análisis económico y socio-ambiental del primer contrato de minería a gran escala

octubre 2012No. 5

distribución gratuita

EsferaPública

Análisis económico ysocio-ambiental del primercontrato de minería a gran escala:Una mirada desde la sociedad civilJuan José Herrera, Karla Arias y Julio López

2

Introducción

Sección 1. Metodología

Sección 2. Marco normativo e institucionalMarco legalMarco institucionalNormativa e institucionalidad ambiental

Sección 3. Estructura del contrato mineroAntecedentes del Proyecto MiradorEstructura del contrato

Sección 4. Aspectos económicos, financieros y tributarios del contratoBeneficios del EstadoBeneficios, costos e inversión del concesionario mineroResumen de los beneficios para el Estado y el concesionarioProcesos de auditoría, fiscalización y control

Sección 5. Gestión socio-ambientalAspectos ambientales en el contratoLicencia ambientalResponsabilidad ambientalIndemnizaciones y compensacionesPresentación de estudios y ejecución de laboresAspectos sociales del contrato

Sección 6. Otras consideraciones del contratoBuenas prácticas internacionales y preferencias de la industria nacionalAbastecimiento de energía eléctricaTransporte y puertoSolución de controversiasPólizas de seguro y propiedad de la informaciónPlan de trabajo y mano de obra

Sección 7. Una mirada al caso peruanoConcesiones minerasContratos minerosBeneficios económicosMarco regulatorio ambiental

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

4

5

668

12

141414

1515222324

26262626272731

32323233333333

3535363737

41

43

44

Índice

Análisis económico y socio-ambiental del primer contrato de minería a gran escala: Una mirada desde la sociedad civil.

3

Análisis económico y socio-AmbientAl del primer contrAto de mineríA A grAn escAlA: UnA mirAdA desde lA sociedAd civil

AcrónimosAID: AII: ARCOM:BEDE:CEDENMA:

CODENPE: CODIGEM:CONELEC:COPS:DGGM:DINAGE: DNM: ECUADOR ESTRATÉGICO EP:EIA: ENAMI EP:GAD:HAS:IEE:INEMIN: INGEMMET:INIGEMM:MAE: MEF:MEER: MICSE:MINAM:MRNNR:NBI: NIAI:OEFA:OIT:PMA:PNBV:PNDSM:RWI:SENAGUA:SENESCYT:SENPLADES:SNAP:SNI: SRI: TDR: TPD:TULSMA: TUO: UEA:UNCITRAL:

Área de Influencia Directa Área de Influencia Indirecta Agencia de Regulación y Control Minero Banco del EstadoCoordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio AmbienteConsejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minero-MetalúrgicaConsejo Nacional de ElectricidadConvenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos PersistentesDirección General de Geología y MinasDirección Nacional de Geología Dirección Nacional de Minería Empresa Pública de Desarrollo EstratégicoEstudio de Impacto Ambiental Empresa Nacional MineraGobierno Autónomo DescentralizadoHectáreasImpuesto a los Ingresos ExtraordinariosInstituto Ecuatoriano de Minería Instituto Geológico, Minero y MetalúrgicoInstituto Nacional de Investigación Geológico Minero MetalúrgicoMinisterio del AmbienteMinisterio de FinanzasMinisterio de Electricidad y Energías Renovables Ministerio Coordinador de Sectores EstratégicosMinisterio de Ambiente del PerúMinisterio de Recursos Naturales No RenovablesNecesidades básicas insatisfechas Normas Internacionales de Auditoría InternaOrganismo de Evaluación y Fiscalización AmbientalOrganización Internacional de TrabajoPlan de Manejo AmbientalPlan Nacional para el Buen VivirPlan Nacional de Desarrollo del Sector MineroRevenue Watch InstituteSecretaría Nacional del AguaSecretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e InnovaciónSecretaría Nacional de Planificación y DesarrolloSistema Nacional de Áreas ProtegidasSistema Nacional InterconectadoServicio de Rentas InternasTérminos de ReferenciaToneladas por díaTexto Unificado de Legislación Secundaria, Medio AmbienteTexto Único OrdenadoUnidades Económicas AdministrativasComisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

4

El Ecuador es un país caracterizado por su riqueza de recursos naturales, por lo que cuenta con reservas considerables de minerales e hidrocarburos1. La extracción y la exportación de crudo han marcado el desarrollo del Ecuador en las últimas cuatro décadas y las ganancias generadas por la industria han sido la principal fuente de ingresos. Todo ello, en una coyuntura de incrementos sostenidos en el precio del petróleo. En la actualidad, los precios de los minerales presentan cada vez mayores niveles, lo cual resulta ser un incentivo para su explotación en países que no han tenido un desarrollo intensivo de la minería se podría pensar que esa será la nueva fuente de ingresos.

El Ecuador es uno de los países en los que la industria minera no ha sobrepasado los niveles de la pequeña y mediana escala. Así, los esfuerzos realizados en los años ochenta y noventa por generar una carta geológica nacional sirvieron para contar con indicios de un alto potencial minero en el país. En los últimos años, el gobierno de turno ha buscado generar condiciones favorables para el desarrollo de una minería a gran escala y ejercer control en las actividades de la minería pequeña y artesanal. Para ello, ha destacado la participación de la empresa privada en el desarrollo de proyectos mineros estratégicos y ha implementado arreglos institucionales y normativos que regule el sector. En este sentido, se prevé que la firma de contratos de explotación minera garantice el mayor aprovechamiento estatal de los beneficios generados por la actividad y la utilización de altos estándares de calidad, tecnología, y responsabilidad con el medio ambiente.

En consecuencia, el presente documento busca ser una herramienta informativa para todos los actores de la esfera pública (sector público, sociedad civil y sector privado) en cuanto a los contenidos del primer contrato de explotación minera a gran escala firmado en el Ecuador. La investigación describe y presenta los aspectos económicos y socio-ambientales contenidos en la normativa aplicable. También exhibe el texto del contrato suscrito entre la empresa Ecuacorriente S.A. y el Estado ecuatoriano y lo complementa con una revisión del marco institucional y normativo. Dada la importancia de este hito histórico para el país y las implicaciones que tendrá sobre futuros acuerdos con otras empresas mineras, la información aquí presentada busca aportar al diálogo entre los actores involucrados en el sector y reducir las asimetrías de información entre los mismos.

La investigación está organizada por secciones. La primera recoge la descripción metodológica que guía el estudio. El marco normativo e institucional se presenta en la sección dos. En tercer lugar, se presenta la estructura del contrato minero y sus contenidos. La cuarta sección presenta los principales aspectos e implicaciones económicas del contrato y la normativa sectorial, complementaria y supletoria. En la quinta sección se describen los principales contenidos socio-ambientales del contrato y normativa aplicable. En la sexta sección se realiza una comparación de los aspectos mencionados con respecto a la minería en Perú, país con tradición minera que difiere en muchos aspectos con el caso ecuatoriano. Finalmente, el documento presenta conclusiones sobre los principales tópicos que han sido descritos y analizados.

1 Según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, al 2011, el Ecuador disponía de un potencial de recursos mineros, desde inferidos a medidos, de 36,9 millones de onzas de oro; 72,4 millones de onzas de plata; 8,1 millones de toneladas de cobre metálico; 28 471 toneladas métricas de plomo y 209 649 toneladas métricas de zinc. Por otro lado, British Petroleum señaló, en su revisión estadística 2012, que el Ecuador contaba con reservas probadas de 6,2 billones de barriles de petróleo a finales del año 2011.

Introducción

5


El presente documento realiza una revisión detallada de los principales cuerpos legales, minero y ambiental, así como del contrato suscrito entre la empresa Ecuacorriente S.A. y el Estado ecuatoriano. Se busca contribuir con una herramienta de información y consulta que sea un insumo para el diálogo informado entre Estado, empresa privada y sociedad civil. A continuación se expone el proceso de investigación.

En ausencia de una metodología formal de monitoreo de contratos mineros en el Ecuador se utilizó la adaptación de una herramienta de monitoreo de contratos en industrias extractivas para sociedad civil elaborada por el Revenue Watch Institute (RWI), la cual consiste en un análisis de la obligaciones de carácter financiero, social y ambiental estipuladas en los contratos. También se incluyen las obligaciones en cuanto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Esta herramienta contempla el examen de la legislación vigente y el marco institucional de cada uno de los componentes del contrato2.

Por otro lado, por la amplitud del contenido del contrato y, con la finalidad de contar con una referencia sobre el nivel de conocimiento e interés sobre temáticas alrededor de los contratos mineros, se encuestó virtualmente a un total de 100 individuos de organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector público y las empresas privadas. En el plazo de una semana se obtuvieron 43 respuestas, de las cuales 56% no conocía el contenido del contrato minero, 30% sí conocía su contenido y 14% no respondió a esta pregunta. De estas respuestas, 31% mostró interés por conocer los aspectos sociales del contrato, 28% acerca de los aspectos

ambientales, 23% sobre los aspectos económicos y 18% sobre aspectos operativos (actividades de la empresa y procesos). Estos resultados sirvieron para delimitar las temáticas que se profundizaron en el presente documento.

Posteriormente, fue necesaria la recopilación y procesamiento de información. Los materiales utilizados fueron: Una copia notariada del contrato firmado entre Ecuacorriente S.A y el Estado ecuatoriano (que incluye los anexos y documentos habilitantes), la Constitución de la República, las leyes complementarias y supletorias vinculadas a los temas tratados (incluyendo leyes de Perú) y otros documentos de la literatura académica relacionada, los cuales se enlistan en la bibliografía.

Si bien esta investigación no establece una pregunta de investigación o hipótesis, en cambio recoge dos categorías generales de análisis, la económica y socio-ambiental, las mismas que describen y ponen en consideración los aspectos contenidos en los documentos estudiados. Asimismo, se revisó el marco legal e institucional de la minería en Ecuador y se realizó una comparación con el caso peruano respecto a las mismas categorías de análisis.

En este sentido, el análisis presentado está estructurado en cinco partes. La primera introduce al sector mediante la revisión de su marco legal e institucional. La segunda describe la estructura y contenido del contrato minero analizado. La tercera y cuarta incluyen un análisis de los contenidos del contrato en las categorías económicas y socio-ambiental. Posteriormente, la quinta compara el caso peruano con el ecuatoriano en los principales aspectos económicos y ambientales.

2 Haciendo cumplir las reglas: supervisión de la minería por parte de gobiernos y ciudadanos (Enforcing the rules), disponible en http://www.revenuewatch.org/publications/enforcing-rules

Sección 1. Metodología

6

MArco legAl

El marco legal que rige al sector minero en Ecuador no cuenta con un historial extenso. Esta actividad ha sido normada por dos leyes de minería (1991 y 2009) y tres reglamentos generales a las mismas (1991, 2001 y 2009) como se observa en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Cronología de las leyes y Reglamentos de mineríaen Ecuador

Fuente: registros oficiales citados en la bibliografía. Elaboración: grupo FAro

ley de MInerÍA, 1991

El sector minero en el Ecuador contó con su primera Ley de Minería en 1991, la cual declaraba a la minería como una actividad de utilidad pública a nivel nacional. Respecto a la propiedad de los recursos, esta ley establecía que las minas y yacimientos del país son patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. De esta manera se reconocieron conceptos como derechos y concesiones mineras. Además, se señalaba que el desarrollo de la actividad se

llevaría a cabo por medio de gestión estatal, mixta, comunitaria o privada. Finalmente, la ley contempló lineamientos para la libre prospección, la dimensión de las concesiones, los derechos laborales, y las modalidades contractuales de habilitación minera, de unión transitoria y de operación.

Esta ley reconocía dos tipos de minería. Por un lado la exploración artesanal, a la cual también denominaba “minería en pequeña escala”3 y, por otro lado, la extracción no metálica, que abarcaba materiales de construcción, depósitos salinos artificiales y actividades mineras en las aguas marinas; es decir, esta ley no consideraba grandes proyectos mineros. Adicionalmente, las fases de la actividad minera contempladas en esta ley eran: Prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización, estableciéndose la correspondencia de la función ejecutiva para la formulación de la política minera, la cual era aplicada por el entonces Ministerio de Energía y Minas.

En el ámbito ambiental, la ley contemplaba medidas para minimizar los impactos posibles de la actividad minera como: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA), programas de tratamiento de agua, reforestación, acumulación, manejo de desechos, entre los más importantes.

reglAMento de lA ley de MInerÍA, 1991

Este cuerpo legal fue publicado cinco meses después de la primera Ley de Minería. Contenía, principalmente, las atribuciones de las instituciones, las cuales estaban a cargo del sector en ese entonces y los procedimientos o requisitos para el otorgamiento de concesiones y la instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación. Por otro lado, presentaba los lineamientos económicos y tributarios.

Cabe mencionar que en 1995 se incorporó un artículo a este reglamento, donde se declaró a la actividad minera como de interés nacional prioritario y de utilidad pública, considerándola “fundamental para el desarrollo sustentable, armónico y equilibrado del país” (artículo 1-A).

reglAMento generAl A lA ley de MInerÍA, 2001

Este se publicó en remplazo del Reglamento de la Ley de Minería de 1991 y ratificaba a la actividad minera como de interés nacional prioritario. Este reglamento establecía las atribuciones de las entidades a cargo del sector (algunas diferentes a las de 1991, otras se mantienen) y los procedimientos necesarios para el otorgamiento de concesiones mineras, para la instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación; y para la obtención de licencias de comercialización. Por otro lado, contiene los parámetros de la minería “en pequeña escala” y de la minería no metálica de materiales de construcción. Asimismo, contiene una breve sección de la protección del medio ambiente y establece lineamientos para la constitución y extinción de servidumbres mineras.

Sección 2. Marco normativo e institucional

3 La Ley de Minería de 1991 pese a solo reconocer un tipo de minería (artesanal), establece que el Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería “en pequeña escala” hacia una “mediana” y “gran minería” (artículo 142).

Mayo 1991: Ley de Minería

Octubre 1991: Reglamento de la Ley de Minería

Abril 2001: Reglamento General a la Ley de Minería

Noviembre 2009: Reglamento General a la Ley de Minería

Enero 2009: Ley de Minería

Abril 2008: Mandato Minero

7


MAndAto MInero

El Mandato Constituyente No. 6 se expidió en 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de frenar los procesos de otorgamiento de concesiones y extinguir las concesiones que hasta ese momento no habían realizado inversiones, que no habían presentado sus estudios de impacto ambiental, que tenían deudas por conceptos de pago de patentes y que se encontraban en áreas protegidas (en las que existían indicios de corrupción, peculado, nepotismo, etc.). El Mandato estableció el plazo de 180 días para la elaboración de un nuevo marco legal para la actividad minera en el país. A raíz de este Mandato se frenaron la mayoría de concesiones mineras a lo largo del territorio nacional y se dio paso a la elaboración de la Ley de Minería y su respectivo reglamento.

Este instrumento fue uno de los principales indicios de las intenciones del gobierno de turno por incursionar en la actividad minera, y a la vez, representó un hito jurídico para el país desde dos aristas fundamentales. Por el lado del Gobierno, representó un esfuerzo por “poner la casa en orden” puesto que frenó el otorgamiento de nuevas concesiones y extinguió otras que presentaban irregularidades. En cuanto al sector privado, esta medida generó retraso de inversiones y operaciones, conflictos sociales en ciertas áreas y cierre de operaciones. Pero, sobre todo, causó un escenario de incertidumbre respecto a la pertinencia de incurrir en la actividad y las garantías para ejercerla.

conStItUcIón de lA repúblIcA 2008

La Carta Magna es el principal marco legal propulsor de la actividad minera en el país. En esta, se confirmó la competencia exclusiva del Estado sobre los minerales. De igual manera, se incorporó el concepto de “sectores estratégicos”4, entre los que se incluyó a la minería. Asimismo, ratificó la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable de los recursos naturales no renovables y de los yacimientos minerales por parte del Estado (artículo 408), como lo establecía también la Constitución de 1998.

La Constitución vigente, a diferencia de la del año 98, establece en su artículo 408 que “el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos minerales, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”. Esta disposición marca la principal diferencia entre ambas Constituciones en cuanto a minería y determina uno de los principales lineamientos en los que se basó la posterior elaboración de marcos normativos del sector, los cuales buscaron (como se analizará posteriormente) garantizar la mayor participación del Estado.

ley de MInerÍA, 2009

Es la norma vigente que rige el sector minero en el Ecuador. Establece que la política minera es atribución del presidente o

presidenta de la República, para lo cual, contempla la nueva institucionalidad del sector con sus respectivas atribuciones y competencias. Al igual que los marcos normativos previos, señala la utilidad pública de la actividad minera y al Estado como actor que tiene dominio sobre los derechos mineros.

Por otro lado, determina que la actividad minera puede desarrollarse por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de autogestión o de personas naturales. Además, contempla ocho fases para el desarrollo de la minería y dos modalidades contractuales. La una establece contratos de prestación de servicios en los que el Concesionario percibe una remuneración por sus actividades de explotación sin pagar regalías ni impuestos a las ganancias extraordinarias. La segunda modalidad se refiere a contratos de explotación minera en los que el concesionario explota y comercializa el mineral sujeto al pago de regalías e impuestos a los ingresos extraordinarios.

En el ámbito económico, establece que la participación del Estado en los beneficios de la industria minera debe ser mayor a la de las empresas privadas. Para el cumplimiento de esto, señala que el concesionario debe cumplir con el pago de regalías no menores al 5% sobre la venta de los minerales, impuesto a la renta, utilidades, impuesto sobre los ingresos extraordinarios y el impuesto al valor agregado (artículo 93). También brinda lineamientos para la distribución de las regalías.

Finalmente, contempla entre sus artículos el derecho a la información, participación y consulta, y además conceptualiza y norma la “minería artesanal”, la “pequeña minería” y la “minería no metálica”.

Esta ley, a diferencia de la primera, proporciona lineamientos más claros acerca de los procedimientos para el otorgamiento de concesiones, en especial durante las etapas de exploración, explotación y comercialización. Además, profundiza acerca de las obligaciones de los titulares mineros y la preservación del medio ambiente.

