36 EL PAÍS, viernes 27 de abril de 2007ANDALUCÍA

El auto del juzgado se produce ainstancias de una queja de laAsociación Pro Derechos Huma-nos de Andalucía sobre la demo-ra en las salidas a centros hospi-talarios y consultas externas delos internos del centro peniten-ciario de Sevilla, que en la actua-lidad alberga una población de1.800 reclusos. La legislación es-pañola establece que la atenciónsanitaria de los presos “debe serde la misma calidad que la quereciben los ciudadanos enfermosque se encuentran libres”.

No es el caso de algunos reclu-sos de Sevilla. La asociación citael ejemplo de un preso diagnosti-cado de hepatitis crónica por vi-rus C, que acudió a las consultasde digestivo en agosto de 2004.Desde entonces “ha perdido 14citas”. El deterioro de la saludde algunos internos es, según De-rechos Humanos, “en muchasocasiones irreversible”.

La juez indica en su resolu-ción que ha comprobado a tra-vés de “numerosas” quejas deafectados “la veracidad de la sus-pensión y demora” en los trasla-dos a centros sanitarios. En2006, según datos aportados aljuzgado por la dirección de laprisión, fallaron el 44% de las1.698 consultas programadas“debido a la falta de fuerza con-ductora”. Según la juez, esta si-tuación genera “perjuicios” en“la moral” del recluso al fallar“su expectativa de ser examina-do por un médico especialista yconocer el origen de su padeci-miento físico”, pero tambiénuna “posible merma a su dere-cho a la integridad física o a lasalud protegido constitucional-mente”.

La Subdelegación del Gobier-no de Sevilla explicó ayer que lapolicía emplea un sistema parapriorizar las demandas para con-ducir reclusos. Además de lostraslados de carácter sanitario,gestionan las conducciones de

presos a sedes judiciales, prue-bas forenses o urgencias. Unaportavoz señaló que tratan deatender “el máximo” de peticio-nes, pero priman “las de mayorurgencia si coinciden con las or-dinarias”.

Médicos en la cárcelEn su parte dispositiva, la juezrequiere a la dirección de la pri-sión de Sevilla a coordinar lassalidas a consultas médicas conla Delegación del Gobierno. Pe-ro el auto dirige también otracrítica a la Junta de Andalucíapor no llevar a la práctica algu-nas medidas incluidas en el con-venio marco que firmó con elMinisterio de Justicia para pres-

tar la atención médica a los reclu-sos. En este acuerdo se contem-pla la posibilidad de que seanalgunos especialistas los que sedesplacen a la prisión “de acuer-do a las posibilidades y volunta-riedad de los facultativos”. Lasespecialidades que se citan comoidóneas para desarrollar intra-muros son las de medicina inter-na (infecciosos), traumatología,ginecología y psiquiatría.

Por esta razón, la juez insta ala Dirección General de Institu-ciones Penitenciarias a poner enmarcha los mecanismos “de de-sarrollo y efectividad real” de es-te convenio entre ambas adminis-traciones.

La Consejería de Salud resal-tó ayer el carácter voluntario del

desplazamiento de los especialis-tas a la prisión para facilitar estaatención médica. Ocurre en algu-nas provincias, aunque no es elcaso de Sevilla.

Una portavoz del departa-mento indicó que no es una me-dida útil para realizar una valo-ración completa del paciente re-cluso, ya que carecen de herra-mientas de diagnóstico. “Es máslógico que la persona acuda alcentro sanitario porque las prue-bas son muchas y variadas”, di-jo. Salud pretende mejorar laatención a los reclusos con laconcentración de citas para evi-tar el goteo de desplazamientosy también estudiará la posibili-dad de aplicar la telemedicina enalgunos procesos.

La falta de policías obligó a suspender el44% de las citas médicas a presos en SevillaUna juez censura en un auto la “posible merma” del derecho a la salud de los reclusos

T. C., SevillaLa abogada María Isabel MoraGrande (Sevilla, 1971) trabajadesde 1995 en el grupo de cárce-les de la Asociación Pro Dere-chos Humanos de Andalucía des-de, que presentó la queja ante elJuzgado de Vigilancia Penitencia-ria número 2 de Andalucía porlas deficiencias en la atención sa-nitaria que reciben los reclusosde la prisión de Sevilla.

Pregunta. ¿Lo ocurrido en Se-villa se puede trasladar a otrasprovincias?

