigencia expresa de cuotas para jóvenes menores de 35 años en los estatutos del partido para las elecciones de su máximo órgano ejecutivo, ¿se aplicaron las mismas en las últimas eleccio-nes?

5 Mecanismo de cuotas para jóvenes menores de 35 años para las elecciones de su máximo órgano ejecutivo aprobado por el partido político. ¿Cuál es la cuota establecida por los estatutos del partido para la representación de jóvenes me-nores de 35 años en las elecciones de su máximo órgano ejecutivo?

6 El indicador examina la composición actual del máximo órgano ejecutivo del par-tido en relación a sus miembros jóvenes. Indicar el total de jóvenes menores de 35 años que integran el máximo órgano ejecutivo.

7 El indicador examina la implementación de determinadas medidas de promoción de grupos específicos, lo cual podría indicar un interés en cohortes tradicional-mente excluidas de oportunidades de liderazgo y participación. ¿Ha adoptado su partido la capacitación como mecanismo para promover la elección de sus candidatos jóvenes menores de 35 años en elecciones nacionales?

8 http://www.iadb.org/research/geppal/9 http://www.patrianueva.bo/noticias/noticia.php?id=6010. Fecha de acceso:

15/11/1210 Hablando en términos generales, sin desmerecer el trabajo activo que desarro-

llan ciertas organizaciones específicas.11 Ver, por ejemplo, la Memoria de los seminarios Jóvenes, ciudadanía y política

(FUNDAPPAC, KAS, 2002,); encuestas de la publicación Jóvenes ¿ciudadanos? (FES-ILDIS, 2002), encuestas del Gobierno Municipal de La Paz (2009), infor-mes bianuales de Cultura Política de la Democracia en Bolivia (LAPOP, 2010, 2012), entre otros.

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Normas

Anteproyecto de Ley General de Juventudes, versión julio de 2012.

Código del Niño, Niña y Adolescente

Constitución Política del Estado de Bolivia

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes

Decreto Ley Nº 07301

Decreto Supremo Nº 25290

Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérrez

Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Ley del Órgano Electoral

Ley de Partidos Políticos

Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación

Ley de Régimen Electoral

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Marlene Choque Aldana

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INTRODUCCIÓN

La democracia representativa es un pilar central de la democracia intercultural prevista en las leyes electo-rales bolivianas (las otras formas democráticas reco-nocidas legalmente son la directa y participativa y la comunitaria). En el proceso de construcción institucio-

nal ocupa un lugar central la formulación de una Ley de Organi-zaciones Políticas. Esta ley se encargará de regular la dinámi-ca de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, sujetos principales de la representación en la política institucional. En este documento se plantean algunas propuestas dirigidas a garantizar la democratización efectiva y a establecer la equidad en la dinámica de estas organizaciones a partir de una perspectiva de género.

La inclusión de reformas con contenido de equidad de género no es novedosa en Bolivia. Desde hace dos décadas, el esfuerzo de los movimientos de mujeres y las mujeres políticas, lograron va-rias reformas que redefinieron la política institucional. Por ejem-plo, la paridad y la alternancia en candidaturas, consagradas en las leyes electorales, constituyen a la vez conquistas y compromi-sos ineludibles para la sociedad en general y para las instancias encargadas de gestionar la representación de la ciudadanía.

1. PERTINENCIA DE UNA LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN BOLIVIA

Si bien una ley dedicada específicamente a las organizaciones políticas no es una necesidad lógica de la democracia represen-tativa (muchas de las democracias más establecidas carecen de este tipo de legislación), la adopción de mecanismos que regu-len la dinámica de estas organizaciones y fomenten su demo-cratización, puede tener efectos positivos en la política y en la sociedad en general.

La necesidad de que la ley de organizaciones políticas adopte un enfoque de género, se sustenta en la idea de que el ejercicio de los derechos de las mujeres y la revitalización de la democra-cia representativa son procesos que pueden reforzarse mutua-mente. La democracia intercultural depende de la vitalidad de las varias formas de democracia reconocidas constitucionalmente. A su vez, la democracia representativa depende de que las orga-nizaciones políticas efectúen una adecuada representación de la sociedad, y no puede haber una adecuada representación si no se adoptan medidas que garanticen la equidad o equivalencia de género que establece la constitución.

Las organizaciones políticas son elementos indispensables para la democracia intercultural en su afluente representativo. La repre-sentación no puede ser eficaz si consagra exclusiones sociales, de género, origen étnico o región. De hecho, cualesquier formas de exclusión o discriminación afectan, no solamente a las víctimas directas, sino a la democracia en general. Las mujeres sufren va-rias formas de exclusión y discriminación. En la política, pese a los avances legales, siguen siendo importantes los problemas de manipulación y acoso y violencia política en razón de género.

Existe la necesidad de revalorizar la representación como ele-mento consustancial a la democracia intercultural. Así como, en su momento, los movimientos sociales contribuyeron a la revalo-rización del principio democrático de la soberanía popular, la ley de organizaciones políticas debe canalizar la recuperación de la representación en sus connotaciones de inclusión y expresión de intereses diversos.

El arraigo de los valores ligados a la equidad, la no discrimina-ción y la tolerancia depende en gran medida de las instituciones políticas, no derivan solamente de la dinámica social. Las or-ganizaciones políticas ocupan un lugar determinante entre esas instituciones políticas, de manera que es necesario adoptar una perspectiva de género en su regulación.

2. ENFOQUE Y BASES2.1. Leyes de organizaciones políticas alrededor del mundo

Los estudios de la legislación sobre organizaciones políticas en el mundo son amplios y actualmente reflejan una preocupación por la crisis o los problemas de representatividad, y el distan-ciamiento entre la ciudadanía y los políticos. Existen esfuerzos de investigación notables, como el proyecto Legislación sobre Partidos en la Europa Moderna, con sede en la Universidad de Leiden, o la Base de Datos sobre Leyes de Partidos de Kenneth Janda, de la Northwestern University.

A partir de investigaciones realizadas desde los años noventa (Avnon 1995, Janda 2005, Karvonen 2007, Casal-Bértoa et al. 2012, Piccio 2012; para América Latina, Zovatto 2006 y Mole-naar 2012), se constata que, por décadas, las democracias más establecidas carecieron de leyes de partidos. De acuerdo con Lauri Karvonen, las leyes de partidos son más comunes en las democracias recientes: “Las democracias establecidas mues-tran menos restricciones sobre los partidos, mientras que todos los otros grupos de Estados lo hacen considerablemente más”

Obra 2, Jorge Dávalos, acuarela, 2011.

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(2007: 445). Las preocupaciones se orientan en general hacia la democratización y la institucionalización del sistema de partidos (Bourne 2011, Rashkova 2010), el transfuguismo (Janda 2009, Malhotra 2006, Nikolenyi 2011) y el financiamiento de campañas y organizaciones (van Biezen 2003, 2008, Zovatto 2007, Gutié-rrez y Zovatto 2011). Desde 1990, es visible una proliferación de leyes —parte de la tercera ola democrática— que arrastran también a algunas democracias más antiguas (el Reino Unido aprobó una Ley Registro de Partidos Políticos en 1998).

Junto al hecho de que las leyes de partidos no son una necesidad natural del desarrollo de la democracia, pero se incrementaron en los últimos cuatro lustros, sobresale la constatación de que una ley de organizaciones no es una novedad particularmente boli-viana. Países como Colombia, Costa de Marfil y Ecuador, tienen leyes que incluyen organizaciones diferentes de los partidos.

En su investigación, realizada hace una década, Karvonen en-contró 39 leyes de partidos políticos (unas, exclusivamente rela-cionadas con los partidos; otras, relacionadas además con otras formas organizativas y con los procesos electorales) en todo el mundo. Las características de las leyes de partidos están en fun-ción de las características de la democracia correspondiente (el estatus democrático del país). Las leyes de partidos son usadas por los regímenes no democráticos para limitar la acción de los opositores; las democracias nuevas apuntan a superar tenden-cias antidemocráticas inerciales. Las democracias más estables no suelen tener leyes de partidos y, si las tienen, las formulan para regular el financiamiento de sus actividades (Karvonen 2007: pass.).

Con sus treinta años de duración ininterrumpida, la democracia en Bolivia podría entenderse como una democracia que sigue renovándose continuamente. Una ley de organizaciones políti-cas apuntaría a superar tendencias antidemocráticas que per-viven en los partidos, las agrupaciones y los pueblos indígenas. En este caso, la Ley de Organizaciones Políticas es una oportu-nidad para apuntalar la equidad de género en las organizaciones encargadas de hacer funcionar la democracia.

La confianza en las organizaciones políticas —los partidos, prin-cipalmente— y el apego popular, tienen valores bajos en todo el mundo, y en varios países se proponen innovaciones que ga-ranticen la accountability entre las dirigencias políticas y la ciu-dadanía (Cf., por ejemplo, Gastil 2000). En esta preocupación la representación de las mujeres reviste un carácter particular, ya que se trata de incrementar la participación femenina en un contexto adverso para las organizaciones políticas.

Para este trabajo se realizó una revisión de leyes relacionadas con las organizaciones políticas de 53 países. Se encontró que, en general, la legislación no impone prescripciones para promo-ver la equidad de género. En 27 casos no hay ningún contenido en este sentido ni mención especial de varones o mujeres; un caso (la Ley Electoral de Surinam, de 1987) incluye referencias a las mujeres para consignar sus apellidos de casadas o viudas; 17 casos enuncian alguna proporción de cuota femenina en can-didaturas o en la estructura interna de los partidos u organizacio-nes; 11 prescriben la no discriminación como condición del regis-tro; 5 explicitan la prohibición de partidos basados en el sexo o el género; en un caso (la Ley Orgánica de Papúa Nueva Guinea sobre la Integridad de los Partidos Políticos y Candidatos, de 2003) se establece la participación de un Consejo de Mujeres en un ente colegiado para regular la dinámica partidaria; en 2 casos se promueve el ejercicio de los derechos políticos en general; en

uno (la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 2009, del Ecuador) se explicita la violencia doméstica y sexual como causa de separación de cargos.

2.2. Carácter de la presente propuesta y modelos de legis-lación

En la elaboración de una ley se presentan dos extremos posi-bles: uno “minimalista” —con una redacción muy general, pre-viendo que los detalles concretos se abordan en los reglamen-tos— y otro “maximalista” —con fraseos detallados y precisos en función de lo que los legisladores esperan de la ley. Una for-mulación mínima posibilitaría el surgimiento de una diversidad de formas organizativas, principios y acciones. Así, se podrían formular, posteriormente, reglamentos basados en la práctica efectiva y por tanto con una mayor probabilidad de cumplimien-to, ya que no se forzarían cambios en las organizaciones. Una formulación detallada garantizaría el establecimiento de ciertas metas mínimas pero podría desincentivar el desarrollo de otras.

No se puede definir aquí, por cuál vía se optará en general. Sin embargo, en relación con los asuntos vinculados a la equidad de género, experiencias de reforma institucional nacionales e internacionales permiten afirmar que, mientras más detalladas sean las formulaciones, más posibilidades habrá de que sean cumplidas. En Bolivia, como en otros países, los cambios ins-titucionales favorables a la equidad de género en la política no dependieron solamente de la iniciativa de las organizaciones po-líticas o del efecto de contagio de las buenas prácticas.

De acuerdo con Kenneth Janda, “las naciones tienden a seguir políticas que proscriben, permiten, promueven, protegen o pres-criben a los partidos y sus actividades” (Janda 2005: 8). Aquí se considera pertinente enfatizar las medidas de promoción, protec-ción y prescripción. Un análisis que considera la representación en general y la equidad de género en particular, destaca la nece-sidad, en la promoción, de reponer la subvención estatal y crear incentivos a la participación efectiva (no solo candidatas, sino representantes electas, por ejemplo); en la protección, de adop-

Con sus treinta años de duración ininterrumpida, la democracia en Bolivia podría entenderse como una democracia que sigue renovándose continuamente. Una ley de organiza-ciones políticas apuntaría a superar tendencias antidemocráticas que perviven en los partidos, las agrupa-ciones y los pueblos indígenas. En este caso, la Ley de Organizaciones Políticas es una oportunidad para apuntalar la equidad de género en las organizaciones encargadas de hacer funcionar la democracia.

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tar medidas contra el transfuguismo, el acoso, la violencia y la manipulación de las mujeres políticas, con tal de cumplir cuotas; en la prescripción, de afirmar principios democráticos y de no discriminación; garantizar la representación de la plurinacionali-dad y la equidad de género y medidas para reclutar a mujeres y capacitarlas, y no solamente “cazar” candidatas.

3. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS3.1. Definiciones de los sujetos de la ley

Las organizaciones políticas son las protagonistas de la demo-cracia representativa, fundamental en la construcción de la de-mocracia intercultural. Es necesario discutir, en primera instan-cia, qué son estas organizaciones políticas. Ya que no se trata de un rótulo nuevo para los partidos, deben distinguirse los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas.

Es probable que el desprestigio de los partidos políticos, llama-dos “tradicionales”, arrastrara a toda la “clase política” y que la apertura a las agrupaciones y pueblos indígenas haya sido, de hecho, una apertura para la democracia representativa como tal. Para un país como Bolivia no se puede pensar con los mismos enfoques de las democracias occidentales estables.

El común denominador para las tres clases de organizaciones es el derecho de presentar candidaturas y participar en elecciones. Pero la realización de campañas y la participación en procesos electorales no cubren necesariamente los papeles de expresión, canalización, mediación, representación y participación en la dis-cusión de las políticas.

Las reflexiones teóricas permiten sugerir que la Ley de Organi-zaciones Políticas debería referirse a todo el proceso político y no solamente a las elecciones. De acuerdo con Richard Katz, por ejemplo, las leyes de partidos deberían buscar determinar qué es un partido —en este caso, una “organización política”— y a qué da derecho el hecho de ser un partido (además de presen-tar candidaturas y ejercer autoridad y representación en caso de tener un buen desempeño); regular a qué actividades pueden dedicarse los partidos; regular formas apropiadas de organiza-ción y comportamiento (Katz 2004).

Buscando superar el reduccionismo electoral que prevalece en las organizaciones bolivianas, en la definición de lo que es una organización política se podrían incluir las siguientes caracterís-ticas:

• disputa democráticamente el derecho de que sus miembros ejerzan, temporalmente, cargos de representación o autori-dad en cualquier nivel del Estado;

• presenta públicamente estudios, proyectos o alternativas de políticas;

• manifiesta públicamente su posición sobre asuntos de interés local, regional, departamental o nacional en estricto apego a la democracia intercultural y en el marco de valores de tole-rancia y no discriminación;

• realiza actividades de capacitación y formación de sus miem-bros;

• puede establecer alianzas electorales o coaliciones en mo-mentos no electorales.

En la Tabla 2, se presentan algunos criterios que podrían consi-derarse para distinguir las tres clases de organización.

Propuesta de criterios para distinguir partidos y agru-paciones

Organi-zación Derechos Actividades

autorizadasOrganización

interna Alcance

Partido político

• Financia-miento público.

• Recauda-ciones au-torizadas.

• Accesoamedios.

• Proteccióncontra el transfu-guismo.

• Participa-ción en elecciones.

• Investiga-ción.

• Formación.• Propuestas

de políti-cas.

• Noselimita la membre-sía.

• Organi-zación institucio-nalizada.

• Nacional.• Tiempo

ilimitado.

Agru-pación ciuda-dana

• Accesoamedios.

• Recauda-ciones au-torizadas.

• Participa-ción en elecciones.

• Investiga-ción.

• Formación.• Propuestas

de políti-cas.

• Membresíano limitada.

• Organiza-ción menos rígida.

• Decual-quier nivel.

• Puedeproponerse duración.

Organi-zación

de PIOC

• Enfunciónde leyes generales.

• Participa-ción en elecciones.

• Otrasenfunción del respeto de normas y procedi-mientos propios.

• Propuestasde políti-cas.

• Segúnnormas y procedi-mientos propios.

• Local.

3.2. Incorporación de mujeres a la política institucional

Varios análisis comparativos internacionales afirman que la in-corporación o reclutamiento de mujeres como parte de los cuer-pos legislativos, adopta la forma de un embudo: de un número relativamente amplio de elegibles (que cumplen los requisitos formales de la candidatura) surgen un número relativamente me-nor de aspirantes (que tuvieron oportunidades para encaminar su interés y ambiciones legítimas de participación política), entre las que las organizaciones políticas seleccionan unas cuantas candidatas, muy pocas de las cuales son electas. En general, las proporciones de mujeres electas son mucho menores que entre los varones, y esto no depende solamente de mecanismos de exclusión formales, sino de otras limitaciones (Matland y Mont-gomery 2003: 22 y ss.).

Entre esas limitaciones pueden estar el hecho de que el ámbi-to de la política sea considerado como un terreno hostil por las mujeres elegibles. Los numerosos casos de acoso y violencia política, muestran que en Bolivia esto es determinante para las aspiraciones políticas de las mujeres. También hay restricciones económicas: si las campañas electorales se financian en gran medida con aportes de los propios candidatos o candidatas y las mujeres disponen de menos dinero, existirán proporcionalmente menos aspirantes y candidatas. Igualmente la llamada triple jor-

Elaboración propia.