Otra de las principales diferencias es que contiene lineamientos que buscan garantizar la mayor participación del Estado en los ingresos que se generen de la explotación minera.

reglAMento generAl de lA ley de MInerÍA, 2009

Expedido a finales de 2009, contiene normas que complementan a la Ley de Minería mediante las cuales se pueda desarrollar la industria en el país. No solo establece las atribuciones, jurisdicciones y competencias de las nuevas instituciones mencionadas en la Ley de Minería; también establece la creación de los consejos consultivos para la participación ciudadana y define los pasos y requisitos para el registro de pequeños mineros y mineros artesanales.

Asimismo, establece las condiciones de las dos modalidades contractuales, y a la vez norma los derechos mineros y el procedimiento para acceder a una concesión minera. Además, se determina la actualización del registro y el catastro minero.

4 Según el artículo 313 de la Constitución, los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

8

norMAtIvA conexA

A partir del Mandato Minero y la posterior promulgación de la Constitución y Ley de Minería, se elaboraron marcos legales con la finalidad de complementar la legislación minera vigente hasta ese momento y garantizar la mayor participación del Estado en los ingresos que genere la actividad. Así, este marco legal buscó que las empresas privadas que venían realizando labores de exploración (como las que operan en los cinco proyectos estratégicos) puedan iniciar con la fase de explotación bajo una normativa que asegure que la participación de la empresa privada en los beneficios de la actividad minera no sea mayor a la del Estado.

De la principal normativa conexa que entró en vigencia a partir del Mandato minero se destacan el Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería, el Instructivo para Etapas de Exploración y Explotación Minera, el Instructivo para el pago de utilidades al Estado por la actividad minera, el Instructivo de Auditoría de Regalías y Beneficios de la Actividad Minera Metálica y el Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a Gran Escala. Se debe señalar además la existencia del Plan Nacional para el Desarrollo del Sector Minero (PNDSM) (2011-2015), que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la minería y está alineado al Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV). Si bien, este no es un marco normativo en sí mismo, es un instrumento que contiene los lineamientos generales de la política minera nacional y define las estrategias para el desarrollo de ciertas áreas del sector. Este marco legal puede ser observado en el Gráfico 2, el cual contiene la fecha de publicación en el Registro Oficial de cada normativa.

MArco InStItUcIonAl

Dentro del esquema planteado es necesario conocer la estructura del sector minero ecuatoriano en cuanto a sus arreglos institucionales. Entre 1991 y 2007, el Ecuador contó con una Ley de Minería y dos reglamentos generales (Gráfico 1) en los cuales se establecieron algunas instancias administrativas y ejecutoras. A partir de 2008, con la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador, se reordenaron varias de las instancias administrativas a nivel central y, para el caso del sector minero, se las instrumentalizó desde la expedición de la Ley de Minería en 2009.

InStItUcIonAlIdAd AnteS de 1991

Las primeras instituciones con las que contó el Ecuador respecto a la industria minera, fueron aquellas relacionadas con el levantamiento de información geológica y la elaboración de la cartografía nacional. El Servicio Nacional de Geología y Minería (1964-1973) fue el organismo que inició estos trabajos, con la asistencia técnica de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña.

InStItUcIonAlIdAd entre 1991 y 2008

Posteriormente, se crearon algunas instituciones para sustituir al Servicio Nacional de Geología y Minería. Es decir, las instituciones a cargo de sus funciones fueron: la Dirección General de Geología y Minas (DGGM) en el período 1973-1985, el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) durante el período 1985-1991, la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero Metalúrgica (CODIGEM) en el período 1991-1999, y la Dirección Nacional de Geología (DINAGE) de 1999 a 2009.

Finalmente, a partir de la aprobación de la Ley de Minería en 2009, se determinó la creación de un nuevo organismo encargado de esta labor -además de la investigación- que es el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM), acompañado de otras instituciones (como se explica más adelante).

La Ley de Minería de 1991 estableció el direccionamiento de la política minera al Ejecutivo, cuya planificación, ejecución y administración le correspondía al Ministerio de Energía y Minas. Inicialmente, esta ley creó la Dirección Nacional de Minería (art. 21) y la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero Metalúrgica (CODIGEM) (art. 23). Sin embargo, algunas de las reformas que se hicieron a esta ley y sus reglamentos también contemplaron cambios institucionales. Así, en 2001, se expidió un nuevo Reglamento General a la Ley de Minería, cuyos cambios fueron ejecutados con la aprobación del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Energía y Minas, en octubre de 2001.

El estatuto orgánico estableció una estructura organizacional donde las instancias de gobernanza eran cuatro subsecretarías para los subsectores de minas, hidrocarburos, electrificación y protección ambiental, según se observa en el Gráfico 3.

De acuerdo al estatuto, existían dos direcciones de apoyo para la administración del sector minero por parte de la Subsecretaría de Minas. Por un lado, la Dirección Nacional de Minería (DNM), encargada de administrar los procesos de otorgamiento y conservación de derechos mineros, el catastro minero, la gestión de seguimiento y el control minero nacional para tramitar asuntos legales mineros. Por otro lado, la Dirección Nacional de Geología, encargada de producir información geológico minera que, como se mencionó previamente, tenía entre sus funciones el levantamiento de la carta geológica y la implementación de servicios informáticos y tecnológicos para la sistematización de la información.

Respecto a la gestión y control ambiental, existía una Subsecretaría de Protección Ambiental dentro del Ministerio que contaba con una Dirección Nacional de Protección Ambiental. Sus funciones principales eran la gestión de la política socio ambiental del sector energético - minero, para lo cual contaba (dentro del sector minero en específico) con el apoyo de la Unidad Ambiental Minera, que era parte de la Dirección Nacional de Minería. En este sentido, parte de sus funciones era evaluar los estudios ambientales (incluyendo EIA, PMA y planes de relaciones comunitarias) de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente. Otro rol eran el control ambiental

9


Instructivo de la auditoría regalías y los beneficiosde la actividad minera metálica (09/03/2012)

Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escalapara los contratos de explotación minera (16/03/2012)

Reglamento para regularizar las laboresde minería artesanal (18/05/2012)

Instructivo para la instalación de plantas,fundición y refinación (10/01/2012)

Instructivo obtención licencias comercializaciónsustancias mineras (09/09/2011)

Instructivo de otorgamiento permisos paralabores de minería artesanal (09/09/2011)

Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero (04/08/2011)Reglamento para el libre aprovechamientode materiales de construcción (01/07/2011)

Pago de utilidades al Estadopor la actividad minera (25/05/2011)

Instructivo para etapas de exploracióny explotación minera (02/05/2011)

Instructivo para calificación y registrode sujetos derechos mineros (31/01/2011)

Instructivo de autorizaciones y cesiónen garantía derechos mineros (28/01/2011)

Instructivo al art. 14 reglamento de régimenespecial de pequeña minería (10/12/2010)

Reglamento del régimen especialde pequeña minería (16/11/2009)

Reglamento del régimen especialde pequeña minería (16/11/2009)

Instructivo para el derecho deaprovechamiento de aguas(19/03/2009)

Instructivo para el pago depatente de concesión minera

(24/03/2009)

Ley de Minería (29/01/2009)

Constitución de la República (22/10/2008)

Mandato minero (22/04/2008)

2008

2009

2010

2011

2012 Reglamento para regular el uso del manejo deagua en sistemas y proyectos (28/06/2012)

Gráfico 2: Conjunto de normativa vigente para el sector minero en Ecuador (Agosto 2012)

Fuente: registros oficiales citados en la bibliografía. Elaboración: grupo FAro

10

en operaciones hidrocarburíferas y mineras y la gestión de la información ambiental sectorial. Adicionalmente, promovía y facilitaba la participación de las comunidades dentro de los procesos de consulta e información relacionada con evaluaciones ambientales.

Esta estructura orgánica, por procesos, sufrió algunas modificaciones en años previos. La última reforma realizada en abril de 2007 incorporó algunos cambios hasta febrero de 2008, cuando dicho estatuto fue derogado. Así, la última versión de este estatuto incorporó la estructura orgánica ilustrada en el Gráfico 4.

Además de los cambios en los nombres de las dependencias, el único cambio respecto a funciones sería la creación de la una dirección de protección ambiental específica para el sector minero y la implementación de direcciones regionales. De hecho, si se compara los gráficos anteriores (gráficos 3 y 4) sobre la estructura organizacional, no existen cambios significativos

para las instituciones del sector minero y tampoco se evidencia cambios respecto a sus funciones.

InStItUcIonAlIdAd A pArtIr de 2008

Una vez aprobada la nueva Constitución en 2008, se introdujo un nuevo esquema de planificación y administración pública, donde la participación institucional en el diseño de políticas sectoriales sufrió ciertas modificaciones. Así, en la organización de la función ejecutiva se crearon las instancias de planificación, coordinación y ejecución sectorial.

En lo que respecta a los diseños institucionales del sector minero, en enero de 2008 se creó el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, un organismo político y técnico de coordinación y supervisión de las instituciones relacionadas con los sectores estratégicos5, en los cuáles se encuentra la minería. En 2009, cuando se publica la nueva Ley de Minería, se establece - en su artículo 5- la estructura institucional, compuesta por: Ministerio Sectorial, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero Metalúrgico (INIGEMM); la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP); y Municipalidades en las competencias que les correspondan.

La ejecución de la política sectorial minera está a cargo del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (MRNNR), el mismo que remplazó al antiguo Ministerio de Energía y Minas y tiene a su cargo los sectores hidrocarburífero y minero. De esta

* esta unidad formaba parte de la dirección nacional de mineríaFuente: estatuto orgánico por procesos del ministerio de energía y minas Elaboración: grupo FAro

Gráfico 3: Estructura organizacional del Ministerio de Energía y Minas en 2001

5 Según el artículo 313 de la Constitución, los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, por lo que deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Subsecretaríade Minas

Subsecretaríade Hidrocarburos

Subsecretaríade Electrificación

Subsecretaría deProtección Ambiental

Dirección Nacionalde Protección Ambiental

Unidad Ambientalde Minería

Dirección Nacionalde Minería

Direcciones Regionalesde Minería

Dirección Nacionalde Geología

Ministerio de Energía y Minas

la ejecución de la política sectorial minera está a cargo del ministerio de recursos naturales no renovables (mrnnr), el mismo queremplazó al antiguo ministerio de energía y minas y tiene a su cargo los sectoreshidrocarburífero y minero.

11


forma, como se observa en el Gráfico 5, el MRNNR cuenta con un Viceministerio de Minas para la gestión del sector minero, cuya función es promover el cumplimento de la política minera. Para ello, tiene una estructura integrada por dos subsecretarías. Su sede de funcionamiento es la ciudad de Zamora, al sur del territorio ecuatoriano.

En general, el MRNNR incluye los siguientes procesos como parte de su gestión en minería: “El desarrollo minero, la asistencia técnica a la pequeña minería y minería artesanal, la intervención territorial y los Consejos Consultivos, el otorgamiento de los derechos mineros, la administración y conservación de

los Derechos Mineros, la extinción de derechos mineros y la contratación y administración de los contratos de explotación minera” (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del MRNNR, 2011).

Por un lado, la Subsecretaría Nacional de Desarrollo Minero coordina la ejecución de la política minera. Dentro de su ámbito de acción se destaca la definición y la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, supervisar la creación de los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana y determinar las áreas susceptibles de actividad minera (metálica, no metálica y materiales de construcción).

Gráfico 4: Estructura organizacional del Ministerio de Energía y Minas en noviembre 2007.

Fuente: estatuto orgánico por procesos del ministerio de energía y minas. Elaboración: grupo FAro

Subsecretaríade Minas

Subsecretaríade Hidrocarburos

Subsecretaría deProtección Ambiental

Ministerio de Energía y Minas

Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera

Direcciones Regionales de Protección Ambiental

Dirección Nacional de Minería

Servicio Geológico Nacional

Direcciones Regionales de Minería

Fuente: estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del mrnnr. Elaboración: grupo FAro

Gráfico 5: Estructura organizacional del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 2012

Subsecretaría Nacionalde Contratación Minera

Subsecretaría Nacionalde Desarrollo Minero

Subsecretaría Regionalesde Minas

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (MRNNR)

Viceministro de Minas

Entidades adscritas y empresas públicas

Agencia de Regulacióny Control MInero (ARCOM)

Instituto Nacional de InvestigaciónGeológico Minero Metalúrgico

Empresa Nacional Minera(ENAMI EP)

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE)

12

Ello incluye monitorear los campos a concesionarse para minería, articular y coordinar la gestión de las Subsecretarías Regionales de Minas.

Por otro lado, la Subsecretaría Nacional de Contratación Minera lidera el proceso de contratación y la administración de los contratos mineros y los sistemas de información de los mismos. Para ello, se encarga de los modelos de contratación de prestación de servicios, explotación minera, régimen especial de pequeña minería y permisos para minería artesanal.

La Ley de Minería de 2009 también estableció la creación de tres instancias adscritas al MRNNR. La ARCOM, como organismo técnico administrativo, la cual está encargada de auditar, intervenir y controlar las fases de la actividad minera que realicen las empresas: Pública, privada, mixtas, pequeña minería y de minería artesanal y de sustento. INIGEMM, se creó como institución encargada de realizar actividades de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, con competencia para generar, sistematizar, focalizar y administrar la información geológica en el territorio nacional.

Finalmente, existen dos empresas públicas dentro del sector. La primera, la ENAMI EP, se creó como una sociedad de derecho público, sujeta a la regulación y control de la Ley de Empresas Públicas, para el aprovechamiento sustentable de la actividad minera en todas sus fases. Sobre todo maneja proyectos de carácter comunitario y exploratorios. La segunda, es la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico (Ecuador Estratégico EP), creada en septiembre de 2011 para planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia de los proyectos de los sectores estratégicos, como es el caso del minero.

norMAtIvA e InStItUcIonAlIdAd AMbIentAl

Según el artículo 14 de la Constitución, el Estado tiene el deber de velar por el cuidado y protección de la naturaleza,

y reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por esto, la ejecución de proyectos y la elaboración de sus respectivos contratos, deben sujetarse a las leyes y reglamentos que rigen la actividad minera.

A la vez, las normas técnicas aplicables se encuentran contenidas en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras; el Libro VI del Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente; y el Reglamento a la Ley de Minería. En el Gráfico 6 se puede observar la jerarquía del marco normativo nacional respecto al sector ambiental minero, según la Pirámide de Kelsen.

Respecto a los arreglos institucionales ambientales, el MAE es la Autoridad Ambiental Nacional encargada de regir, coordinar y regular el Sistema descentralizado de Gestión Ambiental, cuya estructura se muestra en el Gráfico 7. Estas instituciones son las encargadas de velar por el óptimo cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Gestión Ambiental y en la Ley de Minería. Dentro del Ministerio, la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y el licenciamiento ambiental está a cargo de la Subsecretaria de Calidad Ambiental a través de la Unidad de Licenciamiento Ambiental. La evaluación de impacto ambiental en sus fases de licenciamiento y control, son procesos que se encuentran bajo la normativa aplicable según se describe en el siguiente acápite.

Gráfico 6: Marco normativo principal para el análisis de los aspectos socio - ambientales en el sector minero

Fuente: constitución de la república del ecuador (artículo 405). Elaboración: grupo FAro

Además de la Arcom, el inigemm, y enAmi ep, la empresa pública de desarrollo estratégico (ecuador estratégico ep), se creó en 2011 para implementar proyectos de desarrollo local en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos.

Constitución

Cambio climático

Certificados decalidad ambiental

169 OITDiversidad BiológicaEstocolmo (COPS)

Ley de Gestión Ambiental Ley Forestal Ley de Minería Ley de Aguas

TULSMA Reglamento ambiental para actividades mineras Reglamento a la Ley de Minería

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismosde Participación social establecidos en la LGA

Instructivo para la evaluación, calificacióny registro de facilitadores ambientales

Parámetros decalidad ambiental

Normas deefluentes y emisiones

Permisos y licenciasadministrativas

Estudio deImpacto Ambiental

Listado de productoscontaminantes

13


Gráfico 7: Sistema descentralizado de Gestión Ambiental

CEDENMA: Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.Fuente: ley de gestión Ambiental. Elaboración: grupo FAro

Consorcio deConsejos Provinciales

Pueblosafroecuatorianos

SENPLADES

CEDENMA SENESCYT

Asociación deConsejos Municipales

CODENPE

Fuerzas Armadas

MinisterioSectorial

Comisión Nacionalde Coordinación

14

AntecedenteS del proyecto MIrAdor

La tradición minera en el Ecuador se remonta a la época preincaica, sin embargo fue en 1991 cuando se publicó en el Registro Oficial la primera Ley de Minería, por lo que el historial jurídico del sector minero en el país es reciente. En 1996 la compañía Billinton descubrió el cinturón de mineralización del tipo cobre porfídico en la Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora.

Posteriormente, en 1999 Billinton cedió los derechos a la compañía canadiense Corriente Resources. En el año 2005, se determina que el proyecto es viable económica, social y ambientalmente, y en 2006, el Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para la explotación del proyecto que toma el nombre de “Mirador”. Cuatro años más tarde, a finales de 2010, se inicia el período de Evaluación Económica del yacimiento mediante el cual se realizan dos estudios de factibilidad que determinan la posibilidad de explotar 30 000 o 60 000 tpd (toneladas por día) de material.

El 15 de febrero de 2011 se notificó el inicio de la negociación del contrato de explotación minera, el mismo que concluyó un año después con la firma del Acta de Terminación de Negociaciones. Finalmente, el 15 de febrero se declaró el inicio de la etapa de explotación para concluir con la firma del contrato el 5 de marzo de 2012 entre el Estado ecuatoriano y la compañía Ecuacorriente S. A.

eStrUctUrA del contrAto

El único contrato de explotación a gran escala con una empresa minera del que se tiene referencia hasta la actualidad es el contrato suscrito entre Ecuacorriente S.A y el Estado ecuatoriano. Este contrato es de modalidad de explotación de tipo administrativo, el cual está regulado por la legislación minera y no sujeto a la Ley Orgánica de Contratación Pública y sus normas conexas6. Se compone de quince capítulos y veinte y tres cláusulas, las mismas que se detallan en el Anexo 1.

La empresa Ecuacorriente S.A era subsidiaria de Corriente Resources Inc., una empresa canadiense en el Ecuador cuyas acciones fueron adquiridas por la empresa china CRCC- Tongguan Investment Co. Ltd., conformada en un 50% por China Railway Construction Corporation Limited y Tongling Non-ferrous Metals Group Holdings Co., Ltd. que son empresas estatales chinas.

En el aspecto jurídico, este contrato está sujeto al marco normativo del sector minero, así como a las buenas prácticas de la industria minera internacional (a falta de normativa nacional)7. Por un lado, la normativa aplicable la Constitución de la República, la Ley de Minería, los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, las leyes, reglamentos, decretos,

ordenanzas, así como cualquier otra norma que se emita de conformidad con la ley8. Por otro lado, la normativa supletoria contiene las siguienes secciones: ambiental, administrativa, contencioso-administrativa, de soberanía alimentaria, tributaria, penal, procesal penal, de empresas publicas, societaria, civil, procesal civil, gobiernos autónomos descentralizados y de patrimonio cultural.

El contrato integra un listado de documento habilitantes que avalan el proceso seguido por el concesionario, desde la inscripción en la Superintendencia de Compañías, hasta la firma del contrato para la fase de explotación.

De acuerdo a la Ley de Minería, el plazo de ejecución de este contrato es de 25 años a partir de la fecha efectiva (marzo 2012)9, el mismo que será extendido automáticamente por un plazo de cinco años para cumplir con lo detallado en el estudio de factibilidad y en el Plan General de Trabajo e Inversión. En caso de que se encuentren nuevos minerales, se harán modificaciones al contrato. Si varía la extensión del área de influencia se solicitará una extensión adicional del plazo de ejecución o se implementarán factores de corrección10 (este concepto se desarrolla posteriormente). Finalmente, el contrato incluye documentos anexos que amplían la información del cuerpo principal y que son enlistados en el Gráfico 8.

Sección 3. Estructura del contrato minero

6 Capítulo I, Cláusula IV, Numeral 4.17 Capítulo I, Cláusula III, Numeral 3.1.48 Capítulo I, Cláusula III, Numeral 3.1.29 Capítulo II, Cláusula VI, Numeral 6.110 Capítulo II, Cláusula VII, Numerales 7.1-7.7

Gráfico 8: Anexos del contrato minero

Fuente: contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A.Elaboración: grupo FAro

Especificaciones y delimitaciones de la concesión minera, área del contrato, áreas de actividades relacionadas y áreas de protección

Plan General de Trabajo e Inversiones acordado entre las partes.

Formato de garantía de la casa matriz.

Detalle de accionista del concesionario minero.

Áreas de influecia del proyecto minero establecidas en el EIA.

Especificaciones económicas

Acta de terminación de negociaciones para el contrato de explotación.

Instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera y Reglamento de Contabilidad para la Minería Metálica a gran escala para los contratos de explotación minera.

Cartas de intención y/o acuerdos alcanzados con las autoridades.

Pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado mediante el cual se autoriza al Estado a someter las controversias a arbitraje internacional.

Anexo A

Anexo B

Anexo C

Anexo D

Anexo E

Anexo F

Anexo G

Anexo H

Anexo I

Anexo J

15


La Constitución y la Ley de Minería, como antesala al inicio de la explotación minera a gran escala en el país, fueron promulgadas con artículos que establecen que el beneficio del Estado debe ser siempre mayor al de la empresa cuando se aprovecha el potencial minero del país.

Así, la Ley de Minería, además de otros marcos, contiene entre sus artículos disposiciones que, en conjunto, buscan asegurar que se cumpla esta mayor participación del Estado sobre los beneficios resultantes de la actividad minera.

Esta sección tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos de la revisión del contrato minero mediante el análisis y desglose de los beneficios que obtendría el Estado en el Proyecto Mirador. Asimismo, se analiza la metodología de cálculo de los beneficios del concesionario minero y las inversiones y costos en los que incurriría la empresa Ecuacorriente S.A. para el desarrollo del proyecto Mirador. Finalmente, se revisa la manera en que el Estado fiscalizaría y regularía el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario y corroboraría la obtención del beneficio establecido en la Ley y la Constitución.

A lo largo de la sección, se encontrarán ejemplos aclarativos y fórmulas tomados del contrato, además de otras herramientas que representan, en su conjunto, un esfuerzo por facilitar la comprensión del lector de los aspectos e implicaciones económicas, financieras y tributarias del contrato.

benefIcIoS del eStAdo

Cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución (artículo 408) y la Ley de Minería (artículo 93), el contrato suscrito entre la empresa Ecuacorriente S.A. y el Estado establece la mayor participación de este último sobre los ingresos que pueda generar la explotación y comercialización de minerales, en un porcentaje mínimo de 52% para el Estado y un máximo de 48% para la empresa (Capítulo 8, cláusula XVI). Este porcentaje se calcula de forma anual y acumulada sobre una base de flujos corrientes. En este sentido, tanto el contrato como el Instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica11, reconocen como beneficios del Estado a los observados en el Gráfico 9.

regAlÍAS

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Minería y en el artículo 82 de su Reglamento General, el contrato establece que el concesionario minero debe pagar -por concepto de regalía- los porcentajes observados en la Tabla 1, los cuales dependen del precio del mineral. El cálculo de la regalía se realiza por cada embarque y su pago al Estado se efectúa semestralmente.

Tabla 1: Porcentaje de regalías según los preciosdel mineral principal

Precio Por libra de cobre (USd)* % aPlicable Para el cálcUlo de regalía a Pagar

Igual o mayor a 5,51 8%

Desde 4,01 hasta 5,50 7%

Igual o menor a 4,0 6%

* bolsa de metales de londres cátodo de cobre grado AFuente: contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A. (cláusula Xvii y anexo F) Elaboración: grupo FAro

forMA de cálcUlo

El monto de la regalía que pague el Concesionario será el porcentaje de regalía que corresponda según el precio (Tabla 1), calculado sobre el “ingreso neto” percibido por las ventas de minerales (principal y secundarios) provenientes del área del contrato, según la siguiente fórmula.

El “ingreso neto” corresponde a la diferencia entre el “ingreso bruto” y los “gastos de transporte” junto con el “impuesto a los ingresos extraordinarios”.

Sección 4. Aspectos económicos, financieros y tributarios del contrato

11 Promulgado el 9 de marzo de 2012. Antes de esta fecha no se contaba con un instructivo específico respecto al cálculo de regalías.

Beneficiosdel Estado

Regalías

Impuestoa la renta

Ajuste soberano

Participaciónlaboral

IVA

Impuestoingresos

extraordinarios

Fuente: Ley de Minería (artículo 93) y contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorriente S.A. (cláusula XVI). Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 9: Beneficios del Estado reconocidos en el contrato minero

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

16

A su vez, el “ingreso bruto” es igual a la diferencia entre el “ingreso bruto de productos minerales”12 y de los “cargos de los procesos de tratamiento y refinación”13.

Finalmente, el ingreso bruto de productos minerales (IBPM) es igual a la diferencia entre el producto de la “cantidad de metales pagables” por su respectivo “precio internacional”, menos los “gastos de transporte internacional” (desde que el producto es embarcado en la nave de exportación hasta el puerto de destino).

En resumen, el monto de regalía se obtiene de la siguiente fórmula desagregada:

En el Recuadro 1 se puede observar un ejemplo numérico de la manera en la que se calcularía la regalía a pagar por el concesionario por determinado mes de venta de minerales.

12 Productos minerales: Comprende al mineral principal y/o minerales secundarios, al concentrado comercializable derivado del mineral o extraído del área del contrato y/o a otros productos que sean tratados adicionalmente como parte de la operación minera.

13 Corresponde a los cargos de tratamiento y refinación y penalidades por impurezas.

14 Ejemplo tomado del contrato suscrito entre la empresa Ecuacorriente S.A. y el Estado ecuatoriano.

En junio del año 2012 se embarcaron en total 32 000 toneladas de concentrado húmedo de cobre y 30 000 toneladas de concentrado seco; en total, los concentrados contenían 17 600 000 libras de cobre (metales pagables). En septiembre de 2012, el precio promedio de la Bolsa de Metales de Londres para el cobre se registró en 4,50 dólares por libra. En el transporte internacional de este material se gastaron 1 600 000 dólares. Así, siguiendo la fórmula (4), el ingreso bruto de cobre fue de 77 600 000 (cantidad de metales pagables por su precio internacional, menos los gastos de transporte internacional).

Cantidad de concentrado húmedo (toneladas) 32 000,00

Cantidad de concentrado seco (toneladas) 30 000,00

CM = Cantidad de metales pagables (libras de cobre) 17 600 000,00

PI = Precio internacional promedio septiembre (dólares) 4,50

GTI = Gastos de transporte internacional (dólares) 1 600 000,00

IBPM (Ingreso Bruto de cobre) = (CM * PI) - GTI (dólares) 77 600 000,00

Para la obtención del metal pagable fue necesario aplicar un tratamiento al concentrado de cobre el cual tuvo un costo de 75 dólares por tonelada de concentrado seco. Una vez obtenido el metal pagable, fue necesaria su refinación con un costo de 0,075 dólares por libra de metal pagable. La suma de los costos totales de tratamiento (30 000 * 75) y los costos de

refinación (17 600 000 * 0,075) da como resultado los cargos de tratamiento y refinación (total: 3 570 000). Esta cifra se resta del ingreso bruto de cobre (IBPM, calculado previamente) y se obtiene el ingreso bruto IB.

TC = Costo de tratamiento (dólares / concentrado seco) 75,00

RC = Costo de refinación (dólares / libra de metal pagable) 0,075

CR = Cargos de tratamiento y refinación (dólares) 3 570 000,00

IB (Ingreso Bruto) = IBPM - CR (dólares) 74 030 000,00

Finalmente, se restan del ingreso bruto los gastos de transporte y el impuesto a los ingresos extraordinarios, y se obtiene el ingreso neto, del cual se calcula el porcentaje de regalía aplicable (7% para este caso ya que el precio del cobre se sitúa entre 4,01 hasta 5,5 dólares) y se obtiene el monto de regalía que le corresponde al Estado por esta operación.

GT = Gastos de transporte (dólares) 1 200 000,00

IIE = Impuesto a las ingresos extraordinarios (dólares) 6 160 000,00

IN (ingreso neto) = IB - GT - IIE (dólares) 66 670 000,00

% de regalía aplicable 7,00%

Monto de regalía = IN * % regalía aplicable(dólares) 4 666 900,00

Recuadro 1: Ejemplo ilustrativo de cálculo del monto de regalía14

Fuente: contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A. Elaboración: grupo FAro

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

donde,CM = cantidad de metalesPI = precio internacionalGTI = gastos de transporte internacionalCR = cargos de los procesos de tratamiento y refinaciónGT = gastos de trasporteIIE = impuesto a los ingresos extraordinarios

17


verIfIcAcIón de loS MontoS

Como se determina en el tercer capítulo del Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera, la verificación del pago y monto de la regalía la llevará a cabo un equipo multidisciplinario, conformado por la ARCOM y el SRI. Para ello, se tomará en cuenta la legislación aplicable y la información reflejada en las declaraciones tributarias presentadas por el concesionario minero, así como la contenida en los informes semestrales de producción presentados a la ARCOM y en otras fuentes de información.

regAlÍA AntIcIpAdA

El artículo 8 del instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica, establece la facultad del pago de una “regalía anticipada” por parte del Concesionario, previo acuerdo con el Estado.

Este pago de regalías anticipadas podrá ser descontado a las regalías que deba pagar el concesionario minero a partir del inicio de la producción de minerales. Para esto, se descontará anualmente un máximo del 20% de la regalía anticipada (20

millones para el caso de Ecuacorriente). Este monto no podrá exceder el 50% de la regalía devengada (es decir, máximo la mitad de la regalía que paga el concesionario anualmente). En el Recuadro 2 se profundiza la manera en que se descontarán las regalías anticipadas en el ejercicio fiscal anual del concesionario.

Para el caso de Ecuacorriente, el monto acordado entre la empresa y el Estado asciende a 100 millones de dólares que serían pagados de la siguiente manera:

Un primer pago del 40% treinta días después de obtener la aprobación para inversión del Estado chino.

El segundo pago del 30% una vez obtenidos por parte del Concesionario los permisos y autorizaciones necesarias para el proyecto minero.

El último pago del 30% se realizaría en dos partes iguales:

Una parte, cuando se disponga de la conexión y el suministro por la empresa eléctrica correspondiente en la mina.

La otra parte, cuando el puerto a cargo de la empresa PuertoCobre S.A. entre en operación.

Recuadro 2: Ejemplo ilustrativo de cálculo del descuento de regalía anticipada

Como se mencionó previamente, las regalías anticipadas paga-das por el concesionario minero (Ecuacorriente para el caso de este ejemplo) podrán ser descontadas de las regalías anuales que se genere hasta su total liquidación. Este descuento sería de máximo el 20% del total de las regalías anticipadas que pagó (20 millones de dólares) y de máximo el 50% de las regalías que le corresponden pagar cada año. En este sentido, se observa en la siguiente tabla, un ejemplo hipotético del descuento de las regalías anticipadas que haría la empresa Ecuacorriente S.A. hasta que estas se liquiden por completo.

Se observa en la tabla hipotética que la empresa Ecuacorriente S.A. en el año 1 generó un total de regalías por 12,5 millones de dólares. El porcentaje máximo que puede descontar el conce-sionario de este valor es el 50% de la regalía generada, sin so-brepasar los 20 millones de dólares correspondientes al 20% de la regalía anticipada total. En este sentido, el 50% de la regalía

generada en el año 1 es de 6,25 millones, por lo que se descuen-ta en su totalidad. El concesionario debe pagar el 50% restante y el Estado tiene como saldo una regalía anticipada de 93,75 millones de dólares. Este mismo ejercicio se aplica para el año 2 y 3, en los cuales el 50% de la regalía generada no supera los 20 millones de dólares, por lo que se descuenta en su totalidad y se paga el 50% restante al Estado. Para los años 4, 5 y 6, el 50% de la regalía generada supera los 20 millones de dólares; debido a que el concesionario puede descontar máximo el 20% del total de regalías anticipadas pagadas, durante estos tres años el valor que se descuenta es de 20 millones de dólares, debiendo pagarse la diferencia al Estado. Finalmente, en el año 7, el concesionario descuenta 10,95 millones de dólares que corresponden al sal-do de la regalía anticipada pagada y los descuentos realizados durante los años 1 al 6, quedando así liquidado el valor de la regalía anticipada. A partir del año 8, el concesionario debería pagar al Estado el total de la regalía generada.


rUbro ( millones de dólares) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 ToTal

Regalía generada 12,50 15,60 30,00 42,30 42,00 43,00 43,00 228,40

Descuento del 20% por regalía anticipada 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Descuento del 50% por regalía generada 6,25 7,80 15,00 21,15 21,00 21,50 21,50

Saldo regalía anticipada 100,00 93,75 85,95 70,95 50,95 30,95 10,95

Valor a descontar 6,25 7,80 15,00 20,00 20,00 20,00 10,95 100,00

ToTal regalía Por Pagar 6,25 7,80 15,00 22,30 22,00 23,00 32,05 128,40

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

18

IMpUeSto A lA rentA

La Ley de Minería establece el pago por parte de los concesionarios mineros del 25% de impuesto a la renta (artículo 93). El procedimiento para este pago es normado por el Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escala para los contratos de explotación minera, el cual establece además que el pago de este impuesto debe mantener conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación.

Por otro lado, el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Ecuacorriente S.A. difiere de la norma debido a que establece el pago por concepto de impuesto a la renta del 23% durante el año 2012. A partir del año 2013 y, de allí en adelante, la tasa sería del 22%. Este pago tiene que ser efectuado al SRI y se apegará a la normativa antes descrita.

IMpUeSto Al vAlor AgregAdo (IvA)

Al igual que para el impuesto a la renta, la Ley de Minería establece el pago por parte del concesionario minero del 12% por concepto de impuesto al valor agregado15 (IVA) en las actividades que la ley establezca aplicable. Asimismo, el Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escala para los contratos de explotación minera establece que, para el pago del IVA, el concesionario se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su reglamento de aplicación.

Respecto a este impuesto, el contrato determina que la tarifa aplicable para el concesionario por concepto de IVA es del 12%, según la legislación aplicable. Por otro lado, el contrato del concesionario declara conocer que la devolución del IVA en actividades de exportación no es aplicable a la actividad minera por tratarse de recursos naturales no renovables. Por esto, los valores que el concesionario minero paga por concepto del IVA sobre la adquisición de bienes y servicios no constituyen un crédito tributario y se incluirán dentro del valor de sus inversiones, costos y gastos.

IMpUeSto A loS IngreSoS extrAordInArIoS

Entre los beneficios más importantes que genera la actividad minera a gran escala para el Estado se encuentra el impuesto a los ingresos extraordinarios. Este impuesto está normado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador (artículos 164-172). También se lo reconoce como ingreso, tanto en la Ley de Minería (artículo 93) como en el Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escala para los contratos de explotación minera (artículo 26 y 27). En estos marcos, se establece que la tarifa del impuesto es del 70% sobre los ingresos percibidos por las empresas contratantes,

generados en ventas a precios superiores a los previstos en los respectivos contratos.

De igual manera, se establece que el precio base utilizado para este cálculo será ajustado mensualmente conforme a la variación del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América, el cual es publicado por el Banco Central del Ecuador. En caso de que este no exista, se utilizarán los índices publicados por Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos de América.

Respecto a este tributo, el contrato suscrito entre la empresa Ecuacorriente S.A. y el Estado ratifica la tarifa del 70% para el cálculo del mismo y define como “ingresos extraordinarios” a los percibidos por el concesionario minero cuando parte de los ingresos son generados por la venta del mineral principal y los minerales secundarios a precios superiores del precio base pactado para cada mineral. Los precios base pactados para dicho fin son:

Mineral principal: Cuatro dólares por libra de cobre metal equivalente contenida en el concentrado (US$ 4).

