Análisis de diferentes concepciones teóricas del campesino y sus formas de

organización

Norma Fernanda Rubiano Navas

Universidad Nacional de ColombiaFacultad de AgronomíaBogotá D.C, Colombia

2013

Libertad y Orden

DOCUMENTO ESTRATÉGICO 3

Subgerencia de Tierras Rurales 2013

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INTRODUCCIÓN

Muchos pobladores urbanos no conocen, ni saben definir al campesino, esto en parte es el resultado de su desvalorización y falta de reconocimiento como ciudadanos con capacidad de representarse y como los principales actores del desarrollo agrícola del país. Es por esto que un auténtico desarrollo rural nace de políticas publicas que apropien y materialicen éste reconocimiento, para que realmente se de respuesta a sus necesidades.

Los estudios del campesinado según Palerm (1980) comienzan en Europa producto de las inquietudes nacionalistas y culturalistas del siglo XVIII, que procuraban conservar y recuperar las culturas tradicionales siendo los campesinos los mejores representantes, y es allí donde la “campesinología” inicia como una etnografía cultural. En Norteamérica este enfoque es introducido los primeros años del siglo XX, y se reemplaza al campesinado por los grupos indígenas.

En el mundo, la población urbana depende de la producción de alimentos y materias primas provenientes de la agricultura, sin embargo a pesar de que la mayor parte de dichos productos son el resultado de las prácticas campesinas (Fanon 1968), se estima que el 70% de la pobreza mundial se encuentra concentrada en áreas rurales (Golay, 2009). Esto se debe según Martins (2012) a que los campesinos de los países en vía de desarrollo se encuentran confinados en un circulo vicioso causa en gran medida de las políticas gubernamentales que no invierten los recursos suficientes en una adecuada estructuración de la actividad agrícola y porque los pequeños productores pierden sus tierras debido a la presión ejercida por grandes empresas capitalistas, que ocasionan una casi inevitable migración a las periferias urbanas integrando y ampliando los círculos de pobreza, fenómeno confirmado por una transición demográfica en la que el número de habitantes urbanos supera al de los rurales (Borras, 2009).

En América Latina, la población campesina se identifica por un conjunto de características económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales de la cuales se destacan, la doble función de la actividad agrícola, el uso de mano de obra familiar de forma intensiva con limitaciones de capital y porque en general la producción es destinada para el autoconsumo con algunos rangos variables que se orientan hacia el mercado (Barea 1994).

La población colombiana ascendió este año a 47,12 millones de personas, en donde la población rural según el último censo del 2005, representa el 25% del total, esto es 10.3 millones de personas (Dane, 2013), cifra que ha disminuido de forma considerable en los últimos años. A comienzos de la década de los 50s, la población rural ascendía a 61%, mientras que para la década de los 70s fue tan solo del 40% y a mediados de los 80s fue del 35%; esta disminución en su mayoría ha sido ocasionada por la migración de la población rural hacia las ciudades (Florez, 2000), fenómeno que entre los años 2000 y 2005 involucró alrededor de 100.000 personas/año, motivado principalmente por razones económicas en un 60% y por violencia (desplazamiento forzado) en un 40% (Leibovich et al, 2006).

En Colombia, la estructura productiva del sector agropecuario está compuesta por tres formas empresariales básicas, la empresa agropecuaria capitalista, el latifundio ganadero especulativo y la producción familiar (Forero, 2003). En este sentido, si se tiene en cuenta que Fedesarrollo (2012), determinó que los predios de menor área, que en su mayoría son propiedad de campesinos, pueden llegar a ser hasta 40 veces más productivos que las grandes propiedades, en términos de rendimiento anual por hectárea, medido en pesos, encontramos que la agricultura y la economía campesina continúan siendo sumamente importantes en el país y el mundo, por lo tanto las políticas agrarias, rurales, ambientales y agroalimentarias tanto nacionales como internacionales deben seguir ocupando un lugar prioritario en las agendas de investigación, desarrollo e innovación (Forero, 2003).

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Los historiadores colombianos reivindican la necesidad del estudio del campesinado, las formas de producción, las clases sociales y las relaciones políticas y culturales establecidas en el campo (Jaramillo, 1979). Según Rodríguez (1972) en las relaciones existentes entre las diferentes dimensiones (política, económica, cultural, social y ambiental) y el carácter de éstas, se encuentra la base para analizar de forma teórica y conceptual al campesino y su organización.

El papel económico de los campesinos en la producción de alimentos, la generación de divisas y su aporte en el renglón de exportaciones, no es debidamente reconocido en el país (Mondragón, 2002), a pesar de su capacidad de transferir excedentes a otros sectores de la economía (Londoño, 2008). Estos argumentos han sido utilizados por agencias de cooperación internacional y organizaciones sociales para reivindicar el papel del campesinado en Colombia (Forero, 2013).

Según Forero y Garay (2013) los pequeños productores y agricultores familiares del país, demuestran no solamente eficiencia económica cuando acceden a condiciones productivas relativamente aceptables sino también capacidad para generar desarrollo económico y soluciones efectivas a la pobreza rural. Sumado a esto la producción campesina contribuye a la seguridad alimentaria del país, además de garantizar una oferta continua, regular y variada de alimentos que recuerda la necesidad de consolidar un modelo de producción que propenda por la preservación de la vida, el manejo equilibrado de los territorios y a la construcción de identidad (Londoño 2008; Forero 2013).

Desafortunadamente, hasta la fecha el campesino no ha sido reconocido como sujeto social por parte de quienes construyen las políticas públicas en el país, generando una crisis a nivel de este grupo social, agudizada por fenómenos como el desplazamiento forzado, el cambio en el uso de la tierra y la concentración de su propiedad, uso inadecuado de los recursos productivos y en general las condiciones de pobreza del sector rural (Londoño, 2008; Incoder, 2012; Forero, 2013).

En Latinoamérica y el Caribe, la pobreza es señal de que no se ha trabajado de forma eficaz en la creación de posibilidades para todos; también es signo de que la equidad no ha sido el objetivo principal del desarrollo político, trayendo consigo la abundancia y el hambre, en donde se favorece la educación, pero el índice de analfabetismo resulta ser contradictorio (Solarte, 2006).