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nada —ocuparse del trabajo, la familia y la actividad política— in-fluye en la participación de las mujeres. Adicionalmente, el perfil esperado de los candidatos puede limitar el paso de elegible a aspirante y a candidata, al igual que la participación en la organi-zación política o formar parte de algún grupo de presión interno que haga cabildeo para ganar un lugar en las listas de candida-tura (Cf. Brichta y Brichta 1994).

Las leyes permitirían encarar de alguna manera estas restriccio-nes. La Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mu-jeres, por ejemplo, puede generar ambientes más “amigables” para la participación de las mujeres. En la Ley de Organizacio-nes Políticas podrían considerarse los siguientes aspectos:

• Obligatoriedad de la realización de diagnósticos de género en partidos y agrupaciones ciudadanas.

• Programas de formación y capacitación para mujeres.• Programas de formación y capacitación sobre equidad de gé-

nero e interculturalidad para todos los miembros varones y mujeres de las organizaciones.

• Apoyo efectivo en la triple jornada, con la apertura de guarde-rías o adoptando horarios de trabajo político favorables a las mujeres.

• Definición de que parte del financiamiento de las campañas aporte a las candidaturas de mujeres.

• Incentivos a la formación de grupos de mujeres dentro de las organizaciones políticas.

3.3. Dinero político. Financiamiento de las organizaciones

Existen, según la teoría, dos enfoques en la legislación del dine-ro político: el enfoque cívico o de la lucha contra la corrupción y el enfoque político o del funcionamiento de las organizaciones (Johnston 2005). En Bolivia se optó por el de la lucha contra la corrupción, de manera que no se apunta a determinar cómo financiarán, legalmente, los partidos las actividades a los que les autoriza su personalidad jurídica, sino a examinar que su dinero no provenga de actividades ilegales, o sea malgastado o apro-piado indebidamente por los dirigentes.

Considerando que el financiamiento político puede adoptar tres modalidades (pública, privada o mixta), se propone un sistema de financiamiento mixto, con tope de proporción de 50% para el financiamiento privado. El financiamiento público deberá usar-se preferentemente en actividades de investigación, formación y capacitación, en fortalecimiento institucional más que en propa-ganda electoral. Se podrían reglamentar porcentajes para dife-rentes tipos de actividades: ordinarias o permanentes, electora-les, entre otras. Se propone lo siguiente:

Crear el Fondo Nacional de Promoción de la Representación Po-lítica, dependiente del Tribunal Supremo Electoral. El Fondo po-dría funcionar con dinero proveniente de las siguientes fuentes:

• Cooperación internacional oficial.• Donaciones de empresas nacionales que no tengan contra-

tos con el Estado.• Donaciones de particulares no ligados a empresas extranjeras.En cuanto a las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas, podrían ser:

Financiamiento público

• Aportes del Fondo Nacional de Promoción de la Representa-ción Política.

• Incentivos fiscales por cumplimiento de su propia normativa interna en relación con la participación de las mujeres.

• Aportes en tiempo en medios de comunicación.• Aportes en financiamiento indirecto de actividades de capaci-

tación y formación para mujeres, y sobre equidad de género e interculturalidad.

Financiamiento privado

• Aportes de sus miembros de base.• Contribuciones individuales notariadas o herencias (con lími-

tes para impedir desequilibrios entre organizaciones).• Donaciones en especie.

Se propone la exclusión de las siguientes fuentes de financia-miento:

• Donaciones o subsidios de entidades públicas.• Empresas extranjeras o con filiales o matriz en el extranjero.• Empresas que tengan contrato con entidades estatales.• Donaciones directas de gobiernos extranjeros.• Donaciones directas de organizaciones políticas extranjeras.

Reglamentos específicos deberían establecer los topes de finan-ciamiento para cada organización en períodos determinados.

En cuanto a los usos del financiamiento, cada organización de-bería tener un reglamento interno para establecer todos los crite-rios y procedimientos para el acceso y uso interno de los recur-sos (públicos, privados y mixtos).

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La normativa relativa al Fondo de Promoción debería establecer si se financiará a los candidatos y candidatas, o a los partidos. Aquí se propone que, para garantizar el equilibrio de género, exista financiamiento de campañas de candidatas.

También deberían definirse los momentos de entrega del finan-ciamiento, si será antes de las elecciones (adelanto), después de las elecciones (reintegro). El financiamiento de campañas elec-torales debería considerar su duración y la existencia de topes.

De la misma manera, esta normativa debería definir si el finan-ciamiento público se dedicará solamente a elecciones “externas” o también internas, y si será solamente en elecciones nacionales o en entidades autónomas.

El presupuesto anual de las organizaciones políticas podría in-cluir los siguientes ítems, entre otros:

• Porcentaje mínimo para actividades de formación o capacita-ción en equidad de género e interculturalidad para todos sus miembros.

• Porcentaje mínimo para actividades de fortalecimiento institu-cional.

• Porcentaje mínimo para actividades de formación o capacita-ción de jóvenes.

• Porcentaje mínimo para actividades de formación o capacita-ción de mujeres líderes.

• Porcentaje mínimo para investigación y para coloquios o con-versatorios sobre los temas investigados.

Podría establecerse un incentivo consistente en un porcentaje sobre los montos previstos en su presupuesto anual, a las orga-nizaciones que tengan mayor proporción de candidatas titulares electas. El incremento se podría efectivizar en dinero, en tiempo en los medios de comunicación o en el financiamiento de activi-dades de capacitación o investigación.Se prevé que se financien indirectamente, las elecciones inter-nas de las organizaciones.

Anualmente, las directivas de las organizaciones deberán pre-sentar rendiciones de cuentas con notarios de fe pública, ante las instancias correspondientes y ante la población.

La falta en la presentación de documentos o en la realización de la sesión pública será sancionada con la suspensión de la trans-ferencia de dinero del Fondo de Promoción de la Representación Política.En función de medidas a favor de la transparencia, el OEP po-dría solicitar a la directiva de una organización copia de sus li-bros contables, en cualquier momento, otorgando 48 horas de plazo para la satisfacción de la solicitud. El OEP debería publicar

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en su página de internet los estados según los libros contables, para examen público o control social.

3.4. Rol del Órgano Electoral

Existen dos opciones en relación con lo que podría hacer el Ór-gano Electoral: adoptar el papel de árbitro (vigilante de la com-petencia entre los actores) o de “activista” (protagonista capaz de acciones definitorias). Es pertinente balancear estas dos posibilidades. En el caso del papel activo, por ejemplo, si hay incumplimiento en la inclusión de 50% de mujeres titulares en las listas de candidatura, podría establecerse que los tribunales electorales ajusten esas listas (eliminando a los últimos varones o modificando los lugares).

Se ve pertinente incidir en la promoción, la protección y la pres-cripción más que en la proscripción. En todos los casos debe evaluarse si será necesario crear, en el Órgano Electoral, des-centralizadas o independientes, instancias de seguimiento o vi-gilancia u órganos de control con o sin participación de la ciuda-danía:

• De vigilancia del cumplimiento de las normas nacionales e internas (con una oficina dedicada explícitamente a la equi-valencia de género).

• Unidades de transparencia para el manejo de recursos eco-nómicos.

3.5. Rendición de cuentas, transparencia y publicidad

Se debería incrementar la transparencia mediante el fortaleci-miento de los mecanismos de rendición de cuentas y de divulga-ción de información.

• Asegurar la independencia, la asunción de atribuciones y la recepción de recursos para los órganos de control propues-tos, garantizando mecanismos de cumplimiento de la ley.

• Definir las sanciones para cada transgresión, considerando criterios de gradualidad y eficacia, de manera que no haya impunidad ni penalización de la actividad política.

• Definir los incentivos selectivos para cada buena práctica.

En cuanto a la divulgación, se podría considerar lo siguiente:

• Informes periódicos de actividades, auditorías y acceso públi-co.

• Informes periódicos detallados al órgano de control.

• Necesidad de información precisa para los ciudadanos.

• Dar al órgano de control atribuciones suficientes para vigilan-cia e instrucción de procesos.

• Establecer mecanismos rigurosos de rendición de cuentas y divulgación de los ingresos y egresos

Ya que el control social está previsto constitucionalmente, puede considerarse la incorporación de instancias de la sociedad civil en los órganos de control, o la creación de entes específicos de control social con garantía de publicidad en medios de comuni-cación.

3.6. Democracia interna y estructura

Considerando las diferentes organizaciones existentes, se pue-de asumir la tipología propuesta por Susan Scarrow (2005), que considera tres dimensiones en las organizaciones políticas (centralización, inclusividad e institucionalización) y define cinco tipos: organización de líder dominante, partido de notables, orga-nización de representación individual no corporativa, organiza-ción de representación corporativa, organización de democracia de base. Los problemas identificados para la legislación son los siguientes: sucesión del líder sin reglas (para la organización de líder dominante); establecimiento de derechos para todos los miembros y actividad entre elecciones (para el partido de nota-bles); estabilidad de las reglas sobre las relaciones entre dirigen-tes y bases; ir más allá de la retórica (para la organización de representación no corporativa); reglas sobre la distribución del poder dentro del partido, para articular el principio de “un miem-bro, un voto” con los intereses corporativos (para la organización de representación corporativa), y la estabilización y “predictibili-dad” de los mecanismos de decisión (en la democracia de base).

La democracia y la organización interna no definen solamente lo que sucede dentro de las organizaciones políticas, sino en-tre ellas, sobre todo en negociaciones sobre políticas y cuando existen coaliciones parlamentarias (Cf. Giannetti y Benoit 2009). Los estatutos de las organizaciones políticas podrían incluir los siguientes asuntos, entre otros:

• Apego manifiesto e irrestricto a la Constitución Política del Estado.

• Apego manifiesto a la democracia intercultural.

• Criterios precisos (requisitos) para que miembros, invitados e invitadas puedan optar a los cargos internos y a candidaturas. Esto será particularmente necesario en el caso de la directiva de la organización. Entre esos criterios deberá explicitarse que no habrá discriminación en razón de género.

• Directivas equitativas por género (paridad y alternancia)

• Precisión en la duración de los cargos directivos y sobre la sucesión.

• Derechos de los miembros explicitando que no existen crite-rios de discriminación en razón de género, de condición étni-ca o de otra índole.

• Canales de comunicación precisos entre la directiva y los miembros.

Entre esas limitaciones pueden estar el hecho de que el ámbito de la políti-ca sea considerado como un terreno hostil por las mujeres elegibles. Los numerosos casos de acoso y violen-cia política muestran que en Bolivia esto es determinante para las aspi-raciones políticas de las mujeres.

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• Enunciación de las actividades de la organización en perío-dos electorales y en períodos no electorales.

• Precisión en las reglas de distribución de cargos y atribucio-nes entre los grupos que conforman la organización (si se trata de una organización política conformada por organiza-ciones corporativas).

• Precisión en los mecanismos de toma de decisiones.

• Precisión en los mecanismos de impugnación de las decisio-nes asumidas.

• Precisión sobre la conformación y atribuciones de un cuerpo colegiado de vigilancia del cumplimiento de las reglas inter-nas.

• Garantía de que los miembros podrán impugnar decisiones de la directiva que vulneren los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas, los estatutos, y la declaratoria de principios.

• Garantía de que la directiva pueda impugnar decisiones de tribunales electorales que vulneren los principios de la demo-cracia intercultural.

• Garantía de que la directiva pueda impugnar decisiones de tribunales electorales que vulneren los principios de su demo-cracia interna.

3.7. Acción afirmativa

En general, se consideran algunos aspectos que podría conte-ner la normativa de las organizaciones.

• Declaraciones explícitas de apego a la equivalencia de géne-ro promovida por la legislación actual.

• Estructura paritaria (conformación de directivas internas con paridad y alternancia).

• Reglamentación de acciones y procesos de capacitación y “reclutamiento” de mujeres e indígenas (incentivos selectivos a partidos u organizaciones que cumplan bien estas tareas).

• Reglamentación de que partidos y organizaciones destinen, al menos, un porcentaje definido de su presupuesto a diag-nósticos de género.

• Reglamentación de que partidos y organizaciones destinen, al menos, un porcentaje mínimo de su presupuesto a capaci-tación en enfoque de género, derechos humanos e intercultu-ralidad.

• Otorgar incentivos selectivos a partidos u organizaciones que consigan mayor proporción de mujeres candidatas elegidas.

• Reglamentar sanciones internas por violación de derechos reconocidos en las leyes vigentes (leyes contra la discrimina-ción y contra el acoso político).

• Vigilar cumplimiento e incumplimiento de artículos relaciona-dos con los derechos de las mujeres en los propios estatutos.

Se podrían articular una serie de medidas de proscripción, pro-moción, protección y prescripción:

Proscripción

• Eliminación de la lista de candidatos con antecedentes com-probados de acoso político y violencia contra mujeres, niños o niñas.

Promoción

• Incentivo en especie (acceso a medios) o dinero, a las or-ganizaciones con mayor proporción de mujeres electas (no solamente candidatas).

• Incentivo a la conformación de grupos organizados de muje-res dentro de la estructura de las organizaciones.

Protección

• Establecer garantías de ejercicio para las candidatas electas.

• Afirmar la Ley contra el Acoso político con tribunales internos en cada organización (el OEP sancionará con multas y a la larga con extinción a las organizaciones que no conformen esos tribunales).

• Establecer mecanismos institucionales de apoyo familiar, como guarderías en períodos de campaña o en casos de per-sonal permanente, u horarios de reuniones o trabajo político compatibles con las actividades de las mujeres.

Prescripción

• El número de mujeres en las listas de candidatos para la di-rectiva de las organizaciones políticas no podrá ser inferior al 50% del total de miembros. Se respetarán criterios de paridad y alternancia.

• El número de mujeres en las listas de candidatos a cargos de elección popular no puede ser inferior al 50% del total de can-didatos, con paridad y alternancia, y garantizando que haya un número similar de candidatas y candidatos titulares en to-dos los tipos de circunscripción.

• Las organizaciones que no cumplan este precepto serán san-cionadas, en primera instancia, con la no inscripción de sus candidaturas; en segunda instancia, con la cancelación de su personalidad jurídica.

3.8. Democracia intercultural

Tal como se señaló, la Ley de Organizaciones Políticas debería revalorizar la representación y, por tanto, la democracia repre-sentativa, que es una de las formas que deben articularse en la democracia intercultural. Efectivamente, las organizaciones po-líticas no deberían participar como tales en referendos (aunque podrían generar corrientes de opinión y hacer campañas a favor del Sí o del No), en asambleas o cabildos, o en elecciones en función de normas y procedimientos propios.

La Ley debería definir si entre las actividades autorizadas (y sub-vencionadas) de las organizaciones, se podrían incluir las cam-pañas por el Sí o por el No en referendos y la propaganda a favor o en contra de las políticas gubernamentales.

3.9. Transfuguismo

El transfuguismo —que en Bolivia se conoce como “transfu-gio”— es una práctica que se define de diversas maneras y se ve como problema (o como algo no problemático), según el con-texto. Algunos países consideran como transfuguismo el hecho de votar contra la “línea” del partido (sin considerar las opiniones o demandas de los electores); en otros, el transfuguismo es jurar por otro partido sin abandonar el cargo de representación. Más allá de las consideraciones éticas, el transfuguismo es un fenó-

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meno particularmente importante cuando los votos de uno o más parlamentarios son necesarios para aprobar una ley.

A diferencia de lo establecido en otras constituciones (Belice, Namibia, Nepal, Nigeria, Seychelles, Sierra Leona, Singapur y Zimbabue; Janda 2009: 3-4), no existe en la constitución boli-viana la prescripción de pérdida de mandato por transfuguismo. Se propone adoptar medidas de protección contra la práctica del transfuguismo. Podrían considerarse las siguientes:• Quienes abandonen una organización política sin abandonar

sus cargos de representación, o hayan sido separados en procesos transparentes y en aplicación de reglas internas, no podrán optar cargos electivos ni ejercer cargos de libre de-signación en instituciones estatales por el lapso de dos años calendario, desde la fecha de abandono o separación.

Esta prescripción puede acompañar otra, relacionada con el acoso y la violencia política:

• La organización política no podrá incluir como candidatos a quienes hayan sido sentenciados por discriminación, por aco-so político, violencia política contra mujeres o violencia contra niños o niñas. El incumplimiento de este precepto ocasiona-rá la eliminación de la lista de candidatos de la organización para el proceso electoral en curso y el siguiente, por parte del Órgano Electoral.

3.10. Medios y campañas

Los medios de comunicación masiva juegan papeles centrales en la dinámica social y en la comunicación política. Llegan a constituir, en sí mismos, un actor político. Una reglamentación adecuada podría mejorar las condiciones de acceso y participa-ción de los actores políticos en el espacio público, para generar

espacios de intercambio de información, debate y deliberación, así como la toma de decisiones colectivas de manera más libre, informada y democrática.