Respuesta. Sí. Este tema es an-tiguo, colea desde 2001. Es unproblema generalizado en todaslas prisiones, en algunas se ha

solucionado más que en otras.Las que peor están son Sevilla yMálaga.

P. ¿Cómo se ha solucionado?R. Algunas prisiones son más

pequeñas y están más cerca delos centros urbanos, lo que facili-ta los traslados. Algunas provin-cias pueden necesitar menos do-tación policial que otras.

P. ¿Por qué se suspenden tan-tas salidas a médicos en Sevilla?

R. Hemos pedido explicacio-nes muchas veces a la Delega-ción del Gobierno en Andalucía,nunca nos contestan. En algunasocasiones han dicho que no tie-nen suficiente dotación policialpara mover a los presos, que an-

tes prima la presentación de re-clusos en el juzgado que llevarlosal médico. Algunas juezas hantratado de resolverlo dando la or-den a la policía para que sacarana un preso concreto a una citadeterminada, al principio lo ha-cían pero ahora ya ni cumpleneso.

P. ¿Falla en algo la administra-ción sanitaria?

R. La Junta tiene firmado unconvenio con la Dirección Gene-ral de Instituciones Penitencia-rias para la atención sanitaria alos presos, que contempla que sepase consulta dentro de las prisio-nes en las especialidades más de-mandadas como infecciosos, gi-

necología, odontología y psiquia-tría. Todavía no se ha cumplidoen Sevilla.

P. ¿A qué lo atribuyen?R. Es básicamente un tema de

presupuesto. En el convenio se

deja a voluntad delespecialista, peroeso habría que in-centivarlo con die-tas y horarios y nose hace.

P. ¿A quién res-ponsabilizan en ma-yor medida de lasdeficiencias de laatención sanitaria alos presos?

R. Al centro pe-nitenciario, al quemenos. Principal-mente al Ministeriodel Interior y a laJunta por no cum-plir un convenioque tiene desde1992. Falla la Con-sejería de Salud pe-ro también la de Jus-ticia, que debería

coordinar este convenio y no lohace. Es un atentado contra dere-chos fundamentales recogidos enla Constitución, que son el dere-cho a la salud y a la integridadfísica.

EL PAÍS, SevillaLos informes del Defensor delPueblo andaluz han reiteradocasi cada año las deficienciasen la atención sanitaria de losreclusos. Ya en 2000, la institu-ción recogió un aumento delas quejas motivadas por retra-sos en la asistencia especializa-da, debido a la falta de me-dios policiales. Huelva y Mála-ga habían sido las provinciascon más problemas.

Cuatro años después, la ofi-cina reiteraba que seguía reci-biendo quejas por el mismomotivo, en especial en Sevilla,Huelva, Granada y Málaga.El Defensor del Pueblo anda-luz, José Chamizo, llegó a en-trevistarse con la DirecciónGeneral de Instituciones Peni-tenciarias para abordar el pro-blema. La actual titular, Mer-cedes Gallizo, se mostró parti-daria de firmar un nuevo con-venio —o bien revisar el ac-tual de 1995— con la Junta deAndalucía.

En 2004, Chamizo tam-bién hizo hincapié en el incum-plimiento de los desplazamien-tos de especialistas a las prisio-nes, como está previsto en elconvenio entre administracio-nes, en un escrito dirigido alas Consejerías de Salud y Jus-ticia y Administración Públi-ca. Salud señaló entonces queel principal problema para re-solver esto es la “voluntarie-dad” de los desplazamientosy “la ausencia de incentivos”para que los profesionales setrasladasen a las cárceles.

En su comunicación a lasconsejerías, el Defensor delPueblo andaluz abogaba pornegociar un nuevo acuerdo orevisar el vigente con Institu-ciones Penitenciarias aprove-chando “la favorable disposi-ción” de su actual directorageneral. “Una oportunidadque no se debería perder yaque el problema planteadoafecta a personas que no porestar privadas de libertad hande ver conculado su derechofundamental a la igualdad detrato en el orden sanitario”,proclamó el defensor.