Para Bretón (1992), existe cierta confusión terminológica al definir conceptualmente al campesino, la explotación familiar o la unidad de producción y de consumo, que tanto en países desarrollados o en vía de desarrollo suelen ubicarse en el centro de las reflexiones sobre la función del sector agrario y los procesos de crecimiento económico. Según Moyano y Sevilla (1978) abordar y definir al campesino, es un propósito que puede lograrse a través del análisis de estudios que tengan un carácter multidisciplinario, que permita ver la riqueza de matices que encierra la realidad campesina.

En este sentido, el presente documento tiene como objetivo proporcionar bajo un enfoque multidimensional un análisis teórico y conceptual del término campesino y la importancia de sus formas de organización, en relación con las actuales políticas públicas en Colombia.

2. El desarrollo rural sostenible y la multidimensionalidad

El desarrollo sostenible se define según la Comisión Bruntland como “el proceso capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas” (Naciones Unidas, 1987), por lo tanto el desarrollo sostenible no solo implica un desarrollo económico sino también la necesidad de preservar los recursos naturales. Para Robinson y Tínker (1995) el desarrollo sostenible debe integrar tanto objetivos ambientales como económicos e

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incluso sociales, lo que permitirá diseñar políticas que transformen los procesos poco sostenibles de la actualidad.

En las diferentes políticas y programas de ajuste, la pobreza rural, la desigualdad en la distribución del ingreso, la inseguridad alimentaria y la inequidad demandan la atención del desarrollo rural, teniendo como base esta problemática surge el enfoque territorial el cual define al territorio como “un producto social e histórico, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de elementos” (Sepúlveda et al, 2003). Es importante considerar que la apropiación territorial lleva a entender lo rural como un mosaico de territorios cultural, político, generacional y económicamente diversos (CIDER, 2001); donde además de reconocer el acervo y los legados ancestrales se debe visualizar, lo rural, como un territorio que integra de forma particular los recursos naturales y culturales, que son las base de las sociedades (IICA, 2000).

Es por esto que es necesario hablar del desarrollo rural sostenible (DRS) con enfoque territorial; “propuesta que se centra en el individuo, que considera los puntos de interacción entre los sistemas humanos y los sistemas ambientales, que busca la sostenibilidad del bienestar, que reconoce el carácter multidimensional de los sistemas productivos y que favorece el aprovechamiento competitivo pero racional de aquellos recursos que favorezcan la inclusión del mayor número posible de grupos sociales relegados” (Sepúlveda et al, 2003).

El enfoque territorial que le da el IICA al DRS incluye cinco elementos los cuales deben hacer parte en la formulación de un marco de políticas rurales, siendo los más relevantes los tres primeros: la multidimendionalidad; la intertemporalidad y intergeneracionalidad; la articulación de una economía territorial y la búsqueda de una mayor conciencia institucional (Sepúlveda et al, 2003).

La multidimensionalidad da cuenta de los diversos componentes que conforman un sistema territorial; esta es inherente a cualquier territorio, pues en ella se encuentran articuladas la dimensión económica, política, social, ambiental y cultural (Sepúlveda et al, 2003); las interacciones entre los componentes de las diferentes dimensiones pueden, en determinado momento y circunstancia, ser tan importantes como los componentes principales (Sepúlveda, 2002). Rodríguez (1972) argumenta que las relaciones existentes en la multidimensionalidad, se encuentra la base para analizar de forma teórica y conceptual al campesino.

La dimensión económica: Esta dimensión se vincula con la capacidad productiva y el potencial económico de las regiones, visualizada desde una perspectiva multisectorial que involucra las interfases de las actividades primarias con aquellas propias del procesamiento y el comercio, además acentúa la importancia de la competitividad como requisito del desarrollo (Sepúlveda, 2002). Entre los elementos que abarca figuran: la erradicación de la pobreza; el acceso a bienes y servicios, especialmente los que potencian el desarrollo productivo; la creación de mercados para actividades sostenibles; el establecimiento y la promoción de mercados (Sepúlveda et al; 2003).

La dimensión Social y cultural: Está referida a la distribución espacial, de género y de la población, al conjunto de relaciones sociales y económicas que se establecen en la sociedad; de alguna forma estas relaciones determinan, en buena medida, el grado de acceso a las diversas formas del poder político regional y local (Sepúlveda, 2002). La diversidad y la equidad son los ejes en que se apoya la dimensión social y cultural, contempla aspectos como la satisfacción de las necesidades básicas; la preservación de la herencia cultural y las prácticas ecológicas adecuadas (Sepúlveda et al; 2003).

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La dimensión política: Tiene como prioridad la gobernabilidad democrática (Sepúlveda et al; 2003); en esta dimensión se definen los grupos y roles hegemónicos de los actores que representan a los diversos grupos de interés y se plantean los diversos tipos de equilibrios políticos por medio del proceso de negociación (Sepúlveda, 2002).

La dimensión ambiental: Gira en torno a los conceptos de gestión de la base de recursos naturales y gestión de la calidad ambiental. Abarca aspectos relativos al manejo equilibrado de ecosistema, el reconocimiento de los recursos naturales como elemento esencial en las estrategias para la reducción de la pobreza rural (Sepúlveda et al, 2003).

3. Conceptualización del campesinado y sus formas de organización

En las corrientes teóricas que describen a las formas campesinas sobresalen dos posiciones la campesinista y la descampesinista.

Los campesinistas argumentan que a pesar del gran desarrollo del sistema capitalista, estas formas sociales aun persisten, y mas en América Latina, debido a su fortalecimiento como forma de producción familiar. Para los descampesinistas sus análisis están enfocados a los procesos de descomposición y desaparición de las formas campesinas (Valdez, 1985). Aparentemente estás dos corrientes parecen ser divergentes pero al hacer un análisis global no se contraponen si no que se complementan, debido a que la primera muestra, como la fuerza en la organización campesina le permite sobrevivir y adaptarse a las condiciones del sistema social y la otra ejemplifica los efectos que el sistema tiene sobre la persistencia de está organización social en la actualidad y en el futuro (Hernández, 1994). El abordar y definir al campesino, puede lograrse a través del análisis de estudios que tengan un carácter multidisciplinario, que permita ver la riqueza de matices que encierra la realidad campesina (Moyano y Sevilla, 1978). Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se hace un análisis conceptual del campesinado desde sus diferentes corrientes y formas de organización partiendo de la multidimensionalidad.

3.1 Dimensión social

Desde esta dimensión el campesinado se define como un modo de vida, un complejo interactivo entre naturaleza, trabajo y sociedad (Sierra, 1990). Fei (1946) y Shanin (1971) complementan diciendo que es un complejo de organización formal, con un comportamiento individual y actitudes sociales unidas entre sí, bajo el propósito de labrar la tierra con herramientas simples y trabajo humano, en unidades de producción familiar.

La relación existente con la tierra es el elemento fundamental al definir al campesino como un ser puramente rural; a pesar de su relación con los mercados, aislamiento y falta de autonomía política, como unidad local conserva su identidad y apego a la tierra (Kroeber, 1948), esto concuerda con la propuesta de la declaración de los derechos de los campesinos (DC), con la siguiente definición. “El campesino tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas, trabajan la tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de pequeña escala de organización”(Hechos de paz, Sin fecha; citado por Molano, 2013).

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Este apego a la tierra conlleva a tener en cuenta el otro tipo de población rural que existe (countrymen), puesto que comparten la vida social y los valores de los cultivadores, por eso debe hablarse no solo del campesino agricultor si no también del campesino pescador, artesano y comerciante (Firth, 1964), debido a que son cultivadores a tiempo parcial. Según la declaración de DC, “el término <<Campesino>> puede aplicarse, a toda persona que practica la agricultura, la ganadería o la trashumancia, que produce artesanías relacionadas con la agricultura o que desarrolla otras ocupaciones similares en zonas rurales. Esto incluye a los indígenas que trabajan la tierra” (Hechos de paz, Sin fecha; citado por Molano, 2013).

Históricamente el campesinado no se identifica como una Clase Social, según Marx (1869) no se le reconoce como clase, puesto que entre los campesinos parcelarios hay una articulación netamente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos una comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política; en su lugar este es reconocido como un Grupo Social, con unos atributos comunes como familismo, cohesión colectiva, diferenciación interna, subordinación, pluractividad y relación con el mercado (Martín, 1993). El esquema social a través del cual el campesino establece sus relaciones se basa en la Familia tanto en términos sociales como económicos, igual sucede en la organización campesina (Wolf, 1966).

Como se mencionó anteriormente el campesinado como grupo social se caracteriza por ser una sociedad heterogénea, subordinada y por tener una cierta diferenciación o estratificación en su estructura social, teniendo en cuenta esto, la comunidad campesina esta compuesta por diferentes estructuras sociales que pueden depender del tipo de tenencia de la tierra; esto incluye un gran propietario dueño de la tierra y con diferente cantidad de ésta, arrendatarios, aparceros y trabajadores sin tierra. Está estratificación podría explicar la acción del campesinado y su heterogeneidad (Yruela y Sevilla-Guzmán, 1976), además no hay que olvidar que en las comunidades campesinas no todos siguen la misma pauta ética ni son igualmente pobres, pues entre ellos también hay desigualdad, de modo tal que las relaciones informales que cruzan las organizaciones colectivas también permiten que determinados individuos o facciones impongan a los otros sus propios proyectos (Durston, 2002).

La declaración de derechos humanos reconoce la estructura social en la definición de campesino y la hace incluyente en este grupo social; se basa en la definición de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, quienes manejan tres categorías de personas sin tierra y es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: 1. Familias de agricultores sin tierra o con poca tierra; 2. Familias no agrícolas en áreas rurales, con poca, o sin tierra, cuyos miembros se dedican a actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o provisión de servicios; 3: Otras familias trashumantes, nómadas (Hechos de paz, Sin fecha; citado por Molano, 2013).

3.2 Dimensión económica

Según Hernández (1994) los esfuerzos teóricos para conceptualizar al campesinado han definido como génesis el análisis de las economías campesinas. La producción agrícola campesina está basada sobre unidades económicas familiares no asalariadas (Chayanov 1979); siendo la unidad económica la familia mas no la parcela o tierra, en donde los miembros participan en los procesos que se dan en las unidades de producción. El funcionamiento de estas unidades está sustentado en la utilización de la mano de obra que aporta la familia (Chayanov, 1979; Barta, 1979; Llambí, 1986), lo que las diferencia de la economía capitalista(Hernández, 1994), pues la unidad económica campesina es la unidad de producción y de consumo, siendo esto la singularidad esencial para entender el comportamiento económico de la economía (Schejtman, 1979).

Firth (1951) y Díaz (1977) afirman que el campesino es un productor que pone en funcionamiento su propia fuerza de trabajo para producir, con instrumentos y medios de producción sencillos, donde la

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subsistencia depende normalmente de lo que se produce y no se busca ganancia alguna; donde este sustento se basa en la explotación agraria del suelo, independientemente de que se posea o no tierra y de la forma de tenencia que vincule a los campesinos a ella (Yruela y Sevilla-Guzmán, 1976).

Según Hernández (1994) el funcionamiento de la economía campesina o la concepción de ésta es de gran importancia para entender por que siempre hay actitudes de rechazo a programas agrícolas en donde el objetivo principal es reemplazar los cultivos de autoconsumo por cultivos comerciales. Esto es reconocido por los capitalistas como “Apatía económica”, puesto que la satisfacción del campesino no se basa en el número de horas trabajado, ni tampoco en la remuneración lograda por realizar este trabajo; si no que “la remuneración será considerada ventajosa o desventajosa por la familia campesina según el estado de equilibrio entre la medida de satisfacción de las necesidades de consumo y la fatiga y dureza del tipo de trabajo” (Hernández, 1994).

Según Fedesarrollo (2012) los predios mas pequeños (propiedad de campesinos) son los más productivos en el país, ya que son 40 veces más productivos medidos en términos de rendimiento anual por hectárea medido en pesos; mostrando que el sistema económico de producción campesina es de suma importancia y que su presencia en la actualidad se convierta en una alternativa para la seguridad y soberanía alimentaria; este argumento a sido utilizado por organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional con el fin de reivindicar el papel del campesinado en Colombia. Teniendo en cuenta este intento por reivindicar al campesino, se ha hecho un llamado a campesinos, indígenas y afrodescendientes a aportar en la consolidación de un modelo de producción que finalmente propenda a la preservación de la vida, a un manejo equilibrado del territorio y a la construcción de identidad (Forero, 2013).

En la economía familiar campesina, interactúan tres elementos claves: los recursos disponibles, el enfoque tecnológico y la fuerza de trabajo disponible. Además de esto la producción y los procesos que se realizan deben acomodarse a las condiciones climáticas, lo que exige a las familias desarrollar tanto formas de trabajo como tecnologías que les permitan hacer un uso óptimo y adecuado de los recursos disponibles, para disminuir riesgos y aumentar su productividad (Marschall et al., 2010).