Minerales secundarios:

Oro: Mil setecientos diez 75/100 dólares por onza troy (US$ 1 710,75).

Plata: Treinta y cinco 21/100 por onza troy (US$35,21).

cálcUlo del Iee

Para el cálculo del impuesto a los ingresos extraordinarios el precio base se restará del precio internacional, y este resultado, de ser positivo, se multiplicará por las unidades vendidas. De este valor resultante, se calcula el setenta por ciento para la determinación del valor final a pagar (valor que recibe el Estado) según la siguiente fórmula. El Recuadro 3 analiza un ejemplo numérico sobre este cálculo.

15 Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el impuesto que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comer-cialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos y al valor de los servicios prestados.

Uno de los ingresos estatales más importantes de la minería a gran escala es el impuesto a los ingresos extraordinarios, cuya tarifa es del 70% sobre los ingresos de la venta de minerales a precios superiores a los previstos en el contrato.

donde,PI = precio internacional de venta de los metales pagablesPB = precio base estipulado en el contratoCM = cantidad de metales pagables contenidos en los productos minerales vendidos

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

19


Recuadro 3: Ejemplo ilustrativo de cálculo del impuesto a los ingresos extraordinarios

En junio del año 2012 se embarcaron en total 17 600 000 libras de cobre. El precio oficial reportado por libra de cobre en el mes de septiembre (m + 3) en la Bolsa de Metales de Londres fue de 4,5 dólares. En este sentido, considerando que el precio base establecido en el contrato para el cobre es de 4 dólares por libra, la diferencia entre precios sería 0,50 centavos de dólar. Este valor, se multiplica por el total embarcado obteniéndose que el ingreso extraordinario de esta operación fue de 8 000 000 dólares. Finalmente, de este valor se obtiene el 70% correspondiéndole al Estado por esta operación 6 160 000 dólares según se observa en la siguiente tabla.

PI = Precio internacional promedio de venta de cobre en la Bolsa de Metales de Londres (dólares)

4,50

Precio Base (dólares) 4,00

Diferencia (dólares) 0,50

CM = Cantidad de metales pagables (libras de cobre) 17 600 000,00

Ingreso extraordinario (dólares) 8 800 000,00

IIE = Impuesto a los ingresos extraordinarios 70% (dólares) 6 160 000,00


pArtIcIpAcIón lAborAl

Al igual que en la industria petrolera, el Estado cambió la repartición de las utilidades de las empresas privadas para el caso de la minería. En este sentido, la Ley de Minería (artículo 67) establece que los trabajadores vinculados a la actividad minera recibirán el 3% del porcentaje de utilidades. El 12% restante será pagado al Estado. Esta disposición se ve reflejada en el contrato entre la empresa Ecuacorriente S.A. y el Estado ecuatoriano, el cual establece el pago de esta tarifa en su cláusula décimo octava, de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

AjUSte SoberAno

En el caso de que los beneficios del Estado previamente descritos representen conjuntamente un porcentaje menor al 52%, el concesionario deberá pagar un “ajuste soberano”. Este rubro se refiere al valor que garantiza que la participación del Estado sobre los beneficios del aprovechamiento de los minerales sea de mínimo el 52%; y que los del concesionario minero no superen el 48%. Según el contrato, estos valores se calcularán sobre una base de flujos corrientes y de forma anual y acumulada para todo el período contractual.

Para ello, la ARCOM realizará anualmente (año vencido) -en el segundo semestre de cada año- una aplicabilidad del ajuste soberano y del pago que debe realizar el concesionario si sus beneficios superan el 48%. Una vez determinado el valor, la ARCOM notificará al SRI para que cumpla con la función de recaudación, debiendo el concesionario cancelar el valor en máximo sesenta días.

El Recuadro 4 contiene un ejemplo sobre el cálculo del ajuste soberano para los primeros siete años de la empresa Ecuacorriente S.A.

IMpUeStoS, tASAS y otroS

Además de los beneficios analizados en las secciones previas, según el contrato suscrito entre la empresa Ecuacorriente S.A.

y el Estado ecuatoriano, el concesionario minero también deberá pagar lo siguiente:

Patente de conservación, la cual equivale al monto que el concesionario pagará anualmente para mantener vigente su concesión. Este valor es igual al 10% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera (artículo 34 Ley de Minería).

Cargas establecidas por órganos municipales o seccionales de conformidad con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

dIStrIbUcIón de loS IngreSoS MIneroS

La distribución de los ingresos que se generan por la actividad minera, específicamente, los ingresos por regalías y participación laboral, se encuentra normado por la Ley de Minería, su Reglamento General y por el Reglamento para la asignación de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia donde se ejecutan actividades de los sectores estratégicos.

En cuanto a las regalías mineras, el artículo 93 de la Ley de Minería y el artículo 86 de su Reglamento General, establecen que el 60% del monto pagado por las empresas privadas por concepto de regalías, será destinado a proyectos productivos y de desarrollo sustentable a través de los gobiernos municipales y juntas parroquiales. Además, señalan que, de ameritar el caso, el 50% de estas regalías (es decir, la mitad del 60% previamente mencionado), pueden distribuirse a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Según ambos marcos, estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad minera.

Por otro lado, la Ley de Minería, en su artículo 67, establece que del monto de utilidades que las empresas privadas mineras obtienen, como rubro de participación laboral, el 3% les corresponde a los trabajadores y el 12% le corresponde al Estado. Según la Ley, este dinero debe ser destinado

20

exclusivamente a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero.

Con la finalidad de normar la repartición de estos recursos, el 9 de mayo de 2012 mediante Decreto Ejecutivo entró en vigencia el “Reglamento para la asignación de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia donde se ejecutan actividades de los sectores estratégicos”. Este reglamento norma la repartición de:

Utilidades: 12% para el caso de empresas privadas petroleras y mineras; 5% para el caso de empresas de pequeña minería.

Regalías mineras: de empresas mineras privadas; incluye regalías anticipadas.

Contratos de prestación de servicios mineros: 3% de las ventas de minerales explotados bajo modalidad contractual de servicios.

Excedentes: superávit de las empresas públicas petroleras y mineras.

De igual manera, el reglamento define los requisitos y procedimientos previos a la asignación de recursos a las instituciones del gobierno central y de los gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) competentes para ejecutar planes de inversión social y desarrollo territorial en las zonas

Recuadro 4: Ejemplo ilustrativo de cálculo del ajuste soberano


Como se mencionó previamente, el ajuste soberano se calcula a partir delos beneficios que obtiene el Estado y el concesionario minero. La siguiente tabla muestra un ejemplo hipotético de los beneficios que obtendría el Estado durante los primeros siete años de operaciones de Ecuacorriente S.A.

Beneficios art. 408 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Impuesto a los ingresos extraordinarios (IIE) 1 455 000 - 846 000 1 179 000 381 000 987 000 439 000

Regalías 3 395 000 4 760 000 7 050 000 9 825 000 9 144 000 8 225 000 10 536 000

Impuesto a la renta - - 9 870 000 13 755 000 13 716 000 11 515 000 15 804 000

IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios 4 850 000 7 140 000 4 230 000 5 895 000 6 096 000 4 935 000 7 024 000

12% participación laboral - - 6 204 000 8 646 000 8 763 000 7 238 000 10 097 000

ToTal 9 700 000 11 900 000 28 200 000 39 300 000 38 100 000 32 900 000 43 900 000

Asimismo, se aprecia en la siguiente tabla, el ejercicio de cálculo del ajuste soberano. Se observa que durante los dos primeros años el beneficio del concesionario minero es negativo, principalmente, por lo gastos en los que se incurren para la construcción del tajo y de las relaveras; durante esto años no existe ajuste soberano puesto que el beneficio del Estado es del 100%. El tercer año, pese a que el beneficio del Concesionario es de 59,1 millones de dólares, el beneficio acumulado es de -11,5 millones por lo que no hay ajuste soberano. El cuarto años, pese a que el beneficio del concesionario es de 76,5 millones, el beneficio acumulado del mismo representa aproximadamente el 42% respecto al beneficio total por lo que no hay ajuste soberano tampoco. Finalmente, se observa cómo en los años 5, 6 y 7 sí existe ajuste puesto que el beneficio acumulado del concesionario minero respecto al total de beneficios supera el 48%.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Beneficio del Estado 9 700 000 11 900 000 28 200 000 39 300 000 38 100 000 32 900 000 43 900 000Beneficio del Concesionario Minero -53 100 000 -17 500 000 59 100 000 76 500 000 60 000 000 35 000 000 55 678 000Beneficios acumulados del Estado (a) 9 700 000 21 600 000 49 800 000 89 100 000 127 200 000 160 100 000 204 000 000Beneficios acumulados del Concesionario (b) -53 100 000 -70 600 000 -11 500 000 65 000 000 125 000 000 160 000 000 215 678 000Total beneficios (a + b) -43 400 000 -49 000 000 38 300 000 154 100 000 252 200 000 320 100 000 419 678 000% Estado 100,00% 100,00% 100,00% 57,82% 50,44% 50,02% 48,61%% Concesionario Minero 0,00% 0,00% 0,00% 42,18% 49,56% 49,98% 51,39%MoNTo de aJUSTe - - - - 3 944 000 2 408 000 7 880 560

Como se observa, debido a que el ajuste se calcula de forma acumulada, los primeros años no habría monto de ajuste ya que los beneficios del Concesionario serían negativos durante los primeros años por las inversiones significativas en las que se incurre.

21


de influencia de los sectores estratégicos. En este sentido, los requerimientos de los GAD se canalizarían a través de proyectos individuales que serán aprobados por el Banco del Estado (BEDE). Y por otro lado, la ejecución de los planes, programas o proyectos de inversión social o desarrollo territorial que realice el gobierno central con estos fondos, estarán a cargo Ecuador Estratégico EP.

Los fondos serían designados por el Ministerio de Finanzas (MEF) según una proyección de los ingresos para cada siguiente año, la cual es realizada por el MRNNR. Así, según el reglamento, los fondos para cada proyecto serían asignados según la fecha de presentación de los requerimientos que hayan cumplido con todos los requisitos necesarios.

Esta dinámica puede ser observada en el Gráfico 10, el cual describe el proceso de repartición de los fondos antes mencionado que serían distribuidos según los criterios de:

Área de influencia directa: la cual es determinada por la empresa a cargo de la ejecución del proyecto minero o petrolero en el contrato. Para atender estos proyectos, se utilizarían las fuentes de financiamiento según lo siguiente:

Ecuador Estratégico EP: podría utilizar cualquier fuente de financiamiento.

GAD (BEDE): podría utilizar como fuente de financiamiento los fondos provenientes de regalías, utilidades y contratos de prestación de servicios.

Área de influencia indirecta: zona en la que existen potenciales impactos. Para atender estos proyectos, se utilizarían las fuentes de financiamiento según lo siguiente:

Ecuador Estratégico EP: podría utilizar cualquier fuente de financiamiento.

GAD (BEDE): podría utilizar como fuente de financiamiento los fondos provenientes de utilidades y contratos de prestación de servicios.

Beneficio nacional: se asignan recurso provenientes de los excedentes, regalías y contratos de prestación de servicios, para que Ecuador Estratégico EP ejecute proyectos de inversión social y ordenamiento territorial de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en las provincias donde se encuentren circuitos o distritos conformados por parroquias o cantones donde se desarrollen proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos (en construcción o producción) que por su naturaleza no generen excedentes presentes o futuros.

el 9 de mayo de 2012 entró en vigencia un reglamento que norma la asignación de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia de proyectos estratégicos, donde se incluyen regalías y utilidades mineras.

Gráfico 10: Proceso de repartición de utilidades, regalías y excedentes mineros

Fuente: reglamento para la asignación de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia donde se ejecutan actividades de los sectores estratégicos. Elaboración: grupo FAro

Regalíasmineras

Excedentes

MRNNR emite informe al MEF y MICSE con proyección de ingresos siguiente año en cada fuente de financiamiento.Posteriormente, se aprueban desembolsos para proyectos ejecutados por

Gobierno CentralEjecución de planes, programas o proyectos de

inversión social o desarrollo territorial en zonas dondese ejecuten proyectos de los sectores estratégicos.

Gobiernos Autónomos DescentralizadosProyectos individuales de inversión y pre inversión.

Se priorizan los ubicados en áreas de influencia directa.

• Directa: Determinadas en los contratos firmados con las empresas. • Indirecta: Áreas con impactos potenciales.• Beneficio nacional: Proyectos de inversión social o desarrollo territorial de acuerdo a las NBI en las provincias donde se encuentren proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos que no generen excedentes.

Fuentes de financiamiento

según:

EcuadorEstratégico

EPBEDE

Contratosprestación

de servicios

Utilidades

22

fActoreS de correccIón

Si posterior a la firma de suscripción del contrato existiese algún evento que modifique la carga económica del concesionario, es decir la economía del contrato, se aplicaría un factor de corrección. Este factor tendrá el propósito de compensar el desequilibrio económico que pudiera presentarse. Tal como se describe en la cláusula 19 del contrato, se consideran los siguientes eventos:

Modificación de los porcentajes aplicables.

Creación de nuevos tributos.

Modificación de la base imponible del impuesto a la renta.

Modificación de la legislación aplicable.

Modificación del porcentaje de participación laboral sobre las utilidades líquidas.

Imposición, eliminación o modificación de gravámenes, regalías, primas de entrada, derechos superficiarios, patentes, derechos, pagos de compensación, contribuciones o participación no tributarias.

Modificación del régimen monetario y/o cambiario.

benefIcIoS, coStoS e InverSIón del conceSIonArIo MInero

Con el fin de continuar con la lógica del análisis previo, es necesario conocer los beneficios e inversiones contemplados en el contrato y comprometidos por la empresa, lo que permitirá un mayor entendimiento de la obtención del ajuste soberano antes mencionado. En este sentido, la metodología de cálculo de los beneficios del concesionario minero se presenta a través de la siguiente fórmula:

coStoS del conceSIonArIo

Para efectos del cálculo del impuesto a la renta, el concesionario minero debe regirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento. En este sentido, el Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escala para los contratos de explotación minera establece que el concesionario podrá descontar como costos de producción aquellos resultantes de las actividades de extracción, transporte, beneficio, fundición y refinación. Este costo

incluye materiales, costos directos e indirectos relacionados con la producción, amortización de intangibles incorporados al proceso productivo, amortización de inversiones y, la depreciación de propiedad, planta y equipo relacionados con la producción de inventario.

Según el Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a gran escala para los Contratos de Explotación Minera, los costos de producción más relevantes de un concesionario podrían ser:

Sueldos, salarios y beneficios de todo el personal.

Servicios de alimentación, alojamiento y movilización del personal.

Salud y seguridad industrial.

Seguros de personal, equipos e instalaciones.

Mantenimiento de campamentos y sus servicios de vigilancia.

Mantenimiento de vías de acceso a las minas, y vías de transporte, puertos y helipuertos y/o aeropuertos.

Materiales, suministros y químicos para la operación, incluidos sus costos de transporte.

Capacitación y entrenamiento del personal técnico.

Patentes de conservación pagadas en la etapa de explotación.

Servidumbres.

Costos de operación y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.

Mantenimiento de los sistemas tecnológicos.

Costos de perforación, voladura, limpieza, relleno, procesamiento del mineral utilizado en plantas de beneficios.

Costos de exploración confirmatoria.

Energía y combustibles usados en las operaciones.

Otros.

si posterior a la firma del contrato existiese algún evento que modifique la carga económica del concesionario, se aplicaría un factor de corrección para compensar el desequilibrio económico que pudiera presentarse.

donde,BCM = beneficios del concesionario mineroRT = base imponible del impuesto a la rentaAPT = Amortización de pérdidas tributariasDA = deducciones adicionalesIRC = impuesto a la renta causadoAS = Ajuste soberano calculado acumulativamenteUAIE = Utilidad atribuible a ingresos exentos

IBPM

= − − (2)

= − (3)

= ( * ) − (4)

í

= ( * ) − − − − * % í (5)

Ingreso Bruto = IB

Ingreso Neto = IN

í = * % í (1)

= ( − ) * * 70% (6)

= + + − − + (7)

23


InverSIoneS, coStoS y gAStoS del proyecto MIrAdor

La empresa Ecuacorriente S.A. prevé realizar para el proyecto Mirador, una inversión total que asciende a USD 2 014 millones aproximadamente. Este monto se divide en los cuatro grandes rubros que se aprecian en el Gráfico 11. Como se observa, del total de inversiones previstas, 5% (USD 108 millones) se destinó a inversiones pre operacionales entre el año 2010 y los anteriores; 71% (USD 1 439 millones) se destinaría a los costos del proyecto; 18% (368 millones) a gastos de sostenimiento; y 5% (USD 100 millones) a gastos de remediación ambiental y cierre de la mina.

Como se aprecia en el Gráfico 11, las inversiones pre-operacionales ya se habrían ejecutado hasta el año 2011. Los costos del proyecto se habrían ejecutado en una pequeña proporción entre 2011, 2010 y años anteriores. Estos se realizarían con inversiones significativas entre los años 2012 y 2016 (siendo el 2014 el de mayor inversión).

Durante los años 2017, 2018 y 2019 el proyecto no tiene previsto realizar inversiones. Por otro lado, a partir del año 2020 hasta el año 2040, la empresa tendría previsto invertir aproximadamente 730 000 dólares anuales en gastos de remediación ambiental; esta cifra ascendería a USD 85 millones aproximadamente en el año 2041 para el cierre de la mina.

Finalmente, se puede observar que la inversión en gastos de sostenimiento se realizaría durante el período 2021 - 2037 (Gráfico 11).

Como se mencionó, la mayor inversión que realizaría la empresa Ecuacorriente S.A. para el desarrollo del proyecto Mirador sería en los costos del proyecto (1 439 millones de dólares). Este monto se divide en cuatro rubros según la clasificación que se observa en la Tabla 2 y en el Gráfico 12.