MARÍA ISABEL MORA / Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

“Antes prima llevar los reclusos aljuzgado que al médico”

El Defensor delPueblo denunciófallos en variasprovincias

María Isabel Mora. / J. BARBANCHO

TEREIXA CONSTENLA, SevillaCasi un millar de los 1.800 internos de la pri-sión de Sevilla fueron el año pasado al médi-co en el exterior. No siempre lo hicieron en laprimera cita. El 44% de las 1.698 consultas

programadas en el especialista fueron cance-ladas durante 2006 por falta de policías paracustodiar estas salidas. En un auto, la juez deVigilancia Penitencia número 2 de Andalucíacritica los “perjuicios” que esto genera “no

sólo en la moral del interno” sino con “posi-ble merma” del derecho a la salud “protegidoconstitucionalmente”. La Subdelegación delGobierno indicó que la policía atiende lasdemandas según una escala de prioridades.

Dos vehículos policiales, frente a la prisión de Sevilla 2. / PÉREZ CABO

ABC 04-05-07

El SAS sostiene que el convenio en materia de asistencia en salud mental a la población reclusa se cumple SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Rafael del Pino, afirmó hoy que el convenio que la Administración andaluza tiene firmado con el Ministerio del Interior en materia de asistencia en salud mental a la población reclusa andaluza "se cumple", si bien reconoció que "puedan existir situaciones puntuales de problemas de coordinación o atención ambulatoria", en respuesta al informe presentado ayer por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

Del Pino, quien dijo desconocer "de dónde sacan --la Apdha-- que en las cárceles de Andalucía hay 1.120 enfermos con trastorno mental grave, detalló en declaraciones a Europa Press que en el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla "hay psicólogos y trabajadores sociales que durante el tiempo que la persona con enfermedad mental pasa en este hospital es tratado adecuadamente".

Además se refirió al 'Protocolo de búsqueda de recursos', que forma parte del convenio firmado por la Junta, "gracias al cual se manda toda una serie de informes psiquiátricos, psicológicos y de trabajo social al responsable de área de salud mental del lugar de residencia del paciente recluso, al objeto de que con un año de antelación como mínimo los responsables sanitarios sepan que la persona en cuestión será dada de alta del hospital psiquiátrico penitenciario".

"Gracias a este protocolo, la persona en cuestión será ingresada en la unidad de agudos del hospital que le corresponda para que se pueda iniciar el seguimiento en su tratamiento", expuso este especialista, quien, de otro lado, abogó por no confundir estos casos "con los de aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno mental como depresión debido a su estancia en la cárcel".

"Éstos últimos casos son casi inevitables, no sólo en salud mental sino en general", añadió Del Pino, quien, con todo, indicó que para estos casos en las cárceles "existe un cuadro médico que atienden todos los problemas de salud de la población reclusa, sea de la índole que sea".

En el caso de problemas de salud mental, concretó, "hay establecido un sistema de coordinación entre las cárceles y las áreas de salud mental, el cual se cumple". Así, y a modo de ejemplo, destacó que en las cárceles de Puerto I y Puerto II de Cádiz "cada 15 días va un psiquiatra para atender puntualmente a presos que tienen problemas de salud mental, tras considerar los propios sanitarios de la cárcel que el enfermo tiene que verlo el especialista".

DESPLAZAMIENTOS A LOS CENTROS ASISTENCIALES

Además de ello, se refirió "a los desplazamientos de los presos, ya sea al hospital, centro de salud o al equipo de salud mental, para tratar sus casos", a excepción de casos en los que prima la seguridad y la gravedad de la patología "así lo permite".

De igual forma, destacó a Europa Press que un total de 150 profesionales de salud mental ya están trabajando en la elaboración de lo que será el nuevo Plan de Salud Mental 2008-2012, el cual

"dispone de un grupo de trabajo específico que está analizando y diseñando qué mejoras de coordinación y asistencia se pueden acometer para que la población reclusa esté mejor atendida".

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19-07-07 Un preso denuncia la falta de atención médica por el déficit de agentes 02:56 EL DÍA El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba ha estimado la queja formulada por un preso del centro penitenciario de la provincia señalando la existencia de "disfunciones en la asistencia médica externa a causa de la no presentación de la fuerza pública para la conducción y custodia del interno a un centro médico exterior", según denunció ayer la Asociación de Pro Derechos Humanos. Según la ONG, estas anomalías tampoco son nuevas ni puntuales, pues este juzgado ya se había pronunciado con anterioridad. Según la organización, en Andalucía los presos "siguen sufriendo la merma del derecho a la salud, lo que le impide su disfrute en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos