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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019. QUEJOSO Y RECURRENTE: **********. TERCERO INTERESADO Y RECURRENTE ADHESIVO: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA “ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES”.
MINISTRO: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: SALVADOR OBREGÓN SANDOVAL. ELABORÓ: JAZMÍN GABRIELA MALVÁEZ PARDO.
Ciudad de México, acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, del día *** de **** de dos mil veinte.
VISTOS los autos del presente juicio de amparo en revisión, para
el dictado de sentencia, y
RESULTANDO
PRIMERO. Juicio natural. Por escrito presentado el veintidós de
octubre de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes Común de Juntas
Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, **********, por
conducto de su apoderado legal promovió juicio laboral en el que
demandó del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los
Reyes”, sustancialmente, la reintegración del actor en el cargo de Jefe
de Departamento de Adquisiciones, así como reubicación y
reasignación de funciones y pago de diferencias salariales, entre otras
prestaciones.
En los hechos de la demanda, el trabajador manifestó que laboró
para el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los
Reyes”, organismo público descentralizado de carácter federal, desde
el día dos de agosto de mil novecientos noventa y ocho; que el último
cargo que ocupó fue el de **********, adscrito en la Subdirección de
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Recursos Materiales y Conservación; por otra parte refirió que el quince
de septiembre de dos mil catorce, el Instituto demandado, por conducto
del Director de Administración y Finanzas, de forma unilateral, lo privó
del cargo y las funciones que desempeñaba, para adscribirlo al
Departamento de Capacitación y Desarrollo, con un nivel de **********;
reduciendo con ello su salario de $********** (********** pesos
**********/100 M/N) quincenales, a $********** (********** pesos
**********/100 M/N) por quincena. El demandado adujo que la
modificación de las condiciones de trabajo fue a razón de la pérdida de
la confianza y opuso las excepciones de falta de acción y derecho y la
de prescripción.
El juicio se radicó en la Junta Especial Número Quince de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje con el número de expediente laboral
**********.
El uno de octubre de dos mil dieciocho, la referida Junta emitió
laudo en el que declaró improcedente la acción y absolvió al instituto
demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. En
ese sentido, sostuvo que se acreditó la pérdida de confianza y, por tal
razón, se le modificaron sus condiciones de trabajo, de una plaza de
confianza a una de base, pues el actor se había hecho acreedor a
diversos extrañamientos generados por diversos motivos, derivados de
su desempeño laboral, conductas contrarias a la visión, misión,
objetivos y metas institucionales, así como contrarias a la práctica del
buen servidor público; además que también había sido sujeto a diversos
procesos de investigación realizados por el Órgano Interno de Control
del referido instituto, lo cual hizo depender de los comunicados de ocho
y nueve de julio de dos mil trece; el primero en el que el trabajador
solicita la reserva de su plaza por estar ocupando provisionalmente una
de Jefe de Departamento; y el segundo, en respuesta a dicha solicitud;
así como el acta administrativa del uno de abril de dos mil nueve en la
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que se hizo constar que el dieciocho de marzo de
dicha anualidad, el actor agredió física y moralmente
al Supervisor Institucional de Limpieza del instituto
demandado.
SEGUNDO. Juicio de amparo. Inconforme con la sentencia,
mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil
dieciocho ante la Oficialía de Partes Común de las Juntas Especiales
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, **********, por conducto
de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia
Federal; señaló como tercero interesado al Instituto Nacional de
Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”; como derechos
fundamentales violados invocó los previstos en los artículos 14, 16, 17
y 123, todos de la Constitución General, y expresó los conceptos de
violación conducentes.
La demanda de amparo se turnó al Décimo Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo Presidente
mediante auto de seis de febrero de dos mil diecinueve admitió la
demanda de amparo y la registró con el número de expediente **********.
El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se admitió el amparo
adhesivo presentado por la apoderada legal del Instituto Nacional de
Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, tercero interesado, y se
ordenó correr traslado al quejoso.
En sesión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el Décimo
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
emitió resolución que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra acto de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente
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laboral **********, seguido por el ahora quejoso contra el INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA “ISIDRO ESPINOZA DE LOS REYES”. SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el amparo promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA “ISIDRO ESPINOZA DE LOS REYES”, contra acto de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral **********, seguido por **********, contra el ahora quejoso adherente”.
TERCERO. Recurso de revisión. En contra de la sentencia
pronunciada, el quejoso, por conducto de su apoderado interpuso
recurso de revisión.
Por acuerdo de Presidencia de este Alto Tribunal, de uno de julio
de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el medio de defensa.
El veinte de agosto de dos mil diecinueve, esta Sala se avocó al
conocimiento del asunto y ordenó fuera turnado el expediente a la
Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el cinco de septiembre de dos mil
diecinueve, se tuvo por admitida la revisión adhesiva interpuesta por el
tercero interesado.
Finalmente, por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, con
fundamento en los artículos 17, párrafo segundo y 25, fracción I, de la
ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 95
del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, los autos fueron
returnados al Ministro Alberto Pérez Dayán.
CUARTO. Publicación. El proyecto de sentencia con el que se
propone resolver el presente asunto fue publicado dentro del plazo y
con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de
Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de normas
generales; y,
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CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para
resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los
artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; Puntos Primero
y Segundo del Acuerdo General 9/2015, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el doce de junio de dos mil quince; y Punto Segundo,
fracción III, del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión
principal se presentó de manera oportuna, pues se hizo ante la Oficina
de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia
de Trabajo del Primer Circuito, dentro del plazo de diez días hábiles, de
conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo.
Lo anterior, tomando en cuenta que la sentencia de amparo fue
notificada por lista el viernes 24 de mayo de 2019,1 surtiendo efectos el
lunes siguiente, por tanto, el término para la interposición del recurso de
revisión transcurrió del martes 28 de mayo al lunes 10 de junio de 2019;2
ahora bien, si el recurso se presentó el 10 de junio de 2019, es evidente
que su presentación resulta oportuna.
