seguridad ciudadana

SEGURIDAD CIUDADANAEN CHIMBOTE

LOS DEFICIT DE ESTADO, DEMORACIA Y

CIUDADANÌALa ausencia o precariedad de principios y

mecanismos primordiales de la democracia:

• Respeto institucional al Estado de Derecho

• El predominio civil sobre fuerzas militares y de

seguridad ciudadana

• Condiciones mínimas para viabilizar el ejercicio

de los derechos civiles, políticos y sociales

Han permitido la sobrevivencia de un absurdo

institucional: democracia en la que la mayoría de la

población, carece de ciudadanía.

Definición original de Ciudadanía“Consiste esencialmente en asegurar que cada persona sea tratada como un miembro pleno en una sociedad de iguales”

División de la ciudadanía en tres derechos distintivos :

1. Los Civiles (aquellos derechos necesarios para satisfacer la libertad individual)

2. Los políticos (derechos de participación directa o indirecta en el poder político)

3. los sociales (derechos de bienestar, educación, salud, salario mínimo y servicios sociales en general)

CIUDADANÌA MODERNA

Es considerada como un conjunto de derechos y

obligaciones predecibles y válidos para cada

miembro de la comunidad política.

Su ejercicio solo es posible, si el marco jurídico y

legal se guía mediante criterios universales, si el

estado de derecho conserva su vigencia por igual

para todos los ciudadanos, sea cual sea su

condición social y si existen las garantías

constitucionales para que los poderes públicos

protejan los derechos y se hagan responsables de

sus deficiencias frente a las personas.

La Constitución y las Leyes

Es condición obligante que tanto los gobiernos como los funcionarios públicos acaten la

constitución y las leyes y que el estado obligue a sus nacionales a cumplir las normas con una

universalidad y previsibilidad tal, que el desarrollo de las relaciones privadas pueda

hacerse en forma pacífica.

DEMOCRACIA CON BAJA INTENSIDAD DE CIUDADANÌA

-Mantenimiento del orden en la sociedad-Fragilidad de las instituciones diseñadas para la garantía

de la vigencia de los derechos civiles en el País-Inexistencia de mecanismos que garanticen el control

civil externo sobre las acciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía, evidencian la preeminencia de rasgos

autoritarios en la cultura política Peruana-La debilidad de los valores democráticos y la deficiencia

del Estado en la provisión de ley y orden.Este contexto propicia el privilegio del recurso a la

violencia en la transmisión de los conflictos inherentes a la vida social.

Violencia pública y privada

La alta prevalencia de la violencia en casi todas las esferas de la convivencia social- incide de modo

directo en la gobernabilidad y estabilidad democráticas, ya que sus efectos generan

inseguridad e inestabilidad en el entorno, repercutiendo negativamente en el

desarrollo razonable y armónico de las instituciones públicas.

Altas tasas de violencia

-Limita el desarrollo institucional

-Erosiona la legitimidad social de las instituciones públicas y privadas, las cuales comienzan a ser percibidas por la población como “ineficaces” o “inadecuadas” para dar respuesta las necesidades prioritarias de la

sociedad.

Conclusiones preliminares

-Deterioro agudo de las condiciones sociales en el Perú , con su secuela de desempleo, pobreza y exclusión, las

causas del incremento exponencial de la violencia social también deben buscarse en un Estado de

derecho vulnerado para las mayorías, en la falta de una institucionalidad acorde con la nueva

diferenciación social y en la inadecuación del marco jurídico relativo a la seguridad ciudadana, que en la

práctica condena a los sectores más pobres de la población a la indefensión frente a otros y frente al

estado.

Debilidad del Estado

- Precariedad institucional para controlar y prevenir las múltiples manifestaciones de violencia, remiten

a una peligrosidad debilidad del Estado Peruano., por lo cual urge como imperativo su

reconstrucción, especialmente en aquellas áreas en las que muestra un mayor déficit, tales como la

administración de justicia y su capacidad de asegurar una redistribución más equitativa de los

recursos y bienes sociales.