En los sistemas de producción campesina como ya se ha mencionado es la propia fuerza de trabajo familiar, la que genera autoempleo, permitiendo aumentar sus ingresos. El trueque es otro factor clave en las economías campesinas, el cual no solo se enfoca en el intercambio de productos sino también en la organización del trabajo para la producción.

El objetivo principal de la economía familiar campesina es satisfacer las necesidades económicas y sociales de las personas que viven en esa tierra, además de contribuir con la generación de bases económicas para tener una perspectiva real, con futuro y finalmente destinar un cierto volumen de producción al abastecimiento de la población urbana, lo cual genera para la familia campesina los recursos monetarios necesarios para acceder a productos que no se producen en el predio familiar (Forero, 2002 y Marschall et al; 2010).

Los productores familiares dependen de la disponibilidad de tierra y de capital y de la relación entre el costo de la mano de obra, el costo de producción y el precio de los productos (Forero, 2002 ); aunque la economía campesina es esencialmente familiar, estos se encuentran muy integrados al mercado, lo que en algunas ocasiones hacen necesario la contratación de asalariados y esto ocurre básicamente por dos factores: el primero de ellos es por que la productividad de trabajo supera el costo de mano de obra, lo que incurre en la sustitución de la mano de obra familiar o la ampliación de su sistema; el segundo esta relacionado con la falta de mano de obra familiar, debido a que los hogares cuentan con pocos

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miembros o predominan en su mayoría ancianos, niños o mujeres (Forero, 2010). La dinámica económica de los campesinos, parte de un ámbito monetario y uno doméstico. En el monetario interfiere el dinero, con el fin de comprar insumos, herramientas, pago de jornales, pago de intereses, arrendamientos etc. Mientras, en el ámbito doméstico se encuentra: la utilización de mano de obra familiar y autoconsumo alimentario, trueques de bienes producidos, de trabajo o el pago de servicios con productos cosechados (Forero, 2002).

En Colombia el campesinado ha venido introduciendo intensos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente demanda de productos agropecuarios, lo que se traduce en una mayor generación de ingresos solo con el trabajo de sus propias parcelas que no pueden obtener en otras opciones laborales, puesto que tienen una alta eficiencia económica pues remuneran su mano de obra por encima de su costo de oportunidad; es por esto que si se toma como indicador de viabilidad la remuneración de la mano de obra, la producción familiar termina siendo viable económicamente (Forero, 2003).

Un estudio realizado por Forero (2010) reveló que de quince casos analizados tan solo cuatro de ellos no están por debajo de la línea de pobreza (dos salarios mínimos anuales). Este hecho no es consecuencia de la posible ineficiencia económica, sino más bien de la escasez de tierra o de la concentración de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema de pobreza o de bajos ingresos no es consecuencia de una mala organización económica, o de la ineficiencia de los productores sino la limitación en el acceso a la tierra, lo que permitiría afirmar que la actividad agropecuaria es una de las mejores fuentes generadoras de ingresos comparada con las actividades no agropecuarias (Forero, 2010). 3.3 Dimensión cultural

Según Galeano (1986) se entiende por cultura campesina no sólo al conjunto de sistemas simbólicos valorativos, las costumbres y formas de pensar, si no también los elementos que imprimen sus características a las producciones del campesinado.

Las diversas estrategias que adoptan las familias campesinas para lograr la supervivencia y permanecer como grupo se van haciendo cada vez más complejas en la medida que también son mayores la limitaciones a que tienen que hacer frente, pero además porque estás no sólo están encaminadas a conseguir la reproducción física de la unidad productiva, sino la de un grupo portador de una cultura e identidad propia (Madera, 2006).

Por otro lado, la existencia de tradiciones culturales permite el afianzamiento del sentido de pertenencia a la localidad e impulsa la consolidación de las patrias chicas, como resultado de una relación peculiar entre el manejo del agroecosistema y la cultura, con las generaciones pasadas y con el modo de vida del lugar que se recrea ciclo tras ciclo (Madera, 2006).

Para Galeano (1986), las modificaciones culturales pueden ser generadas principalmente por los procesos de modernización que han traído consigo la segmentación cultural la cual esta correlacionada con los procesos de diferenciación socioeconómica que afectan al sector campesino, está segmentación no solo es provocada por los medios de comunicación sino también por las escuelas, debido a que los jóvenes campesinos, toman conocimiento de la cultura moderna en mayor o menor grado, la cual será gradualmente adoptada por este grupo social.

Esto podría concluir que la cultura campesina no es totalmente autónoma debido a que ésta, se encuentra determinada por el sistema social global de la que hace parte (Redfield, 1956).

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3.4 Dimensión política

Según García (1991) el campesinado tiene dos formas de enfrentarse con el tema político, una ideológica que muestra signos que permiten calificarle de derecha y una pragmática en la que optarán por fuerzas que van a defender lo mejor de sus intereses.

Los campesinos están por lo general de parte del poder, con tal de que éste no sea excesivamente reticente a sus demandas. Pueden ser críticos con él, e incluso no participar en su ideología, pero se someterán a él porque según ellos es el único valedor de sus intereses. García (1991) basándose en esto y citando a Almond y Verba (1970) define al campesino como un súbdito y no como ciudadano.

Los estudios colombianos, buscan descubrir un campesinado que no es pasivo, que es sensible al discurso revolucionario y que va en busca de la defensa de sus derechos (Escobar, 1985). El campesino es considerado en el país como un sujeto político colectivo que se hace evidente con las luchas sostenidas con las clases dominantes y con el estado (Gilhodes, 1974). La evidencia de la fuerza e importancia de estos movimientos, se le asigna a las invasiones de tierras, lo cual significó para ellos la expulsión de la comunidad política, fueron despojados de sus derechos como ciudadanos y quedaron fuera de la ley; esto trajo consigo que la sociedad empezará a estigmatizarlos como bandoleros, guerrilleros y finalmente como enemigos (Salgado, 2009).

3.5 Dimensión ambiental

La experiencia campesina o de las unidades familiares campesinas de la dimensión ecológica y el agroecosistema parten de su sabiduría, racionalidad, significados prácticos y formas de manejo mas sensibles al entorno natural e incluso social. Pero el desarrollo convencional ignora esta esencia y prácticamente aborda al sujeto separándolo de sus connotaciones ecológicas y sus relaciones con el mundo natural (Martínez, 2008).