Además, el escrito de revisión fue interpuesto por parte legitimada,
toda vez que el pliego de agravios lo firmó **********, apoderado legal
del quejoso, quien tiene debidamente reconocido tal carácter, como se
1 Visible a foja 77 del juicio de amparo. 2 Ello descontando los días inhábiles 1, 2, 8 y 9 de junio, de 2019, por
corresponder a sábados y domingos.
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advierte del proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitido
por el Presidente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito (fojas 18 a 19 del juicio de amparo).
Por su parte, la revisión adhesiva también se presentó de
manera oportuna, pues se hizo, ante la Oficina de Certificación Judicial
y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro
del plazo de cinco días hábiles que establece el numeral 82 de la ley de
la materia, a partir de la notificación del auto de 1 de julio de 2019,
dictado por el Ministro Presidente, en el que se tuvo por admitido el
recurso de revisión.
En dicha tesitura, si se considera que el martes 27 de agosto de
2019, se notificó por oficio dicho acuerdo,3 surtiendo efectos el 28 del
mismo mes y año; entonces, el plazo para la interposición de la revisión
adhesiva transcurrió del jueves 29 de agosto al miércoles 04 de
septiembre de 2019;4 por lo tanto, si el escrito correspondiente se
presentó el 21 de agosto de 2019, es oportuna su interposición.
Lo anterior, sin que obste el hecho que se haya interpuesto incluso
antes de que comenzara a correr el término para ello, de conformidad
con la jurisprudencia 2a./J. 16/2016 (10a.), emitida por esta Sala, de
rubro: “RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN
RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL
CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO”.5
3 Véase la Foja 269 del juicio de amparo. 4 Ello descontando los días inhábiles 31 de agosto, de 2019 y 1 de septiembre por ser sábado y domingo respectivamente. 5 Cuyo texto es el siguiente: “El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 10 días, y acorde con el diverso 22 de la misma ley, donde se precisan las reglas para el cómputo de los plazos en el juicio de amparo, en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, de la interpretación de ambos preceptos se concluye que, al fijar un plazo para la interposición del recurso, el legislador quiso establecer
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Aunado a lo anterior, el escrito de revisión
adhesiva fue interpuesto por parte legitimada, toda vez
que el pliego de agravios lo firmó **********, apoderado
y representante legal del tercero interesado, quien tiene debidamente
reconocido tal carácter, como se advierte del proveído de cuatro de
marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Presidente del
Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito (fojas 45 a 46 del juicio de amparo).
TERCERO. Conceptos de violación. La parte quejosa —ahora
recurrente— hizo valer, en síntesis, los siguientes conceptos de
violación:
Primero. El laudo carece de congruencia y exhaustividad,
puesto que la autoridad responsable se encontraba impedida
para analizar la excepción de la pérdida de confianza, toda vez
que el instituto demandado omitió precisar los hechos y
circunstancias en las que apoyó la misma, pues en la
contestación de demanda refiere que hubo diversos procesos
de investigación realizados por el Órgano Interno de Control, lo
cual no se compadece con las pruebas documentales
ofrecidas, que consistieron en diversos oficios y un acta
administrativa que contienen hechos distintos a los narrados en
dicha contestación.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.
156/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala, de rubro: “AVISO
DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL PATRÓN DEBE
ESPECIFICAR EN ÉL SUCINTAMENTE LOS HECHOS QUE
CONSTITUYEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINAN Y LAS FECHAS EN
QUE TUVIERON LUGAR, ASÍ COMO LA DE AQUELLA EN QUE HABRÁ
un límite temporal a las partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley”. Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Décima Época. Segunda Sala. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I. Página 729. Registro 2011123.
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DE SURTIR EFECTOS”;6 máxime que las circunstancias
contenidas en tales documentales, se referían a hechos
acontecidos a más de un año anterior a la pérdida de la
confianza, por lo tanto, rebasan el plazo de un mes establecido
en el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo.
Segundo. Aunado a lo anterior, de conformidad con criterios
jurisprudenciales 2a./J. 95/2007 y 2a./J. 68/2001, emitidos por
el Alto Tribunal, de rubros: “TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL
PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA
Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE
EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN
INJUSTIFICADO EL DESPIDO”7 y “AVISO DE RESCISIÓN DE LA
6 Cuyo texto es el siguiente: “El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, al señalar que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión, prevé una obligación tendente a posibilitar que el trabajador conozca oportunamente las causas del despido y cuando considere que es injustificado, pueda acudir a los tribunales laborales sin que se vea sorprendido e indefenso en el juicio correspondiente. De ahí que el aviso de referencia deberá contener, además de la mención de la causa o causas jurídicas, la fecha a partir de la cual tendrá efectos la rescisión; la referencia sucinta de las causas fácticas, hechos o conductas que actualizan precisamente los supuestos legales de que se trate y la fecha en que se cometieron, pues de otra forma aquél no cumpliría con su propósito. La importancia de señalar no sólo la fecha de expedición del aviso de rescisión de la relación laboral y de la en que surtirá efectos la rescisión (en caso de ser distintas), sino también la relativa a la en que se cometieron las conductas, radica en que conforme al artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores; por consiguiente, en el citado aviso no es obligatorio describir los hechos con todo detalle, sino que es suficiente con que se haga una referencia sucinta de ellos para que el trabajador tenga certeza de la causa o causas fácticas que se le atribuyen para rescindir la relación laboral, haciéndose la salvedad de que esa cuestión resultará a la postre innecesaria cuando reconozca haber realizado las conductas que motiven la terminación de la relación laboral”. Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Décima Época. Segunda Sala. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II. Página 1429. Registro 2005358. 7 Cuyo texto es el siguiente: “El segundo párrafo del numeral 185 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el trabajador de confianza puede ejercer las acciones previstas en el Capítulo IV del Título Segundo de la propia Ley, en el cual está inmerso el artículo 48, que prevé las relativas a la reinstalación o indemnización a favor del trabajador que considera haber sido objeto de un despido injustificado. Así, para que un trabajador de confianza esté en condiciones de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, es necesario que conozca la fecha y causa por la cual se le rescindió la relación laboral, y para ello debe dársele el aviso respectivo por escrito, pues conforme al artículo 47, el patrón está obligado a darlo a los trabajadores en general, sin distinguir si son o no de confianza, y como donde la ley no distingue no puede hacerlo el juzgador, se concluye que el patrón debe dar al trabajador de confianza el aviso escrito de la fecha y causa de la rescisión de la relación, y si no lo hace, ese