A pesar de avances como la propaganda electoral gratuita por parte de los medios estatales, algunos estudios constatan que los actores políticos con menos recursos económicos e institu-cionales, siguen sufriendo subrepresentación e invisibilización mediática (inclusive en las últimas campañas electorales de 2009 y 2010; Cf. Exeni et al. 2012). Persisten problemas de uso discriminado en la asignación de espacios y tiempos, por parte de los medios estatales, dificultad de elaboración de mensajes y estrategias informativas, sobre todo de parte de los partidos pequeños y de las organizaciones políticas nuevas.La participación de las mujeres en espacios de representación política sigue siendo débil —11% en diputadas uninominales y ninguna mujer en circunscripciones especiales—. Esto se repro-duce en la ausencia casi total de las mujeres —y también de actores indígenas— en el espacio mediático. Todavía se requie-ren ajustes para generar normas que promuevan el principio de igualdad de condiciones y procesos más equitativos de visibiliza-ción, mediatización y representación mediática, que favorezcan la inclusión y presencia de los actores históricamente excluidos del espacio público.

Se requiere problematizar y reflexionar sobre lo siguiente:

• Normas para regular el acceso equitativo a los medios de co-municación por parte de las organizaciones políticas y sus miembros (regular el tiempo de acceso de miembros, candi-datos y candidatas, y representantes de las organizaciones políticas por género, a medios de comunicación durante cam-pañas y en otros períodos; regular la duración de campañas).

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• Regular costos de mensajes publicitarios, sobre todo en pe-ríodos de campaña (establecer topes de precios por franja horaria, para controlar los disparadores de gasto electoral).

• Garantizar el acceso equitativo de candidatos, candidatas y dirigentes a los medios de comunicación (públicos, privados y alternativos), mediante el establecimiento de normas explí-citas, incentivos y sanciones.

• El acceso selectivo a los medios de comunicación masiva (públicos, privados y comunitarios y otros), como parte de los incentivos en premio a la promoción de mujeres en cargos directivos y por el incremento de mujeres en las bases.

• Normas de obligatoriedad de difusión en los medios, según tipo de mensajes, actor y circunstancia.

• Obligatoriedad de las organizaciones de difundir información sobre cambios de normativa, actividades de capacitación o fortalecimiento, resultados de investigación y toda informa-ción que afecte a las mujeres.

• Exigir que la información institucional de las organizaciones políticas respete la igualdad de oportunidades entre géneros en la difusión de la información. Crear espacios mediáticos (virtuales o tradicionales) para mujeres.

• Crear mecanismos para que los medios cumplan el rol de vigilancia y régimen de sanciones, y coadyuven a que la so-ciedad civil cumpla también este rol.

La cada vez mayor difusión de las tecnologías de información y comunicación, comportan dificultades que deben enfrentarse, como el control de las campañas en las redes sociales virtua-les. También traen oportunidades que deberían aprovecharse. En este sentido, se propone que cada organización política de alcance nacional, mantenga una página web puesta al día, quin-cenalmente, con la siguiente información:

• Estatutos y declaración de principios.• Propuestas de políticas (planes de gobierno en épocas elec-

torales; proyectos de ley).• Listas de dirigentes en su estructura organizativa.• Opciones de contacto (dirección postal, teléfonos, dirección

electrónica).• Informe económico actualizado semestralmente.• Noticias sobre la realización de actividades que la ley autoriza

a las organizaciones políticas.• Noticias sobre las medidas adoptadas a favor de la equidad

de género.• Vínculos al OEP y a las asambleas legislativas.

Los contenidos de la página deberán manifestar adhesión a los principios de la democracia intercultural y a la no discriminación en razón de género o de otra índole.

Observación, medición y monitoreo de medios de comunicación• Crear instancias públicas de medición, observación y monito-

reo de medios de comunicación (Observatorios dependientes del Órgano Electoral Plurinacional).

• Medición de mensajes partidarios (informativos, publicitarios, campañas, etc.), para determinar inequidades de acceso en la difusión de información.

• Medición de mensajes de propaganda electoral, diferencian-do la propaganda gratuita y la pagada, y propaganda directa y encubierta.

• Medición de mensajes de propaganda electoral desagregan-do la información en términos del alcance de la difusión —lo-cal o mediante red departamental o nacional—, y de los días y horarios de difusión.

• Medición del uso de recursos —económicos e instituciona-

les— en campañas electorales directas y a través de los me-dios.

• Monitoreo y vigilancia de los mecanismos, para determinar los horarios de las franjas, o sea, la distribución de los hora-rios de difusión con información diferenciada por actores y organizaciones políticas.

Estas instancias deberían examinar, además de la información y mensajes diversos, la imagen presentada de las mujeres a tra-vés de la información de los medios, para exigir que se cumplan las normas de respeto a la diversidad, igualdad de condiciones y equidad de género.

Capacitación en elaboración de mensajes y estrategias comuni-cativas.

• Crear instancias públicas de capacitación para la elaboración de mensajes y estrategias comunicativas, que permitan la di-fusión de los principios, planes y propuestas, especialmente para las organizaciones políticas más pequeñas.

3.11. Alternativas de políticas

Producción de alternativas de políticas

Se proponen dos prescripciones generales: la necesidad de que los partidos y agrupaciones creen alternativas de políticas ba-sadas en investigaciones rigurosas y la necesidad de controlar el cumplimiento de sus propuestas. En relación con este último punto, las organizaciones políticas deberían presentar planes de gobierno notariados, incluyendo explícitamente políticas favora-bles a la equidad de género y a la interculturalidad.

En este caso, cada dos años (o a solicitud de ciudadanos, cum-plido el segundo año de ejercicio de los cargos electivos), el OEP, o la instancia creada a la cual se le dé esta atribución, debería realizar auditorías políticas a organizaciones que hayan obtenido cargos de representación o autoridad, comparando sus planes de gobierno notariados con los programas operativos o las propuestas de legislación presentadas.

Deberían establecerse incentivos en un porcentaje definido del presupuesto para la siguiente elección en el correspondiente municipio, departamento o en el país de cada organización, con más de 80% de cumplimiento de presentación de propuestas incluidas en su plan notariado. El incremento debería ser mayor en el caso de propuestas que propendan a la equidad de género.

4. EPÍLOGO ABIERTO

Los planteamientos presentados buscan aportar al debate que se está realizando en torno a la formulación de la Ley de Orga-nizaciones Políticas. Apuntan a la democratización de las orga-nizaciones políticas, en sí mismas, y considerando que influyen efectivamente en la dinámica social. El supuesto de fondo es que la democracia boliviana demostró apertura a las demandas de las mujeres y un nivel de desarrollo suficiente como para adoptar innovaciones surgidas del debate nacional y para escu-char propuestas de distintos sectores.

Marlene Choque AldanaSocióloga y Comunicadora Social

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1 Este documento en construcción, fue encargado por el Programa de Gobernabilidad del PNUD, IDEA Internacional y la Coordinadora de la mujer, como aporte a la discusión con mujeres de partidos políticos y organizaciones sociales. Fue presentado en el Encuentro de Mujeres “Hacia una nueva Ley de Organizaciones Políticas. Oportunidades y desafíos para la participación política de la mujer”, realizado en La Paz el 27 y 28 de noviembre de 2012.

2 Una de las experiencias más notables en este aspecto, es la del Partido del Pueblo para las Mujeres de Rusia (co-nocido como Mujeres de Rusia), que en 1993 ganó 8,1% de los votos en la elección de diputados (consiguiendo 21 curules, algo más del 5% del total). En la elección de 1995, Mujeres de Rusia no consiguió el umbral de 5%, necesario para obtener asientos en la Duma. Pese al éxito inicial, la aparición de Mujeres de Rusia connotó la incapacidad de los movimientos de mujeres de hacer que los partidos grandes “tomen en serio” la representación de las mujeres (Moser 2003: 164).

3 Se hizo una búsqueda amplia que incluyó, entre otras fuentes, las bases de datos del ACE Project, de la Electoral Knowledge Network (http://aceproject.org) y de Kenneth Janda (http:www.janda.org) y los documentos legales referi-dos por estudios comparativos.

4 El efecto de las formulaciones precisas en Bolivia es observable si se comparan las cantidades de mujeres candi-datas y electas antes, y después de la implementación de las cuotas obligatorias. En cuanto al “efecto de contagio” —esta expresión fue propuesta por Richard Matland y Donley Studlar—, tuvo resultados importantes en varios casos. Por ejemplo, la paridad en candidaturas con prioridad femenina, adoptada por el Partido Verde en Alemania, avivó el debate sobre la participación de las mujeres, presionando a los otros partidos a considerar alguna proporción de cuota femenina (Brzinski 2003; Cf. Matland y Studlar 1996).

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Fernando Mayorga

y organizaciones políticas

Democracia

Existen escasas reflexiones so-bre democracia intercultural. Y menos aún definiciones. Se consignan más bien esbozos normativos y, en las aproxima-

ciones teóricas más interesantes, es un término que pretende dar cuenta de con-figuraciones institucionales que expresen nuevas prácticas políticas. Prácticas que exceden y renuevan la democracia repre-sentativa porque provienen del repertorio de nuevos actores sociales portadores de demandas de variada índole (movimien-to indígena, mujeres, ecologistas, entre otros), que cuestionan el catálogo con-vencional de los derechos ciudadanos, la orientación de las políticas de desarrollo, la calidad de la representación política y el desempeño gubernamental en la gestión pública. En la década pasada provocó, en varios países de la región andina, profun-das reformas estatales mediante asam-bleas constituyentes con consecuencias para la trama institucional de la democra-cia en sus dos facetas: representación y participación. En los años noventa algu-nos países andinos incorporaron institu-ciones de democracia participativa en sus constituciones políticas y reconocieron el carácter multicultural y pluriétnico de las sociedades; no obstante, en los últimos años la reforma del Estado, fue más inte-gral y dio paso al debate sobre su carác-ter plurinacional con el reconocimiento de derechos colectivos indígenas y el esta-blecimiento de vínculos entre democracia, diversidad social e interculturalidad. En torno a estos procesos de transición esta-tal se dio el debate sobre la conceptualiza-ción de la democracia intercultural, con las diferencias obvias en cada caso nacional, en particular en Bolivia y Ecuador.

Uno de los autores que acuñó un concep-to plausible para dar cuenta de los cam-bios en la democracia liberal representati-va, es Boaventura de Sousa Santos, con el término “demodiversidad” (Reiventar la democracia, reinventar el estado, Sequi-tur, España, 2008). Esta noción intenta alertar sobre la necesidad de reconocer la diversidad de la sociedad y ajustar las ins-tituciones a la heterogeneidad de sujetos, proyectos, prácticas, formas de vida, etc., que caracteriza lo social y que nunca será contenida o representada íntegramente por el Estado. Otras lecturas de autores bolivianos analizaron, con bastante an-ticipación, las disyunciones entre formas liberales y modalidades sindicales o in-dígenas (Vgr. Silvia Rivera, “Democracia del ayllu y democracia liberal”, en Mario Miranda Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, UNAM, México, 1993). Precisamente, en la actualidad, la noción

de democracia intercultural responde al desafío de combinar distintas concepcio-nes y modalidades de democracia, pres-tando atención a las instituciones indí-genas y campesinas, combinados con el debate en torno al Estado Plurinacional.

A partir de la noción de “demodiversidad”, de Sousa plantea algunas características de la democracia intercultural: “En primer lugar, debe tener diferentes formas de deliberación democrática… En segundo lugar… exige una doble forma o un do-ble criterio de representación. Un criterio cuantitativo que es el voto, el de la demo-cracia liberal… Si criticamos la democra-cia representativa no es porque sea falsa, sino porque es poca, porque hay que re-forzarla con otras formas democráticas. ¿Y cómo se refuerza? En una sociedad plurinacional se requiere otro criterio de representación que puede ser cualitati-vo. Por otro lado, hay muchas formas de participación y de modos de deliberación directa en la democracia de tradición occi-dental… como son referéndum, consultas, iniciativa popular, presupuestos participa-tivos, etc. hay realmente experiencias de combinación de formas participativas de tradición occidental y de formas indígenas de participación, formas propias que hay que reconocer como formas de democra-cia participativa” (“La reinvención del Es-tado y el Estado Plurinacional”, Boaventu-ra de Sousa Santos, Alianza Internacional

CENDA-CEJIS-CEDIB, Cochabamba, 2007).

Otros autores amplían la idea de democra-cia intercultural incluyendo las relaciones de género por la condición de subalterni-dad de las mujeres, que es análoga a la de otros grupos sociales excluidos y dis-criminados. En ese sentido plantean una “democracia intercultural paritaria” como respuesta “a las demandas de inclusión de los sectores que hasta hoy son los su-bordinados de los sistemas políticos, entre ellos los raciales, los étnicos y los de géne-ro” (Epsy Campbell Barr, “La democracia intercultural paritaria: El verdadero desa-fío democrático del siglo XXI”, http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/3/27753/PonenciaEpsyCampbell.pdf).

En suma, la democracia intercultural con-lleva una propuesta de ampliación y com-binación de formas institucionales de la democracia, que se fueron desarrollando en el tiempo y en determinados espacios histórico-culturales para cumplir un ob-jetivo elemental: mejorar la capacidad y calidad del desempeño del Estado para responder a las necesidades y demandas de la sociedad. Esos criterios adquirieron carácter institucional en la constitución política boliviana aunque, como veremos, la democracia intercultural carece de una definición precisa y sus rasgos institucio-nales están en proceso de despliegue.

sds, Fernando Montes.

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1. Bases conceptuales y jurídicas de la noción de democracia intercultural

La democracia intercultural es un dispo-sitivo jurídico e ideológico que pretende establecer, organizar y legitimar las carac-terísticas formales de la democracia boli-viana post-constituyente. Al enfatizar en lo formal, hacemos hincapié en la raciona-lización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente mar-ginales al sistema político y que, desde 2009, constituyen uno de los rasgos pe-culiares del Estado Plurinacional (y por ende, de la democracia intercultural). Me refiero a la “democracia comunitaria” que reconoce modalidades de elección de re-presentantes y autoridades, distintas a las de la democracia representativa e implica el reconocimiento de derechos colectivos de un nuevo sujeto definido por criterios histórico-culturales: “naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena origi-nario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultu-ra, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades te-rritoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Este es un dato relevante para este tema, puesto que el proceso incremental de am-pliación de la democracia, ingresó a una fase de formalización constitucional con ese sujeto “plurinacional” en el centro del texto constitucional.

La noción de dispositivo permite explicar los alcances del vocablo democracia in-tercultural, si asumimos una perspectiva que resalta la naturaleza estratégica de un dispositivo y su relación con el poder como un rasgo central de las relaciones entre Estado y sociedad. Así, “….el dis-positivo [es] de naturaleza esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquear-las, o para estabilizarlas, utilizarlas, etc. (...) El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero tam-bién siempre ligado a uno de los bornes del saber, que nacen de él pero, asimismo lo condicionan”… “es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que

incluye discursos, instituciones, instalacio-nes arquitectónicas, decisiones reglamen-tarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filo-sóficas, morales, filantrópicas, brevemen-te, lo dicho y también lo no-dicho (Michel Foucault, Saber y verdad, Siglo XXI).

A diferencia del autor citado, no hacemos hincapié en el uso instrumental del dis-positivo como mecanismo de dominación estatal, más bien recuperamos las posibi-lidades que proporciona la construcción institucional de un dispositivo para orien-tarlo hacia la emancipación, puesto que las instituciones no solamente establecen restricciones, también proporcionan incen-tivos a las personas. En este caso, las re-glas de la democracia intercultural deben estar dirigidas a mejorar el desempeño de las organizaciones políticas y fortale-cer su vínculo con la sociedad. Asimismo, nos interesa resaltar que en torno a este dispositivo se está configurando un nue-vo saber, puesto que va tomando cuerpo un conjunto de ideas y creencias capaces de proporcionar pautas interpretativas del proceso político en una lógica constructiva y propositiva. En otras palabras, la demo-cracia boliviana es hoy una democracia intercultural. Lo que no sabemos todavía es a qué nos referimos con este término. En esa búsqueda interpretativa, seguimos auscultando algunas pistas de intelección.

La democracia intercultural es afín al Esta-do Plurinacional porque surge en un con-junto de leyes y reglamentos derivados de la nueva CPE, y tiende a convertirse también en un sistema de creencias, un discurso que empieza a ordenar el cam-po político, aunque su sentido es —toda-vía— impreciso porque forma parte de la mutación institucional en el Estado. Adop-tamos la idea de mutación porque se trata de una combinación entre la construcción de nuevas instituciones estatales y la re-novación/ampliación de las instituciones existentes en el modelo estatal anterior. Así ocurre con el sistema de derechos que ahora contiene a los derechos colec-tivos y ratifica/amplía los derechos indivi-duales. Así acontece con la combinación

de jurisdicción ordinaria e indígena en el órgano judicial. Con el reconocimiento de autonomías departamentales e indígenas y el mantenimiento de las autonomías municipales. Con la elección popular de magistrados entre los candidatos prese-leccionados por dos tercios del órgano le-gislativo. Con el reconocimiento del órga-no electoral como poder del Estado. Con la incorporación de la iniciativa popular y la revocatoria de mandato junto con el re-ferendo.