Esta inversión se realizaría entre los años 2010 y 2016, siendo los años de mayor inversión en costos 2013, 2014 y 2015. Cabe destacar que los mayores costos en los que incurre la empresa son en la construcción del tajo abierto de la planta de beneficio, del sistema de manejo de relaves y de la central hidroeléctrica Santa Cruz, como se observa en la Tabla 2.

reSUMen de loS benefIcIoS pArA el eStAdoy el conceSIonArIo

La estructura de beneficios del Estado y del concesionario se resume en el esquema presentado en el Gráfico 13, el cual se desarrolló con la finalidad de presentar dicha estructura de forma didáctica para su mayor comprensión.

Gráfico 11: Inversiones estimadas para el proyecto Mirador (2010 – 2041)


Millo

nes

de d

ólar

es

2010

y a

nter

ior

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1. Inversiones pre operacionales

2. Costo del proyecto

3. Gastos de sostenimiento

4. Gastos de remediaciónambiental y cierre de la mina

24

Se puede observar una aproximación a la manera en la que se obtienen los beneficios del Estado y del concesionario minero (ver fórmulas previas) comenzando en la generación del ingreso obtenido de la venta de los minerales descontado los gastos en transporte internacional. Así, se puede observar el desglose de los descuentos existentes a lo largo del proceso hasta obtener los beneficios de ambas partes.

proceSoS de AUdItorÍA, fIScAlIzAcIón y control

Según el Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera (artículo 13), la entidad responsable de llevar a cabo las auditorías previstas en la Ley de Minería y los reglamentos existentes es la ARCOM. Esta debe mantener la metodología y los procedimientos de las Normas Internacionales de Auditoría Interna (NIAI).

Adicionalmente, la ARCOM tiene a su cargo las auditorías del cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de las operaciones contables y financieras. Para esto, la ARCOM puede contar con el apoyo de firmas especializadas que funcionen bajo su supervisión. Estas auditorías que realizará la ARCOM se centran en los lineamientos observados en el Gráfico 14.

La ARCOM podrá facilitar la información resultante de las auditorías, con la finalidad de que el SRI determine las obligaciones tributarias generales de los concesionarios mineros correspondientes a los distintos impuestos.

ProYecToS Y coSToSToTal FoNdoS(Millones de

dólares)COSTOS DE OBRAS 940,64Tajo abierto 259Planta de beneficio 245Sistema de manejo de relaves 245Subestaciones eléctricas y distribución eléctrica 24Implantación general y vías 62Abastecimiento de agua y sistema de drenaje 12Sistema de comunicación 8Campamento, oficinas e instalaciones básicas asociadas 17Construcción y reforzamiento de vías y puentes externos 1Diseños de vías y puentes (diseño externo) 17Instalación de líneas de transmisión 25Instalaciones portuarias (diseño exterior) 25COSTOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS, ANÁLISIS Y OTROS 131CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ 217OTROS COSTOS 150Intereses de préstamos en el período de construcción 42Vía de acceso # 3 2Capacitación 2Contingencias 90Exploración posterior en Mirador 2Exploración posterior de Mirador Norte 11ToTal 1.439,06

Tabla 2: Clasificación de los costos del proyecto Mirador(Millones de dólares)


Gráfico 12: Inversión estimada en costos para el desarrollo del proyecto Mirador (2010-2016)


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

nes

de d

ólar

es

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Costos de obras

Costos de ingeniería, estudios, análisis y otros

Otros costos

Central hidroelectrica Santa Cruz

25


Gráfico 13: Aproximación a la obtención del beneficio del Estado y del concesionario minero

* los significados de las abreviaturas se pueden observar en la fórmula no. 6cm = cantidad de metales pi = precio internacional gti = gasto de transporte internacional cr = cargo de los procesos de tratamiento y refinación gt = gasto de transporte iie = impuesto a los ingresos extraordinariosFuente: contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A. Elaboración: grupo FAro

Fuente: instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera. Elaboración: grupo FAro.

Gráfico 14: Lineamientos de auditorías de la ARCOM a los concesionarios mineros

Ingreso Bruto de Productos Minerales IBPM = (CM * PI) - GTI

Ingreso Bruto

Ingreso Neto IIE GT

CR

Ingreso Bruto de la empresa descontados CR, GT y GTI Regalías

Costos de pcc. Utilidad

Utilidad después de impuestos Impuesto a la renta IVA

Utilidad después de impuestos 12% 3%

Utilidad neta empresa Beneficios del Estado

a+b = 100%Si a > 48% o b < 52% Ajuste soberano

a. Inspeccionar los minerales extraídos, procesados y disponibles para la comercialización así como los contratos firmados para su venta.

b. Examinar los libros contables y registros mantenidos por el concesionario minero.

c. Verificar el avance del concesionario minero respecto del Plan Anual de Trabajo e Inversiones.

d. Verificar y determinar la cantidad y contenido de mineral producido con el propósito de determinar regalías u otros impuestos aplicables.

e. Examinar cualquier mineral extraído por el concesionario minero en cualquier momento.

f. Auditar y verificar los informes de producción presentados por el concesionario minero.

g. Auditar el cumplimiento del beneficio de 52% por parte del Estado.

h. Auditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de explotación minera.

26

El proceso de gestión ambiental en Ecuador se basa en los principios universales de desarrollo sustentable establecidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en la sección sobre Medio Ambiente y Desarrollo16. La legislación plantea requisitos indispensables para el inicio de cualquier proyecto de infraestructura que pueda causar impactos ambientales, los mismos que serán calificados antes de su ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. De esta manera, para el análisis de la gestión ambiental de los proyectos mineros en el Ecuador, se describirán los contenidos en materia ambiental del contrato en comparación con la legislación aplicable. Finalmente, se realizará una descripción de la evaluación de impacto ambiental en la fase de licenciamiento y en la fase de control, describiendo los procesos realizados por Ecuacorriente S.A.

ASpectoS AMbIentAleS en el contrAto

El contrato estipula varias cláusulas relacionadas con la gestión ambiental, las mismas que se complementan con los documentos habilitantes17 y los anexos18. Este documento legal se encuentra sujeto al cumplimiento de la normativa vigente y a las buenas prácticas internacionales, las cuales se implementan cuando el marco normativo nacional es insuficiente. De esta manera se contemplan aspectos para un buen manejo ambiental, tales como el uso de los recursos, la elaboración de estudios de impacto y la obtención de la licencia ambiental. También se considera los aspectos relacionados con garantías, pólizas y auditorías para realizar el control y la fiscalización.

En el capítulo V (de la gestión ambiental), cláusula XII (de las obligaciones ambientales), se plantean todos los requerimientos y obligaciones ambientales en el contrato, entre los que se encuentran la obtención de la licencia ambiental y la responsabilidad ambiental del concesionario minero. Ello contempla;

a) Responsabilidad en las operaciones

b) Reparación o remediación ambiental

c) Indemnizaciones y compensaciones

d) Presentación de estudios y ejecución de labores

lIcencIA AMbIentAl

Es un requisito previo para el inicio de actividades del Concesionario. Según la Ley de Minería (artículos 41 y 78) y el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (artículo 17), la licencia ambiental será emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. El concesionario minero deberá presentar garantías ambientales19 para la obtención y el mantenimiento de la licencia. Será responsabilidad del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) verificar, a través de la autoridad ambiental, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia y atender denuncias por daños sociales y ambientales.

reSponSAbIlIdAd AMbIentAl

Respecto a la responsabilidad ambiental, el contrato establece lo siguiente: Responsabilidad en las operaciones: El concesionario minero debe tomar las precauciones necesarias, según lo establece el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Se requiere prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos negativos que sus actividades mineras puedan tener sobre el ambiente y la comunidad.

a) En cuanto al uso de recursos en las operaciones, el contrato estipula que el Gobierno garantizará el uso de los mismos, siempre y cuando no altere los ciclos naturales20.

b) En el caso de un proyecto minero, uno de los recursos más utilizados y susceptibles a ser contaminados es el agua. Por ello, el contrato21 señala que el uso de este recurso está sujeto a una concesión otorgada por la Demarcación Hidrográfica competente que, en este caso, es la Demarcación de Santiago22.

Por otro lado, se considera lo descrito en el Plan de Manejo Ambiental en cuanto a los criterios de eficiencia del uso del recurso y reutilización el agua residual. Una vez utilizada el agua, esta será devuelta al cauce del mismo río o a la cuenca de donde fue captada.

Reparación o remediación ambiental: De existir daños o pasivos ambientales, determinados por la Autoridad Ambiental Nacional, el concesionario minero se responsabilizará de elaborar un Plan de Acción o Programa de Reparación o Remediación Ambiental.

Sección 5. Gestión Socio-ambiental

16 Ley de Gestión Ambiental, art. 3.

17 Dentro de los documentos habilitantes más importantes para el análisis socio-ambiental se encuentran: Licencia ambiental aprobada por la autoridad ambiental para la fase de exploración, licencia ambiental para la fase de explotación y aprobación de los TDR para el licenciamiento ambiental para la fase de beneficio y la certificación de cumplimiento del artículo 26, literal f de la Ley de Minería otorgada por la Secretaria Nacional del Agua / Demarcación Hidrográfica de Santiago.

18 Entre los cuales se destaca el Anexo E, que contiene las áreas de influencia del proyecto minero estableci-das en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad ambiental nacional.

19 Las garantías ambientales se refieren a las pólizas de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, que será calculada en base al Programa y Presupuesto Ambiental Anual (Cláusula 14, Literal 14.1.3).

20 Cap. 1, cláusula 2 del contrato.

21 Cap. 5, cláusula 12.

22 Para conocer más sobre la estructura orgánica funcional del sector agua y la distribución de las Demar-caciones Hidrográficas en el Ecuador puede visitar http://www.agua.gob.ec/demarcaciones-hidrograficas .

27


a) En caso de que se retire la capa vegetal, esta deberá ser revegetada o reforestada preferiblemente con especies nativas23.

b) Otro punto a ser analizado es el tratamiento de los desechos, de lo cual el contrato establece que no se podrá descargar desechos de escombros, relaves u otros desechos no tratados en los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios no autorizados, donde se presenten riesgos ambientales24.

IndeMnIzAcIoneS y coMpenSAcIoneS

En caso de que se produzca un pasivo ambiental ocasionado por el concesionario minero, el Estado exigirá la indemnización y compensación proporcional a dicho pasivo. Se aplicaría el principio de responsabilidad objetiva25.

a) El instrumento para poder ejecutar las compensaciones o indemnizaciones son las pólizas o garantías ambientales. En este tema, en el contrato estipula que el concesionario será el encargado de contratar las pólizas, las cuales se sujetarán a la regulación ecuatoriana. Si se ejecutan las garantías ambientales, la aseguradora deberá entregar el monto al Estado (representado por el MAE). En caso de que el concesionario o los subcontratistas no hayan contratado pólizas, todos los daños serán de su completa responsabilidad y deberán cubrirlos de inmediato.

b) El tipo de pólizas necesarias para el efecto y descritas en el contrato son responsabilidad civil general; póliza de vida y accidentes personales; y limpieza y remoción de escombros.

preSentAcIón de eStUdIoS y ejecUcIón de lAboreS

El concesionario minero deberá presentar todos los estudios requeridos para la ejecución de labores mineras de conformidad con la legislación aplicable. Adicionalmente, será competencia del concesionario minero, de acuerdo con la legislación aplicable:

1.- Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental26.

2.- Realizar las auditorías ambientales para que la autoridad ambiental pueda monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. El contrato estipula que, en materia ambiental, será el MAE el encargado de realizar todos los procesos de inspección, control y auditoría.

3.- Monitoreo ambiental27. En el Título Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULSMA), se indica que “el regulado (la empresa) es responsable por el monitoreo de sus emisiones, descargas o vertidos. A pesar de ello, la autoridad ambiental podrá solicitarle el monitoreo de la calidad de un recurso”28, el cual deberá realizarse cada dos años.

4.- Utilizar tecnología y procedimientos modernos para el uso eficiente de los recursos, con el fin de reducir los impactos ambientales como sociales29.

5.- Revegetación y reforestación en aquellas zonas donde haya existido intervención con especies nativas, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.

6.- Precauciones en el manejo de residuos minero-metalúrgicos.

7.- Elaboración de un plan de cierre de operaciones, el mismo que deberá ser presentado dos años antes del cierre. Este plan se realizará de acuerdo a lo que establezca la licencia ambiental y debe contener los procesos de reparación ambiental del área impactada de forma negativa.

8.- Incluir en el plan anual de trabajo la inversión de las actividades relacionadas con las medidas de prevención o mitigación ambiental.

eStUdIo de IMpActo AMbIentAl(AId30, AII31 y prIncIpAleS IMpActoS)

El área de influencia directa se ha determinado en 541 Has, mientras que el área de influencia indirecta se encuentra en 811 Has. En la primera zona geográfica no existen pobladores locales pero se considera a las comunidades Etsa, Churuvia, El Quimi, Valle del Quimi, Machinaza Alto, San Marcos, Las Maravillas y Tundayme dentro del área de influencia directa social.

El proyecto podría generar los siguientes impactos ambientales, según se identifican en el Gráfico 15.

23 Cap. 5, cláusula 12, numeral 12.2, literal l.

24 Cap. 5, cláusula 12, numeral 12.2.4, literal g

25 Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador.

26 El Plan de Manejo Ambiental no pudo ser revisado a razón de que no se encuentra en el contrato ni incluido como Anexo.

27 Art. 45 de Reglamento ambiental para actividades mineras y Estudios de Impacto Ambiental aprobados.

28 TULSMA, sección III, art. 75.

29 Cap. 3, cláusula 8.

30 Área de influencia directa.

31 Área de influencia indirecta.

se determina como instrumento paraejecutar las compensacioneso indemnizaciones ambientalesa las pólizas o garantías ambientales.

28

En cuanto al impacto a la comunidad, el Estudio de Impacto Ambiental determinó que el cantón El Pangui (parroquias El Pangui y Tundayme) será el lugar en donde se presentarán los principales inconvenientes durante la ejecución del proyecto. Los desafíos tienen que ver con el incremento de la población, el aumento de la demanda de recursos, el déficit de infraestructura y la deficiencia en los sistemas de saneamiento.

evAlUAcIón de IMpActo AMbIentAl pArA lA fASe delIcencIAMIento y control

En base a lo planteado en la Constitución y en la normativa complementaria, se toma al Estudio de Impacto Ambiental como el instrumento técnico-administrativo encargado

de identificar los posibles impactos ambientales de un proyecto de infraestructura32. Este estudio debe ser aprobado por la autoridad competente. El otorgamiento de licencias ambientales para cada una de las fases del proyecto se realiza a través de las auditorías ambientales.

El proceso de evaluación de impacto ambiental se realiza en cada una de las fases del proyecto minero (Gráfico 16) y se lleva a cabo en dos partes. La primera evaluación se realiza en la fase de licenciamiento, donde se determina la autoridad competente que aprobará los términos de referencia, realizará el proceso de participación ciudadana, y otorgará la licencia ambiental33. La segunda evaluación se realiza en la fase de control, que inicia desde la construcción de la infraestructura del proyecto y culmina en la fase de comercialización34.

Gráfico 15: Análisis de los factores ambientales en el Estudio de Impacto Ambiental

32 Artículo 6 de la Ley de Gestión Ambiental.

33 Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental

34 Art. 22 de la Ley de Gestión Ambiental


Impacto por los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos durante la construcción de la infraestructura de la mina, escombreras e infraestructura complementaria; así como por la pérdida de fertilidad y de calidad del suelo dado el manejo de químicos, combustibles y contacto con drenajes ácidos de mina.

Se indica que no hay poblaciones en el área de influencia directa pero que los trabajadores que estarán involucrados en la fase de explotación. Ellos están altamente expuestos a daños en su salud, para lo cual se elaboró un programa de seguridad industrial.

Habrá contaminación de los cuerpos de agua con residuos sólidos, producto de la construcción de infraestructura, la modificación de causes y caudales de aguas superficiales y la degradación de la calidad del agua por la generación de drenaje ácido de mina.

El registro arqueológico se verá afectado por el movimiento de los suelos en las diferentes etapas del proyecto.

Se producirá un incremento del ruido ambiental con respecto a los valores de fondo por el aumento de maquinaria y transporte así como por las explosiones que se darán como parte del proceso de voladura.

Se afectará por la generación de polvo debido a suelos deforestados y emisiones generadas por autos y generadores eléctricos de emergencia.

Suelo

Agua

Aire

Ruido ambiental

Fauna y flora

Daños sociales

Registro arqueológico

Físico

Biótico

Social

Cultural

La vegetación será removida y la fauna será afectada por la reducción de su hábitat y la presencia de los trabajadores y el ruido.

29


Los pasos a realizarse en la fase de licenciamiento son:

1. Determinar la autoridad ambiental35: Se verifica si el proyecto se interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) según los siguientes criterios (Gráfico 17):

En caso de intersecar: El proyecto debe ser declarado de alta prioridad nacional por la Asamblea Nacional para justificar su ejecución. Si la declaración se realiza, se procede a determinar al MAE como la entidad encargada de evaluar su Estudio de Impacto Ambiental, otorgar la licencia ambiental y realizar la fiscalización de proyecto. En caso de no intersecar: Se nomina a cierta autoridad ambiental de Aplicación Responsable para que asuma todas las competencias ambientales del proyecto. En caso de que no cuente con la capacidad administrativa e institucional para realizar esta labor, el MAE se hará responsable.

2. Términos de referencia: Son preparados inicialmente por la empresa para la revisión y aprobación de la autoridad ambiental de aplicación responsable.

3. Participación ciudadana: Dentro de la gestión ambiental, la participación ciudadana tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada por una obra o proyecto36.

4. Licencia Ambiental: Es el documento habilitante para el inicio de cualquier fase de un proyecto.

Este proceso puede apreciarse en el Gráfico 18. Además, es profundizado mediante el Recuadro 5, el mismo que identifica ciertos aspectos del licenciamiento ambiental de la empresa Ecuacorriente S.A.

Fuente: ley de minería. Elaboración: grupo FAro

Gráfico 16: Fases de proyecto minero

35 “Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentrali-zado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable” (Ley de Gestión Ambiental, artículo 10).

36 Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiental, Libro VI (TULSMA), artículos 19 y 20.