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RELACIÓN LABORAL. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO
PROCESAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO, QUE DEBE
SER ANALIZADO OFICIOSAMENTE POR LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE”;8 así como la tesis aislada:
“TRABAJADOR DE CONFIANZA REMOVIDO, SIN CAUSA
JUSTIFICADA, A SU PUESTO DE BASE ORIGINAL”;9 tratándose de la
pérdida de confianza, el empleador está obligado a entregar al
trabajador el aviso por escrito de la causa de rescisión de la
relación laboral, además, debió probar la causa prevista en el
artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la pérdida
razonable de la confianza y separarlo sin responsabilidad o
solo hecho bastará para considerar injustificado el despido”. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, Mayo de 2007. Página 1181. Registro 172293. 8 Cuyo texto es el siguiente: “Si se toma en consideración, por un lado, que el aviso a que se refiere la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es un deber jurídico ineludible del patrón, ya que tiene la finalidad de que el trabajador conozca de manera cierta la fecha y las causas que motivaron la rescisión de la relación laboral y pueda ejercer las acciones que considere pertinentes y por otro, que el incumplimiento de ese deber tiene como consecuencia que opere en su contra la presunción legal de que el despido fue injustificado, es indudable que dicho aviso constituye un presupuesto procesal de la justificación del despido, que debe ser analizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje oficiosamente; de aquí que si un trabajador demanda la reinstalación o la indemnización por considerar que fue despedido injustificadamente, y el patrón se excepciona aduciendo que la rescisión de la relación laboral fue justificada, a éste corresponderá demostrar tal hecho, para lo cual es menester que acredite, en principio, que dio el aviso como se indica en el primer numeral citado, de manera que no es indispensable que el actor reclame en su demanda la omisión del patrón de entregar el aviso para que esa cuestión forme parte de la controversia en el juicio natural en términos del artículo 784 de la propia ley, pues basta para considerarlo así que el demandado alegue en su favor la justificación del despido. No obsta a lo antes expuesto el hecho de que conforme a lo dispuesto en el diverso precepto 872 de la ley señalada, el trabajador deba expresar en su demanda los hechos constitutivos de su acción de reinstalación o indemnización basado en un despido injustificado, especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten y que a su juicio sean demostrativas de su acción, pues esta obligación no puede llevarse al extremo de exigirle que mencione hechos negativos que no tiene por qué saber, ya que los trabajadores, por lo general, carecen de un asesoramiento legal adecuado para la defensa de sus intereses”. Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Novena Época. Segunda Sala. Tomo XIV, Diciembre de 2001. Página 222. Registro 188290. 9 Cuyo texto es el siguiente: “La decisión de la empresa demandada de privar al trabajador del puesto de confianza que venía ocupando y regresarlo al puesto de base que con anterioridad ocupaba, sin que al respecto existiera causa o motivo de rescisión del tipo de relación laboral primeramente citado, entraña incumplimiento del contrato de trabajo que sostenían actor y demandado, lo cual hace procedente la reclamación de reinstalación y del pago de salarios caídos”. Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época.
Cuarta Sala. Volumen 121-126, Quinta Parte. Página 89. Registro 243295.
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bien, devolverlo a su plaza de base y de no ser así, como es el
caso, entonces deberá considerarse como una causa
injustificada; además que la falta de aviso impide a la Junta
analizar los hechos que se le imputan al trabajador.
Por su parte, el quejoso adhesivo se dolió fundamentalmente de
que fue incorrecto que la responsable le haya arrojado la carga de la
prueba sobre la modificación de las condiciones de trabajo del actor, en
lugar de que fuera el actor el obligado a probar los hechos en los que
fundó su acción. Asimismo, se quejó de que se le hayan desechado los
medios de perfeccionamiento de diversas pruebas documentales,
máxime que la responsable se encuentra obligada a dictar las medidas
necesarias para realizar el análisis de documentos, reconocimientos y
diligencias para el esclarecimiento de la verdad, responsabilidad que no
es delegable a las partes.
CUARTO. Consideraciones de la sentencia. La sentencia de
amparo, por su parte, negó el amparo principal y declaró sin materia el
adhesivo, de conformidad con las siguientes consideraciones:
Resulta inoperante el segundo concepto de violación, toda vez
que no es obligación para el patrón dar el aviso de rescisión a
que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo,
puesto que la relación laboral entre el actor y el instituto
demandado se rige por el Apartado B del artículo 123
Constitucional; y por tanto, le aplica la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, que contempla en sus
artículos 5 y 8, que los trabajadores de confianza, como es el
caso, carecen de estabilidad en el empleo; por tanto, el patrón
equiparado, no se encontraba obligado a probar que entregó el
citado aviso de rescisión, puesto que tal presupuesto procesal
rige para las relaciones laborales previstas en el Apartado A del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ello es así, porque el diecinueve de abril de mil novecientos
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ochenta y tres, se publicó, en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto de creación del Instituto
Nacional de Pediatría, como organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios; determinando en el artículo 14 que las relaciones de
trabajo del instituto se regirán por la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado B del artículo 123 constitucional y su personal estará
dentro del régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y en el
artículo 15 de ese mismo decreto se consignó que serán
trabajadores de confianza el Director General y los demás que
desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5 de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
Posteriormente, el dos de agosto de mil novecientos
noventa y ocho [(sic) lo correcto es mil novecientos ochenta y
ocho], se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto del Instituto Nacional de Perinatología, que en sus
artículos 1, 2, 22 y 23, se desprende que se trata de un
organismo público descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios; cuyas relaciones laborales
serán regidas por el Apartado B del artículo 123
Constitucional; y que serán considerados trabajadores de
confianza, entre otros, los Jefes de Departamento, como
es el caso de análisis.