Ahora bien, la mutación en el sistema po-lítico fue menos profunda, puesto que el régimen presidencialista no fue modifica-do y se mantuvo el sistema bicameral. En el sistema de representación política se produjeron leves cambios: se incrementó el número de senadores y se adoptó el método proporcional para la asignación de escaños; en diputados se mantuvo el sistema mixto y el número de represen-tantes, no obstante, se establecieron cir-cunscripciones especiales uninominales para la elección de un porcentaje de di-putados indígenas. Ese fue el primer dato de la ampliación de la democracia hacia la democracia intercultural. Un dato que tie-ne como antecedente la incorporación de los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas en la disputa electoral junto a los partidos políticos. La diversificación de las instituciones de representación política fue aprobada en la reforma parcial consti-tucional de 2004, y se mantiene intacta en la actual CPE, excepto por la (necesaria e importante) aclaración de que se trata de “organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y no de los pueblos indígenas sin mediación ins-titucional. Por eso consideramos que, así como se construyen nuevas instituciones, se reinventaron otras, algunas se mantie-nen y otras se han renovado.

Utilizamos la idea de “mutación” para refe-rirnos a la transición estatal boliviana a la usanza de Isidoro Cheresky, cuando eva-lúa la democracia contemporánea. Este autor señala que: “La mutación demo-crática va, entonces, en dirección de una democracia continua, el acto electoral per-

En otras palabras, la democracia boliviana es hoy una democracia intercultural. Lo que no sa-bemos todavía es a qué nos referimos con este término. En esa búsqueda interpretativa, segui-mos auscultando algunas pistas de intelección.

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siste como decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero se opaca en vistas a la emergencia o fortalecimien-to de otras representaciones y legitimida-des que alimentan una vida política ininte-rrumpida en que los ciudadanos evalúan permanentemente a los gobernantes y vetan aquellas decisiones no argumenta-das convincentemente o no satisfactorias” (“Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones” en ¿Qué demo-cracia en América Latina?, Isidoro Che-resky, compilador, CLACSO-Prometeo, Buenos Aires, 2012). En nuestra perspec-tiva, en el caso boliviano, el Estado Pluri-nacional no solamente fue una respuesta a demandas de restitución de la legitimi-dad de la elección de los gobernantes y representantes, mejorando la eficacia del voto ciudadano y la calidad “sociológica” de la representación política, también es una respuesta a demandas de mayor par-ticipación social en el proceso decisional y en la gestión pública. En esa medida, las nuevas instituciones democráticas tienen que ver con la búsqueda de incremento de la representatividad de las instancias políticas y de promoción de una mayor participación de la sociedad en los asun-tos públicos. Entonces, las instituciones de la democracia intercultural tienen que responder a temas de representación, de-cisión, deliberación, participación, entre otros.

En este marco, en la democracia directa y participativa es preciso distinguir entre las instituciones que tienen que ver con la toma de decisiones y la deliberación (referendo y consulta previa, por un lado; asamblea y cabildo, por otro), y las institu-ciones ligadas a la representación política (revocatoria de mandato). Es decir, exis-te un nexo —el sufragio universal como medio y la representación como objeto— entre la democracia directa y la represen-tativa, que derivan de la elección directa del presidente (gobernador y alcalde) mediante el voto mayoritario, así sea en segunda vuelta, eliminando la mediación congresal existente en la anterior CPE.

Asimismo, existe un nexo entre la de-mocracia comunitaria y la democracia directa, porque se reconoce a la consul-ta previa como derecho colectivo (Art. 30, II, inciso 15; III que establece que debe ser garantizado expresamente por el Estado) y también como mecanismo de democracia directa (en este caso, la Ley de Régimen Electoral establece que las conclusiones, acuerdos o decisiones de una consulta previa no tienen carác-ter vinculante para los gobernantes. Art. 39). En el primer caso no se trata de un nexo problemático, porque la revocatoria de mandato es resultado de una iniciativa popular (democracia participativa) que re-suelve un tema de representación política mediante sufragio universal (democracia

representativa). En el segundo caso, el nexo es problemático porque puede dar-se una contradicción entre la exigibilidad del cumplimiento de un derecho colectivo (democracia comunitaria) y la adscripción gubernamental a la ley, que establece los límites de la consulta previa (democracia directa y participativa).

Por otra parte, existe un nexo entre de-mocracia representativa y comunitaria, puesto que el objeto exclusivo de la de-mocracia representativa es la elección de representantes mediante el voto universal y la democracia comunitaria también se refiere específicamente a la “elección, de-signación o nominación de autoridades y representantes”, aunque en este caso es mediante “normas y procedimientos pro-pios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 5, CPE). Es decir, en la CPE, la democracia comuni-taria y la democracia representativa se refieren a la representación política, la diferencia radica en la incorporación for-mal de diversas modalidades de elección en las comunidades indígenas, que no se ajustan al voto universal, individual, de corte liberal. Otra diferencia, es que la democracia comunitaria se ejerce en es-pacios territoriales específicos, como las autonomías indígenas donde regirá el au-togobierno, no obstante, en los cinco esta-tutos autonómicos indígenas presentados al Tribunal Constitucional se mantienen algunas instituciones “liberales”, como la división entre poder ejecutivo y legislativo —aunque con otras denominaciones—, asimismo, en algún caso —Uru Chipa-ya—, se ha planteado la inclusión de la figura de revocatoria de mandato.

Se trata, a nuestro juicio, de un doble proceso: diversificación de lo uniforme y homogeneización de lo diverso, que exi-ge establecer múltiples nexos y puntos de equilibrio para responder al desafío cen-tral de la democracia intercultural, que es evitar el dualismo en la representación po-lítica y la ineficacia/ilegitimidad en el pro-ceso decisional.

Esta serie de apreciaciones apunta a des-tacar la existencia de relaciones entre las tres formas de democracia, a pesar de que la democracia intercultural no es men-cionada en la CPE, ni es definida con cla-ridad en las leyes relativas a lo electoral. Para fundamentar este aserto realizamos un recorrido.

La CPE no incluye la noción de democra-cia intercultural, no obstante, se puede de-ducir del “Modelo de Estado” Unitario So-cial de Derecho Plurinacional Comunitario

sds, Fernando Montes.

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que incluye otros rasgos, entre ellos su carácter “democrático, intercultural” que, como se sabe, junto con “descentralizado y con autonomías”, constituyen la nove-dad del Estado boliviano en el siglo XXI.

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Es-tado Unitario Social de Derecho Plurina-cional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, des-centralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo políti-co, económico, jurídico, cultural y lingüísti-co, dentro del proceso integrador del país.El lazo entre lo democrático y lo intercul-tural se traduce en el vocablo democracia intercultural que es incorporado en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y, más específicamente, en la Ley de Régimen Electoral, tanto así que el Objeto de esta norma es: “regula[r] el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia Inter-cultural” (Art 1. Ley de Régimen Electoral) que es definida de la siguiente manera: “la democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democra-cia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política y las Leyes en materia electoral” (Art.7. Ley de Régimen Electoral). Es decir, ese adjetivo define el carácter específico de la democracia bo-liviana en la actualidad (normativamente hablando), aunque se trata de una carac-terización, no de una definición. No dice qué es, sino de qué elementos está com-puesta, así como el tipo ideal de relacio-nes entre sus componentes: un ejercicio complementario en igualdad de condicio-nes. Antes de abordar este tópico, vea-mos cómo la CPE y las leyes construye-ron este dispositivo.

En la definición del “Sistema de Gobier-no”, la CPE no menciona a la democracia directa, porque señala que se “adopta... la forma democrática participativa, repre-sentativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Más adelante, define las modalidades ins-titucionales de ejercicio de las tres formas de democracia:

1. Directa y participativa, por medio del re-ferendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.2. Representativa, por medio de la elec-ción de representantes por voto universal, directo y secreto. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedi-

mientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Artículo 11).

Los alcances de estas modalidades de democracia, en particular de la democra-cia comunitaria, son esbozados en el Ca-pítulo III de la Ley de Régimen Electoral (FORMAS DE DEMOCRACIA). En este apartado se percibe una confusión porque se presenta a la democracia intercultural como una “forma de democracia”, cuando se trata de la coexistencia de las “formas de democracia”.

Artículo 7. (DEMOCRACIA INTERCULTU-RAL). La democracia intercultural del Es-tado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igual-dad de condiciones, de tres formas de democracia: directa y participativa, repre-sentativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes en materia electoral.Respecto a la democracia directa y par-ticipativa, se incluye la iniciativa popular como mecanismo de acción ciudadana para solicitar revocatoria de mandato que, como señalamos, es un tema ligado a la representación política. Las otras institu-ciones, como el referendo y la iniciativa legislativa ciudadana, estaban consigna-das en la anterior CPE, no obstante, su alcance actual es más amplio y también sus efectos institucionales, si es que vin-culamos su ejercicio al funcionamiento ge-neral del sistema político. Con todo, la Ley de Régimen Electoral establece varias restricciones que desincentivan su utiliza-ción, tales como los elevados porcentajes de firmas para las solicitudes de revocato-ria de mandato, que relativiza la eficacia de la participación ciudadana.

Artículo 8. (DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA). La democracia directa y participativa se ejerce mediante la par-ticipación ciudadana en la formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión

pública y la deliberación democrática, se-gún mecanismos de consulta popular.

La democracia comunitaria es enriquecida respecto a la definición constitucional, que la circunscribía a la “elección, designación o nominación de autoridades y represen-tantes”, porque la Ley de Régimen Elec-toral establece que “se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la repre-sentación cualitativa y el ejercicio de dere-chos colectivos, según normas y procedi-mientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Artículo 10. DEMOCRACIA COMUNITARIA). La inclusión de autogobierno se refiere a las autonomías indígenas, la representación cualitativa tiene que ver con los escaños en asambleas legislativas, y el ejercicio de derechos colectivos tendría relación con la consulta previa que es la única institución (de democracia directa y participativa) que es mencionada de manera expresa como derecho colectivo. Es decir, la Ley de Ré-gimen Electoral amplia la democracia co-munitaria y sus efectos institucionales y, en ese sentido, reproduce ese nexo entre dos formas de democracia, aunque podría decirse que la consulta previa es un me-canismo de democracia directa de la de-mocracia comunitaria.

Otro aspecto que pone en evidencia las dificultades para definir la democracia intercultural, es el reconocimiento consti-tucional de la diversidad cultural como la “base esencial” del Estado Plurinacional, cuando la ciudadanía es reducida a la participación en elecciones, en clave de democracia representativa.

Artículo 98. La diversidad cultural consti-tuye la base esencial del Estado Plurina-cional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convi-vencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturali-dad tendrá lugar con respeto a las diferen-cias y en igualdad de condiciones.

Otro aspecto que pone en evidencia las dificulta-des para definir la democracia intercultural, es el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural como la “base esencial” del Estado Plu-rinacional, cuando la ciudadanía es reducida a la participación en elecciones, en clave de demo-cracia representativa

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Artículo 144. II. La ciudadanía consiste 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

Esta aparente disyunción se resuelve en la Ley de Régimen Electoral, cuando se define que: “Todas las personas tienen el derecho a participar libremente, de mane-ra individual o colectiva, en la formación, ejercicio y control del poder público, direc-tamente o por medio de sus representan-tes (Artículo 3. CIUDADANÍA). Y se refuer-za con el Principio de Interculturalidad: “La democracia intercultural boliviana se sus-tenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y co-lectivos (Art. 2. Ley de Régimen Electoral).

Es decir, en las leyes orgánicas se defi-nieron con mayor precisión las caracte-rísticas de la democracia intercultural y las relaciones entre las instituciones de las tres formas de democracia. Por aho-ra, dejamos pendiente el análisis de la búsqueda y consecución de un ejercicio complementario en igualdad de condicio-nes, planteado como el rasgo constitutivo de la democracia intercultural, aunque en la parte relativa a los Principios de la De-mocracia Intercultural se utiliza un criterio más exigente porque se plantea: una ar-ticulación transformadora de las diversas

instituciones de las tres formas de demo-cracia.

Complementariedad. La democracia in-tercultural boliviana se fundamenta en la articulación transformadora del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revo-catoria de mandato, la asamblea, el cabil-do y la consulta previa (democracia direc-ta y participativa), del sufragio universal (democracia representativa), las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (democracia comunitaria).

Hasta aquí, hemos enfatizado en la fa-ceta indígena originaria campesina de la democracia intercultural que resalta la di-versidad social y cultural. No obstante, el reconocimiento de la equidad de género en el sistema de representación política, introduce una regla uniforme (paridad y al-ternancia) para esta diversidad cultural e institucional, puesto que es válida para la democracia representativa y la comunita-ria, asimismo, es de cumplimiento obliga-torio para las organizaciones políticas, es decir, partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pue-blos indígena originario campesinos. Equivalencia. La democracia [no se dice intercultural] boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de opor-tunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alter-nancia en las listas de candidatas y can-

didatos para todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Artículo 2. Ley de Régimen Electoral)Artículo 11. (EQUIVALENCIA DE CONDI-CIONES). La democracia intercultural bo-liviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres…

a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Di-putados, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres…b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas circunscripciones, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares, pertenecerán a mujeres.c) Las listas de las candidatas y candi-datos de las naciones y pueblos indíge-na originario campesinos, elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, respetarán los principios mencio-nados en el parágrafo precedente.

Es otra muestra de la homogeneización de la diversidad social y cultural mediante

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reglas (instituciones) que tienden a equi-librar el vínculo entre normas y valores, entre procedimientos e intereses.

A continuación evaluemos algunas leccio-nes de la aplicación de la norma constitu-cional en el ámbito de la representación política y en el diseño de instituciones. La implementación de la democracia intercul-tural se inició en los comicios generales de 2009, y departamentales y municipales de 2010. Se definió la presencia de diputados indígenas en la Asamblea Legislativa Plu-rinacional mediante escaños asignados a las naciones y pueblos indígena origina-rio campesinos minoritarios, que eligen a sus representantes en circunscripciones especiales, sin embargo, son elegidos de manera similar a los otros diputados uni-nominales, esto es, mediante voto univer-sal, libre y directo, siendo postulados tanto por las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como por organizaciones políticas (parti-dos y agrupaciones ciudadanas). Es decir, las circunscripciones especiales se defi-nen por criterios identitarios, no obstante, el procedimiento de elección es uniforme y asentado en el voto universal, como me-canismo convencional de la democracia representativa.

La elección de asambleístas departamen-tales muestra otra modalidad, porque se eligieron representantes de pueblos indí-genas “minoritarios” (una distinción que no se consigna en el capítulo de derechos colectivos) en ocho de los nueve depar-tamentos en una proporción variada: en Beni 4 de 28, en Tarija 3 de 30, en Pando 1 de 16, en La Paz 5 de 45, en Santa Cruz 5 de 28, en Cochabamba 2 de 34, en Oruro 1 de 33, y en Chuquisaca 2 de 21. Es decir, en el ámbito subnacional, se dieron ejemplos más nítidos de demo-cracia intercultural porque se combinaron procedimientos de la democracia repre-sentativa (voto universal) y de la democra-cia comunitaria (usos y costumbres) para elegir asambleístas. En el caso de Potosí, no se aplicó la democracia comunitaria bajo el criterio de que no existen pue-blos indígenas “minoritarios” y la elección de asambleístas se dio mediante el voto universal en vez de utilizar las normas y procedimientos propios de la mayoría po-blacional.

Ahora bien, la convocatoria a las eleccio-nes departamentales de 2010, definió la elección por usos y costumbres como una elección “comunitaria” (no se utilizaron los términos constitucionales de normas y procedimientos). Para su concreción se formalizaron dos reglas: Las autoridades

naturales presentarán de manera oficial y por escrito, quince días antes de la vota-ción, “los procedimientos de elección y la forma en que se acreditarán las autorida-des elegidas que integrarán la asamblea departamental”… y deben consignar una sola modalidad de elección y de acredita-ción, debiendo las autoridades naturales adoptar un “criterio uniforme” (CNE, Elec-ciones departamentales y municipales 2010, La Paz, separata, febrero de 2010, Documento de Información Pública 1). Es decir, una regla electoral para la represen-tación incentivó la racionalización formal/jurídica de las pautas internas de compor-tamiento político en las organizaciones o comunidades indígenas.

Las elecciones de 2009 y 2010 marcan el inicio de la democracia intercultural por la combinación de reglas de democracia comunitaria y representativa, y por la elec-ción directa de diputados y asambleístas indígenas. Esto, al margen de la cantidad de diputados indígenas (5% de la cámara baja), que fue motivo de debate respecto al “grado de plurinacionalidad” en la de-mocracia boliviana, y que es una cifra que podría modificarse de acuerdo a los resul-tados del Censo de Población y Vivienda de 2012. La representación indígena tam-bién podría ampliarse en las asambleas departamentales, donde se consignan cuotas indígenas en todos los casos (me-nos Potosí), a partir de la elaboración de estatutos autonómicos. Por lo pronto, el Estatuto Autonómico de Pando incremen-tó de 16 a 21 el número de curules, y de 1 a 3 los representantes indígenas.

El artículo 37 del título III del Estatuto Au-tonómico de Pando, establece la elección de 21 asambleístas: 15 por territorio (uno por municipio), 3 por población (dos para el municipio más poblado y uno para el se-gundo) y, finalmente, 3 escaños para los pueblos indígena originario campesinos de minoría poblacional, que corresponden a cinco pueblos indígenas: Tacana, Cavi-neño, Esse Ejja, Machineri y Yaminahua. No obstante, es posible que se incremen-te a cinco la cantidad de asambleístas in-dígenas.