Gráfico 17: Proceso para determinar la autoridad competente

*consejo nacional de electrificación** estos tres son ejemplos de Autoridades Ambientales de Aplicación responsableFuente: tUlsmA (libro vi, artículo 21). Elaboración: grupo FAro.

Prospección Exploración Explotación Beneficio Fundición Refinación Comercialización

Gobiernos Provinciales

PROYECTO

Se intersecacon él SNAP

NO se intersecacon el SNAP

El proyecto debe ser declaradode alta prioridad nacional para

justificar su ejecución

Asamblea Nacional AutoridadAmbiental Nacional

MAE

Autoridad Ambiental deAplicación Responsable

CONELEC*

**Municipio

30

Gráfico 18: Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable a las diferentes fases de un proyecto37

Fuente: tUlsmA, libro vi, art. 21 Elaboración: grupo FAro

37 Complementario a lo expuesto, en el libro VI del TULSMA existe una Norma Técnica para Estudios Ambientales, para Actividades Mineras; que se encuentra en el Acuerdo Ministerial 11, del Registro Oficial Suplemento 64, del 23 de agosto de 2010.

El Estudio de Impacto Ambiental elaborado para la fase explotación del proyecto Mirador fue aprobado el 25 de julio de 2011, en el cual se indica que:

“El proyecto Mirador comprende 6 concesiones mineras representando una superficie total de 9 928 has, ubicadas entre 800 y 1400 msnm. Por su ubicación, el proyecto se encuentra en una zona de alta biodiversidad, de clima humedo, dos características que vuelven a la región suscetible a los impactos ambientales fuertes que puede producir la instalación de una explotación minera industrial del tamaño de Mirador” (Sacher, 2011: 9).

Al ser un proyecto estratégico en una zona altamente biodiversa, es competencia del Ministerio del Ambiente, como instancia rectora, coordinar y regular el proyecto Mirador a través de la

Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección provincial de Zamora Chinchipe.

En cuanto a los términos de referencia y el proceso de participación ciudadana, estos se realizaron según lo estipula la ley. Actualmente se encuentran aprobados los términos de referencia para la fase de beneficio, cuyo Estudio de Impacto Ambiental se analiza por las autoridades para la posterior entrega de la licencia ambiental.

Una vez que concluyeron los pasos descritos en la evaluación para la fase de licenciamiento del proyecto Mirador, la empresa Ecuacorriente S.A obtuvo la licencia ambiental para la fase de explotación, el 27 de febrero de 2012. Así se cumplieron todos los requisitos necesarios para la firma del contrato de explotación minera con el Estado ecuatoriano el 5 de marzo de 2012.

Fuente: contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A. Elaboración: grupo FAro.

Recuadro 5: Permisos ambientales, caso Ecuacorriente S.A.

Proceso deEvaluación deImpacto Ambientalen su fase delicenciamiento

1

2

3

4

5

6

7

8

Determinación de laautoridad competente

Términos dereferencia

Participaciónciudadana

Licencia Ambiental

Construcción delproyecto

Control Ambiental

Auditoría Ambiental

Proyecto

Proceso deEvaluación de

Impacto Ambientalen su fase de control

31


ASpectoS SocIAleS del contrAto

La actividad minera genera impactos sociales positivos y negativos a las comunidades que se encuentran a su alrededor. Por esto, el Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento a través del cual se determina el nivel de afectación de las comunidades y contempla opciones para prevenirlo, mitigarlo, remediarlo o compensarlo. En relación a lo social y a lo comunitario, la información en el contrato es reducida, pues tan solo se la menciona brevemente en el capítulo III (cláusula VIII) y en el capítulo VI (cláusula XII) según se describe en el Recuadro 6.

El capítulo VI del contrato, cláusula XIII (el que se refiere a las obligaciones de las comunidades), describe las responsabilidades que tendrá el concesionario minero con ellas. Por ejemplo: a) presentación del Plan de Desarrollo Comunitario, b) prevención, mitigación y minimización de impactos negativos que podrían generarse, c) indemnización y compensación a los perjudicados, y cumplimiento de los acuerdos suscritos con las comunidades.

Respecto a la relación de la empresa con las comunidades el contrato establece la obligación del concesionario minero a presentar un Plan de relaciones comunitarias que deberá ser armonizado con el PNBV y con los Planes de Desarrollo Local. De igual manera, el concesionario deberá lleva a cabo procesos de información y priorizar la gestión comunitaria hacia la prevención, la mitigación y la minimización de impactos negativos que pudieran generarse. El contrato señala la obligación del concesionario de indemnizar y compensar a los perjudicados en el caso de existir daños generados por la actividad.

En el caso del proyecto Mirador se indica que no existen poblaciones locales en su área de influencia directa. La empresa llevó a cabo un proceso de adquisición de las propiedades necesarias para su proyecto a partir del año 2004. Empero, se consideran que las siguientes comunidades serán directamente

afectadas pues se ubican en el área de influencia indirecta: Etsa, Churuvia, El Quimi, Machinaza alto, San Marcos, Las Maravillas y Tundayme. Estas comunidades forman parte del cantón el Pangui, en donde habitan 8 619 personas. De ellas, 4 281 son mujeres y 4 338 son hombres.

Recuadro 6: Comunidades directamente afectadas por el proyecto Mirador

Fuente: Anexo e del contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A. Elaboración: grupo FAro

respecto a la relación de la empresa con las comunidades el contrato establece la obligación del concesionario minero a presentar un plan de relaciones comunitarias que deberá ser armonizado con el pnbv y con los planes de desarrollo local.

32

Además de los aspectos socio-ambientales y económicos, el contrato minero suscrito contiene otros temas que deben considerarse por su relevancia en el desarrollo de la actividad en el país. Esta sección, presenta aquellos temas que no se abarcaron dentro de la sección económica o socio-ambiental.

bUenAS práctIcAS InternAcIonAleS y preferencIAS de lA IndUStrIA nAcIonAl

A pesar de que, con la finalidad de incentivar el desarrollo de la industria minera en el país se creó un nuevo marco normativo (Gráficos 1 y 2), el contrato establece que aún existen vacíos en la normativa nacional. En este sentido, establece que el concesionario minero debe regirse a las “buenas prácticas de la industria minera internacional”, dejando con esto abierto un amplio universo de leyes, reglamentos, etc., sobre las que se rige la industria minera a nivel mundial y generando cierta subjetividad en la aplicación de los mismos.

Por otro lado, el concesionario minero, según el contrato y el marco legal que rige a la industria, debe procurar promover el desarrollo de medianos y pequeños proveedores que se encuentren en el área de influencia directa del proyecto. Este aspecto es de importancia debido a que gran parte de las áreas de influencia de proyectos mineros mantienen un nivel socio - económico bajo, por lo que la entrada de la minería representa una oportunidad de crecimiento. En este sentido, la presencia estatal es indispensable con la finalidad de ejercer la función de regulación y control para que las condiciones de este crecimiento sean las adecuadas y se cumpla con el precepto de preferencia a proveedores nacionales.

AbAStecIMIento de energÍA eléctrIcA

El tema energético es primordial respecto a la industria minera, sobre todo en su etapa de beneficio, donde mantiene un consumo intensivo de electricidad. Con el inicio de la explotación minera a gran escala en el país, se prevé un incremento considerable del uso de energía eléctrica, principalmente cuando las empresas inicien la explotación y beneficio de los minerales (aproximadamente durante los años 2015 y 2016). Considerando que el contrato establece como derecho del concesionario obtener del Estado la provisión de energía eléctrica en caso de que sus sistemas de generación no sean suficientes, es indispensable conocer la fuente que tendrá esta electricidad.

Para el caso del proyecto Mirador, el consumo de energía eléctrica se estima según se observa en la Tabla 3. Se destaca que la mayor cantidad de energía se consume en la planta de beneficio. Para el abastecimiento de la misma, el concesionario tiene previstas las siguientes dos fuentes principales:

Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz, el cual tendría una capacidad de generación de 129 MW y estaría ubicado a 11km de la zona del proyecto. Se estima el inicio de su funcionamiento para finales del año 2015 y este sería transferido al Estado, al final de la concesión hidroeléctrica.

Conexión con el sistema nacional interconectado (SNI) mediante la construcción de una línea de transmisión de 230 Kv, desde una subestación cerca de Cuenca, a 155 kilómetros de la zona del proyecto.

Líneas de transmisión Taday – Bomboiza (financiada por Ecuacorriente y Aurelian) y Bomboiza – Mirador (financiada por Ecuacorriente). Según el contrato, el Estado se compromete a suministrar el 100% de la energía eléctrica requerida para el proyecto Mirador durante los primeros cinco años contados a partir del inicio de operación de la línea de transmisión Taday -Bomboiza – Mirador o hasta que entre en operación el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz.

Además, en el anexo I del contrato se menciona que durante el plazo del contrato de explotación minera y sus extensiones, la tarifa de venta de energía eléctrica por parte del Estado a Ecuacorriente S.A. será siempre igual a la tarifa industrial para grandes consumidores.

Finalmente, el concesionario prevé instalar una subestación principal cerca de la planta de beneficio, y un grupo electrógeno38

a diesel como fuente de emergencia en el campamento y en la estación de bombeo de la mina.

Tabla 3: Consumo de energía eléctrica

Mina Planta de beneficio

Potencia instalada de los equipos (kw) 134 468 109 302 (81%)

Potencia de trabajo de los equipos (kw) 120 589 95 430 (79%)

Potencia activa (kw) 84 636 72 014 (85%)

Potencia reactiva (kvar) 14 933 2 728 (18%)

Potencia aparente (kVA) 85 943 72 065 (84%)

Consumo anual de energía (Kwh) 538 705 475 267 (88%)

Índice de consumo por unidad de explotación y beneficio (Kwh/t) 26,9 23,8 (88%)


Como se mencionó previamente, en caso de que el Concesionario no pueda autoabastecerse de energía, podrá tomarla del SNI. Es de suma importancia que esta disposición se aplique a las demás empresas mineras a gran escala porque Ecuador es un país importador de energía. Sin embargo, para el año 2015 se prevé el inicio de operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el cual abastecería de energía al país, incluso con la

Sección 6: Otras consideraciones del contrato

38 Máquina que funciona moviendo un generador eléctrico a través de un motor de combustión interna.

33


posibilidad de convertirlo en exportador. Complementariamente, durante los próximos años entrarán en operación otros proyectos considerados “emblemáticos” por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), que junto con Coca Codo Sinclair, permitirían que la industria minera se desarrolle con normalidad, por lo menos en el ámbito energético.

trAnSporte y pUerto

Una vez que se obtenga el concentrado de cobre, por la localización del concesionario, el material se transportará mediante camiones hasta el puerto de embarque. Esto se llevará a cabo desde la mina en Tundayme, Zamora Chinchipe, hasta Puerto Bolívar, Machala. Los gastos que prevé el concesionario para esta operación, a nivel nacional e internacional, son:

Nacional: Transporte, manipulación (inspecciones, costos, portuarios, bodegaje, transbordo, análisis y laboratorio, carga y descarga, empaque), seguros y pérdidas en tránsito.

Internacional: Gastos de transporte y seguro desde el punto de embarque hasta una fundidora, refinería u otro lugar de tratamiento en China.

En la actualidad, se estaría construyendo el proyecto PuertoCobre en Puerto Bolívar, del cual se espera se convierta en uno de los principales puertos de salida para el mineral que se obtenga de las distintas empresas. Este es uno de los proyectos de Ecuacorriente.

SolUcIón de controverSIAS

En el caso de generarse controversias entre las partes, el contrato establece que estas deben buscar un arreglo. De no llegar a ningún acuerdo, deben acudir a procesos de mediación en cualquier centro de mediación registrado en el Consejo de la Judicatura o acudir a un consultor en casos donde existan controversias técnicas. Los desacuerdos que no se resuelvan por negociación directa o que no se hayan sometido al dictamen de un consultor, serán resueltas definitivamente mediante un arbitraje al amparo del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL. El arbitraje será administrado por la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya y se llevará a cabo en Santiago de Chile.

pólIzAS de SegUro y propIedAd de lA InforMAcIón

Como en toda empresa, Ecuacorriente S.A. mantendrá pólizas de seguro a lo largo de sus operaciones en el país. En este sentido, el contrato establece la facultad de la empresa de contratar pólizas nacionales o internacionales para su funcionamiento; estas deben estar acorde la legislación ecuatoriana. De igual manera, el contrato establece que el concesionario debe contratar, como mínimo, pólizas de responsabilidad civil general, póliza de vida o accidentes personales y limpieza y remoción de escombros.

Por otro lado, el contrato establece que toda la información que haya sido presentada al Ministerio Sectorial es de propiedad del Estado una vez que se termine el contrato. En cambio, los derechos de autor respecto a los planos, dibujos, cálculo, etc., pertenecen al concesionario.

plAn de trAbAjo y MAno de obrA

El plan de trabajo de la empresa Ecuacorriente S.A., antes del inicio del la explotación mineral, consiste básicamente en la construcción de infraestructura. Este plan contempla dos momentos. En el primero, se obtendrán 60 000 toneladas por día (TPD) de material para procesar. Esta etapa prevé la construcción intensiva de la infraestructura necesaria que será utilizada durante el período de actividad de la mina. Durante esta fase, el concesionario requerirá mano de obra de aproximadamente 1 000 trabajadores. El segundo momento prevé obtener material para procesar 120 000 toneladas diarias mediante la ampliación del tajo de la mina y la construcción de las instalaciones necesarias para incrementar la producción. En esta etapa el concesionario estima contar con 1 500 trabajadores aproximadamente (ver Gráfico 19).

La Ley de Minería establece, en su artículo 75, que los titulares de derechos mineros tienen la obligación de emplear personal ecuatoriano en una proporción no menor del 80% para el desarrollo de sus operaciones. El principal problema que se presenta en este aspecto, y que las empresas mineras señalan constantemente, es que no existe suficiente capital humano en el país con capacidades y conocimientos en el tema minero. Por esto, como se señala en el plan general de trabajo contenido en el contrato, la empresa tiene previsto capacitar personal ecuatoriano en China, dando a la vez prioridad a las personas de la zona de influencia directa.

la ley de minería establece, en suartículo 75, que los titulares dederechos mineros tienen la obligación deemplear personal ecuatoriano en unaproporción no menor del 80% para eldesarrollo de sus operaciones.

34

120 000 TPD

60 000 TPD

Grupo electrógenoa diesel

Proyecto HidroeléctricoSanta Cruz

Preparación deltajo abierto

Trituradoraprimaria

Bandatransportadora

Planta debeneficio

Subestacióneléctrica principal

Relavera

Obras para elsuministro de agua

Talleresmecánicos

Oficinasadministrativas

Campamentopermanente

Escombrera yobras de drenaje

Obras para eltratamiento del agua

Líneas detransmisión

Puerto marítimoy terminal

Ampliación deltajo abierto

Construcción trituradoraprimaria y otra para

material estéril

Construcción vías deacceso al tajo abierto

y la escombrera

Construcción de larelavera Tundayme

1500 personas trabajando

977 personas trabajando

Gráfico 19: Actividades previstas en el plan general de trabajo de la empresa Ecuacorriente S.A.

Fuente: contrato suscrito entre el estado ecuatoriano y la empresa ecuacorriente s.A. Elaboración: grupo FAro.

35


Dado que Ecuador es un país que está por iniciar una explotación minera a gran escala, resulta relevante establecer comparaciones con otros países de la región. En base a ello, se busca presentar una fotografía de las dos realidades, tanto de la legislación, la institucionalidad y los esquemas contractuales. En este sentido, se eligió a Perú para el análisis comparativo, debido a su tradición minera y porque ese país presenta características socioeconómicas similares a las de Ecuador.

conceSIoneS MInerAS

En Ecuador y Perú, cuando una persona natural o jurídica decide emprender una actividad minera, debe contar con un título minero a través del otorgamiento de una concesión.

ecUAdorSegún la Ley de Minería (artículos 29, 30 y 31), el otorgamiento de concesiones está a cargo del Ministerio Sectorial (MRNNR), el cual recibe ofertas para su posterior calificación y otorgamiento de títulos mineros mediante subasta pública, después de cumplir con el debido procedimiento. Con el título minero, su titular tiene el derecho de prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir en el área de dicha concesión. Incluso se convierte en beneficiario de los réditos económicos que se obtengan de estos procesos siempre que cumpla sus obligaciones con el Estado, las cuales se analizaron en la sección previa de este documento. Los plazos de las concesiones pueden durar hasta 25 años y podrán ser renovados por períodos iguales.

Una vez obtenido el título minero, El proceso que deben seguir los concesionarios se observa en el Gráfico 20. Los concesionarios deben realizar actividades de exploración de tres tipos. En primer lugar, tienen un plazo de hasta cuatro años para realizar labores de exploración inicial. De requerirlo, los concesionarios pueden solicitar que se les conceda otro período de hasta cuatro años para realizar labores de exploración avanzada. Cumplido el período de exploración, el concesionario cuenta con un plazo de dos años, tiempo en el que se realiza la evaluación económica del yacimiento y se inicia de la etapa de explotación y posterior suscripción del contrato, el cual que puede ser de explotación o de prestación de servicios (Gráfico 20).

perú En Perú, la persona que a su criterio, o luego de haber realizado labores de prospección, considere que cierta área contiene minerales, está facultada a solicitar su concesión minera ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Las concesiones se otorgan en cuadrículas de 100 a 1000 hectáreas. De esta manera se mantiene dividido el territorio nacional peruano.

Una vez solicitada se otorga la concesión dentro de cierto plazo. Una excepción sucede si el área se superpone a un área natural protegida, si el área completa de la concesión o parte de ella colinda con otra solicitada por alguien más, o si dos o más personas han solicitado una misma concesión simultáneamente. En estos casos, el procedimiento regular varía hasta la resolución administrativa del otorgamiento.

Una vez otorgada la concesión, se lo inscribe en el Registro Público. Posteriormente, al igual que en Ecuador, el concesionario puede ejercer actividades mineras dentro de su área, siempre y cuando cuente con todos los permisos establecidos en la legislación correspondiente. Una persona puede adquirir más de una concesión. Si eso sucede, contempla la posibilidad de agruparlas en Unidades Económicas Administrativas (UEA).