Los citados preceptos, se reproducen literalmente:
“ARTÍCULO 1º. El Instituto Nacional de Perinatología creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1983, se regirá en cuanto a su organización y funcionamiento conforme a las disposiciones de este instrumento”.
“ARTÍCULO 2º. El Instituto es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.”
“ARTÍCULO 22. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal continuará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
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los Trabajadores del Estado”. "ARTÍCULO 23. Son trabajadores de confianza el Director General,
Directores, Subdirectores, Jefes de División, Jefes de Departamento, Jefes de Servicio y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de a Ley Federal de los Trabajadores del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional”.
Derivado de lo anterior, se dijo en la sentencia que el
citado aviso no constituye un presupuesto procesal de la
justificación de la separación del puesto de confianza, por
la pérdida de la misma, que debiera ser analizado de
forma oficiosa por la autoridad responsable, pues ello sólo
aplica para el apartado A, del artículo 123 de la Carta
Magna; y en consecuencia, no constituye un agravio que
cause perjuicio al quejoso la falta de observación del
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
En otro apartado, se declara infundado el planteamiento
vertido por el quejoso tocante a que el instituto
demandado debió probar la causa razonable de la pérdida
de la confianza, de conformidad al artículo 185 de la Ley
Federal del Trabajo para poder devolverlo a su plaza de
base; puesto que como ya se dijo, no le resulta aplicable
dicho ordenamiento, sino la ley burocrática, y en ésta, los
trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el
empleo, de ahí que sea irrelevante probar los motivos de
tal pérdida para que el patrón equiparado separe al
trabajador del puesto cuestionado.
Por otra parte, respecto al concepto de violación en el que
se tilda el laudo de incongruente porque la Junta se
encontraba imposibilitada para analizar la pérdida de la
confianza por haberse opuesto de manera deficiente por
no señalare circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que apoyara la misma; y que los documentos exhibidos
por el instituto demandado se refirieran a hechos diversos
a los supuestos procesos de investigación, realizados por
el Órgano Interno de Control, resulta inoperante.
Ello porque un trabajador de confianza de un organismo
descentralizado de carácter federal, que siempre se ha
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regido por la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, no tiene derecho al beneficio
de estabilidad en el empleo previsto en el
Apartado A, del artículo 123 constitucional; y el hecho de
que la controversia se haya dirimido por una Junta
Federal, al tratarse de un organismo descentralizado, ello
no tiene el alcance de modificar las relaciones jurídicas
durante el tiempo que duró la relación laboral.
Por lo tanto, si el actor perteneciente a un organismo
descentralizado federal, laboró bajo el régimen del
Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, carece
de acción para demandar la reincorporación a su plaza de
confianza como Jefe de Departamento; siendo irrelevante
que no se le hayan hecho saber las causas de la pérdida
de la confianza y que se hayan probado o no.
Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2012 (10a.),
emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal de
rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL
RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO”.10
10 Cuyo texto es el siguiente: “Conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", un trabajador de un organismo descentralizado de carácter federal, cuya relación laboral siempre se ha regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tiene derecho a los beneficios por antigüedad establecidos en los dos apartados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal extremo no está previsto en ninguna norma constitucional o legal, y tampoco puede apoyarse en la jurisprudencia P./J. 1/96, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", toda vez que tal criterio no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral. Por tanto, si un trabajador de un organismo descentralizado federal laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo”.
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En cuanto al amparo adhesivo promovido por el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora, el Tribunal Colegiado determinó
declararlo sin materia, al considerar que si la finalidad del
amparo adhesivo no es otra que la subsistencia del laudo;
y en virtud de la negativa de amparo al quejoso, quedaba
firme el mismo; por ende, otorgó la calificativa en comento,
pues sostuvo que el amparo adhesivo no cuenta con
autonomía y sigue la suerte del principal.
QUINTO. Agravios. La parte inconforme expuso, en síntesis, los
siguientes agravios:
I. Son inconstitucionales los artículos 14 y 15 del Decreto
presidencial de creación del Instituto Nacional de Pediatría,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve
de abril de mil novecientos ochenta y tres; así como de los
artículos 22 y 23 del Decreto publicado en el mismo medio
el dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho por el
que se creó [(sic), no es de creación] el Instituto Nacional de
Perinatología, en virtud de que, con base en estos últimos
preceptos, el Tribunal Colegiado determinó que las
relaciones de trabajo entre el Instituto demandado y sus
trabajadores, se rige por el Apartado “B” del artículo 123
constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado; cuando tal decreto es inconstitucional y
contraviene lo establecido en el artículo 123, Apartado A,
fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, toda vez que ahí
establece que serán de competencia federal los asuntos
relativos a los trabajadores de los organismos públicos
descentralizados de carácter federal.
Además, refiere que el Apartado B, del artículo 123
constitucional se restringe únicamente a los trabajadores de
los Poderes de la Unión, puesto que los organismos públicos
descentralizados poseen personalidad propia y no es
facultad del Ejecutivo Federal determinar el régimen laboral
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Segunda Sala. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1. Página 498. Registro 2000408.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [15]
que se debe, pues ello se encuentra establecido en la
Carta Magna.