Bajo estas consideraciones conceptuales y empíricas, la democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional “real”, y tampoco tiene un sujeto específico (la ciudadanía, el pueblo). En esa medida, la democracia intercultural debe entenderse como una relación y un proceso.

La democracia intercultural es una rela-ción, un conjunto de relaciones que va-rían en el tiempo y espacio. Las relacio-

nes entre las tres formas de democracia son asincrónicas, porque se combinan de manera distinta y variable dependiendo del evento o ámbito político en cuestión. Esta combinación de reglas e institucio-nes debe propiciar la articulación de la di-versidad social, pero buscando la comple-mentariedad y evitando que se produzca una situación de dualismo en la represen-tación política o en la toma de decisiones. Al respecto, la elección de diputados uni-nominales es un ejemplo positivo, también la elección de asambleístas departamen-tales, pese a que las reglas de la demo-cracia representativa y de la democracia comunitaria se combinan de distinta ma-nera. También la confección de estatu-tos autonómicos presenta estos rasgos. En general, se trata de plantear distintas formas de articulación transformadora a partir de un ejercicio complementario y en igualdad de condiciones, evitando que su resultado provoque dualismo en el siste-ma de representación política y en el pro-ceso decisional.

Ahora bien, el ejercicio es complementario pero parcial, porque se da entre algunas instituciones de las tres formas de demo-cracia, de acuerdo al tópico o el aconte-cimiento. Asimismo, la igualdad de condi-ciones de las tres formas de democracia es el punto de partida, pero su nexo puede implicar el predominio de una institución democrática sobre otra, en función del equilibrio del sistema político, en temas de representación y decisión. Es decir, se tra-ta de una igualdad relativa porque el punto de equilibrio entre diversidad y homoge-neización puede implicar la subordinación parcial de una regla a otra, siendo de dis-tintas formas de democracia.

La democracia intercultural es un proceso porque las relaciones entre las tres for-mas de democracia irán ampliándose y diseminándose en los distintos ámbitos, a medida que se consoliden las nuevas entidades estatales como, por ejemplo, las autonomías subnacionales, o cuando un evento, como el Censo de Población y Vivienda, proporcione información rele-vante. También cuando la aplicación de las reglas basadas en los principios de la democracia intercultural produzca resulta-dos negativos para la eficacia y la legiti-midad de las decisiones gubernamentales (nacional y subnacionales) y para la cali-dad de la representación política. En ese sentido, la democracia intercultural es un proceso incremental de ajuste e innova-ción institucional que se renueva de ma-nera constante, puesto que la diversidad social también se transmuta permanente-mente, porque es parte de su naturaleza.

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A partir de estos criterios esbozamos res-puestas a las interrogantes referidas a la relación entre democracia intercultural y organizaciones políticas. Así como, entre democracia interna y pluralismo político.

2. Democracia intercultural y organiza-ciones políticas

La democracia intercultural requiere de la existencia de diversas formas de organi-zación política para representar la diver-sidad social y cultural. Las tres modali-dades de organizaciones políticas fueron reconocidas en la reforma constitucional parcial de 2004, como una respuesta a las críticas a la exclusividad partidista para la postulación de candidatos a cargos electivos. Estas tres modalidades fueron ratificadas en la CPE, con una leve mo-dificación en el caso de los pueblos indí-genas, puesto que se especifica que se trata de “organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Es un cambio sustantivo porque se esta-blece una mediación institucional para la participación en la competencia electoral, puesto que, al igual que las agrupacio-nes ciudadanas y los partidos políticos, “se constituyen para intermediar la repre-sentación política en la conformación de los poderes públicos y la expresión de la voluntad popular” (Artículo 48. ORGANI-ZACIONES POLÍTICAS. Ley de Régimen Electoral). Esta idea se refuerza con la li-mitación de la representación política a la forma de la democracia representativa:

(REPRESENTACIÓN POLÍTICA) “En la democracia representativa, las ciuda-danas y los ciudadanos participan en el gobierno y en la toma de decisiones por medio de sus representantes elegidos de-mocráticamente a través de las organiza-ciones políticas” (Artículo 47).

Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se conformarían para incursionar en la disputa electoral de cargos ejecutivos na-cionales, departamentales y municipales, de asambleístas nacionales y departa-mentales, también de concejales (excep-to en los casos de asignación de cuotas en las asambleas departamentales). Es decir, las naciones y pueblos indígena originario campesinos pueden forjar orga-nizaciones políticas o convertir sus orga-nizaciones comunales o sindicales en me-dios formales para postular candidatos a nivel nacional y departamental, sobre todo para cargos ejecutivos (presidente, gober-nadores, alcaldes) y para ampliar su pre-sencia en las asambleas legislativas. Así, se rompe una barrera virtual que impedía auscultar una participación política, me-diante organizaciones propias, que tras-cienda los espacios legislativos. Además, el reconocimiento de organizaciones para la competencia electoral, permitiría forjar coaliciones departamentales y/o naciona-les, tal como acontece actualmente con CIDOB, que es una organización supra departamental que agrupa más de treinta pueblos indígenas y ha planteado postu-lar un candidato en las elecciones para gobernador en el departamento de Beni. Resulta interesante el dato que pone en evidencia esta probable candidatura por una organización indígena, puesto que la figura constitucional de “naciones y pue-blos indígena originario campesinos” no tiene posibilidades de expresarse, sino de manera parcial (naciones originarias, pue-blos indígenas o campesinos) y mediante coaliciones (entre organizaciones). En suma, al definirse la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos mediante organizaciones, se incorpora a los sujetos de la democracia

comunitaria en las reglas de la democra-cia representativa, como una ampliación de su accionar representativo porque dis-puta el voto ciudadano en general.

La democracia intercultural se enriquece porque no se limita a la convivencia en-tre representantes elegidos por diversos mecanismos o por distinta filiación iden-titaria, también combina interculturalidad y deliberación, porque la deliberación de-mocrática implica no solamente el recono-cimiento de la posición del “otro”, sino la adopción de esa posición como propia por parte de sus adversarios. Por otra parte, estas organizaciones no están exentas de las reglas de democracia interna que regirán a las otras dos modalidades de or-ganización política, lo que implica un gra-do de uniformización de la diversidad en torno a los principios de “igualdad, repre-sentación, publicidad y transparencia, y mayoría y proporcionalidad”. (Artículo 49. DEMOCRACIA INTERNA), sobre todo en este último caso, puesto que se trata de la inclusión de una lógica de mayoría y mi-noría afín a la democracia representativa y, en cierta medida, distinta a la regla de consenso o unanimidad vigente en algu-nas comunidades indígenas. Es decir, los sujetos sociales de la democracia comuni-taria se adaptan al entorno institucional de la democracia representativa, así, como la democracia representativa incluye en su seno a asambleístas indígenas bajo una lógica de auto representación.

La modalidad de agrupación ciudadana incentiva la organización de tiendas polí-ticas departamentales y municipales, y la formación de coaliciones nacionales. Es posible que la consolidación de las auto-nomías departamentales conlleve la con-formación de subsistemas de partidos a nivel departamental y, por ende, promueva la creación de partidos regionales en des-medro de las agrupaciones ciudadanas, cuyo desempeño estuvo más vinculado al ámbito municipal con magros resulta-dos, si es que consideramos la cantidad de agrupaciones ciudadanas que tuvie-ron éxito. Es necesario establecer reglas similares para todas las organizaciones políticas, puesto que la normativa vigen-te respecto a las agrupaciones ciudada-nas, es restrictiva y desalentadora; por ejemplo, define una cuota de mujeres en las candidaturas no menor al 50% de las listas, mientras que en los partidos políti-cos era de 30%, asimismo, no contempla la participación de jóvenes entre 16 y 18 años, algo que se promueve en el caso de los partidos políticos. Debido a las expe-riencias de desempeño de las agrupacio-nes ciudadanas, existen dudas sobre su

Las naciones y pueblos indígena originario cam-pesinos pueden forjar organizaciones políticas o convertir sus organizaciones comunales o sindica-les en medios formales para postular candidatos a nivel nacional y departamental, sobre todo para cargos ejecutivos (presidente, gobernadores, alcal-des) y para ampliar su presencia en las asambleas legislativas. Así, se rompe una barrera virtual que impedía auscultar una participación política, me-diante organizaciones propias, que trascienda los espacios legislativos.

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pertinencia, no obstante, la consolidación de las autonomías subnacionales creará ámbitos proclives para la participación de agrupaciones ciudadanas, que pueden ser una alternativa de participación políti-ca para aquellos grupos sociales o ciuda-danos que rechazan la cultura partidista y no tienen vínculo con la democracia co-munitaria.

Los partidos políticos son, generalmente, organizaciones con alcance nacional, en esa medida su objetivo es articular ideo-lógica y territorialmente a la sociedad. Al hacerlo, promueven la democracia inter-cultural porque su expansión geográfica y social le proporciona mayores posibili-dades de lazos con la diversidad social y cultural. Su estructura y pautas de funcio-namiento se flexibilizan, así como su base social se amplía al influjo de la competen-cia electoral, puesto que los partidos na-cionales tienden a situarse en el centro de la discursividad política, en busca del vo-tante medio para ganar las elecciones. La experiencia del MAS transmite esa aptitud discursiva que se combina con capacidad para articular una diversidad de organiza-ciones y expandirse por difusión territorial, es decir, adaptándose al entorno social.

La existencia de partidos nacionales fuer-tes puede propiciar un sistema de partidos con capacidad representativa y pluralismo político, con una interacción basada en la deliberación democrática. Además, por su carácter nacional, son espacios de inte-racción que pueden propiciar relaciones interculturales para impulsar la democra-cia intercultural.

3. Pluralismo político, lógica comuni-taria y democracia interna

El pluralismo político y las diferencias ideológicas corresponden a distintos es-pacios y realidades institucionales. El pluralismo político tiene que ver con la democracia representativa, porque se manifiesta en el ámbito legislativo y sienta las bases de la configuración de las ca-racterísticas del sistema de partidos (asu-mimos esta definición convencional para designar las interacciones entre entidades políticas, aunque existan otras modalida-des de organizaciones políticas, como las agrupaciones ciudadanas y las organiza-ciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos).

La democracia comunitaria, por su parte, tiene como punto de partida una pluralidad

de posiciones y pluralismo discursivo en las comunidades, que se traduce en actos deliberativos que buscan consenso, pero sus resultados suprimen el disenso y la minoría perdedora se adscribe a las deci-siones de la mayoría. Esta lógica es intra-comunitaria y funciona para tomar decisio-nes que involucran a todos sus miembros, coercitivamente o no. La existencia de plu-ralismo discursivo no implica la vigencia de pluralismo político, éste solamente pue-de surgir si se conforman diversas organi-zaciones que se disputen el apoyo de los pueblos indígenas, como una parcialidad (departamental) o una totalidad (nacional) que compite con otras organizaciones po-líticas. Tampoco la existencia de mayorías y minorías (un principio de la democracia intercultural) implica la vigencia de plura-lismo político. El pluralismo político se ex-presa discursivamente, se canaliza orga-nizativamente y se traduce en la presencia de bancadas legislativas. Las diferencias ideológicas, en cambio, se resuelven inter-namente en una organización, mediante la deliberación y la adopción de una regla que dirime una controversia, cuando la persuasión agotó sus posibilidades para establecer una “verdad” aceptada por to-dos los miembros. En la medida que la adscripción a una organización de pueblos

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indígenas es voluntaria, las diferencias ideológicas entre sus miembros son me-nores a la coincidencia de intereses y a las afinidades políticas.

Respecto a la democratización interna en las organizaciones políticas, la CPE esta-blece que la organización y funcionamien-to de las organizaciones políticas “deberán ser democráticos” (Artículo 210. REPRE-SENTACIÓN POLÍTICA), sin embargo, es-tablece una distinción entre las organiza-ciones políticas respecto a la vigencia del principio de equivalencia de la democracia intercultural, puesto que exige “igual par-ticipación de hombres y mujeres” en las agrupaciones ciudadanas y partidos políti-cos (Artículo 210. II), pero para el caso de las organizaciones de las naciones y pue-

blos indígena originario campesinos reco-noce que “podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria” (Artí-culo 210. III). Aunque, como vimos, el Artí-culo 11 de la Ley de Régimen Electoral es-tablece ciertas restricciones y obligaciones respecto a la paridad de género. En ese caso, la democracia comunitaria restrin-ge la democracia intercultural, que tiene como uno de sus principios a la promoción de la paridad de género como el objetivo de que la democracia represente la diver-sidad social de un modo más apropiado.

La democracia interna se refiere a la trans-parencia en los actos de dirigentes y en la toma de decisiones y, también, se susten-ta en la igualdad de condiciones para la

disputa por el acceso a cargos dirigentes y candidaturas. Si bien la democracia inter-na fortalece la democracia intercultural, la adopción de pautas de interculturalidad es voluntaria; puede ser parte de la estrategia electoral de las organizaciones políticas más por cálculo racional que por convic-ción. En ese sentido, la democracia inter-na en las organizaciones políticas implica la vigencia de reglas claras para la partici-pación equitativa de sus miembros, cuya aplicación produzca legitimidad. La demo-cracia intercultural no es un requisito para la democratización interna, no obstante, si las reglas de una organización política combinan diversos procedimientos demo-cráticos estarán impulsando la formación de una cultura política intercultural en sus filas. Intercultural y, por ende, democrática.

Finalmente, respecto a las alianzas entre organizaciones políticas es preciso redu-cir las restricciones. Por ejemplo, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004, definía prohibiciones para el establecimiento de alianzas con otras modalidades organizativas. Es decir, no podían aliarse con partidos políticos, además, solamente podían coaligarse en-tre agrupaciones o entre pueblos indíge-nas (Artículo 30. Alianzas electorales, Ley 2771). Este tipo de restricciones no deben ser consideradas en la actualidad porque atentan contra la democracia intercultu-ral que tiene como uno de sus objetivos la promoción de “la convivencia de la di-versidad cultural, institucional, normativa”. La nueva Ley de Organizaciones Políticas debe promover acuerdos entre organiza-ciones de diversa índole sin restricción al-guna, puesto que lo organizativo incluye lo institucional y cultural, aparte de propiciar interacciones entre los miembros de las organizaciones políticas que pueden con-ducir a relaciones interculturales (en este caso la apelación identitaria no se reduce a lo indígena y toma en cuenta las identi-dades regionales, provinciales, etc.).

Como vimos, la democracia intercultural depende de articulación y complementa-riedad, en esa medida, las alianzas entre organizaciones políticas fomentarían la integración de la diversidad social a par-tir del respeto e intercambio de hábitos, creencias y prácticas, en suma, de pautas de cultura política que pueden servir de base para forjar una cultura democrática intercultural.

Fernando MayorgaSociólogo y Doctor en Ciencias Políticas

Director del CESU-UMSS.

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Democracia intercultural ese horizonte*

José Luis Exeni Rodríguez

L a Democracia Intercultural (DI) no es un modelo de de-mocracia “al cual llegar”, como resultado de transicio-nes y consolidaciones. Al contrario, es el resultado de la disputa por la construcción democrática en un esce-nario de constitucionalismo transformador y de refunda-

ción estatal con experimentalismo democrático.

- La DI tampoco se presenta como una democracia alternativa a la democracia liberal-representativa. No pretende despla-zarla ni, menos, sustituirla. El propósito de la DI podría definir-se como la búsqueda permanente de lo que llamaremos una ecología de las decisiones, como superación de las concep-ciones que reducen las democracias a la sola monocultura de la autorización.

- En el marco del proceso (pos)constituyente en Bolivia, la DI expresa el desafío de la demodiversidad, esto es, el principio de que no hay una sola forma (hegemónica) de democracia, sino diversas concepciones y prácticas democráticas. En ese sentido, desde la continuidad pero también el salto cualitati-vo, la DI implica el desafío de la convivialidad con igual jerar-quía.

- La Democracia Intercultural, pues, no existe ni como modelo ideal ni como realización. Ni siquiera habita el discurso de los principales líderes políticos1. La DI es un horizonte normati-vo, una búsqueda en faena de edificación compartida en un escenario de plurinacionalidad. La DI es un rumbo, una (re)significación, un ejercicio de complementariedad entre dife-rentes formas de democracia.

EL ORIGEN NORMATIVO, LA INTERCULTURALIDAD DE LA DEMOCRACIA

- ¿De dónde surge la idea de una democracia intercultural? ¿Por qué? ¿Con qué propósitos? Las interrogantes son di-versas. En principio es necesario asumir que la Democracia Intercultural, como denominación, no estuvo presente en la

agenda de demandas sociales ni desafíos políticos del perío-do de “crisis, inflexión y cambio” (2000-2005) en Bolivia. Tam-poco apareció en las posteriores plataformas electorales y programáticas de los partidos políticos, ni en las propuestas y debates de la Asamblea Constituyente. Más aún: la DI, como tal, no existe en la nueva Constitución Política del Estado.

- Pero si bien la DI no figura de manera explícita en la letra del texto constitucional, está en cambio, con mucha claridad, en su espíritu. Y es que así como el pluralismo jurídico expresa la convergencia entre las jurisdicciones ordinaria e indígena originario campesina, y la economía plural es la síntesis de las formas de organización económica estatal, social-coope-rativa, privada y comunitaria; en esa lógica, la Democracia Intercultural está en el reconocimiento constitucional (Artículo 11) de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria2.