Desde la perspectiva agroecológica, el campesinado es entendido, más que una categoría histórica o un sujeto social, como una forma de trabajar los recursos locales y de convivir con la naturaleza, reconociendo el carácter eficiente y conservacionista del campesino y su núcleo familiar, constituido como uno de los medios de transmisión de los saberes y prácticas de manejo tradicional de los recursos naturales (Madera, 2006). Muchas comunidades campesinas e indígenas, son más que individuos que conciben la tierra y la naturaleza en general, como un instrumento y medio de producción, siendo ante todo un bien simbólico, que se convierte en parte de la misma familia. De esta forma, su relación con ella no se basa en el poder para someterla, dominarla y depredarla, sino del respeto, amor y gratitud para tomar de ella justo lo necesario (Montoya, 1992), bajo una cierta “racionalidad ecológica en la producción campesina tradicional”, debido al carácter eficiente de la producción campesina pues basa sus fuentes esenciales en la energía humana y animal plasmada en el trabajo (Toledo, 1993). El campesino trata de producir para vivir, con base en valores y prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que se desarrollan respetando un equilibrio ecológico y social, llegando incluso a ser “custodia del medio ambiente”, pues entienden que el cuidado del medio ambiente posibilita la reproducción y sostenimiento de los recursos naturales y por lo tanto de la misma comunidad, respondiendo a su vez, a las características clásicas de la región (Barrett, 2000; Barbetta, 2012).

4. Ámbito organizacional

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La gran mayoría de los campesinos incluyendo los grupos étnicos indígenas o afroamericanos son estrictamente productores familiares o comunitarios; la relaciones existentes entre ellos están mediadas por el parentesco y por la vecindad, que son fundamentales para la circulación de mano de obra, tierra y capital. En la organización predominan los intercambios recíprocos basados en la lógica de la solidaridad, especialmente por las donaciones de alimentos (con y sin contraprestación) que les permite a algunos hogares afrontar crisis productivas que afectan la reproducción de los hogares más pobres. La organización colectiva es importante tanto para la obtención de objetivos comunes, como para la ayuda a hogares en situaciones críticas, algunos ejemplos son: la realización obras comunales como mejoras a vivienda o labores en los cultivos, establecimiento de parcelas colectivas para autoconsumo o venta; tiendas comunitarias; transporte comunitario entre otros (Torres, 2001; Forero 2003).

La explotación agrícola familiar además de ser una unidad esencial de acción social, en ella se desarrollan las necesidades básicas y los ritmos de vida de la familia campesina y la producción agrícola convirtiéndose en la unidad básica de vida económica. Desde este punto no se ve al campesino de una manera individualizada sino desde las relaciones establecidas con el resto de la población campesina (Moyano y Sevilla, 1978).

La producción familiar campesina tiene otro distintivo: para organizarla no se recurre a una división físico-territorial entre la residencia familiar y el lugar de producción. La unidad doméstica es al mismo tiempo la unidad productiva, donde se alternan las tareas de “producción” y de consumición para la “reproducción” de toda la familia y se toman las decisiones sobre ambas esferas.

La producción se organiza de acuerdo a las decisiones de la familia o de la comunidad y la división de tareas se realiza de acuerdo con su edad, sexo, jerarquías y con sus experiencias y conocimientos. Los productores campesinos están muy integrados al mercado, aunque la participación de la parte no monetaria también es esencial para su organización productiva (Forero, 2002) .

Desde la dimensión política las organizaciones campesinas son completamente heterogéneas desde el grado de organización, representación y capacidad; pero a su vez su autonomía y campo de acción es respetado (internamente). Esta forma de organización se caracteriza por ir en busca de la unidad, incluye demandas por desarrollo e integración y reconocimiento entre otras (PNUD, 2011).

Los movimientos campesinos en Colombia muestran una influencia de los partidos de izquierda, especialmente en la concientización; pero parece ser que su permanencia es muy momentánea. Esto puede deberse a que las características de estas organizaciones están inmersas en un marco político nacional que esta determinado por el clientelismo y el bipartidismo, además de la evolución de los partidos de izquierda (García, 1991).

El movimiento campesino no es netamente autónomo, pues su génesis esta determinada por el estado y por algunas clases dominantes. Según Ramírez (2001) desde el comienzo de los primeros movimientos, los campesinos están disputándose una política de reconocimiento y el derecho a tener derechos, incluyendo el de ciudadanía.

Dentro de estos movimientos, en Colombia encontramos las “Zonas de Reserva Campesina” que además de ser un instrumento jurídico para garantizar sus derechos a la tierra y seguridad, este incluye la necesidad de preservar los recursos naturales y evitar el deterioro ambiental, buscando así una forma de extracción sostenible, lo que iría articulado a los lineamientos del plan de desarrollo sostenible (ILSA, 2012).

Las organizaciones de campesinos y de minorías, se constituyen en un capital invaluable a la hora de

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fortalecer el sentido de la democracia y por consiguiente a construcción de políticas. Estas organizaciones son el capital político de una sociedad y son garantía para que las políticas como las instituciones respondan al desafío de la democracia; puesto que el capital político es garantía de equidad en la definición y ejecución de políticas (Solarte, 2006).

5. Enfoque de las actuales políticas públicas referentes al campesinado

En América Latina, como consecuencia de la apertura de los mercados y el modo en el cual los poderes nacionales orientan sus políticas bajo el eslogan del desarrollo, hoy en día, estas políticas se deciden de acuerdo con la demanda del mercado, lo que ha generado que la planificación de la inversión interna esté en función de los postores emergentes y que cada megaproyecto sea visto como la palanca que genera dicho desarrollo. De esta forma, no existe un ordenamiento real del territorio bajo consideraciones sociales y ambientales que guíen las políticas, por el contrario, se pretende que el crecimiento económico será consecuencia directa de la entrada del capital extranjero; a pesar de que durante estos años de supuesto desarrollo económico en América Latina la distribución de la riqueza ha sido excluyente y las ganancias nuevamente se han repartido entre las compañías y los grupos económicos nacionales (Weiner, 2011).

El desempeño actual de la actividad agropecuaria y rural es bajo e inestable, debido a que las políticas públicas sectoriales han hecho poco por superar los factores estructurales que aún sumen a la población rural en condiciones de vulnerabilidad, y afectan su desarrollo humano. Un desempeño adecuado del sector no solo es el resultado de políticas públicas bien orientadas y sin discriminaciones, también de una adecuación social y económica de la estructura agraria a las condiciones reales de los pobladores rurales y las exigencias del mercado, así como de objetivos de estabilidad en la sociedad rural y el cierre de las brechas entre lo rural y lo urbano (PNUD, 2011b).