Además que se surte la interpretación más favorable a que
hace alusión el artículo 1 de la Constitución Federal para
aplicar el Apartado A, del artículo 123 del referido código,
pues bajo el principio pro personae no debe preferirse una
norma más restrictiva como lo es la ley burocrática.
Por otra parte, por lo que ve al artículo 23 del citado Decreto,
sobre el que el tribunal colegiado del conocimiento sostiene
la calidad del trabajador como de confianza, señala el
recurrente que tal calificativa no puede otorgarse por decreto
presidencial, sino que en observancia al criterio
jurisprudencial emitido por este Alto Tribunal, debe
atenderse a las funciones del trabajador, con independencia
de la denominación del cargo y cita la jurisprudencia P./J.
36/2006, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE
CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS
FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE
AQUÉL”.
II. Por otra parte, se duele el recurrente de la “incorrecta
interpretación y aplicación” de la jurisprudencia P./J. 1/96,
emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, en la que se
estableció que resulta inconstitucional que los organismos
públicos descentralizados sean incluidos en la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues consideró
que el Apartado B, del artículo 123 constitucional debe regir
para los trabajadores de los Poderes de la Unión y del
Gobierno Central del entonces Distrito Federal y en
consecuencia, no podía aplicarse a los organismos públicos
descentralizados, toda vez que forman parte de la
administración pública descentralizada, pero no del Poder
Ejecutivo; por lo tanto, el régimen que les resulta aplicable a
este tipo de trabajadores es el Apartado A, del referido
precepto constitucional.
En ese sentido, si el Instituto demandado es un organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica y
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [16]
patrimonio propio, entonces pertenece a la Administración
Pública Federal y no al Ejecutivo, por lo tanto, no resultaba
aplicable el régimen impuesto por el órgano colegiado del
conocimiento, como indebidamente lo sostuvo, “yendo en
contra de jurisprudencias del Máximo Tribunal del país”.
Máxime que cuando el disconforme comenzó a laborar para
el instituto demandado, ya se había declarado
inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a la citada
jurisprudencia.
Además, que tal interpretación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, se refuerza con la diversa
jurisprudencia 2a./J. 47/97, de la Segunda Sala, de rubro:
“COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A
EMPRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O
DESCENTRALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL”;11 ya que
establece que los organismos descentralizados forman
parte de la administración pública paraestatal y en
consecuencia, al no formar parte del Ejecutivo, no pueden
ser considerados como parte de los Poderes de la Unión, y
por ende, no les resulta aplicable el Apartado B, del artículo
123 constitucional.
11 Cuyo texto es el siguiente: “En la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 constitucional, al delimitar las esferas de competencia local y federal, el Poder Revisor de la Constitución tomó en cuenta, fundamentalmente, dos criterios generales, a saber: la naturaleza o tipo de actividad y la naturaleza o tipo de las empresas. Al incluir la referida fracción, en el inciso b), subinciso 1, como sujetas a la jurisdicción federal, a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, consideró el segundo de los criterios mencionados, esto es, el de la naturaleza o tipo de empresa. Sin embargo, aunque la expresión "empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal", no corresponde a un concepto jurídico definido, puede concluirse que en ella quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal vinculados con el Gobierno Federal, en la medida en que éstas son integrantes de la administración pública paraestatal. Por tanto, en el supuesto previsto en la citada disposición constitucional, quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal de carácter federal, de acuerdo con una interpretación integral del cuerpo normativo fundante, que en su artículo 90 señala a las entidades paraestatales como integrantes de la administración pública federal; en consecuencia, para la aplicación de las leyes del trabajo se surte la competencia de las autoridades federales”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena
Época. Segunda Sala. Tomo VI, Octubre de 1997. Página 273. Registro 197495.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [17]
Por su parte, el recurrente adhesivo en su escrito
de agravios vertió planteamientos para el
“fortalecimiento de las consideraciones del tribunal
colegiado de circuito”, en los que aduce que el nombramiento del
quejoso de Jefe de Departamento era de carácter provisional, por ende,
resulta lógico que en algún momento había de reincorporarse a su
puesto de base, tan es así que se realizó la reserva de su puesto; que
el Instituto demandado no tenía obligación de notificar las razones por
las que concluyeron las labores de confianza del trabajador; que la Ley
Federal del Trabajo no prevé la acción de “reintegración, reubicación y
reasignación de funciones”; que nunca se ha rescindido la relación
laboral, tan es así, que el quejoso continúa laborando para el referido
instituto; y que el criterio aislado de rubro: “TRABAJADOR DE CONFIANZA
REMOVIDO, SIN CAUSA JUSTIFICADA, A SU PUESTO DE BASE ORIGINAL”,
carece de obligatoriedad.
SEXTO. Requisitos generales de la procedencia del recurso
de revisión. De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la
Constitución Federal y 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; en
relación con el artículo 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de
conformidad con los Puntos Primero y Segundo del Acuerdo General
9/2015 del Pleno de este Alto Tribunal, la procedencia del recurso de
revisión en amparo directo está condicionada a la satisfacción de los
siguientes supuestos:
a) Que en la sentencia recurrida se haya decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o
b) Que se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [18]
c) O bien, que se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, siempre y cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y,
d) Que subsistiendo el problema de constitucionalidad referido en
cualquiera de los incisos anteriores, el asunto entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
En dicha tesitura, el Acuerdo General 9/2015 establece para que
un amparo directo pueda fijar un criterio de importancia y trascendencia,
es preciso que, cuando habiéndose surtido el requisito de
constitucionalidad referido, se advierta que su resolución dará lugar a
un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico
nacional.