- La formulación discursiva de la DI surge concretamente en el proceso de diseño técnico de elaboración de las Leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional (de 18 de junio de 2010) y 026 del Régimen Electoral (de 30 de junio de 2010), como parte del mandato constitucional de aprobación, en 180 días, de las llamadas “leyes orgánicas”3. El origen de la Democra-cia Intercultural, pues, es un origen normativo, esto es, desde el Estado, en un espacio de (re)diseño institucional.

- En ese marco, la DI surge con un triple propósito: a) sintetizar en una expresión el ejercicio de complementariedad entre las diferentes formas de democracia reconocidas en la Consti-tución; b) impulsar el principio de igual jerarquía entre ellas, en especial respecto a la democracia comunitaria; y, c) crear una base para su realización institucional, particularmente con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Órgano Electoral Plurinacional.

- En relación al diseño institucional es necesario destacar que la Democracia Intercultural habita en esencia en los espacios

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de articulación y encuentro entre el sufragio universal para la elección de autoridades y representantes, por un lado; el referendo, la revocatoria de mandato, la iniciativa popular, la asamblea, el cabildo, la consulta previa y el control social, por otro; así como entre todos ellos con el autogobierno y la au-torrepresentación según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Demás está decir que el ejercicio de la DI se asienta en el ejercicio de los derechos políticos tanto individuales como colectivos. Y que, por último, desde los cimientos, implica la construcción de una cultura democrática intercultural. Por supuesto que este horizonte es más amplio que la relación, a veces difícil, entre representación política y participación/acción directa.

- Ahora bien, el origen normativo de la Democracia Intercultu-ral plantea un conjunto de problemas e interrogantes. ¿Qué significa el ejercicio complementario de tres formas de de-mocracia? ¿Cómo se logra? O para empezar: ¿es posible hacerlo? Y es que la difícil articulación entre los principios de representación política, participación ciudadana y autogobier-no tiene consecuencias específicas, entre otras, respecto a los sujetos de la democracia, las temporalidades y, en espe-cial, las escalas. ¿Cómo se concilia, por ejemplo, una demo-cracia representativa cuyo ejercicio mediante el voto en elec-ciones involucra a todos los ciudadanos habilitados, con una democracia comunitaria que habita de manera exclusiva en las naciones y pueblos indígena originario campesinos? ¿De qué modo se articula la temporalidad lineal de los procesos electorales sucesivos con la temporalidad circular, si acaso, de la construcción de consensos? ¿Es lo mismo pensar la Democracia Intercultural en el ámbito nacional que en el lo-cal-comunitario? Cuestiones de este tipo tienen implicaciones

relevantes para pensar una Ley de Organizaciones Políticas.

- Y también es fundamental, como tema para la reflexión y el debate, la siempre problemática distancia que suele existir entre el postulando principista y su ejercicio, entre el diseño institucional y su realización, entre lo que se declara-asume como intención y lo que, en las arenas democráticas realmente existentes, se hace. Dejo anotadas al respecto solamente dos cuestiones. La primera tiene que ver con la brecha, bien subra-yada por Mayorga4, entre el “nuevo modelo democrático”, de signo intercultural, y el “modelo político de dominación vigen-te”, caracterizado por la concentración. Hay, en consecuencia, debilitamiento del pluralismo político. La segunda se refiere a la constatación, bien expuesta por Zegada5, en sentido de que el postulado de igual jerarquía de las tres formas de gobierno reconocidas por la Constitución se expresa, por ahora, en el hecho de que la democracia representativa “sigue siendo el eje ordenador de la estructura del Estado (…) y continúa articulan-do el campo político boliviano”. No hay complementariedad, entonces, con la participación y las democracias comunitarias, sino sólo convivencia con cara de subordinación.

- ¿Y qué significa, para finalizar este apartado, la intercultura-lidad en la democracia? Si bien esta cuestión no es objeto de la presente reflexión, conviene precisar que el carácter in-tercultural de la democracia, que presupone la construcción compartida de un “núcleo común”, es diferente que la sola condición de multiculturalidad, que se limita al reconocimiento de la diferencia. Más todavía. Como sostiene Santos6, “en el marco de la plurinacionalidad, la interculturalidad solamente se realiza como democracia intercultural”.

- Así, la Democracia Intercultural implica y demanda, en el con-texto boliviano, lo siguiente:

a) Coexistencia de diferentes formas de deliberación demo-crática: demodiversidad. Del voto individual al consenso, de las elecciones a la rotación o al mandar obedeciendo, de la lucha por asumir cargos a la responsabilidad-obliga-ción de asumirlos.

b) Diferentes criterios de representación democrática (cuan-titativa, de origen moderna, eurocéntrica; cualitativa, de origen ancestral, indocéntrica).

Y es que así como el pluralismo jurídi-co expresa la convergencia entre las jurisdicciones ordinaria e indígena originario campesina, y la economía plural es la síntesis de las formas de organización económica estatal, social-cooperativa, privada y comu-nitaria; en esa lógica, la Democracia Intercultural está en el reconocimien-to constitucional (Artículo 11) de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria.

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c) Reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos como condición del efectivo ejercicio de los derechos individuales (ciudadanía cultural como condición de ciudadanía cívica).

d) Reconocimiento de los nuevos derechos fundamentales (simultáneamente individuales y colectivos): agua, tierra, soberanía alimentaria, recursos naturales, biodiversidad, bosques y saberes tradicionales.

e) Educación orientada hacia formas de sociabilidad y de subjetividad asentadas en la reciprocidad cultural.

DEMOCRACIA INTERCULTURAL, REPRESENTACIÓN, OR-GANIZACIONES POLÍTICAS

- ¿Por qué es necesaria una Ley de Organizaciones Políticas que remplace a las actuales Ley de Partidos Políticos y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas? ¿Acaso estas normas, que fueron diseñadas en el ámbito de la demo-cracia pactada, quedaron “rezagadas” respecto al actual/nue-vo horizonte de experimentalismo democrático en el país? O mejor: ¿cuál debería ser la especificidad de una norma que regule la estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas en una Democracia Intercultural que, por definición, las excede? ¿Cómo pensar la representación política, en fin, en un espacio de demodiversidad que, por su naturale-za y alcance, no puede estar centrado, como ocurría antes, en las elecciones periódicas, los partidos políticos y el voto individual? Estas son algunas de las interrogantes que han sido planteadas y se están discutiendo como parte del actual proceso de diseño normativo de una Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia.

- En ese marco, a modo de insumo para la discusión propongo tres hipótesis de trabajo en torno a la relación entre democra-cia intercultural y organizaciones políticas:

1. La Democracia Intercultural, en sus principios, en su ejer-cicio, es mucho más amplia que la sola democracia multi-partidaria y, bajo esa premisa, supone un cuestionamiento a la concepción de las organizaciones políticas como ac-toras privilegiadas, cuando no únicas, de la democracia.

2. La Democracia Intercultural no se agota en la sola repre-sentación política y, por tanto, difícilmente será expresada a plenitud por las organizaciones políticas, cuya centrali-dad y desempeño se concentran en una parte de las ex-presiones democráticas reconocidas en la Constitución.

3. Una Ley de Organizaciones Políticas no puede abarcar el amplio campo de concepciones y prácticas de la Demo-cracia Intercultural toda vez que, por definición, las for-mas de democracia directa y participativa y, en especial, de democracia comunitaria, no requieren mediaciones partidarias para su ejercicio.

- Estas hipótesis tienen implicaciones importantes a la hora de pensar el diseño de una nueva norma para las organizacio-nes políticas en el horizonte de una democracia intercultural y en el ámbito de un Estado plurinacional comunitario con autonomías. De entrada plantea dilemas respecto al objeto y alcance de dicha Ley, pues difícilmente podrá decirse que se norma el funcionamiento de las organizaciones políticas en todas las parcelas de la democracia intercultural. Quizás sea más apropiado asumir que la Ley de Organizaciones Políti-

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cas regulará su estructura y funcionamiento en el ámbito de la democracia representativa como parte de la Democracia Intercultural.

- ¿Significa esto que las organizaciones políticas, y su Ley, se restringen al campo de la representación política y no tienen vinculación con la participación política y el autogobierno? No necesariamente. ¿Significa entonces que las organizaciones políticas no son relevantes en/para la Democracia Intercul-tural? En absoluto. Significa más bien preguntarnos acerca del papel que habrán de desempeñar las organizaciones po-líticas (sean partidos, sean agrupaciones ciudadanas, sean organizaciones políticas indígenas) en la proyectada comple-mentariedad entre las diferentes formas de democracia.

- Así las cosas, me gustaría señalar dos potenciales tentacio-nes. Una radica en librar a las organizaciones políticas de su responsabilidad de pensarse y (re)situarse en el horizonte de una Democracia Intercultural, a cuya construcción debieran contribuir decisivamente. Esta afirmación nos permite fijar posición ante el siempre renovado debate acerca de la ne-cesidad de los partidos. Para decirlo en los términos de esta reflexión: las organizaciones políticas son necesarias, impor-tan, cuentan, en una Democracia Intercultural. La otra ten-tación es forzar la presencia de las organizaciones políticas en espacios y prácticas (una iniciativa popular, por ejemplo, una asamblea comunal) donde resultan prescindibles. Esta afirmación nos permite a su vez fijar posicionamiento ante la discusión sobre el “monopolio de la representación política” por la “partidocracia”... Siguiendo con nuestro razonamiento: muchas prácticas democráticas no requieren el concurso de

las organizaciones políticas, que en determinadas circunstan-cia incluso pueden resultar nocivas.

- Señaladas así algunas premisas resulta necesario plantear una prevención esencial. Las tres formas de democracia, que en su relación de complementariedad con igual jerarquía con-figuran la Democracia Intercultural en Bolivia, no constituyen campos políticos separados y compartimientos estancos. La propia naturaleza de la DI plantea la necesidad de proyectarla no desde sus partes, sino en su articulación en ejercicio, lo que además ya es un dato de la realidad. Así tenemos por ejemplo que las naciones y pueblos indígena comunitario campesinos seleccionan a sus autoridades y representantes según normas y procedimientos propios (en la mayor parte de casos en asamblea), pero éstos son elegidos –o “validados”– en espacios de representación, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el voto individual. Lo propio ocurre con la aprobación de sus estatutos mediante referendo. Y es evidente también que algunas comunidades, en especial las que tienen predominio de la forma-sindicato, asumen el voto como forma de elegir y decidir7. Esta ecología de las decisio-nes debiera estar incorporada en una Ley de Organizaciones Políticas.

- También es necesario abordar el tema de las escalas a fin de prevenir contra un supuesto que parece formar parte del sentido común, casi a modo de natural “división de funcio-nes”: democracia representativa y sufragio corresponden a la escala nacional; democracia directa y comunitaria corres-ponden a la escala local-comunitaria. Ya hemos visto que la representación y el voto también son parte de las normas y procedimientos propios de las naciones indígena originario campesinos. Y creo que debiéramos empezar a asumir que prácticas democráticas como el consenso, la rotación, el ejer-cicio de autoridad por obligación, la representación cualitati-va, la deliberación, los ámbitos de decisión colectiva, entre otras, pueden tener formas de realización más allá de la co-munidad, a lo cual apunta precisamente la Democracia Inter-cultural. Una ecología de las transescalas, entonces, también debiera estar incluida en el espíritu y la letra de la Ley de Organizaciones Políticas.

- Ahora bien, llegados a este punto es importante decir algo sobre la relación entre Democracia Intercultural y pluralismo político. ¿La DI presupone el pluralismo político o, más bien, lo niega? En otros términos: ¿puede haber realización ple-

debiéramos empezar a asumir que prácticas democráticas como el con-senso, la rotación, el ejercicio de au-toridad por obligación, la representa-ción cualitativa, la deliberación, los ámbitos de decisión colectiva, entre otras, pueden tener formas de reali-zación más allá de la comunidad, a lo cual apunta precisamente la De-mocracia Intercultural.

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na del pluralismo político en una Democracia Intercultural? Por todo lo hasta aquí expuesto, sospecho que la DI antes que dar cuenta de la existencia o no del pluralismo político, lo que hace es transformar en esencia esta noción. Lo hace al pensar el pluralismo en la política, en la democracia, no sólo como expresión de alternativas reales y diferentes para elegir y decidir, sino como desafío de transformación de las dualida-des en ecologías, como veremos en el siguiente apartado.

- Hay un conjunto de cuestiones específicas de diseño institu-cional que habrán de ser abordadas en las diferentes etapas de discusión, propuesta y elaboración de la Ley de Organi-zaciones Políticas. A reserva del debate, también especí-fico, sobre tales temas, me gustaría concluir este apartado señalando que la noción de Democracia Intercultural plantea el desafío de comprender la representación más allá de su dimensión, siempre privilegiada de delegación, para incluir

también las dimensiones de control social y de representa-ción de identidades múltiples. Es evidente que ello debiera estar presente en el contenido de la citada Ley.

ALGUNOS ELEMENTOS DE SÍNTESIS CON HORIZONTE

- Si asumimos que la Democracia Intercultural, como ha que-dado dicho, no es un “modelo” predefinido ni un “fin último” al cual llegar, debemos aceptar en consecuencia que estamos ante un campo de disputa, incierto, y un terreno en construc-ción, experimental. Ello no significa vaciar de contenido a la DI, sino todo lo contrario: implica expresar su horizonte múlti-ple en términos de demodiversidad en un escenario de pluri-nacionalidad como el boliviano.

- Por definición la Democracia Intercultural no es, ni puede ser-lo, una democracia monocultural, a la usanza del canon he-gemónico liberal-representativo, ni tampoco una democracia pluri-multi” que se regocija, ampara y detiene en el solo reco-nocimiento de la diferencia sin puentes/puntos de encuentro (el recursivo “núcleo común”). La naturaleza de la DI plantea que sea asumida en términos de complementariedad.

- La concepción y diseño institucional de la Democracia Inter-cultural como articulación de las democracias directa y par-ticipativa, representativa y comunitaria implica precisamente eso: complementariedad. Para decirlo según las categorías que utiliza Santos en relación a la justicia: la Democracia In-tercultural no es negación, que invisibiliza al otro y lo niega en esencia; tampoco es coexistencia a distancia, que impli-ca reconocimiento recíproco con imposibilidad de contacto; ni será solamente un acto de reconciliación, que reconoce al

...la noción de Democracia Intercul-tural plantea el desafío de compren-der la representación más allá de su dimensión, siempre privilegiada de delegación, para incluir también las dimensiones de control social y de representación de identidades múlti-ples.

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subalterno a título de reparación, bajo condición de que no interfiera en el presente ni en el futuro. Nada de eso expre-sa bien a la Democracia Intercultural, que se manifiesta más bien en el ideal de la convivialidad «entre diferentes formas de democracia, con reconocimiento mutuo y enriquecimiento compartido, respetando la especificidad de cada una de ellas. Esta convivialidad de la DI debiera ser uno de los principios constitutivos de la Ley de Organizaciones Políticas.

- Si asumimos, como también ha sido planteado, que la De-mocracia Intercultural excede a la sola representación y, por tanto, no se agota en las organizaciones políticas; conse-cuentes con esa premisa la Ley de Organizaciones Políticas debiera asumir el desafío de transitar de las dualidades a las ecologías, a decir de Boaventura de Sousa Santos. Esto es, no quedarse en la lógica de la autorización y proyectar, en cambio, una ecología de las decisiones; superar la lógica de la escala dominante y asumir una ecología de las transesca-las; abandonar la lógica del tiempo lineal e identificarse con una ecología de las temporalidades; y, por último, traspasar la lógica de la naturalización de las diferencias, que discrimina y excluye, y asentarse en la ecología de los reconocimientos. Para el efecto será necesario que la Democracia Intercultu-ral, y con ella las organizaciones políticas y su Ley, asuman el desafío de la traducción intercultural entre saberes y entre prácticas y sus agentes8.

- La adopción normativa de la Democracia Intercultural como horizonte de construcción/disputa con experimentalismo constituye un significativo avance respecto al solo reconoci-miento de las tres formas de democracia en la nueva Consti-tución Política del Estado. Empero, el camino de implemen-tación de dicho avance, en especial en las prácticas, puede generar cuestionables señales y síntomas de desconstitucio-nalización. La atención plena sobre este riesgo debiera estar en la mesa de diseño de una Ley de Organizaciones Políti-cas.

- Por último, si bien es evidente –como quedó dicho– que pue-den existir brechas entre el principio normativo y su realiza-ción, ello no significa que se deba evaluar/juzgar a la Demo-cracia Intercultural, como diseño, como ideal, por cuenta de las formas de ejercicio de poder. La DI ciertamente puede contaminarse pero no depende de correlaciones de fuerzas ni de estilos de gobernar. Y es que la Democracia Intercultural no es solamente la expresión-resultado de una “ampliación” de la democracia, sino más bien un cambio sustantivo en su cualidad, como si fuera la democracia misma, no sus adjeti-vos, la que cambiara.

José Luis Exeni RodríguezComunicador Social y Politólogo.

