7/21/2019 Ana Botella Responder Ante La Justicia Por La Venta de Viviendas Sociales a Fondos Buitre _ PostDigital

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Noosfera

Si eres valenciano y votas al PP es que eres tonto

Publicado:Lunes 14/07/2014

Autonomas/ Destacadas/ Viral Postdigital| Por Redaccin

Ana Botella responder ante la Justicia por laventa de viviendas sociales a fondos buitre

El desmantelamiento del parque pblico de vivienda que ha estado llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid,

vendiendo a fondos privados extranjeros las viviendas sociales con residentes, responder ante los tribunales.

El PSOE denunciar al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo(EMVS) como responsables de un presunto delito de malversacin de fondos pblicos y de sustraccin de

cosas a su utilidad social por la venta de 1.860 viviendas de la sociedad municipal a un fondo buitre.

As lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el

portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, al sostener que est operacin supone una ilegalidad y

tiene que ser parada por injusta.

Lissavetzky ha explicado que la denuncia se presentar previsiblemente este martes en un juzgado de

instruccin y se basa en la posible comisin de estos dos delitos tipificados en el Cdigo Penal, pues la

enajenacin de realiz sobre precios muy inferiores al valor que tienen en el mercado y por la venta de

bienes con funcin social (fundamentalmente alquiler social) para que un ente privado haga negocio conestas viviendas a costa de los inquilinos.

Lissavetzky ha apuntado que el Ayuntamiento y la EMVS habran incurrido en un presunto delito de

malversacin de caudales pblicos al vender unos inmuebles, que se construyeron con el erario pblico,

con precios que oscilan entre 65.000 y 70.000 euros, lo que supondra una prdida del 30 por ciento sobre

el valor que tendra los pisos.

Aparte, ha relatado que son viviendas pblicas construidas tambin en suelo pblico con una utilidad

social y que, para solventar la situacin de deuda de la empresa municipal, salen a la venta. Ello implicara

un delito de sustraccin de cosas a su utilidad social (artculo 289 del Cdi o Penal). Adems, en su

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Lissavetzky ha apuntado que el Plan de Viabilidad diseado para la EMVS se enmarca en el frenes

vendedor de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para saldar las cuentas con los bancos, algo que le

interesa mucho ms que los ciudadanos. Aparte, ha apuntado que ha tratado de parar la operacin en el

consejo de administracin de la EMVS y en comisin municipal por injusta e ilegal y que, ante la

negativa del Ayuntamiento, han tenido que recurrir a la va judicial.

Por su parte, el letrado del grupo municipal socialista, Jos Mara Bentez de Lugo, ha explicado que la

frmula que han elegido es la denuncia ante el juzgado para que sea ste rgano, en la fase de instruccinsi admite la denuncia, el que determine concretamente las personas presuntamente responsable de la

comisin de ambos delitos.

Tambin ha avanzado que la Asociacin de Afectados por la Venta de Vivienda Pblica de la EMVS

estudia tambin interponer una querella contra el proceso y ha recordado que el tipo de sustraccin de

cosas a su utilidad social no es muy frecuente pero que existe una sentencia del Tribunal Supremo al

respecto que precisamente se cie en la funcin social del alquiler.

La alcaldesa minti: el nuevo dueo practica la usura y el acoso

Mientras, el edil socialista Gabriel Calles ha dicho que Botella minti cuando dijo que con la entrada de

un fondo de inversin slo cambiaba el casero y ha aseverado que dicho fondo practica la usura,

desplegando adems acoso e incluso amenazas a los inquilinos para imponerles nuevas condiciones.

La portavoz de la asociacin de afectados, Arancha Mejas, ha aseverado que tienen constancia de que la

empresa que gestiona los pisos, Fidere, les va a subir el alquiler y les triplicar el coste de la comunidad.

Tambin ha aseverado que se producen lanzamientos sin que el Ayuntamiento haga nada.

Por otra parte, Lissavetzky ha criticado que Botella y el exalcalde Alberto Ruz Gallardn hayan utilizado

la EMVS para centrifugar deuda y que ahora, para solventar la difcil situacin que atraviesa la empresa,

se tengan que desprenderse de bienes que hacen una funcin social.

Lissavetzky ha tildado la operacin de locura y ha comentado que hay sospechas de irregularidades en

el proceso, puesto que la gestin la lleva una empresa con un capital de 3.002 euros cuando a las

Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin Inmobiliaria (SOCIMI), expertas en este tipo de gestin, se

les exige al menos 5 millones de euros de capital.

La nica manera de que salgan las desvergenzas a la luz es as ha espetado el portavoz socialista para

quien el Ayuntamiento, con esta operacin, puede echar a la calle a inquilinos que llevan muchos aos

en estas viviendas. (Postdigital/Agencias)

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