Del mismo modo establece que se considerará que la resolución
de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia
y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda
implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión
propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho
criterio o se hubiere omitido su aplicación.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 128/2015,
emitida por esta Sala, de rubro, siguiente: “REVISIÓN EN AMPARO
DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA”.12
12 Cuyo texto es el siguiente: “Por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo son definitivas y sólo de manera extraordinaria, pueden impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, una vez actualizados los presupuestos procesales (competencia, legitimación, oportunidad del recurso -en su caso-, entre otros), procede el mencionado medio de defensa siempre que: 1) en la sentencia de amparo directo combatida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y 2) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [19]
En el presente caso se satisfacen los requisitos
de procedencia de este excepcional medio de
impugnación, debido a que en la sentencia de amparo
se introdujo un tema de constitucionalidad que no había sido planteado
por alguna de las partes, ni abordado por la Junta responsable, puesto
que no fue materia de la litis; ya que el tribunal colegiado del
conocimiento determinó que de conformidad con el artículo 22 del
Decreto del Instituto Nacional de Perinatología, de dos de agosto de mil
novecientos ochenta y ocho, la relación laboral entre el actor y el citado
organismo descentralizado se regía por lo dispuesto en la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado
B, del artículo 123 constitucional; por tanto, contrariamente a lo aducido
por el aquí recurrente no le resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo
y en consecuencia, el instituto demandado no se encontraba obligado a
entregar el aviso a que se refiere el artículo 47 de éste ordenamiento y
mucho menos, a probar la causa de la pérdida de la confianza.
Lo anterior, tomando en cuenta que el trabajador actor demandó
sustancialmente la reubicación y reasignación de funciones y pago de
diferencias salariales, entre otras prestaciones, basándose en diversos
preceptos de la Ley Federal del Trabajo, así como en las condiciones
de un criterio de importancia y trascendencia. Ahora bien, con el fin de armonizar la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los preceptos citados, el Pleno emitió el Acuerdo General 9/2015 (*), que regula la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias de amparo directo, el cual, en vez de privilegiar el análisis de los agravios en la revisión, permite al Alto Tribunal hacer una valoración discrecional de los méritos de cada recurso, para determinar si a su juicio el asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia, para lo cual, su punto segundo señala que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando: (i) pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o (ii) lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto contra ese criterio o se hubiere omitido aplicarlo”. Lo subrayado es propio. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Segunda Sala. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Página 344. Registro 2010016.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [20]
generales de trabajo;13 que el demandado se excepcionó aduciendo la
pérdida de la confianza;14 y en ese sentido, que la Junta responsable
absolvió al instituto demandado de todas y cada una de las prestaciones
reclamadas al considerar que de la valoración de las pruebas
documentales ofrecidas por las partes, arribó a la convicción de que se
encontraba justificada la excepción opuesta por el instituto demandado.
En dicha tesitura, es procedente el recurso toda vez que el tema
de constitucionalidad fue introducido, por vez primera, por el órgano
colegiado del conocimiento y de lo que se duele el revisionista es
precisamente de la aplicación de los citados preceptos del decreto
referido, además de que argumenta con tal determinación se
desconoció la jurisprudencia P./J. 1/96, de rubro: “ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL
ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL”;15 criterio obligatorio emitido por este
Alto Tribunal que contiene un tema de constitucionalidad en el que se
determina que las relaciones de los organismos públicos
descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por
las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.
Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.), emitida
por esta Segunda Sala, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO.
ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA
DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA
13 Fojas 1 a 15 del juicio laboral. 14 Fojas 125 a 150 del juicio de origen. 15 Semanario Judicial de la Federación. Novena Época. Pleno. Tomo III, Febrero de 1996. Página 52. Registro 200199.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [21]
NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE
CIRCUITO”.16
En tales condiciones, se advierte que se colman los requisitos
establecidos en dicho criterio, pues en primer término, los artículos 22 y
23 del Decreto del Instituto Nacional de Perinatología, fueron aplicados
en la sentencia de amparo; en segundo lugar, conforme a los preceptos
impugnados se negó al amparo al quejoso, aquí recurrente; en tercero,
la aplicación de los mismos fue por vez primera; y finalmente, los
agravios, analizados en sus méritos, son suficientes para evidenciar la
causa de pedir.
Por lo anterior, subsiste en revisión tal tema y se colman los
requisitos de importancia y trascendencia en el asunto.
SÉPTIMO. Estudio de fondo de la revisión principal. En primer
orden, se califican de inoperantes los agravios en los que se combaten
16 Cuyo texto es el siguiente: “La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCI/2014 (10a.) (*), sostuvo la posibilidad de plantear en el recurso de revisión la inconstitucionalidad de una norma general aplicada por primera vez en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito. Así, cuando esto suceda, es necesario hacer un análisis integral del asunto, en el que se verifique lo siguiente: 1. De las consideraciones de la resolución emitida por el órgano colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna en la revisión; 2. Que ello trascienda al sentido de la decisión adoptada; 3. Verificar en la secuela procesal del asunto, que se trate del primer acto de aplicación de la norma en perjuicio del recurrente, ya que de lo contrario tuvo la obligación de reclamarla desde la demanda de amparo, con lo cual se cierra la posibilidad de que se utilice ese recurso como una segunda oportunidad para combatir la ley, lo que no es jurídicamente posible en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2015 (10a.) (**); y, 4. Se estudien en sus méritos los agravios, para lo cual, debe tenerse presente que, acorde con la manera en que deben impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional, el accionante debe presentar argumentos mínimos, esto es, evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende, resultan inoperantes o ineficaces los construidos a partir de premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender de situaciones particulares o hipotéticas”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época.
Segunda Sala. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I. Página 821. Registro 2010986.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [22]
los artículos 14 y 15 del Decreto presidencial de creación del Instituto
Nacional de Pediatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y tres,17 pues si bien se
encuentran citados en la sentencia de amparo recurrida, no menos
cierto resulta que materialmente no le fueron aplicados y, por tanto, no
le causan perjuicio al revisionista.