En Colombia el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), parte de un enfoque territorial que reconozca las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos poblacionales y movilizar las capacidades de desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad y sus externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad regional, en búsqueda de reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población. Para ello se requiere definir incentivos en materia de localización de actividades productivas, de asignación de inversiones y recursos, y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales. El enfoque regional facilita la articulación de éste y con los futuros PND, con procesos de planificación territorial, lo cual contribuye al fortalecimiento de las relaciones Nación-territorio y al logro conjunto de los objetivos de crecimiento económico, ampliación de oportunidades sociales y buen gobierno (DNP, 2010).

Para el logro de dicha propuesta en el PND, se plantean ciertos mecanismos para su ejecución, y en lo referente al capitulo de y en este sentido el artículo 67, <Política de Desarrollo Rural y Agropecuario> se determina que “El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural serán los responsables de liderar y coordinar la formulación de la política general de desarrollo rural y agropecuario, de acuerdo con sus competencias, con base en criterios de ordenamiento productivo y social que permitan determinar las áreas prioritarias de desarrollo rural. Para tal efecto, identificarán el uso actual y potencial del suelo, ordenarán las zonas geográficas de acuerdo con sus características biofísicas, sus condiciones económicas, sociales y de infraestructura, lo que podrá ser empleado por los entes territoriales en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial en las zonas rurales de los municipios” (DNP, 2011).

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo “prosperidad para todos”, en su apartado 2.3 enumera las políticas publicas enfocadas a la agricultura y el desarrollo rural (tabla 2), las cuales se encuentran

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clasificadas con base en la multidemiensionalidad y los nexos existentes entre ellas (tabla 1).

Tabla 1. El desarrollo rural desde un perspectiva multidimensional y sus puntos de contacto tomado de: Sepúlveda (2003).

Tabla 2. Clasificación de las actuales políticas publicas con base en la multidimensionalidad y sus puntos de contacto (elaboración propia).

Dimensión Ambiental Social/ Cultural Económico Político

Ambiental

Proyectos especiales agropecuarios o forestales. Comis-ión de proyectos especiales de desarrollo agropecuario y forestal. Programa espe-cial para la reforestación.

Social/cultural Innovación tecnológica agropecuaria. Resguardos de origen colonial

Económico Vivienda de interés social

Subsidio integral de reforma agraria. Sub-sidio de energía para distritos de riego. Apoyos económicos y financiamiento (incentivos). Empre-sarización de actividades agropecuarias. Alianzas productivas. Ac-ceso a mercados.

Político Política de desarrollo rural y agropecuario Servicio de asistencia técnica integral.

En la tabla número dos se puede observar la matriz con la clasificación de las actuales políticas publicas presentadas tanto en el plan de desarrollo, como las formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cada una de las dimensiones; en las que al parecer están inclinadas en su mayoría, a un fuerte desarrollo económico, dejando a un lado la dimensión política, económica, cultural, ambiental y social, desconociendo de una u otra forma la importancia de ellas en el desarrollo rural y económico

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que pretende el país.A continuación se describe el objetivo principal de cada una de las políticas públicas formuladas para el 2010-2014.

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010-2014:

“Articulo 72 a. Proyectos Especiales Agropecuarios o Forestales. Autorización de actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para las Unidades Agrícolas Familiares UAF por el Incoder, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario o forestal que justifique la operación”.

“Articulo 72 b. Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Créase la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con el objeto de recibir, evaluar y aprobar los proyectos especiales agropecuarios y forestales, autorizar las solicitudes de los actos o contratos relacionados con estos proyectos cuando con ellos se consolide la propiedad de superficies que excedan 10 UAF, y de hacer el seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo aprobado y autorizado.

“Articulo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentacióndel Gobierno Nacional.

“Articulo 64. Subsidio de energía para distritos de riego. La Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego que utilicen equipos electromecánicos para su operación debidamente comprobado por las empresas prestadoras del servicio respectivo, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de Usuarios debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

“Articulo 65. Sistemas De trazabilidad. Con el fin de mejorar la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, prevenir prácticas ilegales en el comercio de los mismos, mejorar la información disponible para el consumidor y responder a los requerimientos del comercio internacional, el Gobierno Nacional, en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, reglamentará de acuerdo a su competencia, la implementación de sistemas de trazabilidad por parte del sector privado tanto en el sector primario como en el de transformación y distribución de alimentos, y realizará el control de dichos sistemas”.

“Articulo 66. programa especial para la reforestación. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, créase el Programa Nacional de Reforestación Comercial con el fin de aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la reforestación, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas”.

“Articulo 67. Política De Desarrollo rural y Agropecuario. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural serán responsables de liderar y coordinar la formulación

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de la política general de desarrollo rural y agropecuario, de acuerdo con sus competencias, con base en criterios de ordenamiento productivo y social que permitan determinar las áreas prioritarias de desarrollo rural.

“Articulo 68. Innovación tecnológica agropecuaria. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definirá una política de Innovación Tecnologíca Agropecuaria orientada a mejorar la productividad y competitividad de la producción”.

“Articulo 69. servicio De asistencia técnica integral. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Integral podrán ser entidades de carácter público, mixtas, privadas, comunitarias, solidarias, incluyendo instituciones de educación técnica, tecnológica y universitaria”.

“Articulo 70. De los resguardos de origen colonial. Durante la vigencia de la presente ley el Instituto Colombiano para el Desarrollo rural INCODER, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, reestructuctará los resguardos de origen colonial previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA u otras entidades”.

“Articulo 72. Descuento De la prima Del seguro agropecuario. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrá disponer que, para los créditos cuyo valor esté amparado por el seguro agropecuario al que se refiere la Ley 69 de 1993, el valor de la prima asumido por el productor, sea descontado total o parcialmente de la comisión del servicio de garantía del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, siempre y cuando el FAG figure como beneficiario del seguro”.

“Articulo 73. Subsidio de la prima del seguro agropecuario. Los subsidios a la prima del seguro agropecuario a los que se refiere la Ley 69 de 1993 se podrán financiar con cargo al Programa “Agro Ingreso Seguro – AIS” de que trata la Ley 1133 de 2007”.