La concesión minera en el Perú otorga a su titular el derecho de explorar y explotar recursos minerales que se encuentren dentro de un sólido de profundidad, en un área determinada. Las concesiones son irrevocables en tanto el titular cumpla con las obligaciones descritas en la Ley de Minería peruana, la cual además establece que no pueden concederse concesiones no metálicas en áreas agrícolas intangibles. La Ley de Minería del Perú establece que existen las siguientes concesiones, además de la minera:

Concesiones de beneficio: Otorga a su titular el derecho de extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales y/o fundir, purificar o refinar metales, mediante un conjunto de procesos físicos y químicos.

Sección 7: Una mirada al caso peruano

Fuente: Ley General de Minería, Perú Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 20: Etapas de la concesión minera en Ecuador

Explotación

Exploración

Exploración inicial Exploración avanzada Evaluación económica

Suscripción de contrato

Explotación Minera Prestación de servicios

36

Concesiones de labor general: Otorga a su titular el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras.

Concesión de transporte minero: Confiere a su titular el derecho de instalar y operar un sistema de transporte masivo y continuo de productos minerales.

contrAtoS MIneroS

ecUAdorComo se mencionó previamente, una vez que la empresa ha realizado la evaluación económica del yacimiento y solicitado empezar con la fase de explotación, firma un contrato con el Estado. Para la firma de este contrato, existen negociaciones previas para acordar aspectos, principalmente, en cuanto a lo económico. Según la Ley de Minería, se puede suscribir dos tipos de contratos:

Contrato de prestación de servicios: Contiene la remuneración del prestatario minero como sus obligaciones en materias de gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades y actividades de cierre de la mina. Bajo este contrato, el concesionario no está obligado a pagar regalías ni impuestos que deriven de ganancias extraordinarias (artículo 40 Ley de Minería).

Contrato de Explotación Minera: Este contrato se firma, máximo seis meses después de la resolución que declara el inicio de la etapa de explotación. Contiene los términos, condiciones y plazos para las etapas de construcción y montaje, extracción, transporte, y comercialización de los minerales obtenidos dentro de los límites de la concesión minera. Asimismo, contiene las obligaciones

del concesionario minero en materia de gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades, pago de regalías y actividades de cierre de la mina, incluyendo el pago de los pasivos ambientales. Finalmente, contiene el precio base de los minerales a explotarse.

perúLa Ley de Minería peruana no contempla la suscripción de contratos para el inicio de actividades de explotación, como en el caso ecuatoriano. Los contratos contenidos en la legislación peruana son los que se observan en el Gráfico 21. Sin embargo, su figura es diferente a la ecuatoriana puesto que se suscriben una vez que se cuenta con una concesión; es decir, son de tipo comercial y no habilitantes de la actividad minera como en Ecuador. De estos, los principales son los contratos de riesgo compartido y los de estabilidad tributaria, los mismos que se analizan en el Recuadro 7.

Cabe resaltar que, en Perú, no se negocia un contrato por empresa. Una vez que esta obtiene la concesión, el Estado (a través de distintas entidades) vigila que el concesionario cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley de Minería y en otros marcos normativos que son de aplicación general para todos los proyectos mineros. Para el caso de Ecuador, el Estado negocia directamente con cada empresa la firma de un contrato de explotación minera o de participación de servicios. En esta negociación, se acuerdan cláusulas como las analizadas a lo largo de la presente investigación, los cuales se centran en los aspectos ambientales, económicos (beneficios del Estado) y en el plan de trabajo de las inversiones del concesionario. Al igual que en Ecuador, el Estado peruano regula y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones del concesionario a través de las entidades vinculadas al sector minero.

Gráfico 21: Modalidades contractuales que contempla la Ley de Minería del Perú

Fuente: ley general de minería, perú Elaboración: grupo FAro

• Contrato "joint venture".

• Son de carácter asociativo, en el cual, dos partes que desean realizar un trabajo común por un plazo determinado o indeterminado, aportan bienes, conocimiento recursos y participan de la utilidad, ingreso bruto o producción resultante.

• Se firma cuando una empresa tiene pensado realizar inversiones en el largo plazo y desea obtener estabilidad jurídica y tributaria.

• Contrato que se suscribe para la enajenación, traspaso o transmisión del dominio que tiene el concesionario sobre una concesión.

• El titular de una concesión se obliga de manera irrevocable a celebrar en el futuro un contrato definitivo.

• Se celebra en un plazo no mayor a cinco años.

• El concesionario entrega su concesión minera (de beneficio, labor, general o transporte) a un tercero a cambio de una compensación.

• Suscrito con la finalidad de constituir una hipoteca sobre una concesión.

Contrato deriesgo compartido

Contrato deestabilidad tributaria

Contrato detransferencia

Contrato deopción

Contrato decesión minera

Contrato dehipoteca

37


benefIcIoS econóMIcoS

ecUAdorLos beneficios económicos del Estado y del concesionario minero fueron analizados en la sección que abarca los aspectos económicos, financieros y tributarios. En general, el Estado ecuatoriano se asegura una mayor participación sobre la renta que se obtenga de la explotación del mineral mediante el cobro de regalías, impuestos (IVA, impuesto a la renta e impuesto a los ingresos extraordinarios) y la participación que recibe el Estado de las utilidades del concesionario (12%). Si aun así, la participación del concesionario sobre los ingresos de la actividad es mayor al 48% con respecto a la participación estatal, se procede al cobro del “ajuste soberano”, el cual garantiza una participación del Estado sobre este rubro de mínimo el 52%.

perúLa participación estatal en los beneficios del aprovechamiento mineral en Perú es menor respecto a Ecuador. Aunque se cobra un rubro de regalía (que solo pagan las empresas sin contratos de estabilidad) y los impuestos como IVA y renta39 (cuyas tasas incluso son mayores que en Ecuador), no existía el cobro de un impuesto a los ingresos extraordinarios y tampoco el Estado participaba de las utilidades de la empresa hasta el año pasado. De igual manera, el Estado peruano no contempla obtener un mayor aprovechamiento al de las empresas privadas resultado de la explotación de los minerales.

En septiembre de 2011, el Gobierno de Humala negoció con las empresas mineras una contribución adicional por ingresos extraordinarios. Como la creación de un impuesto nuevo no iba a afectar a las empresas con contratos de estabilidad tributaria, que son las empresas más importantes del país, negoció con

ellas un “gravamen”, de carácter voluntario. En cambio, sí se creó un nuevo impuesto llamado “Impuesto Especial a la Minería” para las empresas sin contratos de estabilidad. Además, se cambió la fórmula de cálculo de las regalías, que antes se pagaban sobre las ventas, y ahora se pagan sobre la utilidad operativa de la empresa. Las regalías solo las pagan las empresas sin contratos de estabilidad porque recién se crearon en el año 2004.

MArco regUlAtorIo AMbIentAl

Pese a no ser un país minero, el Ecuador es un país que explota petróleo hace más de cuatro décadas, por lo que, al igual que Perú, tiene un marco regulatorio ambiental que data desde hace varios años. Por eso, entre ambos países existen diferencias y similitudes en cuanto al marco normativo, institucional y procesos administrativos, los mismos que se explican a continuación.

eStUdIo de IMpActo AMbIentAl

Tanto en el Ecuador como en Perú, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento previo y necesario a la realización de cualquier actividad de explotación. Sin embargo, existen algunas especificaciones en cuanto al proceso administrativo en cada país.

ecUAdorEn el Ecuador, previo al inicio de cualquier fase del proceso productivo minero (prospección, explotación, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización), se debe realizar un EIA, el cual es evaluado y aprobado por el Ministerio de Ambiente. Cumplido este requisito, se procede a la entrega de la Licencia Ambiental, la cual funciona como documento

La Ley de Minería en Perú fue expedida en el año de 1992, período en el cual se buscaba generar ingresos mediante el incentivo a la inversión privada, en especial la inversión minera. En este sentido, la Ley de Minería contempla una sección llamada “Garantías y Medidas de Promoción a la inversión”, la cual busca brindar a las empresas privadas mineras una estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa con la finalidad de incrementar la competitividad de la industria minera peruana a nivel internacional.

Para esto, la ley establece beneficios de las empresas privadas, tales como deducciones impositivas, estabilidad en el tipo de cambio, libre comercialización de su producción y, en especial, régimen de estabilidad tributaria. Es decir, las empresas que pretendan realizar inversiones de largo plazo pueden solicitar al Estado la suscripción a un contrato de estabilidad tributaria. Este pueden ser adoptado por concesionarios que pretendan

invertir (no menos de dos millones de dólares) y que extraigan de 350 a 5000 TM de material diario. En este caso, el plazo máximo del contrato es de diez años.

Por otro lado, los concesionarios nuevos que, para el inicio de actividades, pretendan invertir no menos de 20 millones de dólares o los concesionarios existentes que pretendan invertir no menos de 50 millones, pueden suscribirse a este tipo de contrato durante un plazo de 15 años. Estos concesionarios deben cumplir con una producción mínima por día de 5 000 TM de materiales.

Una vez suscrito el contrato de estabilidad, y dependiendo su tipo, a los concesionarios no se les aplicarán nuevos impuestos, cambios, leyes o gravámenes que se creen dentro del período de vigencia del mismo. Así se obtiene estabilidad tributaria, cambiaria y/o administrativa.

Recuadro 7: Promoción de la inversión en la industria minera peruana

Fuente: ley general de minería, perú Elaboración: grupo FAro

39 En Perú, las empresas pagan 30% de impuesto a la renta, donde un porcentaje es el denominado “canon”, el mismo que se dispone a las regiones, provincias y distritos donde se desarrolla la actividad.

38

habilitante para la firma del contrato que permitirá al concesionario iniciar el proyecto. Adicionalmente, el EIA genera como resultado, un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en donde se detallan los procesos de prevención, mitigación, remediación y reparación ante los impactos identificados en el estudio. A la vez, el PMA sirve como base para las auditorías que realizan el Ministerio de Ambiente y el concesionario minero.

perúEn Perú existen tres clases de estudios que se realizan, dependiendo de la categoría del proyecto. El primero es una “Declaración de Impacto Ambiental”, la cual se realiza a los proyectos que para su ejecución no generan impactos ambientales de carácter significativo40. El segundo es un “Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado”, que se

realiza a proyectos que, mediante su ejecución, pueden generar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Finalmente, está el “Estudio de Impacto Ambiental Detallado”, que se aplica para proyectos que, por sus características, pueden producir impactos ambientales negativos significativos cuantitativos o cualitativos que requieren un análisis profundo.

En Perú, la entidad a cargo de otorgar los diferentes certificados ambientales correspondientes a la actividad minera es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Otra diferencia con el caso ecuatoriano es que el EIA no se realiza para todas las fases porque existe un tratamiento diferente para cada una, según se describe en el Gráfico 22.

Gráfico 22: Estudio de Impacto Ambiental según actividad minera en Perú

Fuente: guía sobre el marco normativo de la gestión socio-ambiental aplicable a las actividades del sector energía y minas. Elaboración: grupo FAro.

40 Guía sobre el Marco Normativo Minero- Energético.

Cateo y prospección No se realiza ninguna clase de estudio

Exploración mineraDeclaración de Impacto Ambientalo Estudio de Impacto Ambiental

Semi detallado.

Explotación minera

Estudio de Impacto Ambiental

Labor general

Beneficio de minerales

Transporte Minero

Comercialización

Almacenamiento deconcentrado de minerales

Estudio de Impacto Ambiental

No se realiza ninguna clase de estudio

39


Actualmente, se está discutiendo en el Congreso una propuesta de ley para la creación de un Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (SENACE), el cual servirá para sacar la aprobación de los EIA del Ministerio de Energía y Minas y entregársela a este nuevo organismo público con autonomía técnica, el cual estaría adscrito al MINAM. Su consejo directivo estaría compuesto por distintos ministros de las carteras de economía, agricultura, etc., donde el de Ambiente lo preside.

MArco norMAtIvo

Tanto en el Ecuador como en el Perú, la Constitución se ubica sobre todas la leyes, normas, reglamentos e instructivos. Respecto al ámbito ambiental, la Constitución Política del Perú señala, en sus artículos 66 y 67, que “los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento y será el encargado de determinar la política nacional ambiental para promover el uso sostenible de los recursos naturales”. La legislación del Perú no contempla a la naturaleza como sujeto de derechos, a diferencia del Ecuador, en cuya Constitución estos sí se reconocen en los artículos 71 y 72.

En la Tabla 4 se puede observar la legislación ambiental que rige sobre las actividades mineras en Ecuador y Perú.

MArco InStItUcIonAl

En Ecuador, respecto al marco institucional de la gestión ambiental, es el Ministerio de Ambiente el encargado de certificar, monitorear y fiscalizar que las actividades mineras se realicen apegadas al Plan de Manejo Ambiental. En Perú, estas competencias le corresponden a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que es el órgano encargado de los asuntos ambientales dentro de Ministerio de Energía y Minas. En este departamento se revisan, evalúan y aprueban las declaraciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental semi-detallados y los estudios de impacto ambiental detallados. De igual manera, en esta entidad se otorgan los certificados correspondientes al inicio de las actividades de exploración,

explotación, labor general, beneficio y transporte minero.

La supervisión y fiscalización de las actividades mineras se encuentran a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ente adscrito al Ministerio del Ambiente. Aunque fue creado recientemente, es el encargado de ejecutar la política ambiental nacional. Este se encarga de la fiscalización y el monitoreo pero no de la aprobación de los EIA, ya que esta competencia se mantiene en el Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. En este departamento se revisan, evalúan y aprueban las declaraciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental semi-detallados y los estudios de impacto ambiental detallados. También en esta entidad se otorgan los certificados ambientales correspondientes al inicio de las actividades de exploración, explotación, labor general, beneficio y transporte minero.

Aunque fue creada el 14 de mayo de 2008, la autoridad ambiental en Perú es el Ministerio de Ambiente (MINAM), que es la encargada de ejecutar la política ambiental nacional. Adicional a esto, existen autoridades ambientales sectoriales que poseen funciones técnicas, normativas y de fiscalización en temas vinculados a la actividad minera (uso de aguas, uso de hidrocarburos, sustancias peligrosas, etc.), lo que las faculta a tomar decisiones sobre los derechos relativos de acceso a los recursos naturales renovables y no renovables y a desarrollar actividades de extracción que pueden generar impacto ambiental. Este es el caso del Ministerio de Energía y Minas, cuya Dirección de Asuntos Ambientales Mineros asumiría el papel de una autoridad ambiental sectorial.

Por otro lado, se debe mencionar que el sector ambiental peruano se encuentra regido por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que está integrado (según se observa en el Gráfico 23). Según lo mencionan Dammert & Heck (2011), “este sistema se constituye sobre las bases de las instituciones estatales, órganos y oficina de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas en los ámbitos nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente, y los recursos naturales, así como de los sistemas regionales y locales de gestión ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil”.

Tabla 4: Legislación ambiental complementaria para actividades mineras en Ecuador y Perú

Fuente: Análisis comparado sobre los marcos legales latinoamericanos para el desarrollo de actividades extractivas. Elaboración: grupo FAro.

ecUador Perú

Constitución Política de la República del Ecuador Ley General de Minería

Ley de Gestión Ambiental Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo No. 014-92-EM)

TULSMA Reglamento Ambiental para las actividades de exploración minero (Decreto Supremo No. 020-2008-EM)

Reglamento Ambiental para actividades mineras Reglamento el Título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo No. 003-94-EM)

Reglamento a la Ley de Minería Reglamento de Procedimientos Mineros (Decretos Supremo No. 018-92-EM)

Ley de Minería Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero (Decreto Supremo 028-2008- EM)

Ley Forestal

Ley de Aguas

40

Gráfico 23: Conformación del Sistema Nacional de Gestión Ambienta de Perú

Fuente: marco institucional en materia ambiental para las actividades de hidrocarburos y minería en América latina. Elaboración: grupo FAro.

Sistema Nacional deEvaluación de Impacto Ambiental

Sistema Nacional deInformación Ambiental

Sistema Nacional deÁreas Naturales Protegidas por el Estado

Sistema Nacional deGestión Ambiental

Sistema Nacional deGestión de los Recursos Hídricos

Sistema Nacional de Evaluación yFiscalización Ambiental

41


De lo revisado en cuánto al contenido económico del contrato, se puede concluir que el marco normativo, expedido a raíz del Mandato minero, busca que la explotación minera se dé en un escenario en el que el Estado sea el mayor beneficiario sobre los ingresos provenientes de dicha actividad. En el contrato firmado con Ecuacorriente S.A. se reconoce la participación estatal en un porcentaje no menor al 52% con respecto a le empresa sobre los beneficios que genere la actividad. En este sentido, es importante el esfuerzo estatal por captar la renta que se genere de la explotación de recursos naturales, pero a la vez se debe considerar que la inversión privada es un factor clave para que la industria se desarrolle en el país.

Respecto a la tensión sobre la fluctuación del precio de los minerales, se debe considerar que el escenario en el que se elaboró el marco normativo minero y en particular el contrato minero es uno donde los precios han incrementado y son elevados. Por ello, el esfuerzo estatal por captar la mayor cantidad de recursos de la minería debe considerar cómo se van a manejar las fluctuaciones de los precios internacionales, dado que la inversión privada responde a los incentivos y rentabilidad que ofrecerían los proyectos mineros en el país. En este sentido, para el desarrollo de la actividad minera en el país se debe contar con un balance en el que se tome en cuenta por un lado la necesidad de la iniciativa privada debido a la poca experiencia nacional en el sector y los intereses estatales sobre la potencialidad de desarrollo económico local y nacional.

Se observa que los arreglos institucionales implementados para el sector minero ecuatoriano encajaría en un modelo de división de roles, diferenciando la planificación, la regulación y la operatividad de la actividad. Sin embargo, este no se caracterizaría por la independencia entre los organismos que desarrollan están actividades, pues tanto los organismos de control, como las empresas públicas, están adscritos al ministerio sectorial. Adicionalmente, las instancias de control tienen instructivos y reglamentos para las diferentes etapas de la actividad minera, sin embargo, la capacidad en su ejecución y aplicación debe fortalecerse para reducir los posibles impactos de la actividad minera.