Ello es así, toda vez que tales preceptos —actualmente
abrogados— no guardan alguna relación ni con las partes, ni con la litis;
en todo caso, el órgano colegiado no los desarrolló, ni los interpretó, ni
materialmente los aplicó, ya que fue con base en los artículos 22 y 23
del diverso Decreto del Instituto Nacional de Perinatología, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto de mil novecientos
ochenta y ocho, que el Tribunal Colegiado determinó que las relaciones
de trabajo entre el Instituto demandado y sus trabajadores, se rigen por
el Apartado “B” del artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado; determinación la cual sí le irroga
agravio, a diferencia de los preceptos relativos al primero de los
decretos referidos, además de que éste se refiere a un instituto diverso
o ajeno al asunto que nos ocupa, esto es, al de Pediatría y no al de
Perinatología; en consecuencia, no se materializaron sus efectos en el
mundo fáctico, ni se alteró la esfera de derechos del quejoso recurrente.
17 El referido Decreto fue abrogado por el artículo segundo transitorio del diverso Decreto del Instituto Nacional de Pediatría, publicado el uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho. El texto de los artículos en cita era el siguiente: “Artículo 14.— Las relaciones de trabajo del Instituto se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y su personal estará dentro del régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 15.— Serán trabajadores de confianza el Director y los demás que desempeñen las funciones a que se refiere el Artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional.”
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [23]
Cobra aplicación, la tesis del Tribunal Pleno P.
LVIII/99, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI
PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO
DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE
ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA”.,18 en relación con la
diversa la jurisprudencia 2a./J. 12/98, emitida por esta Sala, de rubro:
“LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL
AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN
XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS
DE LA LEY DE AMPARO”.19
18 Cuyo texto es el siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto dentro de los conceptos de violación de la demanda. No obstante, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto legal impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo al quejoso”. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tomo X, Agosto de 1999. Página 53. Registro 93438. 19 Cuyo texto es el siguiente: “Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia”. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época. Segunda Sala. Tomo VII, Marzo de 1998. Página 323. Registro 196641.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [24]
Ahora bien, que por lo que ve a la inconstitucionalidad de los
artículos 22 y 23 del Decreto del Instituto Nacional de Perinatología,20
se realizará un estudio diferenciado en atención a los agravios.
En este contexto, en primer orden se califican de inoperantes los
argumentos en que se combate el artículo 23 del Decreto referido, el
cual establece cuáles son los trabajadores que deberán ser
considerados de confianza; sin embargo, el planteamiento no es
propiamente de constitucionalidad y, por lo tanto, no puede ser materia
de estudio en el asunto que nos ocupa, porque como ya se señaló, el
amparo directo en revisión procede de manera excepcional y ello está
supeditado a que se cubran determinados requisitos, entre los que se
encuentra como uno de carácter sine qua non, un planteamiento de
constitucionalidad que, en el caso, no se advierte.
Ello es así porque —refiere el recurrente— el citado precepto
resulta inconstitucional dado que la calidad de los trabajadores no
puede otorgarse por decreto, pues la Segunda Sala ha sostenido que
para determinar si un trabajador tiene un nombramiento de base o de
confianza, es necesario atender a la naturaleza de las funciones que
desarrollan y no a la denominación del puesto, de conformidad con la
jurisprudencia P./J. 36/2006, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE
20 “Artículo 22.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. El personal continuará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.
“Artículo 23.- Son trabajadores de confianza el Director General, Directores, Subdirectores, Jefes de División, Jefes de Departamento, Jefes de Servicio y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional”.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [25]
CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA
DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA
DENOMINACIÓN DE AQUÉL”.21
En efecto, tal agravio no constituye un verdadero planteamiento
de constitucionalidad, pues para ello, es preciso contrastar el referido
precepto con una norma contenida en la Carta Magna o bien, en algún
tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano, lo cual no
acontece en la especie; pues si bien esta Sala ha emitido tal criterio
jurisprudencial, de carácter obligatorio, lo cierto es que el mismo no
contiene un tema constitucional.
Lo anterior es así, máxime que de los criterios jurisprudenciales
de la Segunda Sala22 se advierte que el carácter de confianza de un
21 El texto es el siguiente: “De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza", se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 10. Registro 75735. 22 Además de la jurisprudencia referida por el propio recurrente, también cobra
relevancia la diversa 2a./J. 71/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER. Las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [26]
trabajador será determinado en atención a las funciones del mismo y no
al nombramiento que se le asigne, ni en razón de que alguna
disposición normativa le atribuya un cargo o función con esa
naturaleza; por tanto, ello dependerá de la valoración de hechos para
poder desentrañar las funciones específicas desarrolladas por aquél,
cuestiones que atañen a la legalidad del asunto que nos ocupa y en
todo caso, no puede ser analizado en el presente recurso.
Esto es, incluso aunque exista, como en el presente caso, una
norma que atribuya el carácter de confianza a cierto cargo, ello no es
un aspecto determinante para concluir que se trata, efectivamente, de
un trabajador de confianza, pues al constituir una presunción, admite
prueba en contrario y al ser aplicable sobre todo a los hechos jurídicos,
deben encontrarse plenamente demostradas las actividades
desplegadas por el trabajador, pues sólo así el hecho presumido se
tendrá por cierto; por tanto, al tratarse la impugnación del artículo 23 del
Decreto en mención de un aspecto legalidad, en tanto que atañe a
valoración de hechos, es evidente que son inoperantes los agravios
esgrimidos.