Política de Desarrollo rural y Agropecuario. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Apoyos Económicos y financiamiento: Esta política está enfocada a proporcionar incentivos a diferentes sectores productivos en el país; como la política de “País maíz” ,la cual busca incentivar el almacenamiento para la producción de maíz.

• Empresarización de actividades agropecuarias: Está complementa la política sectorial de ciencia y tecnología, financiando actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico dirigidas a favorcer la competitividad del sector agropecuario.

• Oportunidades para la equidad rural: Política que incluye “viviendas de interés social para el sector rural”; “Mujer rural” cuyo objetivo es la generación de empleo y de ingresos tanto agropecuarios como no agropecuarios; “Tierras” el objetivo es la restitución de tierras a las victimas de despojo, “Atención a la población rural desplazada”y finalmente la creación de “Alianzas productivas”.

• Acceso a Mercados: Los cuales incluyen “Mecanismos públicos de administración de contigentes”, “Contingentes de importación y exportación”, “Negociaciones comerciales” y el “Sistema andino de franja de precios”.

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El Plan Nacional de desarrollo destaca las dos características mas importantes de la agricultura Colombiana, la primera de ellas es la gran importancia que tiene su participación en la economía del país y la segunda es su atraso productivo y laboral; además de reconocer el efecto del conflicto armado en las áreas rurales del país (Fajardo, 2011).

Sin embargo, en el actual modelo del desarrollo rural, existen ciertos rasgos negativos identificados por PNUD (2011a), dentro de los que se resalta que el modelo no promueve el desarrollo humano y hace a la población rural más vulnerada, es inequitativo y no favorece la convergencia, invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres siendo excluyente, no promueve una sostenibilidad real, es poco democrático y no afianza la institucionalidad rural, y finalmente concentra la propiedad, siendo uno de los principales factores causantes del conflicto interno.

Fajardo (2012) argumenta que el PND no difiere significativamente de los anteriores, cuyos resultados, reconocidos oficialmente se reflejaron en pérdida sostenida de áreas sembradas y participación del sector agropecuario en el PIB por debajo de los demás países de la región. Entonces, el actual Plan, cuyo eje es la competitividad pretende a través de agendas de innovación y adopción de enfoques productivos, la articulación de la economía campesina con la inversión privada y alianza con los grandes proyectos, apuntando de esta forma a la empresarización del los campesinos, como única ruta por la cual la economía campesina puede llegar a ser viable, además de conseguir la reducción de la pobreza. Por su parte, Solarte (2006) propone, que si las instituciones buscan promover la generación de empleo y con esto reducir la pobreza rural se debe examinar el entorno nacional e internacional, además del fortalecimiento de mecanismos de cooperación que faciliten la modernización de la agricultura y promover una institucionalidad que facilite la interacción de los actores de las cadenas agroproductivas, puesto que parte del problema de la pobreza se debe al escaso desarrollo de las instituciones y de las normativas que existen para enfrentarla.

El Plan Nacional pretende llegar al objetivo mediante el desarrollo de contratos en los cuales el pequeño productor pone su tierra a disposición de los proyectos a mediano plazo y recibiendo en canje una renta, lo cual se presume será la vía para que los pequeños productores se conviertan en empresarios. Siendo el acceso a créditos, la asistencia técnica y los nuevos mercados “el atractivo Principal de la propuesta”.

En este sentido la visión que se promueve desde el gobierno, privilegia la “flexibilización” del mercado de tierras, de modo que pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más “eficientes”, este uso eficiente de la tierra hace referencia a condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, lo que ha generado problemas conocidos de desplazamiento y acumulación de tierras en países como, Guatemala, Sudáfrica e India, haciendo progresivamente de la agricultura de gran plantación la única forma de producción en el campo, lo cual perjudica la agricultura y la economía campesina. De allí, que el Banco Mundial oriente la política de tierras resolviendo el problema de la tenencia de la tierra y respectiva formalización de la propiedad (Álvarez 2012).

De esta manera, el agregado de conflictos considerado hasta ahora ofrece causalidades enraizadas en distintos momentos de la configuración de la sociedad nacional, con diferentes encadenamientos y ámbitos de influencia. La búsqueda de soluciones a los distintos problemas generados (vulnerabilidad alimentaria, insatisfacción de necesidades básicas, desconocimiento de derechos elementales de las comunidades y los individuos, desplazamiento, concentración en la propiedad de la tierra y destrucción del patrimonio ambiental entre otros) ha de orientarse hacia la ocupación racional del territorio y el acceso equilibrado a sus recursos, integrando el bienestar general de la población, constituido primordialmente por la seguridad alimentaria, los servicios básicos, la generación de empleo e ingresos y la construcción de las condiciones objetivas para democratizar la representación política y la equidad (Fajardo, 2012).

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Por ello, el diseño de las políticas públicas requiere de mecanismos de participación y de alianzas que permitan a los campesinos contribuir en la definición de políticas que comprometen su bienestar y su futuro, debido a que no es recomendable, dentro de los postulados del desarrollo humano y el desarrollo rural, construir políticas para un sector tan vulnerable sin tener en cuenta sus proyectos y aspiraciones como ciudadanos dignos en una sociedad que apunta a una prosperidad con modernidad (PNUD, 2011b).

Además no hay que olvidar que la equidad debe ser la guía maestra de estas políticas en materia de desarrollo rural y el objetivo buscado debe ser el reconocimiento social y político de los campesinos como actores sociales, con derechos que les garanticen el ejercicio de su voz en los escenarios de representación política y su inclusión en los proyectos de desarrollo nacional. Siendo el principal desafío para el Estado y la sociedad la incorporación de las economías familiares campesinas a los procesos de modernización, sin afectar su identidad y destruir su cultura, donde el pricipal desafío para el gobierno y la sociedad es la incorporación de las economías familiares campesinas a los procesos de modernización, sin afectar su identidad y destruir su cultura (Weiner, 2011, PNUD, 2011b).

Una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial debe abordar de manera integral la problemática rural, considerando especialmente las grandes diferencias en los desarrollos relativos que se dan entre territorios y que generan grandes desequilibrios regionales (INCODER, 2012). Teniendo en cuenta la problemática base de la cual no solo Colombia sino en su mayoría América Latina han sido escenario, que se puntualiza principalmente en el desplazamiento forzado, concentración en la propiedad de la tierra, uso inadecuado de los recursos productivos y condiciones de pobreza del sector rural (Fajardo, 2002; CEPAL, 2003; Wiener, 2011).