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* Documento de trabajo preliminar para su presentación en el Taller de trabajo denominado “Fundamentos para la discusión de una nueva Ley de Organizaciones Políticas”. OEP, IDEA Internacional, FES, PNUD y FBDM. La Paz, 19 de octubre de 2012. Las opiniones vertidas por el autor del presente documento no comprometen la posición institucional del Órgano Electoral Plurinacional, ni la de las instituciones que co-auspician el taller.

1 No deja de ser sintomático o al menos curioso que en las varias y diferentes alocuciones realizadas a propósito de los 30 años de democracia en Bolivia, no se haya hecho referencia específica a la democracia intercultural.

2 Sobre este aspecto, el renombrado intelectual portugués Boaventu-ra de Sousa Santos sostiene que “se trata de una de las formulacio-nes constitucionales más avanzadas del mundo”.

3 Las otras leyes aprobadas en el plazo previsto fueron la Ley del Órgano Judicial (Ley 025 del 24 de junio de 2010), la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley 027 del 6 de julio de 2010) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031 del 19 de julio de 2010).

4 Véase Fernando Mayorga: Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado plurinacional. La Paz, CESU/UMSS y Plural editores, 2011.

5 Véase Marité Zegada et al: La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano. La Paz, CLACSO y Muela del Diablo editores, 2011.

6 Véase Boaventura de Sousa Santos: La refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. La Paz, Plural editores, 2010. Es también importante su texto “Enri-quecer la democracia construyendo la plurinacionalidad”, en Miriam Lang y Alejandra Santillana (compiladoras): Democracia, participa-ción y socialismo. Quito, Fundación Rosa Luxemburg, 2010.

7 Puede verse al respecto por ejemplo el proyecto de Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Mojocoya, que en su Forma de Elección (Artículo 24) establece: “La elección de candida-tos y candidatas para Jatun Kamachi y asambleístas será por vota-ción universal, directa, libre, secreta y obligatoria”.

8 Para ampliar la argumentación sobre estas categorías que configu-ran la llamada “sociología de las ausencias” en la obra de Santos, puede verse en especial su obra Una epistemología del Sur. México D.F., Siglo XXI editores y CLACSO, 2009.

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conversaciones

1. Cuáles son los avances de la participación política de la mujer en América Latina

Yo diría que en América Latina hay muchos avances en tér-minos de participación política, las cuotas en los diferentes países de la región han permitido un avance sustantivo de mujeres en el legislativo, y ya hay países que se plantearon el tema de la paridad de manera abierta a nivel de legisla-ción: Ecuador, Bolivia, Costa Rica, sólo para poner algunos ejemplos. Las mujeres ya de manera bastante regular asu-men liderazgos dentro de los propios partidos políticos y es normal, para la sociedad, mirar mujeres ministras.

Las mujeres siguen siendo predominantes en las carteras sociales, pero hoy en día, ocupan además todo tipo de car-teras, se atreven mucho más, tienen menos miedo para tra-tar de asumir puestos de representación. Han generado un discurso que les es propio; han aprovechado el espacio que se ha abierto a través de las luchas históricas de las mujeres para colocarse como “sujetas”, mujeres en la política, lo cual es una diferencia sustantiva de lo que pasaba desde hace poco más de una década, cuando se suponía que la lógica era ser buen político –digamos- y casi disimular el sexo de la persona mujer porque en realidad lo que se estaba valoran-do supuestamente era el tema de las capacidades muy por encima de la condición de mujer. Sin embargo, como sabe-mos, todo era una trampa histórica donde des-sexualizar a las mujeres es una manera de que no entren muchas muje-res. Y ahora yo creo que es clarísimo para las mujeres que están en la política este tema de colocarse desde ese lugar.

Mujeres presidentas ya parece que son cada vez menos sor-presa y mujeres presidentas que se re-eligen también, eso nos coloca en un imaginario diferente. Me parece también que las mujeres no sólo aportan en el discurso y agenda de las mujeres, sino en los discursos nacionales, en nuevos conceptos de sociedad, de democracia, en las mismas lógi-cas de la participación, las mujeres colocan su perspectiva que pretende englobar a mujeres y hombres.

El tema más importante quizá es que los partidos políticos están llenos de mujeres, muchos de los partidos políticos tienen una composición que se parecen bastante a la so-

ciedad, 50/50, aunque los obstáculos que enfrenten las mu-jeres son inimaginables; pero hay como una masa crítica permanente de mujeres que nos colocan en una posición que en los últimos quince años avanzó lo que no se había avanzado en cincuenta años en términos de participación política. Me parece que cada vez más hombres hablan de la participación de la mujer y lo ven positivo, esto también habla de que es una carta de presentación ganadora ante el electorado y ante la ciudadanía. Ser machista en la política no es bien visto, ya hay cosas en la política que comienzan a implantarse más, antes era mucho más fácil descalificar mujeres porque son mujeres y ahora aunque lo hagan ya como que es una sanción social muy fuerte, entonces, ahí creo que se ha dado un cambio cultural.

Lo veo positivo pero creo que tenemos que acelerar el paso igual porque los Estados y todos los órganos del poder de-ben ser una fiel representación de la sociedad a la que se tienen que representar.

2. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos que deben en-frentar las democracias en América Latina?

Efectivamente, las democracias en América Latina siguen siendo faltonas en términos del multiculturalismo. Las foto-grafías del poder en América Latina no se parecen a las fo-tografías de la sociedad, estas son sociedades pluricultura-les, multiétnicas, no son pocos los sectores de la población que son latino mestizos, están los pueblos y comunidades afrodescendientes, naciones y pueblos indígenas, y en la fotografía del poder pareciera que entran mujeres pero las mujeres que entran se parecen bastante a los hombres que entran ahí, como que de alguna manera siguen represen-tando al grupo étnico racial dominante, y el racismo y la dis-criminación siguen marcándose de manera categórica, no es un tema menor.

Como esto es así, yo creo que una de las revoluciones más importantes es ponerle apellidos a la democracia, porque por ejemplo cuando los países manifiestan en su historia que se constituyó el voto universal y no votaban las mujeres uno se pregunta ¿qué tan universal era?

Entrevista a Epsy Campbell BarrEpsy Campbell Barr, Economista, con Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Inves-tigadora y Profesora Universitaria. Experta en Derechos Humanos, Democracia y Participación Política de Mujeres y Afrodescendientes en América Latina. Presidenta del Partido Acción Ciudadana 2005-2009. Diputada del período 2002-2006. Candidata a la Vicepresidencia de la República en 2006. Aspiró a la candidatura presidencial del PAC en 2009. Conferencista y Consultora Internacional.

Por una democracia intercultural paritaria*

* Entrevista realizada en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres: Hacia una nueva Ley de Organizaciones Políticas, organiada por el Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de IDEA Interacional, la fBDM y el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD.

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El primer paso en este tema han sido democracias que se sienten y se autodefinen como democracias por procesos electorales relativamente limpios. Sin embargo, la represen-tación, que es uno de los ejes centrales de la democracia, es una representación que no es acorde con la sociedad, de manera que ponerle apellidos a la democracia -yo cuando hablo de democracia siempre hablo de democracia sustan-tiva, democracia intercultural paritaria- es como reclamarle a la democracia que no puede ser tal si se han excluido a sectores importantes de la población.

Entonces lo que yo digo es que el gran desafío que tenemos ahora es que la paridad y la interculturalidad sean claramen-te representadas en todos los órganos del poder, hablamos de ejecutivos, legislativos y judiciales, porque muchas ve-ces en la región ha costado muchísimo más permear el po-der judicial, éste se mantiene bastante rígido, y cuando se sostiene bastante rígido, quiere decir que la sociedad no ha cambiado demasiado porque al final los conflictos se termi-nan resolviendo en el poder judicial, entonces creo que la fotografía del poder debe de cambiarse en términos de es-tas democracias sustantivas que tienen que demostrar inter-culturalidad y paridad en estas fotos del poder, y los poderes además deben de ser relativos a la representación.

Me parece que hay que seguir con acciones afirmativas en favor de las mujeres, las acciones afirmativas son una ma-nera de seguir rompiendo los techos que tienen las mujeres y los grupos y pueblos que históricamente han sido discri-minados. Yo creo que en América Latina hay que apostarle más a las acciones afirmativas, a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Aquí (en Bolivia) tienen acción afirmati-va para los pueblos indígenas y ese es un paso importante, pero las acciones afirmativas tienen que parecerse más a lo que dicen los censos. Si los censos hablan de que la pobla-ción afrodescendiente del Brasil tiene poco más del 50 por ciento, la cuota debería parecerse a eso.

Finalmente, yo creo que hay que re-conceptualizar la demo-cracia como una organización de una sociedad para garan-tizarle a la gente los derechos que ya están establecidos en las constituciones, si es que no tenemos mucho más que hacer, o sea, si nos miramos en las constituciones ahí es-tamos y si se cumplieran ya estaríamos hablando de otra cosa, pero para unas que eran parte de la población, muje-res y hombres, principalmente afrodescendientes, indígenas y sectores que históricamente han sido excluidos, las Cons-tituciones son como una promesa, una promesa de muy lar-go aliento, la ciudadanía es una promesa, los derechos son un sueño, y los Estados tienen que volver al punto de origen, garantizar el bien común, garantizarle los derechos a la gen-te, la ideología ya está marcada por la propia Constitución, y aquí no se trata de decir si es neoliberal o no, se trata de que si dijiste en la Constitución que la educación es un derecho que le garantizas a todas las personas que nacen en ese país, si lo haces con una perspectiva neoliberal, una perspectiva progresista o una perspectiva socialista, yo le pondría poca importancia. Entonces me parece que ahí hay un pacto al que tenemos que aspirar, porque si bien hemos hecho bastante entre lo público y privado, aún las más em-poderadas, tenemos que llegar a administrar las cosas más básicas de la sobrevivencia, las más básicas, estemos solas o acompañadas.

3. En el proceso boliviano, visualizamos problemas como el tema de capacidades, cuando se abre el espacio de representación a estructuras sindicales e indígenas, que tienen en su interior lógicas machistas lo que hace más difícil que las mujeres indígenas lleguen a espacios de poder.

Yo creo que eso se puede mirar desde diferentes perspec-tivas, es como cuando una analiza exactamente lo que le decían con relación a los propios hombres: las mujeres no asumen ciertos puestos de poder porque no tenían ni capa-cidades, ni experiencia suficiente, pero yo vuelvo al punto de partida, ¿los que tenían capacidades hicieron bien? ¿qué fue lo que hicieron? O sea, fue éste el producto que nos en-tregaron. Los que parece que tenían doctorados, que tenían preparación académica y una gran visión, lo que hicieron no fue para la mayoría sino para sí mismos. Entonces yo me cuestiono de alguna manera qué tantas capacidades li-mitadas tienen las que hoy están enfrentando esos nuevos desafíos. Yo creo que sí en realidad las personas tienen que irse preparando, es como la vida, a veces nos toca enfrentar un desafío y mientras enfrentamos el desafío aprendemos a caminar a correr y cuando terminamos ya tenemos mu-chas más herramientas y podemos llevar el conocimiento a las otras y las otras, no hay que tener miedo, si alguien se equivoca porque no tenía todas las herramientas es menos grave que cuando alguien se equivocó teniendo todas las herramientas y sabiendo lo que tenía que hacer. La verdad es que es una apuesta nueva, hay que asumir riesgos y los riesgos de la representación valen la pena en la democracia.

sds, Fernando Montes.

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4. La formación no está demás, pero ahí tal vez no sabe-mos en qué formar, porque el esquema en el que vivi-mos ahora en el contexto boliviano es diferente.

Exacto, todo se está reinventando y haciendo a partir de la experiencia anterior, tampoco es que se comienza de cero, yo pienso que hay que aprender del pasado, la formación, la educación, la formación de equipos, la toma de decisiones, las asesorías hay que utilizarlas hoy de una manera muchí-simo más creativa.

Yo creo que de todos modos estas democracias están en-cuadradas en una lógica excluyente de por sí y que el de-safío que tiene Bolivia es intentar sacar un producto nuevo a su propia medida, porque en esto tiene que ser a la me-dida de una, yo creo que hay que apostar en este sentido. En democracia, me parece que efectivamente los diálogos que se dan son diálogos mucho más complejos, antes no eran interlocutores los pueblos indígenas, eran demandan-tes permanentes, o sea un Estado que no los consideraba como sujetos, entonces hay que afinar las capacidades de diálogo, validar al interlocutor del otro, los conocimientos del otro, nadie tiene las verdades absolutas. Nosotros ve-nimos de sociedades estructuradas colonialmente de una manera absolutamente vertical, totalmente desigual, donde muy poquitos tenían el poder sobre todos los demás, donde habían personas que ni siquiera eran consideradas perso-nas, entonces revolucionar eso en el siglo XXI, que les está tocando (a Bolivia), es un esfuerzo que no sólo vale la pena para ustedes sino para América Latina, vale la pena que se matriculen en una democracia intercultural.

Uno de los desafíos también es romper la lógica del me-sianismo que es una lógica bastante colonial, en el que la persona que tiene todas las condiciones y es la única perso-na que es capaz de gobernar lo nacional y lo local, eso hay que romperlo porque evidentemente todas las personas so-mos pasajeras, hasta las más excepcionales terminan par-tiendo, de manera que hay que romper esa lógica bastante

patriarcal del poder mesiánico para ir generando liderazgos pero que estén llenos de colectivos y que entiendan que la transmisión y el traspaso del poder también es necesario para garantizar la continuidad de las transformaciones que se están poniendo en marcha, de manera que yo creo que vale la pena este experimento que tienen, vale la pena que le pongan carne, corazón, que sean capaces de no desani-marse en el camino y que lo personalicen lo menos que se pueda.

5. Cuál es su opinión sobre la agenda feminista. ¿Hay una sola agenda partidaria de las mujeres sobre la participa-ción política, ¿quién la dice?, ¿ésta se halla regida por un feminismo hegemónico?

Yo creo que no hay una sola agenda, porque las agendas se construyen a partir de las realidades de cada quien, las rea-lidades que han vivido las mujeres indígenas son realidades que no se parecen a las realidades de las mujeres latinas y mestizas de clase media de América Latina, y las intelectua-les feministas de América Latina, al igual que las occiden-tales, vienen de la academia, o sea cualquier perspectiva política ideológica está marcada por la vida que uno tiene, entonces la agenda feminista hegemónica y tradicional es una agenda que parte de una mirada y una de las deman-das particulares de lo que se llamaron mujeres en general pero que eran unas mujeres en particular, eran mujeres con un grupo social, un grupo económico, un grupo etno-racial generalmente vinculado de manera directa o indirecta a los tiempos, a los grupos de poder hegemónicos. Entonces la construcción de una agenda feminista en términos incluso de participación política, de reivindicación económica, de emancipación de prioridades está marcada por eso. ¿Cuá-les son las necesidades de las mujeres indígenas en térmi-nos de prioridades? Son derechos sexuales, y lo contesto sin preguntarlo, tampoco es que no puedo hablar nada de lo que no está en mi cultura, tampoco es eso.

6. En Bolivia se ha reconocido la democracia intercultural como la imbricación y la convivencia de la democracia representativa, participativa y comunitaria, sin embargo esa inclusión indígena nos lleva a varios obstáculos y retos que todavía no están terminando de decantarse. Por ejemplo, la paridad puede ser controlada en la ló-gica occidental, pero ésta se halla poco garantizada en los Pueblos Indígenas que se manejan bajo otra lógica y donde pueden darse comportamientos machistas, ahí vemos una paridad poco garantizada.

Yo creo que en el fondo lo que estamos construyendo son sociedades que nunca van a ser iguales de lo que fueron en el pasado, esta apertura de la democracia intercultural va a transformar incluso los usos y costumbres que hasta ahora fueron válidos en las propias comunidades y naciones indígenas, por el intercambio y la posibilidad de estar repre-sentados en los mismos espacios que están definiendo una democracia y un Estado Plurinacional donde se comparten los espacios, no es que hay diferentes espacios para cada quien, es Plurinacional porque es un Estado que reconoce a todos pero que las estructuras de gobierno son estructuras donde participan todas las naciones que conviven, entonces yo creo que estos temas de la paridad, de la participación van a terminar siendo decantados porque las mujeres indí-genas van a contar su historia, sus reinvindicaciones y por-que tal vez no han puesto al principio como su prioridad una

sds, Fernando Montes.

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participación igualitaria con los hombres porque están suce-diendo cosas que para ellas son más trascendentales pero que, a la postre, en términos de la distribución del poder desde el planteamiento de la paridad, ya lo definiste cuando se definió el Estado Plurinacional, de manera que los Pue-blos Indígenas ya lo aceptaron cuando aceptaron ese nuevo Estado donde la paridad es un elemento central.

Una vez que se resuelvan ciertas necesidades con esta lógica de la interculturalidad, vamos a poder dialogar más fácilmente en términos de cómo es la paridad aquí y allá, y cómo participan las mujeres indígenas en esas perspec-tivas y cómo son esos usos y costumbres que en todas las sociedades también cambian. O sea, de alguna manera, se-guimos viendo a las naciones indígenas como algo estático, algo del pasado, que los usos y costumbres tienen que ver con algo que era como más o menos arqueológico, cuando son exactamente iguales a las nuestras. Las relaciones y sociedades indígenas han cambiado y seguirán cambiando.