Por otra parte, por lo que hace al segundo de los agravios, resulta
menester tener en cuenta que si bien se combate la “incorrecta
interpretación y aplicación” de la jurisprudencia P./J. 1/96, emitida por el
Pleno de este Alto Tribunal, no menos cierto resulta que, de la causa de
estatales y municipales, describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de confianza; sin embargo, si alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general atribuye a un cargo o función la calidad excepcional referida, como acontece con la mayor parte de las legislaciones laborales de los Estados de la República Mexicana, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe perderse de vista que, al constituir una presunción, admite prueba en contrario y al ser aplicable sobre todo a los hechos jurídicos, deben encontrarse plenamente demostrados, esto es, lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así, el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es coherente con el carácter protector de las leyes laborales hacia el trabajador, quien es la parte débil de la relación laboral”. Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Segunda Sala. Libro 32, Julio de 2016, Tomo I. Página 771. Registro 011993.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4403/2019 [27]
pedir se advierte que de lo que en realidad se duele el
recurrente es del desconocimiento del referido
criterio jurisprudencial, tal como se destaca en el
escrito de agravios, en el apartado de importancia y trascendencia.23
Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 69/2000, emitida por este
Alto Tribunal, de rubro: “AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO
DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN
EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE
CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR”.24
En dicha tesitura, son fundados los conceptos de agravio y
suficientes para revocar la determinación que se revisa, debido a que
en este caso no se debió determinar que la relación laboral entre el
organismo descentralizado y en trabajador, se regía por el Apartado B,
del artículo 123 constitucional y, por ende, por la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, pues con ello, efectivamente se
23 Foja 97 vuelta del cuaderno de amparo. 24 Cuyo texto es el siguiente: “Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial
2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII,
septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE
SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS
LA CAUSA DE PEDIR.", esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los
agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan
cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de
este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su
formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en
su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la
causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones
le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor
deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de
seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de
controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución
recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última”.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. Tomo XII, Agosto de
2000. Página 5. Registro 191383.
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desconoció la jurisprudencia P./J. 1/96, que constituye un criterio
emitido por este Alto Tribunal, de carácter obligatorio y que determina
lo contrario como se advierte a continuación:
“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional”. (Semanario Judicial de la Federación. Novena Época. Pleno. Tomo III, Febrero de 1996. Página 52. Registro 200199). Lo subrayado es propio.
De dicha jurisprudencia25 se desprende que el Apartado B, del
artículo 123 constitucional, sólo rige en las relaciones laborales
existentes entre los Poderes de la Unión y del Gobierno del —
entonces— Distrito Federal, actual Ciudad de México, con sus
25 El último de los cinco criterios que conforma la jurisprudencia por reiteración, es el amparo en revisión 1575/93, fallado el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en que se analizó el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, y el numeral 16 del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, de similar contenido al diverso 22 del Decreto del Instituto Nacional de Perinatología que aquí se combate, en tanto que también establece que las relaciones entre el primero de los organismos descentralizados y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional.
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trabajadores, excluyendo de tal reglamentación las
diversas relaciones entre los organismos
descentralizados y sus trabajadores, como en el caso
concreto ocurre dado que el Instituto Nacional de Perinatología, en
términos del artículo 2 del Decreto de este instituto de uno de agosto de
mil novecientos noventa y ocho,26 es un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; por lo
que, aunque dichos organismos integran la administración pública
federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal.
Por tanto, como lo advierte el quejoso recurrente, la relación
laboral que rige entre el trabajador y el instituto demandado, es la
prevista en el Apartado A, del artículo 123 constitucional y no la del
Apartado B, del referido precepto constitucional, sin que el tribunal
colegiado pueda declarar lo contrario —porque con ello contraviene el
citado criterio jurisprudencial—; y en consecuencia, también resulta
desacertada la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.
Así, conforme al criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 1/96,
del Pleno de este Alto Tribunal, es que procede declarar la
inconstitucionalidad del artículo 22 del Decreto del Instituto Nacional de
Perinatología, publicado el dos de agosto de mil novecientos ochenta y
ocho, en el Diario Oficial de la Federación, porque como ya se señaló,
la relación entre el trabajador y dicho instituto se rige por el Apartado A
de la Constitución General y no por su Apartado B, esto es, resulta
aplicable la Ley Federal del Trabajo.
26 “Artículo 2o.- El Instituto es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal”.
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Debido a lo anterior, como el Tribunal Colegiado no estudió los
planteamientos de la parte quejosa, ahora recurrente, al dejar se
observar indebidamente la jurisprudencia referida en perjuicio de ésta;
en ese sentido y en estricta observancia a la jurisprudencia mencionada,
lo procedente es revocar la sentencia.
OCTAVO. Decisión y devolución de jurisdicción. Derivado de lo
expuesto en el considerando previo, lo que procede es revocar la
sentencia recurrida y devolver el asunto al Tribunal Colegiado de
Circuito para que, una vez dilucidada —por las razones expuestas— la
inconstitucionalidad del artículo 22 del Decreto del Instituto Nacional de
Perinatología, publicado el dos de agosto de mil novecientos ochenta y
ocho, en el Diario Oficial de la Federación, y por ende, que la relación
laboral que rige entre el trabajador y ese instituto, es la prevista en el
artículo 123, Apartado A, de la Constitución General, por lo cual la
legislación aplicable es la Ley Federal del Trabajo; analice los conceptos
de violación de legalidad que no fueron abordados, y a partir de ello dé
contestación a los agravios expuestos en la revisión adhesiva.
Lo anterior toda vez que, por regla general, no es posible analizar
en esta instancia aspectos de legalidad que no derivaron directamente
de lo fallado en cuanto a la cuestión de constitucionalidad que subsistía
en la especie, lo cual ocurre en el presente caso.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además en el artículo 93,
fracción V, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO. En la materia competencia de esta Segunda Sala, se
revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado para los
efectos precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución
vuelvan los autos a su lugar de origen y en su
oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.