Según el PNUD (2011b), existe un abanico de medidas, estrategias, instrumentos y acciones del Estado y de la sociedad para incorporar al campesinado a los proyectos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. El Informe de Desarrollo Humano considera las más relevantes:

• Transición gradual y libre de las economías familiares rurales: Esta propuesta pretende superar la pobreza partiendo de la idea que los sistemas productivos deben generar excedentes, lo que les permitirá avanzar a economías mas comerciales, sin olvidar el uso sostenible de los recursos naturales. Una vía adecuada es adoptar el enfoque de desarrollo rural con enfoque territorial, pues es en el territorio, y no solo en la unidad productiva, donde se abren las posibilidades de ubicación, eso mediante el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina que se articulen a los mercados, avancen en acuerdos regionales y zonales de ordenamiento territorial, y contribuyan a controlar la concentración de la tierra y de los recursos productivos.

• Desarrollo rural: acceso a activos, capacidades y talento humano: Está propuesta se desarrolla mediante la intervención directa del Estado en la estructura de tenencia de la tierra, además de la creación de mecanismos de mercado, subsidios a la compra y provisión de créditos que promuevan la desconcentración de este activo fundamental de la sociedad rural.

• Fortalecimiento de Zonas de Reserva Campesina: Son necesarias para que las economías familiares avancen en la superación de los niveles frágiles de subsistencia, además de ser un mecanismo para avanzar en sistemas productivos sostenibles y en equilibrios con el medio ambiente.

• Comercialización y desarrollo de mercados: Esta idea se basa en el desarrollo de empresas donde los mismos productores sean socios del negocio, en coberturas regionales y nacionales, y para lo cual se requiere empoderamiento de las comunidades rurales, fomentando así su autonomía y liderazgo, haciéndolas participes de su destino (solarte, 2006) y fomentando la organización,

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siendo los sistemas de cooperación los mas convenientes. Esto sin desatender el desarrollo de mercados locales de productos del sector rural en ámbitos territoriales.

• Desarrollar y fortalecer la institucionalidad: Este es un tema central en el mejoramiento de la situación del campesinado y la superación de la pobreza; puesto que el mayor vacío se encuentra en la institucionalidad pública que viene de un proceso de enorme deterioro; pues los acontecimientos que vienen sucediendo en América Latina y en el país demuestran la fragilidad de su institucionalidad y la necesidad, cada vez más urgente, de crear un sistema que verdaderamente recoja los intereses de la gente y conduzca sus necesidades de manera eficaz (Solarte, 2006), pues las sociedades rurales y las poblaciones más vulnerables no avanzarán si no cuentan con buenas instituciones.

Esto es por que la institucionalidad es uno de los componentes esenciales de la territorialidad y con esto se abre la posibilidad de construir sentidos de pertenencia. Estas deben caracterizarse por su flexibilidad, pero con una alta capacidad de adaptación a escenarios de gran incertidumbre; puesto que deben tener la capacidad de reconocer las diferencias y propiciar escenarios de solución a problemas como la pobreza, la violencia, la depredación y el estancamiento (Solarte, 2006).

• Protección social y manejo de riesgos: Este en un proyecto el cual tiene en cuenta las políticas de asentamiento de la población, para así reubicar poblados ubicados en zonas de alto riesgo; adicional a esto se parte de un análisis y reflexión permanente sobre los futuros impactos del cambio climático.

• Seguridad alimentaria: El potencial en la producción eficiente de alimentos a pequeña y mediana escala puede consolidarse con programas de seguridad alimentaria y nutricional que fortalezcan la producción familiar con sistemas sostenibles y la articulación de la producción campesina especializada de alimentos a los programas públicos y privados de alimentación y nutrición de orden local, regional y nacional, con el fin de desarrollar sistemas de comercialización más modernos y equitativos.

• Agroecología y producción sostenible: La creación de conciencia social e institucional y urbana da un paso en el reconocimiento del valor y la calidad que tienen los productos que hacen un trato adecuado y justo con la naturaleza, así se habrá dado un paso cierto en la vía del reconocimiento del trabajo campesino.

Al parecer existen aun varios desafíos y cambios que debe realizar el estado y la sociedad para incorporar de manera real y eficiente la economía familiar campesina a los procesos de modernización que pretende el actual Plan de Desarrollo. Además de lo anterior es importante que tanto el estado y la sociedad no desconozcan que estos procesos de cambio no pueden afectar la identidad y cultura del campesinado, por ello, el diseño de la política pública requiere de mecanismos de participación y de alianzas que permitan a los campesinos ser participes de la creación de las políticas que les competen.

Para lograr esto según Solarte (2006) es necesario producir cambios en la manera de ver políticamente a los pequeños productores, campesinos o comunidades; por esto el autor propone el termino de ciudadanía rural, la cual es “vista así como un tránsito acercamiento al carácter de los pobladores de los espacios urbanos y los de los espacios rurales”,con el fin de reconstruir una identidad, con el territorio de aquellos que han sido tradicionalmente excluidos del desarrollo recuperando la ciudadanía en zonas rurales y de búsqueda de una dignidad que es necesaria para la construcción de una sociedad de equidad y justicia convirtiéndose en una opción para reducir la pobreza rural.

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6. Conclusiones

El campesinado es la población que opera en unidades de producción y consumo de tipo familiar y cuyos ingresos dependen de dicho trabajo en la agricultura y en actividades conexas. Se diferencia de los productores capitalistas por usar la mano de obra de los miembros de la familia para una producción, esencialmente, de subsistencia. se podría visualizar al campesino como una forma de producción en la sociedad rural que no ha desaparecido pero que se ha transforma en su concepto, debido a que este es cambiante en cada periodo histórico y a la políticas públicas generadas en el campo rural. Las pocas oportunidades de empleo, entre otras, el desplazamiento forzado, la incapacidad del pago de deudas adquiridas con los sectores financieros, los ha llevado a un proceso de proletarización casi interminable; la falta de valoración y reconocimiento no han permitido establecer sus derechos en general y evidenciar su ciudadanía, lo que conlleva a no hacerlo participe de la distribución de activos.La políticas públicas no responden a sus necesidades y para lógralo es necesario lograr un equilibrio en la sociedad rural, lo que implica reconocer sus valores, capacidades, su importancia económica, social, política, cultural y ambiental; además de brindarse oportunidades de inserción en el desarrollo nacional.

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