7. Generalmente dicen que una mujer en la presidencia o en algún cargo jerárquico tiene que representar los intereses de las mujeres y tener un buen desempeño y cuando no cumplen su rol tal cual se espera y se tie-ne como expectativa, hay una especie de defraudación, ¿qué pasos faltaría dar desde?

Lo único que lo cambia es la naturalización de las mujeres en esos puestos. Cuando tenemos muchas mujeres diputa-das, nadie espera nada particular de las diputadas. O sea, entre más normalizados estén las mujeres en puestos que históricamente no lo fueron, menos esencialismo hay. Yo creo que la propia cultura nos hace en la práctica dejar los esencialismos.

Costa Rica tiene una mujer presidenta desde 2010, es la presidenta más mal calificada en los últimos dos años, pero en esta lógica del esencialismo alguien me preguntó: ¿Y será Costa Rica capaz de votar por una mujer para la Pre-sidencia otra vez? Como yo soy una persona política relati-vamente activa en mí país, con posibilidad de presentar una candidatura para 2014, respondía y decía que la pregunta ni la entiendo, porque yo he visto tantos hombres malos presi-dentes, o sea, la gente tendría que estar loca para volver a votar por un hombre porque ejemplos hay de sobra, enton-ces no logro entender por qué si una mujer lo hace mal, no votarían por ella.

8. Las mujeres muchas veces esperan que cuando llegan a algún cargo importante, respondan a las demandas de las mujeres y a veces su desempeño es igual al de un hombre o peor. ¿Eso es esencialismo?

Sí es esencialismo, pero yo pienso que las que tenemos más expectativas somos las mujeres de una cierta clase desgraciadamente sociocultural que aunque pensamos que es la sociedad la que esencializa, más es esa expectativa que tenemos de romper ese techo de vidrio para llegar allá y cuando una llega quisiéramos que fuera una “wonderwo-man”. Sin embargo, y por eso les cuento esta historia (…) hi-cieron esta pregunta en una encuesta de opinión, si volvería a votar usted por una mujer para Presidenta de Costa Rica, y la respuesta fue que el 66% dijo que sí, lo que quiere decir de alguna manera que cuando la gente te mira con nombre y apellido, seas un hombre o una mujer, es capaz de califi-

car a la persona más que calificar la persona en lo que ella representa, esencializar.

Laura Chinchilla puede ser no querida pero es Laura Chin-chilla, tiene nombre, apellido, en esos lugares siempre es di-fícil mantener niveles importantes de popularidad, ella no los tiene del todo, pero lo que es importante es que la tendencia se dirige a no esencializar. ¿Y por qué se esencializa me-nos? Yo creo que esta es una mirada del siglo pasado y creo que es la participación generalizada de mujeres en diferen-tes espacios lo que hace que la gente esencialice menos. El hecho de normalizar a las mujeres en todos los espacios, hace que las mujeres seamos cada vez más calificadas en función de lo que nosotras hacemos y no en función de todo el género que representamos. Por eso es que creo que hay un sector de mujeres, las más educadas y que han luchado por la participación de las mujeres, que contrariamente a lo que una creería, son las que más esencializan. O sea, de alguna manera, están reproduciendo esa lógica de que ella tendría que haber sido mucho mejor que cualquiera.

9. En algún momento decía que no hay que tener límites para querer algo, ¿qué quieres tú, quieres llegar a ser presidenta?

Yo quiero ser presidenta de la República, pero a veces las mujeres somos mucho más calculadoras de lo que la gente cree. A mí me encantaría realmente poder gobernar des-de una perspectiva absolutamente diferente, marcada por ideas pero también por sentimientos. Yo creo que esta cosa de deshumanizar a la gente y quitarle sentimiento a la po-lítica y pensar que no son los sentimientos buenos y malos los que han movido la humanidad, a mí me parece un error. Cuando una tiene un corazón que es capaz de sentir el do-lor del otro en la piel propia, tiene la posibilidad de hacer transformaciones mayores. Pero todavía no he decidido si quiero en esta oportunidad presentar mi nombre para una candidatura, lo decidiré muy pronto.

Es como una aspiración que la puedo hacer yo, una mujer afrodescendiente de una generación de un país como Cos-ta Rica, cuando mi abuela jamás hubiera podido ni siquiera imaginar que una descendiente tan cercana suya pudiese siquiera soñar, lo que me genera un compromiso muchísimo mayor. Sólo el hecho de que yo sea una persona de que pueda estar en la disyuntiva de si quiero o no quiero asumir una candidatura es un salto de generaciones. Eso es un pri-vilegio, es el espacio más estrecho para llegar, porque sólo una persona es la que llega ahí, pero son pocas las perso-nas que tienen el privilegio de poder pensar en llegar. Y al-gunos reconocimientos y validaciones que no tienen que ver solo conmigo misma, porque yo creo que una de las cosas que hacen los hombres que no vemos las mujeres es que ellos se ven al espejo y desde muy pequeños se ven presi-dentes, eso me parece extraordinario, ni siquiera piensan en si tienen condiciones inteligencia o nada. Simplemente yo pongo un ejemplo: en mi partido político yo he llegado a reuniones con mujeres de barrio y les pregunto cuántas de ustedes quieren ser presidentas, no levantan la mano: llego al mismo barrio con la gente de la misma condición socio-económica, la misma preparación, hombres, y les pregunto a cuántos les gustaría ser presidentes, y el 50 por ciento por lo menos levanta la mano. Entonces no es por condiciones, es por un tema de socialización que evidentemente las mu-jeres tenemos que luchar también.

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Miscelánea de Fortalecimiento Democrático

Actividades

Jovenkracia desde las organizaciones políticas. Con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, jóvenes de cua-tro organizaciones políticas (MAS, MSM, UN, VERDES) llevarán a cabo el concurso Jovenkracia, el mismo que tiene el objetivo de impulsar y apoyar una serie de iniciativas juveniles enmarcadas en la promoción de valores democráticos y que se orientan al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Cada partido lanzará la convocatoria y premiará diez ini-ciativas, creativas. Las propuestas ganadoras se enmarcarán en las temá-ticas de: liderazgo y participación ciudadana, democracia, gestión pública responsable, inclusión e igualdad, interculturalidad, arte- cultura y medio ambiente. Las propuestas premiadas serán financiadas para su ejecución y/o desarrollo.

Alfabetización digital para la participación política. En el mar-co de la agenda de trabajo establecida por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático (PDF) del PNUD, se ha programado el desarrollo de un ciclo de capacitación a miembros de organizaciones políticas, sobre Web 2.0, redes sociales y estrategias políticas. Esta serie de talleres se efectuarán con el propósito de entender el impacto de las tecnologías de la informa-ción y comunicación en la política y brindar a los participantes herramien-tas, conocimientos y capacidades digitales para mejorar su desempeño en las redes.El proyecto se complementará con un apoyo del PDF a contribuir en el mejoramiento de los sitios web y redes sociales de las distintas orga-nizaciones políticas y transferir a sus equipos de trabajo conocimientos técnicos en torno a la estructura y arquitectura de la información de un sitio web, producción de contenidos digitales, comunicación política, inte-racción y estrategia en redes sociales.

Ciclo conversatorios Género y política. En los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se llevará a cabo una ronda de conversatorios de análisis sobre la reciente ley sancionada contra la violencia: “Avances y desafíos de la nueva Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” de esta manera mujeres, feministas y lideresas de organizaciones políticas y de la sociedad civil debatirán sobre los avances que se dan con esta ley para atacar la violencia, los retos en la implementación y aplicación de la reciente ley promulgada, así como de los trasfondos sociales que tiene la violencia hacia las mujeres.

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Publicaciones La protesta social en América Latina. Cuaderno de Prospectiva Política 1. Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) - PNUD. Buenos Aires, 2012. Partiendo de un análisis cualitativo y cuantitativo de los conflictos por la reproducción social, conflictos institucionales y conflictos culturales registrados en los medios de comunicación de 17 países de América Latina, entre 2009 y 2010, el documento identifica que la protesta es parte integral de la ecuación democrática latinoa-mericana, comparten ciertos rasgos comunes y encierran un potencial de transformación donde se pone a prueba la capacidad de los sistemas políticos para responder a las necesidades y demandas sociales que no radican en la presencia de conflictos en una sociedad, sino en la ausencia de capacidades para gestionarlos progresivamente desde el Estado. En este contexto, el horizonte deseable, desde una pers-pectiva analítica, sería aquel donde existen, a la vez, conflictos sociales y capacidades institucionales y políticas para procesarlos.

El estudio apunta así a afianzar la profunda convicción de que si los conflictos se gestionan a través del diálogo y la negociación, atendiendo tanto a las causas estructurales como a las coyunturales que lo determinan, pueden ser aprovechados como una oportunidad para realizar las transformaciones que las sociedades latinoamericanas requieren para ser más equitativas y justas. El documento es el primer texto

Cuaderno de análisis de políticas públicas No.2: Política pública. Autonomías fiscales. PNUD. La Paz, 2013. El libro reúne dos trabajos que el Observatorio de Análisis de Políticas Públicas del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD ha encargado a dos expertos para el profun-dizar el tema fiscal financiero en el proceso autonómico que viene atravesando Bolivia. Por un lado, el estudio de especialista en descentralización Vladimir Ameller presenta una visión panorámica de la política pública y se concentra en analizar el diseño del sistema fiscal financiero del régimen autonómico departamental del país, en particular del análisis de los ingresos y deuda pública, dejando pendiente la revisión del gasto para otro momento. Así los puntos más relevantes del documento hacen referencia a las relaciones fiscales intergubernamentales que se producen entre el nivel central y los Gobiernos Au-tónomos Departamentales; la asignación y generación de ingresos a los Gobiernos Autónomos Departa-mentales; el acceso al endeudamiento para las finanzas departamentales y los escenarios prospectivos para generar un pacto fiscal. Por su parte, el análisis elaborado por el economista Carlos Rocabado presenta un estudio de caso relativo al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. En este contexto, abarca la descripción y el análisis de los aspectos de ingresos y gasto para esbozar algunas reflexiones finales destinadas a la consecución y/o desarrollo del proceso de implementación de la Autonomía departamental paceña. De esta manera, el documento pone a consideración de los decisores públicos, políticos, investigadores e interesados en la temática, insumos para proseguir en el debate y la reflexión política en torno a la pues-ta en marcha del proceso autonómico y, con ella, sobre el devenir de la edificación del Estado Unitario Plurinacional Comunitario en el país.

Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos. Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, PNUD, NDI. 2011. Partiendo de la premisa de que los partidos políticos están determinados por las normas externas e internas, los procesos y la cultura, los consejos y prácticas que proporciona esta guía apuntan a garantizar la participación de las mujeres en las estructuras internas de los partidos políticos, es decir, que las muje-res puedan ocupar puestos de liderazgo en estos cuadros, condición fundamental para hacer avanzar la igualdad de género en el interior de las organizaciones políticas. Con este fin, la autora, Julie Ballington, describe cuatro momentos para trabajar la participación política de la mujer: 1) la organización interna de los partidos, 2) el periodo pre-electoral, 3) el periodo electoral propiamente, y 4) el pos electoral.

El libro toca un tema clave que hace a la democracia interna de los partidos, la misma que está determi-nada por prácticas como procesos de información y consulta internos, reglas y estructura interna para la organización y toma de decisiones dentro del partido y transparencia en el funcionamiento del partido a todos sus niveles. Es así que la guía afirma que las estrategias utilizadas por los partidos para aumentar la participación de las mujeres van desde reformas legales, como la adopción de cuotas de candidatos y candidatas por Ley, hasta reformas internas voluntarias, como la formalización de una sección femenina como parte de la estructura del partido o garantizar la presencia de mujeres en las estructuras de toma de decisiones. Las estrategias más significativas combinan reformas de las instituciones políticas con la provisión de apoyo a mujeres activistas, candidatas y cargos electos del partido.

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Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012: Hacia la igualdad de oportunida-des. Ciudadanía - LAPOP. Cochabamba, 2012. El estudio se constituye en la octava entrega bianual sobre la percepción de la democracia, que el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt y Ciudadanía: Comunidad de Estudios Sociales y Acción Política, efectúan en Bolivia desde 1998. En este sentido, es un documento de consulta imprescindible a la hora de examinar el comportamiento y las tendencias de los elementos estructurales del sistema democrático boliviano, el Estado, los ciudadanos y sus gobiernos.

Esta edición, publicada en octubre de 2012, brinda especial atención a las desigualdades, la exclusión y discriminación. A la luz de los resultados obtenidos, producto de 3029 entrevistas en 86 municipios de Bolivia, se concluye que si bien la discriminación y exclusión social han disminuido en comparación con años anteriores, éstas aún no han desaparecido y afectan más a personas de áreas rurales, mujeres, indígenas y personas con color de piel más oscura. El documento también asegura que las políticas sociales y redistributivas cuentan con un amplio apoyo de la población, al tiempo que destaca la parti-cipación como uno de los rasgos distintivos de la cultura política de los bolivianos. Sin embargo, alerta sobre la reducción de legitimidad democrática en los últimos años, la corrupción y la delincuencia, así como el descenso en el nivel de confianza en las instituciones del sistema de justicia.

Bibliofilia política

Publicaciones

Conflictividad y visiones de desarrollo. Recursos naturales, territorio y medio ambien-te (2011-2012). Fundación Unir Bolivia, La Paz, 2012. La investigación analiza los conflictos por el control y aprovechamiento de los recursos naturales, territoriales y ambientales en Bolivia del periodo julio de 2011 a junio de 2012, a la luz de las políticas y debates sobre el desarrollo. En este contexto, el estudio evidencia que en Bolivia existe una continuidad del patrón extractivista que no permite la generación de una economía diversificada y sostenible, la existencia de una fragmentación y polarización social que a menudo desbordan en violencia, así como distintas visiones de desarrollo.

Los hallazgos también dan cuenta que los conflictos lograron visibilizar grandes problemas ambien-tales, la existencia y demanda de otras formas de organización económica y social y una debilidad institucional para prevenir y gestionar de manera constructiva los problemáticas ambientales, las pug-nas por recursos naturales y las diferentes visiones y prácticas de desarrollo en Bolivia, por lo que sugiere analizar, con mayor profundidad, la posibilidad de generar otros modelos de desarrollo, es decir, replantear lo que se entiende por desarrollo.

Partidos políticos y democracia: El MSM y el MIR bajo la lupa. FES ILDIS – CIDES UMSA. La Paz, 2012. Las autoras Érika Brockmann y Fabiola Aparicio analizan en este libro los orígenes, pro-cesos de construcción institucional y el papel de los líderes más visibles del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Sin Miedo por Justicia y Dignidad (MSM), sin perder de vista las condiciones del entorno que rodearon su desarrollo y su funcionamiento en distintos momentos clave de su vida como organizaciones políticas.

Brockmann, a través de su estudio “El difícil camino de la construcción y del desarrollo institucional de un partido político: El caso del MIR y del MSM”, confirma una lógica jefaturista pero compleja entre líder y partido y una acción de coyuntura que se tradujo en un obstáculo para el desarrollo orgánico del partido. Con respecto al MSM, la investigadora plantea, desde la perspectiva de la dinámica institucional, que el liderazgo de Juan del Granado es poco más atenuado y que el partido tiene como desafíos el asegurar respaldo ciudadano como fuerza representativa, adoptar una institucionalidad que le permita afrontar las tensiones e incertidumbres de la época y expresar un proyecto agregador de visiones.

Por su parte, Fabiola Aparicio, en su estudio “La gestión municipal y la confianza en las instituciones como factor determinante para la legitimidad en un partido político. El caso del MSM en el municipio de La Paz”, plantea la existencia de una polarización política en la población del municipio de La Paz; tam-bién nos muestra que la gestión gubernamental de un partido en función de gobierno es una fuente de legitimidad del voto importante y que ello afecta la orientación del voto.

Miscelánea de Fortalecimiento Democrático

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Información: www.gobernabilidad.org.bo

¿Qué es?

• EsunareddeespaciosdeanálisisdepolíticaspúblicasqueelProyec-todeFortalecimientoDemocráticodelPNUDimpulsaparareflexionarydebatirentornoalosprocesosdedecisiónpública.

• Esunsistemadeobser-vaciónpermanenteeincrementaldeanálisisdepolíticaspúblicasqueacumuladatosyevidenciasempíricas,yproveedeinformaciónespecializadaagestorespúblicos,actorespolíti-cos,sociales,analistaseinvestigadores.

¿Qué busca?

• Produciresquemasalter-nativosy/osuplementariosdeanálisispolíticoenlosdistintosámbitosynivelesdeintervenciónguberna-mental(social,económico,autonómico,etc.),quecualifiquenlatomadedeci-sionesylasmiradassobrelagestióndelaspolíticaspúblicasenBolivia.

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¿Cuál es la metodología?

Asumelaperspectivadeanálisisdelaspolíticaspú-blicas,elconocimientodelasdecisioneseinterven-cionespúblicastalcomodehechoocurre,enparticular.• Estudialaconstrucciónydeterminacióndelaagendapública.

• Caracterizalasalternati-vasdedecisionespúbli-cas.

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¿Cómo funciona?

ElProyectodeFortaleci-mientoDemocráticodelPNUDencoordinaciónconactoresinstitucionalesypolíticos.• Encargalaelaboracióndeestudios.

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