La gestión ambiental para proyectos de infraestructura, en los que se incluyen los proyectos de minería, está sujeta a las leyes, normas e instructivos. En base al documento del contrato se puede concluir que se han cumplido con los requerimientos que dicta la ley como la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, los TDR y los procesos de socialización previos a la obtención de la licencia ambiental, que es uno de los documentos habilitantes para la firma del contrato. Si bien son documentos que avalan el proceso, en esta publicación no se realizó una evaluación de los mismos ya que ese no es el objetivo de este trabajo. Además, se debe hacer hincapié sobre el acceso público a estos documentos citados, ya que ninguno de ellos se encuentro adjunto o como anexo al contrato.

Respecto a los posibles impactos ambientales y sociales que identifica el EIA, ante la posibilidad de que ocurriesen estos, el concesionario deberá adquirir pólizas y garantías como instrumentos para poder ejecutar las indemnizaciones y compensaciones. Además, antes del otorgamiento de la licencia este deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental y Plan de relacionamiento comunitario. Pese a ello, no se presentan dichos documentos dentro del contrato y tampoco se encuentran disponibles para el público en las instituciones encargadas del sector, esto lleva sin duda a reflexionar sobre la importancia de que toda la información sea de acceso público, pues esto permite que la ciudadanía esté en capacidad de verificar en qué condiciones se desarrollan los proyectos y a la par del control estatal, existe un control social del cumplimiento de los criterios señalados en los planes y en la legislación pertinente.

Finalmente, es necesario que la información, tanto del contenido del contrato, como de los documentos anexos sea información de acceso público y que busque ser ciudadana y de fácil lectura. El rol de la información es clave para generar procesos de diálogo que involucren a todos los actores inmersos en la temática minera. Los aspectos económicos y socio-ambientales del contrato que se presentaron en este documento pueden ser una guía que sirva para identificar potenciales temas de análisis, donde se formulen posibles lecciones y sean consideradas en la firma de futuros contratos mineros.

conclusiones

42

Bustos, F. (2010). Manual de Gestión y Control Ambiental. Quito: R.N Industrias Gráficas.

Constitución de la República del Ecuador (2008).

Constitución Política de Perú (1992).

Contrato de Explotación Minera otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables a favor de la Compañía Ecuacorriente S.A. Escritura No. 925.1 Notaría Cuadragésima Quito.

Chavarry, Vanessa (2010). Análisis comparado de los regímenes legales Latinoamericanos para el desarrollo de actividades extractivas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (en proceso de publicación).

Dammert, J. L., & Heck, C. (2011). Marco institucional en materia ambiental para las actividades de hidrocarburos y minería en América Latina. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Defensoría del Pueblo de Perú, (2001). Guía sobre el marco normativo de la gestión socio-ambiental aplicable a las actividades del sector energía y minas. Lima: CARE y Embajada de Finlandia.

Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Energía y Minas. Acuerdo Ministerial No. 176 publicado en el Registro oficial No. 428 del 8 de octubre 2001. Derogado en el Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en el Registro oficial No. 276 del 18 de febrero abril de 2008.

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del MRNNR. Acuerdo Ministerial 260. Registro oficial No. 148 del 20 de mayo de 2011 (modificado el 28 de junio 2012)

Ecuacorriente S.A (2008). Memoria SocioAmbiental ECSA. Recuperado de http://www.ecuacorriente.com

Instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial 428 del 18 de septiembre de 2008.

Instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica de las regalías. Registro Oficial 657 del 9 de marzo de 2012.

Instructivo para el otorgamiento de autorizaciones excepcionales que permitan regularizar las labores de minería artesanal dentro de áreas concesionadas registradas en el Censo Minero Artesanal CEMINA-2010. Registro Oficial 706 del 18 de mayo de 2012.

Instructivo para el otorgamiento de autorizaciones para la cesión o transferencia y la cesión en garantía de derechos mineros. Registro Oficial 373 del 28 de enero de 2011

Instructivo para el otorgamiento de permisos para realizar labores de minería artesanal y de sustento. Registro Oficial Suplemento 531 del 9 de septiembre de 2011.

Instructivo para el pago de la “patente de conservación para concesión” establecida en el artículo 34 de la Ley de Minería. Registro Oficial Suplemento 555 del 24 de marzo de 2009.

Instructivo para la aplicación del artículo 14 del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Registro Oficial 338 del 10 de diciembre de 2010.

Instructivo para la Calificación y Registro de Sujetos de Derechos Mineros. Registro Oficial 374 del 31 de enero de 2011.

Instructivo para la obtención de las licencias de comercialización de sustancias minerales metálicas o no metálicas en la República del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 531 del 9 de septiembre de 2011.

Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera. Registro Oficial 438 del 2 de mayo de 2011.

Instructivo para una aplicación más ágil del procedimiento previsto en la Codificación de la Ley de Aguas y su reglamento general de aplicación. Registro Oficial 552 del 19 de marzo de 2009.

Instructivo que regula el otorgamiento de autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación, y construcción de relaveras a nivel nacional. Registro Oficial 615 del 10 de enero de 2012.

bibliografía

43


Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Recuperado de http://www.inec.gob.ec/cpv/

Ley de Aguas. Registro Oficial 339 del 20 de mayo de 2004

Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004

Ley de Minería. Registro Oficial Suplemento 517 del 29 de enero de 2009.

Ley Forestal. Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004

Mandato Constituyente No. 6, Concesiones Mineras. Registro Oficial Suplemento 321 del 22 de abril de 2008.

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (2012). Minería una fuente para el desarrollo. Dirección de Comunicación Social. Segunda edición.

Normas para el pago del porcentaje que le corresponde al Estado en las utilidades provenientes de la actividad minera. Registro Oficial 456 del 25 de mayo de 2011.

Normas técnica para Estudios Ambientales, para actividades mineras. Registro oficial 64 del 23 de agosto de 2010.

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del 4 de agosto de 2011.

Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escala para los contratos de explotación minera. Registro Oficial 663 del 16 de marzo de 2012.

Reglamento del Régimen especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Registro Oficial Suplemento 67 del 16 de noviembre de 2009.

Reglamento del régimen especial para el libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública. Registro Oficial 482 del 1 de julio de 2011.

Reglamento General de la Ley de Minería. Registro Oficial Suplemento 67 del 16 de noviembre de 2009.

Reglamento para regular el uso y manejo del agua en los sistemas y proyectos multipropósito. Registro Oficial 734 del 28 de junio del 2012.

Reglamento para la asignación de recursos para proyectos de inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia donde se ejecutan actividades de los sectores estratégicos. Decreto Ejecutivo No. 1135. Registro Oficial Suplemento 699 del 9 de mayo de 2012.

Rosenblum, P. & Maples, S. (2010). Contratos al descubierto: Poniendo fin a los secretos en las industrias extractivas. Recuperado de http://www.revenuewatch.org/ar/node/5289

Sacher, W. & Acosta, A. (2012). La minería a gran escala en Ecuador. Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala

Sacher, Willian, (2011). Revisión crítica parcial del Estudio de impacto ambiental para la fase de beneficio del “Proyecto minero de Cobre Mirador” de la empresa Ecuacorriente. Recuperado de http://servindi.org/pdf/eia_mirador.pdf

Secretaría Nacional del Agua (2012). Demarcaciones Hidrográficas. Recuperado de http://www.agua.gob.ec/demarcaciones-hidrograficas

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009). Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013. Recuperado de http://plan.senplades.gob.ec/documentos-del-pnbv

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales. Quito: SENPLADES.

Smith, E. & Rosenblum, P. (2011). Enforcing the Rules: Government and Citizen Oversight of Mining. Recuperado de http://www.revenuewatch.org/sites/default/files/RWI_Enforcing_Rules_full.pdf

Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiental, Libro VI. Registro Oficial 2, 31 de marzo del 2003.

44

Anexo 1: Estructura de un contrato minero: Caso Ecuacorriente S.A

caPíTUloS Y cláUSUlaS TíTUloS deScriPciÓN

capítulo i de los antecedentes y declaraciones

Cláusula I Antecedentes Se describen los procedimientos administrativos y operativos realizados previa la firma del contrato

Cláusula II Declaraciones Se exponen las declaraciones y compromisos del Estado ecuatoriano y del concesionario minero.

Cláusula III Marco legal de la contrataciónSe mencionan las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás documentos legales aplicables, así como la normativa supletoria y complementaria. También se enlistan todos los documentos habilitantes requeridos para la firma del contrato y se incluyen el contenido de los anexos.

Cláusula IV Naturaleza e interpretación de este contrato

Es un contrato de tipo administrativo cuya interpretación se sujetará a la legislación aplicable en especial al libro IV del Código Civil “De la interpretación de contratos”

capítulo ii del objeto, plazo y modificaciones

Cláusula V Objeto Desarrollo del sector estratégico minero conforme los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Cláusula VI Plazo de contrato 25 años con posibilidad de ampliación en caso de que el proyecto lo requiera

Cláusula VII Modificaciones al contrato Se realizarán modificaciones en caso de incorporación de nuevos minerales, variación de los precios, ampliación del área del contrato, entre otros.

capítulo iii los derechos y obligaciones de las partes

Cláusula VIII Obligaciones de las partesSe describen las obligaciones del Estado en cuanto a los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad minera y las obligaciones del concesionario en materia económica, operativa y ambiental; entre otros.

Cláusula IX Derechos de las partesSe habla sobre los derechos del Estado en cuanto a los beneficios en materia económica y cuidado ambiental y los derechos del concesionario minero de acceder a los recursos necesarios para la actividad y libertad en cuanto a la toma de decisiones apegadas a la ley.

capítulo iV del inicio de ejecución de actividades mineras de explotación

Cláusula X Declaración de inicio de actividades Se encuentran descritos todos los procesos administrativos necesarios para iniciar la fase explotación minera.

Cláusula XI De la suspensión de actividades Tanto el concesionario minero, como el Estado están en facultad de suspender sus actividades de manera unilateral, según las causales que se estipulan en esta cláusula.

Anexos

45


capítulo V de la gestión ambiental

Cláusula XII Obligaciones AmbientalesEsta sección trata los temas relacionados con los requerimientos ambientales tales como: el EIA, la licencia ambiental, las garantías ambientales, las auditorías ambientales. Así como también, la responsabilidad ambiental del concesionario minero.

capítulo Vi de la relación con las comunidades

Cláusula XIII Obligaciones con las comunidades

En esta cláusula se indica que el concesionario minero debe presentar un Plan de relaciones comunitarias en donde se especifique los procesos de participación con las comunidades, al igual que la gestión comunitaria que emprenderá el concesionario con miras a mitigar los daños a la población.

capítulo Vii de las garantías y seguros

Cláusula XIV GarantíasEn este punto se describe todas las garantías exigidas al concesionario minero tales como: garantías ambientales, garantías de casa matriz, garantías de inversiones y los causales de ejecución de las mismas.

Cláusula XV Pólizas de seguros El concesionario minero será responsable exclusivo de contratar todas la pólizas de seguro requeridas para cumplir con el contrato.

capítulo Viii de lo económico, financiero y tributario

Cláusula XVI Participación del Estado y del concesionario minero

En esta sección se describe los ingresos que generará la explotación del proyecto Mirador, entre lo que se analiza; los impuestos (IVA, IR), las regalías, ingresos extraordinarios, ajuste soberano y participación laboral.

Cláusula XVII Regalías En cuanto a las regalías, se explica el porcentaje de participación y la forma de cálculo

Clausula XVIII Obligaciones tributarias y participación El concesionario minero pagará todos los impuestos, tasas, aportes y contribuciones que le corresponda de conformidad con la Legislación Aplicable

Cláusula XIX Factores de correcciónPueden existir varias causales, tales como las modificaciones de porcentajes aplicables, las modificaciones de la base imponible de impuestos, la modificación de la legislación aplicable, etc.

Cláusula X Contabilidad y depreciación En este punto, se analiza la contabilidad y la depreciación acelerada de activos fijos.

capítulo iX del plan general y planes anuales de trabajo e inversión

Cláusula XXI Plan general y anual de trabajo e inversiones Aquí se analiza el Plan General de Trabajo e Inversión, el Plan Anual de Trabajo e Inversión,

capítulo X cierre de operaciones

Cláusula XXII Cierre de operaciones En esta cláusula se enlistan las actividades de cierre de operaciones, el Plan de cierre de operaciones y el contenido del mismo.

46

capítulo Xi de las inspecciones control y auditoría

Cláusula XXIII Inspecciones, control y auditoríaLas actividades de control y auditoría podrán ser realizadas por el Ministerio Sectorial, ARCOM o Autoridad Ambiental Nacional ante lo cual el concesionario minero deberá brindar todas las facilidades de acceso a la información.

capítulo Xii de la cesión y transferencia de la concesión minera

Cláusula XXIV Cesión y transferencia El concesionario minero podrá transferir la concesión, previa autorización del Ministerio Sectorial sin que esto implique ninguna responsabilidad para el Estado.

Cláusula XXV Terminación del ContratoSe describen las causales de terminación de contrato, entre las cuales están: cumplimiento del plazo, incumplimiento de obligaciones contractuales, renuncia total de la concesión, entre otras.

Cláusula XXVI CaducidadEl Ministerio Sectorial estará facultado para declarar la caducidad de las Concesiones y permisos garantizando los derechos constitucionales y legales del debido proceso y la legítima defensa de conformidad con la Legislación Aplicable.

capítulo XiV de la solución de controversias

Cláusula XVII Solución de controversiasEn este punto, se describen las diferentes clases de solución de controversias, entre las que se encuentran: negociaciones directas obligatorias, mediación facultativa, consultoría, arbitraje

capítulo XV disposiciones generales

Cláusula XXVIII De fuerza mayor y caso fortuitoNinguna de las partes responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de las obligaciones (…), ni estará obligada a indemnizar a la otra Parte (…) por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito (…)

Cláusula XXIX Derechos del Estado sobre la informaciónToda la información, estudios u otra información, materiales y documentos elaborados y presentados al Ministerio Sectorial (…) tendrán implícito el derecho irrevocable y gratuito de usufructo a favor del Estado aún después de la terminación del presente Contrato.

Cláusula XXX Subcontratista del concesionario mineroLa selección de los Subcontratistas, la negociación de los términos y condiciones de los subcontratos, su adjudicación y suscripción serán de exclusiva responsabilidad del concesionario minero.

Cláusula XXXI No discriminación El Estado, considerando las particularidades de cada caso, garantizará un tratamiento no discriminatorio a todos los concesionarios mineros.

Cláusula XXXII Registro, cuantía y gastos Los gastos que ocasionen la celebración del presente contrato y su registro serán cubiertos por el concesionario minero. Por su naturaleza, este contrato es de cuantía indeterminada.

Cláusula XXXIII Estipulaciones generales Esta cláusula habla sobre la legalidad del contrato.

Fuente: contrato minero firmado entre ecuacorriente s.A. y el estado ecuatorianoElaboración: grupo FAro.

Los lectores pueden reproducir este documento siempre que se cite la fuente de la siguiente manera: Herrera, J., Arias, K. & López, J. (2012). “Análisis económico y socio-ambiental del primer contrato de minería a gran escala: Una mirada desde la sociedad civil.”. Esfera Pública No. 5. Quito: Grupo FARO.

Ningún recurso de Grupo FARO puede ser utilizado con fines comerciales.

Las ideas expuestas en este documento, son el punto de vista del autor/es y no representa, necesariamente, la posición institucional de Grupo FARO en el tema analizado.

Grupo FARO agradece las valiosas contribuciones de Cornelio Delgado y Vanessa Chavarry a este documento. De igual manera, agradece los comentarios de Claudia Viale y Patrick Heller.

Es el espacio de encuentro del Estado, el sector privado y la sociedad civil para la deliberación de los desafíos comunes, la generación de soluciones innovadoras, así como la acción colectiva para implementarlas. La presente serie realiza aportes teóricos y aplicados para propiciar encuentros y colaboración entre diferentes sectores de la sociedad.

En este número, Grupo FARO presenta un análisis descriptivo del contenido del primer contrato de explotación minera a gran escala que firmó el Estado ecuatoriano. Puntualiza e identifica los principales elementos económicos y socio-ambientales del contrato, así como el marco normativo e institucional de la minería en el Ecuador. Finalmente, busca motivar el diálogo objetivo e informado del sector entre los actores de la esfera pública involucrados en el sector.

Prom

ovem

os la

sus

tent

abilida

d de

los

recu

rsos

nat

urales

. Este

docu

men

to fue

impr

eso

en p

apel 1

00 %

rec

iclad

o.

EsferaPública

Grupo FARO es un Centro de Políticas Públicas independiente, que promueve el cambio social a través de la investigación aplicada, el diálogo plural y la acción colectiva.

Contáctenos: Gregorio Bobadilla N38-88 y Granda CentenoTelf: (593)2 245 6367 • Telefax: (593)2 226 [email protected] www.grupofaro.org

AUTORES: Juan José Herrera, Karla Arias y Julio LópezEDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO: Liseth EstévezDISEÑO GRÁFICO: Diego Corrales D.PORTADA Y DIAGRAMACIÓN: Alejandro Miranda B.

DIRECTOR EJECUTIVO: Orazio BellettiniDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: Andrea OrdóñezCOORDINACIÓN:SUPERVISIÓN EDITORIAL:

Julio López Andrea Zumárraga

Impreso en EcuadorIMPRESIÓN: Nuevo ArteN0. de ejemplares: 500ISBN: 978-9942-9899-4-9

@grupofaroGrupo FARO

El programa de industrias extractivas de Grupo FARO promueve la transparencia en la información y el buen uso de los recursos naturales no renovables con la participación del Estado, la sociedad civil y la empresa privada.

Visítenos:www.extrayendotransparencia.grupofaro.org

Con el apoyo de

Extrayendo Transparencia @extransp

análisis económico y socio-ambiental del primer contrato de minería a gran escala

Documents